El poder señorial de Fernando "el de Antequera" y los de su casa : señorío, redes clientelares y sociedad feudal en Castilla durante la Baja Edad ... feudal en Castilla durante la Baja Edad Media [1 ed.] 8400103874, 9788400103873

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INDICE
Prefacio
Siglas, acrónimos y abreviaturas
Introducción
1Sociedad feudal y dominación señorialen la Castilla bajomedieval: ¿la reacciónfrente a una crisis sistémica?
2Presupuestos teórico-metodológicos
3Precisiones sobre el objeto de estudio,fuentes y la estructura expositiva
El «sistema de poder» señorial.Jurisdicción, espacios, rentas y relaciones
1Jurisdicción y derechos señoriales:construyendo la autoridad señorialen la Castilla bajomedieval (siglos xiii-xv)
2Villas y lugares bajo el señoríode los infantes: territorializacióndel poder, estrategias expansivas yconflictividad interseñorial
3Patrimonio dominical, tierra y jurisdicciónbajo el señorío de los infantesFernando y Leonor
4En torno a la hacienda de la casa de los infantesFernando y Leonor: exacción, ingreso y gasto
5El poder señorial y los concejos:la mediatización de las instancias políticasde las comunidades dominadas
Conclusiones
Árboles Genealógicos
Fuentes editadas y bibliografía
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69.  Gobiernos y ministros españoles en la Edad Contemporánea. José Ramón Urquijo Goitia. 70.  El Instituto Cardenal Cisneros de Madrid (18451877). Carmen Rodríguez Guerrero. 71.  Poderosos y Privilegiados. Los caballeros de Santiago de Jaén (siglos xvi-xviii). José Miguel Delgado Barrado y María Amparo López Arandia. 72.  Sospechosos habituales. El cine norteamericano, Estados Unidos y la España franquista, 1939-1960. Pablo León Aguinaga. 73. La Primera Guerra Mundial en el Estrecho de Gibraltar. Economía, política y relaciones internacionales. Carolina García Sanz. 74. Cum magnatibus regni mei. La nobleza y la monarquía leonesas durante los reinados de Fernando II y Alfonso IX (1157-1230). Inés Calderón Medina.

75.  Entre frailes y clérigos. Las claves de la cuestión clerical en Filipinas (1776-1872). Roberto Blanco Andrés. 76.  Dominación, fe y espectáculo. Las exposiciones misionales y coloniales en la era del imperialismo moderno (1851-1958). Luis Ángel Sánchez Gómez. 77.  Amigos exigentes, servidores infieles. La crisis de la Orden de Cluny en España (1270-1379). Carlos M. Reglero de la Fuente. 78.  Los caballeros y religiosos de la Orden de Montesa en tiempo de los Austrias (1592-1700). Josep Cerdà i Ballester. 79. La formación profesional obrera en España durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. María Luisa Rico Gómez. 80. El orgullo de la nación. La creación de la identidad nacional en las conmemoraciones culturales españolas (1875-1905). Beatriz Valverde Contreras. 81. Historias en la historia: la Guerra Civil española vista por los noticiarios cinematográficos franceses, españoles e italianos. Anna Scicolone. 82. Instituciones censoras. Nuevos acercamientos a la censura de libros en la España de la Ilustración. Fernando Durán López (coord.). 83. Francisco Rades de Andrada, cronista y linajista: adiciones a la Crónica de la Orden y Caballería de Calatrava. Miguel Fernando Gómez Vozmediano. 84. Liberalismo y socialismo. Cultura del pensamiento político del exilio español de 1939. Antolín Sánchez Cuervo (ed.). 85. B  ajo la máscara del regnum. La monarquía asturleonesa en León (854-1037). Álvaro Carvajal Castro. 86. L  a modernidad elusiva. Jazz, baile y política en la Guerra Civil española y el franquismo (19361968). Iván Iglesias. 87. Imagen y semejanza. La democracia cristiana alemana y su aportación a la transición española. Natalia Urigüen López de Sandaliano.

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Crisis bajomedieval y reacción aristocrática han sido habitualmente asociadas al extraordinario desarrollo del señorío en la Castilla bajomedieval. La unidireccionalidad de este modelo no parece, sin embargo, tan clara. En estas páginas se propone un estudio crítico de las relaciones de dominación señorial capitalizadas por la aristocracia en el seno de la sociedad feudal castellana tardomedieval, entendidas en términos de poder y considerado el señorío como una modalidad de su ejercicio, desde una perspectiva sistémica encuadrada por la comprensión de las nociones de casa, clientela y afinidad señorial. El objeto de estudio elegido para este fin son las propias relaciones de poder señorial desplegadas alrededor de Fernando de Antequera, su esposa, Leonor de Alburquerque, los infantes de Castilla y los reyes de Aragón, y por sus hijos, los infantes de Aragón, entre finales del siglo xiv y mediados del siglo xv. Estas afectaron a decenas de villas y lu-

gares y a multitud de individuos y colectivos de todos los rangos sociales y diferente grado de influencia en instancias de poder monárquicas, eclesiásticas y concejiles a lo largo y ancho de la práctica totalidad del territorio castellano. Así, el análisis de la dinámica señorial poliédrica aquí ejemplificada permite atender, de forma más precisa y global, la reformulación e intensificación del poder de la aristocracia en Castilla durante el final de la Edad Media justo en la época peor conocida de este proceso, la de su inicio y primera conformación, desde finales del siglo xiii hasta las décadas centrales del siglo xv. Asimismo, se matizan igualmente los efectos y las consecuencias de la crisis bajomedieval en la evolución de la sociedad feudal de la época.

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EL PODER SEÑORIAL DE FERNANDO «EL DE ANTEQUERA» Y LOS DE SU CASA SEÑORÍO, REDES CLIENTELARES Y SOCIEDAD FEUDAL EN CASTILLA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA

ISBN: 978-84-00-10387-3

9 788400 103873

VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

Víctor Muñoz Gómez

EL PODER SEÑORIAL DE FERNANDO «EL DE ANTEQUERA» Y LOS DE SU CASA

Colección BIBLIOTECA DE HISTORIA Últimos volúmenes publicados:

CSIC

BIBLIOTECA DE HISTORIA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Víctor Muñoz Gómez es investigador Juan de la Cierva en la Universidad de La Laguna y miembro del grupo de investigación Castilla y el Mar en la Baja Edad Media del Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas en dicha universidad. Se doctoró en la Universidad de Valladolid y ha realizado estancias de investigación en centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y Barcelona, en el Laboratoire de Médiévistique Occidentale de París (Francia), la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y la Universidad de Friburgo (Suiza). Sus líneas de investigación abarcan el estudio de la sociedad feudal y los poderes señoriales en la Castilla bajomedieval, el análisis regional de las «Extremaduras históricas», la historia marítima de la frontera atlántica castellana y la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria. Ha participado en numerosos eventos científicos y publicaciones de monografías, capítulos de libros y artículos en revistas como Anuario de Estudios Medievales, Mélanges de la Casa de Velázquez, e Humanista Journal of Iberian Studies o En la España medieval. Ha coordinado, además, varios volúmenes colectivos en España y distintos países de Europa y América. Su trayectoria académica ha sido reconocida con distintos premios, como el X Premio de Historia Ateneo de Sevilla por su obra sobre Fernando el de Antequera y Leonor de Alburquerque.

Ilustración de cubierta: escudo de armas del infante Fernando «el de Antequera». Detalle en el primer alicer de la armadura de la iglesia de San Miguel (Villalón de Campos, Valladolid) (cortesía de Rosa Ana Andrés Crespo, Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Villalón de Campos).

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EL PODER SEÑORIAL DE FERNANDO «EL DE ANTEQUERA» Y LOS DE SU CASA

BIBLIOTECA DE HISTORIA, 88

Director Francisco Villacorta Baños, Instituto de Historia, CSIC Secretaria Cristina Jular Pérez-Alfaro, Instituto de Historia, CSIC Comité Editorial Ángel Alloza Aparicio, Instituto de Historia, CSIC Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, Instituto de Historia, CSIC Agustín Guimerá Ravina, Instituto de Historia, CSIC Elena Hernández Sandoica, Universidad Complutense de Madrid Juan Ignacio Marcuello Benedicto, Universidad Autónoma de Madrid Pascual Martínez Sopena, Universidad de Valladolid Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Universidad Complutense de Madrid Ana Rodríguez López, Instituto de Historia, CSIC Consejo Asesor María Asenjo González, Universidad Complutense de Madrid Josefina Cuesta, Universidad de Salamanca Carlos Estepa Díez, Instituto de Historia, CSIC Francisco Fernández Izquierdo, Instituto de Historia, CSIC Pere Molas Ribalta, Universidad de Barcelona María José Rodríguez Salgado, London School of Economics Roser Salicrú i Lluch, Institució Milà i Fontanals, CSIC Carmen Sanz Ayán, Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Real Academia de la Historia Francesca Tinti, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) e IKERBASQUE, Basque Foundation for Science Pere Ysàs, Universidad Autónoma de Barcelona

VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

EL PODER SEÑORIAL DE FERNANDO «EL DE ANTEQUERA» Y LOS DE SU CASA Señorío, redes clientelares y sociedad feudal en Castilla durante la Baja Edad Media

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Madrid, 2018

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial. Las noticias, los asertos y las opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, solo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones. Esta obra forma parte del proyecto de investigación «El ejercicio del poder: espacios, agentes y escrituras (siglos xi-xv)» (Ref. HAR2017-84718-P), financiado por el antiguo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Publicación incluida en el programa editorial del suprimido Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y editada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (de acuerdo con la reestructuración ministerial establecida por Real Decreto 355/2018, de 6 de junio). Catálogo general de publicaciones oficiales: http://publicacionesoficiales.boe.es

Editorial CSIC: http://editorial.csic.es (correo: [email protected])

© CSIC © Víctor Muñoz Gómez

ISBN: 978-84-00-10387-3 e-ISBN: 978-84-00-10388-0 NIPO: 059-18-104-1 e-NIPO: 059-18-105-7 Depósito Legal: M-30499-2018 Maquetación, impresión y encuadernación: Igueldo Libros Impreso en España. Printed in Spain En esta edición se ha utilizado papel ecológico sometido a un proceso de blanqueado ECF, cuya fibra procede de bosques gestionados de forma sostenible.

Índice

Prefacio...................................................................................................................15 Siglas, acrónimos y abreviaturas............................................................21 Introducción 1. Sociedad feudal y dominación señorial en la Castilla bajomedieval: ¿la reacción frente a una crisis sistémica?......25 2. Presupuestos teórico-metodológicos............................................35

1. En torno a la dominación señorial en la Castilla bajomedieval: un horizonte historiográfico.................................................................................................35 2. Analizar el poder señorial: una propuesta conceptual, teórica y metodoló­ gica..................................................................................................................49

3. Precisiones sobre el objeto de estudio, fuentes y estructura expositiva.............................................................................................83

1. Fernando «el de Antequera», Leonor de Alburquerque y los «infantes de Aragón» y su señorío en Castilla: contextualización y potencialidad del objeto de estudio.................................................................................................83 2. Fuentes y estructura expositiva.......................................................................90 El «sistema de poder» señorial. Jurisdicción, espacios, rentas y relaciones

1.  Jurisdicción y derechos señoriales: construyendo la autoridad señorial en la Castilla bajomedieval (siglos xiii-xv)................................................................................................................97

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índice

2. Villas y lugares bajo el señorío de los infantes: territorialización del poder, estrategias expansivas y conflictividad interseñorial...............................................................................127

1. La dotación del infante Fernando (1390-1396)..............................................129 2. La herencia de la condesa Leonor (1374-1395)..............................................134 3. Algunas gestiones patrimoniales de los infantes entre 1395 y 1398...............150 4. El patrimonio señorial de los infantes durante el reinado de Enrique III (1398-1406)....................................................................................................153



4.1. Paredes de Nava y la relación con el conde de Trastámara..................155 4.2. Cerezo y Maderuelo dentro de las capitulaciones matrimoniales con los reyes de Navarra..............................................................................158 4.3. Las donaciones de García González de Herrera en Extremadura.........161 4.4. La herencia del infante don Juan de Portugal.......................................167

5. La expansión del patrimonio señorial de los infantes durante los primeros años de la minoría de Juan II (1407-1412).....................................................173



5.1. Las donaciones de María Fernández Coronel.......................................175 5.2. La consecución de los maestrazgos de Alcántara y Santiago...............178 5.3. La compra de Castrojeriz y sus implicaciones: Beatriz de Portugal y el señorío de Alba.................................................................................190 5.4. El pleito por el señorío de Grajal..........................................................197 5.5. La donación de la tierra de Cepeda......................................................200



6. En la cúspide del poder: el tiempo para redistribución del patrimonio entre la «clientela» señorial (1412-1416)................................................................203



7. El señorío de Lara bajo el infante Fernando...................................................216



7.1. La titularidad del señorío de Lara desde mediados del siglo xiv hasta su desaparición......................................................................................216 7.2. El patrimonio señorial de Lara heredado por el infante Fernando.......222 7.3. La redefinición de la dimensión señorial del señorío de Lara por el infante Fernando...................................................................................235 7.4. Epílogo: la administración del señorío de Lara por el infante Juan de Aragón hasta su desaparición...............................................................266

8. La herencia del rey Fernando I de Aragón......................................................274



8.1. El testamento del rey de Aragón y el reparto del patrimonio señorial en Castilla.............................................................................................274 8.2. Algunos apuntes para el seguimiento de los patrimonios señoriales de la casa real de Aragón en Castilla después de 1418.............................287

3. Patrimonio dominical, tierra y jurisdicción bajo el señorío de los infantes Fernando y Leonor..........................................299

1. Un patrimonio dominical «invisible».............................................................300 2. Tierra y jurisdicción: comunales, dehesas y conflictos...................................321

índice

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4. En torno a la hacienda de la casa de los infantes Fernando y Leonor: exacción, ingreso y gasto.........................................341

1. Las fuentes contables y los fondos nobiliarios. Conservación de la documentación y sociogénesis de la aristocracia bajomedieval.............................343



2. Los ingresos señoriales...................................................................................348



2.1. El predominio de los ingresos detraídos de la Hacienda real...............350 2.2. Las rentas señoriales.............................................................................358 2.3. La incorporación de tributos de origen eclesiástico y real: tercias y alcabalas................................................................................................388



3. Los agentes implicados en los procesos exactivos señoriales y el ejercicio del señorío.......................................................................................................400



4. Apreciaciones sobre el gasto señorial.............................................................415

5. El poder señorial y los concejos: la mediatización de las instancias políticas de las comunidades dominadas............435

1. Los corregidores señoriales............................................................................441 2. El nombramiento de oficios concejiles y el avance de la clientelización.......464

Conclusiones........................................................................................................473 Árboles genealógicos....................................................................................489 Fuentes editadas y bibliografía................................................................495 Fuentes literarias....................................................................................................499 Documentación publicada......................................................................................500 Bibliografía............................................................................................................501

A Carlos Estepa Díez (1949-2018). In memoriam

El amor soñado anhela la proeza inmediata, que encuentra rápida satisfacción y quiere que todo el mundo la contemple. Entonces hay quien llega en realidad hasta hacer entrega de la vida, solo a condición de que el sacrificio no se prolongue mucho tiempo y que se cumpla rápidamente, como en la escena, y de que todos la miren y la elogien. En cambio, el amor activo es trabajo y dominio de sí mismo; para ciertas personas es, quizá, toda una ciencia. Fiódor Mijáilovich Dostoyevski Los hermanos Karamázov (1880), libro II, capítulo IV

Cause love’s such an old-fashioned word And love dares you to care for The people on the edge of the night And love dares you to change our way of Caring about ourselves This is our last dance This is our last dance This is ourselves Under pressure Under pressure Pressure Under Pressure Queen y David Bowie, 1981

Prefacio*1

Cuando hace unos años inicié este camino, aunque, lleno de confianza, seguro de mí mismo y del futuro que me esperaba, estaba convencido de saber dónde me metía, en realidad no tenía ni idea de todo lo que iba a significar en mi vida ese proyecto ligado a la realización de una tesis doctoral que ahora muestra sus frutos para el público en este libro. En torno a ese esfuerzo han girado no pocas de las cosas que han ido transcurriendo en mi día a día desde el momento en que me empecé a preocupar por investigar en Historia medieval. La inmensa implicación personal que ha supuesto inmiscuirse en un esfuerzo tan apasionante pero, a la vez, tan absorbente, desbordó mis expectativas. No solo se trató de que las horas de lecturas, consulta de documentos, intercambio con maestros y compañeros y, finalmente, síntesis de cuanto aprendía me abrieran los ojos a que el tema en que me había inmiscuido al preguntarme acerca del señorío de Fernando «el de Antequera» y Leonor de Alburquerque rebasaba completamente el alcance que inicialmente preveía. Ese aprendizaje terminó siendo, ante todo, un aprendizaje sobre mí mismo y sobre el mundo que nos rodea. Un proceso de descubrimiento y toma de conciencia extraordinariamente exigente y en ocasiones duro, no exento de hallazgos decepcionantes pero lleno también de replanteamientos, reinvenciones y alegrías.

*  En este punto, el lector debería encontrar el prólogo de este libro, a cargo del profesor Carlos Estepa Díez. Sin embargo, su repentino fallecimiento, el 8 de agosto de 2018, impidió poder contar con este texto de presentación de la obra. Vaya aquí, entonces, esta nota de reconocimiento a quien fue una de las grandes figuras de la renovación de los estudios históricos medievales en España a partir de los años setenta del siglo xx, investigador de talla y persona de íntima y sincera humanidad. Sirva este libro como un sincero homenaje a su memoria y a todo lo aprendido y compartido con él.

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Las circunstancias en que se ha desenvuelto esta investigación y el propio sentido que adquiere ese proceso al que hacía referencia mientras uno lo lleva a cabo han terminado confluyendo en que, sin duda, este sea un trabajo en la crisis y sobre la crisis. La de la Baja Edad Media en el Occidente, la que afecta a nuestra sociedad actual, a la que el investigador se enfrenta en el proceso de comprensión y explicación del problema científico sobre el que se pregunta, mientras ese mundo, el global y el personal, sigue moviéndose y transformándose irremisiblemente. Pasado y presente, la totalidad y lo particular, como no podía ser de otro modo, han confluido, resultando de todo ello un resultado nuevo del que obra y autor son parte, terminando por no quedar claro cómo la una y el otro nos hemos ido haciendo en mitad de ese devenir hasta convertirnos en lo que hoy cada uno somos. El resultado visible en las páginas sucesivas parte de la selección y reelaboración de los materiales que conformaron mi tesis doctoral, titulada Corona, señoríos y redes clientelares en la Castilla bajomedieval (siglos xiv-xv). El estado señorial y la casa de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque, infantes de Castilla y reyes de Aragón (1374-1435), finalizada en octubre de 2015 y defendida en enero de 2016 en la Universidad de Valladolid. Como tal, esta monografía, igual que aquella tesis, es un proyecto en el que he tratado de discernir cómo el poder señorial de la aristocracia se transformó desde el final del siglo xiii hasta las primeras décadas del siglo xv en la Corona de Castilla, a lo largo de un tiempo de crisis y reorganización en el seno de la sociedad feudal. Cómo, en fin, desde el ejercicio del poder y por él, los poderosos de aquella sociedad hubieron de afrontar las transformaciones, a menudo cruentas y dramáticas, del mundo en que se desenvolvieron y de las cuales habían sido parte activa y responsable. En él, Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y los suyos, su señorío y su casa se han convertido en el hilo conductor para comprender procesos de más largo alcance y complejidad, aspirando a servir de conexión entre fenómenos particulares y dinámicas generales. De la misma manera, en lo que acaso no sea tan perceptible en el texto, me es difícil negar que existe una conexión con el ahora, con los cambios de un mundo convulso donde la competencia entre los individuos en posición dominante nos conduce a una transformación profunda de nuestras sociedades del siglo xxi. Una mutación cuyo alcance estamos aún lejos de vislumbrar aunque las pruebas más terribles de esos cambios no escapen a nuestra conciencia ni a nuestro modo de vida cotidiano. Huelga decir que yo mismo tampoco he sido ajeno a la mudanza, a la bonanza y a la quiebra en estos años de trabajo. Nadie puede escapar al cambio ni deja de ser responsable de, al menos, parte de lo que le acontece, a cuenta de las decisiones tomadas. Como resultado de ello, uno no puede dejar de reflejarse en su obra, en el fruto de su esfuerzo, y entiendo que no es casual que la crisis, lo que la provoca y el cómo se afronta ese contexto llenen estas páginas. Ser capaz de compendiar las reflexiones sobre esta cues-

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tión desde una perspectiva histórica, creo, también habla del rearme ante la situación crítica y de la necesidad de inventarse. Para mí así ha servido, hasta conducirme adonde hoy estoy. Si comprender el pasado vale para algo, acaso sea para construir un presente con cierta perspectiva y sentido crítico, comprometiéndose con la realidad en la que se vive inmerso, individualmente y de manera colectiva en nuestra relación con los demás. Me gustaría confiar en que los resultados de lo analizado en este libro, aunque nos hablen de un pasado lejano, no dejen tampoco de evocarnos nuestro tiempo actual. Una época, la nuestra, en que las relaciones interpersonales y los compromisos individuales para con los demás siguen siendo, pese a todas las transformaciones desde el final de la Edad Media, el nervio que une a las sociedades, sobre el que se construyen sus progresos, sus fracasos y sus reformulaciones para seguir adelante. Particularmente, no puedo dejar de insistir en la inmensa experiencia que ha significado para mí la elaboración de una investigación de esta magnitud. Muchas veces pareció que no iba a ser posible llevar a término esta empresa por las diferentes dificultades que hubo que enfrentar. Sin embargo, pese a los momentos de ansiedad, presión e incertidumbre, tampoco puedo estar sino agradecido a las vivencias y personas que tanto han contribuido al crecimiento personal que este viaje me ha regalado. En este camino he hallado, además, compañeros, amigos, modelos y amores, descubriendo que, si todo esto tenía sentido, era porque merecía la pena vivirlo con ellos. Somos quienes somos por ese compartirse mutuamente y si alguna sabiduría surgió de esta Ítaca, se ha forjado en la «vividura» de la que todas esas personas me han hecho y me hacen partícipe. Llegado a este punto, corresponde dar las gracias a las personas que han hecho posible que esta investigación se lleve a efecto, sin olvidar tampoco a las instituciones que me han permitido proseguirla durante todos estos últimos años, dentro de esa elaboración de una tesis doctoral y aun más allá. He pensado algunas veces que, cuando llegara el momento de dar las gracias, me iba a ver en un terrible aprieto y, ahora que corresponde ser agradecido, temo que así es. Han sido tantos los implicados en el proceso que ha permitido culminar este trabajo que temo dejar en el tintero inmerecidamente a alguno de ellos. Son muchos más de los que aquí nombraré y, en la medida en que muchos amigos puedan no encontrar aquí su nombre, les ruego que disculpen mi olvido. Ellos saben lo importantes que en verdad han sido y son. En primer lugar, es de justicia reconocer mi gratitud a las distintas instituciones que han hecho posible mi formación académica a lo largo de estos años de estudios doctorales. Primero al programa de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, que tuvo a bien concederme la beca-contrato a partir de la cual se inició este trabajo. Por supuesto, al Instituto Universitario de Historia Simancas y al Departamento de Historia Antigua y Medieval de la Universidad de Valladolid, donde se desarrolló la

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mayor parte de esa vida académica y personal durante estos años, y a todas las personas que forman parte de él. Igualmente, todo mi agradecimiento al personal del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, de la Institució Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona y del Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, donde disfruté de diferentes becas, realicé más que provechosas estancias de investigación y pude conocer a algunas de esas personas importantes que han marcado esta andadura. Finalmente, a los miembros del Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de La Laguna y a mis excompañeros y alumnos del Lycée Français Jules Verne de Santa Cruz de Tenerife, apoyo y testigos del final de este camino. Por otra parte, no puedo dejar de valorar la ayuda y buen hacer de los profesionales de todos los archivos y bibliotecas cuyos fondos consulté en estos años. Desde los pequeños archivos municipales hasta los grandes centros que son, entre otros, el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico Nacional y su Sección Nobleza, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid o el Archivo de la Corona de Aragón, las personas que en ellos me atendieron y orientaron merecen todo el reconocimiento y admiración por una labor a menudo no siempre suficientemente reconocida. Al fin, quiero agradecer a todos los responsables de la colección Biblioteca de Historia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del mismo modo que al personal técnico de su editorial, el que hayan hecho posible la publicación de este libro. Es un orgullo que hayan entendido que este esfuerzo merecía formar parte de los títulos que componen una colección de referencia historiográfica nacional e internacional, y solo tengo palabras de aprecio hacia el enorme esfuerzo que todos han realizado para que la obra salga de las prensas de la mejor forma posible. Un placer trabajar con ustedes. Pasando al plano personal, no tengo palabras para agradecer a Pascual Martínez Sopena toda la atención que me ha dedicado en estos años, guiándome en la preparación y elaboración de esta investigación. Me cuesta expresar la admiración que siento hacia él, por su magisterio y por su calidad humana, por su inmensa paciencia conmigo y por su confianza en mí. La deuda contraída con él es muy grande pero no tanta como el enorme cariño que le tengo. Este libro es un mínimo tributo a su ejemplo. En este mismo sentido, no puedo olvidarme del profesor Eduardo Aznar Vallejo, quien ha sido mi guía y referente en la Universidad de La Laguna. La oportunidad que me ofreció allí fue completamente decisiva para estar hoy aquí, y día a día se ha convertido en un modelo de trabajo y calidad humana para mí. Toda mi gratitud. Igualmente, quiero mencionar, con todo el afecto, a los doctores Roser Salicrú i Lluch y Dominique Iogna-Prat, que fueron los responsables de aco-

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germe y guiarme en mis estancias de investigación en Barcelona y París. Su hospitalidad y buenos consejos son inolvidables. Además, todo el reconocimiento y el cariño a Carlos Estepa Díez, un maestro en tantos sentidos, que fue guía en Madrid y después y al que no podré dejar de agradecer, allá donde ahora esté, todo el apoyo desinteresado que siempre me brindó. Más allá de mencionar los centros por los que he pasado y en los que me he formado, mi especial gratitud se dirige hacia los profesores e investigadores que en ellos tanto me han ayudado y me han enseñado, como historiadores pero sobre todo como personas. Sin querer dejar de lado a nadie, por diferentes circunstancias, hoy quiero dedicar en especial algunas palabras a varios de ellos. A la doctora Isabel Beceiro Pita, en Madrid, por todo su cariño y preocupación hacia mí en estos años, siendo toda una guía. Al doctor Joseph Morsel, en París, quien marcó un antes y un después en este trabajo con sus acertadas apreciaciones. A la doctora Dulce González Doreste, en La Laguna, quien me ha brindado todo el apoyo para no dejar de emprender proyectos desde que me asenté en Tenerife y es siempre un acicate para seguir esforzándose. La ayuda y afecto mostrado por otros muchos profesores en otros centros a lo largo de estos años no ha sido poca y me es poco grato apenas poder dedicarles unas líneas tan impersonales. En este sentido, los doctores José María Monsalvo Antón, Miguel Ángel Ladero, Emilio Mitre Fernández, José Ramón Díaz de Durana, Cristina Jular Pérez-Alfaro, Ana Rodríguez, José Antonio Jara Fuente, Francisco García Fitz, Julián Clemente Ramos, Maria Teresa Ferrer i Mallol, Laurent Feller o François Foronda solo son algunos entre un largo elenco hacia los que solo tengo palabras de admiración, respeto y gratitud en todos los sentidos. Mención especial merece, en cualquier caso, por su amistad infinita, su energía y su apoyo incondicional, el doctor Juan Francisco Jiménez Alcázar. Costó, Juanfran, ya ves, pero se hizo. Ya tiene tapas. Gracias, de verdad. Hablando de amigos, unas primeras palabras tengo que dirigirlas a los del Departamento de Historia Antigua y Medieval de la Universidad de Valladolid, compañeros de andanzas, venturas y desventuras mientras peleábamos con nuestras respectivas tesis, Violeta, Covadonga, Inés, Víctor, Ana, David, Germán, Diana… Las siguientes, a los camaradas de siempre y que nada tienen que ver con este mundo pequeño del medievalismo: Rober, Sata, Jorge, Ángel, David, Iván… También a todos los que poco a poco, en esta aventura, desde Valladolid hasta llegar a Tenerife y dispersos por medio mundo, se han convertido en amigos y mucho más: Alejandro, Alicia, Rodrigo, Miguel, Carlos, Pablo, Martín, Juan Manuel, Susana, Javi, Blanca, Enrique, Juana, Inés —mil gracias por la ayuda con las correcciones del texto—, Aarón, Victorio, Mario, Fer, Marina, Esther, Fran, Enrique, Julia, Yuliya, Lalli, Alessandro, Mariana, Miguel Ángel, Fran, Rita, Bea, Santi, Esmeralda, Vero, Jordi, Menchu y un largo etcétera. Unos y otros han hecho posible se-

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guir avanzando, compartiendo momentos buenos y no tan buenos. Son ustedes un lujo. Llego casi al final y aquí no querría olvidarme de dos personas importantes que ya no están pero que jamás se irán del todo. Por una parte, Julio Valdeón Baruque, maestro de maestros del medievalismo hispano, inolvidable profesor, mejor persona. También a Juan Antonio Bonachía Hernando, quien primero desde sus clases durante los años de licenciatura y luego desde el área de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid en las fases de preparación de mi tesis doctoral, siempre fue un ejemplo de pasión por esta labor, de entusiasmo y de bondad hacia quienes tuvimos el privilegio de compartir siquiera un momento con él. Por la otra, Eulogia Pascual Díez, mi abuela, maestra de maestras, quien siempre lo dio todo sin pedir nada. Van siempre conmigo. Me vengo refiriendo para acabar, como verán, a la familia. A la de sangre y a la que eliges y te elige en vida. Todos esos amigos sois familia y como tal lo siento. Me hacéis mejor cada día. Igual ocurre con mis tíos, mis primos y madrina, José, Fela, Nayra, Esther, Raquel, Manolo, Henar, Manolo, Nuria, José, Elena… Gracias. Me queda apenas para concluir citar unas pocas personas más, insustituibles por cuanto hacen y son cada día. No me olvido de Roberto González Zalacain porque es imposible. Le debo demasiado. Es el hermano mayor que no tengo, quien siempre ha creído en mí en mitad de esta aventura, quien me dio la oportunidad de no perderme. Seguimos en la brecha, compadre. Sabes que cuentas conmigo. Maria, también a ti, que has formado parte de todo esto. No se me olvidará nunca. Daniel, Rufino, Mari Carmen; hermano, padre, madre. No se puede decir más. Todo esto ha sido también por vosotros. Lo habéis hecho conmigo y me siento feliz de compartir el cierre de esta etapa con vosotros. Seguiremos peleando juntos. Os quiero. Sin todos vosotros hubiera sido imposible. Me hacéis sentir orgulloso y emocionado de que forméis parte de este camino. Me habéis hecho mejor. De verdad, gracias. Gracias. Vitoria del Henar, 28 de agosto de 2018

Siglas, acrónimos y abreviaturas

A. IV Alfonso IV ACA Archivo de la Corona de Aragón ACDA Archivo de la Casa Ducal de Alba ACDAlburq Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque ADPA Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques AGN Archivo General de Navarra AGS Archivo General de Simancas AHM Archivo Histórico Municipal AHN Archivo Histórico Nacional AHNob Archivo Histórico de la Nobleza AHPV Archivo Histórico Provincial de Valladolid AMAdT Archivo Municipal de Alba de Tormes AMBelorado Archivo Municipal de Belorado AMBurgos Archivo Municipal de Burgos AMCuéllar Archivo Municipal de Cuéllar AMHaro Archivo Municipal de Haro AMMurcia Archivo Municipal de Murcia AMPdN Archivo Municipal de Paredes de Nava AMVillalón Archivo Municipal de Villalón ARChVall Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid ASV Archivo Secreto Vaticano BNE Biblioteca Nacional de España BRAH Biblioteca de la Real Academia de la Historia C. Cancillería C.ª Caja cap. Capítulo carp. Carpeta CP Cuentas de Propios

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CR Cartas Reales doc. Documento EMR Escribanía Mayor de Rentas f./ff. Folio/folios F. I Fernando I leg. Legajo LdA Libro del Acuerdo LAC Libros de Actas del Concejo MR Maestre Racional mri./mrs. Maravedí/ maravedís MyP Mercedes y Privilegios r. Recto Reg. Registro Reg. Avin. Registro Aviñonense RP Real Patrimonio RGS Registro General del Sello s.a. Sin año s.d. Sin día s.f. Sin fecha s.l. Sin lugar s.m. Sin mes v. Vuelto

Introducción

1 Sociedad feudal y dominación señorial en la Castilla bajomedieval: ¿la reacción frente a una crisis sistémica?

Desde las décadas finales del siglo xiii y las primeras del siglo xiv y, al menos, hasta iniciado el siglo xv, el Occidente medieval experimentó toda una serie de fenómenos que han sido interpretados en clave de verdadera crisis del modelo de la sociedad feudal, imperante y en expansión a lo largo de los siglos xi-xiii hasta esa época. Entre ellos, sin ser los únicos reflejos de la tensión conflictiva del sistema social, podríamos destacar, por un lado, la reorganización del espacio agrario y la contracción de esa producción agrícola, íntimamente interrelacionada con la profunda depresión demográfica. Por otro lado, junto a la crisis de base socioeconómica, cabe señalar las quiebras de orden político, que remiten a los antagonismos y pugnas entre poderes sociales ligados al desarrollo del «Estado monárquico» por toda la Cristiandad occidental.1   Para una aproximación actualizada a las interpretaciones de la crisis bajomedieval, vid. Seibt, Ferdinand, Eberhard, Winfried, Europa 1400. La crisis de la Baja Edad Media, Barcelona, Crítica, 1993; XXI Semana de Estudios Medievales. Estella, 18 a 22 de julio de 1994. Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995; Bois, Guy, La grande dépression médiévale, xive et xve siècles. Le précédent d´une crise systémique, París, Presses Universitaires de France, 2000 (trad. castellano, Valencia, Universitat de València, 2009); Iradiel Murugarren, Paulino, «La crisis bajomedieval, un tiempo de conflictos», en J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos xiv y xv. XIV Semana de Estudios Medievales. Nájera 2003, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp.13-48; el monográfico «La crisis del siglo xiv en los Reinos Hispánicos» (Edad Media. Revista de Historia, 8, 2007, pp. 15-328); Álvarez Borge, Ignacio, «Notas sobre la historiografía reciente acerca de la crisis bajomedieval en Castilla la Vieja», en M.ª I. del Val Valdivieso, P. Martínez Sopena (coords.), Castilla y el mundo feudal. Home1

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Castilla, dentro de sus particularidades, no fue ajena a estas dinámicas de la crisis, en general,2 ni tampoco en lo que respecta a sus consecuencias para la aristocracia, más en particular. Hablando de las repercusiones de este planteamiento de horizonte crítico y conflictivo para la clase aristocrática, como clase dominante de la sociedad feudal, este habría venido a implicar, expresado de forma muy somera, de una parte, la degradación de sus fuentes tradicionales de renta y, de la otra, la limitación de sus fórmulas de capitalización del poder frente al fortalecimiento autoritario de la monarquía; es decir, un cuestionamiento general de la hegemonía social que este grupo ejercía en el orden feudal.3 Tal situación habría dado lugar a lo que los especialistas han entendido como una profunda reacción por parte de los miembros de la aristocracia con el fin de perpetuar su dominio social amenazado. Esta se podría rastrear a través de la búsqueda de nuevas fuentes de recursos económicos y de poder, desplegada en forma de resistencia contra el poder monárquico para tratar de contrarrestar el sometimiento frente a sus tendencias autoritarias pero también, y si cabe más importante, mediante el aumento de la presión sobre el resto de clases y fuerzas sociales. En el caso castellano, el punto central de esta reacción puede localizarse a partir de los años centrales del siglo xiv, desde los reinados de Alfonso XI naje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, 2009, vol. III, pp. 27-40; Rodríguez López, Ana, «Modelos de diversidad: crecimiento económico y crisis en los reinos hispánicos en la Baja Edad Media», Vínculos de Historia, 2 (2013), pp. 27-49. Tampoco pueden dejar de considerarse las contribuciones generadas hasta nuestros días a partir de las propuestas planteadas por el magno programa de investigación Genèse de l’État Moderne, coordinado por Jean-Philippe Genet desde 1984 a 1993, alrededor del fortalecimiento del poder de los estados monárquicos [Genet, Jean-Philippe, État Moderne: Genèse. Bilan et perspectives, París, Presses du CNRS, 1990; id., «La genèse de l’État moderne. Les enjeux d’un programme de recherche», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 118 (1997), pp. 3-18; id., La genèse de l’État moderne. Culture et société politique en Angleterre, París, Presses Universitaires de France, 2003]. 2   Para la introducción de esta noción en la historiografía de la Corona de Castilla, hay que reconocer significativamente la contribución de Julio Valdeón Baruque, al integrar a su discurso buena parte del bagaje generado al respecto por los medievalistas marxistas anglosajones (entre otros, Valdeón Baruque, Julio, «La crisis del siglo xiv en Castilla: Revisión del problema», Revista de la Universidad de Madrid, 20 (1972), pp. 161-182, id., Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos xiv y xv. Madrid, Siglo XXI, 1975; id., «Reflexiones sobre la crisis bajomedieval en Castilla», En la España medieval, 4 (1984), pp. 10471060). Igualmente referenciales pueden ser los trabajos de Teofilo F. Ruiz, en torno a la que fue su polémica propuesta que ligaba el esfuerzo repoblador de la Andalucía bética con los primeros signos del estancamiento demográfico de Castilla en el tránsito entre los siglos xiii y xiv, a día de hoy mucho más matizada tras las investigaciones de las últimas décadas [Ruiz, Teófilo F., «Expansion et changement: la conquête de Seville et la société castillane (12481350)», Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 3 (1979), pp. 548-565; id., Crisis and Continuity: Land and Town in Late Medieval Castile. Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1994]. 3   Monsalvo Antón, J. M.ª, «Poder político y aparatos de estado en la Castilla bajomedieval. Consideraciones sobre su problemática», Studia Historica. Historia Medieval, IV-2 (1986), pp. 101-167, en concreto pp. 126-142.

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y Pedro I hasta el encumbramiento al trono de Enrique II tras la cruenta guerra civil que supuso la derrota y muerte de Pedro I y la consolidación del nuevo tronco dinástico Trastámara en los reinados de Juan I y Enrique III, en términos de lo que se ha llegado a definir como «revolución» en palabras de Luis Suárez Fernández, aunque sus efectos se sentirían, al menos, a lo largo de todo el siglo xv y aún en las primeras décadas del siglo xvi.4 Así, lo que ha sido definido con bastante buen sentido por M.ª Concepción Quintanilla Raso como una auténtica renovación de la clase nobiliaria en sus bases de organización interna y relación social, político-institucionales, militares, materiales y mentales, que se materializó fundamentalmente en dos fenómenos.5 En primer lugar y muy particularmente, en una expansión extraordinaria del señorío. Dicha redimensión expansiva del señorío podría reconocerse tanto por lo que toca a la naturaleza de la autoridad señorial basada en el ejercicio de la jurisdicción —el denominado «señorío jurisdiccional»— como por lo que se refiere a la estructura de esta fórmula de dominación en forma de «estado señorial» y al número de estos «estados» constituidos en esta época.6 En segundo lugar, esa reafirmación del orden aristocrático se sostuvo igualmente a través de un exitoso acceso a los resortes del poder monárquico y a la participación de ellos, de modo que la propia conformación del «Estado autoritario» dotó a la elite aristocrática de los medios para perpetuar su rango de hegemonía social,7 muy en la línea teórica formulada por Perry R. Anderson acerca del «Estado absolutista» respecto a la relación entre formación de los estados monárquicos de corte autoritario y 4   Suárez Fernández, Luis, Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la Historia política castellana del s. xv, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1975 (2.ª ed. corregida y aumentada; 1.ª ed. 1959). Las referencias aun a día de hoy a la obra clásica de Luis Suárez son insoslayables a la hora de comprender las interpretaciones historiográficas de la actitud de la aristocracia castellana ante el contexto de la «crisis bajomedieval». 5   Quintanilla Raso, M.ª C., «La renovación nobiliaria en la Castilla bajomedieval. Entre el debate y la propuesta», en La nobleza peninsular en la Edad Media. VI Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez-Albornoz, 1999, pp. 255-295. 6   Sobre esta expansión y redefinición del régimen señorial en Castilla a lo largo de la Baja Edad Media, vid. Monsalvo Antón, J. M.ª, «Poder político y aparatos de estado...», pp. 140-142, 155-159; Beceiro Pita, Isabel, «Los estados señoriales como estructuras de poder en la Castilla del siglo xv», en A. Rucquoi (coord.), Realidades e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid, Ámbito Ediciones, 1988, pp. 293-323; Iradiel Murugarren, Paulino, «Señoríos jurisdiccionales y poderes públicos a finales de la Edad Media», en XXIII Semana de Estudios Medievales. Estella, 22-26 de julio de 1996: Poderes públicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, pp. 69-116, en concreto pp. 84-98, 101-111; Quintanilla Raso, María Concepción, «El estado señorial nobiliario como espacio de poder en la Castilla bajomedieval», en J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), Los espacios de poder en la España Medieval. XII Semana de Estudios Medievales. Nájera 2001, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pp. 245-314. 7   Monsalvo Antón, J. M.ª, «Poder político y aparatos de estado...», pp. 142-159.

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reformulación del orden de la sociedad feudal, dentro del debate de la «transición del feudalismo al capitalismo».8 Un último elemento a la hora de comprender la reafirmación de esa nobleza señorial en la cúspide de la jerarquía social de la Castilla bajomedieval, a ojos de la producción historiográfica de las últimas décadas, habría sido el carácter conflictivo de este proceso. No en vano, el desarrollo de la jurisdicción y de sus objetivos de ejercicio del poder sobre territorios y comunidades humanas y de explotación de los recursos materiales a ellos aparejados conllevó choques y enfrentamientos, pero también consensos y acuerdos, protagonizados por la aristocracia en dos sentidos. Por un lado, aquellos que la confrontaron con la monarquía, alrededor del problema de la enunciación y puesta en práctica de la superioridad de su autoridad en torno a principios como el de poder real absoluto y los términos del ejercicio de la mayoría de justicia del rey,9 o de la apropiación, legítima o mediante usurpación y fuerza, por parte de los señores de tales derechos privativos de la Corona o también de los recursos hacendísticos a ella correspondientes, etc.10 Su compren  Anderson, Perry R., Lineages of the Absolutiste State, Londres, New Left Books 1974 (trad. castellano, El Estado absolutista, Madrid, Siglo XXI, 1979). Sobre dicho debate, desarrollado en el entorno historiográfico del marxismo británico, Kaye, Harvey J., Los historiadores marxistas británicos, Zaragoza, Universidad. Prensas Universitarias, 1989, pp. 23-90, en particular pp. 41-62), con especial atención a las contribuciones de Maurice Dobb, Rodney Hilton y Robert Brenner, entre otros, Dobb, Maurice H., Studies in the Development of Capitalism, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1946 (trad. castellano, Madrid, Siglo XXI, 1976); Hilton, Rodney H. (ed.), The Transition from Feudalism to Capitalism, Londres, New Left Books, 1976 (trad. castellano, Barcelona, Crítica, 1976); Brenner, Robert P., «Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe», Past and Present, 70 (1976), pp. 30-75; Ashton, Trevor H., Philpin, Charles H. E. (eds.), The Brenner Debate. Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1985 (trad. castellano, Barcelona, Crítica, 1988).  9  Bermejo Cabrero, José Luis, «Mayoría de justicia del rey y jurisdicciones señoriales en la Baja Edad Media castellana», en I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas. Volumen II, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1975, pp. 191-206; Nieto Soria, J. M., «La nobleza y el “poderío real absoluto” en la Castilla del siglo xv», Cahiers de Lingüistique et de Civilisation Hispanique Médiévales, 25 (2002), pp. 237-254. 10   Algunas consideraciones sobre el ejercicio de derechos señoriales a despecho de las atribuciones de la Corona en Quintanilla Raso, María Concepción, «Haciendas señoriales nobiliarias en el reino de Castilla a fines de la Edad Media», en Historia de la Hacienda Española. Épocas antigua y medieval, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982, pp. 767798; id., «Haciendas señoriales andaluzas a fines de la Edad Media», en Hacienda y comercio. Actas del II Coloquio de Historia Medieval andaluza. Sevilla, 8-10 de abril, 1981, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1982, pp. 255-257; Beceiro Pita, I., «Los estados señoriales...», pp. 300-302, 305-316; Quintanilla Raso, M.ª C., «El estado señorial...», pp. 255-257, 298-311; id., «Vertebración del poder y lógica señorial. La justicia en los estados señoriales de la baja Edad Media Castellana», en L. A. da Fonseca, L. C. Amaral, M.ª F. Ferreira Santos (coords.), Os reinos ibéricos na Idade Media. Livro de homenagem ao professor doutor Humberto Baquero Moreno, Lisboa, Livraria Civilização Editora, 2003, vol. I, pp. 971-982.  8

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sión en clave política, en relación con los conflictos internos sucedidos en el reino entre la segunda mitad del siglo xiv y el final del siglo xv, es más que significativa.11 Por otro lado, los conflictos que afectaron a la relación entre señores y comunidades e individuos sujetos a la dominación, ya hablemos —en términos de organización social del espacio— de concejos de villa y tierra, comunidades de valle, aldeas o aun células comunitarias de menor entidad hasta llegar a los núcleos parentelares más estrictos y a las personas concretas. Con una fuerte inspiración marxista en muchos de los casos y con la evidente influencia de los estudios de Julio Valdeón Baruque en este sentido, tales pugnas se refieren a la panoplia de los habitualmente denunciados por estos dominados como «abusos señoriales» y que tiene que ver con la interferencia o la apropiación por parte de los señores de atribuciones y derechos diversos y su disfrute de forma más o menos arbitraria y abusiva por ellos: nombramiento de oficiales, ejercicio de funciones de gobernanza, exigencias fiscales, sustracción de recursos naturales y materiales de utilidad económica, etc.12 11   En este sentido, la influencia de los principios planteados por L. Suárez Fernández en su obra acaso de mayor impacto es palpable (Suárez Fernández, L., Nobleza y Monarquía..., pp. 9-17). Para algunos ejemplos relativamente recientes de los distintos enfoques hacia esta conflictividad política aristocrática en torno al poder de la monarquía castellana, que han enlazado bien con las propuestas historiográficas subyacentes al programa Genèse de l’État Moderne, vid. Ladero Quesada, Miguel Ángel, «La consolidación de la nobleza en la Baja Edad Media», Nobleza y sociedad en la España Moderna, Oviedo-Madrid, Ediciones Nobel, Fundación Central Hispano, Fundación Cultural de la Nobleza Española, 1996, pp. 19-45; Nieto Soria, José Manuel (coord.), La monarquía como conflicto en la Corona castellanoleonesa (c. 1230-1504), Madrid, Sílex Ediciones, 2006, en particular pp. 13-252; Foronda, François, Carrasco Manchado, Ana Isabel (coords.), Du contrat d'alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la Péninsule Ibérique de la fin du Moyen âge, Toulouse, Université de Toulouse II Le Mirail-Institut d’Études Hispaniques, 2007, en particular pp. 9-244; Mitre Fernández, Emilio, «Tensiones sociales y políticas de apaciguamiento en el ascenso y consolidación de los Trastámara (una panorámica)», Edad Media. Revista de Historia, 8 (2007), pp. 279-294; Quintanilla Raso, María Concepción, «Conflictos entre grandes. De las luchas internobiliarias a los debates interseñoriales», en J. M. Nieto Soria (dir.), El conflicto en escenas. La pugna política como representación en la Castilla bajomedieval, Madrid, Sílex Ediciones, 2010, pp. 59-104. 12   Pueden resultar significativos en este sentido Valdeón Baruque, J., Los conflictos sociales...; Moreta Velayos, Salustiano, Malhechores feudales. Violencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla, siglos xiii-xiv, Madrid, Cátedra, 1978; Barros Guimeráns, Carlos, Mentalidad justiciera de los Irmandiños, siglo xv. Madrid, Siglo XXI, 1990; buena parte de los trabajos en Sarasa Sánchez, Esteban, Serrano Martín, Eliseo (eds.), Señorío y Feudalismo..., vol. II, pp. 275-439, vol. IV, 11-192; Montero Tejada, Rosa María, «Violencia y abusos en los señoríos del linaje Manrique a fines de la Edad Media», En la España medieval, 20 (1997), pp. 339-377; Freedman, Paul, «La resistencia campesina y la historiografía en la Europa medieval», Edad media. Revista de Historia, 3 (2000), pp. 17-38; Valdeón Baruque, Julio, «Los conflictos sociales en tiempos de Isabel la Católica», en J. Valdeón Baruque (ed.), Sociedad y Economía en tiempos de Isabel la Católica, Valladolid, Ámbito Ediciones, 2002, pp. 229-240; Cabrera Muñoz, E., «Conflictos en el mundo rural: señores y vasallos», en Iglesia Duarte, J. I. de la (ed.), Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de

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Con todo, existen razones para seguir planteándonos muchas preguntas acerca de nuestro grado de conocimiento sobre esta señorialización bajomedieval castellana. No en vano, la elaboración de esta interpretación ha obedecido, como puede verse, a la pervivencia de numerosos conceptos y discursos heredados del acervo historiográfico del medievalismo hispano de corte más historicista e institucionalista previo a los años setenta del siglo xx y a la integración de categorías estructurales, como la de la «crisis bajomedieval», en las décadas posteriores. Teniendo esto en cuenta, dentro de un relato fuertemente condicionado por la «revolución Trastámara» como elemento vertebrador de la cronología y las características de la reacción aristocrática ante la crisis en Castilla, la interpretación sostenida a día de hoy sobre este proceso histórico en buena medida se nutre de evidencias recabadas a partir de estudios de temática señorial focalizados en las grandes casas aristocráticas predominantes en el siglo xv. En ellos, el bloque primordial de informaciones relativas a las dinámicas de acumulación de patrimonio señorial, su gestión y administración en forma de «estados señoriales» por parte de esos grandes «linajes» data fundamentalmente de entre mediados del siglo xv y las primeras décadas del siglo xvi, etapa por otro lado relacionada con la recuperación de los efectos de la «crisis bajomedieval».13 Esto ha dado lugar a una habitual extrapolación de la tendencia atestiguada de acrecentamiento de los recursos de poder de los señores y de los factores característicos a través de los cuales ese acrecentamiento se llevó a cabo a partir de la segunda mitad del siglo xv (estructuras de parentesco linajístico, vinculación de la herencia en forma de mayorazgo, acceso a la influencia en la Corte y la administración monárquicas, aumento de las fuentes de renta con especial atención a la transferida desde la Hacienda real, reafirmación del control jurisdiccional ejercido sobre los vasallos de sus señoríos, etc.) para épocas anteriores peor documentadas, en el siglo xiv y los inicios del siglo xv.14 Aunque es cierto que esta los siglos xiv y xv. XIV Semana de Estudios Medievales. Nájera 2003, Logroño, 2004, pp. 4980; Oliva Herrer, Hipólito Rafael, Justicia contra señores. El mundo rural y la política en tiempos de los Reyes Católicos, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004; id., «Conflictos antiseñoriales en el reino de Castilla a fines de la Edad Media: viejas preguntas, ¿nuevas respuestas?», Historia. Instituciones. Documentos, 36 (2009), pp. 315-334; o el bloque dedicado a «La crisis bajomedieval y la conflictividad social» en Val Valdivieso, María Isabel del, Martínez Sopena, Pascual (coords.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2009, vol. III, pp. 9-247. 13   Ver notas 1 y 2, pp. 25-26. Para una síntesis reciente sobre los ritmos de represión y crecimiento de las economías agrarias castellanas bajomedievales, Borrero Fernández, Mercedes, «El mundo rural y la crisis del siglo xiv. Un tema historiográfico en proceso de revisión», Edad Media. Revista de Historia, 8 (2007), pp. 37-58; Oliva Herrer, H. R., «El mundo rural castellano en la Baja Edad Media: dinámicas socioeconómicas y nuevas perspectivas de análisis», Edad Media. Revista de Historia, 8 (2007), pp. 295-328, en concreto pp. 297-309. 14   Un ejemplo poco habitual por considerar la dinámica a lo largo del tiempo, entre finales del siglo xiv y las primeras décadas del siglo xvi, en cuanto a la construcción del poder

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concepción favorable a la continua progresión desde el siglo xiv del reforzamiento de la proyección señorial de la aristocracia castellana no carece de sentido, no es menos cierto que sí sería más que deseable su confirmación —o bien la matización o incluso la refutación de algunas de sus características— para esa época peor conocida previa a 1430-1450, más ligada a los momentos más tensos de la «crisis» y del reajuste frente a ella, a partir de estudios específicos. Me refiero, a fin de cuentas, a la comprensión del hecho de la dominación señorial en estos momentos concretos sobre la base del análisis científico de las fuentes históricas relacionadas directamente tanto a este tema como a este marco cronológico. No es, con todo, el único factor a discutir. El propio presupuesto historiográfico de antagonismo político entre Corona y aristocracia como motor de la Historia castellana, desde el ascenso de los Trastámara al trono, y la historicidad y operatividad de la noción de la «revolución Trastámara» para la comprensión de la dinámica social en la Corona de Castilla también han sido puestos en crítica. Han de tenerse en cuenta las valoraciones al respecto de, prioritariamente, Carlos Estepa sobre las dinámicas de definición del poder real en tanto «señorío del rey», el desarrollo de los aparatos de Estado de la monarquía castellano-leonesa, la pervivencia de las relaciones feudales en los siglos xiii-xiv y la conexión de todos estos factores con las formas de ejercicio de poder señorial por parte de la aristocracia en la Baja Edad Media.15 También las de José María Monsalvo, cuestionando la percepción radicalmente estatalista de las transformaciones de las relaciones sociales y de poder en la sociedad feudal castellana desde el siglo xiii al final de la Edad Media que subyace en su observación desde el prisma de la «génesis del Estado moderno»,16 frente a lo cual proponía un esfuerzo de renovación señorial, la acumulación o segregación de derechos y el establecimiento de unos determinados vínculos de dominación sobre el espacio y las comunidades sujetas al señorío en el estudio de Isabel Beceiro sobre los Pimentel, condes de Benavente (Beceiro Pita, Isabel, El condado de Benavente en el siglo xv, Benavente, Centro de Estudios Beneventanos Ledo del Pozo, 1998). 15   Estepa Díez, Carlos, «La Monarquía castellana en los siglos xiii-xiv. Algunas consideraciones», Edad Media. Revista de Historia, 8 (2007), pp. 79-98, en concreto pp. 87-92; id., «El dominio político hispanocristiano en el Occidente Peninsular (910-1369)», en F. García Fitz, J. F. Jiménez Alcázar (eds.), La Historia Peninsular en los espacios de frontera: las «Extremaduras históricas» y la «Transierra» (siglos xi-xv), Cáceres-Murcia, Sociedad Española de Estudios Medievales-Editum, 2012, pp. 17-46. Resultan de interés en este sentido igualmente, ciertos apuntes en Rucquoi, Adeline, «Nobleza y Monarquía: ¿una ilusión?», en M.ª I. del Val Valdivieso, P. Martínez Sopena (coords.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, 2009, vol. II, pp. 609-625. 16   Monsalvo Antón, José María, «Crisis del feudalismo y centralización monárquica castellana (Observaciones acerca del origen del “Estado Moderno” y su causalidad», en D. Plácido Suárez, C. Estepa Díez, J. J. Trías Vejarano, J. J. (eds.), Transiciones en la Antigüedad y Feudalismo, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1998, pp. 139-167, en concreto pp. 141-153; La «genèse de l’État moderne» vingt ans après. Autour du programme de

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del utillaje conceptual y teórico de los medievalistas para la observación de dichos fenómenos y procesos en términos sociales y de relaciones de poder.17 Todo ello lleva a poner en entredicho seriamente que las dinámicas de construcción del poder regio, de posicionamiento de la aristocracia ante esta cuestión y, al fin, de su definición y reproducción como clase social dominante en la cúspide de la sociedad feudal puedan restringirse solo a una cronología exclusivamente posterior a 1366-1369 y no enmarcarse en procesos de más larga duración, que hunden sus raíces en los siglos plenomedievales, y de naturaleza no exclusivamente política. En definitiva, ¿en qué consistió la dominación señorial en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media? O, lo que es lo mismo, ¿cómo podía explicarse el predominio social alcanzado por la aristocracia castellana bajomedieval sobre esta base de ejercicio de poder señorial en una perspectiva de larga duración, que ahondara en sus orígenes, causas y desarrollos desde sus fases más iniciales? ¿Podía, precisamente, relacionarse esa transformación de las relaciones de dominación señorial con una reacción aristocrática ante una «crisis del siglo xiv» o sus fundamentos podían ser otros más que la contestación a un amenazador contexto demográfico y económico? Estas son, justamente, las preguntas centrales que sostienen este libro. Con el fin de responder a tales preguntas, el presente trabajo se introduce directamente en la problemática del poder señorial en la Corona de Castilla entre el final del siglo xiii y las décadas centrales del siglo xv —en términos, como ya veremos, sistémicos y relacionales y considerando la posición dominante de la aristocracia castellana del final de la Edad Media en torno a las nociones con valor estructurante de casa y «clientela»—, a partir del estudio monográfico del poder señorial ejercido por Fernando «el de Antequera» y Leonor de Alburquerque, infantes de Castilla y reyes de Aragón, y su entorno entre, grosso modo, 1374 a 1435, utilizando como fechas extremas más restringidas los años de nacimiento y muerte de esta última, mayor y más longeva que su esposo. Un arco en el que habrían de observarse, fundamentalmente, las primeras muestras del reajuste de la sociedad feudal castellana ante la «crisis». No obstante, las características del objeto de estudio —y ahí radica su valor— han permitido abarcar con solvencia el conjunto del marco cronológico de nuestro interés, arriba expuesto, de finales del siglo xiii a mediados del siglo xv y una amplia casuística de relaciones de poder señorial Jean-Philippe Genet. Séminaire organisé par Sandro Landi (UMR 5222 – Europe, Européanité, Européanisation) avec la collaboration de François-Joseph Ruggiu et de Florence Buttay (CEMMC), Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Pessac, 15 octobre 2007. Disponible en: http://cemmc.u-bordeaux3.fr/jeuneschercheurs/d3.php [consulta: 25/09/2016]. 17   Monsalvo Antón, J. M.ª Monsalvo Antón, José María, «Historia de los poderes medievales, del Derecho a la Antropología (el ejemplo castellano: monarquía, concejos y señoríos en los siglos xii-xv)», en C. Barros Guimeráns (ed.), Historia a Debate. Medieval, Santiago de Compostela, Historia a Debate, 1995, pp. 81-149, en concreto pp. 89-101.

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apta para una valoración comparativa general de las mismas en el conjunto del reino. Así, tal y como fue posible exponer de forma monográfica en un estudio reciente acerca de las trayectorias vitales de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y sus herederos y su contextualización en el escenario político hispánico a caballo entre los siglos xiv y xv, el extraordinario encumbramiento sociopolítico de quien fue infante real de Castilla, regente del rey niño Juan II y monarca de Aragón y Sicilia, de su esposa y sus hijos, se aparejó a un consecuente despliegue de sus patrimonios señoriales. Ampliamente extendidos por prácticamente la totalidad del territorio de la Corona de Castilla, en zonas bien diferenciadas entre sí en cuanto a sus características geográficas y su organización socioespacial, estructuras sociales, orientaciones económicas y marcos institucionales que en ellas se desenvolvían en los siglos finales de la Edad Media, aquellos patrimonios bien podrían representar todo un compendio de las diversificadas formalizaciones de ejercicio de la dominación sobre tierras y personas y de extracción de recursos materiales existentes en la Castilla del tránsito entre el siglo xiv y el siglo xv (jurisdicción sobre villas, derechos sobre behetrías, bienes fundiarios, rentas monárquicas transferidas de naturaleza y origen diverso, etc.). Es más, sin duda la conformación de tan diversos y ricos bienes y derechos señoriales, su acumulación y gestión por parte de los infantes Fernando y Leonor y sus herederos —incluso su disgregación— acabó mostrándose como un extraordinario reflejo de los procesos de definición, enunciación, atribución, puesta en ejercicio de la autoridad señorial y redistribución de la misma o de sus frutos operados en el conjunto de los territorios de la monarquía castellana a lo largo de la Baja Edad Media. Más todavía, a ello habría que sumar las redes de relación social que estos personajes lograron entretejer en torno a sí a cuenta de su prestancia como grandes señores y de su posición de liderazgo en la vida política de la Corona, ligada a su condición privilegiada de «parientes del rey», si cabe mucho más extendidas e intrincadas que sus propios dominios señoriales y que alcanzaban de forma preferencial tanto los ámbitos cortesanos y de la administración monárquica como distintas áreas regionales y locales del reino afectadas por sus múltiples intereses.18 Las consideraciones que pueden extraerse de la interacción de este formidable complejo de poder señorial con otras instancias de poder —las correspondientes a la monarquía, a otros señores laicos y eclesiásticos y sus entor  Para estas reflexiones, una compensión contextual de las trayectorias biográficas de Fernando, Leonor y sus hijos y los factores señoriales, de vínculo con la realeza y de despliegue simbólico ligados a su extraordinaria proyección sociopolítica entre finales del siglo xiv y los inicios del siglo xv, remitimos a nuestra monografía reciente al respecto, elaborada como esta obra a partir del proyecto de nuestra tesis doctoral [Muñoz Gómez, Víctor, Fernando «el de Antequera» y Leonor de Alburquerque (1374-1435). Una Historia de Poder en la Península Ibérica a finales de la Edad Media, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2016]. 18

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nos y también a las distintas comunidades de habitantes que pueden ir desde los concejos de villa/ciudad y tierra más extensos a las más modestas comunidades aldeanas— en términos de colaboración, competencia, conflicto o acuerdo, dentro de tan amplio marco espacial y relacional no pueden ser menos que sugerentes. Pero, ante todo, podemos congratularnos de disponer de un volumen de documentación relativamente importante que nos aporta, pese a su notable dispersión en distintos fondos de archivos y bibliotecas, informaciones inopinadamente abundantes e ilustrativas para esta época acerca de los entramados señoriales dependientes del infante Fernando y los suyos, de las múltiples relaciones establecidas en torno a la posición de poder de estos y de los individuos y comunidades implicados por tales vínculos de subordinación y dominación. Dicho de otro modo, y en resumen de lo que se viene exponiendo, nos encontramos ante un objeto de estudio que podemos considerar satisfactoriamente documentado. Gracias a ello y a la extraordinaria ramificación de las implicaciones políticas, sociales, económicas y espaciales vinculadas al objeto de estudio, a la proyección del poder señorial del infante Fernando, su esposa Leonor de Alburquerque y sus poderosos vástagos, estamos ante las mejores condiciones en este trabajo para aportar luz al análisis profundo de la problemática de la dominación señorial en la Corona de Castilla desde el inicio del siglo xiv hasta toda la primera mitad del siglo xv. A esa tarea dedicaremos, en fin, las siguientes páginas.

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1. En torno a la dominación señorial en la Castilla bajomedieval: un horizonte historiográfico Con el fin de, en todo caso, situar convenientemente el objeto de este trabajo y el alcance de la propuesta que en él hacemos, es preciso dedicar algunas páginas a definir el marco conceptual, teórico y metodológico en que se mueve. Por eso, corresponde contextualizar el desarrollo historiográfico que se ha producido hasta el momento actual en torno a la temática del señorío y la aristocracia en la Castilla bajomedieval, ya que esto precisamente ayudará a comprender el sentido último de muchos de los cuestionamientos y debates que giran en torno a la dominación señorial y los agentes sociales e institucionales envueltos en ella en el período y territorio en que nos estamos centrando. Lo cierto es que, desde una primera impresión, es difícil encontrar qué de nuevo puede aportarse en la temática de investigación acerca del señorío castellano en la Baja Edad Media. Al fin y al cabo se ha beneficiado de un sobresaliente desarrollo desde los años sesenta y setenta del pasado siglo xx, a resultas de la propia renovación de la historiografía española —y del medievalismo, dentro de ella— iniciada en estas décadas. Una preocupación, por cierto, que ha de vincularse al interés por uno de los grandes tópoi de la Historia medieval hispánica: el gran despliegue reactivo del poder de la aristocracia castellana en la Baja Edad Media, coincidente con el acceso de los Trastámara al trono a partir de 1366-1369, que Luis Suárez Fernández caracterizó con el sintomático término de «revolución Trastámara» y que, según su entender, vehicularía el devenir de la Corona de Castilla hasta el final del siglo xv en una cruenta pugna entre monarquía y nobleza hasta el ascenso al

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trono de los Reyes Católicos, que cerraría este ciclo con el triunfo del orden monárquico autoritario, base de la posterior unidad española, e, implícitamente, de la «edad de oro» de la Monarquía Hispánica de los Austrias.1 Conviene recordar aquí, más allá de las impresiones de Suárez Fernández, algunos trabajos pioneros desde distintas perspectivas en los años sesenta y los primeros años setenta, como los de Salvador de Moxó, Bartolomé Clavero, Julio Valdeón o Emilio Mitre,2 que abrieron paso a una extraordinaria eclosión de monografías dedicadas a la naturaleza, características y evolución del régimen señorial de la Castilla bajomedieval a lo largo de los años setenta y ochenta.3 Estos vinieron a incorporar a las perspectivas hasta enton  Suárez Fernández, Luis, Nobleza y Monarquía…, cit.   Guilarte, Antonio María, El régimen señorial en el siglo xvi, Madrid, 1962; Moxó y Ortiz de Villajos, Salvador de, «Los señoríos: en torno a una problemática para el estudio del régimen señorial», Hispania. Revista española de Historia, 94 (1964), pp. 185-236; id., «Los señoríos: en torno a una problemática para el estudio del régimen señorial (conclusión)», Hispania. Revista española de Historia, 95 (1964), pp. 399-430; Valdeón Baruque, Julio, Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen (1366-1371), Valladolid, 1966; Mitre Fernández, Emilio, Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III (13961406), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1968; Moxó y Ortiz de Villajos, Salvador de, «De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad Media», Cuadernos de Historia de España (Anexos de la revista Hispania), 2 (1969), pp. 1-210; id., Los antiguos señoríos de Toledo: Evolución de las estructuras jurisdiccionales en la comarca toledana desde la Baja Edad Media hasta fines del Antiguo Régimen, Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1973; id., «Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio», Anuario de Historia del Derecho Español, 43 (1973), pp. 271-310; Clavero, Bartolomé, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (13691836), Madrid, Siglo XXI, 1974; id., «Behetría, 1255-1356. Crisis de una institución de señorío y la formación de un Derecho regional en Castilla», Anuario de Historia del Derecho Español, 44 (1974), pp. 201-342, por citar algunos, sin olvidar tampoco el peso que tuvo esta temática dentro de la sección dedicada al medievalismo en el relevante encuentro dedicado a la metodología histórica de 1973 celebrado en Santiago de Compostela, Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, vol. 2. Historia Medieval, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1975, pp. 166-326. 3   Buena muestra de ello pueden ser, entre otros, los trabajos de Villalobos MartínezPontrémuli, María Luisa de, Los Stúñiga. El paso a Castilla de un linaje de la nobleza nueva y su elevación con los Trastámara, tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1972; Cabrera Muñoz, Emilio, El condado de Belalcázar (1444-1518). Aportación al estudio del régimen señorial en la Baja Edad Media, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1977; Martínez Moro, Jesús, La renta feudal en la Castilla del siglo xv: los Stúñiga. Consideraciones metodológicas y otras, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977; Martínez Sopena, Pascual, El estado señorial de Medina de Rioseco bajo el almirante Alfonso Enríquez, 1389-1430, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977; Quintanilla Raso, María Concepción, Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba: la Casa de Aguilar (siglos xiv y xv), Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979; Gerbet, Marie-Claude, La Noblesse dans le Royaume de Castille. Étude sur ses structures sociales en Estrémadure de 1454 à 1516, París, Publications de la Sorbonne, 1979; Beceiro Pita, Isabel, El condado de Benavente en el siglo xv, tesis doctoral defendida en la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1980 (editada posteriormente en Beceiro Pita, Isabel, El condado de Benavente…); Mazo Romero, Fernando, El condado de Feria (1394-1505), Badajoz, 1 2

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ces convencionales, ligadas a la tradición historicista española y a la Historia del Derecho, las propuestas y métodos innovadores procedentes de la percepción social totalizadora de la Historia heredera de los Annales franceses y de la interpretación dialéctica de corte marxista de los procesos históricos. Y, sin duda, lo hicieron con apreciable éxito, al poner de relieve la necesidad de analizar pormenorizadamente uno de los ejes fundamentales en torno a los cuales se desarrolló la sociedad feudal tardomedieval castellana, el señorío, y la principal beneficiaria del mismo, la aristocracia, con el fin último de comprender mejor y de un modo integral a esta sociedad del final de la Edad Media, en sí misma y dentro de su contexto espacial y temporal.4 Alrededor de estos dos grandes bloques temáticos, señorío y nobleza/ aristocrática, las investigaciones en esta línea no han dejado de multiplicarse Institución Cultural Pedro de Valencia, 1980; González Crespo, Esther, Elevación de un linaje nobiliario castellano en la Baja Edad Media: los Velasco, tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1981; Álvarez Álvarez, César, El condado de Luna en la Baja Edad Media, León, Universidad de León, 1982; Ayerbe Iríbar, María Rosa, Historia del Condado de Oñate y señorío de Guevara (s. xi-xv). Aportación al estudio del régimen señorial en Castilla, San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, 1985; Lora Serrano, Gloria. Los señoríos extremeños de la casa de Estúñiga, tesis doctoral inédita defendida en la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1986; Viña Brito, Ana, Don Pedro Girón, maestre de Calatrava y los orígenes de la Casa de Osuna, tesis doctoral defendida en la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1986; Martín Fuertes, José Antonio, De la nobleza leonesa. Los Osorio y el marquesado de Astorga, León, Hullera Vasco-Leonesa, 1988; Gerbet, MarieClaude, La nobleza en la Corona de Castilla. Sus estructuras sociales en Extremadura (14541516), Cáceres, Institución Cultural El Brocense. Diputación Provincial de Cáceres, 1989; Aguado González, Francisco José, El ascenso de un linaje castellano en la segunda mitad del siglo xv: los Téllez Girón, condes de Ureña (el origen del señorío de Osuna), tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1990. Dentro de esta línea podemos considerar otros estudios a título ilustrativo como los de Pérez Bustamante, Rogelio, Señorío y vasallaje en las Asturias de Santillana, s. xiii-s. xv, Santander, Ediciones de Librería Estudio, 1978; Collantes de Terán Sánchez, Antonio, «Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución territorial en la Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos, 6 (1979), pp. 89-112; muchos de los de Miguel Ángel Ladero Quesada (vid. Ladero Quesada, Miguel Ángel, Los señores de Andalucía. Investigación sobre nobles y señoríos en los siglos xiii a xv, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1998), gran parte de los de Alfonso Franco Silva desde principios de los ochenta hasta hoy [como ejemplo de sus primeras publicaciones al respecto, vid. Franco Silva, Alfonso, La fortuna y el poder. Estudios sobre las bases económicas de la aristocracia castellana (s. xiv-xv), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996]; López Pita, Paulina, «Señoríos nobiliarios bajomedievales», Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia medieval, 4 (1991), pp. 243-284; o la monografía regional de Diago Hernando, Máximo, Estructuras de poder en Soria a fines de la Edad Media, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1993, que dedica buena parte de su contenido al análisis de la señorialización en la Extremadura soriana en esta época. 4   Evidencia del interés concedido por la historiografía hispana medieval y moderna a las dinámicas sociales tejidas en torno al señorío es el congreso celebrado en Zaragoza en 1989 [Sarasa Sánchez, Esteban, Serrano Martín, Eliseo (eds.), Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (siglos xii-xix), (Zaragoza, 11-14 de diciembre de 1989), 4 vols., Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994].

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en los años noventa del pasado siglo y aún hasta hoy en los inicios del siglo xxi, dando lugar a un abrumador bagaje historiográfico y no solo por el volumen de contribuciones aparecidas hasta la fecha.5 En efecto, este cúmulo de trabajos ha aportado un encomiable conocimiento sobre la expansión de los señoríos entre los siglos xiv y xv por todo el territorio castellano, las estructuras de administración y gestión de estos patrimonios, las características de la renta señorial y de los recursos económicos y humanos articulados en el seno de las casas señoriales o, también, las relaciones y conflictos establecidos en torno a la dominación señorial con los individuos y comunidades sujetos a ella.6   Resulta significativo que los repertorios bibliográficos elaborados al efecto hayan enumerado, entre mediados del siglo xx y el año 2000, cerca de mil referencias centradas en estos temas (vid. Sanz Cuesta, Miriam, Rubio Liniers, María Cruz, García-Hernán, Daniel, La nobleza en España. BIHES, n.º 11, vol. I, Madrid, CSIC, 2001, pp. 121-238). Para un compendio exhaustivo de las obras centradas en cuestiones de orden señorial y aristocrático en la Castilla bajomedieval en los últimos cincuenta años, vid. Quintanilla Raso, María Concepción, «Nobleza y señoríos en Castilla durante la Baja Edad Media. Aportaciones de la historiografía reciente», Anuario de Estudios Medievales, 14 (1984), pp. 613-639; id., «Historiografía de una elite de poder: la nobleza castellana bajomedieval», Hispania. Revista española de Historia, 175 (1990), pp. 719-736; Monsalvo Antón, José María, «Historia de los poderes medievales», pp. 138-147, quien llega a listar hasta doscientos sesenta y tres trabajos en estas líneas dentro de los ochocientos treinta que selecciona entre los años setenta y noventa del siglo xx; Quintanilla Raso, María Concepción, «El protagonismo nobiliario en la Castilla bajomedieval. Una revisión historiográfica (1984-1997)», Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 7 (1997), pp. 187-233, donde se llegan a citar hasta 483 títulos; y Ortega Cervigón, José Ignacio, «La nobleza peninsular en época trastámara. Principales líneas de investigación (1996-2006)», eHumanista. Journal of Iberian Studies, 10, 2008, pp. 104-132. Disponible en: http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_10/index.shtml [consulta: 7/06/2016]. 6   Con el fin de evitar la prolijidad en la citación, remitimos a la nota anterior para un repaso exhaustivo a esta bibliografía. Valga, en cualquier caso, referir algunas monografías que ilustren el notable esfuerzo de producción historiográfica y su continuidad: Pino García, José Luis del, Extremadura en las luchas políticas del siglo xv, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1991; Franco Silva, Alfonso, El señorío toledano de Montalbán. De don Álvaro de Luna a los Pacheco, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1992; id., El condado de Fuensalida en la Baja Edad Media, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1994; id., El marquesado de los Vélez (siglo xiv-mediados del xvi), Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio; Montero Tejada, Rosa María, Nobleza y sociedad en Castilla. El linaje Manrique (siglos xiv-xvi), Madrid, Caja de Madrid, 1996; Riesco de Iturri, Miren Begoña, Nobleza y señoríos en la Castilla Centro-Oriental en la Baja Edad Media, tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1996; García Vera, María José, La nobleza castellana bajomedieval. Bases de su predominio y ejercicio de su poder en la formación político-social del siglo xv: el reinado de Enrique IV, tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1997; Cabrera Sánchez, Margarita, Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la Edad Media, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1998; Calderón Ortega, José Manuel, Álvaro de Luna. Riqueza y poder en la Castilla del siglo xv, Madrid, Dykinson, 1998; Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo, Los Señores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos en la Edad Media, 2 vols., A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2000; Carriazo Rubio, Juan Luis, La Casa de Arcos a fines de la Edad Media, tesis doctoral defendida en la 5

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Es por esta razón que resulta significativo comprobar que, todavía hoy, existe una cierta sensación dentro del ámbito académico de que el estudio del régimen señorial y de la dominación feudal en la Castilla bajomedieval supone un horizonte de investigación en buena medida cerrado, suficientemente caracterizado y bien acotado. Ante ello, el interés de muchos investigadores —incluyendo a buena parte de los que dieron algunos de los pasos más notables por aquella senda— parece haberse alejado de los señoríos y las relaciones sociales entretejidas en torno a ellos, desplazándose y concentrándose en lo que había sido el antiguo «compañero inseparable de viaje» de aquel tema: el estudio de la aristocracia como grupo social dominante en sus muy diversas facetas (estructuras de parentesco, estrategias de reproducción social, formas de sociabilidad, autoconciencia y representación, función política de esta clase aristocrática y su ideología y lenguaje en el marco de la construcción del poder real absoluto monárquico, manifestaciones de la cultura nobiliaria, etc.).7 Universidad de Sevilla, 2001; Franco Silva, Alfonso. Grajal de Campos: un señorío leonés en la Baja Edad Media, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2001; Sánchez Prieto, Ana Belén, La Casa de Mendoza hasta el tercer Duque del Infantado, 1350-1531. El ejercicio y el alcance del poder señorial en la Castilla bajomedieval, Madrid, Palafox y Pezuela, 2001; Calderón Ortega, José Manuel, El ducado de Alba. La evolución histórica, el gobierno y la hacienda de un Estado señorial (siglos xiv-xvi). Madrid, Dykinson, 2005; Ortuño Molina, Jorge, Realengo y señorío en el marquesado de Villena. Organización social y económica en tierras castellanas a finales de la Edad Media (1475-1530), Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2005; Ávila Seoane, Nicolás, El proceso de señorialización en la Extremadura castellana (siglos xii a xviii), tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006; Carceller Cerviño, María del Pilar, Realidad y representación de la nobleza castellana del siglo xv. El linaje de la Cueva y la casa ducal de Alburquerque, tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006; Ortega Cervigón, José Ignacio, La acción política y la proyección señorial de la nobleza territorial en el obispado de Cuenca durante la Baja Edad Media, tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006; Correa Arias, José Francisco, A casa de Andrade. 11601540, Noia, Editorial Toxosoutos, 2009; Vila Pérez, Suso, A casa de Soutomaior (11471532), Noia, Editorial Toxosoutos, 2010; Urcelay Gaona, Hegoi, Los Sarmiento, condes de Salinas. Orígenes y elevación de una nueva clase señorial (siglos xii-xvi), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2009. 7   Sobre el interés por el estudio del grupo social aristocrático como vía de renovación historiográfica y algunas de las alternativas en este sentido, Monsalvo Antón, J. M.ª, «Historia de los poderes medievales…», pp. 89-91 y 105-111; Quintanilla Raso, M.ª Concepción, «La renovación nobiliaria…». Algunos ejemplos más en Beceiro Pita, Isabel, Córdoba de la Llave, Ricardo, Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana, siglos xii-xv, Madrid, CSIC, 1990; Gerbet, Marie-Claude, Les noblesses espagnoles au Moyen Age, xie-xve siecle, París, Armand Colin, 1994; Quintanilla Raso, María Concepción, «La nobleza», en J. M. Nieto Soria (dir.), Orígenes de la Monarquía Hispánica. Propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, Dykinson, 1999, pp. 63-103; Álvarez Borge, Ignacio, «La nobleza castellana en la Edad Media: familia, patrimonio y poder», en J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), XI Semana de Estudios Medievales, Nájera 2000, «La familia en la Edad Media», Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pp. 221-252; Beceiro Pita, Isabel, «Argumentos ideológicos de la oposición nobiliaria bajo los Trastámara», Cahiers de Lingüistique et de Civilisa-

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De un modo u otro —y como ya mencionamos algunas páginas más arriba—, este cúmulo de esfuerzos de investigación en torno al señorío castellano en la Baja Edad Media sí ha permitido fijar una línea de interpretación sólida que unía la expansión del poder señorial de la aristocracia con una reacción por parte de este grupo social hacia la reactualización de sus estructuras internas, recursos materiales e ideológicos, cuyo objetivo no era sino reafirmar su predominio político, económico, social y cultural dentro del espacio territorial y social de la monarquía castellana.8 Teniendo esto en cuenta, puede valorarse, en primer lugar y de forma prioritaria, cómo este discurso ha priorizado analíticamente la definición del poder señorial durante la Baja Edad Media en Castilla fundamentalmente en términos de jurisdicción, en torno al concepto de «señorío jurisdiccional». Ello, a su vez, ha permitido incardinarlo en su enfoque como forma de poder «delegado», bien integrado dentro de la estructura de poderes propia de la construcción del «Estado monárquico moderno».9 En segundo lugar, también es posible constatar cómo esta observación del señorío se ha realizado desde una perspectiva eminentemente estructural, que integra tanto nociones de carácter institucional como otras procedentes del utillaje teórico de la segunda generación de Annales o del materialismo histórico. De este modo, el señorío se ha concebido fundamentalmente como una célula articulada para la apropiación, la gestión y la explotación de retion Hispanique Médiévales, 25 (2002), pp. 211-236; Nieto Soria, José Manuel, «La nobleza y el “poderío real absoluto” en la Castilla del siglo xv», Cahiers de Lingüistique et de Civilisation Hispanique Médiévales, 25 (2002), pp. 237-254; Quintanilla Raso, María Concepción (dir.), Títulos, Grandes del reino y grandeza en la sociedad política. Sus fundamentos en la Castilla medieval, Madrid, Sílex Ediciones, 2006; Dacosta Martínez, Arsenio Fernando (ed. y estudio introductorio), El Libro del linaje de los señores de Ayala y otros textos genealógicos. Materiales para el estudio de la conciencia del linaje en La Baja Edad Media, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2007; Foronda, François, «Patronazgo, relación de clientela y estructura clientelar. El testimonio del epílogo de la “Historia de don Álvaro de Luna”», Hispania. Revista española de Historia, 235 (2010), pp. 431-460; o el muy reciente volumen colectivo Discurso, memoria y representación. La nobleza peninsular en la Baja Edad Media. Actas de la XLII Semana de Estudios Medievales de Estella-Lizarra. 21 al 24 de julio de 2015, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2016. 8   Ver notas 6 a 9, pp. 27-28. 9   Quintanilla Raso, M.ª C., «El estado señorial...», pp. 251-253, 312-314 en particular, donde la autora concreta la síntesis de esta postura, en consonancia también con la opinión de Miguel Ángel Ladero Quesada (vid. Ladero Quesada, Miguel Ángel, «Poder y administración en España», Congreso Internacional El tratado de Tordesillas y su época, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1995, vol. I, pp. 63-89; id., «Poderes públicos en la Europa medieval (Principados, Reinos y Coronas)», en XXIII Semana de Estudios Medievales. Estella, 22-26 de julio de 1996: Poderes públicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, pp. 19-65, en especial para esta cuestión de la consideración del poder como delegación monárquica en época bajomedieval, pp. 48-53 y 62-65). Su conexión con las ideas de mayoría de justicia y poder real absoluto es clara (vid. Bermejo Cabrero, José Luis, «Mayoría de justicia…»; Nieto Soria, J. M., «La nobleza y el “poderío real absoluto”»).

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cursos humanos, territoriales y económico-materiales, de la cual se derivaría la propia percepción, en este mismo sentido, del conjunto del poder señorial en forma de «estado señorial». Es decir, su consideración como una estructura compleja que englobaría tanto los patrimonios señoriales, a menudo muy extensos y cuantiosos, como toda una serie de instituciones generadas por sus titulares y beneficiarios con el fin de garantizar esa administración y aprovechamiento de los recursos. Dentro de ella, y de algún modo como parte de tal estructura, además, habría que valorar la misma comprensión de las estructuras de parentesco y de vínculos sociales de dependencia encabezados por los titulares señoriales, a través de los cuales se sostendría esta organización.10 A razón de esta, si se quiere, personal sistematización de la trayectoria investigadora en torno al señorío en la Castilla del final de la Edad Media, intensa y extensa tanto por el volumen de títulos a que ha dado lugar como por el alcance de las propuestas de análisis en que se ha movido, no puede negarse la poderosa contribución historiográfica que se ha realizado para el mejor conocimiento de las estructuras sociales de este período y de la posición de predominio en ellas ostentada por la aristocracia en torno al ejercicio del señorío. Se deben subrayar algunas características relevantes para comprender mejor los frutos de tal esfuerzo científico. De una parte, que tal desarrollo del relato acerca de la señorialización en Castilla durante la Baja Edad Media ha dependido en gran medida de la experiencia investigadora acumulada a partir de las tesis doctorales centradas en la cuestión de los señoríos entre los años setenta y ochenta del pasado siglo. De la otra, cómo ese discurso y su argumentación se han fundado de for­ma primordial sobre pesquisas sustentadas en dos pilares. Primeramente, las parentelas aristocráticas que alcanzaron la mayor preponderancia político-social en el siglo xv y, en consonancia con ello, la más destacada expansión de sus patrimonios señoriales, como objeto de estudio. En segundo lugar, en la documentación reunida en fondos archivísticos nobiliarios conservados por los herederos de casas señoriales, como principal fuente primaria. Al fin, que a causa de los procesos de encumbramiento social de estas parentelas aristocráticas y de aquellos otros relativos a la propia conformación de sus archivos y a la selección de la documentación en ellos conservada, en términos generales, es a partir de la segunda mitad del siglo xv cuando disponemos de más evidencias sobre la geografía de los señoríos y su gestión y   Ejemplos de esta postura en Beceiro Pita, I., «Los estados señoriales...»; Quintanilla Raso, M.ª C., «El estado señorial...», pp. 258-261. Resultan también significativos al evidenciar una postura dominante respecto a la percepción del señorío bajomedieval castellano en forma de «estado señorial», en la que tal concepción en torno a esta noción aparece fuertemente naturalizada frente a las preocupaciones por la problematización del concepto de «estado señorial» o de la construcción histórica del proceso señorializador hasta su cristalización en esa forma de «estado señorial». 10

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administración,11 lo cual, a su vez, ha condicionado más que sensiblemente el sentido de la progresión historiográfica acerca del poder y las relaciones de dominación señorial en la Castilla bajomedieval en beneficio de la época posterior a 1450 y en perjuicio de la centuria y media anterior. Sin duda, la elección y concepción de un determinado objeto de estudio y la disponibilidad, selección y características de las fuentes manejadas para su análisis han influido en cómo se ha configurado la lectura de la dominación señorial en el ámbito espacial y temporal al que aquí estamos prestando atención. Pero, teniendo en cuenta esta influencia y sin dejar de olvidar lo que ha sido un panorama de logros para el conocimiento histórico, ello no impide reconocer limitaciones teóricas, metodológicas y explicativas de importancia no desdeñable a esta explicación del modelo de dominación señorial desplegado en la sociedad castellana bajomedieval. De hecho, en 1995, José María Monsalvo, en lo referente a los estudios sobre los señoríos castellanos bajomedievales, y aun valorando positivamente los notorios avances que se habían realizado en los anteriores treinta años para su mejor comprensión, llamaba la atención sobre algunas de esas debilidades. Estas tenían que ver, básicamente, con la relativamente escasa renovación del aparato teórico-metodológico en que se apoyaba su análisis y el expresivo apego a las categorías heredadas de la historiografía medieval española de corte institucionalista previa a los años setenta del siglo xx. Ello, a su vez, se traducía, pese al inmenso número de estudios de caso realizados, en una reducida aportación de ideas acerca de las causas y las consecuencias de la señorialización en época Trastámara, que se hallaba en consonancia con el mínimo desarrollo de síntesis explicativas que procedieran a la contextualización y comparación de estos trabajos monográficos acerca de este fenómeno.12 Si en este texto Monsalvo incidía sobre el interés de enriquecer el enfoque social y estructural del análisis histórico de la sociedad feudal castellana a partir de nuevas perspectivas procedentes del campo de las ciencias sociales, notablemente aquellas vinculadas a la antropología política y a una revalorización del estudio de las relaciones sociales en tanto relaciones de poder,13 su apuesta en lo que tocaba a los señoríos y a la nobleza resultaba reveladora. Así, llamaba a concentrar la atención en este sentido más bien   Sobre el estado de los principales fondos nobiliarios relativos a la Corona de Castilla, vid. Franco Silva, Alfonso, «La nobleza en sus archivos», en La nobleza peninsular en la Edad Media. VI Congreso de Estudios Medievales, Fundación Sánchez-Albornoz, 1999, pp. 121-134; Lafuente Urién, Aránzazu, «Fuentes para los estudios genealógicos y familiares en los archivos nobiliarios», Hispania. Revista española de Historia, 206 (2000), pp. 977-1000; Ávila Seoane, Nicolás, «Fuentes para el estudio de los señoríos castellanos en los archivos españoles», Documenta&Instrumenta, 4, 2006, pp. 7-21; Lafuente Urién, Aránzazu, «Los archivos nobiliarios: formación y conservación. La Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional», en E. Sarasa, E. Serrano (eds.), Estudios sobre señorío y feudalismo..., pp. 27-75. 12   Monsalvo Antón, J. M.ª, «Historia de los poderes medievales...», pp. 89-91. 13   Ibid., pp. 91-100. 11

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sobre el grupo aristocrático, en tanto clase dominante, y sus miembros, agentes sociales integrados en ella, que sobre los propios señoríos.14 Sobre esta postura incidiría años después también María Concepción Quintanilla al hablar de la renovación de los estudios sobre la nobleza bajomedieval castellana, influyendo en ese desplazamiento de los intereses de la investigación en esa dirección, el cual ya señalábamos anteriormente.15 No quiere decir esto que la dedicación al régimen señorial castellano entre la segunda mitad del siglo xiv y las primeras décadas del siglo xvi haya desaparecido desde los años noventa del siglo xx. Monografías amplias y artículos no han dejado de publicarse hasta nuestros días, como ya se refería anteriormente. Es cierto que tampoco faltan las propuestas que se han hecho eco de las llamadas de atención a la crítica, como las que señalaba Monsalvo, abordando de manera reflexiva la problemática del ejercicio de la dominación y las relaciones de poder en el seno de la sociedad feudal de la Castilla bajomedieval, a menudo ligadas al estudio de la dialéctica entre señores y vasallos.16 Sin embargo, la mayoría de los trabajos han tendido a aceptar sin mayores cuestionamientos el relato sobre la señorialización bajomedieval generado, en buena medida, desde los años sesenta como matriz interpretativa de sus investigaciones y a la que ya hemos hecho referencia. Su aportación parece limitarse más bien a ampliar la casuística y cubrir parcelas regionales o temporales peor conocidas para un discurso historiográfico no obstante ya elaborado —y, de este modo, reproducido— sobre la reacción   Ibid., pp. 105-111.   Quintanilla Raso, M.ª C., «La renovación nobiliaria...». La reunión científica en que se inserta este texto, celebrada en León en 1997, enmarca claramente ese desplazamiento del que hablamos (La nobleza peninsular en la Edad Media. VI Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez-Albornoz, 1999). Vid. igualmente, nota 7, pp. 39-40. 16   Podemos citar algunos ejemplos de ello, ya desde principios de conflicto interclasista de mayor inspiración marxista, ya desde posiciones abiertas a incorporar los aportes de disciplinas como la antropología histórica o la sociología, a corrientes postsociales o sim­plemente a la incorporación de los desarrollos de los estudios sobre el grupo aristocrático: Monsalvo Antón, José María, «Las dos escalas de la señorialización nobiliaria al sur del Duero: concejos de villa-y-tierra frente señorialización “menor” (Estudio a partir de casos del sector occidental: señoríos abulenses y salmantinos)», Revista d’Història Medieval, 8 (1997), pp. 275335; Díaz de Durana Ortiz de Urbina, José Ramón (ed.), La lucha de bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la provincia, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998; id., «Linajes y luchas de bandos en el País Vasco durante los siglos xiv y xv», en J. I. de la Iglesia Duarte (ed.), La familia en la Edad Media. XI Semana de Estudios Medievales (Nájera, 31 julio-4 agosto 2000), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pp. 253-84; Dacosta Martínez, Arsenio Fernando, Los linajes de Bizkaia en la Baja Edad Media: poder, parentesco y conflicto, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2003; García Cañón, Pablo, Concejos y señores. Historia de una lucha en la montaña occidental leonesa a fines de la Edad Media, León, Universidad de León, 2006; Oliva Herrer, Hipólito Rafael, «El mundo rural castellano…»; id., «Conflictos antise­ ñoriales...». Tendremos ocasión de citar otros más en relación a otras temáticas concretas a lo largo de estas páginas introductorias. 14 15

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señorial frente a la crisis a costa de los sujetos sometidos a la dominación, por una parte, y de la autoridad y los recursos materiales de la Corona, por la otra.17 Más aún, a resultas de todo ello y sin negar los logros de este desarrollo historiográfico, parece innegable comprobar que este influyente discurso ha tendido a conformar una serie de proyecciones, prácticamente inconscientes y con profundas raíces estructuralistas, de cara a afrontar el problema de la dominación señorial y las dinámicas sociales tejidas en torno a ella. Precisamente a causa de su debilidad teórica y conceptual y su escasa permeabilidad respecto a propuestas más operativas, juzgamos que el influjo de tales proyecciones, en el estado actual de las investigaciones en torno a estas cuestiones, resulta negativo para la mejor comprensión de los tiempos, causas, consecuencias y protagonismos de los distintos agentes sociales implicados en la dominación señorial. Así, podríamos concretarlas en dos grandes presupuestos. Primeramente, es de señalar la percepción generada de la aristocracia en términos de clase social como un bloque en gran medida uniforme y homogéneo en cuanto a su condición de predominio social, las bases económicas sobre las que se sustentaba, sus formas de organización interna, sus actitudes políticas, su cultura social. En este sentido, el modelo para este reflejo es el de los grandes «linajes» aristocráticos, la elite señorial más intensamente estudiada, que se proyecta en comportamientos sociales de la totalidad de los individuos que se consideran dentro de esta clase social, aun sin pretenderse deliberadamente.18 Da la impresión de que no se han interiorizado suficientemente los argumentos de aquellos estudios que, por contra, han puesto en   Buena parte de los trabajos citados en la nota 6, pp. 38-39 pueden insertarse en esta lógica dis­cursiva. 18   Una afirmación en términos muy cercanos a la que aquí hacemos la hallamos, aunque referida al estudio de la aristocracia castellana plenomedieval en Álvarez Borge, Ignacio, «Señorío y feudalismo en Castilla. Una revisión historiográfica entre los años 1989-2004», en E. Sarasa, E. Serrano (eds.), Estudios sobre señorío y feudalismo. Homenaje a Julio Valdeón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 107-196, en concreto p. 153. Un buen ejemplo de esta tendencia en la síntesis, por otro lado muy meritoria, de Beceiro Pita, I., Córdoba de la Llave, R., Parentesco, poder y mentalidad... Tanto en ella como otras (vid. Ladero Quesada, M. Á., «La consolidación de la nobleza...»), pese a referirse a la existencia de diferencias de jerarquía, poder y comportamientos sociales, existentes dentro del grupo, estas no son puestas de relieve, sobresaliendo la ejemplificación a partir del rango superior del grupo aristocrático. Algunos otros ejemplos de ello, por lo que se refiere a la cuestión de la representación de la identidad aristocrática, en Quintanilla Raso, M.ª C., «La nobleza...»; Quintanilla Raso, M.ª C. (coord.), Títulos, Grandes del reino y grandeza…, p. 30. Resulta, igualmente ilustrativo, el artículo de síntesis de Sánchez Saus, Rafael, «8. Los patriciados urbanos», Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 13-14 (2004), pp. 143-155, en concreto pp. 147-149, donde, al tratar sobre los procesos de aristocratización de las elites urbanas de las ciudades castellanas de la Baja Edad Media, se considera casi exclusivamente su relación con la «alta nobleza» y la influencia de esta cúspide de la clase aristocrática en la asimilación a la misma de los grupos dirigentes concejiles, frente al 17

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solfa el carácter heterogéneo de este grupo social y las grandes diferencias que en estos aspectos separaban a los grandes señores y sus parentelas de aquellos individuos que se integraban en los niveles intermedios y más inferiores del rango aristocrático.19 Este hecho nos obliga, pues, a discurrir sobre la puesta en valor de la diferenciación social interna, sobre cómo estas divergencias de realidad social dentro de la clase aristocrática afectaban a sus relaciones con los patrimonios señoriales y los vasallos sujetos a la dominación en cada caso, pero también a las propias relaciones sociales entre los miembros de este mismo orden aristocrático. En segundo lugar, resulta característica una comprensión del señorío en términos territoriales de carácter marcadamente sustancialista y no problemático. Esto es, que del estudio de los patrimonios señoriales de la gran aristocracia castellana del siglo xv y de su consideración en términos de «estados señoriales» se ha derivado una asimilación del señorío, del ejercicio de la dominación señorial, con un espacio predefinido como una entidad natural sobre la cual el señor ejerce jurisdicción. De este modo, ese espacio queda entendido como un recurso de poder que, mediante el control y explotación ejercido por los señores sobre tal territorio y, a través del mismo, sobre las poblaciones que lo habitaban, reportaba a aquellos beneficios de naturaleza económica, ventajas políticas y geoestratégicas y prestigio social. En consecuencia, la propia noción de «estado señorial» quedaría configurada también sobre un principio sustancialmente territorial. Estas representaciones respecto al señorío, sin embargo, resultan difícilmente compatibles con ciertos presupuestos que, desde nuestro punto de vista, no pueden ser dejados de lado a la hora de comprender la sociedad medieval, su organización y las formas de distribución del poder en ellas. Así, encontramos que tienen un mal encaje con el carácter intrínsecamente fragmentado de la autoridad en el Occidente medieval, incluso durante la Baja Edad Media aun con la tendencia a la afirmación de la superioridad papel que pudieran haber jugado en este sentido otros estratos, intermedios e inferiores, de la aristocracia señorial. 19   Puede merecer la pena considerar, entre otros, Gerbet, M.-C., La Noblesse dans le Royaune de Castille..., en especial pp. 135-142; Pastor, Reyna, Estepa, Carlos, Alfonso, Isabel, Escalona, Julio, Jular, Cristina, Sánchez León, Pablo, «Baja nobleza: aproximación a la historiografía europea y propuestas para una investigación», Historia Social, 20 (1994), pp. 23-45; Estepa Díez, Carlos, Las behetrías castellanas, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003, vol. I, pp. 367-438, vol. II, pp. 7-179, donde el autor propone una interesante división de los rangos del grupo aristocrático castellano, fundamentalmente para los siglos xiiixiv en relación con la extensión y la proyección territorial de su poder señorial, distinguiendo hasta cinco niveles desde los ricoshombres y grandes hasta los más modestos hidalgos locales; Díaz de Durana Ortiz de Urbina, José Ramón, La otra nobleza: escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia. Hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al final de la Edad Media, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2004; Álvarez Borge, Ignacio, «Parentesco y patrimonio en la baja y media nobleza castellana en la Plena Edad Media (c. 1200-1250). Algunos ejemplos», Anuario de Estudios Medievales, 39/2 (2009), pp. 631-666.

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jerárquica de la autoridad monárquica frente a otros poderes, que se reconoce como uno de los rasgos definitorios de la sociedad feudal.20 De este modo, la evidencia constatada de la fragmentación y dispersión de los bienes y derechos señoriales en toda Europa y también en Castilla parece no ser tenida suficientemente en cuenta.21 A su vez, la valoración de la concurrencia entre instancias de poder y agentes sociales activos en ellas y sus relaciones de escala para el estudio de una sociedad integrada pero fuertemente parcelada en términos de ejercicio del poder se antoja más que deseable.22   Puede rastrearse esta idea ya en Marc Bloch [Bloch, Marc, La sociedad feudal, Madrid, Akal, 1986 (1.ª ed. en francés, París, Albin Michel, 1940), pp. 377-453, particularmente pp. 410 y ss.] y aun en las obras de algunos de los más destacados historiadores franceses del siglo xix, como Numa-Denis Fustel de Coulanges y Jacques Flach, estudiadas por Bloch y que, según Alain Guerreau, ejercieron una importante influencia en la elaboración teórica sobre la sociedad feudal de aquel [Guerreau, Alain, Le féodalisme, un horizon théorique, París, Le Sycomore, 1980 (ed. en castellano, Barcelona, Crítica, 1984), pp. 47-55, 76-77]. 21  Una síntesis razonada al respecto para el Occidente medieval en Morsel, Joseph, L’aristocratie médiévale. La domination sociale en Occident (ve-xve siècle), París, Armand Colin, 2004 (ed. en castellano, Valencia, Universitat de València, 2008), pp. 170-222, en especial pp. 174-184. Por lo que se refiere a los reinos de Castilla y de León, fundamentalmente entre los siglos xi-xiv, Martínez Sopena, Pascual, La Tierra de Campos occidental: poblamiento, poder y comunidad del siglo x al xiii, Valladolid, Institución Cultural Simancas. Diputación Provincial de Valladolid, 1985; Estepa Díez, Carlos, «Formación y consolidación del feudalismo en Castilla y León», en En torno al feudalismo hispánico. I Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez-Albornoz, 1989, pp. 157-256; id., «Propiedad y señorío en Castilla (siglos xiii-xiv), en E. Sarasa Sánchez, E. Serrano Martín (eds.), Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica..., vol. I, pp. 373-426; Reglero de la Fuente, Carlos Manuel, Los señoríos de los Montes Torozos. De la repoblación al Becerro de las Behetrías (siglo x-xiv), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993; Álvarez Borge, Ignacio, Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media. Los territorios entre el Arlanzón y el Duero en los siglos x al xiv, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996; id., «Los señoríos en Castilla la Vieja a mediados del siglo xiv», Studia Historica. Historia Medieval, 14 (1996), pp. 181220; Reglero de la Fuente, Carlos Manuel, «Los señoríos de los montes de Torozos en la segunda mitad del siglo xiv. Retroceso del realengo y avance del señorío», C. M. Reglero de la Fuente (coord.), Poder y sociedad en la Baja Edad Media. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Valladolid, 2002, vol. 1, pp. 505-518; Estepa Díez, Carlos, «Le Libro Becerro de las Behetrías (1352). Structures seigneuriales, fiscalité et charges symboliques», en M. Bourin, P. Martínez Sopena (coords.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (xie-xive siècles). Les mots, les temps, les lieux, París, Publications de la Sorbonne, 2007, pp. 457-496. A su vez, en las principales síntesis que hemos mencionado acerca de los señoríos bajomedievales castellanos (Monsalvo Antón, J. M.ª, «Poder político y aparatos de estado...»; Beceiro Pita, I., «Los estados señoriales...»; Ladero Quesada, M. Á., «La consolidación de la nobleza...»; Iradiel Murugarren, P., «Señoríos jurisdiccionales...»; Quintanilla Raso, M.ª C., «La renovación nobiliaria...»; id., «El estado señorial...»), la atomización de las atribuciones que facultaban el ejercicio del poder señorial y la parcelación territorial del mismo, aunque reconocidas implícitamente, quedan ensombrecidas por el peso concedido a la ostentación de la jurisdicción como aglutinador y homogeneizador de la autoridad señorial y de su despliegue en el espacio. 22   Sobre este posicionamiento respecto a la superposición y multiplicidad de poderes activos en los mismos ámbitos sociales y espacios, a la pluricentralidad de las instancias de 20

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Igualmente, tampoco parecen aceptables si se contrastan con propuestas historiográficas que han hecho hincapié en la historicidad de la relación entre los seres humanos y el espacio a lo largo del tiempo. Esto es, en la condición volitiva, dinámica y cambiante de esta relación, fruto de la acción continua de los grupos humanos que habitan, explotan y conciben ese espacio, que ha de ser atendida por parte del historiador con el fin de comprenderla. Esta conciencia analítica, hoy de plena actualidad,23 queda de manifiesto en los planteamientos de Michel de Certeau a la hora de hablar del territorio en términos de «lugar creado»,24 pero también aparece integrada en la feliz formulación de José Ángel García de Cortázar de «organización social del espacio», cuya influencia en la evolución del medievalismo hispánico en los últimos treinta años resulta innegable.25 De todo ello podemos colegir que, poder en relación con su articulación respecto a la existencia y acción del «Estado» para época tardomedieval y moderna, vid. Monsalvo Antón, J. M.ª, «Poder político y aparatos de Estado...», pp. 142-155; id., «Historia de los poderes medievales...», pp. 92 y 97-100; Murugarren, P., «Señoríos jurisdiccionales...», pp. 69-73; Monsalvo Antón, J. M.ª, «Crisis del feudalismo y centralización monárquica...», pp. 144, 156, 161-167. Incluso, Ladero Quesada, M. Á., «Poder y administración...», 63-89; id., «Poderes públicos...», pp. 23-26, donde este tipo de consideraciones son atendidas para la comprensión de la conformación del poder público a finales de la Edad Media. Tales propuestas remiten a los debates historiográficos y los desarrollos teóricos acerca del Estado —incluso acerca de su existencia— y de las formas de ejercicio de poder político en las sociedades del Antiguo Régimen, suscitados entre los historiadores del Derecho más atentos a las aportaciones de la antropología política. En los autores que hemos citado, resulta evidente la influencia de las obras de B. Clavero, P. Fernández Albaladejo y A. M. Hespanha, entre otros [Clavero, Bartolomé, Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea, Madrid, Tecnos, 1986; Fernández Albaladejo, Pablo, Fragmentos de Monarquía. Trabajos de Historia Política, Madrid, Alianza Editorial, 1992; Hespanha, António Manuel, As vésperas do Leviathan. Instituçoes e poder político. Portugal – Séc. XVII, Lisboa, Almedina, 1989 (ed. en castellano, Madrid, Taurus, 1989), id., Poder e instituiçoes no Antigo Regime. Guia de estudo, Lisboa, Cosmos, 1992]. 23   En este eje de coordenadas, abierto a la reflexión teórica, se mueven trabajos recientes como Miceli, Paola, Gallego, Julián (eds.), Habitar, producir, pensar el espacio rural. De la Antigüedad al Mundo Moderno, Buenos Aires, Miño y Dávila Ediciones, 2008. Para una exposición de las líneas maestras y de los distintos referentes conceptuales e historiográficos de esta aproximación a través de lo espacial a la dinámica de las sociedades rurales del pasado, dentro de esta misma obra, vid. Gallego, Julián, Miceli, Paola, «Lugares practicados, trayectorias de territorios. Habitar, producir, pensar» (pp. 13-35). 24   Certeau, Michel de, La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer, México, Universidad Iberoamericana, 1996 (1.ª ed. en francés, París, Union générale d’Editions, 1980), p. 129. 25   García de Cortázar, José Ángel, Portela, Ermelindo, Cabrera, Emilio, González, Manuel, López de Coca, José Enrique, Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos vii a xv, Barcelona, Ariel, 1985; García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, José Ángel, «Organización social del espacio: propuestas de reflexión y análisis histórico de sus unidades en la España medieval», Studia Historica. Historia Medieval, 6 (1988), pp. 195-236; id., «Organización del espacio, organización del poder entre el Cantábrico y el Duero en los siglos viii a xiii», en J. A. García de Cortázar y Ruiz de Aguirre

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en lo que se refiere al señorío, la adquisición por parte de la dominación señorial de una dimensión territorial definida, cualquiera que fuese, ha de ser comprendida siempre como un proceso construido: un proceso basado en la elaboración y el desenvolvimiento de determinadas prácticas, conceptos y discursos y que se integra dentro de dinámicas más profundas de encuadramiento social en el espacio, intensificadas desde los siglos xi-xii en todo el Occidente hasta, al menos, el final de la Edad Media, las cuales también afectaban al desarrollo de la red parroquial y a la formación de comunidades de habitantes.26 La comprensión del poder señorial y su territorialización en la Baja Edad Media, por tanto, ha de atender a una perspectiva constructivista que ponga de relieve el papel de los distintos elementos sociales en las formas de relación social espacializada que conformaban este modo de dominación y los procedimientos de acción, conceptualización y comunicación mediante los cuales aquel se desarrollaba. Desmentida, entonces, la consideración espacial del señorío como hecho natural, se deshace también el artificio que supone su identificación directa con una circunscripción territorial, poniéndose de manifiesto que, en pa­ labras de Joseph Morsel, en efecto, «… el señorío es pues el poder de un señor».27 Esta afirmación, atendiendo al punto de vista de realidad histórica construida del señorío, a su vez remite a la validez de la aplicación en el análisis de la noción de dominium esbozada por Alain Guerreau y a focalizar la atención en la cuestión del poder.28 A partir de la idea de la integración plena que en la dominación señorial se reconoce del poder sobre la tierra y sobre los seres humanos como uno de los ejes característicos de la sociedad medieval, el poder, desarrollado a partir de múltiples interacciones humanas, se convierte en un factor de base crucial para el conocimiento histórico de dicha sociedad. Sin duda, nos encontramos ante una alternativa teórica de interés, capaz de matizar y enriquecer los resultados alcanzados a partir de enfoques estructuralistas en la comprensión de la problemática del señorío bajomedieval que merece la pena ser considerada. Así, a fin de cuentas, la caracterización de las estructuras, políticas, sociales, económicas, ideológicas, para el caso que nos ocupa, el de la señorialización en la Castilla del final de la Edad Media, ha de pasar por la evaluación de tales relaciones de poder, sobre las cuales pivotan el ejercicio de la dominación señorial y los (coord.), Del Cantábrico al Duero. Trece estudios sobre organización social del espacio en los siglos viii a xiii, Santander, Universidad de Cantabria, 1999, pp. 15-48; id., Sociedad y organización del espacio en la España medieval, Granada, Universidad de Granada, 2004. 26   Fossier, Robert, La infancia de Europa, siglos x-xii. Aspectos económicos y sociales, Barcelona, Labor, 1984 (ed. en francés, París, Presses Universitaires de France, 1982); Morsel, Joseph, «Les logiques communautaires entre logiques spatiales et logiques catégorielles», Bulletin du Centre d’Études Médiévales d’Auxerre, Hors-série, 2 (2008) Disponible en: http:// cem.revues.org/10082 [consulta: 5/08/2016]. 27   Morsel, J. L’aristocratie médiévale…, p. 176. 28   Guerreau, A., Le féodalisme..., pp. 179-184.

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comportamientos, instituciones y categorías a través de los cuales esta se manifiesta y desarrolla. Así, corresponde delimitar el marco epistemológico y heurístico adecuado para tal fin. 2. Analizar el poder señorial: una propuesta conceptual, teórica y metodológica En las páginas previas hemos insistido en las posibilidades que plantea la aplicación de nuevas —o no tan novedosas, en muchos casos— concepciones y las aproximaciones al conocimiento de la sociedad feudal castellana del final de la Edad Media a partir del estudio de los señoríos, de cara a enriquecer el meritorio bagaje historiográfico reunido en las últimas décadas acerca de los señoríos castellanos bajomedievales y a superar algunas de las limitaciones analíticas que, no obstante, ha evidenciado. Hemos hecho mención a nociones como la de «Historia de los poderes» o la de «organización social del espacio» y a la apertura que denotan hacia aportaciones epistemológicas y heurísticas procedentes de las ciencias sociales, tales como la antropología o la geografía e, incluso desde una vía más tradicional si se quiere, del Derecho. También en anteriores páginas nos hemos referido a ciertos términos de manera preferente, como «dominio/dominación» (social, señorial), «poder/poderes» o «relaciones», que remiten al horizonte historiográfico de tipo constructivista y problemático en que pretendemos movernos, tratando de superar las barreras de la descripción estructural. Tal corpus teórico-metodológico, más allá de que pueda juzgarse como una mera yuxtaposición ecléctica de ideas y herramientas de muy diverso origen y naturaleza, obedece a una lógica interna de explicación profunda y coherente de la dinámica social en el tiempo y el espacio en que se mueve este trabajo y, más concretamente, a las particularidades del objeto de estudio seleccionado para este fin, esto es, la proyección señorial del infante Fernando de Antequera y los suyos, tal y como expondremos a continuación. Veamos, pues, de qué modo se articula el manejo de tales nociones. Valga, en todo caso, establecer una precisión previa. Somos conscientes de que la mera elección del objeto de estudio que hemos realizado supone el establecimiento de ciertos límites en la percepción de la temática general de la dominación señorial de la Corona de Castilla en el tránsito del siglo xiv al siglo xv, sobre la cual pretendemos discurrir. Así, ocuparnos de los señores, del poder señorial y el conjunto de relaciones sociales que vertebran ese poder y la posición de dominio ostentada por sus beneficiarios implica, sin duda, privilegiar la atención sobre el papel de estos en tales relaciones. Forzosamente, esta delimitación del acercamiento al problema historiográfico que nos ocupa afecta a la percepción del desenvolvimiento en esas relaciones de dominación señorial de los individuos y comunidades dominados,

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que en ningún caso será dejado de lado en este análisis aunque es cierto que se considerará de algún modo de manera subsidiaria, siempre en la medida en que afecta a los intereses y comportamientos señoriales y de los agentes ligados a la esfera de poder señorial en el establecimiento de unas determinadas relaciones sociales de dominación. Consideramos que, aunque un tratamiento más monográfico de los elementos sujetos a la dominación siempre será deseable, precisamente por el interés en definir esas formas de relación social en torno a la dominación señorial, la propuesta que formulamos a continuación puede ser una herramienta válida a la hora de profundizar en la inserción del poder señorial en el ámbito de las comunidades locales, la aceptación y la resistencia frente a él y la colaboración de determinados individuos y colectivos en estas comunidades con la autoridad dominante de los señores. Realizada esta puntualización, el primer referente conceptual al que hemos de atender es el del poder. Más arriba apuntábamos lo apropiado de la noción de dominium formulada por Alain Guerreau a la hora de afrontar la problemática señorial en la Edad Media en general y la validez de su aplicación para nuestro ámbito de estudio de la Castilla bajomedieval. Pensar en términos de poder como base para la comprensión de las dinámicas sociales del mundo feudal, de un poder que asimila su ejercicio tanto sobre las personas como sobre el espacio, ofrece interesantes posibilidades para integrar y contextualizar percepciones que a menudo aparecen parceladas dentro del análisis estructural, por lo que se refiere a la diferenciación de esferas de lo político, lo económico, lo religioso, lo institucional o lo social. Y lo es en la medida en que la valoración del poder en las relaciones sociales, tal como se deduce de la propuesta de Guerreau, es capaz de abarcar acciones, ideas y representaciones relativas tanto a aspectos materiales como inmateriales del comportamiento humano, siempre teniendo en cuenta las especificidades del lugar, el tiempo y el contexto de sociedad en que se despliegan. En cualquier caso, y si aceptamos este punto de partida al hablar de poder, ¿a qué nos estamos refiriendo? Podemos aceptar como primera propuesta válida para estos propósitos la definición que establece Max Weber para poder como «… la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad». Y, a su vez, en relación con la anterior, para dominación, «… la proba­bi­ lidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas».29 Sin embargo, dentro del interés de Weber por desarrollar categorías y tipologías globalizadoras para el estudio de las sociedades humanas   A ellos se asocia la definición del concepto de «disciplina», en tanto […] la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud de actitudes arraigadas, sea pronta, simple y automática [Weber, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura Económica, 1984 (2.ª ed. en español, 7.ª reimpresión), p. 43]. 29

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y del valor central concedido a la coacción física como fundamento primordial de cualquier forma de organización social —bien manifestado en su famosa caracterización del «Estado», en tanto asociación política más acabada reconocida dentro de la evolución histórica de las sociedades humanas por el sociólogo alemán, a partir del monopolio de la violencia legítima para el mantenimiento del orden—,30 el concepto de poder no es objeto de un mayor desarrollo en cuanto a en qué se funda o cómo se genera. Sobre la base de que todo tipo de cualidad humana y de circunstancias pueden otorgar a alguien la posibilidad de imponer su voluntad en una situación concreta, este concepto es considerado como «sociológicamente amorfo»,31 o lo que viene siendo lo mismo, de significación vagamente definible y limitada capacidad estructurante dentro de un discurso de ordenación de categorías sociológicas. Ello da lugar al manejo profuso del término «poder» por Weber, si bien de una manera consecuentemente laxa, fácilmente contrastable con la precisión organizadora con que se recurre al vocablo «dominación» y a la taxonomía que en torno a su significado se realiza.32 Para una comprensión más precisa de la noción de poder y del desarrollo de este factor en las dinámicas operadas en el seno de las sociedades, la lectura de los posicionamientos al respecto de Michel Foucault resulta decididamente esclarecedora.33 De un modo más radical que Weber, Foucault critica una asimilación del poder con la ley, el derecho y la política,34 hurtándolo en su origen de manos de elementos estructurales (el príncipe, las instituciones, el Estado, sus aparatos, etc.) y colocando su génesis primera en las mismas relaciones sociales que afectan directamente a individuos y colectivos. En su caracterización: […] por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema, o al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las estrategias, por último, que las tornan efectivas,   Ibid., pp. 43-44. Para un acercamiento introductorio a la obra de Max Weber y a su preocupación por la formación del poder, eminentemente aquel de carácter político, véanse Abellán García, Joaquín, Poder y política en Max Weber, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004; Poggi, Gianfranco, Weber, Madrid, Alianza Editorial, 2005. 31   Weber, M., Economía y sociedad..., p. 43. 32   Ibid., pp. 170-241. 33   Podemos encontrar una valiosa presentación de los principios fundamentales del discurso epistemológico y metodológico acerca del poder manejado por el pensador francés en Foucault, Michel, Historia de la Sexualidad. 1 La voluntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 1977 (ed. en francés, París, Gallimard, 1976), pp. 112-125. 34   Ibid., pp. 99-111. 30

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y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales.35

Las implicaciones de estas proposiciones, desgranadas a lo largo de las páginas que suceden a estas líneas extraídas del capítulo dedicado al método de análisis desarrollado por Foucault en su Historia de la sexualidad, nos colocan ante una perspectiva de valorización del poder como factor dinamizador de base de los comportamientos del ser humano en sociedad sumamente atractiva. Surgido de la interacción entre la totalidad de las relaciones —sean del tipo que sean, aun las de carácter más inmediatamente interpersonal, ya afecten a aspectos materiales o inmateriales de la existencia humana— establecidas en el marco de un sistema social en todos sus niveles de escala entre los agentes individuales y colectivos que lo conforman, el poder puede deducirse como resultado de los balances de intereses confrontados en esas relaciones entre los protagonistas de las mismas. Como tal, entendemos que se manifiesta como una «situación estratégica compleja» de fuerza dentro de tal sistema ejercida por parte de alguno de estos agentes sociales respecto a otros de ellos o incluso respecto a la totalidad de esas personas y grupos que integran la comunidad social. Ni el poder ni la situación de poder son algo naturalmente dado, generado desde arriba, ni son parte de una estructura ni son algo que se posea, sino que resultan del ejercicio de esa posición de fuerza en la relación social y de la convergencia del conjunto de relaciones de fuerza que, apoyándose y encadenándose entre sí, dan lugar a un orden de conjunto. Por ello, atender al poder obliga a aprehender cómo este se constituye desde abajo o, más bien, desde múltiples polos y sobre equilibrios cambiantes entre las posiciones de fuerza resultantes de las continuas relaciones sociales, concurrentes pero también antagónicas. Ideas, instituciones, actuaciones, discursos y representaciones en el interior de todo el cuerpo social, su evolución y transformación, vienen, pues, a depender de esos equilibrios de poder, más o menos duraderos y en continua revisión.36 Por fin, conviene también considerar las apreciaciones que, desde la antropología, Maurice Godelier realizó en torno al problema de la dominación dentro de un sistema social. Así, la óptica en torno al poder se concentra en la observación de los distintos niveles de coerción ejercida y consentimiento asumido por los distintos individuos integrados en toda organización social, a razón de la posición relativa de dominio o de subordinación que aquellos ocupen en dicha sociedad. Si bien nosotros nos concentraremos en la com  Ibid., pp. 112-113.   Para la puesta en contexto de estas reflexiones a partir del texto de Foucault, ibid., pp. 113-125. Igualmente, resulta de interés, al respecto del ejercicio del poder como resultado de la concatenación de relaciones de fuerza en escala entre niveles «micro» y «macro», Foucault, Michel, Microfísica del poder, Madrid, Edissa, 1980. 35 36

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prensión de tal posición como resultado de su ejercicio y no en un sentido estático, sí es del todo pertinente tener en cuenta cómo el ejercicio del poder en una sociedad y el éxito en la perpetuación de un modelo de relaciones sociales siempre dependerá más de la aceptación por sus miembros de principios y representaciones compartidos que perpetuan dicho modelo relacional que del recurso a la fuerza por parte de los poderosos frente a los individuos en posición subordinada, por más que este siempre exista. De este modo, toda comprensión del ejercicio del poder pasa por comprender cómo se genera «… un consentimiento basado en el reconocimiento de los beneficios de la legitimidad y de la necesidad de ese poder».37 La potencia y versatilidad epistemológica y heurística del principio teórico de poder que hemos expuesto a partir de los desarrollos de Weber, Foucault y Godelier permite, desde nuestro punto de vista, una importante reactualización del horizonte analítico acerca de la dominación señorial en la sociedad feudal del final de la Edad Media en su contexto concreto castellano. La integración en una comprensión global de aspectos como la reorde­ nación de tal modelo de dominación en un marco general de crisis y recu­ peración en las sociedades occidentales del tardomedievo, la competencia interseñorial por la primacía social, la penetración del ejercicio de la autoridad señorial sobre las comunidades dominadas o la resistencia frente a ella por parte de individuos y colectividades —dicho de otro modo, la efectividad o no del señorío, que tanto ha preocupado a los medievalistas anglosajones de corte marxista—,38 a nuestro juicio, puede resultar perfectamente aborda  Godelier, Maurice, Lo ideal y lo material. Pensamiento, economías, sociedades, Madrid, Taurus, 1989 (ed. en francés, París, Fayard, 1984), pp. 186-195. 38   Dentro del debate de la «transición del feudalismo al capitalismo» y en los estudios acerca de las condiciones del campesinado en la sociedad feudal, no puede olvidarse el peso concedido por los medievalistas anglosajones de corte marxista a los factores de presión extraeconómicos, eminentemente de tipo político, para la reproducción de la dominación señorial durante el final de la Edad Media, presente en los escritos de Dobb, Hilton y Brenner (vid. nota 8, p. 28; Hilton, Rodney H., The English Peasantry in the Later Middle Ages, Oxford, Clarendon Press, 1975, pp. 52-53; id., Bond Men Made Free. Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381, Londres, Smith, 1973 (ed. en castellano, México, Siglo XXI, 1978, p. 35). Ejemplo de la integración de esta importante aportación historiográfica en Past and Present, 195 (suppl 2), (Rodney Hilton’s Middle Ages. An Exploration of Historical Themes), (2007), pp. 10-86. En relación con la consideración de la competencia interseñorial como uno de los elementos señeros de la acción señorial en las relaciones de dominación en los siglos finales de la Edad Media, vid. Dyer, Chris, «The Ineffectiveness of Lordship in England, 1200-1400», Past and Present, 195 (suppl 2), (Rodney Hilton’s Middle Ages. An Exploration of Historical Themes), (2007), pp. 69-86; y de una manera más profunda y directamente implicada en el contexto de la Corona de Castilla, incorporando elementos teóricos propios de la sociología histórica a partir de la lectura de M. Weber y O. Brunner, Sánchez León, Pablo, «Aspectos de una teoría de la competencia señorial. Organización patrimonial, redistribución de recursos y cambio social», Hispania. Revista española de Historia, 185 (1993), pp. 885-905. No parece que, por desgracia, esta influencia haya tenido demasiada incidencia en los estudios dedicados a la sociedad castellana de la Baja Edad Media. 37

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ble desde una perspectiva de puesta en valor de las relaciones de poder como la que proponemos. Sin duda, este no pretende ser ninguna clase de paradigma historiográfico explicativo pero sí es cierto que, al poner el acento en la puesta en valor de las interacciones entre los seres humanos de las sociedades del pasado, ese referente conceptual que hemos elegido primar implica una toma de partido por una forma de pensar la historia. En definitiva, estamos convencidos de que atender prioritariamente a las relaciones entre las personas ayuda a construir una historia que, integrando a partir de ello el conocimiento de las grandes estructuras socioeconómicas, de la política y las instituciones, de las creencias y la ideología, de la cultura y las mentalidades, se sustente sobre sus definitivos protagonistas: hombres y mujeres, sus preocupaciones, problemas y formas de afrontarlos en sus contextos espaciotemporales específicos. Este espíritu subyace en la motivación de esta investigación y en torno a él se armoniza nuestra apuesta por esta formulación acerca del poder. Pero, pasando de lo general a lo particular y pensando en nuestro objeto de estudio concreto, las relaciones de poder señorial tejidas en torno al infante Fernando y su esposa Leonor, hemos de recurrir a otra serie de presupuestos conceptuales y herramientas metodológicas acordes con ellos que nos permitan desarrollar esta perspectiva de análisis del poder social por la que hemos optado. Si entendemos que una concepción ya tradicional de «estado señorial» y «linaje» y de descripción de patrimonios, fuentes de renta e instituciones es insuficiente para este fin, ¿qué principios pueden ayudarnos a enfocar nuestra atención de un modo global sobre las relaciones establecidas en torno al señorío sobre lugares y personas, los vínculos de interdependencia social sobre los que este se desarrolla y los recursos materiales e inmateriales que facultan la dominación? Puesto que vamos a concentrarnos fundamentalmente en la problemática y la perspectiva de los agentes dominadores, de la aristocracia señorial y su entorno social, dos nociones nos resultan de particular interés para este fin, incorporadas desde el campo de estudio de las ciencias sociales a la Historia: oeconomica y sistema. El concepto de oeconomica es debido a la preocupación del historiador austriaco Otto Brunner por definir un enfoque teórico-metodológico adecuado para la comprensión de las formas de organización socioeconómica y política en el mundo occidental del Antiguo Régimen, no mediatizado por las perspectivas de corte estatista propias del pensamiento historicista liberal dominantes desde el siglo xix. Por oeconomica, Brunner entendía la concepción preliberal que, a partir de la integración de lo político, lo económico y lo social, se realizaba de «… la totalidad de las relaciones y las actividades humanas en la casa, la relación de hombre y mujer, de padres e hijos, de señor de la casa y servidumbre (esclavos) y el cumplimiento de las tareas puestas en la economía doméstica y agraria…», y que él consideraba como dominante en la articulación de ese orden socio-parentelar, político y productivo

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de la Europa de la Edad Media y Moderna.39 Los dos ejes fundamentales sobre los cuales esta perspectiva pivotaría serían, de una parte, la idea de «casa grande», bajo la cual se definiría el ente englobador del conjunto de patrimonios materiales y de individuos afectados por estas relaciones de interdependencia social y de producción —que evidentemente van más allá de los puros lazos del parentesco y tienen que ver con cuestiones como la cohabitación, la dependencia, el patronazgo, la fidelidad debida, etc.—. De la otra, aquella de «paterfamilias», que remite a la persona que, en calidad de padre, señor, dueño y patrón de la «casa grande» ejercía una autoridad rectora de mando y organización sobre todos esos bienes materiales y seres humanos integrados en ella. Si, en general, estos planteamientos sobre la oeconomia de la «casa grande» remitían, según Brunner, a la consideración de una sociedad fundamentalmente rural, económicamente tendente a la autosuficiencia autárquica y políticamente no ordenada en torno a una estructura de Estado y de los grupos familiares campesinos mayoritarios en ella, sin duda, eran las realidades de las complejas estructuras parentelares y patrimoniales de la aristocracia las que mejor se veían representadas por aquellos.40 La obra de Brunner, precursora de la nueva historia social en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, recogía toda una serie de referentes, de los que cabe señalar, junto con aquellos provenientes de la renovación de la historia de las instituciones germánica, muy particularmente los que derivaban de la sociología histórica de Max Weber.41 Sin embargo, su influencia entre la historiografía hispánica hasta los años noventa del siglo xx fue ciertamente escasa. No sería hasta esa década en que se observase su recepción e integración dentro de la panoplia discursiva de bajomedievalistas y modernistas dedicados a las temáticas relacionadas con el régimen señorial y el grupo social nobiliario, concretamente a partir de los estudios sobre la nobleza de época moderna de Ignacio Atienza Hernández.42 En todo caso, es de   Brunner, Otto, «La “casa grande” y la “oeconomica” de la Vieja Europa», Prismas. Revista de historia intelectual, 14 (2010), pp. 117-136, en concreto para esta cita p. 119. Dispo­ nible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-049920100002 00001&lng=es&nrm=iso [consulta: 2/09/2016]. La primera versión en castellano de este trabajo apareció en Nuevos caminos de la historia social e institucional, Buenos Aires, Editorial Alfa, 1976, pp. 88-99). 40   Para la ejemplificación y desarrollo de esta propuesta analítica, precisamente, en el campo del medievalismo, remitimos a la gran obra de este autor. Vid. Brunner, Otto, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderna nella storia constituzionale dell’Austria Medievale, Milán, Giuffrè, 1983 (1.ª ed. en alemán, Baden bei Wien, Rohrer, 1939). 41   Sobre todos estos aspectos alrededor del contexto, fuentes intelectuales e influjo de los trabajos de Brunner, vid. Sanjurjo de Driollet, Inés, «La pionera obra de Otto Brunner a través de sus comentaristas», Revista de Historia del Derecho, 42 (2011), pp. 155-170. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-1784201100020 0006&lng=es&nrm=iso [consulta: 2/09/2016]. 42   Atienza Hernández, Ignacio, «Pater familias, señor y patrón: oeconomía, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen», en R. Pastor (comp.), Relaciones de poder, de produc39

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señalar que el influjo de esta noción oeconomica ha tenido un impacto mucho más destacado entre los modernistas, en relación con los estudios sobre historia de la familia, sociabilidad y clientelismo entre los grupos nobiliarios altomodernos e identidad de la clase aristocrática, que entre los medievalistas.43 Las potencialidades que manifiesta de cara a la consideración conjunta, como parte de un todo coherente, de los componentes materiales, mentales y humanos del poder señorial, precisamente a partir del análisis de las relaciones que se establecen dentro de lo que se entiende como una entidad de organización social, son evidentes y en buena medida se hallan por explotar, en general, para lo que se refiere a los siglos del final de la Edad Media y más en particular en lo relativo a la dimensión espacial del ejercicio de la dominación señorial. Tengámoslo, por tanto, en cuenta y retengamos ahora tres pinceladas básicas de esta noción oeconomica: sentido orgánico de la «casa grande», integración de bienes materiales y personas, dependencia jerárquica de la jefatura de un «paterfamilias». En cuanto a la noción de sistema, su trayectoria intelectual resulta si cabe mucho más larga y de más hondas implicaciones dentro del conocimiento científico actual. Sin ánimo de ser innecesariamente prolijo, la acuñación de este término proviene de los desarrollos teóricos generados a partir de la definición de la Teoría General de Sistemas por el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy a mediados del siglo xx,44 que han superado el marco de la bioloción y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, CSIC, 1990, pp. 411-458. Acaso este es su trabajo más significativo en este sentido, pudiendo seguirse la impronta de esta línea de interpretación en otros posteriores como Atienza Hernández, Ignacio, «Teoría y administración de la Casa, linaje familia extensa, ciclo vital y aristocracia en Castilla (s. xvi-xix)», en F. Chacón Jiménez (ed.), Familia, grupos sociales y mujer en España (s. xv-xix), Murcia, Universidad de Murcia, 1992, pp. 13-47. 43  Algunos interesantes dentro de los estudios modernistas hispanos en Casey, James, Hernández Franco, Juan (eds.), Familia, parentesco y linaje. Historia de la Familia. Una nueva perspectiva sobre la sociedad europea, Murcia, Universidad de Murcia, 1997; Carrasco Martínez, Adolfo, Sangre, honor y privilegio: la nobleza española bajo los Austrias, Barcelona, Ariel, 2000; en particular pp. 43-53, 161-171. Ver igualmente nota 39, p. 55. Entre los medievalistas, acaso citar como ejemplos de la integración de este concepto al ya nombrado Pablo Sánchez León (Sánchez León, P., «Aspectos de una teoría de la competencia señorial...»); a Cristina Jular Pérez-Alfaro (Jular Pérez-Alfaro, Cristina, «La participación de un noble en el poder local a través de su clientela. Un ejemplo concreto de fines del siglo xiv», Hispania. Revista española de Historia, 185 [1993], pp. 861-884; además de otros trabajos posteriores); a Isabel Beceiro Pita (Beceiro Pita, Isabel, «Criados, oficiales y clientelas señoriales en Castilla (siglos xi-xv)» en Cuadernos de Historia de España, 75 [1998-1999], pp. 59-84); o el reciente dossier coordinado por Pascual Martínez Sopena «Liderazgo y linaje nobiliario en la península ibérica (siglos xii-xv)» [Studia Zamorensia, 12 (2013), pp. 12-106]. Por lo que respecta a las formas de liderazgo y organización de las relaciones solidarias en el seno de estos entramados «oeconómicos» de la aristocracia, integrando las lógicas de «casa grande» y «paterfamilias» en el utillaje conceptual y metodológico del medievalismo español y portugués. 44   Bertalanffy, Ludwig von, Teoría general de los sistemas, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976 (1.ª ed. en inglés, Nueva York, George Braziller, 1968).

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gía organicista para, en su aplicación como modelo de teoría general del conocimiento, con carácter interdisciplinar, alcanzar también el campo de las ciencias sociales.45 Ha sido a partir de su manejo en el ámbito de la sociología, vinculado con una revaloración del análisis de lo político de tipo integrador, capaz de englobar aspectos de relación social, económica, cultural, etc., en torno a la idea de poder político y la concepción consecuente de «sistema político», que el enfoque sistémico ha sido aprehendido por parte de los historiadores, de la que su mejor y más depurado testimonio dentro del medievalismo hispano ha sido la aplicación desarrollada por José M.ª Monsalvo de este principio de «sistema político» a la sociedad urbana de la Castilla bajomedieval.46 Desde el punto de vista de la perspectiva sistémica, por sistema se entiende un todo integrado en el que sus partes mantienen relaciones de interdependencia y reciprocidad entre sí y cuya suma no es cualitativamente igual al todo. Tales relaciones entre las partes del sistema implican toda una serie de procesos específicos de entrada, transformación y salida, cuyo conocimiento es el objeto fundamental de la comprensión de todo sistema: la composición del mismo a partir de sus elementos integrantes y de los subsistemas que pueden deducirse como integradores del todo y el funcionamiento parcial y global del ente sistémico. El despliegue en buena medida funcionalista que se deriva de la comprensión sociológica del enfoque sistémico de la política, como apunta Monsalvo, queda contrarrestado por la introducción de factores de conflictividad interclasista en torno a las estructuras de los modos de producción en la comprensión del sistema, que afectan a la disposición de recursos materiales e inmateriales a través de las tomas de decisiones al respecto en el seno de él.47 A partir de ello, era perfectamente posible concebir la esfera concejil como subsistema político dentro de un sistema de poder más am45   Pueden ser ilustrativos, en torno al desarrollo y perspectivas de aplicación de la Teoría General de Sistemas hacia el campo de las ciencias sociales y también de la Historia, los trabajos siguientes reunidos en Bertalanffy, L. von, Teoría..., pp. 195-214, en particular pp. 207-213; Bertalanffy, Ludwig von, Ross Ashby, William, Weinberg, Gerald M., et al., Tendencias en la teoría general de sistemas, Madrid, Alianza Editorial, 1978 (ed. en inglés, Nueva York, John Wiley&Sons, 1972); Bertalanffy, L. von, Perspectivas en la teoría general de sistemas. Estudios científico-filosóficos, Madrid, Alianza Editorial, 1979 (ed. en inglés, Nueva York, George Braziller, 1975). 46   Monsalvo Antón, José María, El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1988, pp. 133-141, sobre tales principios respecto a su percepción del «sistema político» concejil. En esta misma línea y en el campo de estudio también de las relaciones de poder en medios urbanos castellanos bajomedievales, resultan de interés las reflexiones teóricas en torno a las ideas que confluyen en la noción de «sistema de poder» en Jara Fuente, José Antonio, «Elites urbanas y sistemas concejiles. Una propuesta teórico-metodológica para el análisis de los subsistemas de poder en los concejos castellanos de la Baja Edad Media», Hispania. Revista Española de Historia, 207 (2001), pp. 221-266. 47   Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político concejil..., pp. 135-140, a partir de la lectura de Bauman, Zygmunt, Fundamentos de sociología marxista, Madrid, 1975, cuyos planteamientos marxistas vienen a complementar aquellos otros provenientes de la sociolo-

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plio y que afectaba al conjunto de la comunidad política de la Corona de Castilla, integrando la apreciación de la dialéctica social de época bajomedieval y la interconexión entre instancias de poder en un contexto de conformación de los aparatos de Estado propios de la monarquía autoritaria en esta época. El análisis de los procesos decisionales políticos dentro del subsistema concejil a partir de los lugares ocupados dentro del mismo y por los agentes sociales en él implicados y de los distintos factores de orden socioeconómico, institucional, etc., que afectaban a estos posicionamientos estructurales y a la toma de decisiones, precisamente, se convertían en el eje explicativo para penetrar en la evolución de la sociedad feudal y de las relaciones de poder en escala de las cuales dependía aquella, según planteaba Monsalvo.48 Que la propuesta metodológica del «sistema concejil» esgrimida por Monsalvo ha sido favorablemente acogida dentro del medievalismo hispánico es un hecho, al menos por lo que se refiere a cómo se ha asumido esta nomenclatura y la percepción del ámbito local concejil como un ente político de interacción social integrado.49 No obstante, ¿el enfoque sistémico puede plantearse como una alternativa heurística válida para afrontar la problemática del poder señorial y de las relaciones de dominación en la sociedad feudal? Este mismo autor, aunque reconocía el señorío como una instancia de poder en la que tenía lugar un proceso político que afectaba al subsistema concejil, es escéptico a la hora de valorar si aquel cuenta con cualidades sistémicas que validaran su estudio en estos términos.50 Esta afirmación, teniendo en cuenta los posicionamientos que personalmente hemos asumido para el análisis de las relaciones señoriales en términos de poder, resulta ciertamente cuestionable, en la medida en que consideramos que un replanteamiento del enfoque sistémico en esta clave puede resultar sumamente provechoso a resultas de lo expuesto anteriormente. gía, la antropología política y la politología, además de clásicos de autores como David Easton, Karl Wolfgang Deutsch o Jean-William Lapierre o Gabriel A. Almond. 48   Monsalvo Antón, J. M.ª, «Poder político y aparatos de Estado...», pp. 161-167. Para la aplicación de esta metodología a una percepción global de la evolución de la sociedad castellana bajomedieval y de los «poderes» —entendiendo la concepción polinuclear estructural de instancias de poder que el autor maneja (vid. nota 17, pp. 31-32)—, id. «Crisis del feudalismo y centralización monárquica...», pp. 155-167. 49   Pueden citarse algunos ejemplos de profundización en ella en trabajos como los de Guerrero Navarrete, Yolanda, Sánchez Benito, José María, Cuenca en la Baja Edad Media: un sistema de poder urbano, Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, 1994; Jara Fuente, José Antonio, Concejo, poder y elites. La clase dominante en Cuenca en el siglo xv, Madrid, CSIC, 2000; id., «Elites urbanas y sistemas concejiles...». Además, puede ser ilustrativa la generalización del uso del término «sistema concejil» entre el medievalismo castellano, a juzgar por su manejo profuso en una publicación reciente [García Fitz, Francisco, Jiménez Alcázar, Juan Francisco (eds.), La Historia peninsular en los espacios de frontera: las «Extremaduras históricas» y la «Transierra» (siglos xi-xv), Cáceres-Murcia, Sociedad Española de Estudios Medievales-Editum, 2012]. 50   Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político concejil..., p. 293.

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Dejando a un lado los riesgos de proyección de imágenes funcionalistas y estáticas en el análisis social que puede acarrear su adopción de modo superficial, totalmente contrarios a la concepción intrínsecamente dinámica y cambiante del proceso histórico y contra los cuales ya Monsalvo alerta,51 el riesgo de un desplazamiento en el análisis estructural desde lo socioeconómico hacia lo político en la aplicación de una teorización sistémica y su consecuente metodología no deja de resultarnos conceptualmente problemático. Si lo que en realidad pretendemos para el mejor conocimiento global de la sociedad feudal y, más en concreto, de la dominación señorial imperante en ella a partir de un estudio de las relaciones de poder, es la integración de esas facetas, amén de las de tipo ideológico y de la atención a las prácticas, imágenes y discursos que las articulaban, esto difícilmente podrá llevarse a cabo a partir de una noción de poder político que no deja de ser una forma terminal de desenvolvimiento del poder en esa sociedad, solo una entre otras, formalizada a través de determinadas instituciones, aparatos y comportamientos.52 Es más, la concepción de política no deja de evocarnos una forma de ejercicio del poder profundamente contemporánea, dominada por los principios de lo público y el interés comunitario, por su institucionalización acorde con tales principios y por un sentido teórico de la política como tal forma de ejercicio del poder escindida de aspectos del tipo de los relacionados con las actividades productivas o la conciencia de lo trascendente. Algo que resulta en gran medida ajeno, por lo que conocemos, a la sociedad medieval. La amenaza de una deriva hacia una suerte de conocimiento del pasado de alguna manera parcial, parcelado y presentista a partir del privilegio de lo político no deja de vislumbrarse.53 Conduzcamos pues, como alternativa a 51   Ibid., pp. 133-141. Vid. pp. 56-57. De hecho, Von Bertalanffy fue particularmente insistente en referir el carácter abierto, cambiante y dinámico de los sistemas (vid. Bertalanffy, L. von, Teoría..., pp. 205-206, en cuanto a la crítica al funcionalismo sistémico en las ciencias sociales). 52   Foucault, M., Historia de la Sexualidad..., p. 112. 53   Guerreau, Alain, «El concepto de Feudalismo: génesis, evolución y significación actual», en D. Plácido Suárez, C. Estepa Díez, J. J. Trías Vejarano (eds.), Transiciones en la Antigüedad y Feudalismo, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1998, pp. 91-116, en concreto pp. 92-97, sobre la ruptura a partir de la Ilustración de las nociones de «dominium» y de «ecclesia», cenitales a su juicio en la comprensión de la civilización medieval y del Antiguo Régimen, y su sustitución por las contemporáneas de «política», «derecho», «economía» y «religión». Respecto a la profundidad de este salto conceptual, la gran diferencia entre nuestras propias categorías de comprensión de la realidad y las que considera propias de la sociedad medieval y los riesgos de la trasposición de aquellas para el análisis del pasado, id., «Política/Derecho/Economía/Religión: ¿cómo eliminar el obstáculo?», en Pastor, Reyna (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, CSIC, 1990, pp. 459-465; id., El futuro de un pasado. La Edad Media en el siglo xxi, Madrid, Crítica, 2002 (ed. francés, París, Le Sycomore, 2001), pp. 19-30. Entendamos, en cualquier caso, estas advertencias sin alarmismos, como una llamada a la reflexión en la construcción teórica del método histórico.

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este bloqueo conceptual, la atención sobre la noción básica de poder para dotar de pleno sentido a la proposición de análisis sistémico. Al hablar, en vez de «sistema político», de «sistema de poder», las relaciones de fuerza a partir de las cuales se decantan posiciones de poder entre individuos y colectividades, junto con los actores en ellas implicados, son efectivamente los elementos básicos sobre los cuales ha de atenderse la comprensión sistémica de la sociedad. Los aspectos estructurales pasan a depender de ellas en vez de condicionar apriorísticamente la consideración de tales relaciones, pudiendo atenderse al carácter dinámico de tales estructuras sociales en el espacio y en el tiempo, aun sin olvidar que el todo sin duda afecta a la posición y el comportamiento de la parte dentro del sistema y viceversa, dependiendo de esa posición en la escala de relaciones de poder de cada una de las partes. En este sentido, es perfectamente válido aceptar que, igual que podemos verificar la comprensión en forma de «subsistema de poder» concejil de las dinámicas relacionales en medios urbanos, dentro de una percepción general de la sociedad castellana bajomedieval como un «sistema de poder» global —ejercicio que puede, a su vez, extenderse a considerar este mismo como un subsistema de poder dentro de otro mayor que comprendiese el conjunto de la sociedad cristiana occidental en esta época—, podemos concebir, igualmente como subsistema dentro de ese ente global, el pensar en términos de «sistema de poder señorial». Entiéndase, en cualquier caso, que el manejo de la noción de «sistema de poder» por la que hemos optado tiene un valor primordialmente heurístico, como modelo de conocimiento abstracto, que hace recaer el interés analítico acerca de la problemática social de la dominación señorial al final de la Edad Media sobre las mismas relaciones sociales como elemento base configurador de tal objeto histórico. La oportunidad del enfoque sistémico aplicado a las relaciones de poder en un lugar y momento históricos concretos radica, precisamente, en que es capaz de dotarnos de un utillaje mental altamente polivalente para concebir de manera integral dinámicas sociales complejas, englobando y conectando sujetos, espacios y materialidades diversas, tipos de organización, de encuadramiento e identificación social estructuralmente construidas y también conceptos, prácticas, instituciones, discursos, imágenes y representaciones específicas que, a menudo, se han atendido de forma separada. Así pues, al hablar de «sistema de poder señorial», pensando en nuestro objeto de estudio elegido como ejemplo de los complejos de poder configurados en torno a la aristocracia castellana bajomedieval y recurriendo igualmente a la noción oeconomica a la que anteriormente hacíamos mención como referencia estructurante, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ha de entenderse como un sistema —o como un subsistema, de forma más purista— complejo de relaciones sociales de poder, que implica a posesiones, derechos, poder ejercido en términos de jurisdicción sobre lugares y sobre sus

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pobladores, fuentes diversas de renta, pero también a un conjunto de individuos vinculados por relaciones de parentesco, cohabitación, dependencia, fidelidad, patronazgo/servicio, y, más aún, conceptos, prácticas e instituciones que ordenan y naturalizan estas relaciones. El conjunto de las relaciones que afectan a la totalidad de sus partes —personas, espacios, recursos materiales e inmateriales, representaciones, etc.—, tanto armónicas como conflictivas, todas ellas confluyen finalmente en el ejercicio de una forma de dominación social de tipo señorial bajo la última autoridad, gestión y liderazgo de un «paterfamilias» reconocible como pariente mayor, señor y patrón.54 O lo que es lo mismo, basada en el poder superior que este ejerce sobre todos ellos y en que los individuos implicados en tal sistema de relaciones reconocen y acatan esa posición de poder superior de referencia y, asimismo, hacen lo propio con sus concretas posiciones relativas de fuerza dentro del conjunto de relaciones que caracterizan el «sistema de poder señorial». Conviene, en todo caso, frente a cualquier impresión estática en la adopción de una percepción sistémica del poder señorial, subrayar el carácter abierto y dinámico de todo «sistema de poder». Como resultado del continuo reajuste de las relaciones entre los agentes implicados en él, fruto del curso normalizado de la interacción social entre los seres humanos, el sistema se encuentra sujeto a un equilibrio interno variable, susceptible de verse transformado en mayor o menor medida, incluso de manera drástica, como resultado de un cambio en el balance de poder existente entre los individuos dominadores del sistema de relaciones, los señores, y aquellos otros en posición dependiente, sujetos a la dominación. Esto puede deberse tanto a causas endógenas respecto a ellos mismos y al propio sistema de interdependencias señoriales como a factores externos al subsistema y que muy a menudo tienen que ver con la interacción con elementos integrados en otros subsistemas de poder dentro del conjunto de la sociedad, referidos a distintas instancias de poder, ya sean concejiles de distinta índole, señoriales, o las de la monarquía. Por otra parte, dentro de una valoración sistémica del poder señorial en la Castilla de los siglos finales del medievo y de las interacciones a través de las cuales tenía lugar el ejercicio y la reproducción de un determinado modelo de dominación social capitalizado por la aristocracia, cabe preguntarse y es necesario reconocer el papel de determinadas categorías estructurales en la configuración de ese poder social aristocrático. Muy particularmente, pense  De cara a una aplicación de la percepción sistémica a otros tipos de poder señorial durante la Edad Media, tales como los de carácter eclesiástico, sean dominios monásticos, señoríos capitulares, episcopales o de órdenes militares, consideramos que los presupuestos que establecemos para formular los límites del «sistema de poder» resultan perfectamente válidos para estos casos, siempre y cuando se atienda previamente a caracterizar el tipo de jefatura más o menos individual o colegiada imperante y las relaciones de interdependencia prevalecientes entre los agentes sociales implicados en una de estas categorías señoriales. 54

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mos en conceptos científicos sociales como el de «linaje» o en las distintas nociones que los contemporáneos del final de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna otorgaban al término casa, como ejes de la organización socioeconómica de la aristocracia medieval y moderna.55 A través de tales abstracciones es preciso atender a la existencia, por una parte, de estructuras de parentesco amplio, encabezadas por ese «paterfamilias», como núcleo de los vínculos interpersonales y, en último término, del conjunto de las relaciones de dominación establecidas en esa «casa grande» y, por la otra, de las instituciones concretas desarrolladas para materializar, normalizar y perpetuar tales formas de relación, que de este modo alcanzan a dar contenido real y estructural a tales categorías realizadas a partir de procesos de conceptualización, comunicación y práctica social.56 55   Resulta muy ilustrativo en este sentido el artículo de Framiñán Santas, Ana María, Presedo Garazo, Antonio, «Estructuras de parentesco de la nobleza gallega en 1350-1600: una primera valoración», en Obradoiro de Historia Moderna, 24 (2005), pp. 109-140, en concreto pp. 115-121. Los autores se hacen eco de las reflexiones de Robin Lane Fox y Anita Guerreau-Jalabert sobre la confusión que se ha sembrado en un tema como el del análisis del parentesco a partir de un uso a menudo demasiado laxo y poco preciso de la terminología antropológica y de su adecuación a los objetos históricos estudiados. A su vez, tratan de establecer una concreción en este sentido, en particular en torno a tres términos fundamentales, linaje, casa y familia, manejados al final de la Edad Media pero con significados no coincidentes con los manejados actualmente, bien de un modo no especializado, bien desde un punto de vista científico especializado. Resulta de particular interés aquí lo planteado en torno al término casa en el contexto gallego, y en general de la Corona de Castilla, entre el final de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna y su valor polisémico en lo referente a las formas de sociabilidad en el seno de las parentelas aristocráticas, al distinguirse tres acepciones diferentes. Por un lado, como espacio físico. Por otro, como conjunto de personas ligadas al servicio de un señor y dependientes de él. Finalmente, en su sentido más amplio, como abstracción del sustrato material, humano e ideológico del linaje, de un modo casi sinónimo a este concepto. No obstante, este último significado resulta poco usual antes del siglo xvi, siendo el más habitual entre los siglos xiv-xv el segundo que, por otro lado, en cuanto a los aspectos de dependencia, cohabitación, servicio y retribución respecto de la autoridad de un señor, nos remite a la percepción de las estructuras de sociabilidad político-económica aristocráticas de tipo oeconomica enunciada por Otto Brunner. Volveremos más adelante sobre este asunto y sobre la noción de linaje, en su sentido de estructura de parentesco basada en lazos agnaticios y en la herencia de primogenitura, concepto en torno al cual existe un interesante debate —inserto en otro mayor alrededor de los de aristocracia y de nobleza— que afecta a la caracterización y construcción social del grupo dominante en la sociedad feudal. Un acercamiento actualizado al mismo desde un punto de vista ibérico en Martínez Sopena, Pascual, «La aristocracia hispánica. Castilla y León (siglos x-xiii)», Bulletin du Centre d’Études Médiévales d’Auxerre, Hors-série, 2 (2008). Disponible en: http://cem.revues.org/10052 [consulta: 5/08/2016]; Pizarro, José Augusto de Sottomayor, «De e para Portugal. A circulação de nobres na Hispania medieval (séculos xii a xv)», Anuario de Estudios Medievales, 40/2 (2010), pp. 889-924, en particular pp. 890-898; id., «Linhagem e estruturas de parentesco», e-Spania, 11 (2011). Disponible en: http://e-spania.revues.org/20366 [consulta: 8/08/2016]. 56   Morsel, Joseph, «Le médiéviste, le lignage et l’èffet de réel. La construction de “Geschlecht” par l’archive en Haute-Allemagne à partir de la fin du Moyen Âge», Revue de Synthèse, 125 (2004), pp. 83-110, en particular pp. 87-98, acerca de la construcción dinámica de la

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Pero, como se puede colegir de lo expuesto hasta este punto, en ningún caso la percepción de la dominación feudal desde la óptica sistémica puede dar lugar a una asimilación reduccionista de un «sistema de poder» teóricamente formulado ni con estructura conformada con el fin de ejercer y transmitir una forma determinada de dominación social ni tampoco, lógicamente, con ninguna clase de institución formalizada. Nos parece evidente la distinción epistemológica entre categorías estructurales y un modelo de conocimiento científico. Además, resulta mucho más pertinente, científicamente hablando, profundizar en el análisis de categorías de organización social como las de casa, «linaje» o «estado señorial» desde un punto de vista constructivista y determinar su pertinencia para la comprensión de las dinámicas sociales del mundo medieval más allá de apriorismos y retrotracciones de nociones, representaciones y comportamientos posteriores, que generar otras nuevas a la ligera. No olvidemos que, tal y como entendemos la aplicación de propuestas sistémicas al estudio de la dominación señorial, es su potencialidad heurística para comprender como tal un conjunto de interacciones sociales basadas en posiciones de poder lo que ha de ser subrayado como fundamento para su puesta en juego. Por todo ello, podemos convenir que, a partir de la consideración de las nociones de tipo estructural de oeconomia y «casa grande», un enfoque de carácter sistémico puede ser especialmente adecuado para analizar, a partir de las relaciones de poder, las dinámicas históricas de la dominación señorial en la Castilla del tránsito del siglo xiv al siglo xv que afectan al objeto de estudio elegido en esta investigación. La puesta en relación de tales interacciones sociales con marcos de organización político-institucional, productiva y espacial, con proyecciones ideológicas y con sus materializaciones reconocibles ha de permitirnos discernir con mayor claridad el papel de todos los agentes sociales implicados en los procesos de la dominación señorial y el balance entre lo perdurable y lo cambiante dentro de la sociedad castellana del final de la Edad Media, precisamente en una época singularizada por las transformaciones críticas y la reactualización del orden de la sociedad feudal. Ahora bien, para el desarrollo de la propuesta que venimos exponiendo en estas páginas, nos parece oportuno referirnos aun a unos últimos referentes teóricos que ayuden a fijar la metodología que seguiremos en este trabajo para estudiar lo que venimos comprendiendo como el núcleo sobre el que se desarrolla el poder señorial: las mismas interacciones humanas. noción de linaje como parte de un proceso de etnogénesis nobiliaria y reproducción social de la aristocracia bajomedieval y altomoderna y los riesgos de su interpretación historiográfica como realidad natural. Es particularmente interesante, precisamente, la consideración de las nociones de linaje o de casa como «categorías realizadas», que remiten a la idea de estructura «estructurada estructurante», siguiendo a Pierre Bourdieu. A este respecto, el apartado dedicado a «L’esprit de famille» en Bourdieu, Pierre, Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, París, Seuil, 1994 (ed. en castellano, Barcelona, Anagrama, 1997), pp. 135-145.

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En este sentido, la comprensión de los vínculos de interdependencia personal generados en un ámbito de relaciones dominado por la posición de poder ejercida por elementos sociales aristocráticos en el contexto bajomedieval, bien escenificado en el ejemplo que aquí tratamos, la proyección señorial —material, espacial y humana— del infante Fernando «el de Antequera» y su esposa Leonor de Alburquerque, nos ha llevado a fijar nuestra atención sobre la noción de clientelismo y otras expresiones afines a ella. El uso de términos como «cliente» —y su antónimo «patrón»—, «clientela» o «relaciones clientelares» no es extraño dentro de la ciencia histórica y tampoco en el seno del medievalismo hispánico.57 Ahora bien, la incorporación   Junto a los trabajos citados en la nota 43, p. 56, de I. Beceiro, C. Jular y P. Sánchez León y otros autores y las referencias en las obras más generales en Gerbet, M.-C., La Noblesse dans le Royaume de Castille..., pp. 135-142; y en Beceiro Pita, I., Córdoba de la Llave, R., Parentesco, poder y mentalidad…, pp. 123-146, 331-345; simplemente a título ilustrativo podemos considerar, dentro de un vasto elenco, otros más como los de Asenjo González, María, «Clientélisme et ascensión sociale à Ségovie à la fin du moyen-âge», Journal of Medieval History, 12 (1986), pp. 167-182; Beceiro Pita, Isabel, «Caballeros y letrados en las casas señoriales zamoranas del s. xv», en I Congreso de Historia de Zamora. Tomo 3. Medieval y Moderna, Instituto de Estudios Zamoranos Florián Ocampo, 1991, pp. 73-86; Ladero Quesada, Miguel Ángel, «Linajes, bandos y parcialidades en la vida política de las ciudades castellanas (siglos xiv y xv)», en Bandos y querellas dinásticas en España al final de la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado en la Biblioteca de España de París en mayo de 1987, París, Biblioteca Española de París, 1991, pp. 105-134; Monsalvo Antón, José María, «Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad política de los linajes urbanos en Castilla y León (siglos xiii-xv)», Hispania. Revista española de Historia, 185 (1993), pp. 937-969; Quintanilla Raso, María Concepción, «Facciones, clientelas y partidos en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad», en J. Alvarado Planas (ed.), Poder, economía y clientelismo, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 15-50; id., «Política ciudadana y jerarquización del poder. Bandos y parcialidades en Cuenca», En la España medieval, 20 (1997), pp. 219-250; Gerbet, Marie-Claude, «Nobles et clients dans le Royaume de Castille: “criados” et “allegados” en Estrémadure dans les années 1500», en J. L. Castellano Castellano, F. Sánchez-Montes González (coords.), Carlos V. Europeísmo y universalidad, vol. IV. Población, economía y sociedad, Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 337-345; Álvarez Borge, I., «La nobleza castellana…»; Beceiro Pita, Isabel, «Las redes de la oligarquía en los territorios de señorío: las elites de Benavente y su entorno», en El condado de Benavente. Relaciones hispano-portuguesas en la Baja Edad Media, Centro de Estudios Beneventanos Ledo del Pozo, 2000, pp. 199-214; Quintanilla Raso, María Concepción, «Principios y estrategias de la cultura política nobiliaria. Redes de solidaridad, clientelismo y facciones en la Córdoba de fines del Medievo», en Córdoba, el Gran Capitán y su época, Córdoba, Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 2004, pp. 47-74; Sáiz Serrano, Jorge, «Una clientela militar entre la Corona de Aragón y Castilla a fines del siglo xiv: caballeros de casa y vasallos de Alfons d’Aragó, conde de Denia y marqués de Villena», En la España medieval, 29 (2006), pp. 97-134; Ortega Cervigón, José Ignacio, «“Por seruiçios muchos e buenos que me ha fecho”. Los criados de las casas nobiliarias conquenses en la Baja Edad Media», Anuario de Estudios Medievales, 39/2 (2009), pp. 703-721; Sánchez Saus, Rafael, «Redes de parentesco y clientelas andaluzas en la exploración y la conquista de Canarias», En la España medieval, 32 (2009), pp. 209-233; Galbán Malagón, Carlos J., «“Señor, non sejas ataúd de tus criados”. Una aproximación a los afines de la Casa de Moscoso (c. 1411-c. 1510)», Anuario de Estudios Medievales, 41/1 (2011), pp. 235-272. 57

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relativamente tardía, no anterior al final de los años ochenta del siglo xx y solo generalizada en la década posterior, de este concepto al acervo discursivo de los medievalistas en España y su uso polivalente, a veces sin el preceptivo rigor en su definición, requieren abundar en su explicación y en el contenido heurístico con el que manejaremos esta idea en nuestro estudio. Es bien conocido cómo el origen de los vocablos que remiten al concepto de clientelismo —y la propia noción misma— nos refieren directamente a una realidad fuertemente institucionalizada propia de la civilización latina clásica, de formas de vínculo personal e interdependencia sociopolítica asimétrica que ligaban con los magnates de la aristocracia romana a toda una serie de individuos de rangos sociales inferiores dentro del marco jurídico del Estado romano.58 Su uso en términos científicos, en cualquier caso, ha tenido mucho que ver con el interés que hacia fenómenos de relaciones de colaboración, servicio y dependencia política no formalizadas dentro de un marco de Estado, fundamentalmente en el seno de las sociedades contemporáneas, se ha generado en distintas ramas de las ciencias sociales como la sociología, la antropología y la politología.59 Así, hoy día podemos encontrar cómo la idea de clientelismo se halla bien integrada desde una perspectiva política y social en los estudios históricos, tanto por lo que toca al campo de la Antigüedad como a aquellos de la historia moderna y contemporánea.60   Sánchez León, Pablo, «Nobleza, Estado y clientelas en el feudalismo. En los límites de la Historia Social», en S. Castillo (coord.), La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, Actas del I Congreso de la Asociación de Historia Social. Zaragoza, septiembre, 1990, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 197-216, en concreto p. 205. Más expresamente, Taylor, Lily R., Party Politics in the Age of Caesar, Berkeley, Ca., University of California Press, 1971; Saller, Richard P., Personal patronage under the Early Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 1982. 59   Entre la multitud de obras a este respecto, cabe citar como ejemplo algunos tales como Boissevain, Jeremy, Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions, Oxford, Basil Blackwell, 1974; Médard, Jean-François, «Le rapport de clientèle: du phénomène social à l’analyse politique», Revue Française de Science Politique, 26-1 (1976), pp. 103-131; Eisenstadt, Shmuel N., Roniger, Luis, Patrons, Clients, and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1984; Roniger, Luis, Günes-Ayata, Ayşe (eds.), Democracy, Clientelism and Civil Society, Londres, Lynne Rienner Publishers, 1994. Véase igualmente, para una perspectiva general y un acceso a una bibliografía amplia, Moreno Luzón, Javier, «El clientelismo político: historia de un concepto multidisciplinar», Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 105 (1999), pp. 73-95. 60   Buen ejemplo de ello pueden ser, en cada una de estas áreas de conocimiento, títulos como, para la Historia Antigua, los de Wallace-Hadrill, Andrew F. (ed.), Patronage in ancient society, Londres, Routledge, 1989; Amela Valverde, Luis, Las clientelas de Cneo Pompeyo Magno en Hispania, Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 2002; Plácido Suárez, Domingo, «Las relaciones clientelares en la evolución de la democracia ateniense», Circe de clásicos y modernos, 12 (2008), pp. 225-242; o, para la Edad Moderna, Durand, Yves (dir.), Hommages à Roland Mousnier. Clientèles et fidélités en Europe à l’époque moderne, París, Presses Universitaires de France, 1981; Rosso, Claudio, «Stato e clientele nella Francia della Prima Età Moderna», Studi Storici, 1 (1987), pp. 37-82; Atienza Hernández, I., 58

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En relación con estas tendencias, ligadas a la revalorización de lo político en el discurso explicativo historiográfico y a la discusión acerca del Estado y la «Historia de los poderes», se produciría la integración de esta categoría analítica del clientelismo en los planteamientos del medievalismo hispánico. A través de los trabajos de Pablo Sánchez León, fundamentalmente, se planteaba una delimitación de dicha categoría para la consideración, dentro de la misma, de los lazos de dependencia personal entre señores y dependientes en la sociedad feudal de la Edad Media, reafirmando su contenido eminentemente político pero que, en cualquier caso, se hallaba conectado a factores socioeconómicos de orden estructural inherentes a aquel modo social, a la distribución de las posiciones de poder y de los recursos materiales en el mismo y a las transformaciones operadas a este respecto en la sociedad del final de la Edad Media en relación con la «crisis» y el surgimiento de los primeros aparatos del Estado monárquico.61 En esta línea se sucederían los trabajos de otros autores, particularmente interesados en la idea implícita que subyacía al concepto de «clientela», de reformulación de las modalidades de dependencia vasallática y personal en general y de su sentido, ampliando tanto su taxonomía como su valoración como un elemento clave a evaluar en la comprensión de las dinámicas del mundo medieval, en lo que se ha venido a llamar «vasallaje complejo», tales como los de Cristina Jular Pérez-Alfaro o Jorge Sáiz Serrano.62 «Pater familias, señor y patrón...»; Carrasco Martínez, Adolfo, «Un modelo para el estudio de las formas de sociabilidad en la Edad Moderna: las clientelas señoriales», Mélanges de la Casa de Velázquez, 30-2 (1994), pp. 117-129; Martínez Millán, José, «Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismos en la administración de la Monarquía Hispana durante la Edad Moderna», Studia historica. Historia moderna, 15 (1996), pp. 83-106; Imízcoz Beunza, José María, «Introducción. Actores sociales y redes de relaciones: reflexiones para una historia global», en J. M.ª Imízcoz Beunza (ed.), Redes familiares y patronazgo: aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos xv-xix), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001, págs. 19-30; Robles Egea, Antonio (coord.), Política en penumbra: patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1996; Alvarado Planas, Javier (ed.), Poder, economía y clientelismo, Madrid, Marcial Pons, 1997. 61   Sánchez León, P., «Nobleza, Estado y clientelas...»; id., «Aspectos de una teoría de la competencia señorial...». 62   Jular Pérez-Alfaro, C., «La participación de un noble...»; id., «Dominios señoriales y relaciones clientelares en Castilla: Velasco, Porres y Cárcamo (siglos xii-xiv)», Hispania. Revista española de Historia, 192 (1996), pp. 137-171; id., «Familia y clientela en dominios de behetría a mediados del siglo xiv», en J. Casey, J. Hernández Franco (eds.), Familia, parentesco y linaje..., pp. 63-75; Sáiz Serrano, Jorge, Guerra y nobleza en la Corona de Aragón. La caballería en los ejércitos del Rey (siglos xiv-xv), tesis doctoral defendida en la Universidad de Valencia, Valencia, 2004, en especial pp. 81-214; id., «Una clientela militar…». Aunque más arriba citábamos en qué medida se ha generalizado el uso de la terminología de «clientela» y «clientelismo» en los estudios medievales hispanos (vid. nota 57, pp. 64-65), las diferencias en cuanto a la interiorización del calado analítico de esta noción en muchos de ellos, por comparación con los aquí referidos y dependiendo del caso, llegan a ser notables.

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En este sentido, es importante incidir en que, tales consideraciones respecto a estas nociones acerca del clientelismo como categoría de análisis social en un contexto feudal, se hallan fuertemente imbuidas de la influencia ejercida por las discusiones generadas en la tradición historiográfica británica acerca del concepto de bastard feudalism (feudalismo bastardo).63 El término, acuñado por Charles Plummer en 1885, dentro de la tendencia de la Constitutional History victoriana de orientación whig —institucionalista, liberal y estatista en sus planteamientos historiográficos—,64 alcanzaría su madurez como noción explicativa a partir de su reformulación por Kenneth B. McFarlane en 1945. Si la idea de bastard feudalism se hallaba cargada de sentido peyorativo en los textos de los historiadores constitucionalistas británicos del final del siglo xix y la primera mitad del siglo xx para referir un período de la historia de Inglaterra caracterizado por la anarquía política, la banderización de la aristocracia, la debilidad de la autoridad monárquica y los conflictos bélicos civiles, sería McFarlane quien dotaría a este concepto de su sentido clásico como referente conceptual para la comprensión de las relaciones de dependencia feudales en la Inglaterra de la Baja Edad Media. Así, concretó los fundamentos de lo que entendía como una profunda transformación en los vínculos feudovasalláticos que ligaban socialmente entre sí a la nobleza inglesa de los siglos xiv y xv. Esta se reflejaría en un desplazamiento del objeto en torno al que se establecían estos lazos de interrelación, desde la propiedad fundiaria de la tierra a las remuneraciones pecuniarias, y en la consiguiente reorganización de los vínculos que implicó ese cambio. Estos, escenificados ejemplarmente a partir del tipo documental de la letter of indenture of retainer, según el criterio de McFarlane adquirirían un carácter mucho más volátil en cuanto a su durabilidad y su capacidad de generar consensos sociales entre la aristocracia, centrados en su funcionalidad como medio para levantar importantes comitivas armadas por parte de los grandes señores, y se contextualizaban en un marco de reacción eminentemente política del grupo aristocrático a las tendencias autoritarias de reforzamiento del poder monárquico acontecidas durante el final de la Edad Media en Inglaterra.65 De este modo, nuestro autor tendió a reafirmar el carácter clientelar de estas relaciones de interdependencia en el seno de la aristocracia y su contenido transformador de las estructuras sociales de la época, si bien desde una postura interpretativa marcadamente tradicional, al considerarlas, a partir de una percepción institucional, singularmente distintas de los vínculos feudo63   Hicks, Michael A., Bastard Feudalism, Londres-Nueva York, Longman, 1995, para un primer acercamiento al concepto y su desarrollo historiográfico. 64   Fortescue, John (Plummer, Charles, ed.), Governance of England, Oxford, Clarendon Press, 1885, pp. 15-29. 65   McFarlane, Kenneth B., «Bastard Feudalism», Bulletin of the Institute of Historical Research, 20 (1945), pp. 161-180 [reeditado en Harris, Gerald L. (comp.), England in the Fifteenth Century: Collected Essays of K. B. McFarlane, Londres, 1981]; id., Nobility of Later Medieval England, Oxford, Clarendon Press, 1973.

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vasalláticos «clásicos» y perseverar en una actitud politicista respecto a las relaciones entre monarquía y nobleza y la conciencia de crisis del poder de la Corona sobre el reino.66 La influencia de los principios expuestos por McFarlane ha sido notable en toda una generación de medievalistas anglosajones, al hacer del bastard feudalism un constructo historiográfico tremendamente vital hasta los años noventa del siglo xx para el análisis del poder de la aristocracia inglesa, de sus formas de organización interna y de su interacción con la monarquía y con el conjunto de la sociedad política del reino.67 Más aún, el éxito de estas propuestas se ha manifestado en su integración para el estudio de las dinámicas aristocráticas en relación con el desarrollo de aparatos de Estado en otros espacios del Occidente bajomedieval, como Escocia, el reino de Francia, Bretaña, Flandes o el reino de Valencia en la Corona de Aragón.68 En cual  Hicks, M. A., Bastard Feudalism, pp. 12-42, respecto a esta formulación más clásica del bastard feudalism, en gran medida compartida por Hicks a lo largo de su exposición posterior de la lógica de este marco de relaciones clientelares aristocráticas. 67   Una selección de algunos títulos de particular relevancia podría incluir los trabajos de Dunham, William. H., «Lord Hastings’ Indentured Retainers», Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, 39 (1955), pp. 7-26; Carpenter, Christine, «The Beauchamp affinity: a study of bastard feudalism at work», The English Historical Review, 95/376 (1980), pp. 514-532; Waugh, Scott L., «Tenure to Contract: Lordship and Clientage in Thirteenth-Century England», The English Historical Review, 101/401 (1986), pp. 811-839; Bean, John M. W., From Lord to Patron: Lordship in Late Medieval England, Manchester, Manchester University Press, 1989; Walker, Simon K., «Lordship and Lawlessness in the Palatinate of Lancaster, 1300-1400», The Journal of British Studies, 28/4 (1989), pp. 325-348; id., The Lancastrian Affinity, 1361-1399, Oxford, Clarendon Press, 1990. Hicks, M. A., Bastard Feudalism. 68   Lewis, Peter, «Decayed and Non-Feudalism in Later Medieval France», Bulletin of the Institute of Historical Research, 37 (1964), pp. 157-184; id., «Of Bretton Alliances and Other Matters», en Ch. Allmand (ed.), War, Literature and Politics in the Late Middle Ages. Essays in Honour of G. W. Coopland, Liverpool, Liverpool University Press, 1976, pp. 122-143; Win, Paul de, «The lesser nobility of the Burgundian Netherlands», en M. Jones (ed.), Gentry and Lesser nobility in late medieval Europe, Gloucester-Nueva York, Sutton-St. Martin’s Press, 1986, pp. 95-118; Jones, Michael, «Aristocratie, faction et État dans la Bretagne du xve siècle», en Ph. Contamine (dir.), L’État et les Aristocraties (France, Angleterre, Ecosse) xiiexviie siècle, París, 1989, Presses de l'École Normale Supérieure, pp. 129-160; id., «The breton nobility and their masters from the Civil War of 1341-64 to the Fifteenth Century», en M. Jones (ed.), The creation of Brittany. A Late Medieval State, Londres, Hambledon Press, 1988, pp. 239-262; Lewis, Peter, «Reflections on the role of royal clientèles in the construction of the French monarchy (mid-xivth/end-xvth centuries)», en N. Bulst, R. Descimon, A. Guerreau (eds.), L’État ou le Roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (xive-xviie siècles), París, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1996, pp. 51-67; Grant, Alexander, «Service and Tenure in late medieval Scotland, 1314-1475», en A. Curry, E. Matthews (eds.), Concepts and Patterns of Service in the later Middle Ages, Woodbride, Boydell Press, 2000, pp. 145-178; Prosser, Gareth, «“Decayed feudalism” and “royal clienteles”: royal office and magnate service in the fifteenth century», en Ch. Allmand (ed.), War, Government and Power in Late Medieval France, Liverpool, Liverpool University Press, 2000, pp. 175-189; Stevenson, Katie, Chivalry and Knighthood in Scotland, 1424-1513, 66

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quier caso, el propio desarrollo de muchos de estos trabajos dio lugar a una seria crítica del concepto, poniéndose en discusión desde su cronología hasta sus limitaciones a la hora de responder adecuadamente como categoría de análisis social amplio, pasando por el cuestionamiento de la tipología de los lazos de dependencia o de su consideración instrumental.69 Cristalizada en un artículo de Peter Coss de 1989 y en el posterior debate establecido entre él mismo, David Crouch y David A. Carpenter en 1991, esta crítica ha dado lugar a un nuevo replanteamiento del bastard feudalism como categoría de análisis específica de las relaciones y dependencias en la sociedad feudal frente a las posiciones que proponían su abandono a causa de su rigidez y falta de operatividad, como se deduce de la opinión de Crouch, en favor de una comprensión extensa y dinámica de estos fenómenos bajo la rúbrica amplia del feudalismo.70 Woodbridge, Boydell&Brewer Press, 2006; Sáiz Serrano, Jorge, Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el Magnánimo, Valencia, Universitat de València, 2008; Mattéoni, Olivier, «Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale: les alliances du duc Jean Ier de Bourbon avec la noblesse d’Auvergne (1413-1415)», en M. Gentile, P. Savy (dirs.), Noblesse et États princiers en Italie et en France au xve siècle, Roma, École française de Rome, 2009, pp. 287-334. 69   Igualmente, es interesante citar a este respecto algunos otros títulos por su contribución a esta revisión, como es el caso de Saul, Nigel, Knights and Esquires. The Gloucestershire Gentry in the Fourteenth Century, Oxford, Clarendon Press, 1981; Given-Wilson, Chris, The Royal Household and the King's Affinity. Service, Politics and Finance in England, 1360-1413, Londres-Nueva York, Yale University Press, 198; id., The English Nobility in the Late Middle Ages. The Fourteenth-Century Political Community, Londres, Routledge, 1987; Walker, S. K., «John of Gaunt and his “affinity”: a prosopographical approach to bastard feudalism», en F. Autrand (ed.), Prosopographie et genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la Recherche scientifique et l’École Normale Supérieure de Jeunes Filles, Paris, 22-23 octobre 1984, París, ENSJF, 1986, pp. 209-222. 70   Coss, Peter R., «Bastard Feudalism Revised», Past and Present, 125 (1989), pp. 2764; Crouch, David, Carpenter, David A., «Debate: Bastard Feudalism Revised», Past and Present, 131 (1991), pp. 165-189; Coss, Peter R., «Bastard Feudalism Revised. Reply», Past and Present, 131 (1991), pp. 190-203. Sobre la opinión de Crouch, partidaria de desechar la acepción bastard feudalism, vid. pp. 165-177, muy particularmente pp. 175-177. Téngase en cuenta, en cualquier caso, que la discusión en torno a lo apropiado del uso del término bastard feudalism o la englobación de los fenómenos a los que se refiere dentro de la noción de feudalismo en la que se mueven Coss y Crouch —D. A. Carpenter muestra acuerdo con Coss en cuanto a su renovada conceptualización del bastard feudalism y a su cronología, aunque disiente en cuanto a los orígenes y consecuencias sociales de tal dinámica de vínculos clientelares interaristocráticos en los siglos xii-xiii (vid. pp. 177-189)— remite más bien al manejo de estos vocablos en el sentido al que se refiere el concepto en lengua francesa de féodalité (feudalidad). Esto es, con una dimensión político-institucional que afecta al sistema de relaciones de dependencia, obligación y servicio que ligaba a los sectores aristocráticos de la sociedad feudal y articulaba su dominio político de toda ella. Esta acepción se halla claramente diferenciada en este idioma —y, por ende, en términos historiográficos— de la concepción amplia y global de sistema social al que remite una de las acepciones de la palabra féodalisme. No hace falta aquí abundar respecto a lo equívoco del manejo del término

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Sintetizada esta última postura por Coss en sus contribuciones a esta discusión, la revalorización de la noción de bastard feudalism se basa en la constatación de la diversidad tipológica de las formas de intervinculación, patronazgo, dependencia y servicio entre la clase aristocrática, conviviendo tanto las entregas de patrimonios fundiarios y derechos señoriales como las recompensas en dinero al menos desde el final del siglo xii y el inicio del siglo xiii. A partir de ello, la caracterización del bastard feudalism se desplazaba de los aspectos formales de estos lazos a la atención sobre el contenido social y político —y no meramente militar— de los fenómenos de expansión de los nexos de interconexión entre la aristocracia inglesa y de formación de extensas redes clientelares en relación con la reorganización interna de estos grupos aristocráticos, su jerarquización y el reforzamiento de su posición de poder durante la Baja Edad Media. En este sentido, la multiplicación de estas relaciones de patronazgo y clientelismo trascendía a su contenido meramente militar, sin duda afectando a la expansión y articulación del poder señorial de los grandes barones, a la penetración de su influencia en ámbitos territoriales y locales y al incremento de su peso específico a la hora de actuar en los espacios cortesanos y de administración del gobierno de la monarquía y de intervenir decisivamente en la política general del reino. Pero también, a su vez, habría tenido un notable impacto en la evolución social de los niveles inferiores de la clase aristocrática y, en general, del conjunto de los individuos y colectivos que pudieron participar de la integración en las grandes affinities señoriales,71 entendiendo que aquella no dependería de una instrumentalización clientelar por parte de sus señores sino del propio protagonismo de este personal vinculado, de su posición de fuerza en los espacios sociales en que se hallaban encuadrados y de la defensa de sus intereses particulares de acuerdo con este tipo de pertenencias socioespaciales. En relación con ello, Coss consideraba dinámicas de promoción y reafirmación social, de apoyo más o menos condicional a sus patrones, de intermediación «feudalismo» dependiendo de escuelas historiográficas y de tradiciones nacionales; un repaso a los trabajos reunidos en Bournazel, Éric, Poly, Jean-Pierre (dirs.), Les féodalités, París, Presses Universitaires de France, 1998, y a la reseña al respecto de esta obra realizada por J.-P. Hermant [Bibliothèque de l’École de Chartes, 157-1 (1999), pp. 263-266] puede resultar esclarecedor de la confusión persistente entre muchos estudiosos a la hora de delimitar los campos semánticos de feudalidad y feudalismo. Valga, en cualquier caso, esta aclaración para apuntar que, más allá de su horizonte político-institucional, nuestro interés por el concepto de bastard feudalism apunta hacia sus implicaciones analíticas para la valoración de las relaciones interpersonales como relaciones de poder dentro de la sociedad feudal del final de la Edad Media. 71   El término affinity se entiende entre los especialistas anglosajones en la temática del bastard feudalism con el sentido de «clientela» en relación con el entramado de relaciones de dependencia que la conforman, a razón de la afinidad y solidaridad entre los individuos integrados en ellas alrededor de una cierta comunidad de intereses en torno al servicio y la fidelidad prestados a un determinado señor. En este sentido, nosotros incorporaremos en este estudio el manejo de la palabra «afinidad» con ese mismo valor, sinónimo de «clientela» señorial.

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en la relación con los grandes señores y con los aparatos de gobierno monárquicos y de génesis de identidades territoriales y sociopolíticas comunes a estas pequeñas aristocracias que darían lugar a la conformación como tal de la gentry. A resultas de todo ello, Coss planteaba un horizonte sugerente para la consideración del bastard feudalism como un estadio particular del desarrollo de la sociedad feudal, fuertemente ligado al incremento de la autoridad monárquica y la construcción de su dimensión de poder público que lo acompañó, por una parte, y a la proliferación de las relaciones interpersonales de tipo clientelar como medio para la reproducción social de las elites aristocráticas, tanto del conjunto del reino como de aquellas de importancia regional y local, por el otro.72 Aunque podríamos cuestionarnos en qué medida estas consideraciones respecto a la renovación analítica y temática de la perspectiva del bastard feudalism han tenido una verdadera acogida entre el medievalismo an­ glosajón,73 lo cierto es que su aportación, junto con el resto de influencias provenientes de las ciencias sociales a las que hacíamos mención más arriba, a la construcción de la categoría del «clientelismo» como una referencia epistemológica global e interclasista válida para la observación de las relaciones sociales asimétricas a partir de la comprensión de los vínculos interpersonales en la sociedad feudal, ha de ser tenida en cuenta. En este sentido parece apuntar entre el medievalismo hispano la línea de investigación propuesta por Cristina Jular, visibilizada en la sección monográfica que, en uno de sus números, la revista Hispania. Revista Española de Historia dedicó recientemente a las Nuevas cuestiones sobre el clientelismo medieval.74 Huelga decir que tales perspectivas se nos antojan de sumo interés para precisar, en general, el acercamiento a las relaciones interpersonales sobre las que se sostenía el poder señorial y la posición de dominio social ejercido por la aristocracia en la Castilla bajomedieval y, más en particular, para imple Además de los trabajos citados de Coss, remitimos a los referidos de Bean, GivenWilson, Saul, Waugh y Walker, además de a Coss, Peter R., Lordship, Knighthood and Locality: A Study in English Society, c. 1180-1280, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, sobre la conformación de las pequeñas aristocracias locales y territoriales inglesas en la Plena Edad Media y su relación con el germen de la gentry. Para un acercamiento actualizado al estado de la investigación acerca de la baja aristocracia inglesa en la Baja Edad Media y algunas de las propuestas que hoy se manejan sobre su papel en la sociedad feudal de la época, Coss, Peter R., «Hilton, Lordship and the Culture of the Gentry», Past and Present, 195 (suppl. 2), (Rodney Hilton’s Middle Ages. An Exploration of Historical Themes), (2007), pp. 34-52. 73   El libro citado de Hicks (Hicks, M. A., Bastard Feudalism) o un artículo suyo posterior [id., «Bastard Feudalism, Overmighty Subjects and Idols of the Multitude during the Wars of the Roses», History, 85/279 (2000), pp. 386-403] son buenos ejemplos de cómo, más allá de las aportaciones de este debate al que hemos aludido, las orientaciones más clásicas y ortodoxas en torno a la consideración del bastard feudalism siguen manteniendo seguidores. 74   Hispania. Revista española de Historia, 235 (2010), pp. 315-460, con contribuciones de la misma Jular Pérez-Alfaro, Luis Martínez García, Ignacio Álvarez Borge, Luigi Provero, Enric Guinot Rodríguez y François Foronda. 72

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mentar la observación crítica concreta de tales conexiones y vínculos en el caso de nuestro objeto de estudio. En este sentido, pese al bagaje historiográfico con el que evidentemente se cuenta con respecto al conocimiento de los entornos personales allegados a las parentelas aristocráticas en la Corona de Castilla al final del medievo, creemos necesario proceder a la sistematización de toda una serie de cuestiones que ayuden a comprender mejor las implicaciones sociales de la conformación de estos vínculos de dependencia en torno a los grandes señores, más allá de una imagen instrumental de aquellos como «recursos de poder» manejados por los principales magnates del reino. Esta tarea tiene que ver, por una parte, con aspectos como la necesidad de concretar cuáles eran las modalidades de relación de patronazgo/servicio manejadas en la época y cuáles los objetos materiales alrededor de los que giraba la formalización del vínculo que ligaba bilateralmente al señor-patrón con su «cliente». Por otra parte, afecta a la puesta en conexión de este tipo de relaciones de interdependencia con el desarrollo y su correspondiente formalización en torno a la casa señorial de estructuras de dominación señorial. Pero podemos ir más allá. Es necesario atender también a la existencia de vínculos no formalizados y a toda una serie de cuestiones relativas a las dinámicas sistémicas del ejercicio del poder señorial: valoración del interés de los agentes implicados en estas relaciones para su establecimiento y mantenimiento y, en conexión con ello, qué condicionantes podían afectar a la durabilidad de esas relaciones clientelares entre señor y dependientes; cuál era la efectividad de las mismas en cuanto al ejercicio del poder señorial tanto por lo que respecta a la sujeción de comunidades y espacios dominados como a la interacción en otras instancias de poder (urbanas, monárquicas), al acceso a ámbitos de decisión política en el reino y, en general, al incremento del poder social de los agentes participantes de estas relaciones dentro de lo que venimos observando conceptualmente como un sistema de relaciones de poder. Buena parte de nuestras pesquisas atenderán a estas cuestiones. Puesto que nuestro estudio sobre la dominación señorial parte para su comprensión de las premisas teóricas que exponíamos acerca del poder y las relaciones de poder y de la percepción sistémica de las mismas, el límite conceptual de la casa señorial, aun aceptando su valoración eoconomica, en tanto categoría estructural con un desarrollo institucional específico, parece insuficiente como para delimitar la amplitud del ámbito de relaciones de la afinidad señorial del infante Fernando y valorar el sentido de las mismas y el papel de los individuos implicados en ella. Por ello, hemos de recurrir a otras propuestas analíticas que, sobre todo, permitan desarrollar una metodología adecuada para la percepción de estas cuestiones en consonancia con la atención a la apreciación relacional y sistémica que pretendemos del objeto de estudio. En este punto, precisamente, una alternativa particularmente sugerente para estos fines parece encontrarse en las proposiciones aparejadas a los desarrollos

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de la Teoría de Análisis de Redes Sociales, que en las últimas décadas han empezado a ser integradas dentro del cuerpo teórico-metodológico considerado por la ciencia histórica, también en el ámbito del medievalismo. Los orígenes del análisis relacional nos devuelven al campo de las ciencias sociales, en concreto a los de la sociología y la antropología, en el cual, a partir de los años sesenta y setenta del siglo pasado, se irían conformando las bases teóricas del paradigma de análisis estructural de la sociedad entendida como red de relaciones. Su despliegue venía a responder a ciertos replanteamientos teóricos en el análisis social ligados, a su vez, al agotamiento de la narrativa de las características de los grupos, al avance del constructivismo y a la apreciación de las perspectivas microanalíticas centradas en el individuo y su entorno próximo como principio para la elaboración macro­ analítica del conjunto. A partir de las aportaciones sociométricas de Jacob L. Moreno, de los investigadores de Harvard sobre relaciones interpersonales y su posterior formulación mediante modelos algebraicos, y de los antropólogos británicos John Barnes, Elizabeth Bott y James C. Mitchell y de la escuela de Manchester en estas mismas líneas aplicados a las estructuras sociales en sociedades tribales y tradicionales, el análisis de redes sociales conforma hoy día un horizonte teórico en efervescencia y expansión con múltiples aplicaciones en los estudios sociológicos, antropológicos y politológicos, amén de en el ámbito de la tecnología de la información y el de la empresa, apoyado en un potente aparato metodológico matemático y estadístico y en el desarrollo de medios informáticos complejos capaces de afrontar el tratamiento de grandes volúmenes de datos.75 El inicio de la integración del análisis de redes en los estudios históricos es observable, a través del contacto con estas otras ciencias, a partir de los años noventa del siglo xx, particularmente entre historiadores modernistas y contemporaneístas entre los que se pueden destacar nombres como los de François-Xavier Guerra, Giovanni Levi, Jean-Pierre Dedieu, Zacarias Moutoukias o Claire Lemercier. La acogida entre el medievalismo de los principios del análisis relacional, más en concreto, no ha dejado de resultar moderadamente interesante, pudiendo reconocerse algunos trabajos en esta línea tan sobresalientes como los de John F. Padgett y Christopher K. Ansell sobre   Para una introducción a la Teoría de Análisis de Redes Sociales, vid. Requena Santos, Félix, «El concepto de red social», Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 48 (1989), pp. 137-152; Degenne, Alain, Forsé, Michel, Les réseaux sociaux. Une analyse structurale en sociologie, París, Armand Colin, 1994; el monográfico dedicado al «Análisis de Redes Sociales» en la revista Política y Sociedad, 33 (2000), pp. 5-206; Molina, José Luis, El análisis de redes sociales. Una introducción, Barcelona, Bellaterra, 2001; Requena Santos, Félix (coord.), Análisis de redes sociales. Orígenes, teorías y aplicaciones, Madrid, Alianza Editorial, 2003; Gómez González, Francisco Javier, Durlan, Cristina, «La perspectiva relacional en la sociología. La teoría de redes», en D. Carvajal de la Vega, J. Añíbarro Rodríguez, I. Vítores Casado (eds.), Redes sociales y económicas en el mundo bajomedieval, Valladolid, Castilla Ediciones, 2011, pp. 35-54. 75

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el entorno social de los Médici en la Florencia del siglo xv, los de Christine Carpenter y de Anne Polden sobre la gentry y la discusión acerca de los condados como marcos para comunidades políticas territoriales en la Inglaterra de los siglos xii-xiv o el proyecto desarrollado en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Toulouse en colaboración con el historiador Florent Hautefeuille en torno a las redes sociales del campesinado del Midi antes y después de la Guerra de los Cien Años.76 Por lo que se refiere a la historiografía española, aunque pueden citarse algunos apreciables ejemplos de aplicación del análisis relacional, tales como los de las tesis doctorales de M.ª Isabel Sánchez Balmaseda sobre redes clientelares en el entorno cortesano de Felipe II y de Lourdes Fernández Rodríguez sobre la organización de elite dominante del concejo de la isla de Tenerife entre finales del siglo xv y los inicios del siglo xvii,77 ha sido el modernista José M.ª Imízcoz Beunza quien ha mostrado una mayor preocupación por las posibilidades de este modelo teórico y su aplicación al análisis histórico.78 Por lo que respecta a los estudios medievales, podemos citar que ya en los años noventa aparecieron unas primeras aproximaciones sensibles hacia el estudio de las relaciones sociales, protagonizadas por Reyna Pastor y el equipo por ella coordinado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en relación con el estudio de la sociedad rural gallega en los siglos plenomedievales y la formación de «grupos intermedios» como inter76  A este respecto, con carácter más general, Imízcoz Beunza, José María, «Actores y redes sociales en Historia», en D. Carvajal de la Vega, J. Añíbarro Rodríguez, I. Vítores Casado (eds.), Redes sociales y económicas..., pp. 19-33; Martín Romera, María Ángeles, «Nuevas perspectivas para el estudio de las sociedades medievales. El análisis de redes sociales», Studia Historica. Historia Medieval, 28 (2010), pp. 217-239, en concreto pp. 219-225. Más específicamente, por lo que toca al medievalismo, ibid., pp. 229-237. 77   Sánchez Balmaseda, María Isabel, Análisis de redes sociales e Historia. Una metodología para el estudio de redes clientelares, tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1995; Fernández Rodríguez, Lourdes, La formación de la oligarquía concejil de Tenerife (1497-1629), San Cristóbal de La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 2013. 78   Algunos ejemplos ilustrativos de su trayectoria investigadora en este sentido en Imízcoz Beunza, José María, «Comunidad, red social y elites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen», en J. M.ª Imízcoz Beunza (coord.), Elites, poder y red social. Las elites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna (Estado de la cuestión y perspectiva), Bilbao, 1996, pp. 13-50; id., «Introducción. Actores sociales y redes de relación...», en J. M.ª Imízcoz Beunza (coord.), Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos xv-xix), Bilbao, 2001, pp. 19-30; id., «Actores, redes, procesos: reflexiones para una historia más global», Revista da Facultade de Letras. História, Série III, 5, (2004), pp. 115-140; id., «Las redes sociales de las elites. Conceptos, fuentes y aplicaciones», en E. Soria Mesa, J. J. Bravo Caro, J. M. Delgado Barrado (eds.), Las elites en la época moderna: La Monarquía Española, vol. 1: Nuevas perspectivas, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, pp. 77-111; id., «Redes, grupos, clases. Una perspectiva desde el análisis relacional», en S. Molina Puche, A. Irigoyen López (eds.), Territorios distantes, comportamientos similares. Familias, redes y reproducción social en la Monarquía Hispánica (siglos xiv-xix), Murcia, Universidad de Murcia, 2009, pp. 44-88.

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mediarios entre los poderes señoriales monásticos y los sujetos dominados en este mismo medio, claves en la proliferación de las relaciones de dominación feudal.79 No ha sido, en cambio, hasta la década presente en la que ha surgido entre investigadores jóvenes el afán por retomar esta línea, reforzando su formación teórica y metodológica en cuanto a la aplicación del análisis relacional y planteándolo como una propuesta viable para el conocimiento de la sociabilidad de las oligarquías urbanas o de los entornos de relaciones e intereses de financieros y mercaderes en la Castilla bajomedieval, pudiendo subrayarse en este sentido los nombres de M.ª Ángeles Martín Romera o de David Carvajal de la Vega.80 Es habitual encontrar en muchos estudios históricos la tendencia a hablar genéricamente de redes, con un uso metafórico que poco tiene que ver con la interiorización de los principios del Social Network Analysis. Algunas de las ideas clave a la hora de retener en qué consiste el análisis de redes sociales partirían, precisamente, del salto en el análisis social a partir de categorías estructurales predefinidas hacia un enfoque, como decíamos, constructivista, que se basa en el estudio de las relaciones entre los individuos, a partir del cual sería posible el reconocimiento de estructuras y de dinámicas sociales. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el paradigma del análisis relacional concibe estas redes formadas por la interacción entre individuos no de manera metafórica o como una abstracción teórica que permitiría aprehender la realidad social sino que la red social es entendida como un objeto realmente existente, fruto de tales entramados de relaciones concretas y efectiva, a través de las cuales se producen intercambios de información, de bie79   Pastor, Reyna, «Poder y familia en la sociedad foral gallega. Aproximación a su estudio, siglos xiii y xiv», en R. Pastor (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, 1990, pp. 171-201; Pascua Echegaray, Esther, «Redes personales y conflicto social. Santiago de Compostela en tiempos de Diego Gelmírez», Hispania. Revista española de Historia, 185 (1993), pp. 1069-1089; Pastor, Reyna, Pascua Echegaray, Esther, Rodríguez López, Ana, Sánchez León, Pablo, Transacciones sin mercado. Instituciones, propiedad y redes sociales en la Galicia monástica, 1200-1300, Madrid, CSIC, 1999 (trad. inglés, Leiden, Brill, 2002). Hay que señalar, no obstante, que en estos trabajos tiende a predominar el uso de la noción de red social en un sentido fundamentalmente metafórico más que desde una perspectiva de la misma como una realidad empíricamente aprehensible mediante metodologías de análisis específicas. 80   Martín Romera, M.ª A., «Nuevas perspectivas...»; Carvajal de la Vega, David, «Redes socioeconómicas y mercaderes castellanos a fines de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna», en D. Carvajal de la Vega, J. Añíbarro Rodríguez, I. Vítores Casado (eds.), Redes sociales y económicas..., pp. 79-101; Ortego Rico, Pablo, «Financieros y redes financieras en tiempos de Juan II: posibilidades de estudio del Libro de “Recepta” de 1440», en D. Carvajal de la Vega, J. Añíbarro Rodríguez, I. Vítores Casado (eds.), Redes sociales y económicas..., pp. 103-129; Martín Romera, María Ángeles, «Redes medievales: oligarquías del siglo xv y Análisis de Redes Sociales», en D. Carvajal de la Vega, J. Añíbarro Rodríguez, I. Vítores Casado (eds.), Redes sociales y económicas..., pp. 55-78; id., Las redes sociales de la oligarquía de la villa de Valladolid (1450-1520), tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2012.

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nes, de servicios y de ideas entre los agentes sociales que forman parte de ella. A partir de la consideración de cada una de estas relaciones entre individuos que configurarían una red, es gracias al tratamiento estadístico de estos datos y a la representación gráfica de los mismos mediante diferentes procedimientos —especialmente en forma de diagramas de grafos— que resulta posible visualizar determinados aspectos de estas relaciones sociales difícilmente apreciables a través de otras metodologías de análisis. Factores como las dimensiones de una supuesta red de relaciones, la existencia de subgrupos dentro de la misma, la tipología de dichas relaciones, el nivel de centralidad a la hora de comunicar relaciones que es ocupado por los individuos en la red, la densidad de la red o en qué medida todos los actores de la misma se ven conectados entre sí, su direccionalidad de las relaciones o cuál es el grado de reciprocidad de lo intercambiado en dichas relaciones entre los individuos implicados en ellas, la intensidad de las relaciones dentro de ella o el grado de incidencia que tienen estas relaciones sobre el comportamiento de un determinado actor. Índices, en fin, cuyo concurso puede resultar influyente a la hora de generar análisis globales.81 Probablemente, la necesidad de unos conocimientos técnicos concretos informáticos y estadísticos para la implementación de estos procedimientos de análisis cualitativo ayudan a entender muchas de las reservas que, desde las ciencias humanas, se pueden manifestar hacia las posibilidades del enfoque relacional. No obstante, no sería este el único factor de peso en este sentido. Así, el riesgo de interpretaciones deterministas a partir de los datos sintetizados en forma numérica, que desatiendan a la contextualización histórica del marco social en que se desarrolla una supuesta red, no puede ser dejado de lado. No obstante, esta dificultad parece soslayable mediante la aplicación de procedimientos de análisis cualitativo al estudio de los vínculos sociales dentro de una red. Esta vía resulta perfectamente implementable por sí sola, particularmente por lo que toca a la consideración de redes egocentradas, resultando en sí misma un estadio previo del posterior despliegue que tendría el análisis de redes sociales con la introducción de herramientas de análisis numérico y gráfico. Como tal, el análisis cualitativo de redes consiste en el estudio de las relaciones establecidas a partir de un determinado individuo que es considerado en posición de centralidad respecto al conjunto de la red de relaciones. Este modo de análisis, pues, se concentra en la caracterización, una a una, de relaciones bilaterales establecidas en la red en torno a los elementos que las articulan para su posterior comparación y valoración conjunta. No precisa de una metodología específica, pudiendo ponerse en práctica   Imízcoz Beunza, J. M.ª, «Actores, redes, procesos...», pp. 116-123; id., «Las redes sociales de las elites...», pp. 77-101; Gómez González, F. J., Durlan, C., «La perspectiva relacional...», pp. 45-52; Imízcoz Beunza, J. M.ª, «Actores y redes sociales...», pp. 26-33; Martín Romera, M.ª A., Las redes sociales de la oligarquía..., pp. 151-180, particularmente pp. 158-166. 81

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de forma discursiva, manejando las herramientas de análisis propias de otras disciplinas y sus recursos explicativos, y dando pie a introducir en el análisis informaciones relativas a categorías, estructuras y prácticas de tipo social y espacial, político-institucional, económico, ideológico o cultural, etc., propias del marco social y temporal en que se desenvuelve la red analizada. Aunque la percepción global de las interrelaciones entre el conjunto de los individuos en dicha red acaso sea el aspecto más difícil de concretar a través de este proceder cualitativo, es gracias a la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas que la propuesta de análisis relacional muestra una mayor flexibilidad y aptitud de cara a su introducción en el campo de la Historia.82 Así pues, a primera vista, la incorporación de presupuestos y métodos del análisis de redes sociales parece particularmente interesante para nuestros intereses de comprensión de vínculos clientelares e interdependencias señoriales. Sin embargo, es innegable el reconocimiento de ciertas limitaciones para su aplicación a nuestro objeto de estudio, si dejamos al margen el tratamiento de la información mediante procedimientos estadísticos complejos, que a través del manejo de tecnología informática siempre puede ser accesible después de un mínimo aprendizaje. Estas pueden centrarse en torno a dos puntos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con las fuentes necesarias para el desarrollo de la metodología de análisis relacional. Con el fin de lograr resultados representativos para el conocimiento de la red social seleccionada, se precisa de un alto volumen de informaciones relativas a la red de relaciones y que, además, sean más o menos uniformes en cuanto a sus características, de modo que estos datos puedan ser objeto de tratamiento estadístico riguroso. Esto se traduce en una alta disponibilidad de fuentes que, por otra parte, en mayor o menor medida, compartan una cierta unidad tanto de contenido como de estructura formal. Por desgracia, para abordar este tipo de trabajos para la época medieval en la Corona de Castilla, muy habitualmente no se puede garantizar el acceso a fuentes documentales que reúnan estas condiciones, a causa de la carencia de series de determinados tipos documentales relativamente completas. Ejemplos como los de la documentación italiana en general, la de las cortes de justicia inglesas, que han dado lugar ya a estudios aplicados de análisis de redes, o las series de protocolos notariales o de registros de la cancillería real en la Corona de Aragón no tienen parangón en Castilla, siendo relativamente escasos los ejemplos de depósitos documentales uniformes y con continuidad en el tiempo con anterioridad al final del 82   En relación a los inconvenientes que plantea la aplicación del Análisis de Redes Sociales a los estudios históricos y las alternativas para, cuando menos, minimizarlos, sobre todo en lo que se refiere a la consideración de los atributos sociales estructurantes de los individuos analizados, vid. Imízcoz Beunza, J. M.ª, «Actores, redes, procesos...», pp. 123-134; id., «Las redes sociales de las elites...», pp. 102-111; Martín Romera, M.ª A., «Nuevas perspectivas...», pp. 227-229; id., Las redes sociales de la oligarquía..., 167-178.

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siglo xv. Por ello, bien podría dudarse de disponer del tipo de fuentes precisas para afrontar un estudio de estas características con garantías. La segunda cuestión tiene que ver con el carácter estático de los resultados ofrecidos a partir de la aplicación de metodologías de análisis relacional. En efecto, el análisis de redes no ha sido inicialmente concebido desde el punto de vista de la investigación histórica ni con afán de atender a problemáticas dinámicas en el tiempo. Así, ofrece resultados e imágenes gráficas de la red tratada en un momento dado, de modo que la metodología del análisis de redes, por sí misma, no es capaz de reflejar las transformaciones y cambios de las relaciones sociales a lo largo del tiempo. Una cierta manera de superar este inconveniente puede resultar de la comparación de la red seleccionada en distintos momentos en el tiempo —ya hablemos de momentos concretos o de cortes temporales acotados entre dos fechas—, valorando a partir de las imágenes específicas las variaciones entre cada una de ellas. Sin embargo, esta opción no deja de plantear dudas. ¿Qué criterios establecen la selección de determinadas secciones temporales para la obtención de un análisis científicamente sustancioso del objeto de estudio? ¿Cuántas imágenes fijas son necesarias para una comparación coherente de la evolución de la red social? ¿Las de qué posibles momentos dentro del arco temporal resultan ilustrativas del estado de la red? ¿Se dispone de documentación equiparable, tanto por su volumen como por su tipología, en los distintos cortes seleccionados como para que la comparación de resultados entre ellos resulte procedente? Para el caso concreto en que nos movemos, por lo que respecta al estudio del entorno relacional conformado alrededor del poder señorial del infante Fernando y los suyos, aunque es cierto que manejamos un volumen notable de informaciones para la época, no consideramos que estas fuentes reúnan las características requeridas en cuanto a su concentración temporal ni a su uniformidad tipológica como para permitir afrontar una experiencia completa de tratamiento cuantitativo. De hecho, no disponemos de fondos cerrados que reúnan ningún bloque coherente de la documentación señorial generada por el infante y su entorno, por lo que hemos de desenvolvernos a partir de un conjunto de fuentes dispersas entre distintos archivos, discontinuas en el tiempo y de una gran diversidad tipológica y temática. Sí es verdad que, gracias a la existencia de algunos casos de registros seriados o de piezas documentales más o menos excepcionales por el tipo de informaciones que aportan, sí podría ser viable el ensayo de una metodología de análisis relacional cuantitativo para determinados ámbitos restringidos del entorno de poder del infante Fernando. Podría ser el caso del espacio social de los concejos de Alba de Tormes o de Paredes de Nava bajo el señorío del infante Fernando y sus herederos, que cuentan con series de documentación concejil para esta época, o también el del círculo cortesano de aquel cuando asumió el trono de la Corona de Aragón entre 1412 y 1416, gracias a los volúmenes y cartas de

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la cancillería real aragonesa. Sea como fuere, en la medida en que una observación de conjunto de la red de afinidad señorial en términos cuantitativos se antojaba poco viable, hemos preferido aparcar esta apreciación metodológica en tales contextos para futuros trabajos en los que se parta, justamente, de la reconstrucción cuantitativa y nominal de dicho entorno clientelar. Sin embargo, la integración del análisis relacional de tipo cualitativo y su desarrollo mediante una exposición fundamentalmente discursiva sí resulta posible sobre la base de las fuentes que manejamos y se muestra acorde con las proposiciones epistemológicas y heurísticas que hemos ido desgranando en estas páginas. En este sentido, nos será particularmente útil en todo nuestro estudio la combinación del enfoque relacional con el análisis prosopográfico del personal partícipe de la red de relaciones centrada en el infante Fernando. No abundaremos aquí en una exégesis de la prosopografía y su metodología, bien integradas en la ciencia histórica desde el final del siglo xix y que, en el seno del medievalismo, es considerada hoy en día como una herramienta analítica conocida y de manejo frecuente, aun con fortuna variable.83 Por lo que se refiere a su manejo para el estudio de entornos aristocrá83   Sobre los orígenes de la prosopografía, ligados a los estudios clásicos de las escuelas germánica y anglosajona y a nombres como los de Theodor Mommsen, Matthias Gelzer, Friedrich Münzer o Ronald Syme, y su integración en la práctica de los medievalistas desde los años cincuenta del siglo xx en Alemania y en los veinte años siguientes en el resto de países europeos, vid. Autrand, Françoise (ed.), Prosopographie et genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la Recherche scientifique et l’École Normale Supérieure de Jeunes Filles, Paris, 22-23 octobre 1984, París, ENSJF, 1986, con particular atención a los trabajos editados en esta obra de Christol, Michel, «Prosopographie et histoire de l’État: le cas de l’Empire romain» (pp. 19-33); Bulst, Neithard, «La recherche prosopographique récente en Allemagne (1250-1650). Essai d’un bilan» (pp. 35-52, en concreto 36-44); Griffiths, Ralph A., «Bureaucracy and the English State in the Later Middle Ages» (pp. 53-65, en particular 53-57); Mornet, Élisabeth, «Les recherches prosopographiques au Danemark: haut clergé et noblesse laïque xive–xviie siècles» (pp. 67-76, especialmente 67-69); Vale, Malcolm, «Nobility, bureaucracy and the “State” in English Gascony, 1250-1340: a prosopographical approach» (pp. 303-312, específicamente 303-305); Paravicini Bagliani, Agostino, «Prosopographie et Elites ecclésiastiques dans l’Italie médiévale (xiie-xve siècles). Réflexions et perspectives de recherche» (pp. 313-334, concretamente 313-315); y Werner, Karl Ferdinand, «L’apport de la prosopographie à l’histoire sociale des elites», en K. S. B. Keats-Rohan (ed.), Family Trees and the roots of politics (The prosopography of Britain and France from the Tenth to the Twelfth century), Woodbridge, Boydell Press, 1997, pp. 1-21, en particular 16 y ss. Para una más detallada aproximación al recorrido historiográfico de esta disciplina, de su despliegue para el estudio de las sociedades medievales —muy vinculado al menos por lo que se refiere a una de sus corrientes, al programa La genèse de l’État Moderne, del que ya hemos hablado— y, en este sentido, más concretamente para los casos hispánicos, vid. Narbona Vizcaíno, Rafael, «El método prosopográfico y el estudio de las elites de poder medievales», en El Estado en la Baja Edad Media. Nuevas aportaciones metodológicas, Zaragoza, Uni­versidad de Zaragoza, 1999, pp. 31-49; Aragón en la Edad Media. La prosopografía como método de investigación sobre la Edad Media. Sesiones de trabajo. Seminario de Historia Medieval, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2006; Keats-Rohan, Katherine. S. B. (ed.), Prosopography Approaches and Applications. A Handbook, Oxford, Linacre College,

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ticos y de sus características sociales, contamos con no pocos ejemplos ilustrativos de su puesta en juego con resultados positivos y que invitan a atender a esta metodología.84 Toda la información obtenida a partir de esta metodología prosopográfica ya sería de por sí útil a la hora de establecer pautas y delimitar subgrupos dentro del conjunto del personal integrado en la red de poder tejida en torno a los infantes y a su desenvolvimiento dentro de ella. Pero gracias a su tratamiento desde una óptica relacional estamos convencidos de que no solo es University of Oxford. Unit for Prosopographical Research, 2007; o González Zalacaín, Roberto J., «Apuntes para una ¿prosopografía? de las gentes del mar en Andalucía durante la Baja Edad Media», en J. A. Solórzano Telechea, M. Bochaca, A. Aguiar Andrade (coords.), Gentes del mar en la ciudad atlántica medieval, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2012, pp. 123-146. 84   Con ánimo de no extenderme en exceso en la citación, de forma ejemplificativa pero también panorámica respecto al análisis prosopográfico del grupo aristocrático y los entornos señoriales en la Europa medieval y más concretamente en la Corona de Castilla, además de remitir a los volúmenes coordinados por F. Autrand y K. S. B. Keats-Rohan en la nota anterior, vale la pena remitir a Genet, Jean-Philippe, Lottes, Günther (ed.), L'État Moderne et les Élites: Apports et Limites de la méthode Prosopographique. París, Publications de la Sorbonne, 1996, en particular el segundo bloque del libro, titulado «II Relations entre pouvoir central et pouvoir local», pp. 95-178; Keats-Rohan, Katherine. S. B., Domesday People. A prosopography of Persons Occurring in English Documents 1066-1166. I. Domesday Book, Woodbridge, Boydell & Brewer Ltd, 1999; Martínez Sopena, Pascual, «La prosopografía de la nobleza castellano-leonesa (siglos xi-xiii). Balance y perspectivas», en Aragón en la Edad Media. La prosopografía como método de investigación sobre la Edad Media. Sesiones de trabajo. Seminario de Historia Medieval, Zaragoza, Universidad de Zaragoza 2006, pp. 119-143; id., «La aristocracia hispánica…», en el apartado dedicado a «La prosopografía de la nobleza-castellano leonesa». Algunos otros títulos representativos de la aplicación de esta metodología para los reinos de Castilla y de León entre los siglos xi y xv pueden ser Sánchez Saus, Rafael, Caballería y linaje en la Sevilla medieval, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1989; id., Linajes sevillanos medievales, Sevilla, Guadalquivir, 1991; id., Linajes medievales de Jerez de la Frontera, Sevilla, Guadalquivir, 1996; Barton, Simon, The aristocracy in Twelfth-Century Leon and Castile, Cambridge University Press, 1997; Calleja Puerta, Miguel, El conde Suero Vermúdez, su parentela y entorno social. La aristocracia astur-leonesa en los siglos xi y xii, Oviedo, KRK Ediciones; Dacosta Martínez, A. F., Los linajes de Bizkaia...; Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique, «Prosopografía de la Orden de Calatrava en Castilla: la primera mitad del siglo xv», Meridies. Revista de Historia Medieval, 7 (2005), pp. 201-245; Calderón Medina, Inés, «Cum magnatibus regni mei». La nobleza y la monarquía leonesas durante los reinados de Fernando II y Alfonso IX (1157-1230), Madrid, CSIC, 2011; Kleine, Marina, La cancillería real castellana durante el reinado de Alfonso X (1252-1284). Actores y prácticas en la producción documental, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2015. Por lo que respecta al caso castellano-leonés, puede comprobarse que el despliegue de propuestas prosopográficas para el conocimiento del grupo aristocrático ha resultado mucho más intensivo para cronologías alto y plenomedievales que para el final de la Edad Media. Los ejemplos aquí seleccionados pueden ilustrar que el estudio de las grandes parentelas señoriales castellanas bajomedievales y de sus «afinidades» no ha sido particularmente contemplado desde este enfoque, desarrollado más bien en excepcionales casos de análisis regional, de estructuras institucionalizadas como las órdenes militares o el espacio social cortesano o, muy especialmente, para el análisis del complejo entramado social de las elites urbanas.

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posible evidenciar de un modo más claro estas cuestiones sino acceder a los procedimientos mediante los cuales se desarrollaban tales relaciones y a cómo se entrelazaban en forma de red. Sin duda, también podremos plantear de modo más equilibrado la comprensión de ciertas estructuras de organización social del poder señorial englobadas habitualmente bajo el término de casa. Aun así, yendo más allá, el manejo de estos datos personales a partir de un enfoque relacional ha de permitir la comprensión plurinuclear de dicho poder señorial a partir de la atención a las posiciones e intereses de los distintos agentes sociales en un sistema de relaciones entendido como red y a los diferentes procesos de dependencia, servicio, retribución, ayuda, solidaridad y apoyo, enfrentamiento, negociación y acuerdo sobre los que se conforma, en definitiva, la dominación señorial en la sociedad feudal. Para este estudio finalmente hemos optado, simplemente, por integrar su aplicación como hilo conductor del análisis de procesos ligados a la gestión del patrimonio señorial, las estrategias expansivas en torno al mismo y el establecimiento de relaciones entre agencias de dominación, fundamentalmente, entre los elementos partícipes del «sistema de poder» señorial y la esfera local y territorial ligada a la organización de las comunidades de habitantes sujetas a la dominación. Entendimos que podía ser adecuado para la perspectiva globalizadora con que concebimos esta investigación. No obstante, el desarrollo monográfico del estudio del entorno clientelar señorial se antoja muy necesario y se concibe como una proyección futura a desplegar a partir de los resultados que aquí obtengamos. Recapitulando, pues, consideramos que ha quedado bien definido después de esta exposición que, a la hora de abordar el estudio que aquí proponemos sobre la problemática del señorío y la sociedad feudal en la Castilla de la Baja Edad Media, la comprensión que planteamos del mismo se enmarca en un horizonte teórico no estructuralista sino fundamentalmente constructivista, centrando nuestra reflexión en la noción de poder entendido como el resultado de las posiciones de fuerza que se generan en el balance de las relaciones establecidas entre agentes sociales. A partir de la preocupación por las relaciones sociales de poder como eje sobre el que se articularía en realidad todo el complejo de dominación social que supondría el poder señorial, hemos integrado otros conceptos, tratando de armonizar su sentido epistemológico y las perspectivas heurísticas de las que participan, con el fin de facilitar la comprensión particular y global de ese poder. Ahí es donde tienen su encaje la integración de ópticas sistémicas y de análisis relacional con un valor estructurante de tipo abstracto, al concebir el ejercicio del poder señorial en forma de sistema abierto de relaciones de poder en red generado a resultas de estas interacciones sociales entre los individuos y grupos envueltos en el mismo. A estos planteamientos, surgidos de la discusión teórica entre la historia y otras ciencias sociales, fundamentalmente la sociología y la antropología, se suman otros de similar origen, como son las ideas de

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oeconomia, de «casa grande» y de clientelismo, que ayudan a conectar la abstracción del modelo de conocimiento propuesto con los comportamientos, los conceptos y los elementos estructurales que articulaban las relaciones de poder señoriales en la sociedad bajomedieval castellana y que habremos de tratar de manera pormenorizada. Al fin, el desenvolvimiento práctico del análisis de tales interacciones asimétricas se ha de manifestar en la puesta en práctica de metodologías adecuadas para ello, destacándose junto a otros procedimientos típicos de la ciencia histórica, fundamentalmente discursivos y comparativos, el análisis de redes sociales desde un punto de vista cualitativo y la pesquisa prosopográfica, aplicados a los individuos integrados en el «sistema de poder señorial» conformado en torno al liderazgo del infante Fernando de Antequera y su esposa Leonor de Alburquerque. Entonces, tras leer estas páginas precedentes podrá comprenderse en qué medida la profundización en lo que implica discurrir acerca del señorío en términos de poder y de relaciones nos ha conducido a una elaboración teórica del problema de la dominación señorial en la Corona de Castilla al final de la Edad Media que, de hecho, pone en discusión crítica el uso de nociones estructurales como las de «estado señorial» y de casa. Con el fin de precisar también en qué medida estos conceptos responden a la dinámica social de la época estudiada y cómo se fueron construyendo en la sociedad tardomedieval castellana para reflejar las transformaciones sociales, político-institucionales, económicas y mentales que en ella se estaban produciendo en torno a las relaciones de dominación señorial, hemos hecho lo posible por dotar de la mayor coherencia conceptual, teórica y metodológica posible a nuestra propuesta de aproximación a este problema histórico. Estamos convencidos de sus posibilidades a la hora de ahondar en el conocimiento de tal modelo de dominación social, de su aptitud para replantear ciertas cuestiones ya debatidas e introducirse en otras que apenas han sido esbozadas acerca del poder social de la aristocracia y de las relaciones entre señores y dominados.

3 Precisiones sobre el objeto de estudio, fuentes y la estructura expositiva

1. Fernando «el de Antequera», Leonor de Alburquerque y los «infantes de Aragón» y su señorío en Castilla: contextualización y potencialidad del objeto de estudio Resta, entonces, antes de comenzar a desgranar el desarrollo de esta investigación y sus resultados, realizar algunas puntualizaciones acerca del objeto de estudio elegido para afrontar este tema, con el fin de situarlo en su contexto espacio-temporal e historiográfico, de las fuentes de información que hemos manejado en este trabajo y del propio orden narrativo que seguirá su exposición. Algunos párrafos más arriba habíamos hecho mención a la extraordinaria influencia, sobradamente conocida, que el infante Fernando, su esposa Leonor y sus hijos, los «infantes de Aragón», alcanzaron en el devenir de los «grandes acontecimientos» que afectaron a la historia de la Corona de Castilla y, en general, de la península Ibérica y una buena parte del área mediterránea occidental de la Cristiandad en el tránsito entre el siglo xiv y el siglo xv. Él, infante real de Castilla, hijo del rey Juan I y de Leonor de Aragón, hermano de Enrique III de Castilla, ella, condesa de Alburquerque y extraordinaria heredera del conde don Sancho, hermano del rey Enrique II de Castilla, parientes reales y grandes señores de tierras y vasallos, ambos unidos en matrimonio, alcanzaron para sí y para su prole un encumbramiento extraordinario como resultado de su alto rango social, de la excepcionalidad del poder señorial que llegaron ejercer y de la tremenda y exitosa habilidad mostrada por Fernando —secundado por Leonor— en la promoción de sus intereses y los de los suyos, los de su casa, y de su propia figura y liderazgo en

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Castilla, hasta llegar al punto de adquirir el acceso al trono vacante de la vecina Corona de Aragón. La espectacular proyección de quien fue el principal señor del reino y, como corregente de Castilla durante la minoría de edad de Juan II, dominó los destinos de la Corona hasta su muerte, convirtiéndose en caudillo victorioso en la guerra contra Granada y, finalmente, en rey de Aragón y Sicilia tras la elección de Caspe de 1412, ha dado lugar a no pocas páginas revestidas de interés y de polémica. Lo mismo puede decirse respecto al complejo legado a sus vástagos de esta hegemonía tras su muerte en 1416, que como es sabido desembocaría en un complejo panorama de luchas entre facciones aristocráticas y cortesanas y de guerra civil durante el reinado pleno de Juan II hasta la derrota de los hijos de Fernando y Leonor y sus seguidores y la completa liquidación del poder señorial que aquellos habían heredado, primero en 1429-1430, definitivamente en 1444-1445, una vez fallecida la reina viuda Leonor en 1435.1 La abundante bibliografía existente sobre estas cuestiones permite decir que, en general, la trayectoria de Fernando de Antequera y sus descendientes y su impronta en la evolución política de la península Ibérica en el siglo xv es bien conocida, aunque no por ello la interpretación realizada de la figura de estos personajes se ha hallado exenta de polémicas. La memoria gloriosa en términos de virtud personal, liderazgo contra el islam en la empresa de la «recuperación de España» y buen gobierno que dejó tras de sí Fernando fue celebrada por los autores contemporáneos que fueron testigos de su trayectoria y que le sobrevivieron, como es el caso de Fernán Pérez de Guzmán en sus Generaciones y Semblanzas o de Álvar García de Santa María en su 1   Para una visión panorámica de la evolución política de las Coronas de Castilla y Aragón durante el período en que transcurrió la vida de los infantes Fernando y Leonor y sus hijos, valga citar algunos trabajos como los de Benito Ruano, Eloy, Los infantes de Aragón, Madrid, CSIC, 1952; Vicens Vives, Jaume, Juan II de Aragón, Barcelona, Teide, 1953; Boscolo, Alberto. La política italiana di Ferdinando I d’Aragona, Cagliari, 1954; Vicens Vives, Jaume, Els Trastàmares, Barcelona, Teide, 1956; Torres Fontes, Juan, «La regencia de Don Fernando de Antequera», Anuario de Estudios Medievales, 1 (1964), pp. 375-429; Menéndez Pidal, Ramón, «El Compromiso de Caspe, autodeterminación de un pueblo», en Historia de España Menéndez Pidal, tomo xv, Los Trastámara de Castilla y Aragón en el siglo xv, Madrid, Espasa Calpe,1964, pp. I-CLXIV; Soldevila i Zubiburu, Ferran, El Compromís de Casp (Resposta al Sr. Menéndez Pidal), Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1965; Mitre Fernández, E., Evolución…; Suárez Fernández, L., Nobleza y Monarquía..., pp. 71-161; Sarasa Sánchez, Esteban. Aragón en el reinado de Fernando I, 1412-1416. Zaragoza, Fernando el Católico, 1986; Ryder, Alan, Alfonso El Magnánimo, Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (13961458), Valencia, Edicions Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1992; Porras Arboledas, Pedro Andrés, Juan II. 1406-1454, Palencia, La Olmeda, 1995; Salicrú i Lluch, Roser, El sultanat de Granada i la Corona d’Aragó, 1410-1458, Barcelona, CSIC, 1998; Suárez Bilbao, Fernando, Enrique III. 1390-1406, Palencia, La Olmeda, 2000; Sesma Muñoz, José Ángel (dir. científico), La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1410-1412. El Interregno y el Compromiso de Caspe. Zaragoza y Alcañiz, 24, 25 y 26 de noviembre de 2010. Zaragoza, Gobierno de Aragón-Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2011.

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Crónica de Juan II. Sin embargo, la imagen historiográfica que se vierte de él y de sus hijos está lejos de la idealización que él mismo trató de promover en beneficio propio. Muestra de ello son los debates que a este respecto se han desarrollado, tanto para Castilla como para la Corona de Aragón. En el caso de la monarquía catalano-aragonesa, a cuentas de la legalidad del acceso al trono de Fernando en 1412 y la supuesta conexión entre el acceso de los Trastámara al trono de Aragón y la decadencia de Cataluña, de la que sería buen exponente la polémica entre Ramón Menéndez Pidal y Ferran Soldevila.2 A su vez, en el caso castellano, la discusión se centraría más bien en los dudosos beneficios de la hegemonía política en el reino de Fernando de Antequera y de su política expansiva, a modo de simiente de la amenaza nobiliaria al poder monárquico. Materializada en los hijos de Fernando, los «infantes de Aragón», y su enfrentamiento con Álvaro de Luna, y en la debilidad endémica de la autoridad real frente a los distintos sectores de la sociedad política castellana durante la mayor parte del siglo xv, en los reinados de Juan II y Enrique IV, hasta el encumbramiento de los Reyes Católicos, esta argumentación se halla ampliamente desarrollada en algunos de los más célebres trabajos de Eloy Benito Ruano y Luis Suárez Fernández.3 La influencia de estos planteamientos ha sido tal que, hasta la fecha, prácticamente no se ha procedido a una necesaria evaluación crítica de tales opiniones, de alguna manera bien integradas, consciente o inconscientemente, por gran parte del medievalismo dedicado a la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, como ya mencionamos al comienzo de estas páginas. En parte, esa carencia quedó paliada por la publicación del reciente estudio biográfico sobre Fernando «el de Antequera» a cargo de Santiago González Sánchez.4 Este trabajo denota un esfuerzo de investigación original más 2   Soldevila i Zubiburu, Ferran, Història de Catalunya, vol. 2, Barcelona, Alpha, 1962, pp. 487-648; id., El compromís de Casp..., desde una postura catalanista que defendía el fraudulento ascenso al trono de la Corona de Aragón por parte de los Trastámara y su relación con la crisis catalana en el siglo xv, profundamente influido por el trabajo de Domènech i Muntaner, Lluís, La Iniquitat de Casp i la fi del comtat d'Urgell: estudi histórico-polític, Barcelona, Llibreria Verdaguer, 1930; Menéndez Pidal, R., «El Compromiso de Caspe, autodeterminación…», 1964, pp. I-CLXIV, como máximo defensor del discurso historiográfico españolista de base castellanista, que hacía de este ascenso del infante Fernando a la corona poco menos que un prolegómeno de una unidad de España encarnada por los Reyes Católicos. De cara a una reflexión crítica sobre este debate resulta inexcusable volver sobre el artículo de Martín, José-Luis, «Fernando de Antequera y el Compromiso de Caspe ¿una incorporación a España?», Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 13 (2000), pp. 161-176. Aunque este debate se ha enriquecido en los últimos años con la producción historiográfica generada en torno a los centenarios de la muerte de Martín el Humano y el compromiso de Caspe, este breve trabajo de J.-L. Martín no deja de ser plenamente actual y clarificador, con el cual, por otro lado, coincidimos en la mayor parte de los puntos de vista sobre este tema. 3   Benito Ruano, E, Los infantes...; Suárez Fernández, L., Nobleza y Monarquía... 4   González Sánchez, Santiago, Fernando I, regente de Castilla y rey de Aragón (14071416), Gijón, Trea, 2012. Aunque la ya clásica obra de MacDonald, Inez I. Don Fernando de Antequera, Oxford, Dolphin Book, 1948, se presenta como una biografía del infante, apenas

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profundo, notable en cuanto al rastreo de multitud de referencias bibliográficas y archivísticas dispersas relacionadas con el infante Fernando y, en general, la minoría de edad del rey Juan II de Castilla. De ello resulta un intento de percepción de la trayectoria vital de aquel y de su significación política en el ámbito ibérico mucho más global, a su vez desarrollada a posteriori en otros estudios monográficos relativos a las relaciones exteriores de Castilla durante las dos primeras décadas del siglo xv o a la organización militar de las campañas granadinas de 1407 y 1410, además de un meritorio itinerario del infante castellano y rey de Aragón.5 Con todo, ello no impedía que pudieran detectarse ciertas limitaciones en tan enérgico esfuerzo por intentar abarcar la totalidad de aspectos que de un modo u otro afectaron al inicio del siglo xv en la Corona de Castilla y, de esta manera, a Fernando de Antequera y su entorno social. Así, el relato básicamente «evenemencial» trazado alrededor de Fernando que encontramos, fuertemente concentrado en la descripción de acontecimientos de tipo político, deja más de lado su entronque con dinámicas socioeconómicas de larga duración para el marco espacial y temporal en que se sitúa el personaje. En ese sentido, viene a reflejar y asumir las discusiones e imágenes construidas respecto a la «obra» de aquel en Aragón y Castilla que mencionábamos poco más arriba, sin mayores intenciones de elaboración de un discurso que entre en la reflexión a ese respecto. Además, el arco cronológico abarcado en las monografías de González Sánchez aparece poderosamente condicionado por la disponibilidad de relatos cronísticos que enmarquen la confección de su hilo argumental. Por ello, se concentran en la época que va desde la muerte de Enrique III en la Navidad de 1406 al propio fallecimiento de Fernando I en abril de 1416, sin dedicar más que breves apuntes a toda la época previa desde el nacimiento del infante en 1380, sin duda de importancia a la hora de comprender su posición dentro de la sociedad política castellana antes de que pasara a ser corregente del reino y diera un salto cualitativo en la proyección supone más que un repaso a la información aportada sobre él por la crónica de Juan II de Álvar García de Santa María. Por otro lado, procede citar aquí otro estudio biográfico aparecido en el contexto de los centenarios de la muerte de Martín I de Aragón y del compromiso de Caspe, con un sentido fundamentalmente divulgativo y polemista (Garrido i Valls, Josep-David, Ferran I, «el d’Antequera». Un rei de conveniència, Valencia, Edicions 3 i 4, 2011). 5   Las aportaciones de Jerez de la Frontera a la campaña de Antequera. Colección documental de las Actas Capitulares, ed. de S. González Sánchez, Jerez de la Frontera, [Santiago González Sánchez], 2011; González Sánchez, Santiago, Itinerario de don Fernando, regente de Castilla y rey de Aragón, 1407-1416, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013; id., Las relaciones exteriores de Castilla a comienzos del siglo xv: la minoría de Juan II (14071420), Comité Español de Ciencias Históricas, 2013; id., Los recursos militares de la monarquía castellana a comienzos del siglo xv. Las campañas granadinas del Infante D. Fernando. Setenil y Antequera (1407-1410), Madrid, Dykinson, 2016. El conjunto de estas monografías de S. González Sánchez procede de su vastísima y muy documentada tesis doctoral [id., La Corona de Castilla: vida política (1406-1420), acontecimientos, tendencias y estructuras, tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2010].

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de su poder personal y de su entorno. Tampoco la conexión entre su generación y aquella siguiente en que sus hijos se convirtieron en primeros protagonistas del tablero político peninsular a partir de 1416 merece mayor consideración, por más que sí haya sido objeto de tratamiento historiográfico en términos, fundamentalmente, descriptivos. Muy significativamente, la atención concedida a su esposa Leonor de Alburquerque en este panorama es prácticamente nula, fuera de su reconocimiento como gran heredera y engendradora de hijos, sin consideración hacia su lugar en todo el entramado de poder conformado alrededor del liderazgo de su esposo y luego recibido por sus hijos, muerto aquel pero viva y activa aún ella. Algo, por otro lado, que encaja en la escasa dedicación historiográfica que ha merecido hasta hace poco, fuera de algún apunte bastante tangencial.6 El segundo de los elementos que abunda en la sensación de desconexión entre personajes y marco y dinámicas históricas por lo que respecta al infante Fernando, su esposa y sus vástagos, tiene que ver con algo que ya mencionábamos casi al inicio de este libro. Se trata de la limitada atención prestada a los aspectos relativos a la proyección señorial de los infantes, patrimoniales, materiales y de entorno social y clientelar. Sobre ello ya llamaba la atención precisamente Emilio Mitre Fernández,7 quien en su investigación doctoral dedicó algunas páginas a este asunto, luego apenas continuadas por otros investigadores.8 Es cierto que, dentro del volumen citado de González Sánchez, se dedica un modesto número de páginas a estas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio y la casa de Fernando. No dejan de ser ciertamente apreciables, en la medida en que resultan un avance respecto al primer esbozo que Mitre elaboró acerca del señorío acumulado por el infante, recopilando informaciones de primera y segunda mano de naturaleza miscelánea. Más allá de ciertas imprecisiones, la panorámica presentada por el 6   Un ejemplo de ellos podría ser el artículo de Nieto Soria, José Manuel, «El tesoro de Doña Leonor, esposa de Fernando I de Aragón, en el monasterio de Guadalupe», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 18 (1997), pp. 39-66. 7   Mitre Fernández, Emilio, «Política exterior castellana y reestructuración nobiliaria bajo los primeros Trastámara (1369-1406)», en La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492). Volumen I. III Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval, Sevilla, 25-30 de noviembre de 1991, Sevilla, Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 1997, p. 549, nota 91. 8   Mitre Fernández, E., Evolución…, pp. 201-222. Con anterioridad, algunas primeras referencias se pueden encontrar en Suárez Fernández, L., Nobleza y Monarquía..., pp. 9-17, 90 y 101-117. Poco más se ha añadido posteriormente, aunque cabe citar algunas mínimas aportaciones en Mitre Fernández, E., «Un apunte sobre Don Fernando de Antequera y el señorío de Paredes de Nava», Cuadernos de Historia de España, Anexos. Estudios en homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años. IV (1986), pp. 277-288; Porras Arboledas, P. A., Juan II, pp. 27-83; Suárez Bilbao, F., Enrique III, pp. 213-231. Las páginas dedicadas al patrimonio y la casa de Fernando en González Sánchez, S., Fernando I..., pp. 213-233 reúnen algunas informaciones antes no bien conocidas pero, en general, subsidiarias respecto a otras investigaciones anteriores.

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autor, sin duda, permite centrar mejor la observación sobre las extraordinarias dimensiones del señorío acaparado por los infantes de Castilla y reyes de Aragón y su potencial económico, como resalta él mismo. No obstante, lejos están de suponer más que un acercamiento, tanto por el impresionismo de las noticias referidas a los patrimonios señoriales y al entorno social de los infantes como por el descriptivismo con que son abordados estos datos y la falta del tratamiento sistemático que requerirían para una puesta en relación crítica del poder señorial de los infantes Fernando y Leonor y su exitosa trayectoria político-vital, no considerada en la obra de este autor.9 A razón de todo ello, parecería justo pensar que, pese a lo mucho conocido, la comprensión del lugar ocupado por Fernando «el de Antequera», Leonor de Alburquerque y «los infantes de Aragón» en un análisis complejo de las dinámicas históricas que afectaron a la Corona de Castilla y en general a los territorios ibéricos entre la segunda mitad del siglo xiv y la primera mitad del siglo xv es una tarea historiográfica que aún requiere mayores esfuerzos. En este sentido, por nuestra parte, hemos intentado aportar nuestra propia contribución a tales cuestiones en un estudio monográfico de reciente aparición que atendiera a esa contextualización en el marco político y social de las biografías de Fernando, Leonor y sus hijos desde 1374 a 1435, fechas extremas marcadas por el nacimiento y muerte de Leonor de Alburquerque.10 De este modo, además del enriquecimiento en cuanto a datos biográficos para nuestros protagonistas con anterioridad a 1406, en este estudio pretendimos dotar de comprensión a la relación entre la posición de poder alcanzada en Castilla por Fernando, Leonor y sus hijos, los «infantes de Aragón» hasta 1429-1430 y, en último término, 1444-1445, a su vez, ligado a su proyección hacia el trono de Aragón y Sicilia desde 1412, y su pertenencia al selecto grupo de la aristocracia que conformaban los «parientes del rey», en relación con la conformación del poder monárquico y su participación en él gracias a este vínculo de pertenencia a la sangre real, en la sociedad política castellana de la Baja Edad Media. Igualmente, también en él nos ocupamos de cuestiones de tipo propagandístico y ceremonial referidas a la promoción de la imagen de Fernando «el de Antequera» como príncipe cristiano y modelo de caballero, tocado por la Providencia para el ejercicio del liderazgo político y social que persiguió a lo largo de su vida. Cuestiones como la devoción mariana, el ideal caballeresco o la misión de la guerra contra los musulmanes fueron atendidas, dando cuenta no solo de su conexión con discursos de representación del poder comunes en el Occidente bajomedieval, sino también, del directo vínculo que, en la selección de dichos temas o en el desarrollo del ceremonial para su expresión, existió entre tales motivos y las formas de expresión de la ideología legitimadora del poder del linaje real de Castilla, al que Fernando pertenecía, el cual llevaba construyéndose al menos desde el   González Sánchez, S., Fernando I..., pp. 213-232 y 239.   Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…

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siglo xiii y sin duda el infante Fernando enriqueció en su beneficio y contribuyó a su difusión en la Corona de Aragón a partir de su acceso al trono.11 Al fin, la necesaria lectura del nexo entre poder señorial y proyección social y política de los infantes Fernando y Leonor y de los suyos que requiere el ejercicio de contextualización histórica de estos personajes, presente también en dicho libro y al cual nos remitiremos siempre que sea preciso, a su vez, nos conduce, de nuevo, al verdadero nudo de nuestra presente investigación. Es decir, a la problemática social de la redefinición de la dominación señorial en Castilla en el marco de las transformaciones operadas dentro de la sociedad feudal a partir de la «crisis del siglo xiv» y la posibilidad de abordarla a partir del estudio del entramado de relaciones de poder sobre el que descansaba la proyección señorial del infante Fernando y a partir del cual se hacía efectiva su posición de poder social. Estas consideraciones y las consiguientes potencialidades de análisis temático, al fin, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de este estudio. De hecho, la estructura expositiva del mismo y el propio desarrollo de las partes en que ha sido dividido formalmente están imbuidos por el afán de no perder de vista el nexo existente entre una observación particular del objeto de estudio y su percepción contextual dentro de las dinámicas generales de análisis que pretenden abordarse. Esto es, de las distintas escalas sociales, territoriales y político-institucionales afectadas por el ejercicio del poder señorial del infante Fernando y su entorno, de la conexión entre tal poder señorial y la proyección política de aquel, su esposa e hijos en Castilla y los reinos vecinos y, en fin, la posibilidad de trascender el estudio de caso para acceder a reflexiones críticas alrededor del sentido de la dominación señorial en la Castilla bajomedieval. A partir de la aproximación y tratamiento que hemos realizado de las fuentes manejadas en esta investigación entendemos que estos objetivos son perfectamente posibles. Para un periodo general de en torno a sesenta años, enmarcado en el tiempo en que vivió Leonor de Alburquerque, entre 1374 y 1435, hemos reunido informaciones acerca de quienes fueron los señores más poderosos de su época en la Corona de Castilla. Se trata, en realidad, de noticias abundantes sobre un patrimonio señorial que se extendía, desde la frontera con Navarra en La Rioja hasta la frontera con Portugal en el sur de la actual Extremadura, por prácticamente la totalidad del territorio de la monarquía castellano-leonesa, sobre varias decenas de villas y lugares y miles de personas agrupadas en diferentes comunidades de habitantes con idiosincrasias político-institucionales, sociales, económicas y espaciales diferenciadas, pero que además llegó a comprender los maestrazgos de las órdenes militares de Santiago y de Alcántara a partir de 1409, cuando fueron promocionados a ellos dos de los hijos de Fernando y Leonor, y una enorme diver  Ibid., pp. 119-163.

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sidad de derechos y mercedes transferidos a ellos por la Corona, amén de distintas posesiones de carácter fundiario en sus dominios. Pero también esos datos nos refieren detalladamente acerca del entorno clientelar de criados, vasallos y aliados ligados al infante Fernando y los suyos formado por varios centenares de personas de todos los rangos sociales, desde la elite aristocrática del reino hasta de origen pechero económicamente humilde, desperdigados por toda la Corona y que alcanzaba desde el ámbito cortesano de la monarquía a los ámbitos territoriales de las posesiones señoriales de los infantes. Se trata, pues, de un observatorio privilegiado para los fines que perseguimos de análisis de relaciones de poder en torno a la dominación señorial, tanto desde un punto de vista más particular al caso estudiado como con el fin de proponer interpretaciones generales para la sociedad de la época. De cualquier modo, puesto que hemos hecho mención a cómo es la disponibilidad de fuentes documentales lo que en buena medida nos está posibilitando afrontar esta investigación en los términos en que venimos planteando, corresponde dedicar algunas páginas a la valoración de aquellas que hemos manejado en el curso de este trabajo para, al fin, presentar la estructura expositiva de este libro.

2. Fuentes y estructura expositiva El acceso a las fuentes aptas para el desarrollo de nuestra propuesta analítica ha obligado a un esfuerzo considerable, puesto que en ningún caso podía contarse con la existencia de un depósito archivístico uniforme que reuniese, si no la totalidad, al menos una parte sustancial de la documentación relativa a la guarda de sus derechos e intereses señoriales de Fernando, Leonor y sus vástagos sucesores en ellos en Castilla. La única opción para afrontar este trabajo fue la recopilación de informaciones procedentes de fuentes documentales y literarias heterogéneas en su tipología, desiguales en cuanto a su abundancia y dispersas entre muy distintos archivos y bibliotecas, las cuales, por alguna u otra razón, remitieran tanto a los lugares y derechos ligados a su señorío en aquellos años como a las relaciones con instancias de poder, comunidades e individuos de cualquier tipo que los infantes de Castilla y reyes de Aragón hubieran establecido. Los índices de colecciones documentales y referencias bibliográficas dan buena cuenta de las fuentes editadas que hemos podido consultar de forma exitosa en relación a dichas problemáticas de relaciones de dominación señorial. Mientras, por lo que respecta a la localización de documentación inédita, los resultados han de ser considerados, pese a su desigualdad, muy positivos, teniendo en cuenta las dificultades de partida con que nos encontrábamos, como para abordar un objeto de estudio como el nuestro en una cronología tan complicada en cuanto a la preservación de fuentes documentales relativas al poder señorial de la

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aristocracia castellana, anterior a las décadas centrales del siglo xv. En ese sentido, junto a los archivos estatales relativos a las monarquías de Castilla, Aragón y Navarra —Archivo General de Simancas, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo General de Navarra—, especialmente valiosa ha sido la información reunida en diferentes fondos nobiliarios —destacadamente aquellos procedentes del Archivo Histórico de la Nobleza y de los archivos de la Casa Ducal de Alburquerque, de la Casa Ducal de Medinaceli y de la Casa Ducal de Alba— y en un buen número de archivos municipales —prioritariamente, los de Alba de Tormes, Cuéllar, Ledesma, Paredes de Nava y Villalón de Campos, ricos en registros concejiles en forma de libros de actas y de cuadernos contables, y, en menor grado, los de Belorado, Cerezo de Río Tirón, Haro, Mayorga y Peñafiel—, amén de en distintas secciones del Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en Madrid, o los Archives Départamentales des Pyrénées Atlantiques en Pau (Francia). En este sentido, pues, más allá de las dificultades de compilación y tratamiento de la información, un panorama de especial abundancia de noticias documentales —hablamos de no menos de 2200 documentos de naturaleza muy heterogénea, número extraordinariamente alto para el período aquí estudiado—, cronísticas e historiográficas hacía especialmente atractivo nuestro objeto de estudio para afrontar los objetivos que nos habíamos impuesto. Teniendo estas impresiones en cuenta, del modo en que planteamos más arriba, podremos focalizar nuestra atención en el estudio del patrimonio señorial acumulado y gestionado por Fernando, su esposa y los suyos, tanto por lo que se refiere al señorío sobre comunidades humanas y los espacios por ellas organizados como a la posesión de bienes dominicales. Más allá de su descripción, lo que interesa analizar a partir de ello, en tanto base material englobada dentro de la organización oeconomica de «casa grande» aristocrática, es justamente las distintas relaciones de poder que daban lugar al ejercicio social y espacial de la dominación señorial en términos sistémicos. Con tal objeto, en los siguientes capítulos podrán apreciarse dos problemáticas más o menos bien definidas que también hemos apuntado. Por un lado, una primera que afecta a las cuestiones relativas a la construcción y el ejercicio del poder señorial. Esto es, su definición conceptual, su despliegue práctico sobre territorios y comunidades humanas y la comprensión del desenvolvimiento de esta situación de poder como fruto de la interacción, conflictiva o armónica, con otros agentes sociales y organizaciones. En ella, el factor espacial cobra una notable importancia, en la medida en que la adscripción al espacio y el dominio sobre el mismo vehiculaban de forma prioritaria el sistema de relaciones a partir del cual se concebía, se llevaba a efecto y se representaba el poder señorial —respecto a la Corona, a otros señores y «poderes» organizados o a los sujetos dominados— en la

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Castilla bajomedieval en general y en el caso de los infantes Fernando y Leonor ya en particular. Por el otro lado, un aspecto más en que estos mismos problemas de ejercicio y manifestación del poder señorial son atendidos a partir de la toma en consideración de, acaso, la otra principal manifestación material de la dominación señorial junto con su proyección en el territorio: los recursos económicos obtenidos mediante diferentes procedimientos exactivos y que constituían la renta señorial. Entonces, a la hora de proceder al análisis sistémico de las relaciones de poder operadas en torno a los patrimonios señoriales de los infantes Fernando y Leonor y luego de sus herederos, en términos expositivos puede resultar útil tener en cuenta su agrupación sintética en tres capítulos. Estos bloques se conforman de acuerdo con las descripciones que de dichos patrimonios señoriales, entendidos como recursos acaparados por la aristocracia bajomedieval castellana, han podido establecer los historiadores que han atendido al régimen señorial en esta época. Me refiero, así, en primer lugar, al señorío ejercido sobre distintas comunidades humanas y sobre los territorios por ellas ocupados, polarizado en torno a la detentación de la jurisdicción. En segundo lugar, al conjunto de tierras, edificios y otro tipo de infraestructuras y bienes fundiarios cuyos derechos sobre su posesión y sobre el fruto de su explotación eran ostentados por los señores. En tercer lugar, a toda una serie de recursos económicos captados mediante la participación en diferentes capítulos de renta centralizada fundamentalmente por instituciones eclesiásticas pero sobre todo por la monarquía,12 En relación a esto último, el acceso a capítulos de renta derivada por la Corona a los señores aristocráticos nos colocará frente a la problemática de la hacienda señorial y los procedimientos exactivos practicados por la aristocracia para la obtención de recursos económicos a todas luces necesarios para el sostenimiento de su primacía social. A la par, la orientación del gasto de la aristocracia señorial también será valorada como factor necesario para la comprensión de las relaciones con las comunidades dominadas, que luego se desarrolla igualmente al considerar la proyección del poder señorial sobre la instancia política concejil. Finalmente, en un último capítulo corresponderá analizar la penetración desarrollada por los señores en las comunidades dominadas de cara al ejercicio efectivo del poder señorial sobre ellas. Ya en los apartados previos po12   Podemos remitirnos para ello a los trabajos ya citados de Monsalvo Antón, J. M.ª, «Poder político y aparatos de estado...», p. 141; Beceiro Pita, I., «Los estados señoriales...»; Ladero Quesada, M. Á., «La consolidación de la nobleza...», pp. 26-28; Quintanilla Raso, M.ª C., «La renovación nobiliaria...», pp. 284-288; id., «El estado señorial...», pp. 255-261. En ellos, esta división se puede reconocer de manera implícita. No obstante, merece la pena atender también a los de Moxó y Ortiz de Villajos, Salvador de, «La desmembración del dominio en el señorío medieval. Estudio sobre documentación de Aguilar de Campoo», Anuario de Historia del Derecho Español, 50 (1980), pp. 909-940; y especialmente al de Quintanilla Raso, M.ª C., «Haciendas señoriales nobiliarias…», pp. 777-778, en el cual esta clasificación se manifiesta de manera mucho más explícita.

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drán desgranarse muchos de los aspectos relativos al papel de las múltiples relaciones interpersonales, clientelares y de patronazgo desplegadas por Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y sus herederos para la puesta en práctica de la enunciación y ejecución de los derechos señoriales por ellos ostentados y arrogados sobre dichas comunidades locales. En ese último bloque habrá lugar para seguir desarrollando tal cuestión, precisamente al tratar en él de las formas de intervención y control desplegadas por los señores sobre los aparatos de participación política y gobierno de las villas y sus tierras dominadas por los infantes. Es decir, muy fundamentalmente, de las fórmulas y actuaciones aplicadas para la vigilancia y sometimiento a los intereses señoriales de los concejos, en tanto instituciones que canalizaban los procesos de participación y decisión en la organización interna de las comunidades de habitantes sujetas al señorío de las casas aristocráticas. Este análisis aquí desglosado, en cualquier caso, se atenderá desde una doble percepción del poder señorial. Por una parte, la de la territorialización de dicho poder, en este caso el ejercido por los infantes Fernando y Leonor, en el cual concurren las interacciones, de competencia, enfrentamiento y colaboración, con las instancias de poder de la Corona, con otros poderes señoriales y con agentes sociales sujetos a la dominación. Por otra parte, en consonancia con tal atención a esas interacciones sociales, la de la multiplicación e intensificación de los vínculos de dependencia clientelar entre los señores y sus criados, vasallos y «clientes» como eje para el ejercicio, perpetuación y transmisión de la posición de poder adquirida por los infantes y los suyos y, en general, por la aristocracia de la época en la Corona de Castilla. Como comprobaremos, el horizonte de la «casa grande» aristocrática y sus ramificaciones se nos presenta como el marco de agregación de patrimonios y recursos, materiales y simbólicos, de individuos y colectivos. A partir de las relaciones desarrolladas en ella se explica en gran medida el poder señorial y la propia proyección de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y los suyos entre las décadas finales del siglo xiv y, someramente, 1429-1430, aunque los últimos ecos de ellos alcanzaron hasta 1444-1445. Escenificados dichos vínculos a lo largo de todo el estudio, permiten ilustrar muy gráficamente las dinámicas de patronazgo, servicio, gratificación, redistribución y reactualización de relaciones imperante en la sociabilidad de la casa aristocrática bajomedieval. Sin embargo, en la medida en que hemos optado por una comprensión de la dinámica social en torno al señorío y su territorialización en la Baja Edad Media basada en la noción de poder desde una perspectiva relacional y constructivista, cualquier aproximación a ella requiere unas pertinentes precisiones en lo tocante a su formulación conceptual en esta época. Esta suerte de clasificación del patrimonio señorial que hemos citado resulta insuficiente a la hora de contextualizar la idea de lo que se ha venido a denominar como señorío jurisdiccional, en tanto forma característica de definición de la auto-

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ridad señorial en la Castilla bajomedieval y su decantación en tal sentido a lo largo del tiempo. Además, tampoco escapa a nadie que, sin mayores especificaciones, puede prestarse a confusión por lo que toca al menos a dos aspectos. Por una parte, la interpretación del sentido de otros derechos señoriales no necesariamente aparejados al ejercicio de la jurisdicción y su despliegue en la puesta en práctica de la dominación feudal en el ámbito espacial y temporal que nos ocupa. Por otra parte, la discutible consideración de la posesión ejercida sobre bienes raíces y semovientes rústicos y urbanos en términos equiparables a los de propiedad capitalista. Es preciso que, previamente a todo lo expuesto, para una adecuada comprensión de las relaciones de poder establecidas en torno al patrimonio señorial del infante Fernando de Antequera y los suyos, fijemos estos aspectos que tienen que ver con la comprensión teórica y la enunciación del poder ejercido en términos de señorío en la Corona de Castilla entre los siglos xiii y xv. Por tanto, que comencemos realizando un recorrido por la interpretación historiográfica que se ha hecho de las nociones y principios ideológicos que vehicularon tal definición y que, globalmente, han permitido formularlo como señorío jurisdiccional. Que procedamos, en fin, a una relectura de ellos, relacionándola con las formas de expresión y ejercicio efectivo del señorío que fueron desarrollándose desde el siglo xiii hasta los inicios del siglo xv. A partir de este esfuerzo estaremos en mejores condiciones para entender qué comprendía la autoridad señorial en Castilla para la época que estamos analizando en este trabajo, cómo se había ido configurando a lo largo del período antes señalado y cómo afectó a las relaciones de dominación establecidas entre los agentes sociales implicados en ellas y a las distintas instancias de poder en que estos operaron. En fin, a poder establecer, a partir del análisis de la proyección señorial del infante Fernando de Antequera, su esposa Leonor de Alburquerque y su casa, algunas reflexiones finales para una comprensión más global, atenta a enfoques sistémicos y relacionales, de la problemática de la dominación señorial en la sociedad feudal castellana del final de la Edad Media. No es seguro que, llegados a este punto, las certezas sobre este problema historiográfico prevalezcan frente a las dudas o las nuevas preguntas que al respecto puedan formularse. No obstante, en ese caso, si somos capaces de contribuir con algunas hipótesis y con la necesidad de seguir discutiendo e investigando acerca de cuestiones sobre las que siguen proyectándose muchas sombras, el objetivo de esta investigación se habrá cumplido.

El «sistema de poder» señorial. Jurisdicción, espacios, rentas y relaciones

1 Jurisdicción y derechos señoriales: construyendo la autoridad señorial en la Castilla bajomedieval (siglos xiii-xv)

Tal y como iremos viendo más adelante, la parte más significativa del patrimonio señorial reunido por el infante Fernando y por su esposa Leonor a lo largo de sus vidas estuvo constituida por diferentes unidades de organización espacial, fundamentalmente por villas con territorios en los que se encontraban diversos núcleos de poblamiento adscritos a estos centros urbanos pero también por tierras no articuladas en torno a un lugar de carácter urbano o por sencillos lugares de condición aldeana.1 El elemento que ha vehiculado la comprensión historiográfica del ejercicio del poder señorial sobre estos espacios y sobre las comunidades humanas que los poblaban en la Corona de Castilla desde el final del siglo xiv no ha sido otro que la noción de «señorío jurisdiccional». Basado en la ostentación de la autoridad para el ejercicio de la justicia, transferida mediante su donación por el monarca, esta forma de ejercicio del señorío generalizada en época de los reyes Trastámara, el «señorío jurisdiccional» se nos muestra como la forma más acabada del señorío en la sociedad feudal. Esto era así en la medida en que integraba en manos del señor dominación sobre la tierra, sus recursos y las personas ligadas a ella y capacidad de mando y gobierno sobre todo ese conjunto, amalgamando atribuciones que muchos autores que los han analizado han tratado de distinguir por su naturaleza privada o pública pero que en cualquier caso to1   Sobre las categorías de organización social del espacio en el ámbito hispánico medieval, vid. García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, J. A., «Organización social del espacio: propuestas…», pp. 210-235; y en general los trabajos de este autor referidos en la introducción.

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caban a aspectos de administración, gobierno, justicia, exacción de tributos, mando militar, actividad económica y relaciones de fidelidad personal.2 Estas ideas respecto al «señorío jurisdiccional», como ya planteamos, se hallan bien asentadas en el discurso historiográfico de la Castilla bajomedieval. En cualquier caso, resulta necesario establecer una serie de precisiones que nos ayuden a comprender mejor el papel del elemento jurisdiccional en la configuración del poder señorial en la Castilla del final de la Edad Media y cómo, de hecho, la jurisdicción adquirió ese papel primordial en la definición de tal poder señorial. En este sentido, las aportaciones de Carlos Estepa sobre la progresiva configuración de las distintas categorías del señorío castellano —«propiedad dominical», «dominio señorial» y «señorío jurisdiccional»— entre los siglos x-xi y xiv-xv han sido cruciales a la hora de ofrecernos una perspectiva diacrónica para la comprensión del hecho señorial.3 Volveremos ahora mismo sobre ello pero, dentro de ese correlato en el que hallaríamos el surgimiento del «señorío jurisdiccional», es interesante atender a que, como ya apuntara Salvador de Moxó, las evidencias de donaciones regias de la jurisdicción sobre villas y lugares a sus señores pueden documentarse ya desde la segunda mitad del siglo xiii y la primera mitad del siglo xiv, siendo sus principales beneficiarios los parientes reales y los grandes magnates del reino.4 En segundo lugar, conviene atender al enunciado de los documentos de donación del señorío sobre diferentes villas y lugares de la época de los primeros Trastámara para comprender mejor la definición que de tal señorío se estaba manejando ya en un momento en que hemos entendido historiográficamente que el «señorío jurisdiccional» se hallaba plenamente asentado. Para estos fines, pueden sernos perfectamente útiles aquellos otorgados al infante Fernando en 1404 por Enrique III sancionando los derechos señoria2   Reflexiones en este sentido en Moxó y Ortiz de Villajos, S. de, «Los señoríos: en torno a una problemática…», pp. 205-218, 230-234; id., «Los señoríos: cuestiones metodológicas…»; pp. 279-300; Iradiel Murugarren, P., «Señoríos jurisdiccionales...», pp. 74-84; Quintanilla Raso, M.ª C., «El estado señorial...», pp. 251-261. 3   La influencia en esta línea de los trabajos de B. Clavero, que fueron capaces de apuntar la limitada operatividad de una clasificación exclusivamente jurídica de las categorías señoriales como la planteada por Moxó, ha sido muy importante [vid. Clavero, Bartolomé, «Se­ ñorío y hacienda a finales del Antiguo Régimen en Castilla. A propósito de recientes pu­ blicaciones», Moneda y crédito, 135 (1975), pp. 111-128; id., Mayorazgo…, pp. 4-5]. Sus implicaciones, además, para el establecimiento de clasificaciones de las rentas y derechos señoriales son profundas, si bien su integración por parte de los investigadores en la materia acaso haya sido menor de lo que se podría prever. 4   Moxó y Ortiz de Villajos, S. de, «Los señoríos: en torno a una problemática…», pp. 200-205. Isabel Beceiro y Carlos Estepa también apuntan este hecho, profundizando en su verificación documental y en su análisis para incidir en las raíces de la señorialización bajomedieval en Castilla [Beceiro Pita, Isabel, «Los dominios de la familia real castellana (1250-1350)», en Génesis medieval del Estado Moderno: Castilla y Navarra (1250-1370), Valladolid, Ámbito Ediciones, 1987, pp. 79-106; Estepa Díez, C., «La Monarquía castellana...», pp. 87-92].

Jurisdicción y derechos señoriales: construyendo…

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les por él ostentados de acuerdo con la dotación que su padre Juan I había señalado para él en las Cortes de Guadalajara de 1390, con particular atención a los que se referían a su señorío sobre las villas de Mayorga, Peñafiel, Cuéllar, Medina del Campo, Olmedo y Paredes de Nava.5 En tales privilegios son, en efecto, enunciados todos los distintos derechos y posesiones que implicaba el dominio sobre estos lugares. La consideración de este listado de derechos no es cosa menor, al tipificar el conjunto de bienes y facultades integrados en el ejercicio del señorío, si bien sobresaldría entre ellos, junto con el reconocimiento de las regalías que la Corona se reservaba para sí, la entrega de «la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio» como elemento más característico de ese señorío.6 Sin embargo, la lectura atenta de los documentos nos permite observar que las referencias a «… el mero e misto imperio e iustiçia, e iurisdiçión çiul e criminal, alta e baxa…», con toda su importancia, no aparecen nunca en primer lugar dentro de las fórmulas de donación e incluso son citadas con posterioridad a haber hecho mención a la donación de otros bienes y derechos como la propia villa, su fortaleza, sus aldeas y sus tierras y términos e incluso sus habitantes.7 Por lo que hemos podido comprobar, no se trata de una característica propia de esta serie de privilegios, expedidos al tiempo el 12 de octubre de 1404 por la cancillería real, sino que, al compararlos con otras cartas de donación contemporáneas, se aprecia que la fórmula es la misma, con la jurisdicción nombrada solo antes de enumerar rentas y otros derechos o incluso como último elemento citado.8   AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 23, 24, 26, 97, 98, 99.   Moxó y Ortiz de Villajos, S. de, «Los señoríos: en torno a una problemática…», pp. 205-2018; Quintanilla Raso, M.ª C., «El estado señorial...», pp. 265-269. 7   Puede sernos ilustrativo el privilegio referido a Mayorga, si bien el formulario es similar para todos los demás. «[…] E por mayor auondamiento, uos fago nueuamente merçet dela dicha villa de Mayorga con su alcáçar e castillo e fortaleça e arrauales, e con todas sus aldeas, e tierras, e términos, e montes, e pastos, e aguas corrientes e estantes, e con el mero e misto imperio e iustiçia, e iurisdiçión çiul e criminal, alta e baxa; e con todos los fueros, e tributos, e rentas, e pechos e derechos, e vasallos christianos e iudíos e moros de qualquier estado e condiçión que sean que agora moran en la dicha villa e sus arrauales, e tierras, e términos e aldeas, e moraren de aquí adelante; e con qualesquier heredamientos, e rentas e apartadas a la dicha villa e sennorío pretenesçientes en qualquier manera, saluo que retengo para mí alcaualas, e monedas, e terçias, e mineras de oro, e de plata e de todo otro metal e las otras cosas que pertenesçen al mi sennorío real soberano […].» AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 23. En el documento referido a Paredes de Nava, la única variación existente toca a que la referencia a la jurisdicción se cita incluso por detrás de la donación de vasallos de cualquier condición y solo por delante de sus rentas, tributos, fueros, pechos y derechos (AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 99). 8   Así ocurría también en la donación de Baños de Río Toba a Diego López de Stúñiga en 1393 (AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 83) o de Arjona a Ruy López Dávalos en 1394 (AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª, leg. 9, n.º 35), donde la jurisdicción solo se cita en último lugar; o en las 5 6

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No creemos que el modo de enunciación de los derechos aparejados al señorío sea una cuestión exclusivamente formularia. La redacción en estos términos sin duda servía para que, tanto por parte de la Corona como de los receptores de la donación, y de cara a los sujetos dominados o a cualquier otro agente social implicado por este traspaso de las atribuciones señoriales, no hubiese lugar a duda de los derechos que se traspasaban y su alcance último. La referencia expresa a los mismos daba efecto y sancionaba la dominación señorial y, aun cuando la jurisdicción quedaba bien individualizada entre el conjunto de posesiones y derechos anejos al señorío, parece que su valoración discursiva estaba a la par del dominio de la tierra, de los seres humanos y de cada una de las facultades específicas de ejercicio del poder sobre la una y los otros dentro de ese espacio señorializado. En vista de todo esto, el recorrido en cuanto a la conformación del «señorío jurisdiccional» en Castilla y de su enunciación se antoja más sinuoso de lo que, de entrada, podría parecer. Ha de entenderse como un proceso de construcción del mismo de larga duración, no limitado a la época de los monarcas Trastámara, Así, de entrada lo que sí se nos muestra evidente es que este hundía sus raíces en el siglo xiii y que la primacía de los derechos de jurisdicción sobre el resto hubo de ser el resultado de una decantación muy progresiva. Una evolución hacia la superioridad de la jurisdicción como clave de bóveda de la autoridad señorial que, por otra parte, podría estar produciéndose a la par de una consideración efectiva de otros derechos y prerrogativas señoriales como elementos constitutivos del señorío de plena relevancia. Dicho todo esto, si de lo que se trata es de entender algo mejor en qué consistió tal proceso de desarrollo del elemento jurisdiccional en el ejercicio del poder señorial en Castilla, insistimos en que es inexcusable recurrir a los estudios y reflexiones de Carlos Estepa respecto a las categorías señoriales y la definición de la dominación señorial en la sociedad castellana medieval en torno a las tres por él enunciadas: «propiedad dominical», «dominio señodonaciones del infante Fernando al mariscal García González de Herrera en 1404, donde la referencia a la jurisdicción aparece solo antes de los pechos y derechos (AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 30). Situación similar a esta última encontramos en el trueque entre Sancho de Rojas y la reina Leonor de Alburquerque en julio de 1415 de la villa de Mondéjar por la de Saldaña, cuando la donación de la jurisdicción para ambas villas se encuentra tras enumerarse la entrega del lugar, su tierra, sus términos y vasallos y antes de enumerar derechos y posesiones particulares en cada una de ellas (BRAH, Salazar y Castro, M-25, ff. 207 v.-214 r.). Como ejemplo de la cita en último lugar de la jurisdicción: «[…] la nuestra villa de Graiar situada en el regno de Castilla en tierra de León con todas sus aldeas e alfozes e con todos sus términos e vassallos e ríos e pastos e defezas e aguas corrientes e estantes e con todas sus pertenençias e con todos los derechos e calupnias e fueros e con la iurisdiçión ciuil e criminal, alta e baxa e mero e mixto imperio e con todas las otras cosas que por razón del sennorío de la dicha villa a nos o a qualquier de nos pertenesçen e pertenesçer deuen […]». ACDAlburq, Grajal, C.ª 193, leg. 1, n.º 4. Donación de Grajal por los reyes de Aragón Fernando I y Leonor a Fernán Gutiérrez de Vega. Barcelona, 5 de enero de 1413.

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rial» y «señorío jurisdiccional».9 Aunque en sus desarrollos este autor atendía al bagaje historiográfico derivado de la escuela institucionalista, el valor de sus formulaciones radica especialmente en una menor atención a las definiciones jurídicas del señorío que a las dinámicas sociales de apropiación y ejercicio del poder por parte de los señores y de la transformación de las condiciones de dependencia de los individuos y comunidades dominadas, fundamentalmente campesinas, a partir de la incorporación de herramientas conceptuales propias del materialismo histórico.10 Las tres categorías en cuestión se refieren a formas de ejercicio de la dominación señorial diferenciadas, basadas cada una de ellas en situaciones distinguibles de apropiación incrementativa de derechos sobre tierras y poblaciones sujetas a dicha dominación. Así, por un lado, la «propiedad dominical» remite al poder ejercido a partir de la posesión de tierras y el establecimiento de relaciones de dependencia personal hacia sus señores para los campesinos que las ocupaban y explotaban. Por el otro, el «dominio señorial» implicaba un ejercicio del poder, con una consiguiente percepción de rentas, basado en derechos más amplios sobre una unidad de organización espacial —valle, aldea, alfoz, tierra, villa— y sobre sus pobladores, no ligado al disfrute de la «propiedad dominical» por parte del señor en aquellos lugares dominados. Finalmente, el «señorío jurisdiccional» surgiría como desarrollo del «dominio señorial», al intensificarse el ejercicio del poder sobre las comunidades dominadas y sobre los espacios articulados por ellas en la medida que esta forma de dominación señorial se dotaba de una formulación jurídico-institucional más compleja y de procedimientos de extracción de renta nuevos y más sofisticados. Dentro de esa definición jurídica hallaríamos la integración de la jurisdicción, si bien nuestro autor solo se refiere a ello indirectamente y ha sido siempre muy expresivo al señalar que el elemento diferencial del «señorío jurisdiccional» no es el ejercicio práctico de la justicia sino el grado de poder diferenciado y superior que implica la autoridad jurisdiccional en cuanto a mando sobre el territorio y sus pobladores y capacidad exactiva.11  9   Estepa Díez, C., «Formación y consolidación del feudalismo»; id., «El realengo y el señorío jurisdiccional concejil en Castilla y León (siglos xii-xv)», en Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, Madrid, Fundación SánchezAlbornoz, 1990, pp. 465-506. 10   Para una valoración de las mismas, vid. Álvarez Borge, I., «Señorío y feudalismo en Castilla…», pp. 110-127 y, más en concreto, pp. 119-122. El mismo Estepa, recientemente, establecía un balance sobre el recorrido de sus propuestas, reformulándolas con mayor precisión a la luz de sus propios trabajos en esta línea y de su incorporación a las investigaciones de otros medievalistas a lo largo de dos décadas [Estepa Díez, Carlos, «En torno a propiedad dominical, dominio señorial y señorío jurisdiccional», en Á. Barrios García, G. del Ser Quijano, I. Martín Viso (eds.), Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media. Estudios dedicados a Ángel Barrios, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007, pp. 67-76]. 11   Estepa Díez, C., «El realengo y el señorío jurisdiccional…», pp. 494-505 y, más en concreto, pp. 494-498. Aunque Estepa se refiere al «señorío jurisdiccional concejil», estas

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Estos tres estadios de, en definitiva, ejercicio del poder señorial en la sociedad feudal, por otro lado, compondrían una secuencia lógica pero no han de ser vistos como una serie evolutiva de tipo cronológico, en el que cada forma de dominación sucedería a la anterior. Aunque sí es cierto que el «señorío jurisdiccional» solo podría darse como resultado de la complejización del «dominio señorial» entre los siglos xiii y xv, este es independiente de la existencia o no de «propiedad dominical», pudiendo incluso darse con anterioridad en el tiempo a que esta última se constituyera.12 En cualquier caso y, como resultado de este razonamiento, las formas de «propiedad dominical» podrían seguir dándose en la Baja Edad Media en paralelo a que el «señorío jurisdiccional» hubiera tendido a hacerse predominante como categoría de dominación señorial y a que, aun así, siguieran dándose situaciones de «dominio señorial», entre otras, la behetría.13 Con todo, las apreciaciones de Estepa sí nos permiten situarnos en una perspectiva de larga duración en lo relativo a la articulación de la dominación señorial en torno al facto de la jurisdicción. En él, habremos de tener en cuenta las distintas fases de incorporación de derechos e incremento de atribuciones para el ejercicio del mando y la detracción de renta pero también la propia tendencia a la acumulación de potestades y prácticas. No podemos, al fin, olvidarnos de que, en todo caso, todo este proceso de decantación del poder señorial hacia la jurisdicción contó con un factor referencial inexcusable. Me refiero a la formación del «señorío del rey». Es decir, del «señorío jurisdiccional» del rey surgido a partir del incremento progresivo del poder señorial del monarca sobre sus propios dominios y, a la postre, sobre el conjunto del reino. A partir de la clave de comprender el poder real en la sociedad feudal como de naturaleza eminentemente señorial, sobre todo en los siglos centrales de la Edad Media, de nuevo nos situaríamos ante un proceso incrementativo de las formas y enunciaciones de ejercicio del poder, en este caso real, que se producía en paralelo al del desarrollo del «dominio señorial» de la aristocracia y de las instituciones eclesiásticas pero en el cual se hallarían las bases para la configuración más primordial del condiciones básicas de ejercicio de poder señorial serían las que también la aristocracia pudo incorporar progresivamente, toda vez que los concejos de villas y ciudades hubieron de ser, según Estepa, los primeros en beneficiarse de este «señorío jurisdiccional», constituido a partir de la matriz del «señorío jurisdiccional» del rey o «señorío del rey». 12   Estepa Díez, Carlos, «Notas sobre el feudalismo castellano en el marco historiográfico general», pp. 77-105, en E. Sarasa, E. Serrano (eds.), Estudios sobre señorío y feudalismo. Homenaje a Julio Valdeón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, en concreto, 87-94. 13   Para una ejemplificación de ello a partir de las informaciones obtenidas del Libro Becerro de las Behetrías, Estepa Díez, C., «En torno a propiedad dominical…», pp. 70-74. Volveremos más adelante sobre la «propiedad dominical» o, más particularmente, sobre el concepto en el que se basó la elaboración de esta noción, el de «dominio eminente» manejado por Bartolomé Clavero, para estudiar los bienes no ligados al ejercicio de jurisdicción dentro del patrimonio señorial de los infantes.

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«señorío jurisdiccional», que originalmente no sería otro que el «señorío del rey».14 La configuración de ese poder señorial del rey no es ni mucho menos un proceso exclusivo de León y Castilla, pero es cierto que los siglos xiii y xiv aparecen como el momento de particular incidencia del mismo en estos territorios. No obstante, sus orígenes pueden rastrearse ya de manera intensa en la segunda mitad del siglo xii, tal y como ocurre también en otros puntos del Occidente medieval.15 En relación con ese fenómeno de intensificación del poder del rey podemos situar dinámicas diversas e interconectadas entre sí que son de especial relevancia para el asunto que nos interesa. De una parte, las de expansión de la organización urbana y territorial de los concejos de villas y ciudades y de su señorío colectivo.16 De la otra, la articulación espacial del «señorío del rey» en el reino a través de estos concejos de villa y tierra pero también de otras estructuras de carácter territorial como los alfoces, merindades y adelantamientos.17 Además, el surgimiento de las primeras   Estepa Díez, C., «Formación y consolidación del feudalismo»; Álvarez Borge, I., Poder y relaciones sociales… 15   Las investigaciones de los últimos años han hecho hincapié en ello, poniendo de relieve el significado en este sentido del reinado de Alfonso VIII en Castilla y de Fernando II y Alfonso IX en León. Véanse como referencia algunos volúmenes colectivos que se han ocupado de estos asuntos, por más que su motivo contextual haya sido la conmemoración de la batalla de las Navas de Tolosa, 1212-1214: el trienio que hizo Europa. XXXVII Semana de Estudios Medievales. Estella, 19-23 julio 2010, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011; López Ojeda, Esther (ed.), 1212, un año, un reinado, un tiempo de despegue. XXIII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 30 de julio al 3 de agosto de 2012, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2013; Estepa Díez, Carlos, Carmona Ruiz, María Antonia (eds.), La Península Ibérica en tiempos de las Navas de Tolosa, Madrid, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2014, en particular pp. 169-334. Huelga, no obstante, hacer referencia, como trabajo de referencia, al denso artículo de García de Cortázar, José Ángel, «El reinado de Alfonso VIII en el proceso de configuración constitucional de Castilla», en J. Baró Pazos, M. Serna Vallejo (eds.), El fuero de Laredo en el octavo centenario de su concesión, Universidad de Cantabria, 2001, pp. 127-150. 16   En otros títulos a considerar, vid. Martínez Sopena, P., La tierra de Campos occidental…; id., «Repoblaciones interiores: villas nuevas de los siglos xii y xiii», en Despoblación y colonización del valle del Duero: siglos viii-xx, León, Fundación Sánchez-Albornoz, 1995, pp. 161-188; Monsalvo Antón, José María, «De los alfoces regios al realengo concejil en el reino de León (1157-1230). La territorialidad de las ciudades y las villas reales entre la Cordillera Cantábrica y el Duero», en VV. AA., El Reino de León en las Cortes de Benavente, Benavente, Centro de Estudios Beneventanos Ledo del Pozo, 2002, pp. 29-100; id., «Frontera pionera, monarquía en expansión y formación de los concejos de villa y tierra. Relaciones de poder en el realengo concejil entre el Duero y el Tajo (c. 1072-c. 1222)», Arqueología y Territorio Medieval, 10.2 (2003), pp. 45-126; González Ramos, José Ignacio, Villas reales en el reino de León: los procesos pobladores de Fernando II y Alfonso IX en la Tierra de León, León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 2008. 17   Además de los trabajos citados en las notas previas, Jular Pérez-Alfaro, Cristina, Los Adelantados y Merinos Mayores de León (siglos xiii-xv), León, Universidad de León, 1990; id., «“Alfoz y tierra” a través de la documentación castellana y leonesa de 1157 a 1230: Contribución al estudio del “dominio señorial”», Studia Historica. Historia Medieval, 9 (1991), 14

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evidencias de lo que propiamente se podría entender como fiscalidad regia, justamente en esta época del reinado de Alfonso VIII en Castilla, si bien su eclosión como tal no se produciría plenamente hasta la época de Alfonso  X.18 Finalmente, también asistiremos desde el final del siglo xii al florecimiento y progresiva afirmación de la idea de superioridad de la justicia real sobre el conjunto del reino, germen de la afirmación última de la potestad jurisdiccional regia como resultado de la confluencia de los distintos elementos que estaban produciendo el incremento e intensificación del poder de la monarquía. Puesto que, efectivamente, estamos tratando de dirimir en qué consistió el desarrollo del señorío en términos de jurisdicción como parte de un proceso visiblemente acumulativo, es preciso que, para ello, nos concentremos en el arco temporal que va de mediados del siglo xiii a mediados del siglo xiv. Si entre la segunda mitad del siglo xii y la primera del siglo xiii encontramos elementos de referencia para rastrear sus orígenes, aquella época es en la que se produjo el salto cuantitativo pero, sobre todo cualitativo, más sustancial en cuanto a la enunciación del poder señorial en torno al elemento jurisdiccional y a su ejercicio efectivo. Solo así adquiere su pleno sentido que los testimonios reunidos durante la segunda mitad del siglo xiv nos muestren en qué medida esa forma de ejercicio del poder señorial «jurisdiccional» se hallaba bien asentada en Castilla. Antes de continuar, nos permitimos realizar una apreciación. Hemos comenzado preguntándonos acerca del incremento del poder señorial de la aristocracia hasta su decantación como «señorío jurisdiccional» para terminar introduciendo la noción de «señorío del rey» y poner sobre la mesa la cuestión de la extensión del poder de la monarquía feudal castellana en la Plena Edad Media. En efecto, como bien puede colegirse de la línea de razonapp. 9-42; Álvarez Borge, Ignacio, Monarquía feudal y organización territorial. Alfoces y merindades en Castilla (siglos x-xiv), Madrid, CSIC, 1993; Escalona Monge, Julio, Sociedad y territorio en la Alta Edad Media castellana. La formación del Alfoz de Lara, Oxford, BAR International Series, 2002; Estepa Díez, Carlos, «El reino de Castilla de Alfonso VIII (11581214)», en C. Estepa Díez, I. Álvarez Borge, J. M.ª Santamarta Luengos, Poder real y sociedad. Estudios sobre el reinado de Alfonso VIII (1158-1214), León, Universidad de León, 2011, pp. 11-63; Martínez Sopena, Pascual, «La reorganización del espacio político y constitucional de Castilla bajo Alfonso VIII», en E. López Ojeda (ed.), 1212, un año, un reinado…, pp. 297-324; Álvarez Borge, Ignacio, Clientelismo regio y acción política. Los merinos mayores de Castilla en el reinado de Alfonso VIII (1158-1214), Murcia, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2014. 18   Estepa Díez, C., «La construcción de la fiscalidad real», en C. Estepa Díez, I. Álvarez Borge, J. M.ª Santamarta Luengos, Poder real y sociedad…, pp. 65-94. Sigue siendo, en todo caso, de obligada consulta la monografía de Ladero Quesada, Miguel Ángel, Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, Editorial Complutense, 1993, que permite observar el importante salto cualitativo realizado por la Hacienda regia en cuanto a su organización y fuentes de ingresos a partir del reinado de Alfonso X. Aunque Ladero Quesada refiere las herencias de la época previa, el reciente trabajo de Estepa supone una aportación de notable valor a la hora de analizar el sustrato constitutivo de lo que, desde mediados del siglo xiii, ya se manifestaba como un verdadero aparato fiscal monárquico.

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miento de Estepa, ambas dinámicas, en realidad pueden percibirse como perfiles distintos de un mismo proceso histórico. Un proceso, en fin, de transformación de las relaciones sociales y respecto al espacio en torno a la dominación señorial que, en sus distintas facetas, fases de desarrollo y fenómenos constitutivos y aun considerando situaciones de colisión entre los agentes sociales protagonistas del mismo, desembocó en un resultado final de reforzamiento de la posición de poder de los señores —el rey y la aristocracia, temporal o eclesiástica— frente a la mayoría de la población en posición dependiente dentro de la sociedad feudal del final de la Edad Media.19 Evocábamos, pues, cómo la enunciación de la superioridad del poder regio y su conceptualización en términos de jurisdicción entre mediados del siglo xiii y mediados del siglo xiv entendemos que fue un hito fundamental en la cristalización del «señorío jurisdiccional del rey» y, en general, en la posterior generalización de este modo de definición y práctica del poder por parte de los señores en Castilla. Este elemento no puede minusvalorarse, ya que, desarrollándose a la par de los instrumentos efectivos de ejercicio del dominio de la Corona, actuó como principio conceptualizador, discursivo y legitimador de las nuevas fórmulas de un más extenso y afirmado poder regio. Así, nos interesa fijarnos en la formulación del poder real que, a partir de la integración de los principios jurídicos romanistas, quedó vertida en los códigos legales alfonsíes —el Espéculo y las Partidas, primordialmente— y fue finalmente ratificada en el Ordenamiento de Alcalá promulgado por Alfonso XI en 1348. Nos estamos refiriendo a su expresión como superior a cualquier otro ejercido en el reino y, además, como poder descendente concedido por Dios al monarca sobre el territorio de su reino y los súbditos que lo pueblan. Para llegar a tal construcción, una noción descuella cómo de especial significación a la hora de significar la relación entre el rey y los habitantes de su reino. Se trata de la de naturaleza y, vinculada a ella, por tanto, la de señorío natural, en tanto identificación de la naturaleza respecto al rey con la naturaleza respecto a los reinos. Ambos conceptos en la monarquía de Castilla y León van a iniciar su andadura hasta su mejor consolidación a mediados del siglo xiv entre finales del siglo xii y los inicios del siglo xiii, tal y como se deduce de su manejo tanto en la obra de Jiménez de Rada De rebus Hispaniae como en el Cantar de Mio Cid y aun en la Chronica Adefonsi Im  No en vano, autores adscritos a posicionamientos historiográficos más conservadores también coinciden en la comprensión del señorío bajomedieval en Castilla y de las relaciones sociales operadas en torno a él como el triunfo de un modelo de sociedad dominada por la aristocracia señorial si bien integrado en el marco político, jurídico e institucional encarnado por el naciente «Estado monárquico». Buen ejemplo de ello en los posicionamientos de alguien tan acreditado como el profesor Ladero Quesada. Vid. Ladero Quesada, M. Á., «La consolidación de la nobleza…», o su más reciente contribución en esta línea de investigación [id., Guzmán. La casa ducal de Medina Sidonia en Sevilla y su reino. 1282-1521, Madrid, Dykinson, 2015, más concretamente en las conclusiones a este estudio (pp. 489-495)]. 19

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peratoris y los diplomas de la reina Urraca y los reyes Alfonso VIII de Castilla y Fernando III.20 En cualquier caso, el hito decisivo para la formulación doctrinal de la naturaleza lo hallamos en los códigos legales de Alfonso X, donde, en efecto, el sentido que se le otorga permite marcar la dependencia de cualquier poder/derecho señorial respecto de la superior potestad regia. De este modo, en las Partidas se despliega detalladamente, en concreto en la Segunda y la Cuarta Partidas, la prioridad sobre cualquier otro, como el existente entre vasallo y señor, del vínculo de interdependencia establecido entre los individuos y la tierra en que nacen o se asientan y, a través de él, con el rey, en tanto «señor natural» del reino, en forma de una relación vertical entre el rey y sus vasallos naturales. Esta condición y el poder anejado a ella se enuncian como directamente encomendados de forma descendente por Dios al monarca, de modo que el afán de los legistas alfonsíes era justificar jurídicamente la superioridad de la obligación impuesta por la naturaleza hacia el soberano sobre cualquier otro compromiso generado por relaciones interpersonales, especialmente de naturaleza vasallática.21 Esta elaboración discursiva de las Partidas exponía la supremacía del «señorío del rey» frente a cualquier otro existente en el reino, convirtiéndose en el sustento ideológico primordial de la concepción jurisdiccional del mismo a través de la detentación del mero y mixto imperio como forma máxima del señorío.22 Estas referencias nos colocan ante un discurso expreso no solo de subordinación de cualquier derecho señorial sobre el que se justifique el ejercicio de ese poder señorial respecto del poder real, como es evidente, por otorgamiento divino del mismo al rey y por ese vínculo de señorío natural que obligaba a los naturales del reino como vasallos del rey.23 Es más, puede   Vid. Martin, Georges, «Noblesse et royauté dans le De rebus Hispaniae (libres 4 à 9)», Cahiers de linguistique et civilisation hispaniques médiévales, 26 (2003), pp. 101-121; Estepa Díez, Carlos, «Naturaleza y poder real en Castilla», en J. A. Jara Fuente, G. Martin, I., Alfonso Antón (eds.), Construir la identidad en la Edad Media, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2010, pp. 163-181, en particular pp. 163-174 sobre estos orígenes. 21   Algunas de estas ideas, en relación al origen divino del poder real que residía en la empresa jurídica alfonsí, presentes en las Partidas y más intensamente expuestas en el posterior Setenario, en Nieto Soria, José Manuel, «Origen divino, espíritu laico y poder real en la Castilla del siglo xiii», Anuario de Estudios Medievales, 27, 1997, pp. 43-101. Su estudio monográfico ha sido realizado en Martin, Georges, «Le concept de “naturalité» (naturaleza) dans les Sept parties, d’Alphonse X le Sage», en J. A. Jara Fuente, G. Martin, I. Alfonso Antón (eds.), Construir la identidad en la Edad Media, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2010, pp. 145-162. 22   «De señorío et vasallaje son cinco maneras: la primera et la mayor es aquella que ha el rey sobre todos los de sus señorío, a que llaman en latin merum imperium, que quiere tanto decir en romance como puro et esmerado mandamiento de judgar et mandar los de su tierra.» Alfonso X, el Sabio, Las Siete Partidas, ed. de G. López, 3 vols., Salamanca [Andrea de Portonariis], 1555, Partida IV, Ley II. 23   Sobre las argumentaciones relativas a la constitución de la superioridad del poder regio en Castilla a partir de la obra alfonsí y durante la Baja Edad Media, vid. Nieto Soria, J. M., Fundamentos ideológicos…, tanto por lo que se refiere a la concepción corporativa del 20

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observarse cómo la lógica del vínculo de naturaleza convive y se combina con la otra lógica del vínculo de interdependencia entre señor y vasallo en la configuración de esa superioridad del poder real, manejándose un lenguaje de intercambio de servicio y dones que se puede encontrar también inserto en los textos alfonsíes, como en el Espéculo, y que se seguirá desarrollando en otra literatura doctrinal y en los propios ordenamientos de Cortes posteriormente.24 Particularmente ilustrativo de ello es la percepción del rey como señor de vasallos en un texto contemporáneo, el Libro de los Cien Capítulos, los cuales le han sido encomendados por Dios y, de modo que su fidelidad al rey es igualmente lealtad a Dios, al desobedecer al primero, quien lo hace «… es desamparado de Dios, e de su senescal, e á perdido su castillo e es quito de su merced…», mientras que quien obedece al rey es también «… leal a su ley, e á tenencia con Dios, e á castillo en que se defienda».25 El lenguaje utilizado establece una conexión directa entre servicio y retribución y entre su ganancia o su pérdida, a razón del cumplimiento de los deberes de fidelidad del vasallo con su señor —que lo son también con Dios, a mayor sanción del poder real—, perfectamente integrado en el proceder de la sociedad feudal. Dentro de él podemos interpretar, entre esas mercedes recibidas, en forma de «castillo» y de «tenencia», defensión y haberes pero también los mismos derechos ejercidos sobre tales castillos y tenencias, subordinados pues a la superior jurisdicción real.26 Por ello nos parece coherente plantear que, dentro de la literatura jurídica y sapiencial del siglo xiii castellano, en las argumentaciones legitimadoras de la supremacía del poder monárquico rey y el reino como parte de un mismo cuerpo político, ya recogido en el Espéculo (pp. 90-99) como en lo tocante a la imagen jurídica de superioridad regia, si bien nociones como las de majestad, poder real absoluto y soberanía fueron desarrolladas más bien a partir del siglo xiv y sobre todo durante el siglo xv (pp. 118-134). 24   Un buen ejemplo de ello en el prólogo al Título II del Libro II del Espéculo: «Ca asi como de sus dixiemos en muchas guisas los onró Dios a los reyes, e por ende derecho es que los omes los onren e mayormente sus vasallos e sus naturales. Ca onrando su rey onra a Dios e onra a su señor natural, e la tierra onde son e a si mismos. E pues que tantos bienes ende vienen mucho lo deven los omes querer, e trabaiarse de lo facer por quantas maneras podrien. Onde dezimos que quien asi non lo feziese, non guardarie mandamiento de Dios nin lealtad de señor nin derecho del mundo.» Leyes de Alfonso X. I. Espéculo, ed. de G. Martínez Díez, J. M. Ruiz Asencio, Ávila, Fundación Sánchez-Albornoz, 1988, Libro, II, Tit. II, prólogo. Sobre la coexistencia de discursos de justificación del poder de la realeza que insistían, en cuanto a la relación entre el rey y el reino, en su carácter corporativo conectado con el nexo de naturaleza y de otros que, con el mismo cometido, ahondaban en las relaciones interpersonales entre el rey y sus naturales en tanto señor y vasallos, ambos de raíz teológica, desde el siglo xiii hasta avanzado el siglo xv, vid. Nieto Soria, J. M., Fundamentos ideológicos…, pp. 90-99. 25   Libro de los Cien Capítulos. Dichos de Sabios en Palabras Breves e Complidas, ed. de M. Haro Cortés, Madrid, Iberoamericana, 1998, cap. II, pp. 76-77. 26   Esta cuestión es aludida en Nieto Soria, J. M., Fundamentos ideológicos…, p. 98.

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subyacía la manifestación del carácter delegado de cualquiera de los derechos disfrutados por los señores dentro del reino respecto del poder real que estaba definiéndose alrededor de la idea de jurisdicción. Este principio, pues, y sus consecuencias en la definición del origen y jerarquía de los derechos señoriales condicionaba notablemente la posición del conjunto de los señores temporales y eclesiásticos dentro del territorio de la monarquía castellana, que al menos teóricamente quedaba bien subordinada a la autoridad regia última. Es cierto que el rechazo por la mayor parte de la aristocracia, los jerarcas eclesiásticos y las elites urbanas del reino desde los últimos años del reinado de Alfonso X al conjunto de medidas promovidas por este monarca y que afectaban a la expansión teórica y práctica del poder monárquico —a la legislación alfonsí, a los procesos de fundación de «villas nuevas», a la uniformización legal en torno al Fuero Real en los núcleos urbanos de realengo a despecho de sus fueros locales, al desarrollo de nuevas fórmulas exactivas por parte de la Hacienda real y en definitiva al aumento de la presión fiscal sobre el conjunto del reino— fue un hecho y que hasta la mayoría de edad de Alfonso XI no se observaría una clara imposición de este programa de afirmación monárquica.27 Sin embargo, nada de esto fue óbice para que, entre finales del siglo xiii y las décadas centrales del siglo xiv, las donaciones de señorío que incorporaban la entrega expresa de la jurisdicción se produjeran. Dirigidas primordialmente a los «parientes del Rey» y a los personajes más encumbrados de la clase aristocrática, de hecho, puede decirse que fueron cada vez más habituales. Sabemos de las otorgadas con referencia explícita de la entrega de la justicia, el señorío o la jurisdicción al beneficiario en un buen número de casos. Ejemplos de ello pueden ser las mercedes de Loranca a María Fernández Coronel en 1293, de Mondéjar a Fernán Ruiz de Biedma en 1296, la de   Para una perspectiva general al respecto, vid. Ladero Quesada, Miguel Ángel, «La Corona de Castilla: transformaciones y crisis políticas. 1250-1350», en Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350). XXI Semana de Estudios Medievales. Estella, 18 a 22 de julio de 1994, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995, pp. 275-323. Sobre algunas cuestiones relacionadas con las temáticas urbanas apuntadas, vid. Casado Alonso, Hilario, «Las relaciones poder real-ciudades en Castilla en la primera mitad del siglo xiv»; y Rucquoi, Adeline, «Pouvoir royal et oligarchies urbaines d’Alfonso X à Fernando IV de Castille», en A. Rucquoi (coord.), Génesis medieval del Estado Moderno. Castilla y Navarra (1350-1370), Valladolid, Ámbito Ediciones, 1987, pp. 173-192 y 193-216; González Mínguez, César, «Aproximación al estudio del “Movimiento Hermandino” en Castilla y León», Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 1 (1991), pp. 35-58 y 2, 1992, pp. 29-60; Mar­ tínez Sopena, Pascual, «Las villas nuevas leonesas, el poder del rey y los otros señoríos (12301350)», en El condado de Benavente. Relaciones hispano-portuguesas…, pp. 13-28. También, a partir de posicionamientos más críticos respecto al discurso de centralización monárquica y «génesis del Estado moderno» en el que se encuadra la línea de razonamiento del profesor Ladero Quesada, Estepa Díez, C., «La Monarquía castellana...»; con especial interés a las páginas 93-98. 27

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Pampliega a García Fernández de Villamayor y la de Sanlúcar de Barrameda a Alfonso Pérez de Guzmán «el Bueno» en 1297, la de Gibraleón en 1306 a Alfonso de la Cerda, la del burgo de Caldelas junto con la puebla de Valdeorras y los Berosinos, en tierra de Lemos, a Pedro Fernández de Castro en 1336, o la de la aldea de Cubillas, en la merindad de Cerrato, al notario mayor de Castilla Fernán Sánchez de Valladolid en 1345. Los extensos patrimonios del infante don Manuel, heredados por su hijo don Juan Manuel o los de los hijos naturales de Alfonso XI —en los de los de Enrique, Fadrique y Tello, muy señaladamente— también se beneficiaron del traspaso de la jurisdicción. En muchos otros ejemplos, la referencia genérica a la entrega de todos los derechos que el rey tenía en el lugar donado hace pensar que los vinculados al ejercicio de la jurisdicción también estuvieran incluidos implícitamente.28 No era sin duda un hecho anecdótico. La evolución en la enunciación de la entrega de estos derechos también es muestra de la propia generalización y consolidación de esa entrega de la jurisdicción a los beneficiarios de estas mercedes pertenecientes a la aristocracia. Así, de referencias más simples en las últimas décadas del siglo xiii («… dámosvos estos lugares con la justicia y con todos los pechos que nos hi habemos y debemos haber, así martiniegas y yantares y fonsaderas y servicios como todos los otros cualesquier que sean en cualquier manera…»,29 «… con todos los términos poblados y por poblar y con montes y con fuentes y con ríos y con pastos y con portazgos y con montazgos y con entradas y con salidas y con todas sus pertenencias cuantas han y deben haber y con justicia y todos los pechos y yantares y fueros y derechos…»),30 desde el reinado de Alfonso XI la fórmula diplomática va adquiriendo mayor complejidad, recogiéndose, si no todos, buena parte de los términos que acabarían configurando la estabilización de la fórmula diplomática completa que ya bien conocemos para la segunda mitad del siglo xiv: «… con la justicia e con el señorío e con la jurisdiçion ordinaria e con mero, misto imperio…»,31 «… tenemos por bien que de aquí adelante para siempre jamás que en su lugar de Tórtoles […] dende que ayan para siempre jamás toda la justicia civil y criminal…».32 La carga simbólica de estas ex28   Moxó y Ortiz de Villajos, S. de, «Los señoríos: en torno a una problemática…», pp. 200-205; Estepa Díez, C., «La Monarquía castellana...», pp. 87-92. 29   En la donación de Loranca a María Fernández Coronel (Gaibrois, Mercedes, Historia de Sancho IV de Castilla, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3 vols., 1922-1928, vol. III, doc. 447). 30   En la merced de Mondéjar a Fernán Ruiz de Biedma (Benavides, Antonio, Memorias de Fernando IV de Castilla, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1860, vol. II, p. 145). 31   En la donación a Pedro Fernández de Castro que hemos citado, en este caso (Pardo de Guevara y Valdés, E., Los Señores de Galicia, vol. II, doc. n.º 13). 32   Serrano, Luciano, «Los Armíldez de Toledo y el monasterio de Tórtoles», Boletín de la Real Academia de la Historia, 103 (1923), pp. 69-140, en concreto pp. 91-94; relativo al señorío que sobre el lugar de Tórtoles, también en la merindad de Cerrato, ejercía el monaste-

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presiones es digna de ser remarcada, puesto que explicitaba lo que en el discurso regio se estaba configurando como el referente del pleno señorío perteneciente a la Corona. ¿Cómo podemos explicar a qué estaba obedeciendo este hecho? Una opción a la luz de los documentos es dar por válido que la tendencia a la incorporación por parte de los señores de la jurisdicción respondía a una lógica tradicional de apropiación y acumulación de nuevos derechos y, a través de ella, de reforzamiento de su posición de poder sobre las comunidades sujetas a su dominio. Queremos decir que, desde la perspectiva de los señores, cabe la posibilidad de que la justicia y el ejercicio de las facultades jurisdiccionales fueran agregados como cualquier otro derecho previamente integrado en lo que se ha venido a llamar su «dominio señorial» sobre individuos, grupos humanos y los espacios por ellos ocupados. Una vez formulada esa noción jurisdiccional del señorío por la Corona, la lógica de las relaciones de poder dentro de la sociedad feudal daría lugar a que estos derechos se convirtiesen en otro más objeto de su interés, aunque esto pudiera ser percibido como un menoscabo de la supremacía del poder regio enajenado de este modo. No obstante, ha de tenerse en cuenta que, al mismo tiempo, la proliferación y generalización de este tipo de donaciones afectaron positivamente a la difusión del discurso autoritario de superioridad del poder monárquico y su aceptación e integración, tal vez de un modo no plenamente consciente, por parte de los señores del reino, eclesiásticos pero sobre todo temporales. Así, mediante la puesta por escrito en los documentos que validaban estas mercedes de los términos en que estas se realizaban y la asunción por los señores del ejercicio de la justicia y del disfrute de las prerrogativas derivadas de este principio, hay que entender que, de manera implícita, se estaba dando lugar a que, progresivamente, fuese calando el discurso de superioridad del poder del rey en tanto señor natural y la dependencia del poder señorial respecto a aquel, en torno al factor jurisdiccional como una delegación del mismo a aquellos. No queremos, sea como fuere, quedarnos solo en ese marco de la formulación del poder señorial de la aristocracia como una delegación jurisdiccional del «señorío del rey», que entendemos que estaba produciéndose entre finales del siglo xiii y mediados del siglo xiv. De hecho, contamos con evidencias más prácticas de cómo, a lo largo de esos años, se estaba produciendo una integración efectiva de los principios derivados de la jurisdicción en la enunciación y el ejercicio del poder señorial dentro de la sociedad castellana pero también en la misma articulación de las categorías señoriales existentes en el reino.33 Todo esto iba a afectar considerablemente a la jerarquirio femenino allí asentado y que mediante el privilegio correspondiente de Alfonso XI, dado el 8 de febrero de 1334 en Valladolid, veía aquí extendidos sus derechos previos a los relativos a la jurisdicción. 33   Sobre estos aspectos Álvarez Borge, I., Monarquía feudal y organización territorial…, pp. 178-197; id., Poder y relaciones sociales en Castilla…, pp. 290-302, 310-326.

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zación social y espacial de los poderes señoriales en la Corona de Castilla, en especial a la de las casas aristocráticas. Muestra de ello es, precisamente, la expansión durante estas décadas de la percepción de las rentas del derecho de la martiniega por parte de los señores de villas y lugares, como puede observarse a partir de las evidencias registradas en el Libro Becerro de las Behetrías para el territorio de la merindad mayor de Castilla.34 La martiniega es un elemento de referencia clave a la hora de observar el despliegue de la fiscalidad regia en torno al desarrollo del «señorío del rey». Surgida en el siglo xiii —se documenta por primera vez en 1230—, la martiniega parece haber derivado de otro derecho previo —la infurción del rey— y, a su vez, pudo sustituir y englobar a otros también anteriores, como la marzadga percibida en lugares realengos y de behetría. En cualquier caso, en el momento de redacción del Becerro, en prácticamente la mitad de los lugares consignados en el Becerro, 1000 de 2109, se percibía la martiniega y, de hecho, eran los lugares de realengo —o en aquellos realengos recientemente donados a otros señores— y los de behetría donde este derecho, originalmente propio del rey, se había extendido.35 Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto que, para mediados del siglo xiv, muchos señores temporales habían tendido a incorporar las martiniegas a sus derechos señoriales, bien como resultado de la donación a ellos de las martiniegas regias o de su usurpación, bien como resultado del desarrollo de esta carga exactiva en los lugares bajo su señorío, mimetizando el proceder de la 34   Cualquier referencia a la evolución de las relaciones señoriales en esta amplia zona del reino nos remite al magno trabajo de Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas. Su alcance va mucho más allá del estudio de esta peculiar forma de ejercicio del señorío, pues en realidad supone la culminación empírica de muchos de los desarrollos de este autor sobre las categorías señoriales en Castilla entre los siglos xi y xiv y sobre la propia evolución de las formas de dominación señorial en el reino en esta época y aun a posteriori, hasta los albores de la Edad Moderna, cuando el triunfo del «señorío jurisdiccional» ostentado por las casas de la aristocracia laica puede observarse a la par de la progresiva regresión de otras formas de señorío, muy especialmente, del de behetría (ibid., vol. II, pp. 277-386). Resulta también de sumo interés el volumen colectivo Estepa Díez, Carlos, Jular Pérez-Alfaro, Cristina (coord.), Los señoríos de behetría, Madrid, CSIC, 2001. 35  A título de ejemplo, dejando al margen las behetrías de las merindades de Castilla Vieja y de las Asturias de Santillana, donde las martiniegas referidas parecen proceder de tributos arcaicos, en el resto de las 466 behetrías recogidas en el Becerro, solo en 78 no se percibía la martiniega (ibid., vol. I, pp. 238-257, especialmente pp. 249-257). Véase igualmente Estepa Díez, C., «Le Libro Becerro de las Behetrías (1352)…», pp. 470-473; id., «La construcción de la fiscalidad…», pp. 78-79. No debemos olvidar que el señorío de behetría, dentro de la complejidad que lo caracterizaba, además de superponer el poder ejercido por el señor singular del lugar al de los distintos señores que ostentaban en forma de divisas o de naturalezas, se encontraba en último término sujeto al rey, a través del ejercicio de la jurisdicción (Clavero, B., «Behetría, 1255-1356…», pp. 258, 274-275; Álvarez Borge, I., Poder y relaciones sociales en Castilla…, p. 307). Sobre la definición del señorío de behetría y su relación con otras categorías señoriales, vid. Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, pp. 81-229.

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monarquía de establecer este derecho con cargo al reconocimiento de su señorío.36 Hemos querido profundizar en estos indicios a partir de una sencilla pesquisa sobre la incorporación de la martiniega, un elemento inherente a la definición del «señorío jurisdiccional del rey», a los derechos señoriales de la aristocracia. Para ello hemos realizado una selección de lugares recogidos en el Becerro de las Behetrías, atendiendo a dos condiciones. Por un lado, que se haya podido reconocer la percepción de derechos señoriales tanto de los tipificados como solariegos como de behetría, ya fuera en una situación de ejercicio de señorío singular, ya cuando se tratase del disfrute de divisas o naturalezas en lugares de behetría, además de cuando se localizase la percepción de algún otro tipo de derecho en «señoríos compartidos» —distintos titulares ejercen señorío sobre un lugar — o en «condominios» —en un lugar, además de que distintos titulares ejerciesen derechos de señorío, aquel pertenece a diversas categorías señoriales, ya fueran de realengo, de solariego, de abadengo o de behetría—. Teniendo en cuenta esta primera condición, por otro lado, se atendería a lugares que, de un modo u otro, pudieran vincularse con el posterior patrimonio señorial de los infantes Fernando y Leonor porque nos constase que los infantes ejercieron señorío sobre determinadas villas en el territorio de la merindad mayor de Castilla, aun cuando la categoría señorial con que vinieran rubricados en el Becerro no se correspondiera con el solariego, tipo más equivalente al señorío ejercido por los infantes medio siglo después. Esto nos ha dado un listado de hasta 452 lugares de muy diferente entidad, el 18,82 % del total de localidades citadas en el registro que estamos manejando (2402, agrupadas a su vez en 2109 epígrafes que referirían a entidades mayores en torno a las cuales se agrupaban las 293 que hallamos de diferencia entre ambas cifras), en los cuales, en los años de redacción del Becerro disfrutaban de este tipo de derechos algunos de los principales señores del reino. En concreto, hemos atendido a los derechos correspondientes a Juan Núñez III de Lara o su hijo Nuño, en tanto señor de Lara y señor de Vizcaya, o los que se identificaban con derechos —naturalezas y divisas en behetrías, fundamentalmente— de los Lara, por una parte, pues este sería el primer bloque de derechos que el infante Fernando podía reclamar como pertenecientes al señorío de Lara que Juan I había heredado. Por otra parte,   En las merindades de Castrojeriz y de Burgos-Ubierna, sobre un total de 120 lugares donde se percibían martiniegas, en 66, 43 de ellos behetrías, estas eran percibidas por señores distintos al rey (Estepa Díez, C., «Le Libro Becerro de las Behetrías (1352)…», p. 472). En otras merindades como las de Monzón, Villadiego, Saldaña o Candemuñó apenas se habría producido su transferencia de la monarquía a otros señores pero, en cualquier caso, la tendencia hacia la apropiación de este derecho por los señores de los lugares tipificados como solariegos —donde el señorío era ejercido por miembros de la aristocracia— y por los señores singulares de las behetrías, era un hecho (id., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 355-356). 36

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los que se referían genéricamente a los Haro, descendientes de los señores de Vizcaya antes de que esta dignidad fuera incorporada por los Lara, en la medida en que también pudieran ser susceptibles de ser reclamados como pertenecientes al señorío de Lara por el infante Fernando.37 Además, los que tocaban a don Tello, hijo de Alfonso XI, casado con Juana, hija de Juan Núñez de Lara, y futuro señor de Vizcaya, último antes de que este título, su patrimonio y sus derechos señoriales fueran integrados a la Corona por Enrique II y Juan I.38 Como venimos diciendo, el conjunto de lugares en los que se localizaban derechos de estos señores o de estos grupos parentelares podían resultarnos de interés en la medida en que el reconocimiento del patrimonio y derechos señoriales provenientes de estas tres vías permitía rastrear la base del patrimonio con el que se constituyó el señorío de Lara para el infante Fernando. Finalmente, también hemos tenido en cuenta los derechos sobre distintos lugares que ostentaron Juan Alfonso de Alburquerque, favorito de Pedro I, y su hijo Martín Gil, cuyo patrimonio revirtió a la Corona tras su muerte, respectivamente en 1354 y en 1365, y, en 1366, siendo los bienes del primero, procedentes de los Téllez de Meneses por su matrimonio con Isabel de Meneses, la base de la donación de Enrique II a su hermano Sancho   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 321-334, 343-366; id., «Doña Juana Núñez y el señorío de los Lara», e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales, 1 (2006). Disponible en: https://e-spania.revues.org/315 [consulta: 12/ IX/2016]; Doubleday, Simon, Los Lara. Nobleza y monarquía en la España medieval, Madrid, Turner, 2004 [1.ª ed. en inglés, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2001], pp. 219-229. Hay que tener presente que, en el momento de la elaboración del Becerro, los derechos de los Haro o de Vizcaya, si no se reconocían como de don Nuño, correspondían a otros miembros de la parentela de Haro, quienes los habían mantenido tras la resolución del pleito por el señorío de Vizcaya en que otorgó la herencia del señorío a la muerte de Diego López de Haro a su hija María Díaz mientras que los derechos ajenos al señorío de Vizcaya, disfrutados por esta en vida de su padre, habrían de pasar a la muerte de Diego López al hijo de este último, Lope Díaz de Haro y a otros hijos de don Diego (Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 309, 324-325). Esto no invalida, en todo caso, que las vicisitudes políticas sucedidas desde los reinados de Alfonso XI y Pedro I y los sucesivos cambios de titularidad, incorporaciones a la Corona y enajenaciones de los patrimonios de los señoríos de Lara y de Vizcaya desembocaran, a la altura de 1390, cuando el infante Fernando fue investido con el señorío de Lara, en que la atribución de derechos que pudieran corresponder a dicho señorío fuese muy confusa. De ahí que, en la medida en que el Libro Becerro fue tomado como referencia por el infante y sus oficiales para elevar su reclamación sobre los derechos que habían de pertenecer al señorío de Lara, las citaciones a derechos de Lara o de Vizcaya pudieran ser comprendidas como potencialmente incorporables a dicho señorío, como en realidad así ocurrió. Volveremos sobre estas cuestiones con más detalle algo más adelante cuando tratemos monográficamente la problemática del señorío de Lara bajo el infante. 38   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 199-222, 326, vol. II, pp. 279, 285, 289-290, 295-299, 307-308. Igualmente, Díaz Martín, Luis Vicente, «Don Tello, señor de Aguilar y de Vizcaya (1330-1370), Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 47 (1982), pp. 267-335. 37

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en su institución como conde de Alburquerque y, por tanto, de los dominios señoreados por Leonor de Alburquerque.39 El resultado es una muestra que entendemos que puede ser representativa del conjunto analizado, por una parte, por el porcentaje del total reflejado a partir de ella. Por otra parte, porque la dispersión territorial de los lugares considerados refleja de manera bastante completa el conjunto del espacio de la merindad mayor de Castilla. Solo las merindades de las Asturias de Santillana y de Villadiego, en menor medida, no aparecen referidas. El patrimonio de Lara se extendía por casi la totalidad del territorio estudiado, con escasa presencia en las merindades de Villadiego, Aguilar de Campoo y LiébanaPernía y solo en las Asturias de Santillana no existían derechos de Lara. La distribución de los derechos de Haro era similar, al haberse producido la adquisición de derechos en behetrías por estos a través de su vínculo con ellos. A su vez, el señorío de don Tello se concentraba especialmente en las merindades de Aguilar de Campoo y de Liébana-Pernía, además de al norte de la de Saldaña, por las donaciones de realengo que le hiciera su padre y que también se localizaban en otras zonas como el infantazgo de Valladolid. Además, poseía divisas hasta en 56 lugares de behetría a partir de su mujer provenientes de las de Lara, concentradas fundamentalmente en las merindades de Castrojeriz, Candemuñó y Burgos con Ubierna. Por fin, los derechos de Juan Alfonso de Alburquerque, heredados de los Téllez de Meneses, se concentraban en las merindades de Campos, Carrión y Saldaña. Así pues, convengamos en la validez del muestreo. Además, aunque nos hemos fijado en los derechos ostentados por algunos de los principales ricoshombres recogidos en el Becerro de las Behetrías, en esos 452 lugares tanto los derechos de señorío solariego como el señorío singular o el disfrute de divisas u otros derechos en las behetrías no solo correspondía a los Lara, los Haro, don Tello y Juan Alfonso de Alburquerque. Otros señores laicos también participaban de ellos, desde algunos pertenecientes a las principales parentelas de la aristocracia castellana plenomedieval (Manzanedo, Villalobos, Castañeda, Manrique, Cameros, Guzmán, Aza, Girón, Cisneros, Saldaña),40 39   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, p. 338. Sobre estos personajes y su señorío, vid. Rodríguez Amaya, Esteban, «Don Juan Alfonso de Alburquerque, Canciller de Don Pedro el Cruel», Revista de Estudios Extremeños, 5 (1949), pp. 171-256; Fernández Martín, Pedro, «El último señor de las behetrías en Campos», Hispania. Revista española de Historia, 75 (1959), pp. 205-229; Fernandes, Fátima Regina, «A extinção da descendência varonil dos Menezes de Albuquerque em Castela e suas implicações na administração do seu património em Portugal», Revista da Faculdade de Letras: História, 15/2 (1998), pp. 14531468. Hay que considerar, además, que a partir de la muerte de Juan Núñez de Lara, Juan Alfonso de Alburquerque, gracias a su influencia sobre el rey Pedro I, logró hacerse con derechos en behetrías de los Lara, además de con el señorío singular para su hijo en algunas de estas [López de Ayala, P., Crónica del Rey don Pedro, ed. y notas de C. Rosell, Madrid, Ediciones Atlas, 1953, año 1351, cap. XIII; Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 135-136, 326]. 40   Ibid., vol. I, pp. 321-364.

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a otros grupos de parientes de importancia regional (Carrillo, Velasco, Rojas, Sandoval, Padilla, Arenillas, Torquemada, Lucio-Villegas, Quijada, Leyva, Sarmiento, Rocafull, Tovar, Herrera, Cabeza de Vaca, Hinestrosa, Estrada, Porres, o los de la Vega y los Ceballos en las Asturias de Santillana),41 además de otras parentelas de influencia comarcal más restringida (por ejemplo, los Tamayo o los Soto en la de la Bureba, Contreras, Jaramillo, Zumel o Arauzo en la zona más meridional de la merindad mayor de Castilla, Castrejón, Orejón y Bedoya en Saldaña y Liébana-Pernía, Bustamante, Hoyos, Horna, Fresno y de los Ríos en la de Aguilar de Campoo y su entorno, junto con los Agüero en Trasmiera, Calderón, Arce, Cárcamo, Angulo, Torres de la Cerca e Isla en las de Castilla Vieja y las Asturias de Santillana, y Delgadillo, los Villaute o los Barahona en la merindad de Villadiego),42 y aun toda una miríada de pequeños fijosdalgos que contaban con una proyección señorial exclusivamente local.43 De este modo, entendemos que las apreciaciones que estamos realizando pueden ser válidas no solo para comprender las actitudes señoriales de la elite del grupo aristocrático sino también las de otros estratos del mismo en torno a la expansión del señorío sustentado sobre la noción de jurisdicción y la reorganización de las relaciones entre los distintos señores entre el final del siglo xiii y las décadas centrales del siglo xiv. Entrando en los detalles de nuestra pesquisa, sobre 452 lugares considerados, 183 de ellos (40,49 % del total) eran tipificados como solariegos. A su vez, en 158 de estos (86,34 %), esta forma de sujeción señorial solariega afectaba al conjunto del núcleo poblado, su territorio y habitantes, mientras que apenas 26 (14,21 %) eran «condominios, donde los derechos solariegos que recaían sobre ciertos bienes y habitantes coexistían junto con derechos señoriales de otros tipos que afectaban a otros pobladores y posesiones, ya fueran abadengos, realengos o de behetría.44 Mientras, en 268 se reconocían derechos de behetría (59,29 % del total), resultando en este caso que, en cambio, la inmensa mayoría de ellos eran exclusivamente lugares de behetría (250 lugares, el 93,28 % de ellos), mientras que en apenas 18 lugares hemos encontrado casos de «condominio» de behetría con otro tipo de señorío (6,72 %).45 Como decíamos, respecto a la representatividad zonal de la mues  Ibid., vol. I, pp. 365-438, vol. II, pp. 7-17.   Ibid., vol. II, pp. 18-63. 43   Ibid., vol. II, pp. 67-142. 44   Del conjunto de las entradas del Becerro, 2109, el abadengo estaba presente en 798 lugares (37,8 % del total), el solariego en 896 (42,4 % del total), el realengo en 179 (8,4 % del total), la behetría en 676 (32 %) y aun la encartación en 20 (0,9 %). Además, en 660 existían diferentes formas de «señorío compartido» o de «condominio» [Estepa Díez, C., «Le Libro Becerro de las Behetrías (1352)…», p. 495]. 45   En el conjunto del Becerro, en 155 lugares los derechos de behetría se combinaban con los de otras categorías señoriales, el 23,5 % de los 660 lugares donde se reconocían «señorío compartido» o de «condominio». La desviación porcentual de nuestros datos queda explicada en buena medida porque esta situación era particularmente típica en las merindades de Astu41 42

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tra, salvo para las merindades norteñas de la montaña cantábrica, donde el número de lugares referido es apenas testimonial (menos del cinco por ciento), o en la merindad de Villadiego o la del infantazgo de Valladolid, (menos del diez por ciento), para el resto de merindades referidas en el Becerro, el número de lugares representados constituye entre el 30 y el 45 % del total en cada una de ellas, incluso, en la de Castrojeriz alcanza el 47,93 %. La amplitud de esta muestra nos ayuda, en efecto, a ratificar la veracidad de la tendencia que los autores citados apuntaban respecto a la generalización de la martiniega como derecho señorial en manos de la aristocracia y, en último término, como muestra de la expansión del «señorío jurisdiccional» entre estos señores temporales. De este modo, en núcleos donde existía dominio solariego, prácticamente en la mitad de ellos se registra el cobro parcial e incluso íntegro de la martiniega por parte del señor solariego. Así ocurre en 91 de los 183 lugares en esta situación.46 Teniendo en cuenta, por otra parte, que en cuatro lugares más se constata la donación de la martiniega a otro beneficiario aristocrático que sin embargo no es recogido en el Becerro como señor del solariego,47 esto nos llevaría hasta un porcentaje del 51,91 % para estos lugares habitados en que existía esta forma de sujeción señorial rias de Santillana, no reflejada en nuestra muestra, de Aguilar de Campoo, donde nuestros datos refieren sobre todo un antiguo realengo muy compacto heredado por don Tello, y de Castilla Vieja [ibid., pp. 462, 495]. 46   Algunos ejemplos los encontramos en las villas de Cevico de la Torre, en la merindad de Cerrato, Aguilar de Campos y Moral de la Reina, en el infantazgo de Valladolid, Cigales y Cuenca de Campos, en la merindad de Campos, Melgar de la Frontera, en la de Carrión, Villusto, en la de Villadiego, Lerma y sus aldeas, en la de Candemuñó, y Santa Gadea, en la de Castilla Vieja, todas solariegas íntegras de don Nuño de Lara, donde el señor llevaba la martiniega junto con el resto de derechos señoriales sin que en ninguna el rey la percibiese para sí (Libro Becerro de las Behetrías. Estudio y texto crítico, ed. de G. Martínez Díez, 3 vols., León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1981, vol. I, pp. 136, 200-201, 203-204, 270-271, 285-286, 355, 402, vol. II, pp. 318-321, 400). Otro tanto pasaba en los solariegos de don Juan Alfonso de Alburquerque en Campos, en el infantazgo de Valladolid y en las merindades de Carrión y de Saldaña (ibid., vol. I, pp. 198-199, 206, 271-272, 278-281, 288-289, 353, 358, vol. II, pp. 13, 19-21, 24, 40-42, 44-55, 57, 59, 61-62, 78-86), en los de don Tello ligados a la villa de Aguilar de Campoo y su alfoz, entre otros (ibid., vol. I, pp. 426-433, 436, 440-445), o en los de Pedro de Haro, como en Pinillos de Esgueva, Terradillos de Esgueva y Gumiel de Mercado, en la merindad de Santo Domingo de Silos (ibid., vol. II, pp. 640-642). 47   En Bárcena de Campos, en la merindad de Monzón, eran señores Nuño de Lara y Sancho Ruiz de Rojas pero llevaban la martiniega los herederos de Ruy Gutiérrez Quijada por carta del rey (ibid., vol. I, pp. 228-229), igual que la percibían en Villasandino, condominio de behetría, realengo, solariego y abadengo de la orden de San Juan y del obispo de Burgos, en la de Castrojeriz, (ibid., vol. II, p. 225). Mientras, en Castilla Vieja, en Villanueva de Gurendes, siendo señores Nuño de Lara, Lope García y otros, la llevaba el prestamero del monasterio de San Sadornín y, en Quintana de la Cuesta, condominio de solariego y abadengo, siendo señores Nuño de Lara, Pedro de Haro, la orden de San Juan y otros, la llevaban el prestamero del monasterio de Oña la mitad y la otra mitad la orden de San Juan y el adelantado mayor de Castilla (ibid., vol. II, II, pp. 410-411, 461-462).) Por otra parte, en los lugares de Cabañes de Esgueva, Pinillos y Terradillos, en la merindad de Santo Domingo de Silos, solariego de la

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solariega en los cuales la Corona se había desprendido de parte o de la totalidad de los derechos de martiniega. Si cabe, más expresiva resulta la situación por lo que respecta a las villas y lugares de behetría. Concentrándonos en los 250 núcleos que estaban sujetos íntegramente a señorío de behetría, la martiniega se hallaba ampliamente generalizada: se recoge en 237 de ellos (94,80 %). En los 268 lugares totales en que había derechos de behetría, la tendencia era similar, percibiéndose en 253 (94,40 %), muestra evidente de la generalización de los elementos de la fiscalidad regia ligados al desarrollo del «señorío jurisdiccional del rey» en el siglo xiii, como ya hemos insistido. Sin embargo, como en el solariego, en casi la mitad de los que eran señorío de behetría, la martiniega no era disfrutada exclusivamente por el rey sino que eran otros señores los que se beneficiaban de ella. En 132 lugares, el 55,70 % de los que eran behetrías por completo y en que se cobraban martiniegas (52,80 % del total de los lugares íntegramente behetrías; 49,25 % de los 268 lugares donde existían derechos de behetría), la martiniega era percibida íntegramente por el rey.48 En cambio, en hasta 105 de estos núcleos (44,30 % de esos 237 lugares íntegramente de behetría y donde se percibían martiniegas, el 42 % de los lugares que eran íntegramente behetría y el 39,18 % del total de lugares donde existían este tipo de derechos de behetría) la martiniega era percibida por otros señores. Más todavía, en 71 de ellos se ha documentado expresamente que era el señor singular de la behetría quien se beneficiaba del íntegro o de una parte de la cuantía de la martiniega, mientras otra era mantenida en manos de la Corona: del rey, de un oficial suyo o destinada a una fortaleza.49 Mientras, en infanta doña Blanca por donación real, sin embargo, la martiniega seguía siendo percibida por su anterior señor Pedro de Haro (ibid., vol. II, pp. 640-641). 48   Hemos considerado en este mismo nivel los casos en que los oficiales regios como el adelantado mayor de Castilla participaban en tales martiniegas (en 29 lugares de behetría), o aquellos otros donde su asignación o parcial se realizaba a fortalezas reales, en este caso, al castillo de Burgos. Esto último solo ocurría, para nuestra muestra, en 4 lugares de la merindad de Castrojeriz: Los Balbases, Boadilla del Camino, Villalaco y Espinosa de Valdeolmos. Sin embargo, en los cuatro, la parte de la martiniega que era del rey había sido donada al señor singular de la behetría o a otro caballero, además de llevar en todas ellas una parte el adelantado mayor. Así, por lo que tocaba a la parte del señor, sin contar lo que iba para el adelantado y para el castillo de Burgos, en Los Balbases la llevaba Juan Rodríguez de Hinestrosa, que no tenía divisa en la villa ni era señor natural; en Boadilla, Fernán Rodríguez, hijo de Fernán Rodríguez de Villalobos, que sí era divisero pero el señorío natural correspondía a Nuño de Lara; en Villalaco, la llevaba también Juan Rodríguez de Hinestrosa, señor natural y divisero junto al citado don Nuño; y en Espinosa de Valdeolmos era percibida por el señor natural Nuño de Lara (ibid., vol. II, pp. 231-34). 49   Por poner algunos ejemplos, en la merindad de Cerrato, en Guzmán, behetría donde eran diviseros don Nuño y los Guzmán y era señor singular Ramiro Flórez de Guzmán, la martiniega era pagada íntegramente a este, mientras que en Esguevillas, siendo señor natural uno de los diviseros, Ruy González de Castañeda, 305 mrs. de martiniega eran pagados al rey, otros 105 al señor y aun 17 más iban al adelantado. En Alba de Cerrato, siendo señor natural Nuño González de Herrera, uno de los muchos diviseros, el rey percibía 420 mrs. de martinie-

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35 de estos lugares bajo señorío de behetría se aprecia cómo la martiniega, íntegra o una parte de ella, había sido objeto de donación por parte del rey a otro caballero que no ostentaba el señorío singular sobre el lugar en el momento de confección del Becerro.50 Este último dato nos pone sobre la pista de un procedimiento generalizado de incorporación por parte de la aristocracia de la martiniega, a través de su donación por la Corona en lugares donde esos caballeros galardonados no tenían derechos señoriales, al menos a primera vista, pero sí en lugares adyacentes donde eran señores solariegos o naturales en behetrías. Muestra de ello son los casos de los señores de influencia regional como los Quijada en torno a Abia de las Torres y Boedo en la merindad de Monzón,51 o incluso de otros de rango algo más modesto como Juan Rodríguez de Hinestrosa, cuya ascendencia procedía de la villa del mismo nombre en la merindad de Castrojeriz y ostentaba divisas y señoríos singulares en villas y lugares de dicha merindad, antes de que se convirtiera entre 1354 y 1359 en el principal privado de Pedro I.52 Por otra parte, los datos sobre este tipo de donaciones en lugares de solariego apuntan en esa misma dirección, igual que los que arroga mientras el señor recibía 180 y otros 20 iban para el merino local (ibid., vol. I, pp. 120-121, 131-132, 135-136). Es interesante el caso de Villaverde Mogina en Cerrato, condominio de behetría y abadengo, donde 160 mrs. iban para el rey, 60 para el adelantado, otros 25 mrs. a Diego García de Padilla como señor natural de los vasallos de behetría en el lugar y, al fin, otros 60 mrs. para García Fernández Manrique, que tenía los vasallos del abadengo que ejercía en el lugar el monasterio de San Pedro de Arlanza, presumiblemente como su encomendero (ibid., vol. I, pp. 154-155). En Melgar de Fernamental, en la de Castrojeriz, de los 950 mrs. de martiniega, 640 iban para el rey y 310 al señor, que en ese momento era Pedro de Haro y Martín Gil, hijo de Juan Alfonso de Alburquerque, si bien este último lo era sobre entre 15 y 20 vasallos a la redacción del Becerro y sería posteriormente cuando se hizo con todo el señorío de esta behetría (ibid., vol. II, pp. 261-262). En la de Santo Domingo de Silos, en Carazo la mitad iba para el señor singular, que era Pedro de Haro, 90 mrs., mientras que otros 90 eran para el rey, más 20 que llevaba su recaudador Domingo Pérez de Bauniellos y otros 10 en concepto de derechos por coger el tributo (ibid., vol. II, p. 596). Los casos documentados corresponden a las merindades citadas, Cerrato, Castrojeriz y Santo Domingo de Silos, además de los que aparecen en las de Campos y Carrión y que se refieren a behetrías cuyo señorío singular era ejercido por Juan Alfonso de Alburquerque o su hijo Martín Gil (ibid., vol. I, pp. 272-273, 281-282, 287, 292,-294, 296-297, 313-314, 325-328, 330, 341-342, 348). 50   Valga el ejemplo antes citado de Los Balbases, Boadilla del Camino, Villalaco y Espinosa de Valdeolmos. En Fuente Andrino, en la merindad de Monzón, la martiniega, por trueque que hizo el rey con Fernán Gutiérrez Quijada, la llevan sus herederos, que sí eran diviseros en el lugar, y en Villaserracino la llevaban por carta del rey los herederos de Ruy Gutiérrez Quijada, que no tenían divisa en esta behetría (ibid., vol. I, pp. 227-228). 51   Si cruzamos los datos ofrecidos por el Becerro, las donaciones a los Quijada y su implantación señorial en esta zona se liga con el vínculo que mantenían con los Lara desde el final del siglo xiii (Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 426-428). 52   En este caso, sus lazos con los más poderosos Padilla y los Lucio-Villegas, muy presentes en esta zona, y su ascenso en la Corte de la mano de los primeros, con los que había, además, emparentado, permiten comprender su progresión señorial en este territorio (ibid., vol. I, pp. 402-404, 413, vol. II, pp. 11-12).

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jan los realengos y abadengos considerados. Si de los 8 lugares donde existía realengo dentro de nuestra pesquisa, en 5 se pagaban martiniegas, de ellos, en 3 las percibían distintos señores por carta del rey.53 Mientras, de los 33 lugares donde existía abadengo, en 21 se pagaban martiniegas pero solo en 5 eran íntegramente percibidas por el rey, ya que en el resto de los casos las percibían otros señores.54 Por lo tanto, hemos podido ver que no solo los grandes magnates estaban accediendo a esta vía de acrecentamiento cuantitativo y cualitativo de su poder señorial que era la adquisición de las martiniegas sino que los rangos intermedios e incluso inferiores con una dinámica más emergente dentro de la aristocracia territorial concurrieron exitosamente a este proceso. Pese a que en muchos casos la apropiación de este derecho por estos señores venía avalada por donaciones regias, tal y como se ha comprobado, tampoco faltan menciones explícitas a su usurpación o su exigencia arbitraria por parte de aquellos.55 Constatamos pues, en resumen, que la participación en las martiniegas de los señores laicos —pero también de los eclesiásticos— tanto en lugares solariegos como en behetrías era algo bastante consolidado a mediados del siglo xiv. Aunque en muchas de las poblaciones donde se percibía este derecho el rey o sus oficiales mantenían una buena parte de su cuantía, prácticamente en la mitad de los lugares la transferencia total o parcial de la martiniega a otros señores era un hecho.

53   Era así en la ya citada Villasandino, condominio donde la martiniega era de los hijos de Ruy González Quijada por carta del rey, en Tordehumos, donde la llevaba por carta del rey Juan Alfonso de Alburquerque (Libro Becerro de las Behetrías…, vol. I, pp. 198-199) y en la villa de Castrojeriz, donde el rey percibía 1000 mrs. de martiniega, de los cuales se había hecho donación de 50 de ellos al monasterio de Santa Clara de la villa y otros 32 eran percibidos por Pedro de Haro (ibid., vol. II, p. 291). 54   Así ocurría, entre otros lugares, en la merindad de Cerrato, en San Pedro de la Yebra, donde, de los 60 mrs. de martiniega, la mitad iban al rey, un cuarto al adelantado y el otro cuarto al señor, Juan Rodríguez de Sandoval, que tenía el lugar en encomienda por el monasterio de San Pelayo, o en Reinoso, donde los 90 mrs. de martiniega los llevaban las monjas del monasterio del lugar por privilegio real (ibid., vol. I, pp. 142-143, 166); en la de Monzón, en San Cebrián de las Amayuelas, que era condominio de abadengo de la orden de San Juan y solariego de Juan Alfonso de Alburquerque y la martiniega se dividía en 320 mrs. para el rey, 150 para el adelantado y otros 150 para la orden de San Juan, como señora de la parte de abadengo (ibid., vol. I, p. 218); o en Cervatos de la Cueza, en la de Carrión, que era condominio de behetría y abadengo, siendo señores Juan Alfonso de Alburquerque y los monasterios de Sahagún, San Zoilo de Carrión y Santa María de Villasirga y estos llevaban 12 mrs. de la martiniega el abad de Sahagún, 1 mri. el señor singular de la behetría y 145 mrs. el rey (ibid., vol. I, pp. 326-327). 55   El concejo de Villasilos, en la merindad de Castrojeriz, declaró «… que don Iohán Núnnez seyendo su sennor, quando hera biuo, que les tomaua de cada anno al conçeio del dicho lugar por fuerça, non auiendo costumbrado de gelos dar e pagar, por martiniega CCCC maravedís. E que leuara estos dichos maravedís don Martín Gil cada anno después que el dicho logar estudiera por él» (ibid., vol. II, pp. 223-224).

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Con ello hemos de entender que no solo se entregaba renta sino que suponía la donación —o la incorporación, legítima o no— de un elemento crucial en la definición de la jurisdicción sobre tales comunidades, principalmente cuando esta pasaba a manos del señor solariego o del señor natural de la behetría. En este sentido, con un apenas epidérmico acercamiento a la evolución de la posesión de las martiniegas en los lugares y villas de la merindad mayor de Castilla, como evidencia de la acumulación señorial por parte de la aristocracia de los frutos económicos de lo que había surgido como un derecho exactivo de la Corona en virtud al reconocimiento de la superioridad señorial de la jurisdicción del rey, creemos haber podido mostrar algunos de los perfiles que estaban caracterizando a la evolución del poder señorial en la Castilla de las últimas décadas del siglo xiii y las que iban hasta mediados del siglo xiv, a partir de la definición de los pilares del «señorío jurisdiccional» del rey. De una parte, el del acceso de la aristocracia al conjunto de nuevos derechos en los lugares bajo su dominio o en las áreas territoriales hacia las que tendieron a proyectarse. Esto bien puede entenderse como el resultado de una lógica acumulativa que sin duda permitía ampliar las fuentes de renta pero también reforzaba los principios de ejercicio de su poder señorial. De otra parte, que más allá de esta tendencia simplemente aditiva, la noción de jurisdicción originalmente formulada por la Corona como poder superior ejercido sobre los individuos y comunidades dominadas y sobre las tierras que estos poblaban y explotaban, más allá de las resistencias a las reformas alfonsíes, estaba siendo progresivamente integrada dentro de la sociedad castellana y muy particularmente los miembros de la aristocracia estaban asumiéndola. En efecto, en la medida en que su participación en los derechos de tipo jurisdiccional, transferidos, mimetizados o usurpados, permitía a aquellos desarrollar un ejercicio del poder más intenso sobre el territorio en que se desenvolvían, señores de todos los rangos de la aristocracia compitieron entre sí y con la monarquía por acceder a tales derechos con mejor o peor fortuna dependiendo de sus perspectivas de encumbramiento, ya en ámbitos comarcales restringidos, en áreas regionales más amplias o incluso en el conjunto del reino.56   En relación a esto, conviene aproximarse al desenvolvimiento de las principales casas de la aristocracia en la evolución política general en Castilla y León desde el final del siglo xii hasta 1352 para entender el ascenso o la quiebra de unos u otros señores (Estepa Díez, C. Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 275-320, con un carácter sumario, aunque el número de referencias de interés es, lógicamente, mucho más amplio). También es un hecho a tomar en consideración el desarrollo de vínculos de alianza y clientela entre las distintas parentelas aristocráticas en el marco cronológico que va de mediados del siglo xiii a mediados del siglo xiv para enmarcar los distintos niveles de expansión territorial del poder señorial de unas y otras. Algunos ejemplos de interés en ese ámbito de la merindad mayor de Castilla, sobre los Velasco y su entorno [Jular Pérez-Alfaro, C., «Dominios señoriales y relaciones clientelares…»; id., «Nobleza y clientelas: el ejemplo de los Velasco», en C. Estepa Díez, C. Jular 56

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Entonces, cuando en 1348 el Ordenamiento de Alcalá vino a dar la sanción a la legislación de Alfonso X, conformando una estructura legal que legitimaba los distintos argumentos ideológicos sobre los que se basaba la superioridad del poder monárquico, como el señorío natural y el principio jurisdiccional de la autoridad monárquica suprema,57 ya se había recorrido un largo camino como para que sus implicaciones de cara a la organización de los poderes señoriales y la jerarquización interna de la clase aristocrática pudieran ser bien asumidas. No es casual, pues, que en la compilación de 1356 del Fuero Viejo de Castilla se enunciara, entre los cuatro elementos inherentes al poder del rey, precisamente, junto con la moneda, la fonsadera y los yantares, en primer lugar, la justicia.58 Si bien en este texto legal se reúnen distintos ordenamientos y costumbres datadas entre los siglos xii y xiv que sostenían las atribuciones y privilegios judiciales de los miembros de la aristocracia, que en su compilación de estas fechas se recogiera esta fórmula que, pese a su arcaísmo, acataba la superioridad jurisdiccional del rey no parece casual.59 Tampoco lo es que, en el ordenamiento de Alcalá de 1348 se hubiera reconocido la posibilidad del acceso a la jurisdicción por parte de los señores sobre vasallos y lugares en los que ya ejercían derechos mediante prescripción, aun cuando su entrega no apareciera expresamente enunciada en los documentos de donación real, si la justicia era ejercida desde hacía al menos cuarenta años.60

Pérez-Alfaro (coord.), Los señoríos de behetría, Madrid, CSIC, 2001, pp. 145-186] o sobre otras parentelas o incluso sobre esas lógicas de relación [Álvarez Borge, I., «Los señoríos de los Rojas en 1352», en C. Estepa Díez, C. Jular Pérez-Alfaro (coord.), Los señoríos de behetría, Madrid, CSIC, 2001, pp. 73-144; id., «Vasallos, oficiales, clientes y parientes. Sobre la jerarquía y las relaciones internobiliarias en la Castilla medieval (c. 1100-c. 1350). Una aproximación a partir de las fuentes documentales», Hispania. Revista española de Historia, 235 (2010), pp. 359-390]. 57   Morán Martín, Remedios, Fuentes Ganzo, Enrique, «Ordenamiento, legitimación y potestad normativa: justicia y moneda», en J. M. Nieto Soria (ed.), Orígenes de la monarquía hispánica: propaganda y legitimación, ca. 1400-1520, Madrid, Dykinson, 1999, pp. 207-238, especialmente pp. 207-223, si bien este estudio aborda los aspectos relativos al desarrollo de la superioridad normativa del rey y de la justicia regia, facetas a los que más al pie de la letra remitía el ejercicio de la jurisdicción, a partir del ordenamiento de 1348 y de la aplicación de la legislación de Alfonso X durante la época de los Trastámara, hasta las Leyes de Toro. 58   El Fuero Viejo de Castilla, ed. de I. Jordán de Assó, M. del Río, Madrid [D. Joachim Ibarra, Impresor de Cámara de S. M.], 1771, Libro I, Título I.I. 59   Pérez-Prendes Muñoz-Arraco, José Manuel, «La frialdad del texto. Comentarios al prólogo del Fuero Viejo de Castilla», Cahiers de Linguistique hispanique médiévale, 22 (1998-1999), pp. 297-322. 60   El ordenamiento de leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de Mil Trescientos y Cuarenta y Ocho, ed. de I. Jordán de Assó, M. del Río, Madrid [D. Joachim Ibarra, Impresor de Cámara de S. M.], 1774, Título XXVII, Ley III. En este título se establecían algunas condiciones más ambiguas para indicar excepciones para que pudiera reclamarse el disfrute de la justicia aun cuando su donación no hubiese sido explicitada, posibi-

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En este sentido, pues, las disposiciones legales venían a ratificar el asentamiento de una percepción del ejercicio del poder señorial inicialmente promovido por la Corona y en gran medida asumido por la aristocracia señorial, dentro de un proceso gradual, desde los últimos años del siglo xiii. Esto se había producido por el efecto de la letra de los documentos de donación de la jurisdicción pero también como resultado de la puesta en práctica del ejercicio de las facultades inherentes a la jurisdicción sobre las comunidades y territorios sujetos al señorío, bien de forma legitimada a través de mercedes regias, bien como resultado de su asimilación o incluso de su llana usurpación. Aun cuando en nuestra argumentación más empírica nos hayamos basado sustancialmente en un único territorio de la Corona de Castilla, entendemos que la Castilla al norte del Duero se ha manifestado como un laboratorio de pruebas especialmente expresivo para comprender esa evolución progresiva de las formas de dominación señorial hasta la cristalización del «señorío jurisdiccional».61 Y, tal como hemos venido demostrando, para litando pues una relativamente sencilla invocación de posesión de derechos jurisdiccionales por los diferentes señores: «[…] et si en los previllegios, ô cartas que fueren dadas por los Reys onde venimos, non se contiene nombradamente que dà la justicia, pero paresciendo por palabras del previllegio que fue su entencion de ge la dar […] Tenemos por bien que aquel à quien asi fuese dado el logar que aya la usticia, si vsó della; et si dixiese el previllegio, ô carta que le daba el logar enteramente, non reteniendo para si ninguna cosa; ó que diga que ge lo daba con todo poderío, é Sennorio, ù con todo el Sennorio Real, ô como al Sennorio Real pertenesce, porque los Reys antiguos vsaban de tales palabras en los previllegios, è cartas de las donaciones que facian, è dan titulo para poder ganar por tiempo, queremos, è mandamos que aquel, à quien fuere dado el logar, que aya la justicia, si vsô della continuadamente por tiempo de quarenta annos, non seyendo destajada por alguna de las maneras que se contiene en la ley ques comiença asi […]». 61   Por condiciones de analogía en otros territorios al norte del Duero también condicionados por un panorama de relaciones señoriales con múltiples categorías de dominio, estructuras de ejercicio y territorialización del poder complejas y gran diversidad de agentes sociales implicados en tales relaciones. Mientras, al sur del Duero y hasta la frontera de Granada en Andalucía, las referencias también pueden ser útiles si bien las condiciones de establecimiento de poder señorial por parte de la aristocracia en estos territorios eran sustancialmente diferentes. Al fin y al cabo, la expansión de los dominios señoriales de la aristocracia temporal en estos espacios arranca fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo xiii y se va a desenvolver en un contexto en que la noción de jurisdicción estaba pasando a ser referencial. De hecho, ya lo era en buena parte de esos territorios, en la medida en que el establecimiento de señoríos se realizó a partir de una organización social del espacio basada primordialmente en concejos de ciudad o villa y tierra, los cuales ya habían tendido a asumir las atribuciones jurisdiccionales del «señorío del rey». Por tanto, las alternativas para la señorialización por parte de miembros de la aristocracia pasaban bien por la obtención en merced de estos concejos —o de porciones de su tierra y aldeas— con la consiguiente donación de la jurisdicción o bien por la progresiva conformación de dominios a partir de bienes fundiarios dentro de estos concejos hasta que, por concesión o mediante usurpación finalmente reconocida, pudieran hacerse con la jurisdicción y, por tanto, el pleno señorío. Véase al respecto, entre otros, Estepa Díez, C., «El realengo y el señorío jurisdiccional…», pp. 494-505, Iradiel Murugarren, P., «Señoríos jurisdiccionales...», pp. 93-101; Monsalvo Antón, J. M.ª, «Las dos escalas de la

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los años centrales del siglo xiv la idea de «señorío jurisdiccional» y la propia superioridad teórica del «señorío del rey», en tanto soberano y señor natural del reino, habían calado en la sociedad del conjunto de la monarquía castellana a la par que se producía la extensión del ejercicio de la jurisdicción, doctrinalmente como delegación de la autoridad real, entre los señores laicos y eclesiásticos. Se trataba, en definitiva, de un momento crucial dentro de una dinámica histórica que apuntaba hacia la reafirmación del poder ejercido por los elementos dominantes de la sociedad feudal de la Corona de Castilla, la monarquía y la aristocracia, en los siglos finales de la Edad Media a partir de su condición señorial. Por tanto, es muy lógico que no observemos, como otros ya han apuntado, una cesura o un cambio radical con el acceso de Enrique, conde de Trastámara, al trono de Castilla en lo que toca a la definición conceptual de los principios sobre los que se articulaban las relaciones de dominación señorial en la sociedad feudal castellana. Dejando a un lado la cuestión relativa al volumen numérico de donaciones señoriales concedidas por los primeros reyes Trastámara, Enrique II, Juan I y Enrique III, la generalización de la fórmula en los documentos de merced de entrega expresa de las atribuciones jurisdiccionales mediante la referencia a … el mero e misto imperio e iustiçia, e iurisdiçión çiul e criminal, alta e baxa… en la segunda mitad del siglo  xiv respondía a las condiciones previas de integración de la concepción y ejercicio del poder señorial a partir del principio de la jurisdicción y su posterior ratificación legal. La comprensión de las dinámicas de reforzamiento del poder regio y de incremento del poder señorial de la aristocracia durante la segunda mitad del siglo xiv y las primeras décadas del siglo xv —por ceñirnos al arco temporal en que se desenvuelve nuestro objeto de estudio, aunque bien podríamos extender nuestro razonamiento hasta principios del siglo xvi— han de atender a la continuidad respecto a la época inmediatamente anterior.62 señorialización…»; Ladero Quesada, M. Á., Los señores de Andalucía; Quintanilla Raso, M.ª C., «La renovación nobiliaria...»; Monsalvo Antón, J. M.ª, «Frontera pionera…», 116122; Clemente Ramos, Julián, «Ciudad y territorio en la Extremadura medieval (siglos xiiic.1550), en B. Arízaga Bolumburu, J. Á. Solórzano Telechea (eds.), La ciudad medieval y su influencia territorial. Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo 2006, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2007, pp. 81-105, en concreto 89-104; Jara Fuente, José Antonio, «Facing the depredations and fighting the predators. Urban Castile and the defence of municipal jurisdiction in the Late Middle Ages», Imago temporis. Medium Aevum, 1 (2007), pp. 149-176; Estepa Díez, C., «La Monarquía castellana...», pp. 87-92. 62   Estepa Díez, C., «La Monarquía castellana...»; pp. 80-81, 87-98; Rucquoi, A., «Nobleza y Monarquía: ¿una ilusión?», pp. 609-611, 620-625; Estepa Díez, C., «El dominio político…», pp. 37-45. Incluso la cuestión de las mercedes señoriales a la aristocracia tras el acceso de Enrique II al trono y por parte de sus sucesores merece ser reconsiderada. Estas, en efecto, se produjeron y también es cierto que, desde el final del siglo xiii y las décadas del siglo xiv, ya se venían sucediendo numerosas donaciones de villas y lugares y de derechos señoriales por parte de la Corona en todo el reino. Pero también es verdad que el trasiego de posesiones

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Desde esa óptica vamos a abordar el estudio concreto de las relaciones de poder establecidas en torno al patrimonio señorial de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque. Es cierto que en la época que nos ocupa de modo más directo en nuestro estudio, el predominio de la noción jurisdiccional en la conformación de la autoridad señorial se había ido configurando durante al menos los cien años anteriores. Sin embargo, es más que interesante que tratemos de comprender cómo en ese período posterior a 1350-1369 fue desarrollándose el ejercicio de los derechos señoriales por parte de sus titulares y de sus agentes en el desenvolvimiento de sus relaciones con los vasallos de aquellos, habitantes de comunidades organizadas institucional, social, económica, espiritualmente, etc., en relación con unos espacios humanizados concretos, sujetos a la dominación. De este modo podremos analizar cómo fue enriqueciéndose y reafirmándose el ya entonces instituido elemento jurisdiccional como clave de bóveda del ejercicio del poder señorial en Castilla en las décadas de tránsito entre el siglo xiv y el siglo xv, fundamentales a su vez para comprender su definitiva maduración y apogeo con posterioridad a los años centrales del siglo xv. No deberemos tampoco olvidar que, en cualquier caso, la supremacía de la autoridad jurisdiccional no dejó de convivir con posterioridad a mediados del siglo xiv, igual que había pasado esto en tiempos anteriores, con el otro principio que sustentaba el poder señorial: la acumulación de derechos específicamente enunciados sobre bienes materiales e individuos concretos. Su señoriales durante los reinados de Alfonso XI y Pedro I fue muy importante, con múltiples cambios de titularidad y también con la incautación por parte de la monarquía del patrimonio de muchos señores que se vieron envueltos en conflictos con aquella. Baste para comprobar este particular un breve repaso a las fuentes cronísticas y los relatos sobre la evolución de los reinados de Alfonso XI, Pedro I y Enrique II elaborados por historiadores actuales (entre otros, Valdeón Baruque, J. Enrique II de Castilla: la guerra civil…; Sánchez-Arcilla Bernal, José, Alfonso XI. 1312-1350, Palencia, La Olmeda, 1995; Díaz Martín, Luis Vicente, Pedro I. 1350-1369, Palencia, Diputación Provincial de Palencia-La Olmeda, 1995; Valdeón Baruque, J., Enrique II. 1369-1379, Palencia, Diputación de Palencia, 1996; id., Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara. ¿La primera guerra civil?, Madrid, Aguilar, 2002; Estepa Díez, C., «Rebelión y rey legítimo en las luchas entre Pedro I y Enrique II», en I. Alfonso Antón, J. Escalona, G. Martin, Lucha política. Condena y legitimación en la España medieval, Lyon, École Normale Supérieure Éditions, 2004, pp. 43-61; id., «The Strengthening of Royal Power in Castile under Alfonso XI», en I. Alfonso, H. Kennedy, J. Escalona (ed.), Building Legitimacy. Political Discourses and Forms of Legitimation in Medieval Societies, Leiden, 2004, pp. 179-222). Por tanto, no parece descabellado el tratar de poner en relación dos aspectos. Por un lado, en qué medida el patrimonio regio se había incrementado, particularmente a finales del reinado de Pedro I, cuando algunos de los principales señores del reino habían muerto enfrentados al rey y la gran mayoría de los que sobrevivían apoyaban al conde de Trastámara contra su hermanastro, estando muchos de ellos con él en el exilio. Por el otro, hasta qué punto las mercedes enriqueñas y de sus sucesores no entraban dentro de un programa de adquisición de legitimidad de los soberanos Trastámara y de apoyo social a su monarquía, basado no tanto en la creación sino, en cierto modo, en la restauración de las estructuras señoriales de una aristocracia necesaria para el sostenimiento del poder de la Corona.

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reconocimiento nos ayudará a marcar los límites sobre los que podía llegar a proyectarse en último término el ejercicio de atribuciones jurisdiccionales, a partir de la singularización de los elementos que componían el patrimonio señorial, de las facultades concretas que implicaba el ejercicio de la autoridad señorial sobre las comunidades dominadas y de las fuentes de recursos económicos y humanos sobre los que podía proyectarse el señorío. De hecho, buena parte de los conflictos y tensiones establecidos en torno al poder señorial, tanto en términos verticales entre dominadores y dominados como en términos horizontales de competencia interseñorial, tiene que ver con la categorización legítima o más o menos espuria de determinados derechos que los señores pretendían ostentar y desempeñar a despecho de los derechos de otros señores o de las comunidades humanas —o de ciertos individuos dentro de ellas— sujetas a la dominación ejercida por aquellos. Son estos, pues, factores que entraban en juego en el desenvolvimiento de dicho poder señorial y que habrá que atender si se refieren al solapamiento de múltiples derechos señoriales, a la atribución de muchos de ellos a condiciones de ostentación de «propiedad dominical» sobre determinados bienes raíces o de situaciones antiguas de ejercicio de «dominio señorial», a los intentos por parte de los detentadores de todos estos derechos de convertirlos en la base para ejercer jurisdicción, con la consiguiente colisión con los agentes sociales que podían verse perjudicados por el desmembramiento o supeditación de su propio poder señorial o de su posición de poder social en el marco institucional y espacial en que cada cual se moviese. * * * Realizadas, pues, estas precisiones sobre la comprensión del poder señorial en torno al acaparamiento acumulativo de derechos, por un lado, y a la construcción de la jurisdicción como noción clave en su formulación y ejercicio en la Castilla bajomedieval, por otro lado, podemos comenzar el análisis en torno a los patrimonios señoriales del infante Fernando y su esposa, precisamente, por lo que toca a los lugares y comunidades sobre los que ejercían jurisdicción. Como ya hemos indicado, para ello atenderemos a una doble vertiente en lo que concierne a las relaciones de dominación establecidas alrededor del señorío y al desarrollo de determinadas prácticas e incluso estrategias dirigidas a garantizar la posición de poder adquirida por los señores, tanto en lo que afecta al caso estudiado en particular como a la dinámica general de la Corona de Castilla en el tránsito entre los siglos xiv y xv. Esto es, por una parte, en lo que corresponde a las relaciones directamente establecidas con esas comunidades humanas inscritas bajo su dominación señorial, sobre lo que nos ocuparemos más adelante. Por la otra, en lo que afecta al desenvolvimiento de los señores en su interacción con otras instancias

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de poder en el marco político y espacial del reino, percibido como sistema de poder, no sujetas a la dominación por ellos ejercida, tales como los distintos aparatos de gobierno de la Corona u otros señores temporales o eclesiásticos. De ellos nos empezaremos a ocupar inmediatamente, puesto que el estudio del patrimonio comprendido por las villas, lugares y otros espacios organizados en las tierras de la Corona de Castilla sobre los que Fernando y Leonor ejercieron jurisdicción y otros derechos señoriales y de las estrategias para la expansión y redistribución de este poder señorial marcadamente territorializado se encuentran directamente vinculados con sus proyectos de hegemonía política y social en el reino. Por tanto, con esas relaciones, de solidaridad y conflictivas, en pie de igualdad o en términos asimétricos de dependencia clientelar, entabladas con otros miembros del linaje real, oficiales regios o señores de distinta condición y grado de influencia.

2 Villas y lugares bajo el señorío de los infantes: territorialización del poder, estrategias expansivas y conflictividad interseñorial

Al tratar la celebración de los esponsales entre Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque a finales de 1393 y la definitiva celebración de su matrimonio en 1395, en otro trabajo ya hicimos unas primeras referencias a la importancia de los señoríos que ambos reunieron y que convirtieron al por entonces infante heredero y su esposa en los señores más importantes de la Corona de Castilla. Hemos señalado también, por otro lado, la cierta uniformidad que tanto patrimonios aportados por Fernando como por Leonor compartían, integrados prioritariamente por villas y lugares vinculados a sus señores a través de los distintos derechos ostentados por estos y capitalizados por el del ejercicio de la jurisdicción. Esto era así en la medida en que ambos bloques patrimoniales se constituyeron de manera bastante precisa como resultado de mercedes por parte de la Corona al mismo infante y al padre de doña Leonor en tanto dotaciones señoriales a miembros de la parentela regia, característicos en el contexto de la monarquía castellanoleonesa al menos desde el final del siglo xiii.1 Conviene ya que precisemos algo más acerca de la composición y extensión de ese patrimonio sobre el que Fernando y Leonor ejercían jurisdicción a partir de su respectiva dotación señorial y de su agrupación en el momento en que contrajeron matrimonio y comenzaron a gestionarlo de forma conjunta. Hablamos de unos dominios que se extendían de manera extraordinaria atravesando el territorio del reino de noreste a suroeste, desde la Rioja hasta 1

  Muñoz Gómez, V., Fernando, «el de Antequera»…, pp. 55-65.

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Extremadura, desde la frontera de Navarra hasta la frontera de Portugal, y que, por su posición geográfica y su potencial demográfico y económico, dotaban a los infantes Fernando y Leonor de una capacidad de implantación territorial en algunas de las áreas más nucleares del reino ciertamente sobresaliente. Pero también se trataba de un conjunto de villas, lugares y tierras sobre cuya posesión, gestión, ampliación y transmisión iban a girar una buena parte de los esfuerzos de sus señores a lo largo de sus vidas, en la medida en que la posición de hegemonía política y social alcanzada en Castilla por Fernando, Leonor y sus vástagos hasta 1430 estuvo directamente relacionada con esa potencia señorial y con la capacidad de hacer efectivo su poder sobre los pobladores de vastos espacios de la Corona de Castilla. Podemos comenzar por aquellos correspondientes al infante Fernando, puesto que la situación de señorío sobre las villas que él aportó en su matrimonio, a la altura de 1395-1398, momento en el que empezaremos a observar iniciativas para la expansión conjunta del patrimonio de los infantes, era más clara y definida.

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1. La dotación del infante Fernando (1390-1396) Aunque es cierto que existieron unos primeros intentos de dotación de Fernando en 1384 y 1385, a partir de los señoríos apropiados por la Corona al conde de Trastámara tras su defección durante la guerra contra Portugal y de las disposiciones del testamento del rey Juan I, estos no tendrían gran relevancia práctica tras el perdón al conde Pedro y, sobre todo, a partir de la definitiva dotación realizada en las Cortes de Guadalajara de 1390 y de las cláusulas que a este respecto había establecido en su testamento.2 En dichas Cortes, Juan I de Castilla definió claramente la inserción del infante Fernando en la sociedad política del reino, de acuerdo con su estado de infante real, al establecerlo como señor de Lara, duque de Peñafiel y conde de Mayorga, además de asignársele escudo de armas y formarse el núcleo de su casa.3 Ello implicó la entrega del señorío sobre el patrimonio correspondiente al tal señorío de Lara, sobre las villas de Peñafiel y Mayorga y también sobre Cuéllar y, temporalmente, San Esteban de Gormaz y Castrojeriz. Estas dos últimas le fueron concedidas como compensación por Medina del Campo y Olmedo, que por entonces se hallaban en manos de Constanza de Castilla, duquesa de Lancaster, y que, tras su muerte, habrían de pasar al infante mientras que se entendía que San Esteban de Gormaz y Castrojeriz retornarían entonces a la Corona.4 2   La confiscación de los bienes del conde de Trastámara y su entrega al infante se produjo durante el sitio de Lisboa, a fecha de 12 de junio de 1385 (AGS, Patronato Real, leg. 59, n.º 123). En cuanto al retorno del conde don Pedro a la fidelidad del rey de Castilla tras Aljubarrota, toda vez que desde principios de 1385 había conspirado contra Juan de Avís, vid. López de Ayala, Pero, Crónica de los Reyes de Castilla. Tomo Segundo. Crónica del Rey don Juan Primero de Castilla, Madrid, ed. y notas de C. Rosell, Ediciones Atlas, 1953, año 1385, cap. II, p. 93; Pardo de Guevara y Valdés, E., Los Señores de Galicia, vol. I, pp. 220-224. 3   Sobre la dotación en las Cortes de Guadalajara, vid. López de Ayala, P., Crónica del Rey don Juan Primero…, año 1390, cap. IV, p. 130. En cuanto al testamento de Juan I, desvelado tras su muerte aunque redactado justo antes de la batalla de Aljubarrota, López de Ayala, Pero, Crónica de los Reyes de Castilla. Tomo Segundo. Crónica del Rey don Enrique III de Castilla, Madrid, ed. y notas de C. Rosell, Ediciones Atlas, 1953, año 1392, cap. VI, pp. 186-194, en concreto p. 190, donde se designaba la dotación que había de corresponder al infante Fernando: las villas de Medina del Campo y de Olmedo, más las de Balmaseda y Santa Gadea, el condado de Mayorga que en ese momento tenía el conde de Barcelos para que pasase al infante a la muerte de este, más todo el patrimonio del conde de Trastámara y 300 000 mrs. anuales de mantenimiento. Ninguno de estos puntos tendría efecto, del mismo modo que tampoco el señorío de Lara, que se entregaba en el testamento al infante heredero Enrique, quedaría para él sino para Fernando, a cuenta de todos los acontecimientos sucedidos tras la redacción del testamento. Los aspectos que, sin embargo, sí habrían de tener cumplimiento eran la partición de la dote de su primera esposa, Leonor de Aragón, de 200 000 florines, por mitades entre sus hijos Enrique y Fernando y también el establecimiento de los principales oficios de la casa del infante y la asignación de la mitad de los donceles que entonces mantenía el rey a aquella. 4   Suárez Fernández, L., Historia del reinado de Juan I…, p. 413; Echevarría Arsuaga, Ana, Catalina de Lancaster. Reina regente de Castilla, 1372-1418, Hondarribia, Nerea, 2002, pp. 51-56, 78-79.

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Solo a partir de 1393 parece que Fernando pudo ejercer de manera efectiva el señorío sobre estas villas citadas. Con anterioridad, durante la minoría de edad de su hermano Enrique III, tenemos muestras de que este señorío allí donde lo ejercía tenía mucho de nominal. Esto puede deducirse a partir del problema generado en torno a la posesión de Mayorga en el momento en que el mayordomo mayor del infante, Juan Alfonso de la Cerda, fue desposeído de este oficio para nombrarse en él a Pedro Suárez de Quiñones. Si originalmente este había sido designado por Juan I en su testamento para ejercer este honor,5 al otorgársele el oficio de notario mayor de Castilla, se decidió entregar la mayordomía del infante a Juan Alfonso de la Cerda. Sin embargo, dos años después, la decisión de los tutores del rey Enrique III fue la de cumplir lo mandado en el testamento de Juan I y promover como mayordomo mayor del infante a Pedro Suárez. Esto ocasionó el consiguiente descontento de Juan Alfonso de la Cerda, quien protestó la decisión y, al no ser atendido en ella, decidió abandonar la Corte y dirigirse a Mayorga, donde posteriormente acogió al duque de Benavente y a sus tropas, previsiblemente con el fin de recuperar el oficio apoyando a la facción liderada por este durante la minoría de Enrique III.6 La acción de Juan Alfonso de la Cerda debió de ser sin duda sorpresiva pero lo cierto es que, si pudo aprovechar su condición de mayordomo del infante para hacerse con el control de Mayorga sin aparente oposición, esto debió producirse por la condición de menor de edad también del infante Fernando y por la consiguiente limitada capacidad personal que en ese momento podía desarrollar para gestionar su señorío y su casa, manejado entonces más bien por los tutores del rey. Ello explica que los oficiales del infante pudieran manejarse con mayor autonomía, llegando incluso a esta situación extrema de disponer de la posesión de las villas de su señor en su propio interés. Por otro lado, es a partir de 1393-1395 cuando se documentan los ejercicios de toma de posesión por el infante de algunas de las villas de su señorío, lo que manifiesta el inicio del ejercicio real de las facultades señoriales del infante sobre ellas. Así, tenemos noticia sobre el pleito homenaje que prestaron los procuradores de San Esteban de Gormaz, de Peñafiel, de Castrojeriz 5   López de Ayala, P., Crónica del Rey don Enrique Tercero…, año 1392, cap. VI, p. 190. Figuraban como tales oficiales principales señalados en el testamento, además del mayordomo mayor, otros once oficios mayores. Trataremos sobre ello en el capítulo siguiente. 6   Al menos desde 1391, antes de la lectura del testamento de Juan I y, de hecho, desde la dotación de Fernando en las Cortes de Guadalajara, Juan Alfonso de la Cerda figura como mayordomo del infante (López de Ayala, P. Crónica del Rey don Enrique Tercero…, año 1391, cap. XXVII, p. 181). Sobre la entrega de la mayordomía a Pedro Suárez de Quiñones y el asunto de Mayorga, vid. López de Ayala, P., Crónica del Rey don Enrique Tercero…, año 1392, cap. VII, p. 195; ibid., año 1393, cap. V, p. 205. Otra evidencia de la salida airada de Juan Alfonso de la Cerda de la Corte en el inventario de los bienes de la cámara del infante que se elaboró al abandono de sus funciones en la casa de este (AHNob, Frías, C.ª 1.422, n.º 2).

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y de Cuéllar al infante, entre abril y mayo de 1394,7 y también de la donación que hizo el infante del lugar de Pesquera, perteneciente a la tierra de Peñafiel, al justicia mayor del rey Diego López de Stúñiga en 1395.8 Merece la pena apuntar aquí la resistencia que los vecinos de Cuéllar mostraron a la hora de aceptar a su señor, tratando infructuosamente de recurrir al rey para que los mantuviera dentro del realengo. Esta resistencia, en cualquier caso, no debió ser demasiado enérgica ni tampoco agresiva, en la medida en que, tras la negativa del rey, el concejo de Cuéllar juró al infante Fernando como su señor, aparentemente sin mayores reticencias.9   El 22 de abril de 1394, el concejo de Cuéllar nombraba sus procuradores para prestar homenaje al infante, al contador real Alfonso García de Cuéllar y al caballero Velasco Vela, quienes así lo hicieron en el monasterio de San Martín de Valdeiglesias el lunes 4 de mayo siguiente en manos del maestre de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa. La carta de procuración va inserta en el de pleito homenaje, donde se indica que se tomó de igual manera el pleito homenaje de los procuradores de San Esteban de Gormaz, Peñafiel y Castrojeriz, se entiende, ese mismo día (Colección documental de Cuéllar (934-1492), ed. de B. Velasco Bayón, M. Herrero Jiménez, S. Pecharromán Cebríán, J. Montalvillo García, 2 vols., Segovia, Ayuntamiento de Cuéllar, 2010, pp. 313-314, 316-319). 8   AHNob, Osuna, carp. 42, n.º 3, dada el 26 de enero de ese año. 9   Así lo deducimos por la carta que Enrique III entregó a los procuradores de Cuéllar el 3 de mayo, un día antes del homenaje que prestaron al infante, en que los liberaba del anterior pleito homenaje que el concejo había prestado a la reina Beatriz de Portugal para que pudieran otorgarlo al infante Fernando, pues los procuradores objetaron que «… non pudían al dicho infante fazer otro pleito e omenaje fasta que primeramente les fuese quito el dicho pleito e omenaje que auían fecho a la dicha rreyna doña Beatriz, porque los vezinos e moradores de la dicha villa e su tierra fincasen libres e quitos e linpios del dicho pleito e omenaje para agora e para sienpre jamás». El rey no dio lugar a la queja, a razón de la donación que hiciera Juan I a su hermano, recibiendo enmienda la reina Beatriz por la pérdida de Cuéllar, indicando además que «… non es su señora nin después acá non la obedeçieron por señora, nin le rrecu/ dieron con pechos nin con derechos desde quel dicho rrey, mi padre, auía dado la dicha villa al dicho infante, mi hermano.» (ibid., doc. 192, pp. 315-316). Aun así, el día 5 de mayo otorgó carta a los procuradores cuellaranos notificándoles que atendería la petición que estos, en nombre del concejo de la villa, habían hecho para que Cuéllar: «…fuese tornada a mí e a la mi corona rreal e que después non fuese dada a ninguna persona, nin tirada de mí nin de la mi corona, por quanto el dicho señor rrey, mi padre, lo declarara así a los vuestros procuradores que a él enbiárades quando supiérades que en las cortes de Guadalhajara lo auía declarado, e avnque así vos lo prometiera quando esa dicha villa diera a la rreyna doña Leonor, mi señora e madre, que Dios perdone». La carta fue otorgada a los procuradores para que acompañara a las otras dos escrituras citadas en la nota anterior, justificando los motivos por los que se habrían visto obligados a prestar el pleito homenaje tras haber presentado las protestas que traían del concejo. Entendemos que no había lugar a que se reconsiderara el liberarles del señorío del infante pues, en cualquier caso, el rey ofreció garantías a Cuéllar de haber ordenado a su hermano no enajenar la villa ni ninguna de sus aldeas, igual que no imponerles tributos contra derecho, respetarles sus privilegios y confirmarles sus oficiales, lo cual don Fernando juró (ibid., doc. 194, pp. 319-321). Desconocemos la reacción que todo ello pudo producir en el concejo de Cuéllar pero tampoco tenemos evidencia documental de movimientos contrarios al señorío del infante a lo largo de toda su vida en la villa. 7

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Por otra parte, no se ha conservado otra documentación relativa a la entrega de Medina del Campo y Olmedo al señorío del infante y al consiguiente retorno de San Esteban de Gormaz y Castrojeriz a la jurisdicción real. En cualquier caso, todo parece indicar que tras la muerte de la madre de la reina Catalina de Lancaster el 24 de marzo de 1394, se hubo de producir el traspaso de las dos primeras al infante mientras que las dos últimas efectivamente retornarían a la Corona. De cualquier forma, desconocemos el momento exacto en que se produjo este hecho, posiblemente a lo largo de 1394 y no más allá de mediados de 1396.10 Así se percibe también a juzgar por la disposición que Enrique III hizo de Castrojeriz entre el 28 de enero y los primeros días de 1398 para dotar al portugués Martín Vázquez de Acuña, tras su abandono de la fidelidad al rey de Portugal y paso a Castilla, con esta villa y con el matrimonio de una de las hijas y herederas del infante don Juan de Portugal recibiendo también el título de conde de Valencia.11 Por lo que toca a la villa soriana, no existen evidencias posteriores que la reflejen como integrada bajo el señorío del infante Fernando ni de ningún otro señor antes de su donación por el rey Juan II a su favorito, Álvaro de Luna, en 1420.12 Queda referirnos a los bienes ligados al señorío de Lara. Consideremos ahora que, por aquel entonces, la proyección señorial del título de señor de 10   Los primeros documentos otorgados por el infante Fernando desde Medina del Campo, la residencia habitual en los palacios de la villa suya y de su esposa hasta 1412, están datados en julio de 1396, relativos a los conflictos por el aprovechamiento de términos comunales que afectaban a los vecinos de sus villas de Peñafiel y Cuéllar (ibid., docs. 199-200, pp. 328-329). Las apreciaciones de A. Echevarría sobre la entrega de Medina del Campo y Olmedo al infante Fernando tras la muerte de Constanza de Castilla yerran al retrasarlas hasta 1404 por motivos que no aclara pero que seguramente se deben a una interpretación errónea del sentido de los privilegios expedidos en ese año a favor del infante para sancionar la posesión de su patrimonio señorial (Echevarría Arsuaga, A., Catalina de Lancaster…, pp. 78-79). 11   El 28 de enero, Enrique III había dado poder a Diego López de Stúñiga para tratar con Juan Alfonso de Pimentel y Martín Vázquez de Acuña y concederles los lugares y vasallos que considerase oportunos para que pasasen al servicio del rey de Castilla y, ese mismo día, el infante Fernando y el resto de los miembros del Consejo real daban su autorización para que ambos señores recibiesen todo aquello que Diego López acordase entregarles en virtud de la carta de poder del rey (AHNob, Osuna, C.ª 415, n.º 5). Con esta documentación se conserva la notificación de que, tras tratar con estos señores, Diego López de Stúñiga concedió a Juan Alfonso de Pimentel la villa de Benavente en las mismas condiciones en las que hasta entonces la había poseído la reina Catalina y las villas de Bragança y Vinhais en Portugal, interrumpiéndose en este punto el documento, sin llegar a indicarse cuáles fueron los términos del acuerdo alcanzado, a su vez, con Martín Vázquez de Acuña. En todo caso, a 8 de febrero de 1398, Enrique III intervenía en el conflicto que afectaba a Martín Vázquez como señor de Castrojeriz y al convento femenino de Santa Clara en esta villa, a cuenta de las interferencias que ejercía el señor en la percepción de la martiniega y el portazgo de la villa, derechos que pertenecían a esta congregación (AHN, Diversos, Serie Real, Enrique II, n.º 2; cit. Mitre Fernández, E. Evolución…, pp. 89-90). 12   Calderón Ortega, J. M., Álvaro de Luna. Riqueza y poder…, pp. 34-35, donde el autor se refiere al documento, hoy perdido, y no se notifica que tal merced fuera realizada con el título de conde, el cual fue otorgado posteriormente, en 1423.

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Lara era bastante problemática y se limitaba prácticamente a la jurisdicción ejercida sobre la villa de Lerma y sus aldeas y a un conjunto bastante difuso y poco definido de derechos sobre lugares de behetría en la Castilla al norte del Duero. La cuestión de la concreción de esa dimensión señorial del restaurado señorío de Lara en manos del infante Fernando la trataremos más adelante de manera monográfica. De hecho, nos servirá como caso referencial para una mejor comprensión del conjunto de las estrategias de gestión del patrimonio señorial en el período que estamos estudiando en una doble dimensión. Por una parte, por lo que se refiere a la extensión del poder social y su efectuación política en Castilla por parte del infante Fernando y, posteriormente, por parte de sus herederos, en especial por lo que toca a su hijo Juan, como heredero del título de señor de Lara y en gran medida del liderazgo que en Castilla había ejercido su padre a la cabeza de los parientes reales de la rama aragonesa. Por la otra, en la medida en que nos ayudará a comprender mejor toda una serie de tendencias y conflictos que caracterizaron las relaciones en torno al poder señorial en la Corona de Castilla en la cronología que estamos estudiando, entre mediados del siglo xiv y mediados del siglo xv. De todos modos y recapitulando, si tenemos en cuenta lo señalado sobre el señorío de Lara, el patrimonio señorial de quien todavía era infante heredero en el momento de su matrimonio con la condesa de Alburquerque conformaba un conjunto relativamente homogéneo de villas de cierta consideración en el área central del valle del Duero, particularmente en la zona de la «Extremadura castellana» y en el área de la zona occidental de la Tierra de Campos. Justamente, su señorío se hallaba implantado en lo que se podía entender entre mediados del siglo xiv y mediados del siglo xv como el espacio de poder central dentro de los territorios de la monarquía castellano-leonesa, en torno al eje urbano formado por Burgos-Valladolid-Segovia-ÁvilaToledo, a razón de dos factores. Por un lado, la propia residencia y desplazamiento prioritarios del rey y de las principales instituciones del gobierno de la monarquía en lugares comprendidos dentro de esta zona.13 Por el otro, que la región a la que nos referimos era una de las más pobladas del 13   Estas cuestiones han sido objeto de atención recientemente a partir del planteamiento de los desplazamientos de la Corte castellana como vinculados a una expresión espacial del ejercicio del poder regio. Vid. Cañas Gálvez, Francisco de Paula, «La itinerancia de la corte de Castilla durante la primera mitad del siglo xv. El eje Burgos-Toledo, escenario burocráticoadministrativo y político de la Monarquía en tiempos de Juan II», e-Spania, 8 (2009). Disponible en: https://e-spania.revues.org/18829 [consulta: 2/02/2016]; Valdaliso Casanova, Covadonga, «La proyección espacial de la monarquía castellana en la segunda mitad del siglo xiv. Una aproximación a través de la obra cronística de Pedro López de Ayala», en B. Arízaga Bolumburu… [et al.], Mundos medievales. Espacios, sociedades y poder: homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Santander, 2012, vol. II, pp. 1977-1988; Arias Guillén, Fernando, «A kingdom without a capital? Itineration and spaces of royal power in Castile, c.1252–1350», Journal of Medieval History, 39/4 (2013), pp. 456-476; Cañas Gálvez, Francisco de Paula, Itinerario de Alfonso XI de Castilla. Espacio, poder y corte (1325-1350), Madrid, La Ergástula, 2014, con especial atención a las pp. 45-133.

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reino pero, sobre todo, contaba con una densidad urbana muy considerable, la cual se traducía en el gran peso político, económico y social de esta zona central del territorio de la Corona frente a sus áreas más periféricas.14

2. La herencia de la condesa Leonor (1374-1395) Pasemos ya a hablar del señorío que la condesa Leonor de Alburquerque integró en el señorío conjunto dominado por ella y por su esposo a partir de 1395. El patrimonio que lo conformaba, fruto de la herencia de su padre, Sancho de Castilla, hermano del rey Enrique, era ciertamente formidable, como nos aporta la primera relación del mismo que realizó el cronista López de Ayala: 14   En este sentido, es particularmente sugerente en cuanto al planteamiento de hipótesis de trabajo que conectan los procesos de fortalecimiento del poder monárquico castellano y el florecimiento de estructuras concejiles y al análisis de la evolución del peso específico de los núcleos urbanos en la zona de la actual comunidad autónoma de Castilla y León entre el siglo xiii y el siglo xv es el trabajo de Monsalvo Antón, José María, «Centralización monárquica castellana y territorios concejiles (Algunas hipótesis a partir de las ciudades medievales de la región castellano-leonesa)», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 13 (2000-2002), pp. 157-202.

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Doña Leonor, Condesa de Alburquerque, fija del Conde Don Sancho, hermano del Rey Don Enrique, era entonces la Señora mejor heredada que se fallaba en España, ca era Señora destas villas é logares que aqui diremos; es á saber, de Haro, é Briones, é Cerezo, é Vilforado, é Señora de Ledesma con las cinco villas, é de Albuquerque, é la Codosera, é Alzagala, é Alconchel, é Medellin, é Alconetar; é dierale el Rey Don Juan su primo á Villalón é á Urueña en troque de Cea é su tierra, que diera el Rey a Ramir Nuñez de Guzman; é de Sant Felices de los Gallegos, que diera á un caballero de Cataluña que le sirviera en las guerras, que decian Mosen Giral de Torralt; é de Villa Garcia, que diera á Gutier Gonzalez Quijada; é de Fuentpudia, que diera á Juan Alfonso de Baeza; é de Montealegre, que diera á Don Enrique Manuel, fijo de Don Juan Manuel.15

La lectura de este pasaje de la Crónica de Enrique III nos perfila la dimensión territorial de los dominios legados a Leonor de Alburquerque pero también nos pone sobre la pista de las complejas circunstancias que afectaron a la transmisión de un señorío de tales características a cuenta de la condición de Leonor de hija póstuma de su padre, menor de edad colocada bajo la tutela real. La enajenación de determinadas villas y lugares y las dificultades para perpetuar las relaciones de superioridad con ciertos elementos del entorno clientelar que formara a su alrededor el conde don Sancho fueron aspectos característicos en la gestión del patrimonio señorial de doña Leonor entre 1374 y 1395. No obstante, para poder situar adecuadamente esa cuestión es preciso delimitar antes con cierta precisión en qué consistió el señorío ostentado por Sancho de Castilla. Tenemos constancia de que Sancho, uno de los hijos menores de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, nacido presumiblemente en torno a 1342, no disfrutó de dotación señorial en vida de Alfonso XI a causa de su corta edad. Los avatares del reinado de Pedro I dieron lugar a que solo tras el primer acceso al trono de Enrique II en 1366, este instituyese a su hermano como conde de Alburquerque y le asignara un patrimonio señorial. Los orígenes del mismo provienen, en cualquier caso, de dos fuentes fundamentales. Por una parte, toda una serie de villas que anteriormente ya habían pertenecido a algunos de sus hermanos mayores ya fallecidos cuando fueron dotados por su padre. Se trataba de Ledesma y las llamadas Çinco Villas de Montemayor, Salvatierra, Miranda del Castañar, Galisteo y Granadilla, situadas en la «Extremadura leonesa» a ambos lados de la sierra, que antes poseyeran primero sus hermano Sancho «el mudo», Fernando y Juan, sucesivamente, y de las de Haro, Briones, Cerezo y Belorado, que antes habían pertenecido a sus hermanos Fadrique y Fernando, las cuales retornaron a la Corona durante el reinado de Pedro I con el fallecimiento natural de Fernando y cruento de   López de Ayala, P., Crónica del Rey don Enrique Tercero..., año 1390, cap. II, p. 162.

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Fadrique y Juan por orden del rey.16 Por otra parte, todos los bienes que fueron de don Juan Alfonso de Alburquerque y de su esposa Isabel de Meneses. Como resultado de lo que en realidad eran tres antiguos patrimonios señoriales, Sancho de Castilla se intitularía desde entonces conde de Alburquerque —por lo tocante a don Juan Alfonso— y señor de Ledesma y de Haro, por lo que respectaba a los señoríos que habían sido, en último término, de sus hermanos Juan y Fernando, respectivamente.17 Hemos de centrarnos aquí en la parte correspondiente a los bienes que fueron de Juan Alfonso de Alburquerque porque en realidad el conde don Sancho no recibió íntegramente el conjunto del patrimonio que había pertenecido a aquel y a su esposa Isabel de Meneses hasta 1354 y a su hijo Martín Gil después hasta 1365. Repasemos puntualmente el destino de los distintos lugares que estuvieron bajo el señorío del que fuera privado de Pedro I.18 Así, del señorío de Juan Alfonso de Alburquerque el conde don Sancho llegó a apropiarse de la villa de Chillón y el castillo de Aznaharón, en la zona limítrofe entre La Mancha y Andalucía, que aquel había adquirido como re  Vid. Fernández Marco, Juan Ignacio, La muy noble y muy leal villa de Briones. Estudio Biográfico, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1976, pp. 93-94; Hergueta y Martín, Domingo, Noticias Históricas de la muy noble y muy leal ciudad de Haro, Logroño, Diputación de Logroño 1979 (1.ª ed. 1906), pp. 173-179; González Crespo, Esther, «El afianzamiento económico y social de los hijos de Leonor de Guzmán», Anuario de Estudios Medievales, 18 (1988), pp. 289-303. La documentación de la villa de Haro recoge la condición de Fernando, hijo de Alfonso XI, como señor de Haro y Briones en relación con el pleito que enfrentó a sus dos villas por la posesión de la aldea de Cuzcurrita en 1347 (AMHaro, 3023/3). Las características de las donaciones de Ledesma y las Çinco Villas y de Haro y Briones en época de Alfonso XI a sus vástagos y que luego fueron incluidas en la dotación del conde de Alburquerque hacen pensar que también Belorado y Cerezo formaran parte, muy probablemente, del señorío de Fernando. Por desgracia, la documentación conservada en el Archivo Municipal de Belorado presenta un salto entre 1333 y 1351, coincidente con el presumible señorío del vástago de Alfonso XI y no hemos podido localizar ninguna otra evidencia que demuestre una hipótesis que parece la más plausible. 17   Se conserva copia del documento que acreditaba tal donación, realizada el 7 abril en 1366 en Burgos (López de Ayala, P., Crónica del Rey don Pedro, año 1366, cap. VII, p. 541; BRAH, Salazar y Castro, M-43, ff. 120 v.-122 r.), a partir del traslado sacado de la confirmación de Enrique III de 1392 al privilegio otorgado por Juan I en las Cortes de Burgos de 1379 a su prima la condesa Leonor de Alburquerque en enmienda del que originalmente diera al padre de esta el rey Enrique II y que, según lo expresado en el privilegio, se habría perdido durante la batalla de Nájera cuando don Sancho fue capturado por los ingleses. En él, efectivamente, se enunciaban los lugares que el rey Enrique II habría donado a su hermano Sancho (ACDA, Grajal, C.ª 193, leg. 1, n.º 5, Burgos, 10 de agosto de 1379; traslado sacado en Barcelona el 23 de julio de 1413 a petición de Juan Fernández de Vega sobre el original conservado en la cámara del rey Fernando I). 18   Sobre el mismo, han de considerarse inicialmente los trabajos de Rodríguez Amaya, E., «Don Juan Alfonso de Alburquerque…»; Fernández Martín, P., «El último señor…»; Salcedo Tapia, Modesto, La familia Téllez de Meneses en los tronos de Castilla y Portugal, Diputación Provincial de Palencia, 1999, pp. 277-297. A ellos remitimos en los párrafos siguientes en general. 16

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sultado de los tratos establecidos en torno al señorío de Aguilar con Alfonso Fernández Coronel entre 1350 y 1353. No así de la villa de Burguillos, en el sur de Extremadura, que originalmente este acordó entregar a Juan Alfonso de Alburquerque por su mediación ante Pedro I para conseguir el señorío de Aguilar, si bien tal donación al favorito del rey nunca se llegó a efectuar. De hecho, tras el levantamiento de Alfonso Fernández Coronel contra el rey, y su derrota y ejecución, sus bienes fueron tomados por la Corona y dados en merced a diferentes señores entre los que no se encontraba Juan Alfonso de Alburquerque. En cualquier caso, en 1370, Chillón y la fortaleza de Aznaharón tampoco pasaron en herencia a la condesa Leonor, al ser vendidos al concejo del alguacil mayor de Córdoba Diego Fernández de Córdoba tras diversas gestiones en las que intervino el rey Enrique II, ante la petición de la ciudad de Córdoba de que le fueran devueltos estos lugares, que había poseído dentro de su tierra con anterioridad a su donación a señores laicos durante el reinado de Alfonso XI y aun tras la captura del conde Sancho en la batalla de Nájera.19 Otro tanto puede decirse de Castrotorafe, en Zamora, antigua encomienda del Temple que posteriormente pasó a la orden de Santiago. Aunque en 1351 fue donada por Fadrique, maestre de Santiago y gemelo de Enrique de Trastámara, a Juan Alfonso de Alburquerque en usufructo durante su vida, en estas condiciones, tras su muerte fue recuperada por la orden de Santiago y no consta que en ningún momento el conde don Sancho tuviera control sobre este lugar. En cambio, las encomiendas de Alconétar y Alconchel, también posesiones del Temple en Extremadura, se hallaron bajo el señorío ya del padre de Juan Alfonso de Alburquerque y se incluyeron dentro de lo donado a don Sancho. Mientras, la encomienda de Ceínos en la merindad de Campos acabó siendo donada por Alfonso XI a Juan Alfonso de Alburquerque. No obstante, no consta que el conde recibiese este lugar, ya que había sido donado en 1365 a Juan González de Bazán.20 19   BRAH, Salazar y Castro, O-43, ff. 119 r.-125 v.; Valdeón Baruque, J., Enrique II de Castilla: la guerra civil…, pp. 227-228; Lora Serrano, G., «Nobleza y monarquía bajo los primeros Trastámaras: el ascenso de Diego López de Estúñiga», Ifigea. Revista de la Sección de Geografía e Historia, 3-4 (1986-1987), pp. 73-108, en concreto pp. 83-90; Lop Otín, María José, «Un ejemplo del proceso señorializador extremeño: El Señorío de Capilla (siglos xiiixvi)», En la España medieval, 13 (1990), pp. 207-232, en concreto pp. 210-214; Cabrera, Emilio, «La extinción de un linaje señorial en el siglo xiv. La primitiva casa de Aguilar», Meridies, 7 (2005), pp. 139-200, en concreto pp. 164-184. 20   Sobre el señorío de la orden del Temple, su liquidación y redistribución con la disolución de la orden, vid. Estepa Díez, Carlos, «La disolución de la Orden del Temple en Castilla y León», Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania, 6 (1975), pp. 121-186. Capilla y Burguillos también habían pertenecido al Temple, igual que la tierra de Alba de Liste, en la zona de Zamora, y Alconétar y el castillo de Alconchel, en Extremadura. Sobre las encomiendas del Temple en Extremadura, vid. Durán Castellano, Francisco J., «Los templarios en la Baja Extremadura», Revista de Estudios Extremeños, 56/1 (2000), pp. 99-145; Clemente Ramos, Julián, Montaña Conchiña, José Luis de la, «Las Órdenes Militares en el marco de la

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Por otra parte, se distingue que el bloque central que formaba el patrimonio de Juan Alfonso de Alburquerque eran los lugares y villas acumuladas en Extremadura por sus ascendientes, los Téllez de Meneses desde Alfonso Téllez de Meneses el Viejo, con los que entroncó su padre Afonso Sanches, hijo bastardo del rey Dinis I de Portugal, al casar con Teresa Martínez de Meneses.21 Era conformado por Alburquerque con los castillos de Azagala y la Codosera y la villa de Medellín, además de los ya citados lugares de Alconétar y Alconchel. Con todo lo citado, la pequeña villa de San Felices de los Gallegos, próxima a Ciudad Rodrigo y en la misma frontera de Portugal, también había formado parte de la dotación del rey Dinis a Afonso Sanches, si bien la permuta de lugar por la mitad de la villa de Alburquerque la puso en manos de Alfonso Téllez, hermano de la reina María de Molina y abuelo de la heredera última de los Téllez de Meneses, Isabel Téllez de Meneses, esposa de Juan Alfonso de Alburquerque.22 Parece que el lugar de Sobradillo, expansión cristiana de los siglos xii-xiii en Castilla y León. La Orden del Temple en Extremadura», e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales, 1 (2006). Disponible en: https://e-spania.revues.org/312 [consulta: 12/04/2015]. A su vez, sobre la encomienda de Castrotorafe, Martín Viso, Iñaki, «Asentamientos templarios en una frontera periférica: Aliste y tras-os-Montes oriental (siglos xii-xiii», en J. Sánchez Herrero (ed.), El Tratado de Alcañices. Jornadas conmemorativas del VII Centenario del Tratado de Alcañices (12971997), Zamora, Fundación Rei Afonso Henriques, 1999, pp. 185-203; Lera Maíllo, José Carlos de, Turiño Mínguez, Ángel, La Orden Militar de Santiago en la provincia de Zamora (edición diplomática de la visita a las encomiendas santiaguistas de Castrotorafe y Peñausende en 1528), Zamora, Adri Palomares, 2000. Por lo que toca a la donación realizada el 28 de noviembre por Enrique, aún conde de Trastámara, a su camarero mayor Juan González de Bazán, BRAH, Salazar y Castro, M-50, ff. 97 v.-98 r. 21   Respecto a Afonso Sanches y, en general, sobre las filiaciones de los Téllez de Meneses, desde los inicios del siglo xiii hasta el enlace entre Juan Alfonso de Alburquerque e Isabel Téllez de Meneses, vid. Pizarro, José Augusto de Sottomayor, Os patronos do Mosteiro de Grijó. Evolução e estrutura da família nobre - Séculos xi e xiv, Oporto, Dissertação-Edição do Autor, 1987, pp. 31, 108-109, 205-207, 225-227, 229-231, 231-232, 241, 255; id., Linhagens Medievais Portuguesas: Genealogias e Estratégias (1279-1325), tesis doctoral defendida en la Universidad de Oporto, Oporto, 1997, vol. I, pp. 109, 184-194, 227, vol. II, pp. 807-808; Salcedo Tapia, M., La familia Téllez de Meneses…, pp. 60-62, 85-87, 114-117, 133-172; Sánchez de Mora, Antonio, La nobleza Castellana en la plena Edad Media: El Linaje de Lara (siglos xi-xiii), tesis doctoral defendida en la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, vol. I, pp. 236, 274, 478-479; Barón Faraldo, Andrés, Grupos y dominios aristocráticos en la Tierra de Campos oriental, Siglos x-xiii, Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 2006, pp. 201-211. 22   La villa fue entregada al rey de Portugal Dinis I en cumplimiento del tratado de Alcañices, en 1297, quien a su vez la donó a su hijo Afonso Sanches [Ladero Quesada, Miguel Ángel, «La formación de la frontera de Portugal en los siglos xii y xiii y el tratado de Alcañices (1297)», Boletín de la Real Academia de la Historia, 194/3 (1997), pp. 425-458, en concreto pp. 449 y ss.]. Al menos ya en 1350 se documenta cómo Pedro I ordenó al concejo de Ciudad Rodrigo que permitiese a los vecinos de San Felices poder introducir su vino en el término de la ciudad. Ahí se declara que era del señorío de Juan Alfonso de Alburquerque y «… un lugar de vuestro alfoz…» de la citada ciudad mirobrigense (Documentación medieval del Archivo

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próximo a San Felices, entre las tierras de Ledesma y de Ciudad Rodrigo, junto a la frontera de Portugal y que también formó parte del señorío de la orden del Temple, corrió la misma suerte que San Felices de los Gallegos, poseyéndolo Afonso Sanches, si bien no está claro si permaneció en sus manos y fue heredada por su hijo o pasó, en la permuta por la mitad de la villa de Alburquerque, a manos de Alfonso Téllez de Meneses.23 Por si fuera poco, a lo largo de su vida, Juan Alfonso de Alburquerque logró extender su señorío sobre un mayor número de lugares si cabe, concretamente en la Castilla al norte del Duero. Ahora nos ocuparemos de la proyección que pudo alcanzar en la zona de Tierra de Campos a partir de los derechos señoriales sobre behetrías heredados de su esposa. Sin embargo, aquí cabe mencionar previamente el señorío que ejercía Juan Alfonso de Alburquerque sobre la villa de Saldaña y las aldeas de su tierra.24 El testimonio del Becerro de las Behetrías es la única noticia que tenemos sobre ello, no habiéndose documentado cómo don Juan Alfonso adquirió Saldaña. No obstante, no conociéndose referencia de que perteneciese a los Téllez de Meneses, el hecho de que las aldeas de Saldaña y del resto del solariego de Alburquerque en la zona formen un conjunto muy homogéneo,25 nos lleva a considerar que tal vez la posesión sobre ellos derivase de una donación de realengo, similar a la que Alfonso XI otorgó a su hijo Tello con Aguilar de Campoo y los lugares realengos circundantes,26 agrupado en torno al territorio concejil que por iniciativa regia se había ido conformando alrededor de la villa de Saldaña, de modo similar al proceso experimentado por otras villas de la merindad mayor de Castilla y en el reino de León entre los siglos xii y xiv.27 Entendemos que tal donación pudiera haberse Municipal de Ciudad Rodrigo, ed. de Á. Barrios García, J. M.ª Monsalvo Antón, G. del Ser Quijano, Salamanca, Diputación de Salamanca, 1988, doc. 16, pp. 27-29, carta dada en Sevilla 11 de julio de 1359). En todo caso, parece que hay evidencias del ejercicio del señorío por Juan Alfonso de Alburquerque desde 1329, año de la muerte de su padre. 23   Hernández González, Francisco (con la colaboración de Gajate Villoria, Ángel), Raíces de la villa de Sobradillo, Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca, 1999, p. 35. 24   Libro Becerro de las Behetrías…, vol. II, pp. 40-62. Junto a los 28 lugares reconocidos como barrios o aldeas de Saldaña, también hay que relacionar con ellos los tres lugares de la Bodega de Saldaña, Villota de Bodega, Fresnuelo y Villagatón, que también eran recogidos como solariegos de don Juan Alfonso (ibid., vol. II, pp. 24, 37 y 43). 25   Se trata, junto a la Bodega de Saldaña, de los lugares de Bustocirio y de Villota del Páramo (ibid., vol. I, pp. 50-51, 60). 26   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, p. 210, sobre esta idea de una donación regia tras el señorío de Juan Alfonso de Alburquerque en Saldaña. 27   Monsalvo Antón, José María, Los concejos de Castilla. La formación del sistema concejil en el norte de la Meseta (siglos xi-xiii), Ayuntamiento del Burgo de Osma-Junta de Castilla y León, 199; id., «La formación del sistema concejil en la zona de Burgos (siglo ximediados siglo xiii)», en Burgos en la Plena Edad Media, Burgos, Asociacion Provincial de Libreros de Burgos, 1994, pp. 129-210; id., «Los territorios de las villas reales de la Vieja Castilla, ss. xi-xiv: antecedentes, génesis y evolución (Estudio a partir de una docena de sistemas concejiles entre el Arlanza y el Alto Ebro)», Studia Historica. Historia Medieval, 17

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producido durante el reinado de Alfonso XI pero no disponemos de más información. Podemos añadir a Saldaña tres villas más que fueron adquiridas por Juan Alfonso de Alburquerque en la región. Como donación regia, por parte de la reina María, consta el señorío que ejercía don Juan Alfonso en la merindad de Campos, por otro lado, sobre Ampudia.28 Por la otra, podemos deducir que fue objeto de donación regia a él también la villa de Valdenebro, en el infantazgo de Valladolid. Aunque esta aparece en la redacción del Becerro como solariego de don Tello,29 es posible que el clima de inestabilidad política y rebeliones que caracterizó el reinado de Pedro I desde prácticamente su inicio dieran lugar a que, Valdenebro, confiscada a don Tello, fuese entregada a Juan Alfonso de Alburquerque, lo que explicaría mejor que, posteriormente, formase parte del señorío heredado por Leonor de Alburquerque del conde don Sancho, como veremos. Así, aunque don Tello poseía Valdenebro a su muerte y legó el lugar en su testamento a su hijo Juan Téllez, cuando el rey Enrique II modificó los términos del reparto de la herencia del señor de Vizcaya, Juan Téllez no recibió Valdenebro.30 Por tanto, todo apunta a que fuera traspasada al otro hermano del rey, el conde don Sancho de Alburquerque, en atención al conjunto del señorío que fue de don Juan Alfonso de Alburquerque. Al fin, la tercera de estas villas es Guardo con sus aldeas, en la merindad de Saldaña, que le fue entregada tras la ejecución por orden de Pedro I de Garci Laso II de la Vega.31 Puesto que Guardo formó parte de los bienes que Mencía de Cisneros aportó en su matrimonio con Garci Laso III de la Vega, hijo del anterior, quien la poseía como parte de los bienes de su esposa Mencía de Cisneros. Guardo, en cualquier caso, no pasaría al patrimonio del conde don Sancho, ya que fue reintegrada a Garci Laso III, junto con el resto del patrimonio que les había incautado a sus padres, a su esposa y a él mismo. Mayordomo mayor de don Tello, señor de Vizcaya y conde de Aguilar, no obstante, tras su muerte en la batalla de Nájera, sus bienes y derechos pasaron a su hija Leonor de la Vega, quien casaría primero con Juan (1999), pp. 15-86; id., «De los alfoces regios al realengo concejil en el reino de León (11571230). La territorialidad de las ciudades y las villas reales entre la Cordillera Cantábrica y el Duero», en El Reino de León en las Cortes de Benavente, Benavente, Centro de Estudios Beneventanos Ledo del Pozo, 2002, pp. 29-100; id., «Territorialidad regia y sistemas concejiles en la zona de Montes de Oca y Rioja Alta (siglos xi al xv). De los alfoces al realengo concejil de las villas», Brocar, 31 (2007). pp. 233- 282. 28   Libro Becerro de las Behetrías…, vol. I, p. 279. 29   Ibid., vol. I, pp. 206-207. 30   Recibió la villa de Aguilar de Campoo con sus alfoces, las tierras de Liébana, Pernía, la Ojeda, Campoo de Suso, el alfoz de Bricia, San Martín de Ajo, Santa Gadea y el condado de Castañeda (BRAH, Salazar y Castro, M-2, ff. 296 r.-299 v.), quedando desposeída María del señorío sobre Castañeda, que su padre dispuso para ella, y recibiendo Alfonso la tierra de la Reina, Siero, Portillo y Aldeamayor (AHN, Consejos, leg. 24.016). Díaz Martín, L. V., Don Tello…, pp. 316-317. 31   Ibid., vol. II, pp. 13, 19-20.

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Téllez, hijo bastardo de don Tello, y, después del fallecimiento de este en 1385, con Diego Hurtado de Mendoza, heredero de Pedro González de Mendoza, quien llegó a ser almirante mayor de Castilla.32 Esto nos conduce a hablar del patrimonio adquirido por Juan Alfonso de Alburquerque a través de su esposa, la citada Isabel Téllez de Meneses. Como hemos podido comprobar, establecer una distinción en cuanto al origen del señorío del matrimonio no siempre es sencillo, ya por las limitaciones documentales o, más habitualmente, por las dificultades que plantea el estrecho parentesco que existía entre ambos, al descender los dos de los Téllez de Meneses. De hecho, aunque las fuentes son confusas, parece que efectivamente la tierra de Alba de Liste, otra antigua encomienda del Temple, pasó a los Téllez de Meneses y formaría parte de los dominios de la esposa de don Juan Alfonso.33 Excluyendo este alfoz territorial organizado en torno al castillo de Alba, junto al lugar de Carbajales, y el lugar de Tiedra, en la frontera del reino de León con el de Castilla, muy próximo a los dominios de los Téllez de Meneses en el infantazgo de Valladolid, el resto de los derechos señoriales que estos ostentaban se hallaban bien concentrados en las merindades de Campos, Carrión y Saldaña, como puede observarse a partir de la información aportada por el Becerro de las Behetrías.34 De este modo, se constata que don Juan Alfonso era reconocido como señor solariego en 59 villas y lugares cuya posesión podemos atribuir a la herencia de los Téllez de Meneses. Eran: — 4 en el infantazgo de Valladolid (Cirajas, Villagarcía, Valverde y Castromonte).35 — 1 en la merindad de Monzón (San Cebrián de Amayuelas, que era «condominio» con la orden de San Juan).36 — 13 en la merindad de Campos (San Martín de Valvení, que era un solariego compartido donde solo tenía un vasallo, Corcos, Villa Ramiro, Torremormojón, Villalba de los Alcores, Valoria del Alcor, el lugar de Fuenteungrillo, que era solariego compartido y condominio con el monasterio de Matallana, Montealegre, Meneses y San Cebrián de Meneses, Villerías, que era señorío compartido con Pedro Ruiz Sarmiento, Padilla, donde pese a ser solariego no se declaraba la retribución de ningún derecho al señor, y Abarca).37   Sobre el señorío de la Vega y estos personajes, además del señorío sobre Guardo, PéR., Señorío y vasallaje…, pp. 27-66. 33   Gómez Ríos, Manuel, Alba de Aliste (1190-1546), el castillo, el señorío, el condado, Roma, Istituto Storico, 1997, pp. 17-63. 34   Sobre el dominio señorial de los Téllez de Meneses, vid. Reglero de la Fuente, C. M., Los señoríos de los Montes Torozos..., pp. 112-123. 35   Libro Becerro de las Behetrías…, vol. I, pp. 198-199, 202-203, 206. 36   Ibid., vol. I, p. 218. 37   Ibid., vol. I, pp. 268-269, 271-272, 278-283, 288-289, 291, 293. 32

rez-Bustamante,

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— 8 en la de Carrión (Villanueva de Senares, donde era señor de la mitad del lugar, mientras la otra mitad se dividía entre Diego Pérez Sarmiento y Constanza Núñez, San Nicolás del Camino, Villacidales, Grajal, el despoblado de Villalaco, Mahudes, Bercianos y Villalumbroso, que era «condominio» con el monasterio de Sahagún).38 — 33 en la de Saldaña (Calzadilla, Santa María del Monte, ambos con un señorío muy dividido entre distintos señores laicos y eclesiásticos, Villazanzo, San Andrés de la Regla, Villadiego de Cea, Villalambrán, Hoques, que era «condominio» con la orden de San Juan, Villacerán, «condominio» con el monasterio de Sahagún, Valdevaniego, la villa de Cea y sus 22 aldeas y Villasabán, también vinculado a Cea).39 Mientras, los derechos sobre behetrías de los Téllez de Meneses se concentraban igualmente en las merindades de Campos y de Carrión. En el Becerro, estos se indicaron al citar como naturales o como diviseros en esos lugares de behetría a los Tello o directamente a Juan Alfonso de Alburquerque y fueron comprendidos hasta 21 lugares, en 15 de los cuales aquel era reconocido, en el momento de la compilación de los datos, como «señor singular».40 A estos derechos sobre behetrías se podrían añadir, ya sin relación con los Téllez de Meneses, el «señorío singular» que Martín Gil, hijo de don Juan Alfonso y de Isabel Téllez de Meneses, ejercía sobre 4 lugares más, el cual antes había sido ejercido por Juan Núñez de Lara y todo indica que, a su muerte, la influencia de Juan Alfonso de Alburquerque con el rey le permitió que fuera asignado a su hijo tal «señorío singular» por mandato real.41   Ibid., vol. I, pp. 317, 343, 347, 353-354, 357-358.   Ibid., vol. II, pp. 68-70, 72-86. 40   Se trataba, en Campos, de Trigueros, Cubillas, Palacios de Meneses, Villarramiel, Capillas, Baquerín, Castromocho, Fuentes de don Bermudo, Frechilla y Becerril (ibid., vol. I, pp. 272-273, 281-282, 287, 292-294, 296-297) y, en Carrión, de Calzada, Quintanilla de la Cueza, Cervatos de la Cueza, que era «condominio» con varios señores eclesiásticos, Añoza, Villanueva de Rebollar, Abastas, Mazuecos, Villalcón, Goyego, que era condominio con solariego, Poza de Urama y Boadilla de Rioseco (ibid., vol. I, pp. 313, 325-328, 330, 332-333, 336-337, 341-342 348). No ejercía el «señorío singular» solo en Frechilla, Abastas, Mazuecos, Villalcón y Goyego, 41   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 135-136, 326. Se trata de Boadilla de Rioseco, en la merindad de Carrión, Villasilos y Melgar de Fernamental, en la merindad de Castrojeriz, y Santa María del Campo, en la de Candemuñó (ibid., vol. I, pp. 348, vol. II, pp. 223-224, 261-262, 310). Hemos visto cómo en Boadilla los Téllez de Meneses eran diviseros. En los demás lugares no contaban con tal divisa y en un lugar de cierta centralidad como Melgar de Fernamental el señorío del lugar lo compartía con Pedro de Haro, figurando en ellos divisas de Lara y de Haro en todos ellos. Merece la pena citar también el «señorío singular» sobre Becerril, en Campos, que era el lugar de behetría más relevante de los citados en el Becerro, a juzgar por la cuantía de su martiniega (Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp 262-264). Allí, donde los diviseros predominantes eran ricoshombres (Lara, Haro, Téllez de Meneses, Girón, Guzmán, Castañeda, Aza), aunque su proximidad territorial al área de influencia de los Téllez de Meneses fuera evidente, lo que debió producirse fue igualmente la sustitución de Juan Núñez de Lara por el privado del rey. 38 39

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El conjunto era, pues, más que considerable. No obstante, ya hemos señalado algunas mermas que hicieron que el señorío donado al conde Sancho de Alburquerque no reuniera todos los lugares y derechos amasados por Juan Alfonso de Alburquerque, notablemente al norte del Sistema Central. Por continuar con esta reconstrucción a lo largo del tiempo, podemos seguir hablando de esos derechos sobre behetrías. En este sentido, los datos posteriores con que contamos son escasos pero apuntan a que Sancho, efectivamente, sí heredó naturalezas y divisas de los Téllez de Meneses, como permite deducir que llegase a hacerse con el «señorío singular» en alguna de las behetrías donde lo fue Juan Alfonso de Alburquerque.42 Junto con ello, parece que don Sancho se hizo también con la villa de Valdenebro, en el infantazgo de Valladolid, próxima a los demás lugares que pertenecieran en tiempos a los Téllez de Meneses, tras la muerte de su señor, su hermano Tello, señor de Vizcaya, en 1370.43 Por lo que respecta, por otra parte, a los solariegos de los Téllez de Meneses que fueron efectivamente donados al conde de Alburquerque por Enrique II, en muchos casos no ha sido posible documentar su destino con exactitud por falta de evidencias al respecto. La cuestión es que solo sobre una parte de ellos se han podido recopilar evidencias en cuanto a que pasasen al señorío de don Sancho o al de su hija doña Leonor, habiéndose documentado mejor esta tendencia en los de la merindad de Campos en 1411.44 Así, Villerías acabó en manos de las monjas de Santa Clara de Medina de Pomar y de Mencía de Sarmiento, hija de Diego Gómez Sarmiento, de quien terminó pasando a manos de los Velasco,45 del mismo modo que los lugares del valle de Trigueros, tanto los solariegos como las behetrías —Corcos y Trigueros y Cubillas, respectivamente— acabaron en manos primero del conde de Noreña Alfonso Enríquez y, tras su rebelión y desposesión, en 1396 se donaron a Pedro Núñez de Guzmán, que ya era señor de Quintanilla de Trigueros, con todos los derechos, incluida la jurisdicción.46 Valverde, por otro lado, pertenecía a Fernán Gutiérrez de Vega ya antes de 1405, aunque no está claro el medio por el que adquirió derechos sobre este lugar.47   Así aparece en la de Cervatos de la Cueza en 1371 (Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. II, pp. 280-81). 43   Díaz Martín, L. V., «Don Tello…», pp. 316-317; Reglero de la Fuente, C. M., «Los señoríos de los Montes de Torozos en la segunda mitad del siglo xiv…», p. 510. Remitimos a este segundo trabajo en relación con los cambios de titularidad y la evolución de la jerarquía señorial en esta comarca de la Tierra de Campos tras el Becerro de las Behetrías, particularmente interesante por lo que toca al señorío del conde Sancho y de su hija Leonor. 44   Reglero de la Fuente, C. M., «Los señoríos de los Montes de Torozos en la segunda mitad del siglo xiv…», pp. 506, 509-512. 45   Ibid., pp. 506, 514. 46   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. II, pp. 281. 47   ACDAlburq, Grajal, C.ª 200, leg. 8, n.º 42. Franco Silva, A., Grajal de Campos…, p. 47. 42

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La tendencia a la disgregación del patrimonio agrupado por los Téllez de Meneses y Juan Alfonso de Alburquerque al norte del Duero en la segunda mitad del siglo xiv, sea como fuere, se intensificó a la muerte del conde don Sancho con su sucesión por su hija póstuma. De hecho, hasta el matrimonio de Leonor con el infante Fernando este proceso no se detuvo. Esto ha de entenderse en relación con la posición de dependencia en que doña Leonor se encontró frente a la tutela regia desde 1382 fundamentalmente tras la muerte de su madre, por una parte. Pero, por otra parte, con la situación de debilidad en que se hallaba para mantener la posición de poder heredada de su padre y, muy concretamente, para sostener la fidelidad de la red de vasallos del conde Sancho. Así, tras el fallecimiento de este en Burgos en 1374, de la nueva condesa de Alburquerque escapaba la posibilidad, como menor de edad y como mujer, de poder ejercer el «señorío singular» sobre cualquiera de los lugares de behetría. De ello dan buena cuenta los casos de Cervatos y de las behetrías del valle de Trigueros que ya hemos citado.48 En cualquier caso, eso no sería óbice para que doña Leonor pudiese seguir manteniendo derechos como natural o divisera. Este factor pudo tener su relevancia, no tanto porque tras su matrimonio con el infante Fernando la capacidad de aquella de transmitir sus derechos a su esposo se verificase en el ejercicio de «señorío singular» sobre aquellas behetrías en Campos y Carrión por parte de su esposo, cuestión sobre la que, por cierto, no tenemos ninguna prueba afirmativa de que ocurriese. Su importancia pudo radicar, tal vez, en que tales derechos se integrasen dentro del conjunto de los que se adjudicaron al señorío de Lara a partir de, sobre todo 1398, cuando se concretó la donación al infante de los derechos reales sobre las behetrías de Castilla. Por otro lado, en lo referente al patrimonio sobre el que se ejercía jurisdicción, hay que valorar una serie de donaciones que tuvieron por beneficiarios al personal del entorno de don Sancho y de doña Leonor y que incidieron en la misma dirección que señalábamos. Es el caso de la merced que hizo el conde de Alburquerque a su mayordomo Garci González de Herrera del lugar de Torremormojón, en Campos, junto con toda una serie de bienes raíces, aldeas y términos en distintos lugares de Extremadura.49 Por su parte, en   Se cuenta con referencia de que el conde de Noreña ya ejercía el señorío sobre Cervatos de la Cueza en 1380, si bien no tenemos un dato similar para las behetrías del valle de Trigueros (Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. II, pp. 281). Sobre las condiciones para el acceso al «señorío singular» y su elección por parte de los vasallos del lugar, ibid., pp. 45-47, 81-87, 133-179. 49   Desconocemos cuándo pudo producirse exactamente esta donación, ya que nos es referido a partir de su posterior confirmación por los infantes Fernando y Leonor en 1404 (AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 30; BRAH, Salazar y Castro, M-58, ff. 109 r.-111 v.). En todo caso, constan varias donaciones del conde don Sancho a su mayordomo mayor en 1371, de los bienes que fueron del judío don Çag de Alba en su villa de Medellín, y en 1374, de la dehesa de Patilla, también en Medellín, que aparece entre los bienes ratificados en 1404 (AHNob, 48

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1370, Valoria del Alcor fue donada por el conde a Sancho Ortiz de Porres.50 Mientras, en el caso de la villa de Grajal, aunque ya habrá lugar para extendernos en detalles, parece que desde 1374 se había apoderado de ella Juan Rodríguez de Escobar, por lo visto como resultado de una donación o de otra suerte de entrega voluntaria que le hizo don Sancho. Si la primera de estas dos mercedes fue ratificada por doña Leonor, la segunda, muy al contrario, fue protestada por ella desde poco después de que sus esponsales con el infante Fernando se celebraran, iniciándose por su parte un largo pleito por el señorío de la villa que se alargaría durante casi veinte años contra el citado Juan Rodríguez y contra sus sucesores, María Velázquez de Escobar y su esposo Per Álvarez Osorio.51 Por otra parte, es de particular relevancia el trueque realizado a instancias del rey Juan I el 15 de octubre de 1383. Hemos de recordar que, como ya indicamos en el capítulo anterior, a la muerte del conde don Sancho, fue el rey Enrique II quien parece que ejerció la tutela sobre su sobrina y que solo a la muerte de este, en 1379, la madre de Leonor, la infanta Beatriz de Portugal, adquirió la administración de los bienes de su hija. Sin embargo, cuando doña Beatriz falleció en 1382, la tutoría sobre la joven condesa de Alburquerque pasó al rey Juan I, en su condición de cabeza del linaje real de Castilla. Estas circunstancias fueron aprovechadas por el monarca para ajustar, en el marco de las Cortes celebradas en Segovia, un intercambio de villas y lugares del señorío de Leonor de Alburquerque con otros que se hallaban bajo dominio realengo, de modo que le fue entregada a la condesa la villa de Villalón, en la merindad de Campos, a cambio de las de Ampudia, Villagarcía, Valdenebro y Cea.52 Posiblemente en esas mismas fechas pero, en cualquier caso, no más tarde de 1390, Juan I repitió la operación, haciéndose entrega a doña Leonor de la villa de Urueña, en el infantazgo de Valladolid, a cambio de Montealegre, Meneses y San Felices de los Gallegos.53 La relevancia de estos trueques no fue menor. Los lugares adquiridos por la Corona fueron objeto de donación, a su vez, de forma más o menos inmediata. Cea y su tierra pasaron a Ramiro Núñez de Guzmán, Villagarcía pasó a manos de Gutierre González Quijada en 1387,54 Ampudia fue donada a Frías, carp. 283, n.º 7). Y en 1370 ya aparece como señor de Torremormojón (AHN, Consejos, leg. 25 400). Trataremos este asunto con más detalle. 50   BRAH, Salazar y Castro, M-33, f. 59 v. 51   Sobre este pleito, donde se nos indican los motivos originales del litigio, ACDAlburq, Grajal, C.ª 208, leg. 23, n.º 2. 52   AGS, Patronato Real, leg. 58, n.º 69. 53   López de Ayala, P., Crónica del Rey don Enrique Tercero..., año 1390, cap. II, p. 162. No se ha conservado la escritura de este intercambio y es López de Ayala quien nos lo refiere, si bien a la vez que habla del relativo a Villalón por Ampudia, Villagarcía, Valdenebro y Cea. Por ello, no sería extraño que ambos se produjesen a la vez o con un escaso lapso de tiempo de diferencia entre uno y otro. 54   BRAH, Salazar y Castro, M-17, ff. 152 r.-153 r.

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Juan Alfonso de Baeza, si bien la posesión de ella acabó en manos del obispo de Palencia Sancho de Rojas y luego en las de su sobrino Pedro García de Herrera, mariscal de Castilla e hijo de la hermana de aquel, Inés de Rojas, y del mariscal Fernán García de Herrera,55 Valdenebro se entregó a Pedro Núñez de Guzmán en el mismo 1383,56 Montealegre y Meneses fueron dadas al conde Enrique Manuel, pariente del rey,57 y, por último, San Felices quedó para el caballero catalán Guerau de Queralt.58 Aunque ambos trueques se hubieron de hacer, en teoría, en términos más o menos compensatorios por lo que se refiere a la riqueza de las poblaciones implicadas y al volumen de las rentas señoriales que pesaban sobre ellas, y pese a que Villalón y Urueña eran centros mayores dentro de la merindad de Campos y el infantazgo de Valladolid,59 la entrega de cinco lugares en esta misma zona implicaba una 55   Según parece, fue a instancias de Sancho de Rojas, obispo de Palencia y ya en 1415 arzobispo de Toledo, acaso el criado más próximo e influyente del infante Fernando, que se inició pleito por la posesión de la villa contra Juan Alfonso de Baeza, siendo ganado por el prelado, quien posteriormente donaría la villa a su sobrino (Pellicer de Salas y Tovar, José de, Memorial de la Casa y Servicios de Don Ioseph de Saavedra Marqués de Rivas, al Rey Nuestro Señor, Madrid, 1647, f. 30 v.). Al fin, el mariscal Pedro García de Herrera, fundó mayorazgo sobre ella y sobre el lugar de Villacidale, confirmado por Juan II, en 1419 (AHN Osuna, leg. 2.275-2, n.º 2). 56   BRAH, Salazar y Castro, M-5, f. 280, M-62, ff. 226-230. 57   Parece que la donación fue contemporánea a la realizada a Gutierre González Quijada. Fue no obstante confirmada en 1398 (BRAH, Salazar y Castro, M-9, f. 333 r.-v.). Sobre el conjunto de estas donaciones que hemos señalado en Campos, Reglero de la Fuente, C. M., «Los señoríos de los Montes de Torozos en la segunda mitad del siglo xiv…», pp. 509-512. 58  El Giral de Torralt citado por el cronista Ayala no es sino Guerau de Queralt, segundo hijo de Pere de Queralt, señor de Santa Coloma, el cual fue embajador del rey de Aragón Juan I en Castilla, que combatió en Portugal en las filas castellanas. Por sus servicios en este sentido fue objeto de la susodicha recompensa. Sobre los Queralt y la implicación de Guerau de Queralt al servicio del rey de Castilla, vid, Carreras i Tarragó, Josep M., «Els senyors de Santa Coloma», Recull (Associació Cultural Baixa Segarra), 4 (1996), pp. 37-46; Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «El infante Martín y un proyecto de intervención en la guerra de Portugal (1381)», en M.ª T. Ferrer i Mallol, Entre la paz y la guerra: la Corona catalano-aragonesa y Castilla en la Baja Edad Media, Barcelona, CSIC, 2005, pp. 501-520. 59   Es difícil establecer la equidad en este sentido aunque ha de presuponerse que Villalón no aparece reflejada en el Becerro por, según parece, la pérdida del último folio correspondiente a los lugares de la merindad de Campos, pero las rentas de Ampudia, Villagarcía, Valdenebro y Cea y su tierra ascendían a, al menos, 7946 mrs., cantidad que era sin duda superior ya que la codificación de la cuantía de infurciones, fumazgos y fueros se realiza sobre lo que tocaba a cada solar habitado y aun con la martiniega de Cea y sus aldeas se hace algo similar, al indicar lo que habían de pechar los vecinos encabezados en cuantía de más de 60 mrs. (Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 198-199, 206-207, 279, vol. II, 76-86). En cualquier caso, en una villa como Paredes de Nava, que podía ser en términos fiscales de un volumen muy similar o incluso superior a Villalón, a razón de datos, eso sí, de la segunda mitad del siglo xv (Reglero de la Fuente, C. M., «El poblamiento del noreste de la cuenca del Duero en el siglo xv», Hispania. Revista española de Historia, 190, 1995, pp. 425-493, donde Paredes aparece encabezada con una cuantía solo superada por las señaladas a Burgos, Valladolid y Palencia para el pago del servicio de 1462), las rentas ciertas reflejadas en el Becerro

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pérdida de influencia territorial en este espacio, mermado también por la imposibilidad del ejercicio del «señorío singular» sobre lugares de behetría en un momento en que la tendencia al ejercicio de poder señorial al norte del Duero apuntaba a la patrimonialización de las behetrías por sus señores singulares mediante la conversión de las mismas en lugares solariegos, o, más correctamente dentro de la argumentación que venimos desarrollando, en lugares sobre los que se ejercía «señorío jurisdiccional.60 Así, la situación en la Tierra de Campos en la segunda mitad del siglo xiv evidenciaba la fragmentación de los grandes dominios que allí habían ostentado señores como los Lara o los Téllez de Meneses en su sector más occidental entre parentelas de caballeros en ascenso de implantación regional, comarcal o incluso local, los cuales competían para cubrir el hueco dejado por aquellos ricoshombres. La falta de un heredero varón del conde Sancho de Alburquerque puede ser interpretada en el mismo sentido, viéndose su hija Leonor muy limitada para impedir esta disgregación de su señorío en la zona. Podemos, en cualquier caso, y relacionado con estas ideas, considerar que, igual que el conde don Sancho había realizado donaciones de lugares a algunos de sus criados, como en los casos de Torremormojón, Valoria del Alcor o Grajal ya citados, algunos de los beneficiarios últimos de estos trueques, a partir de las mercedes reales de los mismos a posteriori, hubieran podido pertenecer a la «clientela» del conde de Alburquerque. De algún modo, la redistribución de lugares entre ellos con mediación regia pudo ser el resultado de la compensación que a algunos de los miembros de la casa de don Sancho se debiera tras el inesperado fallecimiento de este y la delicada situación que implicó su sucesión por una niña que podía tener serias dificultades para mantener el mismo balance de relaciones con los antiguos vasallos de su padre. De un modo u otro, la condesa Leonor una vez pudo ejercer con autonomía sus atribuciones señoriales, también realizó donaciones en un sentido similar hacia el personal de su casa con el fin de sostener su debilitada clientela vasallática. Tenemos noticias de dos de ellas, en ambos casos de lugares ascendían al menos a 5920 mrs., más de 80 a 100 cargas de pan y los pechos que se asentaban sobre su judería (Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, p. 331). Mientras, las rentas de Urueña, que era cabeza de merindad, reflejadas en el Becerro de las Behetrías ascendían a 2860 mrs. en martiniegas, portazgo, sernas y otros derechos, cuando las de Montealegre montaban al menos 2200 mrs. considerando todos los derechos (ibid., vol. I, pp. 197-198, 281-283), a lo que habría que sumar las rentas que generase San Felices de los Gallegos. Por tanto, tal vez incluso en términos exactivos el trueque hubiese llegado a suponer un cierto quebranto para la condesa Leonor. 60   Reglero de la Fuente, C. M., «Los señoríos de los Montes de Torozos en la segunda mitad del siglo xiv…», pp. 509-512. En general, Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 181-229, vol. II, pp. 277-339, donde ya se señala cómo ese proceso hacia la transformación de la behetría en solariegos, en realidad se aceleró, como hemos visto, desde finales del siglo xiii. Vid. igualmente Álvarez Borge, I., Poder y relaciones sociales…, 290-302.

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de pequeña consideración y que apenas suponían mermas considerables de su patrimonio, ya después de que los esponsales entre ella y el infante Fernando hubieran sido concertados. Por un lado, la que doña Leonor hizo de las aldeas de la Bodega de Saldaña, Villota, Fresnuelo y Villagatón, junto con heredades y sernas de pan llevar en la villa de Saldaña y su tierra, solares y molinos de la dicha Bodega y los vasallos y solariegos suyos en el lugar de Villanueva de Senadre en favor de sus amos Juan Fernández de Segovia y su esposa, María Fernández, en noviembre de 1393.61 Por el otro, sabemos que en 1394 ejercían la posesión de la villa de Sobradillo por donación de septiembre de 1393 que realizó Leonor de Alburquerque a sus criados Juan Sánchez de Aguilar de Campoo y Elvira García, su mujer.62 En ambos casos se trató de enajenaciones que afectaban a lugares de pequeña consideración. Así pues, cuando por fin se efectuó el matrimonio entre el infante Fernando y la condesa de Alburquerque, pese a todo, el señorío de la condesa de Alburquerque seguía siendo extraordinario, reconociéndose tres bloques territoriales bien distinguibles. En primer lugar, en la «Extremadura leonesa», Ledesma, las Çinco Villas de Salvatierra de Tormes, Miranda del Castañar, Montemayor del Río, Granadilla y Galisteo, Alconétar, Alburquerque con la Codosera, Alconchel, Azagala y Medellín. Por otro lado, en la zona riojana, Haro, Briones, Belorado y Cerezo. Finalmente, en la zona de Tierra de Campos, los Montes Torozos y, en general, las merindades más occidentales de la Castilla al norte del Duero, la villa de Saldaña y su tierra, Villalón, Villalba de los Alcores, y Castromonte, Urueña y Tiedra, además de la tierra de Alba de Liste, en la frontera zamorana con Portugal. Existen un buen número de pequeños lugares en las merindades de Campos, Carrión y Saldaña de los que no hemos conseguido hallar noticias y desconocemos siquiera si, después de que los poseyera Juan Alfonso de Alburquerque, llegaron a manos del conde Sancho o después a las de su hija. Solo hemos tenido noticia sobre dos de ellos, que, precisamente, se encontraban despoblados en esta época. Se trataba, de una parte, del término de Fuenteungrillo, dividido en diferentes solares entre varios señores, entre ellos doña Leonor, que fueron integrados al término de Villalba de los Alcores, razón por la cual el reparto del término fue objeto de varios pleitos y concordias con los demás señores entre 1397 y 1408.63 De la otra, el lugar de Villa61

1393.

 AHNob, Osuna, C.ª 3.334, n.º 1-2, dada en Belorado el 16 de noviembre de

62   AHNob, Luque, C.ª 816. La donación está datada en Simancas, el 20 de septiembre de 1393, notificándose el cumplimiento de la toma de posesión del lugar el 8 de junio del año siguiente. 63   El primero fue entablado con el camarero mayor del infante Fernando, Pedro Núñez de Guzmán, señor de Valdenebro, en 1397 (AHN, Clero, Matallana, leg. 7.542, n.º 3). El otro enfrentó a Fernando y Leonor y su concejo de Villalba de los Alcores con el abad de Matallana, monasterio al que correspondían la mayoría de solares de Fuenteungrillo, y que se extendió entre 1404 y 1408, resultando en la sentencia final el respeto de los derechos de la abadía

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laco o Villavellaco, cuyos derechos sobre él fueron donados en 1414 a Ruy González de Ledesma,64 si bien consta también que la condesa Leonor lo había donado al alcalde mayor del infante, el bachiller Gonzalo López, quien en su testamento lo legó al monasterio de Sahagún, al cual, a su vez, se lo compraron en 1420 Fernán Gutiérrez de Vega, repostero mayor y ujier de armas que fue de don Fernando, y su esposa.65 Con todo, una valoración general del patrimonio de los infantes Fernando y Leonor en 1395 en Tierra de Campos permite concluir que, aunque la progresiva fragmentación del antiguo señorío de Juan Alfonso de Alburquerque e Isabel de Meneses, certificado en la minoría de edad de doña Leonor, era una realidad, la pérdida de una presencia más extensiva en los distintos lugares del occidente terracampino quedaba en cierto modo compensada por la centralidad de las villas y lugares que los infantes poseían allí, prioritariamente Mayorga y Villalón.

de Matallana (AHN, Clero, C.ª 3.417/10; Matallana leg. 7.538, n.º 2). Vid. Reglero de la Fuente, C. M., «Los señoríos de los Montes de Torozos en la segunda mitad del siglo xiv…», pp. 514-517. 64   ACA, C., Reg. F. I, Reg. 2.392, Gratiarum 1, ff. 154 v.-154 bis v. 65   ACDAlburq, Grajal, C.ª 200, leg. 8, n.º 42. Es posible que se trate, entonces, de dos lugares distintos, uno Villalaco, hoy despoblado próximo a Grajal, el otro Villavellaco, o Villavelasco, de Valderaduey. El testamento de Gonzalo López en Colección diplomática del monasterio de Sahagún. VII (1301-1500), ed. de V. Á. Álvarez Palenzuela, León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1997, doc. 2.731, p. 182.

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Por tanto, pese a las incertidumbres que planteen los lugares que no hemos podido documentar en relación o no al señorío de Leonor de Alburquerque, la reunión de este al del infante Fernando hacía del matrimonio, sin duda, los señores más importantes de la Corona de Castilla. Su implantación territorial atravesaba de parte a parte el reino desde la frontera de Navarra a la frontera de Portugal, siendo especialmente significativo en La Rioja, las «Extremaduras» entre el Duero y el Sistema Central, toda la actual región de Extremadura y la zona de Tierra de Campos. 3. Algunas gestiones patrimoniales de los infantes entre 1395 y 1398 Hemos reconstruido hasta aquí la extensión del señorío sobre el que Fernando y Leonor ejercían jurisdicción y otros derechos hasta el momento de su matrimonio. A partir de entonces, en los años posteriores los infantes protagonizarían una serie de estrategias de signo claramente expansivo, dirigidas a ampliar aún más sus dominios y a intensificar su influencia señorial en las zonas donde ya se hallaba fuertemente implantado. Estrategias que a su vez se concretaron en operaciones de gestión de su patrimonio señorial dirigidas a reafirmar su posición preferente de poder social en el reino y alcanzar un grado de claro predominio político dentro de él. En este sentido, aunque aún muy relacionados con todo el proceso de primera conformación del señorío de los infantes Fernando y Leonor, merece tener en cuenta toda una serie de actuaciones desarrolladas con anterioridad a 1398, en las cuales se vislumbran algunas de las tendencias que tendría esa dinámica expansiva. Hemos podido hablar de los desgajamientos del patrimonio de Leonor de Alburquerque desde su nacimiento hasta 1394. Aunque algunos de ellos manifiestan una lógica evidente dentro del sostenimiento de relaciones de interdependencia dentro de la casa señorial entre el señor y sus dependientes —y en otros este sentido puede acaso suponerse—, en otros casos, como el citado de Grajal con Juan Rodríguez de Escobar, se puede observar una clara oposición a posteriori de Leonor de Alburquerque. La pérdida de estas porciones de su espacio de poder señorial dio lugar a acciones encaminadas a su recuperación. Sin embargo, el recurso al pleito ante los tribunales reales para recuperar la posesión de determinados lugares solo se documenta claramente en ese caso de Grajal. Más habitualmente, la alternativa preferida en este sentido tuvo que ver con la captación de los señores de estos lugares y de otros próximos en las zonas donde se hallaban implantados los infantes dentro de la afinidad señorial de Fernando y Leonor. Podremos observar algunos casos en este sentido pero ya hemos apuntado que, en efecto, en 1397 el camarero mayor del infante Fernando era Pedro Núñez de Guzmán, señor de

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Valdenebro.66 Valga este ejemplo para ilustrar la integración de muchos miembros de parentelas como las de los Guzmán, los Vega, los Escobar o los Cabeza de Vaca —además del vínculo forjado entre los infantes y su pariente Alfonso Enríquez— en la «clientela» de los infantes, por lo que toca a la zona occidental de Tierra de Campos, si bien también se produjo en otras partes del reino. Es representativo, en todo caso, de cómo la extensión de vínculos clientelares con las aristocracias regionales y locales se combinó con un señorío muy focalizado en grandes villas y la recuperación de derechos sobre behetrías a partir del señorío de Lara a la hora de constituir los pilares para la territorialización del poder señorial de Fernando y Leonor en distintas áreas de la Corona de Castilla. En cualquier caso, en estos años sí se produjeron algunas enajenaciones de patrimonio pero sobre todo incorporaciones, de las cuales hemos de dar cuenta, si bien todas ellas se caracterizan por un conocimiento indirecto de estas gestiones e, incluso, por la inconcreción en su datación o en las circunstancias que dieron lugar a que se produjesen. Citemos pues, primero, la única noticia de donación realizada por los infantes, que correspondió a Urueña y Tiedra. En este caso tenemos referencias, a partir de la devolución en 1418 a la ya reina viuda Leonor por parte de su hijo Alfonso V de Aragón de estas dos villas, que constituyeron su dote en el matrimonio con Fernando. Según parece, su posesión se entregó a Ruy Sánchez de Valladolid, tesorero mayor y luego mariscal del infante, quien la mantuvo durante su vida, pasando después de su fallecimiento de nuevo a manos de sus señores Fernando y Leonor.67 No debió de ser una entrega que se extendiera demasiado en el tiempo pues sabemos que Ruy Sánchez ya había fallecido en 1402.68 Por lo que respecta a las integraciones, en primer lugar, en 1397 los infantes habían recuperado el señorío sobre San Felices de los Gallegos, como aparece reflejado a partir de una petición realizada al concejo de Ciudad Rodrigo.69 Desconocemos en qué circunstancias se produjo la recuperación de esta pequeña villa pero sí está documentado que Guerau de Queralt, consejero y camarero del todavía infante Martín de Aragón, duque de Montblanc y rey de Aragón desde 1396, participó en la campaña dirigida por su señor   AHN, Clero, Matallana, leg. 7.542, n.º 3.   AHNob, Osuna, carp. 21, n.º 2. 68  Así se recoge a partir de la venta realizada por su viuda, Catalina Sánchez, a Juan García, viuda de Santos Pérez y vecina de Medina del Campo, de las heredades que poseía en Valverde, Foncastín, Zofraga, Cillero y Molloredo, aldeas de la villa de Medina, el 28 de agosto de 1403 (BRAH, Salazar y Castro, M-52, f. 165 r.-v.; op. cit. Sáez, Liciniano, Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el reynado del señor don Enrique III, Madrid [Benito Cano], 1796, pp. 78-79). 69   Documentación medieval… Ciudad Rodrigo, doc. 40, pp. 76-77, a partir de la petición que hizo el infante Fernando a su hermano Enrique III para que el concejo de Ciudad Rodrigo consintiese a sus vasallos de San Felices vender su vino en los términos de la ciudad. 66 67

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para someter al reino de Sicilia a la obediencia del rey Juan I de Aragón, muriendo a lo largo de ella.70 Posiblemente como resultado del cumplimiento del testamento de Guerau de Queralt, los infantes pudieron recuperar el señorío. En segundo lugar, por lo que tocaba a Sobradillo, también fue recuperada por Fernando y Leonor aunque no sabemos exactamente cuándo. Hay referencias a que Juan Sánchez de Aguilar, criado del infante Fernando, vivía aún en 1405, cuando a instancias de Enrique III —posiblemente por mediación de su señor— obtuvo el oficio de regidor en Ciudad Rodrigo.71 De un modo u otro, los infantes recobraron este lugar antes de 1413, cuando fue donado por los ya reyes de Aragón a su montero mayor Gonzalo Rodríguez de Ledesma.72 En tercer y último lugar, hay que señalar la incorporación al señorío del infante de la villa de Andújar, en el reino de Jaén. Esta, que en 1383 había sido donada al rey de Armenia León V, junto con Madrid y Villarreal, fue reincorporada al patrimonio regio tras revocarse tal donación en las Cortes de Madrid de 1391. La falta de documentación impide concretar ningún supuesto aunque no sería extraño que, durante estos primeros años del reinado de Enrique III y acaso antes de su matrimonio con Leonor en 1395, fuera asignada al señorío del infante para completar la dotación de sus dominios, de las rentas que disfrutaba de la Hacienda real y de su propia casa, ya que en años posteriores, dentro del volumen de documentación que hemos podido manejar, no ha sido posible hallar noticia alguna de que el infante Fernando emprendiera algún negocio para la adquisición de Andújar. Quede, en todo caso, como hipótesis.73 Hemos querido dejar referencia aquí de estas adquisiciones, por más que la falta de datos cronológicos no nos ayude a certificar que se produjesen antes de 1398, además de por una cuestión de organización expositiva, para dar muestra de cómo Fernando y Leonor actuaron a lo largo de su vida, hasta 1412 al menos, con un claro afán expansivo por lo que se refería a la ex  Corrao, Pietro, Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Nápoles, Liguori, 1991, pp. 544-545; Bresc, Henri, «L’Empresa de la Correge et la conquête de la Sicile: les royaume errant de Martin de Montblanc», Anuario de Estudios Medievales, 23 (1993), pp. 197-220. 71   Ibid., doc. 57, pp. 102-103. El concejo se había negado a recibirle, alegando tener cartas reales ordenando que no se aumentara la nómina de regidores por encima de los 12 que señalaba el fuero. Sin embargo, tuvo que aceptar el nombramiento que ordenaba el rey en su carta dada en Alcalá de Henares el 26 de enero de 1405. 72   AHNob, Luque, C.ª 807, n.º 32 y 33. 73   Ladero Quesada, Miguel Ángel, Andalucía en el siglo xv. Estudios de Historia Política, Madrid, CSIC, 1973, p. 57; Fradejas Lebrero, José, León V de Armenia (primer y único señor de Madrid), Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 2012. No hay noticias respecto al señorío del infante sobre la villa por parte de don Fernando hasta que es referida en su testamento de octubre de 1415 entre los bienes que pasarían a su hijo el infante Enrique, maestre de Santiago [BRAH, Salazar y Castro, M-78, f. 168 (ff. A-K)]. 70

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tensión de su señorío. Veremos cómo en realidad sus intereses se dirigieron dentro de estrategias más sofisticadas que permitieran crear lazos de alianza sólidos o que intensificaran su presencia como señores en las regiones donde ya se hallaban mejor instalados. En esto puede encajarnos la recuperación de lugares que habían sido objeto de una primera donación pero el caso de Andújar también nos coloca ante el hecho de que la posibilidad de adquirir nuevas villas y lugares también se acomodó a las circunstancias y la oportunidad. Llegados a este punto, estamos en condiciones de profundizar en la evolución de ese patrimonio señorial de los infantes Fernando y Leonor, a partir de 1398, que puede hacerse de las distintas maniobras que afectaron a la ampliación, gestión y liquidación del patrimonio señorial basado en la jurisdicción sobre villas y lugares de Fernando y Leonor y de sus hijos con posterioridad a estas fechas y hasta la muerte de la reina Leonor en 1435. 4. El patrimonio señorial de los infantes durante el reinado de Enrique III (1398-1406) A la hora de analizar los distintos procesos que, desde 1398 y hasta la muerte de Enrique III, confluyeron en lo que, en último término, resultó una notable ampliación de la base territorial del señorío de don Fernando y doña Leonor, podemos considerar que existieron cinco negocios diferentes que han de ser atendidos. Tres de ellos implicaron la adquisición de nuevas villas y lugares, el aumento de la presencia territorial de su señorío en dos de las regiones del reino donde Fernando y Leonor se hallaban mejor implantados —la Tierra de Campos y la zona extremeña—, el estrechamiento de los lazos de relación con importantes señores que fortalecieron el peso de la afinidad señorial de los infantes pero, también, la generación de conflictos con otros magnates de diverso rango que afectaron de forma considerable a las estrategias perseguidas por Fernando para alcanzar una posición clara de predominio político y social en la Corona de Castilla, en tanto hermano del rey y primer señor del reino.74 Me estoy refiriendo, por un lado, a los tratos establecidos con Pedro de Castilla, conde de Trastámara, que condujeron a la afirmación de una sólida alianza con su vástago y sucesor, Fadrique, y a la adquisición de Paredes de Nava, además de otros lugares de menor relevancia y de forma más efímera. Por otro lado, las capitulaciones matrimoniales pactadas entre los infantes y los reyes de Navarra para el enlace entre Juan, segundogénito de don Fernando y doña Leonor, y la infanta Isabel de Navarra, concertado entre los inicios del año 1402 y mediados de 1403. En   Sobre el encumbramiento dentro de la sociedad política castellana del infante Fernando durante el reinado de Enrique III, vid. Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 67-83. 74

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tercer lugar, las donaciones recibidas de manos del mariscal García González de Herrera, viejo vasallo del padre de doña Leonor, en Extremadura, destinadas al cuarto hijo varón de los infantes, Sancho, que sin embargo implicaron una colisión de cierta relevancia con las casas señoriales con las que García González había entrado en relación a través de su política matrimonial. Por último, el enfrentamiento con el conde Martín Vázquez de Acuña como consecuencia del reparto de la herencia del infante don Juan de Portugal entre sus hijas, asunto que iba más allá de la simple liquidación de patrimonio y afectaba, en último término, al posicionamiento del infante Fernando en relación con los exiliados portugueses en Castilla y su liderazgo en el marco de la política castellana frente a los Avís. El quinto asunto a tratar atañe a todas estas mismas problemáticas que señalábamos y no es otro que el de la concreción de los derechos aparejados al señorío de Lara, principal título ostentado por el infante pero profundamente mermado por lo que se refiere a su sustento patrimonial en el momento en que fue concedido por Juan I a su hijo. La definición del señorío de Lara se extendió durante varias décadas, afectando muy notablemente a la evolución de la jerarquía señorial en el espacio de toda la Castilla al norte del Duero hasta 1439-1445, y permite analizar de forma monográfica muchas de las dinámicas de gestión del patrimonio señorial operadas por el infante Fernando y los suyos. Por ello, no entraremos sobre esta cuestión aquí para, justamente, proceder a esa observación específica al final de nuestro recorrido cronológico. Baste, en todo caso, indicar aquí que, desde el otoño de 1398, el infante Fernando inició una pesquisa para dar cuenta del conjunto de derechos que le correspondían en las behetrías del reino como señor de Lara, recibiendo sanción del rey para que todos sus oficiales y las autoridades de los diferentes lugares del reino colaborasen en que esta fuera llevada a buen término.75 La respuesta a esta iniciativa fue la oposición de los numerosos señores que podían verse perjudicados al reconocimiento de los supuestos derechos del infante como señor de Lara en todo el territorio al norte del Duero y el inicio de las consiguientes maniobras y pleitos emprendidos por las diferentes partes a este respecto, resultado de los cuales fue la última conformación del patrimonio del señorío de Lara a lo largo de la vida del infante Fernando y la contribución del mismo a convertir a este en el principal señor en esta región del reino, como habrá ocasión de ver.   Tenemos noticia de ello a partir de las cartas a ese respecto del rey Enrique III, dada en Madrid, el 30 de octubre de 1398, y la del infante, dada en Medina del Campo el 11 de noviembre de ese mismo año, insertas en la pesquisa que llevó a cabo en nombre del infante Fernando su contador mayor Juan Sánchez Garabito y, con poder de este, el escribano Fernán González de León en Salas, Castrillo, Carazo y otros lugares de la merindad de Santo Domingo de Silos pertenecientes al camarero mayor del rey Juan Fernández de Velasco, ya en septiembre de 1399 (AHNob, Frías, C.ª 462, n.º 22). 75

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4.1.  Paredes de Nava y la relación con el conde de Trastámara En su momento tratamos en otro breve trabajo los pormenores de la adquisición de Paredes de Nava por parte del infante Fernando en 1400, poniendo de relieve lo estrecho de las relaciones entre él y su esposa y sus parientes y anteriores señores de la que era una de las principales poblaciones de la zona oriental de la Tierra de Campos en esa época, Pedro Enríquez, conde de Trastámara, y su heredero, el conde don Fadrique.76 Por ello no me extenderé en exceso sobre este punto, más allá de subrayar los factores de referencia que permiten comprender el calado de un negocio que en realidad fue mucho más allá de un trueque de patrimonio entre miembros de la parentela regia.

Cuando Pedro Enríquez redactó su testamento en Orense el 29 de abril de 1400, tres días antes de su muerte, en este documento se notificaron la entrega a la esposa del infante Fernando, doña Leonor, de las villas de Pon76   Muñoz Gómez, Víctor, «La adquisición de dominios señoriales en la Castilla Bajomedieval. Fernando de Antequera y Paredes de Nava (1380-1408)», en J. F. Jiménez Alcázar, J. Ortuño Molina, J. L. Soler Milla (eds.), Actas III Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas. Lorca 2006, Universidad de Murcia-Ayuntamiento de Lorca, 2008, pp. 121-132.

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ferrada y Villafranca de Valcárcel —hoy, Villafranca del Bierzo— y de la villa y el Castro de Valdeorras a cuenta de 200 000 mrs. que la infanta le había prestado justamente para la adquisición de este último lugar, siendo entregadas las primeras por toda la vida de la infanta y condesa de Alburquerque para que, a su muerte, revirtiese al heredero legítimo del conde don Pedro, Fadrique.77 En cualquier caso, la documentación conservada permite comprobar que, en los meses siguientes, Ponferrada y Villafranca pasaron a manos del nuevo conde de Trastámara mientras que Fernando y Leonor conservaron el Castro de Valdeorras e incorporaron a sus dominios la villa de Paredes de Nava, el lugar más meridional y alejado del patrimonio acumulado por el difunto conde don Pedro, concentrado en el reino de Galicia y en el Bierzo.78 En este acuerdo, en último término beneficioso para ambas partes, obraron varios factores. En primer lugar, la afinidad por parentesco dentro del linaje real de Castilla entre los infantes y el conde Pedro Enríquez, en tanto hijo del infante don Fadrique, hermano gemelo del rey Enrique II, y esposo de Isabel de Castro, prima de Beatriz de Portugal, la madre de Leonor de Alburquerque. Por otro lado, la orientación de los intereses señoriales del conde don Pedro hacia sus dominios en Galicia, perdiendo cualquier tipo de influencia en los ambientes cortesanos, tras su sometimiento a la autoridad del rey Enrique III en el verano de 1394 cuando este asumió la mayoría de edad y se impuso a la facción encabezada por sus parientes: la reina Leonor de Navarra, el duque de Benavente Fadrique Enríquez, el conde de Noreña Alfonso Enríquez y el propio conde de Trastámara. A partir de ese momento, don Pedro solo mantuvo dentro de su patrimonio en la Meseta Central la villa de Paredes, adquirida en 1385 por donación de Juan I, si bien el señorío sobre este lugar desde finales del siglo xiii se había caracterizado por la inestabilidad de su titularidad, pasando a formar parte del realengo en varias ocasiones para acabar en manos de distintos señores de las casas de Castro, Haro y Lara hasta que, tras ser donada por Enrique II a su yerno, el aragonés Felipe de Castro, muerto por los vecinos de la villa en 1371, sería entregada inmediatamente al conde de Noreña hasta su rebelión en 1383.79 Peor, este dominio sobre Paredes por parte del conde don Pedro fue notablemente   Vega, fray Malaquías de la, Cronología de los Jueces de Castilla, BNE, Manuscrito 19 418, ff. 293 r.-298 v., en concreto f. 294 r. y v. 78   Ibid., fl. 298 v.-299 r., sobre el levantamiento del pleito homenaje prestado por la villa de Villafranca a doña Leonor y el reconocimiento posterior del señorío del conde don Fadrique; AMPdN, CP, 238/03, f. 7 v., y 238/06 f. 24 r., donde se hace referencia al pleito homenaje que rindieron los procuradores nombrados por el concejo de Paredes al infante Fernando y a los festejos organizados por el concejo para recibir a su nuevo señor. 79   Sobre todos los pormenores de la evolución de la titularidad señorial sobre Paredes de Nava desde el siglo xiii hasta el principio del siglo xv, Martín Cea, Juan Carlos, El mundo rural castellano a fines de la Edad Media. El ejemplo de Paredes de Nava en el siglo xv, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991, pp. 37-48. 77

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inestable a causa del interés de su pariente Alfonso Enríquez por recuperar la villa y de la dinámica de facciones enfrentadas por el control del concejo local.80 Si tenemos en cuenta que, a la muerte de don Pedro, su heredero Fadrique enfrentó notables dificultades para mantener la posición de poder que su padre había adquirido en el reino de Galicia y que su influencia en el entorno de la Corte era mínima, el fortalecimiento de la relación de colaboración y alianza con sus parientes Fernando y Leonor fue la vía buscada para tratar de romper este aislamiento que le había legado su padre. La liquidación de las deudas con la infanta Leonor y la renuncia a Paredes permitieron estrechar aún más los lazos previos, teniendo argumentos a posteriori para verificar que así fue. De este modo, los pleitos del conde de Trastámara por las fortalezas gallegas de Vimianzo y Broño terminaron resolviéndose a su favor a partir de 1401, cuando don Fadrique se trasladó a la Corte y, en febrero de 1405, al fin, logró sellar su matrimonio con Aldonza de Mendoza, hija del almirante Diego Hurtado de Mendoza. Además, sabemos que en 1405 figuraban entre los miembros de la casa del infante algunos parientes del conde, como Juan Enríquez, bastardo de Alfonso Enríquez y por tanto primo suyo, y Fernando Enríquez, hijo ilegítimo del conde Pedro Enríquez y hermanastro de don Fadrique.81 Estas referencias permiten sostener la integración del conde de Trastámara en el entorno de los infantes desde 1400 y cómo el vínculo con sus parientes más poderosos le permitió, durante los últimos años del reinado de Enrique III, reconstruir la influencia perdida por su parte en los círculos de la Corte y entre la aristocracia del reino. Su intervención en las Cortes de Segovia de 1407, respondiendo en nombre del brazo de los hijosdalgo al discurso del infante y al del obispo Sancho de Rojas en apoyo de la guerra contra Granada da buena muestra de esa recuperación de prestigio político a la sombra de Fernando.82 Por tanto, el apoyo firme que Fadrique Enríquez prestó al infante y a los suyos desde 1407-1408, cuando se le encomendó la guarda de la frontera de Andalucía tras la campaña contra Setenil y acudió de manera decisiva a Guadalajara en junio de 1408 para secundar la toma del control absoluto de la regencia por parte de Fernando, hasta 1429, cuando fue apresado por orden de Juan II hasta su muerte —de lo que ya dimos 80   Muñoz Gómez, Víctor, «La participación política de las elites locales en el gobierno de las ciudades castellanas en la Baja Edad Media, bandos y conflictos de intereses (Paredes de Nava, final del s. xiv-inicio del s. xv)», Anuario de Estudios Medievales, 39/1 (2009), pp. 275305, en concreto 290-302. 81   Bulario de Benedicto XIII. IV. El papa Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad hispana, ed. de O. Cuella Esteban, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 135136. Se reconoce su presencia junto a otros miembros de la casa que fueron reconocidos en una bula papal para la concesión de privilegios de elección de confesor. 82   García de Santa María, Álvar, Crónica de Juan II, ed. de J. de M. Carriazo, Madrid, Real Academia de la Historia, 1982, cap. 19, pp. 79-80.

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cuenta en el capítulo anterior—, tenía unos orígenes más sólidos y antiguos, reportando notables beneficios para aquel.83 Mientras, para los infantes Fernando y Leonor, la adquisición de Paredes de Nava suponía un aumento considerable de su presencia señorial en el área de Tierra de Campos y, en general, en los territorios de la Meseta al norte del Duero. Su posesión como parte del patrimonio señorial propio de Fernando quedó sancionada a partir de la expedición de un privilegio relativo al señorío de Paredes junto con otros tantos relativos al señorío de Lara con la villa de Lerma y al de las villas de Mayorga, Peñafiel, Cuéllar, Medina del Campo y Olmedo, de manera que Enrique III procedió de esta manera a equiparar el señorío sobre Paredes con el conjunto de la dotación que le entregara al infante su padre Juan I en las Cortes de Guadalajara, no dejando lugar a ninguna reclamación que contra él pudiera hacerse.84 La posesión del Castro de Valdeorras parece que tuvo mucha menor relevancia, al hallarse en una zona completamente alejada de sus centros de poder señorial, por lo que, en los años siguientes, este lugar sería objeto de enajenación en el marco de otro negocio de mayor enjundia para los intereses de los infantes. Sea como fuere, el cuidado de la relación armónica con el conde de Trastámara les permitió contar con un aliado de primera importancia para su proyección política futura. Una relación que, además, se enmarcaba dentro de la estrategia que Fernando siempre cultivó de captación de la fidelidad de los diferentes «parientes del rey» con el fin de ejercer como primero y más importante entre ellos. Por tanto, como líder de la parentela regia, solo superado en su jefatura por el propio monarca, de cara a encumbrarse en una posición de primacía política y social en el conjunto del reino gracias a la legitimidad que le aportaba esta condición y los apoyos clientelares consiguientes. 4.2.  C  erezo y Maderuelo dentro de las capitulaciones matrimoniales con los reyes de Navarra En otra ocasión nos referimos a los acuerdos entre los infantes y los reyes de Navarra para el enlace entre Juan, hijo de los primeros, y la infanta Isabel de Navarra entre principios de 1402 y junio de 1403, integrado dentro de los negocios emprendidos por aquellos para la promoción de su descendencia y reforzar así su propia influencia en el reino. Este asunto fue tratado en su momento por Emilio Mitre, así que, tras haber contextualizado nosotros esta negociación, considerando también el desacuerdo inicial que hacia ella mostró Enrique III, no será necesario que nos extendamos en demasía aquí 83   Sobre el conde Pedro Enríquez y los primeros años de Fadrique Enríquez como conde de Trastámara, Pardo de Guevara y Valdés, E., Los Señores de Galicia, vol. I, pp. 205-266. 84   AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 99, dado en Segovia el 12 de octubre de 1404 junto con los correspondientes al resto de las villas citadas.

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explicando sus consecuencias de cara al patrimonio señorial de los infantes Fernando y Leonor.85 El matrimonio buscado para Juan con la hija de Carlos III y la reina Leonor de Trastámara era, pues, otro matrimonio real, que seguía en escala el que entendemos que se había acordado previamente entre Alfonso, primogénito de Fernando, y la infanta María de Castilla, primogénita de su hermano Enrique III y que hasta el nacimiento del príncipe Juan era la heredera del trono de Castilla. La posición de poder de Fernando en el reino se vería si cabe más reforzada y el enlace entre parientes de la casa real castellana podía permitir recuperar para Leonor de Trastámara alguna parte de la influencia perdida tras su derrota en 1395 al enfrentarse al rey Enrique. En cualquier caso, la negociación fue larga, afectando, por lo que pudo mostrar E. Mitre a partir de la documentación conservada en el Archivo General de Navarra, sobre todo a la cuantía de las arras a entregar, a la dotación que se hacía a Juan para su matrimonio y a las garantías establecidas para el cumplimiento del acuerdo. De este modo, las primeras negociaciones, entabladas de parte del infante Fernando por su vasallo Diego García de Cisneros y Gonzalo López, bachiller en Decretos y su alcalde mayor, coincidiendo el momento del juramento por las Cortes de la infanta María como heredera, implicaban la entrega como de 15 000 florines de Aragón en arras para la futura esposa. Juan, además, sería dotado al momento de la conclusión del matrimonio, cuando cumpliese 14 años, como señor de Lara, llevando consigo también el señorío sobre las villas de Haro, Briones, Belorado y Cerezo. Es decir, la parte de la herencia de su madre Leonor de Alburquerque más próxima a la frontera de Navarra, en la zona de La Rioja. A finales del año 1402 se habían ratificado estos términos con los reyes de Navarra por parte del procurador de los infantes Alfonso Fernández de Sevilla, licenciado en Leyes. Si cuando Juan cumpliese 14 años se otorgaría el matrimonio, en el plazo de un año, cuando tuviera 15, se fijaba el plazo para su consumación.86 Posteriormente, entre abril y junio de 1403, las dos partes contrayentes concretaron las prendas que cada una entregaba a la otra en garantía hasta la finalización del matrimonio. No conocemos cuál fue la dote que los reyes de Navarra asignaron a su hija pero, a partir de la documentación que refiere este último particular, puede establecerse una hipótesis al respecto. De la parte de los infantes Fernando y Leonor acordaron entregar la villa de Cerezo, en la Rioja burgalesa, y de la de los reyes de Navarra, la de Maderuelo, en la «Extremadura» segoviana.87 La concertación del igual valor del patri85   Mitre Fernández, E., Evolución…, pp. 211-213; Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 76-82. 86   AGN, Comptos, C.ª 87, n.º 4, I; C.ª 90, n.º 17. 87   A cuenta del menor valor de Cerezo frente al de la estimación que se hizo de Maderuelo y su tierra, el infante Fernando acordó también la entrega de las aldeas de Cibriego, Carpio y Binojos, ejecutada el 12 de junio de 1403 en manos de Pedro Ibáñez de Arraztia (AGN,

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monio entregado por cada parte entre los respectivos procuradores y las instrucciones para la toma de posesión de los lugares concertados se extendió hasta el inicio del verano. Así, a primeros de junio el infante dio orden a Pero Vélez de Guevara, su alcaide del castillo de Cerezo, y al concejo de la villa, de prestar pleito homenaje a los reyes de Navarra.88 Alfonso Carro, aposentador del infante, fue el encargado de representar a sus señores en estos negocios, tomando posesión de la villa de Maderuelo el 29 de junio.89 En los documentos relativos a esta toma de posesión se señala también que al tiempo de la realización del matrimonio, el rey de Navarra habría de entregar en depósito a la universidad de mercaderes de Burgos 110 000 florines de Aragón a cuenta de la estimación de la villa de Maderuelo y de los bienes y derechos que su esposa tenía en Castilla, 70 000 un mes antes de los desposorios y los otros 40 000 tras ellos. Atendiendo a que el patrimonio de la reina de Navarra en Castilla comprendía, además de la villa de Maderuelo, las de Madrigal, Arévalo, Roa Sepúlveda, todas en la «Extremadura castellana»,90 todo apunta a que fueran estas las que se otorgaban en la dote de la infanta Isabel junto con la cuantía en florines señalada. Las perspectivas de incremento, pues, del patrimonio que Fernando y Leonor legaban a su hijo Juan eran formidables y, en sí misma, esta maniobra implicaba una reafirmación de la presencia territorial al sur del Duero mayúscula para los infantes. El trueque temporal de Cerezo por Maderuelo beneficiaba la consolidación de un bloque patrimonial ya constituido por Peñafiel, Cuéllar, Olmedo y Medina del Campo y, a la finalización del matrimonio de Juan con Isabel, su casa podría establecer un señorío territorialmente casi sin discontinuidades en esta zona de las «Extremaduras castellano-leonesas», manteniendo el que ejercían en la región riojana, aparejado a quien sería titular del señorío de Lara. Entre tanto, la alianza con los reyes de Navarra reafirmaba la estrategia de Fernando como cabeza de los «parientes del rey» en Castilla y, de hecho, el infante pudo ejercer una apreciable influencia sobre las villas de la reina Leonor de Navarra, perceptible en la captación de vasallos dentro de su afinidad entre las elites concejiles de estos lugares.91 Comptos, C.ª 90, n.º 13). Si bien no hemos podido determinar con exactitud a qué lugares se refiere, todo apunta a que se trata de Cervillego, Carpio y Brahojos, aldeas de la tierra de Medina del Campo (Martínez Díez, Gonzalo, Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Madrid, Editora Nacional, 1983, pp. 525-536). 88   AGN, Comptos, C.ª 90, n.º 15. 89   AGN, Comptos, C.ª 90, n.º 19 y 20. 90   Mitre Fernández, E., Evolución…, pp. 60-62. 91   Para la campaña para sofocar el levantamiento del conde de Urgell, según atestiguan Pérez de Guzmán y Zurita, en el otoño de 1412 el rey Fernando I envió a su mariscal Álvaro de Ávila a Castilla para reunir en Medina del Campo a los vasallos que llevaban tierras para lanzas procedentes de sus villas de Medina, Cuéllar, Olmedo, Paredes, Arévalo y de la tierra de Ávila (Pérez de Guzmán, Fernán, Crónica del Serenísimo Príncipe Don Juan, Segundo Rey deste nombre en Castilla y en León, ed. y notas de C. Rosell, Madrid, Ediciones Atlas, 1953, año 1412, cap. XXIII, pp. 348-349; Zurita, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, ed. de

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Por más que, finalmente, el matrimonio no se llevase a cabo en estos términos, se habían puesto las bases para una relación de amistad estable con los monarcas navarros y que, a la postre, superados los desencuentros provocados por el intento de enlace entre Juan y la reina Juana de Nápoles en 1414, se recondujesen las negociaciones entre los Trastámara aragoneses y los monarcas navarros hasta el último enlace entre el infante Juan y Blanca de Navarra en 1420. 4.3.  Las donaciones de García González de Herrera en Extremadura Los dos asuntos dentro de este apartado que nos quedan por tratar también se vinculan, como el negocio matrimonial con los reyes de Navarra, con el conjunto de proyectos que Fernando y Leonor emprendieron entre 1400 y 1406 para asegurar la conveniente promoción de sus hijos varones. Si los problemas derivados del enlace entre el tercero de ellos y Beatriz de Portugal, infante don Juan de Portugal, y del acceso a la herencia de este se encuentran peor documentados, las donaciones que en 1404 realizó el mariscal de Castilla García González de Herrera al infante Fernando con el fin de que se integraran en el futuro patrimonio de su cuarto hijo varón, Sancho, se encuentran mejor documentadas. Además, ilustran una situación de competencia interseñorial en el área extremeña de cierto interés, en la cual los infantes Fernando y Leonor se vieron envueltos de forma indirecta pero ineludible, en la medida en que este negocio se dirigía a reafirmar su condición como principales señores en este territorio pero afectaba a los intereses de otros señores de rango inferior integrados dentro de su entorno clientelar. Es bien conocido el intento fallido de promocionar a Sancho como arzobispo de Toledo en 1403, apoyado por el rey Enrique III pero que encontró la oposición del pontífice Benedicto xiii al preferir promocionar en esta sede a su sobrino Pedro de Luna.92 La concreción última del encuadramiento político y señorial de Sancho dentro de la carrera eclesiástica no fue dejada de lado y tendría lugar en 1409 cuando se certificó su elección como maestre de la orden militar de Alcántara. En cualquier caso, a comienzos de 1404, el mariscal García González de Herrera concertó con los infantes Fernando y Leonor un trueque de señoríos que parecía especialmente beneficioso y que se dirigía a dotar a Sancho. En él, los infantes ratificaban las donaciones que el A. Canellas, coord. de J. J. Iso, ed. electrónica de M.ª I. Yagüe, P. Rivero, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977. Disponible en: http://ifc.dpz.es [consulta: 25/09/2016], Libro XII, cap. 25, p. 211]. Aun siendo una referencia genérica, puede deducirse de ella esa penetración clientelar de Fernando de Antequera en los señoríos de su tía en Castilla, que se confirma a través del estudio detallado de su afinidad señorial, donde aparecen no pocos personajes procedentes de estos lugares. 92   Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 80-81.

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conde Sancho, padre de doña Leonor, había hecho hasta 1374 a quien fuera su mayordomo mayor, correspondientes a la dehesa de Patilla en Medellín, el castillo de Castellanos en el término de Cáceres, Arroyo del Puerco en el término de Plasencia, y los lugares de Loranca y Santa María de Ribera en el término de Badajoz, además del lugar de Torremormojón en la merindad de Campos y todo lo que antes fue de Sancho Ruiz de Villegas. Por su parte, García González donaba a los infantes los lugares de Valverde, Monroy y Talaván y la dehesa del Arroyo del Horno en el lugar de Monroy, y los lugares de la Lucía y de la Casa de la Paz, que lindaban con Talaván y Monroy, todo ello en la tierra de Plasencia. Con ellos se comprendían, además, una aceña y barcas próxima a Monroy en el río Tajo. García González declaraba haber recibido estos lugares y posesiones en herencia de su primera esposa, Estefanía Fernández de Monroy, y que ahora, en agradecimiento al bien que recibió de quien fuera su señor, el conde don Sancho, los entregaba, manteniendo el usufructo mientras viviese, deseando que finalmente fueran traspasados al hijo homónimo de Fernando y Leonor.93 La cuestión no era, sin embargo, tan sencilla como pudiera parecer. García González de Herrera había logrado durante su vida una notable proyección al servicio primero del conde don Sancho y, a su muerte, de su hermano mayor, el rey Enrique II y de sus sucesores en el trono. Convertido en mariscal de Castilla, García González permaneció también en el entorno de la heredera de su primer señor, figurando en 1380 como alcaide del castillo de Alburquerque en nombre del rey, mientras Juan I ejerció la tutoría de su sobrina Leonor.94 Si bien la zona originaria de los Herrera parece atestiguada en Herrera de Pisuerga y, a mediados del siglo xiv, esta parentela de caballeros sostenía un protagonismo regional de cierta consideración en las merindades de Monzón, Villadiego y Castrojeriz,95 García González de Herrera se asentó de forma preferencial en el área regional vinculada a su primer señor, el conde don Sancho. A partir de las donaciones recibidas de este y de las que vinieron de manos de la Corona, de acuerdos matrimoniales y de operaciones de compraventa —algunas de ellas contando con dinero prestado por los infantes—, el mariscal reunió un más que apreciable patrimonio señorial concentrado en Extremadura, fundamentalmente en torno a Plasencia, compuesto por no pocas posesiones fundiarias, casas palacio y ganado, además del señorío con jurisdicción sobre distintas villas y lugares en esa zona, al que se 93   El negocio se definió mediante sendas escrituras de donación para cada una de las partes, la signada por los infantes para el mariscal (AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 30) y la otorgada por este a los infantes (AHNob, Frías, C.ª 445, n.º 7; BRAH, Salazar y Castro, M-58, ff. 109 r.-111 v.), datados ambos en Medina del Campo el 8 de enero de 1404. 94   Duarte Insúa, Lino, Historia de Alburquerque, Badajoz, Antonio Arqueros, 1929, pp. 94-96; Historia del reinado de Juan I de Castilla. Registro documental, ed. de L. Suárez Fernández, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1982, p. 247. 95   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 373-376; vol. II, pp.7-10.

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añadía el que ejercía sobre Pedraza de la Sierra, en la «Extremadura segoviana» y sobre Torremormojón.96 Sin duda, el mariscal se había convertido en uno de los señores más pujantes de la región extremeña a la sombra de sus señores, el conde don Sancho, los infantes Fernando y Leonor y los reyes castellanos. Como parte de ese proceso de implantación, García González había entrado en tratos con otras casas influyentes en la zona y, justamente, había contraído matrimonio con Estefanía Fernández de Monroy, hija y heredera de Fernán Pérez de Monroy e Inés Rodríguez, de quien recibió los derechos y bienes comprendidos luego en el negocio con los infantes de 1404. Es notorio que los bienes de doña Estefanía venían vinculados en mayorazgo otorgado por su padre pero también es cierto que otros parientes varones de Fernán Pérez de Monroy aspiraban a ellos. Sea como fuere, García González logró que en 1371 el rey Enrique II disolviese el mayorazgo y, para 1390, cuando Estefanía Fernández murió sin haber tenido descendencia de su esposo, este no solo contrajo un nuevo enlace con María de Guzmán sino que mantuvo la posesión y el señorío sobre los bienes aportados por Estefanía Fernández a su matrimonio, a despecho de los parientes de su primera esposa.97 Según ha estudiado Nicolás Ávila Seoane, la colisión de García González de Herrera con los Monroy intentó ser reconducida en 1400, cuando concertó la entrega de Valverde y Talaván, la dehesa de Arroyo del Horno y los lugares de La Lucía y la Casa de la Paz a Alfonso Fernández de Monroy, presumiblemente un sobrino del citado Fernán Pérez de Monroy, comprendido en el acuerdo matrimonial de aquel con la hija del mariscal, Elvira García. No obstante, la muerte de esta y la imposibilidad de cumplir el acuerdo hicieron que el asunto quedara en el aire y la legitimidad de la posesión de los bienes de Estefanía Fernández por parte del mariscal siguiera siendo muy débil. Hay que recordar en este mismo sentido que, por lo que se refería al lugar de Monroy, la situación era similar, pues en 1370 Enrique II había otorgado la entrega del lugar, junto con Valverde y Talaván, a Juan Rodríguez de las Barillas y a su esposa María Fernández de Monroy, hermana de Estefanía Fernández, en tanto padres y tutores de Fernán Rodríguez de Monroy, a quien debía pasar el señorío sobre las tres poblaciones.98 Por tanto, estos también podían sentirse descontentos con lo que a todas luces parecía una   Sobre el mariscal, su patrimonio y estas operaciones, véase Franco Silva, Alfonso, «La hacienda de un noble castellano a comienzos del siglo xv», En la España medieval, 8 (1986), pp. 361-380. 97   La evolución de los señoríos de los Monroy, junto con los de las casa vecina y rival de Almaraz, y los contenciosos provocados por la enemistad entre ambas parentelas y por la penetración de García González de Herrera en el área de Plasencia ha sido tratada por Ávila Seoane, Nicolás, «Monroyes, Botes y Almaraces: tres señoríos tempranos en el concejo de Plasencia», En la España medieval, 27 (2004), pp. 131-163, en particular 132-147. 98   AHNob, Frías, C.ª 1.324, n.º 14. 96

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usurpación del mariscal sostenida en su mayor influencia política y sus lazos clientelares con el linaje real castellano. Las donaciones, pues, de 1404, podían no ser tan ventajosas para los infantes puesto que, con ellas, el mariscal, viendo próxima su muerte, traspasaba a sus señores un conflicto con los Monroy, desvinculando del mismo a su heredero menor de edad Pedro Núñez de Herrera. En efecto, el enfrentamiento no se hizo esperar y en 1405 Alfonso Fernández de Monroy pleiteaba en la Audiencia contra el infante Fernando por la posesión de los bienes que el mariscal había prometido entregarle, toda vez que el infante había tomado posesión de ellos en junio de 1404 a la muerte de García González.99 En cualquier caso, el pleito no se condujo en términos favorables para el demandante. La defensa presentada por Martín Alfonso de Saavedra, procurador del infante, insistió en contradecir los argumentos de Alfonso Fernández de Monroy, tanto en el fondo como en la forma, a través de diferentes comparecencias entre febrero y abril de 1406. Además, el 10 de abril de ese año se presentó ante el oidor Juan González de Acevedo, encargado de ver el proceso, Juan Ruiz de Alcaraz como procurador de los herederos del mariscal, Pedro Núñez de Herrera y Juana de Herrera, con autorización de su madre María de Guzmán, sosteniendo la legalidad de la donación hecha por el difunto García González al infante Fernando y sosteniendo su parte contra la de Alfonso Fernández. Tras nuevas alegaciones presentadas por Martín Alfonso de Saavedra, la incomparecencia por tres veces del demandante para responder a ellas en la Audiencia, las protestas posteriores de este y la presentación de nuevos recursos, el tenor del documento cesa cuando el 28 de mayo, Martín Alfonso declaró haber concluido su defensa y solicitó la absolución para el infante y el pago de las costas para la otra parte. Llegados a este punto, parece que el pleito quedó inconcluso pues las referencias que tenemos del mismo se conservan a partir del traslado que ante la Audiencia, en 1417, solicitó el procurador de Alfonso Fernández de Monroy del pleito que este mantuvo con el ya difunto don Fernando. No tenemos constancia de que, en ningún caso, se prosiguiese posteriormente. Parece claro que Alfonso Fernández se vio incapaz de superar no solo los argumentos judiciales sino la influencia del hermano del rey para tratar de hacer suyos los derechos señoriales sobre Valverde, Talaván y el resto del patrimonio reclamado. El infante pudo mantener sin grandes problemas su posesión, contando para ello con el apoyo prestado por los herederos de su cliente García González de Herrera, pero también con, como veremos cuando tratemos toda la problemática sobre los derechos del señorío de Lara, el vínculo de dependencia que ligaba al doctor Juan González de Acevedo, encargado de dirimir la causa, con el infante Fernando.   AHNob, Osuna, C.ª 477, n.º 59. El emplazamiento del rey al infante para que sus procuradores presentasen sus alegaciones ante la demanda de Alfonso Fernández lleva fecha de 29 de mayo de 1405. 99

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Pero, por si esto fuera poco, otro factor importante que puede ayudar a comprender la dirección final de esta disputa es la falta de sostén por parte de sus parientes que Alfonso Fernández de Monroy padeció en sus reclamaciones. Habíamos hablado de que el sobrino de Estefanía Fernández, Fernán Rodríguez de Monroy, también se había podido ver perjudicado por las donaciones de 1404 entre García González de Herrera y los infantes. Sin embargo, este personaje aparece bien ligado a la casa del infante Fernando como vasallo suyo, condición en la que es referido en distintos episodios de las campañas andaluzas contra Granada de 1407 y 1410.100 Además, al menos desde 1411, Fernán Rodríguez era maestresala de la infanta doña Leonor.101 Es difícil saber cómo y desde cuándo se había introducido en la casa de los infantes pero todo apunta a que tuvo que ver con la mediación de García González de Herrera, quien es reconocido como el mediador en el matrimonio de aquel con Isabel de Almaraz, heredera de Diego Gómez de Almaraz, a quien legó el señorío sobre Almaraz, Deleitosa, Belvís y El Bote, además de otras posesiones en la tierra de Plasencia. Según parece, la rivalidad entre los Monroy y los Almaraz, asentados en la ciudad de Plasencia y bien posicionados señorialmente en su tierra, era antigua y posiblemente habría que vincularla a esta competencia territorial.102 El apoyo de los Almaraz a Enrique de Trastámara durante la guerra civil que le enfrentó al rey Pedro I y el de los Monroy al legítimo soberano encaja dentro de esta lógica de enfrentamiento entre ambas parentelelas. El triunfo de Enrique y el asentamiento señorial del conde don Sancho en Extremadura permitieron la pe  Más allá de referencias en textos genealógicos, conocemos que en 1408 el concejo de Sevilla envió cartas a Rodrigo de Narváez, también miembro de la casa del infante, y Fernán Rodríguez de Monroy, vinculadas a cartas anteriores remitidas a don Fernando, todo parece que ligadas a su permanencia en las guardas puestas por el infante en la frontera contra Granada (Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo xv. Tomo I: 1401-1416, ed. de F. Collantes de Terán, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1972, n.º 209, XXIX y XXXI, p. 247). Luego, en 1410 aparece que fue despachado por el infante desde Córdoba para ir a Sevilla a conducir las bastidas que allí se estaban construyendo hasta el asedio que se había plantado sobre Antequera (García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 139, pp. 298-300; Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1410, cap. IV, p. 318; cap. X, pp. 320-321). De hecho, en abril de 1410, Fernán Rodríguez de Monroy, reconocido como mi vasallo, fue encargado por el infante para reunir todos los carros y bueyes precisos para conducir los pertrechos necesarios para el desarrollo de la campaña de ese año, sobre lo cual presentó carta ante el concejo de Jerez de la Frontera con el fin de que se le proveyese de ellos [Diplomatario del Reino de Granada. Documentos de Juan II de Castilla (1407-1454) del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, ed. de J. Abellán Pérez, Granada-Cádiz, Universidad de Granada-Universidad de Cádiz, 2011, doc. 22, pp. 122-123]. 101   Ejercía este oficio cuando el 22 de mayo de 1411 él y su esposa Isabel de Almaraz vendieron al cabildo de la catedral de Salamanca la heredad que tenían en Aldeayuste por 180 000 mrs. [Catálogo de documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca (siglos xii-xv), ed. de F. Marcos Rodríguez, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1962, doc. 777, p. 45]. 102   Ávila Seoane, N., «Monroyes, Botes y Almaraces…», pp. 146-147, 151-155. 100

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netración también con fuerza en la región de su vasallo más importante, García González de Herrera. No sería extraño considerar, pues, que los Almaraz también estuvieran vinculados a la «clientela» del conde Sancho de Alburquerque, en relación con su filiación trastamarista, y que, tras la guerra, los Monroy, en el bando derrotado, se vieran obligados a buscar vínculos con los nuevos hombres fuertes en la zona para sostener su posición en Plasencia y su tierra. La consolidación de los mismos la encontraríamos, pues, en la integración de Fernán Rodríguez de Monroy en la afinidad del infante Fernando y mediante la concordia en este entorno con los Almaraz a través de su matrimonio con la citada Isabel, reuniendo la herencia de sus antiguos enemigos y aportando él el señorío sobre Monroy. En efecto, no hay constancia de que el infante llegara a ejercer su poder sobre este lugar sino que pasó directamente a Fernán Rodríguez.103 La documentación disponible dificulta cualquier confirmación pero parece que el proceso al que obedecieron los sucesivos negocios jurídicos relativos al patrimonio señorial de los Monroy fue justamente el de clienterización, en escala, de algunos de los pequeños señores de influencia comarcal en la tierra de Plasencia por parte de García González de Herrera y, en último término, por los «parientes del rey» en la región, más indirectamente primero por el conde don Sancho, de forma más efectiva y directa después por los infantes Fernando y Leonor. En ella hubo una clara selección entre miembros de las parentelas aristocráticas que entraban en subordinación por parte de los señores que se encontraban en posición de superioridad y una gestión diferencial del patrimonio implicado. Si García González de Herrera trató de acaparar su posesión durante su vida, los conflictos que podían legarse a la generación siguiente quedaron encauzados mediante el recurso a sus propios señores y al reparto de esos bienes. El enconamiento de Alfonso Fernández de Monroy parece que fue bien capeado por los infantes al disponer de una sólida red de apoyo clientelar en la zona de Plasencia, de modo que la promoción de Fernán Rodríguez en detrimento de su pariente resultaba muy beneficiosa para todas las partes, incluidos los herederos de García González de Herrera. Todos reafirmaron su poder señorial en ese territorio aunque, en cualquier caso, el control que sobre Valverde y Talaván, la dehesa de Arroyo del Horno y los lugares de La Lucía y la Casa de la Paz mantuvieron los infantes tratara de ponerse en entredicho. Más adelante comprobaremos cómo el cierre de esa posible fuente de futuros conflictos se concluyó en relación con el aspecto que nos queda ahora por tratar.

  Ibid., pp. 146-147.

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4.4.  La herencia del infante don Juan de Portugal Dentro de la estrategia seguida durante el reinado de Enrique III por los infantes Fernando y Leonor para promover a sus hijos varones nos queda considerar lo relacionado a Enrique. La alternativa por la que optaron para él fue la del concierto del matrimonio con la segunda hija del infante Juan de Portugal y Constanza, hija ilegítima de Enrique II de Castilla, Beatriz de Portugal. Las implicaciones de este negocio eran notablemente ambiciosas y las referencias al respecto no son excesivamente claras, si bien las investigaciones más recientes acerca de la política castellana hacia Portugal tras la derrota de Aljubarrota en 1385 nos permiten proponer de forma coherente una interpretación de las mismas.104 Estas afectaban no solo el acceso a la herencia legada por don Juan a sus dos hijas, María y Beatriz, en Castilla sino a los posibles derechos al trono portugués que podían verse aparejados a quien fue uno de los exiliados más destacados en tierras castellanas tras la consolidación de Juan I de Avís como monarca luso. La captación por el infante Fernando de estos recursos de poder influía a su vez en las relaciones con otros personajes destacados de ese exilio, notablemente con Martín Vázquez de Acuña, con quien el infante entró en conflicto a cuenta de todos estos asuntos. Las noticias de los esponsales establecidos entre Enrique y Beatriz son poco precisas, al venir aportadas por Gutierre Díez de Games en su biografía caballeresca del que terminaría siendo el esposo de doña Beatriz, Pero Niño. Este autor hace referencia a dicho compromiso en el momento en que en su relato nos presenta cómo Pero Niño conoció a Beatriz en Valladolid, entre octubre de 1408 y marzo de 1409, y establecieron tratos amorosos, según Díez de Games, contando con la intermediación de Fernando, hijo ilegítimo del infante don Juan y medio hermano de Beatriz, y de Margarita Manuel, hija del conde Enrique Manuel.105 Con el fin de situar estos acontecimientos, el autor de El Victorial nos refleja previamente quién fue el infante don Juan,   Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, p. 80. Remitimos, además de a otros trabajos clásicos como los de Emilio Mitre Fernández y Salvador M. Dias Arnaut, fundamentalmente al meritorio estudio de César Olivera Serrano sobre la reina Beatriz de Portugal, en el que se contextualizan muchos de los aspectos y personajes a los que haremos referencia (Olivera Serrano, César, Beatriz de Portugal. La pugna dinástica Avís-Trastámara, Santiago de Compostela, CSIC, 2005). 105   Díez de Games, Gutierre, El Victorial. Crónica de D. Pero Niño, ed., notas y glosario de R. Beltrán Llavador, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1997, tercera parte, cap. 92, p. 674. En la edición de Rafael Beltrán Llavador, este propone datar estos acontecimientos en torno a 1409, si bien sabemos del desplazamiento de la reina de Navarra desde algo antes, en 1408, y parece que la Corte se trasladó a Valladolid a finales de 1408 (García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 119, pp. 263-264) y que allí estuvo entre octubre y marzo [González Sánchez, S., Itinerario de don Fernando…, pp. 80-87]. 104

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su filiación y matrimonio y cómo fue heredado en Castilla,106 para luego situarnos ante el contexto de lo ocurrido a su muerte con sus hijas. Resumiendo el contenido del capítulo, la mayor, María, fue prometida a Martín Vázquez de Acuña para atraerlo a la causa contra Juan de Avís, por Enrique III de Castilla, contra la voluntad de su madre Constanza, mientras que la menor, Beatriz, fue criada por el infante Fernando en su casa, desposándola con su hijo Enrique cuando este tenía tres años y ella once. Como resultado de ello, el infante organizó la partición de la herencia de don Juan, quedando la villa de Valencia de Don Juan para María y Martín Vázquez de Acuña y para doña Beatriz la de Alba de Tormes.107 No viene al caso aquí abundar sobre las precauciones con que ha de leerse el relato sobre el matrimonio de Pero Niño y Beatriz de Portugal de Díez de Games, construido a mayor gloria de su señor y sobre lo que volveremos algo más adelante. En cualquier caso, la presentación que nos hace este autor del contexto previo puede corroborarse documentalmente. Efectivamente, el infante don Juan, tras haber sido apresado por Juan I de Castilla tras el matrimonio con la heredera del trono portugués, fue rehabilitado después de la derrota en Aljubarrota y desde entonces se mostró como un vasallo leal del monarca castellano en su enfrentamiento contra el maestre de Avís. En 1385, este le concedió el señorío sobre Alba de Tormes y, en 1387, le hizo merced de la villa de Valencia de Campos —en recuerdo a él su actual nombre es el de Valencia de Don Juan, en el extremo occidental de la Tierra de Campos— con título de duque.108 Efectivamente, fruto de su matrimonio con Constanza, una de las hijas bastardas de Enrique II de Castilla, fueron María y Beatriz. Posteriormente, durante la minoría de Enrique III y en el momento de toma del poder efectivo por este, estuvo vinculado a la facción de los parientes reales de la reina Leonor de Navarra y de los condes de Noreña y de Trastámara, si bien con escaso protagonismo. Su pista se pierde en ese punto, pudiendo extrapolarse que muriese no más allá de 1397.109 En la medida en que, en 1396, sus hijas María y Beatriz recibieron la confirmación del señorío sobre Valencia de Don Juan,110 habría que situar a lo sumo en 1395 o 1396 su fallecimiento, como propone Emilio Mitre.111 Las indicaciones de Díez de Games parecen coherentes al señalar la intermediación de Enrique III en el matrimonio con María de Portugal de Mar  Díez de Games, G., El Victorial…, tercera parte, cap. 90, pp. 669-670.   Ibid., tercera parte, cap. 91, pp. 671-673. Se refiere igualmente el posterior intento fallido de matrimonio entre Martín I de Aragón con Beatriz, instigado por el infante Fernando, que en cualquier caso Díez de Games introduce ya para encajar el relato del enamoramiento entre Pero Niño y Beatriz. 108   Dias Arnaut, Salvador M., A crise nacional dos fins do seculo xiv, Coimbra, Faculdade de Letras, 1960, pp. 190-191 y 198, doc. 111. 109   Olivera Serrano, C., Beatriz de Portugal…, pp. 286-290. 110   BRAH, Salazar y Castro, M-1, f. 29 v. 111   Mitre Fernández, E., Evolución…, pp. 79, 81. 106 107

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tín Vázquez de Acuña, quien, tras la reanudación de la guerra entre Castilla y Portugal en 1396, pasaba a Castilla junto con sus hermanos Gil Vázquez y Lope Vázquez, además de otros miembros destacados de la aristocracia portuguesa como Juan Alfonso de Pimentel, levantados contra el rey Juan I de Portugal en el momento en que se reanudó la guerra entre Castilla y Portugal. Martín Vázquez, mediante este matrimonio, recibió también el título de conde de Valencia, lo que denota que el señorío sobre esta villa había quedado ligado a la herencia recibida por su nueva esposa, María. Mientras, sus hermanos recibieron considerables mercedes en tierras conquenses pero sin duda fue Martín Vázquez el mejor posicionado de los tres, ya que en los años siguientes logró establecer sólidas relaciones en la Corte, con otros exiliados portugueses y con miembros de la aristocracia castellana bien asentados en la zona leonesa donde se encuentra Valencia de Don Juan, como los Quiñones.112 De este modo, Martín Vázquez de Acuña se había convertido en una pieza clave para la política de Enrique III hacia Portugal. A principios de este año Enrique III despachó a Diego López de Stúñiga para negociar con Martín Vázquez con plenos poderes su entrada al servicio de la causa castellana.113 Las negociaciones se produjeron en Zamora a finales de enero y afectaron también a sus hermanos y a Juan Alfonso de Pimentel, no siendo casual que, al año siguiente, Enrique III diera en merced a este la villa de Benavente con título de conde.114 Seguramente en ese encuentro, como muy tarde, se fijó la entrega en matrimonio de María de Portugal con el condado de Valencia para Martín Vázquez de Acuña, acompañada además de la donación de la villa de Castrojeriz, que transitoriamente había estado en manos del infante Fernando entre 1390 y no más allá de mediados de 1396, toda vez que en febrero de 1398 Martín Vázquez de Acuña ya ejercía el señorío sobre la villa cabecera de la merindad de Castrojeriz.115 La falta de hijos varones legítimos del infante don Juan había llevado a que, entre 1397 y 1398, el soberano castellano promoviese a su hermano don Dinis, casado con Juana, otra hija ilegítima de Enrique II, como pretendiente al trono luso, participando en las negociaciones de Zamora que hemos citado en estas condiciones. No obstante, las conversaciones entabladas en 1399 y en 1401 con el rey de Portugal muestran que la opción castellana varió, defendiendo Enrique III —y también el infante Fernando en su participación en estos tratos— la restauración legítima de su madrastra, la reina Beatriz. El posible liderazgo de don Dinis, fallecido en 1403, del exilio portugués en Castilla fue efímero y la intransigencia de la postura de los Trastámara sobre la restitución de Beatriz de Portugal, pese a la posi  Olivera Serrano, C., Beatriz de Portugal…, pp. 294-297.   Veas Arteseros, F. de A., Itinerario…, p. 375. 114   Mitre Fernández, E., Evolución…, p. 85. AHNob, Osuna, C.ª 3.909, n.º 10. 115   Ibid., pp. 89-90.

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ción más conciliadora de la reina Catalina de Lancaster, hicieron que el resultado de ambos ciclos de negociación fuera solo el establecimiento de treguas temporales y la dilación de cualquier solución definitiva para el conflicto que mantenía Castilla con Portugal.116 En estas circunstancias, los derechos adquiridos por Martín Vázquez de Acuña al trono portugués gracias a su esposa y su grado de influencia entre los aristócratas portugueses le convertían en una persona muy a tener en cuenta en la corte castellana para la conducción de tales negocios. Las motivaciones, pues, que llevaron al infante Fernando a tomar la crianza de Beatriz de Portugal y arreglar su matrimonio con su hijo Enrique apuntan hacia la consecución de unos derechos y una influencia equiparables a los que había logrado Martín Vázquez de Acuña en relación al exilio portugués y un potencial acceso al trono de este reino. Sus intereses en este sentido eran grandes y podían respaldarse a cuenta de su propia condición de hermano del rey y primer pariente real. Asumir la crianza de otro de los miembros de la parentela regia —recordemos que la madre de Beatriz, Constanza, era una de las hijas ilegítimas de Enrique II de Castilla— entraba dentro de la lógica de protección y patronazgo hacia los miembros menores o más débiles dentro del grupo de parentesco aristocrático que también imperaba para la casa real y que Fernando había asumido con notable protagonismo, si cabe de forma más significativa que su hermano Enrique III. En este sentido, y de acuerdo con el reforzamiento de los vínculos con ese entorno portugués sobre la base de los lazos de consanguinidad, han de tenerse también en cuenta las relaciones estrechas que siempre había mantenido con su madrastra, la reina Beatriz de Portugal, última esposa de su padre,117 además de con otros parientes reales procedentes del exilio portugués como eran, notoriamente, el conde Enrique Manuel, señor de Montealegre, también íntimamente vinculado al entorno de la reina Beatriz.118 Pero, además de todo ello, el acceso al importante patrimonio que había pertenecido al infante don Juan y el que había adquirido Martín Vázquez de Acuña a su llegada   Ibid., pp. 120-132, 290-293.   Esa buena sintonía entre don Fernando y la reina Beatriz se encuentra mejor documentada ya para el período posterior a 1407 (Echevarría Arsuaga, A., Catalina de Lancaster..., pp. 169-176; Olivera Serrano, C., Beatriz de Portugal…, pp. 132-142). Muestra, no obstante, de esa cercanía, gestada a lo largo de los años de convivencia en la Corte es la intervención de la reina Beatriz como intercesora entre el infante, la reina Catalina y Juan Fernández de Velasco y Diego López de Stúñiga a principios de 1407 en Segovia a cuenta de la tutoría de Juan II que Enrique III había entregado en su testamento a estos dos caballeros (García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 9, pp. 54-55). 118   Sobre este personaje, que fue mayordomo mayor de la infanta Leonor de Alburquerque, miembro del Consejo del infante Fernando y una de las personas de su círculo de confianza más estrecho, enlazado con ambos por parentesco por su descendencia de don Juan Manuel, aun siendo hijo ilegítimo de este, Olivera Serrano, C., Beatriz de Portugal…, pp. 256-259. Habrá lugar para extendernos sobre su figura y la de sus vástagos dentro de la afinidad de los infantes. 116 117

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a Castilla suponía motivo más que de sobra para que el infante Fernando decidiera, a través de la custodia de la joven Beatriz, competir con el conde Martín Vázquez. El pleito que debió de enfrentarles, en teoría, debería haber quedado zanjado cuando, el 2 de noviembre de 1404, en Medina del Campo, en la corte del infante Fernando, María y Beatriz de Portugal —y por tanto, Martín Vázquez de Acuña como marido de la primera y el infante Fernando como tutor de la segunda— concertaron la partición de su herencia consistente en el señorío sobre Valencia de Don Juan y Alba de Tormes.119 Los documentos conservados no permiten conocer cuáles fueron los términos de la partición pero todo apunta a que hubieron de consistir en la entrega de Valencia de Don Juan a doña María y de Alba de Tormes a Beatriz. Esta idea la reafirma otro documento posterior que, además, nos muestra que los términos del negocio ni eran tan claros ni habían dejado conformes a todas las partes. En una carta del infante Fernando a su hermano el rey, datada el 4 de febrero de 1406, en respuesta a otra que Enrique III le hizo llegar por medio de Fernán López Pacheco, el infante se quejaba de que le habían hecho relación de forma parcial sobre cierto asunto que concernía a la posesión de Alba de Tormes y a los tratos entre él y Martín Vázquez de Acuña, «… ca yo nunca dixe al conde Martín Vázquez que vendiese la meytad de Valençia…», excusándose que a su vuelta del monasterio de Guadalupe le daría cumplida noticia de la verdad del asunto.120 Fuera o no esto cierto, parece que el afán del infante por incorporar a su dominio parte del patrimonio de Martín Vázquez de Acuña, bien fuera por lo tocante a Valencia de Don Juan o, como veremos, por lo que hacía referencia a recuperar Castrojeriz, o si no esto, de menoscabar la influencia del portugués, era un hecho. De un modo u otro, no parece que el rey Enrique III se hubiera opuesto a ello sino, como había ocurrido en general con el resto de proyectos emprendidos por su hermano Fernando, los había consentido tácitamente cuando no los había respaldado activamente. La cuestión por lo que se refería a la herencia del infante don Juan y el posicionamiento del infante Fernando respecto a los exiliados portugueses, en todo caso, quedaba latente al inicio de la minoría de edad de Juan II y lo que sí era una realidad es que Fernando había logrado integrar en su área de influencia territorial la villa de   BRAH, Salazar y Castro, D-14, ff. 311-312; M-1, f. 39 r.-v. Puede concretarse que esta partición fue orquestada por el infante, en la medida en que el documento fue redactado por su escribano Pedro García de Medina y fueron testigos del acuerdo puesto por escrito el obispo Sancho de Rojas, el conde Enrique Manuel y Alfonso Fernández de Sevilla, canónigo de la catedral de Palencia, sede del obispo don Sancho. 120   AGS, Estado, leg. 1-1-2, n.º 71. La carta, dada en Villar del Pedroso a 4 de febrero se puede situar en 1406 por cuanto el infante, en el saludo de la carta, hace referencia a la salud del rey, de la reina «… e de mi señor el príncipe e de la infante, vuestros fiios, mis sobrinos…», quedando claro que el príncipe de Asturias, Juan, ya estaba vivo entonces. 119

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Alba, ligada a su protegida Beatriz desde, como poco, 1402,121 cosa que permitía reafirmar su presencia señorial en las «Extremaduras», conectando sus dominios en la zona central del Duero con los de Ledesma y las Çinco Villas en el área salmantina. Además, las perspectivas para la promoción de su hijo Enrique mediante el matrimonio con Beatriz eran muy prometedoras, con lo cual este asunto completaba un balance ciertamente positivo en la gestión del patrimonio señorial de los infantes Fernando y Leonor hasta el final de 1406. El dominio sobre villas y lugares se había incrementado sobre todo en la Tierra de Campos y en la «Extremadura castellano-leonesa». Además, a través de estos negocios los nexos entre los infantes y prioritariamente otros «parientes del rey» se habían fortalecido, además de con otros personajes vinculados a su «clientela» señorial que, aunque ha de ser estudiada aún con detalle, sí podría adelantarse a partir solo de las cuestiones aquí vistas que se había ido reforzando durante estos años. Se habían sentado las bases para estabilizar una transmisión de la posición de poder que estaban adquiriendo los infantes a la siguiente generación a través de los enlaces concertados para sus hijos varones y que, de hecho, significaban una reafirmación del grado de influencia en el reino de Fernando y Leonor. Aun sin contar las gestiones relativas a la materialización de los derechos del señorío de Lara en la merindad mayor de Castilla, se trataba de un avance muy notable que estaba a la par del ascenso que, por otro lado, ya hemos visto de Fernando de encumbrarse como el hombre más poderoso del reino tras su hermano Enrique III y como primero entre los «parientes del rey».

  La documentación dada entre 1402 y, al menos, 1407 por Beatriz a su villa de Alba permite observar su otorgamiento desde Medina del Campo, donde se criaba en la casa del infante Fernando [Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes (siglo xv), ed. de J. M.ª Monsalvo Antón, Salamanca, Diputación de Salamanca, 1988, docs. 1 y 2, pp. 15-17, dados en Medina del Campo el 20 de mayo de 1403, relativos a la prohibición de avecinamiento en Alba de escuderos de Madrigal, Ávila y Bonilla], o el hecho de que actuara como corregidor en la villa por la señora el bachiller Gonzalo López, que era nada menos que el alcalde mayor del infante Fernando, el cual actuaba en el nombramiento de los oficios concejiles de la villa informando directamente al infante (ibid., doc. 4, pp. 19-20, dado en Sevilla el 17 de julio de 1407, sobre el relevo de los oficiales concejiles consentido por el corregidor puesto que doña Beatriz tenía intención de nombrarlos, revocando los previamente señalados por Gonzalo López). Esta misma documentación permite comprobar cómo Beatriz de Portugal mantenía su propia casa, al documentarse diversos criados y oficiales, como su escribano Diego Díez en 1402, Pedro Enríquez, su alcalde de las alzadas en Alba en 1409, Alfonso Fernández de Toro o su recaudador en la villa, Alfonso Ruiz (AMAdT, IE, 0002.01, LAC, 1411, ff. 2 v., 4 v., 6 r.), si bien este entorno de la joven señora de Alba se hallaba mediatizado por el infante. 121

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5. La expansión del patrimonio señorial de los infantes durante los primeros años de la minoría de Juan II (1407-1412) Corresponde ahora hablar de los pormenores que afectaron al patrimonio señorial de los infantes Fernando y Leonor una vez iniciado el reinado de Juan II. Hubo lugar a apuntar en otra ocasión que la estrategia seguida en este sentido por el ya convertido en corregente del reino durante la minoría de edad de su sobrino se había dirigido a tratar de aumentar su base patrimonial en la medida de lo posible, sobre todo en las regiones donde su presencia señorial era más importante. Si los negocios desarrollados en este sentido habían reforzado también la entidad de su entorno clientelar, las situaciones conflictivas tampoco habían faltado. Fernando mantenía puntos de fricción por intereses señoriales con personajes de diversa entidad, siendo los más destacados los grandes magnates afectados por la delimitación de los derechos del señorío de Lara, tales como Diego López de Stúñiga, Juan Fernández de Velasco y el almirante Diego Hurtado de Mendoza y su esposa, viuda desde 1404, Leonor de la Vega, además del conde de Valencia Martín Vázquez de Acuña. A lo largo de 1407 y 1408 no hemos encontrado que Fernando emprendiese ninguna maniobra con el fin de ampliar el espacio territorial bajo su señorío ni tampoco que se produjese ninguna permuta o enajenación que afectase a los dominios que poseían él y su esposa. En esos años, la ordenación del gobierno del reino en la regencia compartida entre el infante y la reina Catalina de Lancaster y el inicio de la guerra contra Granada concentraron su atención. Solo tras la toma del control absoluto de la regencia en junio de 1408, después del fracaso de la campaña de Setenil y del surgimiento en torno a la reina Catalina de un sector opositor al liderazgo que el infante pretendía, Fernando volvió a ocuparse de forma expresa de estos negocios. Así, entre 1408 y 1411, hasta el momento en que los planes del infante se concentraban en la consecución de su designación como nuevo rey de Aragón, Fernando, en unos casos por iniciativa personal, en otros aprovechando las oportunidades que las circunstancias presentaron y aun reaccionando ante las actuaciones de otros señores, pudo incrementar muy ostensiblemente su patrimonio señorial. Las maniobras en este sentido tenían un signo muy claro: reafirmar su posición de poder hegemónico en Castilla a través de la adquisición de mayor presencia señorial en zonas clave del reino y del aumento de sus fuentes de renta,122 Es cierto que hasta 1408 el infante no había permanecido completamente inactivo. Por una parte, los pleitos relativos a los derechos sobre behetrías   Sobre estas cuestiones relacionadas a los primeros años de la regencia de Juan II de Castilla y la estrategia seguida por el infante Fernando, Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 85-99. 122

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incorporados al señorío de Lara seguían su curso pero, por otro lado, el reparto de la administración de la regencia en dos provincias en 1407, originalmente de forma temporal pero que, a la postre, sería definitiva, también había contribuido a reforzar el poder señorial del infante en sus dominios. Es cierto que la entrega del gobierno de la mitad norte del reino hasta el Sistema Central para la reina Catalina y de la mitad sur para el infante Fernando no implicaba adquisiciones señoriales para ninguno de ellos. Sin embargo, el acuerdo comprendía que cada uno de los regentes retenía para sí la administración real sobre las villas y lugares que estaban bajo su señorío, con independencia de en qué parte del reino se encontrasen, además de la asignación a la provincia gobernada por el infante de los obispados, al norte de la sierra, de Lugo, Orense y Mondoñedo, en Galicia, y de Palencia, además de las villas de Alba de Tormes y de Ayllón. Lo que se mostró como un ajuste entre ambos regentes relacionado con las dimensiones, población y riqueza de las provincias que cada uno habría de gestionar en realidad, como ya señalamos, tenía un trasfondo estratégico de mayor calado. El ejercicio de la autoridad real sobre su propio señorío, como atenderemos más adelante, iba a permitir a Fernando intensificar su propio dominio señorial sobre los territorios y poblaciones que se hallaban sujetos a él, sobre todo por lo que se refería al acrecentamiento de sus ingresos a través del acceso a los recursos extraídos por la fiscalidad de la Corona. Que Alba de Tormes fuera tratada como otra de las villas bajo su señorío muestra cómo, de facto, Fernando administraba como suyo el patrimonio de su tutelada Beatriz de Portugal, Ayllón le proporcionaba un anclaje territorial si cabe mayor en la «Extremadura castellana», donde ya era el principal señor, que además facilitaba la comunicación y el desplazamiento entre la Meseta Norte y la Meseta Sur. Finalmente, la gestión del poder real en los obispados gallegos citados y en el de Palencia le dotaban de una presencia decisiva al norte de las sierras en zonas donde eran especialmente fuertes dos de sus principales seguidores, el conde de Trastámara Fadrique Enríquez y el obispo de la sede palentina Sancho de Rojas, a mayor abundamiento del beneficio que para estos representaba contar en sus áreas respectivas de interés señorial con la connivencia de su señor. Por tanto, es innegable que, a partir de este acuerdo, el poder señorial del infante en el conjunto del reino alcanzaba un sobresaliente respaldo, no solo por lo que se refería a sus propios dominios sino también a los de su propia afinidad.123 Sin embargo, el año crucial para la conformación del patrimonio señorial de los infantes Fernando y Leonor fue 1409 y, en menor medida, 1410. En esos años los principales conflictos ligados al señorío de Lara quedaron solventados mediante acuerdos con los señores que más se habían opuesto al 123   Sobre la división en provincias del reino, García de Santa María, Á., Crónica…, caps. 22-25, pp. 85-91; Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1407, cap. XIX, pp. 284-286, Torres Fontes, Juan, «Dos divisiones político-administrativas en la minoría de Juan II de Castilla», Anales de la Universidad de Murcia, 1-2 (1946-1947), pp. 339-353.

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infante y, sobre todo, se produjeron importantes incorporaciones de villas y lugares, de modo que, en 1411, el señorío de los infantes alcanzó su máxima expansión territorial. Así, podemos enumerar, en primer lugar, la donación que María Fernández Coronel hizo a los infantes de todos sus bienes y, notablemente entre ellos, del castillo de Montalbán y su tierra, y las villas de Mondéjar y Torija, en la zona de Toledo y Guadalajara, en febrero de 1409. En segundo lugar y mucho más importante, la adquisición de los maestrazgos de las órdenes militares de Alcántara y de Santiago para sus hijos Sancho y Enrique, respectivamente, entre enero y agosto de 1409. En tercer lugar, el trueque con el conde Martín Vázquez de Acuña de su villa de Castrojeriz a cambio de las villas de Villalba de los Alcores, los lugares de Castromonte y el Castro de Valdeorras en diciembre de 1409, que nos permite entroncar este asunto con el fracaso del matrimonio entre Beatriz de Portugal y el tercer hijo varón de los infantes, Enrique, a causa del enlace de esta con Pero Niño y sus consecuencias en relación a la posesión del señorío de Alba de Tormes, solo resueltas en 1415. Tras esto, analizaremos brevemente el resultado del pleito seguido por Leonor de Alburquerque contra María Velázquez de Escobar y su esposo Per Álvarez Osorio desde 1393 y que supuso la recuperación del señorío sobre la villa de Grajal en 1410. A ello ha de añadirse la donación hecha al infante Fernando por Per Álvarez de Cepeda de la tierra de Cepeda y del resto de sus bienes en fecha desconocida pero anterior a junio de 1412. Pasaremos a continuación a tratarlas con detalle con el fin de contextualizar su significado dentro del entramado de poder urdido por don Fernando. 5.1.  Las donaciones de María Fernández Coronel María Fernández Coronel fue un personaje de una cierta relevancia en la Sevilla de la segunda mitad del siglo xiv y ha dejado tras de sí una memoria no exenta de leyenda.124 Era la hija mayor de Alfonso Fernández Coronel, malogrado señor de Aguilar,125 y esposa del también ajusticiado por orden del rey Pedro I, como su suegro, Juan de la Cerda, bisnieto del infante Fernando de la Cerda, primogénito del rey Alfonso X, y señor de El Puerto de Santa María y de Gibraleón. Habiendo escapado de los deseos del rey Pedro hacia ella refugiándose, en último término, en el convento de Santa Clara de Sevilla —dejaremos a un lado la historia que cuenta cómo se arrojó aceite hirviendo en el rostro para borrar su belleza y eludir así los favores que pretendía el monarca—, la desaparición de su padre en 1353 y de su esposo en 1357 había despojado a María Coronel y a sus hermanas Mayor y Aldonza de todo su patrimonio, incautado por la Corona. Solo tras la victoria de Enri  Ros, Carlos. Doña María Coronel. Historia y leyenda, Sevilla, monasterio de Santa Inés, 1980. 125   Cabrera, E., «La extinción de un linaje…». 124

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que II estuvieron en disposición de reclamar la devolución de la herencia paterna, lo cual se logró parcialmente.126 María Fernández Coronel fue la única de las tres que volvió a instalarse en Sevilla, donde fundó el monasterio de Santa Inés en 1376 a partir de los bienes que poseía en la ciudad y su entorno, llevando desde entonces una vida monacal considerada venerable. No nos consta cuándo ni por qué motivo conoció el infante Fernando a María Fernández Coronel aunque lo más plausible es situar ese acontecimiento durante la estancia en Sevilla de Fernando en 1407, en el contexto de la campaña de Setenil. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que, desde algo antes de enero de 1409, ambos se encontraban en tratos que afectaban a los bienes de aquella y a la protección del monasterio que había fundado. Según parece, considerando próximo su fallecimiento, si bien no podemos saber por iniciativa de quién de los dos, María Fernández Coronel decidió hacer donación de todos sus bienes al infante a cambio de que este se comprometiera al mantenimiento del convento de Santa Inés y a la finalización de la obra del mismo. Así, el 8 de enero el infante dio carta de procuración a su alcalde mayor, Gonzalo López, para que este actuara en su nombre en la recepción de la donación, la cual se otorgó en Sevilla el 14 de febrero y el 15 de marzo fue aceptada por el infante, tomando en encomienda a María Coronel y al convento de Santa Inés y todos sus bienes.127 Efectivamente, poco después, no más allá del 10 de octubre de 1410, María Fernández Coronel falleció,128 por lo que, tras el regreso de la campaña victoriosa de Antequera, el infante Fernando accedió el 12 de noviembre a la petición de las monjas a que, una vez hecha la insinuación y validación de la donación ante los oficiales del rey, fuera a su vez ratificada por el papa. Benedicto XIII otorgó bula favorable en este sentido el 18 de febrero de 1411.129 En cualquier caso, ¿cuáles eran los bienes efectivamente entregados por María Coronel al infante a cambio de tomar bajo su protección la fundación de Santa Inés? La lectura del documento de donación podría llevar a equívocos porque en él solo se hizo donación efectiva de Montalbán, Mondéjar y Torija, pues eran los únicos lugares cuyo señorío había podido recuperar. 126   Rodríguez Liáñez, Laureano, Anasagasti Valderrama, Ana María, «Aldonza Coronel, esposa de don Álvar Pérez de Guzmán», Historia. Instituciones. Documentos, 31 (2004), pp. 559-572, en particular pp. 566-569. 127   Ros, C., Doña María Coronel…, pp. 262-270. Las referencias aportadas por este autor provienen de la documentación conservada en el convento de Santa Inés. 128   Esta fecha la aporta la fe del escribano del concejo de Sevilla que en ese día se dio para el pago de ciertas cartas que envió Leonor de Alburquerque desde la ciudad a los concejos de Córdoba, Carmona y Jerez de la Frontera, relativas al despacho de vituallas para el asedio de Antequera y de la que la propia infanta envió a su esposo informándole de su llegada a Sevilla. En las primeras, además, se informó de la muerte de María Coronel (Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo xv. I, n.º 84-IV, p. 331). 129   Bulario de Benedicto XIII. IV…, doc. 517, p. 264. En general, los documentos de la donación, de la petición de su ratificación y de la bula papal se conservan, en copia, en BRAH, Salazar y Castro, M-10, ff. 89-94.

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Aunque también se mencionaba la donación de las villas de Burguillos, Capilla, Bolaños, Casarrubios del Monte y Aguilar de la Frontera, además de la casa de Amién, el coto de Villamán, la tierra de Pilla y la de Cornado, en el reino de Galicia, en realidad se especificaba que lo que María Fernández Coronel entregaba eran sus derechos sobre estos lugares que le pertenecían por herencia paterna, con la expectativa de que el infante pudiera llegar a hacerlos valederos. María Coronel retenía el usufructo de sus bienes mientras viviera y ganaría el usufructo de aquellos señoríos que el infante ganara en vida de ella de las villas sobre las cuales le traspasaba derechos. Además, el infante Fernando se comprometía, además de a sostener y proteger el convento de Santa Inés y sus posesiones, a entregar 3000 mrs. para el monasterio de Santa Clara de Guadalajara sobre las rentas de Mondéjar y, en caso de cobrar de alguno de los lugares arriba citados, entregar toda una serie de mantenimientos por cada uno de ellos a los conventos de Santa Inés y de Santa Clara de Sevilla.130 Entonces, podemos convenir que la entrega que María Fernández Coronel hizo al infante de sus bienes, al menos tal y como esta la concibió, tenía una marcada intencionalidad, por un lado para garantizar la supervivencia de su fundación monástica pero, por el otro, con el fin de restaurar la memoria de su casa a través de la recuperación de los bienes que le fueron arrebatados a Alfonso Fernández Coronel y de la perpetuación de su legitimidad a través de la dotación del convento de Santa Inés, respaldada por el regente del reino. Cabe señalar que, no obstante, Fernando nunca mostró mayor disposición por pleitear de forma incierta por Burguillos, Capilla, Bolaños, Casarrubios o Aguilar, cuya posesión estaba en manos desde hacía décadas de algunas importantes casas señoriales,131 y el convenio establecido con María   BRAH, Salazar y Castro, M-10, ff. 89 r.-94 v. Este documento inserta también la petición de la ratificación de la donación de 12 de noviembre de 1410 y la bula papal en este sentido de febrero de 1418. 131   Capilla y Burguillos pertenecían a Diego López de Stúñiga desde 1382 y 1393, respectivamente, tras diversos cambios de titularidad tras la derrota de Alfonso Fernández Coronel y la toma de todos sus bienes por Pedro I (Lora Serrano, G., «Nobleza y monarquía bajo los primeros Trastámaras…», pp. 83-90; Lop Otín, M.ª J., «Un ejemplo del proceso señorializador…»; Cabrera, E., La extinción de un linaje…»), Bolaños había sido adquirida por Alfonso Enríquez, almirante de Castilla (Martínez Sopena, P., El estado señorial…, pp. 57-64), Casarrubios había quedado en manos de los Ayala de Toledo, descendientes de Diego Gómez de Toledo e Inés de Ayala [Dacosta Martínez, Arsenio Fernando, «Apuntes acerca de la dimensión castellana de los Ayala durante la Baja Edad Media», en E. García Fernández (ed.), La tierra de Ayala. Actas de las Jornadas de Estudios Históricos en conmemoración del 600 aniversario de la construcción de la Torre de Quejana, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2001, pp. 101-116, en concreto pp. 105-110], mientras que Aguilar había sido donada por Enrique II a Gonzalo Fernández de Córdoba, iniciador de la nueva casa de Aguilar [Quintanilla Raso, María Concepción, «Propiedades y derechos en los señoríos nobiliarios cordobeses de la Baja Edad Media. Nuevas interpretaciones», Historia. Instituciones. Documentos, 24 (1997), pp. 381-404, en concreto pp. 383-388]. 130

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Fernández Coronel era de por sí suficientemente beneficioso. Ciertamente, el castillo de Montalbán y su tierra, en las riberas del Tajo y próxima a la ciudad de Toledo, y las pequeñas villas de Mondéjar y Torija, cercanas a la villa de Guadalajara, se encontraban notablemente lejos de las áreas donde se concentraba la presencia señorial del infante en La Rioja, la Meseta Norte y Extremadura y tampoco presentaban un particular valor estratégico o económico. Sin embargo, su adquisición no implicaba, en la práctica, costes de consideración ni riesgos, siendo entonces asumible dentro de las pretensiones de Fernando de ampliar su poder señorial al máximo y resultando hasta beneficioso para su prestigio en Sevilla la relación con María Coronel y el sustento de la comunidad que había fundado. De este modo, en fin, se había concretado una nueva ampliación de patrimonio señorial por parte de los infantes que iba a anteceder a los negocios si cabe más beneficiosos que se desarrollarían en los meses siguientes. 5.2.  La consecución de los maestrazgos de Alcántara y Santiago Las circunstancias que llevaron al infante Fernando a alzar a sus hijos Sancho y Enrique como maestres de las órdenes militares de Alcántara y de Santiago, respectivamente, son muy conocidas. La crónica de Álvar García de Santa María y, subsidiariamente, la de Fernán Pérez de Guzmán narran detalladamente los acontecimientos que permitieron sendas elecciones a partir de la oportunidad que, en ambos casos, abrió para ello la muerte de los anteriores maestres, el de Alcántara, Fernán Rodríguez de Villalobos en mayo de 1408, y el de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa, un año después, en mayo de 1409.132 Además, la reconstrucción historiográfica de los mismos, fundamentalmente a partir de estas fuentes, es, a día de hoy, muy completa y conocida, por lo que entendemos accesorio detenernos en una descripción pormenorizada.133 Sí es absolutamente necesario que procedamos a analizar las condiciones en que se produjeron ambas elecciones como su significación en la configuración del «sistema de poder señorial» capitalizado por el infante Fernando.

132   Sobre el maestrazgo de Alcántara, García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 112, p. 248, cap. 115, pp. 255-257, caps. 117 y 118, pp. 258-263; Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1408, cap. xv, pp. 310-311. Sobre el de Santiago, García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 133, p. 290; Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1409, cap. X, p. 315; año 1410, cap. I, p. 315. 133   Para ello, véanse Porras Arboladas, P. A., Juan II, pp. 45-47; Cabrera Muñoz, E., «El acceso a la dignidad de maestre…»; Echevarría Arsuaga, A., Catalina de Lancaster..., pp. 134-136; González Sánchez, S., Fernando I..., pp. 256-258.

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En este sentido, hemos de tener en cuenta cómo la evolución de las órdenes militares hispánicas durante los siglos bajomedievales se vio caracterizada, entre otros factores, por dos de particular interés para lo que aquí nos concierne y que Carlos de Ayala delimitó muy convenientemente. Por un lado, la monarquización de las órdenes a partir del reforzamiento de las prerrogativas jurisdiccionales y normativas de los maestres, de los patrimonios ligados a las mesas maestrales y de la propia imagen de los mismos como cabezas y gobernadores de las órdenes.134 Por otro lado, su mediatización por parte de las distintas monarquías, ya visible desde mediados del siglo xiii pero, en Castilla, intensificada notablemente a partir del reinado de Juan I, sobre todo por lo que se refería a la designación del maestre, dentro de un largo proceso que iba a terminar conduciendo a la incorporación de los maestrazgos a la Corona al final del siglo xv.135 No podemos olvidar que las órdenes militares, en tanto organizaciones propias de la sociedad feudal, daban lugar al encuadramiento de relaciones sociales de poder con un marcado perfil espacial. Por ello, aunque el poder señorial de los caballeros a través de las encomiendas se había ido desarrollando en estos siglos a la par que ocurría lo   Ayala Martínez, Carlos de, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media: (siglos xii-xv), Madrid, Marcial Pons-Latorre Literaria, 2003, pp. 209-211 y ss. 135   Ibid., pp.709 y ss., 733-737 y ss. 134

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propio con el poder ejercido por los maestres,136 el carácter jerárquico de las órdenes y la tendencia a la afirmación simbólica y efectiva de la autoridad de aquellos últimos habían dado lugar, a inicios del siglo xv, a que el acceso a las dignidades maestrales otorgase a quienes pudieran lograrlo una plataforma para el ejercicio del poder extraordinariamente sólida. Los maestres podían considerarse, gracias a su señorío directo sobre las posesiones y derechos ligados a la mesa maestral pero también a sus atribuciones e influencia sobre el conjunto de los miembros de las órdenes y de las tierras y vasallos sujetas a ellas, entre los principales magnates del reino. Así pues, al quedar vacantes los maestrazgos de Alcántara y Santiago, resultaban óptimos para Fernando con el fin de materializar la dotación de Enrique y Sancho de cara a que se integraran entre los grandes del reino con un soporte señorial adecuado a ese nivel. Estas maniobras han de verse en perspectiva, toda vez que el enlace entre Juan e Isabel de Navarra seguía siendo firme y, justamente en abril de 1409, se celebraron los esponsales entre Alfonso y la infanta María de Castilla, con la correspondiente dotación de ambos contrayentes, que implicó la asignación del señorío del marquesado de Villena y de Aranda de Duero y Roa para la infanta, si bien ello no implicó su administración por parte del infante Fernando.137 Más importante todavía, puesto que Enrique y Sancho eran menores de edad, niños que no alcanzaban aún los diez años,138 la potencial consecución de los maestrazgos dejaría en manos del infante Fernando su administración de manera directa y, en fin, la acumulación de un patrimonio y una influencia señorial como el que nadie había llegado a reunir hasta entonces en toda la historia de la Corona de Castilla. El relato sobre cómo ascendieron ambos hijos de Fernando y Leonor a sus respectivos maestrazgos es, por su parte, muestra clara de que las elecciones maestrales, aunque seguían rigiéndose formalmente por los procedimientos tradicionales canónicos de elección por parte de los miembros de los   Ejemplos de ello en lo que se refiere a la orden de Calatrava, Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique, Señores, caballeros y comendadores. La orden de Calatrava en la Edad Media, Madrid, La Ergástula, 2014, en particular pp. 245-352; o, para la orden de Alcántara, Montaña Conchiña, José Luis de la, «La red comendataria alcantarina en el siglo xv», Revista de Estudios Extremeños, 64/2 (2008), pp. 717-760. 137   García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 132, pp. 286-288. La partición de las provincias del reino entre Fernando y la infanta Catalina era explícita a este respecto y situaba bajo la gobernación de doña Catalina el patrimonio de sus hijas, de modo que se daba por entendido que la tutela sobre sus señoríos también quedaba en manos de la reina (Torres Fontes, J., «Dos divisiones…»). 138   Ocho años le atribuye García de Santa María, en boca del obispo Sancho de Rojas, a Sancho en el momento de la muerte de Fernán Rodríguez de Villalobos y el inicio de las gestiones por parte de su padre para su elección como maestre de Alcántara (García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 115, p. 256). Las bulas papales en las que Benedicto XIII autorizó el nombramiento de Sancho y Enrique como maestres de Alcántara y Santiago declaran que Sancho, en 1408, tenía 7 años y Enrique, en 1409, 9 años (Bulario de Benedicto XIII. IV…, doc. 325, pp. 177-178; doc. 393, p. 309). 136

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capítulos generales de cada orden, en la práctica estaban perfectamente condicionados por la intervención de agentes externos. Si desde al menos el reinado de Alfonso XI y sobre todo desde el de Juan I el factor decisivo había sido la voluntad regia, con la intención de colocar a las órdenes militares bajo la supervisión de la Corona a través de un maestre afín al monarca, la situación durante la regencia de Juan II situaba al infante Fernando en una posición preferente para tratar de dirigir la elección en su propio beneficio, por más que las posibles colisiones con los intereses de otros importantes señores del entorno cortesano o de los principales dignatarios de las órdenes afectadas tuvieran que ser sopesadas y, en la medida de lo posible, superadas de manera pacífica. Por ello hay que valorar el discurso que el infante manejó para justificar la legitimidad de sus pretensiones, el cual quedó reflejado en la crónica de García de Santa María. Igualmente, en este relato se nos manifiesta la naturaleza del procedimiento instigado en cada una de las elecciones por Fernando para que el nombramiento de sus hijos se ajustase a derecho y pudiera eludir cualquier oposición que contra ellos mostrasen otros candidatos. Así, por lo que se refiere a la lógica que sostenía el afán de promover a Sancho y Enrique como maestres de Alcántara y Santiago, sobresalen dos argumentos. Por un lado, que era de justicia heredar a sus hijos de acuerdo con su estado de descendientes de la sangre real, tal como hacían según su condición los reyes con los ricoshombres y sus «linajes», y, si se les hubiera de dotar a partir del patrimonio de la Corona, implicaría daño para el reino, por lo que el acceso a los maestrazgos vacantes era la solución mejor acomodada a su naturaleza y a los intereses del reino. Esa idea subyace al capítulo en que el cronista nos presenta el diálogo entre el infante y el obispo Sancho de Rojas acerca de la oportunidad de promover al joven Sancho como maestre de Alcántara, además de recogerse al final del capítulo en que se narra la elección de Enrique como maestre de Santiago.139 Por el otro, la referencia expresa a que la dignidad maestral «es ofiçio de donadío en quel papa e los reyes lo dieron a quien les plogó…»,140 de modo que cualquier posible maniobra que se hubiera podido realizar, susceptible de ser señalada como contraria a la elección hecha por los capítulos de las órdenes o a la libertad en su   Ibid., cap. 115, pp. 255-257, cap. 133, p. 290. La argumentación en el capítulo 115 se encuentra especialmente desarrollada, exponiendo la imposibilidad que los regentes tenían de menoscabar el patrimonio real ni donar villas ni lugares de la Corona y el daño que se causaría para dotar a Sancho y Enrique: «… razón es que comience a buscar de qué hereden; pues no quedan por dar sino los lugares que son de la corona real del Rey mi señor e sobrino, e ya sabedes en cómo la Reina mi hermana e yo, como tutores del Rey, juramos de no enajenar cosa alguna de las villas e lugares de su señorío, e para dar a ellos según lo que oy se da e se gasta no ay de qué se pueda conplir si no echasen pechos e otros tributos en el reino; e porque sería muy gran daño, queríalo yo escusar si ser pudiese…». 140   Ibid., cap. 115, pp. 255-256. 139

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voto de los miembros del capítulo, quedase soslayada a partir de esta afirmación de la superioridad papal y regia en la designación del maestre. El recurso al servicio a Dios que se haría con la designación de sus hijos y la buena administración del patrimonio de las órdenes, especialmente dirigido a la guerra contra los musulmanes —finalidad última originaria de las órdenes— es finalmente invocado por Fernando para apuntalar estos razonamientos.141 El obispo Sancho de Rojas, obviamente, respondía afirmativamente a este ramillete de reflexiones del infante que aparecen en el capítulo correspondiente como prolegómeno de las maniobras orquestadas para finalizar exitosamente las elecciones. Entrando ya a considerar tales manejos, en ambos casos se partió de una situación de oposiciones manifiestas en el seno de cada una de las órdenes a la elección de los hijos del infante ante la presencia de candidatos surgidos de las dignidades de las mismas y que contaban con apoyos de consideración en los capítulos generales. En la orden de Alcántara, los comendadores se hallaban divididos entre los partidarios del comendador mayor, Francisco Ruy García, y los del clavero Juan Martínez Simón de Bocanegra. En la de Santiago, el comendador mayor de Castilla, García Fernández de Villagarcía se mostraba como el candidato más activo a la hora de recabar los apoyos necesarios para su elección. Ante estas situaciones, el infante, apoyándose en su condición de regente, inició la comunicación con los miembros de los capítulos generales de cada orden para tratar de recabar sus votos y, al mismo tiempo, reclamó ante el pontífice Benedicto XIII que este sancionase el nombramiento de Sancho y de Enrique. El resultado de estas gestiones fue, como sabemos, satisfactorio para sus pretensiones. En el caso de la orden de Alcántara, las gestiones del canciller del infante, Fernán Velázquez de Cuéllar, permitieron anular los efectos de la elección realizada por el capítulo en el convento de Alcántara, que había favorecido al clavero, atraer al bando del infante al comendador mayor y sus partidarios. Al fin, la comisión por el papa del obispo de Tortosa, su legado en Castilla, para anular la elección del clavero y elevar como maestre a Sancho acabó por liquidar cualquier otra oposición. Así, Sancho fue investido maestre de Alcántara en la iglesia de San Pablo de Valladolid, donde posaba la Corte, el 23 de enero de 1409.142 Mientras, por lo que afectó a la orden de Santiago, el proceso de negociaciones con los miembros del capítulo reunido en Ocaña, puesto en manos de Fernán Velázquez de nuevo y del condestable de Castilla Ruy López Dávalos, planteó muchas menos dificultades, al conseguir atraer una mayoría de votos, incluido el del comendador mayor de León, Lorenzo Suárez de Figueroa, primo del difunto maestre Lorenzo Suárez. Además, también se contaba 141   «… e en lo aver él, es seruiçio de Dios, que yo faré en manera que la tierra se pueble mejor que oy está, e sea mejor guardada con Derecho. E en tanto quél se cría, la renta que ende Dios diere será para seruiçio de Dios e para la guerra de los moros» (ibid., cap. 115, p. 256). 142   Ibid., caps. 117 y118, pp. 258-263.

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con la designación papal,143 de modo que Enrique recibió el hábito de Santiago y fue investido maestre en la villa de Becerril en el verano de 1409, en torno al mes de agosto.144 Detrás de la atracción de los distintos votos de los comendadores de las órdenes de Alcántara y Santiago a favor de Sancho y Enrique es difícil no suponer que la mediación de Fernán Velázquez de Cuéllar y Ruy López Dávalos no solo recurrió a la persuasión sino también a promesas de mercedes y otras recompensas. Nos consta que algunos comendadores de Santiago fueron objeto de mercedes tras la elección de Enrique y que a García Fernández de Villagarcía, con el fin de compensar las costas que había hecho para promover su candidatura —y apaciguar su indisposición tras verse vencido, acción en que también medió la reina Beatriz de Portugal, a quien era próximo el comendador mayor de Castilla, cuando este trató de hacerse fuerte contra el infante en Alange y Montánchez, entre febrero y marzo de 1410—,145 el infante le hizo entrega de la suma de medio millón de mrs.146 Además, para la elección del maestre de Santiago, el respaldo ofrecido por los herederos y parientes del difunto Lorenzo Suárez de Figueroa a la candidatura de Enrique hubo de ser crucial, como muestra la opinión tomada por el comendador mayor de León Lorenzo Suárez. En este mismo sentido, un posicionamiento en contra del infante por parte de Gómez Suárez de Figueroa, hijo del anterior maestre, señor de Feria y mayordomo mayor de la reina Catalina, podría haber originado una situación de especial tensión, toda 143   El papa Benedicto XIII otorgó bula el 11 de junio de 1409 ordenando al obispo de Tortosa entregar el hábito de Santiago y el maestrazgo de esta orden a Enrique (Bulario de Benedicto XIII. IV…, doc. 393, p. 209). 144   Ibid., cap. 133, pp. 288-290. La documentación de Paredes de Nava permite conocer la presencia del infante Fernando con su comitiva en Becerril durante este mes tras haber visitado su villa el 30 de julio (AMPdN, CP, 238/11, f. 10/33 v., 10/34 v.), teniendo noticias de la presencia de la expedición de documentos en nombre de los regentes de Juan II desde Becerril el 10 de agosto (González Sánchez, S., Itinerario de don Fernando…, p. 91). 145   Este intento de rebelión del comendador mayor de Castilla fue rápidamente atajado por el infante mediante el envío de Ruy Martínez, escribano de su hijo el maestre, y su contador mayor Velasco Fernández de Medina, a los alcaides de las fortalezas de Alange y Montánchez para que no le dieran acogida, al tiempo que Juan de Sotomayor, comendador de Valencia de Alcántara y administrador del maestrazgo de la orden en nombre de Sancho, era despachado con cien lanzas para apresar a García Fernández de Villagarcía. Este escapó a Portugal y fue gracias a la intercesión de Beatriz de Portugal, que se desplazó a Llerena para entrevistarse, entre el 23 y el 26 de marzo, con el infante Fernando y el comendador huido, que finalizó en una conciliación pacífica. Posteriormente, en la campaña contra Antequera de 1410, García Fernández sirvió lealmente al frente de las huestes de la orden de Santiago junto con el comendador mayor de León, Lorenzo Suárez de Figueroa (Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1410, cap. I, p. 315.; García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 136, p. 292., cap. 137, p. 294, cap. 138, p. 297; Olivera Serrano, C., Beatriz de Portugal…, pp. 142-143). Para la fecha del encuentro en Llerena, vid. González Sánchez, S., Itinerario de don Fernando…, pp. 98-99. 146   García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 133, p. 290.

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vez que don Fernando requirió su concurso para influir entre sus parientes y los comendadores de la orden a favor de la elección de Enrique.147 Sin embargo, Catalina de Lancaster, acaso prefiriendo evitar lo que pudiera ser entendido como un motivo de enfrentamiento a gran escala con su cuñado, optó por sostener la candidatura del hijo del infante Fernando y ordenó a Gómez Suárez que hiciera cuanto fuera posible para facilitar la elección.148 Hemos de tener en cuenta que, tras la muerte del maestre Lorenzo Suárez de Figueroa, el infante Fernando había ordenado el embargo de sus bienes, de modo que también se encontraba en una posición de fuerza para negociar la ayuda de su hijo y heredero. A cambio de ella, el regente otorgó seguro, en nombre del rey, a Gómez Suárez de que no se le reclamaría el pago de las deudas dejadas por su padre y que se respetaría su posesión de los bienes que había adquirido en vida del maestre él mismo o su padre para él, aunque tuvo que renunciar a heredar el patrimonio ganado por Lorenzo Suárez para sí durante sus años como maestre de Santiago, valorado en más de medio millón de maravedís.149 Valga esta argumentación para comprender que, si el infante Fernando no podía imponer de forma autoritaria a sus hijos como maestres a las dignidades de las órdenes de Alcántara y Santiago, puesto que, pese a todo, no se hallaba investido con la autoridad ni con la legitimidad que el rey de Castilla había manejado en negocios de estas características en el medio siglo anterior, la formación de un partido favorable a sus pretensiones en cada una de las órdenes a través de una combinación de negociación, entrega de favores y coacción, era el camino necesario para garantizar las elecciones de Sancho y Enrique. A la par de todo ello, la reclamación ante el papa de la concesión de las dignidades maestrales era también la única vía que podía refrendar legalmente unos manejos acaso tal vez no del todo respetuosos con la teórica libertad de los miembros de los capítulos generales de las órdenes militares en la designación de los nuevos maestres. En ese sentido, la autoridad superior que podía ejercer el pontífice Benedicto XIII en ambos contenciosos se mostró desde un principio del lado del regente castellano. Al fin y al cabo, la relación entre ambos era fluida y el papa Luna precisaba del sostén de Castilla en su pretensión última de verse reconocido como único pontífice de la Cristiandad latina. Hemos citado cómo en los casos de las dos elecciones, el legado papal en Castilla, Francesc Cli  Así se expresaba en la misiva que le envió desde Tordesillas el 12 de junio de 1409 [Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Histórica, 264-26; ed. de Mazo Romero, Fernando, «Los Suárez de Figueroa y el señorío de Feria», Historia. Instituciones. Documentos, 1 (1974), pp. 111-164, en concreto pp. 160-161]. 148   Esta carta fue enviada poco después de la del infante Fernando, el 20 de junio de ese mismo año (Catálogo del Archivo General de la Casa Ducal de Medinaceli. Tomo I, ed. de J. González Moreno, Sevilla, Instituto de Estudios Sevillanos, 1969). 149   Archivo Ducal de Medinaceli, Feria, 55-22. Mazo Romero, F., «Los Suárez de Figueroa…», pp. 121-122; id., El condado de Feria, p. 147. 147

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ment Sapera, obispo de Tortosa, fue encargado de hacer entrega de los maestrazgos a Sancho y Enrique, legitimándolos en su condición de menores de edad, como resultado de las gestiones realizadas ante la Corte papal por el emisario del infante, Gonzalo Sánchez.150 Es más, conocemos cómo el papa ordenó al obispo, para mayor seguridad del resultado, mediante dos bulas más, expedidas el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 1408, que, en la dotación del maestre de Alcántara, invalidase la elección del clavero Juan Martínez Simón.151 Del mismo modo, por otra bula de 21 de julio de 1408, el antipapa, a petición del infante Fernando, se reservó la colación del maestrazgo de Santiago una vez este vacase de su titular en ese momento, de modo que podemos deducir ya que, mientras se resolvía la provisión del maestrazgo de Alcántara, el infante había dado los primeros pasos para asegurar la obtención del maestrazgo de Santiago para Enrique mediante esta reserva expresa de su nombramiento.152 Es cierto que no fue sino a posteriori, en 1410 y 1411, que se cursaron los documentos pontificios que avalaban legalmente las investiduras de Sancho y Enrique,153 pero incluso así cualquier resquicio de duda hacia la legitimidad de ambas elecciones quedaba soslayado. A nadie escapaba entonces, ni al observador actual hoy, que la elección de Sancho y Enrique, aunque sin duda implicaba una dotación futura para ellos de extraordinario alcance, significaba poner en manos del infante Fernando el gobierno de ambas órdenes a través de la administración de los maestrazgos de Alcántara y de Santiago.154 Para su conveniente ejercicio, Fernando procedió a dotar a cada uno de sus hijos con sus respectivas casas, como veremos en el próximo capítulo con mayor detalle. Esto era lo que correspondía a la dignidad y estado de señores tan relevantes en el reino como los maestres de las órdenes militares pero también es verdad que la 150   Son bien conocidas las instrucciones dadas por Fernando a este personaje en su embajada ante el papa, que recogía entre otros aspectos la facultad de provisión de los maestrazgos de las órdenes militares [Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?-1494). Tomo I. De los orígenes a 1454, ed. de B. Palacios Martín (dir.), C. de Ayala Martínez… [et al.], Madrid, Editorial Complutense, 2000, doc. 763; ASV, Instr. Misc. n.º 4.607, ff. 1 r.-3 r.]. Vid. Suárez Fernández, L., Castilla, el Cisma y la crisis conciliar (13781440), Madrid, CSIC, 1960, pp. 287-289. 151  ASV, Reg. Avin. 333, ff. 39 v.-40 v. (Bulario de Benedicto XIII. IV…, doc. 325, pp. 177-178). 152   ASV, Reg. Avin. 333, ff. 49 v.-50 r. (Bulario de Benedicto XIII. IV…, doc. 325, pp. 177-178). 153   El 20 de febrero de 1410 se expidió la bula por la que se ordenaba a los obispos de Tortosa, Palencia y Ávila conferir el maestrazgo de Santiago a Enrique, hijo del infante Fernando (Bulario de Benedicto XIII. IV…, doc. 441, pp. 228-229) y ya el 28 de agosto de 1411 se fecha la bula por la que el papa reservaba para sí la provisión de este maestrazgo y del de Alcántara [Bulario de Benedicto XIII. III. La curia de Peñíscola (1412-1423), ed. de O. Cuella Esteban, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006, doc. 1.236, p. 580]. 154   Por bula de 5 de febrero de 1410, de hecho, el papa concedía al infante la administración de los bienes maestrales de Alcántara y Santiago hasta que sus hijos llegaran a la pubertad (Bulario de Benedicto XIII. IV…, doc. 439, pp. 227-228).

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designación de oficiales —canciller, escribano, mayordomo, camarero, recaudadores, etc.— y criados era absolutamente necesaria para el ejercicio del poder señorial que correspondía a los maestres. Obviamente, este personal salió del entorno clientelar de los infantes Fernando y Leonor y más directamente de sus casas, como bien ilustra, entre otros ejemplos, el caso de Vidal de Soto, criado del infante y luego camarero del maestre don Enrique y comendador de Caravaca.155 No fue esta la única acción llevada a cabo por Fernando para asegurarse un control más directo de ambos maestrazgos. Con objeto de poder ejercer un gobierno de las órdenes de Alcántara y Santiago mejor integrado en el organigrama institucional de las mismas, el infante favoreció el nombramiento de un caballero comendador en cada una de ellas para que actuase administrando en nombre del maestre —y, en definitiva, del infante—, ejerciendo sus funciones de gobierno mientras este fuera menor de edad. Este título de regidor de la orden de Santiago fue el que ostentó Gonzalo Mejía (o Mexía), comendador de Segura,156 un personaje de cierto peso en la orden, emparentado con el anterior maestre Lorenzo Suárez de Figueroa por el matrimonio de este con Isabel Mejía, hija del también maestre de Santiago Gonzalo Mejía en época de Enrique II.157 En la orden de Alcántara, la persona elegida para ejercer, en este caso el cargo de administrador de la orden, no era un freire comendador sino una persona de la casa del infante Fernando de su más plena confianza: su maestresala Juan de Sotomayor, que había enviudado anteriormente. Para ello, fue preciso que el nuevo maestre Sancho le ordenase caballero y que le invistiese al frente de una de las encomiendas más importantes de la orden, la de Valencia de Alcántara, tras lo cual el infante le encomendó esas responsabilidades de administrador del maestrazgo,158   Sobre este personaje, del que ya hay noticias en 1405 y 1410 en la casa del infante (Bulario de Benedicto XIII. IV…, pp. 135-136; AMPdN, CP, 238/12 ff. 11/39 r.; AMVillalón, LdA, n.º 1, 7 de septiembre de 1410, 20 de septiembre de 1410), y para la cita de algunos otros de la casa del maestre don Enrique, vid. Pozo Martínez, Indalecio, «Vidal de Soto, comendador de Caravaca, camarero y embajador del maestre-infante don Enrique, trece de Santiago», Murgetana, 126 (2012), pp. 9-20. 156   Tenemos noticia de esta condición a partir de una carta dirigida por el comendador de Segura a Fernando cuando ya era rey de Aragón, si bien sin data, relativa a las pérdidas ocasionadas al comendador de Paracuellos cuando movilizó a cierto número de caballeros por orden del rey a Utiel. Es muy posible que se refieran a los acontecimientos de la época del interregno y de la entrada en Valencia de las tropas del infante comandadas por Diego Gómez de Sandoval, en el invierno de 1411-1412 (ACA, CR, A. IV, s.f., f. 184). 157   Mazo Romero, F., El condado de Feria, pp. 64 y ss. El vínculo de parentesco parece que existía, si bien no hemos podido certificar en qué grado y el Memorial de la casa solar de Messía, del siglo xvii, no ayuda a aclarar este punto, al dar por bueno su editor contemporáneo que los ascedientes del comendador Gonzalo Mejía son desconocidos [Messía y Messía, Fernando, «Memorial de la casa solar de Messía», ed. de E. Toral y Fernández de Peñaranda, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 13 (1957), pp. 9-122]. 158   García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 121, pp. 266-267. 155

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aunque ya las venía ejerciendo al menos desde agosto de 1409.159 En cualquier caso, para completar la imagen de legalidad que todas las gestiones relativas a la adquisición del control de los maestrazgos obligaban, fue necesario que el papa Benedicto XIII, a través de tres bulas distintas expedidas el 27 de octubre de 1409, depusiera a Juan de Sotomayor de su encomienda por no haber solicitado la dispensa canónica que necesitaba para profesar en la orden como consecuencia de su condición de hijo natural y, automáticamente, tras otorgarle los frutos de la encomienda de Valencia que había disfrutado desde que tomó posesión ilegalmente de ella, le absolviese de su falta por nacimiento y se le autorizase a tomar posesión con ajuste a derecho de su encomienda y le nombrase administrador de la orden de Alcántara.160 Así, entre la imposición basada en una posición de fuerza e influencia manifiesta, la negociación con las dignidades de las órdenes y la ratificación legal con sanción pontificia, hemos podido comprobar cómo el infante Fernando había dado un salto espectacular a la hora de incrementar su poder señorial en el conjunto de la Corona. Territorialmente, la administración de las órdenes de Alcántara y Santiago y el control del patrimonio de sus mesas maestrales le permitía extender su presencia señorial a importantes áreas del reino de Murcia y de Andalucía pero era sobre todo a los territorios de la Meseta Sur, donde se concentraba la mayoría del dominio territorial de ambas órdenes.161 Este hecho era en especial sobresaliente en Extremadura, ya que la influencia sobre la provincia de León de la orden de Santiago y sobre la casi totalidad del espacio señoreado por la orden de Alcántara, dividido en los partidos de Alcántara y de La Serena venía a sumarse al señorío que Fernando y Leonor ejercían sobre las Çinco Villas de Montemayor, Salvatierra,   Así lo acreditan las confirmaciones de privilegios a la aljama de Magacela, y a las villas de Villanueva de la Serena, Zalamea, Valencia de Alcántara y Cabeza de Buey entre el 3 y el 23 de agosto de 1409 (Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?-1494), docs. 764-767). 160   Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?-1494), docs. 769771; ASV, Reg. Avin. 334 ff. 224 r. y v., 335, ff. 213 r. y 215 r. y v. 161   A partir de los estudios de Pedro Porras Arboledas y David Rodríguez Blanco, fundamentalmente, el profesor Miguel Ángel Ladero Quesada da cuenta de que, a final del siglo xv y principios del siglo xvi, los territorios adscritos a la provincia de Castilla de la orden de Santiago abarcaban unos 13 500 kms2, mientras que los de la provincia de León comprendían unos 9500 km2, con en torno a 200 lugares poblados en total (Ladero Quesada, Miguel Ángel, «Comentario sobre los señoríos de las órdenes militares de Santiago y Calatrava en Castilla la Nueva y Extremadura a fines de la época medieval», en Las órdenes militares en el Mediterráneo occidental, Madrid, Casa de Velázquez-Instituto de Estudios Manchegos, 1989, 169-180, pp. 172-173). Los datos recopilados por Rafael Peinado Santaella elevan la extensión del señorío santiaguista a cerca de 29 000 kms2 y el de la orden de Alcántara a casi 9000 kms2 (Peinado Santaella, Rafael, «La renta señorial en las órdenes militares de la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media», Historia, Instituciones. Documentos, 18 (1991), pp. 403-424, en concreto p. 415). Estos datos, pese a algunas variaciones experimentadas a lo largo del siglo xv, pueden ser válidos orientativamente para la época que aquí estudiamos. 159

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Miranda del Castañar, Galisteo y Granadilla —a caballo a ambos lados de la sierra entre Salamanca y Cáceres—, Valverde, Talaván, Alconétar, Alburquerque con Alconchel, Azagala y La Codosera y Medellín. En consecuencia, los infantes habían certificado una posición completamente hegemónica como señores más importantes en esta región con la adquisición de ambos maestrazgos. Si a ello añadimos que, tras la muerte de Enrique III, el maestre de la orden de Calatrava impuesto por este, Enrique de Villena, como pariente del rey y ante la situación de pleito ante el papa que existía por el maestrazgo entre él y el comendador mayor Luis González de Guzmán —a quien habían elegido como maestre un buen número de miembros del capítulo de la orden en 1405 y, de nuevo, en 1407—, se había colocado bajo la protección del infante Fernando, integrándose en su afinidad para conservar su dignidad y patrimonio, aun considerando que los apoyos de Enrique de Villena entre los freires calatravos eran limitados y, su control del territorio de la orden, parcial,162 cabe afirmar que don Fernando, a la altura de 1409, tenía un dominio, directo o indirecto, casi absoluto de las tres principales órdenes militares de la Corona de Castilla y del señorío que ejercían fundamentalmente en la mitad sur del reino. Podemos ahora, pues, comprender en toda su dimensión lo que supuso el acceso al control de las órdenes militares. Si antes de 1409 la influencia señorial de Fernando y Leonor se concentraba en la mitad norte del reino y en Extremadura, al final de este año era, cuando menos, igual de intensa en la mitad sur, ejercida con notable intensidad en áreas regionales bien definidas y a menudo conectadas entre sí, cuando no con plena continuidad en el espacio: en la zona riojana, la zona meseteña de la merindad mayor de Castilla, la tierra de Campos, la Extremadura castellana, toda la Extremadura leonesa desde Ledesma a Medellín y la provincia de Castilla de la orden de Santiago. Ningún señor había sido hasta entonces tan poderoso ni había podido ejercer poder sobre tanto espacio y comunidades humanas sin apenas oposición en la Corona de Castilla como lo eran en ese momento los infantes Fernando y Leonor. No es nuestro objetivo realizar un estudio en profundidad sobre la gestión realizada por el infante Fernando, sus hijos y su entorno de las órdenes militares y los datos que hemos podido reunir no 162   El maestrazgo era administrado por Diego Pérez Sarmiento, señor de Salinas, otro personaje próximo al infante y contra el que se quejaban los comendadores «… por el daño que fazía en la tierra de la Orden…» en su ejercicio de gobierno del maestrazgo y de percepción de sus rentas. Vid. García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 131, pp. 284-285; Riera i Sans, Jaume, «Enric de Villena, maestre de Calatrava», Estudios Históricos y Documentales de los Archivos de Protocolos, 7 (1979), pp. 109-132; Solano Ruiz, Emma, La Orden de Calatrava en el siglo xv. Los señoríos castellanos de la orden al final de la Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1978, pp. 63-67; Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique, «Los cismas en las órdenes militares ibéricas durante la Edad Media», En la España medieval, 34 (2011), pp. 277-306, en concreto pp. 292-293.

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son todo lo precisos que sería de desear,163 pero lo que sí es cierto es que el control de las órdenes de Alcántara y Santiago significó para el infante un aumento considerable de los recursos económicos y humanos que quedaron integrados dentro del «sistema de poder señorial» por él capitalizado. Las mesas maestrales de ambas órdenes ampliaron de forma ostensible el volumen de la renta señorial acaparada por los infantes Fernando y Leonor hasta alcanzar unos nueve millones de mrs. totales, cifra aproximada de la que nos informan las fuentes. Además, tan importante como este aspecto, la administración de ambas órdenes permitió a Fernando acceder a un espacio social tremendamente amplio que pudo manejar hábilmente para extender su red vasallática y clientelar, bien mediante la atracción a su afinidad de caballeros y dignatarios de estas órdenes, bien a través de la dotación de sus propios criados y dependientes con mercedes y prebendas ligadas al señorío de las órdenes militares. Valgan por ahora estas reflexiones, pues, para cerrar esta parte de nuestro relato subrayando la enorme importancia que tuvieron las adquisiciones de los maestrazgos de Alcántara y Santiago en la evolución territorial del señorío de los infantes y en la consolidación de una posición de poder señorial en la Corona de Castilla incontestable. Conviene continuar ya con el otro gran negocio de adquisición patrimonial acabado en 1409 y que afectó directamente a la villa de Castrojeriz y a las relaciones sostenidas con Martín Vázquez de Acuña en relación a la herencia del infante Juan de Portugal.

  Un estudio de tales características exigiría un tratamiento monográfico que habría de hacer frente, además, a las limitaciones que impone la disponibilidad de un volumen de documentación más bien discreto y desigual relativo a las órdenes de Santiago y Alcántara para la primera mitad del siglo xv. Remitimos, entre otros, a Lomax, Derek W., «La reforma de la Orden de Alcántara durante el Maestrazgo del infante Don Sancho, 1411-1413», Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), pp. 759-773; Ladero Quesada, Manuel Fernando, «La Orden de Alcántara en el siglo xv. Datos sobre su potencial militar, territorial, económico y demográfico», En la España Medieval, 2 (1982), pp. 499-541; Rodríguez Blanco, Daniel, La Orden de Santiago en Extremadura en la Baja Edad Media (siglos xiv-xv), Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1985; Rodríguez Llopis, Miguel, Los señoríos de la Orden de Santiago en el reino de Murcia (1440-1515), Murcia, Universidad de Murcia, 1985; Ladero Quesada, M. Á., «Comentario sobre los señoríos de las órdenes militares…», pp. 169-180; Porras Arboledas, Pedro Andrés, La Orden de Santiago en el siglo xv: la provincia de Castilla, Dykinson-Caja Provincial de Ahorros de Jaén-Comité Español de Ciencias Históricas; Matellanes Merchán, José Vicente, «La estructura de poder en la Orden de Santiago, siglos xii-xiv», En la España Medieval, 23 (2000), pp. 293-319; Novoa Portela, Feliciano, La Orden de Alcántara y Extremadura (siglos xii-xiv), Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2000; id., «La Orden militar de Alcántara y la monarquía castellana durante los primeros Trastámaras (1369-1390)», Anuario de Estudios Medievales, 34/1 (2004), pp. 79-98; id., «El modelo de gestión de la Orden de Alcántara», Cistercium, 242243 (2006), pp. 93-117. 163

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5.3.  L  a compra de Castrojeriz y sus implicaciones: Beatriz de Portugal y el señorío de Alba Unas páginas antes hablábamos de las disputas entre el infante Fernando y el conde Martín Vázquez de Acuña ligadas al reparto del patrimonio de María y Beatriz de Portugal y a la cuestión de los exiliados portugueses en Castilla, concluidas en 1404 con una partición que acaso no dejó completamente satisfechos los intereses del infante. Pese a asegurar el señorío de Alba de Tormes como dotación de Beatriz, desposada con su hijo Enrique, vimos que sus pretensiones eran más ambiciosas. Si la situación había quedado no obstante apaciguada a la muerte de Enrique III, una serie de acontecimientos encadenados desde el final de 1408 iban a reconducir completamente la situación. El desencadenante acaso hayamos de buscarlo en el establecimiento de relaciones entre Beatriz de Portugal y el caballero Pero Niño, señor de Cigales y capitán de una de las tres guardas de cien lanzas que se ocupaban de la protección del rey Juan II y de la reina madre Catalina de Lancaster. Ya hemos hecho referencia a ellas, situándolas entre octubre de 1408 y marzo de 1409, y a cómo Díez de Games, autor de la biografía caballeresca del futuro conde de Buelna nos las presentaba en términos de enamoramiento. Este relato también nos informa de que tales relaciones fueron mantenidas en secreto a causa de los planes de matrimonio que pesaban entre Beatriz y el hijo de los infantes, Enrique, después de que una primera comunicación de sus planes al infante Fernando a través del confesor de doña Beatriz, la cual obtuvo una respuesta negativa por parte de aquel. Sin embargo, Beatriz y Pero Niño habrían mantenido sus tratos durante más de medio año, en términos de esposos según Díaz de Games,164 hasta que, al fin, en el invierno de 1409-1410, Pero Niño habría confirmado a don Fernando estas relaciones. Estos hechos, ocurridos según parece en el castillo de Magaz, próximo a la ciudad de Palencia, se saldaron con la reacción desairada del infante, reclamando que Pero Niño fuera puesto en prisión, y la huida de este a Bayona, en Gascuña, facilitada por la reina Catalina.165 Mientras, Beatriz era puesta en custodia por el infante en el castillo de su villa de Urueña con el fin de alejarla de Pero Niño y a la espera de acontecimientos ante una situación que daba al traste con todos los planes urdidos para el matrimonio de su hijo Enrique. Allí habría permanecido durante año y medio.166 En una elipsis narrativa dentro del mismo capítulo donde se muestra el internamiento de doña Beatriz en Urueña, el cronista nos narra cómo años después Fernando, atendiendo a las buenas cualidades de Pero Niño y a la intercesión de la reina Catalina y algunos caballeros, acabó perdonándolo y consintiendo su matrimonio con Beatriz, premiándole incluso con la entrega de las villas de Valverde y Talaván en   Díez de Games, G., El Victorial…, tercera parte, caps. 90-92, pp. 669-683.   Ibid., cap. 93, pp. 684-688. 166   Ibid., cap. 94, pp. 689-690. 164 165

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1415, cuando formó parte de la escolta de la infanta María y al pasar esta a Valencia para contraer matrimonio con el infante Alfonso.167 Hasta aquí el relato de Díez de Games, el cual ha de ser atendido con precaución a la hora de valorar los hechos que narra, en la medida en que trata de dar explicación de acontecimientos destacadamente turbios e irregulares que justificasen el comportamiento de Pero Niño y de su esposa. La argumentación que se plantea acerca de cómo el infante Fernando planeaba el matrimonio de Beatriz con el rey Martín I de Aragón en el relato caballeresco de Games no puede corroborarse a partir de otras fuentes y posiblemente no tenga otro fundamento que el de reforzar la gran hazaña acometida por Pero Niño con su casamiento con una dama de tan alta alcurnia destinada a matrimonios reales, superando los mayores inconvenientes que pudieran caber, bien escenificados en la postura del regente.168 Sea como fuere, los hechos ocurridos en Magaz, la fuga de Pero Niño y la prisión de Beatriz de Portugal van a poder corroborarse gracias a testimonios documentales además de otras evidencias cronísticas.169 Por tanto, para tratar de comprender qué había ocurrido para que el enlace entre Beatriz y Enrique terminara quedando abortado de manera tan drástica hemos de remontarnos apenas un poco más atrás. Nos hemos referido a cómo, entre 1402 y 1407, la administración señorial de la villa de Alba de Tormes, perteneciente a doña Beatriz, había estado mediatizada, como es lógico, por el infante Fernando a través del ejercicio como corregidor en la villa de su alcalde mayor, el bachiller Gonzalo López. Sin embargo, parece que, desde esas fechas, la señora titular de Alba pretendió ejercer una autoridad más autónoma, como evidencia su intención en julio de 1407, de destituir a las personas que Gonzalo López nombró para los oficios de alcaldías y alguacilazgo en la villa y que se nombraran otros nuevos «… a fuero de la villa…».170 Efectivamente, Beatriz nombró a sus propios oficiales, aun con las reservas del concejo por introducir a personas de su entorno,171 y se ocupó de distintos negocios relativos a la villa, como la 167   Este último aspecto no aparece en el mismo capítulo sino en otro posterior, dos años después (ibid., cap. 96, pp. 694-703, en concreto pp. 694-695). 168   Ibid., cap. 91, pp. 671-673, cap. 92, pp. 681-882. El propio editor de El Victorial, Rafael Beltrán Llavador, da cuenta de las dudas que plantea lo expuesto a ese respecto en el capítulo 91. 169  La Crónica de Álvaro de Luna recoge estos acontecimientos (Crónica de don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, maestre de Santiago, ed. y estudio de J. de M. Carriazo, Madrid, Espasa Calpe, 1940, cap. 3, pp. 14-15), si bien estos datos pudieran haber sido tomados directamente de El Victorial. 170   Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes…, doc. 4, pp. 19-20. 171   Ibid., doc. 5, pp. 23-24, doc. 8, pp. 24-25, doc. 10, pp. 29-30. Se nos recoge el nombramiento como alguacil de Diego Flores el mayor, que era arrendador y cogedor de las monedas de la tierra de Alba, de Pedro Enríquez, vecino de Salamanca, como alcalde mayor de las alzadas y apelaciones de la villa —oficio acaso equivalente al de juez corregidor—, y de Alfonso Fernández de Toro, su criado, como fiel del concejo, entre julio de 1408 y enero de 1409.

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percepción de las cuantías correspondientes al pedido entre 1407 y 1411.172 Justamente, si damos por bueno que el encierro de Beatriz en Urueña duró año y medio y las noticias más precisas de la presencia del rey, del infante Fernando y de la Corte en Magaz son de noviembre de 1408,173 nos situamos justo a mediados del año 1411, momento en el que precisamente el infante Fernando se hizo con la posesión directa de Alba de Tormes, por lo que parece, en el mes de mayo.174 Es decir, que probablemente la cesión de la villa de Alba fue el pago preciso para que el infante Fernando consintiese la liberación de Beatriz y su matrimonio con Pero Niño, como así se deduce de la carta de protesta que ella otorgó en septiembre de 1415.175 Así pues, sabemos de la oposición de Beatriz a su matrimonio con Enrique, de su afán por ejercer un control más independiente de su propio patrimonio y un arreglo forzoso con el infante Fernando a cambio de Alba de Tormes para consentir su matrimonio con Pero Niño. Puesto que es cosa manifiesta que la reina Catalina de Lancaster participó en este negocio en perjuicio de los intereses de su cuñado y que este, en una situación mucho más tensa, en junio de 1408, al tomar el control absoluto sobre la regencia, no había actuado contra ella sino dirigiendo las acusaciones de mal gobierno contra «consejeros», es aquí donde conviene poner todos estos datos en relación con la posición de Martín Vázquez de Acuña y las expectativas del infante respecto al conjunto de la herencia que don Juan dejó a sus hijas. Si la cronología de los hechos es correcta, tras el sorprendente descubrimiento de que la boda entre su hijo Enrique y Beatriz de Portugal iba a ser imposible a menos que ella no desistiera de su casamiento con Pero Niño y consintiese en el viejo compromiso, al tiempo que esta era confinada en Urueña, el infante Fernando se apresuró a negociar con Martín Vázquez de Acuña por la villa de Castrojeriz con el fin de adquirirla. Podemos valorar que este requerimiento fuera expuesto como una suerte de compensación por el agravio potencial que se planteaba para el infante con la pérdida de la dote que había de llevar Beatriz y que, de algún modo, exigiese alguna suerte de compensación a la partición de la herencia del infante Juan de Portugal que él mismo había orquestado con Martín Vázquez 172  AMAdT, IE, 0001.01, LAC, 1407, f. 27 v.; IE 0001.02, LAC 1408, f. 25 v.; IE 0001.03, LAC 1409, ff. 2 r., 16 r, 55 v.-56 r.; IE 0002.01, LAC 1411, f. 2 v. 173   Para diciembre ya el infante se encontraba en Palencia para luego pasar a Valladolid a final de ese mes (González Sánchez, S., Itinerario de don Fernando…, pp. 93-94). 174   Se hace referencia a los gastos desprendidos por dos de los regidores de Alba y otros escuderos cuando fueron a hacer pleito homenaje por la villa al infante, contabilizado el 26 de junio de 1411. En anotación del 3 de julio se declara que hacía unos dos meses que el infante había mandado tomar posesión de la villa, cosa que había hecho su procurador Martín Alfonso de Saavedra (AMAdT, IE, 0002.01, LAC, 1411, ff. 40 r.-41 r.). 175   AHNob, Frías, C.ª 445, n.º 20. Dada el 8 de septiembre de 1415, no aporta fecha sobre cuándo el infante «… me tuuo e me fizo presa e tomome todo lo mío, lugares e rentas e vienes que yo auía e me quedaran de mi sucesión en otra qualquier manera».

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en 1404. Fuera o no así, el 18 de diciembre de 1409, en Palencia, el conde de Valencia entregaba la villa de Castrojeriz a los infantes Fernando y Leonor. Estos, a su vez, le otorgaban a cambio la villa de Villalba de los Alcores y el lugar de Castromonte, ambos en Tierra de Campos, más el lugar y Castro de Valdeorras, en Galicia, un juro de 1350 florines de Aragón asentados en las rentas que el infante percibía por merced real sobre las alcabalas y tercias de las villas de Valladolid y de Sahagún (al valor de 54 mrs. de a 2 blancas cada florín de juro, lo que sumaban 72 900 mrs. de renta anual) y, finalmente otros 12 000 florines de oro y 100 marcos de plata labrada (el equivalente a unos 600 000 mrs. y unos 23 kilos de plata).176 No se trataba de un acuerdo en términos humillantes ni mucho menos. La compensación por Castrojeriz era muy cuantiosa en cuanto a otros lugares, mercedes, numerario y metal precioso. Sin embargo implicaba la entrega al infante de una villa muy importante, con una población considerable, cabeza de la merindad de Castrojeriz, en una zona clave para el ejercicio de los derechos sobre behetrías ligados al señorío de Lara.177 Además, permitía que el infante recuperara uno de los lugares que habían formado, aunque fuera temporalmente, el primer núcleo de su patrimonio señorial. A cambio, Villalba de los Alcores, Castromonte, que pertenecían a la herencia dejada por el conde Sancho de Alburquerque a su hija, y el Castro de Valdeorras, ganado en 1400 en el acuerdo con el conde de Trastámara que reportó a los infantes el señorío sobre Paredes de Nava, eran poblaciones más pequeñas y de menor relevancia territorial para él al encontrarse las dos primeras en una zona donde la implantación de los infantes ya era de por sí fuerte y, la tercera, en un área del 176   AHNob, Frías, C.ª 361, n.º 1. A partir del reajuste monetario aplicado en el reinado de Enrique III entre 1399 y 1403 con la introducción de nuevas blancas de vellón que sustituyeron a los blancos del Agnus Dei devaluados de época de Juan I, el valor de la moneda usual de vellón se depreció enormemente respecto al oro y la plata, de modo que, hasta la década de 1420, el florín de Aragón se apreciaba normalmente entre los 44 y los 52 mrs. por florín. A su vez, el marco de Burgos, medida para el peso del oro y la plata, equivalía a 230 gramos (Ladero Quesada, Miguel Ángel, «La política monetaria en la Corona de Castilla», En la España medieval, 11 (1988), pp. 79-123, en concreto pp. 80, 90-93). Esto nos da las cantidades para la conversión que aportamos. La equivalencia de 600 000 mrs. para los 12 000 florines de Aragón es el resultado de optar por una conversión de a 50 mrs. por cada florín. En cualquier caso, este dato solo tiene valor orientativo ya que, en el hipotético caso de que se produjese un intercambio del valor del florín a moneda castellana de vellón de la época, las condiciones de su apreciación nos podrían ofrecer una desviación en cuanto a su cuantía en moneda de cuenta de entre 480 000 y 624 000 mrs., hasta 144 000 mrs. de diferencia según el caso, la que venía siendo, en sí misma, una cantidad de dinero más que considerable en la época. 177   El trueque que en 1452 realizaron Ruy Díez de Mendoza y Juan Pacheco, intercambiando el primero Castrojeriz a cambio de la villa de Iniesta, dio lugar a una apreciación de vecinos y rentas de la villa burgalesa y sus barrios en 1453 que arrojaba un saldo de 632 vecinos, considerando pecheros, hidalgos, clérigos y viudas. Además, los derechos señoriales ordinarios en la villa se tasaban en 21 700 mrs. (AHNob, Frías, C.ª 99, n.º 8, 9; C.ª 100, n.º 2, 3, 4, 5, 9; C.ª 121, n.º 53).

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reino completamente excéntrica con respecto al proceso de zonificación del poder señorial que estos habían ido desarrollando. Mientras, para Martín Vázquez, aunque económicamente compensado y por más que los tres lugares ganados pudieran estar más próximos a Valencia de Don Juan que Castrojeriz, la renuncia a esta villa significaba una merma de prestigio severa, además de una fragmentación de su capacidad práctica de ejercicio de poder señorial. No podemos decir con toda seguridad si con esta maniobra el infante Fernando pretendía además reforzar su influjo entre el exilio portugués mermando la influencia del conde Martín Vázquez y manteniéndose a la espera de que, si en algún momento en su encierro Beatriz de Portugal se sometía a su voluntad y accedía a llevar adelante el matrimonio con Enrique, pudiese presentarse como primer valedor de los intereses de una restauración legitimista en el trono portugués. Pero si en realidad se consideraba esta opción, la orientación de sus planes expansivos tras la campaña de Antequera a la consecución de la sucesión en el trono de Aragón debió de hacer que el asunto del matrimonio entre Beatriz y Enrique fuera quedando en un segundo plano. Además, cuando entre 1410 y 1411 se estaba renegociando la extensión de treguas con Portugal, el infante se fue mostrando más abierto a los términos conciliadores que Catalina de Lancaster manejaba para un acuerdo con Juan I de Portugal.178 Si la reina Catalina no había hecho nada para haber tratado de salvaguardar la posición de Martín Vázquez de Acuña frente a su cuñado, en el caso hipotético de que hubiera podido estar entre sus planes el contar con este elemento portugués dentro de su entorno, fue en estas circunstancias que podría interceder por el retorno de Pero Niño y, en último término, para que el infante consintiese en aceptar algún acuerdo para aprobar el matrimonio entre este y Beatriz. Efectivamente, aunque no se nos conserve documento de tal acuerdo, hubo de existir y sin, duda, debió darse a más tardar en mayo de 1411, siendo la moneda de cambio para aceptar la ruptura del acuerdo matrimonial entre Enrique y Beatriz de Portugal y su boda con Pero Niño —y, por qué no, indirectamente, la aceptación de una negociación de las paces con Portugal manejada por la reina Catalina, sin alianzas ni compensaciones de guerra y con restablecimiento de relaciones comerciales—, la renuncia por parte de aquella al señorío sobre Alba de Tormes. El único detalle que falta por aclarar es que, como doña Beatriz expresó en su protesta de 1415, los esposos no debieron de quedar satisfechos de la pérdida de la parte que les correspondía de la herencia de don Juan de Portugal.179   El acuerdo acabó por firmarse en octubre de 1411 para una tregua indefinida que entraría en vigor en marzo de 1413. Vid. Olivera Serrano, C., Beatriz de Portugal…, pp. 148155; González Sánchez, S. Las relaciones exteriores…, pp. 143-150. 179   «E después que me soltó e yo fize vida con mi marido Pero Ninno, quesiera demandar lo mío e non lo pude fazer por él ser tan poderoso y gouernador del Rrey de Castiella e por el temor que yo siempre oue después que fuy presa e aún día he e en mí dura.» AHNob, Frías, 445, n.º 20. 178

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Tal vez esto no fuera exactamente así, en la medida en que la protestación también declara que Beatriz había tenido constancia de que, poco antes de septiembre de 1415, su esposo había estado con Fernando, ya rey de Aragón, y acordaron la renuncia a la herencia de Beatriz a cambio de otros bienes y rentas. En el documento al que nos venimos refiriendo, Beatriz de Portugal declaraba que, si en algún momento consintiese a este acuerdo, esto sería a causa de «… que el dicho Pero Ninno mi marido me costrenirá “e apremiará” por fuerça e contra mi voluntat que yo consienta enlo que el Rrey de Aragón e él trataron e rrenunçie el derecho que yo he e a mí pertenesçe». Sin embargo, el documento al que se refiere, datado en julio de 1415, muestra que los principios del acuerdo que entonces firmara Pero Niño con el rey de Aragón, cuando pasó a Valencia en la escolta de la infanta María, justamente, eran algo anteriores. En el documento se señala cómo se acordó la compra de Alba de Tormes a cambio de los lugares de Talaván y Valverde y de 13 333 florines de Aragón. De ellos, 10 000 se declaran ya pagados porque los infantes Fernando y Leonor los prestaron a doña Beatriz para compensar a su hermana, mujer del conde Martín Vázquez de Acuña, cuando se estableció el acuerdo para que Beatriz heredase por completo Alba de Tormes. Los otros 3333 florines se declara que ya se los mandaron dar estando en Ayllón, esto es, entre julio y noviembre de 1411, cuando el infante estaba asentado allí a la espera de los movimientos que se iban produciendo en la Corona de Aragón,180 solicitándose ahora que Beatriz, con licencia de su esposo, hiciera renuncia de cualquier derecho sobre la villa de Alba.181 Así pues, no es descabellado pensar que al menos una parte de lo escriturado en 1415 ya estaba, cuando menos, apalabrada entre mayo y el verano de 1411, si bien doña Beatriz debió de quedar muy disconforme con un acuerdo claramente desigual. La compensación por renunciar a Alba de Tormes era de una cuantía bastante reducida, limitada a 3333 florines y a los pequeños lugares de Valverde y Talaván, que, como recordaremos, había donado el mariscal García González de Herrera a los infantes en 1404,182 así que sus protestas podían estar más que justificadas. Sin embargo, para su esposo, Pero Niño, estas cláusulas significaban la posibilidad de su regreso a Castilla y el fin de la animadversión de Fernando hacia él. Además, posibilitaban un matrimonio muy prestigioso para él, con una mujer del linaje real portugués, que dignificaba el nombre de su casa y aun la ganancia   González Sánchez, S., Itinerario de don Fernando…, pp. 119-123.   ACA, C, Reg. F. I, Reg. 2.395, Gratiarum 4/Donationum I, ff. 72 r.-74 r. El documento registrado con el sello secreto sin señalarse data tópica ni día del mes en que se realizó el negocio. 182   En el documento se especificaba que, puesto que estos lugares habían sido donados por el mariscal para que los heredara el cuarto hijo varón de los infantes, Sancho, en compensación otorgaban que el maestre de Alcántara sería enmendado con una merced de 2000 doblas en juro de heredad en Castilla. 180 181

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de algún patrimonio que sumar al que había heredado de sus padres y ganado con su servicio a Enrique III, bastante modesto y limitado en 1413-1415 al valle de Buelna, la villa de Cigales y los lugares de Berzosa y Fuentebureba.183 Concluyendo ya, no hay constancia de que finalmente hubiera mayores contradicciones para que este arreglo fuese firme. El señorío quedó firmemente asentado en manos de los reyes de Aragón y Pero Niño se encuadraría en su entorno, particularmente en el del infante Enrique, antiguo desposado de su mujer, a quien apoyó en la toma de la persona del rey en Tordesillas en 1420, como señalamos en el capítulo anterior. Si en algún momento el infante Fernando había aspirado a acceder y transmitir derechos sucesorios al trono portugués a su hijo Enrique mediante su enlace con Beatriz de Portugal, ya fuera para atraer a los portugueses exiliados bajo su liderazgo en Castilla, ya fuera pensando en un potencial acceso futuro a la monarquía lusa para sus descendientes, estos proyectos se fueron diluyendo con el paso del tiempo durante la regencia de Juan II, mientras el alargamiento de treguas favorecía la consolidación de la casa de Avís ante la incapacidad o desinterés desde Castilla de oponer otra alternativa y, a partir de 1410, la muerte de Martín I de Aragón abrió otro horizonte de expectativas expansivas para Fernando.184 Aunque Beatriz se revolviese contra los planes que el infante y Martín Vázquez de Acuña habían trazado para el reparto de la herencia de don Juan fue un revés posiblemente sorprendente, teniendo en cuenta la superioridad con que se manejaba Fernando de Antequera en Castilla en 1409, a la postre este hecho pudo ser transformado por él en una oportunidad. En definitiva, dio pie a ampliar aún más el patrimonio señorial de los infantes, con una adquisición consolidada de Alba de Tormes y la recuperación de Castrojeriz a un, digamos, coste asumible, lo cual reafirmaba la territorialización de su   Sobre el patrimonio heredado por Pero Niño y de sus padres Juan Niño e Inés Lasso de la Vega, vid. Franco Silva, A., «El mariscal García de Herrera y el marino D. Pedro Niño…», pp. 187-196; Díez de Games, G., El Victorial…, pp. 29-30, dentro del estudio de la obra realizado por Rafael Beltrán Llavador. A su vez, el trabajo citado de A. Franco Silva permite rastrear que con Valverde y Talaván, Pero Niño y Beatriz de Portugal, recibieron también la dehesa de Arroyo del Horno, La Lucía y la Casa de la Paz y las aceñas en Talaván, esto es, el resto de lo donado por García González de Herrera a los infantes (p. 195). 184   La interpretación de C. Olivera Serrano de las juntas de juristas que en 1410 se reunieron en Sevilla y en Valladolid para dictaminar el mejor derecho del infante Fernando o de Juan II a la posible candidatura al trono vacante de Aragón, finalizadas en el soporte a derechos del infante, parece acertada cuando considera que, de cara a las relaciones con Portugal, podían estar estableciendo con su dictamen sobre la posible mayor legitimidad de Fernando a unos potenciales derechos al trono portugués, recibidos a través de la reina Beatriz de Portugal y de su filiación con los Manuel, en la medida en que él era el pariente real más próximo a Fernando I de Portugal (Olivera Serrano, C., Beatriz de Portugal…, pp. 144-148). Incluso, que estas consideraciones fueran manejadas en el entorno de Fernando desde antes, cuando Beatriz, hija de don Juan, pasó a ser criada en su casa. 183

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señorío en la merindad mayor de Castilla y en la «Extremadura» castellana. En esta zona, además, el control sobre Alba permitía poner en comunicación los territorios dominados en el valle del Duero con los diseminados en Salamanca y en toda Extremadura. Incluso, el traspaso del Castro de Valdeorras al conde de Valencia dotaba de mayor coherencia al espacio señoreado por Fernando y Leonor, y el de Valverde y Talaván con el resto de las donaciones que en 1404 les hiciera el mariscal García González de Herrera ayudaba a liquidar la problemática que la posesión legítima de estos lugares pudiera plantearles con algunas ramas de los Monroy en la tierra de Plasencia. Finalmente, aunque el matrimonio ventajoso para su hijo Enrique no hubiera salido adelante, la posición de poder de Fernando y Leonor era si cabe más fuerte, sin que hubiera podido ser ensombrecida por la resistencia de Beatriz de Portugal, los afanes de ascenso social de Pero Niño o el apoyo de la reina Catalina a un intento menor de oponerse a los intereses de su cuñado. 5.4.  El pleito por el señorío de Grajal Hicimos mención algunas páginas más arriba a cómo, tras la muerte de don Sancho, conde de Alburquerque, y durante la minoría de su única heredera, Leonor, una parte del patrimonio señorial que correspondía a la nueva condesa de Alburquerque fue objeto de distintas mermas, trueques y donaciones. La actitud frente a ella de doña Leonor fue diversa pero, en general, a partir de sus esponsales con el infante Fernando, puede apreciarse que la infanta se mostró más que dispuesta a no consentir todas estas enajenaciones y, seguramente apoyándose en el respaldo que podía encontrar a través de su matrimonio, inició acciones con el fin de recuperar el señorío sobre algunos lugares. Hemos citado que, en fecha desconocida, pudo concretarse la reintegración de un lugar de modesta consideración aunque con cierto valor estratégico, Sobradillo, próximo a la frontera de Portugal y a las tierras de Ciudad Rodrigo y de Ledesma, principal lugar de señorío de los infantes en territorio salmantino. Sin embargo, no hicimos mayores referencias al pleito comenzado ante la Audiencia en agosto de 1393 por Leonor de Alburquerque contra Per Álvarez Osorio, señor de la Casa de Las Regueras, regidor de Astorga desde 1393 y uno de los hijos de Álvar Pérez Osorio, señor de Villalobos,185 y su esposa María Velázquez de Escobar a cuenta de los derechos sobre Grajal, en la zona occidental de la Tierra de Campos, algunos kilómetros al sur de Sahagún. 185   Para la filiación de este personaje, vid. López de Haro, Alonso. Nobiliario genealógico de los Reyes y títulos de España, Madrid, Madrid [Luis Sánchez], 1622, p. 298; Martín Fuerte, J. A., De la nobleza leonesa…; id., «Los Osorio y el marquesado de Astorga», Tierras de León, 66 (1987), pp. 35-46, en concreto p. 41.

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Efectivamente, el 22 de agosto de 1393, la infanta había elevado su petición ante el tribunal para que se le reconociese su derecho al señorío de esta villa frente a la posesión que ejercían los herederos de Juan Rodríguez de Escobar, quien desde 1374, por lo visto, habían estado en posesión del lugar. La reclamación completa requería la devolución de Grajal y el pago de las rentas, a su juicio, usurpadas en los pasados 19 años, a razón de 50 000 mrs. anuales, más 20 000 mrs. relativos a lo que llevaba corrido del año. Según alegaba la parte de doña Leonor, Juan Rodríguez de Escobar se había hecho con la posesión de la villa a la muerte del conde don Sancho sin saberse por qué motivo había tomado y mantenido esta posesión hasta hacía unos cinco meses.186 Sin embargo, María Velázquez de Escobar, hija y heredera de Juan Rodríguez, y su esposo Per Álvarez Osorio, aducían que no había lugar a la demanda, al haber tenido aquel Grajal por justo título y que «… touiera la posesión del dicho lugar e su sennorío por poderío del conde don Sancho e resçebida la uilla d’él…», es decir, en vida del conde. Doña Leonor negaba este punto inicialmente, si bien en las alegaciones posteriores, su parte expuso la condición de revocabilidad de la donación que pudiera haber sido hecha a Juan Rodríguez de Escobar por el conde don Sancho o por ella misma. En este punto, habiendo aceptado los oidores de la Audiencia la presentación por ambas partes de pruebas, se indicaba en el documento al que se refiere el pleito que este quedó pendiente por estar estos oficiales suspendidos en sus funciones hasta que el proceso fue retomado por el oidor Juan González de Acevedo. Al interponer Per Álvarez Osorio sospecha sobre el doctor Juan González de Acevedo, el rey Enrique III mandó que entendieran en el pleito conjuntamente el dicho Juan González y el doctor Juan Alfonso, también oidor de la Audiencia, por su albalá de 2 de diciembre de 1405.187 Era, pues, evidente que, durante la vida de Juan Rodríguez de Escobar, la condesa Leonor no había ido nunca contra el señorío ejercido por aquel en Grajal. Por otra parte, sabemos que Juan Rodríguez había desarrollado sus atribuciones señoriales de manera plenamente efectivas, según parece, desde 1370.188 Los motivos para ello acaso haya que buscarlos en la necesidad de 186   En efecto, el 23 de febrero de 1393, en León, Juan Rodríguez de Escobar, regidor de esta ciudad, había hecho testamento [Colección documental del Archivo de la Catedral de León. XII (1351-1474), ed. de C. Álvarez Álvarez, León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1995, n.º 3313, pp. 120-121]. 187   El conjunto del pleito es conocido a partir del testimonio que se dio de la sentencia última del pleito (ACDAlburq, Grajal, C.ª 208, leg. 23, n.º 2). Nos referiremos a este documento de aquí en adelante para las informaciones del proceso. 188   Una prueba de ello la encontramos en el pleito que libraron Juan Rodríguez y el monasterio de San Pedro de la Espina, en los montes Torozos, por el cobro del tercio de los diezmos de la iglesia de San Miguel de Grajal. En 1380, Juan I dictaminó que, durante los diez años anteriores, Juan Rodríguez de Escobar había usurpado estos derechos que pertenecían al cenobio cisterciense, por cuanto Juan Alfonso de Alburquerque, antiguo señor de Grajal, se los había donado cuando dispuso su sepultura en el monasterio (ACDAlburq, Grajal, C.ª 200, leg. 8, n.º 5).

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mantenimiento del vínculo con los antiguos vasallos de su padre don Sancho por parte de Leonor de Alburquerque como directriz básica para retener una «clientela» propia que le dotara de una cierta autonomía señorial mientras era todavía una mujer soltera. Sin embargo, tras su enlace con el infante Fernando y la desaparición de Juan Rodríguez de Escobar, aunque las relaciones de interdependencia de los infantes con distintas casas importantes en la zona occidental de la Tierra de Campos, como la de Vega, los Cabeza de Vaca o los mismos Escobar, como ya consideraremos en el capítulo próximo, sí fueron especialmente fuertes, no parece que el nexo con la casa de los señores de Villalobos fuera considerado prioritario por la infanta. Esto permitiría comprender mejor el cambio de actitud de doña Leonor, decidida a recuperar sus derechos sobre Grajal. No sabemos a ciencia cierta en qué medida las pretensiones de la infanta estaban legalmente justificadas o si, en cambio, contravenían una donación realizada por su padre y reconocida por ella misma a Juan Rodríguez de Escobar. La documentación sobre el litigio que nos ocupa no registra si María Velázquez y su esposo aportaron pruebas documentales a este último respecto. En cualquier caso, la instrucción del proceso se extendía en 1405 por más de diez años y aún se alargaría otros cinco más. El resultado fue la sentencia definitiva dada por los jueces ya señalados y otorgada por los distintos oidores de la Real Audiencia el 10 de febrero de 1410, concediendo a la infanta Leonor el señorío sobre la villa de Grajal y la restitución por parte de los herederos de Juan Rodríguez de Escobar de las rentas y frutos aparejados al dicho señorío desde 1374.189 No sabemos cómo se cumplió la sentencia, sobre todo en lo relativo a los duros términos que suponía la estimación de los derechos señoriales de más de treinta y cinco años por los que debía ser compensada la infanta Leonor, más allá de que ella y su esposo se hicieron con Grajal. Posiblemente, la situación de control casi pleno de los aparatos de la administración de la Corona que disfrutaba el infante Fernando estuviese detrás de una sentencia que reafirmaba el poder que él y su esposa ejercían en la Tierra de Campos y su superioridad respecto a otros señores regionales en la zona. De todas formas, el interés específico de los infantes por esta villa en un territorio que ya de por sí controlaban con solvencia, igual que no había sido prioritario desde 1393, a razón del alargamiento del pleito, tampoco lo fue tras 1410. Así, en 1413, convertidos en reyes de Aragón y Sicilia, Grajal, igual que otros lugares y derechos señoriales de su patrimonio castellano, fueron objeto de mer189   La sentencia señalaba igualmente que las dos partes nombrasen dos hombres buenos para que estos estimasen la cuantía de los derechos debidos a doña Leonor para su satisfacción. Aunque la sentencia en primera instancia fue apelada por Per Álvarez Osorio y María Velázquez de Escobar del pago de las costas del pleito, fue ratificada en sus términos en la sentencia definitiva, concediéndoseles a estos solo la petición que habían hecho de no ser condenados al pago de las costas del proceso (ACDAlburq, Grajal, C.ª 208, leg. 23, n.º 2).

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ced en manos de distintos miembros de la casa de Fernando y Leonor como premio a sus servicios continuados desde 1395, en el reinado de Enrique III, en los años de la regencia de Juan II y en el proceso de adquisición y consolidación en el trono de Aragón de sus señores. Grajal fue donada a uno de sus criados más íntimos, Fernán Gutiérrez de Vega, repostero mayor, ujier de armas del rey de Aragón, maestre portulano del reino de Sicilia y miembro de su Consejo en 1413.190 Grajal pasó a convertirse, pues, en la villa cabecera del patrimonio señorial que Fernán Gutiérrez y su esposa María Rodríguez de Escobar habían reunido en el oeste de la Tierra de Campos, en la zona comprendida entre Valencia de Don Juan, Mayorga y Sahagún, por herencia, donaciones, compra-ventas y distintos contenciosos con sus propios parientes.191 Conectados por distintos vínculos de parentesco y a través de diferentes alianzas con los Escobar, los Cabeza de Vaca, los Bazán y los Guzmán de León y gracias a su promoción en el entorno del infante Fernando y Leonor de Alburquerque, Fernán Gutiérrez de Vega y su esposa habían pasado a ser unos de los principales señores de la región, apuntalados a la sombra del propio señorío de los infantes en Tierra de Campos. 5.5.  La donación de la tierra de Cepeda Para concluir este apartado en el que hemos observado el espectacular avance territorial del señorío de los infantes Fernando y Leonor en los primeros años de la minoría de edad de Juan II de Castilla, hemos de citar una última adquisición realizada con anterioridad al acceso de Fernando al trono de Aragón. No hemos podido reunir demasiada información sobre ella y lo cierto es que, de un modo similar a como se podría valorar la «recuperación» de Grajal, su importancia en la conformación del espacio señorializado por Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque, en realidad era muy moderada. No obstante, como en el caso de Grajal, nos ayuda a ilustrar la inserción de diferentes miembros de las aristocracias regionales y comarcales de diversas zonas del reino en la afinidad señorial de los infantes y, a partir de ello, a incidir en los procesos de jerarquización interna de la aristocracia y redistribución del poder social mediante el ejercicio del señorío a través de fenómenos de clienterización. Nos referimos aquí a la donación que el caballero Per Álvarez de Cepeda hizo al infante Fernando de la tierra de Cepeda con el castillo de Quintana y 190   ACDAlburq, Grajal, C.ª 193, leg. 1, n.º 4. Al privilegio otorgado por el rey Fernando y la reina Leonor el 5 de enero de 1413 en Barcelona le acompañaban otros tres, confirmando la donación, otorgados por el infante Alfonso, con la misma data, y por los infantes Juan y Enrique, dados en Medina del Campo el 20 de abril de ese mismo año, recogidos todos en la misma unidad de instalación del archivo. 191   Franco Silva, A., Grajal de Campos…, pp. 43-53, 78-106.

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todas sus aldeas, próximas a la ciudad de Astorga, en tierras leonesas. De ella tenemos noticia de forma indirecta, al referírsenos en un documento posterior de 1420, en el que el infante Juan de Aragón hacía donación a Isabel de Rojas, sobrina del ya arzobispo de Toledo, Sancho de Rojas, de todos los bienes que fueron de su camarero Per Álvarez de Cepeda. Ahí se nos indica cómo este caballero se las había dado en herencia a Fernando I de Aragón siendo aún infante.192 Sin embargo, también sabemos que Per Álvarez de Cepeda vivió con posterioridad a la proclamación de Fernando como rey de Aragón y aun hasta 1420, tal como declara el documento de donación citado.193 Igualmente, nos consta que al menos desde 1405 pertenecía a la casa del infante Fernando, al ser uno de los beneficiarios dentro de ella del privilegio de elección de confesor que otorgó mediante bula Benedicto XIII.194 Además, el documento que hemos citado indica que el infante Juan donaba el conjunto del patrimonio que recibió, heredado, de Per Álvarez de Cepeda, y que junto con la citada tierra de Cepeda, incluía, toda una serie de lugares y aldeas próximos a la Cepeda y en el Bierzo con la jurisdicción y las posesiones habidas en ellas, además de las heredades, casas y derechos que tenía en distintos lugares en estas zonas y en Astorga mismo, todo lo cual declara que perteneció a Per Álvarez de Cepeda porque lo heredó de su padre o de su madre.195 Nada de esto último parece que fuera donado al infante Fernando. Tal vez una posible base de explicación se halle en que, por lo que se ha podido documentar, la tierra de Cepeda a mediados del siglo xiii aparece sujeta al señorío del obispo de Astorga desde al menos 1210 pero poblada por hombres de benefactoría, a los cuales los reyes Fernando III y Alfonso X reconocieron el derecho a mantener su fuero como tales, igual que al obispo Melendo Pérez en 1274 los derechos de las behetrías de la Cepeda.196 Según   AHNob, Corvera, carp. 342, n.º 2, dado en Valladolid el 7 de junio de 1420.   Per Álvarez de Cepeda aparece integrado desde su origen en la casa del infante don Juan [ACA, CR, F. I, C.ª 19, n.º 2389; Costa, Maria Mercè, «El viatge de l’infant Joan (futur Joan II) a Sicilia (1415), en xiv Congresso di Storia della Corona d’Aragona. Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990. La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-xviii): 2 Presenza ed espansione della Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-xv), vol. III, Comunicazioni, Sassari, Carlo Delfino, 1996, pp. 287-302, especialmente p. 295], ejerciendo como su camarero hasta su fallecimiento, como evidencian documentos de 1417-1419 y la posterior sucesión en su oficio en 1421 de Juan Fernández de Carvajal (AGS, Real Patronato, C.ª 31, n.º 4-7, 9; Estado, leg. 1-1-2. ff- 82, 121). 194   Bulario de Benedicto XIII. IV…, pp. 135-136. 195   Se refiere a Quintana Dexón, en el valle de Cogorderos, el lugar de Hontoria, lindero con el anterior, el de Ucedo, sus vasallos en Val de Magaz y en Val de Porquer, los lugares de Barrio y San Pedro en el Bierzo y el de Primo en Riba de Sil. Además, las heredades, prados, casas y derechos en Manzanal, Sueros, Villares, Torienzo Castañero, Castro Pomade, Valle, aldea de Bembibre, Riba de Sil, Folgoso y en Astorga (AHNob, Corvera, carp. 342, n.º 2). 196   Natal Álvarez, Antonio, La Cepeda vivida, Zamora [Antonio Natal Álvarez], 1997, pp. 39-40, 46-47, 63-87, a partir de documentación eclesiástica astorgana y de su área circundante. 192 193

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parece, el señorío episcopal fue mantenido hasta mediados del siglo xiv: el último monarca que confirmó la posesión de la tierra de Cepeda dentro del mismo fue Alfonso XI, pero ni Pedro I ni Enrique III lo hicieron. Así, parece que pudo ser un caballero local, Vasco Vázquez de Cepeda, quien adquiriera el señorío sobre esta tierra, de quien pasó a un familiar suyo, Álvar Pérez de Cepeda, casado con Inés Álvarez, progenitores de Per Álvarez.197 Por tanto, parece claro que este personaje se había convertido en un señor de cierta relevancia en la comarca de Astorga a partir de las adquisiciones logradas por sus ascendientes a lo largo del siglo xiv. No obstante, no consta que la tierra de Cepeda fuera ganada por merced real o, en cambio, pudiera ser el resultado de una usurpación del señorío del obispo asturicense. Tal vez sus derechos sobre estos lugares estuvieran en entredicho pero, en cualquier caso, Per Álvarez no parecía dejar descendencia que le sucediera, por lo que la entrega al infante de la tierra de Cepeda pudo ser una solución factible para mantener acaso el usufructo sobre ella. La condición de vasallos de behetría de buena parte de los pobladores de la Cepeda podía ser un buen argumento para justificar su paso a manos del infante Fernando como beneficiario de los derechos reales sobre los lugares de behetría en Castilla, en la medida en que la jurisdicción última sobre ellos correspondía al rey y, de acuerdo con la donación realizada por Enrique III, a su hermano, como ya hemos apuntado anteriormente y tendremos ocasión de tratar más detenidamente un poco más adelante. Sea como fuere, ante la falta del instrumento por el cual pudiéramos conocer los términos de la donación hecha por Per Álvarez de Cepeda al infante Fernando, este razonamiento ha de quedar como una conjetura más o menos plausible. Lo que sí parece más claro es que, ante la falta de herederos de su propia sangre, este caballero optó, para garantizarse el mantenimiento y disfrute de su patrimonio señorial en una zona donde se hallaban presentes con mayor pujanza señores como los Osorio, señores de Villalobos, los Osorio, señores de Cabrera y Ribera o los Quiñones, merinos mayores de Asturias,198 por afianzar la relación de servicio con su propio señor, el infante Fernando, luego continuada con su hijo Juan. Puede apreciarse, en vista de la inmediata enajenación de los bienes de Per Álvarez tras su muerte, que el interés de don Fernando y de su segundo hijo varón por unas tierras situadas 197   Id., pp. 87-109. La explicación expuesta es la que manifiesta el autor citado, quien intenta una mínima reconstrucción genealógica del tronco principal de esta casa de modestos fijosdalgos. 198   Todos ellos son referidos como los señores de lugares comarcanos a los que poseía Per Álvarez de Cepeda en el documento de donación de Juan de Aragón a Isabel de Rojas (AHNob, Corvera, carp. 342, n.º 2), quien, por otra parte, casó con Pedro Álvarez Osorio, señor de Villalobos, hijo de Juan Álvarez Osorio, a quien sucedió. A este Pedro Álvarez Osorio, en 1445, tras la victoria en Olmedo sobre los «infantes de Aragón», lo galardonó Juan II de Castilla con las tierras de Trastámara y Traba con título de conde de Trastámara (Pardo de Guevara y Valdés, E., Los Señores de Galicia, vol. I, pp. 307-309).

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en una zona de nuevo excéntrica respecto a sus núcleos territoriales de poder señorial era mínimo. En este caso, el patrimonio se manifiesta como un elemento vehicular para la fidelización de los miembros de la afinidad. Por una parte, a través de los criados era posible ejercer influencia sobre el espacio, sus pobladores y sus dominadores, y eso bastaba a los infantes por lo que se refería a los dominios leoneses de Per Álvarez de Cepeda. Por otra parte, la jurisdicción y otros derechos señoriales terminaban deviniendo en moneda de cambio para privilegiar relaciones con determinados clientes, cosa que pasó igualmente con Per Álvárez pero que sin duda primó en la donación a la hija de Martín Sánchez de Rojas, la citada Isabel de Rojas, para reafirmar el vínculo entre Juan de Aragón y el más poderoso e influyente de los fieles de los Trastámara aragoneses: el arzobispo Sancho de Rojas. 6. En la cúspide del poder: el tiempo para redistribución del patrimonio entre la «clientela» señorial (1412-1416) En las páginas precedentes hemos podido observar cómo, desde que el infante Fernando, coincidiendo con su matrimonio con Leonor de Alburquerque, asumió la gestión directa de su patrimonio señorial y de su casa, desarrolló una estrategia extraordinariamente expansiva que no tenía otro fin que afirmar su condición de primer señor del reino e incrementar su posición de poder. Para ello, partiendo de una notable proyección territorial de su señorío, no es que los infantes simplemente tratasen de adquirir el mayor número de lugares posibles sino que los distintos negocios dirigidos a hacerse con el señorío de nuevas villas y lugares, buscó reafirmar su presencia en los distintos territorios del reino donde eran particularmente fuertes y establecer relaciones de alianza y de patronazgo con otros señores en estas regiones que les permitiesen adquirir una posición de poder hegemónica través de todas estas relaciones sociales de dominación. Es cierto que no se desdeñó la incorporación de lugares alejados a las áreas donde la implantación señorial de los infantes era más sólida, esto es, La Rioja, la Tierra de Campos, y las «Extremaduras» de Castilla y de León, pero estos negocios tuvieron un perfil menor. Los objetivos principales pasaban por el control prioritario de estas zonas, la dotación de sus hijos varones con heredamientos que garantizasen su promoción señorial en la siguiente generación, la polarización de los vínculos con los «parientes del rey» alrededor del infante Fernando como cabeza de los mismos solo por detrás del mismo monarca, y el estrechamiento de los lazos con los miembros de las aristocracias regionales y comarcales en los territorios donde se hallaban mejor implantados. Para llevarlos a buen término, todos los medios fueron empleados. Negociación y coerción, imposición autoritaria y acuerdo pactado, relaciones, recursos y estructuras del propio «sistema de poder señorial» pero también la mediatización de los aparatos del poder monárquico que estaban al alcance de los infantes.

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Hemos podido comprobar que estas líneas de acción, en todo caso, se hallaban plenamente al servicio de esa planificación global que buscaba hacer de Fernando el hombre más poderoso de Castilla. Así, la expansión del poder señorial iba a la par de la consecución de una posición de poder político y social en el reino cada vez mayor y que se sobredimensionó tras la muerte de Enrique III, de modo que el control efectivo de la monarquía en su condición de corregente de Juan II solo podía ir aparejada al acceso a una implantación señorial sobre el territorio del reino incontestable. En este sentido, los infantes lograron incluso asentarse con gran fuerza en regiones donde originalmente su presencia era limitada o inexistente, como el conjunto de la merindad mayor de Castilla a través del ejercicio de los derechos anejos al señorío de Lara o la Meseta Sur, gracias a la elección de Sancho y Enrique como maestres de las órdenes militares de Alcántara y de Santiago. Sin duda, cuando el infante Fernando pudo celebrar su triunfo sobre los musulmanes de Granada con la toma de Antequera y sus intereses se dirigían hacia la sucesión del trono vacante de la Corona de Aragón, a partir del otoño de 1410, dominaba casi sin oposición el gobierno del reino y era el señor más poderoso que hubiera existido hasta entonces en la Corona de Castilla. La feliz conclusión de este proyecto con la imposición de sus partidarios en Aragón y Valencia y su elección como rey en Caspe en junio de 1412, gracias a un ostensible esfuerzo diplomático y militar para la casa y la afinidad de los infantes, abrieron un nuevo tiempo para la administración de su señorío.199 Igual que con su desplazamiento a sus nuevos reinos el despacho más directo de los asuntos ligados a la regencia de Castilla quedó en manos de personas de su entorno, en particular del obispo Sancho de Rojas, la gestión más particular de los negocios que atañían al gobierno del señorío castellano de los reyes de Aragón y al trato con los oficiales y autoridades concejiles fue puesta bajo la supervisión de Sancho de Rojas.200 En general, aun cuando el último visto bueno del rey Fernando fuera necesario, los asuntos castellanos fueron delegados en manos del prelado puesto que la lejanía física y la necesidad de consolidar su monarquía en Aragón y Sicilia precisaban de la atención más inmediata del soberano.201 199   Muñoz Gómez, V., «La candidatura al trono del infante Fernando de Antequera y la intervención castellana en la Corona de Aragón durante el Interregno», en M.ª T. Ferrer i Mallol (ed.), Martí l’Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’interregne i el Compromís de Casp, Barcelona, 2015, pp. 867-897. 200   Las cartas dirigidas a las villas y lugares de los reyes de Aragón en nombre de sus señores desde julio de 1412 iban firmadas por el obispo de Palencia Sancho de Rojas, como dan buena cuenta los Libros de Actas del concejo de Alba de Tormes (AMAdT, IE, 0002.02, LAC, 1413, ff. 95 r.-v., por ejemplo, en relación a la carta del rey de Aragón firmada en su nombre por el dicho obispo de Palencia ordenando la repartición entre los vecinos de los gastos del salario del corregidor de la villa, Diego Rodríguez Zapata). 201   Sobre el reinado de Fernando I de Aragón, a modo de síntesis, Muñoz Gómez, V. Fernando «el de Antequera»…, pp. 99-117.

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De un modo similar, una vez que Fernando y Leonor habían alcanzado el cenit de su poder, su estrategia señorial en Castilla también cambió. A partir de 1412 ya no se observan nuevas adquisiciones de villas y lugares a su patrimonio. Al contrario, la elección de Fernando como rey de Aragón en Caspe, la victoria sobre el levantamiento del conde de Urgell en octubre de 1413 y la consolidación de su monarquía, a la par que se mantenía su dominio férreo sobre Castilla, dieron paso a toda una sucesión de mercedes que significaron la entrega de distintas porciones de los territorios señoreados por los reyes de Aragón en Castilla a los miembros de su «clientela». Era algo absolutamente lógico, en la medida en que la relación recíproca de patronazgo y servicio entre señor y criado dentro de las relaciones de casa aristocrática requería de la recompensa hacia estos como reconocimiento del servicio continuo hacia su señor y, más particularmente, de los méritos específicos realizados en el transcurso de ese servicio. Más aun, alcanzada la máxima posición simbólica y real de poder que Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque podían ejercer en Castilla y ascendidos hasta la dignidad real en Aragón, esta lógica requería del dispendio con largueza de recompensas a criados y «afines». En consecuencia con ello, la disposición de villas y lugares para su donación a estos era perfectamente concebible e incluso una opción deseable para mantener las relaciones de fidelidad hacia los reyes de Aragón entre los miembros de su clientela. Por ello, a partir de aquí daremos cuenta de esas mercedes que supusieron enajenaciones territoriales del patrimonio señorial castellano de Fernando y Leonor. Para una mayor comodidad, haremos relación de todas las que hemos podido documentar en la tabla 1 (pp. 208-209) para, seguidamente, analizar sus rasgos generales y las particularidades que atañen a algunas de ellas. Las mercedes en ella recogidas no fueron, por supuesto, las únicas realizadas por Fernando y Leonor a sus servidores desde el año 1412. Más adelante podremos hablar de otras muchas que afectaron a la concesión de derechos y rentas sobre sus lugares de señorío o sobre otras mercedes que los infantes y reyes de Aragón disfrutaban a partir de derechos de la Hacienda real castellana. Aquí nos vamos a referir exclusivamente a las que supusieron enajenaciones, temporales o definitivas de lugares de su señorío. No obstante, conviene subrayar que, de acuerdo con la condición de Fernando de regente en Castilla y de rey de Aragón y Sicilia, el otorgamiento de mercedes sobre rentas y otros derechos de la Corona castellana a sus servidores castellanos y aragoneses fue algo relativamente habitual, si bien este no es un asunto sobre el que ahora proceda abundar.202 Otro tanto se puede decir en cuanto a dere  Algunos ejemplos de ello pueden ser la merced concedida a Domingo Mascón, uno de los abogados catalano-aragoneses de Fernando en Caspe, por sus servicios en dicha ocasión, de 4000 florines, siendo la mitad pagaderos en el reino de Galicia (ACA, CR, F. I, C.ª 10, n.º 1.126, s.a., VIII-21, Valladolid), la renta de 90 000 mrs. en tierras para 60 lanzas, asentados en Castilla que, entre otros galardones, fueron concedidos a Alfonso el Joven, duque de Gan202

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chos en la Corona de Aragón, resultando significativa la entrega de diferentes recompensas en forma del señorío sobre lugares y castillos a personas de su afinidad castellana, particularmente a partir de los despojos del patrimonio del conde de Urgell y de sus partidarios y en los reinos de Cerdeña y Sicilia.203 Atendiendo, pues, a las enajenaciones que se refieren en la tabla 1, primeramente hemos de indicar también cómo hemos incluido las mercedes de Grajal a Fernán Gutiérrez de Vega y de Valverde y Talaván a Pero Niño y su esposa Beatriz de Portugal, en compensación por Alba de Tormes, de las cuales ya habíamos hablado, en atención simplemente al orden cronológico, por más que el desarrollo de ambos asuntos tuviera unos orígenes anteriores. Lo que no hemos incluido son algunas mercedes relativas a derechos ligados al señorío de Lara, ya que estas, como se verá, tienen que ver con la percepción de tributos en determinados lugares pero no con el ejercicio del señorío singular sobre ellos.204 Realizadas todas estas precisiones, podemos llamar la atención, en primer lugar, sobre las operaciones de empeño que afectaron a algunas villas del señorío de Fernando y Leonor en el contexto del interregno en Aragón y la proclamación de aquel como rey. Tratos diplomáticos, atracción de voluntades para su causa y movilización militar obligaron al infante Fernando a un enorme esfuerzo económico, que algunas fuentes sitúan en hasta 800 000 doblas castellanas.205 Las necesidades concretas de liquidez para hacer frente día tras la elección de Caspe y la derrota del conde de Urgell (ACA, CR, F. I, C.ª 14, n.º 1659, 1414-VIII-20, Gandía), o la enmienda de la merced hecha a Juan Fernández de Velasco, camarero mayor del rey de Castilla, de 1000 doblas castellanas sobre tercias y alcabalas reales en diferentes lugares de las merindades de Candemuñó, Castilla Vieja, Bureba, Monzón, Villadiego y Santo Domingo de Silos por sus servicios durante la toma de Antequera (AHNob, Frías, C.ª 596, n.º 16, 1415-VIII-20, Valladolid). 203   Pueden ser los casos de su oficial de cuchillo Suero de Nava con los castillos de Setcastella y Orviego en Aragón (ACA, C., reg. 2395, ff. 1 r.- 3 v.), de su camarero Álvaro Garavito con su matrimonio con la hija de Martín López de Lanuza (ACA, C. reg. 2395, ff. 27 r.31 v.), del fill de cavaller y sotecamarero Gonzalo de Ávila con el castillo de Aristot en la Cerdanya (ACA, CR, F. I., C.ª 22, n.º 2733) o del secretario Diego Fernández de Vadillo con los señoríos de Albesa y Castelló de Farfanya, en Cataluña, o el mariscal Álvaro de Ávila con el señorío de la Foya de Bunyol en Valencia, entre otros, además de alcaldías de fortalezas y oficios de gobierno en Cerdeña y Sicilia a un bueno número de castellanos. Ver Muñoz Gómez, V., «Una aproximación a la presencia castellana en el gobierno de la Corona de Aragón durante el reinado de Fernando I», en I. Falcón (coord.), XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 26-30 junio 2012. Caspe, Alcañiz y Zaragoza. El Compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de Aragón, Zaragoza, 2013, pp. 548-559. 204   Sería el caso, por ejemplo, del traspaso de los derechos sobre las martiniegas de ciertos lugares de behetría de la merindad de Castrojeriz valorados en 3254 mrs. anuales, a Juan de Rojas, sobrino del obispo Sancho de Rojas, en junio de 1415 (AHNob, Corvera, carp. 342, n.º 1). 205   La fi del comte d’Urgell, ed. de X. de Salas Bosch, Barcelona, Barcino, 1931, p. 98. Las características de La fi del comte d’Urgell, que atribuye al rey Fernando el declarar en las Cortes de Barcelona de 1413 que esta fue la cantidad gastada en la empresa de la consecución

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a gran número de pagos se hallan detrás de la concertación de diversos préstamos con distintos personajes castellanos y catalanoaragoneses, como ya trataremos en el último episodio de nuestro estudio. Precisamente, la entrega de algunas villas del señorío castellano fue la garantía de algunos de estos empréstitos. Así ocurrió con Paredes de Nava, entregada transitoriamente al obispo de Segovia fray Juan de Tordesillas, entre agosto y noviembre de 1412. Tal hecho puede explicarse mejor a partir de la dispensa que, a 31 de octubre de 1411, concedió el papa Benedicto XIII a los regentes sobre el uso del tesoro dejado por Enrique III. Por la misma, el obispo de Segovia habría de eximirles de su juramento en ese sentido, reconociéndose que el infante Fernando tenía mucha necesidad para sus empresas de fondos y era lugar tomarlos incluso de ahí. A cambio, don Fernando se comprometía a entregar joyas y lugares suyos como garantía de restitución.206 Por tanto, es de toda lógica que, requeridos bienes del tesoro real en momentos inmediatamente posteriores a la elección de Caspe con fines concretos que desconocemos, fuera el obispo de Segovia quien tomase también la garantía del empréstito hasta que este fue devuelto, pocos meses después.207 Por lo que respecta a Montalbán y Torija, entregados al gobernador de Aragón Gil Ruiz de Lihori, quien fuera uno de los principales valedores de Fernando en este reino y convertido en camarlengo del rey con el ascenso de aquel al trono, se ligan al reconocimiento de una deuda contraída con Gil Ruiz por el monto de 50 000 florines. Aunque Zurita entendió que las villas eran entregadas en merced, la posterior donación de Torija a Pedro Núñez de Guzmán en 1413, en la que se ordenaba a Gil Ruiz de Lihori le hiciera entrega del lugar y de su casa fuerte, por cuanto tenía dado al rey de Aragón pleito homenaje por ella, y la definitiva recuperación de Montalbán en 1417 por la reina Leonor tras la entrega a Juan Fernández de Heredia, hijo de Gil Ruiz, la suma de 27 000 florines,208 dejan claro que no se trataba de mercedes graciosas sino de garantías sobre préstamos. Es cierto que Zurita habla de que Gil Ruiz recibió, cuando Fernando preparaba su entrada como rey en Aragón, el oficio de camarlengo, una merced del trono, obligan a considerar el dato con reservas pero, en todo caso, puede ser aceptado en términos orientativos. 206   Bulario de Benedicto XIII. IV…, p. 287. 207   La documentación contable del concejo de Paredes de Nava no nos informa de los motivos que dieron lugar a la toma de posesión de la villa por el obispo de Segovia ni a su devolución, si bien la ordenación de las escrituras permite saber que el tiempo que medió entre ambos actos no se inició con posterioridad al 6 de agosto de 1412 y tampoco se extendió hasta más allá del 2 de noviembre de ese año (AMPdN, CP, 239/01, 1412, ff. 13/9 r., 34 r.). 208   Estas operaciones tuvieron que ver con el cumplimiento de la testamentaría de Fernando por sus mansesores, la reina Leonor y el arzobispo Sancho de Rojas. Sobre el pago, AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª, leg. 37, f. 8, leg. 47, f. 15. En cuanto a la entrega de Montalbán y su fortaleza por Juan Fernández de Heredia, AHNob, Frías, C.ª 126, n.º 5.

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de 10 000 florines para el matrimonio de su hija, el traspaso del oficio de la gobernación de Aragón a otro hijo suyo, Blasco Fernández de Heredia, y las villas de Torija y Mondéjar, sin hacer mención de Montalbán. No hemos encontrado referencias documentales sobre que Mondéjar llegase a estar en manos de Gil Ruiz de Lihori. Cabe la posibilidad de que, inicialmente, fueran Torija y Mondéjar los lugares entregados como garantía de pago para ponerse posteriormente en sus manos Montalbán en compensación de Torija al donarse a Pedro Núñez de Guzmán y que Mondéjar fuera recuperada por el rey antes de que en 1414 fuera donada, a su vez, a Sancho de Rojas, previa compensación de la deuda a Gil Ruiz de Lihori. Sea como fuere, tanto en este caso como en el señalado de Paredes de Nava, es evidente que no existía disposición por parte de Fernando y Leonor de que estos traspasos del señorío sobre los lugares citados fueran definitivos.

Tabla 1.  Enajenaciones territoriales del señorío castellano de los reyes de Aragón (1412-1416)

Villa o lugar

Beneficiario

Data

Fuente

Paredes de Nava (empeño temporal)

Juan de Tordesillas, obispo de Segovia

1411, agosto

AMPdN, CP, 239/01, 1412, ff. 13/9 r., 10 r., 27 v.-28 r., 34 r.-v.

Lerma

Diego Gómez de Sandoval, adelantado mayor de Castilla

1412, julio, 18, Cifuentes

AHNob, Osuna, C.ª 1.946, n.º 3

Montalbán, Torija ¿y Mondéjar? (empeños temporales)

Gil Ruiz de Lihori, gobernador de Aragón, camarlengo del rey

1412 [julio-octubre]

Zurita, J., Anales…, Libro XII, cap. 1, p. 191

Grajal

Fernán Gutiérrez de Vega, repostero y consejero del rey

1413, enero, 5, Barcelona

ACDAlburq, Grajal, C.ª 193, leg. 1, n.º 4

Torija

Pedro Núñez de Guzmán, copero mayor

1413, mayo, 16, Barcelona

BRAH, Salazar y Castro, M-40, ff. 73-74

Sobradillo

Gonzalo Rodríguez de Ledesma, montero mayor del rey

1413, mayo, 16, Barcelona

AHNob, Luque, C.ª 807, n.º 32 y 33

Fuente el Sol, aldea de Medina del Campo

Álvaro de Ávila, mariscal del rey

1413, mayo, 20, Barcelona

AHNob, Frías, C.ª 1.637, n.º 6

Villota de Bodega

Sancho de Rojas, obispo de Palencia y del consejo del rey

1413, septiembre, 15, Perpiñán

AHNob, Osuna, C.ª 1.963, n.º 5

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Villa o lugar

Beneficiario

Data

Fuente

Villavellaco

Ruy González de Ledesma, hijo de Gonzalo Rodríguez de Ledesma

1414, enero, 9, Lérida

ACA, C., Reg. F. I., Reg. 2.392, Gratiarum 1, ff. 154 v.-154 bis v.

Mondéjar

Sancho de Rojas, obispo de Palencia

1414 [julio- septiembre], Morella

AHNob, Frías, C.ª 1.372, n.º 1, ff. 14-18

Saldaña (trueque a cambio de Mondéjar)

Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo

1415, julio, 16, Valencia

BRAH, Salazar y Castro, M-25, ff. 207 v.-214 r.

Valverde y Talaván (trueque por Alba de Tormes)

Pero Niño y Beatriz de Portugal

1415, julio, s.d., Valencia

ACA, C, Reg. F. I, Reg. 2.395, Gratiarum 4/Donationum I, ff. 72 r.-74 r.

Para el resto de las donaciones que hemos documentado, dejando a un lado las de Valverde y Talaván, sobre las que ya hemos hablado y tenían como fin establecer una compensación a Beatriz de Portugal por la apropiación que el infante Fernando hizo de la villa de Alba de Tormes, pueden valorarse perfectamente como mercedes a miembros de su afinidad señorial castellana, a modo de contraprestación a los servicios prestados por ellos a su señor. Conviene que hagamos algunas precisiones sobre ellas En este sentido, es interesante observar que particularmente reflejan, junto con el premio a una trayectoria de fidelidad y servicio continuados que merecen ser recompensados, un reconocimiento expreso a ciertas acciones valedoras de ese galardón realizadas durante el interregno o en el transcurso de acceso y consolidación de Fernando al trono de Aragón. Es muy ilustrativa la justificación e intencionalidad que se refleja en este tipo de mercedes, siendo ejemplo de ello el enunciado a este respecto en la concedida a Fernán Gutiérrez de Vega: «… por los muchos buenos, leales e señalados seruiçios que nos auedes fecho especialmente en proseguir la iustiçia e declaración de la successión de la corona de los mis regnos e tierras de Aragón. Por ende, en cognosçimiento e remuneraçión d’ello e porque a otros sea exemplo y ayan más voluntad de nos seruir esperando semejantes remuneraciones, […]».209 209  ACDAlburq, Grajal, C.ª 193, leg. 1, n.º 4. Esta fórmula es utilizada igualmente en otras donaciones, como la realizada a Pedro Núñez de Guzmán, mientras que en otras se significan ciertos servicios específicos, como en la relativa a la donación de Lerma a Diego Gómez de Sandoval y que constan en la insinuación de dicha merced, por «… los muchos e buenos leales sennalados serviçios que nos auedes fecho e fezistes sennaladamente enla batalla que ouistes conel gouernador de Valençia e conlos otros dela dicha çibdat que querían non

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Por otra parte, salta a la vista que estas donaciones que implicaban la entrega de lugares con todos los derechos sobre ellos, incluido el ejercicio de la jurisdicción, eran un beneficio destinado a unos pocos y que disfrutaban de un vínculo especialmente estrecho con los reyes de Aragón. Todos los personajes reflejados disfrutaban de oficios de su casa o pertenecían a su consejo, existiendo una relación de servicio particularmente íntima ya que, como trataremos más adelante, todos tuvieron una implicación muy directa en distintas acciones militares o de negociación durante el interregno, contra el levantamiento del conde de Urgell o en otros negocios del gobierno de Fernando como monarca de Aragón y Sicilia. Los dos únicos casos que no parecen corresponder con estos supuestos son perfectamente comprensibles.210 Uno es el de Ruy González de Ledesma, hijo del montero mayor del rey Gonzalo Gutiérrez de Ledesma, a quien se hizo merced de «… el nuestro lugar de Villa Vellaco, situado enel rreyno de Castilla, en Castilla Vieja, en término de Valdaradue […] segúnd que meior e más complidamente lo ouieron e posseyeon el conde don Sancho, padre e senor de nos, la dicha Rrey dona Leonor…».211 No parece que este personaje más o menos joven hubiera tenido hasta entonces un protagonismo especialmente significativo en la casa del rey Fernando pero, al mismo tiempo de recibir esta merced, fue armado caballero durante los festejos de la coronación, a principios de enero de 1414.212 Por ello, una merced de estas características resulta sorprendente, aun considerándola como parte de las recompensas hacia su padre, beneficiado con la villa de Sobradillo, en la frontera portuguesa, no lejana a Ledesma. No obstante, hemos de tener en cuenta que Villavellaco era desde mediados del siglo xiv un lugar despoblado dentro del término de Arenillas de Valderaduey, próximo a Mayorga, Grajal y Sahagún en Tierra de Campos, tal como nos informa el Becerro de las Behetrías, y que su señor solariego entonces, Juan Alfonso de Alburquerque, había dado merced de no deuida mente enbargar nuestro derecho e perturbar la iustiçia en rrazón dela susçesión delos dichos nuestros rreinos, enla batalla los vençistes e desbaratastes, por ende en conoccimiento e galardón e remuneraçión dello e por la criança que en vos fezimos…». AHNob, Osuna, carp. 186, n.º 12 (leg. 1963, n.º 1). 210   Más información sobre el personal castellano de la afinidad de don Fernando durante su reinado en la Corona de Aragón en Muñoz Gómez, V., «Una aproximación a la presencia castellana…». 211   ACA, C., Reg. F. I, Reg. 2.392, Gratiarum 1, ff. 154 v.-154 bis v. 212   García de Santa María, Álvar, Le parti inedite della «Crónica de Juan II» de Álvar García de Santa María, ed. de D. Ferro, Venecia, Consiglio nazionale delle ricerche, 1972, p. 98. En la campaña de 1407, las crónicas recogen como entre los miembros de la casa del infante a quien encargó la supervisión de los carpinteros dispuestos para el sitio de Zahara a un tal Luis Gómez de Ledesma, del que no hemos encontrado otras noticias y sería posible que, por un error de copia, el texto se refiriera a este Ruy González (García de Santa María, Á., Crónica..., cap. 59, pp.143-148).

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echar pecho sobre el lugar para que pudiera poblarse.213 El alcance de esta merced era muy limitado, sobre un lugar yermo y en una zona en la que la parentela de Gonzalo Gutiérrez de Ledesma no tenía implantación. Puesto que Ruy González era el primogénito y único varón de un primer matrimonio entre Gonzalo Gutiérrez de Ledesma y una tal María González y por aquel entonces se encontraba casado en segundas nupcias con Berenguela Gómez y llegó a tener con ella hasta siete hijos, dos de ellos varones,214 la búsqueda de patrimonio para heredar convenientemente a los hijos varones de ambos matrimonios podía ser un motivo razonable para la petición por Gonzalo Gutiérrez de una merced para el mayor que, en cualquier caso, significaba poco para sus señores. En caso de que Ruy González pudiera poblar el lugar, los reyes de Aragón contarían con un nuevo cliente implantado en la zona occidental de Tierra de Campos sin ningún menoscabo de su señorío.215 El otro caso es el de la merced de Lerma y sus aldeas a Diego Gómez de Sandoval en julio de 1412. Esta donación sí tenía una consideración apreciable, ya que era el único lugar solariego ligado al señorío de Lara, con un valor simbólico considerable, además de la importancia de ser el único lugar sobre el que Fernando y Leonor ejercían plena jurisdicción en la merindad de Candemuño y, en general, en la zona de Burgos, además de Castrojeriz desde 1409.216 Sin embargo, Diego Gómez no era alguien ajeno a la casa de los reyes de Aragón. Como precisa el documento, la merced se otorgaba, 213   Libro Becerro de las Behetrías…, vol. I, p. 354. Aunque en el documento de donación se sitúe este lugar en Castilla Vieja, las referencias al señorío que fue del conde don Sancho en el documento de donación y su contextualización en el término de Valderaduey permiten dar como más segura esta identificación que otras en la merindad de Castilla Vieja. 214   Estos datos son conocidos a través del testamento de Gonzalo Gutiérrez, dado en 1420, donde se declara cómo Ruy González heredó un mayorazgo del que no hay mayores noticias sobre su composición y que era el mayor de los hijos del segundo matrimonio, Al­ fonso, quien heredó Sobradillo y otros bienes en aldeas de la tierra de Ledesma. Vid. ACDAlburq, Ledesma, C.ª 242, leg. 3, n.º 3; Hernández González, F., Raíces…, pp. 127-128; Martín Martín, José Luis, Martín Puente, Santiago (coords.), Historia de Ledesma, Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca, 2008, pp. 177-179. 215   No obstante, ya hemos indicado que consta documentalmente que la condesa Leonor de Alburquerque lo había donado en algún momento al alcalde mayor del infante, Fernando, el bachiller Gonzalo López, quien en su testamento lo legó al monasterio de San Benito de Valladolid. Posteriormente, en 1420, Fernán Gutiérrez de Vega y su esposa lo compraron a los monjes benedictinos (ACDAlburq, Grajal, C.ª 200, leg. 8, n.º 42). Es posible que se refieran aquí a otro lugar distinto. 216   Por esta razón, para evitar menoscabar el patrimonio del señorío de Lara, el rey Fernando procedió a vincular a él desde ese momento a Paredes de Nava: «… ca nos, a mayor avondamiento desde agora damos e apropiamos a la dicha casa e sennorío de Lara e al que la ouiere de auer e de heredar commo dicho es la nuestra villa de Paredes de Naua con todos sus términos, aldeas... en conpensaçión e emienda dela dicha villa de Lerma con las dichas sus pertenençias en caso que a la dicha Casa e sennorío de Lara perteneçiese e fuese anexa».

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[…] por los muchos e buenos leales sennalados serviçios que nos auedes fecho e fezistes sennaladamente enla batalla que ouistes conel gouernador de Valençia e conlos otros dela dicha çibdat que querían non deuida mente enbargar nuestro derecho e perturbar la iustiçia en rrazón dela susçesión delos dichos nuestros rreinos, enla batalla los vençistes e desbaratastes, por ende en conoccimiento e galardón e remuneraçión dello e por la criança que en vos fezimos […].

Además, la villa había de ser heredad por línea masculina legítima y, en atención al tío de Diego Gómez de Sandoval, el obispo Sancho de Rojas, quienes tuvieran el señorío sobre Lerma habrían de llevar las armas y el nombre de familia de la casa de Rojas.217 Efectivamente, como ya sabemos, Diego Gómez de Sandoval se había criado en la casa del infante y había ascendido en ella hasta convertirse en su mariscal, oficio que abandonó cuando, a la muerte de Gómez Manrique, el 217   AHNob, Osuna, C.ª 1946, n.º 3. La merced fue además objeto de insinuación en la misma fecha (AHNob, Osuna, carp. 186, n.º 12) y en 1414 el infante Alfonso y el infante Juan hicieron aprobación de la donación (AHNob, Osuna, C.ª 1965, n.º 2-2, 2-3, en Montblanc, 14 de diciembre de 1414).

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infante Fernando promovió su nombramiento como adelantado mayor de Castilla en junio de 1411, a despecho de los intereses a este respecto de Pedro Manrique.218 Estas mercedes se añadían a las anteriores que en 1408 y 1409 le hiciera su señor el infante de un juro de 1000 doblas castellanas sobre los diezmos y rentas reales en la villa de Laredo que don Fernando había comprado a mosén Robin de Bracquemont,219 y pueden comprenderse como vinculadas al resto de las que hemos listado en la tabla 1, al ser el beneficiario de ellas Sancho de Rojas. En efecto, son la muestra evidente de la influencia preferencial que en el entorno de don Fernando ostentó el obispo Sancho de Rojas y de la cual se beneficiaron todos sus parientes, con especial atención a su sobrino Diego Gómez de Sandoval, hijo de su hermana Inés de Rojas y de Fernán González de Sandoval. En 1413 fue el lugar de Villota de Bodega, próximo a Saldaña, el que la reina Leonor donó a Sancho de Rojas. Un año después, durante las vistas con el papa Luna en Morella, Mondéjar y, finalmente, en julio de 1415, la reina Leonor y el ya arzobispo de Toledo cerraban el trato que llevaban negociando desde hacía unos meses para la devolución de Mondéjar a la reina y su trueque por la villa de Saldaña.220 Es muy significativo también que en todas estas donaciones se estableciese igualmente que, tras su muerte, el señorío de ellas sería heredado por el sobrino del prelado, el adelantado Diego Gómez de Sandoval, en atención a sus servicios durante el levantamiento del conde de Urgell contra los mercenarios gascones e ingleses contratados por este y en el sitio de Balaguer y con garantías para que la transmisión del señorío sobre estos lugares se mantuviera en la

218   Archivo Ducal de Medinaceli, leg. 256, n.º 6. El nombramiento fue dado el 4 de junio y a 11 de ese mes Juan de Rojas, hijo de Lope de Rojas, presentaba traslado del documento ante el concejo de Burgos (AMBurgos, LAC, n.º 4, ff. 31 v.-32 r.). Todo ello se hizo con arreglo al reajuste de la división de provincias del reino entre la reina Catalina y el infante Fernando, dándose a la reina el control sobre el arzobispado de Sevilla y al infante sobre el obispado de Burgos, para que este entendiese en la deliberación sobre la posesión del adelantamiento mayor en favor de su criado y que la reina viese cierto pleito que afectaba a Juan de Guzmán, casado con una hija de la favorita de la reina, Leonor López de Córdoba (Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1411, cap. XXIII, p. 234; Torres Fontes, J., «Dos divisiones…», pp. 344346). El oficio de mariscal fue ocupado por el camarero del infante, Álvaro de Ávila, a partir de la elección de Fernando como rey de Aragón. 219   Las primeras 600 doblas fueron donadas el 23 de enero de 1408 en Guadalajara y, las otras 400, en Valladolid el 26 de enero de 1409 (AHNob, Frías, C.ª 1372, n.º 1, ff. 128-133 y ss, 118-123). 220   No obstante, la autorización para este negocio otorgada por los regentes de Castilla para que pudiera conferir una donación así a persona eclesiástica era de 15 de abril, como se expone en el documento. Esto permite verificar los tratos previos entre Sancho de Rojas y los reyes Fernando y Leonor para concretar este truque. A su vez, constan los documentos de insinuación de la donación por parte de la reina Leonor (AHNob, Osuna, C.ª 3334, n.º 4), y las aprobaciones y ratificaciones de ella dadas por la infanta María y el infante Enrique en Valencia, también en julio de 1415, y por el infante Sancho, otorgada en Medina del Campo el 12 de octubre de 1415 (AHNob, Osuna, C.ª 3334, n.º 5, 6, 7).

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estirpe de Diego Gómez o, en caso de extinguirse, en la de otros de los sobrinos de Sancho de Rojas, hijos de su hermana Inés de Rojas221 Veremos que probablemente cuestiones relacionadas con el endeudamiento del rey de Aragón y el crédito financiero prestado por sus propios criados pudo contribuir a que las donaciones de villas y lugares que hemos notificado se produjesen. De cualquier modo, aun con ello, la concesión de ayuda monetaria, en caso de producirse —comprobaremos cómo Sancho de Rojas sí la proporcionó con largura a su señor—, puede ser bien entendida como una forma de servicio que, a su vez, era compensada mediante otras formas de retribución como esta, que además contribuía a incrementar el poder señorial del vasallo y a enaltecer su honra personal y su memoria, de cara a sus descendientes, dentro de su grupo de parientes. En todo caso, salta a la vista que el acceso a este tipo de galardones fue muy restringido. En realidad, solo Sancho de Rojas y, en último término, Diego Gómez de Sandoval, gracias al máximo grado de confianza e implicación en la casa de don Fernando, pudieron acceder a patrimonio de consideración, como eran Lerma y Saldaña y sus respectivas aldeas, además de otras adquisiciones que no afectaban al patrimonio de los reyes de Aragón pero que sin duda se favorecieron de la influencia ejercida en torno a ellos y se dirigieron a dotar a los distintos sobrinos del arzobispo.222 Solo estos lugares suponían una cesión   Todos estos documentos también establecían herencia por vía masculina y de primogenitura desde Diego Gómez, señalando que, si esta se extinguiese, pasase el señorío de cada uno de estos lugares primero a Pedro García de Herrera, mariscal de Castilla y hermanastro de Diego Gómez de Sandoval, y sus descendientes en las mismas condiciones, luego, en los mismos términos, al hijo varón que hubiera Juan de Rojas, hermano del anterior como hijos de Inés de Rojas, sobrinos todos de Sancho de Rojas. Si en la donación de Villota de Bodega se establecía la obligación de que, de nuevo, los herederos del obispo tomaran las armas y nombre de los Rojas, en 1414 el prelado y el rey de Aragón autorizaron que Diego Gómez pudiera mantener el patronímico de los Sandoval y fueran sus herederos en el señorío sobre Lerma los que tomaran el de Rojas (AHNob, Osuna, C.ª 1946, n.º 3, en Salamanca a 18 de mayo de 1414; AHNob, Osuna, carp. 186, n.º 10, en Montblanc a 4 de diciembre de ese mismo año). 222   La adquisición completa del patrimonio en torno a Saldaña que el conde Sancho legó a su hija Leonor por Sancho de Rojas se completó el 25 de septiembre de 1417, cuando el arzobispo adquirió a la viuda de Juan Fernández de Segovia, María Fernández, amos de doña Leonor, y al hijo de ambos, Luis de Segovia, por 3000 florines de Aragón, los bienes que esta les legara en 1393: las aldeas de Villagatón, Fresnuelo y Villota, en tierra de Saldaña. Con ello quedaba además saldada cualquier contradicción que en la donación de Villota de 1413 pudiera haber contra los derechos de los amos de la reina Leonor (AHNob, Osuna, C.ª 1825, n.º 6-6, cap. 181, n.º 2). Tendremos ocasión de tratar algo más sobre el incremento del patrimonio de Sancho de Rojas y de sus sobrinos a partir de mercedes de lugares, oficios reales y derechos sobre rentas. En cualquier caso, ya hemos citado algunos ejemplos, como la donación última a Inés de Rojas, hija de Martín Sánchez de Rojas, hermano de Sancho, y su esposo Pedro Álvarez Osorio de la tierra de Cepeda en 1420 (AHNob, Corvera, carp. 342, n.º 2) o también, del pleito iniciado por Sancho de Rojas contra Juan Alfonso de Baeza por el señorío de Ampudia, que adquirió y acabó donando a otro de sus sobrinos, el mariscal Pedro García de Herrera, medio 221

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territorial en zonas de interés prioritario para Fernando y Leonor, en la merindad mayor de Castilla. Mientras Grajal en el occidente de Tierra de Campos, aunque podía tener un mayor valor estratégico, podía plantear para los reyes de Aragón motivos de conflicto frente a otros señores de la región que quedaba soslayado con el respaldo que en la donación de la villa se hacía a Fernán Gutiérrez de Vega y a su esposa, procedente de una de las ramas de los Escobar. Por su parte, la aldea de Fuente el Sol, en la tierra de Medina del Campo, o el lugar de Sobradillo, tenían una importancia absolutamente menor dentro del señorío ejercido por los infantes en las «Extremaduras» y, en cambio, para Álvaro de Ávila y para Gonzalo Gutiérrez de Ledesma suponían adquisiciones de relevancia en un marco de ejercicio del poder señorial zonal restringido.223 Otro tanto podría decirse de Valverde y Talaván en la tierra de Plasencia, en cuanto a su limitada importancia en el conjunto del señorío de los reyes de Aragón y los beneficios que podía reportarles su donación frente a la consolidación del dominio sobre Alba y la elusión de disputas con los Monroy. Al fin, Mondéjar, Torija y Montalbán, ganados de forma casi fortuita a través de la donación hecha al infante Fernando por María Fernández Coronel, además de ser pequeños lugares, se encontraban en zonas periféricas en relación al resto del patrimonio señorial de los reyes de Aragón y solo Montalbán e incluso Mondéjar podía tener un mayor valor estratégico, por su situación en las riberas del río Tajo la primera, por su proximidad a los dominios de la provincia de Castilla de la orden militar de Santiago la segunda. Por ello, que estos tres lugares fuesen susceptibles de ser enajenados preferentemente, mejor que cualquier otra villa del señorío, en mitad de otros negocios de mayor relevancia no ha de extrañarnos. Concluyendo pues, el balance que ofrecen el conjunto de donaciones analizadas a partir del acceso de Fernando y Leonor al trono de Aragón no deja dudas a la hora de considerar que las retribuciones a su afinidad no implicaron menguas sustanciales para la dimensión territorial del poder señorial de los reyes de Aragón en Castilla. Bien porque las enajenaciones afectaron a lugares pequeños ganados en vida de los infantes, bien porque se encontraran en áreas más o menos periféricas respecto a sus zonas de influencia señorial prioritaria o, finalmente, porque la entrega de aquellas villas y lugares de una mayor relevancia fueron destinadas a personajes particularmente vinculados a la fidelidad de sus señores, cuando Fernando I murió en la primavera de hermano de Diego Gómez de Sandoval como hijo de Inés de Rojas y del mariscal Fernán García de Herrera (Pellicer de Salas y Tovar, J., Memorial de la Casa…, f. 30 v.). 223   Sobre el mariscal Álvaro de Ávila y su patrimonio, concentrado en la tierra de la ciudad de Ávila, Peñaranda de Bracamonte y el lugar de Fuente el Sol, primordialmente, vid. Franco Silva, Alfonso, «El mariscal Álvaro de Ávila y los orígenes del condado de Peñaranda», Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, 5-6 (1985), pp. 215-238; id., «Los señoríos de Oropesa y Peñaranda de Bracamonte», en G. del Ser Quijano (coord.), Historia de Ávila. III. Edad Media (Siglos xiv-xv), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2006, pp. 373407, en concreto, pp. 390-407.

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1416, iba a transmitir a sus herederos una base de poder territorial que superaba con creces la que él mismo y su esposa habían recibido en su infancia y que, además, se sostenía sobre vínculos de interdependencia clientelar con otros señores regionales y locales mucho más estrechos y sólidos. Más adelante nos ocuparemos del reparto de esa herencia pero, antes de eso, justamente, el análisis de la evolución del señorío de Lara nos permitirá comprender de manera conjunta en una zona específica de la Corona de Castilla en qué consistió este proceso y su encaje contextual más amplio, sus fortalezas, y debilidades, entendido además dentro de la evolución de las formas de ejercicio del poder señorial en Castilla entre los siglos xiv y xv. 7. El señorío de Lara bajo el infante Fernando 7.1.  L  a titularidad del señorío de Lara desde mediados del siglo xiv hasta su desaparición Con los fines arriba expuestos y para situar adecuadamente qué implicó la donación del señorío de Lara al infante Fernando por su padre Juan I en 1390, nuestro relato ha de comenzar en 1350-1352, durante el tiempo que medió entre la muerte de Juan Núñez III de Lara y de su hijo y sucesor, Nuño de Lara, últimos señores de Lara pertenecientes a esta casa. Este ha de ser nuestro punto de arranque con el fin de reconstruir los distintos cambios de titularidad del mismo en la segunda mitad del siglo xiv y sus implicaciones para la conformación del patrimonio a él aparejado. Esto nos ha de ayudar también a comprender el sentido que se pretendía para la restauración de este título en el segundo hijo de Juan I y hermano de Enrique III, y cómo evolucionó su consideración de acuerdo a la pretensión de que funcionara como primera dignidad dentro de la aristocracia señorial de la Corona de Castilla Así, el fallecimiento de don Juan Núñez de Lara en diciembre de 1350, principal valedor de Leonor de Guzmán en los inicios del turbulento reinado de Pedro I, puso el señorío de Lara en manos de su único hijo varón vivo, un niño de dos años, evidentemente sin facultad de acción política alguna. Aun así, ello no evitó que fuera sometido a una inmediata persecución por parte del monarca. El joven señor de Lara murió en Bermeo el 19 agosto de 1352, no constando que fuera asesinado.224 Recordemos que el legado que dejaba la desaparición del último varón de los Lara era formidable, ya que al señorío de Lara había que sumar el señorío de Vizcaya, el cual Juan Núñez III había adquirido a través de su matrimonio con María de Haro, hija de Juan el Tuerto, anterior señor de Vizcaya, e Isabel de Portugal, acordado en 1330.225 Aquel   Díaz Martín, Luis Vicente, Pedro I el Cruel 1350-1369, Gijón, Trea, 2007, pp. 48-57.   El señorío de Vizcaya, vinculado tradicionalmente a los Haro, tuvo por último titular de esta casa a doña María Díaz, nieta del anterior señor, Diego López V. Casada con el infan224 225

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iba a pasar a manos de la mayor de las dos hijas de don Juan Núñez, Juana de Lara. Prometida en matrimonio a don Tello, uno de los hijos de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, hermano de Enrique, conde de Trastámara, desde el final del reinado anterior, este enlace se efectuaría finalmente el 15 de octubre de 1354, tras la primera reconciliación de los medio-hermanos de Pedro I con este, quedando, pues, don Tello como señor de Vizcaya y Lara.226 Don Tello, que ha pasado a la historia como un individuo de pocos escrúpulos y fidelidad cambiante según mejor respondiera a sus intereses particulares, disfrutó del señorío de Lara y de Vizcaya de forma discontinua, a razón de su alineación, bien en apoyo de su hermano Enrique o siguiendo la fidelidad al rey Pedro. Esta situación originó que el rey favoreciera el matrimonio de la otra hija de Juan Núñez III de Lara, Isabel de Lara, con el infante don Juan de Aragón, en 1354, con el fin de oponer a un Tello en rebeldía un posible candidato con derechos a las posesiones que detentaba.227 Aunque el infante aragonés llegó a disputarle el señorío de Vizcaya entre finales de 1355 y la primera mitad de 1356, Tello logró imponerse y mantuvo el control sobre sus dominios hasta que, en junio de 1358, abandonó Castilla ante la brutal represión que Pedro I desató contra él y sus hermanos, en la que murió uno de ellos, Fadrique, maestre de la Orden de Santiago, gemelo de Enrique.228 Cuando, tras la huida de don Tello, don Juan de Aragón reclamó sus derechos al señorío de Vizcaya —y, por tanto, al de Lara también—, la actitud del rey fue absolutamente contraria a reconocerlos. De hecho, Pedro I ordenó asesinar al infante, pocos días después de que Tello escapara, por lo cual el patrimonio de los señoríos de Vizcaya y de Lara quedó, de facto, integrado a la Corona.229 Entre tanto, don Tello permaneció en el exilio junto a sus hermanos Enrique y Sancho, en Aragón, en Francia y de nuevo en Aragón, preparando su retorno a Castilla, que se certificaría en último término en la exitosa campaña de 1366 dirigida por Enrique de Trastámara con apoyo aragonés y la ayuda de las «compañías blancas» contratadas en Francia. La derrota de Pedro I supuso el primer ascenso al trono de Enrique II, con el cual don Tello recuperó sus señoríos, siendo intitulado «Conde de Vizcaya, e de Lara, e de Aguilar, e Señor de Castanneda».230 Exiliado de nuevo en Aragón te don Juan, hermano de Sancho IV, el señorío pasó a su hijo don Juan el Tuerto, ejecutado por Alfonso XI en 1326. La única hija de este con Isabel de Portugal sería la dicha María de Haro [Estepa Díez, C., «Doña Juana Núñez…», pp. 16-17 del documento PDF descargable]. 226   Díaz Martín, L. V., «Don Tello…», pp. 275-276 y 285. El relato de Díaz Martín sigue fundamentalmente la crónica de López de Ayala, si bien ampliado y completado con el uso de otras fuentes. 227   Ibid., pp. 286-287. 228   Ibid., pp. 292-297. 229   Ibid., p. 297. 230   Ibid., pp. 297-305. Esta intitulación es recogida por el canciller Ayala (López de Ayala, P. Crónica del Rey don Pedro, año 1366, cap. VII, p. 541).

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tras la entrada de Pedro I en Castilla después de la batalla de Nájera de 1367, sería tras la última ofensiva de Enrique de Trastámara en 1368 y el asesinato del rey Pedro en Montiel en 1369 cuando don Tello recobró definitivamente sus posesiones y títulos, manteniéndolos hasta su muerte, el 15 de octubre de 1370.231 Aunque don Tello dejó cuatro hijos y cinco hijas ilegítimos, a su fallecimiento no contaba con descendencia legítima. Ante esta situación, en su testamento último legó el señorío de Vizcaya al rey Enrique, su hermano, «… con todas las cosas de fuera…», lo que llevaba implícito la entrega con él del señorío de Lara a la Corona.232 La tibia fidelidad que Tello había mostrado hacia su hermano dio lugar a que corriera el rumor de que había sido envenenado por orden del rey, como recoge el canciller Ayala. Fuera así o no, este factor y la falta de herederos legítimos debió de ser aprovechada por el monarca para favorecer la adquisición para la Corona de un patrimonio tan sobresaliente. Sin embargo, su destino no iba a ser la incorporación definitiva y estable dentro de realengo sino que, sobre la base de la herencia de su esposa, la reina Juana Manuel, hija de don Juan Manuel y de Blanca Núñez de Lara, hermana de Juan Núñez III de Lara, los señoríos de Lara y Vizcaya, sin titulación condal, fueron entregados ese mismo año de 1370 a su hijo Juan, infante heredero.233 Con su ascenso al trono como Juan I de Castilla en mayo de 1379, ambos señoríos y sus dominios quedaban integrados en la Corona.234 El objetivo por parte de Enrique II —de hecho, también el de los siguientes monarcas de la casa de Trastámara— de unir Lara y Vizcaya a la dinastía regia parece evidente. Así lo mostraría el interesante suceso acaecido en 1373, cuando María de Lara, condesa viuda de Alençon y hermana de Juan Núñez III de Lara, reclamó ante el soberano los señoríos de Lara y Vizcaya   Díaz Martín, L. V., «Don Tello...», pp. 306-315.   Don Tello redactó un primer testamento en Cuenca de Campos el 9 de agosto de 1368 (BRAH, Salazar y Castro, 0-19, ff. 126 v.-127), invalidado posteriormente con la confección de uno nuevo el 11 de octubre 1370, en el cual se recoge la cláusula referida al señorío de Vizcaya, amén del reparto del resto de sus bienes entre el resto de sus hijos (BRAH, Salazar y Castro, M-2, ff. 294 v.-296; el original, AGS, Patronato Real, leg. 31, n.º 33-1). Los documentos de la Colección Salazar y Castro son publicados en Díaz Martín, L. V., «Don Tello...», pp. 330-333. 233   López de Ayala, Pero, Crónica de los Reyes de Castilla. Tomo Segundo. Crónica del Rey don Enrique Segundo de Castilla, ed. y notas de C. Rosell, Madrid, Ediciones Atlas, 1953, año 1370, cap. VI, pp. 7-8. Entre 1370 y 1379, el infante don Juan se intituló como «… fijo primero heredero del noble e muy alto mi señor el rey don Enrrique, e señor de Lara e de Viscaya» (Historia del reinado de Juan I de Castilla. Registro documental, pp. 9-25). 234   Suárez Fernández, L., Historia del reinado de Juan I..., p. 21. A partir de su proclamación, Juan I pasó a intitularse «Don Iohan, por la graçia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira e señor de Lara, de Vizcaya e de Molina» (Historia del reinado de Juan I de Castilla. Registro documental, pp. 26). 231 232

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para sus hijos mayores.235 Aunque sin duda esta demanda de María de Lara aparece perfectamente sujeta a derecho, su inclusión en la crónica de Ayala parece más bien dirigida a atestiguar la mayor legitimidad de la herencia por parte del infante real de los señoríos de Lara y Vizcaya frente a otros posibles candidatos y sancionar la potestad de la Corona para entender en la concesión del señorío sobre los lugares concernidos del modo en el que lo había hecho. Además, como veremos más adelante, también venía a enunciar los privilegios que comportaban estos títulos y su proyección señorial. De todas formas, la inserción definitiva de Lara en el patrimonio de la Monarquía no parece que cupiese tan claramente dentro de los proyectos de Juan I. Aunque en su testamento, elaborado en 1385 durante la guerra de Portugal, los señoríos de Lara, Vizcaya y Molina se asignaban al infante heredero Enrique,236 cuando en la posterior reunión de las Cortes en Guadalajara en 1390 se produjo la dotación de su segundo hijo, el infante Fernando, además de con los títulos de duque de Peñafiel y conde de Mayorga y toda una serie de villas y lugares de relevancia en la cuenca del Duero, el corazón del reino, este fue instituido como señor de Lara, por razón de la herencia materna de Juan I, como ya sabemos.237 De este modo, la restauración del señorío de Lara en la persona de su hijo Fernando suponía un acto de eminente naturaleza política. Ciertamente, se hallaba en la línea de otras decisiones tomadas por los primeros reyes Trastámara con el fin de reafirmar su legitimidad y consolidar el ejercicio del poder monárquico, justamente en la de aquellas dirigidas a erigir al círculo de los «parientes del rey» como primera y más elevada jerarquía aristocrática en Castilla. Así, esto era escenificado mediante el otorgamiento de títulos, como los de duque o conde, a los que se asociaba un importante patrimonio señorial, con un claro afán, al menos teórico, de colaboración y apoyo político a la monarquía por parte de estos parientes pero también, no lo olvidemos, condicionado por la lógica de mantener el estado de estos partícipes de la sangre real con reconocimientos y mercedes adecuadas a su rango social naturalmente superior, que implicaba también el acceso a una dotación patri  De ella se hace eco el canciller Ayala en sus crónicas (López de Ayala, P. Crónica del Rey don Enrique Segundo…, año 1373, caps. X y XI, pp. 18-22). Se conserva en el Archivo General de Simancas un pliego de pergamino que trata sobre una Genealogía de la Casa de Lara y sucesión de Vizcaya, la cual contiene los mismos argumentos y justificaciones de la demanda de la condesa de Alençon, texto en gran medida idéntico al reproducido por el canciller Ayala, pero que no recoge el listado de bienes que habían de hallarse ligados a ambos señoríos y que sí aparecen en el relato de López de Ayala (AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 6, n.º 103). Para el sentido de esta reclamación con respecto a la herencia por vía femenina del señorío de Lara en la primera mitad del siglo xiv, vid. Estepa Díez, C., «Doña Juana Núñez...»). 236   López de Ayala, P., Crónica del Rey don Enrique Tercero…, año 1390, cap. IV, pp. 163-164, año 1392, cap. VI, pp. 186-194. 237   López de Ayala, P., Crónica del Rey don Juan Primero…, año 1390, cap. IV, p. 130. 235

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monial distinguida.238 Sin duda, la dignidad de señor de Lara venía a sobreponerse al resto de mercedes recibidas por don Fernando, al investir con el rango jerárquico más elevado de la aristocracia de Castilla al segundo hijo del rey, con toda la carga simbólica que suponía vincular y, aún más, conectar directamente esta condición a la pertenencia a la sangre real. Así, efectivamente, el infante Fernando disfrutó del señorío de Lara durante toda su vida, aun después de su proclamación como rey de Aragón en 1412. Dentro de su espectacular promoción señorial y política, la condición de Fernando de infante real y de corregente junto con la reina Catalina de Lancaster de Juan II a partir de 1406 tienden a eclipsar la influencia que en aquella pudo tener su posición como señor de Lara. No obstante, esta no era ni mucho menos menor, al suponer un elemento preferente en la construcción de la representación social y política del infante y de su poder. Esto puede apreciarse a partir de aspectos diversos. Por un lado, la heráldica, ya que las armas de don Fernando, concedidas en las Cortes de Guadalajara de 1390, incluían las armas de Castilla y León y de Aragón, que remitían a su padre, el rey Juan I y la reina Leonor de Aragón, con bordura mostrando las calderas, propias de la casa de Lara y que, por tanto, refería a su título y al dicho señorío.239 Por otro lado, en la intitulación diplomática del infante, como «señor de Lara, duque de Peñafiel e conde de Alborquerque e de Mayorga e señor de Haro», a partir de su matrimonio con Leonor de Alburquerque, que solo cambiaria con su acceso al trono de Aragón, cuando adoptó la intitulación real tradicional de la Corona de Aragón, además de cambiar sus armas por las reales aragonesas.240 Además, el título de señor de Lara com238   Suárez Fernández, L., Nobleza y Monarquía, pp. 23-27 y 34-44. A juicio de este autor, esta política no supuso sino un rotundo fracaso, por el enfrentamiento de estos parientes reales a la «nobleza de servicio» conformada en la época de Enrique II y Juan I y, en último término, al mismo proyecto de centralización monárquica (ibid., pp. 57-85). Como estamos intentando también poner de manifiesto en este estudio, la consideración del papel social y político de los «parientes del rey» merece una apreciación mucho más matizada que la simple dialéctica «nobleza-monarquía». Justamente, Charles T. Wood pero sobre todo Andrew. W. Lewis, en la brillante monografía de este último sobre la sang royal en la monarquía francesa de los Capeto, analizaban la formación de los primeros apanages de los príncipes de sangre, entre el final del siglo xii y el comienzo del siglo xiv, justamente vinculados a dinámicas de transmisión de la herencia dentro de las parentelas aristocráticas que también afectaban a la casa real [Wood, Christopher T., The French Apanages and the Capetian Monarchy, 12241328, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1966; Lewis, Andrew W. Le sang royal. La famille capétienne et l’État. France, xe.-xive. siècle, París, Gallimard, 1986, pp. 202-220]. 239   López de Ayala, P., Crónica de Juan Primero…, año 1390, cap. IV, p. 130. Para un ejemplo de las mismas, pueden contemplarse en su sello o las representaciones de las mismas en las yeserías de sus palacios de Medina del Campo o en otros edificios de especial dignidad de lugares de sus señoríos, como la iglesia de San Esteban de la villa de Cuéllar (Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 208-209, 212-215). 240   Un ejemplo de ella en Colección diplomática de Cuéllar, ed. de A. Ubieto Arteta, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 1961, doc. 152, pp. 308-311. Para la intitulación real como «… rey de Aragón, de Siçilia, de Valençia, de Mallorcas, de Cerdena, de Córcega,

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portaba, entre otros privilegios de orden simbólico e institucional vinculados a su condición de cabeza de la aristocracia de Castilla, el que Fernando actuase en las reuniones de Cortes como voz de los fijosdalgos, con derecho a intervenir en primer lugar en las sesiones, antes que el resto de los representantes participantes en dichas asambleas. La reclamación de María de Lara citaba esta función de representación del estado de los fijosdalgos en las Cortes241 y, en efecto, el infante Fernando ejerció este cometido en las Cortes de Toledo de 1406, que antecedieron al inicio de la guerra contra Granada, y en las posteriores de Segovia de 1407.242 No todo eran, en cualquier caso, ventajas, puesto que el infante encontró la base patrimonial del señorío de Lara profundamente mermada y hubo de afrontar complejos pleitos y negociaciones con el fin de recomponerla, labor en la que su sucesor continuó implicado. Tras el fallecimiento de Fernando I de Aragón en 1416, el señorío de Lara fue heredado por su segundogénito, el infante Juan de Aragón, junto con los títulos de duque de Peñafiel y conde de Mayorga y uno de los dos bloques patrimoniales principales que resultaron de la división del patrimonio de los reyes de Aragón entre sus hijos, como luego trataremos, concentrado en la zona riojana y el área central del valle del Duero. Es cierto que el infante Juan realizó una ostentación simbólica de su condición de señor de Lara similar a la de su padre. Así, las armas del infante Juan de Aragón siguieron cargando las calderas de Lara y su intitulación era la de «… el infante don Juan de Aragón e de Çeçilia, sennor de Lara, duque de Pennafiel e de Monblanque, e conde de Mayorga, e sennor de Castro, e de Haro, e de Villalón, e de la çibdad de Balaguer…».243 Sin embargo, a partir de 1425, al convertirse en rey consorte de Navarra por su matrimonio con la heredera de Carlos III, conde de Barçelona, duque de Athenas e de Neopatria, e conde de Rossillón e de Cerdania», valga cualquiera de los documentos de donación a sus criados referidos en el apartado anterior a este. Para sus armas reales de Aragón, remitimos a su representación en su sello mayestático (Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 210-211). 241   López de Ayala, P., Crónica de Enrique Segundo…, año 1373, cap. X, p. 20. El emisario de María de Lara señalaba también que correspondía al señor de Lara el oficio de alférez mayor del rey, si bien este, muy venido a menos frente a la dignidad del oficio de condestable, nunca fue ostentado por el infante sino, en el reinado de Enrique III por Juan Hurtado de Mendoza y, al comienzo del de Juan II, por Juan González de Avellaneda (Pascual Martínez, L., «Notas de cancillería castellana: la cancillería real de Enrique III», Miscelánea Medieval Murciana, 6, 1980, pp. 170-203, en concreto p. 180; Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1420, cap. XVII, pp. 386-387. 242   López de Ayala, P., Crónica del Rey don Enrique Tercero…, Adiciones a las notas de la crónica del rey don Enrique III, pp. 259-261; Mitre Fernández, E., «Enrique III, Granada y las Cortes de Toledo de 1406», en C. Hernández Alonso, E. Alarcos Llorach (coords.), Homenaje al profesor Alarcos García. II. Colaboración, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1965-1967, pp. 733-739; García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 18-19, pp. 69-80; Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1407, caps. VI-XIII, pp. 280-283. 243   Así se aprecia en las ordenanzas que otorgó al concejo de Peñafiel sobre el nombramiento de oficiales en 1425 (AHPV, Documentación concejil, S.H. 331, 11, ff. 5-7).

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Blanca, la referencia al señorío de Lara desapareció de sus armas heráldicas, al sustituirse las armas partidas de Aragón y Castilla con bordura de calderas de Lara por un escudo en cuatro cuarteles con las armas reales de los Evreux navarros y con las armas reales de Aragón. En su intitulación ocurrió algo similar, pasando a ser la de Juan «… por la graçia de Dios, rey de Nauarra, infante de Aragon e de Çeçilia, duque de Nemos, e de Gandia, e de Pennafiel e de Monblanque, e sennor de Balaguer».244 Todo parece indicar que la importancia simbólica de la dignidad de señor de Lara fue diluyéndose, no solo frente a las dignidades real navarra y como infante de Aragón, sino también frente a otros títulos. De ese modo, la única referencia a su condición señorial en Castilla que pervivió fue el título ducal de Peñafiel, reflejando de algún modo el limitado respaldo patrimonial que, treinta y cinco años después de su restauración, había logrado el señorío de Lara, y que cedía paso frente a otros títulos más claramente sostenidos desde el punto de vista señorial. Como resultado de la derrota del bando aragonesista en 1429-1430, el rey de Navarra se vio privado, como sus hermanos, de todo su patrimonio en Castilla, incluido el señorío de Lara, por cuyos derechos reclamó compensación. Le serían restituidos en 1439 pero, tras la derrota definitiva de los «infantes de Aragón» en 1445, la incautación por la Corona de su señorío fue definitiva. Cuando en 1454 se concluyeron los acuerdos de paz entre Castilla, Aragón y Navarra, estos incluían la renuncia irrevocable de Juan de Aragón a sus posibles derechos en Castilla a cambio de un subsidio de tres millones y medio de maravedís anuales.245 De este modo, el señorío de Lara, incorporado a la Corona, desapareció definitivamente, no volviendo a restaurarse el título ni a distinguirse ningún patrimonio ligado a él.246 7.2.  El patrimonio señorial de Lara heredado por el infante Fernando Hasta aquí hemos podido revisar que la evolución del señorío de Lara desde mediados del siglo xiv estuvo caracterizada por los cambios de titula244   En 1443, a su vez, pasó a ser «… por la graçia de Dios rey de Nauarra, infante y gouernador general de Aragon e de Çeçilia, duque de Nemos, e de Monblanque, e de Pennafiel, e conde de Ribagorca, e sennor de la çibdat de Balaguer». Así se recoge en el mismo documento anteriormente citado (AHPV, Documentación concejil, S.H. 331, 11, ff. 1 r. y 2 v.-3v.). Para las armas de Juan, infante de Aragón y rey de Navarra, vid. Sagarra y Siscar, Ferran de, Sigilografía catalana. Inventari, descripció i studi dels segells de Catalunya, Barcelona, Estampa d'Henrich, 1916-1932, 5 vols., sellos 225-227, datados entre 1419 y 1446. 245   Los capítulos de Ágreda y Almazán, de septiembre-octubre de 1454, fueron confirmados el 19 de febrero de 1455 por Juan de Navarra a Zaragoza (Vicens Vives, J., Juan II, pp. 156-157). 246   Sobre la redefinición del señorío de Lara bajo estos parientes reales, vid. Muñoz Gómez, V., «El señorío de Lara después de los Lara: expresión simbólica, identidad aristocrática y poder señorial», en F. Arias Guillén, P. Martínez Sopena (eds.), Los espacios del rey. Poder y territorios en las monarquías hispánicas (siglos xii-xiv). Leica, Servicio Universidad del País Vasco, 2018, pp. 373-394.

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ridad, su reunión con el señorío de Vizcaya, la incorporación al patrimonio regio y un posterior intento de restauración y revalorización de esta dignidad ligada a la casa real de Castilla que, si en un principio, con el infante Fernando, pareció tener éxito, con su sucesor el infante Juan de Aragón se mostró incapaz de cuajar. Hemos adelantado cómo el fracaso en la consolidación del título del señor de Lara tuvo mucho que ver con la falta de correspondencia entre la influencia con que se quería dotar al mismo y el respaldo real en forma de derechos y patrimonio señorial con que en realidad contaba, hasta el punto de terminar desapareciendo de la jerarquía de dignidades aristocráticas de Castilla. Hemos de preguntarnos, entonces, acerca de cuál era la base de derechos señoriales y el soporte territorial que sostenían al título de señor de Lara cuando el infante Fernando fue investido con él y a qué se debía la mengua que se había producido en ellos entre 1350 y 1390. Para ello, ha de tenerse en cuenta que el patrimonio de Juan Núñez III de Lara y el que reunió el infante don Tello eran extraordinariamente importantes en cuanto a su extensión y riqueza. Hemos de ser conscientes, en cualquier caso, de que el señorío de Lara que poseyeron Juan Núñez, su hijo Nuño y Tello era el resultado de un complejo proceso de agregración y articulación de bienes, derechos y jurisdicciones concentrados prioritariamente en la Castilla al norte del Duero, cuyas raíces se hundían en los siglos centrales de la Edad Media, al menos desde los siglos xi-xii. Las transformaciones operadas desde final del siglo xiii en las formas de enunciación y ejercicio del poder señorial en Castilla también afectaron al patrimonio del señorío de Lara, de modo que hemos de leer en relación a ellas los cambios de titularidad del mismo y las enajenaciones que afectaron a aquel. En esta línea, partamos de la consideración de ese patrimonio señorial atribuido al señorío de Lara y Vizcaya en la primera etapa de 1350 a 1370 para poder, seguidamente, recomponer su transformación en las dos décadas posteriores. Nos interesa, por tanto, definir la extensión y la categoría de los derechos señoriales poseídos por Juan Núñez III de Lara, por su hijo y heredero y, al fin, por don Tello antes de que revirtiesen a la Corona en manos del infante heredero Juan, luego convertido en rey. En este sentido, partiendo de los estudios realizados acerca de los Lara y de la reclamación presentada ante Enrique II en 1373 por María de Lara en beneficio de sus hijos, la cual ya hemos mencionado, por una parte, de los estudios relativos al señorío de don Tello, por la otra, y, finalmente, con la información aportada por el Libro Becerro de las Behetrías, estamos en condiciones de esbozar una imagen bastante completa de la estructura de esos derechos señoriales de Lara y de su dimensión territorial desde mediados del siglo xiv hasta 1390,247 de un 247   Para ello, además de en la edición del Becerro de las Behetrías, nos basaremos en los trabajos ya citados de Pérez-Bustamante, R., Señorío y vasallaje…; Díaz Martín, L. V., «Don Tello...»; Doubleday, S., Los Lara…; Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas; id., «Doña Juana Núñez…», id., «Le Libro Becerro de las Behetrías (1352)…».

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modo similar a como hicimos con el señorío de Juan Alfonso de Alburquerque e Isabel de Meneses. Como en el caso de la herencia Alburquerque-Téllez de Meneses que pasó al conde don Sancho de Castilla, la reconstrucción del patrimonio del señorío de Lara nos lleva a atender a dos categorías en el ejercicio del señorío. Por una, aquello que en el Becerro es tipificado como solariego y que, para las fechas en que nos movemos en este estudio, ha de ser atendido como villas y lugares sometidos a «señorío jurisdiccional» o susceptibles de verse afectados por la extensión del mismo sobre ellos, en los casos en que hablemos de derechos solariegos en «señoríos compartidos». Por otra parte, el señorío sobre behetrías, tanto en lo que toca a la detentación de naturalezas y divisas y a los derechos que implicaban sobre vasallos y comunidades como en lo referente al «señorío singular» que hubiera ejercido Juan Núñez III de Lara o estuvieran ejerciendo Nuño de Lara o don Tello —de origen Lara a partir de su matrimonio con Juana de Lara, hija de don Juan Núñez— en el momento de la redacción del Becerro. Podemos comenzar por este último punto, en la medida en que ya hemos hecho algunas referencias al respecto a cuenta de la pesquisa que propusimos acerca de la apropiación y mimetización de la martiniega regia por los señores laicos y eclesiásticos en la merindad mayor de Castilla. En ese caso, recordemos, partimos de 268 lugares de un total de 452 atendidos donde los Lara, los Haro, don Tello o Juan Alfonso de Alburquerque y los Téllez de Meneses ostentaban derechos de behetría. Así, los Lara percibían derechos en 257 behetrías, y, en 219, uno de ellos era la «tasa divisera», generalizados en las behetrías de las merindades de cerrato, Monzón, Castrojeriz, Candemuñó, Santo Domingo de Silos y las comarcas de Butrón y Valdivielso en la merindad de Castilla Vieja, muy importantes en las de las merindades de Carrión, Burgos con Ubierna, Campos y Saldaña, poco presentes en Villadiego y dados en casos excepcionales en Aguilar de Campoo y Liébana-Pernía —en las Asturias de Santillana no los poseían—.248 A su vez, existían 213 lugares de behetría donde encontramos derechos de Haro o de Vizcaya pero en todas ellas se daban también derecho de Lara. Esto se debía al origen de Lara de los derechos de los Haro, si bien ello no implicaba que fueran ejercidos por los Lara sino por otros herederos de Diego López V de Haro, fundamentalmente Pedro de Haro, salvo en los casos en que se citase en el Becerro expresamente a «el señor de Vizcaya» o a «don Nuño, señor de Vizcaya». A su vez, don Tello era divisero en 56 lugares pero, del mismo modo, en todos ellos existían derechos de don Nuño o de Lara, como es lógico.249 Hemos de entender que tales derechos de Lara hubieron de ir pasando sucesivamente a don Tello, a Juan I a través de su madre y, al fin, al infante   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas; vol. I, pp. 321-323. Para un listado detallado de ellas, Doubleday, S., Los Lara…, pp. 291-229. 249   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 325-237. 248

Villas y lugares bajo el señorío de los infantes…

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Fernando hasta 1390. Sin embargo, la posibilidad de que algunos de ellos pudieran haber sido enajenados en favor de otros señores era completamente real, incluso en forma de merced regia cuando el infante heredero Juan ascendió al trono. Por otra parte, bajo el señorío de don Tello y de Juan I, la persistencia de la posesión de estos derechos de Lara junto a la del señorío de Vizcaya podía afectar a que, con el paso del tiempo, hasta cuarenta años, el reconocimiento de la titularidad de determinados derechos de behetría que prestaban los habitantes de los lugares afectados por ellos fuera más o menos confuso o, cuando menos, pudiera ser susceptible de confundirse. Esto es, que pudieran plantearse dudas sobre si determinados derechos se ejercían en tanto señor de Lara —referencias en el Becerro a don Nuño, a los Lara o al señor de Vizcaya— o si eran de Haro —referencias en el Becerro a Haro, a Pedro de Haro o a Vizcaya— pero pudiera pretenderse que correspondían a los sucesivos señores de Lara y de Vizcaya en vez de a quien legítimamente correspondían en la época del Becerro de las Behetrías: los descendientes de Lope Díaz de Haro y otros Haro. Estas circunstancias iban a darse bajo el señorío del infante Fernando a la hora de certificar cuáles eran sus derechos sobre behetrías pero, en realidad, la situación podía llegar a ser si cabe más compleja. En efecto, en los casos en que pudieran darse enajenaciones de derechos de behetría correspondientes al señorío de Lara en la época en que su titular Juan I era ya rey de Castilla, en tales donaciones se podía establecer la duda de si lo entregado a su nuevo beneficiario era un derecho propio del señorío de Lara o si se podía considerar como una merced de derechos de la Corona. Comprobaremos que algunos de los pleitos que enfrentaron al infante con otros señores por esos derechos de behetría del señorío de Lara se movieron justamente en esos términos. Pasemos ya a atender a los señoríos bajo jurisdicción y a los derechos solariegos que podían pertenecer al señorío de Lara. Por lo que tocaba a la posible herencia que el infante Fernando pudiera haber tenido de señoríos que pertenecieron a don Tello a partir de la dotación que le señaló a este Alfonso XI o de sus posteriores adquisiciones, no hay lugar a considerar esta opción. Se conoce bien cómo don Tello dividió sus villas y lugares y sus derechos solariegos entre sus hijos Juan Téllez, Alfonso, Fernando y Pedro, Leonor, Constanza, María y otras dos hijas más, por más que su testamento fuera incumplido por Enrique II, beneficiando prioritariamente a Juan Téllez.250 El reajuste de su herencia a su muerte entre su hija Aldonza de Castañeda —casada con García Fernández Manrique— y su segunda esposa, Leonor de la Vega, que volvió a contraer matrimonio con Diego Hurtado de Mendoza, beneficiado desde 1395 por Enrique III con los derechos señoria250   Juan Téllez pasó a ser conde de Castañeda, además de señor de la villa de Aguilar de Campoo con sus alfoces, las tierras de Liébana, Pernía, la Ojeda, Campoo de Suso, el alfoz de Bricia, San Martín de Ajo y Santa Gadea y el condado de Castañeda (Díaz Martín, L. V., Don Tello…, pp. 316-317).

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les sobre los valles de Liébana, Pernía y Campoo de Suso, amén de la competencia entre estos últimos, señores de la Vega, con el resto de hijos de don Tello, dieron origen a una considerable conflictividad en esta zona entre quienes se disputaban la primacía señorial en ella en las décadas finales del siglo xiv y la primera mitad del siglo xv. Es más, el avance señorial de los de la Vega-Mendoza también se extendió sobre la merindad de las Asturias de Santillana.251 Todo ello va a permitir que, cuando el infante Fernando fue señalado con los derechos reales sobre las behetrías de Castilla para el señorío de Lara, aprovechando el clima de tensión generado, en gran parte, por la agresividad de Diego Hurtado de Mendoza y Leonor de la Vega en su presión contra otros señores y contra las comunidades de los valles de esta área de la montaña cantábrica, aquel pudiera penetrar en esta región con cierto empuje pese a que los derechos originarios de Lara en ella eran muy limitados. Precisamente, al entrar en confrontación con los señores de la Vega y recibir no pocas adhesiones a su señorío. Pero, en cualquier caso, ninguna porción del «señorío jurisdiccional» de don Tello a su muerte quedó bajo el señorío de Lara del infante heredero Juan ni pudo llegar a ser recibido en calidad de tal por el infante Fernando. La situación por lo que respectó a los señoríos de Juan Núñez III y Nuño de Lara en realidad no fue sustancialmente diferente aunque las circunstancias fueron bien distintas. Para ello, hemos hecho relación en la tabla 2 (p. 227) de las villas, lugares y otras unidades territoriales que aparecen recogidas en la reclamación de Juana Núñez de Lara como herencia que era debida a sus hijos como legítimos sucesores de los señores de Lara. No se han recogido de las ahí citadas las posesiones y poblaciones claramente vinculadas al señorío de Vizcaya y que aparecen en el mapa (p. 233), adaptado a partir del elaborado por S. Doubleday de estos mismos datos.252 Sobre ello, hemos recogido las condiciones en que aquellos señoríos son referidos en el Becerro de las Behetrías, cuando esto procede, para, a continuación, documentar siempre que ha sido posible la titularidad señorial que podía pesar sobre ellos en la época del infante Fernando. De este modo, se puede observar cuáles de ellos habían sido objeto de enajenación fuera del señorío de Lara por Pedro I, por don Tello o por Juan I, antes y después de ascender al trono y, por tanto, cómo había evolucionado el patrimonio jurisdiccional y solariego de Lara en la segunda mitad del siglo xiv. Esto nos ayuda a conocer, en fin, qué podía restar de él en manos del infante Fernando en el momento en que fue instituido como señor de Lara.

251   Pérez-Bustamante, R., Señorío y vasallaje…, pp. 37-41, 49-57 y ss.; Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. II, pp. 289-294. 252   Se corresponden a las referencias en el mapa a Vizcaya, las Encartaciones y las villas de Bilbao, Durango y Lekeitio.

Villas y lugares bajo el señorío de los infantes…

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Tabla 2.  El «señorío jurisdiccional» de Lara a lo largo de la segunda mitad del siglo xiv

Lugar

Becerro

Balmaseda

Después del Becerro Toma de posesión de la villa por Juan de Velasco, camarero mayor del rey (8.III.1399, Balmaseda). Se cita cómo Enrique III vendió al dicho Juan de Velasco la villa el 12 de febrero de 1399 en Torrijos BRAH, Salazar y Castro, M-91, ff. 1-11 v. Mitre Fernández, E., Evolución de la nobleza..., p. 185

Santa Gadea

Solariego de don Nuño de Lara, señor de Vizcaya

Señorío de don Tello Díaz Martín, L. V., «Don Tello...» A su muerte, Enrique II lo dio a su hijo Juan Téllez (18.II.1371, Sevilla). A su muerte, le sucede su hijo Juan, a quien el rey Juan I confirma la merced BRAH, Salazar y Castro, M-2, ff. 296-299; O-19, f. 127 v. Juan el Mozo murió en 1392, sucedido por su hermana, Aldonza Téllez, casada con García Fernández Manrique Pérez-Bustamante, R., Señorío y vasallaje…, p. 143 Pertenecía a Gómez Manrique, adelantado mayor de Castilla, antes de su matrimonio con Sancha de Rojas, como figura en el inventario de bienes de este (10.III.1413, Valladolid) Franco Silva, Alfonso, «La fortuna del adelantado mayor de Castilla Gómez Manrique», en A. Franco Silva, La fortuna y el poder. Estudios sobre las bases económicas de la aristocracia castellana (s. xiv-xv), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996, pp. 355-377

Villalázara, Villalacre y Bascuñuelo

Solariego de don Nuño

De Villalacre, pleito entre el lugar y su señor Íñigo Fernández de Velasco, condestable ARChVall, Civiles, Alonso Rodríguez, C. 167, 4 De Bascuñuelo, pleito en 1521 con el mismo condestable, su señor ARChVall, Reg. Ejecutorias, leg. 351, n.º 8

Bezana

Solariego de don Nuño de Lara

Pedro I dona a Pedro Gómez de Porres la villa de San Román con la honor de Montoto y Bezana (22.I.1355, Valladolid) BRAH, Salazar y Castro, M-27, ff. 88-89 En 1493 es citado Juan de Porras, señor de Bezana, y su hija Marina de Porras BRAH, Salazar y Castro, M-1, f. 145 v.

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Becerro

Lugar Virtus

Solariego de don Nuño, señor de Vizcaya

Después del Becerro Tabla genealógica de los Porras, señores de Virtus en el siglo xiv, iniciada con Pedro Gómez de Porras, y que acaba con su nieto Dia Sánchez de Porras BRAH, Salazar y Castro, D-34, f. 137 v.

Herbosa

Tres partes realengo y otra de don Tello

Sin información. Presumiblemente, de don Tello y sus sucesores

Cubillos del Rojo

Había 8 vasallos: 5 de Santa Clara de Medina de Pomar, 2 solariegos de Pedro Fernández de Velasco, 1 de behetría de don Nuño de Lara

Fernán Sánchez de Velasco dona al monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar sus derechos en Cubillos del Rojo, la Casa del Berrio y Salinas de Rosío, en pago de los mrs. que su madre mandó dar al monasterio (19.V.1342)

Solariego de don Nuño de Lara

Genealogía de los Mendoza, desde Juan Hurtado de Mendoza, prestamero mayor de Vizcaya a su nieto Ruy Díaz de Mendoza, señor del Bozo

Bozgo

AHNob, Frías, C.ª 236, n.º 4

BRAH, Salazar y Castro, D-25, f. 144 v. Fuentebureba, Berzosa y Cigales

Solariego de don Nuño de Lara

Juan I donó Berzosa, Fuentebureba y Cigales a Juan Niño e Inés Lasa, amos de Enrique III (9.VII.1383) BRAH, Salazar y Castro, M-1, f. 282

Grisaleña

¿?

Juan I confirma la merced de la villa que hizo Enrique II a Pedro Fernández de Velasco (30.VIII.1379). Enrique III confirma la merced en 1392 AHNob, Frías, Haro, carp. 327, n.º 14-15

Páramo de Boedo

Solariego de don Nuño de Lara

Gutierre de Mendoza, hijo de Fernando Díaz de Mendoza, vende a Juan Fernández de Velasco, camarero mayor del rey, su lugar de Páramo (8.VIII.1401, Herrera de Pisuerga). Poder de Gutierre de Mendoza para la venta (22.VII.1401, Segovia). BRAH, Salazar y Castro, M-58, f. 101 v., M-177, f. 111. Compraventas, censos, etc., en diversos lugares por parte de los Velasco, entre ellos, Boedo, desde 1371 a 1777 AHNob, Frías, C.ª 431, n.º 434 y 435

Villusto

¿?

Sentencia arbitral entre el concejo de Villusto y Pedro de Cartagena (26.XI.1435). Confirmación de los privilegios de dicho lugar por los Reyes Católicos a partir de otros de 1391 ARChVall, Pergaminos, leg. 30, n.º 2-3

Villas y lugares bajo el señorío de los infantes…

Becerro

Lugar Paredes de Nava

Del rey (antes, de don Nuño)

229

Después del Becerro Diversos señores: don Tello, Fernando de Castro, Alfonso Enríquez, conde de Noreña, Pedro Enríquez, conde de Trastámara Martín Cea, J. C., El mundo rural…, pp. 37-48. Desde 1400, del infante Fernando (vid. supra).

Herrera de Valdecañas

Behetría, con señor singular a Juan Rodríguez de Sandoval y por naturales al señor de Lara y Vizcaya y a los Valverde

Sancho de Castilla, hijo del obispo don Pedro de Castilla, señor de Herrera de Valdecañas en 1472. González de Fauve, María Estela, «Espacios de poder femenino en la Castilla bajomedieval. El caso del linaje de los Castilla», Cuadernos de Historia de España, 82 (2008), pp. 99-122.

Cevico de la Torre

Solariego de don Nuño de Lara

Juan I dona Cevico de la Torre a Sancho Fernández de Tovar, su guarda mayor (20.VII.1385, Ávila). BRAH, Salazar y Castro, M-26, ff. 208-210.

Moral de la Reina

Solariego de don Nuño de Lara

Donación a Alfonso Enríquez. Martínez Sopena, P., El estado señorial…, pp. 57-64.

Aguilar de Campos

Solariego de don Nuño de Lara

Medina del Campo, Juan I donó a Alfonso Enríquez este lugar (9.IX.1389). BRAH, Salazar y Castro, M-50, ff. 197-202 v.

Cuenca de Campos

Solariego de don Nuño de Lara

Juan I la dona a Juan Núñez de Aguilar (30.V.1381). AHNob, Frías, C.ª 527, n.º 1. Juan I la dona a Pedro Fernández de Velasco (29. VII.1388). AHNob, Frías, carp. 524, n.º 18.

Villalón

No figura

Permuta por Ampudia, Cea, Valdenebro y Villagarcía entre el rey y la condesa Leonor de Alburquerque, señora de estas últimas villas. Vid. supra.

Melgar de la Frontera

Solariego de don Nuño de Lara

Donación de Juan I, a Pedro Fernández Cabeza de Vaca (10.VI.1379). AHNob, Osuna, carp. 47, n.º 2. Enrique III confirma la donación de Melgar de la Frontera a Pedro Fernández Cabeza de Vaca (20.III.1402). BRAH, Salazar y Castro, M-46, f. 122 r. y v.

Castroverde de Campos

—

Escritura de dote de Álvar Pérez Osorio, señor de Villalobos y Castroverde, a favor de su sobrina Mayor Álvarez, hija de su hermano García Álvarez Osorio, señor de Belvís (18.X.1389, Villalobos). AHNob, Osuna, carp. 119, n.º 11

230

VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

Becerro

Lugar Cabreros del Monte y Moral de la Reina

—

Después del Becerro Juan I donó a Diego López de Stúñiga Moral de la Reina (VIII.1379). AHNob, Osuna, carp. 10, n.º 8, carp. 49, n.º 8. Pedro Díaz de Cabuérniga vende a Alfonso Enríquez el dicho lugar (1.VIII.1394, Bolaños de Campos). BRAH, Salazar y Castro, M-1, f. 117 v. Permuta ente Alfonso Enríquez y Pedro Díaz de Cabuérniga, del lugar de Manzaneda, de Alfonso Enríquez, por los de Cabreros y Moral de la Reina (28.VIII.1394). AHNob, C.ª 504, n.º 4 (4)

Belver de los Montes

—

Juan I dona Belver a Juan Fernández de Tovar (29.I.1382, Segovia) . BRAH, Salazar y Castro, M-58, ff. 107-180 v.

Lozoya (Valdelozoya)

—

Cédula de Juan I en que hace merced a Diego Hurtado de Mendoza, su mayordomo mayor, de rentas, pechos y derechos que le pertenecen en Val de Lozoya (5.X.1386, Segovia). AHNob, Osuna, C.ª 1652, n.º 1 (1.2). Permuta de la villa de Tordehumos, del almirante Diego Hurtado de Mendoza, por el lugar de Val de Lozoya, del rey Enrique III (17.V.1397, Sevilla). BRAH, Salazar y Castro, M-10, ff. 23-24

Santiago de la Puebla

—

Reconocimiento de la restitución del lugar de Santiago de la Puebla por el condestable Ruy López Dávalos al obispo de Palencia Sancho de Rojas y a su hermano Martín de Rojas, los cuales se lo habían vendido (3.IV.1404, Medina del Campo). AHNob, Baena, C.ª 340. Toma de posesión del lugar por Juan Álvarez Osorio en nombre del obispo de Palencia, Sancho de Rojas (22.V.1415). Provisión de dicho Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, ordenando a los vecinos del lugar que tengan por señor a Juan de Rojas, su sobrino, alcalde mayor de los hijosdalgos de Castilla, pues le donó el lugar (21.VIII.1415). AHNob, Baena, C.ª 45, n.º 16-23

Oropesa

—

Enrique II dona a García Álvarez de Toledo las villas de Oropesa y Horcajo, confirmándolo después (9.XII.1366, Toledo // Sevilla, 18.VI.1366). AHNob, Frías, C.ª 1252, n.º 7

Villas y lugares bajo el señorío de los infantes…

231

Becerro

Después del Becerro

Tamariz, Villafranca de Montes de Oca y Torrelobatón

Villafranca: no se recoge. Torrelobatón: solariego de doña Margarita. Tamariz: solariego de la condesa doña Juana y de doña Blanca, hija de don Fernando

La reina Juana Manuel dona Villafranca de Montes de Oca, Torrelobatón y Tamariz al hospital de Villafranca (8.II.1380, Valladolid). BRAH, Salazar y Castro, O-16, f. 89. 21.X.1392, Tamariz, toma de posesión del lugar por Alfonso Enríquez. Beatriz Martínez, provisora del hospital de Villafranca, reconoce haber recibido un juro de 1000 florines por las dichas tres villas (5.II.1394 y 6.II.1395, Burgos). BRAH, Salazar y Castro, M-50, ff. 96, 116-177 v. y 145 r. y v. En 1392 se trocaron Torrelobatón y Tamariz a cambio del lugar de Villaharta, en la diócesis de Calahorra y el juro de 1000 mrs.. AHNob, Osuna, leg. 3.917. Martínez. Sopena, P., El estado señorial…, p. 55

Ameyugo

Solariego de la condesa doña María

Descendencia de Pedro Vélez de Guevara, señor de Ameyugo. BRAH, Salazar y Castro, E-29, f. 32

Huércanos

No se cita

Venta del lugar de Huércanos, junto a los de Baños, Bobadilla, Hacinas y Quintana de Nuño Pedro por Juana, hija de Martín Alfonso de Montemayor, señor, de Alcaudete, a Diego López de Stúñiga (12.III.1402, Córdoba). AHNob, Osuna, C.ª 320, n.º 1, 2 y 3. En la capitulacion matrimonial de 1396 del matrimonio entre Íñigo Ortiz de Stúñiga y la infanta Juana de Navarra, ya se cita en la dote los lugares de Huércanos, Baños y Bobadilla. AHNob, Osuna, C.ª 214, n.º 7

Busto de Bureba

No se cita

En 1370, Enrique II hizo merced de Busto a Pedro González Carrillo, hijo de Gonzalo Alonso de Quintana, a su vez hijo segundo de Juan Alfonso Carrillo, señor de Ormaza. García Carraffa, Alberto y Arturo, Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos españoles y americanos, 86 vols., Madrid, Imp. Antonio Marzo, 1920-1963, vol. 22, p. 209. Juan I concedió dicha villa a doña María Carrillo (20.XII.1385). En 1385 muere Pedro González Carrillo, señor de Busto. BRAH, Salazar y Castro, M-45, f. 227. En 1435 aparece Diego López de Haro como señor de Busto, en pleito por la propiedad del lugar con Diego López de Padilla. BRAH, Salazar y Castro, D-11, ff. 41-44 y D-49, ff. 196 v.-200 v.

Lugar

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VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

Becerro

Lugar

Después del Becerro En 1451, Diego López de Haro funda mayorazgo sobre Busto y Revilla de Campos, con autorización de Juan II de 1443. BRAH, Salazar y Castro, M-46, ff. 86-91

Campo de Arañuelo —

Parte de la tierra de Plasencia. Presencia de diversos señores. Franco Silva, Alfonso, Pino García, J. L. del, «El Campo Arañuelo en el siglo xv: problemas y conflictos entre los señores de Oropesa y la ciudad de Plasencia», Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, 9 (1993), pp. 41-53

Gumiel de Mercado Solariego de don Pedro de Haro

Donación por Enrique II a Lope Ochoa de Avellaneda (26.III.1370). Se hizo merced de: Gumiel, Valdesgueva y Villavela con los vasallos de doña Juana de Castro que tenía en Ciruelos y Arauzo de Miel. Y las martiniegas que Enrique II lleva cada año en: Contreras, Xaramiel-Quemodo, Xaramiel de la Fuente, Fontoria de Valdearados y Arauzo de la Miel, y en el resto de lugares de la merindad de Santo Domingo de Silos y Covarrubias y su infantazgo, que montan 7995 mrs. al año. BRAH, Salazar y Castro, D-10, ff. 168 r.-170 r.

Quintana de la Cuesta

Don Nuño de Lara, don Pedro de Haro, la Orden de San Juan y otros

El infante don Juan, como hijo primero heredero, señor de Lara y de Vizcaya, dona ciertos lugares a Pedro Fernández de Velasco, camarero mayor del rey (18.VIII.1372, Burgos): Quintana de la Cuesta, Baldevieso, Balde Mançenedo, Santecis, Bustillo, Muneo Baldevieso, Rovalina que es en Quintana de Martín Galíndez, Gomerzana, Locariz, Vasconçillos, Leciñana, Costafa, monasterios de Mena y Lezaña, Frutuezes y Borcado. BRAH, Salazar y Castro, M-10, ff. 77 r. y v.

Bañares

—

El infante don Juan, señor de Vizcaya, dona Bañares a Diego López de Stúñiga, su camarero. (24.XII.1377, Burgos). AHNob, Osuna, carp. 171, n.º 4

¿Vinuesa? (Venelesa, Vinelesa)

—

Señorío del infante heredero don Juan sobre la ciudad de Soria. Cartas sobre los términos de Vinuesa en 1378. Confirmación de privilegios una vez ascendido al trono a la ciudad. BRAH, Salazar y Castro, O-4, f. 72 r.

Villas y lugares bajo el señorío de los infantes…

Lugar

Becerro

233

Después del Becerro

Sasamón

Behetría, apareciendo como señor Nuño de Lara, en que son diviseros él y Pedro de Haro

El infante don Juan la dona a Pedro Ruiz Sarmiento, adelantado mayor de Galicia, en tanto su señorío de Lara (20.III.1379, Burgos). BRAH, Salazar y Castro, M-37, ff. 89 v.-92 r. En 1394, ante el pleito entre Sasamón y Diego Pérez Sarmiento, el rey Enrique III anula tal donación, reconociendo la condición del lugar como behetría de mar a mar. Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. II, p. 279. En 1488, el condestable Bernardino de Velasco es reinstalado por los Reyes Católicos en sus derechos sobre la fortaleza de Sasamón (15.III.1488). AGS, RGS, 1490, IV, f. 180.

Lerma y sus aldeas (Villalmanzo, Revilla-Cabriada, Quintanilla de la Mata, Villaviado, Ruyales del Agua)

Solariego de don Nuño de Lara

Parte del señorío de Lara donado al infante Fernando. AHNob, Osuna, C.ª 1.965, n.º 3

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VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

Los resultados son muy expresivos. Casi la totalidad de las villas y lugares que hemos ido repasando, por una razón u otra, fueron objeto de donaciones a otros señores, desde el reinado de Pedro I, como el Val de Bezana, hasta el de Juan I y su ejercicio como señor de Lara, como Valdelozoya, Melgar de la Frontera o Belver de los Montes. Pese a que en ocasiones los datos que hemos podido reunir están sujetos a lagunas cronológicas que no permiten recomponer la trayectoria exacta del cambio de titularidad de cada uno de los lugares, parece evidente que, fundamentalmente, los monarcas castellanos desde Pedro I dispusieron del patrimonio que fue de la casa de Lara con gran largura para redistribuirlo entre sus caballeros vasallos, que se vieron beneficiados así de apreciables donaciones para reforzar su afianzamiento señorial en las regiones en las que estaban asentados a través del ejercicio de señorío pleno con derechos jurisdiccionales sobre estos lugares. Incluso, Juan I, siendo infante heredero y una vez que ascendió al trono, fue particularmente generoso a la hora de hacer mercedes a los oficiales de su casa y a otros vasallos a partir del aún abundante patrimonio del señorío de Lara.253 De hecho, solo en el caso de Lerma y sus aldeas no hemos podido documentar ningún traspaso del señorío sobre la villa o sobre ninguno de los lugares ligados a su jurisdicción y, efectivamente, esta villa es la única citada expresamente como parte del señorío de Lara perteneciente al infante en el privilegio expedido en 1404 por la cancillería de Enrique III validando la dotación realizada en las Cortes de Guadalajara a su hermano.254 Entonces, recapitulando, cuando invistió a su hijo Fernando como tal señor de Lara, en realidad, el título contaba con poco más que su sentido honorífico y una base territorial definida más bien modesta. Esta se limitaba a la villa burgalesa de Lerma, en la merindad de Candemuñó, y su alfoz, a lo que podía agregarse la ostentación de derechos señoriales a partir de divisas y naturalezas en al menos 257 lugares de behetría —que en realidad serían algunos más, considerando el resto de merindades no recogidas en el Becerro de las Behetrías: Bureba, Rioja-Montes de Oca, Logroño y Allende Ebro— extendidas por la mayor parte del territorio comprendido dentro de la merindad mayor de Castilla. Aunque es cierto que Lerma no dejaba de ser un centro urbano de cierta relevancia en relación a la comarca en la que se encontraba,255 difícilmente puede discutirse la degradación, en cuanto a su peso como plata253   Un buen ejemplo de ello es la donación de todos los derechos que el infante heredero Juan hizo en 1372 a Pedro Fernández de Velasco de «… toda la parte que yo he y devo aver de derecho y ami pertenecen e pertenecer deven en qualquier manera y por qualquier razon en los mis lugares que son en la merindad de Castilla Vieja…» (Historia del reinado de Juan I de Castilla. Registro documental, pp. 17-19). Este hubo de ser, sin duda, el momento en el que los restos de los derechos señoriales de Lara en esta merindad que pudieran haber sobrevivido a anteriores mercedes fueron liquidados. 254   AHNob, Osuna, C.ª 1965, n.º 3. 255   Monsalvo Antón, J. M.ª, «Los territorios de las villas reales de la Vieja Castilla…», pp. 36-37, 61-62, 82.

Villas y lugares bajo el señorío de los infantes…

235

forma de poder señorial, del señorío de Lara en la segunda mitad del siglo xiv. Aunque los derechos sobre behetrías pertenecientes al señorío tenían una consideración no desdeñable y su dimensión territorial no puede dejarse de lado, su dispersión en el espacio y su pequeña cuantía en cada una de las villas y lugares, frente al progresivo reforzamiento que estaba experimentando, como ya hemos señalado, el «señorío singular» dentro de una dinámica de conversión del señorío de los lugares de behetría hacia el pleno señorío con ejercicio de la jurisdicción y la paralela acumulación por parte del «señor singular» de la mayoría —si no de todos— los derechos y rentas generados en estas poblaciones, hacían que, de ningún modo, su detentación pudiera compensar la pérdida patrimonial de lo reconocido en el Becerro como solariego. Es cierto que la multitud de divisas podía favorecer situaciones de acceso al «señorío singular» en muchos lugares pero también es verdad que eso suponía competir para recuperar la influencia perdida en las behetrías de Castilla durante los cuarenta años anteriores a 1390 frente otras parentelas señoriales que habían ido ocupando ese espacio dejado por los señores de Lara ante la sucesión de cambios de titularidad y reducciones de su patrimonio que hemos ido refiriendo, como podía ser el caso, por ejemplo, de los Velasco en la zona nororiental de la merindad mayor de Castilla y aun en otras partes de la misma como las merindades de Bureba o Santo Domingo de Silos.256 7.3.  L  a redefinición de la dimensión señorial del señorío de Lara por el infante Fernando Estas eran, pues, las circunstancias bajo las que fue dotado el infante Fernando del señorío de Lara: la incongruencia entre un título que implicaba 256   González Crespo, E., Elevación de un linaje…; Jular Pérez-Alfaro, C., «Dominios señoriales y relaciones clientelares…»; id., «Nobleza y clientelas…»; Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. II, pp. 281-283, 300-303; Pereyra Alza, Osvaldo Víctor, El Señorío de los Condestables de Castilla en el Norte de España. Dominio, Patronazgo y Comunidades, tesis doctoral defendida en la Universidad de Cantabria, Santander, 2014. Buen ejemplo de esa implantación y sustitución de los Lara por los Velasco en grandes porciones del área de influencia que aquellos habían mantenido hasta en torno a 1350, precisamente en relación a la perpetuación de los «señoríos singulares» sobre behetrías, es la carta de 15 de mayo de 1385 por la cual el rey Juan I ordenaba a todas las behetrías del señorío de Lara y de Vizcaya que recudiesen con los yantares que a él pertenecían a Juan Fernández de Velasco, su camarero mayor, como antes habían recudido al padre de este, Pedro Fernández de Velasco, a quien él había hecho merced de dichos yantares (AHNob, Frías, C.ª 595, n.º 11). En la carta el rey se dirige a los oficiales de los referidos lugares de behetría los cuales habían estado por Pedro Fernández de Velasco. Es decir, que la misma autoridad real, además adornada con el señorío de Lara en ese momento, sancionaba la primacía de los Velasco sobre otros señores diviseros, de cara al acceso al «señorío singular». Apréciese pues cómo los propios derechos de Lara quedaban también en ese sentido postergados frente a la promoción señorial que la Corona propició a una de las casas mejor vinculadas al entorno regio.

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VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

la primacía dentro del estado aristocrático, de los fijosdalgos, en Castilla y una dimensión señorial del mismo comparativamente mediocre y que, ante todo, apenas contaba con un respaldo en forma de «señorío jurisdiccional» en la región sobre la cual pretendía proyectarse. De ellos debió de ser bien consciente desde muy pronto el infante, puesto que la dignificación del señorío de Lara en el plano simbólico y de representación dentro de la sociedad política castellana, como hemos comprobado, y la restauración de su patrimonio señorial, de sus derechos y de las rentas que los respaldaran se convirtieron en prioridades dentro de las estrategias expansivas de Fernando desde prácticamente el momento en que empezó a hacerse cargo de la gestión directa de su casa. Por ello, el infante Fernando emprendió actuaciones concretas dirigidas, primero, a tomar conocimiento de las características, dispersión y cuantía de los derechos que correspondían al señorío de Lara y a hacerlos efectivos. Segundo, a tratar de ampliarlos, acrecentándolos en cantidad y extensión sobre el territorio de la Castilla al norte del Duero, con el fin de que esta plataforma se convirtiese en un instrumento útil para intensificar su presencia señorial en toda esta zona del reino, recuperando así también para el señorío de Lara su calidad como uno de los principales de la Corona de Castilla. El resultado de estas medidas fue la consecución de ese acrecentamiento de derechos para el señorío a partir del eje más fuerte que lo constituía en términos territoriales y exactivos: los lugares de behetría y los derechos reales sobre ellos. Sin embargo, la consecuencia directa de estas maniobras fue la multiplicación de los conflictos con un buen número de señores que se vieron afectados por la intención del señor de Lara de recuperar y ampliar sus atribuciones y rentas a costa, como no podía ser de otra manera, del poder señorial que aquellos habían ido adquiriendo sobre lugares de behetría y derechos regios sobre estas. Para el desarrollo y resolución de todas estas colisiones con distintos miembros de todos los rangos de la aristocracia de la Castilla septentrional, desde grandes señores a pequeños fijosdalgos locales —además de otros señores, como el concejo de Burgos—, la posición privilegiada del infante Fernando como hermano del rey Enrique III y su posición central de cara a las instituciones y oficiales de los aparatos administrativos de la monarquía fueron cruciales. Las primeras referencias, pues, que tenemos a la pretensión del infante de asumir sus derechos sobre lugares de behetrías como señor de Lara datan de entre octubre de 1398 y noviembre de 1399. También las disputas al respecto con otros señores. Así, a partir del otoño de 1398, el infante Fernando obtuvo la autorización del rey para iniciar pesquisas para averiguar cuáles eran los yantares y otros derechos que a él le correspondían como señor de Lara, especialmente en los lugares de behetría, al no contar con ningún registro de que valerse para obtener esta información.257 Un año después, el contador mayor 257   El 30 de octubre el rey, en Madrid, Enrique III se dirigía a todos los oficiales de sus reinos a cuenta de esta petición, que le presentó el contador mayor del infante, Juan Sánchez

Villas y lugares bajo el señorío de los infantes…

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del infante, Juan Sánchez Garavito, daba su poder al escribano Fernán González de León para que realizase la averiguación de las rentas que, concretamente, en conceptos de yantares y de otros derechos y naturalezas, pertenecían a su señor el infante en las behetrías de Castilla.258 De todo ello tenemos noticia por el interrogatorio que llevó a este respecto, en nombre del dicho Fernán González, el escribano Lope García en los lugares de Salas, Castrillo, Carazo, Monasterio, Arroyo, Hoyuelos, Vizcaínos, Tanibués y Piedrahita, en la merindad de Santo Domingo de Silos, que eran de Juan Fernández de Velasco, siendo respondido por hombres buenos nombrados al efecto en cada una de estas poblaciones entre el 24 y el 26 de septiembre de 1399. En todos los lugares, los testigos reclamados señalaron que no pagaban nada al infante como señor de Lara ni a nadie más salvo a su señor, que en aquellos momentos era Juan de Velasco, en cada uno de ellos en distintas cuantías. De esto podemos deducir que, para aquellos momentos, en estas behetrías el «señorío singular» había sido copado por los Velasco hasta el punto de eliminarse los derechos de los diviseros que, por otra parte, en los lugares citados, en la época de confección del Becerro no eran otros que los de Lara y los de Haro y que, para el final del siglo xiv, solo podían corresponder al señor de Lara.259 Es decir, que la tendencia a la patrimonialización de estos lugares por los Velasco se había hecho a despecho fundamentalmente del patrimonio del señorío de Lara, en buena medida renunciado en su ejercicio por la Corona. Que estas actuaciones no estuvieran exentas de tensiones queda documentado también por algunos de los pormenores de la pesquisa en Salas y sus alrededores, ya que Lope García hubo de advertir a estos concejos con que, si se resistían a colaborar en ella, debería condenarles a pagar al infante por señor de Lara 600 mrs. anuales más las costas. Es más, Fernán González de León había recibido carta del rey en este tenor, en la que impelía a los lugares de behetría a no resistirse a participar en las declaraciones que se les solicitaban, so pena de tener que recudir al infante con todos los derechos que a él debían como señor de Lara desde el momento en que accedió al señorío, esto es, desde 1390, hasta la fecha.260 Los motivos para esta resistencia Garavito, ordenándoles pues que hicieran comparecer a los cinco o seis hombres más viejos de cada lugar y tomaran por escrito testimonios sobre la pertenencia de dichas rentas y derechos que pudieran corresponder al infante. Por su parte, el 11 de noviembre de ese año, desde Medina del Campo, el infante Fernando se dirigía a estos lugares para que atendiesen a Juan Sánchez Garavito o a las personas que este nombrase para realizar la pesquisa (AHNob, Frías, C.ª 462, n.º 22). 258   Ibid., carta de poder otorgada en León el 20 de octubre de 1399. Seguiremos refiriéndonos a este mismo documento de aquí en adelante. 259   Libro Becerro de las Behetrías…, vol. II, pp. 595-596, 598, 602-603, 606-607, 611-612. 260   AHNob, Frías, C.ª 462, n.º 22. Estos aspectos se declaran en el momento en que se hizo la pesquisa en Salas de los Infantes y en Castrillo, además de aparecer al final del documento, donde se insertan todas las cartas que hemos ido relatando, la carta del rey instando a los lugares de behetría a no negar su colaboración a los oficiales del infante Fernando.

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VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

son desconocidos pero no sería de extrañar que se tratase de connivencia entre las autoridades locales y su «señor singular» o, incluso, de temor hacia las posibles represalias que este pudiera desatar contra sus vasallos de behetría en una situación que suponía el cuestionamiento de la extensión del poder señorial de, en este caso, los Velasco sobre estos lugares por encima de los intereses de otros señores. Realmente sí se estaba produciendo tal cuestionamiento y de ello nos da cuenta el privilegio de Enrique III en que se enunciaba el alcance que tenía la merced realizada a su hermano del señorío de Lara por Juan I. En él se indicaba cómo bajo él se comprendía todo el señorío, bienes, derechos y jurisdicción «… que al dicho señorío de Lara, e ala dicha villa de Lerma con su tierra e en las behetrías de Castilla pertenecieron y pertenescieren en qualquier manera e por qualquier razón…».261 Sin embargo, la comprobación de que hacer efectivos los derechos de Lara sobre lugares de behetría recogidos en el Becerro, bien por su donación, bien porque su ejercicio había sido dado de lado, se mostraba difícil y que, en consecuencia, la merma en renta e implantación señorial sobre el territorio era mayor de lo que hubiera podido parecer inicialmente, debieron conducir al infante Fernando a tratar de restaurar ambos por otra vía. Esta fue la mediación ante el rey. Probablemente protestando por lo limitado de los mantenimientos y mercedes recibidos desde la Hacienda regia y por la fragilidad de los ingresos del señorío de Lara, el infante logró el 22 de marzo de 1403 que Enrique III modificase los términos para el pago de la merced de 12 000 doblas castellanas anuales que recibía sobre tercias y alcabalas reales. Esta pasó a ser de 500 000 mrs. anuales a pagar sobre tales rentas, equivalentes a 11 000 doblas más, en enmienda de las otras 1000 doblas, […] de todas las Villas e Castillos e Aldeas e Lugares que son beetrías de todos los mis Reynos e Señoríos, de qualquiera manera que sean las dichas beetrías, ansí de Martiniegas como de Yantares, scriuanías e inforcios (sic) e fumazgas como otros derechos qualesquier, en qualquier manera e tiempo que las dichas beetrías e los concejos e los vecinos o moradores dellas o otras personas o bienes qualesquier las ayan a dar e pagar, aunque sean mayores e más graues que estas que aquí son expecificadas […].262   AHNob, Osuna, C.ª 1965, n.º 3. Este privilegio rodado, uno de los expedidos en Segovia el 12 de octubre de 1404, en teoría confirmaba la dotación del infante nunca escriturada que se escenificó en las Cortes de Guadalajara de 1390. Lo conocemos a través del traslado sacado a partir de otra copia autorizada del original a petición del procurador del difunto Fernando I de Aragón y de sus hijos, ante la cancillería real en Valladolid, Martín Alfonso de Saavedra, el 24 de septiembre de 1416. 262   Las Asturias de Santillana en 1404 según el apeo formado por orden del infante Don Fernando de Antequera, ed. de F. González Camino y Aguirre, Santander, Librería Moderna, 1930, Apéndice I, pp. 115-120. 261

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Esta merced suponía una mejora cuantitativa y cualitativa notable para los intereses del infante. La enmienda de 1000 doblas castellanas anuales de renta por el total de los frutos de los derechos reales sobre las behetrías suponía extender la percepción de tributos y el ejercicio de derechos sobre este tipo de lugares en todo el norte del reino, dotando así al señorío de Lara del sustento de ejercicio de poder señorial con el que no contaba. Además, si la estimación del valor de las 12 000 doblas anuales en 500 000 mrs. se establecía sobre un cambio para tales doblas de, al menos, 37 mrs. de moneda vieja, la permuta de 1000 doblas por el valor de todas las rentas que devengasen esos derechos sobre las behetrías existentes en la Corona podía llegar a superar con creces los 37 000, 74 000 o incluso 95 000 mrs. por los que se hubieran tasado aquellas 1000 doblas.263 Hemos de pensar que, en todo caso, las ventajas de esta merced no fueran tan magníficas como pudiera parecer. La posibilidad de llevarla a término y de que se materializara en forma de recaudación y de ejercicio de otras atribuciones señoriales pasaba por confrontar que muchos otros señores desde hacía, al menos, décadas, disfrutaban de derechos que correspondían al rey sobre behetrías, por lo que esta merced habría de levantar su inmediata oposición. En los meses siguientes, la Corona estableció, pues, el procedimiento para que la donación al infante Fernando se llevase a término, de modo que, en Burgos, el 12 de julio de 1403, Enrique III revocó cualquier tipo de merced previa que se hubiera realizado sobre tales derechos reales que se otorgaban al infante, ordenando que se les hiciera enmienda por ello en otras rentas de la Corona. Puesto que la reacción inmediata de los perjudicados fue querellarse, por cuanto no podían ser privados de sus derechos por señores de behetrías —entiéndase, por naturalezas y divisas o por «señores naturales»—, se insistió en que solo se habían entregado a don Fernando los dere263   La estimación en los privilegios relativos a esta merced de 1397 y de 1406 (AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª, leg. 6-1, f. 61; AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 38; ARChVall, Pergaminos, C.ª 60, n.º 1), señalan el valor de la dobla en esa cuantía o su diferencia superior si el valor real que tuviera la dobla en los reinos de Castilla superase el de 40 mrs. por cada dobla. Esto permitiría cuantificar 1000 doblas en al menos 37 000 mrs. y 12 000 en 444 000 mrs., cantidad que, de cara a la recaudación, podía llegar a ser muy superior, puesto que los valores de la dobla castellana en el reinado de Enrique III y hasta la década de 1420 oscilaron entre los 84 y los 100 mrs. de moneda usual y el más frecuente de 95 mrs. por dobla castellana (Ladero Quesada, M. Á., «La política monetaria…», p. 92). Eso nos colocaría en equivalencias de en torno a 95 000 y 1 140 000 mrs. de moneda usual para 1000 y 12 000 doblas, respectivamente. Hay que entender que la tasación de estas rentas más realista fue la del doble de mrs. de moneda usual por cada mri. de moneda vieja, tal y como concedió expresamente Enrique III desde 1404 a su hermano para el cobro de todas las rentas procedentes de sus señoríos, tanto con jurisdicción como behetrías («… asý de los que vos yo fize merçed en las dichas behetrías commo de los vuestros lugares solariegos…»; Colección documental de Cuéllar…, doc. 233, pp. 395-396, albalá del rey dado el 8 de octubre de 1404). Bajo esta tasa del doble de moneda usual, o de blancas, que de moneda vieja se recaudaron ya la marzadga y el yantar en Paredes de Nava en 1404 (AMPdN, CP, 238/7, f. 6/21 r.).

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chos que pertenecieron en tiempos pasados a los reyes y a los señores de Lara. A su vez, se nombró al doctor Juan González de Acevedo, oidor de la Audiencia, para que entendiese en la presentación de las alegaciones que procediesen de los señores afectados, puesto que ellos deberían presentar ante él las pruebas que demostrasen su legítima posesión de tales derechos, ya fueran los documentos relativos a las mercedes correspondientes o los testimonios de dos o tres hombres buenos por cada lugar afectado. Ese nombramiento y la descripción del procedimiento, con los plazos de presentación de las evidencias de los derechos reales sobre behetrías disfrutados se concretaron mediante otra carta dada en Segovia el 9 de octubre de 1404.264 En esta situación, el infante procedió inmediatamente a hacer valer la merced recién adquirida. Buena muestra de ello son las quejas iniciales de señores agraviados a lo largo de la primavera de 1403, muy probablemente a cuenta de la toma de conocimiento de la merced otorgada a don Fernando cuando se iniciaron las primeras acciones para requerir la declaración de tales derechos y su pago en lugares de behetría. Más allá de suposiciones, en septiembre de 1403, el infante Fernando nombró específicamente a su criado y oficial mayor de cuchillo Per Alfonso de Escalante para que se encargara de realizar pesquisa de cuáles eran los derechos que a él pertenecían como señor de Lara en las behetrías de las merindades de Castilla Vieja, Aguilar de Campoo, Liébana-Pernía, Asturias de Santillana y Saldaña, atendiendo a la merced recibida de Enrique III.265 De ello podemos suponer que, en otras merindades menores, esta labor se encargase a otros oficiales de forma similar a lo largo de 1403 y aun en los años posteriores. La labor de Per Alfonso de Escalante ejemplifica bien a qué pudo conducir en muchos casos esta iniciativa del infante Fernando. Por un lado, en efecto, al levantamiento de relaciones de los derechos señoriales que pesaban sobre los lugares de behetría en diferentes zonas de la merindad mayor de Castilla, tales como el apeo que se levantó en las Asturias de Santillana entre el 30 de diciembre de 1403 y el 16 de julio de 1404.266 Pero, por el otro, al cobro efectivo de tales derechos, como pretendió hacer expeditivamente Per   Ambos documentos aparecen insertos en el recurso presentado por el procurador de Juan Fernández de Velasco ante el doctor Juan González de Acevedo en marzo de 1405 por el agravio que a él se hacía por aquella concesión real al infante Fernando (AHNob, Frías, C.ª 596, n.º 1). Aunque en la transcripción del documento datado en Burgos el 12 de julio de 1403 ratificando la donación de derechos reales sobre behetrías al infante que nos ofrece F. González Camino y Aguirre, sacada del apeo realizado en 1404 en las Asturias de Santillana por orden de don Fernando, el documento es fechado en 1400 (Las Asturias de Santillana en 1404…, Apéndice II, pp. 121-124), la coincidencia en año, mes y data tópica con la copia recogida en los documentos depositados en el Archivo de los duques de Frías nos hace pensar que, en el otro caso, estamos ante un error de transcripción. 265   Carta de poder dada en Ledesma, 4 de septiembre de 1403 (Las Asturias de Santillana en 1404…, Apéndice III, pp. 125-128). 266   Ibid., pp. 1-109. 264

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Alfonso de Escalante al tiempo que reclamaba que se declarasen y reconociesen los derechos de su señor. La consecuencia de ello fue la resistencia a prestar tales tributos por parte de los vasallos de algunos señores, muy concretamente, por los del valle de Carriedo, que lo eran de Leonor de la Vega y la toma de prendas a estos a principios del mes de diciembre de 1403.267 No fue esta la única prenda tomada por Per Alfonso de Escalante sobre los dependientes de los señores de la Vega: el 12 de abril de 1404, en Santander, Gonzalo de Escalante, en nombre del esposo de Leonor de la Vega, el almirante Diego Hurtado de Mendoza, presentó un requerimiento contra Per Alfonso de Escalante por los daños que ocasionó cuando, unos diez días antes, había entrado con 300 hombres armados en la Casa de la Vega y tomaron muchas prendas en ganado de toda consideración, ropa de cama y otros muchos bienes de don Diego Hurtado y sus vasallos, hasta la cuantía de 50 000 mrs., según la parte demandante. Más todavía, el procurador de Diego Hurtado de Mendoza aseguraba que Per Alfonso de Escalante había hecho fuerza en muchos de los vasallos de su señor para «… que se tornasen de otro sennorío…»; es decir, lo que se podría entender como que reconociesen el señorío del infante frente al de los señores de la Vega.268 Recordemos que, más arriba, hemos hecho referencia a la proyección señorial del señorío de la Vega bajo Leonor de la Vega y su esposo Diego Hurtado y a su agresiva expansión sobre las comunidades de las Asturias de Santillana, Trasmiera, Liébana y Pernía. Ya en 1394, Diego Hurtado de Mendoza había disfrutado del ejercicio de la alcaldía sobre sus lugares y vasallos en la merindad de las Asturias de Santillana, restringiéndose por tanto la jurisdicción del alcalde de dicha merindad,269 mientras que desde 1395 recibió por merced real el señorío en los valles de Liébana, Pernía y Campoo de Suso.270 También hemos mencionado los conflictos que los enfrentaron con los herederos del conde don Tello por la primacía señorial en la región. En cualquier caso, Per Alfonso de Escalante ignoró el requerimiento citado, reiterándose el mismo por segunda vez el 27 de abril de 1404. En esta   Se levantó testimonio de los gastos incurridos por Per Alfonso de Escalante desde que salió de Medina del Campo el 4 de diciembre, llegó a Guardo para cumplir su misión y tomó las dichas prendas, siete días después, la cual realizó en su nombre Juan de San Juan, despensero del dicho Per Alfonso. Los gastos en esa acción ascendieron a 3965 mrs. para el mantenimiento de los hombres de a caballo y de a pie que acompañaban a Juan de San Juan (AHNob, Osuna, C.ª 1.792, n.º 1). 268   AHNob, Osuna, C.ª 1798, n.º 10-1. El requerimiento fue reiterado por segunda vez el 27 de abril. 269   AHNob, Osuna, C.ª 1789, n.º 9. 270   Otra muestra del ejercicio de estos atributos de la justicia en manos de los señores de la Vega y, por tanto, de la concreción de su «señorío jurisdiccional» sobre estos valles frente a la autoridad real en las peticiones que varios vasallos de Leonor de la Vega de su lugar de Odias le hicieron para que los amparara frente al corregidor real Gómez Arias por la condena que les impuso, injustamente a su juicio, por el asesinato de un familiar suyo, en julio de 1405 (AHNob, Osuna, C.ª 1798, n.º 6). 267

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ocasión sí hubo respuesta, negando Per Alfonso cualquier forma de abuso en las prendas tomadas y ser todas dentro del derecho pero, sobre todo, en cuanto a haberse forzado a los vasallos del almirante Diego Hurtado a pasarse al señorío del infante Fernando. En este caso, era muy expresivo al señalar que, […] otra prenya nin agrauio él nin otros por él non les auía fecho nin fazía por que se tornasen vasallos del dicho sennor Ynfante, pero que los que de su grado se querían tornar vasallos del dicho sennor Ynfante de las behetrías, que él que los entendía de rresçebir por vasallos del dicho sennor Ynfante, non periudicando a otro alguno […].271

Por ello, podemos interpretar que, ante la presión ejercida por los de la Vega-Mendoza, no pocos habitantes y comunidades de la zona, ante el retroceso de la autoridad de la Corona y la repentina entrada en el escenario cantábrico del infante Fernando como titular del señorío de Lara y depositario de los derechos reales sobre las behetrías, considerasen el reconocerle a él como señor con el afán de sacudirse el más directo dominio de los señores de la Vega al encomendarse a un príncipe de la casa real que además no poseía señoríos con jurisdicción previamente en la zona. Este hecho debió de ser acogido de buen grado por Per Alfonso de Escalante, quien entendió que estaba llevando al mejor cumplimiento posible la misión que le había encomendado el infante, ahondándose en consecuencia los motivos para la confrontación entre este y los principales magnates de la región. No tenemos conocimiento de otros choques que, en relación al reconocimiento de los derechos sobre las behetrías del infante Fernando, alcanzasen una dimensión tan violenta como este. Sin embargo, sí tenemos constancia de que la colisión con más señores de muy diferente consideración fue bastante generalizada a lo largo de la merindad mayor de Castilla y que condujo a una importante movilización en torno a los ricoshombres más encumbrados en este territorio del reino de los afectados. Esto puede colegirse de la apelación alzada por Juan Fernández de Velasco en marzo de 1405 ante el doctor Juan González de Acevedo contra el privilegio otorgado al infante y el procedimiento de probanza de los derechos reales que sobre las behetrías pudieran ostentar los perjudicados por aquella donación. En ella, dentro de las distintas escrituras presentadas para sostenerla, Pedro Sánchez de Briviesca, procurador del citado camarero mayor del rey, se hacía relación de dos peticiones al respecto realizadas personalmente por Juan de Velasco ante el rey, una el 24 de octubre de 1404, en la casa de Bernuy cerca de Segovia, otra en el alcázar de Segovia el 3 de marzo de 1405. El interés de las mismas radica en que Juan Fernández de Velasco no protestaba exclusivamente por sí sino también por todos sus parientes, caballeros, escuderos, doncellas y   AHNob, Osuna, C.ª 1789, n.º 10-2.

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otros vasallos suyos que tenían derecho en las behetrías de Castilla.272 Sin duda, los vínculos de solidaridad recíproca tejidos en torno a la casa de Velasco por generaciones se activaron ante una amenaza general que afectaba, en distinto grado pero colectivamente, a los distintos miembros de la «clientela» y la parentela encabezadas por Juan Fernández de Velasco. Este, aunque debía de ser el principal afectado, al haber sido los señoríos de behetría uno de los principales objetivos de expansión de su «linaje» desde varias generaciones atrás, y el primer interesado en utilizar toda su influencia en la Corte para cortocircuitar la intromisión del infante en su espacio físico y social de poder señorial, procedió a tomar a su cargo la defensa de todos sus dependientes. Aunque no hemos encontrado pruebas de reacciones similares entre otras grandes casas aristocráticas de la región en torno a estos conflictos que estamos tratando, hemos de considerar que esta pudo ser la lógica habitual entre los principales señores regionales, sus familiares y criados. Aun merece la pena citar otra pugna más relacionada con los derechos sobre las behetrías del infante, justamente por no afectar a una casa aristocrática sino al señorío colectivo ejercido por un concejo urbano: el de la ciudad de Burgos. En este caso, el objeto de disputa venía planteado por la posesión de los derechos que distintas behetrías pagaban a los castillos de Lara y de Muñó. Según parece, el infante los reclamó para sí como antiguos derechos reales, si bien tanto Lara como Muñó con sus alfoces y fortalezas formaban parte del señorío de la ciudad de Burgos desde antiguo por donación regia: Lara desde 1255 por merced de Alfonso X, Muñó desde 1332 por privilegio de Alfonso XI.273 En el contexto en que nos hallamos, a partir de que la adquisición de los derechos reales sobre las behetrías por el infante significaran una posibilidad de engrandecimiento del señorío de Lara de verdadera consideración y que, como consecuencia de ello, se iniciasen los conflictos con los previos detentadores de aquellos, hubo de ser, precisamente, cuando don Fernando ordenó en 1405 a su escribano García Fernández de Medina sacar traslado del ejemplar original del Libro Becerro de las Behetrías, que se conservaba dentro de la cámara del rey.274 Es más que probable que con anterioridad el infante y sus oficiales pudieran haber tenido acceso a la consulta de este libro como fuente primera para las pesquisas acerca de los distintos derechos que habían de atribuirse al señorío de Lara. Pero, a causa de la multiplicación de los pleitos ante la Audiencia surgidos por el imperativo de la necesidad de los señores que ostentaban derechos reales de behetrías de justificar su legítima posesión sobre ellos y de su negativa a aceptar su pérdida, por un lado, y de las propias   AHNob, Frías, C.ª 596, n.º 1.   Bonachía Hernando, Juan Antonio, El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1978, pp. 33-34, 39. 274   Traslado autentificado en la villa de Peñafiel [Biblioteca del Palacio Real, ms. 721, ff. 341 r.-342 v.; cit. Libro Becerro de las Behetrías…, vol. I, pp. 26, 47-49]. 272 273

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necesidades de gestión de las atribuciones señoriales jurisdiccionales y exactivas aparejadas a un conjunto de derechos que estaba incrementándose progresivamente, por otro debió de hacerse necesario para don Fernando y los oficiales de su casa contar con una copia del Becerro, hoy desaparecida. Este documento hubo de ser, además, un elemento de prueba crucial para el seguimiento de las argumentaciones de la parte del infante en los procesos judiciales resultantes de la competencia interseñorial que estamos evocando.275 Sea como fuere, progresivamente el infante Fernando estaba llevando a cabo sus objetivos de extensión del señorío de Lara a partir de los derechos de behetría. Para ello, su propia capacidad de influencia ante su hermano el rey y su acceso privilegiado a la Audiencia no debió de escapar a nadie. En las páginas anteriores, en relación a la demanda presentada por Alfonso Fernández de Monroy por la posesión del señorío sobre Valverde de la Vera y Talaván, en Extremadura, y al pleito seguido entre la infanta doña Leonor y María Velázquez de Escobar, hija y heredera de Juan Rodríguez, y su esposo Per Álvarez Osorio, por el señorío sobre la villa de Grajal, en la Tierra de Campos, en ambos casos en 1405, hemos podido señalar cómo estos se seguían en la Real Audiencia y ante el oidor Juan González de Acevedo. Más aún, que Per Álvarez Osorio intentó infructuosamente recusar al doctor Acevedo, el mismo oidor ante quien habían de pasar todas las pruebas presentadas por los señores que pretendieran obtener compensación por los derechos reales sobre behetrías que hubieran ostentado hasta entonces legítimamente. No en vano, Per Álvarez Osorio no se hallaba falto de razón, pues Juan González de Acevedo se encontraba íntimamente vinculado al infante Fernando, hasta el punto que era uno de los regidores por él nombrados en su villa de Villalón, oficio que detentaba al menos desde 1401.276 Por eso, debía de ser 275   No hay que olvidar que probablemente Juan Fernández de Velasco contaba con otra copia del Becerro elaborada con anterioridad a 1400, sacado de la copia conservada hoy en la Biblioteca Histórica de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid, realizada a su vez después de 1369, y que también hubieron de utilizar con criterios similares a los del infante los Velasco para hacer valer los crecientes derechos que sobre las behetrías de Castilla fueron adquiriendo en la segunda mitad del siglo xiv. Sobre la tradición documental del Becerro, ibid., vol. I, pp. 35-72. 276   Su presencia como regidor queda claramente desvelada en la sesión del concejo de la villa de 9 de enero de 1411, cuando la corporación ordenó a los mayordomos que pagasen el salario de 1410 que se le debía como regidor al doctor Juan González de Acevedo, llamándosele por este nombre completo, el cual debería entregarse a su hermano Gonzalo de Acevedo (AMVillalón, LdA, n.º 1, 9 de enero de 1411). Acevedo normalmente aparece citado en las actas concejiles de Villalón como «el doctor Iohan Gonçalez». La mención a él más temprana, como uno de los regidores nombrados por el infante, junto con Pedro Fernández Cabeza de Vaca, Sancho González, Juan Fernández del Moral y Dia Sánchez de Basurto, para ejercer a perpetuidad este oficio, del mismo modo que había hecho con los regidores de su villa de Mayorga, es de 25 de julio de 1401, al ratificar a los cinco cuando los vecinos de Villalón, no reconociéndoles, decidieron nombrar «… seis omes buenos quatreros, que vosotros que los llamades e dezides sobrerregidores…», a partir de una carta inserta en una sesión del concejo varios años posterior (AMVillalón, LdA, n.º 1, 23 de octubre de 1409). Habrá lugar a reflejar

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conocido que el infante podía contar específicamente con el posicionamiento favorable de Juan González de Acevedo a sus intereses en los negocios que ante la Audiencia se le presentasen para juzgarlos, aun cuando este se halló auxiliado en los pleitos sobre los derechos de behetrías correspondientes al infante por el doctor Juan Alfonso de Toro.277 Así pues, es comprensible que otros grandes señores recurriesen, cuando se trató de dirimir asuntos que afectaban a su propio acceso a derechos sobre behetrías, a la mediación del infante. Al fin y al cabo, a partir de 1404 ya había adquirido una posición de poder en la Corte y en los negocios del reino solo por debajo de la del rey, había sido sancionado como principal señor con derechos sobre behetrías en el reino y estaba empezando a ser reconocido en ellos como tal y contaba con los contactos precisos para decantar decisiones gubernativas y judiciales, si estas alcanzaban los tribunales supremos de la Corona, a su favor y a favor de sus «clientes» y partidarios. Puede entenderse mejor el que, en este sentido, el infante fuese designado como uno de los tres árbitros, junto con el «pariente del rey», almirante mayor y canciller mayor del infante Alfonso Enríquez y el adelantado mayor de Castilla Gómez Manrique, para establecer concordia sobre la posesión de los lugares y derechos sobre behetrías que se disputaban, a partir de la herencia del conde don Tello, García Fernández Manrique —primo, por otro lado, del adelantado de Castilla— y Pedro Téllez.278 Del mismo modo, García Fernández Manrique se acogió también a la merced del infante por lo que se refería a la demostración de sus títulos y derechos sobre las behetrías en que ejercía señorío ante la Audiencia, pues don Fernando solicitó al rey que se otorgase carta de prórroga a aquel para la presentación de sus pruebas, del mismo modo que antes se le había dado también prórroga en ese sentido a doña Leonor de la Vega.279 Al menos habría que localizar en esta época el inicio de una relación armoniosa y colaborativa entre el infante Fernando y García Fernández Manrique que se haría más sólida con el paso de los años hasta el punto de convertirse este en el mayordomo mayor de uno de sus hijos, el infante Enrique, maestre de Santiago, y verse promocionados, gracias al vínculo clientelar la intimidad de la colaboración prestada por el doctor Juan González de Acevedo, como vemos, muy importante en esta época del reinado de Enrique III y que, durante la regencia de Juan II y especialmente en el negocio del acceso al trono de Aragón y en las tareas de gobierno del nuevo monarca aragonés, fue si cabe mayor. 277   Véase, a título de ejemplo, la mención de ambos en el desembargo que ordenó el infante Fernando a los derechos reclamados por Leonor de la Vega tras el dictamen realizado al respecto por ambos doctores (AHNob, Osuna, C.ª 1790, n.º 4). 278   AHNob, Osuna, C.ª 1840, n.º 2-1. 279  AGS, Estado, leg. 1-1-2, f. 67. La carta está datada en El Rincón a 19 de febrero. Consideramos que esta carta ha de fecharse en 1405 o 1406, pues, al citarse a Leonor de la Vega, no se hace referencia a Diego Hurtado de Mendoza y esto podría deberse acaso al hecho de que este ya hubiese fallecido, lo cual ocurrió en torno a junio de 1404 (Sánchez Prieto, A. B., La Casa de Mendoza…, pp. 277 y ss.).

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con este, él mismo como señor de Castañeda y el segundo de sus descendientes varones, Gabriel Manrique, a la dignidad de comendador mayor de la orden de Santiago.280 Llegados a este punto, podremos observar un poco más adelante cómo se produjo el seguimiento de algunos de los pleitos que estamos tratando para la concreción última de los derechos de behetría del señorío de Lara, los cuales en ocasiones se extendieron durante años y, en determinados casos, implicaron un severo factor de conflicto en el ajuste de las jerarquías señoriales en buena parte de la merindad mayor de Castilla. Fundamentalmente, esto ocurrió en aquellos casos en que una determinada casa aristocrática había logrado establecer una posición de predominio comarcal o regional mediante la acumulación de derechos solariegos y de behetría en gran número de lugares, como en el caso de los Vega-Mendoza o los Velasco. Estos conflictos, pues, son un elemento muy a tener en cuenta a la hora de comprender la posición de enfrentamiento que decidieron sostener contra el infante Fernando algunos de los principales oficiales de la casa del rey y de la Corte en los primeros años de regencia de Juan II tras la muerte de Enrique III, notoriamente en los casos del camarero mayor Juan Fernández de Velasco y del justicia mayor Diego López de Stúñiga. Aún no habíamos nombrado a este personaje pero el justicia mayor del rey fue otro de los principales afectados por la concesión de Enrique III a su hermano de los derechos sobre behetrías. Vamos a detenernos un momento a revisar el punto de fricción que en este sentido confrontó a Diego López de Stúñiga con el infante a partir de la pesquisa que se tomó entre diciembre de 1416 y marzo de 1417 en relación con el pleito que enfrentaba al infante, ya rey de Aragón, y al justicia mayor Diego López de Stúñiga por los derechos de la prestamería de las merindades de Rioja, Bureba, Nájera y Montes de Oca.281 La documentación relativa a ella nos ayudará a adentrarnos mejor en la complejidad de estos pleitos a causa de las dificultades que entrañaba dirimir el origen de muchos derechos señoriales que podían atribuirse al señorío de Lara y las condiciones en que habían sido traspasados por sus titulares regios a otros señores durante la segunda mitad del siglo xiv. Además, parte de su interés radica también en que nos informa sobre los derechos de behetrías en algunas de las merindades que no fueron incluidas en el Becerro 280   Gabriel Fernández Manrique fue el heredero del señorío sobre Galisteo, villa que quedó de la herencia de don Fernando y doña Leonor para su hijo el maestre don Enrique, una vez esta fue donada por Juan II de Castilla a su padre García Fernández tras la derrota del bando aragonesista, que también proporcionó a este el título de conde de Castañeda. Sobre la progresión señorial y cortesana de los personajes de esta rama de los Manrique de la que provendrían las casas de los marqueses de Aguilar de Campoo y la de los condes de Osorno, vid. Montero Tejada, Rosa María, «Los señoríos de los Manrique en la Baja Edad Media», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 7 (1994), pp. 205-258, en particular pp. 224-237; id., Nobleza y señorío..., pp. 187-287. 281   AHNob, Osuna, C.ª 285, n.º 19.

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de las Behetrías, por lo que nos encontramos ante una fuente de incuestionable valor. Aunque el documento con las informaciones sobre este pleito no permite precisar con exactitud desde cuándo el proceso se hallaba en curso, no sería extraño que se hubiera iniciado, como los otros litigios que hemos observado protagonizados por miembros del más alto rango de la aristocracia castellana contra el infante por los derechos sobre las behetrías, en torno a 1404 y 1405. Por lo que parece, en este caso la causa entre Diego López de Stúñiga y don Fernando no debió de llegar a finalizarse por la vía judicial y entre, 1407 y 1409, la toma del control de la regencia del monarca castellano por el infante Fernando y la posterior conciliación con Diego López debieron resultar en alguna suerte de acuerdo particular entre ambos señores sobre esta disputa. No obstante, a la muerte de Fernando, bien por la reanudación de reclamaciones sobre los derechos de behetrías por sus mansesores o por el nuevo señor de Lara, el infante Juan de Aragón, bien por la propia situación de indefinición legal en que había quedado la posesión de la prestamería de esas merindades de Rioja, Bureba, Nájera y Montes de Oca, Diego López de Stúñiga optó por solicitar ante la Audiencia, el 22 de diciembre de 1416, la posibilidad de presentar nuevas pruebas que justificasen su derecho a la posesión de dicha prestamería, no obstante se había superado el plazo para ello, lo cual se tuvo a bien. La argumentación para la presentación de estas nuevas pruebas del procurador de Diego López de Stúñiga giraba en torno a que, la merced de la prestamería de las merindades citadas que él disfrutaba por donación de Juan I, la tenía otorgada, efectivamente, por el rey, razón por la cual no había lugar a que se le embargasen sus derechos. Mientras el procurador del rey de Aragón, Martín Alfonso Saavedra, insistió en argumentar que atendería a las pruebas para demostrar que a Diego López no podían pertenecer los derechos sobre las behetrías que implicaba la prestamería y que en tal caso se le haría enmienda por ellas en otras rentas de la Corona. Es en la declaración del procurador fiscal del rey donde se nos coloca ante el eje del problema: la merced de la prestamería dicha, que perteneció al señorío de Vizcaya, la hizo el rey en su calidad de señor de Vizcaya, por más que el privilegio presentado por Diego López de Stúñiga donde se recogía la merced nombrara a Juan I siempre como rey y no como señor de Vizcaya. En este caso, pues, los derechos que se disputaban como pertenecientes o no a lo donado por Enrique III al señorío de Lara habían pertenecido originariamente a los últimos señores de la casa de Lara procedentes del patrimonio que heredaron del señorío de Vizcaya y lo que se intentaba dirimir era si la donación de la prestamería de las citadas merindades se hizo a partir de su consideración como un bien y derecho privativo de la Corona real o como propio de la herencia de los Lara como señores de Vizcaya. Esto no dejaba, llegado el momento, de ser interpretable en cualquiera de los dos sentidos, puesto que

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sabemos que, en 1342, Alfonso XI prohibió a Juan Núñez III de Lara, señor de Lara y de Vizcaya percibir derechos de prestamería en los lugares de la Bureba y La Rioja pertenecientes al monasterio de las Huelgas de Burgos, limitando la merced que a él le había hecho Juan Núñez III de tales derechos en aquellas poblaciones en ambas merindades donde estos tributos correspondían al rey.282 Aunque la posición de la parte del rey de Aragón y de su heredero fue favorable a reconocer que la merced a Diego López de Stúñiga la había realizado Juan I en tanto rey y no como señor de Vizcaya y, por tanto, don Diego tenía derecho a recibir una enmienda por los derechos de la prestamería que habían de pasar al señor de Lara, no hubo lugar a acuerdo con el procurador fiscal del rey, que insistió en que no correspondía a tal enmienda al proceder la donación del patrimonio del señorío de Vizcaya y en calidad de tal señor de Vizcaya. Ello dio paso a que los oidores de la Audiencia ordenasen reunir probanzas de testigos en los lugares afectados por el cobro de los susodichos derechos, para lo cual Martín Alfonso de Saavedra se desplazó hasta Oña para allí, el 5 de marzo de 1417, ante Pedro González de Grañón, bachiller en Leyes y alcalde de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, solicitar a este que, dando cumplimiento a la carta, emplazase a los testigos necesarios para completar la probanza. En ella, desde el 9 al 23 de marzo de ese año comparecieron hasta 52 testigos procedentes de 27 lugares de behetría en estas merindades de Rioja, Bureba, Nájera y Montes de Oca, además de Pedro González de Tamayo, alcalde de Oña y cogedor que fue de la prestamería de dichas merindades por Diego López de Stúñiga. A estos se les formularon seis preguntas distintas, referidas a la posesión del señorío de determinados lugares en estas merindades y a la titularidad de los derechos que en ellos se pagaban, a quién eran rendidos los mismos y, al fin, quiénes eran herederos, es decir, quiénes ostentaban divisa en esos lugares y si esos herederos llevaban derechos como tales en las behetrías concernidas. Para no extendernos en exceso en este relato, de las probanzas, que retrotraían sus informaciones a mediados del siglo xiv, se podía deducir, por una parte, que ese derecho de prestamería fue llevado por los últimos señores de la casa de Lara, Juan Núñez III y don Nuño. Posteriormente, que ese derecho fue llevado por Juan I ya cuando era infante heredero y, después, cuando fue proclamado rey. Al fin, se puede recomponer que este monarca lo había donado a los Stúñiga, si bien los testigos no llegaban a determinar con seguridad si fue otorgado a Íñigo López de las Cuevas o a Diego López de Stúñiga. En cualquier caso, en el presente, por este último llevaba la prestamería Fernán Sánchez de Bañuelos, el cual cogía, mostrando carta del rey, los derechos correspondientes en nombre de Diego López. No obstante, también se reconocía la existencia de un yantar del señor de Lara en el lugar de Cubo 282   Documentación del monasterio de las Huelgas de Burgos (1329-1348), ed. de F. J. Peña Pérez, Burgos, Ediciones J. M. Garrido Garrido, 1990, doc. 93.

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de Bureba y que este derecho fue llevado por el infante Fernando, siendo recaudado por Juan Ruiz de Belorado, su recaudador de las behetrías. Para mayor complicación, alguno de los testigos notificaba cómo la prestamería fue cobrada por este recaudador en nombre del infante, por cuanto a él correspondía, desde hacía diez o doce años, lo que ocurría en los lugares de Miraveche, Navas, La Parte, Hermosilla, Carcedo, Hoyo, Salinillas, Renoso, Quintanilla de Bon y Santa Olalla. En realidad, parece que el eje de la pesquisa estaba, como veníamos señalando, en delimitar a quién habían correspondido originalmente el conjunto de derechos de behetría y la prestamería en época de Juan Núñez de Lara y de Pedro I. En los primeros, los derechos sobre behetrías, si al señor de Lara o al rey. En los segundos, los de la prestamería, al señor de Vizcaya —ostentado entonces igualmente por los Lara— o al rey. Este detalle permitiría justificar la legitimidad de los derechos de Diego López a una compensación por parte de la Corona sobre la prestamería, aspecto en el que había acuerdo entre su parte y la de don Fernando y su hijo don Juan. Al fin y al cabo, nadie discutía la legitimidad de la donación hecha por Juan I a Íñigo Ortiz y al fin adquirida por Diego López de Stúñiga. Tampoco se discutía la legitimidad de la posesión que reclamara el infante Fernando de la prestamería, bien como derecho real anejo a los derechos sobre behetrías, bien como patrimonio originario del señorío de Lara. Ahora bien, si la donación fue hecha en tanto derecho real y no como un derecho perteneciente al señorío de Lara y al de Vizcaya, sin duda la compensación a Diego López por la pérdida del disfrute de la prestamería estaba justificada. Mientras, si la prestamería había pasado a Juan I siendo infante heredero como señor de Lara y heredero de los derechos de Lara y de Vizcaya, no había lugar a tal compensación, con independencia de en calidad de qué el infante Fernando hubiera reclamado para sí la prestamería, de las pruebas al respecto que Diego López de Stúñiga tratando de hacer valer sus derechos y del acuerdo al que pudieran haber llegado ambos, entre 1404 y 1409 a lo sumo. Lo cierto es que, finalmente, la situación no era ni mucho menos clara. Diecisiete testigos declararon que la prestamería correspondía a un derecho del rey donado a Diego López de Stúñiga, mientras que otros diez indicaron que la prestamería fue derecho perteneciente al señor de Vizcaya. Otros seis no daban una respuesta concluyente sobre quién tenía este derecho originalmente y, al fin, otros veintisiete no sabían o no contestaron la pregunta en cuestión. Por su parte, Pedro González de Tamayo se encontró entre los que indicó no saber nada al respecto de este asunto, respondiendo exclusivamente al hecho de que fuera recaudador de las rentas de la prestamería, y que podían rendir unas 550 o 560 fanegas de pan mediado y una cuantía de mrs. que no recordaba. Más allá de los posibles intereses de parte de los testigos, la definición clara del origen legítimo de estos derechos se hallaba sumamente desdibujada en la memoria de los testigos, retrotraída hasta prácticamente

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ochenta años atrás, a resultas de la sucesión de señores de Lara y de Vizcaya, la integración a la Corona de tales derechos por vías diferentes y las posteriores mercedes de los mismos por Juan I y Enrique III. Todo ello nos permite comprender lo proceloso de los distintos pleitos que afectaron a los distintos señores que hubieron de afrontar la reclamación de los derechos del señorío de Lara por parte del infante Fernando cuando, por otro lado, el procedimiento establecido por Enrique III para la prueba de los mismos ante la Audiencia favorecía que su posesión fuese inmediatamente asumida por el infante y, en último término, terminase por pasar a manos del infante Fernando de forma legitimada, bien porque el anterior señor no podía justificar derechos legítimos, bien porque, al hacerlo, el procedimiento favoreciese que los perdiera y fuese compensado con otras rentas procedentes de la Hacienda regia. De un modo u otro, esta resolución hacia la que parecían apuntar los pleitos que sobre estos derechos se elevasen ante la Audiencia se podía vislumbrar como un remarcable menoscabo en sus estrategias de proyección señorial para los distintos señores que venían afianzándose en los espacios de la merindad mayor de Castilla con particular fuerza desde mediados del siglo xiv. Llegados a este punto, entonces, conviene que demos cuenta de las diferentes resoluciones que tuvieron los distintos procesos que hubieron de abrirse por la posesión de derechos reales sobre behetrías. En efecto, según la calidad del señor que hubo de afrontar la pretensión del infante de hacer valer la merced recibida de Enrique III, su propia influencia territorial y clientelar en las zonas donde se hallaban los derechos en litigio y el balance estratégico que para el infante suponía la relación con cada uno de ellos, el resultado final pudo ser muy diferente. El caso de la prestamería de Rioja, Bureba, Nájera y Montes de Oca que acabamos de tratar es muy ilustrativo en este sentido de cómo, dependiendo de todos estos factores, el acceso a procedimientos extrajudiciales para dirimir estas disputas fue una alternativa muy usual. Si bien Diego López de Stúñiga, como hemos visto, no dudó en reclamar sus derechos a la prestamería cuando murió el rey de Aragón, lo cierto es que el resultado de la pesquisa nos muestra cómo la posesión de los derechos sobre la misma, en vida de don Fernando en realidad debió de someterse a un trato a nivel particular entre los dos magnates. Así, no dejaba de haber acuerdo entre ambas partes en el derecho de Diego López a una compensación a cuenta de los derechos perdidos por parte de la Hacienda real. Además, de los veintisiete lugares de los que los testigos hicieron relación, en diez las rentas eran cobradas por el recaudador del infante Fernando mientras que, en los otros diecisiete, eran llevados por los oficiales de Diego López de Stúñiga, lo cual denota acaso una partición más o menos amistosa de los derechos de la prestamería. Esto, insistimos, hay que ponerlo en relación con la reconciliación en el favor del infante del justicia mayor del rey en 1409, después de que, tras el golpe de

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mano de don Fernando para hacerse con el control de la regencia, aquel y Juan Fernández de Velasco, hubieran huido de la Corte. Tratemos de observar, pues, cómo se procedió en los distintos casos a partir de algunos ejemplos. Por una parte, no debieron de faltar los casos en los que el infante negoció directamente con los señores afectados por la necesidad de demostrar la posesión de derechos y, a resultas de ello, se acordó una compensación para estos a cambio de la renuncia en manos del infante Fernando de los derechos sobre behetrías. No conservamos demasiada información al respecto pero un buen ejemplo de ello puede ser la compra a Teresa Gómez, hija de Gómez Díaz de la Peña, entre julio y octubre de 1411, de sus derechos situados en las martiniegas de ciertos lugares de la merindad de Castrojeriz y otros más próximos, que conformaban una renta de 3254 mrs. de moneda vieja anuales, por el precio de 65 580 mrs.283 Probablemente, para muchos pequeños señores, la renuncia a estos derechos ante alguien tan poderoso como el infante Fernando a cambio de una compensación pecuniaria o de otro tipo podía resultar una salida honrosa y menos gravosa que las costas judiciales de un proceso, por otra parte más lento, cuyo resultado podrían prever desfavorable para sus intereses. Ya fuera a través de este tipo de negociaciones o de la finalización del procedimiento de demostración y compensación establecido por las autoridades de la Corona, nos encontraríamos ante evidencias de cómo la concreción de los derechos del señorío de Lara se integró dentro de dinámicas de jerarquización señorial en áreas regionales o comarcales, en las cuales pequeños señores de modestas parentelas aristocráticas asumieron el retroceso de su influencia local o comarcal frente a la concentración de derechos y la consiguiente implantación del poder señorial de unas pocas grandes casas. Por otra parte, los casos que hemos estudiado de los derechos de los señores de la Vega, Juan Fernández de Velasco y Diego López de Stúñiga nos colocan ante un escenario de conflicto diferente que dio lugar a otro tipo de soluciones. En estos ejemplos podemos contemplar conflictos interseñoriales en los que la relación de fuerza entre los contendientes no era tan marcadamente asimétrica sino que se situaría en un plano más horizontal, por cuanto ambas partes entraban a competir por una posición de primacía seño  El 6 de julio de 1411 en Valladolid, el canciller del infante Fernán Velázquez de Cuéllar adquirió las rentas situadas en 15 lugares de behetría tras recibir Teresa Gómez autorización real para realizar la venta. A su vez, el 17 de octubre de ese año, en Riaza, hizo traspaso de los 3254 mrs. de moneda vieja de renta a su señor el infante. Las martiniegas comprendidas afectadas por la merced que disfrutaba Teresa Gómez y antes su padre Gómez Díaz de la Peña eran las de Santoyo, Boadilla del Camino, Valbuena, Villanueva cerca de Cordobilla, Revilla Vallegera, Villamediana, Los Balbases, Palacios cerca de Pampliega (Palazuelos de Muñó), Melgar de Fernamental, Villapelayo, Santiago del Val, Valdeolmos, Torre cerca de Astudillo y Espinosa cerca de Los Balbases (AHNob, Toca, carp. 397, n.º 6). Estas rentas fueron, a su vez, donadas en 1415 a Juan de Rojas, sobrino del arzobispo Sancho de Rojas (AHNob, Corvera, carp. 342, n.º 1). 283

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rial en áreas regionales más o menos bien definidas. Al menos, desde el punto de vista de las tres casas mencionadas así debió de ser entendida la amenaza de verse privadas por el infante Fernando, el principal señor del reino, de parte de los derechos sobre behetrías que ellos habían adquirido en espacios donde esas parentelas aristocráticas aspiraban a un poder señorial hegemónico sobre otros señores y sobre las comunidades humanas que articulaban tales territorios, como ocurría con Diego Hurtado de Mendoza y Leonor de la Vega en la zona cantábrica, los Velasco en la merindad de Santo Domingo de Silos —y probablemente en otras merindades como las de Castilla Vieja o la de Bureba— o los Stúñiga en la Bureba y la Rioja. En estos casos, aunque los conatos de enfrentamiento violento no faltaron, el infante prefirió habitualmente optar por la vía de la negociación con estos potenciales rivales y asumir, consecuentemente, acuerdos que implicaron la renuncia total o parcial a los derechos a los que aspiraba. En este tipo de desenlace parece que, frente a la obtención de pequeñas parcelas de ejercicio de poder señorial, don Fernando priorizó acuerdos que tenían en cuenta sus estrategias más generales para alzarse en una posición de liderazgo indiscutido en el conjunto de la monarquía castellana como primer señor de la Corona de Castilla, primero entre los «parientes del rey». Por tanto, la búsqueda de consensos en cuestiones tan sensibles como la definición de las áreas territoriales de influencia señorial de los principales magnates del reino pasó a un primer plano. Tal vez, en este sentido, la finalización de las disputas con Leonor de la Vega sea la más expresiva en cuanto a lo que hemos señalado. De este modo, si en torno a 1404-1405 la situación había degenerado en tomas de prendas por los emisarios del infante a los señores de la Vega y sus vasallos con las consiguientes protestas de estos, y el paso de personas y comunidades de las Asturias de Santillana y Trasmiera al señorío del infante, había observado cómo, después de enviudar, Leonor de la Vega, no aceptando la enmienda que se le ofrecía, había solicitado prórroga para la presentación de sus alegaciones y pruebas relativas a la legitimidad de los derechos señoriales que se le pretendían disputar ante los oidores de la Audiencia. Además, en diciembre de 1404 había obtenido del rey Enrique III una provisión por la cual ella y sus hijos debían ser eximidos y protegidos por las autoridades reales en caso de que otras personas quisieran poner pleitos contra ellos o embargar sus bienes,284 medida sin duda tomada por la viuda del almirante Diego Hurtado para tratar de contrarrestar las prendas que Per Alfonso de Escalante había realizado en sus dominios y el paso de sus vasallos al señorío del infante, recibidos por el dicho Per Alfonso. La siguiente referencia con que contamos, ya después de que Enrique III falleciera, en el contexto de la regencia compartida entre el infante Fernando y Catalina de Lancaster y el recrudecimiento de las diferencias entre ambos   AHNob, Osuna, C.ª 1798, n.º, 1. Dada en Madrid, 24 de diciembre de 1404.

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regentes por la gobernación del reino, data de marzo de 1407. En esas fechas, Leonor de la Vega volvió a reclamar amparo en los lugares de su señorío, alegando ser solariegos suyos, a cuenta de los requerimientos que el infante y sus oficiales presentes en las Asturias de Santillana estaban realizando y de cómo se pudiera sentenciar el pleito con don Fernando.285 Para ello, se respaldaba en los privilegios que Alfonso XI concedió a Gonzalo Ruiz de la Vega, en 1335, y de las rentas reales en el valle de Piélagos, y en los valles de Carriedo, Villaescusa, Cayón, Camargo, Cabezón, el alfoz de Lloredo, los puertos de Ruiseñada y Mobargo y en el monasterio de Orejo, que ya poseía en 1341.286 El resultado fue, en cierto modo, sorprendente pues, ese mismo año, vistos los privilegios, los oidores los dieron por buenos y ordenaron a los contadores reales «… pues que la dicha doña Leonor escogió quedar con los dichos derechos de los dichos lugares, que son behetría, que fagades luego la dicha enmienda al dicho infante…».287 Esto contravenía completamente el proceder estipulado por Enrique III para estos casos elevados ante la Audiencia, al ser el infante el perjudicado en la posesión de los derechos reales sobre behetrías y darse por válidos los privilegios regios de sus beneficiarios previos que, recordemos, se había decretado que no fueran dados por válidos salvo para hacer compensación por su cuantía a aquellos. En cualquier caso, el infante Fernando otorgó posteriormente una carta de desembargo a Leonor de la Vega, informando a los oficiales en las merindades de las Asturias de Santillana y Trasmiera de la sentencia dada por los oidores de la Audiencia y de cómo algunos moradores en los solares, solariegos y lugares de behetría comprendidos en los privilegios presentados por la señora de la Vega contradecían la posesión del señorío sobre ellos de esta, alegando que el infante había ordenado por su criado Per Alfonso de Escalante tomar la posesión de aquellos valles y solares para sí. Teniendo esto en cuenta, el infante ordenaba que, no siendo su intención contradecir el señorío sobre aquellos lugares y solares que tenía Leonor de la Vega, […] non enbarguedes la dicha posesión al dicho Pero Alfonso, mi criado, o a otro alguno en mi nombre tomó o rresçibó por mí e en mi nombre para auer e cobrar los dichos derechos de las dichas behetrías, que veades las cartas de  Carta dada en Segovia, el 8 de marzo de 1407 (AHNob, Osuna, C.ª 1798, n.º 11). 286   Escagedo Salmón, Mateo, La casa de la Vega, comentarios a las behetrías montañesas y el pleito de los valles, Torrelavega, Imp., Lib. y Enc. de Antonino Fernández, 1917, pp. 25-27; Pérez-Bustamante, R., Señorío y vasallaje…, pp. 42-45. 287   Escagedo Salmón, M., La casa de la Vega…, p. 200. Así, el 17 de marzo de 1407, en atención a lo señalado por los oidores, Per Alfonso de Escalante y Leonor de la Vega hicieron declaración de las rentas que a ella correspondían en los dichos valles (Pérez-Bustamante, R., Señorío y vasallaje…, pp. 47-48). 285

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desenbargo delos dichos iuezes o delos contadores mayores del rey mi sennor e mi sobrino que en esta rrazón son o serán dadas ala dicha donna Leonor, que la ayades e rresçibades por sennora e por poseedora enlos dichos valles e lugares e solares e solariegos e derechos segúnd que por los dichos preuilleios se contiene […].288

Así, la carta insistía luego en que se respetase la posesión de Leonor de la Vega en los dichos valles y su derecho, habiéndosele de pagar a ella las costas y daños que por esta razón hubiese recibido. Hemos de tener en cuenta que la carta no tiene data alguna y que los términos en que se redacta la aceptación de los derechos de Leonor de la Vega por parte del infante eran, en cierto modo, ambiguos respecto a lo otorgado por los oidores de la Audiencia: si bien se consentía en el respeto del señorío de esta, también se incidía en que debía respetarse también su propio derecho a tomar posesión y cobrar, a través de Per Alfonso de Escalante o sus delegados, los derechos sobre los lugares de behetrías. De ello podemos deducir que acaso el infante Fernando estaba procediendo a una interpretación muy particular de la sentencia dada en la Audiencia y que, de algún modo, no aceptaba la compensación por la renuncia a los derechos sobre las behetrías sino que dejaba la puerta abierta a mantenerlos bajo su señorío. La falta de data en la carta de desembargo es relevante, en la medida en que nos lleva a dudar acerca de si fue otorgada en 1407, poco después de ser dictada sentencia al litigio entre el infante y la señora de la Vega por los derechos de behetría en las Asturias de Santillana y Trasmiera, o, en cambio, no fue expedida algo más tarde. En este sentido, es importante tener en cuenta cómo Juan Fernández de Velasco y Diego López de Stúñiga se refugiaron, tras el golpe de Guadalajara de junio de 1408, en Hita, lugar de señorío del heredero de Leonor de la Vega y Diego Hurtado de Mendoza, Íñigo López de Mendoza, entonces bajo tutela materna.289 Tampoco debemos olvidar que, tras el fallecimiento de Diego Hurtado de Mendoza, Leonor de la Vega había buscado afianzar su posición y la de sus hijos mediante el acercamiento a uno de los ricoshombres más prominentes del reino e influyentes en la Corte: el maestre de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa. El 17 de agosto de 1408 ambos concertaron los esponsales de sus hijos Íñigo López y Catalina Suárez de Figueroa, poco después de producirse los sucesos de Guadalajara.290 Si   AHNob, Osuna, C.ª 1790, n.º, 4.   García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 110, pp. 243-246; Nader, Helen. The Mendoza Family in the Spanish Renaissance 1350-1550, New Brunswick, Rutgers University Press, 1979, pp. 43-47; Sánchez Prieto, A. B., La Casa de Mendoza…, pp. 47-58 290   Suárez Fernández, Luis, «El hombre y su tiempo», en VV. AA., El Marqués de Santillana, 1398-1458. Los Albores de la España Moderna, vol. I. El Hombre. La figura de don Íñigo López de Mendoza, Hondarribia, Nerea, 2001, pp. 17-48, en concreto, pp. 17-20; Beceiro Pita, Isabel, «La valoración del saber entre las elites», en VV. AA., El Marqués de Santi288 289

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atendemos además a que el inicio de los mismos se había apoyado en un enfrentamiento entre hombres de las casas de Diego Sarmiento y de Rodrigo de Perea que acabó con muertos ante las casas donde estaba aposentado el maestre de Santiago, donde se refugió Rodrigo de Perea al ir en pos de él el conde de Trastámara y el almirante Alfonso Enríquez en ayuda de su pariente Diego Pérez Sarmiento, los tres muy directamente ligados como ya sabemos al infante Fernando como miembros prominentes de su afinidad, el panorama que se nos dibuja es mucho más comprensible. Ahora resulta menos casual la alianza entre Juan Fernández de Velasco, Diego López de Stúñiga y Leonor de la Vega en el verano de 1408 y el acercamiento de esta al agraviado por las gentes del infante Lorenzo Suárez de Figueroa. Los tres primeros, al fin y al cabo, compartían una posición común de enfrentamiento con el infante en relación con el conjunto de los derechos reales sobre las behetrías, para empezar. Consecuentemente, el posicionamiento del camarero mayor y del justicia mayor del rey en 1408 en torno a la reina Catalina frente al infante Fernando obedecía a una defensa de su posición de poder en el reino que no solo tenía una dimensión cortesana, ligada al acceso a los aparatos de gobierno de la monarquía, sino también otra territorial y señorial. En efecto, el acrecentamiento del liderazgo del infante al frente de la regencia iba a la par de la extensión de su influencia señorial por las tierras de Castilla, entrando en colisión a ambos niveles con otros ricoshombres. No es extraño, pues, que en ese cruce de intereses, Leonor de la Vega optase por hacer frente común con quienes se mostraban opuestos al infante y, justamente, por motivaciones similares a ella. Esto nos conduce a pensar que, a la altura del verano de 1408, en realidad, Leonor de la Vega no podía contar con las garantías de que el infante Fernando atendiera a la sentencia dada por la Audiencia y aceptase, como hemos visto que finalmente no hizo, la renuncia a los derechos reales sobre las behetrías de los valles que aquella señoreaba en las Asturias de Santillana y Trasmiera. En cualquier caso, la consolidación de la hegemonía del infante en la regencia de Juan II en la segunda mitad de 1408 y 1409, la reconciliación con don Fernando y el regreso a la Corte de Juan Fernández de Velasco y Diego López de Stúñiga en marzo de ese último año y el fallecimiento en mayo de Lorenzo Suárez de Figueroa dejaron a Leonor de la Vega en una situación frágil para oponerse a don Fernando.291 Ello debió de llevar a esta, igual que a Juan Fernández y a Diego López, al establecimiento de pactos para solventar sus diferencias, que también hubieron de atañer a los contenciosos sobre llana, 1398-1458. Los Albores de la España Moderna, vol. I. El Hombre. La figura de don Íñigo López de Mendoza, Hondarribia, Nerea, 2001, pp. 109-132, en concreto, pp. 119-120. 291   Sobre el retorno de Juan Fernández y Diego López a la Corte, instalada en Valladolid, y la muerte del maestre de Santiago, vid. García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 125, pp. 272-273, cap. 133, pp. 288-289.

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los derechos en las behetrías. Acaso sea más correcto pues datar la carta de desembargo del infante a Leonor de la Vega a partir de estas fechas, habiendo dado por bueno esta el que don Fernando mantuviera el disfrute de los derechos sobre las behetrías de los valles mientras que él reconocía el pleno dominio de la señora de la Vega sobre solares y vasallos solariegos en esta región. No en vano, con posterioridad a 1409 las relaciones entre el infante Fernando y Leonor de la Vega parecen haber sido buenas. A partir de ese momento no volvemos a encontrar huellas de conflicto entre ellos por este motivo y el hijo y heredero de Leonor de la Vega y Diego Hurtado de Mendoza, Íñigo López, pasó a criarse en la casa del infante, junto a los hijos de Fernando y Leonor, integrándose en el entorno del mayor de estos, Alfonso, del cual llegaría a ser uno de los coperos de su casa en el momento en que se convirtió en infante heredero de Aragón y príncipe de Gerona.292 Desde ese momento hasta 1429, los Mendoza-la Vega pasaron a integrarse fielmente en la afinidad de Fernando y Leonor y luego de sus hijos y, como resultado de ello, entre 1412 y 1414, Leonor de la Vega y sus hijos pudieron asentar sin oposición la posesión de sus derechos en los valles de las Asturias de Santillana y Trasmiera, avanzando en el proceso de adquisición de la jurisdicción plena sobre ellos, tal y como muestra, entre otros elementos, la consecución de la exención de sus dominios también en Liébana y Pernía de cualquier competencia jurisdiccional por parte del corregidor real.293 Hemos dado cuenta igualmente de cómo la disputa por los derechos aparejados a la prestamería de las merindades de Rioja, Bureba, Nájera y Montes de Oca entre Diego López de Stúñiga y el infante quedó resuelta con una interrupción de la causa judicial, retomada por Diego López en 1417, y el reparto entre ambos magnates de los derechos, en ciertos lugares de behetría para el justicia mayor del rey, en otros para don Fernando. No hemos tenido mayores noticias sobre qué pudo ocurrir con el pleito con Juan Fernández de Velasco pero la ausencia de las mismas es indicativa de que tampoco fue finalizado. Probablemente, del mismo modo que ocurriera con los señores de la Vega y Diego López de Stúñiga, la aceptación de la autoridad del infante 292   Ryder, A., Alfonso El Magnánimo…, pp. 21 y ss.; Suárez Fernández, L., «El hombre…», pp. 20-24; Beceiro Pita, I., «La valoración…», p. 120; Sánchez Prieto, A. B., La Casa de Mendoza…, pp. 51-65. En cuanto a la mención de Íñigo López de Mendoza en el entorno de don Fernando y su promoción en la casa del infante Alfonso, Zurita, J. Anales..., Libro XI, cap. 37, pp. 71-76, ACA, RP, MR, vols. 610-611, 913-915 y 935; Aragó Cabañas, Antonio María, «La corte del infante Don Alfonso (1412-1416)», en IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. II, Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, 1970, pp. 273294. 293   Ante el nombramiento del nuevo corregidor en Santander, San Vicente de la Barquera, Santillana y las merindades de las Asturias de Santillana, Campoo, Liébana y Pernía, Juan Sánchez de Peralta, bachiller en Leyes, por muerte de su antecesor Juan Ruiz de Medina, la cédula real expedida al efecto el 14 de mayo de 1414 señalaba sus atribuciones y jurisdicción, indicándose expresamente que de ella quedaban exentos los lugares y concejos pertenecientes a Leonor de la Vega y sus hijos (AHNob, Osuna, C.ª 1798, n.º 2).

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en la Corte bien pudo pasar por otro acuerdo en términos similares, bien mediante partición de derechos, bien a través del reconocimiento de aquellos en manos de Juan de Velasco a cambio de otra suerte de apoyos para el infante en su control del gobierno del reino.294 En cualquier caso, todos estos ejemplos nos ilustran que la actitud del infante Fernando, ante situaciones de conflicto por los derechos reales sobre las behetrías donados al señorío de Lara que afectaban a los principales magnates del reino, se decantó por soluciones intermedias y en las que había lugar para un alto grado de conciliación con ellos. De este modo, con las parentelas aristocráticas más poderosas, las soluciones concretaron el respeto a las áreas de influencia señorial sobre el territorio en la merindad de Castilla de aquellas dentro de la aceptación por estas de la restauración, al menos parcial, de la influencia del señorío de Lara en manos del infante Fernando en la Castilla al norte del Duero. Algo similar debió acaso de ocurrir en la disputa que afectaba al concejo de Burgos por los derechos correspondientes a los castillos de Lara y Muñó que don Fernando reclamó como derechos reales sobre behetrías. En febrero de 1412, se enviaba albalá del rey, si bien firmado por su tutor, el infante Fernando, al prestamero de este en Lerma, Álvar Rodríguez de Carrión, informándole de que no tomase prendas en relación al cobro de los derechos de behetría en las merindades de Santo Domingo de Silos, Candemuñó y Cerrato anejos a las referidas fortalezas por un plazo de tres meses, el cual se había concedido para que el concejo de Burgos presentase los títulos correspondientes sobre la posesión de dichos lugares y de los derechos aparejados ante los oidores de la Audiencia.295 A tenor del texto se expone cómo el concejo de Burgos había dilatado el proceso todo lo posible, alegando desconocer la obligación de presentar pruebas de la posesión de lo que fueron derechos reales sobre behetrías ante la Audiencia. Igualmente, se manifiesta el afán del infante para que, si no se hubieran presentado los documentos que se reclamaban a la ciudad de Burgos en el plazo establecido, tales derechos que afectaban a ambos castillos pasasen a su poder. No obstante, la conservación del albalá en el fondo municipal burgalés y la buena disposición para que se hiciese justificación documental de los derechos legítimos aun en 1412, cuando hacía nueve años que se había establecido el procedimiento para dirimir judicialmente los contenciosos relativos a los derechos de behetría donados al señorío de Lara, hacen suponer que, en realidad, la disposición del   Es interesante cómo se concedió a Juan Fernández de Velasco una merced de 1000 coronas de Francia, luego enmendadas por 1000 doblas castellanas, por sus servicios en la guerra de Granada de 1410, pagaderos sobre tercias y alcabalas en distintas villas y lugares de las merindades de Candemuñó, Castilla Vieja, Bureba, Monzón, Villadiego y Santo Domingo de Silos donde ejercía una importante influencia señorial, siendo de hecho señor solariego o «señor singular» de muchos de esos lugares (AHNob, Frías, C.ª 596, n.º 16). 295   AMBurgos, Secc. Htca., n.º 2009, dada el 9 de febrero de 1412. La información sobre el conflicto entre el concejo de Burgos y el infante por los derechos de behetría que correspondían a los castillos de Lara se limita a este documento. 294

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infante se inclinaba a buscar un acuerdo con el concejo de Burgos, de un modo similar a como había ocurrido con los grandes señores regionales de la merindad mayor de Castilla y aun con caballeros con una proyección señorial ostensiblemente más modesta. Otros señores, al fin, al no entrar en acuerdos particulares con el infante Fernando, tuvieron que renunciar de mejor o peor grado a sus derechos de origen real en lugares de behetría. La procedencia de archivos nobiliarios de la mayoría de las fuentes que hemos localizado para documentar la implementación de la merced de Enrique III a su hermano de tales derechos para el señorío de Lara explica que tengamos referencias sobre los contenciosos en los que pudo haber acuerdos beneficiosos para ambas partes entre el infante Fernando y los antiguos beneficiarios de los derechos sobre behetrías en los que, al menos en parte, estos pudieron mantener la posesión de los mismos. Lógicamente, esta documentación, en los casos en los que esos derechos pasaron al infante, siendo perdidos irremisiblemente por sus antiguos titulares, no se ha conservado con el mismo celo que esa otra que sí justificaba, generaciones después a los acontecimientos que estamos relatando, derechos señoriales poseídos por casas aristocráticas. Entendemos que para algunos pudiera ser un menoscabo más o menos importante, si pudo implicar la pérdida de su presencia señorial total o parcial en determinadas villas y lugares. No obstante, es posible que en algunos casos no significase una degradación sustancial de sus intereses señoriales, en la medida en que las compensaciones en otras rentas reales se asentaron en los mismos lugares donde ejercían señorío. Un buen ejemplo de ello es el caso del mariscal Pedro García de Herrera, personaje, por otro lado, próximo al infante Fernando, el cual recibió enmienda por 420 mrs. de moneda vieja en las alcabalas de la villa de Becerril, probablemente el lugar de behetría más importante por su carácter, ya con una cierta entidad urbana, recogido en el Becerro,296 a cuenta de esa misma cantidad que disfrutaba sobre la martiniega de la villa, sobre la cual en aquel entonces ejercía el «señorío singular», renta que pasó en estos años al infante Fernando.297   Becerril era la behetría con la martiniega de mayor cuantía de todas las consignadas en el Becerro, 2110 mrs., si bien entonces ya se había desarrollado su enajenación en manos de otros señores, pues el «señor singular» de la behetría llevaba 400 mrs. de ella, Juan Alfonso de Alburquerque —que en aquel entonces era, además, el «señor singular»— tenía situados 840 mrs. de esa renta y Teresa y Mayor Fernández Coronel llevaban otros 840 mrs., lo que suma 2080 mrs. traspasados, de modo que en realidad el rey solo recibía 30 mrs. de esta renta por el lugar de San Felices, que era yermo (Libro Becerro de las Behetrías…, vol. I, pp. 296297). En concreto, sobre esta villa y su singularidad, ligada a su condición de señorío de behetría y a su dimensión entre lo urbano y lo rural, Oliva Herrer, Hipólito Rafael, La Tierra de Campos a fines de la Edad Media. Economía, sociedad y acción política campesina, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002. 297   Así se recoge en las referencias a las mercedes que este disfrutaba de la Corona registradas en los libros de los contadores reales, con indicaciones de las behetrías de Villasandino 296

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Sea como fuere y considerando todas las posibles resoluciones, hay que concluir que, a partir de 1408-1409 y en los años sucesivos, la definición de unos derechos señoriales consistentes aparejados al señorío de Lara había quedado asentada a partir de los antiguos derechos reales sobre las behetrías de Castilla. Aunque no estemos en condiciones de concretar a cuántos lugares afectaba ni si era igual de intensa en las distintas merindades de Castilla al norte del Duero, la presencia señorial del infante Fernando como señor de Lara debía de ser muy consistente en toda la merindad mayor de Castilla. Como prueba de ello podemos aducir cuatro aspectos diferentes que así lo muestran. En primer lugar, que el valor de las rentas ligadas a los derechos reales sobre las behetrías, como señor de Lara, alcanzaban una cuantía importante y significaron un capítulo notable dentro de los ingresos de la hacienda del infante Fernando primero y, luego, de su sucesor en este título, su hijo Juan de Aragón. Los datos de que disponemos, ya de 1430 y 1444, conocidos a partir de la incautación por la Corona, en contextos de guerra civil, del patrimonio señorial de los «infantes de Aragón», incluyéndose en él las rentas procedentes de la Hacienda regia y que a través de diversas mercedes habían sido donadas a don Fernando, doña Leonor y sus hijos, también señalan el valor de esos derechos reales sobre las behetrías que el rey de Navarra llevaba como señor de Lara. Así, dentro de las negociaciones para la finalización de la guerra entre Castilla y Aragón y Navarra, don Juan de Aragón reclamaba al rey de Castilla compensación, […] así como senyor de Lara e en otra manera por gracias concessiones e donaciones reales a éll feytas […] por razón de ciertos derechos de beatrías consignados e consignadas por priuilegios e en otra manera en e sobre las rendas e maravedís al dicho rey de Castiella pertenescientes en las ciudades de Burgos, de León, e en las merindades de Campos, Carrión, e Castroxeriz, e Condemunyó, Cerrato, Buruena, Rrioja, Villa Diego, Santo Domingo de Silos, Monçón, Saldanya e Castiella Vieja con Serratón de Rioja, trezientos çincuenta mil marauedís […].298

El rey de Navarra añadía en esta misma reclamación a todo ello otros 6023 mrs. que Fernán López de la Serna le había vendido en lugares de behetría de las merindades de Campos, Carrión, Castrojeriz, Candemuñó y Cerrato, lo que nos da una apreciación teórica de los derechos ligados al señorío y de Becerril como lugares suyos, lo que denota el ejercicio del «señorío singular» (AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª, leg. 62-2, f. 119). 298   ACA, CR, A. IV, C.ª 24, ff. 331-336. Las reclamaciones de estas y otras rentas y de las villas y lugares que había heredado de sus padres están datadas en febrero de 1431.

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de Lara de 356 023 mrs. No obstante, lo más interesante de esta relación es que se nos informa sobre la dispersión de dichos derechos por doce de las merindades menores de la Castilla al norte del Duero, explícitamente nombradas, además de en el lugar de Zarratón, en la Rioja, próximo a la villa de Haro, y en las ciudades de Burgos y de León. Esto nos permite constatar que la recepción de dichos derechos reales había sido ciertamente efectiva, tanto desde el punto de vista exactivo como por lo que tocaba a la implantación territorial del señorío de Lara desde 1403, segundo de los aspectos a los que hacíamos alusión. Solo en el infantazgo de Valladolid, donde, por otra parte, el propio Becerro de las Behetrías nos informa de que no existían behetrías,299 y en las merindades de Aguilar de Campoo, Liébana-Pernía, Asturias de Santillana, donde la posesión de los derechos reales sobre behetrías, para 1430, había quedado en manos de los señores de la Vega y de los herederos del señorío del conde don Tello, además de en la de Burgos con Ubierna y en las no mencionadas en el Becerro de Logroño y Allende Ebro, el señor de Lara no poseía derechos. Por otra parte, la mención a rentas del rey, aparte de los derechos de behetrías, en Burgos, León, Zarratón y, en general, en las merindades nombradas, puede deducirse como una muestra de las enmiendas recibidas por don Fernando o, posteriormente por su hijo Juan, a cuenta de los derechos de behetría que finalmente fueron renunciados en manos de sus antiguos señores. Merece la pena señalar, en todo caso, que la tasación de estas rentas posiblemente fue considerada al alza, obviamente de manera intencionada, en esta declaración, pues el valor que le otorgaron los contadores reales cuando los bienes del rey de Navarra fueron tomados por la Corona era, en 1429, de 239 254 mrs. y, en 1444, de 123 177 mrs. y medio de moneda vieja, equivalentes a 247 234 de moneda usual.300 Con todo, se trataba de un montante considerable, máxime si tenemos en cuenta que las cantidades devengadas por los derechos reales de cada lugar de behetría en concepto de martiniega, yantar y otros derechos y de los derechos que podían corresponder al infante como heredero de los Lara y de los Téllez de Meneses en determinadas be  Libro Becerro de las Behetrías…, vol. I, pp. 169-208.   AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, n.º 34, para los bienes confiscados a los «infantes de Aragón» y sus partidarios en 1429; Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, n.º 6, para las rentas del rey de Navarra en Castilla en 1444. Ambos documentos han sido publicados por Suárez Fernández, Luis, «Las rentas castellanas del infante don Juan, rey de Navarra y de Aragón», Hispania. Revista española de Historia, 85 (1959), pp. 192-204. En los datos de 1429, se habla para el asiento de la cantidad de 239 254 mrs. de «… otra merçed de juro de heredat…» (p. 196), que entendemos que es la relativa a los derechos del señorío de Lara al compararlo con la reclamación del rey de Navarra en 1431 y con el siguiente asiento en la relación de 1444 «… de juro de heredat por virtud de otro previllejo que asý mismo fue dado al dicho rey de Aragón, otros 123 1127 mrs. e meaia de moneda vieja, situados en çiertas çibdades e uillas e merindades del regno, que montauan el doble d’esta moneda, 247 234 mrs.» (p. 198). 299 300

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hetrías —fundamentalmente, las «tasas diviseras»—, eran, en general, modestas.301 Por ello, hay que valorar el intenso esfuerzo que, desde 1398 y, sobre todo, desde 1403, a lo largo de cuarenta años de detentación del señorío de Lara por don Fernando y luego por su hijo, sus titulares y los oficiales de sus casas realizaron para materializar el ejercicio efectivo de unos derechos señoriales vinculados a dicho título, habitualmente poco cuantiosos y muy dispersos, en la mayor parte de la merindad mayor de Castilla. La eficacia de esta gestión en el plano recaudatorio resulta si cabe más llamativa si no dejamos de lado que estas cantidades procedían en su totalidad de lugares de behetría o de otras rentas reales que se hubieran asignado en enmienda de los que, de esta naturaleza, no se hubieran podido ganar y que el señorío de Lara bajo el infante Fernando apenas contó con patrimonio solariego sobre el que se ejerciera «señorío jurisdiccional». Recordemos que solo la villa de Lerma y sus aldeas se encontraban bajo esta forma de dominación señorial y que, de hecho, en 1412, fueron donadas a Diego Gómez de Sandoval como galardón a sus servicios en los años anteriores, especialmente durante las acciones militares del interregno de la Corona de Aragón.302 Como ya hemos indicado, a cuenta de la enajenación de esta villa, «la casa e sennorío de Lara», como es referido el título del señorío de Lara en el documento de donación al adelantado mayor de Castilla, fue compensado por el ya rey de Aragón, de cara a su transmisión a quien heredase el título, el infante don Juan, con la asociación al mismo del señorío sobre la villa de Paredes de Nava, si bien, en su testamento, Fernando I no mencionaba esta villa expresamente dentro del patrimonio del señorío de Lara y, de hecho, se asignó dentro de los bienes que habrían de utilizar sus mansesores para hacer cumplir el testamento.303 Quedaba claro, pues, que la dotación de respaldo patrimonial al señorío de Lara se concentró en recuperar la herencia de la 301   Aun considerando que, desde mediados del siglo xiv, las rentas ciertas que se declaraban en el Becerro se hubieran reajustado moderadamente al alza, es ilustrativo que, por lo que toca a los derechos reales sobre behetrías y volviendo a las martiniegas, en tanto en cuanto era el derecho real de mayor cuantía que se percibía en estos lugares, del total de los 368 lugares dentro de esta categoría señorial donde se cobraba este tributo, en el momento de elaboración de este registro como resultado del desarrollo del «señorío jurisdiccional del rey», solo en 24 de ellos su cuantía superaba los 500 mrs. (Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. II, pp. 262-264). Mientras, el valor más usual de la «tasa divisera», cuya percepción estaba generalizada en las behetrías donde los señores de Lara tenían derechos como naturales, era de 6 mrs. o 6 mrs. y un tercio, si bien podía llegar a ser mucho más baja si cabe, de 2 mrs., o un simple tercio de mri., o podía pagarse en especie en muchas de ellas (Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. I, pp. 106-113; ibid., «Le Libro Becerro de las Behetrías (1352)…», pp. 467-468). 302   AHNob, Osuna, C.ª 1946, n.º 3. Dada en Cifuentes el 18 de julio de 1412. 303   BRAH, Salazar y Castro, M-78, f. 168 (ff. A-K), f. A v. Incluso la villa fue asignada para que, en caso de que no se cumpliera el matrimonio pactado entre el infante don Juan y la infanta Isabel de Navarra, fuera vendida para compensar a los reyes de Navarra por los 60 000 florines de Aragón prometidos como dote de la novia (ibid., f. B v.).

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casa de Lara en las behetrías de Castilla, sin que se pretendiese asociar a él villas ni lugares bajo pleno señorío basado en el ejercicio de la jurisdicción. Esto, por otra parte, no parecía necesario, en la medida en que el patrimonio del infante Fernando era de por sí muy importante y el título de señor de Lara más bien tenía un contenido simbólico destinado a primar, como ya indicamos, la posición privilegiada a la cabeza de la aristocracia del reino del segundogénito del rey Juan I y hermano de Enrique III. En cualquier caso, el respaldo de una base señorial más que digna se había logrado, lo que nos conduce al tercer punto sobre el que queríamos incidir a la hora de significar la capacidad de ejercer poder que el infante Fernando desarrolló en torno al señorío de Lara. Ejercer los derechos ligados a dicho señorío sobre centenares de pequeños lugares dispersos a lo largo de unas pocas decenas de miles de kilómetros cuadrados requirió la puesta en activo de unas mínimas estructuras que permitieran su gestión de manera eficaz. Si bien son apenas contados los datos que tenemos al respecto, podemos intuir los dos planos sobre los que se llevó a cabo. Por un lado, el que resulta más obvio, el de la recaudación de los tributos que implicaban tales derechos. Ya hemos hecho mención, a partir de la pesquisa levantada en Oña por Martín Alfonso de Saavedra en 1417, a que las rentas derivadas de la prestamería de Rioja, Bureba, Nájera y Montes de Oca que eran pagadas a don Fernando eran recogidas por Juan Ruiz de Belorado, tal y como indican algunos testigos, desde hacía unos doce años presentando carta del rey para justificar que esos derechos habían sido donados por la Corona al infante Fernando.304 Juan Ruiz de Belorado siguió ejerciendo estas funciones bajo el señorío de Juan de Aragón, de modo que entre 1427 y 1429, estaba asentado en los libros de los contadores del rey de Navarra que aquel, como recaudador de las beetrías, llevaba una quitación anual de 6000 mrs, una de las más altas de la casa del rey de Navarra, solo superada por las de los doctores miembros de su consejo (cuatro de ellos con 20 000 mrs. y otro con 16 000 mrs.), su mayordomo mayor y su canciller mayor (16 000 mrs. cada uno), su camarero mayor, su secretario y su físico (10 000 mrs. cada uno), su mariscal (8000 mrs.) y su contador mayor (8000 mrs.).305 Esto da cuenta de la importancia de las funciones de este personaje, por más que desconozcamos cómo eran llevadas a término, qué otras personas colaboraban con él para organizar la recaudación en tan vasto territorio ni qué salarios u otras gratificaciones recibían este y sus cogedores por su labor. Junto con el perfil exactivo, sabemos de otro oficial dentro de la casa del infante Fernando cuyas funciones estaban directamente ligadas al ejercicio de los derechos del señorío de Lara. Se trata del merino mayor de las behetrías del infante, oficio que desempeñó Pedro Núñez de Guzmán, el mozo,   AHNob, Osuna, C.ª 0285, n.º 19.  Además, recibía tierra para el mantenimiento de 2 lanzas (ADPA, E-535, n.º 1, f. 10 r.). 304 305

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que es mencionado repetidas veces en la hueste del infante durante la campaña de Antequera en 1410 y en las intervenciones militares en Aragón en 1412 y, luego, durante la rebelión del conde de Urgell.306 En época de Juan de Aragón, al menos en torno a 1427-1429, el oficio recaía en Juan de Lucio, el cual llevaba una quitación mucho más discreta que la de Juan Ruiz de Belorado, de 3000 mrs. anuales, si bien recibía una ración de 8640 mrs. anuales y percibía otras rentas situadas hasta el valor de 28 640 mrs. al año, lo que le convertían en uno de los oficiales de la casa que recibía mayores recompensas ordinarias de su señor por su servicio.307 No sabemos cuáles eran las atribuciones de este oficio, ya que no se conserva documentación que refiera su desempeño, pero su mera existencia denota que los múltiples derechos sobre lugares de behetría ligados al señorío de Lara tenían una dimensión jurisdiccional. Una posibilidad es que la donación de los derechos reales sobre las behetrías realizada por Enrique III hubiera implicado también, además de la entrega de las rentas al infante Fernando, la cesión de la autoridad judicial superior sobre estos lugares, de modo que el enjuiciamiento de querellas que pudieran afectar a derechos de los «diviseros», a las atribuciones de los «señores singulares» o a la apelación de la sentencia de alcaldes o merinos locales hubiera de elevarse, desde entonces, a la Corte del infante como señor de Lara. No sabemos si el infante Fernando o su hijo pudieron acceder al «señorío singular» en algunos de estos lugares pero, en ese caso, podría ser viable que el ejercicio de la justicia en ellos se encomendase a este merino mayor. No dejan de ser, no obstante, suposiciones que no estamos en condiciones de sostener documentalmente pero la existencia de este oficio permite afirmar que el contenido de los derechos sobre las behetrías que el infante Fernando logró aglutinar en torno al señorío de Lara tenía un alcance mayor que la simple capacidad exactiva de renta. Por tanto, si se puede rastrear aquí un indicio de atribuciones jurisdiccionales, el grado de influencia señorial que adquirió el infante a partir del acceso a los derechos sobre las behetrías en el territorio de la Castilla al norte del Duero sería mayor de lo que inicialmente podría imaginarse, siendo si cabe más comprensible la oposición que entre muchos señores despertó lo que podrían entender como una mediatización por parte del principal señor del reino de la extraordinaria proyección que muchas parentelas aristocráticas llevaban desarrollando desde finales del siglo xiii y, con particular intensidad, desde la segunda mitad del siglo xiv, sobre las personas y comunidades que se regían en el marco de las relaciones de señorío de behetría en buena parte de las tierras de la merindad mayor de Castilla.   García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 137, pp. 293-295, cap. 154, pp. 324-325, cap. 167, pp. 361-363; Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1412, cap. XXIII, pp. 348-349; Zurita, J. Anales..., Libro XII, cap. XI, p. 211. 307   Mantenía 8 lanzas por valor de 12 000 mrs. de tierra, además de tener asignados 5000 mrs. de merced anual (ADPA, E-535, n.º 1, f. 1 v.) 306

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Un cuarto y último aspecto que querríamos mencionar para ilustrar la consistencia del poder señorial sobre las behetrías ejercido por el infante Fernando como señor de Lara es la propia disposición de ese patrimonio con el fin de realizar mercedes a sus criados y «clientes». Podemos mencionar algunas de ellas, como la donación a Pedro Núñez de Guzmán, su copero mayor, de 6000 mrs. en juro de heredad sobre las martiniegas y yantares de varias behetrías en las merindades de Cerrato y Candemuñó,308 la del lugar de Villalaco en 1414 a Ruy González de Ledesma que ya hemos citado en varias ocasiones, o la de los 3254 mrs. de moneda vieja que don Fernando adquirió de Teresa Gómez por intermediación de su canciller Fernán Velázquez de Cuéllar y otorgó a Juan de Rojas, sobrino del arzobispo de Toledo Sancho de Rojas, en junio de 1415.309 Igualmente, cabe mencionar la que parece que hizo el infante a Fortún Sánchez de Soto y Ruy Vanegas, sus escuderos, de todos los yantares pertenecientes en las behetrías de la merindad de Monzón que se debían desde el año en que murió don Tello, señor de Vizcaya, si bien las datas de esta merced despiertan algunas dudas sobre su autenticidad.310 Recapitulando ya, el manejo de estas rentas como objeto para el ejercicio de mercedes se nos presenta como otra evidencia de cómo la consecución de un soporte patrimonial para el señorío de Lara permitió al infante Fernando hacer de él un instrumento útil para extender su poder por el territorio del reino al norte del Duero. Si bien los principales pilares de su presencia señorial en esta zona eran las villas sobre las que Fernando y Leonor ejercían jurisdicción, los derechos del señorío de Lara ganados a partir de 1403 permitieron al infante restaurar la relevancia de esta dignidad, dotarle de un soporte económico muy respetable y garantizar a su titular una notable capacidad de ejercer influencia en centenares de núcleos poblados.   AGS, RGS, 1488-VIII, f. 41. La merced es referida por una tataranieta de este, María de Castañeda, quien solicitó que le fueran pagados estos derechos a los concejos de Valdeolmillos, Torquemada, Villamediana, Guzmán, Alba de Cerrato, Vertabillo, Quintana del Puente, Villarmiro, Villabaya, Herrera de Valdecañas, Valdecañas de Suso y Valdecañas de Yuso, Torquemada, Peral, Royuela de Río Franco, Terrados, Esguevillas de Esgueva, Valle de Cerrato, Reinoso de Cerrato, Castrillo de Onielo, Villahizán con Viñuelas, la mitad de Santisteban y Bascones, sobre cuyas rentas estaba situada esta merced. 309   AHNob, Corvera, carp. 342, n.º 1. La merced fue otorgada el 15 de diciembre de 1415 en Valencia, si bien hasta el 14 de septiembre no se libró albalá a los contadores reales para que le asignasen la percepción de esas rentas. El 15 de diciembre de 1415 se otorgó privilegio real confirmando la merced realizada a Juan de Rojas. 310   Libro Becerro de las Behetrías…, vol. I, p. 49. Aunque la referencia a ella aparece en todos los manuscritos derivados de la copia perdida del Becerro que mandó sacar don Fernando, el hecho de que se remita a la concesión de la merced el 18 de febrero de 1413, hablándose del infante y no del rey de Aragón, como correspondería a esa data, justifica nuestras dudas. No obstante, cabe la posibilidad de que la donación fuera ordenada posteriormente por el infante don Juan, en tanto sucesor que fue en el señorío de Lara de su padre. 308

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Además, el proceso de verificación de los derechos que correspondían al señorío de Lara, sobre todo a partir de la donación de los derechos reales sobre las behetrías en 1403, dio lugar a que el infante Fernando entrase en relación con un gran número de señores en la región, desde los principales ricoshombres a pequeños fijosdalgos. Aunque inicialmente esa relación se planteó de manera más habitual en forma competitiva e incluso virulentamente conflictiva, la adquisición de tales derechos para el señorío de Lara condujo en la mayoría de los casos a la búsqueda de una resolución para estos contenciosos en términos pactados. Así, hemos visto cómo, pese a que don Fernando mantuvo una postura bastante firme en cuanto a la consecución última de los derechos señoriales de los que era beneficiario, hubo lugar a concordias de diferente naturaleza con muchos de los titulares previos de los mismos. Estas pasaron comúnmente por el respeto a los ámbitos de influencia de los señores regionales y locales, considerándose un reparto de los derechos en liza e incluso la renuncia a ellos por parte del señor de Lara en los casos de los magnates más poderosos o de ciudades de especial relevancia y con un señorío concejil muy desarrollado. No obstante, aun dentro de esa atención a los intereses de los poseedores de derechos sobre las behetrías, en el caso de los señores de rango más intermedio o modesto, la fórmula más habitual fue el paso de los derechos reales sobre tales lugares al infante a cambio de compensaciones en rentas asentadas en las mismas poblaciones donde aquellos ejercían señorío o, simplemente, mediante su compensación por cuantías relativamente generosas. Incluso, estos arreglos y las evidencias de posteriores mercedes de derechos sobre behetrías a personal de la afinidad de Fernando de Antequera nos llevan a pensar si, en muchas de estas situaciones, tales acuerdos no se dirigieron sino a construir relaciones de interdependencia más o menos sólidas entre estas parentelas de niveles intermedios e inferiores de la aristocracia —e incluso entre otras del grado superior de esta clase social, como hemos comprobado— y el infante, que contribuyesen a multiplicar este tipo de vínculos y extender la red clientelar sobre la que, en gran medida, se sostenía el «sistema de poder señorial» conformado en torno a don Fernando y los suyos. Valgan, pues, estas reflexiones como síntesis del esfuerzo que hemos realizado en estas páginas por analizar, a través del acercamiento monográfico al señorío de Lara, que el infante Fernando ejerció como su penúltimo titular, la evolución de muchas de las dinámicas señoriales en Castilla entre mediados del siglo xiv y los inicios del siglo xv, ligadas al despliegue del «señorío jurisdiccional» y sus efectos en otras categorías señoriales como la behetría y la reorganización de las jerarquías internas en el seno de la aristocracia en torno a procesos de acumulación y territorialización de derechos y de competencia y clienterización entre señores.

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7.4.  E  pílogo: la administración del señorío de Lara por el infante Juan de Aragón hasta su desaparición Queremos concluir este apartado aproximándonos a la evolución del señorío de Lara bajo la titularidad de su hijo el infante Juan de Aragón con el fin de cerrar esta línea de análisis a la que nos hemos referido. Si hemos indicado que, por lo que respecta a la representación simbólica de este título dentro de los ostentados de quien fuera infante de Aragón y rey de Navarra, fundamentalmente a partir de 1425 se observa una tendencia a su disolución frente al resto de dignidades que aquel disfrutaba, en lo relativo a su dimensión señorial el desarrollo no se condujo exactamente en los mismos términos. De este modo, cabe señalar que, cuando don Juan accedió a la herencia de su padre, entre 1416 y 1418, mostró una viva disposición por hacer valer los derechos aparejados al señorío de Lara y muy particularmente los que provenían de la merced de los derechos reales sobre las behetrías. De hecho, tras la muerte de Fernando I, el escenario político varió con la desaparición de quien había dominado hegemónicamente la política castellana desde junio de 1408, reconfigurándose el marco relacional preexistente dentro de la afinidad aragonesista en el momento en que el liderazgo en Castilla del difunto rey de Aragón pasó a ser compartido por los infantes Juan y Enrique, tutelado en la lejanía por su hermano Alfonso V y conciliado desde la cercanía por su madre, la reina viuda Leonor.311 Por tanto, la necesidad de redefinir las relaciones de interdependencia entre los «infantes de Aragón» y los antiguos aliados y clientes de sus padres también tuvo efectos dentro de la esfera de sus respectivos intereses señoriales en distintas regiones del reino. De ello no solo no escaparon los derechos aparejados al señorío de Lara sino que, justamente, nos ofrecen una interesante panorámica acerca del reajuste de esas relaciones interseñoriales. La presentación ante la Audiencia por Diego López de Stúñiga de nuevas pruebas justificando su derecho a la prestamería de las merindades de Rioja, Bureba, Nájera y Montes de Oca a finales de diciembre de 1416 ya nos pone sobre la pista de que, tras la desaparición de don Fernando, al menos algunos señores afectados por la recepción de los derechos reales sobre las behetrías por el infante en 1403 trataron de aprovechar la nueva situación, mientras se ejecutaba el testamento del rey de Aragón y su heredero en el señorío de Lara volvía a Castilla y tomaba posesión de su patrimonio, para recuperar aquellos derechos que antes habían disfrutado y sobre los que no se había finalizado una resolución judicial en la Audiencia de acuerdo con el procedimiento de demostración de derechos y compensación por los mismos que estipuló Enrique III. Sin que tengamos mayores noticias sobre qué ocurrió respecto a   Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 165-188.

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la dicha prestamería tras la pesquisa tomada por el procurador de los hijos de Fernando y Leonor, Martín Alfonso de Saavedra, lo que sí nos consta es que, entre 1427 y 1429, Juan de Aragón, rey de Navarra, pleiteó con Leonor de la Vega y con Pedro Fernández de Velasco, sucesor de Juan Fernández de Velasco como camarero mayor del rey, en sus bienes y como jefe de la casa de Velasco por la posesión de derechos sobre behetrías en las merindades de Asturias de Santillana y Trasmiera, Liébana-Pernía y Aguilar de Campoo y en las de Castilla Vieja, Bureba, Burgos y Santo Domingo de Silos respectivamente.312 Por lo que respecta a Pedro de Velasco, en 1419 este había recibido carta del rey para que fuera recibido por merino mayor de Castilla Vieja en los valles de Trasmiera, Becio, Mena y Valdegovía. Sin embargo, en 1421 estallaba el conflicto cuando un buen número de caballeros y escuderos, destacando entre ellos Juan de Arce y Lope García de Porres —cuya parentela se halló a lo largo de todo el siglo xiv fuertemente beneficiada por su condición de «clientes» de los Velasco—,313 al frente de distintos lugares de behetría de Castilla Vieja que hasta entonces habían reconocido por señor a Juan Fernández de Velasco, una vez muerto este y sucedido por su hijo, se negaron a mantenerse bajo su «señorío singular», decidiendo encomendarse por esta razón a quien, efectivamente, ostentaba los derechos reales sobre las behetrías del reino: el infante don Juan y, en su nombre, a su hombre de confianza, su mayordomo mayor y adelantado mayor de Castilla, Diego Gómez de Sandoval. Este puso a Juan de Arce, a Lope García de Porres y a otros caballeros más por merinos en estos lugares, produciéndose de inmediato la reacción de los Velasco. Estos, al mando de Sancho Sánchez de Velasco, tío de don Pedro, Pedro Ruiz Sarmiento, primo de su padre, y de los governadores de toda su casa, reunieron a su hueste en Medina de Pomar, para enfrentarse con los rebeldes, a diferentes fijosdalgos locales. Entre ellos sabemos de los Gil, algunos de los Negrete, los Salazar, los Angulo, los Velasco de Mena, los Gamboa y Juan de Avendaño. Los rebeldes contra Pedro Fernández de Velasco, que se alzaron en nombre del rey por la autoridad de este sobre las behetrías, se aprestaron para el combate en Villerías, Rueda y alrededor de Medina de Pomar. Entre ellos se encontraban, además de los citados Juan de Arce y Lope García de Porres, Gonzalo Gómez de Butrón y su hijo Juan de Mújica, Ochoa de Salazar, Ordoño de Zamudio, algunos de la casa de Ayala, los Ones, los Vallejo, los Agüero, los Solórzano y los Negrete que no habían decidido seguir a los Velasco, pues, según el cronista Lope García de Salazar, … todos estos vivían con el dicho infante don Juan, que tenía a la sazón todo el mando del reino porqu’el rey don Juan era moço de xiv años e la reina, su madre, era muerta. La alineación, en torno al infante don Juan o al camarero   Estos asuntos son tratados en Pérez-Bustamante, R. Señorío y vasallaje…, pp. 48-49; Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas, vol. II, pp. 288, 301-302. 313   Jular Pérez-Alfaro, C., «Dominios señoriales y relaciones clientelares…». 312

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Pedro Fernández de Velasco, reflejaba también el posicionamiento que ambos señores adoptaron ante el golpe del infante Enrique de Aragón en Tordesillas en 1420, de modo que durante el tiempo en que el maestre de Santiago mantuvo el control sobre la persona del rey, el Velasco se movió apoyando a este y, por tanto, encontrándose opuesto a sus contrarios, que se habían alineado en torno al hermano del maestre, el infante Juan de Aragón.314 Hallamos, pues, cómo intereses cortesanos y señoriales regionales confluían, una vez más, a la hora de definir la configuración de facciones entre la aristocracia. En cualquier caso, en este punto ambos bandos llegaron a formar sus batallas frente a Medina de Pomar, prestos a entrar en combate abierto, pero los Velasco finalmente rehusaron el enfrentamiento directo, sucediéndose escaramuzas durante cuarenta días por la comarca. Según nos relata García de Salazar, finalmente hubo lugar al establecimiento de concordias tras la llegada a la zona con este fin mediador de un alcalde y un secretario del rey. El relato de Lope García de Salazar concluye narrando cómo estas compañas se disolvieron tras realizar muchos estragos en la tierra, «[…] pero después quedóse la casa de Velasco con todo el señorío e merindades, segund se lo avía dexado el dicho Juan de Velasco, e aun con más».315 Volveremos sobre este punto para tratar de interpretar el significado de esta oración conclusiva tan rotunda que certifica la derrota de los rebeldes a los Velasco y del infante don Juan. Mientras, por lo que toca a los intereses del señorío de la Vega, en 1427, el rey de Navarra, presumiblemente apoyándose en los términos del desembargo que su padre diera a Leonor de la Vega, donde parecía claro que había lugar a reservar para sí los derechos reales sobre las behetrías, despachó a Lope García de Porres para percibir martiniegas y otros derechos que a él eran debidos y habían de serle entregados en las merindades de Campoo, Liébana-Pernía y las Asturias de Santillana. Sin embargo, tal poder había quedado en suspenso a partir del dictamen de la Corona para que Leonor de la Vega pudiera presentar sus alegaciones y los títulos que demostrasen su derecho, a la espera de que los oidores de la Audiencia dieran sentencia sobre la posesión de los derechos reclamados por Juan de Aragón.316 El interés del nuevo señor de Lara por continuar el acrecentamiento de los derechos ligados a este título que había comenzado su padre aparece,   Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 173-177.   Sobre estos acontecimientos que hemos narrado, a partir de las referencias de C. Estepa arriba citadas, García de Salazar, Lope, Bienandanzas e Fortunas, ed. de A. M.ª Marín Sánchez, Libro XXIII, «Título de las asonadas e guerras que se fizieron en Castilla Viexa por mandado del rey don Juan» y «Título de las gentes que se juntaron en Medina en favor de la casa de Velasco e de las cosas que allí pasaron en todas estas asonadas». Disponible en http:// parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/bienandanzas/Menu.htm [consulta: 14/07/2016]. 316  AHNob, Osuna, leg. 1873, n.º 19-3. Pérez-Bustamante, R., Señorío y vasallaje…, Registro de la Colección Diplomática de las Asturias de Santillana, doc. XXIV. 314 315

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entonces, como fuente de conflictos que, de algún modo, pueden ayudar a comprender mejor algunas de las motivaciones para el progresivo alejamiento de Pedro Fernández de Velasco e Íñigo López de Mendoza, hijo de Leonor de la Vega, de la facción aragonesista, pese a haber estado íntimamente ligados a ella, hasta el punto de conciliarse con Álvaro de Luna y terminar integrándose en el bando realista en la guerra de 1429-1430. No en vano, tras el estallido de las hostilidades y la orden de confiscación de las villas y lugares del rey de Navarra, el rey Juan II despachó cédula al oidor de la Audiencia Fernán González de Ávila, instándole a escuchar las alegaciones de Leonor de la Vega y del procurador fiscal del rey en el caso que se hallaba pendiente sobre los derechos sobre behetrías en los dominios del señorío de la Vega.317 Ante la derrota de los aragonesistas, es evidente que Leonor de la Vega y su hijo Íñigo López pudieron resistir a este embate planteado por el señorío de Lara a su posición de primacía en la zona cantábrica. De cualquier modo, el encauzamiento de la disputa con Pedro Fernández de Velasco se condujo por otros derroteros. Así, el 10 de junio de 1428 en Valladolid, mientras se desarrollaban los festejos por el compromiso entre la hermana menor de los «infantes de Aragón», Leonor, y el infante heredero de Portugal, don Duarte, en un momento en que el control sobre Castilla por los herederos de Fernando de Antequera había quedado restablecido y consolidado —una vez superadas las dificultades planteadas por el intento del infante don Enrique en 1420 por asumir en solitario el gobierno del reino, su posterior prisión y la restauración del frente común de acción entre los miembros del linaje real de Aragón—, el rey de Navarra despachó una provisión a favor del camarero mayor del rey de Castilla. En ella, Juan de Aragón reconocía que Pedro Fernández de Velasco pudiera cobrar los derechos sobre martiniegas y otros pechos que decía le correspondían en las behetrías de las merindades de Castilla Vieja, Bureba, Burgos y Santo Domingo de Silos en los mismos términos que su padre Juan de Velasco los cobró. Por tanto, aquí se nos da muestra de cómo, en vida de Fernando de Antequera, el acuerdo con Juan Fernández de Velasco acerca de los derechos reales en las behetrías sobre las que ejercía señorío este se había resuelto con la renuncia por parte del infante. Sin embargo, el documento nos informa de cómo Juan Rodríguez de Belorado, recaudador de las behetrías del señor de Lara, y otros, tras la muerte de Juan Fernández de Velasco, habían perturbado el disfrute de estos derechos. La decisión final del rey de Navarra era, pues, que Pedro de Velasco siguiera disfrutando plenamente de todos los derechos sobre sus behetrías en estas merindades, a la espera de que se determinase —entendemos, por sentencia de la Audiencia real— a quién correspondía recibir la enmienda por el valor de tales tributos, si al Velasco o al rey de Navarra.318   Ibid., doc. XXVIII. AHNob, Osuna, C.ª, 1799, n.º 1, dada en Burgos el 24 de septiembre de 1429. 318   AHNob, Frías, C.ª 85, n.º 13. 317

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Parece poder constatarse que la concertación entre Pedro Fernández de Velasco y don Juan de Aragón en lo relativo al juego político cortesano y la gobernación del reino pasó por una concesión de este último en sus pretensiones sobre los derechos señoriales de los Velasco en las behetrías. En cualquier caso, esta determinación debió tener más hondas repercusiones para el poder señorial del rey de Navarra. Al fin y al cabo, al haber acogido dentro de su casa a los caballeros rebeldes contra los Velasco, esto había supuesto un notable reforzamiento de su influencia en Castilla Vieja a través de la relación con estos personajes y sus parientes y dependientes. Más allá del acuerdo arbitrado por los oficiales reales con que finalizó el enfrentamiento violento en 1421 que señala Lope García de Salazar, Juan de Aragón mantenía aún en 1428 entre sus criados a una buena parte de los alzados. En la nómina de los vasallos de su casa confeccionada en 1429,319 figuraban Lope García de Porres (f. 10 r., con acostamiento por 12 000 mrs., tierra para 8 lanzas por 12 000 más y mercedes de 3000 mrs. en la encomienda de Oña y otros derechos menudos sobre behetrías), Pedro Gómez de Porres, sobrino de este (f. 18 v., con tierra para 2 lanzas por 3000 mrs.), Juan de Arce, Gonzalo Gómez de Butrón, Gómez de Butrón, Ochoa de Salazar (f. 17 r., con acostamiento por 10 000 mrs. los tres primeros y por 8000 mrs. el cuarto), Diego de Vallejo (f. 11 r., con tierra para 4 lanzas por 6000 mrs., más 9 fanegas de pan asentadas en la prestamería de Bureba y Rioja y un descuento de 200 mrs. en lo que le cupiese pechar), un tal Fernando de Vallejo, vecino de Burgos (f. 18 r., con tierra para 3 lanzas por 3500 mrs.), Juan de Solórzano (f. 6 v., con ración como doncel por 4680 mrs, quitación por otros 800 y tierra para 2 lanzas por 3000 mrs.), además de otros cuatro vasallos con tierra para 6 lanzas en Castilla Vieja.320 Sin embargo, esta nómina indica que las lanzas en Castilla Vieja, incluidas las de Pedro Gómez de Porres, y las de Fernando de Vallejo, y los acostamientos de Juan de Arce, Gonzalo Gómez de Butrón, Gómez de Butrón y Ochoa de Salazar dejaron de librarse entre 1427 y 1428, mientras que las cantidades debidas a Juan de Solórzano fueron asentadas en cuenta en 1427 pero nunca le fueron libradas. La interpretación de este hecho apunta a la salida del servicio del rey de Navarra de todos los antiguos vasallos de los Velasco, posiblemente a causa del acercamiento entre don Juan y Pedro Fernández de Velasco a cuenta de los derechos sobre las behetría que este último señoreaba, salvo en los casos de Lope García de Porres y Diego de Vallejo, más integrados en la casa de Juan de Aragón u obligados por su protagonismo en la rebelión contra Pedro de Velasco. Un acuerdo en este   ADPA, E-535, n.º 1.   Eran Rodrigo de Carasa con 1 lanza, Pedro Gómez de Isla con 2 lanzas, Gonzalo González de Hesles, con otras 2, Íñigo Sánchez de Ribas, con una más (ibid., f. 10 r.). También aparece en la nómina un tal Juan de Porres como doncel, con ración como tal de 4320 mrs. y 3000 mrs. de tierra para 2 lanzas (f. 7 v.), acaso pariente de Lope García de Porres. 319 320

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sentido bien pudo hacer perder al rey de Navarra el apoyo de quienes se habían encomendado a él para lograr sacudirse la autoridad de los Velasco o, en términos más pacíficos, pudo incluir la reconciliación de los rebeldes en la afinidad del camarero mayor del rey de Castilla. Fuera de un modo u otro, puede observarse que el negocio de los derechos sobre las behetrías disputados entre el señorío de Lara y los Velasco —igual que ocurriría en otros casos— movilizaba a considerables contingentes dentro de las aristocracias comarcales y locales en las merindades de Castilla, ligados a los principales señores de behetría en sus territorios por vínculos de vasallaje en distinto grado. Por ello, el control sobre tales derechos en estos lugares resultaba crucial a la hora de contar con el dominio específico de esos espacios, ligado no solo a la percepción de rentas sino a la captación de esas relaciones y a la redistribución entre tales dependientes de derechos señoriales en la zona, a menudo procedentes de esas mismas behetrías, como las anotaciones de la nómina que hemos citado nos apuntan. La cesión, al fin, de los derechos sobre las behetrías donde los Velasco ejercían «señorío singular» por parte del rey de Navarra terminó siendo mucho más grave de lo que pudiera parecer. No solo contribuyeron, a la larga, a reforzar el proceso de apropiación por parte de los Velasco de la influencia que había correspondido a los Lara en Castilla Vieja y áreas importantes del señorío de Vizcaya, que aún continuaría durante todo el siglo xv y los inicios del siglo xvi a través de la adquisición de lugares, derechos señoriales y rentas de diversos orígenes y de la extensión de su red clientelar en la región.321 Más a corto plazo y, posiblemente de un modo imprevisible en 1428 para Juan de Aragón, esta decisión estratégica respecto a los Velasco le privó de la fidelidad de buena parte de las parentelas de fijosdalgos en la zona septentrional burgalesa y vizcaína, muy próxima a sus dominios en La Rioja y a la frontera de Navarra. Efectivamente, supuso un debilitamiento apreciable de su afinidad señorial frente a la de Pedro de Velasco que, en el momento del estallido de la guerra en 1429, no se compensó con el apoyo previsto de este al bando aragonesista, puesto que Pedro Fernández se decantó por el bando real de Álvaro de Luna.322 Por todo ello, los intentos del infante don Juan por ampliar la base patrimonial de derechos del señorío de Lara acabaron por enconar las oposiciones de algunos de los grandes señores en la Castilla al norte del Duero hacia él e influyó en una catastrófica fragmentación del «sistema de poder señorial» encabezado por los herederos del rey Fernando I de Aragón, fundamentalmente a través de la disgregación de su «clientela» vasallática. Resta ya concluir con el último acto, tras la incautación por la Corona del señorío de Lara al rey de Navarra y el posterior retorno del mismo a Castilla en 1439 con la   Esta cuestión es analizada con detalle en Dacosta Martínez, A. F., Los linajes de Bizkaia..., pp. 127-143. 322   Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 184-185. 321

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correspondiente restitución de su patrimonio señorial: el de la liquidación del propio señorío. Dentro del regreso de los «infantes de Aragón» al reino y de la formación de una coalición aristocrática y cortesana que permitió orillar temporalmente a Álvaro de Luna del poder, el apoyo de algunos de los grandes a Juan de Aragón pasó por resolver de manera definitiva cualquier posible contencioso alrededor de los derechos del señorío de Lara en las regiones donde venía disputándoselos desde 1403. Ejemplo de ello se puede encontrar en cómo, el 11 de julio de 1440, durante las Cortes celebradas en Valladolid, el rey de Navarra dio su provisión a Íñigo López de Mendoza, antiguo aliado y posteriormente enemigo para volver ahora a figurar ambos en el mismo bando, quitando cualquier embargo que se hubiera puesto desde la época de su padre Fernando sobre los valles de las Asturias de Santillana, renunciando a cualquier derecho en aquellos lugares y ordenando a sus pobladores reconocérselos exclusivamente a los titulares del señorío de la Vega.323 Por otra parte, en estos años de la vuelta de los vástagos de Fernando y Leonor a Castilla se debió de producir un hecho ciertamente llamativo. La relación de rentas y mercedes del rey de Navarra en 1444 no solo declaraba el valor de lo que hemos podido reconocer como los derechos reales sobre las behetrías pertenecientes al señorío de Lara, 247 234 mrs. en moneda usual de la época. En esa anotación se indicaba sobre ellos, además, que «[…] de los quales no tenía ya ningunos al tiempo que de acá partió porque son dados, vendidos e renunçiados a otras personas».324 Tal vez la cuantía teórica de 350 000 mrs. para estos derechos cuando fue reclamada su devolución en 1431 remitiese de algún modo al valor de estas rentas a la muerte de Fernando I en 1416, cuando fueron recibidas por su hijo. Si ya el rey de Aragón durante su vida hizo mercedes a partir de los derechos sobre las behetrías, Juan de Aragón siguió haciéndolas. En la nómina de 1429 se señala toda una serie de mercedes otorgadas a partir de ellos a personas de su casa, como las citadas poco más arriba a Lope García 323   Biblioteca Municipal de Santander, Colección Eguaras, Ms. 219, ff. 579-583, publ. El marqués de Santillana. Biografía y documentación, ed. de R. Pérez Bustamante, J. M. Calderón Ortega, Santillana del Mar, Taurus-Fundación Santillana, 1983, pp. 248-252. El documento es sumamente expresivo, al retrotraerse hasta los orígenes de la disputa entre Leonor de la Vega y el infante Fernando, concretándonos el conjunto de behetrías sobre las que los señores de la Vega aducían derechos: en Campoo, Abiada, Herrera, Paracuellos, Fresno, Aradillos, Moraña, Camesa, Pernía, el Lentuerno, el Campo y Matamorosa, Retortillo y Bolaños, el conjunto de lugares de las merindades de Asturias de Santillana y Trasmiera y Campoo y Río Paraíso en la merindad de Villadiego y los de Dehesa y Colmenares en Pernía. Justamente aquí se nos indica cómo, sin menoscabo la carta de desembargo del infante Fernando, estos lugares no habían querido recudir con todos los derechos señoriales ni a Leonor de la Vega ni luego a su hijo en virtud de la toma de posesión que Per Alfonso de Escalante habría hecho de ellos en nombre de don Fernando. 324   AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4 n.º 6; Suárez Fernández, L., «Las rentas castellanas…», p. 198.

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de Porres y Diego de Vallejo, a las que cabría añadir los 2026 mrs. sobre la martiniega del lugar de Treviana, en la merindad de Rioja y 100 carneros en el concejo de Neila, en la merindad de Santo Domingo de Silos, para el adelantado Diego Gómez de Sandoval, 9000 mrs. en la villa de Cisneros para su alférez mayor Nuño Cabeza de Vaca, 630 mrs. en la behetría de Torrepadierna, en Candemuñó, para Alfonso de Valdivielso y 18 fanegas de pan situadas en las behetrías de Castilla Vieja para Juan Fernández de la Peña, vecino del valle de Soba.325 Con todo, el número y dimensión de estas mercedes debió de ser todavía moderado, en tanto en cuanto el valor de las rentas del señorío de Lara fue estimado por los contadores reales en los 239 254 mrs. ya citados. Sin embargo, la referencia de 1444 a que el conjunto de los derechos sobre las behetrías había sido enajenado nos sitúa ante un escenario distinto y bien alejado de la tónica que hasta 1429 había caracterizado la administración del señorío de Lara por don Fernando y luego por don Juan. Efectivamente, la derrota de 1430, con la consiguiente pérdida de la posición de primacía señorial en el reino que habían ostentado los herederos de Fernando de Antequera, trastocó radicalmente su grado de influencia en la monarquía castellana, su presencia señorial en el territorio y el marco de relaciones con los diferentes agentes sociales que participaban de ejercer poder en Castilla. Francamente más debilitado y necesitando reconstruir su red de apoyos, todo apunta a que Juan de Aragón dispuso con largueza de los derechos del señorío de Lara, renunciando a aquellos a los que había aspirado y otorgando mercedes a partir de los que conservaba, aún considerables, hasta liquidarlos en manos de nuevos titulares. La pérdida del lugar de honor que, como cabeza de la aristocracia castellana se otorgó al señorío de Lara donado al infante Fernando en 1390, se concretó, entonces, ante un escenario de relaciones de poder en el que el rey de Navarra, después de 1439, difícilmente podía ejercer tal primacía, utilizándola como ventaja política, frente a la competencia cortesana y señorial de los grandes y sus casas. La pérdida de esta posición de poder y de sus elementos de significación simbólica se produjo a la par que la proyección señorial del título de Lara era dilapidada frente a la nueva generación de señores de la merindad mayor de Castilla, mejor implantados en este espacio que Juan de Aragón tras los sucesos acontecidos desde 1428. De esta manera, cuando el señorío de Lara desapareció definitivamente en 1454 con la renuncia del rey de Navarra a sus derechos señoriales en Castilla, en realidad ya hacía algunos años, antes incluso de 1444, que el señorío de Lara había dejado de existir de manera real frente a otras formas de ejercicio del poder señorial, capitalizadas en torno al «señorío jurisdiccional», en la Castilla al norte del Duero.   ADPA, E-535, n.º 1, ff. 1 r., 10 v., 23 r.

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8. La herencia del rey Fernando I de Aragón Tras este acercamiento intensivo a la significación del señorío de Lara dentro del «sistema de poder señorial» articulado en torno a Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque, en el que hemos podido profundizar en muchas de las dinámicas que afectaron al desarrollo de las formas de poder señorial en la Corona de Castilla desde el final del siglo xiii hasta la época en la que se desenvolvió nuestro objeto de estudio, en la primera mitad del siglo xiii —derechos señoriales y «señorío jurisdiccional», territorialización del poder señorial, competencia interseñorial, conflictividad, negociación y clientelización dentro de la clase aristocrática—, es momento de volver al correlato de los acontecimientos por lo que afectó a la administración de las villas y lugares que se integraron bajo el señorío de los infantes de Castilla y reyes de Aragón. Si nos quedamos en el momento de la muerte de Fernando I en Igualada en abril de 1416, hemos de ocuparnos de cómo se procedió al reparto de la espectacular herencia acumulada por él y por su esposa Leonor durante las dos décadas anteriores. 8.1.  El testamento del rey de Aragón y el reparto del patrimonio señorial en Castilla En ocasiones anteriores ya dedicamos algún espacio para referirnos al testamento que dejó redactado don Fernando y al cumplimiento del mismo para el reparto del patrimonio señorial de los reyes de Aragón en Castilla entre sus vástagos.326 No obstante, es preciso que nos detengamos ahora con más detalle en analizar cómo se llevó este a cabo y qué circunstancias e intereses entraron en juego para proceder a tal división, la cual era crucial a la hora de dirimir el traspaso del poder que Fernando I de Aragón había ejercido en sus reinos de origen. De este modo, aunque antes de 1415 Fernando ya había tomado algunas decisiones en cuanto al acceso de sus hijos a los dominios que él y su esposa señoreaban en Castilla,327 el rey de Aragón no dispuso firmemente la herencia de su señorío entre sus hijos hasta ese año. Tras la grave enfermedad que padeció hasta el punto de dejarle al borde de la muerte en Valencia entre junio y agosto de 1415, y habida cuenta del delicado estado de salud que desde entonces arrastraba,328 don Fernando dictó testa  Vid. Muñoz Gómez, V., «Transmisión patrimonial…»; id., Fernando «el de Antequera»…, pp. 166-173. 327   Durante su coronación en Zaragoza en 1414, del mismo modo en que había investido a su primogénito Alfonso como príncipe de Gerona, había otorgado a su segundo hijo, el infante don Juan, como duque de Peñafiel y señor de Castrojeriz (García de Santa María, Á., Le parti inedite…, p. 108). 328   Vendrell de Millas, F., «Relación médica…». 326

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mento en Perpiñán el 10 de octubre de 1415. En él se definía el destino de su patrimonio castellano tras su muerte, de la misma manera que se atendía a cuestiones como la ordenación de su sepultura y de las mandas piadosas que se ordenaron para el descanso de su alma, su sucesión en el trono de la Corona de Aragón por su primogénito Alfonso y, sobre todo, la liquidación de las cuantiosas deudas que había contraído a lo largo de su vida.329 Centrándonos ahora en lo referido al reparto de los bienes señoriales en Castilla del rey de Aragón, este afectaba al conjunto del patrimonio reunido por él y su esposa, sin establecer ninguna distinción en el paso de todo él a sus hijos ni aludir a la disposición que la reina Leonor podía ejercer como señora de la parte del mismo que había heredado de su padre más la mitad de villas, lugares, derechos y rentas que ambos hubieran adquirido desde el momento de su matrimonio. De este modo, se entendía que la reina consentía en el paso de esos bienes a sus hijos tal y como se indicaba en el testamento, siendo la distribución que se estableció de ellos como sigue.330 En primer lugar, el príncipe Alfonso no recibiría ningún patrimonio en Castilla, en virtud a su condición de heredero del trono de Aragón y Sicilia. El segundogénito, el infante Juan, era señalado de manera distinguida en el reparto del patrimonio señorial castellano, puesto que sería quien recibiría la simbólica dignidad, como primero entre la aristocracia de Castilla, de señor de Lara con todos los bienes y rentas a ella correspondientes, a los cuales ya vimos que de algún modo se vinculó, desde 1412, tras la donación de Lerma a Diego Gómez de Sandoval, la villa de Paredes de Nava. Junto con ello, Juan de Aragón recibiría todo el bloque patrimonial situado en las tierras más septentrionales que sus padres señoreaban, desde la frontera de Navarra hasta el centro del valle del Duero. Así, se señalaba que habría de quedar para él la villa de Medina del Campo, si bien esta permanecería en manos de la reina Leonor de Alburquerque hasta el final de sus días, en tanto en cuanto le había sido entregada por su esposo como parte de su dote. Además, como duque de Peñafiel y conde de Mayorga tendría el señorío sobre las dos villas a las que remitían estos títulos, además de las de Cuéllar y Olmedo, pertenecientes todas al rey desde 1390. También cobraría las villas de Haro, Briones, Belorado y Villalón, propias de la herencia de su madre Leonor, en La Rioja, y la villa de Castrojeriz, adquirida por sus padres en 1409. Además, se añadía para él la villa de Montblanc en Cataluña y un tercio de las mercedes, mantenimientos y otras rentas derivadas de la Hacienda real castellana que el rey de Aragón poseía en Castilla. Por añadidura, el testamento definía el cumplimiento del compromiso matrimonial que en su momento se estableció con la infanta Isabel de Navarra.   BRAH, Salazar y Castro, M-78, f. 168 (ff. A-K).   Esta es recogida en los folios H v.-I v. del documento citado en la nota anterior. La relación que se hace de las mismas puede comprobarse en los folios señalados como H e I del testamento (ibid., ff. H v.-I v.). 329 330

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Seguidamente, el tercer hijo varón, el infante Enrique, maestre de la orden de Santiago, recibiría el conjunto meridional del patrimonio señorial de sus padres. Esto es, el título de conde de Alburquerque con las villas y lugares que se adscribían a él: Alburquerque, Azagala, y La Codosera, Medellín Alconchel, y Las Garrovillas de Alconétar,331 más Ledesma y las Çinco Villas de Salvatierra de Tormes, Miranda del Castañar, Montemayor del Río, Granadilla y Galisteo y, por último, la villa andaluza de Andújar. La coherencia territorial de ese patrimonio en la zona salmantina y extremeña ya sabemos que era particularmente importante, reforzada más si cabe desde que el infante Enrique se convirtió en maestre de Santiago y su padre pudo mediatizar las posesiones de la orden y controlar directamente las ligadas a la mesa maestral, concentradas prioritariamente en la Meseta Sur. A Enrique también se le indicó para celebrar matrimonio con la infanta Isabel de Navarra si no se realizaba el compromiso original que existía entre esta y su hermano mayor. En caso de que tampoco con Enrique se llevase a término, los mansesores del rey de Aragón compensarían a los reyes de Navarra, a cuenta de la dote de la novia pactada, con 60 000 florines de Aragón, para lo cual la villa de Paredes de Nava era señalada entre los bienes que podrían ser objeto de venta para satisfacer esta indemnización. El resto de los hijos fueron beneficiados de forma mucho más modesta, en la medida en que sus dos hermanos mayores habrían de recibir el grueso de los bienes señalados en el testamento. El infante Sancho, maestre de la orden de Alcántara, llevaría consigo Montalbán con su tierra y su castillo y la villa de Mondéjar, obtenidos en 1409 a partir de la merced recibida por don Fernando de María Fernández Coronel. Finalmente, para el resto no se indicaba acceso a bienes en Castilla: el último varón, el infante Pedro, tendría el señorío de Terrasa, Vilagrassa y Tàrrega en Cataluña y de Elche y Crevillente en Valencia y, para las dos hijas, las infantas María y Leonor, se reservaban 50 000 libras barcelonesas para cada una, destinadas a sus respectivas dotes matrimoniales. La primera lectura de estas cláusulas nos manifiesta cómo este traspaso del señorío de los reyes de Aragón a sus hijos implicaba un reparto de la hegemonía que Fernando disfrutaba en Castilla entre los infantes Juan, Enrique y, en menor medida, Sancho, quedando señaladas, además, sus áreas de influencia territorial en el reino con la asignación que hemos visto de villas y lugares. Mientras, la continuidad de una política matrimonial extensiva dentro del ámbito peninsular era enunciada, aun indirectamente, como medio para la adecuada dotación de todos sus hijos de acuerdo con su dignidad de   Según el instrumento legal por el cual el infante Enrique aceptó la donación que le hizo su madre en 1418 de las villas y lugares que tocaban a su señorío, se hablaba del condado de Alburquerque, al cual estaban ligadas tales villas y lugares que ya poseyó el conde don Sancho, padre de doña Leonor (AGS, Cámara de Castilla. Diversos de Castilla, leg. 41, n.º 12). 331

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infantes reales y para el reforzamiento e, incluso, la ampliación de la posición de poder del linaje real de Aragón. No obstante, el testamento era mucho más preciso a la hora de dirimir el reparto último de todo el patrimonio de los reyes de Aragón en Castilla y de marcar las líneas directrices para la coordinación de las estrategias que permitiesen mantener ese liderazgo que el rey Fernando legaba a sus hijos. En estos puntos, el papel de la reina Leonor y de ciertos miembros de la «clientela» de los monarcas aragoneses era fundamental. De este modo, el cumplimiento del testamento fue encargado, como testamentarios, a doña Leonor, al arzobispo de Toledo Sancho de Rojas, al confesor real fray Diego de Támara, al secretario del rey Diego Fernández de Vadillo y al maestre racional Bernat de Gualbes. Para ello, habrían de disponer de las joyas particulares del rey, las villas de Paredes de Nava, Mayorga y Alba de Tormes y las rentas remanentes de la merced de 11 000 doblas castellanas sobre rentas reales que Enrique III otorgó a su hermano. Tanto lo que quedase de estas rentas como Mayorga y Paredes de Nava habrían de pasar en último término al infante don Juan pero, sin embargo, no se hacía mención a quién habría de heredar Alba, posiblemente considerándose que, si el pago de las deudas del rey pudiera implicar la venta de alguno de los lugares bajo su señorío, esta debería ser dispuesta para este fin en primer lugar. Además, en el testamento tampoco se refería nada sobre San Felices de los Gallegos, la tierra de Alba de Liste, Urueña y Tiedra, que originalmente pertenecían a Leonor de Alburquerque antes de su matrimonio con Fernando, de lo cual podía entenderse que el señorío sobre estas tierras y la disposición sobre ellas se reservaba para que lo disfrutara la reina Leonor, igual que el señorío sobre Medina del Campo durante su vida, que ya hemos dicho que habría posteriormente de ser heredado por el infante Juan de Aragón. El infante primogénito Alfonso, como futuro rey de Aragón, por fin, fue designado como garante de la ejecución del testamento, confiriéndosele un papel tutelar, de dirección última de las estrategias de la casa real de Aragón, como no podía ser de otro modo, en su calidad de pater familias, señor y patrón de la misma. Así, junto a las funciones principales que se asignaban a este y a la reina viuda en la dirección de lo que era un verdadero traspaso de poderes señoriales dentro de la casa, cabe destacar el papel otorgado en este mismo sentido a los criados y «clientes» más prominentes integrados en ella y, sobre todo, más próximos a la confianza del rey, los cuales quedan bien significados entre los testamentarios y los testigos que asistieron a su redacción.332 332   Fueron testigos el doctor Juan González de Acevedo, del Consejo del rey, el camarlengo Juan Carrillo de Toledo, el mayordomo Juan Delgadillo, el arcediano del Alcor, promotor de negocios del rey, Pedro Núñez de Guzmán, Gutierre de Torres, el camarero Álvaro Garavito, el ujier de armas García de Herrera y Pedro de Cabuérniga, de la casa del rey, todos ellos castellanos. La escrituración del testamento corrió a cargo de uno de los secretarios del rey, Paulo Nicolau, natural de la Corona de Aragón (ibid., f. K).

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Esto da cuenta del peso de estos personajes dentro del entorno clientelar de Fernando y Leonor, pero también del grado de confianza y responsabilidad depositada en ellos, hasta el punto de que, como comprobaremos, los miembros de la afinidad señorial castellana de los reyes de Aragón también dispusieron de un notable ascendiente como para participar en el conjunto de decisiones que afectaron al cumplimiento del testamento. Algunos, incluso, tuvieron capacidad para armonizar su dirección en beneficio de sus señores con la decantación de las mismas en su propio beneficio, con lo cual, los individuos que alcanzaron a este grado de acción, pudieron perfilar con mayor claridad su posición dentro del entramado de relaciones de poder que implicaba este «sistema de poder». Si atendemos a que, cuando se redactó el testamento de Fernando, los tres hijos del rey dotados en Castilla eran jóvenes que no superaban la edad de veinte años, que Enrique y Sancho se encontraban en Castilla y Juan permanecía como virrey en Sicilia, por lo que todos en realidad contaban con una limitada capacidad para hacer valer sus posturas en relación al acceso al patrimonio de sus padres,333 resulta más significativa la mediación de su madre y su hermano y de toda una serie de criados de la casa en el manejo de las disposiciones testamentarias y su cumplimiento. De nuevo, el personaje que mayor significación alcanzó en este sentido entre estos últimos fue Sancho de Rojas, el hombre de confianza de don Fernando, a quien dejó en 1412 al cargo de la administración directa de la buena gobernanza de la regencia de Juan II en Castilla pero también, como ya hemos podido citar en algunas ocasiones y más adelante desarrollaremos, del mismo patrimonio señorial de los reyes de Aragón, cubriéndolo de mercedes por sus servicios para sí y para sus sobrinos, notoriamente para Diego Gómez de Sandoval. De un modo u otro, en fin, el alcance de la intervención de cada uno de estos personajes en ese momento inicial del negocio de la herencia del rey Fernando quedaría en gran medida verificado por las posturas que ellos adoptaron ante los acontecimientos que en los meses siguientes modificaron las condiciones del reparto de la herencia del rey.   Juan nació en Medina del Campo el 29 de junio de 1398 (Vicens Vives, J., Juan II de Aragón, p. 3), mientras que las fechas de alumbramiento de Enrique y Sancho son puramente especulativas pero a situar entre 1399 y 1400 [Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel, «Enrique, infante de Aragón, maestre de Santiago», Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 12 (2002), pp. 37-89, en concreto, p. 37, nota 1; Salazar y Castro, Luis de, Historia genealógica de la Casa de Lara (ed. facsímil de la ed. de 1796, 6 vols.), Pamplona, Wilsen, 1988, vol. IV, De Lara, Libro XVII, pp. 233-234]. Ya hemos hecho referencia a la misión del infante don Juan en Sicilia y, por otro lado, la presencia de Enrique y Sancho en Castilla entre el final de 1415 y en 1416 puede deducirse a partir de los testimonios cronísticos sobre la muerte del infante Sancho y la del propio rey en marzo y abril de 1416, respectivamente (Valla, Lorenzo, Historia de Fernando de Aragón, traducción y ed. S. López Moreda, Barcelona, Akal, 2002, Libro tercero, cap. 10, p. 207; Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1416, caps. IV y V, pp. 370 y 371). 333

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Precisamente, la primera noticia que vino a trastocar toda la planificación ideada por el rey Fernando fue la muerte del infante Sancho en Medina del Campo el 15 de marzo de 1416 mientras la enfermedad de su padre seguía agravándose.334 Ello suponía la pérdida del maestrazgo de Alcántara y dio lugar al inicio de negociaciones en los círculos cortesanos aragoneses tras el conocimiento de la noticia para reasignar su porción de la herencia, consistente en Montalbán y Mondéjar. Así, la posesión de Montalbán y su fortaleza pasó primero por ser prometida al hijo menor de los reyes de Aragón, el infante don Pedro, para posteriormente rectificarse este particular y donarse el lugar al camarlengo Juan Carrillo de Toledo, uno de los testigos del testamento, recordemos. Sin embargo, inmediatamente después, esta decisión volvió a ser modificada y Fernando I decidió entregar Montalbán a su esposa Leonor.335 Mientras, Mondéjar, según parece, en compensación por Montalbán, terminó en manos de Juan Carrillo de Toledo.336 Así, hemos de pensar en una enrevesada negociación palaciega en torno al lecho del moribundo en que la reina Leonor habría impuesto su voluntad para hacerse con La Puebla de Montalbán pocos días antes de que Fernando I de Aragón muriese en Igualada. Ello nos muestra la directa implicación que la reina iba a adquirir en la dirección del que ya parecía inevitable proceso de sucesión de su esposo en su señorío castellano, en el cual dos aspectos se convirtieron en prioridades para ella. De una parte, tratar de conciliar, en la ejecución de la herencia, los intereses de sus hijos Enrique y Juan para evitar cualquier suerte de rivalidad o conflicto entre ellos que degenerase en una pérdida de poder en Castilla del linaje real de Aragón. De la otra, el acceso a los bienes patrimoniales no señalados en el testamento para ninguno de sus hijos con el fin de garantizar, en primer lugar, su salvaguarda bajo su propio señorío y, en segundo lugar, su manejo en interés de su linaje. Como ya sabemos, el regreso de Leonor a Castilla en marzo de 1417, instalándose en Medina del Campo acompañada de su hija menor, Leonor, y la continua relación epistolar sostenida con Alfonso V de Aragón han de entenderse al servicio de estos objetivos.   Junto a las referencias de la nota anterior, Zurita, J. Anales..., Libro XII, capítulo LX, pp. 281. 335   Así, tras haberse redactado un codicilo que no ha llegado hasta nosotros, donde se modificaba el testamento con la entrega al infante Pedro de la villa de Montalbán, este documento fue revocado al hacerse donación de Montalbán a Juan Carrillo el 21 de marzo de 1416. Sin embargo, en documento expedido ese mismo día, el rey cambiaba de opinión y entregaba el señorío sobre el lugar a su esposa, según se indicaba, en compensación por la villa de Saldaña, que ella había dado en merced al arzobispo Sancho de Rojas. Alfonso V confirmó esta donación en Tortosa el 18 de enero de 1417 (AHNob, Frías, C.ª 126, docs. 6 y 7; carp. 20, doc. 4). 336   Sabemos que Juan Carrillo de Toledo disfrutaba del señorío de esta villa en estas fechas a partir de su mención como tal señor en una escritura de arrendamiento dada en Toledo, el 13 de febrero de 1419 (BRAH, Salazar y Castro, O-6, f. 133, ff. 207 v.-214). 334

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Llegados a este punto, el infante don Juan, tras conocer la muerte de su padre y mientras gestionaba su vuelta a la península Ibérica desde Sicilia, decidió dirigirse al arzobispo Sancho de Rojas y apoyarse en la influencia del hombre fuerte de sus padres en Castilla para otorgarle plenos poderes con el fin de que el prelado tomase a su cargo la salvaguarda de sus intereses allí. Por esa carta de poder, el arzobispo habría de tomar posesión de cuantas villas, bienes y mercedes se hubieran ajustado en el testamento de Fernando I para él, concediendo a Sancho de Rojas, además, potestad para administrar en su nombre ese patrimonio.337 El recurso a Sancho de Rojas en lugar de a sus propios parientes se sostiene sobre la doble lógica de que, al tiempo de encontrarse este en Castilla y haber ejercido como mano derecha de su padre allí, algunos de los miembros de la casa del infante Juan eran, precisamente, parientes del arzobispo, destacando entre ellos su mayordomo mayor, el adelantado mayor de Castilla Diego Gómez de Sandoval. En respuesta, el arzobispo se aprestó a ejecutar los cometidos encomendados, tomando posesión en nombre del infante del señorío de Lara y de las villas de Olmedo, Cuéllar, Peñafiel y Castrojeriz. Esto queda atestiguado a partir de la toma de posesión de Cuéllar por el bachiller Rodrigo Álvarez de Castrojeriz, con poder de Sancho de Rojas, en nombre del infante en julio de 1416.338 Por otro lado, las referencias documentales de 1416 en las villas de Paredes de Nava y Alba de Tormes plantean que, tras la muerte de Fernando de Antequera, Sancho de Rojas mantuvo la administración de estas poblaciones y sus tierras, que habían sido asignadas a los mansesores del testamento para su cumplimiento, y, de hecho, procedió a tomar en ellas pleito homenaje a los procuradores nombrados por sus respectivos concejos en nombre del infante don Juan.339 Así, a la conexión entre el infante y el arzobispo de Toledo hay que añadir, en cualquier caso, un acuerdo entre los testamentarios, muy particularmente 337   La carta de poder por la que se facultaban estas prerrogativas fue dada el 20 de mayo de 1416 en el castillo de Catania, encontrándose inserta en el documento de toma de posesión de la villa de Cuéllar en nombre del infante don Juan por Rodrigo Álvarez de Castrojeriz, bachiller en Leyes y alcalde en el adelantamiento mayor de Castilla, procurador nombrado por el arzobispo de Toledo (Colección documental de Cuéllar…, doc. 271, pp. 448-451). 338   Ibid., docs. 272-276, pp. 451-463. Las cartas de poder otorgadas a Rodrigo Álvarez se referían a la toma de posesión sobre los susodichos derechos y villas. 339   Sancho de Rojas, desde abril de 1416, actuó, por ejemplo, requiriendo el pago de los pedidos que el rey de Aragón había echado en estas villas para ese año antes de su muerte, o nombrando oficiales, como el regidor Diego González de Asturias en Alba. Igualmente, entre agosto y noviembre, ambas villas habrían prestado pleito homenaje al arzobispo, aunque no se pueda concretar la fecha en cada caso ni los términos en que se realizó. Solo indirectamente parece deducirse que lo tomó por delegación del resto de los mansesores y en nombre del infante. En cualquier caso, los casos de Paredes y de Alba parecen aplicables a Mayorga, donde, por desgracia, no se ha conservado documentación de estos años (AMPdN, CP, 239/05, ff. 17/10 v., 28 v., 29 r. y 37 v.; Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes…, pp. 83-85, 87-89, 92-94.; AMAdT, IE, 0003.01, LAC, 1416, ff. 79 v., 81 r.-82 v., 85 v.-89 r.).

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con la reina Leonor, en torno a la administración de estas villas y un final reconocimiento del señorío sobre las mismas para el infante Juan, si bien la posición en este sentido de la reina se inclinó por otras soluciones en relación con la posesión de Alba de Tormes. Respecto a todas estas cuestiones que atañen al patrimonio señorial castellano de don Fernando, en cualquier caso, el resto de mansesores no debieron de desempeñar papeles de relevancia, quedando sus posibles actuaciones en un plano de subordinación respecto a las de Leonor de Alburquerque y Sancho de Rojas.340 Mientras, Alfonso V y su madre parece que concentraron prioritariamente su atención en la delimitación de otros puntos de interés para la estrategia de la casa, ligados a tres aspectos principales: reconducir el cumplimiento del resto de los traspasos de patrimonio indicados en el testamento del rey Fernando; sostener la red clientelar que mantenían en Castilla bajo su fidelidad y en posición de fuerza; relanzar las conversaciones matrimoniales para fijar el enlace de Juan o Enrique con una de las hijas de los reyes de Navarra —a la postre, su heredera Blanca— y el de la infanta María con Juan II de Castilla. Una de las primeras muestras de la puesta al día de la influencia de la casa real de Aragón y de su sintonía con su «clientela» fue la consecución de la elección como maestre de Alcántara en 1416 de Juan de Sotomayor, antiguo maestresala del infante Fernando al que promoviera como comendador mayor de Alcántara y el maestrazgo administrador de la orden en nombre de su difunto hijo Sancho desde 1409. De este modo, la orden permanecía sujeta dentro del ámbito de influencia de los herederos de don Fernando sin mayores problemas, por más que, previamente, la reina Catalina hubiera intentado mover la elección como maestre de Gómez Carrillo de Cuenca, ayo del rey Juan II, y hubiera tratado de prestar apoyo al clavero de la orden, acaso para elevar su candidatura al maestrazgo frente a la de Juan de Sotomayor.341 La ejecución de estos proyectos, como decíamos, pasaba por la vuelta de Leonor de Alburquerque a Castilla. Pero, con anterioridad a la misma, la reina iba a atender a la preparación de ese retorno mediante la reunión de un extenso conjunto de recursos que le permitieran asumir el sostenimiento de su persona y de su propio entorno de servidores de acuerdo con su dignidad hasta el final de sus días y, sobre todo, de cara a poder ejercer esas funciones de enlace y equilibrado de la política de su linaje. Aunque el testamento de su esposo señalaba, implícita o explícitamente, para Leonor importantes bie  No hemos logrado localizar ningún documento que atestigüe que a fray Diego de Támara, Diego Fernández de Vadillo o Bertrán de Gualbes se les confiriera algún cometido específico en este sentido. 341   Sobre este último particular, tanto la noticia en relación al nombramiento que pretendió del papa para Gómez Carrillo como de las instrucciones dadas por la reina a su mayordomo mayor, Gómez Suárez de Figueroa, para que se opusiera a Juan de Sotomayor en favor del clavero de Alcántara, vid. Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?1494), doc. 799-800; Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Histórica, 243 (160 actual), n.º 51 bis. 340

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nes para garantizar su mantenimiento, tal y como hemos visto, resulta notorio que, antes y después de la muerte de Fernando I, ella se empeñase en ampliar y definir claramente la extensión y la posesión legítima de los mismos para sí. Si en marzo de 1416 se había hecho con Montalbán, antes de junio de 1417 logró asegurarse su posesión. Para ello, la reina hizo frente con 27 000 florines de su propio haber para liquidar una deuda de 50 000 florines que el rey Fernando I había contraído con Gil Ruiz de Lihori, justicia de Aragón y camarlengo del rey después, y, por la cual, el hijo de este, Juan Fernández de Heredia, camarlengo de Alfonso V siendo aún infante y príncipe de Gerona,342 tenía por el rey la fortaleza de Montalbán en prenda.343 La noticia del testimonio, en junio de 1417, de que el dinero había sido entregado y de que Alfonso V de Aragón había confirmado la donación de Montalbán a su madre, ya en enero de 1417, nos ponen sobre la pista de una serie de negociaciones entre el rey, la reina viuda y este dignatario cuya duración y pormenores no podemos precisar más allá del arco temporal aportado por los documentos pero que hubieron de ser anteriores a la marcha de la reina a Castilla en marzo de ese año.344 Esta dinámica, que iba a afectar a los hijos de la reina y a los testamentarios de su difunto esposo, no quedaría ahí. Tras su vuelta a Castilla y su instalación en Medina del Campo en los palacios donde había fundado el monasterio de Santa María de las Dueñas, todo parece indicar que Leonor de Alburquerque alcanzó una serie de convenios con Sancho de Rojas. Estos atendían a la resolución del reparto del patrimonio de los reyes de Aragón, con arreglo al testamento de Fernando I en cuanto a, por una parte, la dotación de los infantes Juan y Enrique y, por la otra, a la administración de los bienes de la testamentaría de manera conjunta. Aunque es posible que algunas de estas resoluciones ya hubieran sido determinadas anteriormente, su puesta en práctica muestra que los parientes de Fernando de Antequera y sus principales fieles optaron por aplicar las cláusulas del testamento de un modo 342   Se puede comprobar como ocupó este oficio ya desde octubre de 1412 (ACA, RP, MR, Escribanía de Ración de los Infantes. Libros de Traslado de certificaciones del protonotario de las pagas correspondientes que cobraban sobre los emolumentos de la Escribanía Real, vol. 935). 343   Recordemos que Fernando I había entregado a Gil Ruiz de Lihori Montalbán y Torija entre julio y octubre de 1412 (Zurita, J., Anales..., Libro XII, cap. 1, p. 191). 344   Lo atestigua la carta de pago, dada en Valencia a 11 de junio de 1417, por Juan Fernández de Heredia reconociendo la recepción del dinero y la entrega subsiguiente de la fortaleza a la reina, (AHNob, Frías, C.ª 126, doc. 5). El pago de 27 000 florines es declarado en los traslados que se han conservado de la adjudicación de la renta de 2529 doblas a Leonor de Alburquerque [AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª, leg. 3, f. 8, leg. 47, f. 15 y Rodríguez de Diego, José Luis, «Documentación medieval del Archivo Histórico Provincial de Zamora», Studia Histórica. Historia Medieval, 3 (1985), pp. 181-208, donde cita el documento catalogado en carp. 8, n.º 22, datado en Medina del Campo, 22 de junio de 1423, en que el resto de testamentarios validaban la entrega de las dichas rentas (p. 205)]. A su vez, para la confirmación de la donación, AHNob, Frías, C.ª 126, n.º 6 y 7.

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laxo, cuando no prefirieron incumplirlas, para un mejor acomodo de los intereses de todos los actores en liza. Unas primeras medidas afectaron, como decíamos, al manejo de los bienes señalados para el cumplimiento del testamento por los mansesores. Desde fecha desconocida, el resto de los testamentarios de su esposo acordaron hacer entrega a la reina Leonor de una renta de 2529 doblas castellanas anuales, situadas en los tributos reales de Zamora, Toro y Salamanca, las cuales procedían de la merced de 11 000 doblas sobre alcabalas y tercias reales en distintas villas y ciudades del reino que don Fernando había disfrutado en vida.345 Estas rentas venían a sumarse a los mantenimientos que ella recibía de la Hacienda real castellana, que ascendían a 400 000 maravedís anuales, las tercias de su villa de San Felices de los Gallegos y 50 vasallos excusados de moneda forera.346 Por otro lado, desde, al menos, 1417 y a lo largo de 1418, tenemos constancia del despacho de negocios por los representantes de los concejos de Alba de Tormes y Paredes de Nava tanto con el arzobispo de Toledo como con la reina Leonor. Indicativamente, la reina es mencionada como «… sennora e poseedora dela meytat dela villa de Alua de Tormes e de su tierra…», evidenciando la absoluta disposición de Leonor de Alburquerque de controlar directamente cada uno de los dispositivos puestos en marcha para el despacho de las voluntades expresadas en el testamento y el definitivo reparto de la herencia, suya y de su difunto esposo, entre sus hijos Juan y Enrique.347 Comprobaremos que esto dejó margen incluso a intentos para disponer de estos bienes de la testamentaría en beneficio de otros de sus vástagos, muy concretamente de Alba de Tormes, que pretendió otorgar al menor de los varones, Pedro. En cualquier caso, el reparto de la herencia se inició a partir de abril de 1418. Entonces Alfonso V de Aragón otorgaba Urueña y Tiedra a su madre. Estas villas habían formado parte de las arras entregadas por doña Leonor en su matrimonio al infante Fernando y, tras haber estado temporalmente en manos del tesorero y mariscal del infante, Ruy Sánchez de Valladolid hasta, a lo sumo, 1402, se reintegraban para la reina.348 Puesto que el infante don   En el testamento de Fernando I se hace mención de ella con una cuantía de 10 000 doblas castellanas y 10 000 florines (BRAH, Salazar y Castro, M-78, f. 168, ff. A v.-B). 346   Se hace referencia a ellos en documento conservado en Archivo del Monasterio de las Dominicas Reales de Medina del Campo, Cajón 1, n.º 36, dado en Medina del Campo, el 4 de agosto de 1417. Citado por Nieto Soria, J. M., «El tesoro…», p. 41. Respecto a las tercias de San Felices, AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª leg. 5-2, f. 45; y, en cuanto a los 50 excusados, AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª leg. 1-2, f. 438 r. 347   AMPdN, CP, 239/06, ff. 9 r., 20 v.-21 v.; Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes…, doc. 57, pp. 95-97, que se refiere a la carta dada en Medina del Campo el 3 de marzo de 1418 por la reina Leonor para que los vasallos y concejos de sus villas y lugares dieran seguridad y facilitasen a su tesorero mayor y recaudador Juan González de Oviedo sus tareas. 348   El 5 de abril de 1418, en Valencia, Alfonso V formalizó la entrega de estas villas a su madre en manos del mariscal D. Álvaro de Ávila (AHNob, Osuna, carp. 21, n.º 2, C.ª 105, n.º 1). 345

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Juan entró en Castilla en mayo de aquel año, esta donación ha de verse como parte de los tratos para preparar el traspaso del resto de sus villas heredadas de su padre, el conde don Sancho, a sus hijos mayores. El 16 de mayo de 1418, la reina Leonor donó al infante Enrique el condado de Alburquerque y las villas y lugares de Alburquerque, Medellín, Azagala, La Codosera, Alconchel, Alconétar, Montemayor, Granadilla, Galisteo, Miranda del Castañar, Salvatierra de Tormes y Ledesma.349 A su vez, el 21 de septiembre hizo lo propio con el infante don Juan, a quien entregaba Haro, Briones, Cerezo, Belorado y Villalón.350 Tales donaciones se hicieron con las condiciones de que, por toda su vida, doña Leonor seguiría percibiendo todas las rentas, pechos y derechos ordinarios de estas villas y los alcaides de sus fortalezas le prestarían pleito homenaje.351 Es más, ante cualquier tipo de incumplimiento de los derechos de la reina viuda o si sus hijos morían sin herederos legítimos, estas villas habrían de retornarse con pleno señorío a manos de doña Leonor.352 Resulta bastante palpable el amplio margen de intervención sobre estos lugares que, en efecto, la reina viuda decidió conservar a través de esta participación en algunos de los derechos señoriales más significados. A partir de ese momento, solo Alba de Tormes siguió siendo señoreada por el arzobispo de Toledo y la reina viuda en calidad de testamentarios.353 En este momento, podemos evaluar cómo se había dirimido el traspaso de atribuciones señoriales en el marco del «sistema de poder señorial» que   Documentación medieval del Archivo Municipal de Ledesma, ed. de A. Martín Expósito, J. M.ª Monsalvo Antón, Salamanca, Diputación de Salamanca, 1986, doc. 71, pp. 133134. Aparece inserto en el documento catalogado en la carp. 2, n.º 28 y 41, dado en Ledesma, 19 de diciembre de 1418. También se inserta en el documento dado en Tordesillas el 22 de julio de 1418 por el infante Enrique a la villa de Alburquerque informándoles de la donación y reclamando ser recibido como señor (AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 41, n.º 12). 350   AHNob, Frías, C.ª 292, n.º 3-4; y fe notarial del mismo documento, AHNob, Frías, C.ª 1.385, n.º 8. Se halla inserto igualmente en otro documento expedido en Madrid a 26 de diciembre de 1418 por el infante a las autoridades de estas villas, comunicándoles el traspaso (AHN, Frías, C.ª 20, n.º 2). Por otra parte, nos consta que la posesión por el infante don Juan de estos lugares se extendió al menos hasta febrero de 1419, como atestigua la que realizó en su nombre su alcalde, Álvar López de Cuéllar, acompañado del bachiller Sancho Sánchez, alcalde de la reina Leonor, el 3 de febrero de ese año (AMHaro, 4-2-1, 3.116-17, CP, 1419-1420, f. 15 v.). 351   Es el caso del juramento de pleito homenaje que prestó Fernando de Villena, hijo de Enrique de Villena ante Gonzalo Rodríguez de Ledesma, el viejo, procurador de la reina, por el castillo de Alconétar, en Tordesillas, 2 de agosto de 1418 (AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 41, n.º 5). 352   Estas cláusulas se detallan en ambos documentos de traspaso citados en las notas previas. 353   Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes…, pp. 104-111. Las referencias a la actuación señorial en Paredes de Nava de Leonor de Alburquerque de­ saparecen a partir de 1418 (AMPdN, CP, 239/07 y 08), por lo que ha de entenderse que los testamentarios optaron por entregarla al infante don Juan y reservarse solo Alba para el pago de las deudas que quedasen por saldar a aquellas alturas. 349

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heredaron de Fernando I de Aragón, sus hijos y el reparto de esferas de influencia al que se había llegado. De una parte, la reina viuda Leonor decidió permanecer en sus palacios de Medina del Campo sin inmiscuirse directamente en los negocios de la Corte castellana, aunque no abandonó su posición vigilante respecto a sus hijos y siguió departiendo al respecto de los intereses comunes de la casa real de Aragón con Alfonso V, conservando toda su influencia tutelar. De otra parte, los infantes Juan y Enrique fueron quienes sí se integraron con pleno protagonismo en el entorno cortesano desde final de junio de 1418, ejerciendo así la presencia simbólica y la influencia del linaje en estos círculos.354 Aun así, Sancho de Rojas mantuvo el gobierno efectivo sobre Castilla en consonancia con Diego López de Stúñiga y Juan Fernández de Velasco durante los últimos años de regencia de Catalina de Lancaster, tal y como apuntamos. Como tal, es señalado por los cronistas como el principal responsable del fracaso de las negociaciones que la reina Catalina llevaba con el rey Juan I de Portugal para las bodas entre Juan II de Castilla y Leonor, hija del portugués.355 Frente a esta opción, el prelado trabajó para que se concretara el matrimonio entre Juan II y la infanta María de Aragón, ya acordado en vida de Enrique III y realizado en Medina del Campo el 20 de octubre de 1418, tras la muerte de Diego López de Stúñiga (noviembre de 1417), la reina Catalina (junio de 1418) y Juan de Velasco (septiembre de 1418).356 Muestra de la anuencia con la gestión del arzobispo por parte de doña Leonor y don Juan pero, al tiempo, de reforzamiento del liderazgo que se estaba señalando para el infante Juan de Aragón y de la incontestable influencia que para ello ejercía Sancho de Rojas, fue la integración de su sobrino Diego Gómez de Sandoval en el Consejo Real en 1418, la adquisición por este de Cea a Ramiro Núñez de Guzmán con apoyo de la reina Leonor —quien había iniciado pleito contra él por los derechos a su señorío, que ella había perdido en 1383 en uno de los trueques organizados por Juan I de Castilla— y del infante don Juan ese mismo año, amén de otras mercedes, y el consentimiento del rey, el 14 de septiembre de 1419, para que tanto él como su hermano, el mariscal de Castilla Pedro García de Herrera, pudieran formar respectivos mayorazgos.357

  Las noticias cronísticas notifican la presencia del infante don Enrique en la Corte desde antes de la muerte de Fernando I y la presencia en la misma del infante don Juan desde su llegada a Castilla (Barrientos, Lope de, Refundición de la Crónica del Halconero, ed. de J. de M. Carriazo, Espasa Calpe, 1946). 355   Echevarría Arsuaga, A., Catalina de Lancaster, pp. 193-194. 356   Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1416, caps. VIII-XII, pp. 371-372, y año 1418, cap. I, pp. 374-375. Sobre estos dos magnates, González Crespo, E., Elevación de un linaje…, pp. 195-283; Lora Serrano, G., «Nobleza y monarquía bajo los primeros Trastámaras…», pp. 73-108. 357   AHNob, Osuna, 2086, n.º4-6, C.ª 1.974, n.º 1, 8. Franco Silva, Alfonso, «El linaje Sandoval y el Señorío de Lerma en el siglo xv», en El pasado histórico de Castilla y León. 354

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Mientras, el joven rey Juan II, tras la muerte de su madre, había anunciado su intención de hacerse cargo de la gobernación del reino: sería jurado por las Cortes en Madrid el 7 de marzo de 1419.358 En este punto, el éxito del partido de la casa real de Aragón a la hora de cerrar el traspaso de la posición de poder que ostentó don Fernando en Castilla a la siguiente generación vino marcado por la concertación del matrimonio entre Juan de Aragón y Blanca de Navarra. Descartada la posibilidad de un enlace con la infanta Isabel, para quien Carlos III había concertado sus bodas con el conde de Armagnac, Alfonso V y la reina Leonor optaron por reconducir los esponsales de Juan hacia un nuevo compromiso con Blanca, reina viuda de Sicilia y heredera del rey de Navarra. Este fue despachado por las dos partes entre mayo y noviembre de 1419, habiendo participado la reina Leonor activamente en su negociación; el matrimonio tuvo finalmente lugar el 10 de julio de 1420 en Pamplona, como es sabido.359 En teoría, al inicio de 1420 el reparto de la jefatura que había ejercido don Fernando sobre su casa, su señorío, sus vasallos y sus «clientes» parecía sólidamente establecido tras haberse finalizado un traspaso del patrimonio señorial y de la posición simbólica en la Corte y las instituciones de gobierno en Castilla a sus hijos bastante pacífico y sin sobresaltos de consideración. Huelga decir que la forma de liderazgo colegiado que se había establecido, con dos cabezas prominentes, Juan y, en menor medida, Enrique, más las posiciones de supervisión, mediación y tutela que ejercían la reina Leonor, el arzobispo Sancho de Rojas y Alfonso V, en realidad mostraría muy pronto sus debilidades, fruto de la propia rivalidad interna alimentada en la casa al haberse primado el predominio de Juan sobre Enrique y el de Sancho de Rojas y sus parientes sobre el de otros miembros de la afinidad señorial aragonesista. En todo caso, hemos podido comprobar la interacción entre los distintos agentes activos en esta red de relaciones señoriales en un proceso de sucesión del jefe de la casa, por sus herederos e inicio de la redefinición de los vínculos de interdependencia asimétrica que articulaban todas estas relaciones de poder.

Actas del I Congreso de Historia de Castilla y León, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1983, vol. I, pp. 133-149, en concreto, 136-138. 358   Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1419, cap. I, pp. 376-378. 359   Tenemos noticia de que tal vez el matrimonio entre la infanta Isabel de Navarra con el conde de Armagnac pudiera estar preparado a principios de 1416, cuando Benedicto XIII le concedió la dispensa para el enlace y de que el 30 de diciembre de 1418 doña Blanca recibió la suya de Martín V. El 23 de mayo de 1419, desde Segovia, don Juan despachaba embajadores a Navarra para tratar los últimos puntos del enlace y las capitulaciones matrimoniales se firmaron en Olite (Navarra) el 15 de noviembre de 1419. Las bodas se celebraron en la catedral de Pamplona el 10 de julio de 1420 (Castro Álava, José Ramón, Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1967, pp. 385 y 402-411).

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8.2.  A  lgunos apuntes para el seguimiento de los patrimonios señoriales de la casa real de Aragón en Castilla después de 1418 Las últimas páginas nos han ayudado, desde un punto de vista práctico, para situar la distribución de las villas y lugares que pertenecieron a Fernando y Leonor tras la muerte del primero en 1416. Las gestiones en que se vieron envueltos fundamentalmente la reina Leonor, Alfonso V y el arzobispo Sancho de Rojas, además de los infantes Juan y Enrique y algunos oficiales de la casa del difunto rey Fernando I, resolvieron en 1418 el reconocimiento de tres conjuntos patrimoniales bien definidos. Uno, desde La Rioja a la «Extremadura castellana», para el infante don Juan, nuevo señor de Lara. Otro, en la «Extremadura leonesa», desde la zona salmantina hasta la frontera portuguesa en Badajoz y ya lindante con Andalucía, para el infante don Enrique, maestre de Santiago. Al fin, el señorío sobre algunas posesiones modestas y dispersas —la tierra de Alba de Liste en la frontera zamorana con Portugal, la villa de San Felices de los Gallegos en el sector salmantino de esa frontera, la villa de Urueña y el lugar de Tiedra en el extremo occidental de los Montes de Torozos, al sur de la Tierra de Campos, y Montalbán con su fortaleza y su tierra en el reino de Toledo— además del ejercido sobre el principal centro urbano que controlaron los infantes de Castilla y reyes de Aragón, Medina del Campo, quedaron como patrimonio de la reina viuda

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Leonor. Solo la posesión de Alba de Tormes quedó sin definir, manteniéndose en manos de Sancho de Rojas y Leonor de Alburquerque, por mitades, como mansesores del testamento de Fernando hasta que este fuera completamente cumplido y liquidado. Cuando nos acercamos a la vida de la reina Leonor después de 1416, utilizándola como hilo conductor para contextualizar el devenir del liderazgo político y social de los miembros de la casa real de Aragón en Castilla hasta la disolución del mismo y la derrota de ellos en 1429 por la facción aristocrática liderada por Álvaro de Luna, ya fuimos repasando cómo los patrimonios señoriales de los infantes Enrique y Juan y, sobre todo, el de la reina Leonor, fueron basculando en consonancia con los acontecimientos que se sucedieron entre 1420 y 1430: el fracasado intento del infante Enrique por tomar el poder sobre el reino en 1420-1422, los esfuerzos para el mantenimiento de los bienes de este tras su prisión y la gestión de los mismos para su liberación y a la búsqueda de un matrimonio ventajoso para la hija menor de los reyes de Aragón, la infanta Leonor, además de, por supuesto, la confiscación de todo el patrimonio de los «infantes de Aragón» y sus partidarios entre 14291430. Por esta razón, no vamos a detenernos particularmente ya en estas cuestiones, de algún modo secundarias para el objeto principal de nuestro estudio.360 En todo caso, sí es interesante realizar algunas precisiones para comprender la evolución de estos patrimonios. En primer lugar, por lo que respecta a los señoríos de los infantes Juan y Enrique, más allá del secuestro entre 1422 y 1425 del patrimonio de este último, puesto en administración del comendador de Segura, Gonzalo Mejía, el maestrazgo de Santiago y de su hermano Juan de las villas heredadas de sus padres, vale la pena señalar algunas pequeñas adquisiciones y enajenaciones que afectaron a los bienes de los dos. Tras el fallido intento del infante Enrique por lograr que, con la dote de su esposa, la infanta Catalina de Castilla, le fuese asignado el marquesado de Villena, una vez liberado en 1425, recibió compensación a este respecto, al serle donados en ese concepto de dote 250 000 florines de Aragón, las villas de Trujillo y Alcaraz y otros 600 vasallos en aldeas de la tierra de Guadalajara, hasta sumar 6000 con los 5400 en que se tasaron Trujillo y Alcaraz.361 Mientras, por lo que se refirió al señorío de Juan, aparte de la incorporación de Maderuelo como parte de la dote de su esposa, la reina Blanca de Navarra, su sólido patrimonio extrema  Véase a este respecto Muñoz Gómez, V., «Mujeres aristocráticas y el poder del linaje en la Castilla bajomedieval: la reina viuda Leonor de Alburquerque y la defensa de la casa real de Aragón (1416-1435)», en M. García-Fernández, S. Cernadas Martínez (coord.), Reginae Iberiae. El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares, Santiago de Compostela, 2015, pp. 245-275; id., Fernando «el de Antequera»…, pp. 165-191. 361   Esta se concretó, con la renuncia al señorío de Villena, el 26 de noviembre de 1427 [García de Santa María, Alvar, Crónica de Juan II, Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España (CODOIN), vols. 99 y 100, Madrid, Real Academia de la Historia, 1891, año 1428, cap. IV, p 7-9; Barrientos, L. de, Refundición…, p. 14]. 360

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durano se enriqueció, además, con la toma de los despojos de los bienes del condestable Ruy López Dávalos en 1423, de la villa de Colmenar de las Ferrerías —actual Mombeltrán—, en la sierra de Gredos.362 Sin embargo, mayor relevancia tuvo la decantación final de Alba de Tormes también dentro de su patrimonio tras las distintas negociaciones entre el arzobispo Sancho de Rojas y la reina Leonor respecto a qué hacer con la última de las villas que quedó por repartir de la herencia del rey Fernando tras el cumplimiento del testamento. Dedicaremos en seguida unas líneas a este asunto. Mientras, de la parte de enajenaciones, no contamos con mayor información en relación a los bienes del infante Enrique aunque sí alguna más para los de su hermano mayor. En este caso, estas tuvieron más relevancia que las relativamente discretas adquisiciones. Han de relacionarse con procesos de redistribución de recursos dentro de la casa del rey de Navarra, de modo que las mercedes por servicios o incluso las compensaciones por deudas contraídas con los criados de mayor confianza e intimidad se hicieron comunes. Así, ha de considerarse que durante las primeras décadas del siglo xv se había producido el desgajamiento de varias aldeas del término de Alba de Tormes en manos de distintos caballeros y, de hecho, entre 1426 y 1428 el rey de Navarra hizo donación de las aldeas de Gallegos de Crespos y Galinduste, al sur de la tierra de Alba, a su caballerizo mayor, Juan Carrillo de Toledo. No parece que ocurriese nada equiparable en las extensas tierras de las villas salmantinas del infante Enrique aunque no sería descartable.363 Mucha mayor importancia tuvieron, sin embargo, las donaciones a su mayordomo, el adelantado de Castilla Diego Gómez de Sandoval, quien, además de recibir distintos derechos sobre behetrías pertenecientes al señorío de Lara que ya mencionamos antes, fue galardonado con múltiples mercedes. Este personaje, que puede considerarse el hombre de confianza del infante Juan de Aragón, gracias a la mediación de su señor en la Corte, con la reina viuda Leonor y con otros señores, llegó a lograr, en 1418, la entrada en el Consejo real de Castilla y la compra de la villa de Cea a Ramiro Núñez de Guzmán, la constitución de mayorazgo en 1419 —privilegio que también obtuvo el hermano del adelantado, el mariscal Pedro García de Herrera—, como ya citamos más arriba y la donación de Maderuelo en 1420, además de su elevación como canciller mayor del sello de la poridad y mayordomo mayor de la reina María. El culmen de tales honores en esta época lo alcanzó en 1426,   Sobre el proceso contra Ruy López Dávalos y la disposición de sus bienes, vid. Pérez Guzmán, F. Crónica…, año 1423, cap. VI, pp. 424-425; Guerrero Navarrete, Yolanda, Proceso y sentencia contra Ruy López Dávalos, condestable de Castilla, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 1982; Franco Silva, Alfonso, «La fiscalidad señorial en el Valle del Tiétar: el ejemplo de Mombeltrán», Anuario de Estudios Medievales, 34/1 (2004), pp. 125216, en concreto pp. 127 y ss. 363   Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes…, docs. 99-100, pp. 148-149; id., El sistema político concejil..., pp. 67, 124, id., «Las dos escalas de la señorialización…», pp. 299. 362

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cuando el rey de Navarra le entregó la villa de Castrojeriz a cambio de recuperar la villa de Maderuelo y el castillo de Agosta en Sicilia, que le donase Alfonso V de Aragón, y aún favoreció su promoción por Juan II de Castilla con el título de conde de Castro, que implicaba señeramente la posesión de la jurisdicción sobre la merindad de Castrojeriz, es decir, las atribuciones de adelantados y merinos reales en esta merindad.364 A él se agregaron también toda una serie de donaciones de villas y lugares realengos, entre las que destacó la de la villa realenga de Portillo en 1423, que tras haber pertenecido desde el último tercio al patrimonio señorial de distintos «parientes del rey» y formar parte entre 1409 y 1415 de los bienes dotales de la infanta María de Castilla, hermana del rey Juan II, quedaba dentro de la órbita aragonesista mediante esta fórmula.365 El balance de las mismas permite observar la actitud distinta de ambos hermanos, en las que las estrategias de gestión del patrimonio señorial se acomodan a una percepción de su posición particular dentro del escenario político de la monarquía y unos consecuentes objetivos para tratar de reforzar su peso en el mismo diferentes. Enrique partió de una conciencia de inferioridad respecto al liderazgo que se había concedido a su hermano desde el seno mismo de la casa real de Aragón. Tratando de revertir este hecho, sobre la base de que, durante el reinado de su padre, Juan había sido destinado hacia la política aragonesa en Sicilia y Nápoles mientras que para él se reservaba la primacía en Castilla, Enrique trató de ampliar su patrimonio señorial a través del matrimonio con la infanta Catalina al tiempo que maniobró para hacerse con el poder sobre los aparatos de la Corona y el propio rey. Aunque fracasó en estos puntos, tras su liberación y a la altura de 1428, dentro de la conciliación de intereses con su hermano coordinada por la reina Leonor y por Alfonso V, sí logró acrecentar sus dominios, aunque no de un modo tan espectacular como pretendía accediendo al marquesado de Villena, a partir de las donaciones de Trujillo, enmarcada en el corazón de su señorío extremeño, y de Alcaraz y los vasallos prometidos en las aldeas de Guadalajara, relativamente próximos a los señoríos de la provincia de Castilla de la orden de Santiago. En esta misma línea, es coherente que no se reconozcan enajenaciones que hubieran mermado su afán de ampliar su influencia señorial en el reino, aunque esto pudo tener efectos a la hora de que su red clientelar al final de la década de 1420 no fuera particularmente extensa ni poderosa. 364   Sobre la concesión de los derechos de la merindad de Castrojeriz y del título de conde de Castro, AHNob, Osuna, leg. 1946, n.º 5; Archivo Ducal de Medinaceli, Castrojeriz, leg. 6, n.º 1, referido en Catálogo de los fondos documentales de la villa de Castrojeriz tomados del Archivo general de los Duques de Medinaceli, en Sevilla, ed. de B. Morell Peguero, J. González Moreno, Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 1973, pp. 11-12, 33-35. 365   En general, García Rámila, Ismael, El gran burgalés Diego Gómez de Sandoval, primer Conde de Castro, Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 1953, pp. 18-31, 77-85, 94-97, Franco Silva, A., «El linaje Sandoval…», pp. 136 y ss.

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Los comportamientos de Juan de Aragón se movieron en el sentido inverso, al partir de una posición de liderazgo reconocido por los suyos y un patrimonio señorial formidable que aún se incrementó sensiblemente hasta 1423. Por ello, el rey de Navarra no desarrolló una política de expansión de sus dominios en estos años sino que, más bien, manejó estos con el fin de reconformar y solidificar las relaciones de interdependencia con individuos de su afinidad señorial. Sin embargo, se puede resaltar que su estrategia se basó en el encumbramiento de Diego Gómez de Sandoval dentro de su entorno sin que las mercedes de aldeas y derechos señoriales, muchos de ellos ligados al señorío de Lara, a otros criados y aliados denotasen que otros personajes eran beneficiados en grado medianamente parejo en el servicio y merced de Juan de Aragón. El desequilibrio es evidente y los distintos acuerdos con otros grandes señores, como Pedro Fernández de Velasco o Íñigo López de Mendoza en relación a los derechos sobre las behetrías, reflejan más una renuncia a parcelas de influencia señorial en distintas comarcas al norte del Duero a cambio del apoyo de los grandes —a la postre circunstancial— con la consiguiente ruptura de los vínculos de dependencia vasallática con sectores de las aristocracias regionales y locales del reino. Por tanto, si Enrique en realidad, desde su liberación, aunque hubiera recuperado sus títulos y patrimonio, se hallaba en una posición moderadamente frágil, intentando restablecer su posición de poder, Juan, en su aparente fortaleza, había ido socavando progresivamente los pilares del «sistema de poder señorial» sobre el que sostenía su influencia en Castilla. Por otra parte, si nos ocupamos de valorar la gestión que la reina Leonor de Alburquerque hizo de sus bienes desde 1418, aunque es verdad que había logrado retener el señorío de unos pocos lugares, destacando el de Medina del Campo, y el acceso a rentas e influencia sobre las villas que había donado a sus hijos Juan y Enrique, lo cierto es que no mostró un particular afán por conservar la territorialidad de su señorío. En efecto, entre 1418 mismo y 1427, la reina viuda de Aragón dispuso de sus bienes para ponerlos al servicio de la estrategia general de la casa real de Aragón, tanto para completar la dotación de sus hijos, para premiar la fidelidad de su círculo íntimo de criados como para conseguir medios económicos que permitieran sacar adelante diferentes empresas. Así, el 7 de mayo de 1418, pocos días antes de que se ejecutase la donación a sus hijos Juan y Enrique del grueso de las villas que recibió en herencia de su padre el conde de Alburquerque, doña Leonor donó a su canciller y secretario, Alfonso González de Guadalajara —que había ejercido este último oficio con su esposo Fernando— la tierra de Alba de Liste con todos sus lugares y con su castillo, próximo a la aldea de Carbajales en la dicha tierra, merced a la que dos años más tarde se sumaría una jugosa renta de 864 doblas castellanas asentadas sobre las 1000 que la reina poseía en las rentas

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reales de la ciudad de Zamora.366 Además, la reina realizó hasta 1425 algunas mercedes de pequeña consideración a sus criados más íntimos, como su dama Leonor Álvarez de Toro,367 a modo de recompensa por su servicio continuado, o al convento de Santa María de las Dueñas que había fundado en Medina del Campo y en el que estableció su residencia, con el fin de garantizar el sostenimiento de esta congregación dominica, a la que quiso vincular sus devociones piadosas en el último tramo de su vida y donde acabaría siendo enterrada.368 Por otra parte, desde 1424, coincidiendo con la época en que se movieron las negociaciones para la liberación del infante Enrique y para el matrimonio de la infanta Leonor con don Duarte de Portugal, del mismo modo que la reina Leonor empeñó hasta 85 piezas de oro y plata labrada con un peso de unos 93 kilos de plata y casi 5 kilos de oro por 6000 florines, depositándolas en el monasterio de Guadalupe en marzo de 1424,369 también se procedió por su parte a despachar la mayor parte de su patrimonio. Antes de noviembre de 1424, el señorío de Medina del Campo fue entregado al infante don Juan,370 mientras que Montalbán, tras haber sido traspasado inicialmente también a este, fue donado a su hija, la reina María, esposa de Juan II de Castilla, en diciembre de 1425.371 A mayor abundamiento en este proceder, la reina Leo366   ARChVall, Pergaminos, C.ª 60, n.º 2 y 3. La donación de esta renta se dio también desde Medina del Campo, como la anterior, el 12 de noviembre de 1421. Por otra parte, el 1 de junio de 1418, la reina Leonor había hecho una merced de 10 500 mrs. anuales por su vida a su tesorero mayor Juan González de Oviedo, en atención a los servicios que prestó a su difunto esposo Fernando, asentada en la renta de la merindad de Villalón (AMVillalón, LdA, n.º 1, 2 de julio de 1419). 367   Ella fue agraciada con una renta de 136 doblas sobre las que tenía la reina Leonor, asentadas en la villa de Toro el 12 de noviembre de 1421 en Medina del Campo, si bien la carta autorizando la disposición de estos bienes por los mansesores del rey de Aragón fue dada el 2 de juio de 1423. Además, disfrutaba de 10 excusados y de otra merced de 8000 mrs. de renta sobre las tercias reales de Medina del Campo y otra por la misma cantidad en las alcabalas de Toro, conseguidas ambas seguramente a instancias de sus señores (AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª, leg. 37, f. 8). 368   El 4 de agosto de 1417 les había entregado una renta de 5000 mrs. en los mantenimientos que el rey de Castilla entregaba a Leonor de Alburquerque [en Archivo del Monasterio de las Dominicas Reales de Medina del Campo, Cajón 1, n.º 36, dado en Medina del Campo, el 4 de agosto de 1417. Citado por Nieto Soria, J. M., «El tesoro…»]. Posteriormente, el 22 de marzo de 1425 les haría una nueva merced, correspondiente a 1274 doblas y 2/4 de dobla sobre aquellas que había recibido de la herencia de su esposo [Sanz Fuentes, María Josefa, «Documentos del monasterio de Santa María la Real de Medina del Campo en la Biblioteca Universitaria de Oviedo», Historia. Instituciones. Documentos, 18 (1991), pp. 445465, en concreto, docs. 18 y 19, p. 456]. 369   Nieto Soria, J. M., «El tesoro…», pp. 44-48. 370   Archivo del Monasterio de las Dominicas Reales de Medina del Campo, Cajón 1, n.º 8, Medina del Campo, 1424-XI-20; citado por Nieto Soria, J. M., «El tesoro…», p. 41. 371   El 25 de marzo, la reina Leonor entregaba Montalbán, su tierra y fortaleza a su hijo a cambio de una renta anual de 1250 doblas, procedentes de las 6000 que este había heredado de las 11 000 que tuvo por merced su padre (AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla,

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nor empeñó el 23 de septiembre de 1424 la villa, torre y fortaleza de Tiedra a su canciller Alfonso González de Guadalajara, por 1900 florines de Aragón y 195 953 mrs. que este le había prestado, señalándose la fecha de devolución del empréstito a final de diciembre de ese año de 1424, momento en que la cantidad a devolver a Alfonso González si no se ejecutaba entonces la liquidación del pago de la deuda, pasaría a ser del doble de la suma prestada. Además, se establecía la cláusula de que, si se produjese este particular de impago dentro del plazo estipulado el señorío sobre el lugar fuera vendido a Alfonso González de Guadalajara en los términos que para ello estableciesen los jueces árbitros designados al efecto.372 Es cierto que tenemos evidencias de que la reina Leonor se ocupó puntualmente de la administración de sus villas, como denotan la Ordenanza de aposentamiento de feriantes dictada para la organización de las ferias de Medina del Campo en abril de 1421,373 o los gastos en que estaba incurriendo hasta 1433 para la edificación de un puente sobre el Tajo en la tierra de Montalbán, próximo a la Puebla, para el mejor aprovechamiento de las rentas que generase el paso por sus tierras de los ganados de la Mesta.374 Sin embargo, las referencias que manejamos muestran más interés por el acceso a las rentas generadas por los derechos señoriales que por el mantenimiento de la posesión plena del señorío sobre los distintos lugares. Esto no debe extrañarnos, pues en último término, en su condición de reina viuda, doña Leonor mostraba tener integrado que una de sus funciones respecto a este patrimonio leg. 41, n.º 11). No obstante, el 3 de diciembre de ese mismo año de 1425, doña Leonor rectificó esta donación para entregar el señorío sobre el lugar a la reina María, respetándose para ello la condición de que mantuviese a su madre por toda su vida la posesión de las rentas de Montalbán. A ello se comprometió doña María el 24 de diciembre, ratificando la donación (AHNob, Frías, carp. 20, n.º 5, C.ª 126, n.º 15 y 16) y, el 5 de enero de 1426, la reina María se comprometió, además, a no reclamar su legítima de la herencia de su madre, aceptando cumplir con lo prometido en relación con la merced que había recibido de ella sobre Montalbán (AHNob, Frías, C.ª 126, n.º 17, AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 41, n.º 13). 372   ARChVall, Pergaminos, carp. 128, n.º 8. Ese mismo día, la reina dio carta a sus vasallos de Tiedra para que recibieran por señor a Alfonso González de Guadalajara, su canciller, mientras que el 6 de octubre se nombró como procurador para tomar posesión del lugar y su fortaleza a Juan Fernández de Guadalajara, hermano de Alfonso González, quien realizó la dicha toma de posesión dos días después [ARChVall, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (Olv.), C.ª 251, n.º 1 (Cuadernos 12.º a 15.º)], dentro del pleito que, a lo largo prácticamente de doscientos años movieron los herederos de Alfonso González contra el conde-duque de Benavente por el señorío de Alba de Liste. 373   AGS, Consejo Real, leg. 106, n.º 8, ff. 56 v.-64 r. 374   Tenemos noticia de ello por el compromiso que adquirió la reina María en 1433 con su madre para entregar 10 000 florines, en compensación de los gastos realizados y en atención al acrecentamiento de las rentas de Montalbán que implicaba la existencia del puente, a la persona que fuera indicada por la reina Leonor tras su muerte, pagaderos durante los dos años siguientes al deceso, en cantidad de 5000 florines cada año (AHNob, Frías, C.ª 126, n.º 8-9, dada en Medina del Campo el 5 de diciembre de 1433).

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del linaje al que pertenecía era conservarlo hasta su correcta transmisión a sus descendientes pero, por otra parte, administrarlo de la mejor manera posible para que sirviera a las necesidades del conjunto de su casa. Es ahí donde encajan los traspasos a sus hijos, las donaciones a los pocos criados que mantenía en esta época y, sobre todo, el esfuerzo por optimizar la obtención de liquidez financiera para sostener las estrategias en que participó para que los suyos conservaran la posición de hegemonía que don Fernando les había legado en Castilla. Hemos estudiado, por otro lado, cómo, tras la derrota del partido aragonesista en 1430, la reclusión de Leonor de Alburquerque en Tordesillas y su posterior retorno a Medina del Campo fue el prolegómeno para que los restos de sus bienes señoriales fueran ocupados por los partidarios de Álvaro de Luna y, tras la devolución de ellos a la reina —salvo en el caso de la tierra de Alba de Liste, que Álvaro de Luna conservó para sí375—, acabasen siendo entregados todos a su hija, la reina María entre 1433 y 1435.376 El objetivo era su reversión a la Corona real, seguramente orquestado por Álvaro de Luna, pero aquí nos interesa volver sobre estos aspectos para considerar una última cuestión que, de hecho, se vino arrastrando desde los años de la administración de la testamentaría de Fernando. Esta no fue otra que la voluntad que la reina mostró por tratar de asignar algunos de los bienes señoriales que habían quedado del testamento de su esposo para el único de los hijos varones que no fue heredado en Castilla: el infante don Pedro. Un primer intento en este sentido fue protagonizado entre 1416 y 1422 alrededor de Alba de Tormes donde, como ya hemos señalado, el arzobispo Sancho de Rojas y la reina Leonor ejercieron conjuntamente el señorío de la villa como mansesores del testamento. Aunque originalmente, en septiembre de 1416, el concejo de Alba prestó su pleito homenaje exclusivamente a Sancho de Rojas y este ejerció el señorío a mayor beneficio del infante don Juan,377 en 1418, al menos desde marzo, la reina Leonor estaba compartiendo el señorío de Alba dentro de sus cometidos de testamentaria, si bien sus efectos eran retroactivos y afectaron a la percepción de las rentas de la villa desde 1417.378 El 12 de septiembre de 1422 se certificó la 375  En 1434, Álvaro de Luna formó con ella mayorazgo para su sobrino homónimo (BRAH, Salazar y Castro, M-8, ff. 107 v.-113 v.). 376   Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 188-189. 377   AMAdT, IE, 0003.01, LAC, 1416, ff. 71 r.-72 r., correspondiente al poder que dio el concejo a Juan Fernández Zamorano y Sancho González, vecino de la villa, para ello, el 1 de septiembre. En fechas anteriores ya sabemos cómo el recaudador Toribio González de Paredes, en nombre del tesorero del difunto rey de Aragón, Diego Alfonso de Paredes, solicitaba al concejo de Alba que colaborasen en la recaudación de cierto dinero para el infante Juan de Aragón. La carta en cuestión fue presentada el 28 de julio de 1416 al concejo (AMAdT, IE, 0003.01, LAC, 1416, f. 57 r.-v.). 378   Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes…, doc. 57 y 59, pp. 95-100, datados entre el 3 de marzo y el 9 de abril de ese año, en relación con el cobro del

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toma de posesión de Alba de Tormes para el infante don Juan por su alcalde mayor, el doctor Fortún Velázquez de Cuéllar, oidor de la Audiencia, y por tanto la finalización de la posesión de los testamentarios sobre la población y su territorio.379 No obstante, existen referencias a que, con anterioridad, el infante don Pedro había ejercido el señorío sobre la mitad de la villa por otorgación que hizo de él la reina Leonor, durante la primera mitad del año 1422.380 Mientras, su madre seguía ejerciendo la gobernación de su parte de Alba, sin que tengamos mayores referencias a cómo ella decidió actuar de manera autónoma con su parte de la villa.381 Podemos entender que, atendiendo a que la testamentaría había quedado resuelta y que la posesión de la mitad de Alba le correspondía por haber sido adquirida en el tiempo de su matrimonio con Fernando de Antequera, tuvo por bueno actuar de manera autónoma y heredar a su benjamín. En cualquier caso, esta resolución no debió de ser considerada de buen grado por el infante don Juan ni tampoco por un Sancho de Rojas próximo a su muerte —falleció a finales de octubre de 1422382—, en un momento en que el levantamiento del infante Enrique había sido ya pacificado, Juan parecía alzarse con todo el poder en el reino tras la prisión de su hermano y el señorío de este era puesto, justamente, en secuestro en manos de Juan de Aragón. Por ello, Alba pasó íntegramente a manos del señor de Lara y duque de Peñafiel, quedando en el aire cualquier disposición sobre un posible heredamiento de Pedro en Castilla. Una nueva ocasión para ello se presentó en 1425, cuando Alfonso V proponía a su madre que dotase a su hermano pequeño con algunos bienes castellanos. No parece que esta medida fuera puesta inmediatamente en efecto y todo parece indicar que no se efectuó una donación a don Pedro hasta finales de 1428, hasta que se logró asegurar la libertad del maestre de Santiago y la restitución de sus títulos y señorío, restaurándose la unidad de los «infantes de Aragón» en el control del gobierno del reino. Fue entonces cuando la reina Leonor le donó Montalbán, Urueña, Tiedra y la tierra de Alba de Liste, todas sus posesiones en Castilla, compensándose a la reina María por la pérdida de Montalbán con la entrega pedido, donde se señalaba que el año anterior de 1417 el concejo había recudido con la mitad de la cuantía del pedido al infante don Juan y, por esta razón, ahora doña Leonor reclamaba que se le pagase la otra mitad que se le debía a ella. 379   AMAdT, IE, 0004.01, LAC, 1422, ff. 83 r.-94 v. 380   Esto nos es conocido a partir de menciones a mercedes que Pedro hizo sobre su parte de los tributos de Alba de Tormes a algunos vecinos, como los 2000 mrs. que otorgó a Juan Martínez de Beleña el 28 de junio de 1422 y que en septiembre se solicitó que le fueran pagados al dicho Juan Martínez (AMAdT, IE, 0004.01, LAC, 1422, f. 55 r.-v.). 381   En esta condición se le refiere cuando el concejo de Alba pidió, el 28 de julio de 1422, que confirmase los oficios de los alcaldes del año (AMAdT, IE, 0004.01, LAC, 1422, f. 43 v.-44 v.). 382   Pérez de Guzmán, F., Crónica…, año 1422, cap. xx, p. 421.

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de San Felices de los Gallegos.383 Para ello, sin embargo, doña Leonor hubo de ejercer presión sobre su canciller, Alfonso González de Guadalajara, para que renunciase al señorío de la tierra de Alba de Liste y de Tiedra que tenía desde hacía algunos años. La negativa de este a aceptar la propuesta de su señora se resolvió con un movimiento turbio entre finales de 1427 y abril de 1428 por parte de la reina, que implicó el apresamiento de Alfonso González por los hombres de Leonor al mando de Diego Fernández de Vadillo, antiguo secretario del rey Fernando y alcalde de las atarazanas de Sevilla, cuando se encontraba en el camino de Villalar, cerca de Tordesillas, dirigiéndose a Valladolid a la Audiencia desde sus casas en Zamora por ciertos emplazamientos que se hicieron contra él en la Audiencia, seguramente relacionados con el señorío de ambos lugares. Encerrado en el castillo de Urueña, para su liberación se requirió que hiciera entrega de los documentos que justificaban la posesión de Tiedra y Alba de Liste, la cual se realizó el 23 de marzo de 1428.384 El infante don Pedro terminó ejerciendo el señorío en Alba de Liste aunque solo por un breve tiempo, ante el estallido de la guerra civil entre los partidarios del rey y de Álvaro de Luna y los de los «infantes de Aragón» y le secuestro de todo el patrimonio de estos y de sus partidarios por la Corona. * * * Tal vez el epílogo más ilustrativo que se puede hacer para estas líneas con las que concluimos este apartado y el conjunto del capítulo que hemos dedicado a los pormenores en la evolución de la presencia territorial del señorío de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y sus hijos nos lo aporte este turbio caso de la recuperación por la fuerza del señorío de la tierra de Alba de Liste. Tras el notorio abuso cometido por la reina viuda de Aragón contra quien había sido un fiel servidor de la casa de su esposo y suya, Alfonso González, una vez puesto en libertad, reclamó la devolución de Alba de Liste y Tiedra, llegando a presentarse ante Juan II en septiembre de 1429,   El 19 de diciembre de 1428 el infante don Pedro reconoció la separación de San Felices de los Gallegos de la donación que inicialmente le hizo su madre, en la que parece que esta villa también estaba comprendida (AHNob, Frías, C.ª 126, doc. 18). 384   ARChVall, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (Olv.), C.ª 251, n.º 1 (Cuadernos 4.º a 13.º). La fecha de entrega de la documentación, realizada a fray Diego de Támara, confesor de doña Leonor, queda claramente recogida en los papeles insertos al pleito, igual que las posteriores protestas que en 1428 y 1429 elevó Alfonso González de Guadalajara contra el daño que había recibido, reclamando la devolución del señorío de Alba de Liste y Tiedra. El 11 de enero la reina Leonor comunicaba al concejo del lugar de Carbajales, en la tierra de Alba de Liste, que no prendieran los bienes de Gonzalo Alfonso, vecino de esta población, la cual ordenó previamente Alfonso González de Guadalajara (ibid., Cuaderno 7º, doc. 6), por lo que hay que entender que este ya había sido capturado y en ese momento la reina había tomado medidas para recuperar la posesión de Alba de Liste. 383

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después del inicio de la guerra contra los «infantes de Aragón», si bien con resultado infructuoso al favorecer el monarca castellano que Alba de Liste quedase en manos de su privado.385 El hecho de que doña Leonor pretendiese buscar a final de 1428 y principios de 1429 un arreglo con su antiguo canciller, intentando que se le compensase en dinero por el valor de estos lugares y de las obras que había iniciado en el castillo de Alba de Liste no impidió que Alfonso González siguiese adelante con su empeño de cobrar el señorío perdido y, por supuesto, rompiese todo vínculo con sus antiguos señores.386 Llegado el momento, las tensiones generadas en la perpetuación durante la década de 1420 por los herederos del infante Fernando de Antequera y su esposa de la hegemonía política, social y señorial que estos habían constituido, a través de un vasto complejo de villas y lugares y derechos dominados a partir de los principios superiores del ejercicio de la jurisdicción y de una red de relaciones clientelares, acabaron por hacer colapsar el «sistema de poder señorial» que se conformó en torno a los reyes de Aragón y sus hijos. Las contradicciones entre los múltiples niveles de ejercicio del señorío que subyacían a la conformación del «señorío jurisdiccional» y las fuerzas centrípetas y centrífugas que operaron sobre el sostenimiento del equilibrio siempre frágil en las relaciones entre los señores y los criados y clientes de la casa se multiplicaron en estos años tras la muerte de Fernando. La desaparición de su figura y de las condiciones de su liderazgo unitario dieron paso a situaciones de competencia interna cada vez más fuertes entre sus herederos, sus servidores y los grandes magnates del reino que, en mayor o menor medida, habían rivalizado con Fernando en el control de los resortes de la monarquía o en el dominio de espacios regionales señorializados. El inicio de la guerra en 1429 manifestó la pérdida de poder señorial de la casa real de Aragón en Castilla y la fragmentación de sus afinidades, por lo que su derrota y la ruptura de las bases de su poder en el reino, no recuperadas más que aparentemente entre 1439 y 1444, se hace así más entendible, dando paso a un nuevo escenario político y de jerarquización de los poderes señoriales. El protagonismo en él ya no recaería en la primacía de los «parientes del rey», basada   Una nueva protesta en este sentido fue redactada en Zamora en 1437 por el dicho Alfonso González. El conjunto de la documentación relativa a sus derechos sobre la tierra de Alba de Liste y al señorío que ejerció allí durante casi 10 años, entre la que se encuentra también este instrumento, se recoge, junto a otros papeles relativos a la parentela de los Guadalajara de Zamora entre el siglo xiv y el siglo xviii en el pleito que ya hemos indicado, cuya instrucción ha dado lugar a tres gruesos legajos conservados en la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid [ARChVall, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (Olv.), C.ª 251, 252, 253]. 386   Esta pretensión fue declarada en una de las protestas que Alfonso González de Guadalajara realizó en Zamora ante las autoridades de la ciudad para salvaguarda futura de su derecho, el 11 de enero de 1429 [ARChVall, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (Olv.), C.ª 251, n.º 1 (Cuaderno 16)]. Consta además que Alfonso González y sus hermano Diego Fernández y Gonzalo Fernández de Guadalajara recibían tierra para lanzas y otras mercedes del rey de Navarra que dejaron de pagarse en 1427 (ADPA, E-535, n.º 1, ff. 11 r., 18 r.). 385

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en la participación en la sangre real y en el soporte señorial que recibían en consonancia, sino en los grandes «linajes» de la aristocracia, alzados en la cúspide de la sociedad castellana a través de la acumulación y consolidación de patrimonios señoriales regionales, resultado de una acción sostenida en esa dirección durante generaciones, de la clienterización de parentelas aristocráticas de rango medio e inferior y de otros agentes sociales, elites urbanas y campesinas, en las zonas donde desarrollaron su implantación y, al fin, del acceso a la privanza regia. En cualquier caso, este recorrido nos ha permitido interpretar mejor el ascenso y caída de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y su casa, observándolo en el crisol del ejercicio de la territorialización del poder señorial. También ha sido posible introducirnos en los principios de la propia configuración del «señorío jurisdiccional» como resultado de la acumulación de derechos sobre seres humanos y tierras alrededor de la noción rectora del mismo, la autoridad para el ejercicio de la justicia y el mando. Igualmente, en estas páginas hemos podido aportar un buen número de evidencias, tendencias y comportamientos relativos al funcionamiento de los vínculos de interdependencia personal asimétrica que caracterizaban el poder ejercido por la aristocracia bajomedieval, lo que nos ha ayudado igualmente a ilustrar esa percepción del poder señorial en la época como un todo que atañe al poder sobre el espacio, sobre las comunidades de habitantes y sobre los individuos, a los discursos, a las instituciones y a las interacciones entre individuos en distintas instancias que a través de estas relaciones se conectan y jerarquizan. A partir de ello, entonces, podremos continuar con nuestro estudio, profundizando en las distintas parcelas que se hallan ligadas al ejercicio del señorío y a esa clave de bóveda que suponía la jurisdicción, desde los patrimonios dominicales a las rentas y derechos que venían a engrosar la hacienda señorial, pasando por las distintas relaciones con los vasallos sujetos al señorío.

3 Patrimonio dominical, tierra y jurisdicción bajo el señorío de los infantes Fernando y Leonor

En los capítulos precedentes, además de atender a la evolución en las distintas estrategias de territorialización del poder señorial de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y los suyos entre 1374 y 1435, hemos centrado nuestra atención en el factor jurisdiccional como clave de bóveda de la dominación señorial ejercida por la aristocracia en Castilla en la Baja Edad Media y que, como tal, también caracterizó al señorío de los infantes de Castilla y reyes de Aragón. El análisis de la conformación de las formas de dominación en torno a la enunciación, ostentación y detentación de la autoridad jurisdiccional desde la segunda mitad del siglo xiii hasta las décadas de tránsito entre los siglos xiv y xv que hemos presentado, recordemos, nos ha facilitado observar que este elemento no operó por sí solo sino que fue integrado por los señores junto al resto de derechos señoriales que acumulaban sobre individuos, comunidades y patrimonios dominicales hasta convertirse en el eje legitimador del ejercicio del poder y de extracción de recursos humanos, materiales y monetarios en los espacios sujetos al señorío. Por tanto, no debemos olvidar que, en la época en que se sitúa nuestro objeto de estudio y aun posteriormente —como, por otro lado, es bien conocido a partir del estudio de otros casos de señorío ejercidos por la aristocracia castellana durante el final de la Edad Media y en la Edad Moderna—, tal poder desplegado por las casas señoriales de la Castilla bajomedieval no solo se constituyó sobre el «señorío jurisdiccional» ostentado sobre villas, lugares y otras entidades de organización socioespacial. El patrimonio señorial también estuvo conformado por otros capítulos de relevancia variable pero que en ningún caso pueden desdeñarse.

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Por una parte, diferentes derechos sobre bienes territoriales y colectivos humanos cuya detentación no implicaba necesariamente el ejercicio de autoridad jurisdiccional, los cuales nos remiten a la categoría manejada por Carlos Estepa de «dominio señorial». El análisis del señorío de Lara que quedó en manos del infante Fernando y luego de su hijo el infante Juan de Aragón nos ha ofrecido una buena muestra de algunos de ellos por lo que se refiere a la participación en naturalezas y divisas, yantares y otros derechos que eran disfrutados en lugares de behetría. En todo caso, el proceso de conversión de la martiniega, un tributo originalmente derivado del ejercicio del «señorío jurisdiccional del rey», en un derecho atribuido a los señores solariegos y la donación de los derechos reales sobre las behetrías al señor de Lara nos han permitido observar igualmente cómo la generalización del «señorío jurisdiccional», en tanto forma ideal en el ejercicio de la dominación señorial en la Baja Edad Media castellana, condujo a que muchos de esos derechos señoriales antiguos no jurisdiccionales tendieran a ser aglutinados en esta época en torno a ese principio de autoridad señorial superior derivado de la ostentación de la justicia por aquellos señores que habían adquirido o pretendían adquirir atribuciones jurisdiccionales que reafirmasen su propio poder. Por otra parte, también componían aquel patrimonio las rentas derivadas del desarrollo del aparato hacendístico de la Corona que fueron, a partir de mercedes regias o de apropiaciones más o menos legítimas o irregulares, detraídas del patrimonio real en beneficio de los distintos señores, sobre lo cual hablaremos algo más adelante. Finalmente, hay que considerar los diferentes bienes dominicales, de naturaleza muy diversa, cuya posesión y disfrute por los señores generaba derechos sobre ellos y sobre las personas que hacían aprovechamiento de ellos. Bienes y derechos de los cuales, por tanto, se derivaban relaciones de dominación sobre espacios y grupos humanos, además de la obtención de rentas de consideración en muchos casos apreciable para las haciendas de las casas señoriales. Hablamos de bienes muebles y semovientes, también de bienes raíces de carácter rural o urbano como casas, palacios, fortalezas, molinos, aceñas, puentes, barcas de pasaje u otras estructuras construidas en torno a las cuales podían generarse relaciones de tipo económico de las que surgiesen beneficios para sus propietarios feudales. Pero, prioritariamente, nos referimos a los bienes raíces por excelencia: toda suerte de tierras de cultivo y de pasto, dehesas, pesquerías, montes y bosques, dotados de una dimensión espacial evidente y de los cuales procedían las principales fuentes de recursos y de riqueza en la Edad Media, y, en general, en las sociedades preindustriales. Es preciso, pues, dedicar algunas pocas páginas al patrimonio dominical que también fue poseído y administrado por los infantes Fernando y Leonor por, al menos, dos motivos, más allá del mero hecho de su identificación. El primero es comprobar el peso que pudo tener dentro del conjunto de su patri-

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monio señorial frente a otras bases para la obtención de renta y el ejercicio del poder. Al fin y al cabo, nos consta, al menos para el siglo xv, que la posesión de terrenos de pasto se convirtió en una fuente de ingresos crucial para los grandes señores de la Meseta Sur y de Andalucía, igual que la de rebaños tuvo una relevancia notoria en distintos territorios de la Corona pero sobre todo entre muchas casas aristocráticas de rangos intermedios e inferiores y señores eclesiásticos de todo rango, desde ciertos monasterios, como el de Guadalupe, hasta las dignidades de las órdenes militares.1 También es conocida la rentabilidad económica obtenida por los Guzmán y, en menor medida, por otros señores andaluces como los Ponce de León o los De la Cerda del aprovechamiento de las almadrabas para la pesca de atún en las costas de sus lugares de señorío en el golfo de Cádiz.2 En último término, las rentas en dinero o en especie procedentes del ejercicio del dominio eminente sobre tierras de labor, gestionadas de manera directa o mediante arrendamientos, siempre están presentes en las contabilidades señoriales —o en las trazas que se han conservado de ellas— desde los de más encumbrados hasta aquellos de los más modestos, de la Corona de Castilla en esta época.3 Su importancia, sin embargo, al menos económica, frente a la riqueza extraída del ejercicio de la jurisdicción señorial o de las rentas monárquicas redistribuidas a la aristocracia, pudo variar enormemente en cada caso, dependiendo del grado de influencia detentado en el territorio donde se hallara implantado cada se  Gerbet, M.-C., «Noblesse et élevage dans la Couronne de Castille à la fin du MôyenÂge», en La nobleza peninsular en la Edad Media, León, 1999, pp. 171-196; Gerbet, MarieClaude. La ganadería medieval en la Península Ibérica, Barcelona, 2003 (1.ª ed. francés, Biarritz, 2000), pp. 155-179; Gómez Pantoja, Joaquín (ed.), Los rebaños de Gerión. Pastores y trashumancia en Iberia antigua y medieval, Madrid, Casa de Velázquez, 2001, en particular pp. 22-158; Rodríguez-Picavea, Enrique, «La ganadería y la orden de Calatrava en la Castilla medieval (siglos xii-xv)», En la España medieval, 33 (2010), pp. 325-346. 2   Ladero Quesada, Miguel Ángel, «Las almadrabas de Andalucía (siglos xiii-xvi)», Boletín de la Real Academia de la Historia, 190 (1993), pp. 345-354; Bello León, Juan Manuel, «Almadrabas andaluzas a finales de la Edad Media. Nuevos datos para su estudio», Historia. Instituciones. Documentos, 32 (2005), pp. 81-113. 3   La bibliografía relativa a esas contabilidades y la presencia de esos capítulos de rentas sobre propiedades fundiarias es muy abundante. Baste remitir a los trabajos referidos en las notas 3 y 6 (pp. 24 y 25), a buena parte de la obra publicada por Alfonso Franco Silva, que refleja inventarios y datos contables en este sentido de grandes casas y pequeños señores de toda la Corona de Castilla [algunos ejemplos, aparte de los ya citados, referidos a señores de todos los rangos de la jerarquía aristocrática, en Franco Silva, Alfonso, «La fortuna de Alvar Pérez de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, y el Señor de Orgaz (1483)», Archivo Hispalense, 216 (1988), pp. 37-68; id., «Las rentas señoriales de las villas extremeñas de Alburquerque y La Codesera», Historia. Instituciones, Documentos, 25 (1998), pp. 195-218; id., «Los Niño: Un linaje de la oligarquía municipal de Toledo en el siglo xv», Anuario de Estudios Medievales, 31/1 (2001), pp. 191-294], o a los relativos a las dos principales casas de la Andalucía occidental, Guzmán y Ponce de León [Solano Ruiz, Emma, «La Hacienda de las casas de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo xv», Archivo Hispalense, 168 (1972), pp. 85-176; Ladero Quesada, M. Á., Guzmán. La casa ducal…]. 1

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ñor respecto a otras instancias de poder operantes en él o de la capacidad de acceder a los ámbitos cortesanos, de ejercicio del poder regio o a los aparatos de gestión y administración de la monarquía a lo largo de todo el reino. Conviene entonces apreciar, en el caso de los que fueron los principales señores de Castilla en su época, con la mayor presencia territorial e influencia en los ámbitos de gobierno de la Corona entre finales del siglo xiv y principios del siglo xv, qué valor patrimonial y económico podía reconocerse a este tipo de bienes dominicales. El segundo motivo que evocábamos no es otro que tratar de evaluar la relación que podía existir entre el ejercicio de los derechos aparejados a tales bienes y el despliegue de la jurisdicción como referente prioritario de la autoridad señorial. Relacionando las dos preguntas que nos formulamos, podemos partir de una, a priori, consideración subordinada de los patrimonios dominicales frente a la potencialidad del dominio ejercido a partir de la detentación de la jurisdicción, más uniforme y extensivo sobre comunidades y espacios. Sin embargo, procede delimitar cómo los derechos sobre los patrimonios dominicales se armonizaron junto al ejercicio de la jurisdicción, si se distinguieron de ella o vinieron a enriquecer el conjunto de atribuciones señoriales que podían quedar cobijadas alrededor del factor jurisdiccional, hasta el punto de que aquellos acabaran integrándose como otro de los elementos que conformaron la amalgama de derechos a la que terminó remitiendo el «señorío jurisdiccional». Si ocurrió tal cosa, cabe interrogarse sobre si ese proceso de acumulación de derechos acabó reforzando incluso las condiciones de sujeción de las comunidades dominadas hacia sus señores de forma más estrecha. 1. Un patrimonio dominical «invisible» A la hora de evaluar el volumen de los bienes dominicales que poseyeron bajo su señorío los infantes Fernando y Leonor, hemos tenido que afrontar un problema fundamental que anunciamos en el título que hemos dado a este apartado: su «invisibilidad» en las fuentes. Para el rastreo de estos bienes dominicales, primordialmente fundiarios, poseídos por la aristocracia señorial del final de la Edad Media en Castilla, la documentación más expresiva con que se cuenta la componen los distintos registros señoriales originados a partir de la gestión del patrimonio de la casa, las escrituras de compraventa e intercambio de dichos bienes y los instrumentos de carácter testamentario, por ser en esos documentos donde más claramente se hace mención a la identificación de estos bienes, su localización, su administración y el valor de los mismos o de los réditos económicos que generaban. Sin embargo, las especificidades de nuestro objeto de estudio nos han deparado una notable dificultad a la hora de disponer de este tipo de documentación.

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En efecto, como ya se ha indicado, no contamos con nada parecido a los registros que hubieron de generar los distintos oficiales señoriales de don Fernando y doña Leonor para la más eficaz administración de los bienes bajo señorío de los infantes, más allá de algunas piezas aisladas de carácter contable que debieron proceder de tales registros. A su vez, entre las fuentes que hemos podido consultar, inéditas y editadas, no hemos hallado referencias a negocios de venta o truque que entablasen los infantes con otros dueños de tierras o estructuras edificadas ni, por otro lado, a cualquier otra referencia a la transmisión de dichos bienes en forma de mercedes o en el testamento y testamentarías de Fernando, teniendo en cuenta que el testamento de Leonor de Alburquerque no se ha conservado. De hecho, el testamento del rey Fernando es bastante ilustrativo en este sentido. El patrimonio señorial castellano señalado en el documento para su reparto entre sus hijos y para el cumplimiento de sus exequias y de las deudas que dejaba con diferentes personas se refería a las rentas que seguía disfrutando en Castilla y a las villas y lugares bajo su señorío «… cum suis iuribus et pertinentiis vniuersis…».4 Si había lugar a señalar toda una serie de bienes muebles particulares del rey —algunos objetos y vestidos preciosos con los que deseaba ser enterrado, además de su corona, ornamentos de su capilla real, joyas y vajillas de oro y plata que a él pertenecían y que se destinaban para el manejo por los mansesores en la liquidación de las deudas reconocidas en el testamento—,5 resulta notorio comprobar cómo todos los bienes dominicales eran sumariamente asociados a la posesión jurisdiccional de los lugares bajo su señorío. Si tenemos en cuenta la homogeneidad que el «señorío jurisdiccional» otorgaba al ejercicio de la dominación y la más que ostensible dimensión territorial que alcanzó el señorío de los infantes Fernando y Leonor sobre unas treinta villas, lugares y otros dominios repartidos por toda Castilla —a lo que siempre habría que añadir el control de los maestrazgos de las órdenes de Alcántara y Santiago desde 1409—, resulta más sencillo comprender esa lógica de integración de los bienes dominicales diseminados a lo largo de estos espacios señorializados como pertenencias anejas y acumuladas al resto de derechos señoriales ejercidos en ellos. Además, como veremos más adelante al ocuparnos del balance de ingresos generados por el patrimonio castellano que manejaba la tesorería de los infantes de Castilla y reyes de Aragón, el volumen de las rentas generadas tanto por los tributos de señorío que pueden vincularse en último término al «señorío jurisdiccional» como por las rentas de origen real que Fernando y Leonor disfrutaban en merced era tan extraordinario que las estrategias de adquisición y explotación de bienes raíces o semovientes, como medio para el incremento de las fuentes 4 5

  BRAH, Salazar y Castro, M-78, f. 168 (ff. A-K), ff. I v.-J. v.   Ibid., f. A r.-v.

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de ingreso de su casa y el reforzamiento de su presencia señorial en el territorio dominado, solo quedaron en un plano muy secundario. En efecto, no hemos podido localizar ni una sola noticia que nos refleje la compra de parcelas cultivadas, dehesas o ganado por parte de don Fernando y doña Leonor. Por tanto, a la hora de aproximarnos a todo ese patrimonio dominical de los infantes que, en cualquier caso, sí existía, hemos tenido que recurrir a menciones a menudo tangenciales que, pese a que no permiten recomponer el conjunto de los bienes que lo conformaban, sí ayudan a formarnos una impresión cualitativa de su composición, de su origen y de su manejo. En primer lugar, merece la pena señalar que la misma existencia de estos bienes en las villas y lugares del señorío que reunían los infantes nos queda ya inicialmente enmascarada al considerar la forma en que el conjunto del patrimonio señorial se constituyó. Al fin y al cabo, tanto la herencia que recibió Leonor de Alburquerque de su padre, el conde don Sancho, como la dotación que se asignó para el infante Fernando en 1390 eran el resultado de donaciones reales realizadas a partir del patrimonio de la Corona a miembros del linaje real castellano. Hemos ya entrado en cómo la escrituración de estas mercedes, desde finales del siglo xiii al menos y claramente durante todo el siglo xiv, incidían en la otorgación del conjunto de posesiones y derechos pertenecientes al «señorío del rey» en esos lugares. Ha de entenderse, entonces, que dentro de la enumeración de las posesiones englobadas dentro de las villas y lugares objeto de merced y de las atribuciones de «mero e misto imperio e iustiçia, e iurisdiçión çiul e criminal, alta e baxa», también se estaba haciendo referencia genéricamente a los bienes concretos que eran tenidos por el rey como originario detentador de esa «propiedad dominical». Sin embargo, las noticias acerca de estas propiedades son, insistimos, escasas. De hecho, todas las que hemos podido reunir se relacionan exclusivamente con las villas y lugares que o bien pertenecían al conde Sancho de Alburquerque y luego a su hija Leonor o con lugares que fueron adquiridos por los infantes a lo largo de su vida a otros señores más modestos. No ha sido posible documentar evidencias de que en las villas realengas que fueron donadas al infante Fernando existieran bienes fundiarios que pudieran generar rentas al rey o posteriormente al señor, previsiblemente porque, en caso de haber existido, la mayoría de ellos ya formaban parte de los propios de los concejos.6 Mientras, en los casos de adquisiciones de villas u otros 6   Decimos la mayoría, pues la donación realizada por los infantes al convento de Santo Domingo de Villalón, presumiblemente en 1406, de unas heredades de Ruysennor, junto con los palacios que poseían en la villa y las rentas de la martiniega, la yantar forera, la cabeza de pecho de los judíos, el estanco sobre la venta de vino y las rentas de los fueros, además de la concesión de cuatro excusados de pechos (AGS, EMR, MyP, serie 1.ª, leg. 1-2, f. 43, leg. 32, ff. 32-49), muestra un ejemplo de antigua villa realenga donde existían bienes raíces propios de la Corona, si bien es cierto que, como ya hemos señalado (ver tabla 2, p. 227), Villalón, hasta 1350, había pertenecido en las décadas anteriores a los señores de Lara.

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bienes de pequeños señores locales o de influencia comarcal por los infantes, en algunos de ellos se atestigua el traspaso, junto con la posesión del lugar y los derechos sobre él, de ciertas propiedades que los anteriores titulares habrían ido acumulando a lo largo del tiempo. Así se conoce para los casos de Monroy, Talaván, Valverde y del resto de bienes donados por el mariscal García González de Herrera al infante Fernando en 1404, procedentes en su mayor parte de la dote que le aportó su difunta esposa Estefanía Fernández de Monroy,7 de Mondéjar, entregada por María Fernández Coronel junto con Torija y la tierra de Montalbán a cambio de su protección a la fundación por ella realizada del convento de Santa Inés en Sevilla,8 o de los bienes que pertenecieron a Per Álvarez de Cepeda, antiguo criado del infante Fernando y luego camarero de su hijo el infante don Juan, a quien aquel se los donó a su muerte y que comprendían un buen número de heredades en el noroeste de la montaña leonesa, próximas a la tierra de Cepeda, patrimonio principal considerado en el traspaso.9 Al fin, en los casos en que nos consta la existencia de bienes dominicales en villas y otros señoríos de Leonor de Alburquerque, su mención casi siempre está asociada a que, ya en época de su padre el conde don Sancho, ya con posterioridad a 1374, los señores del lugar los habían donado a otros individuos, a los concejos de las villas o de algunas de las aldeas bajo señorío, como las realizadas en la tierra de Medellín a favor de García González de Herrera o de la aldea de Don Benito,10 o a comunidades monásticas. El tenor de estas donaciones es asimilable al de que don Juan Manuel proveyó para el convento de San Juan y San Pablo en Peñafiel que él mismo fundó y que afectó a derechos y bienes señoriales que originalmente hubieron de pertenecer al realengo, entre ellos el antiguo alcázar de la villa —donde se instaló la congregación de religiosos— y toda una serie de huertas, heredades, viñas y aceñas en la tierra de Peñafiel.11   AHNob, Frías, C.ª 445, n.º 7; BRAH, Salazar y Castro, M-58, ff. 109 r.-111 v.   BRAH, Salazar y Castro, M-10, ff. 89 r.-94 v.  9   AHNob, Corvera, carp. 342, n.º 2. Recordemos que, en cualquier caso, su disfrute por don Juan de Aragón fue muy fugaz, al enajenar todo este patrimonio casi de inmediato en favor de Isabel de Rojas. 10   Clemente Ramos, Julián, La Tierra de Medellín (1234-c.1450). Dehesas, ganadería y oligarquía, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 2007, pp. 54-59. 11   Desde su donación en 1320, don Juan Manuel señaló para dotar el convento los citados alcázar y bienes raíces, además de los derechos sobre la martiniega, el portazgo, entrega y la cabeza de pecho de los judíos, la guarda de los pueblos y la prestamería de la villa y la tierra de Peñafiel, que hasta el final del siglo xiv fueron redondeándose. En la confirmación que el infante Fernando hizo de las rentas y bienes del convento en 1398 se señalaba cuáles eran esos bienes que, originalmente, hubieron de pertenecer a los señores: el alcázar y la capilla de San Ildefonso, unas casas nuevas que don Juan Manuel mandó edificar junto al alcázar, varios huertos frente al alcázar al otro lado del río Duratón, el tramo del río comprendido entre el alcázar y las huertas, un canal para pesca en el río Duero, aceñas en ese mismo río en Fontanares, en dirección hacia la villa de Curiel, la llamada Casa de la Reina o de Botijas con  7  8

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Tal vez un primer aspecto a destacar es la mayor concentración de las informaciones acerca de estas propiedades en las villas al sur del Sistema Central. Al norte de las sierras, las referencias a este patrimonio las encontramos en: — La tierra de Alba de Liste, donde el señorío llevaba asociada la posesión de un buen número de heredades y prados no especificados, además de aceñas y pesquerías y de la barca de pasaje y el puente de Ricobayo —o de Castrotorfe— sobre el río Esla, de particular importancia para la comunicación entre el territorio zamorano y el noroeste de la península Ibérica. Son conocidos a partir de la donación del señorío a Alfonso González de Guadalajara, secretario y canciller de la reina Leonor, en 1418 y la toma de posesión que hizo del mismo su hermano Diego Fernández, por otro lado, alguacil mayor de la reina viuda.12 — En Villalón, donde la fundación del convento dominico por los infantes en 1402 implicó la entrega a los frailes de sus antiguos palacios en la villa, toda una serie de rentas del concejo, además del disfrute de tres carros de leña semanales procedentes de los montes de la cercana villa de Villalba de los Alcores, a lo que luego se añadió una capellanía fundada por la reina Leonor en 1418 sobre las llamadas heredades del Ruysennor, sitas en Villalón.13 — En Saldaña, donde hay noticias, si bien muy posteriores, ya de mediados del siglo xvi, de que existía un monte perteneciente a la fortaleza

sus heredades y un pinar próximo a la villa junto al Duero. A ellos se añadían otros bienes no señalados por don Juan Manuel, como eran las viñas de la Esperilla y la llamada huerta del Rey. Las rentas del pinar, la huerta del Rey, la heredad de Casa de la Reina, las viñas de la Esperilla, las aceñas en el Duero y las puertas de los solares, además, se indica que rendían anualmente, en ese momento a final del siglo xiv, 1894 mrs. anuales [AHN, Códices, Libro 1.264, pp. 275-295, 335-342; Clero, Pergaminos, carp. 3435, n.º 15, ff. 7 r.-8 v.; García García, M.ª Élida, San Juan y San Pablo de Peñafiel. Economía y sociedad de un convento dominico castellano (1318-1512), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1986, pp. 18-24, 63-64]. 12   ARChVall, Pergaminos, C.ª 60, n.º 2 y 4. Sobre estas infraestructuras, vid. González Rodríguez, Rafael, «Puentes, barcas e infraestructura viaria medieval en los ríos del norte de Zamora», en R. González Rodríguez (ed.), Las vías de comunicación en el noroeste ibérico. Benavente, encrucijada de caminos, Benavente, 2004, pp. 69-98, en concreto pp. 79-81. 13   AGS, EMR, MyP, serie 1.ª, leg. 1-2, f. 43, leg. 32, ff. 32-49; Hoyos, Manuel M.ª de los, Registro Historial de Nuestra Provincia. La Provincia Dominica de España, Madrid, 1966, vol. I, pp. 90-92; AHN, Clero, carp. 3.521, cit. Duque Herrero, Carlos, Villalón de Campos. Historia y patrimonio artístico. Del Siglo xiv al xvi, Valladolid, Aruz Ediciones, 2006, pp. 5659. Parece que la concesión de los carros de leña fue dada en Segovia el 25 de junio de 1402, lo que permitiría fijar ahí la fecha de fundación del convento y, por tanto, de enajenación del antiguo alcázar de Villalón a los dominicos, mejor que el 12 de diciembre de ese año, como señalan el padre Hoyos y, a partir de él, Carlos Duque Herrero.

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de la villa, del cual se proveía de leña el alcaide y la guarnición del castillo.14 — En la villa de Lerma, a partir de documentación de la primera mitad del siglo xvi, se puede reconocer que el señor tenía la posesión de dos tablas en el río Arlanza destinadas al aprovechamiento pesquero, si bien la demanda interpuesta por el concejo sobre la totalidad de los derechos señoriales que llevaban los marqueses de Denia en esta villa a la que se refiere la sentencia que nos refiere aquel particular impide poder asegurar que la posesión de ambas pesquerías por el señor se retrotrajese a la época del infante Fernando.15 — En Paredes de Nava, al alcaide del alcázar correspondía la percepción de derechos de herbaje a cuenta de la yerba de los montes del sennor en la villa. La fórmula para ello era la del arriendo de esta renta sobre el aprovechamiento de los montes, cuya cuantía osciló, entre 1412 y 1420, entre 1000-1700 mrs., por parte del alcaide, debiendo pagar el concejo la cuantía que se fijase. Por su parte, el concejo repartía la contribución a este tributo entre los vecinos a razón del número de cabezas de ganado poseído por cada uno y de las carretas y haces de hierba que en cada hogar se aprovechasen. Si bien muchas de las menciones a este tributo de herbaje destinado al mantenimiento de la fortaleza no reflejan claramente si afectaba al conjunto de los montes del término, la cita a una dehesa (monte de la Dehesa) en el arriendo que hizo en 1413 el alcaide Diego Alfonso de las Eras, comendador de las Tiendas de la orden de Santiago, permite delimitar que, al menos, una porción de los montes del término era claramente una posesión señorial.16 — En todo caso, que también esta renta afectase a otros montes del término, como el de la Cepuda, igualmente en su zona norte como el de la Dehesa, y que en 1444, cuando el rey Juan II recuperó transitoriamente Paredes para el realengo, decretase que el aprovechamiento de los montes debía quedar libre para los vecinos, siendo contra derecho el arrendamiento que hacían de ellos los alcaides, nos hacen pensar 14   AHNob, Osuna, C.ª 1.825, n.º 15 y 18, donde se refieren, en el primero, una información de 1556 sobre el mal estado de la fortaleza y las talas que los vecinos hacían contra derecho en el llamado Monte del Castillo y, en el segundo, el apeo y amojonamiento de dicho monte en 1584. 15   Estas noticias provienen de la ejecutoria dada en la Audiencia de Valladolid en 1550 en el pleito iniciado en 1502 entre el marqués de Denia, señor de Lerma, y el concejo de esta villa, tras la revisión de una primera sentencia de 1548 (AHN, Nobleza, Osuna, C.ª 2086, n.º 23). 16   AMPdN, CP, 239/2, f. 14/10 v.; 239/3, f. 15/6 v.; 239/7, f. 19/35 r.; 239/8, f. 20/3 v., 239/9, f. 21/7 v., para algunas referencias al repartimiento del arriendo del herbaje y su pago entre 1410 y 1420, si bien hay noticias sobre ello desde, al menos, 1401 (AMPdN, CP, Borradores, 236716, f. 62/09 r.).

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que, en realidad, el desarrollo de este herbaje acaso no implicaba que la totalidad de los montes del término de Paredes de Nava fueran propiedades dominicales señoriales transferidas al alcaide de su fortaleza.17 Como veremos un poco más adelante a través de la comparación con el tratamiento de los términos comunales de otras villas del señorío de los infantes en esta época, si bien la existencia de un monte adehesado sí puede vincularse en mayor medida al acotamiento de tal bien raíz señorial, el desarrollo de los tributos por herbaje, en cambio, parece trascender esa condición y ha de vincularse a una interpretación expansiva de la ostentación del dominio y la jurisdicción sobre el conjunto del espacio del término concejil por parte de los señores. A partir, pues, de la formulación de derechos eminentes sobre bosques, pastos y áreas no roturadas por parte de ellos, habrá lugar al surgimiento de nuevos tributos como el aquí señalado. — Podríamos añadir también los bienes anejos a la referida donación de Per Álvarez de Cepeda al infante don Juan a su muerte, en 1420.18 En ella, junto a la tierra de Cepeda, con el castillo de Quintana y todos sus lugares y aldeas, se incluían el lugar de Quintana de Fon, en el valle de Cogorderos, el de Hontoria y el de Ucedo y ciertos vasallos en Valdemagaz, colindantes todos a la tierra de Cepeda, y otros más en Valporquero, en el valle alto del río Torío, junto con los lugares de Barrio y de San Pedro en el Bierzo y de Primo, en Ribadesil. Si en ellos se señalaba también la posesión de diferentes bienes raíces, expresamente se hablaba de heredades, prados, casas, foros y derechos en toda una serie de lugares dispersos en esta misma zona de la montaña leonesa, el Bierzo y las riberas del río Sil: en Manzanal, Sueros, Villares, Turienzo Castañero, Castro Pomades, Valle, aldea de Bembibre, Ribas de Sil y Folgoso, amén de casas y suelos en la ciudad de Astorga. — En este caso, como en el del resto de lugares adquiridos por Fernando y Leonor de pequeños señores de influencia comarcal, nos encontramos ante un peso cualitativo mucho mayor de los bienes dominicales, resultado de una muy progresiva adquisición de heredamientos, otras posesiones fundiarias y derechos señoriales no ligados a la ostentación de jurisdicción en una región, en este caso, en la que el poder señorial se hallaba fuertemente fragmentado desde tiempos altomedievales.19 No obstante, el carácter disperso de este patrimonio, su posición excéntrica frente al bloque patrimonial heredado por el in  Sobre la renta de la yerba en Paredes de Nava, vid. igualmente Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano…, pp. 24-25, 179-180. 18   AHNob, Corvera, carp. 342, n.º 2. 19   Para un análisis del contexto señorial en esta zona de la montaña leonesa en la Baja Edad Media, García Cañón, P., Concejos y señores. 17

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fante Juan de Aragón y un presumiblemente limitado valor en términos de generación de renta frente al volumen de ingresos manejados por su tesorería explican bien la inmediata enajenación del legado de Per Álvarez de Cepeda a favor de la sobrina del arzobispo Sancho de Rojas, Isabel de Rojas, casada a su vez con Per Álvarez Osorio, señor de Villalobos y uno de los miembros de la aristocracia más poderosos en la montaña leonesa occidental. El afán del infante don Juan por privilegiar los intereses de su principal criado y de atraer el apoyo de los Osorio de Villalobos sin duda primaba frente a la necesidad de gestionar patrimonios alejados y heterogéneos, no sustentados sobre una base territorial y jurisdiccional uniforme. En cambio, aunque tampoco son excesivamente importantes en número, las noticias de estas propiedades dominicales al sur del Sistema Central resultan proporcionalmente más abundantes y ricas en detalles, tanto más cuando, en general, para la caracterización de nuestro objeto de estudio, los espacios señorializados al sur de las sierras aparecen proporcionalmente peor representados documentalmente que aquellos que se encuentran al norte de ese sistema montañoso. De este modo, podemos realizar un breve recorrido por estas informaciones, tratando de poner de relieve las principales dinámicas observadas en torno a este patrimonio dominical en los señoríos de los infantes más meridionales. Para ello podemos comenzar con las referencias relativas a las villas y lugares adquiridos por los infantes a partir del año 1400. Así, en Mondéjar, los bienes raíces anejos al señorío de esta villa que recuperó María Fernández Coronel de la herencia de su padre, Alfonso Fernández Coronel, como sabemos, pasaron al infante Fernando al donarle Mondéjar, Torija y Montalbán con su tierra y su castillo. Hemos de suponer que en estos dos últimos lugares también poseía María Fernández más propiedades pero solo han podido documentarse las que tenía en Mondéjar, precisamente porque estas fueron descritas detalladamente en las posteriores operaciones de donación y trueque que afectaron a esta villa y a Saldaña con Sancho de Rojas entre 1414 y 1415. Así, en ellas se enumeraba la posesión de arrabales con huertas, viñas y aceñas, heredades de pan llevar y casas en Mondéjar y, más específicamente, unos molinos en el río Tajuña, la huerta y heredades que estaban en Querencia y en Tielmes de Tajuña y una heredad de pan llevar en Conchuela, cerca de Mondéjar.20 De nuevo, como ya hemos observado en las donaciones de la tierra de Alba de Liste en 1418 o de la tierra de Cepeda en 1420, tampoco en este documento se nos presenta una descripción exhaustiva del patrimonio dominical de los señores en el espacio sobre el que ejercían jurisdicción. Estos 20   AHNob, Frías, C.ª 1.372, n.º 1, ff. 14-18, AHNob, Osuna, C.ª 1825, n.º 4-1, carp. 181, n.º 1; BRAH, Salazar y Castro, M-25, ff. 207 v.-214 r.

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solo son enunciados de manera genérica y apenas algunos bienes reciben una mayor atención; unos por hallarse en áreas ajenas al alcance del poder jurisdiccional de sus poseedores, otros, que sí estaban dentro de los espacios bajo «señorío jurisdiccional», acaso por especial significación económica en el conjunto de las rentas generadas por el señorío en ese lugar. En todo caso, el hecho de que Montalbán, Torija y Mondéjar fueran utilizados en 1412 como garantía de empeño y posteriormente acabaran siendo objeto de merced para los criados de la casa del rey de Aragón refleja también la limitada relevancia del conjunto de este patrimonio señorial relativo a estos lugares en la totalidad del «sistema de poder señorial» armonizado en torno a Fernando y Leonor. Solo Montalbán fue recuperado y retenido por la reina viuda y en ese caso sí influyó tanto su situación geográfica como el cálculo acerca de la riqueza de los recursos materiales existentes en dicha tierra. Mientras, en Monroy, Talaván y Valverde, en tierra de Plasencia, los bienes que donó el mariscal García González de Herrera al infante Fernando en 1404 tenían como origen la dote de su difunta esposa Estefanía Fernández de Monroy. En este caso, se nos habla de la aceña y canal y de las barcas de pasaje que se poseían junto al río Tajo. Pero, junto a ellos, se recogen una serie de lugares de consideración menor que Monroy, Talaván y Valverde, comarcanos a estos, como eran la Casa de la Paz y la de La Lucía, además de mencionarse una dehesa de Arroyo del Horno, próxima a Talaván.21 Estos últimos resultan de particular interés, pues nos sitúan ante pequeños asentamientos rurales, surgidos dentro de los espacios sometidos a la jurisdicción de «comunidades de villa y tierra», tales como esta de la ciudad de Plasencia, a partir del adehesamiento de términos concejiles o de las posesiones dominicales de determinados miembros de las elites aristocráticas locales y regionales en esta zona extremeña. Volveremos un poco más adelante sobre esta cuestión. En cualquier caso, volviendo al espacio extremeño y al patrimonio dominical bajo el señorío de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y su casa, para lo que aquí nos concierne en relación a los procesos históricos arriba repasados, merece la pena tener en cuenta varias cuestiones. Para comenzar a ilustrarnos, el ejemplo ofrecido por la villa de Medellín y su tierra, puede ser especialmente plástico. En primer lugar, resulta notable cómo entre la segunda mitad del siglo xiv y la primera mitad del siglo xv, las principales parentelas de la elite caballe  Junto al citado documento (AHNob, Frías, C.ª 445, n.º 7; BRAH, Salazar y Castro, M-58, ff. 109 r.-111 v.), la cita a estas propiedades queda plenamente reflejada en la donación previa que en 1400 el mariscal García González de Herrera hizo a Alfonso Fernández de Monroy de estos bienes para cerrar su matrimonio con la hija de García González (AHNob, Frías, C.ª 445, n.º 6) y en el posterior testimonio del pleito iniciado por el citado Alfonso Fernández contra el infante Fernando por la posesión de los mismos (AHNob Osuna, C.ª 477, n.º 59). 21

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resca de Medellín, como los Mejía, los Alvarado, los Pantoja, los Sandoval de Medellin —acaso emparentados con otros Sandoval de Trujillo— o los Rengel tuvieron en la posesión de numerosas dehesas en el término de la villa una de sus principales fuentes de poder y riqueza. En segundo lugar, que no solo estos eran los propietarios de dehesas en Medellín. También el monasterio de Guadalupe poseía pastos adehesados, igual que el mariscal García González de Herrera. Lo más llamativo de ello es que la posesión de la dehesa de Santa María de la Vega y la de Patilla, respectivamente pertenecientes al monasterio jerónimo y al mariscal, se basaba en donaciones realizadas por el conde de Alburquerque Sancho de Castilla antes de 1374.22 Como sabemos, la de esta dehesa en Medellín no fue la única merced sobre patrimonio dominical del conde de Alburquerque que García González de Herrera recibió de su señor. El acuerdo sellado en 1404 con el infante Fernando ratificaba las donaciones de la villa de Torremormojón en la Tierra de Campos pero, sobre todo, del castillo de Castellanos en el término de Cáceres, Arroyo del Puerco en el término de Plasencia, y los lugares de Loranca y Santa María de Ribera en el término de Badajoz, junto con la citada dehesa de Patilla en Medellín. Es decir, diferentes bienes raíces dispersos por toda Extremadura pero que, en esta época, ya habían sido dotados —o pretendían dotarse— en el ejercicio del señorío sobre ellos de una evidente dimensión jurisdiccional, enunciada en la documentación al insistirse en la donación de los derechos de justicia y jurisdicción expresamente en el documento expedido por la cancillería del infante Fernando.23 Lo más interesante de todo esto no es solo que el mariscal García González y luego su viuda María de Guzmán realizasen sucesivas compras de otras dehesas y heredades en Medellín hasta 1408, que se sumaban al conjunto de adquisiciones que el mariscal realizó durante su vida, amasando una fortuna en tierras, casas y otras propiedades distribuida en paralelo al señorío con jurisdicción que había obtenido sobre distintas villas y lugares sobre todo en Extremadura pero también en la comarca de Ciudad Rodrigo y en el entorno de Salamanca, Toledo y Talavera de la Reina amén de otras ramificaciones en la Tierra de Campos y Sevilla.24 Esto puede ser entendido fácilmente como parte de su estrategia de implantación señorial en una región de la que no era originario y en la que su establecimiento se había debido al servicio al conde de Alburquerque. Por ello, la adquisición de señorío con jurisdicción y la acumulación de patrimonio dominical en un ámbito paralelo al de su patrón encajan como las dos caras de una misma moneda de integración en el espacio físico y social y de enriquecimiento de los recursos económicos y relacionales de su propia casa. Un proceder, por otra parte, normal entre sectores   Clemente Ramos, J., La Tierra de Medellín…, pp. 54-59, 103-120.   AGS, Real Patronato, C.ª 58, n.º 30. 24   Franco Silva, A., «La hacienda de un noble…», pp. 366-375. 22 23

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aristocráticos en ascenso durante esta época.25 Acaso lo más llamativo ahora resulte, en cambio, la tendencia a desprenderse de importantes porciones de ese patrimonio dominical que caracterizó a los principales señores de la región: el conde don Sancho y luego su hija Leonor y el infante Fernando. La ejecución de mandas piadosas que permitían establecer relaciones preferentes con los principales monasterios del territorio, por un lado, y la promoción y recompensa de la «clientela» resultan, pues, igual que se observaba para los lugares de señorío al norte del Sistema Central, el principal motivo para la enajenación de tierras y otros bienes raíces. No fueron, en cualquier caso, los únicos beneficiarios. El ejemplo de Medellín nos remite también a la donación por parte del infante Fernando de una dehesa más en el término de esta villa, llamada de la Veguilla, en este caso a la aldea de Don Benito a cambio de un censo de 500 mrs. de moneda vieja o su equivalente en moneda nueva.26 La posesión de heredades y cotos señoriales que, al menos en parte, fueron donados como comunales a concejos está documentada igualmente en la villa de Galisteo.27 Si en el primero de los casos, el de Don Benito y la dehesa de la Veguilla, la acción señorial parece dirigida a beneficiar el desarrollo de una aldea de especial pujanza a través de la concesión de comunales propios dentro de la tierra de Medellín, en el de los montes y heredamientos para labranza poseídos en Galisteo la iniciativa iba dirigida más bien a establecer una resolución   Dentro del entorno del infante Fernando y de Leonor de Alburquerque, los ejemplos de la proyección señorial de Fernán Gutiérrez de Vega en el occidente de la Tierra de Campos y de Álvaro de Ávila en la Extremadura castellana abulense también muestran un sentido similar (Franco Silva, A., «El mariscal Álvaro de Ávila…»; id., Grajal de Campos…). 26   Clemente Ramos, J., La Tierra de Medellín…, pp. 54-59, 75. La mención a la cuantía en su equivalencia en moneda nueva nos lleva a pensar que la donación se produjo con posterioridad a 1403, momento en que se hizo el reajuste en el pago de la rentas señoriales a los infantes a su valoración en moneda usual, y antes de 1412, al referir la documentación que la entrega de la dehesa a Don Benito se realizó siendo Fernando todavía infante de Castilla y no aún rey de Aragón. El valor de la renta a finales del siglo xv, por otra parte, ascendía a 1200 mrs. (AGS, Consejo Real, leg. 128, n.º 11, f. 17 v.). 27   A partir de la sentencia otorgada en 1424 por el infante Enrique, se nos remite a otra anterior dada por su padre, en la que este ordenó que el aprovechamiento del monte de la villa que él poseía fuera dado a todo Galisteo y su tierra para pasto común, dejándose de imponer el herbaje que hasta entonces estaba establecido para acceder al aprovechamiento, y que del labrantío que también poseía, tales heredades se dieran para que los vecinos las labrasen en común. Como veremos, la sentencia de don Fernando fue enmendada en 1424 ante los daños que se generaban en el acceso a estos nuevos términos comunales para los vecinos más modestos, al acaparar los más enriquecidos los mayores y mejores pastos y zonas de labranzas. En ella también se nos indicará cómo en 1424 aún el infante Enrique se reservaba como coto señorial la heredad de la casa del Acelgar (AHNob, Fernán Núñez, C.ª 546, n.º 4). Volveremos sobre ello puesto que, en torno la problemática de las apropiaciones ilegales de términos en Galisteo nos ofrece mayor información sobre el origen de estos cotos que pertenecieron a los señores de la villa, vinculado en gran medida al ejercicio de jurisdicción por ellos sobre los bienes de la tierra. 25

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a diferentes movimientos que en la tierra de esta villa venían produciéndose desde la muerte del conde don Sancho y que habían resultado en la ocupación de términos comunales por parte de caballeros de las ciudades de Coria y Plasencia. Estos habrían quedado atajados inicialmente a partir de la sentencia contraria a estos adehesamientos dada en 1406 y que también resultó en la definición de las antiguas aldeas del Acelgar, Viñuelas y Malpartida, presumiblemente yermas, como heredades en posesión de los infantes, de acuerdo con sus derechos superiores de señorío sobre la villa y la tierra. Igualmente, de época de Juan I databa la adjudicación de las tierras compradas ilegalmente en términos de la aldea de Holguera por Gonzalo Bermúdez, señor de Grimaldo, y Gutierre González de Trejo, su hijo, a la señora de la villa, la condesa Leonor de Alburquerque.28 En todo caso, las noticias sobre las heredades y montes señoriales en Galisteo son más abundantes. Así, contamos con las referencias posteriores a 1406 ya mencionadas a la entrega a los vecinos de Galisteo como comunales de los heredamientos de labranza y de los montes que poseían los infantes Fernando y Leonor —la cual incluyó la renuncia incluso al cobro de un herbaje sobre el aprovechamiento de pastos que previamente se percibía, además de la rectificación de esta disposición en 1424 por el infante don Enrique para regular el acceso equitativo de los vecinos a esos comunales—. A ello se suma la referencia al reparto de las heredades del Acelgar en 1430 para integrarlas en el terrazgo de Holguera, Malpartida y Viñuela29 y la donación de esas heredades de Malpartida y Viñuela por la reina Leonor, acaso en 1430, a la catedral de Plasencia.30 Del conjunto de estas informaciones acerca de las donaciones por Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque de bienes raíces dominicales a los concejos de villas y aldeas bajo su señorío en Extremadura, atendiendo también a las realizadas a monasterios y criados, podemos pues hacer una serie de inferencias. En primer lugar, que el origen de la posesión de estos bienes provenía fundamentalmente de dos vías, ambas ligadas a procesos de adehesamientos de términos. Por un lado, a la posible posesión de dehesas más o menos antiguas, formadas por los mismos señores de las villas tal vez   Clemente Ramos, Julián, «La tierra de Galisteo (c. 1375-c. 1425). Transformaciones del poblamiento y apropiaciones ilegales», Arqueología y Territorio Medieval, 17 (2010), pp. 31-46, en concreto pp. 35-41. Todas estas informaciones provienen del pleito que sostuvo el concejo de Galisteo contra su señor, el conde de Osorno, sobre las dehesas que habrían acotado para sí García Fernández Manrique y su hijo Gabriel Manrique cuando se hicieron con el señorío de la villa después de 1430 (ARChVall, Pleitos Civiles, Zarandona y Walls (olv.), C.ª 1852-1, n.º 2). Agradecemos al profesor Clemente Ramos que nos facilitara las referencias a toda esta documentación aun cuando el trabajo para el cual fueron manejadas por él aún se encontraba en prensa. 29   ARChVall, C.ª 1150-1, ff. 262 v.-267 r. Cit. Clemente Ramos, J., «La tierra de Galisteo…», p. 35. 30   Sánchez Loro, Domingo, Historias placentinas inéditas, Cáceres, Institución Cultural El Brocense, 1983-1985, vol. II, pp. 419-424. 28

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desde las primeras décadas del siglo xiv, los ascendientes de Juan Alfonso de Alburquerque e Isabel Téllez de Meneses y ellos mismos. Por otro lado, como resultado de la adquisición de términos adehesados por otros caballeros de la zona, ya fuera a través de hipotéticas compras u otro tipo de traspasos pactados o, como sí nos ha quedado constancia, mediante la anexión como heredades que pasaban a formar parte del patrimonio dominical de esas dehesas ilegalmente acotadas en espacios de aldeas yermas tras una sentencia judicial otorgada en este sentido. Esta cuestión de las sentencias contra adehesamientos, dictadas directamente por la autoridad señorial, nos conduce de nuevo hacia la relación entre la posesión de la tierra y el ejercicio de la jurisdicción. Volveremos un poco más adelante sobre ello pero, en este momento, es necesario señalar también que, si hasta en torno a 1374 la conformación de este patrimonio dominical pudo provenir de la primera de las soluciones señaladas o de transacciones amistosas, a partir de estas fechas nos encontramos fundamentalmente con una tendencia a la enajenación de estos bienes, en ocasiones a cambio de rentas en dinero cuando los beneficiarios eran las comunidades de habitantes. Las incorporaciones de nuevas heredades y montes en la época de Leonor de Alburquerque, Fernando de Antequera y su hijo Enrique, maestre de Santiago, no pueden relacionarse con una intención de expansión de los recursos económicos de la casa sino más bien con reacciones provocadas ante una cada vez más intensa presión señorializadora de los términos comunales de las villas extremeñas por parte de las elites locales y comarcales. Comprobaremos en las páginas siguientes cómo esta problemática también se dio en los lugares de señorío de los infantes de la «Extremadura leonesa» al norte del Sistema Central, especialmente en la tierra de Ledesma. En segundo lugar, podemos comprobar que los bienes raíces señoriales en sus villas extremeñas de don Fernando y doña Leonor no dejaban de tener una cierta consideración. Las evidencias documentales fragmentarias y dispersas solo nos ofrecen un pálido reflejo de su número y dimensión real, lo cual posiblemente puede extenderse al conjunto de villas y lugares bajo su señorío también en la Meseta Norte. En cualquier caso, la conservación de una pieza extraordinaria relativa a las rentas de las Garrovillas de Alconétar y su tierra debidas al infante en 1408 nos permite ajustar mejor nuestra perspectiva respecto al tipo de bienes que conformaban este patrimonio dominical y su rentabilidad económica, completando el resto de referencias que hemos manejado.31 De este modo, junto a otros ingresos procedentes de derechos señoriales que para principios del siglo xv se hallaban enmarcados en el conjunto de atribuciones señoriales que encabezaba la jurisdicción, en Alconétar se nos notifica la existencia de las siguientes propiedades:   AGS, Real Patronato, leg. 29, n.º 50.

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— Las barcas del puente de Alconétar, que rentaban 20 000 mrs. de moneda blanca usual. — La Lucía con las dehesas —esto es, todo ello, entendemos, términos adehesados—, que rentaban 30 000 mrs. de moneda blanca. — Las aceñas de Alcongeyto, que rentaban 135 fanegas de pan cada dos años. — El canal de Almonte, que rentaba 550 mrs. de moneda vieja, es decir, 1100 de moneda blanca. A ello hay que añadir la percepción de la laude sobre el aprovechamiento de los montes, que era pagada por el concejo en cuantía de 1000 mrs. de moneda vieja, 2000 de moneda blanca.32 Podemos afirmar entonces que el patrimonio dominical de los infantes, más abundante al sur del Duero y sobre todo en la Meseta Sur que al norte de ese río, se centraba fundamentalmente en la posesión, además de la de heredades de pan llevar y otros usos agrícolas, de términos adehesados con terrazgo cultivable y de aprovechamiento ganadero —que no existían como tales dehesas al norte del Duero—, y de infraestructuras ligadas al aprovechamiento de recursos agropecuarios o a su transformación, como eran principalmente aceñas y canales y acaso molinos, por más que las menciones expresamente a ellos hemos visto que son contadas. Finalmente, a esto se añadía la posesión de barcas de pasaje y puentes, como en Alconétar, en la tierra de Alba de Liste o el que mandó construir la reina Leonor de Alburquerque sobre el Tajo en la tierra de Montalbán, próximo a La Puebla.33 Sin duda, a partir de los datos procedentes de Alconétar, se puede apreciar que las rentas generadas por puentes y barcas de pasaje y por las dehesas debían ser de particular interés para la hacienda señorial. Sobre el conjunto de 74 650 mrs. de moneda blanca anuales y 135 fanegas de cereal a pagar cada dos años a que ascendían el total de las rentas de este lugar y su tierra en 1408, la parte principal de ellas, 50 000 mrs. provenían de las rentas de las barcas del puente y de las dehesas, si bien en el documento no se pudo recoger ni la cuantía de la renta de los diezmos del pan ni la cuantía del pedido señorial.34 Si tenemos en cuenta que las rentas manejadas por el 32   El concepto sobre el cual pesaba esta laude de los montes lo conocemos a partir de la queja que los vecinos de las Garrovillas y de la tierra de Alconétar presentaron al infante sobre cómo sus convecinos del lugar de Cabezón también participaban del aprovechamiento de los montes y se negaban a contribuir en el pago de los 1000 mrs. derramados para el cumplimiento de la laude. Don Fernando dispuso que ningún vecino en toda la tierra se excusase de pagar la parte que le correspondiese de la derrama por su carta dada en Medina del Campo el 19 de enero de 1404. El documento fue editado en Molano Caballero, Santiago, Apuntes sobre la historia de Garrovillas de Alconétar. II Parte. El señorío de Garrovillas de Alconétar, Cáceres, Institución Cultural El Brocense, 1991, pp. 71-72. 33   Las noticias sobre tal obra en AHNob, Frías, C.ª 126, n.º 8-9. 34   En el documento se indica cómo los diezmos del pan no pudieron arrendarse y por tanto serían recaudados mediante derrama por el arcipreste de Cáceres, Gonzalo Alfonso de

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infante Fernando tras la consecución de los maestrazgos de Alcántara y Santiago para sus hijos Sancho y Enrique llegaron a alcanzar el monto de más de 180 000 florines de Aragón —alrededor de 9 millones de mrs.—, dentro del patrimonio fundiario en los lugares bajo el señorío de los infantes, entonces, solo las tierras adehesadas que hemos podido localizar en los señoríos de la «Extremadura leonesa» tenían un valor económico significativo. Las rentas del canal de Almonte en Alconétar se limitaban a una modesta cantidad de 1100 mrs. de moneda usual mientras que, en 1398, las rentas que generaban al monasterio de San Juan y San Pablo de Peñafiel algunas de las propiedades que recibieron de don Juan Manuel —en concreto, las del pinar, la huerta del Rey, la heredad de Casa de la Reina, las viñas de la Esperilla, las aceñas en el Duero y las puertas de los solares— solo suponían un total de 1894 mrs. anuales (3788 mrs. de moneda usual de las primeras décadas del siglo xv).35 Tampoco los herbajes generados a partir de la arrogación de derechos sobre los montes de los términos de las villas a satisfacer por los vecinos que los aprovechaban, como una imposición señorial relativamente reciente a finales del siglo xiv, arrojaban grandes beneficios para los señores (en torno a los 1500 mrs. en Paredes de Nava según resultase la negociación para su arrendamiento; 2000 mrs. en las Garrovillas de Alconétar), de lo cual hay que deducir la carga simbólica de este tributo en el establecimiento de las relaciones entre señores, comunidades dominadas y territorio ocupado por ellas sobre principios de una autoridad mucho más evidente de los primeros sobre los recursos de los términos concejiles señoreados. A partir de ello, pues, estamos en condiciones de comprender mejor el muy limitado interés de Fernando, Leonor y sus hijos por un patrimonio fundiario que solo en Extremadura devengaba beneficios de mayor cuantía y que, en cualquier caso, podía ser puesto a disposición de otros intereses que afectaran a la promoción de los miembros de su afinidad señorial y al control señorial sobre los términos concejiles de sus villas en relación a los intereses de los distintos colectivos sociales que podían verse afectados por las condiciones de acceso a la tierra y a la riqueza agropecuaria generada por esta. No hemos hecho referencia en estas páginas a la posible posesión de bienes semovientes por parte de los infantes. Apenas contamos con noticias Solís, capellán del infante y facedor y recaudador suyo en las Garrovillas de Alconétar. Mientras, el pedido no aparece reflejado en esta relación de rentas pese a que este tributo era percibido en todos los lugares bajo el señorío de los infantes. Esto se puede deber a que, como veremos al ocuparnos de la hacienda señorial, no se trataba de una renta çierta, claramente tipificada en las condiciones de percepción y cuantía, documentalmente o reconocida por costumbre, sino una imposición originalmente arbitraria cuyo montante variable estaba sujeto a la necesidad e interés del señor y a la capacidad de negociación para fijar la cuantía última tributada por parte del concejo. 35   García García, M.ª É., San Juan y San Pablo de Peñafiel…, pp. 63-64.

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acerca de que existiera, más allá de alguna referencia tangencial,36 y es lógico que así fuera a partir de la posesión de dehesas y otras heredades y pastizales. Sin embargo, es bastante significativo que la relación de las rentas señoriales en las Garrovillas de Alconétar nos indique que todas las que se percibían sobre dehesas, canal, aceñas y barcas del puente sobre el Tajo habían sido arrendadas, igual que el resto de rentas señoriales salvo la de yantar y el derecho de herbaje. Del mismo modo, se había preferido entregar la dehesa de la Veguilla en Medellín a la aldea de Don Benito a cambio de un modesto tributo de 1000 mrs. de moneda usual. Si para otros señores de menor influencia territorial a lo largo del reino el incremento de sus bienes agropecuarios y de la rentabilidad en su explotación podía tener importancia para el aumento de sus fuentes de riqueza en el marco de estrategias de ascenso social, para los que en ese momento eran los principales señores del reino no parecía ser una cuestión de mayor relevancia. Más allá de la percepción de rentas a cuenta de los derechos generados por porciones de su patrimonio señorial, dentro de las estrategias de administración de los dominios de los infantes, la implicación en la gestión del patrimonio dominical se limitaba a un mínimo y distante control, fiado a la acción de los recaudadores señoriales en cada una de las villas y lugares bajo señorío para el manejo de los arrendamientos, las condiciones de los mismos y la percepción de sus frutos. Por ello entendemos que, del mismo modo que en Medellín los señores de la villa no eran los principales propietarios de dehesas ni tampoco de ganado de cualquier especie sino los miembros de la caballería concejil local,37 tampoco era especialmente relevante para los infantes Fernando y Leonor la posesión de ganado ni de pastos acotados para ese ganado en otros lugares de su señorío como, en cambio, sí lo era para otros señores eclesiásticos y laicos pertenecientes a niveles inferiores e intermedios dentro de la aristocracia del reino. Eso no fue óbice para que, por otra parte, los frutos agrícolas y ganaderos que manejaron, sobre todo a cuenta de las rentas de los maestrazgos de Alcántara y de Santiago, en las que los rebaños de ganado ovino, vacuno y porcino sí tenían un peso importante, fueran aprovechados de cara a buscar su mejor salida para la venta en mercados urbanos castellanos. Para tal fin, Fernando se valió de su condición de regente en Castilla y de rey de Aragón para privilegiar la comercialización de grano y ganado procedente de los dos

  El 30 de enero de 1409, la infanta Leonor reclamaba al concejo de Villalón 1200 mrs. a cuenta de 60 cerdos pertenecientes al infante su esposo, que debían de los 6000 mrs. que había supuesto su venta en Olmedo y Cuéllar, puesto que solo habían entregado 80 mrs. por cada cabeza de ganado, añadiendo a esto 205 mrs. de multa por el retraso en la satisfacción del pago a Pero Núñez, vecino de Medina del Campo (AMVillalón, LdA, n.º 1, 15 de marzo de 1409). 37  Clemente Ramos, J., La Tierra de Medellín…, pp. 76-81. 36

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maestrazgos de las citadas órdenes militares y de la tierra de Medellín en Sevilla,38 en Murcia,39 o en otras partes del reino.40 En todo caso, aunque la explotación de rentas derivadas de rebaños no fue desdeñada, el interés en torno a la ganadería de los infantes se enfocó menos en su propiedad que en la extracción de ingresos procedentes de los derechos de paso de rebaños trashumantes de la Mesta por los términos de sus villas. Esto dio lugar al desarrollo, por una parte, de lucrativos montazgos señoriales, como el que existía en Medellín, y que ascendía a cuatro cabezas de ganado por cada mil.41 Por la otra, al fin, ligados a la imposición de estas tasas de tránsito, a la reparación y construcción de barcas de pasaje y puentes. Conocemos referencias a tres de ellos que denotan su importancia para el dominio señorial en los lugares donde se encontraban, en conexión al 38   Así, el 14 de octubre de 1414, el concejo de Sevilla ordenó a su mayordomo pagar a Alfonso Fernández de las Osas, criado del rey Fernando I de Aragón y mayordomo del infante don Enrique de Aragón, maestre de la orden de Santiago, 500 mrs. por la carta que trajo en el concejo en la que se refería el privilegio que tenía para llevar ciertas cantidades de pan y ganados a Sevilla desde la tierra del dicho maestre de Santiago, del maestrazgo de Alcántara y de la tierra de Medellín, sin pagar roda ni portazgo hasta cuantía de 500 mrs., querellándose porque los arrendadores de las dichas rentas del concejo hispalense no le habían querido respetar dicho privilegio. (Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo xv. I, n.º 115, p. 469). 39   El 20 de diciembre de 1412, desde Barcelona, el rey Fernando, en su condición de regente, enviaba su carta a las villas y lugares del maestrazgo de Santiago concediéndoles licencia para sacar de ellas hasta 1000 cahices de pan con destino a la ciudad de Murcia, tras haberse desautorizado previamente que este grano fuera transportado desde el arzobispado de Sevilla. Los motivos aducidos para ello eran la situación de desabastecimiento vivida en Murcia ese año y la carestía del cereal en Sevilla, si bien es difícil ocultar el evidente interés por priorizar la venta de los productos procedentes del maestrazgo de su hijo, que él mismo administraba (AMMurcia, Cartulario Real, 1391-1412, f. 180 r.; Documentos de la minoría de Juan II. La Regencia de Don Fernando de Antequera, ed. de M.ª V. J. Vilaplana Gisbert, Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia. xv, Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 1993, docs. CCIX-CCXX, pp. 398-399). 40   En 1414 se regista la entrega a Fernando de la Cavallería, tesorero del rey de Aragón, de distintas cuantías de dinero, entre ellas, 700 florines que llevó a Montblanc un tal Ruy Díaz Madero, provenientes de la venta de ganado en Castilla que pertenecía al maestre de Santiago, si bien no se indica dónde ni con qué destino se realizó esta operación (ACA, CR, F. I, C.ª 28, n.º 3578). 41  Clemente Ramos, J. La Tierra de Medellín…, pp. 165-181; Archivo del Monasterio de Guadalupe, leg. 129, n.º 1; AHN, Mesta, C.ª 122, n.º 26. Parece que este derecho ya existía desde la época de Juan Alfonso de Alburquerque, que fue rebajado a dos cabezas por cada millar por la madre de doña Leonor, la infanta Beatriz de Portugal, para volver a ser retornado a la tasa de cuatro cabezas por cada millar en 1407. Solo el monasterio de Guadalupe disfrutaba de exención para el pago de este tributo y J. Clemente calcula que pudiera haber llegado a reportar a los señores de la villa durante la mitad del siglo xv unos 15 000 mrs., siendo uno de los tributos más cuantiosos que se disfrutaban en Medellín para la hacienda señorial. Esta cantidad tal vez pueda ser revisada ligeramente al alza a partir de su comparación con los ingresos generados por el derecho que cobraban los Stúñiga en la cercana villa de Capilla por un concepto similar.

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fomento del tráfico comercial y trashumante, el desarrollo económico de estos espacios señorializados y el consiguiente aumento del volumen de rentas señoriales detraídas de esos desplazamientos y transportes. Por un lado, sabemos de la relevancia del puente sobre el Esla vinculado al señorío de la tierra de Alba de Liste a partir de su mención expresa en la donación en 1418 y la toma de posesión que hizo de él, junto al resto de los patrimonios en dicha tierra Alfonso González de Guadalajara en 1424. En este caso, pese a la mención al puente, cuando Diego Fernández de Guadalajara, en nombre de su hermano Alfonso González, se posesionó de la tierra de Alba de Liste, no se refirió a la existencia física del puente, que debía estar ya arruinado, sino de la barca de pasaje que se encontraba junto a él y del barquero que la mantenía en funcionamiento.42 Por el otro, en el caso del puente sobre el Tajo en Alconétar parece que nos encontramos ante un sencillo puente de barcas que se acomodaba aprovechando las estructuras del antiguo puente romano. Al fin, el puente también sobre el Tajo que estaba edificando la reina Leonor próximo al castillo de la tierra de Montalbán y al lugar de La Puebla, durante la década de 1420 y cuyas obras seguían activas en 1433 a razón de las condiciones de donación del señorío a su hija, la reina María, sí debió de ser una estructura mucho más sólida y estable.43 En ella se refiere, a cuenta de los 10 000 florines de Aragón que había de entregar doña María a su madre en los dos años siguientes a la donación, el afán mostrado por la reina Leonor en esta obra del puente para acrecentar las rentas de Montalbán, dirigidas a atraer el movimiento de los ganados de la Mesta hacia su señorío, igual que ocurría en Alconétar.44 Ya hemos indicado cómo allí las rentas generadas por el puente eran apreciables y, con esta misma lógica de aprovechamiento de los beneficios generados por ese tráfico, el infante Fernando y ella dedicaron no pocos recursos en torno a 1401 para el acondicionamiento de dicho puente con un éxito visible pocos años después.45 No ha de quedarnos, entonces, duda, de la importancia que para la gestión de las rentas señoriales en los lugares de señorío de la Meseta Sur tenía la posesión de dehesas y puentes, bienes a los que se asocia el binomio de derechos de montazgo y de pontazgo/peaje, como elementos complementarios en la atracción del movimiento de ganados trashumantes hacia los acos  ARChVall, Pergaminos, C.ª 60, n.º 2 y 4.   AHNob, Frías, C.ª 126, n.º 8-9. 44   Sobre la importancia del enclavamiento de Montalbán en la red de cañadas de la Mesta y el papel que cumplía el puente, si bien el autor propone una datación mucho más antigua para él, vid. Jiménez de Gregorio Fernando, «El poblamiento y la repoblación en el señorío de Montalbán hasta el siglo xvi», Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 14 (1984), pp. 49-60, en concreto pp. 49-51 45   El pedido señorial reclamado en Paredes de Nava en 1401, que ascendió a 40 000 mrs., se indicó como destinado a financiar las obras de construcción del puente de Alconétar (AMPdN, CP, 238/3, ff. 2/4 v., 8 v., 14 v.). Cabe la posibilidad de que los tributos reclamados a otras villas pudieran también haberse destinado a este fin en esos años. 42 43

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taderos y pasos de los ríos. En ese sentido, los infantes entraron a competir con otros grandes señores que también pretendían conducir los flujos del ganado hacia sus dominios a causa de la enorme rentabilidad que generaba para sus haciendas. Baste en ese sentido el ejemplo de los Stúñiga en la villa de Capilla, en la actual provincia de Badajoz, que se convirtió en un punto importante de paso de ganado desde la zona de Soria hasta el partido de La Serena de la orden de Alcántara. El peaje y montazgo allí cobrado ascendía a tres cabezas de ganado por cada mil, una menos que en el de Medellín, que como Capilla se situaba en la línea del río Guadiana y con la que probablemente competía en la canalización del tráfico trashumante. Si entre 1424 y 1428 esta renta rindió 601 cabezas de ganado para don Pedro de Stúñiga, que pueden tasarse en un valor monetario de entre 18 000 y 24 000 mrs., podemos hacernos una idea aproximada de los réditos que los derechos de pontazgo y montazgo generaron en Alconétar, Medellín o Montalbán a Fernando, Leonor y sus hijos y de, en efecto, la concurrencia que se estaba estableciendo entre estos grandes señores de la región por captar esa riqueza en movimiento que suponían los ganados de la Mesta.46 Así pues, ya recapitulando, entendemos que tras estas páginas ha sido posible visibilizar las características del patrimonio dominical de los infantes. Más importante en la mitad sur del territorio señorializado por Fernando, Leonor y sus hijos que en la mitad norte, su explotación directa tenía un carácter muy subalterno dentro del conjunto de la gestión de los recursos de su casa. En cualquier caso, su potencial como elemento generador de rentas fue apreciado, por más que los bienes fundiarios se convirtiesen en habitual moneda de cambio en las relaciones con sus criados y con los colectivos sociales de sus villas y lugares de señorío. Sin embargo, tal vez lo más significativo de cuanto hemos podido analizar es la influencia de la consideración del poder señorial en torno al ejercicio de la jurisdicción como factor clave sobre la que se sostenía la conversión por parte de los señores de los bienes raíces en rentas, a menudo arrendadas, que podían aparejarse al conjunto de derechos señoriales disfrutados. A su vez, las atribuciones jurisdiccionales aparecen como un elemento fundamental en las intervenciones señoriales alrededor de la posesión y el aprovechamiento de términos en las tierras de sus concejos «de villa y tierra», de la que se derivaron las múltiples sentencias 46   Para estos datos y el estudio en general de la actividad en torno al pontazgo de Capilla, Gerbet, Marie-Claude, «Les serranos et le pont de Capilla au xvème siècle», Journal of Medieval History, 17 (1991), pp. 353-384, especialmente pp. 369-374. Para la década de 1450, M.-C. Gerbet maneja un cálculo de los ingresos de los Stúñiga sobre el pontazgo y los derechos de acostadero de sus dehesas en Capilla que se mueven entre los 52 000 y los 66 000 mrs., divididos prácticamente por mitades para cada renta. Pese a que sería preciso realizar una corrección pertinente para comparar estos datos con los estándares monetarios y de precios del primer cuarto del siglo xv, puede resultar otra referencia orientativa para sostener en qué medida era rentable esta conexión de los recursos dominicales señoriales en relación con el tráfico trashumante de la Mesta.

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sobre conflictos en torno a ello, la incorporación como heredades dominicales del terrazgo de antiguas aldeas despobladas o el establecimiento de nuevos derechos de herbaje sobre montes comunales. Merece la pena, entonces, que dediquemos ahora nuestra atención a profundizar algo más en esas conexiones entre dominio sobre la tierra y el ejercicio de la jurisdicción sobre las comunidades dominadas. 2. Tierra y jurisdicción: comunales, dehesas y conflictos Los casos extremeños referidos previamente nos han permitido analizar toda una serie de intervenciones señoriales por parte de don Fernando y doña Leonor y sus hijos y de sus oficiales dirigidas a mediar y dar resolución a situaciones conflictivas que afectaban a la titularidad y el aprovechamiento de las tierras comunales dentro de los términos concejiles de las villas y lugares bajo su señorío. Delimitación de esos comunales, protección de los mismos contra adehesamientos ilegítimos protagonizados por las elites locales y comarcales, regularización de las condiciones de acceso a tales tierras para los vecinos y establecimiento de nuevos derechos de herbaje o de heredamientos de propiedad dominical como los que hemos visto remiten a actuaciones que tocan al ejercicio de atribuciones, primordialmente jurisdiccionales, a partir de la óptica que de la autoridad señorial se había instaurado desde mediados del siglo xiv en la Corona de Castilla sobre toda una serie de problemáticas en torno al acceso a la tierra que eran tremendamente comunes en el conjunto de los espacios rurales del reino y ni mucho menos se limitan al territorio extremeño actual. En la medida en que el control sobre los recursos naturales articulados en torno a los territorios concejiles de villas y lugares resultaba un aspecto crucial en el desarrollo de las relaciones y jerarquías dentro de una sociedad eminentemente rural, la implicación de los señores en su arbitrio y en la canalización de los conflictos derivados de la concurrencia alrededor de esa tierra colocada bajo su posesión a partir de la enunciación del conjunto de derechos señoriales era fundamental. Lo era, si queremos poner el acento sobre la consideración de tal poder sobre la tierra a partir de la noción de delegación de la soberanía que subyacía a la jurisdicción, porque estimulaba el despliegue de las atribuciones del señor como juez ante los asuntos que atañían al interés de sus vasallos.47 Esta apreciación no es óbice para atender 47   Quintanilla Raso, M.ª C., «El estado señorial...», pp. 251-261; id., «Vertebración del poder…». Evidentemente, el recurso y ostentación a las facultades judiciales por parte de los señores afectaba a toda suerte de disputas y enfrentamientos entre sus vasallos, como veremos al tratar las que se derivaban de la competencia en el acceso a las instituciones concejiles, pero se hallaban también detrás de la justificación de otras iniciativas señoriales hacia sus dominados, muy especialmente en las tocantes al requerimiento e imposición de derechos y tributos.

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dentro de dichas actuaciones arbitrales y judiciales de los señores como propias también a una lógica de acumulación de derechos dirigidos a ampliar y reforzar las condiciones de dominación derivadas del ejercicio de tal poder señorial en la sociedad feudal castellana bajomedieval. Puesto que ya nos hemos podido introducir en los perfiles de la actitud señorial expresada por los infantes ante algunos conflictos relativos a la delimitación, atribución y aprovechamiento de términos concejiles, conviene aquí insistir en algunos otros ejemplos que nos ayudarán a, por una parte, ilustrar la panorámica de estos conflictos en torno a las tierras concejiles en los lugares señoriales al norte del Sistema Central. Por otra parte, esos casos nos permitirán desentrañar mejor la actitud señorial desplegada por Fernando y Leonor y los suyos a cuenta de ellos y de la afirmación de su autoridad superior sobre las tierras y las comunidades humanas por ellos señoreadas. Esta ha de ser comprendida dentro de un contexto más amplio de desenvolvimiento de un «sistema de poder señorial» que implicaba, en la atención de los intereses de los distintos agentes sociales implicados en tales disputas, soluciones tanto impositivas como negociadas en las que el respeto de los derechos del conjunto de las comunidades se confrontaba también con la consideración de la relación privilegiada con algunos de los individuos y colectivos pertenecientes al entorno clientelar de los infantes y que se hallaban inmersos en los conflictos sobre los términos. Hace algún tiempo tuvimos ocasión de ocuparnos de la resolución de conflictos en torno a límites, baldíos y tierras comunales bajo el señorío del infante Fernando a partir del ejemplo ofrecido por las disputas que afectaron a los concejos de Peñafiel y de Cuéllar, villas de la «Extremadura castellana» vecinas, ambas señoreadas por don Fernando, por estos motivos en las lindes que separaban las tierras de cada una, entre 1396 y 1403.48 Aquel estudio tenía la especificidad de reflejar una situación particular dentro del catálogo de intervenciones señoriales ante estas problemáticas, al referirse a la mediación entre vasallos de dos villas sujetas al mismo titular señorial. No obstante, quedó de manifiesto que el enfrentamiento entre vecinos de Cuéllar y Peñafiel por los recursos del páramo recorrido de valles y vallejos situados inmediatamente al sur del valle del Duero tenía raíces más antiguas, que prácticamente alcanzaban a los tiempos de delimitación de los términos de ambas villas entre finales del siglo xii y los inicios del siglo xiii, y no alcanzó ni mucho menos una solución definitiva en la época del infante Fernando ni de su hijo Juan de Aragón sino que tal pugna por los recursos pastoriles y agrícolas en esa zona siguió sucediéndose hasta inicios del siglo xvi en una   Muñoz Gómez, Víctor, «Conflictos de límites y aprovechamientos comunales: rivalidad concejil e intereses señoriales en la Extremadura Castellana bajomedieval (El caso de Cuéllar y Peñafiel bajo el señorío del infante Fernando de Antequera)», en A. Carrasco Martínez (ed.), Conflictos y sociedades en la Historia de Castilla y León, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, pp. 209-223. 48

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escalada de entradas ilegales, toma de prendas y acciones violentas por parte de los vecinos de las dos villas y sus tierras y de las autoridades de cada una de ellas. De hecho, tal conflicto giraba alrededor de la demarcación de los límites entre los términos de ambos concejos y el amojonamiento de un monte de común aprovechamiento para los vecinos tanto de Peñafiel como de Cuéllar, en el que entraban en juego, fundamentalmente, los intereses de los propietarios de ganados estantes de ambas comunidades, acaso bien reconocibles como miembros de las elites de caballeros y hombres buenos pecheros de las dos villas cabeceras, si bien las fuentes no permitían asegurar con total seguridad este punto.49 No obstante, la observación de la situación de enfrentamiento que derivó en la elevación de la causa ante el infante Fernando, del nombramiento de un criado suyo, Sancho Fernández, el moço, vecino de Medina del Campo, como juez comisionado por este para su resolución y de la sentencia por él dada pero, al fin, de la casi inmediata sucesión de las quejas entre vecinos de ambas tierras nos permitió valorar una mayor complejidad en el cruce de intereses que se producía en torno a lindes y monte comunal de Peñafiel y Cuéllar. En efecto, existían evidencias de quejas de roturaciones en la zona de límites y en el monte comunal por vecinos de las aldeas de ambas villas y, muy especialmente, en las cañadas para el paso de ganado. La sentencia dada por Sancho Fernández en febrero de 1402 no solo fijó los 53 mojones que acotaban el monte común entre Peñafiel y Cuéllar sino que también se delimitaron con detalle las cañadas, acostaderos y abrevaderos para los rebaños de ovejas y su guarda frente a posibles roturaciones al tiempo que se defendía el derecho de los labradores sobre las heredades que legítimamente poseyesen en los baldíos frente a entradas de ganaderos. A su vez, las alegaciones de los procuradores de las dos villas fueron desestimadas, especialmente los intentos de los procuradores de Peñafiel por imponer un censo sobre las labores agrícolas en el comunal entre ambas villas, primero por el juez comisionado Sancho Fernández y luego por el propio infante Fernando en agosto de ese mismo año, 1402. Sin embargo, aunque el apeo de lindes y monte común y el fallo recogido en la sentencia implicaban un apreciable reajuste de los límites entre Peñafiel y Cuéllar respecto a los originales existentes desde 1206 y 1268 y, de hecho, las nuevas demarcaciones se mantendrían como referencias para todos los pleitos y concordias sucedidos a lo largo del siglo xv y el inicio del siglo xvi, la efectividad de la intervención judicial de la autoridad señorial solo puede considerarse como limitada pues, efectivamente, las razones para el enfrentamiento no cesaron. Ya en 1403 el concejo de Cuéllar protestó ante el infante sobre cómo los de Peñafiel habían despla49   Véase, igualmente, sobre este asunto, Olmos Herguedas, Emilio, La comunidad de villa y tierra de Cuéllar a fines de la edad media: poder político concejil, ordenanzas municipales y regulación de la actividad económica, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 202-214.

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zado los mojones y se negaban a restituirlos en su emplazamiento dispuesto el año anterior, y en 1416 la junta de hombres buenos pecheros de Cuéllar denunciaba ante el arzobispo Sancho de Rojas, como representante del infante don Juan, que los oficiales del concejo de su villa prendaban a los vecinos cuando intentaban tomar leña y apacentar sus ganados en el monte comunal compartido con Peñafiel, contraviniendo las sentencias del infante Fernando respecto al libre acceso a su aprovechamiento por todos los vecinos de las dos villas y tierras y la propia orden que en 1414 don Fernando dio para que los guardas de los montes del concejo de Cuéllar no abusaran de los hombres pecheros imponiéndoles emplazamientos ante la justicia de la villa que fueran contra su derecho.50 Años después, en 1458, ambos concejos hubieron de establecer una nueva ordenanza a cuenta de la competencia por los corrales en el monte común y del avance de los cultivos en este espacio. Posteriormente, a finales del siglo xv se atestiguan continuas referencias a la toma de prendas por oficiales de un concejo y otro a los vecinos contrarios en los comunales, desencuentros que terminaron desembocando en un cruento enfrentamiento armado en las aldeas de Langayo y Manzanillo, ambas de la tierra de Peñafiel, de 1495 y la elevación del pleito ante los tribunales del rey.51 Por tanto, lo que a primera vista pudiera parecer un conflicto devenido del antagonismo entre ambas villas y entre las elites de la caballería concejil de ellas por el acceso a los pastos y fuentes para la cría de rebaños de ovejas, nos coloca ante una dinámica poliédrica de concurrencia por los recursos agropecuarios en los páramos donde se hallaba el límite entre Cuéllar y Peñafiel. Junto con la rivalidad entre concejos y elites alrededor de intereses ganaderos aparecen otros actores y otros objetivos. Fundamentalmente, los de los vecinos pecheros de ambos concejos y más en particular los de los campesinos más enriquecidos de las aldeas de las tierras de Peñafiel y Cuéllar, que desde finales del siglo xiv es evidente que estaban ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los baldíos y comunales de una zona que tradicionalmente había estado sometida a una muy limitada presión demográfica y cuyo aprovechamiento, consecuentemente, había sido capitalizado por los propietarios de ganado. El avance, entonces, de las roturaciones, la posición restrictiva de las elites ganaderas frente a los campesinos de las aldeas de la zona y, llegado el punto, contra el conjunto de los pecheros de ambas   Para la consulta relativa a estos asuntos, conservada en el Archivo Municipal de Cuéllar, vid. Colección documental de Cuéllar…, docs. 199-200, pp. 328-329, docs. 209-210, pp. 339-341, docs. 212-213, pp. 341-354, docs. 215-218, pp. 356-361, doc. 224, pp. 379-382, doc. 269, pp. 446-447, doc. 278, pp. 466-467. 51   Olmos Herguedas, E., La comunidad de villa y tierra..., pp. 208-211. A lo largo del siglo xvi, estas disputas continuarían, tal como atestiguan los apeos realizados en 1500, 1510 y 1513 entre ambas villas (ibid., pp. 211-214) y el posterior de los términos propios y del comunal en Vallimón, la Armedilla y en el llano de Quintanilla, en 1551 (AHPV, Documentación concejil, S.H. 258, 18). 50

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villas y tierras por reservarse el acceso al monte común y los confines de ambos términos dan lugar a un escenario de conflictividad a múltiples niveles en el que la confusión a la hora de establecer alianzas y frentes comunes es palpable. Ante estas circunstancias, si hemos de valorar la posición señorial ante el conflicto, hemos de partir de la base de que los asuntos que se dirimían eran ajenos de manera directa a los intereses del infante Fernando y luego de su hijo para el ejercicio del poder sobre Cuéllar y Peñafiel, sus tierras y sus vecinos. Ni sus derechos ni su autoridad ni tampoco la percepción de ningún tipo de renta señorial se veían amenazados como para condicionar una toma de partido hacia una resolución en cualquier dirección. Además, en caso de que pudiera haber existido cualquier afán por privilegiar las pretensiones de las elites caballerescas de ambas villas, que en buena medida se hallaban clienterizadas por don Fernando y luego por Juan de Aragón,52 no hay constancia documental de acción en ese sentido. Al contrario, las disposiciones del infante Fernando y de su delegado Sancho Fernández más bien se dirigieron a tratar de establecer una suerte de equilibrio entre las pretensiones de todas las partes que, evidentemente, no lograron consolidar, de acuerdo con un planteamiento teórico de superioridad en el otorgamiento de justicia para sus vasallos. De este modo, el dictado de ordenanzas y el envío de un juez comisionado para ver y dar sentencia acerca del proceso, siempre a partir de las peticiones de parte motivadas por las quejas continuadas elevadas por los vecinos y las autoridades de Peñafiel y Cuéllar y sus respectivas tierras fueron las fórmulas efectivas de intervención puestas en juego. Si en este sentido cabría observar ciertas dosis de autoritarismo ante la desestimación de las apelaciones contra la sentencia de Sancho Fernández, lógicas, por otra parte, de acuerdo con el respaldo del señor hacia la decisión de su propio representante, también merece la pena subrayar cómo, tras el refrendo del fallo judicial emitido por Sancho Fernández, este nombró a Pedro Fernández, bachiller, vecino de Peñafiel, y a Gonzalo Sánchez, vecino de Cuéllar, como sus procu  En la nómina del rey de Navarra de 1429, figuraba la presencia en Cuéllar de 13 vasallos con tierra para 21 lanzas y, en Peñafiel, de 18 vasallos con tierra para 22 lanzas, siendo, junto con Medina del Campo y Olmedo, en las villas bajo su señorío donde más vasallos se contabilizaban ligados a través de este vínculo de servicio (ADPA, E-535, n.º 1, ff. 19 v.20 v.). Además, también hay que considerar el origen en ambas villas de algunos personajes prominentes de la casa del infante Fernando como su canciller Fernán Velázquez de Cuéllar, perteneciente a la influyente parentela de caballeros locales de los Velázquez de Cuéllar, o Pedro Velázquez de Peñafiel, arcediano del Alcor, quien llegó a ser su limosnero y promotor de negocios de la Corte cuando don Fernando se convirtió en rey de Aragón. Más información sobre ellos en cuanto a su implicación, entre 1410 y 1416, en los asuntos para el acceso de Fernando al trono de la Corona de Aragón y en las tareas de gobierno durante su monarquía en esos reinos en Muñoz Gómez, V., «Una aproximación a la presencia castellana…»; id., «La candidatura al trono…». 52

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radores y jueces árbitros para entender en todos los asuntos que, en relación al acceso al aprovechamiento de baldíos y comunes entre Peñafiel y Cuéllar, «… yo non libré e viéredes e entendiéredes que cunple a seruiçio de Dios e del dicho señor infante, e a prouecho comunal de amas las dichas villas e de sus tierras […] avenidamiente e en concordia…».53 Así, la introducción del elemento del arbitraje puesto en manos de representantes de las partes afectadas se nos presenta como una solución para tratar de conciliarlas en el acatamiento de la autoridad señorial, dejando en último término en el plano de resolución local y sin otros intermediarios la definición y ejecución última de la sentencia por lo que correspondía a aspectos tan importantes en la práctica como la definición de las penas contra las entradas de ganaderos en labrantíos y roturaciones en las áreas de pasto o el llegar a acuerdos sobre los corrales que se construían para los rebaños en los comunales. La documentación cuellarana, por otro lado, es especialmente abundante en relación a los distintos pleitos por términos que este concejo mantenía con sus vecinos entre las décadas finales del siglo xiv y las primeras del siglo xv. Así, durante los años de señorío efectivo de don Fernando, entre 1394 y 1416, Cuéllar mantuvo pleitos con los concejos vecinos de Fuentidueña y Traspinedo. En ambos, el infante aparece apoyando en los litigios a sus vasallos, tanto en el primero, que se había avenido a resolver mediante arbitraje con Rodrigo González de Castañeda y sus vasallos de Fuentidueña,54 como en el que se veía en la Real Audiencia ante el doctor Juan González de Acevedo contra Diego López de Stúñiga y sus vasallos de Traspinedo.55 La presencia del señor como parte en los procesos emprendidos a interés de sus vasallos por asuntos como estos de posesión y aprovechamientos de términos con concejos vecinos es absolutamente común, resultando coherente tanto con la posición de superioridad jurisdiccional del señor respecto a sus dependientes a la hora de emprender acciones jurídicas como con la lógica de las relaciones de interdependencia asimétrica de patronazgo y servicio que subyacían a todo vínculo entre señor y vasallos. No son estos los únicos ejemplos de implicación en pleitos de estas características, pudiendo resaltarse algunos más que, además, se hallaban condicionados por los nexos de dependencia que conectaban con el infante a los señores contra los que los vecinos de las villas de don Fernando litigaban. En este marco se puede considerar el pleito que entablaron el concejo de Mayorga y el abad del monasterio de Sahagún por la jurisdicción sobre el lugar de Saelices, que el dicho concejo reclamaba como aldea suya. En él, habida cuenta que el monasterio de Sahagún se encontraba encomendado al 53   Colección documental de Cuéllar…, doc. 218, pp. 360-361. Fue dado el nombramiento en torno al 7 de agosto de 1402 en Medina del Campo. 54   Ibid., doc. 224, pp. 379-382. 55   Ibid., docs. 237, 239-240, pp. 398, 400-403.

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infante Fernando desde 1394,56 la resolución de la disputa fue sometida a arbitraje amistoso en manos del abad de Santa María de Sandoval, quien otorgó la razón al monasterio de Sahagún sobre la posesión de Saelices en 1396, para, en 1397, volver a reanudarse el pleito, esta vez bajo el arbitraje de don Diego de Anaya, obispo de Salamanca, quien se ocupara de la educación del rey Enrique II y del propio infante Fernando, sin mayor arreglo, continuándose el pleito aún en 1401 a partir del nombramiento de jueces árbitros entre el concejo de Mayorga, con autorización del infante, y el obispo de Sahagún.57 También, por otro lado, se encuentran en un plano similar los dos pleitos que afectaron a la posesión del término de Fuenteungrillo, entonces ya despoblado, que pretendía el concejo de Villalba de los Alcores a partir de la donación que hicieran al mismo los infantes Fernando y Leonor de los suelos que como señores allí poseían, los cuales ya hemos citado. El primero los enfrentó a los vecinos de Valdenebro, lugar del que era señor Pedro Núñez de Guzmán, camarero del infante, por lo que en abril de 1397 el infante actuaba en términos de mediación con su criado, informándole de su intención de dar resolución a las disputas mediante arbitraje entre hombres buenos, elegidos por el concejo de Villalba y el concejo de Valdenebro, para que fuera desembargado a Pedro Núñez cuanto sus dependientes de Villalba le hubieran podido tomar de los solares de Fuenteungrillo.58 Mientras, entre 1404 y 1407 se extendió el pleito entre Villalba y el monasterio de Matallana, que ya en el Becerro de las Behetrías figuraba como poseedor de la mayoría de los solares de ese término, a cuenta de las entradas que con su ganado hacían los vecinos de Villalba en las heredades de la comunidad religiosa. Habiendo ordenado el infante Fernando nombrar hombres buenos a sus vasallos para llegar conjuntamente con los del monasterio a un acuerdo, el 18 de agosto de 1407, desde Cuéllar, doña Leonor impuso una multa al concejo de 6600 mrs. para su cámara y otros 3000 a entregar al abad de Matallana por el reiterado incumplimiento de los vecinos de Villalba de las cartas suyas y de su esposo para que nombraran jueces árbitros y respetasen la posesión del monasterio en Fuenteungrillo. Resuelto al fin en Montealegre el pleito el 14 de noviembre de 1407 a favor de Matallana, la apelación elevada por el concejo de Villalba contra esta sentencia, en la que la autoridad de sus señores se había puesto en su contra —si bien atendiendo, según parece, la justicia de la causa de los monjes— fue vista por el canciller del infante Fernán Velázquez, quien   AHN, Códices, L. 225B, f. 32 r., cit. Colección diplomática del monasterio de Sahagún. VII…, doc. 2561, p. 141. 57   AHN, Clero, leg. 2659, 2-1, leg. 939-21, 22, leg. 940-2, 3, Códices, L. 225B, f. 32 r. y v., Colección diplomática del monasterio de Sahagún. VII…, docs. 2568, 2571, 2572, 2573, 2588, 2589, pp. 142-143, 147. Se desconoce el resultado final del arbitraje. 58   AHN, Clero, Matallana, leg. 7.542, n.º 3. Carta dada en Tordesillas el 16 de abril de 1397. 56

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la ratificó en su contra en Guadalajara el 4 de mayo de 1408.59 En ambos casos, el vínculo amistoso con los señores afectados por las entradas de sus propios dependientes derivó de nuevo en arbitraje, rehuyéndose el acceso a los tribunales reales, incluso ante la necesidad de apelación. Merece la pena incidir, además, en que fuera el canciller del infante y no un oficial de su casa con atribuciones teóricas por su cargo para despachar asuntos de justicia —preferentemente su alcalde mayor—, quien atendiera la demanda en esta instancia, poniéndonos sobre la pista de un hecho general en la época en relación al despacho de los asuntos de gestión del señorío: la no necesaria correspondencia entre función teórica de los oficiales de la casa y los cometidos que eran encargados a los criados por sus señores, dependiendo estos flexiblemente más de cuestiones como la proximidad a la confianza del señor, la disponibilidad temporal y espacial o la oportunidad según las circunstancias. En este sentido, hemos podido contemplar también a toda una serie de delegados señoriales ocupados de desempeñar los cometidos de justicia. Así, junto a las soluciones de arbitraje, podemos anotar también la acción de jueces comisionados expresamente para la resolución del negocio pendiente, considerándose en cualquier caso la existencia del recurso a la instancia superior, ante el propio señor o los oficiales de su Corte. En cualquier caso, no hemos de olvidar tampoco la competencia que en estos asuntos, en el plano local, también ejercieron los corregidores señoriales como primeros representantes de los infantes Fernando y Leonor en sus villas y supervisores del funcionamiento del gobierno concejil en favor de los intereses de su señor. Ya trataremos cómo uno de los elementos más incisivos en las estrategias desarrolladas por el infante para reforzar su dominio de las esferas locales de decisión en los concejos bajo su señorío, a imagen de las iniciativas desarrolladas por la Corona, generalizar el establecimiento de jueces corregidores o alcaldes mayores. Despachados inicialmente a partir de situaciones disruptivas de la paz y la justicia en las villas, los corregidores tendieron en muchos de los lugares a donde fueron enviados a establecerse de forma más o menos permanente, generando un importante vínculo de comunicación y vigilancia sobre los concejos y los distintos colectivos implicados en la vida política y social de las villas y sus tierras. Un buen ejemplo de su posición tutelar y de arbitrio sobre el concejo villano en relación a cuestiones de aprovechamientos de términos nos lo ofrece la sentencia arbitral dada por el corregidor en Belorado en 1403, Fernán Rodríguez de Valladolid, en la disputa entre el concejo de la villa y su aldea de San Clemente sobre los aprovechamientos forestales del robledal y hayedo de San Clemente por los vecinos de la villa, que se consentía sobre el pago por dichos vecinos de 4 dineros por cada carga de leña.60 Aquí son las facultades de   HN, Clero, C.ª 3417/10; Matallana leg. 7538, n.º 2. Las cartas desobedecidas fueron dadas por el infante en Medina del Campo el 28 de abril de 1404 y el 30 de mayo de 1405. 60   AMBelorado, 1.6 Asuntos judiciales, 00381, dada el 7 de abril de 1403. 59

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gobierno y justicia del corregidor las que son recurridas para resolver un negocio en que existía una colisión apreciable entre pobladores del núcleo villano y habitantes de un lugar dependiente de su jurisdicción. En un sentido similar actuó el 22 de diciembre de 1401 Diego Álvarez, bachiller en Leyes, alcalde de Olmedo por Fernán Gutiérrez de Vega, alcalde y alguacil mayor por el infante Fernando en esta villa, al levantar apeo de las suertes de pinar que en término de Olmedo pertenecían al monasterio jerónimo de la Mejorada, el cual se encontraba bajo la protección del infante. Aunque el documento no refiere los motivos para el deslinde más allá de que quedaran en conocimiento del guarda que se iba a poner sobre los pinares del convento, ha de entenderse que con ello pretendía guardarse el derecho de la congregación frente a posibles entradas en ellos de los vecinos de la villa, lo que explica que fueran las justicias locales, puestas por el corregidor, las que entendieran primeramente en este asunto.61 Por tanto, nos hemos ido encontrando ante toda una serie de litigios relativos a términos concejiles en los que la nota común sería la no implicación directa del infante Fernando en la guarda de derechos o rentas propias y la intervención particular o a través de oficiales subalternos en ellos de acuerdo con su condición de señor en ejercicio de plena jurisdicción. No puede apreciarse que de las diferentes sentencias, bien de carácter judicial, bien mediante arbitraje amistoso, en que tomó parte el señor se obtuviera ningún beneficio tangible en forma de nuevos derechos o contribuciones que vinieran a aumentar los ingresos para su tesorería o a incidir en el vínculo de dependencia de sus vasallos hacia él a través del reconocimiento de su posesión última de las tierras del término concejil. Ni la imposición de herbajes ni la atribución de heredades que, en los casos extremeños o de Paredes de Nava o Saldaña que analizamos en el punto anterior vimos que o se percibían desde tiempos anteriores a su señorío o el de su esposa o fueron adquiridos a partir de las sentencias contra adehesamientos ilegales de términos de aldeas que habían quedado baldíos. Sin embargo, conviene tratar, para concluir, los pleitos que afectaron a la villa de Ledesma durante las primeras décadas del siglo xv y que justamente siguen un tenor similar en las causas que dieron lugar a ellos en Galisteo: el problema de los adehesamientos y la señorialización de términos concejiles. Estos fenómenos protagonizados por parte de caballeros y otros señores de mayor influencia a costa de las tierras concejiles de villas y ciudades en la región extremeña de los siglos xiv y xv han sido analizados de forma profusa por diversos autores en los últimos años, particularmente por Julián Clemente Ramos, quien además se ha ocupado de estas cuestiones, en relación a la organización del espacio rural y de su explotación durante la Baja Edad Media en algunas de las villas que pertenecieron a los infantes Fernando y Leo  AHN, Clero, Valladolid, Pergaminos, carp. 3419.

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nor y en áreas que se encontraron bajo su influencia señorial, como Medellín, Galisteo, Granadilla o la tierra de Plasencia. La formación de dehesas fue una alternativa para la organización del poblamiento y el control de los recursos de los vastos y poco poblados términos concejiles en la «Extremadura leonesa» en época bajomedieval, resultado de la apropiación, a menudo de forma no legalmente respaldada por las autoridades superiores, de tierras en los comunales de villas y ciudades por parte de miembros de las elites aristocráticas locales y regionales. A partir de la formación de una propiedad dominical compuesta por distintos bienes fundiarios surgidos de la puesta en explotación de los términos ocupados, heredades de cultivo, prados, montes, u otros, y a posteriori legitimados como patrimonio solariego, y del asentamiento en ellos de pobladores ocupados en esa puesta en producción, no pocos señores procedieron a aglutinar esas dehesas en torno a una casa fuerte o unos palacios donde se centralizaba el control de ese espacio y su aprovechamiento económico. Justamente, el dominio sobre el terrazgo y sus recursos naturales y sobre estos pobladores —aunque fueran habitualmente muy reducidos—, pero también el establecimiento de un centro de poder señorial alrededor de esas estructuras fortificadas y productivas, contribuyeron a que los adehesamientos fueran a menudo aprobados por la Corona o por los señores de las villas y ciudades, aun a despecho de los intentos de los concejos por proteger la integridad de sus términos. Más todavía, a partir de esta conjugación de factores, esos señores solariegos modestos o medianos tenderán a incrementar sus atribuciones hasta el punto de aspirar a adquirir plenos derechos de jurisdicción, sobre todo en los casos en que la prosperidad de ciertas dehesas originaba el surgimiento de aldeas u otros lugares poblados de una cierta consistencia.62 En general, la ocupación y señorialización de aldeas y términos concejiles por parte de las elites caballerescas que dominaban estas villas y ciudades durante los siglos finales de la Edad Media no es un hecho privativo de la zona extremeña sino un fenómeno muy generalizado en la Corona de Castilla al sur del Duero, en los territorios que fueron organizados para su coloni  Clemente Ramos, Julián, «Desarrollo agrario y explotación forestal en la tierra de Galisteo a finales de la Edad Media», en J. Clemente Ramos, J. L. de la Montaña Conchiña (ed.), II Jornadas de Historia Medieval de Extremadura. Ponencias y comunicaciones, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 2005, pp. 57-74; id., «La organización del terrazgo agropecuario en Extremadura (siglos xv-xvi)», En la España medieval, 28 (2005), pp. 49-80; id., «Ciudad y territorio…», pp. 89-104 en particular; id., La Tierra de Medellín…, pp. 49-83; id., «La explotación económica del Campo Arañuelo y la economía rural de la tierra de Plasencia a mediados del siglo xv», Anuario de Estudios Medievales, 39/1 (2009), pp. 245-274; id., «La tierra de Galisteo…»; id., «Ocupación del espacio y formas de explotación. Dehesas y adehesamiento en Extremadura (c. 1250-c. 1450)», en F. García Fitz, J. F. Jiménez Alcázar (eds.), La Historia Peninsular en los espacios de frontera: las «Extremaduras históricas» y la «Transierra» (Siglos xi-xv), Cáceres-Murcia, Sociedad Española de Estudios MedievalesEditum, 2012, pp. 253-277. 62

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zación, defensa e integración dentro de la sociedad feudal de los reinos de León y Castilla tras su conquista a los musulmanes desde el siglo xi, mediante la fórmula de «comunidad de villa y tierra». Dentro de espacios jurisdiccionalmente muy uniformes bajo la autoridad concejil y con una densidad de ocupación demográfica y económica relativamente baja para su extensión, en comparación a las tierras al norte del Duero, el camino desde la adquisición de propiedades dominicales solariegas hasta la obtención de derechos señoriales jurisdiccionales y la segregación de estos dominios de los términos concejiles a los que habían pertenecido originalmente fue usualmente recorrido por las parentelas de caballeros concejiles como parte de la dinámica de elevación social e integración dentro del grupo social aristocrático de la que participaron esas elites concejiles desde las «Extremaduras» históricas hasta la frontera de Granada en los tiempos finales de la Edad Media castellana. Del mismo modo, las reacciones de las comunidades concejiles frente a estos asaltos a su integridad territorial, su autoridad y la potencialidad económica de los recursos materiales y humanos de sus términos devinieron en habituales conflictos que, en cualquier caso, no evitaron la consolidación de muchas usurpaciones ni del avance de una señorialización a pequeña escala territorial a menudo respaldada, si no animada, por las instancias superiores de autoridad, ya fuera la monarquía o los señores jurisdiccionales que, sobre todo desde el siglo xiv, fueron obteniendo el señorío sobre un gran número de «comunidades de villa y tierra» al sur del Duero.63 63   La bibliografía al respecto es extraordinariamente abundante. En términos generales y, por lo que se refiere al área más concernida por nuestro objeto de estudio, vid. Diago Hernando, Máximo, «Aprovechamiento de baldíos y comunales en la Extremadura soriana a fines de la Edad Media», Anuario de estudios medievales, 20 (1990), pp. 413-435; Monsalvo antón, J. M.ª, «Las dos escalas de la señorialización…»; Carmona Ruiz, María Antonia, Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su «tierra» durante el siglo xv, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1995; Asenjo González, María, «Los espacios ganaderos: desarrollo e impacto de la ganadería trashumante en la Extremadura castellano-oriental a fines de la Edad Media», en J. Gómez Pantoja (ed.), Los rebaños de Gerión. Pastores y trashumancia en Iberia antigua y medieval, Madrid, Casa de Velázquez, 2001, pp. 71-108; Jara Fuente, José Antonio, «Que memoria de onbre non es en contrario: usurpación de tierras y manipulación del pasado en la Castilla urbana del siglo xv», Studia Historica. Historia Medieval, 20-21 (2002-2003), pp. 73-103; Monsalvo Antón, José María, «Percepciones de los pecheros medievales sobre usurpaciones de términos rurales y aprovechamientos comunitarios en los concejos salmantinos y abulenses», Edad Media. Revista de Historia, 7 (2005-2006), pp. 37-74; id., «Comunales de aldea, comunales de ciudad-y-tierra: algunos aspectos de los aprovechamientos comunitarios en los concejos medievales de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Ávila», en A. Rodríguez (ed.), El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor, Madrid, Universitat de València-CSIC, 2007, pp. 149-177; id., «Espacios y territorios de la nobleza medieval en tierras zamoranas: de la desagregación a la zonificación, de la “vieja” a la “nueva” nobleza», en Segundo congreso de historia de Zamora, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián Ocampo, 2007, vol. 2, pp. 133-171; Diago Hernando, Máximo, «Los aprovechamientos de las tierras de titularidad pública en las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura castellano-leonesa entre los ss. xiii y xvii», en V. Muñoz Gómez (ed.), Las

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Partiendo de esta base, pues, en el caso de Ledesma, en 1403, los infantes Fernando y Leonor concluyeron un enjundioso proceso, en el que se personó junto a ellos el concejo de Ledesma, contra hasta 37 personas, hombres y mujeres, fijosdalgos y caballeros concejiles de esta villa. Esas personas, entre las que se encontraban algunos vasallos de los infantes, como Gonzalo Rodríguez de Ledesma, montero de los infantes, o Fernán Martínez Nieto, fueron acusadas ante la justicia del rey por la usurpación de los términos de una gran parte de las aldeas de la tierra de Ledesma, de por sí muy numerosas, en torno a 170.64 El pleito fue visto en Ledesma por el juez comisionado por la Corona, Francisco Rodríguez, bachiller en Leyes, vecino de Valladolid, siendo fallado a favor de los infantes y el concejo, lo cual nos da a entender la envergadura de la causa y el grado de enfrentamiento con los demandados hasta el punto en que pudiera escapar a la autoridad señorial y se optase por recurrir a una sanción de mayor firmeza. Las usurpaciones se habían ido constituyendo a partir de las distintas maniobras de estas personas, posiblemente desarrolladas a lo largo de las décadas anteriores a la demanda y la sentencia, para convertir en cotos redondos particulares los distintos núcleos poblados y sus términos aldeanos, restringiendo a los vecinos que en ellos hubiera la propiedad y el uso de las heredades existentes en ellos, coaccionando a sus habitantes para que las abandonaran en beneficio suyo y de los renteros y yugueros que ellos instalaban en estos términos en proceso de adehesamiento. El fin último no era otro que convertir tales lugares en señoríos propios, pues en la sentencia se les negaba de manera insistente todo derecho a atribuirse jurisdicción sobre las aldeas y se les condenaba a deso­ cupar los baldíos de esas aldeas que hubieran ocupado. Si bien es cierto que se les respetaba el derecho sobre los solares, casas y bienes raíces que fueran propios suyos en las aldeas de la tierra, ello no les confería ninguna otra atribución sobre sus baldíos, prohibiéndoseles a los usurpadores de forma expresa, además, que se titulasen como señores de los dichos lugares bajo pena de 10 doblas castellanas.65

Comunidades de Villa y Tierra. Dinámicas históricas y problemáticas actuales, Murcia, Editum, 2012, pp. 85-113; Jara Fuente, José Antonio, «Ciudad, poder y territorio: la pugna por el control de los alfoces urbanos y la definición del señorío concejil en la Baja Edad Media», en V. Muñoz Gómez (ed.), Las Comunidades de Villa y Tierra..., pp. 55-84; Sánchez Benito, José María, «Sobre la organización de los territorios concejiles al sur del Sistema Central: ciudades y aldeas en los siglos xiv y xv», en F. García Fitz, J. F. Jiménez Alcázar (eds.), La Historia Peninsular en los espacios de frontera: las «Extremaduras históricas» y la «Transierra» (siglos xi-xv), Cáceres-Murcia, Sociedad Española de Estudios Medievales-Editum, 2012, pp. 103-151. 64   Para un listado completo de las aldeas de Ledesma a partir de este documento y en general sobre esta problemática, vid. Martín Martín, J. L., Martín Puente, S. (coords.), Historia de Ledesma, pp. 111-112, 122-122-125. 65   ACDAlburq, Ledesma, C.ª 240, leg. 1, n.º 5.

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La situación en la tierra de Ledesma en relación a los adehesamientos era bien compleja a consecuencia de lo avanzado que parecía encontrarse el entramiento y usurpación de términos concejiles de las aldeas por estos caballeros. Si bien la sentencia reconocía la condición de cinco de esas aldeas como dehesas antiguas en las que se respetaba la posesión de sus señores sobre ellas (Puertas, Espadaña, Valdesuero, Espino y Canizafame), a razón de justos títulos que justificaban su legítima posesión en tales condiciones, en el resto de los lugares se daban dos situaciones que eran, en cambio irregulares, sin que el documento especifique cuál de las dos se daba en cada una de ellas. Por una parte, había aldeas pobladas por posteros e herederos; por la otra, existían otras reconocidas como de fuero de solariegos por el fuero de Ledesma. De este modo, las primeras y sus vecinos dependían solo de la jurisdicción de la villa y del señor de ella. En las solariegas se reconocía, en cambio, el derecho de sus señores sobre los suelos poblados en la forma del pago de una tasa de 20 mrs. y un par de gallinas anualmente, amén del cumplimiento de la luctuosa por los herederos del derecho a la explotación de dichos solares a la muerte del antecesor que había disfrutado previamente ese derecho y aprovechamiento. Justamente, esos derechos fueron los protegidos por la sentencia a los señores solariegos de aldeas y no otros, pues los vecinos de ellas podían aprovechar plenamente los términos baldíos en dichas aldeas, cuya jurisdicción correspondía en último término a la villa y al señor de Ledesma. Las actuaciones de los caballeros usurpadores, entonces se habían dirigido sobre las aldeas donde tenían derechos solariegos, favoreciendo incluso su despoblación para hacer de ellas cotos redondos, y se había extendido sobre las aldeas de posteros e herederos; tratando de imponer en ellas su señorío y jurisdicción separada respecto de la de la villa. La sentencia además disponía que los términos concejiles y baldíos de aquellas aldeas que hubieran quedado yermas y despobladas y donde sus concejos aldeanos se hubieran disuelto, que como tales se atribuyeran al señor de la villa de Ledesma, administrándolos mientras no se repoblasen y restaurasen los concejos de las aldeas como bienes dominicales señoriales, si bien esta asignación solo tiene como justificación los derechos y jurisdicción superior que correspondía a los infantes Fernando y Leonor como tales señores de Ledesma. Esa asignación de propiedades raíces será la base de la imposición de un derecho de herbaje, el cual se daba en arrendamiento, a pagar por los vecinos de la villa y su tierra para el acceso a esos términos despoblados. Aunque se documenta en 1442, cuando el infante don Enrique dio una nueva ordenanza para regular su cobro,66 en esa misma normativa se notifican las quejas y los agravios sufridos a costa de los arrendadores del herbaje, lo que nos muestra que desde tiempo atrás venía disfrutándose, aca  ACDAlburq, Ledesma, C.ª 242, leg. 3, n.º 5, dada en Valladolid el 16 de julio de 1442.

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so desde que en 1403 quedó sancionado el derecho sobre los términos de aldeas yermas para sus padres, Fernando y Leonor. Desconocemos en qué medida podía ser cuantioso el beneficio generado por estos herbajes a los infantes en las primeras décadas del siglo xv. Los primeros registros contables sobre su cuantía datan de 1499-1502, cuando el señorío de Ledesma correspondía al ya II duque de Alburquerque, Francisco Fernández de la Cueva, recogiendo para el bienio 1499-1500 y para el siguiente de 1501-1502 una disparidad entre los datos notable. Así, esta documentación remite a 52 aldeas despobladas en el primer bienio y solo a 37 en los siguientes dos años. También puede contabilizarse una reducción en el segundo período respecto al primero de los ingresos de más de un tercio del dinero, fanegas de pan, animales, queso, vino, heno y otros productos recaudados. Con todo, ascendieron entre 1501 y 1502 a algo más de 100 000 mrs., 370 fanegas de pan mediado y el tercio de los menudos.67 Por tanto, habría que valorar que, aun con un reajuste a la baja adecuado a las condiciones de las primeras décadas del siglo xv, tenía que ser una renta al menos moderadamente valiosa y que, por esa misma razón, el celo de los infantes por atajar el progreso de los adehesamientos por caballeros locales y de la zona circundante se manifestó en una sentencia tan contundente y beneficiosa, tanto para su autoridad como para su hacienda. Sin embargo, como ocurrió en otras zonas de las «Extremaduras castellano-leonesas», no parece que tampoco en la tierra de Ledesma la sentencia significase la detención de los procesos de usurpación y señorialización de aldeas. Así, personajes como los implicados en el pleito visto también desarrollaron estos mismos avances en aldeas de la tierra que pertenecían a señoríos abadengos.68 Más todavía, cuando en 1420 Gonzalo Rodríguez de Ledesma, montero mayor que había sido de don Fernando, dictó su testamento, entre los bienes legados a sus hijos se recogían varias aldeas de la villa con sus términos, que se distinguían de los casos en que se hacía donación de heredades, como Llabuena (a su hijo Alfonso), Villarmiento, Grandes, Gandino, Herbajuelo (a Gonzalo) o el lugar de Manceras (a su hija Catalina): ninguna de ellas era reconocida como dehesa antigua en la sentencia de 1403.69 67   ACDAlburq, Ledesma, C.ª 242, leg. 3, n.º 19, publ. Franco Silva, Alfonso, «Renta y jurisdicción en la base del poder de la nobleza bajomedieval. El señorío de Ledesma», en F. Sabaté i Curull, J. Farré (ed.), El poder a l’Edat Mitjana. Reunió científica, VIII Curs d’Estiu Comtat d’Urgell (Balaguer, 9, 10 i 11 de juliol de 2003), Lleida, 2004, pp. 103-171, en concreto pp. 117-112. 68   En 1423, el infante don Juan de Aragón, durante el secuestro del patrimonio de su hermano Enrique mientras se hallaba prisionero, respondió afirmativamente a las protestas contra las usurpaciones que, en lugares de abadengo bajo la jurisdicción de Ledesma, ejercían señores que pretendían tomar la jurisdicción de las aldeas (ACDAlburq, Alburquerque, C.ª 3, n.º 3, dada en Valladolid el 14 de abril de 1423). 69   Sobre este testamento, dado en Ledesma, 30 de mayo de 1420, ACDAlburq, Ledesa, C.ª 242, leg. 3, n.º 3.

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De este modo, si tenemos en cuenta el gran número de aldeas que a finales del siglo xv e inicios del siglo xvi eran declaradas como yermas y, por tanto, susceptibles de ser ligados sus términos al arrendamiento del derecho de herbaje por parte del duque de Alburquerque, podemos contemplar que el fallo judicial que hemos tratado a principios del siglo xv no detuvo la presión de los sectores más dinámicos de las elites caballerescas de la región sobre los vastos términos de esta villa, que continuó a lo largo de todo el siglo. El caso de Ledesma nos permite colocarnos con mejor perspectiva ante los procesos de señorialización a pequeña escala protagonizados por las elites caballerescas locales y comarcales y el posicionamiento de los grandes señores de las villas ante la presión que se ejercía sobre los términos concejiles, en general, en los territorios de las «Extremaduras históricas» y hasta Andalucía desde las décadas centrales del siglo xiv y los primeros años del siglo xv. Abundando en esta línea de análisis más amplia, estamos en condiciones de comparar estos datos con los relativos para la zona extremeña bajo la influencia del señorío de los infantes Fernando y Leonor. Estos, recordemos, nos ilustran la señorialización de aldeas y dehesas desde al menos la época de Alfonso XI en adelante. A ello se corresponden los ejemplos revisados de la formación del patrimonio señorial reunido por los Monroy en la tierra de Plasencia, del acaparado por el mariscal García González de Herrera en esa misma tierra, en la de Badajoz o en la de Medellín —por no hablar del situado en la comarca de Ciudad Rodrigo— gracias a las mercedes de sus señores el conde don Sancho, de su hija Leonor y de su esposo Fernando y a sus enlaces matrimoniales con los Monroy y de los distintos adehesamientos realizados por caballeros concejiles, legitimados en la tierra de Medellín hasta donde sabemos, reconocidos unos y denunciados otros en la tierra de Galisteo. La situación en la tierra de Ledesma evidencia un proceso similar a los observados en los territorios más al sur de la «Extremadura leonesa», en la medida en que los adehesamientos denunciados en 1403 por la villa y por sus señores los infantes debían venirse produciendo desde, al menos, las últimas décadas del siglo xiv, hallándose algunos consolidados. Esta tendencia a la sustracción de términos baldíos para su transformación en cotos redondos y su señorialización a despecho de la jurisdicción de la villa y sus titulares señoriales continuó en las décadas siguientes, durante los inicios del siglo xv y, en ciertos casos, fue aceptada y, como poco, asumida, por don Fernando y doña Leonor y su hijo Enrique cuando fue protagonizada por sus criados, como en el ejemplo mostrado de Gonzalo Rodríguez de Ledesma. La extensión, promoción y el respaldo por parte de los infantes a su afinidad señorial a partir de las elites locales o de otros señores de rangos intermedios, pues, fue un motivo clave a la hora de que aquellos ratificaran la existencia de señoríos con jurisdicción generados a partir de las segregaciones de porciones de los términos señoriales de sus villas en las regiones en las que la organización social del espacio giraba en torno a las «comunidades de villa y

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tierra», del mismo modo que el conde Sancho de Alburquerque hiciera en los años anteriores a 1374. Las donaciones de aldeas que en el capítulo previo se produjeron entre 1412 y 1429 atienden a una lógica similar. El establecimiento de un entramado de «clientes» fidelizados en los espacios bajo su dependencia señorial se presenta como la única ventaja mayor frente al perjuicio para su autoridad sobre la tierra y al mantenimiento de sus ingresos señoriales que provocaban la detracción de términos y vasallos. Las medidas contrarias a las usurpaciones por parte de los infantes, a partir del acceso a la justicia real o de la emisión de sentencias propias contra ellas, en cambio, se focalizaban contra caballeros y otras personas con las que los señores no mantenían vínculos clientelares de patronazgo o servicio, por una parte. Además, tales actuaciones solían tener una correspondencia clara en la adjudicación de la posesión y administración de los baldíos ocupados para los infantes como señores de toda la villa y la tierra y el establecimiento de nuevos derechos. A partir de este proceder, los señores reafirmaban su dominio último derivado de la jurisdicción sobre todas las posesiones del señorío en un plano simbólico pero, junto con ello, también podía derivarse de ello la incorporación de más fuentes de ingresos para los señores de cierta consideración, a partir del arrendamiento de ciertos herbajes o de los derechos sobre dehesas, sobre todo cuando estos se combinaban con tributos sobre el paso de ganados trashumantes. Estas, pues, se nos presentan como las situaciones que dieron lugar a una implicación a partir de la iniciativa señorial en los contextos conflictivos que afectaban al acceso a las tierras comunales de las villas bajo el señorío de los infantes Fernando y Leonor y de sus hijos. En cualquier caso, la evolución de la problemática de adehesamientos y fijación de cotos en Galisteo nos ofrece una oportunidad muy expresiva para establecer una diferenciación respecto al posicionamiento de estos grandes señores hasta 1430 y las estrategias seguidas por otras casas aristocráticas, sobre todo a partir de estas fechas, en relación al control jurisdiccional de sus términos, la generación de patrimonios dominicales en ellos y el desarrollo de nuevos derechos sobre la tierra. No en vano, el 20 de marzo de 1429, cuando las diferencias que condujeron a la ruptura de la guerra entre la facción realista liderada por Álvaro de Luna y la de los «infantes de Aragón» eran cada vez más palpables, desde Alburquerque, el infante Enrique dio sentencia ante las protestas presentadas por el concejo de Galisteo contra el mayordomo del infante, García Fernández Manrique, y su hijo el comendador mayor de Castilla de la orden de Santiago, Gabriel Manrique, que habían pretendido hacer coto redondo en el monte común de dicha villa para sí mismos. Ambos, contra las ordenanzas dadas por el rey Fernando antes y por el mismo don Enrique en 1424, habían prohibido entrar a los vecinos a cortar y llevar leña y aprovechar de otros modos en el «… monte e rincones… [cerca de la villa] desde el Cincho de la Batalla a Amagón, e de Riba Hera llebantío con Nauas Moiadas por amor del logar de Casillas…», alegando que habían comprado tales heredades a ciertos

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hombres de Plasencia, por lo que tomaban a los vecinos de Galisteo y sus aldeas prendas en sus mieses y ganados por las entradas que hacían en el pretendido coto. El maestre don Enrique dio la razón a los de Galisteo, atendiendo a una pesquisa realizada con anterioridad por la reina Leonor, donde se ratificaba que esos rincones, montes y vegas debían defenderse como pasto y labrantíos comunes, y a la presentación por los demandantes de una carta dada por el comendador mayor el 13 de febrero de 1428 ordenando a los alcaldes de Galisteo que evitasen cualquier entrada de ganado en esos términos, estableciendo las penas correspondientes. De esa manera, prohibía que ni sus criados García Fernández y Gabriel Manrique ni otras personas osaran realizar ese ni ningún otro coto en la tierra.70 Precisamente, el infante Enrique de Aragón había dotado previamente a ambos personajes de una extraordinaria capacidad de participación en sus atribuciones señoriales al encomendarles la citada villa de Galisteo. Solo el surgimiento de una situación conflictiva a partir de los intentos de los Manrique por aprovechar tales circunstancias para penetrar en la tierra y establecer un vínculo de dominio mucho más directo sobre ella facultaron la intervención reactiva del maestre de Santiago contra los miembros de su casa, toda vez que este escenario podía devenir en una merma de su propia posición de poder sobre sus vasallos y sus dominios. Sin embargo, a finales del siglo xv, los Trejo, a los que se había desposeído de términos adquiridos ilegalmente en la tierra de Galisteo, concretamente en Holguera, para adjudicarlos a Leonor de Alburquerque como señora de la villa, eran unos de los propietarios rurales no vecinos más importantes de ese término de Holguera.71 Ello evidencia, de nuevo, la progresión no atajada de entradas, ocupaciones y compras no acordes a derecho, también en esta zona. Mientras, desde 1429 el señorío de Galisteo pasó a García Fernández Manrique como resultado de su apoyo al bando real, abandonando la causa de su señor, y en 1436 su hijo Gabriel se convirtió en heredero del mismo, además de otras villas y lugares como Osorno, sobre la cuales recibió entre 1445 y 1451 los títulos de conde de Osorno y duque de Galisteo.72 A partir de estas fechas, los Manrique llevaron a cabo distintas acotaciones de términos para convertirlos en bienes raíces propios de los señores y desarrollar derechos sobre los aprovechamientos de montes y términos de la villa correspondientes a los vecinos, todo lo cual fue motivo de pleitos que se elevaron ante la Audiencia de Valladolid a partir de 1498.73   AHNob, Fernán Núñez, C.ª 546, n.º 7.   Clemente Ramos, Julián, «Paisaje agrario y sociedad rural en Holguera», Hispania. Revista española de Historia, 231 (2009), pp. 39-65, en concreto, pp. 49-50; id., «La tierra de Galisteo…», pp. 262-264. 72   Montero Tejada, R. M.ª, «Los señoríos…», pp. 226-235. 73   Clemente Ramos, J., «Desarrollo agrario…», pp. 58 y ss.; id., «La tierra de Galisteo…», pp. 35-41. 70 71

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Así, mientras que a partir de las décadas centrales del siglo xv los adehesamientos por parte de caballeros locales no cesaron, fueron sobre todo los señores jurisdiccionales de las villas pertenecientes a parentelas de rango intermedio dentro de la aristocracia o a las grandes casas que encabezaban este grupo social los que protagonizaron los mayores esfuerzos por crear o ampliar sus solares, heredamientos y cotos en sus lugares de señorío y, a la par, implementar nuevas tributaciones para las haciendas señoriales a partir de los derechos sobre los términos concejiles de manera generalizada. Para Fernando y Leonor y para sus hijos hasta 1430, el interés por acceder a este tipo de bienes o por incorporar tributos de esta clase como los herbajes había sido bastante más secundario, en buena medida condicionado por situaciones de reacción ante las oportunidades planteadas por las dinámicas que en torno a la tierra se estaban desarrollando en sus dominios, protagonizadas por otros agentes sociales. ¿Por qué esta implicación mucho más lateral en la ampliación de patrimonio fundiario o de los derechos ejercidos sobre los términos concejiles de sus villas por parte de Fernando, Leonor y los suyos? La respuesta tal vez haya que buscarla en la medida en que estos recursos y tributos afectaban a la posición global ostentada por los infantes y reyes de Aragón y sus herederos en el sistema de relaciones de poder que atañía al conjunto de la sociedad castellana de su época. La realidad es que aportaban relativamente poco al dominio sobre las comunidades humanas y territorios sometidos a su señorío y al total de los ingresos manejados por sus tesoreros, contadores y recaudadores. Los derechos reales sobre las behetrías donados al infante Fernando como señor de Lara llegaron a montar una cantidad próxima a 350 000 mrs. y su posesión tenía un sentido completamente estratégico de cara a extender su influencia señorial por toda la Castilla al norte del Duero. En cambio, el ejercicio de la jurisdicción sobre los términos concejiles se encuadraba como parte de la totalidad de facultades ligadas a la detentación de autoridad y mando sobre las villas y lugares que señoreaba junto a su esposa y sería la enunciación y práctica de esa autoridad en todas las facetas que podían afectar a sus relaciones con sus vasallos y los miembros de sus casas las que les permitieran conservar y reactualizar un dominio que ya poseían. El control de tierras y términos generaba menos beneficios a la expansión de su poder, el cual se desarrollaba en el plano más amplio posible que comprendía todo el territorio del reino, la Corte y los aparatos de gobierno de la Corona, que la adquisición del señorío y la jurisdicción sobre más villas y lugares o la extensión de su entorno de relaciones clientelares. De este modo, por lo que afectó a la posesión y aprovechamiento de recursos dentro de los términos concejiles, fue preferida una gestión relativamente poco intrusiva, atenta hacia los intereses de los agentes sociales locales pero afirmativa respecto a la superioridad jurisdiccional de su señorío. Una actitud que, por otra parte, como se puede ver, afectó en muy poco o se aco-

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modó a las dinámicas estructurales que afectaban a esas relaciones en torno a la tierra. * * * Nos hemos referido insistentemente también al limitado peso que para la hacienda de los infantes Fernando y Leonor y de sus hijos tenían bienes raíces y derechos sobre los términos concejiles. El manejo de unos recursos económicos extraordinariamente ricos y muy diversificados que se contabilizaban en millones de mrs., procedentes fundamentalmente de otros capítulos derivados del ejercicio de la jurisdicción sobre sus lugares de señorío y de la renta derivada a ellos desde la Hacienda real, ayuda a entender mejor la posición subalterna que aquellos otorgaron a la explotación de propiedades fundiarias y semovientes o a la detracción de derechos sobre la tierra colocada bajo su señorío. Es conveniente, entonces, que nos introduzcamos en el análisis de la hacienda señorial de los infantes. Primero, porque nos permite cerrar el recorrido acerca de la composición de su patrimonio señorial. Segundo, y más importante, porque no es posible comprender las relaciones de poder en la sociedad feudal de la Baja Edad Media en la Corona de Castilla sin analizar los procesos que se generaban en torno a la exacción señorial, a su requerimiento y recaudación entre las comunidades dominadas y a la redistribución del producto, monetario y en especie, que de él se obtenía dentro de la casa señorial. Aspectos que, en fin, atañen directamente a esa conformación del señorío basado en el ejercicio de la jurisdicción y que también pasaron, entre finales del siglo xiv y los inicios del siglo xv, por una fase de desarrollo y redefinición remarcables por comparación a la época precedente, hasta la primera mitad del siglo xiv, y a la evolución posterior de las haciendas, ingresos y gastos señoriales a partir de los años centrales del siglo xv.

4 En torno a la hacienda de la casa de los infantes Fernando y Leonor: exacción, ingreso y gasto

Si hemos de citar un tema casi ineludible en las monografías dedicadas al estudio sobre el poder señorial de la aristocracia en la Castilla bajomedieval, acaso ese sea el que se refiere a la organización de las haciendas señoriales. No es para menos. La cuantificación de los ingresos de los señores, la tipología de los diferentes capítulos que conformaban esas entradas de recursos y el estudio de los procedimientos que permitían su recaudación son fundamentales a la hora de explicar la renovación y reafirmación del poder señorial de la aristocracia entre los siglos xiv y xvi. La acumulación y redistribución de recursos económicos detraídos de las comunidades y tierras bajo su señorío y de la fiscalidad de la monarquía permite comprender muchas de las dinámicas relacionales propias de la sociedad feudal tardomedieval. No solo se trata de una cuestión de evaluación de la riqueza manejada por los titulares señoriales, en la medida en que su prestancia social no dependía exclusivamente de una mayor o menor posesión de bienes materiales. Conocer volúmenes de dinero y otros haberes manejados por esa aristocracia señorial pero, sobre todo, analizar los procedimientos en torno al acceso a los mismos y su gestión posibilita una observación contextualizada y crítica de las relaciones de poder establecidas por ellos con los vasallos de villas y lugares sujetos a la dominación, con la Corona y con los criados y «clientes» integrados en sus afinidades. El ejercicio del señorío basado prioritariamente en la detentación de la jurisdicción encontraba en el desarrollo de los procesos exactivos una de sus piedras de toque, en la medida que la enunciación de derechos señoriales de los que se derivaba la extracción de rentas y su reconocimiento por los sujetos dominados a partir del cumplimiento con

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la entrega de los tributos que implicaban era uno de los pilares sobre los que se sostenía el ejercicio del poder de la aristocracia. Por esta misma razón, la colisión de intereses en torno a la percepción de rentas por los señores y su gestión dentro de la casa señorial fueron el origen de múltiples fricciones y resistencias que afectaban al equilibrio en que se basaba ese mismo poder. Nuestra intención en las siguientes páginas, entonces, es aproximarnos a estas cuestiones en relación al señorío de Fernando «el de Antequera», Leonor de Alburquerque y los suyos a partir de tres puntos fundamentales. En primer lugar, una estimación general de los ingresos señoriales y su procedencia y distribución entre distintas partidas de renta. En este sentido, el carácter fragmentario de la información que la documentación nos ha permitido reunir solo posibilitará un acercamiento parcial al valor cuantitativo de estas rentas, si bien disponemos de los datos suficientes para extrapolar la relevancia relativa de las distintas rentas obtenidas a partir del ejercicio del señorío en villas y lugares y de los ingresos procedentes de la Hacienda real en forma de mercedes, mantenimientos y otras anualidades percibidas en atención a motivos diversos. Ello, a su vez, nos facilitará proponer una cualificación de los tributos señoriales disfrutados por los señores castellanos entre la segunda mitad del siglo xiv y el siglo xv que, como ya podemos adelantar, atiende menos a una tipología de justificación jurídica de los mismos que a su relevancia cuantitativa y a su consideración más o menos legítima del derecho de los señores a percibir tales rentas desde la perspectiva de estos y de los vasallos dominados. En segundo lugar, nos ocuparemos de los procedimientos exactivos mediante los cuales se producía el requerimiento de rentas señoriales a villas y lugares, la gestión de su recaudación y su última percepción. Aquí será necesario tratar sobre los agentes encargados de administrar tales procesos de punción señorial sobre los recursos de sus vasallos y sobre las modalidades que se planteaban para administrar el reparto y recolección de los frutos de la tributación, en moneda o en especie. Igualmente, será preciso atender a la actitud de los concejos señoreados de cara a la aceptación o a la resistencia hacia el pago de dichas rentas. De ella se derivaron situaciones de tensión entre los agentes del «sistema de poder señorial» y los representantes concejiles de los distintos segmentos sociales de las comunidades de habitantes de villas y aldeas que, si bien no dieron lugar a estallidos conflictivos de consideración en el señorío de los infantes, sí condujeron a escenarios de negociación y conciliación entre señores y vasallos interesantes en torno a las cuantías a satisfacer y los plazos para concretar la entrega de tributos a los oficiales señoriales. Veremos igualmente cómo la participación de los miembros de la «clientela» señorial en los procesos exactivos o en capítulos concretos de la renta señorial que fueron objeto de redistribución era fundamental para garantizar el buen funcionamiento de esas relaciones en torno a la

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imposición y percepción de derechos señoriales y la propia cohesión entre los elementos de la casa de los infantes Fernando y Leonor alrededor a la fidelidad y el servicio a sus señores Ese último aspecto nos conduce al punto a tratar en tercer y último lugar: el gasto gestionado por la hacienda señorial. Aunque contamos para ello con un volumen de datos que imposibilita totalmente cualquier reconstrucción cuantitativa, solo valorando el gasto desarrollado por Fernando, Leonor y sus hijos en relación con los ingresos que manejaron, aun de una forma panorámica y en cierto modo impresionista, podemos terminar de establecer cómo los recursos que pasaron por su tesorería señorial contribuían al ejercicio y extensión de su poder. Por ello, nos preguntaremos sobre las necesidades señoriales que prioritariamente concentraron sus gastos, por una parte, y, por la otra, si el coste de las mismas podía ser asumido con suficiencia a partir de los recursos de su hacienda. La búsqueda de un equilibrio entre los ingresos de que podían disponer Fernando y Leonor, y la envergadura de sus estrategias expansivas en Castilla y Aragón, al fin, nos situará en un contexto en que prevalecerán los esfuerzos para incrementar las entradas de renta de que disponían, el recurso recurrente al préstamo y el endeudamiento ante las muy habituales circunstancias de falta de liquidez que tuvieron que afrontar los infantes de Castilla y reyes de Aragón y Sicilia. 1. Las fuentes contables y los fondos nobiliarios. Conservación de la documentación y sociogénesis de la aristocracia bajomedieval Puede llamar la atención que hayamos dispuesto ocuparnos primeramente de la evaluación general de los ingresos de la hacienda señorial de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y sus hijos. Cualquier buen conocedor de los estudios sobre la renta señorial en la Castilla bajomedieval es consciente de las complicaciones que plantea realizar valoraciones cuantitativas sobre tales números totales. La razón de ello no es otra que el carácter fragmentario, heterogéneo y disperso de la mayoría de las fuentes que nos informan sobre estas cuestiones, de un modo similar a lo que ocurre con otros aspectos ligados al ejercicio efectivo del poder señorial sobre las comunidades dominadas o a la gestión interna de las casas y afinidades de la aristocracia de la época. Si bien ya dedicamos un espacio en la introducción a ponderar las potencialidades y dificultades que las fuentes precisas para abordar nuestro objeto de estudio ponían encima de la mesa, no está de más que prestemos mayor atención a estas problemáticas que afectan muy particularmente a los perfiles económicos del poder señorial en la Castilla bajomedieval. De este modo, hemos de resaltar el carácter puntual y muy extraordinario de la conservación de fuentes de contenido hacendístico, centradas en la ges-

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tión de los ingresos y de los gastos de las tesorerías señoriales, en los distintos archivos que albergan documentación de interés para la temática que nos ocupa. Esto es particularmente remarcable en la Corona de Castilla para cronologías anteriores a las décadas de 1450-1480 y especialmente significativo si nos referimos a la preservación de registros contables, tipos seriados más aptos para un análisis cualificado de estas problemáticas. En efecto, desde, al menos, el último tercio del siglo xiv, la existencia de estructuras contables y de gestión de ingreso y gasto de cierto desarrollo sofisticado en las casas de los principales magnates del reino, de unos mínimos oficios para el ejercicio de estas funciones entre los señores más importantes y, en cualquier caso, de la generación de la documentación contable correspondiente por parte de tales oficiales era un hecho. Sin embargo, con anterioridad al último tercio del siglo xv, raras veces ha habido lugar a la conservación de dicha documentación contable y solo a partir de 1520-1530 empezaría a generalizarse la preservación en los depósitos archivísticos señoriales de este tipo de documentos.1 Estas consideraciones, pues, hasta donde bien sabíamos ya, condicionan la aproximación que vamos a realizar al análisis de la renta y de las relaciones sociales de poder generadas en torno a la percepción y redistribución de derechos señoriales en la casa de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque, obligada a nutrirse de testimonios aislados, referencias tangenciales o de los registros concejiles que sí nos permiten observar estos procesos a partir de la perspectiva de los dominados. No obstante, los datos en torno a los registros contables en los archivos nobiliarios nos inducen a reflexionar sobre el acercamiento que los medievalistas —los historiadores, en definitiva— realizamos a las fuentes escritas y a los depósitos en que estas han llegado hasta nosotros. Porque es cierto que la naturaleza y or­ ganización de estos fondos archivísticos y las lógicas a las cuales han obedecido su formación y estructuración a lo largo del tiempo, sin duda, han condicionado qué documentación se conserva y cuál se desecha. Que comprender en sí mismos tales archivos, su historia y la de sus documentos y la intertextualidad que se genera entre esas fuentes nos habla de los momentos y motivaciones que han conducido a acciones de preservación y destrucción documental a lo largo del tiempo. En fin, que estos factores han influido e influyen en la percepción que los historiadores tenemos de nuestros objetos de estudio.2   Vid. Muñoz Gómez, V., «Domésticos, “casa” y “afinidad” señorial en la Castilla bajomedieval ¿Una historia sin registros?», Mélanges de la Casa de Velázquez, 45/2 (2015), pp. 15-32. 2   Particularmente esclarecedor resulta en este sentido el ya citado dossier Fabrique des archives, fabrique de l’histoire, bajo la dirección de Étienne Anheim y Olivier Poncet y que sigue constituyendo un punto de referencia fundamental para abordar estas cuestiones (Revue de Synthèse, 125, 2004, pp. 1-195). 1

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En lo que toca a estos fondos particulares nobiliarios y a su documentación, nos parece fundamental, en la línea de lo expuesto en algunos de los trabajos al respecto de Joseph Morsel,3 la sensibilidad hacia las lógicas constructivistas que han dado lugar a su formación y organización desde el final de la Edad Media y a lo largo de la Edad Moderna. Estos archivos y los principios que explican la selección y ordenación de los documentos en ellos custodiados han de ser comprendidos, precisamente, a partir de dos nociones construidas cenitales que enunciábamos al principio de este trabajo, «linaje» y «estado señorial», básicas en el proceso de sociogénesis de la identidad social nobiliaria por parte de la elite aristocrática entre el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Tales fondos nos hablan de procesos de articulación del parentesco aristocrático, de los sistemas de herencia y de transmisión del patrimonio señorial, de una parte, y de la vinculación y la gestión unitaria de esos patrimonios, de la otra. De un modelo específico de definición y perpetuación del poder social de la aristocracia basado en su ejercicio de la dominación señorial, reflejado en el tratamiento de la palabra escrita y en la práctica documental y archivística de la época. Es por ello que, entre los siglos xiv-xvii, tales prácticas entre las casas aristocráticas privilegiasen la conservación de documentos que respondiesen a dos motivaciones prioritarias. Una, la formulación de líneas de parentesco bien definidas y una transmisión de la herencia patrimonial inequívoca dentro de ese grupo de parientes señalados, reforzando el sentido de autoconciencia respecto a la existencia de tal grupo y de pertenencia al mismo, de identidad respecto a ese «linaje». Dos, la justificación de los diferentes derechos señoriales relativos al patrimonio transmitido dentro del grupo, en la medida en que en ellos se fundamenta buena parte de su poder social y, por tanto, de la razón de su identidad colectiva como tal grupo.4 3   Concretamente, Morsel, J., «Le médiéviste, le lignage et l’èffet de réel»; Morsel, J., «Du text aux archives…». 4   Por «linaje» aquí nos referimos al concepto de topolinaje desarrollado por Anita Guerreau-Jalabert [Guerreau-Jalabert, Anita, «Sur les structures de parenté dans l’Europe médiévale», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 36/6 (1981), pp. 1028-1049; id., «La Parenté dans l’Europe médiévale et moderne: à propos d'une synthèse récente», L’Homme, 110 (1989), pp. 69-93; id., «El sistema de parentesco medieval: sus formas (real/espiritual) y su dependencia con respecto a la organización del espacio», en R. Pastor (ed.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, CSIC, 1990, pp. 85-105], que liga el desarrollo de esta estructura de parentesco, basada en la primacía de los vínculos agnaticios respecto a un primer antepasado «fundador» en la definición de las relaciones de parentesco y en la transmisión de la herencia material y simbólica del grupo concentrada en un heredero único varón y primogénito, con una marcada espacialización del ejercicio del poder señorial por parte de los líderes de estos grupos de parientes aristocráticos. Su manejo y revalorización, en una síntesis general para el Occidente medieval, en Morsel, J. L’aristocratie médiévale, pp. 100-109, con atención hacia el desarrollo de mecanismos y discursos de afirmación de la identidad linajística de la aristocracia a partir del final del siglo xiii y los inicios del siglo xiv (pp. 285-295).

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Tal vez, a partir de estas premisas, resulte más sencillo comprender por qué, entre la aristocracia señorial en proceso de autoafirmación social como nobleza a lo largo de la Baja Edad Media hasta la cristalización de esa definición de su estado social en la Edad Moderna, la preservación de los conjuntos de documentación relativos a la gestión de ese patrimonio señorial —y muy particularmente la de las fuentes contables— no resultase inicialmente prioritaria. Salvo que algunos de estos documentos pudieran contribuir a la definición de derechos señoriales, a la delimitación de la pertenencia social a la parentela, a la transmisión hereditaria de su patrimonio y a la generación de memoria identitaria del «linaje» vinculada a su poder señorial, no ha de sorprendernos que aquellos instrumentos escritos fueran generalmente considerados de importancia menor y, por ello, desechados de entrada o posteriormente seleccionados para su expurgo. En ese sentido, la progresiva incorporación de esta, digamos, documentación de administración a los depósitos señoriales y el paulatino celo en su recopilación y conservación detallada, a partir del final del siglo xv y, sobre todo, de los siglos xvi y xvii tampoco hubo de ser, consecuentemente, casual. Hemos por tanto de preguntarnos en qué medida ese proceso archivístico responde a transformaciones en los comportamientos aristocráticos conectadas con esa definición nobiliaria y que tienen que ver con el desarrollo de la noción de «estado señorial» como una nueva forma de elaboración del poder señorial, territorializado, institucionalizado e inseparable de la noción de «linaje», de su vinculación al grupo parentelar nobiliario construido. Pero también, no lo olvidemos, tales preguntas han de articularse sobre la conciencia de que dicho proceso lo es también de generación de la memoria, del «linaje» y del «estado señorial», resultando los documentos y los archivos depositarios de unas imágenes deliberadamente elaboradas acerca del carácter natural y de la antigüedad inmemorial de esas estructuras «estructuradas estructurantes» en torno al parentesco, el patrimonio y el poder señorial de la aristocracia. Es decir, de la trasposición a épocas anteriores medievales por la nobleza socialmente dominante en esos tiempos de conceptos, prácticas, estructuras y discursos que solo se atisbarían al final de la Edad Media y serían plenamente operativos durante la Modernidad de forma interesada.5 5  Morsel, J., «Du text aux archives», pp. 10-11, pero particularmente Morsel, J., «Le médiéviste, le lignage et l’èffet de réel», pp. pp. 87-98, acerca de la construcción dinámica de la noción de «linaje» como parte de un proceso de etnogénesis nobiliaria y de reproducción social de la aristocracia bajomedieval y altomoderna y los riesgos de su interpretación historiográfica como realidad natural, concretada en el caso del Geschlecht en la Alta Alemania pero con claras pretensiones de formularse como una propuesta a contrastar de modo general para todo el Occidente cristiano. La influencia de Bourdieu en torno a la consideración de las nociones de «linaje» o de casa como «categorías realizadas» manejada por Morsel y que entendemos acertada es inexcusable, como ya apuntamos en la introducción de este estudio (Bourdieu, P. Raisons pratiques, pp. 135-145).

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De este modo, en relación a tal construcción de esa conformación de la noción de «estado señorial», frente a la frecuente aceptación del concepto y de esta forma de encuadramiento e institucionalización del poder señorial como una estructura antigua y casi connatural al señorío de la aristocracia bajomedieval en Castilla, precisamente, resulta más que significativo hallar evidencias claras que cuestionan que ese concepto se hallase siquiera formulado con anterioridad al, menos, a las últimas décadas del siglo xv. No en vano, no hemos podido localizar referencias documentales al patrimonio señorial en términos de «estados» entre finales del siglo xiii y el final del siglo xv, siendo las enunciaciones comunes a «… todas las mis villas e lugares del mi señorío…» u otras similares. De hecho, esa es la fórmula generalizada por la cual el infante Fernando, su esposa y sus hijos remitían a su patrimonio señorial.6 Solo a partir de la década de 1470 encontramos citas en cartas de confederación y otros instrumentos de alianza a ese vocablo, con referencias tales como las de guardar «… nuestras personas e vidas e casas e estados e nuestras villas e logares e tierras e vasallos e rentas e fortalezas e nuestros fechos e negocios…»,7 o al hecho de «… conservar la honrra e vida de nuestras propias personas e por la guarda de nuestros estados e casas…»,8 pudiendo dudarse incluso de que por estado se estuviera remitiendo al patrimonio señorial sino más bien a la condición y poder de la dignidad social propia de estos individuos pertenecientes a la clase aristocrática. No estamos ante una cuestión meramente nominalista sino ante evidencias de que el proceso de encuadramiento territorial del poder señorial y su institucionalización estructural en manos de distintas parentelas aristocráticas hasta cristalizar en la categoría de «estado señorial» siguió un largo proceso de construcción. Conviene, por tanto, que reflexionemos acerca de cómo se fue elaborando esta terminología de «estados» y «estado» y su correspondencia con la consolidación de circunscripciones territoriales para la organización, gestión y transmisión de los patrimonios señoriales, visible en Castilla a finales del siglo xv y ya bien conformada en el siglo xvi.9 Por tanto, acerca de los procedimientos de enunciación, ejercicio y representación del 6   En los términos expresados se dirigía, por ejemplo, el infante Fernando en 1404 a todos los lugares bajo su señorío, en este caso requiriendo que cumpliesen desde entonces el pago de todos los pechos y derechos que le eran debidos a su señor en moneda vieja o su equivalente en moneda nueva (AMCuéllar, sección I, n.º 56). 7   AHNob, Frías, C.ª 663, n.º 16, en las capitulaciones matrimoniales entre Leonor Pacheco, hija de Juan Pacheco, maestre de Santiago, y Carlos de Arellano, hijo de Alfonso de Arellano, señor de Cameros, escrituradas el 20 de enero de 1472. 8   AHNob, Osuna, C.ª 1635, n.º 3/18, 1490-VII-VIII, confederación entre Alfonso Fernández de Córdoba, señor de Montemayor, y Rodrigo Ponce de León, duque de Cádiz. 9   Un ejemplo clásico de la consolidación no solo de la terminología de «estado señorial» sino de la funcionalidad real de este concepto como célula fundamental de articulación de la dominación señorial en la Castilla de la Edad Moderna en Atienza Hernández, Ignacio, Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de Osuna, siglos xvi-xix, Madrid, Siglo XXI, 1987.

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poder señorial que estuvieron en vigor y se fueron modelando en los espacios de la Corona de Castilla desde finales del siglo xiii y principios del siglo xiv hasta alcanzar tal conformación dos siglos y medio después. En este sentido, estamos afrontando a lo largo de estas páginas el análisis de las relaciones sociales de poder desplegadas en torno al ejercicio de la dominación que nos posibilita el estudio de la proyección señorial de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y los suyos. Entonces, la percepción dinámica de los procesos de extracción y redistribución de recursos económicos dependientes del ejercicio de la dominación señorial también ha de ser comprendida para el acercamiento a la hacienda de los infantes, justamente como evidencia de la evolución a lo largo del tiempo de las condiciones, principios, discursos y procedimientos sobre los que se sostenía la posición de poder de la aristocracia en la sociedad feudal de la Castilla bajomedieval hasta consolidarse en el tránsito a la Edad Moderna sobre los conceptos y estructuras a los que remiten la «nobleza», el «linaje» y el «estado señorial». 2. Los ingresos señoriales Teniendo en cuenta las apreciaciones y reflexiones realizadas acerca de la documentación relativa a la exacción y redistribución de recursos procedentes del ejercicio del poder señorial en la Castilla bajomedieval, es cuestión de concretar el primer aspecto que proponíamos sobre la hacienda de los infantes de Castilla y reyes de Aragón Fernando y Leonor: la estimación general de la cuantía de sus ingresos. Partiendo de un elemento global, podremos ir desgranando a continuación los aspectos más particulares referidos al origen de los mismos, su distribución en capítulos de renta y la propia clasificación de ellos. Nuestro punto de partida es la estimación general que conocemos de las rentas en Castilla de Fernando I de Aragón, la cual ascendía a 180 000 florines aragoneses anuales. Es decir, unos 9 millones de mrs. Esta noticia fue recogida por J. Zurita en sus Anales de Aragón, no habiéndose podido reconstruir el origen de la información por él manejada para señalar esta cifra.10 Entendemos que en esa cantidad se consideraban las rentas de sus villas, todos los ingresos procedentes de mercedes, mantenimientos y otras transferencias desde la Hacienda real castellana y las cantidades generadas por la administración de los maestrazgos de las órdenes militares de Alcántara y Santiago. No existe medio para verificar la validez de esta cifra puesto que no se dispone de ningún recuento documental de las rentas totales del señorío castellano de Fernando y Leonor. No obstante, aunque esto podría generarnos reservas a la hora de aceptar como válida la cantidad arriba citada, su contraste con los datos documentales recopilados durante toda la primera mitad del siglo xv en   Zurita, J., Anales…, Libro XII, cap. 60, p. 282.

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relación a estos ingresos, como vamos a comprobar, nos permite asumir que la cifra de 9 millones de mrs. puede ser correcta, aun aproximativamente, como tasa de tales ingresos manejados por los infantes. Para hacer posible esta tarea de cotejo del volumen de rentas y de su reparto en diferentes capítulos, hemos tratado de organizar las principales informaciones de tipo cuantitativo que hemos reunido acerca de los ingresos de las haciendas señoriales de don Fernando, doña Leonor y sus hijos, fundamentalmente, del infante Juan de Aragón, señor de Lara y rey de Navarra. Así, hemos optado por las que podían tener un carácter más sistemático, lo que nos ha conducido, como decíamos, a manejar referencias de toda la primera mitad del siglo xv. Estas se hallan recogidas en las tablas 3 a 5.2 (pp. 352-354) y 6.1 a 6.10 (pp. 366-372). Las cantidades ahí reflejadas se refieren a mrs. de moneda blanca, usual, de la época con el fin de permitir una apropiada comparación de los datos, habiéndose realizado las conversiones pertinentes de mrs. de moneda vieja a su cuantía doble. Esto resulta coherente con el procedimiento que desde octubre de 1404 aplicaron los recaudadores, contadores y tesoreros de don Fernando —además de las autoridades de sus villas— para calcular el valor de los derechos debidos a su señor por las comunidades dominadas, avalado por la autorización que le otorgó Enrique III a su hermano para reajustar la percepción de tales rentas ante las sucesivas devaluaciones sufridas por la moneda de vellón en el último tercio del siglo xiv.11 Como puede apreciarse, las tablas 3, 4, 5.1 y 5.2 han sido confeccionadas a partir de información fundamentalmente conservada en el Archivo General de Simancas que nos ilustra de la cuantía general de rentas de miembros de la casa real de Aragón en los dos momentos en que se procedió a su confiscación por la monarquía castellana. Por una parte, el registro de las rentas derivadas de la Hacienda real que disfrutaban los «infantes de Aragón», sus esposas e hijos y la reina viuda Leonor en 1429. Por otra, las rentas que don Juan de Aragón percibió de la Hacienda real castellana, bien por sí pero sobre todo por herencia de su padre, y que reclamaba para su devolución en febrero de 1431. Al fin, el de la totalidad de las rentas que disfrutaba el rey de Navarra, en 1444. Puesto que esta documentación fue publicada hace años por L. Suárez Fernández, igual que la relativa a 1429,12 hemos procedido a contrastar las cantidades recogidas en la fuente original y ofrecer sus totales agrupados por categorías. Puesto que no podíamos contar con datos globales anteriores a 1416, el análisis evolutivo de estos balances posteriores entendemos que permite observar las correspondencias y continuidades respecto a la época anterior de finales del siglo xiv y principios del siglo xv. Todo ello, pese a la consideración de posibles fluctuaciones en el reparto de rentas reales, la disponibilidad de datos para 11   Colección documental de Cuéllar…, doc. 233, pp. 395-396. Sobre las fluctuaciones del valor de la moneda de vellón desde 1369 a 1429, vid. Ladero Quesada, M. Á., «La política monetaria…», pp. 85-93. 12   Suárez Fernández, L., «Las rentas castellanas…».

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las rentas señoriales en solo algunas de las villas que pertenecieron al señorío de Fernando y Leonor entre 1393-1395 y 1416 y, sobre todo, la incorporación a la tesorería señorial del rey de Navarra en la década de 1440 de las principales rentas reales corrientes en los lugares señoreados, alcabalas y tercias reales. Mientras, las tablas 6.1 a 6.10 (pp. 366-372) reflejan la composición de los ingresos señoriales percibidos por Fernando y Leonor en diez de sus villas, para las cuales se ha podido contar bien con recuentos contemporáneos completos de las mismas, bien reconstruir esa distribución de ingresos a partir de fuentes de origen, prioritariamente, concejil. Si para Paredes de Nava, Alconétar, Villalón y Alba de Tormes los datos se refieren expresamente a los años entre 1400 y 1429, con mínimas correcciones, en los casos de Medina del Campo, Olmedo, Cuéllar, Peñafiel, Briones y Cerezo hemos recurrido a los datos compilados en 1444. Más adelante explicaremos cómo, en ellos, se puede asumir la existencia de desviaciones respecto al primer tercio del siglo xv, relacionadas tanto con modificaciones en la fijación de la cuantía del pedido señorial como, sobre todo, la ya nombrada incorporación de tercias y alcabalas, que de hecho fue protagonizada por el infante Fernando, su esposa y sus hijos a partir de los años de la minoría de edad del rey Juan II. Con todo, los datos de 1444 relativos a las rentas de origen estrictamente señorial en estas villas pueden ser genéricamente extrapolados como válidos para las primeras décadas del siglo, igual que, en fin, el conjunto de la información reflejada en todas las tablas conviene al análisis de la evolución de los ingresos señoriales de los infantes, su tipología y relevancia. Mientras la tabla 6.10 refleja las rentas que en 1446-1448 correspondían a Beatriz Pimentel, viuda del infante Enrique de Aragón, en Ledesma.13 Además, la tabla 6.11 (p. 372) recoge informaciones relativas a los ingresos generales generados por Alburquerque —con Azagala—, Alconchel, Montalbán y Ledesma en fechas puntuales entre 1439 y 1454 que, con todas las reservas, pueden servir como orientación respecto a su cuantía también en el primer tercio del siglo xv. 2.1.  E  l predominio de los ingresos detraídos de la Hacienda real En este sentido, el análisis de los datos respecto a las rentas reales que percibían los miembros de la casa real de Aragón en 1429 y el valor de los ingresos del rey de Navarra entendemos que confirman la referencia ofrecida por Zurita sobre los 9 millones de mrs. a los que ascendía la hacienda castellana del rey Fernando I de Aragón. Así, su viuda, sus hijos y las esposas de estos percibían en 1429, al estallido de la guerra contra la facción liderada por Álvaro de Luna, unos 6 millones de mrs. de la Hacienda real castellana en conceptos diversos que pueden observarse mejor a partir de   AHNob, Osuna, C.ª 444, n.º 1, f. 135.

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la reclamación que Juan de Aragón hizo en febrero de 1431 para la devolución del señorío y rentas que la Corona le había confiscado al iniciarse el conflicto: mantenimientos, mercedes de por vida y en juro de heredad, tierra para el sostenimiento de 500 lanzas y los derechos reales sobre las behetrías de Castilla. La cuantía de los derechos llevados por el rey de Navarra asciende a unos 2 968 000 mrs., prácticamente la mitad de estas rentas. En 1444 estos derechos se habrían visto reducidos a 1 547 000 mrs. como resultado de la venta de muchas de estas rentas o de su renunciación a favor de sus criados.14 Teniendo en cuenta que el reparto testamentario del patrimonio señorial de Fernando en Castilla estipulaba que Juan recibiese un tercio de las rentas que él disfrutaba de la Corona castellana, aun cuando su ejecución entre 1416 y 1420 condujo a que este adquiriese una proporción de las mismas presumiblemente más próxima a la mitad, entendemos que el valor de las rentas detraídas de la Hacienda real castellana por Fernando y los suyos entre 1412 y 1416 acaso no estuviera muy alejado de esos 6 millones de mrs. No obstante, es difícil comprobar este particular, en la medida en que no disponemos de noticias sobre las mercedes y mantenimiento que deberían haber percibido los hijos de Fernando y Leonor desde, por lo menos, 1406-1409. Puesto que, en 1406, don Juan ocupó transitoriamente la mayordomía mayor del rey de Castilla y, en 1409, Sancho y Enrique fueron elegidos maestres de Alcántara y Santiago y se formalizaron los esponsales de Alfonso con la infanta María de Castilla, hay que considerar que su integración formal dentro de la sociedad política del reino hubo de implicar que les fueran situadas rentas reales de diferente consideración en atención a su condición y estado como descendientes del linaje real de Castilla.15 Sea como fuere, ante la carencia de muchos de estos datos, sin afán de extraer ninguna conclusión definitiva respecto a su valor cuantitativo, al menos merece la pena señalar las rentas de origen real que disfrutaron Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque hasta 1416, a las cuales hemos hecho en buena medida referencia a lo largo de este estudio.

14   Ibid., pp. 197-198. De hecho, en 1444, solo conservaba las tierras para 498 lanzas, unos 400 000 mrs. de sus mantenimientos, 160 000 de los 260 000 mrs. que tenía su padre de merced, las tercias de Medina del Campo, las de Coca y una ayuda de costa de 200 000 mrs. Los restos de la merced de las 11 000 doblas que tuvo su padre, los derechos sobre las behetrías del señorío de Lara, más de 795 000 mrs. de sus mantenimientos y otros 100 000 mrs. de merced, más las tercias de Paredes de Nava, que no las percibía pese a nominalmente corresponderle, habían dejado de ser percibidas por oficiales a cuenta de los motivos señalados. 15   AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª, leg. 115, f. 109, donde Juan aparece, en la lista de confirmantes del privilegio de 20 de septiembre de 1406 de la merced de 11 000 doblas y de los derechos reales de behetría para don Fernando dada por Enrique III, como mayordomo mayor del rey.

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Tabla 3.  Rentas de la Hacienda real castellana disfrutadas por Juan de Aragón, rey de Navarra, y sus parientes, en 1429 Juan de Aragón, rey de Navarra

2 968 186 mrs. y ¼ de mri.

Blanca de Navarra, esposa de Juan, reina de Navarra

400 000 mrs.

Carlos, príncipe de Viana, hijo de los reyes de Navarra

100 000 mrs.

Enrique de Aragón, maestre de Santiago

600 000 mrs.

Catalina, infanta de Castilla, esposa del maestre

1 400 000 mrs.

Leonor de Aragón, infanta y hermana del rey de Aragón

120 000 mrs.

Leonor de Alburquerque, reina viuda de Aragón

Más de 441 384 mrs.y ½ mri.

Total

Más de 6 029 570 mrs. y ¾ mri.

AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 34, EMR, M.yP., Serie 1.ª, leg. 1-2, f. 438 r., leg. 5-2, f. 45, leg. 37, f. 8, leg. 47, f. 15; ACA, CR, A. IV, C.ª 24, ff. 331-336; Nieto Soria, J. M., «El tesoro…».

En primer lugar, hay que considerar que ya desde las Cortes de Guadalajara de 1390, la dotación del infante Fernando incluyó un mantenimiento de 400 000 mrs., que acaso posteriormente pudieran haberse visto incrementados.16 Además, el infante tenía derecho, por el testamento de su padre Juan I, a percibir la mitad de la dote de su madre, la reina Leonor de Aragón, que ascendió a 200  000 florines aragoneses y un tercio de las joyas y piedras preciosas que fueron del rey, amén de que su hermano Enrique III le dotase como considerase en tierra, rentas y mantenimientos.17 En relación con esa herencia y dotación, hay que considerar que Fernando también recibió los derechos sobre las tercias de su villa de Medina del Campo y de la villa de Coca, en la «Extremadura castellana», además de las tercias de las medianas del obispado de Ávila en los años que cayese su percepción en dicho obispado. Todo indica que las tercias de Medina y Coca fueron previamente disfrutadas por su madre, mientras que las tercias de las medianas del obispado de Ávila habían pertenecido hasta su muerte a Leonor Teles, reina de Portugal exiliada en Castilla, a resultas de lo cual le fueron donadas por su hermano Enrique III.18   López de Ayala, P., Crónica del Rey don Juan Primero…, año 1390, cap. IV, p. 130.   López de Ayala, P., Crónica del Rey don Enrique Tercero…, año 1392, cap. VI, p. 192. 18   Sobre estas rentas, AGS, EMR, MyP, serie 1.ª, leg. 5, n.º 2, f. 46, leg. 6-1, f. 61. Se indica que fueron anotadas en el Libro de lo Salvado el año 1410. Las medianas del obispado de Ávila eran toda una serie de aldeas de la tierra de Medina del Campo cuya jurisdicción eclesiástica era compartida con el obispado de Salamanca, repartiéndose, básicamente para el disfrute de los diezmos, los años pares para el de Salamanca, los impares para el de Ávila. Eran 12, a saber: Cervillego, Fuente el Sol, Gomeznarro, Moraleja, 16 17

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Tabla 4.  Rentas procedentes de la Hacienda real castellana reclamadas por Juan de Aragón, rey de Navarra, en febrero de 1431 Mantenimientos, suyos y heredados de su padre Fernando I

1 230 000 mrs.

De merced, heredados de su padre

260 000 mrs.

Tierra para 500 lanzas, heredada de su padre

750 000 mrs.

Merced en juro de heredad sobre las 11 000 doblas castellanas que poseyó su padre

6167 doblas y ¼ y 3800 mrs. 231 988 mrs. y ¼ mri.19

Derechos reales sobre las behetrías como señor de Lara (o su compensación)

356 023 mrs.

Total

2 828 011 mrs. y ¼ mri.

ACA, CR, A. IV, C.ª 24, ff. 382-388.

Tabla 5.1.  Ingresos en Castilla del rey de Navarra en 1444 Ingresos procedentes de la Hacienda real castellana en concepto de mercedes y mantenimientos varios (IHR)

1 547 000 mrs.

Ingresos señoriales percibidos en las villas bajo su señorío (IS)

4 751 041 mrs.

Derechos señoriales (DS)

589 890 mrs. y 133 fanegas de pan mediado

Tercias, alcabalas y otras rentas reales incorporadas a la hacienda señorial (T yA)

4 161 151 mrs.

Ingresos procedentes de la Hacienda real castellana y derechos señoriales (T1) (Sin tercias y alcabalas)

2 136 890 mrs. y 133 fanegas de pan

Total (T2)

6 298 041 mrs. y 133 fanegas de pan

AGS, Cámaras de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 6.

Pozaldez, Rubí, La Mezquina, Miguel Serracín, San Pedro de Vidrales, Santiago, Tobar y Valverde (Martínez Díez, G. Las Comunidades de Villa y Tierra…, p. 536). 19   La tasación de dicha merced se hacía al valor de cada dobla castellana por 37 mrs. de moneda usual, como se refleja en el registro de rentas incautadas en 1429.

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Tabla 5.2.  Valores porcentuales de los ingresos del rey de Navarra en 1444

T1 T2

IHR

IS

DS

72,40 %

—

27,60 %

—

75,44 %

9,37 % (12,42 % de IS)

66,07 % (87,58 % de IS)

24,56 %

TyA

Tampoco podemos olvidar la citada merced de 12 000 doblas castellanas anuales concedida en 1397 sobre las rentas del rey en las villas y ciudades de Castrojeriz, Roa, Sahagún, Palencia, Valladolid, Toro, Zamora, Madrigal, Arévalo, Salamanca, Plasencia y Trujillo, enmendadas posteriormente a la donación de los derechos reales sobre las behetrías, primero en 500 000 mrs. en 1403, que fueron restablecidos en 1406 en las dichas 11 000 doblas —se descontaban las 1000 doblas situadas en Castrojeriz— y los derechos reales sobre las behetrías.20 De ellas, como ya se refirió, sabemos que 1350 fueron traspasadas a Martín Vázquez de Acuña en 1409 con ocasión de la compra de la villa de Castrojeriz,21 que otras 2529 quedaron en manos de la reina viuda Leonor no más tarde de 1423, luego traspasadas a sus criados y al monasterio de las Dueñas de Medina del Campo que fundó, salvo 254 doblas y media,22 de modo que el infante don Juan habría podido percibir hasta 7121 doblas procedentes de esta merced, si bien él reclamaba en 1431 la posesión de 6167 y ¼ y en 1429 los contadores reales solo registraron que mantenía en su haber 4870 doblas.23 Ha de considerarse, además, el juro de 1000 doblas castellanas asentado en los diezmos, tercias y alcabalas de la villa de Laredo que el infante Fernando compró a mosén Robin de Bracquemont, antiguo almirante de Francia asentado en Castilla y con cuya hija contrajo matrimonio su mariscal Álvaro de Ávila, si bien entre 1408 y 1409 este juro fue donado al antecesor a este en ese oficio, Diego Gómez de Sandoval, primero 600 y 20  AGS, EMR, MyP, serie 1.ª, leg. 6-1, f. 61, leg. 115, f. 109, Real Patronato, C.ª 58, n.º 38; ARChVall, Pergaminos, C.ª 60, n.º 1. 21   AHNob, Frías, C.ª 0361, n.º 01. 22   AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª, leg. 3, f. 8, leg. 47, f. 15; Rodríguez de Diego, J. L., «Documentación medieval…», p. 205; ARChVall, Pergaminos, C.ª 60, n.º 2 y 3; AGS, EMR, MyP, Serie 1.ª, leg. 37, f. 8; Sanz Fuentes, M.ª J., «Documentos del monasterio…», docs. 18 y 19, p. 456. 864 doblas fueron donadas a Alfonso González de Guadalajara, 136 a Leonor Álvarez de Toro y otras 1274 y 2/4 doblas para el monasterio de las Dueñas de Medina del Campo. 23   Suárez Fernández, L., «Las rentas castellanas…», pp. 196, AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 34. En 1444, se le reconocía lo reclamado en 1431, 6187 doblas y ¼ y las demasías de parte de la merced originaria, por valor de 231 988 mrs., por más que la renta hubiera sido completamente traspasada a otras personas.

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luego las otras 400 doblas de renta.24 Por otro lado, desde 1405, el rey Enrique concedió para don Fernando, su esposa y sus hijos el privilegio de quedar exentos del pago de derechos de cancillería por los privilegios relativos a los mantenimientos y mercedes que de la Corona disfrutaban.25 A todas estas rentas habría que sumar, cuando menos, el mantenimiento que hubo de percibir Leonor de Alburquerque y que, en atención al que llevaba Blanca de Navarra, esposa de su hijo Juan de Aragón, y al mismo que tuvo originalmente el infante Fernando, debió de ascender al menos a 400 000 mrs. Considerando entonces 800 000 mrs. por los mantenimientos de Fernando y Leonor, los aproximadamente 400 000 mrs. que valió originalmente la renta de 11 000 doblas castellanas, otros 250 000 mrs. que llegaron prácticamente a montar los derechos sobre las behetrías —el reclamo de hasta 350 000 mrs. por ellas en 1431 parece a todas luces exagerado— y las tercias de Coca, estimadas alrededor de 40 000 mrs., esto arroja un saldo de en torno a un mínimo de 1 490 000 mrs. provenientes del situado de rentas reales a favor de Fernando y Leonor al tiempo de la muerte de Enrique III y el inicio de la minoría de edad de Juan II. Consta también que el infante llevó 200 000 mrs. anuales del diezmo del ejercicio de la tutela del rey Juan II y como corregente otras más, igual que era pagado de las rentas reales de Sevilla el sueldo de la guarda de 200 lanzas que mantenía en su condición de regente, lo cual suponía un gasto, a 15 mrs. diarios por hombre de armas, de 1 036 800 mrs., que eran entregados al tesorero mayor del infante Juan García de Paredes.26 No obstante, no parece que pueda confundirse este sueldo con las tierras para lanzas que al infante pudieran haber sido asignadas y que, como una suerte de «feudo de bolsa» a razón de 1500 mrs. anuales por cada lanza mantenida, eran independientes del pago de soldadas por cualquier servicio armado activo. Por ello, no resulta del todo descabellado, con los datos que hemos reunido, que realmente don Fernando ya llevase esas 500 tierras para lanzas que luego heredó su hijo Juan y que suponían un ingreso de 750 000 mrs., posteriormente distribuidas entre sus vasallos y «clientes».27   AHNob, Frías, C.ª 1.372, n.º 1, ff. 128-133 y ss, 118-123.   AGS, EMR, MyP, serie 1.ª, leg. 6-1, f. 61. 26   Así quedaron asentados en el libro de cuentas del alcabalero mayor de Sevilla Pedro Ortiz [Vilaplana, María Asunción, «Un ajuste de cuentas del alcabalero mayor de Sevilla Pedro Ortiz (1420)», Historia. Instituciones. Documentos, 1 (1974), pp. 417-501, en concreto p. 474]. 27  La lanza aparece en todo el Occidente bajomedieval como la típica unidad táctica de caballería, variando el número de combatientes y auxiliares que la componían de unos territorios a otros del continente. En Castilla, la lanza se hallaba generalmente formada, como en la Corona de Aragón, por un hombre de armas equipado con arnés pesado, un auxiliar montado y habitualmente un servidor, si bien su composición podía limitarse a un guerrero montado y un auxiliar en el caso de las más ligeramente equipadas lanzas a la gineta [vid. Ladero Quesada, Miguel Ángel, Castilla y la conquista del reino de Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987 (1.ª ed. 1967), pp. 13-14; id., «La organización militar de la Corona de Castilla 24 25

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El rey de Navarra además disfrutó de 200 monteros francos de todo pecho, que podía situar en distintos lugares del reino y que se declaraban como heredados de su padre don Fernando.28 Por su parte, como resultado de la desposesión al condestable Ruy López Dávalos de sus dignidades y bienes, Juan de Aragón adquirió en 1423 las tercias de Paredes de Nava y de Tordesillas y su arciprestazgo, confirmándose la merced sobre las tercias de esta última villa en 1425, a la cual se añadieron los censales de Villena, 5000 mrs. de moneda vieja en las martiniegas de distintos lugares de la merindad de Castrojeriz —su origen como derechos reales sobre behetrías donados al antiguo condestable parece claro—, 19 000 mrs. en las alcabalas de Ribadeo de los 26 000 que tuvo el condestable, 5000 mrs. en la renta de las jabonerías de Sevilla, 11 580 mrs. en distintas rentas sobre la villa de Arjona, 8500 mrs. sobre las alcabalas de Carrión. Montaba todo, salvo las tercias de Paredes, que en 1429 ya indicamos que ascendían a 41 000 mrs., 50 580 mrs. anuales.29 La suma, en fin, de 950 000 mrs. más en concepto de tierra para lanzas y derechos derivados del ejercicio de la tutela y la regencia del rey Juan II por parte de don Fernando ya nos permitiría estimar, sumados a los 1 490 000 mrs. antes considerados, unas rentas de alrededor de 2 440 000 mrs., que alcanzaban los 2 700 000 mrs. añadiendo la merced de 260 000 mrs. que el infante don Juan alegaba haber heredado de su padre en 1429 y sobre la que durante los siglos xiv y xv», en La incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Actas del Symposium Conmemorativo del Quinto Centenario, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1993, pp. 195-227, especialmente, p. 212; Sáiz Serrano, Jorge, Guerra y nobleza en la Corona de Aragón. La caballería en los ejércitos del rey (siglos xiv-xv), tesis doctoral defendida en la Universitat de València, Valencia, 2003, pp. 30-33; id., Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el Magnánimo, Valencia, Universitat de València, 2008, pp. 55-61]. En cualquier caso, la tierra para lanzas, que desde el ordenamiento de lanzas de las Cortes de Guadalajara de 1390 había quedado definida en 1500 mrs. anuales como la contraprestación en pago al compromiso de servicio por un hombre de armas con equipo, armas, montura y auxiliares completo en caso de ser requerido para ello, además de por su funcionalidad militar ha de ser considerada, por un lado, como una fuente de redistribución de recursos económicos procedente de la Hacienda real y de las haciendas señoriales y, por el otro, como un objeto para el establecimiento de vínculos de interdependencia clientelar entre un señor y sus vasallos. 28   Se conoce los monteros que tenía señalados en 1442, citándose varios en Medina del Campo y Olmedo y sus tierras, en el obispado de Salamanca, y destacadamente 46 en la merindad de Rioja, 21 en la de Bureba, 1 en la de Villadiego, 5 en el obispado de Osma en Roa, 1 en León, 2 en las Asturias de Santillana, 2 en la merindad de Monzón. En general, sobre el asiento de estas mercedes en los libros reales de mercedes, AGS, EMR, MyP, serie 1.ª, leg. 1-2, ff. 448 v. 567 v., leg. 10-1, f. 40. Por otra parte, sí sabemos que el infante al menos tenía señalados 60 monteros en las Çinco Villas, a partir de una carta de 9 de septiembre de 1413 que envió al concejo de Granadilla y a su tierra recordando que aquellos eran libres de todo pecho en la dicha villa (AMLa Alberca, Sign. 0002.01.04, Cod. 01.04; cit. Caballero González, Sebastián, Granadilla al hilo de la historia [De los tiempos remotos hasta finales de la Edad Media], Caja Duero Salamanca, Abadía, 2004, pp. 77-79). 29   AGS, EMR, MyP, serie 1.ª, leg. 1-1, f. 272 r.

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no hemos encontrado otras referencias. No merece, entonces, la pena, alargar más este tipo de cómputos pues visiblemente el total de las rentas procedentes de la Hacienda real castellana que, por uno u otro concepto, Fernando de Antequera, su esposa e hijos, hasta 1416, llegaron a acumular, si no alcanzaba los 6 millones de mrs., seguramente sí se hallaba próximo a los 3 millones de mrs. que su hijo Juan de Aragón manejaba en 1429 o fácilmente los superaba. Más allá de obsesionarnos por alcanzar una cifra cierta, es mucho más importante subrayar dos aspectos relevantes en torno a ellas. Uno, la fluidez en la disposición de la titularidad de estas rentas por Fernando, Leonor y sus hijos, tanto en operaciones de adquisición de otros derechos o del señorío completo sobre villas o lugares, como en el caso de Castrojeriz en 1409 al conde de Valencia Martín Vázquez de Acuña, como, ante todo, para su redistribución entre los criados y allegados de su extensa afinidad señorial. Venimos dando cuenta de ello extensamente a lo largo de todo este libro con múltiples ejemplos, como los referidos a los derechos sobre las behetrías anejos al señorío de Lara o las mercedes realizadas a los parientes de Sancho de Rojas —notablemente a Diego Gómez de Sandoval— o los criados que mantuvo tras su vuelta a Castilla la reina viuda Leonor de Alburquerque. La importancia de este proceder salta a la vista como uno de los medios clave para extender, mantener y reactualizar los vínculos de interdependencia que sostenían la inmensa red clientelar de don Fernando, doña Leonor y los suyos y, a la postre, el poder señorial por ellos ejercido en todo el reino. Dos, el extraordinario peso de las rentas procedentes de la real Hacienda para los ingresos de la casa de los infantes. No en vano, tomando como muestra las rentas del rey de Navarra en 1444 y dejando al margen el peso que ya en esa época alcanzaron tercias y alcabalas como primer componente de las mismas, si nos fijamos en tales recursos derivados del acceso a los frutos de la fiscalidad regia, y en los derechos que propiamente dependían del ejercicio de las diferentes atribuciones señoriales sobre villas y lugares, aquellos superaban con holgura los dos tercios del total (72,40 %).30 Extrapo30   Este porcentaje podría ser en realidad algo menor, ya que los ingresos por tercias y alcabalas no deberían ascender a 4 161 151 mrs. si se estuviera cumpliendo la entrega a los arrendadores reales de dichas rentas la parte de las mismas que les correspondían. En ese caso, hablaríamos solo de 2 566 151 mrs. No obstante, puesto que la documentación que manejamos declara que, salvo en Medina y Olmedo, en 1444 la cuantía total la retenía el rey de Navarra al no haberse hecho avenimiento con los arrendadores (AGS, Cámaras de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 6.), en realidad la cantidad correcta podría ser de 3 841 151 mrs. por estos conceptos. Con todo, la posibilidad de que los arrendadores en Medina del Campo u Olmedo pudieran haber sido personas interpuestas por Juan de Aragón y que, en realidad, la totalidad de la renta fuera por él disfrutada en último término nos ha llevado a calcular sobre la primera cantidad señalada. Con todo, de aplicarse la referencia última para el cómputo de porcentajes de procedencia de las fuentes de renta, los resultados solo difieren en poco más de un punto y medio en detrimento de las tercias y alcabalas y a favor del resto de ingresos, lo cual no varía en nada el análisis final alcanzado.

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lando esta situación al contexto previo a 1407, aun si redistribuyésemos los aproximadamente 250 000 mrs. atribuibles al valor de los derechos de behetría correspondientes al señorío de Lara, considerándolos como derechos señoriales y no como rentas regias transferidas, el producto de todos los derechos señoriales porcentualmente podría tal vez haberse situado cercano al 40 % del total de los ingresos de la hacienda de los infantes Fernando y Leonor. Por lo tanto, no es descabellado afirmar que, en el tránsito entre los siglos xiv y xv, para los principales señores del reino y muy señeramente para los principales «parientes del rey», a la par de la adquisición de una proyección territorial de su poder señorial cada vez más uniforme y coherente en distintas regiones del reino con pretensiones hegemónicas, el acceso a mantenimientos, mercedes y anualidades de tipo militar procedentes de la fiscalidad regia era primordial a la hora de acceder a una posición de poder superior frente al resto de la clase aristocrática y el conjunto de la sociedad del reino.31 2.2.  Las rentas señoriales Retengamos pues esta idea, por otro lado nada original, de la fundamental importancia que tenía para la aristocracia en la Castilla bajomedieval el incremento de sus fuentes de ingresos. Eso sí, no tanto como una forma de reacción a la «crisis» sino como parte de los procesos de reorganización, competencia y jerarquización interna de este grupo social que se venían observando desde finales del siglo xiii. El acceso preferente a la renta centra­ lizada por la Corona contribuyó a delimitar la pertenencia a la elite de la aristocracia igual que lo hacía la adquisición de más extensos dominios territoriales o la ampliación de los derechos ejercidos sobre las tierras y comunidades humanas señoreadas. En ese nivel relativo a la expansión de los derechos señoriales, capitalizados en torno a la jurisdicción, conviene entonces que ahora nos fijemos en el análisis de la composición de las rentas que sobre las villas y lugares bajo el señorío de los infantes Fernando y Leonor, de cara a comprenderla dentro de esa dinámica más amplia que venimos tratando. Una primera observación de los datos recogidos en las tablas 6.1 a 6.10 (pp. 366-372) permite comprobar la gran diversidad de rentas que eran percibidas por los infantes en las distintas villas bajo su señorío. Su correcto 31   Dentro de los abundantes casos, baste señalar, por ejemplo, en cuanto a las rentas de origen real, en relación a su comparación con las rentas generadas por su patrimonio señorial, los referidos al almirante Diego Hurtado de Mendoza hasta 1404 y luego a su hijo Íñigo López de Mendoza (Sánchez Prieto, A. B., La Casa de Mendoza…, pp. 321-37) o a Juan Alfonso de Pimentel y Rodrigo Alfonso Pimentel, primer y segundo condes de Benavente, entre 1398 y 1440 (Beceiro Pita, I., El condado de Benavente…, pp. 125-173).

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estudio requiere el establecimiento de unos mínimos criterios para la comparación de datos que arrojan una gran disparidad según los conceptos a los que remiten las tributaciones, su origen y su cuantía. La clasificación de los distintos tributos que componían la renta señorial en la Castilla bajomedieval ha sido objeto de la redacción de no pocas páginas desde hace décadas. Así, las propuestas de autores como Salvador de Moxó, M.ª Concepción Quintanilla o Miguel Ángel Ladero resultan un alarde de esfuerzo intelectual por elaborar una taxonomía exhaustiva de los distintos capítulos de la renta señorial. En ellos prima la categorización mediante criterios jurídico-institucionales de las prácticas sociales, políticas y económicas resultantes de las relaciones entre señores, vasallos, espacios organizados por estos y bienes materiales explotados por los sujetos y comunidades sometidos a la dominación en esos espacios. Así, las rentas han sido clasificadas en atención a factores como la posesión de derechos sobre la tierra y la obtención de recursos productivos de ella, las distintas prerrogativas derivadas del ejercicio de la justicia y del reconocimiento de la autoridad personal ejercida por el señor sobre los dominados, la participación o incorporación de tributos generados por otras instancias de poder como la Corona, la Iglesia y los propios concejos dominados o la redistribución de los frutos de la Hacienda regia sin participación en los procesos exactivos.32 En cualquier caso, siendo interesante reconocer el origen de las rentas derivadas de la propiedad feudal sobre bienes raíces, del ejercicio de facultades señoriales sobre términos y vasallos, de la apropiación de rentas propias de la fiscalidad real o del acceso a situados en rentas reales a partir de mantenimientos, mercedes u otras formas de transferencia de recursos económicos, no parece que para nuestros propósitos este sea el acercamiento más apropiado. Sabemos que el peso del patrimonio dominical bajo el señorío de los infantes Fernando y Leonor era francamente limitado si se compara con la detentación de atribuciones señoriales sobre villas y lugares o la capacidad de estos señores para engrosar su hacienda a partir de libranzas de la tesorería real. Por otra parte, desde mediados del siglo xiv nos movemos en un horizonte espacio-temporal en que el ejercicio de la jurisdicción se hallaba perfectamente integrado como principio supremo que enmarcaba el conjunto de relaciones de poder entabladas en torno a la dominación señorial en la Corona de Castilla. Por tanto, es necesario que comprendamos cómo influyó el despliegue de esa noción jurisdiccional en la evolución de las rentas extraídas a partir de la ostentación de los distintos derechos señoriales sobre las

  Moxó y Ortiz de Villajos, S. de, «Los señoríos: en torno a una problemática…», pp. 230-235; id., «Los señoríos: cuestiones metodológicas…», pp. 300-309; Ladero Quesada, Miguel Ángel, «Rentas señoriales de Plasencia (1454-1488)», en Homenaje a don José María Lacarra de Miguel, Zaragoza, Anubar, 1977, vol. IV, pp. 235-265; Quintanilla Raso, M.ª C., «Haciendas señoriales nobiliarias…». 32

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comunidades dominadas desde mediados del siglo xiv hasta las décadas centrales del siglo xv. En este sentido, el planteamiento que Isabel Beceiro Pita manejó en su estudio de la renta señorial de los condes de Benavente entre el final del siglo xiv y los inicios del siglo xvi se nos presenta como mucho más apto metodológicamente para los propósitos que perseguimos. Así, esta autora, teniendo en cuenta las divisiones antes señaladas en cuanto al origen de los recursos acaparados por la hacienda señorial de los Pimentel, concentró su esfuerzo justamente en un análisis evolutivo de las fuentes de renta. De este modo, dentro de los diferentes derechos señoriales disfrutados en los lugares bajo el dominio de la casa de Benavente, se hizo una primera distinción entre ingresos «antiguos», para aquellos que a inicios del siglo xv se hallaban consolidados a partir de su percepción de forma tradicional desde, al menos, varias generaciones antes, y aquellos «nuevos» que, desde la donación de Enrique III a Juan Alfonso de Pimentel del señorío de Benavente con título de conde, fueron progresivamente impuestos e incorporados a lo largo de todo el siglo xv por sus sucesores a partir del aumento de la presión exactiva sobre los vasallos dominados, de la fiscalización de los recursos naturales de los términos concejiles y, desde mediados del siglo, de la apropiación de las principales rentas reales en sus dominios, las alcabalas, sancionada por la Corona y desarrollada hasta sus últimas consecuencias en beneficio de los condes durante la segunda mitad de la centuria.33 En esta ocasión, una vez más, la comparación entre las informaciones compiladas en el Becerro de las Behetrías en torno a 1350 y los datos que hemos reunido para más respecto a diez villas bajo el señorío de los infantes en la primera mitad del siglo xv es ineludible para la comprensión de esa evolución de las rentas señoriales en la segunda mitad del siglo xiv. Aunque es bien conocido que no todos los ingresos disfrutados por los distintos señores en los lugares de la merindad mayor de Castilla fueron consignados en aquel registro, en él sí se tomó cuenta de todas las rentas derivadas del ejercicio de derechos señoriales, tanto aquellas que se correspondían con unas condiciones de señorío propias del «dominio señorial» como también las rentas incorporadas desde final del siglo xiii a partir del «señorío del rey» —fundamentalmente, la martiniega— y que evidencian el acceso de determinados señores a las prerrogativas jurisdiccionales, como ya hemos tratado.34 Así, basten cuatro ejemplos a partir de lugares que poseyeron los infantes para acercarnos al horizonte de rentas que estaban engrosando esa hacienda señorial: Villalba de los Alcores, Urueña, Lerma y sus aldeas y Paredes de Nava.35 Pese a que, en el Becerro, Urueña y Paredes fueran de  Beceiro Pita, I., El condado de Benavente…, pp. 125-181, 305-329.   Estepa Díez, C., Las behetrías castellanas; vol. I, pp. 231-270; id., «Le Libro Becerro de las Behetrías (1352)…», pp. 466-491. 35   Libro Becerro de las Behetrías…vol. I, pp. 197-198, 280, 331, vol. II, pp. 318-320. 33 34

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claradas como villas realengas, esto no ofrece dificultad a la hora de reconocer los derechos señoriales. Así, puede apreciarse cómo en las cuatro villas se percibían derechos de martiniega, siendo la renta más cuantiosa en todas ellas (860 mrs. en Villalba, 1860 en Urueña, otros tantos en Lerma y 3600 en Paredes). La percepción de yantar también se hallaba generalizada —solo en Lerma no se pagaba—, mientras que los derechos de infurción, consistentes en la entrega de determinadas cantidades de cereal y vino por cada casa poblada y que remitían al reconocimiento de la autoridad del señor, aparecen tanto en Villalba como en Lerma mientras que, por su consideración realenga, no pesaban sobre los vecinos de Urueña y Paredes. La existencia de prestaciones de trabajo, en forma de sernas —y de fonsadera en los lugares realengos— también se recoge de manera generalizada, salvo en Lerma nuevamente. No se percibían más derechos en Villalba, en Lerma a esto se añadía la percepción del portazgo de la villa y, en Urueña, un conjunto de derechos no especificados junto a las sernas y el portazgo ascendían a una cantidad de 1000 mrs., además de 500 mrs. de la escribanía, que entonces tenía por merced Pedro González de Villagarcía, y otros 150 mrs. de yantar para el adelantado. En la medida en que Paredes era, junto a Becerril, la villa más importante y poblada en la zona oriental de la Tierra de Campos, el número de derechos señoriales que pesaban sobre ella era también más amplio y más cuantioso. Junto a los 3600 mrs. de la martiniega y los 600 percibidos en concepto de yantar, se llevaban también derechos de herbaje sobre los montes por 70 u 80 mrs., derechos de portazgo por 50 mrs., derechos de merindad por 400 mrs. —si bien en el Becerro se declaraba que habían sido donados al concejo— y, al fin, las rentas de la escribanía, que ascendían a 1600 mrs. El origen de muchas de ellas hay que vincularlo a que Paredes había sido una posesión antigua de la casa de Lara, de modo que los derechos sobre los montes que derivaron en los herbajes pueden ligarse con esa época anterior, igual que las sernas que los vecinos realizaban un día cada mes con sus bueyes en las heredades del rey, que serían las que antes poseyeron los señores. Estas rendían de 80 a 100 cargas de pan anuales, siendo propiamente las únicas rentas de origen dominical que podemos localizar entre todas las referidas. Por otro lado, aquellos vecinos que poseían caballo o mula, por tanto reconocidos como de mejor calidad social —resulta aventurado nombrarles como caballeros—, estaban exentos de prestar sernas. Por último, conviene saber que la judería de la villa llegaba a generar, según el Becerro, rentas por hasta 18 000 mrs. anuales, si bien no se nos ofrece mayor detalle al respecto y resulta difícil valorar qué parte de ellos correspondía a derechos propios del señorío sobre la villa y cuáles otros procedían de la fiscalidad regia aplicada sobre las comunidades hebreas del reino.36 36   La información sobre la aljama de Paredes es muy escasa, puesto que en 1412 se produjo la conversión masiva de esta comunidad y la conversión de la sinagoga en una nueva

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Considerando las diferencias en la cuantía de las rentas medio siglo después, martiniegas, yantares, rentas de escribanía, merindad, portazgo y otras similares que tasaban derechos de paso de mercancías y ganados, sobre la ejecución de penas judiciales y aun otros como la cabeza de pecho de las aljamas, originalmente un tributo propio de la Corona, constituían en el tránsito entre los siglos xiv y xv el grueso de los derechos señoriales de origen más antiguo y de tradicional disfrute por parte de los señores en las villas del señorío de los infantes Fernando y Leonor, como puede observarse en las tablas 6.1 a 6.10. Puesto que los datos más sistemáticos corresponden a villas situadas al norte del Sistema Central, la mayor importancia de montazgos y pontazgos, de herbajes y de los derechos derivados de la explotación de dehesas en las villas de la «Extremadura leonesa», desde Ledesma hasta Medellín pasando por Galisteo, aquí apenas se ve reflejada a partir de los ejemplos de las Garrovillas de Alconétar y Ledesma. Por otro lado, las prestaciones de trabajo parecen haber desaparecido para la época por nosotros estudiada, no habiendo podido documentarlas en ningún lugar bajo el señorío de los infantes. Mientras, en algunas villas como Alconétar y Villalón, cuyos datos hemos compilado aquí en las tablas 6.2 y 6.3, o Grajal, Saldaña o Alburquerque, los señores también habían disfrutado desde tiempo antiguo de derechos de origen eclesiástico, muy concretamente los derivados de las tercias de los diezmos de las parroquias de sus villas.37 Sin embargo, de estas rentas nos interesa resaltar tres aspectos clave a partir de su comparación a mediados del siglo xiv y a inicios del siglo xv. La primera es la ya citada continuidad en su percepción a lo largo del tiempo. La segunda de ellas tiene que ver con su cuantía, en la medida en que buena parte de estos derechos tradicionales, considerados casi en su totalidad en parroquia. En torno al segmento de población judía paredeñaa, vid. Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano…, pp. 154-162, 251-252. 37   Respecto a las tercias percibidas por los señores en Villalón apenas se sabe más que por ellos eran llevadas las tercias de las parroquias de San Miguel, San Pedro y San Andrés y que el estanco del vino que los infantes donaron en 1402 al convento de Santo Domingo que fundaron en el antiguo alcázar de la villa estaba vinculado al producto de tales tercias, mientras que entre las de Alconétar se tipifican claramente esos diezmos sobre el pan y el vino. Por su parte, ya citamos que Juan Alfonso de Alburquerque había poseído los diezmos de la parroquia de San Miguel de Grajal, los cuales donó al monasterio de San Pedro de la Espina en su testamento (ACDAlburq, Grajal, C.ª 200, leg. 8, n.º 5). En el caso de Saldaña, la misma donación de la villa y su tierra a Sancho de Rojas recogía entre otros derechos señoriales, junto a la cabeza de pecho de los judíos, yantar, martiniega, infurción, fumazga, merindad, escribanía y portazgo, los sexmillos de los diezmos del arcedianato de Saldaña (AHNob, Frías, C.ª 1.372, n.º 1, Osuna, C.ª 1.825, n.º 4-1). Existen noticias modernas de su arrendamiento, puja y remate de dicha renta, por ejemplo, en 1539 (AHNob, Osuna C.ª 1,825, n.º 23), y parece que comprendían en algunos de los lugares solariegos de la tierra de Saldaña la sexta parte de los diezmos, según el Libro becerro de los instrumentos del condado de Saldaña, compilado en el siglo xix por el archivero de la casa del duque del Infantado (AHNob, Osuna, Libro 79). Por fin, a partir del acuerdo en 1256 entre Alfonso Téllez de Meneses y el obispo de Badajoz, el señor de Alburquerque quedó en posesión de un tercio de los diezmos (Duarte Insúa, Lino, Badajoz, Antonio Arqueros, 1929, pp. 66-67).

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moneda y rara vez en especie, habían mantenido invariablemente su valor desde mediados del siglo xiv. Los datos relativos a Paredes permiten comprobar este particular. Si bien es cierto que las rentas de la merindad, la escribanía y el herbaje, como muchos otros derechos tradicionales, se arrendaban y por tanto su cuantía podía variar, la martiniega —o marzadga, como es nombrada indistintamente— y el yantar fueron percibidos desde 1404 por exactamente el doble de la cantidad recogida en el Becerro, de acuerdo con el reajuste del valor de las rentas antiguas en moneda vieja a moneda corriente que Enrique III había concedido a su hermano: 7200 mrs. de martiniega y 1200 de yantar. Esta situación hubo de ser general a todos los lugares bajo el señorío del infante, a razón de la carta que les remitió el 8 de octubre de ese año requiriéndoles que cumpliesen con los derechos a él debidos «… de martiniega [e yantares] e portadgos, escriuanías e inforçiones e marçadgas e fumadgas e otros qualesquier trebutos, los que acostunbrastes a dar en los tienpos antiguos…» de esa forma.38 La concesión por Enrique III de esta licencia al infante Fernando venía a hacer frente a la evidente depreciación de estas rentas antiguas ante la cristalización de la cuantía debida al señor y su no revisión frente a la devaluación de la moneda de vellón en que eran estimadas. Pero incluso a partir de esta revisión al alza de las rentas que implicaban una tasa fija a repartir entre los pecheros de las villas y sus tierras, en general todas estas rentas señoriales de origen tradicional representaban un porcentaje reducido del total de ingresos señoriales en sus villas. Aun considerando que las rentas que eran puestas en arrendamiento mediante sistemas de puja y remate —situación que afectaba a la mayoría de estos derechos— podían mantener una mayor proporcionalidad respecto a los frutos económicos generados por las actividades gravadas, ya fuera la ganancia de los escribanos por la escrituración de instrumentos legales, las penas judiciales cogidas por los merinos, el valor de las mercancías afectadas por los portazgos y otros derechos de paso, nada de esto invalidaría suficientemente el resultado global final. Dejando a un lado los datos referidos a las Garrovillas de Alconétar, donde no disponemos de noticias ciertas sobre la cuantía real del pedido señorial y el valor de la explotación de propiedades dominicales y de los derechos señoriales generados a partir de ellas en relación a los movimientos de ganado trashumante, en el resto de las villas sobre las que ofrecemos información en los distintos cuadros, la cuantía de las rentas tradicionales suponía en torno al 25-35 % del valor total de los derechos señoriales. Recordemos que, originalmente, los infantes no disfrutaron de la percepción de las tercias reales ni de las alcabalas en sus dominios. La situación en Briones y Cerezo era completamente anómala, pues gozaban ambas villas de exenciones de muchos de los derechos señoriales en 1444 a cuenta de su condición fronteriza   Colección documental de Cuéllar…, doc. 234, pp. 396-397.

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con Navarra. Por su parte, los datos relativos a Alburquerque, Alconchel y Montalbán no permiten realizar estimación del valor de las rentas tradicionales, al no disponerse más que de números globales y, en el mejor de los casos, solo es posible en Alburquerque al comparar los datos de 1439-1442 con los de 1453, el distinguir el porcentaje que pudieran haber supuesto las tercias y alcabalas frente al conjunto de rentas señoriales en el total de ingresos señoriales, dos y un tercio, respectivamente. Mientras, solo en Medina del Campo y en Olmedo en 1444 estos derechos representaban un 52 % y un 48 % del total de las rentas típicamente señoriales, si bien la situación de Medina del Campo respecto al valor de sus rentas en las décadas centrales del siglo xv es completamente extraordinaria y la enorme cuantía de su portazgo (25 000 mrs.) y de sus alcabalas (1 850 000 mrs.) solo puede explicarse por la pujanza del tráfico comercial generado por las ferias allí celebradas desde su fundación por el infante Fernando. La situación generalizada, sin embargo, era que habitualmente la martiniega fuese la renta antigua que implicaba la mayor tasa para los vecinos del concejo (en torno al 20-25 % del total de las rentas señoriales), mientras que el resto de rentas eran más modestas o incluso de una importancia cuantitativa casi insignificante. Continuidad en su percepción y una modesta cuantía nos conducen al tercer aspecto a subrayar en torno a estas rentas señoriales tradicionales: su condición de rentas çiertas. Es decir, que se trataba de rentas relativas a derechos señoriales ejercidos sobre los sujetos dominados que estos reconocían como propias y legítimamente debidas a sus señores. En ello mediaba la costumbre ancestral en su percepción por los señores, sostenida a lo largo de los años, pero también la existencia de testimonios documentales antiguos que referían tanto el cumplimiento de su pago por los concejos como la misma fijación de las condiciones por las cuales estos derechos eran reclamados por los señores y se procedía a su reparto y recaudación por los oficiales concejiles y por los oficiales señoriales. La presencia de referencias a todo ello entre los instrumentos conservados en las arcas donde se conservaban fueros y privilegios de los concejos, en sus libros de actas y cuadernos contables de los mayordomos concejiles y también en los documentos de los archivos señoriales se convertían en una prueba evidente del tipo de relación establecida entre señores y vasallos alrededor de la prestación de estos derechos, que contribuía a su fijación de manera estable a lo largo del tiempo. La propia elaboración del Libro Becerro de las Behetrías, en la Castilla al norte del Duero también hubo de contribuir a ese proceso de construcción de una fuerte memoria entre las comunidades de habitantes de todo el reino respecto a sus obligaciones y derechos hacia sus señores por lo que tocaba a la exacción señorial, visible en la Corona de Castilla pero generalizada en todo el Occidente medieval entre los siglos xi y xv.39 39   Resultan de sumo interés sobre la progresiva definición de las condiciones para el ejercicio de la exacción señorial sobre las comunidades dominadas y el peso de la escritura-

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Por tanto, esa conciencia, bien fijada a través de pruebas escritas y de la transmisión oral del recuerdo de las prestaciones debidas a sus señores, escenificada en contextos como los pleitos sobre la posesión de derechos señoriales a través del recurso a las probanzas de testigos,40 establecía unos límites bien definidos a la acción señorial, limitando su capacidad para aumentar arbitrariamente las cargas debidas por sus dominados a cuenta de unos derechos que se hallaban tipificados de forma expresa y clara. Es cierto que esto mismo garantizaba la percepción de esos tributos. Por lo que hemos podido comprobar en los lugares bajo el señorío de los infantes, el pago de estos derechos no dio lugar a objeciones ni contestaciones de consideración hacia don Fernando ni los suyos, más allá de la insistencia en el cumplimiento del mismo en moneda vieja o su equivalente en moneda nueva, que inicialmente debió de ser visto con desagrado por las distintas autoridades concejiles.41 De hecho, cuando se produjeron intentos de negociación en relación a estas rentas, como el que elevó el concejo de Paredes de Nava al infante Juan de Aragón en 1420 sobre la escribanía, la merindad y las sernas que este percibía en la villa, las motivaciones para presumibles intentos de rebaja, eliminación o donación de la renta a los concejos pudo tener menos que ver con que resultasen estos mismos muy gravosos que con el hecho de que, durante los años del señorío del infante Fernando, la ción de los límites en cuanto a tipos de prestaciones, tiempos de cumplimiento y cuantías debidas los volúmenes colectivos de Bourin, Monique, Martínez Sopena, Pascual (coords.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (xie-xive siècles). Réalités et représentations paysannes, París, Publications de la Sorbonne, 2000; id., Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (xie-xive siècles). Les mots, les temps, les lieux, París, 2007. Si el primero se centraba más en la perspectiva de los dominados hacia la punción señorial y en la delimitación de sus obligaciones, el segundo se ocupa preferentemente de la postura de los señores, tanto en lo relativo al ejercicio de la exacción y la recolección de rentas como por lo que respecta a la enunciación y legitimación de sus derechos sobre las comunidades sometidas a ellos. 40   Nos podemos remitir a las declaraciones de testigos levantadas en los distintos procesos de reclamación por parte del infante Fernando de los derechos sobre las behetrías correspondientes al señorío de Lara, entre 1398 y 1417, en el entorno de la villa de Salas, en las Asturias de Santillana o en la merindad de la Bureba. Para un estudio de interés en torno al valor de la pesquisa como medio de prueba y elemento legitimador de derechos en la sociedad castellana pleno y bajomedieval y su análisis desde una perspectiva antropológica, vid. Alfonso Antón, Isabel, Jular Pérez-Alfaro, Cristina, «Oña contra Frías o el pleito de los cien testigos: una pesquisa en la Castilla del siglo xiii», Edad Media. Revista de Historia, 3 (2000), pp. 61-88. 41   Así se insistía en Paredes en 1404 o 1411 e, incluso, en 1414 se requirió que la equivalencia entre moneda vieja y nueva se hiciera a 220 mrs. de esta última por cada 100 de moneda vieja (AMPdN, CP., 238/7, f. 6/21 r., 238/13, f. 12/47 v., 239/3, f. 15/05 r.). Requerimientos similares en Villalón en 1409 y luego en 1411, cuando se intentó sacar a arriendo la renta de la escribanía por 8800 mrs., equivalentes a 4000 mrs. de moneda vieja por orden del infante, lo cual no fue posible cumplir totalmente, ya que la puja máxima por la renta la dio Juan García de Villacilda por 7000 mrs. (AMVillalón, LdA, n.º 1, 25 de agosto de 1409, 1 de enero de 1411).

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presión exactiva ejercida por la autoridad señorial hubiera aumentado ostensiblemente por otras vías.42 Tabla 6.  Ingresos anuales en villas bajo el señorío de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y sus hijos 6.1.  Paredes de Nava (1400-1429) Martiniega o marzadga (Cuantía fija) Yantar (Cuantía fija) Escribanía (Arrendamiento anual) Merindad (Arrendamiento anual Pedido (Cuantía variable según requerimiento o negociación) Herbaje (Arrendamiento anual. Percibido por el alcaide del alcázar) Total

7200 mrs. (10,13 %) 1200 mrs. (1,69 %) 7000 mrs. (en 1427) (9,85 %) 8000 mrs. (en 1425) (11,26 %) 46 160 mrs. (40 000 mrs. en 1404; 108 000 mrs. en 1410) (64,96 %) 1500 mrs. (valor medio más usual entre 1400-1420) (2,11 %) 71 060 mrs.43

AMPdN, CP, 236/15-237/2, 237/9, 237/12.

6.2.  Las Garrovillas de Alconétar (1408) Renta de las barcas del puente de Alconétar (Arrendamiento) Escribanía (Arrendamiento)

20 000 mrs. (24 %) 1000 mrs. (1,20 %)

42   Las referencias simplemente citan la misión que, en nombre del concejo, Diego Alfonso Caballero y Juan Sánchez realizaron sobre este asunto ante su señor. Desconocemos si acaso se pretendió que estos derechos les fueran perdonados o conmutados por el pago de otros tributos ante la presión que para la villa suponía el resto de cargas señoriales a las que se hallaba sometido (AMPdN, CP., 239/9, ff. 21/7 v., 16 r. y v.). En todo caso, en 1445 el rey Juan II confirmó la donación que su guarda mayor Juan de Acuña hizo al concejo de la merindad y la escribanía, si bien, cuando la villa pasó a los Manrique, los señores recuperaron estos derechos (AMPdN, Instrumentos de archivo, 10026/3, f. 12 r. y v.; Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano…, 197-199, 230, 235-239). 43   No se incluye el valor de tercias y alcabalas, pues nunca fueron llevadas por don Fernando. Las tercias pertenecían al condestable Ruy López Dávalos y, tras el proceso contra él, dichas tercias pasaron al infante Juan de Navarra, igual que otras rentas reales que fueron del condestable por todo el reino, las cuales montaban en 1429 41 000 mrs. anuales, (AGS, EMR, MyP, serie 1.ª, leg. 1-1, f. 272 r., leg. 10-1, f. 40).

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11 500 mrs. (13,80 %) 100 mrs. (0,12 %) 1250 mrs. (1,50 %) 30 000 mrs. (36 %) 135 fanegas de pan (75 cada año) 550 mrs. anuales (0,66 %) 4520 mrs. (5,42 %)

Diezmos menudos (Arrendamiento) Mostrenco (Arrendamiento) Martiniegas (Cuantía fija) Renta de La Lucía y las dehesas (Arrendamiento) Renta de las aceñas de Alcongeyto (Arrendamiento por 2 años) Renta del canal de Almonte (Arrendamiento por 4 años) Renta de los diezmos del vino (Arrendamiento) Renta de los diezmos del pan (Arrendamiento) Yantar (Cuantía fija) Laude (herbaje) (Cuantía fija) Pedido (Cuantía variable según requerimiento o negociación) Total

¿?44 1200 mrs. (1,44 %) 2000 mrs. (2,40 %) ¿11 500 mrs?45 (13,80 %) Más de 83 350 mrs.

AGS, Real Patronato, leg. 29, n.º 50.

6.3.  Villalón (1.ª mitad del siglo xv) Escribanía (Cuantía fija) Merindad (Arrendamiento) Tercias de las parroquias de San Andrés, San Pedro y San Miguel Martiniega (Cuantía fija)

Yantar (Cuantía fija)

7000 mrs. por cada una de las escribanías del número de la villa 7000-12 000 mrs. (en 1411 y 1419) (14 000 mrs. en 1435; 18 000 mrs. en 1448) ¿? 1400 mrs. 4 mrs. cada casa de pecheros con casa propia; pecheros sin casa propia e hidalgos, exentos46 1200 mrs. 3 mrs. por cada casa pechera poblada; los caballeros por su persona

44   Se indica que no se arrendó ese año y el recaudador del infante mandó repartirla en contribución entre los vecinos. 45   Se desconoce la cuantía del pedido señorial. Hemos tomado orientativamente el valor del pedido que en 1402 reclamó el infante Fernando a la villa de Granadilla (ACDA, C.ª 346, n.º 1), aunque previsiblemente, a tenor de lo que montaban el resto de rentas, su cuantía hubo de ser al menos comparable a las de las rentas más ricas. 46   Su cuantía era de 2400 mrs. aunque 1000 mrs. habían sido donados al convento de Santo Domingo de Villalón en el momento de su fundación por los infantes en 1402.

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Derechos donados al convento de Santo Domingo de Villalón47 Derechos sobre las rentas ciertas de la villa percibidas por la reina Leonor de Alburquerque (1429) Pedido (Cuantía variable según requerimiento o negociación. Incluye el de la aljama judía) Derechos propiamente señoriales Alcabalas (¿arrendadas cada 4 años?) Total

21 333 mrs. (30,61 %- 12,57 %) 48 360 mrs. (en 1420) (69,39 % - 28,50 %) (85 500 mrs. en 1409, de pedido y prestido; 24 000 mrs. en 1435) 69 693 mrs. (41,07 %) c. 100 000 mrs. (58,93 %) Hasta 400 000 mrs. totales (en 1420) c. 169 693 mrs.

Beceiro Pita, I., El condado de Benavente…, pp. 129-167; Duque Herrero, C., Villalón de Campos…, pp. 41-59; AGS, EMR, MyP, serie 1.ª, leg. 1-2, f. 43, leg. 32, ff. 32-49; AHN, Clero, carp. 3.521; AHNob, Osuna, C.ª 444, n.º 1, ff. 117119 v., leg. 527-2-23, f. 9; AMVillalón, LdA, n.º 1, 24 de agosto, 13 de octubre, 1 de diciembre de 1409, 27 de octubre, 16 de noviembre, de 1410, 9 de enero de 1411; ARChVall, Protocolos y Padrones, C.ª 176, n.º 1, 2 de marzo, 31 de marzo, 10 de junio de 1420. 48

6.4.  Alba de Tormes (1411-1429) Portazgo (Arrendamiento)

Escribanía (Cuantía fija) Yantar y martiniega (Cuantía fija) Penas de cámara Quinto del ganado y otros derechos

8000 mrs. (media para el período) (15,87 % - 3,19 %) (10 600 mrs. en 1418; 5000 mrs. en 1426) 4500 mrs. (8,93 % - 1,80 %) 1900 mrs. (3,77 % - 0,76 %) 1000 mrs. (en 1411)48 (1,98 % - 0,40 %) ¿?

47   El estanco del vino sobre las tercias de la villa, que en 1409 ascendía a 400 mrs., la cabeza de pecho de los judíos, que en 1448 montaba 1800 mrs., las rentas de los fueros y 4 excusados libres de todo pecho fueron donados por los infantes al convento de Santo Domingo para dotar su fundación. A su vez, las heredades del Ruysennor, que rentaban entre 3500 y 4000 mrs. en 1448, fueron también donadas a dicho convento por la reina Leonor en 1418, cuando fundó una capellanía servida por uno de los frailes de la citada comunidad. 48   No hay referencias a estas penas de cámara después de 1411, una vez que Fernando y Leonor adquirieron el señorío sobre la villa.

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Pedido (Cuantía variable según requerimiento o negociación. Se incluye el de la aljama judía)49

Derechos propiamente señoriales Alcabalas Tercias y alcabalas de feria Total

35 000 mrs. (69,44 % - 13,98 %) (30 000 al concejo; 5000 a la aljama, como media para el período) (30 000 y 3000 mrs. respectivamente en 1411; 30 000 y 7000 mrs. en 1423) Más de 50 400 mrs. (20,13 %) c. 150 000 mrs. (59,90 %) c. 50 000 mrs. (19,97 %) c. 250 400 mrs.

Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político…, pp. 370-372; AMAdT, IE, 0002.01-0004.02, LAC, 1411 a 1423.

6.5.  Medina del Campo (1444) Portazgo (Arrendamiento cada 4 años)

25 000 mrs. (17,29 % - 1,20 %)

Martiniega (Cuantía fija)

33 660 mrs. (23,29 % - 1,61 %)

Yantar (Cuantía fija)

1320 mrs. (0,91 % - 0,06 %)

Escribanía (Cuantía fija)

5765 mrs. (3,99 % - 0,28 %)

Cabeza de pecho de los judíos (Cuantía fija)

8800 mrs. (6,09 % - 0,42 %)

Pedido (Cuantía variable; valor acostumbrado) Alcabalas (Arrendamiento cada 4 años) Tercias (Arrendadas) Derechos propiamente señoriales Alcabalas y tercias Total

70 000 mrs. (48,43 % - 3,36 %) 1 850 000 mrs.50 (88,75 %) 90 000 mrs. (4,32 %) 144 545 mrs. (6,93 %) 1 940 000 mrs. (93,07 %) 2 084 545 mrs.

AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 6.

49   En los años del señorío de Beatriz de Portugal se declaraba el cobro del pedido en enmienda de otro derecho, el noveno, que desconocemos a qué podía remitir. 50   El valor de las alcabalas en el documento de 1444, aunque remite a su arrendamiento por cuatro años en el arrendamiento de la masa, se refiere a su cuantía anual.

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6.6.  Olmedo (1444) Portazgo (Arrendamiento) Renta del señorío (Arrendamiento) Martiniega (Cuantía fija) Yantar (Cuantía fija) Escribanía (Cuantía fija) Cabeza de pecho de los judíos (Cuantía fija) Pedido (Cuantía variable; valor acostumbrado) Infurciones (Cuantía fija) Alcabalas (Arrendamiento cada 4 años) Tercias (Arrendadas) Derechos propiamente señoriales Alcabalas y tercias Total

2400 mrs. (4,18 % - 0,71 %) 800 mrs. (1,39 % - 0,24 %) 15 326 mrs. (26,69 % - 4,54 %) 1200 mrs. (2,09 % - 0,36 %) 6900 mrs. (12,01 % - 0,36 %) 800 mrs. (1,39 % - 0,24 %) 30 000 mrs. (52,24 % - 8,89 %) 133 fanegas de pan mediado 205 000 mrs. (60,75 %) 75 000 mrs. (22,23 %) 57 426 mrs. (17,02 %) y 133 fanegas de pan mediado 280 000 mrs. (82,98 %) 337 426 mrs. y 133 fanegas de pan mediado

AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 6.

6.7.  Cuéllar (1444) Portazgo (Arrendamiento) Martiniega e infurción (Cuantía fija) Yantar (Cuantía fija) Escribanía (Cuantía fija) Cabeza de pecho de los judíos (Cuantía fija) Pedido (Cuantía variable; valor acostumbrado) Alcabalas (Arrendamiento cada 4 años)

2400 mrs. (3,53 % - 0,75 %) 17 400 mrs. (25,63 % - 5,47 %) 1200 mrs. (1,77 % - 0,38 %) 5400 mrs. (7,95 % - 1,70 %) 1500 mrs. (2,21 % - 0,47 %) 40 000 mrs. (58,91 % - 12,58 %) 180 000 mrs. (56,62 %)

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70 000 mrs. (22,02 %) 67 900 mrs. (21,36 %) 250 000 mrs. (78,64 %) 317 900 mrs.

Tercias (Arrendadas) Derechos propiamente señoriales Alcabalas y tercias Total AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 6.

6.8.  Peñafiel (1444) Escribanía (Cuantía fija) Cabeza de pecho de los judíos (Cuantía fija) Pedido (Cuantía variable; valor acostumbrado) Derechos pertenecientes al convento de San Juan y San Pablo de Peñafiel51 Alcabalas (Arrendamiento cada 4 años) Derechos propiamente señoriales Alcabalas52 Total

5000 mrs. (23,81 % - 3,46 %) 1000 mrs. (4,76 % - 0,69 %) 15 000 mrs. (71,43 % - 10,35 %) 123 300 mrs. (85,34 %) 21 000 mrs. (14,56 %) 123 300 mrs. (85,34 %) 144 300 mrs.

AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 6.

6.9.  Briones y Cerezo (1444) Derechos señoriales en Briones (Cuantía fija) Derechos señoriales ordinarios en Cerezo (Cuantía fija y arrendamientos) Pedido (Cuantía variable; valor acostumbrado) Alcabalas y tercias (Arrendamiento cada 4 años)

No se llevaba ninguno 2840 mrs. No lo pagan por privilegio Más de 35 000 mrs.53

AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 6.

51   El resto de derechos señoriales (martiniega, portazgo, entrega y parte de la cabeza de pecho de los judíos, la guarda de los pueblos y la prestamería de la villa y su tierra), como sabemos, los tenía en merced desde su fundación en 1320 el convento dominico de San Juan y San Pablo de Peñafiel. Para principios del siglo xv, su cuantía era de 9000 mrs. de martiniega, 3000 mrs. de portazgo, 2000 mrs. en la cabeza de pecho de los judíos, 1000 en las entregas de los judíos, 600 de la guarda de los pueblos y 412 de la prestamería, que hacen 16 012 mrs. (García García, M.ª É., San Juan y San Pablo de Peñafiel…, pp. 18-24, 69-73). 52   Las tercias pertenecían a Pedro de Stúñiga, conde de Plasencia, y antes a su padre Diego López de Stúñiga (AHNob, Osuna, carp. 98, n.º 1-17). 53   El documento señala cómo las alcabalas de Roa, Aranda, Briones y Cerezo, junto con las tercias de Cerezo, se arrendaron juntas en 622 500 mrs. Sobre dichas rentas en estas dos últimas villas, solo sabemos que se debían a los arrendadores reales 30 000 mrs. por las de Briones y 5000 mrs. por las de Cerezo, si bien nunca se concluyó avenimiento por ellos con los dichos arrendadores reales.

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6.10.  Ledesma (1446-1448) Cabeza de pecho de la aljama de los judíos (Cuantía fija) Martiniega (Cuantía fija) Yantar54 (Cuantía fija) Escribanía (Arrendamiento) Portazgo (Arrendamiento) Renta de la tercia (Cuantía variable) Renta de la barca de Mieza (Arrendamiento) Renta del herbaje de los lugares yermos55 (Arrendamiento) Pedido (Cuantía fija) Alcabalas y tercias reales56 Total

400 mrs. (0,35 / 0,34%) 8000 mrs. (7,03 / 6,76%) 3960 mrs. (3,48 / 3,35%) 4500-5000 mrs. (3,95 / 4,22%) 10 000 mrs. (8,78 / 8,45%-) 18 000-20 000 mrs. (15,81 / 16,90%) 1000 mrs. (0,88 / 0,85%) 8000-10 000 mrs. (7,03 / 6,76%) 60 000 mrs. (52,70 / 50,69%) ¿? 113 860-118 360 mrs.

AHNob, Osuna, Cª. 444, nº. 1, ff. 120-126r.

6.11.  Rentas señoriales en Alburquerque, Alconchel, Montalbán y Ledesma (1439-1454) Alburquerque (con Azagala) (1439-1442) Alburquerque (con Azagala) (1453) Alconchel (1439-1442)

104 965 mrs. anuales (pechos y derechos) 300 000 mrs. 66 208 mrs. anuales (pechos y derechos)

Montalbán (1453)

252 640 mrs.

Ledesma (1453)

252 360 mrs.

Ladero Quesada, M. Á., La Hacienda Real…, pp. 259, 263. AGS, EMR, leg. 540.

  Se dividía en tres partes, cada una de 1320 mrs., pagada una por los lugares de la tierra de Ledesma que eran del obispo de Salamanca, otra por los lugares de la tierra que eran de la encomienda de San Nicolás y la última por los lugares de la tierra que no eran de abadengo. 55   Se recogen, tras contabilizarse las rentas, las aldeas de la tierra de Ledesma repartidas en las 11 rodas en que se dividía, consignándose los que eran yermos. 56   Entendemos que la renta de la tercia, como en Villalón y otras villas, se refiere al tercio de las tercias eclesiásticas que desde tiempo antiguo correspondía al señor y no a las tercias reales, que, como las alcabalas no son consignadas pese a que seguramente se hallaban situadas en la villa y tierra a beneficio de su señor. 54

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No hemos hecho referencia, por otro lado, a toda una serie de pequeñas contribuciones que los concejos de las villas realizaban habitualmente pero con carácter extraordinario fundamentalmente, a partir del requerimiento realizado por sus señores, a modo de presentes. Entre ellas, acaso la más significativa fue la que el infante Fernando instituyó para conmemorar el día de San Andrés, el 30 de noviembre, en memoria de su propio nacimiento. Convertido en uno de los acontecimientos centrales del aparato ceremonial del infante en Castilla, el día de San Andrés implicaba la celebración anual de festejos de cierta relevancia en la Corte del infante allí donde este se encontrara, bien fuera Medina del Campo u otro lugar, como Palencia en 1409 o Lérida en 1413. Estas fiestas se documentan mediante los requerimientos de víveres que se hicieron a algunas villas bajo el señorío de don Fernando y doña Leonor para los banquetes aparejados. Es posible citar algunos ejemplos de ellos, sin ánimo de resultar exhaustivo. De este modo, para la celebración de la festividad en 1402 en Medina del Campo consta la petición a su villa de Paredes de Nava de 20 carneros y 200 capones y gallinas57 y a la de Cuéllar de otros 15 carneros y 100 gallinas.58 A su vez, en 1409 la fiesta se celebró en Palencia, como atestigua la orden dada a la villa de Villalón para que entregase a Alfonso Fernández de las Osas, despensero del infante, 140 gallinas.59 Lo que sí es cierto es que las contribuciones a dichas fiestas por parte de los lugares bajo dominio del infante, habitualmente en ganado ovino y aviar —las cuales, por lo que deja entrever la documentación conservada, parece que no eran elevadas con carácter general a todos ellos sino arbitrariamente solicitadas por el poder señorial en aquellas poblaciones que se estimase oportuno bajo premisas de necesidad y disponibilidad de determinados recursos—, adquirieron un valor simbólico no desdeñable en la escenificación del sometimiento de estos vasallos a su señor. Precisamente, la consideración y la naturaleza fundamentalmente simbólica de ciertos tributos como los aquí referidos en la definición de las relaciones entre señores y vasallos ha sido puesta de relieve por recientes investigaciones de carácter comparativo desde una perspectiva geográfica y cronológica amplia.60 Esto era así, como decíamos, en la medida en que estas peticiones para la fiesta de San Andrés, junto con otros requerimientos particulares de víveres, monturas u otros servicios, repartidos en momentos puntuales del año, vinieron a sustituir, dentro del señorío del infante Fernando y su esposa, a otras tasas como el presente de Navidad, en esta época de muy limitado peso cuan  AMPdN, CP 238/04, ff. 3 r-4 r; 238/05, ff. 4 r-11 r y 25 r.   Colección documental de Cuéllar…, p. 365, doc. 222. 59   AMVillalón, LdA, n.º 1, 20 y 26 de noviembre de 1409. 60   Bourin, M., Martínez Sopena, P. (eds.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (xie-xive siècles). Les mots, les temps, les lieux, especialmente en los trabajos de la tercera parte del volumen, titulada «Temps et lieux du prélèvement seigneurial» (pp. 311-496), tal y como se enunciaba dentro de los objetivos planteados en la introducción por los editores (pp. 9-14, en concreto pp. 12-13). 57 58

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titativo en el balance general de la hacienda señorial pero que, sin embargo, contaban con una notable relevancia en la fijación de dinámicas fiscales y de ejercicio y reconocimiento de la autoridad señorial. Estos tributos, difícilmente tipificables y de significativo valor simbólico, se hallaban ampliamente generalizados dentro de las fiscalidades señoriales bajomedievales en Castilla, igual que los regalos navideños,61 que en nuestro caso serían sustituidos por los requerimientos de la fiesta de San Andrés. En la medida en que no existen noticias a la percepción de un presente de Navidad durante el señorío del infante Fernando y su esposa, la devoción a San Andrés tendió de algún modo a convertirse en uno de los referentes temporales dentro del ciclo anual de la relación señorial establecida hacia el infante Fernando por sus vasallos, si bien su impacto se antoja limitado, en tanto en cuanto esta forma de exacción no llegó a regularizarse para todos los lugares del señorío de los infantes. Por otro lado, resulta, en este sentido, muy ilustrativa la información aportada por la contabilidad concejil del concejo de Paredes de Nava, la cual permite documentar otros requerimientos particulares de típicos regalos, como mulas,62 alimentos,63 la solicitud de hombres, cabalgaduras y carros para transportar los equipajes de los señores.64 En esta misma línea se encuentran los requerimientos de productos destinados al seguimiento de obras constructivas o las mismas prestaciones de trabajo para ellos, como las que ordenaron los infantes entre 1405 y 1406 para, presumiblemente, la remodelación de sus palacios de Medina del Campo, del castillo de Peñafiel o las murallas de Lerma.65 Prestaciones de este tipo normalmente no implicaban el   Quintanilla Raso, M.ª C., «Haciendas señoriales nobiliarias…». pp. 778-781; BeceiPita, I. El condado de Benavente..., pp. 154-155. 62  AMPdN, CP, 238/03, ff. 02/03 r.-04 r. y 07 v., 1401-1402, cincuesmas; 238/11, f. 10/10 v., 1409. 63   AMPdN, CP, 238/11, f. 10/11 v., 1409. 64   AMPdN, CP, 238/11, ff. 10/16 r.-10/18 r. 65   El 14 de agosto de 1405, la infanta Leonor ordenó al concejo de Cuéllar pagar a Sancho Sopas y otros hombres buenos de las aldeas de la tierra de la dicha villa 400 mrs. que el concejo les adeudaba por la fabricación de 61 fanegas de yeso que la infanta les solicitó que le enviasen a Medina del Campo (Colección documental de Cuéllar…, doc. 241, pp. 403404). En este caso no parece concretarse ningún pago por parte de los infantes al concejo por un material constructivo que solo hipotéticamente podemos suponer que se destinó a las reformas realizadas en los palacios reales de la plaza de Medina del Campo ordenadas por don Fernando [vid. Moreda Blanco, Francisco Javier, Martín Montes, Miguel Ángel, «El Palacio Real de Medina del Campo (Valladolid)», en V Congreso de Arqueología Medieval Española, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla y León, 2001, vol. 2, pp. 861-868, donde una intervención de urgencia permitió localizar muestras de las yeserías y zócalos cerámicos instalados en dichos palacios por los infantes, a juzgar por la aparición de un escudo en yeso con las armas de don Fernando]. Mientras, pocos meses después, el 22 de enero de 1406, el infante Fernando ordenó de nuevo al concejo de Cuéllar que permitiese a los vecinos de Peñafiel entrar en los montes y pinares de la villa con el fin de abastecerse de la madera precisa para la restauración del castillo de Peñafiel que él había mandado realizar (Colección documental de Cuéllar…, doc. 244, p. 405). 61

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pago de un salario o del valor del bien entregado, al entenderse como parte de los derechos señoriales, para el mantenimiento de su casa y la defensa y guarda de sus fortalezas y villas, extendiéndose en este último caso la justificación al ennoblecimiento y bien común de dichas villas cuando las obras constructivas podían afectar a las estructuras propias del núcleo urbano de las mismas.66 No han de confundirse, en todo caso, con solicitudes realizadas por los señores de diferentes bienes pero en las cuales se reconocía que se pagaría el precio estipulado por las mercancías solicitadas. Así, estas se podían referir a alimentos u otros bienes necesarios para el abastecimiento de las comitivas de los infantes.67 De todas formas, el acceso preferente a los recursos de que pudieran proveerles sus vasallos también ha de entenderse como un privilegio derivado del ejercicio de la autoridad señorial. Retomando la cuestión de la cuantía de los derechos señoriales, aunque el reajuste de la percepción de derechos antiguos a su valor en moneda nueva en el reinado de Enrique III debió de ayudar a una apreciación de las rentas señoriales tradicionales en Castilla tras las crisis monetarias del cuarto de siglo anterior, hemos podido observar que, si la tendencia en las haciendas señoriales se dirigió a la búsqueda de nuevos ingresos, por lo que se refirió a la exacción sobre sus villas, tanto el infante Fernando como otros señores de su tiempo y aun desde décadas antes, concentraron su atención en otra renta completamente distinta: el pedido señorial. En todas las villas bajo el señorío de don Fernando y doña Leonor era el derecho más cuantioso de todos los 66   Así se aduce en la orden que el 2 de febrero de 1406 desde Guadalupe dio el infante para que los vecinos de la villa de Lerma organizasen cuadrillas para excavar los cimientos para la nueva cerca, dando su poder a Juan Alfonso, escribano de Lerma, y a Benito Sánchez de Iglesiarrubia para que organizasen cuanto fuera necesario para llevar a cabo la obra. Esto levantó la oposición de los lugares del alfoz de Lerma. Por una nueva carta dada el 20 de abril desde Medina del Campo, el infante señalaba que, sobre la obra de la cerca, … ansí como en ésta e en fuente e en puente e en otras cosas que son pro e comúnd de todos…, no debían las gentes de los dichos lugares excusarse de participar en ella, con trabajo o con el pago de los gastos que implicasen, ordenando a Pedro Núñez de Guzmán, su copero mayor y su prestamero mayor en la villa de Lerma o a sus oficiales en dicha prestamería que ayudasen a Juan Alfonso y Benito Sánchez a que se cumpliese lo dispuesto (AMLerma, Villa y Tierra, signatura 274, leg. 8, n.º 39). 67   En septiembre de 1409, la infanta Leonor requirió al concejo de Villalón que le fueran enviadas a Paredes de Nava hasta 200 gallinas y pollos, prometiéndose el pago de cada par de aves a 10 y 8 mrs. respectivamente. A los pocos días, el concejo recibió carta de pago por ellas, siendo informado además de la aceptación del regalo que le habían enviado de una mula (AMVillalón LdA, n.º 1, 15 de septiembre y 4 de octubre de 1409). Años antes, en diciembre de 1405, doña Leonor requirió al concejo de Cuéllar que se repartiese entre los vecinos de la villa y tierra la entrega de 30 cargas de carbón para su cámara y la de sus hijos. Ya en marzo de 1407, ella misma ordenó que se pagara al concejo por 30 cargas de carbón que le enviaron a sus palacios de Medina del Campo, si bien podemos dudar de si se refería al pago del carbón requerido en 1405 o si, en realidad, se había generalizado que se solicitase al concejo de Cuéllar proveer de este combustible a la corte de sus señores (Colección documental de Cuéllar…, doc. 242, p. 404, doc. 254, pp. 411-412).

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estrictamente señoriales que estos percibían. Alrededor de los dos tercios o incluso tres cuartos de las rentas señoriales eran generadas a partir de la solicitud de pedidos. La profesora Beceiro consideró el pedido como el punto fuerte de las rentas señoriales en un momento de transición en la transformación de las haciendas de la aristocracia castellana, justamente entre el final del siglo xiv y el inicio del siglo xv; un proceso que cristalizaría décadas después con la apropiación en sus dominios de los capítulos centrales de la fiscalidad real, tercias y alcabalas, y con la maximización de la extracción de renta a partir de los recursos derivados del ejercicio de la autoridad jurisdiccional sobre las villas, sus pobladores y términos.68 Sin embargo, ¿en qué consistía esta carga exactiva y dónde se hallaba su origen? Significativamente, en el Becerro de las Behetrías no se consigna nunca que los señores, ni temporales ni eclesiásticos, llevasen entre sus derechos habitualmente el pedido. Solo muy ocasionalmente aparece mencionado. A partir de la muestra que manejamos en este libro para el estudio de la adquisición de la martiniega entre finales del siglo xiii y mediados del siglo xv, de 452 lugares considerados en ella, solo en tres, bajo señorío solariego de Pedro de Haro, se menciona el pedido como un derecho señorial junto al yantar.69 Por ello, pese a lo poco representativo de este resultado, estamos en condiciones de valorar que el pedido señorial no fue desarrollado ex novo a partir de la segunda mitad del siglo xiv sino que, al menos, los principios y prácticas que dieron lugar a su generalización ya a inicios del siglo xv tenían un origen anterior. Efectivamente, las referencias al petitum son mucho más antiguas, aunque vinculadas a las cargas exactivas propias del rey. Así, ya Claudio Sánchez Albornoz trató sobre el origen del petitum en un trabajo clásico a día de hoy, que situaba las primeras noticias acerca de esta carga como una «prestación excepcional ideada por Alfonso VI en 1091 como medida de emer­ gencia».70 Consolidado y generalizado en su reclamación a lo largo de los reinos de León y Castilla, en el siglo xii, el pedido se convirtió en uno de los derechos tradicionales de la monarquía castellano-leonesa, precedentes de la «fiscalidad de Estado», que, no obstante, tendió a desaparecer como resultado de la generalización de las exenciones para su prestación pero, sobre todo, del desarrollo de los servicios extraordinarios —en conceptos de monedas, 68   La ejemplificación de este modelo, en concreto respecto a esa fase transicional en la que el pedido aparece en posición predominante, a partir de la evolución de la renta señorial de los Pimentel en Beceiro Pita, I., El condado de Benavente…, pp. 149-154. 69   Se trata de Bahabón de Esgueva, Oquillas y Santibáñez de Valdesgueva, todos en la merindad de Santo Domingo de Silos. Yantar y pedido eran los únicos derechos que correspondían al señor en ellos, junto con la infurción en Santibáñez (Libro Becerro de las Behetrías…, vol. II, pp. 639). 70   Sánchez-Albornoz, Claudio, «Notas para el estudio del petitum», en C. Sánchez-Albornoz, Estudios sobre las instituciones medievales españolas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, pp. 483-519, en concreto p. 504.

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pedidos y servicios— votados en Cortes durante el reinado de Alfonso X.71 Un análisis más en profundidad acerca del recorrido del petitum, en cualquier caso, ha permitido más bien distinguirlo como una tributación excepcional de carácter señorial exigida por el rey a sus vasallos, en efecto, pero basado en el ejercicio de su condición de señor sobre aquellos. Así, a partir de las citaciones al petitum, petitiones y pedido en los diplomas regios en el período que va de 1136-1141 a 1170-1176, se podría verificar el aumento de las referencias a este tributo y su generalización como petición extraordinaria realizada por el rey. De este modo, ese tributo se habría convertido en uno de los característicos de ese primer germen de la «fiscalidad pública» de la monarquía en Castilla y León, alcanzando la condición de una tasa ordinaria acaso su solicitud ya en el reinado de Fernando III para, bajo la monarquía de su hijo, desaparecer o, más bien, quedar diluido dentro de los distintos conceptos de contribución que compusieron los nuevos servicios de Cortes.72 Lo que nos interesa, entonces, es resaltar el origen del pedido no ligado a formulaciones del poder y la autoridad de carácter público sino a vínculos de tipo interpersonal y señorial. Por otra parte, no es menos interesante comprobar la incorporación progresiva de tales derechos por la monarquía en el marco de la definición del «señorío jurisdiccional del rey», hasta el punto de constituir uno de los sustratos para la formulación de los servicios extraordinarios ya sí basados en una percepción de la relación entre rey, reino y súbditos en términos progresivamente más afianzados de señorío natural, autoridad jurisdiccional y, en última instancia, de soberanía.73 Por tanto, sí estamos en condiciones de atribuir al pedido señorial un origen pretérito al segundo medio lustro del siglo xiv. Esto bien pudo producirse porque ya en los siglos  xii o xiii los señores contaban con el pedido como una fuente de exacción extraordinaria, igual que el rey como señor que en último término era   Ladero Quesada, Miguel Ángel, «Ingreso, gasto y política fiscal de la Corona de Castilla. desde Alfonso X a Enrique III (1252-1406)», Hacienda Pública Española, 69 (1981), pp. 25-55, en concreto pp. 27-28; id., Fiscalidad y poder real…, p. 54. 72   Estepa Díez, C., «La construcción de la fiscalidad…», pp. 65-76. El profesor Ladero muestra cómo fue mantenido el tipo impositivo, del 10 % sobre los bienes de los pecheros, que ya tenía el antiguo petitum para el cobro de los servicios extraordinarios que se percibían por vía de pedido, sobreviviendo también el propio concepto que sostenía la reclamación del tributo [Ladero Quesada, M. Á., «Ingreso, gasto…», p. 28; id., «Las transformaciones de la fiscalidad regia castellano-leonesa en la segunda mitad del siglo xiii (1252-1312)», en Historia de la Hacienda Española. Épocas antigua y medieval, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982, pp. 319-406, en concreto 329-334; id., «Fiscalidad regia y génesis del Estado en la Corona de Castilla (1252-1504)», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III. Historia Medieval, 4 (1991), pp. 95-135, en concreto pp. 99-103, 119-120]. 73   Sobre la conceptualización de la fiscalidad regia en la Castilla bajomedieval en torno a la formulación de la soberanía, Ortego Rico, Pablo, «Justificaciones doctrinales de la soberanía fiscal regia en la baja Edad Media castellana», En la España medieval, 32 (2009), pp. 113-138. 71

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aunque sin su misma capacidad para convertirlo en una carga de tipo ordinario. Otra alternativa es que, desde el final del siglo xiii, dentro del proceso que ya hemos nombrado de acceso a los distintos resortes conceptuales y ejecutivos de detentación y ejercicio del «señorío jurisdiccional», los señores aristocráticos en la Corona de Castilla fueron mimetizando la práctica de la monarquía de solicitar a sus vasallos dominados un tributo excepcional a modo de pedido en situaciones de necesidad. Sea como fuere, las muy contadas referencias en el Becerro al pedido muestran no tanto que el pedido señorial no fuera solicitado por los señores a mediados del siglo xiv sino que, ante todo, su requerimiento respondía a una apreciación más o menos arbitraria por parte de ellos de la situación de necesidad que conducía a su solicitud y a la fijación de la cuantía demandada. En la medida en que se tratase de una demanda no ordinaria, no prescrita por fueros ni ordenanzas locales y sin un valor prefijado, resulta de toda lógica que las comunidades sometidas no lo considerasen como uno de los pechos y derechos çiertos que debían a sus señores. En cualquier caso, que tampoco se reflejen quejas expresas a tomas ilícitas del pedido en el Becerro lleva a deducir que, con todo, aún se hallaría lejos de haberse generalizado en la imposición del pedido señorial a las comunidades dominadas en la primera mitad del siglo xiv.74 Ese paso se dio, efectivamente, durante la segunda mitad del siglo. Las primeras noticias que hemos localizado de lo que puede interpretarse como la conversión de una solicitud extraordinaria de pedido en una forma de tributación ordinaria se data entre 1370 y 1392 en la villa de Medinaceli por parte de los dos primeros condes de Medinaceli, Bernal y Gastón de Bearne. En el archivo de la casa ducal de Medinaceli se han conservado no pocos cuadernos de reparto de pechos diversos entre los pecheros de la villa y su tierra por conceptos como martiniegas, derechos solariegos y rondas y velas.75 Entre ellos aparecen también los correspondientes a la contribución ordenada por el conde para las obras de adarves y portillos de la muralla de la villa y de la fortaleza de manera continuada, anualmente, desde 1371 a 1380, además de toda una serie de repartimientos entre 1381 y 1392 por conceptos no especificados.76 Si en tales demandas tal vez pudiera resultar complicado asociarlo necesariamente con una forma de pedido, sí sabemos que en 1374 el conde don Bernal ordenó el reparto en la villa de 30 000 mrs. por una orden suya y en 1378, en condiciones similares, de 18 000 mrs., igual que el repartimiento que en 1377 se hizo para el servicio del conde. Podría, 74   Sí se refieren quejas en relación a tomas por la fuerza de yantares, martiniegas, sernas o incluso, genéricas a … lo que el señor les quiere tomar…, en lugares como Terradillos y Gumiel de Mercado y otros solariegos de Pedro de Haro (Libro Becerro de las Behetrías…, vol. II, pp. 640-642). 75   Documentación del condado de Medinaceli (1368-1454), ed. de M.ª L. Pardo Rodríguez, Soria, Diputación Provincial de Soria, 1993, pp. 145-204, correspondientes a la signatura del Archivo Ducal de Medinaceli, Medinaceli, leg. 82. 76   Ibid., pp. 156, 166-167, 170, 172-173, 179, 183, 186-187, 188, 222, 224.

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entonces, hacerse una vinculación de estos tributos con requerimientos de pedidos señoriales a partir de la evocación del término servicio por los mayordomos concejiles.77 A esas referencias se unen las que aparecen entre la contabilidad del concejo de Paredes de Nava entre 1393 y 1399 y que demuestran cómo el conde de Noreña Alfonso Enríquez, usurpando el señorío a Pedro Enríquez, conde de Trastámara, echó pedido sobre la villa por 20 000 mrs., cobrándolo anualmente él, primero, y luego, tras recuperar el señorío el conde de Trastámara, el hijo de aquel, don Fernando, aprovechando la lejanía de don Pedro en Galicia y la situación conflictiva que se vivía entre las facciones que trataban de controlar los oficios del concejo.78 Mientras, Juan Alfonso de Pimentel, desde el primer año en que se convirtió en conde de Benavente, en 1398, echó pedidos sobre sus vasallos de Benavente y su tierra por cuantía de 20 000 mrs., siendo considerada esta imposición como un abuso entre los muchos que denunciaron al rey que les infligía su nuevo señor. No obstante, el pedido señorial siguió imponiéndose por esta cantidad anualmente hasta que, en 1422, en un acuerdo para liquidar los pleitos que había iniciado contra don Juan Alfonso el concejo beneventano, su sucesor Rodrigo Alfonso Pimentel eximió a la villa del pago de este tributo.79 En cualquier caso, los condes de Benavente llevaron durante la primera mitad del siglo xv pedidos en Villalón (25 000 mrs.), en Mayorga (30 000 mrs.), el partido de San Juan de Losada en Sanabria y Carballeda (1000 mrs.), en Milmanda y su tierra (3000 y 15 000 mrs., respectivamente) y en Comonte (2100 mrs.), anualmente y por lo que parece con una cuantía ya fija en torno a 1448.80 Como hemos podido señalar en las tablas correspondientes, la demanda de pedidos señoriales anualmente en las villas del infante Fernando y de su esposa también era algo perfectamente asentado, procediendo las primeras noticias de ello de Paredes de Nava, desde 1400,81 y de Cuéllar, en 1402.82 Por tanto, no parece haber mucho lugar para dudar de que los pedidos señoriales en Castilla fueron pasando de ser tributos de carácter más o menos extraordinario en las décadas centrales del siglo xiv hasta haberse generali  Ibid., pp. 167, 183, 186.  AMPdN, CP, Borradores, 236/09, f. 55/38 v., 236/11, ff. 57/03 r., 05 v., 17 v. Vid. Fuente, M.ª J., «Los inicios de la contabilidad municipal en Castilla. Paredes de Nava (13861396)», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III. Historia Medieval, 11, 1998, pp. 61-83, en concreto pp. 70-76; Muñoz Gómez, V., «La participación política…». 79   AHNob, Osuna, leg. 451, n.º 11. 80   AHNob, Osuna, leg. 444. En general y con mayor detalle sobre estos asuntos aquí citados, Beceiro Pita, I., El condado de Benavente…, pp. 149-152. 81   En 1401, los infantes solicitaron un pedido de 40 000 mrs., destinado a la obra del puente de Alconétar, a los que se sumaron 20 000 mrs. más en concepto de prestido (AMPdN, CP, 238/03, ff. 2/4 v., 5 r., 8 v., 14 v.). 82   Ese año fueron demandados al concejo 16 000 mrs. de pedido (Colección documental de Cuéllar…, doc. 221, pp. 364-365). 77 78

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zado como una exacción de carácter anual. Su extensión como un pecho en la práctica ordinaria dentro de la punción señorial ejercida sobre villas y lugares no solo se limitó a la elite de la aristocracia formada por los principales ricoshombres del reino. Las cuentas presentadas por María de Guzmán, madre, curadora y tutora de su hijo Pedro Núñez de Herrera, hijo y heredero del mariscal García González de Herrera, de su ejercicio como tal en la administración de los bienes de su señorío entre 1405 y 1409 evidencian el cobro de pedidos en todas sus villas, Pedraza (14 000 mrs. anuales) y Torremormojón (5000 mrs. anuales).83 Este ejemplo puede ser válido para mostrar cómo la generalización de este tributo a lo largo de la segunda mitad del siglo xiv y el incremento considerable de ingresos que suponía para las haciendas señoriales afectaron también a los rangos subalternos de la aristocracia y, en general, se estaba haciendo sentir progresivamente en el conjunto de lugares sometidos a señorío, hasta el punto de que, a lo largo de la primera mitad del siglo  xv, el pedido señorial había pasado a ser la primera y más cuantiosa de las rentas señoriales ordinarias e, incluso, se había estabilizado la cuantía demandada en él como una cantidad fija anual. Es decir, que en la práctica se había visto reconocida en su condición ordinaria por las instituciones concejiles. Conviene, en todo caso, insistir sobre al menos dos especificidades más de los pedidos señoriales reclamados a las villas de los infantes Fernando y Leonor y de sus hijos. Estas tienen que ver con la variabilidad de la cuantía demandada para la satisfacción de este tributo en cada anualidad en que era reclamado. Así, dentro de la lógica de la petición «extraordinaria» y arbitraria del pedido por los señores, la solicitud y recaudación del mismo en el año estaba sujeta a fluctuaciones de la cantidad demandada hasta alcanzar situaciones extremas. Por un lado, la posibilidad de que se realizasen nuevas reclamaciones adicionales de tributos durante esa anualidad, en forma de prestidos, que aumentaban la presión de la carga tributaria sostenida por los dominados. Por otro lado, que la aceptación sucesiva por parte de los concejos del cumplimiento con los pedidos demandados por los señores diera lugar a reducciones y conmutaciones de las cantidades requeridas o, incluso, a la exención de pago en un determinado año. Atenderemos mejor a esta cuestión de la variabilidad del pedido con el fin de discernir qué criterios afectaban a la solicitud, concertación y recaudación del derecho señorial que, durante la segunda mitad del siglo xiv en Castilla, había permitido la práctica duplicación de los ingresos de los señores sobre la mayoría de sus lugares dominados. En la tabla 7 (pp. 380-381) hemos recogido a cuánto ascendió la cuantía del pedido entre 1401-1420 pagado por el concejo de la villa de Paredes de Nava, donde contamos con la información contable más completa dentro del   AHNob, Frías, C.ª 445, n.º 16.

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señorío de los infantes. Puede verse cómo normalmente esas cantidades oscilaron en torno a unos niveles intermedios de exigencia de 40 000 mrs., justo el doble de los pedidos llevados por los señores que antecedieron al infante Fernando y antes de la aplicación de las compensaciones de las rentas antiguas en moneda vieja a su equivalencia en moneda usual. Entre 1406 y 1410 se aprecia una oscilación notable en el valor fijado, llegando al máximo de tributación por este concepto, que alcanzó hasta los 150 000 mrs. anuales, coincidente con el contexto de acceso a la regencia de Juan II del infante Fernando, el seguimiento de las campañas contra Granada en 1407 y 1410 y, finalmente, los tratos para la obtención de los maestrazgos de Alcántara y Santiago para sus hijos en 1409. El monto del pedido quedó fijado entre 1411 y 1415, durante el reinado de Fernando en Aragón y la administración ejercida por Sancho de Rojas en los dominios castellanos de los monarcas aragoneses, en 46 100 mrs. —más allá de una mínima variación en 1414— para, tras la muerte de Fernando en 1416 y un consiguiente quebranto en los ritmos de solicitud y cumplimiento del pedido, volver a ser reajustada su cuantía por el infante Juan de Aragón en 60 000 mrs. que, en 1420, ante los acontecimientos provocados por el secuestro del rey por el infante don Enrique, se incrementaron a un nivel extraordinario de 85 000 mrs. Ni las fluctuaciones en las cantidades demandadas en calidad de pedido por los infantes ni las solicitudes de entregas de dinero adicionales en forma de prestidos son exclusivas de Paredes de Nava. Tales requerimientos venían normalmente acompañados en las cartas señoriales y en las declaraciones de los recaudadores de los infantes por la exposición del motivo que conducía a la solicitud de ese pedido o, más particularmente, a que las cantidades demandadas en este concepto o como prestido adicional pudieran ser excepcionalmente altas. Así, en 1409, don Fernando reclamó al concejo de Villalón una contribución de 85 000 mrs., alegándose las necesidades de tal suma por «… la nesçesidad que yo tengo de la guerra… contra los musulmanes de Granada…», de los que, por otro lado, en diciembre de ese año solo se habían satisfecho 42 750 mrs.84 Mientras, en 1419, el pedido del concejo quedó finalmente fijado en 42 160 mrs. tras una reducción de 4000 mrs. sobre la cantidad inicialmente solicitada por el infante Juan de Aragón. A ello se añadían ese año en Villalón otros 6200 mrs. que fueron echados en el mismo concepto de pedido a la aljama judía de la villa, muestra de que también las aljamas de las villas contribuían por su cuenta a estos requerimientos, si bien en contadas ocasiones hallamos documentada la petición que correspondió a las mismas.85 Mientras, si al concejo de Cuéllar tocaron 16 000 mrs. de pedido en 1402, solo sabemos que en 1411 la aljama de la villa fue requerida con 6100 mrs. de pedido, citándose la necesidad de este pedido para seguir el proceso de la sucesión del trono de Aragón, la compra de la villa de Alba de   AMVillalón, LdA, n.º 1, 25 de septiembre, 1 de diciembre de 1409.   ARChVall, Protocolos y Padrones, C.ª 176, n.º 1, f. 3 v., 6 r.-7 r.

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Tormes y los gastos cotidianos que el infante asumía en la guerra contra Granada y en la gobernación del reino.86 Si aceptamos la existencia de alguna proporcionalidad entre los requerimientos a las aljamas y a los concejos, nos guiamos por la demanda hecha en Villalón años después y por los datos sobre los derechos señoriales en Cuéllar en 1444, probablemente ese pedido de 1411 supuso para el concejo de Cuéllar un esfuerzo recaudatorio entre sus vecinos pecheros de unos 40 000 mrs. Mientras, en Alba de Tormes, si en 1411 el recaudador de Beatriz de Portugal solicitaba un pedido de 30 000 mrs., en 1413 era Juan García Tablares, recaudador mayor del rey en el obispado de Plasencia y como factor de Juan García de Paredes, tesorero mayor del rey de Aragón en Castilla, quien reclamaba al concejo el pago del prestido echado por Fernando I de Aragón al concejo de 44 000 mrs. para el pago de los hombres de armas castellanos que aquel convocó para que acudieran a su servicio contra el conde de Urgell.87 Mientras, en 1418, ya en un contexto de relativa normalidad, el pedido ascendió a 30 000 mrs., 22 000 mrs. para el concejo de la villa y su tierra y 8000 para la aljama, siendo cobrados por mitades por la reina viuda Leonor y por el arzobispo Sancho de Rojas como testamentarios del difunto rey Fernando.88

Tabla 7.  Cuantía del pedido señorial en Paredes de Nava (1401-1420) 1401

40 000 mrs. (más 20 000 mrs. de prestido)

1402

20 000 mrs. (más otros 30 000 mrs. solicitados después)

1403

40 000 mrs.

1404

40 000 mrs.

1405

No se solicitó (inicialmente, 45 000 mrs; luego condonados)

1406

70 000 mrs. (en compensación porque no se echara sisa)

1407

90 000 mrs. (más 60 000 mrs. de prestido)

1408

48 000 mrs. (inicialmente, 60 000 mrs.)

1409

100 000 mrs. (inicialmente 128 000 mrs.)

  Colección documental de Cuéllar…, doc. 259, pp. 432-433.   El recaudador dio al concejo, además, su carta de pago por la entrega de 21 800 mrs. a cuenta de dicho prestido el 13 de julio de 1414. AMAdT, IE, 0002.01, LAC, 1411, f. 2 v., 0002.021, LAC, 1413, ff. 42 r. y v., 45 v. y r. 88   AMAdT, IE, 0003.02, LAC, 1418, ff. 24 r.-25 v. 86 87

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1410

No se solicitó (se libraron al infante 108 000 mrs. correspondientes a los servicios de Cortes)

1411

46 100 mrs.

1412

46 100 mrs.

1413

50 500 mrs.

1414

46 100 mrs.

1415

46 100 mrs.

1416

23 000 mrs. (más 11 000 más que se pagaron al año siguiente)

1417

60 000 mrs.

1418

60 000 mrs.

1419

54 500 mrs. (inicialmente, 60 000 mrs.)

1420

85 000 mrs. (se solicitó prestido por 100 000 mrs; no parece que se concretara)

AMPdN, CP, 236/01-24, 237/01-05, 238/01-13239/01-09.

De todo ello, pero sobre todo a partir de las series contables de Paredes de Nava, se deduce en qué medida fue gravosa la punción aplicada por don Fernando a través del pedido señorial y de otras formas extraordinarias de contribución a lo largo de su vida, continuado por su viuda y sus hijos al menos hasta 1420. Sin duda, este era el medio más flexible para aumentar, a partir de la presión exactiva sobre sus vasallos, los ingresos de su casa, acuciada por una búsqueda incansable de nuevas fuentes de recursos para el seguimiento de sus proyectos de expansión señorial y extensión de su entorno clientelar en Castilla, del sostenimiento del control que ejercía de la regencia del reino desde 1408 y, desde 1411, del empeño en el acceso al trono vacante de Aragón. No olvidemos, en cualquier caso, que el requerimiento de pedidos y prestidos, en la medida en que, de entrada, no estaba regulado por ningún ordenamiento legal ni acuerdo documentalmente signado entre señor y vasallos, solo podía hallarse sujeto a una cierta observación de la costumbre. Puesto que no tenemos constancia de que en ningún lugar ni momento los vasallos de los infantes rechazaran cumplir con este tributo, hay que entender que, aceptado como una carga cuya ejecución regular había hecho de ella un derecho no escrito ordinario, el pedido señorial, desde el punto de vista de los concejos a los que era requerido, solo era regido para su recaudación por el hecho de que la cantidad que se les reclamaba no fuera modificada al alza. En los casos, muy habituales como vemos, que esto podía ocurrir, la negociación entre la instancia de poder señorial y los agentes concejiles pasaba a primer plano para fijar unas condiciones que permitiesen el acatamiento de la solicitud y su cumplimiento.

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Dentro de esa negociación, el recurso a argumentos de necesidad por parte de los señores no parece haber sido suficiente para garantizar el pago. Nos constan las resistencias al libramiento del dinero debido por los concejos a los recaudadores de los infantes. Así, en 1409, el recaudador del infante Fernando en Villalón, Dia Sánchez de Basurto, hubo de personarse en sucesivas ocasiones ante el concejo exigiendo que se llevara a término la colecta del pedido y su entrega a él, amenazando el 13 de octubre con la toma de prendas a los vecinos de la villa ante la insistencia en el incumplimiento de las obligaciones a que estaba sujeto el concejo.89 Solo en diciembre de ese año el concejo de Villalón nombró un contador para cada cuarto de la villa con el fin de que estos repartiesen la segunda paga que quedaba por cumplir de los 85 000 mrs. solicitados tras haberse entregado ya 42 750 mrs., cuando García Fernández de Nieva, ballestero a caballo del infante, se personó en la villa mostrando carta de su señor dirigida a las villas de Mayorga, Villalón, Paredes de Nava y Saldaña conminándoles a someterse al pago de pedidos y prestidos solicitados sin mayor demora, so pena de apresar a los oficiales concejiles en estas villas como responsables de la desobediencia.90 No obstante, no siempre el infante utilizó medios tan autoritarios para asegurarse el cobro de las cantidades demandadas. En otros casos, se optó por opciones más sutiles pero no obstante expeditivas, como cuando en 1406 se logró que el concejo de Paredes aceptase que la cuantía del pedido ese año no se situase en torno a los 40 000 mrs. acostumbrados sino en 70 000 mrs. como contrapartida a que el infante Fernando aceptase no imponer la sisa sobre el vino comercializado en la villa que aquel les había anunciado que pretendía establecer.91 Es adecuado reflejar estos ejemplos puesto que los términos de cualquier negociación entre señores y dominados en ningún caso, ni en materia exactiva ni sobre ningún otro asunto que afectase a la administración del señorío sobre las villas, se realizaba en términos de igualdad sino a partir de una asimetría evidente a favor del señor. No obstante, las dificultades para cumplir los pagos en el tiempo facultado para ello y las dilaciones en que los concejos incurrían a la hora de llevar a cabo la recaudación y la entrega del fruto de ella dotaba a los dominados de una relativa capacidad de maniobra para renegociar en términos más favorables los requerimientos de sus señores. Además, el aumento de la presión fiscal real, junto con la señorial, sobre todo entre 1407   AMVillalón, LdA, n.º 1, 24 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre de 1409.   AMVillalón, LdA, n.º 1, 1 de diciembre. La carta del infante que portó su ballestero a caballo en tan duros términos fue dada en Palencia el 20 de noviembre de ese año. 91   AMPdN, CP, 238/08, ff. 7/22 v., 238/09, f. 08/27 v. Según parece, la sisa empezó a cogerse y, tras la componenda en torno al pedido, en 1407, los recaudadores de la sisa devolvieron las cantidades que habían recaudado, como se deduce de la devolución por uno de ellos en 1407 del pago que le hizo el concejo el año anterior por dicho trabajo. 89 90

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y 1413, ligada a la guerra contra Granada y a las empresas del infante Fernando en la Corona de Aragón hasta la derrota del conde de Urgell y la consolidación de Fernando como rey, en las villas bajo el señorío del infante también facilitó el establecimiento de un escenario de negociación más abierto. De nuevo, la consulta de los datos de Paredes de Nava es sintomática. En 1405, después de que, con la adquisición del señorío de la villa por el infante Fernando, el pedido hubiera sido revisado al alza en el doble de su cuantía previa hasta 40 000 mrs. anuales,92 no consta que se ordenase echar esta carga, acaso como resultado de una petición del concejo para aliviar el esfuerzo contributivo de los años anteriores. La contrapartida señorial se produjo en 1406, al avenirse un pedido que compensaba en parte lo no recaudado en el año previo a partir de la amenaza de imponer nuevos tributos, y en 1407, cuando, en el contexto de la primera campaña granadina comandada por don Fernando, pedido y prestido alcanzaron la abultada cantidad de 150 000 mrs.,93 destinados en parte al de las carretas y bastimentos que el infante mandó reunir al concejo para enviarlos a Andalucía.94 En esa ocasión, el concejo despachó a sus procuradores ante la infanta Leonor a Medina del Campo, quien se ocupaba de la gestión del señorío mientras su esposo permanecía en la frontera, con el fin de lograr alguna garantía a través de una carta de merced en relación a la exigencia de tan gravosos tributos, a los que había que sumar la parte correspondiente a los servicios de Cortes que también tuvo que pagar la villa y que debieron generar una situación recaudatoria ciertamente compleja para los oficiales concejiles ante los vecinos. Parece que esta se logró, como documento justificativo de la obligación, pues la aceptación del pago del prestido de 60 000 mrs. había sido avenida por el concejo con el obispo de Coria, el dominico fray García de Castronuño, capellán del infante y enviado por la infanta Leonor para reclamar dicha contribución.95 Tras este esfuerzo, el concejo envió a Guadalajara ante el infante en 1408 a Alfonso Fernández Rebollero y a Fernán Alfonso de la Barría para negociar una necesaria rebaja del pedido solicitado ese año, esta vez con éxito, posiblemente en atención a la buena disposición mostrada por los regidores paredeños a asumir las contribuciones de los dos años anteriores,   En 1402, tras una primera rebaja, parece, a 20 000 mrs. del pedido, que fueron entregados al repostero de la infanta Leonor, Miguel Estébanez, para que los transportara a Medina del Campo, se derramaron otros 30 000 mrs. de pedido que fueron pagados al recaudador del infante en la villa, Pedro García (AMPdN, CP, 238/03, ff. 2/5 v., 14 v., 238/04, ff.3/2 v., 4 r., 5 v., 6 r., 7 r.). Todo apunta a que el concejo hubiera podido reclamar que el pago del pedido se ajustara a la costumbre previa y así fue aceptado inicialmente por el infante para, posteriormente, previsiblemente al comprobarse la insuficiencia de los ingresos obtenidos en Paredes, reconsiderar su postura e imponer una nueva solicitud si cabe más cuantiosa. 93   AMPdN, CP, 238/09, ff. 8/1 v.-3 r., 34 v. 94   AMPdN, CP, 238/09, ff. 8/29 v., 30 v.,-31 r., 40 v., 41 v. 95   AMPdN, CP, 238/09, ff. 8/11 v., 23 r.-23 v., 28 r.-v., 29 r.-v. 92

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logrando una rebaja de 12 000 mrs. y la confirmación de los fueros y privilegios de la villa por parte del infante.96 El seguimiento de los negocios relativos a la adquisición de los maestrazgos de Alcántara y de Santiago hubo de resultar, en todo caso, en una nueva solicitud de pedido extraordinariamente elevado: 128 000 mrs. De nuevo, las peticiones elevadas al infante a causa de tan tremendo esfuerzo surtieron un cierto efecto, tras la misión delegada en manos del escribano del concejo Alfonso Fernández ante el infante en Becerril y en Palencia, con una rebaja de la petición que había sido realizada cuando don Fernando visitó la villa a 100 000 mrs.97 Una vez más, en 1410, la actitud del infante sobre el pedido se condujo con el mismo talante compensatorio que había mostrado en años previos, intercalando exenciones y rebajas para lograr el consentimiento del tributo tras reclamaciones especialmente exigentes. Ese año no se solicitó el pedido señorial y el infante se sirvió de 108 000 mrs. del servicio de Cortes echado en la villa para financiar los gastos generados por la convocatoria de peones lanceros y ballesteros de la milicia concejil para servir en el sitio de Antequera, aprovechando que, por la división en provincias de la gobernación de la regencia del reino, el infante controlaba la recaudación de los impuestos de la Corona en todas sus villas.98 Entre 1411 y 1415, más allá de las exigencias levemente más elevadas de 1413, la cuantía del pedido señorial pasó a estabilizarse en 46 100 mrs., retornándose a lo que podrían entenderse como las cuantías normales consideradas para el pedido, a partir de la referencia original de 40 000 mrs.99 Esta situación acaso debió verse favorecida por el paso a Aragón de Fernando como nuevo rey y la puesta en manos de Sancho de Rojas de la administración de su señorío en Castilla. Los reajustes del pedido señorial en Paredes durante 1416 responden a la recepción de la noticia del fallecimiento del rey Fernando de Aragón, lo cual fue aprovechado por el concejo para suspender el pago de la contribución hasta que se recibieron noticias sobre cómo se vería afectada la villa por la muerte de su señor. El resultado fue una exención inicial de la entrega de la mitad del pedido por orden del arzobispo Sancho de Rojas, luego revisada al reclamarse 11 000 mrs. más, además de los 23 000 iniciales, que fueron pagados en 1417. No obstante, los oficiales del concejo no dejaron de cerciorarse, antes de dar cumplimiento a las órdenes recibidas, de que, efectivamente, en Villalón y en Mayorga también se recudía al arzobispo de Toledo, en nombre del nuevo señor, el infante Juan de Aragón, con los pedidos.100 Estas mismas resistencias a responder al pago del pedido ese año se aprecian también en Alba de Tormes, donde el concejo ofreció una notable resistencia   AMPdN, CP, 238/10, ff. 9/9 v., 20 r.-v.   AMPdN, CP, 238/11, ff. 10/14 r., 24 r., 37 r., 41 r., 45 r., 46 r.  98   AMPdN, CP, 238/12, ff. 11/02 r.-39 v.  99   AMPdN, CP, 238/12, 239/01-04. 100   AMPdN, CP, 239/05, ff. 17/4 r., 9 v., 10 r., 16 r., 24 v., 28 v., 29 r., 35 r., 37 r.  96  97

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a cumplir el pago de los 20 000 mrs. reclamados por el recaudador señorial, Alfonso Martínez de Salvatierra, vecino de esta villa salmantina, a lo largo de todo el verano, si bien en septiembre finalmente el escribano Toribio González de Paredes, con carta de poder del dicho Alfonso Martínez, había sido recudido con el dinero demandado.101 El establecimiento del infante Juan de Aragón implicó, al fin, una revalorización del pedido señorial en Paredes hasta la cantidad de 60 000 mrs. desde 1417, asistiéndose a una nueva rebaja a petición del concejo de 5500 mrs. en 1419 y a un aumento extraordinario de la cuantía en 1420, vinculada posiblemente al matrimonio del infante Juan con Blanca de Navarra, además de al conflicto con su hermano Enrique.102 No es necesario continuar esta exposición pues entendemos que es suficiente para comprender la dinámica de negociación que precisamente permitió la generalización del pedido señorial como un derecho ordinario aceptado como normalizado y justificado por los concejos sometidos al señorío. Posiblemente, el ejemplo ofrecido por Paredes de Nava y, en general, por los lugares del señorío de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y sus hijos se vea caracterizado especialmente por una presión exactiva característicamente intensa en las dos primeras décadas del siglo xv, acorde con la política expansiva desarrollada por don Fernando, luego continuada por sus herederos. Sin embargo, este hecho y los picos de alzas y bajas en la tasación del pedido y los prestidos derivados de esta solicitud extraordinaria señorial de servicio a sus vasallos no desentonan respecto a la tendencia general que parece observarse en toda Castilla de normalización de este derecho en torno a una cuantía relativamente fija aceptada por los concejos dominados. Es más, las fluctuaciones en cuanto a las cantidades demandas observadas en Paredes, Villalón, Alba de Tormes y Cuéllar nos han ayudado a contemplar de manera más precisa las condiciones que condujeron a la cristalización del pedido señorial como un derecho cierto reconocido por los dominados. Las exigencias de pagos acordes con las necesidades de los señores y las distintas fases de negociación con las autoridades señoriales condujeron a la aceptación última por estas de asumir ese requerimiento como   AMAdT, IE, 0003.01, LAC, 1416, ff. 54 r.-55 r., 62.-63, 64 r. y v., 68 v., 70 v., 72 v.   AMPdN, CP, 239/08, f. 4 v., 239/09, ff. 21/2 v.-11 v., 14 r.-23 r. A ello se añadió un primer requerimiento de prestido por 100 000 mrs., para el pago de hasta 600 peones con escudos y ballestas que el infante don Juan mandó concentrar en Olmedo. No obstante, una vez decidió detener esta movilización, no vuelve a haber noticias de que se insistiese en la solicitud de esos 100 000 mrs. suplementarios. En Villalón también se documenta una rebaja del pedido de 4000 mrs. en 1419, como ya dijimos, además de esta movilización de peones de sus villas, la cual fue presentada al concejo el 31 de julio de 1420 para, pocos días después, ordenar que se detuviera tal reunión de tropas, inicialmente dispuesta en Cuéllar, y que se dirigiera a Olmedo. Ya en este punto se ordenó que los peones no se pusieran en marcha y solo sus vasallos a caballo acudieran al llamamiento (ARChVall, Protocolos y Padrones, C.ª 176, n.º 1, ff. 23 v.-25 r., 27 r. y v.). 101 102

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una de las obligaciones inherentes al ejercicio del poder señorial, tendiendo a estabilizarse, con el paso de los años y el asentamiento de la reclamación del pedido anualmente, en cuantías relativamente estables y, al fin, fijadas por la costumbre, más o menos gravosas según el balance de esa continua negociación. Los datos incluidos en las tablas 6.1 a 6.9 relativas al monto de los pedidos en las diez villas recogidas en ellos, ya para los años 1430-1444 evidencian la culminación de ese proceso, posiblemente iniciado a mediados del siglo xiv, que había dado lugar al aumento general en los lugares señorializados de la Corona de Castilla de los ingresos que generaban para las haciendas de las casas aristocráticas. 2.3  La incorporación de tributos de origen eclesiástico y real: tercias y alcabalas Hasta este punto hemos podido comprobar que la tendencia general experimentada por la hacienda señorial de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque desde 1395 no fue otra que la ampliación de las fuentes de ingresos. La búsqueda de nuevos recursos a partir del acceso a la merced regia y del ejercicio de una presión exactiva más que considerable sobre sus lugares de señorío gracias al despliegue de distintas estrategias para el ejercicio de la autoridad señorial superior se mostró extraordinariamente efectiva y no se detuvo en ningún momento. Esto no deja de ser una evidencia del reforzamiento y expansión del poder señorial ejercido por los infantes en las distintas instancias de poder y territorios del reino, muy particularmente sobre sus propios dominios y sobre las comunidades de habitantes que los poblaban, organizaban y explotaban. Sin embargo, tal proceso de acumulación de recursos, de despliegue de relaciones, de incremento de su poder, no se detuvo ahí, por lo que se refiere a las fuentes de ingresos de la casa de Fernando, Leonor y los suyos. A partir de la muerte de Enrique III y del establecimiento de la corregencia del infante y de la reina Catalina de Lancaster durante la minoría de Juan II, se pusieron las bases para la incorporación de fuentes de renta más significativas protagonizada por los infantes y, en general, por los principales señores de la Corona de Castilla en el siglo xv, las procedentes de los conceptos más cuantiosos de la fiscalidad monárquica en sus señoríos: alcabalas y tercias reales. Es cierto que durante el reinado de Enrique III, y posteriormente don Fernando, había logrado la donación de ingresos procedentes de este tipo de rentas, como eran las tercias de su villa más importante, Medina del Campo, las de Coca o las de las aldeas medianas del obispado de Ávila en la tierra de Medina del Campo. Sin embargo, se trataba de mercedes más o menos puntuales, notables, pero que no pueden compararse, con la adquisición de manera generalizada en las villas y lugares bajo su señorío de tercias y alcaba-

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las, de mayor relevancia. De lo que no cabe duda es que, a las alturas de 1444, el disfrute de esas rentas era un hecho consolidado, como evidencia que así las percibiera en todo su señorío el rey de Navarra, generándole ingresos que suponían cerca del 60 % de las entradas de la hacienda de su casa: entre 2,5 y 3 millones de mrs., si no los 4 161 151 que suponía el valor total de las alcabalas y tercias en sus villas, sin la deducción de la parte que era entregada a los arrendadores reales de dichas rentas, como ya explicamos. Los datos procedentes de Alconchel, Montalbán, Ledesma y, sobre todo, Alburquerque, permiten considerar una estimación del valor de las alcabalas y tercias —a razón de los datos para esta villa entre 1439 y 1442 y luego en 1453, como se puede considerar a partir del secuestro que hizo la Corona de los bienes de Álvaro de Luna— en aproximadamente el 65 % del total de los ingresos señoriales generados en estas villas que pertenecieron, tras 1416, al infante don Enrique y, en el caso de Montalbán y su tierra, a la reina viuda Leonor de Alburquerque. Fue justamente la capacidad de mediatización de las instancias de la administración de la monarquía que ostentó Fernando de Antequera y el propio poder señorial que este desplegó sobre los territorios en que ejerció su influencia lo que permitió la primera participación en estas rentas reales, luego consolidada durante la década de 1420. La problemática del acceso por parte de la aristocracia castellana más pujante a lo largo del siglo xv a estas rentas reales en los lugares bajo su señorío y en otras poblaciones sobre las que se cernía su influencia señorializadora es bien conocida. Así, pese a la insistencia de las declaraciones de los monarcas Trastámara desde Enrique II de la reserva de tercias reales y alcabalas en las mercedes de señorío para la Corona, es bien sabido que el proceso de enajenación de las mismas resultó imparable. Por medio de las donaciones expresas de estos derechos o, más comúnmente, a través de la apropiación ilegítima de estas rentas —mediante tomas por fuerza, a partir del menoscabo de la cuantía de la renta para embolsarse la diferencia respecto a su valor real o a cuenta del arrendamiento directo de las mismas por parte de los señores—, los principales señores del reino lograron integrar entre sus fuentes de ingresos estos tributos de la Hacienda real ya desde el reinado de Enrique III, cuando las alcabalas se convirtieron en una renta ordinaria de la Corona. La generalización de la apropiación de tercias y alcabalas a manos de la aristocracia se hallaba tan consolidada a mediados del siglo  xv y resultaba tan alarmante para la Corona por el evidente decrecimiento de sus propios ingresos que implicaba que, junto con los reconocimientos a algunos de los principales ricoshombres del derecho en su señorío a percibir las alcabalas, se articuló desde 1455 el sistema conocido como de tasa de señoríos. Por el mismo, a partir de la tasa del valor de las alcabalas a arrendar en las villas y lugares de los grandes señores, se otorgaba que estos percibiesen con cargo a tales tercias y alcabalas la cuantía de las mismas equivalente al monto de todas las mercedes que habían de percibir de la Co-

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rona y que se hallaban asentadas en los libros contables de la Hacienda, de modo que el remanente de dichas rentas tras la deducción quedase finalmente en manos de los arrendadores de la renta y, a través de ellos, de la Corona. Sin embargo, estas medidas tampoco lograron detener las usurpaciones señoriales de las alcabalas, que alcanzaron su momento más álgido durante los años más críticos del reinado de Enrique IV. Solo con la consolidación de los Reyes Católicos en el trono se revertiría esta tendencia, gracias al rescate para la Hacienda real de parte de estas rentas, pero sin que esto fuera óbice para que las principales casas aristocráticas mantuvieran el control sobre tercias y alcabalas en sus dominios. Esto en realidad supuso la sanción definitiva a una buena parte de las apropiaciones que habían llevado a cabo durante prácticamente un siglo y el establecimiento de un nuevo escenario de equilibrio y concurrencia entre la Corona, la elite de la aristocracia castellana y las ciudades del reino en torno al acceso a la renta centralizada de cara al siglo xvi.103 El resultado práctico de los procedimientos desarrollados por los grandes señores en el manejo para sus haciendas de las alcabalas es también bien conocido. La tasa de señoríos había venido a dar por buena la práctica habitual del avenimiento entre los arrendadores mayores en el partido del reino correspondiente y los señores para la percepción por los primeros de las alcabalas, de modo que, a partir de la entrega a ellos de la cantidad por la que se acordase el valor de las alcabalas en el lugar de señorío correspondiente, bien en dinero, bien a partir del derecho a cobrarse el arrendador de las libranzas de la Hacienda real que el señor poseía, este último reservaba para sí la gestión de la renta en sus dominios. Alcabalas y tercias pasaban así a ser arrendadas por lo menudo a pequeños arrendadores, muchos de ellos pertenecientes a la afinidad señorial de quien se había apropiado de estas rentas, aportando así un doble beneficio al sistema de poder señorial, de tipo económico para la casa y mediante el reforzamiento de los vínculos entre el señor y sus «clientes». Este proceder generaba extraordinarias rentas para los señores. No en vano, en 1454, el avenimiento de las tercias y alcabalas de Plasencia y Béjar entre los Stúñiga y los arrendadores mayores de ambos derechos significaba la entrega de 245 000 mrs. anuales a estos a cambio de que los señores pudieran llegar a arrendar rentas en su propio beneficio que ascendieron al valor de 1 187 000 mrs.104 Mientras, en las villas del señorío del rey de Navarra a la altura de 1444, antes de que se hubiera fijado el sistema de 103   Moxó y Ruiz de Villajos, Salvador de, «Los orígenes de la percepción de alcabalas por particulares», Hispania. Revista española de Historia, 72 (1958), pp. 307-339; id., «Los cuadernos de alcabalas. Orígenes de la legislación tributaria castellana», Anuario de Historia del Derecho Español, 39 (1969), pp. 317-450; Ladero Quesada, M. Á., La Hacienda Real…, pp. 75-84, acerca de la tasa de señoríos, en concreto, pp. 78-82; Yun Casalilla, Bartolomé, La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos xvi-xviii), Madrid, Akal, 2002, pp. 74-94. 104   Ladero Quesada, M. Á., «Rentas señoriales de Plasencia…», pp. 247-250.

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tasa de señoríos, de manera efectiva ya se llevaba a término el proceder documentado a posteriori. Así, a partir del acuerdo con los arrendadores mayores y la entrega de una cantidad prefijada a ellos, don Juan de Aragón disfrutaba de la administración de alcabalas y tercias, embolsándoselas a partir del arrendamiento en cada una de sus villas de estos derechos en manos de un particular, que le pagaba una cantidad determinada a cambio de ejercer la recaudación precisa de ambas rentas. Así se puede entender a partir de la incorporación al registro de las rentas que disfrutaba el rey de Navarra en Castilla en 1444 de un listado con los nombres de los arrendadores de tercias y alcabalas en sus dominios con las cantidades que entregaron por dicho arrendamiento. Los beneficios por este concepto para don Juan llegaron a ascender al menos a 2 566 151 mrs., si tomamos como referencia el valor tasado de tercias y alcabalas en el arrendamiento de la masa de las rentas por parte de la Corona, a partir del cual se realizaba la tasa de lo que debían percibir los respectivos arrendadores en los partidos fiscales y se negociaba la avenencia con los señores. No obstante, si tenemos en cuenta que, en esos años, solo en Medina del Campo y Olmedo se cerró el avenimiento con los arrendadores reales y que, aún en estas villas, los arrendadores últimos de las rentas —Juan Gutiérrez de Medina en Medina del Campo; ciertos escuderos de la villa en Olmedo— hubieran podido acceder al arrendamiento gracias a su vínculo de dependencia hacia Juan de Aragón, la cantidad última ingresada por el rey de Navarra pudo ser si cabe mayor, próxima a los 3 millones de mrs.105 De nuevo, Isabel Beceiro Pita nos ofreció una detallada reconstrucción del proceso de incorporación de las alcabalas en los lugares de señorío y en el área de influencia ejercida por las grandes casas de la aristocracia castellana del siglo xv a partir del estudio de la casa de Benavente. En este caso, puede documentarse que la apropiación de tales rentas, que nunca habían sido donadas a los Pimentel por la Corona, se inició a partir de la toma en arrendamiento de las alcabalas por los mismos condes utilizando para ello personas interpuestas de su confianza. Estas figuraban a todos los efectos legales ante los arrendadores mayores como responsables del arrendamiento local, si bien era el conde de Benavente el último beneficiario del producto de la recaudación. Así se atestigua ya en 1416 en el arrendamiento de las alcabalas de Benavente, mientras que desde la década de 1430 se verifican fórmulas de avenencia entre el conde Rodrigo Alfonso y los arrendadores de las alcabalas en los partidos fiscales afectados por sus intereses señoriales, 105   AGS, Cámaras de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 6. Solo se entregaron, por lo que parece, en todo el señorío de Juan de Aragón, 1 320 000 mrs. a los arrendadores reales de tercias y alcabalas. Mientras, las cantidades por las que finalmente se dieron en arriendo a particulares estas rentas, se pueden listar, desde Medina del Campo hasta las villas y lugares de la tierra del marquesado de Villena, en 4 312 375 mrs. El resultado sería, entonces, un remanente de 2 992 375 mrs. en concepto de tercias y alcabalas.

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perfeccionándose las formas de arrendamiento por lo menudo gestionada por los sucesivos condes hasta el final del siglo xv.106 En el caso del señorío de Fernando de Antequera y los suyos, no pudiéndose disponer del cálculo del valor cuantitativo de las tercias y alcabalas o de su peso porcentual dentro de su hacienda señorial más allá de las informaciones referidas de 1444, ¿a qué vías se recurrió para la incorporación de tercias y alcabalas? Nuestro punto de partida es que, anteriormente a la muerte de Enrique III, no hay constancia alguna de que los infantes Fernando y Leonor hubieran disfrutado a través de merced regia de las tercias reales ni de las alcabalas en su señorío de forma general. No contamos tampoco con ninguna noticia que permita rastrear maniobras concretas dirigidas a tutelar o poner bajo control señorial el arrendamiento o la recaudación de las alcabalas en ninguna de sus villas, particularmente en Paredes, donde la exhaustiva documentación contable del concejo podría haber dado cuenta de acciones en este sentido. Todo parece indicar que fue a partir de 1407, durante la minoría de edad de Juan II, cuando el infante aprovechó su condición de regente y la facultad que adquirió para gestionar todos los aspectos relativos a la administración y hacienda de la Corona en la provincia del reino que quedó bajo su autoridad en el reparto que convino con la reina Catalina de Lancaster para poner bajo su control el arrendamiento y recaudación de capítulos de renta procedentes de la fiscalidad real pero también de la de carácter eclesiástico en las villas bajo su señorío. Así, el contexto de la guerra contra Granada y el dominio hegemónico de la regencia desde 1408 permitieron justificar maniobras dirigidas a aumentar sus fuentes de ingresos a partir de tres capítulos de renta fundamentales: las alcabalas y las tercias reales pertenecientes a la Corona y las tercias de fábrica de los diezmos otorgados por el papa a partir de la predicación de la cruzada contra los musulmanes. Por lo que respecta a estas últimas, el infante Fernando, a partir de los preparativos de la campaña contra Granada iniciada en 1407, se dispuso sin mayor dilación a aprovechar los ingresos procedentes de las tercias de la predicación de la bula de Cruzada concedida por el antipapa Benedicto XIII en la Corona de Castilla para la financiación de la guerra contra los musulmanes.107 Las noticias que de todo ello disponemos permiten comprobar que esta concesión se produjo el 1 de abril de 1407,108 siendo prorrogada sucesivamente por el pontífice hasta el 1 de abril de 1415, aun cuando las hostilidades contra Granada habían cesado desde la firma de treguas en noviembre de 1410. De este modo, parece que don Fernando procedería a la recaudación   Beceiro Pita, I., El condado de Benavente…, pp. 173-181, 321-309.   Sobre la bula de Cruzada en los reinos hispánicos, vid. Goñi Gaztambide, José, Estudio de la bula de cruzada en España, Vitoria, Publicaciones del Seminario de Vitoria, 1958. 108   Ese día, Benedicto XIII concedió por tres años al rey de Castilla y a sus corregentes la tercia decimal en sus reinos para ayuda en la guerra contra los sarracenos de Granada y en África (Bulario de Benedicto XIII. IV…, p. 157). 106 107

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de dichas tercias en la provincia de su gobernación de la regencia, al sur del Sistema Central —no así en la provincia de la reina Catalina—, aun tras la interrupción de las hostilidades con Granada después de 1410, legitimándolo en su voluntad de continuar la guerra posteriormente.109 El cronista García de Santa María informa acerca de que esta medida no tuvo todo el éxito recaudatorio que pudiera haberse deseado, al denunciar los múltiples fraudes cometidos por los frailes encargados de la predicación de la Cruzada y el cobro de las tercias de fábrica para este fin. Tales irregularidades que habrían supuesto la sustracción de buena parte de lo percibido de estas tercias antes de que pasara a poder de los tesoreros reales encargados de administrarlas.110 Sin embargo, en los lugares de su propio señorío parece que el control sobre la recaudación fue mucho más exhaustivo. Si en 1407 el obispo de Coria, al trasladarse a Paredes con carta de poder de la infanta Leonor para informar al concejo de los requerimientos exactivos de sus señores para ese año, informó sobre la concesión que el papa había hecho al infante Fernando de las tercias de fábrica para la guerra contra los musulmanes en sus dominios,111 en 1412 de nuevo se dirigió el infante al concejo para que recudiesen con dichas tercias a su recaudador Pedro Fernández, en atención a la merced que el papa le había hecho de ellas.112 No obstante, que el cobro siguió vigente a posteriori queda demostrado por el requerimiento que en 1417 presentó Gonzalo Fernández de Mayorga cuando fue a tomar posesión de la villa en nombre del arzobispo Sancho de Rojas y del infante Juan de Aragón, demandando que se le recudiese con las tercias, reiterándose la petición al año siguiente.113 La respuesta en este sentido parece haber sido negativa, posiblemente porque la pretensión de seguir requiriendo el cumplimiento de las tercias por parte del infante Juan de Aragón pretendía aprovechar las bulas de Cruzada para entrometerse en el disfrute de las tercias reales, que en la villa de Paredes correspondían al condestable Ruy López Dávalos.114 En todo caso, bien fuera por la dinámica generada por la concesión papal de las tercias de fábrica o simplemente por la situación de prevalencia en que le colocó el reparto de áreas de influencia durante la regencia, el infante Fer109   Salicrú i Lluch, Roser, «Terces, predicació i recaptació de la Croada durant el regnat de Ferran d’Antequera», Anuario de Estudios Medievales, 29 (1999), pp. 917-926. 110   García de Santa María, Á., Le parti inedite…, pp. 153-155. 111   AMPdN, CP, 238/09, f. 08/31 r. 112   AMPdN, CP, 239/01, f. 08/34 v. 113   AMPdN, CP, 239/06, f. 18/29 r., 239/07, f. 19/12 r. 114   Desde el inicio del señorío del infante sobre Paredes hasta 1416, los derechos del condestable Dávalos a las tercias reales parecen haber generado dificultades de cobro en la villa, las cuales motivaron la intermediación ante el infante Fernando (AMPdN, CP, 238/01, ff. 90/05 v.-90/06 v., 238/03, 239/05, f. 17/35 r.). No existen, no obstante, evidencias que permitan afirmar que don Fernando hubiera podido usurpar los derechos del condestable habida cuenta de la amistosa colaboración que mantenían.

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nando también se mostró raudo a la hora de acceder a la parte de las tercias correspondientes a la Corona en su señorío. De este modo, el 23 de diciembre de 1408 dirigió desde Valladolid una misiva a todas sus villas y lugares informándoles de la concesión a su persona por parte del rey su sobrino de las tercias reales durante 5 años desde 1407 y ordenándoles que se pusieran a disposición de su tesorero mayor, Juan García de Paredes, para llevar a término la recaudación. Desde ese momento, los recaudadores locales del infante se aprestaron a solicitar a los concejos que les recudiesen con las cantidades correspondientes a la estimación anual del arrendamiento de dichas tercias reales, lo cual todo apunta a que fue cumplido sin mayores resistencias.115 Desconocemos si después de 1412 se pudo haber renovado esta merced pero, sea como fuere, no puede negarse que una concesión de estas características, otorgada a todas luces por el infante a sí mismo como resultado de la posición de fuerza que ostentaba en la regencia tras los sucesos de junio de 1408 en Guadalajara, hubo de poner las bases a la mediatización de estas rentas reales en las villas del señorío de los infantes, si bien no contamos con noticias más precisas posteriores a las aquí recogidas. Sobre las alcabalas, por el contrario, no parece haber mediado ninguna suerte de concesión pareja sino simplemente el despliegue de la autoridad de Fernando al poder disponer sobre los asuntos hacendísticos reales en el espacio de su provincia del reino. En Paredes de Nava, desde 1412 al menos, el infante ya estaba supervisando los arrendamientos de las alcabalas, sucediéndose desde 1413 hasta 1416 las cartas de embargo reservándose para sí la designación del arrendador116 El embargo de las alcabalas, por otra parte, también aparece documentado en Alba de Tormes desde que el infante Fernando tomó posesión del señorío sobre ella en 1411, al saberse a principios de julio de ese año del libramiento de ciertas cuantías de mrs. Se trató de la entrega por el recaudador de las alcabalas en la tierra de Alba, Fernán Alfonso de Alba, de 21 650 mrs. al recaudador del infante en la villa, Alfonso Martínez de Salvatierra, a cuenta de 120 000 mrs. que habían sido librados en los obispados de Salamanca y Ciudad Rodrigo por carta del rey al infante para la satisfacción de las tierras para lanzas que tenía don Fernando del rey, 115   Tenemos noticia de ello a partir de la presentación el 20 de febrero de 1409 por Dia Sánchez de Basurto, vecino de Villalón y recaudador del infante en la villa, de la carta de su señor relativa a la merced y de otra del tesorero mayor del infante Fernando comisionándole para el cobro de las tercias reales en Villalón, lo cual hizo. El concejo respondió afirmativamente a la solicitud de que se nombraran cogedores para reunir el producto de dicho tributo por los dos años pasados y el que se hallaba en curso, valorando su cuantía en unos 15 000 mrs. anuales (AMVillalón, LdA, n.º 1, 20 de febrero de 1409). 116   Su recaudador Pedro Fernández aparece obligándose ante el concejo paredeño por el pago del segundo tercio de las alcabalas de la villa (AMPdN, CP, 239/01, f. 13/35 r.). Respecto a las cartas de embargo de las alcabalas, AMPdN, CP 239/02, f. 14/26 v., 239/03, f. 15/10 r., donde se indicaba cómo había de recudirse con las alcabalas al recaudador del rey de Aragón, 239/04, f. 16/27 v., 239/05, f. 17/36 r.).

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además de otras cantidades para las libranzas de Pedro Manuel y Juan Manuel, nietos del conde don Enrique Manuel, mayordomo de la infanta Leonor.117 Las cartas de embargo de las alcabalas, al fin, se suceden en los años siguientes hasta 1416, igual que las entregas de dinero procedente de las alcabalas a los recaudadores señoriales para el cumplimiento de las libranzas reales asentadas a don Fernando y los suyos.118 En este sentido es especialmente ilustrativa la carta que desde Olmedo envió el infante Juan de Aragón a todas las villas del señorío de su padre el 28 de enero de 1413, ordenando que se suspendiese el pago de las alcabalas a sus arrendadores hasta que se cumplieran las cuantías debidas de los distintos libramientos que la Corona había concedido a sus padres Fernando y Leonor y a sus hermanos por sus mantenimientos.119 Por tanto, parece que, si la guerra de Granada permitió al infante asignar para su hacienda la percepción de las tercias reales en sus villas, el negocio de la candidatura al trono de Aragón pudo ser la motivación principal para, de nuevo en su calidad de regente, disponer sobre las alcabalas en estos mismos lugares en su propio beneficio. Desconocemos si con anterioridad se pudieron producir otros embargos de estas rentas o si se dirigió el arrendamiento a favor de personas de su entorno. Lo que sí manifiestan, en todo caso, las apropiaciones de las alcabalas desde 1411 es que, de manera más inmediata, se dirigían a garantizar en ellas los libramientos que, con cargo a la Hacienda real, tenía asentados el infante en conceptos de mercedes, mantenimientos o tierras para lanzas. Esta argumentación en torno a disponer en los tributos reales sobre sus lugares de señorío el despacho de los pagos de las mercedes que disfrutaban de la Corona volvió a ser invocada en posteriores embargos y libramientos sobre las alcabalas en estas villas por parte del infante don Juan, del arzobispo Sancho de Rojas y de la reina Leonor desde 1416. En Alba, entre junio y agosto de 1416, el recaudador señorial en la villa, Alfonso Martínez de Salvatierra, y Toribio González de Paredes, como factor de Diego Alfonso de Paredes, tesorero del difunto rey de Aragón, reclamaron al concejo y a Juan Esteban de Cantalapiedra, arrendador de las alcabalas de Alba de Tormes, el desembargo de 111 610 mrs. a cuenta de los 288 250 mrs. que el infante Juan de Aragón había de percibir del mantenimiento que recibía del rey de Castilla.120 En 1426 el dinero procedente de las alcabalas de Alba se mantenía en secuestro para el cumplimiento de los man  AMAdT, IE, 0002.01, LAC, 1411, ff. 41 r.-42 r., 43. A partir de estas referencias se deduce que, cuando el procurador del infante, Martín Alfonso de Saavedra, tomó posesión de Alba, inmediatamente procedió a poner embargo sobre la disposición de las alcabalas. 118   AMAdT, IE, 0002.02, LAC, 1413, ff. 14 v.-16 r. Ese mismo año, el 22 de agosto, el concejo desembargó la entrega de 118 200 mrs. de las alcabalas de la villa para el pago del mantenimiento que tenía del rey de Castilla el infante Juan de Aragón, reclamado por Sancho González, recaudador del rey Fernando, señor de la villa (f. 57 r. y v). 119   Documentación medieval… Ledesma, doc. 35, pp. 162-163. 120   AMAdT, IE, 0003.01, LAC, 1416, ff. 45 r.-46 v. 117

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tenimientos que el rey de Navarra recibía del rey de Castilla.121 Por su parte, en Haro, la reina Leonor de Alburquerque también mantenía embargado el cobro de las alcabalas a los arrendadores reales en 1419, como muestra la queja que presentó el arrendador Martín Alfonso de Portillo ante la negativa del concejo a recudirle con el producto de su recaudación al menos desde el año anterior.122 Mientras, en relación con esto, los datos procedentes de Paredes de Nava confirman la continuidad en la apropiación de tercias y alcabalas para los herederos de Fernando de Antequera. En 1416, se libraron por carta del rey de Castilla —por tanto, efectivamente despachada por el arzobispo Sancho de Rojas con la aquiescencia de la reina Catalina de Lancaster— 220 000 mrs. procedentes de las alcabalas de la villa para el infante don Juan de Aragón, consintiendo en el desembargo de la renta para ello el concejo. En los años siguientes hasta 1429, el tesorero mayor del infante, Gonzalo Sánchez de Lubián, centralizó la percepción de las alcabalas para su señor, a las que desde 1423 se sumaron las tercias reales que hasta entonces pertenecieron a Ruy López Dávalos, llegando a generar el producto de ambas rentas al infante hasta 300 000 mrs. anuales.123 Apenas sabemos nada sobre cómo se procedió en las avenencias con los arrendadores reales y en la concesión de los arrendamientos para su recaudación directa en esta u otras villas, más allá de que estos últimos y la entrega del dinero avenido a los arrendadores reales dependía directamente de la gestión del tesorero de Juan de Aragón en un plano general, de la supervisión local de los recaudadores señoriales y de la colaboración de las autoridades concejiles, como ya hemos visto hasta aquí y la situación en torno al recudimiento de las alcabalas en Cuéllar en 1430 también atestigua.124 121   AMAdT, IE, 0005.02, LAC, 1426, ff. 19 v.-20. Así se confirmó cuando el arrendador de las alcabalas en Alba y en Ledesma, Salvatierra y Miranda del Castañar, villas cuya administración había mantenido Juan de Aragón durante la prisión de su hermano el infante don Enrique, Fernán Gutiérrez de Castro, vecino de Salamanca, solicitó al concejo que le recudiese con las alcabalas, lo que motivó la protesta de Gonzalo López, recaudador del rey de Navarra, quien invocó el secuestro de las rentas para los mantenimientos de su señor. 122   AMHaro, 4-2-1, 3.116-17, CP, 1419-1420, f. 15 r. Pago del mayordomo del concejo Pedro Martínez Negro a García Fernández y a Juan Fernández, sobrejurado, por los gastos de la misión que les encomendó el concejo ante la reina Leonor sobre el asunto citado. 123   AMPdN, CP. 239/05, f. 17/36 r., CP. 239/6, ff. 18/23 v.-24 v., 28 v.-29 r., 33 r., 239/7, ff. 19/21 r. y v., 30 r.-31 r., 239/9, ff. 21/2 v.-3 r., 14 v., 23 r., por lo que se refiere a su percepción entre 1416 y 1420. Vid. igualmente Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano…, p. 235. 124   Ese año, Fadrique de Aragón, conde de Luna y nuevo señor de Cuéllar, Villalón y Mayorga tras la incautación por la Corona del patrimonio de los «infantes de Aragón», ordenaba al corregidor y al concejo de Cuéllar que se respetase el arrendamiento menudo de ciertos capítulos de las alcabalas de la villa que disfrutaban desde hace algunos años ciertos caballeros y escuderos de Cuéllar con cargo al pago de las tierras para lanzas que tenían del rey de Navarra, puesto que el arrendador real de las alcabalas de la villa y su tierra les estorbaba el disfrute de dichas rentas. Se prescribía que así se hiciese hasta que el rey de Castilla proveyese al respecto (Colección documental de Cuéllar…, doc. 375, pp. 682-683).

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Efectivamente, la percepción general de las alcabalas en el señorío del infante Juan de Aragón —y suponemos también en el del maestre de Santiago, don Enrique—, a partir de la perpetuación como herencia del disfrute que de las mismas se había atribuido su padre Fernando, aprovechando su condición de regente, queda perfectamente constatada a partir del requerimiento que, en junio de 1420, don Juan hacía a todas sus villas y lugares en Castilla para que recudiesen a su tesorero Gonzalo Sánchez de Lubián con el monto del primer tercio de las alcabalas percibidas en ellos.125 Inicialmente, el concejo de Villalón, al ser requerido para ello, se negó a dar cumplimiento a la orden alegando que el recaudador del rey en la merindad de Campos, Juan García de la Rúa, se había opuesto a tal pretensión. El motivo no era otro sino que el tesorero del infante no contaba con documento real que le avalase para ello y, además, el dicho Juan García reconocía tener mandamientos para la entrega con cargo a dichas alcabalas a distintas personas de la casa del rey de Castilla, entre ellos 60 000 mrs. para Fernán Álvarez de León, 90 000 para Juan García de Soria, despensero mayor de las raciones de la casa del rey y aun 130 000 mrs. para los libramientos que llevaba de la Hacienda real don Pedro Manuel.126 Ello no impidió que, en cualquier caso, a los pocos días, tras ser informado por Ruy Sánchez de Basurto, persona perteneciente a una de las familias más prominentes de Villalón, ligada a la afinidad señorial de Fernando de Antequera y luego a la de su hijo, el infante don Juan enviase una nueva carta conminando al pago de las alcabalas a su tesorero o al apoderado de este, siendo en esta ocasión obedecido por el concejo de Villalón, pregonándose el embargo de las alcabalas para que fueran entregadas a Gonzalo Sánchez de Lubián, salvo las cantidades que se libraban a la reina Leonor.127 * * * Hemos traído a colación este último ejemplo para ilustrar las conclusiones a las que nos permite llegar la documentación que hemos manejado tanto para lo que se refiere a la incorporación a la hacienda señorial de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y sus hijos de cargas tributa  Así lo anunció el tesorero al concejo de Villalón el 10 de junio de ese año, cuando reclamó el pago en Villalón al concejo, solicitando su colaboración, so pena de embargarles hasta los 400 000 mrs. en que se habían estimado las alcabalas de la villa ese año. (ARChVall, Protocolos y Padrones, C.ª 176, n.º 1, ff. 12 r.-13 r.). 126   La respuesta fue dada al día siguiente, 11 de junio (ARChVall, Protocolos y Padrones, C.ª 176, n.º 1, ff. 13 r.-14 r.). 127   La carta, dada en Valladolid el 15 de junio, fue presentada por Diego Fernández Triguero, escribano, vecino de Villalón, 3 días después, el 18 (ARChVall, Protocolos y Padrones, C.ª 176, n.º 1, ff. 20 r.-21 v.). 125

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rias procedentes de la fiscalidad real como, en general, a la valoración de la composición de las rentas señoriales de los infantes y, globalmente, de las casas señoriales de la aristocracia castellana entre la segunda mitad del siglo xiv y la primera mitad del siglo xv. No sabemos a qué pudo recurrir el infante don Juan o los miembros de su casa, ya ante la Corte, ya en Villalón, para invalidar la posible resistencia que Juan García de la Rúa mostró inicialmente a dejar en manos del señor de la villa el producto de las alcabalas. Sin embargo, no hemos localizado noticias de que se tomasen medidas contra el disfrute por el infante de las alcabalas de Villalón ese año. El recurso a una influencia política privilegiada en los entornos cortesanos y la fijación de acuerdos con los arrendadores reales, como hemos visto, debieron mediar en esta ocasión, igual que en el resto de las que hemos repasado, para que, entre 1416 y los primeros años de la década de 1420, se consolidase la apropiación señorial en sus dominios de las alcabalas y, según parece, también de las tercias. Como ponen de manifiesto los testimonios posteriores relativos a estas rentas, a lo largo de toda la década, en 1429-1430, cuando los «infantes de Aragón» sufrieron la incautación de su patrimonio señorial en Castilla, y aun las referencias a las rentas señoriales castellanas del rey de Navarra en 1444 y del maestre don Enrique en algunas de sus villas entre 1439 y 1442, la percepción de tercias y alcabalas quedó perfectamente consolidada para ellos. Las transformaciones que se habían producido, pues, en la composición de los ingresos señoriales de la aristocracia castellana a lo largo de, aproximadamente, un siglo, habían sido mayúsculas. Si a lo largo de la segunda mitad del siglo xiv y el inicio del siglo xv la imposición general de nuevas cargas exactivas a partir de requerimientos arbitrarios como el pedido y los prestidos señoriales —si bien negociados y asumidos por los concejos dominados— había permitido la duplicación o incluso la triplicación de los ingresos de los señores a partir del ejercicio de la autoridad sobre los vasallos sometidos a su señorío, fue sobre todo la capacidad para interferir en las instancias de poder monárquico la que permitió a las elites de la clase señorial acceder a fuentes de ingreso si cabe mayores y que les permitieron, precisamente, auparse a esa posición de primacía social y política. Así ocurrió en lo tocante a la obtención de cuantiosas mercedes y libranzas reales con cargo a los ingresos de la Hacienda real pero, a lo largo del reinado de Juan II, esa influencia de los grandes sobre los aparatos administrativos de la Corona y sobre los territorios sujetos a su proyección señorial se manifestó en la apropiación de las tercias reales y las alcabalas en sus lugares de señorío. Apenas contestadas estas últimas iniciativas, ya estaban siendo sancionadas en la práctica por la Corona, al validar las apropiaciones y las fórmulas de avenimiento entre los arrendadores de las rentas reales, años antes del establecimiento de la tasa de señoríos en 1454 y de la generalización de las percepciones de tercias y alcabalas por parte de los señores.

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Pocos señores estuvieron en condiciones de acceder con la facilidad y potencia que lo hicieron Fernando de Antequera y los suyos a estos capítulos de la fiscalidad real. Cuando otros señores tenían que recurrir a ganar el arrendamiento de las alcabalas a través de agentes interpuestos, don Fernando se sostuvo sobre la legitimidad que le otorgaba su condición de primer «pariente del rey» y sobre las prerrogativas que como regente ostentó para el gobierno del reino durante la minoría de edad de Juan II para adjudicarse, aprovechando los contextos excepcionales de la guerra contra Granada y de su candidatura al trono de Aragón, la percepción en su señorío de las tercias de fábrica, de manera temporal, y de las tercias reales y las alcabalas, de forma más duradera. A cuenta de la justificación de hacer pagaderos en sus propios dominios los libramientos por mercedes, mantenimientos y tierras llevados de la Corona, tanto él como luego su viuda e hijos se garantizaron la libre gestión de estas rentas y, aunque solo para el final de la década de 1420 se vislumbran indicios de la apropiación plena del producto de las mismas y no solo de las cantidades que hubieran correspondido al cumplimiento de las libranzas regias, no sería de extrañar que ya don Fernando y sus oficiales hubieran manipulado los arrendamientos plenamente en beneficio de los infantes de Castilla y reyes de Aragón. Igualmente, el peso de esta misma influencia a la hora de acumular esas libranzas de la Hacienda real, en mayor medida y cuantía que ningún otro señor del reino en su época, es también indiscutible. Conviene, pues, no olvidar que las condiciones disfrutadas por parte de Fernando, Leonor y sus hijos a la hora de incrementar sus fuentes de ingresos, por más que se inserten dentro de una dinámica general que afectó a toda la aristocracia señorial de la Corona de Castilla, fueron particularmente excepcionales. Sin embargo, a cuenta de la extraordinaria posición de poder de que gozaron en el reino, cabe preguntarse si, en buena medida, las prácticas desarrolladas por los infantes y sus herederos no se convirtieron en referencia y ejemplo para otras casas aristocráticas —sobre todo para las más prominentes y dinámicas en su emergencia social— a la hora de ampliar sus recursos económicos y, en consecuencia, su propio poder señorial. Por lo que respecta a la administración de los derechos señoriales en las villas y lugares de los infantes Fernando y Leonor y de sus hijos, no parece posible hablar de desarrollos específicamente innovadores. Los innegables esfuerzos por aumentar la cuantía de los ingresos generados por esta vía —en relación a los pedidos— y por aumentar la rentabilidad de ciertos derechos que afectaban a las potencialidades económicas de los términos de estas villas —por lo que toca a montazgos y derechos de paso para ganados trashumantes en los territorios de la Meseta Sur— pueden reconocerse, pese a la importante presión exactiva que aplicaron por estas vías Fernando, Leonor y sus hijos, como integrados dentro de las prácticas recaudatorias empleadas por la aristocracia castellana desde la segunda mitad del siglo xiv. En este

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sentido, el aspecto más señero en que podemos incidir es que, efectivamente, la búsqueda de nuevos recursos hacendísticos por parte de la aristocracia castellana difícilmente puede disociarse del proceso de reformulación y reafirmación del poder señorial ligado a la construcción de un modelo de dominación que giraba en torno al «señorío jurisdiccional», el cual hundía sus raíces en realidad en los años finales del siglo xiii. En efecto, en relación a ello, la atención de los señores hasta mediados del siglo xiv se concentró en la acumulación de derechos que se vinculaban al ejercicio de la autoridad jurisdiccional, especialmente las martiniegas, y en su consolidación como derechos ciertos bien legitimados frente a la Corona y frente a las comunidades dominadas. La presión señorial durante el siglo siguiente también buscó el reconocimiento, como derechos legítimos inherentes al señorío, de nuevas cargas exactivas que pretendían remitir al ejercicio pleno de derechos señoriales vinculados a la superioridad jurisdiccional en sus dominios. Captadas directamente de sus vasallos en primera instancia, la intensificación de las condiciones de ejercicio del poder sobre sus villas condujo a que, en último término, los mismos atributos del poder de la Corona se vieran mermados en beneficio de los señores en los lugares dominados por las grandes casas aristocráticas ya durante las primeras décadas del siglo xv, tendencia en la que se profundizó a lo largo del resto de la centuria para el conjunto de la clase aristocrática, como bien sabemos. El estudio de los ingresos señoriales de la casa de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y los suyos, entonces, nos ha permitido incidir en cómo la intervención señorial en torno a la obtención de recursos exactivos se estaba conduciendo, a partir tanto del aumento de las entradas económicas para su hacienda como del propio ejercicio de la punción tributaria, a la reafirmación del poder de la aristocracia en la sociedad feudal castellana del final de la Edad Media. 3. Los agentes implicados en los procesos exactivos señoriales y el ejercicio del señorío Hemos podido ver que, efectivamente, la exacción se manifiesta como un elemento crucial en el ejercicio de la dominación señorial en la sociedad feudal. De hecho, hemos podido comprobar que tan importante como la obtención de recursos económicos resultaban las relaciones establecidas entre las agencias que conformaban el «sistema de poder» señorial y los individuos, colectivos sociales e instituciones que configuraban las comunidades de habitantes dominadas, pues sobre ellas se hacía efectiva la extracción de bienes para la casa señorial aristocrática pero, sobre todo, el poder por ella ejercido sobre sus dependientes, «clientes» y vasallos sometidos a la dominación señorial. Aunque hemos hecho referencia a muchas de las relaciones

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establecidas entre los individuos y estructuras que posibilitaban el desarrollo de los procesos exactivos en torno a la casa de Fernando de Antequera, Leonor de Alburquerque y sus hijos, conviene que dediquemos alguna atención a ordenar esa información para comprender mejor cómo los vínculos de dependencia señorial contribuyeron a la implementación del «señorío jurisdiccional» desplegado por los infantes sobre sus villas y lugares. Para ello trataremos, en primer lugar, de singularizar el papel de los distintos agentes implicados en los procesos exactivos observados para, seguidamente, considerar cómo la participación en tales procesos y la redistribución de los frutos recaudados para la hacienda señorial de don Fernando y doña Leonor contribuyó a reforzar los lazos de interdependencia mutua entre los señores y los miembros de su afinidad. Así, hemos de partir de un hecho que ha quedado ya dibujado a partir del estudio de los ingresos señoriales extraídos en los lugares señorializados: el necesario concurso de las instituciones concejiles y de los individuos implicados en ellas para garantizar la extracción de rentas pretendida por los señores, evitando situaciones de conflicto que amenazasen el dominio pacífico ejercido por estos. Teniendo esto en cuenta pretendemos analizar cómo, sobre la base de los lazos de dependencia clientelar, vasallática y de servicio hacia sus señores, algunos miembros de las elites de las villas señoreadas por Fernando y Leonor resultaron particularmente beneficiados de la participación en sustanciales cuotas de los ingresos señoriales detraídos de estos núcleos urbanos y sus tierras. En otras palabras, una vez hayamos reconocido a los distintos protagonistas participantes en las distintas fases que implicaba la solicitud de tributos a cuenta de los derechos señoriales, repasaremos qué tipo de rentas señoriales fueron objeto de redistribución dentro del entorno clientelar de los infantes y cómo esta se llevaba a cabo. A partir del análisis de estos procesos, creemos posible evidenciar que los miembros de las elites concejiles fueron capaces de aprovechar las relaciones preferentes que sostenían con sus señores —y, más específicamente, el acceso a los recursos económicos del subsistema de poder urbano y territorial que constituía cada una de las villas bajo señorío extraídos por medio de mecanismos de punción señorial— para reforzar e incrementar su propia influencia social y política en sus sociedades locales. Al mismo tiempo, veremos que el cultivo de estas mismas relaciones y el reconocimiento de la posición de poder en el ámbito local de determinados individuos y grupos sin duda redundaban en beneficio del sostenimiento de la autoridad señorial de los infantes de Castilla y reyes de Aragón sobre los colectivos humanos y tierras a ellos sometidos. Empezando, entonces, por el repaso a los agentes que posibilitaban el desarrollo de la punción tributaria sobre las comunidades y espacios bajo señorío de don Fernando y los suyos, hemos considerado tres niveles fundamentales a partir de la delimitación de funciones pero, sobre todo, de actua-

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ciones concretas en torno a las cuales se iba desenvolviendo la exacción señorial. Para ello atendemos a las distintas fases desde la planificación y organización de los recursos económicos disponibles o a extraer para la casa señorial hasta el cobro y puesta en disposición del dinero y bienes materiales obtenidos de la recaudación. Huelga decir que, en todo caso, en la cabeza de esta pirámide de relaciones, siempre encontraremos a los señores, el propio don Fernando o doña Leonor —por delegación en ausencia de su esposo o por sí misma y en colaboración con sus hijos tras la muerte de su esposo— y sus herederos. Junto a ellos, las características específicas del señorío ejercido en Castilla por los reyes de Aragón dieron lugar a que, con el paso de Fernando y Leonor a Aragón entre 1412 y 1416, fuera Sancho de Rojas, obispo de Palencia y luego arzobispo de Toledo, quien ejerciese la administración de su patrimonio en su nombre, como ya hemos podido contemplar hasta aquí a partir del despacho de órdenes y misivas por este prelado en nombre del rey de Aragón a oficiales y concejos sujetos al señorío de este. De los titulares señoriales —o de su lugarteniente— dependieron en último término la toma de decisiones en cuanto a recursos reales o potenciales y disposición en torno a las fuentes de renta, remitiéndose siempre en última instancia a ellos en tanto señores y patrones de la casa señorial hasta para asuntos organizativos de relativamente escasa relevancia.128 Más allá de esta precisión, en un primer nivel organizativo reconocemos los cometidos de los oficiales superiores encargados de la administración de la casa. Nos hemos de referir, pues, al tesorero mayor, los contadores y sus oficiales subalternos, factores, apoderados y escribanos vinculados a los anteriores para el desarrollo de sus tareas. Sobre ellos recaía la planificación de los requerimientos fiscales a los vasallos, el procedimiento del cobro y recepción del dinero, la organización y ejecución de los pagos, el mantenimiento de la contabilidad y el control sobre la balanza de ingresos y gastos. Si, como hemos podido comprobar, las tareas más ejecutivas de organización, la solicitud de recudimientos a los concejos con los tributos demandados y el manejo del dinero y otros bienes ingresados quedaban en manos del tesorero mayor,129 la 128   Un ejemplo de ello, además de los vistos hasta aquí, en la carta que el 13 de febrero de 1402 despachó desde Segovia el infante Fernando ordenando a sus recaudadores que pasasen por la villa de Belorado si era necesario para su misión y disponían de cédulas reales para ello. En el caso contrario, no debían pasar por allí y habían de dirigirse a Lerma o hasta otro lugar de su señorío más próximo en la ruta que hubieran de seguir para cumplir sus obligaciones (AMBelorado, 1.4 Privilegios y derechos, 10 075). Ha de entenderse que, efectivamente, la carta fue firmada por el infante a partir de las quejas presentadas por el concejo, si bien la toma de una decisión al respecto pudo contar con el asesoramiento del tesorero mayor o de otros oficiales. 129   Un ejemplo en relación a la organización de pagos lo hallamos cuando en Barcelona, en 1413, ciertos hombres de armas castellanos al servicio del rey Fernando contra el conde de Urgell fueron pasados por los oficiales reales desde los libros contables del maestre racional «… al compto del tesorero del Rey en Castilla…» para que cobraran de él sus pagas [ACA, RP, MR, 2500 (1413), f. 28 v.].

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labor de los contadores aparece más bien dirigida al registro y audición de las fuentes de ingreso y de la contabilidad resultante de los gastos incurridos por el personal de la casa a partir del mantenimiento de libros contables generales. En cualquier caso, era la posición central del tesorero mayor la que descollaba entre todos estos oficiales, habiendo podido hablar en estas páginas de Ruy Sánchez de Valladolid como tesorero mayor y mariscal del infante Fernando hasta 1402 pero sobre todo de su sucesor hasta 1416, Juan García de Paredes, procedente de la villa palentina que poco antes había adquirido el infante Fernando de la herencia del conde de Trastámara Pedro Enríquez, sobre el que volveremos más adelante.130 Además, hemos referido las diferentes misiones encomendadas por la reina viuda Leonor desde 1417 a su tesorero mayor y recaudador Juan González de Oviedo, tanto para la administración de su hacienda como para otros cometidos como la tramitación de la transmisión de la parte de su herencia que correspondió a su hijo el infante Enrique de Aragón, maestre de Santiago,131 amén de las desempeñadas por Gonzalo Sánchez de Lubián como tesorero mayor del infante Juan de Aragón. La confianza de los señores hacia sus tesoreros mayores y la capacidad de interlocución entre estos, los miembros de la casa en posiciones subalternas y las autoridades de los concejos del señorío era más que importante, como correspondía a la delicadeza de las prerrogativas de su oficio, por lo que su participación en cualquier relación ligada a los procesos exactivos señoriales es ineludible. En relación a esa audición de derechos podemos considerar la misión encomendada al contador mayor del infante Fernando, Juan Sánchez Garavito, acerca de la averiguación de los derechos que a él correspondían en lugares de behetrías como señor de Lara desde octubre de 1398.132 También conocemos el nombre de Velasco Fernández de Trujillo como contador del infante y rey de Aragón al menos entre 1408 y 1414. Así aparece a partir del despacho de cartas de pago sobre la entrega de cantidades recaudadas para sus señores por el concejo de Paredes pero también como interlocutor del representante de dicho concejo cuando en 1414 corrió el rumor en Paredes de que el rey de Aragón tenía intención de donar la villa a Diego Gómez de Sandoval, adelantado mayor de Castilla.133 Igualmente, entre 1413 y 1414 al menos, Diego Alfonso de Paredes, factor habitual del tesorero Juan García   Juan García de Paredes es profusamente referido como tesorero mayor desde 1402 hasta el verano de 1416, cuando se documenta la cita de Diego Alfonso de Paredes, quien había sido su factor hasta entonces, como tesorero del difunto rey de Aragón. Todo apunta al fallecimiento de Juan García no más tarde de julio de 1416, a razón de la carta presentada al concejo de Alba de Tormes por el recaudador que nombró Diego Alfonso. No puede concretarse si existiría vínculo familiar entre ambos, acaso como padre e hijo, tío y sobrino u otro (AMAdT, IE, 0003.01, LAC, 1416, f. 57 r. y v.). 131   Documentación medieval… Ledesma, docs. 71-75, pp. 133-149. 132   AHNob, Frías, C.ª 462, n.º 22. 133   AHNob, Frías, C.ª 462, n.º 22; AMPdN, CP, 238/10, f. 9/20 r. y v., 239/03, f. 15/12 r. y v. 130

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de Paredes, es referido como contador mayor del rey de Aragón en Castilla.134 Sabemos por estas mismas referencias de Paredes que existían varios contadores bajo la supervisión del contador mayor, cargo que, por otro lado, en la casa del infante don Juan ejerció el cronista Álvar García de Santa María,135 y en la del infante don Enrique, maestre de Santiago en 1418, Fernán López.136 Como puede apreciarse, el ejercicio de tareas en servicio de los señores que podían superar las funciones teóricas de su oficio, como ocurría en realidad con todos los criados de las casas señoriales de la época, era perfectamente habitual. Un buen ejemplo de ello es el de Juan Sánchez de Salvatierra, presumiblemente procedente de esta villa salmantina que pertenecía al patrimonio de Leonor de Alburquerque y surgido de la contaduría en Castilla del rey de Aragón. Había tenido a su cargo parte de las bastidas levantadas durante el sitio de Balaguer de 1413 y en 1414 fue nombrado para ocupar el nuevo oficio de conservador del real patrimonio del reino de Sicilia, trasladándose a la isla con toda una serie de subalternos castellanos para reorganizar la gestión de la Hacienda real siciliana según el modo de las contadurías en Castilla.137 Por otro lado, en relación a la implicación en diferentes fases de estos procesos exactivos señoriales de personal no directamente vinculado a funciones teóricas de tipo hacendístico, hemos podido nombrar el caso de fray García de Castronuño, capellán del infante y obispo de Coria en 1407, cuando fue comisionado por la infanta Leonor para informar, concretamente en Paredes, de la concesión a su esposo de la percepción de las tercias de fábrica por el papa, además de la solicitud del prestido que se añadió al pedido señorial de ese año.138 Pueden considerarse en ese mismo sentido los ponimientos para el traspaso de porciones del producto de las rentas señoriales a otros miembros de la casa, a partir de las cartas libradas por el tesorero mayor, para el cumplimiento con determinados gastos.139   ACA, RP, MR, vol. 796, f. 148 r. y v.   ADPA, E-535, n.º 1, f. 4 r. En la nómina de 1429 aparece con ración de 7200 mrs., quitación de 8000 mrs., y como beneficiario de una merced de 6000 mrs. anuales por su vida. 136  Su criado Rodrigo de Olmedo aparece citado entre los testigos del pleito homenaje que el concejo de Ledesma hizo el 19 de diciembre de 1418 a la reina Leonor de Alburquerque (Documentación medieval… Ledesma, doc. 75, pp. 146-149). Él mismo fue quien tomó posesión de las Garrovillas de Alconétar en nombre de su señor el 16 de octubre de ese año (AHNob, Osuna, C.ª 875, n.º 1). 137   ACA, C., CR, Fernando I, C.ª 18, n.º 2279, C.ª 20, n.º 2485; Bresc, Henri. Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300-1450, 2. vols., Roma, École Française de Rome, 1986, vol. 2, pp. 850; Corrao, P. Governare un regno…, pp. 356 y ss. 138   AMPdN, CP, 238/09, ff. 8/11 v., 23 r.-23 v., 28 r.-v., 29 r.-v., 31 r. 139   Un ejemplo entre otros, a cuenta de los ponimientos que dio el tesorero Juan García a Per Alfonso de Escalante y a Alfonso Fernández de las Osas, repostero del infante, de 6000 y 10 000 mrs. respectivamente sobre el pedido señorial de Paredes de Nava en 1411. En ambos casos, el cobro del dinero a manos de uno de los procuradores del concejo paredeño, Gil García, lo realizaron mediante sendas cartas de poder Ruy Fernández de Ferrezuelo por el citado 134 135

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Cabría citar también a Juan Ruiz de Belorado, procedente de esta villa, en su oficio de recaudador de las behetrías a cuenta de los derechos en ellas pertenecientes al señorío de Lara del infante Fernando, del cual también hemos hablado al ocuparnos de ese asunto. Las características específicas que implicaba la organización de la recaudación de tales derechos en centenares de lugares dispersos por toda la merindad mayor de Castilla impiden que podamos equipararlo a los recaudadores locales en las villas de los infantes Fernando y Leonor, pues la complejidad logística de ese cometido hubo de dotarle de una mayor autonomía, capacidad ejecutiva y grado de interlocución con los vasallos dominados de la que tuvieron aquellos otros, por más que, al fin, hubiera de rendir cuentas ante el tesorero mayor y los contadores. En cualquier caso, y como muestra de su mayor influencia dentro del aparato exactivo señorial, contamos con evidencias que muestran a Juan Ruiz gestionando en nombre de la reina Leonor los pagos que el concejo de Haro debía al monasterio de Santa María de Nájera y al convento de San Agustín de Haro por mercedes que tenían de la dicha reina.140 Cabe la posibilidad incluso de que Juan Ruiz de Belorado hubiera podido tomar a su cargo la organización de toda la recaudación señorial en el área riojana, relativa a Belorado, Haro, Briones y Cerezo, en atención a su procedencia e implantación en estas comarcas, si bien esto solo es una suposición a partir de los datos presentados. Sea como fuere, que siguiera ejerciendo su oficio de recaudador de las behetrías del señorío de Lara en la casa del infante don Juan es prueba evidente de la posición especialmente relevante de este personaje en el entorno clientelar de sus señores. Recapitulando, pues, puede destacarse el grado de influencia de estos oficiales hacendísticos superiores de que venimos hablando, apreciándose la extracción de algunos de ellos de entre las elites concejiles de las villas del señorío de los infantes y las posibilidades de promoción a que pudieron acceder al cargo de cometidos de tal relevancia como los expuestos. En segundo nivel organizativo, y ya en el plano territorial-local, encontramos a los recaudadores en las villas. Habitualmente había uno en cada villa bajo señorío, normalmente un vecino de esta población, aunque podía Per Alfonso y Alfonso Gil de Castromocho en nombre del despensero Alfonso Fernández (AMPdN, CP., 238/13, f. 12/36 r.). 140   AMHaro, 4-2-1, 3.116-17, CP, 1419-1420, f. 10 r., donde se ajustan los pagos realizados entre el 22 de febrero y el 25 de agosto por el bolsero o mayordomo del concejo de Haro en 1419 a los citados monasterios a partir de los pechos y derechos debidos a la reina Leonor en la villa, atendiendo a los ponimientos que mostró al respecto Juan Ruiz de Belorado. En cualquier caso, ya en noviembre de 1419, una vez que la villa había quedado en manos del infante don Juan, figuraba en ella recibiendo el pedido señorial Juan Martínez de Herrera como recaudador del infante por Gonzalo Sánchez de Lubián, su tesorero mayor. La entrega del dinero, 15 840 mrs., la realizó la viuda del mayordomo a Juan Sánchez de Salinas, camarero de Fernán Pérez de Ayala, camarero mayor del infante, por la carta de poder que tenía del dicho Juan Martínez (AMHaro, 4-2-1, 3116-17, CP, 1419-1420, f. 12 r.).

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ocupar este oficio alguien procedente de otra villa cercana. Así ocurrió, por ejemplo, en Alba de Tormes, donde la recaudación fue ejercida por Alfonso Martínez de Salvatierra, vecino según parece de esta otra villa, desde que el infante Fernando tomó la posesión de Alba en la primavera de 1411 hasta 1418.141 Su tarea, como hemos comprobado, era la de actuar como intermediarios entre la autoridad señorial y los concejos locales, transmitiendo los requerimientos de pago de los derechos señoriales y garantizando el cobro de los mismos y asegurando que estos eran enviados al tesorero mayor o a aquellas personas a quienes se hubiera ordenado. Se trataba de personas económicamente bien situadas y con, al menos, cierta influencia sociopolítica dentro de estos lugares. Ejemplos significativos de ello pueden ser los de Dia Sánchez de Basurto en Villalón o el de Diego Alfonso Pantoja en Medellín. Dia Sánchez de Basurto fue recaudador del infante Fernando en Villalón, como poco, en 1409, acaso emparentado con Dia Sánchez de Basurto, regidor de la villa por lo menos desde 1401, si no es que se trata de la misma persona, y con Ruy Sánchez de Basurto, alcalde de la villa en 1419.142 La pertenencia a una de las familias principales de Villalón y su íntima integración en la «clientela» de los infantes es más que evidente, generándoles múltiples beneficios también de orden económico, pues otro de los Basurto, Alfonso Sánchez, accedió a la recaudación del servicio real otorgado en 1410 en nombre del tesorero Ruy Fernández de Peñalosa, acaso en las villas de los infantes Fernando y Leonor.143 Por su parte, Diego Alfonso Pantoja era vasallo del infante y su recaudador en Medellín en 1407, oficio que seguía ejerciendo en   AMAdT, IE, 0002.01, LAC, 1411, ff. 41 r.-42 r., 0003.02, LAC, 1418, f. 27 r. y v. En 1413 al menos, compareció como recaudador del rey de Aragón ante el concejo de Alba un tal Sancho González, presumiblemente el converso Salomón Madrotiel, que fue recaudador de Beatriz de Portugal en la villa, si bien no parece claro si esto implicó la interrupción temporal de Alfonso Martínez como recaudador señorial en Alba (AMAdT, IE, 0002.02, LAC, 1413, ff. 57 r. y v., 60 v.). Ya en 1423 figura Gonzalo López, vecino de Alba, como recaudador del infante don Juan en la villa (AMAdT, IE, 0004.02, LAC, 1423, ff. 40 r. y v., 50 r.). Este Gonzalo López fue, durante los años de la secuestración del patrimonio del infante don Enrique y su puesta en administración en manos de su hermano Juan de Aragón, el recaudador por este no solo en Alba sino también en las Çinco Villas de Salvatierra, Miranda del Castañar, Montemayor, Granadilla y Galisteo (AMAdT, IE, 0005.01, LAC, 1424, ff. 14 v.-15 r.) 142   AMVillalón, LdA, n.º 1, 20 de febrero a 23 de ocubre de 1409, 1 de mayo a 6 de julio de 1419. Pese a la homonimia, que el nombre del recaudador siempre venga acompañado de su oficio hace pensar que así lo consignó el escribano del concejo para distinguirlo del regidor. No obstante, cuando en la sesión de 13 de octubre de 1409 se exigió el cumplimiento del pago del pedido señorial, quien así lo hace aparece como regidor y recaudador, pareciendo referirse a Dia Sánchez de Basurto. No obstante, la lectura del nombre en el documento no es del todo clara. 143   AMAdT, IE, 0002.01, LAC, 1411, ff. 15 r.-18 v. Con este cargo aparece siendo recudido con el dinero del servicio por el recaudador del mismo en Alba, por lo que podemos entender que Alfonso Sánchez hubiera logrado hacerse cargo de la recaudación de este tributo en las villas de su señor el infante Fernando, justamente, gracias a la pujanza de sus parientes dentro de su afinidad señorial. 141

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1418 en nombre de la reina viuda doña Leonor,144 siendo los Pantoja una de las principales parentelas de la villa y, como se ve, también vinculados a la casa de los infantes. Casado con Isabel Fernández de Contreras, proveniente de otra señera familia local, poseían derechos sobre dehesas en la tierra de Medellín de cierta consideración.145 Por ello, su posición intermedia en la comunicación entre instancias señoriales superiores y la esfera local concejil era ciertamente delicada, exigiendo una buena inserción en la sociedad en la villa de cara a representar los intereses de sus señores. Finalmente, en el tercer nivel encontramos a las mismas autoridades concejiles de las villas porque, en definitiva, sobre ellas recaía la labor directa de reparto de la carga fiscal sobre la población, la organización de la recaudación mediante el nombramiento de cogedores en las distintas circunscripciones de las villas y sus tierras y aldeas, y la última entrega a los recaudadores señoriales o al tesorero mayor de las cantidades reunidas. En este sentido, los concejos actuaban con gran autonomía, apenas supervisados por los recaudadores señoriales.146 Un buen ejemplo de ello nos lo aportan los repartos realizados por uno de los dos procuradores —mayordomos del concejo— de Paredes de Nava, Alfonso García Portero, en 1407, para recaudar la parte que le correspondió del yantar y la marzadga ese año referida a 4 de los 8 barrios de la villa. Este repartimiento se calculó a partir de la asignación de una tasa a cada fumo existente en cada uno de los barrios (8 mrs. por fumo) más otra tasa sobre las cabezas de ganado correspondientes a cada vecino (1 mri. por cabeza mayor, 5 dineros por bestia menor y 2 dineros por oveja o cerdo). En cada uno de los barrios se señaló un cogedor para tomar el fumazgo en cada uno y otro para tomar el mueble, como se llamaba este encabezamiento del ganado estante. Así recaudó 3844 mrs. y 5 dineros; de modo similar actuó su compañero Fernando Díez en los otros 4 barrios.147 En nada de ello intervino el recaudador señorial Pero García, vecino de la villa, salvo en recibir de ambos procuradores el monto total de la marzadga y yantar de ese año por 8400 mrs., otorgando cartas de pago por ello a ambos procuradores.148 El repartimiento para la recaudación del pedido señorial funcionaba en términos similares, como nos aporta la documentación de, por ejemplo, 1416, año en que el rey de Aragón —su tesorero mayor, en realidad— mandó recudir con el producto de la recaudación a Juan Martínez Harnueco, quien convino con los cogedores de la villa en cada barrio lo que debía aportar cada uno   AHN, Mesta, C.ª 122, n.º 25, f. 1 r., pp. 178-179, Clero, carp. 401, n.º 13.   Clemente Ramos, J., La Tierra de Medellín…, pp. 114-116, 178-179. Es posible que exista alguna vinculación entre ellos y Gonzalo Pantoja, juez corregidor y alcalde mayor por el infante Fernando en Alba de Tormes hasta septiembre de 1413 y de nuevo en este oficio desde noviembre de 1416 a abril de 1422 (AMAdT, IE, 0002.02, LAC, 1413, f. 76 r. y v., IE, 0003.01, LAC, 1416, ff. 6 r.-8 r., 13 r. y v., IE, 0004.01, LAC, 1422, ff. 86 v.-87 r.). 146   Ejemplos, org. Cobro: padrones, nombrar cogedores, etc. 147   AMPdN, CP. 238/09, ff. 8/3 v.-4 r., 22 r.-v. 148   AMPdN, CP. 238/09, ff. 8/14 r., 32 r., 144 145

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para cumplir con la cantidad ordenada por el señor.149 De manera similar se procedía en Villalón, a juzgar por las protestas de Dia Sánchez de Basurto el 13 de octubre de 1409 ante la negativa del concejo a iniciar siquiera el primer pago del pedido señorial de ese año por un total de 85 000 mrs. en dos pagas. Solo las amenazas de tomar prendas a los vecinos movilizaron al corregidor y los regidores a ordenar a los mayordomos concejiles que iniciaran la confección de los padrones para la recaudación de la primera paga. Mes y medio después, para iniciar la recaudación de la segunda paga de dicho pedido, se nombraron 5 contadores por cada uno de los quartos en que se dividía a estos efectos la villa para repartir la recogida del dinero a contribuir.150 Evidencias como las aquí aportadas ponen de manifiesto en qué medida las elites sociales controlaban los concejos de estas villas, la mayoría de tamaño mediano y pequeño, sobre las que los infantes ejercían señorío. Por tanto, en cuánta medida era necesario su concurso para llevar a término los procesos exactivos. En este marco de necesidad de colaboración de las instancias concejiles se encuadran los procesos de negociación que ya citamos acerca de la solicitud de los pedidos señoriales pero también otros mucho más implícitos. En ellos, el acceso a la redistribución de la renta señorial e incluso a las atribuciones ligadas al ejercicio del poder señorial para determinados sectores de esas elites se hallaba en el núcleo de las relaciones de interdependencia asimétrica que facultaban el ejercicio del poder señorial. Pasando a ocuparnos, entonces, de la participación de los agentes implicados en la exacción señorial en los lugares dominados por Fernando y Leonor en la redistribución de sus beneficios materiales y simbólicos dentro del marco de la casa y en los contextos concejiles locales, podemos señalar cómo se concretaba el acceso a esos beneficios económicos y de orden social y político para el personal integrado en la afinidad señorial de los infantes. Un primer medio por el que se producía ese acceso a los recursos captados por la punción tributaria de los señores era la percepción de mantenimientos y anualidades militares, tierras para lanzas, por parte de los clientes pertenecientes a la casa de los infantes directamente en sus villas. Más allá de la mayor o menor funcionalidad militar de estas tierras, su concesión a los miembros de las elites caballerescas —o en posición emergente de cara a su integración en los sectores de la caballería concejil— era un elemento central para la fidelización de estos colectivos sociales dominantes en los lugares 149  AMPdN, CP, 239/05, f. 17/04 r. y v. Parece que, habiendo sido ordenado recaudar 34 160 mrs., no le fueron entregados por los cogedores más de 23 080 mrs., pues estos se quejaban de que Juan Martínez les había cargado de más. 150   AMVillalón, LdA, n.º 1, 13 de octubre, 1 de diciembre de 1409. En general, sobre los procedimientos para el reparto de pechos por el concejo de Paredes de Nava, Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano…, pp. 28-37, 164-167, 223-240. Sobre este mismo asunto, en Alba de Tormes o en Haro, vid. Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político concejil…, pp. 363-414; Goicolea Julián, F. J., Haro: una villa riojana…, pp. 209-230.

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dominados por los grandes señores de la Castilla bajomedieval.151 La nómina del rey de Navarra de 1429 ilustra este aspecto perfectamente al mostrar cómo, de las 778 lanzas que eran mantenidas por distintos vasallos con cargo a los pagos de la hacienda castellana de Juan de Aragón por valor de 1 167 000 mrs., 218 eran sostenidas en las villas del señorío a partir de la percepción de tierras por 129 vasallos pertenecientes a esas elites concejiles. No obstante, por lo que correspondía a las restantes 560 lanzas, otros 44 beneficiarios de tierras para lanzas procedían de espacios no sujetos directamente al señorío del rey de Navarra y los otros 104 beneficiarios de estos «feudos de bolsa» tenían oficios de su casa o recibían otras mercedes más, de modo que hay que subrayar que estas anualidades de teórica funcionalidad militar eran, en realidad, uno de los nervios centrales para la integración en la afinidad de Juan de Aragón, cultivada sobre la base sentada previamente por su padre.152 El cumplimiento de los pagos de las tierras a sus beneficiarios, correspondientes a 1500 mrs. anuales, implicaba su asentamiento por parte de la tesorería sobre determinadas rentas señoriales en una determinada villa o lugar. Parece que inicialmente las tierras se situaron especialmente sobre el pedido señorial, de modo que este era efectuado a sus beneficiarios directamente por los oficiales concejiles encargados de recaudar el impuesto con el acuerdo de las autoridades locales y del recaudador señorial. Tal forma de ejecución del pago podía asignarse para el cumplimiento de cualquier otro gasto o entrega debido por la casa de los infantes, en todo caso.153 Además, también hemos constatado que, una vez que quedó consolidada la posesión de las alcabalas en las villas del señorío de la casa real de Aragón en Castilla, la percepción de las tierras y, posiblemente, de otras mercedes, quitaciones y mantenimientos de todo tipo a criados y vasallos se ejecutó también sobre estas rentas, incluso otorgando el arrendamiento menudo de capítulos de las alcabalas en las villas donde estos clientes eran vecinos, como se ha podido apreciar que ocurría en Cuéllar desde antes de 1430. Así, ese año, Fadrique de Aragón, conde de Luna y nuevo señor de Cuéllar, Villalón y Mayorga tras la incautación por la Corona del patrimonio de los «infantes de Aragón», 151   Un estudio de particular interés, al referirse a un momento prácticamente contemporáneo al analizado por nosotros y mostrarse el esfuerzo desarrollado por Alfonso de Aragón, conde de Denia, a finales del siglo xiv, por extender su afianzamiento en la posesión del marquesado de Villena en Castilla a partir de la asignación de tierras entre caballeros vecinos de las villas y lugares del citado marquesado, en Sáiz Serrano, Jorge, «Una clientela militar entre la Corona de Aragón y Castilla a fines del siglo xiv: caballeros de casa y vasallos de Alfons d’Aragó, conde de Denia y marqués de Villena», En la España medieval, 29 (2006), pp. 97-134. 152   ADPA, E-535, n.º 1, en particular ff. 18 r.-22 r. para los vasallos en las villas. 153   En 1412 se pagó por los oficiales del concejo de Paredes un total de 3764 mrs. y medio a Alfonso González Serrano como procurador de Ortega, hijo de Muñálvarez de Grandoso. Este había de recibir el dinero por García Fernández Manrique, señor de Castañeda, a partir del asiento que de ellos hizo el tesorero del rey de Aragón Juan García de Paredes sobre el pedido de Paredes de Nava ese año. (AMPdN, CP, 239/01, f. 13/02 r.).

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ordenaba al corregidor y al concejo de Cuéllar que se respetase el arrendamiento menudo de ciertos capítulos de las alcabalas de la villa que disfrutaban desde hacía algunos años ciertos caballeros y escuderos de Cuéllar con cargo al pago de las tierras para lanzas que tenían del rey de Navarra, puesto que el arrendador real de las alcabalas de la villa y su tierra les estorbaba el disfrute de dichas rentas. Un año después, el conde de Luna insistía en la protección de quienes habían arrendado esas alcabalas en Cuéllar para verse pagados por sus tierras, lo que evidencia el interés del nuevo señor por tratar de captar las relaciones clientelares generadas por los anteriores titulares en vistas a asentar el señorío que recientemente había adquirido.154 Por tanto, aunque efectivamente cualquier servidor señorial podía ser pagado de este modo, los beneficiarios más habituales de la asignación de sus tierras u otros mantenimientos recibidos como criados de los infantes y reyes de Aragón eran los vasallos de la casa vecinos de las villas donde se asignaba el pago sobre uno de los derechos señoriales allí habidos. Disponemos de ejemplos de ello que evidencian que, de hecho, esta era una práctica generalizada por lo que se refería a las elites de las villas que percibían tierras de sus señores, que así se veían favorecidos por la posibilidad de disponer del dinero en su lugar de residencia. Del mismo modo, la simplificación de los pagos para la tesorería de los infantes era también notable, al eliminar dificultades logísticas y molestas dilaciones en torno al transporte del dinero o el desplazamiento de las personas que habían de cobrarlo. Disponemos de algunos testimonios de ello en Paredes de Nava, más aislados, y en Alba, más explícitos, en relación a las lanzas que mantenían algunos de los caballeros, oficiales del concejo, para el rey de Aragón y su pago en el momento en que fueron requeridos para unirse a la hueste que el rey Fernando organizó para enfrentarse a la rebelión del conde de Urgell. En todos los casos, aunque las órdenes de pago fueron dispuestas por el tesorero Juan García de Paredes y por Juan Sánchez de Salvatierra, y en Paredes y Alba el pago fue autorizado por los recaudadores respectivos, Pedro García y Sancho González, su ejecución corrió a cargo del concejo, a quienes estos comunicaban que se les librasen los pagos de las rentas precisadas.155 154   Colección documental de Cuéllar…, doc. 375, pp. 682-683, doc. 378, p. 726. En este último documento, Fadrique de Aragón ordenaba que no se prendase a María González, mujer de Diego Ruiz, regidor de la villa, en los bienes que había heredado de sus padres y había recibido en arras en su matrimonio, considerando el arrendamiento que su esposo pudo realizar de las alcabalas de Cuéllar en 1429 para pagarse la tierra que le debía el rey de Navarra. 155   En 1405, a cuenta de su tierra, fueron librados ciertos mrs. por el recaudador del infante en Paredes a Pascual Sánchez en una de las rentas del concejo, la de las cuezas. Mientras, en 1412, Juan García Tablares era declarado exento de pagar el servicio de Cortes en tanto mantenía una lanza para el rey de Aragón (AMPdN, CP, 238/08, f. 7/28 v., 239/01, f. 13/05 v.). En Alba de Tormes, durante el mes de junio de 1413, el regidor Fernán Alfonso de Olivera, el alcalde Lorenzo Doval y Juan Martínez de Beleña, que había sido alcalde en

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Al fin, la consolidación de ingresos más sostenidos sobre los impuestos reales en sus villas debió permitir que, bien por la asignación de las libranzas de la Corona que disfrutaban los reyes de Aragón y sus hijos, bien por el control directo de las alcabalas en sus dominios, se facilitase el pago en esos mismos lugares de todas estas tierras y otros mantenimientos a los vasallos procedentes de las elites concejiles e, incluso, la propia multiplicación de las tierras que don Fernando y sus hijos Juan y Enrique pudieron otorgar para integrar a nuevos vasallos en sus afinidades. De un modo u otro, lo que también queda claro es que, por esta vía de asignación de pagos, no solo buena parte de los ingresos señoriales se hallaban comprometidos y situados sino que, a cuenta de este hecho, el numerario que habían de generar tales rentas nunca llegaba a ser aprovechado de manera directa por los oficiales superiores de la casa señorial o por los propios titulares señoriales. Más todavía, en tanto las autoridades concejiles habían de validar y ejecutar los pagos, esta práctica suponía una escenificación pública del vínculo existente entre estos miembros de la elite local y el señor y de la capacidad de aquellos para acaparar en su beneficio recursos económicos generados por la comunidad de habitantes. Entendemos que esto contribuía a apuntalar la posición de poder y privilegio que disfrutaban dentro de la sociedad local aquellos caballeros y hombres buenos que, al acceso a los oficios concejiles, su riqueza e influencia en el entorno de la villa y su tierra, podían añadir la comunicación directa con las instancias de poder señorial como miembros de la casa aristocrática. De un modo similar, la concesión de mercedes por parte de los señores a algunos de sus servidores, precisamente sobre rentas y otros privilegios fiscales de las villas en que estos dependientes habitaban, también ha de considerarse en el mismo sentido. De nuevo, la nóminas de 1429 del rey de Navarra nos refleja hasta 81 personas beneficiarias de mercedes de muy diferente consideración, la mayoría muy modestas, siendo muy destacadas las que se refieren a la exención de pechos en los lugares donde habitaban.156 También resultan significativas las referencias a enajenaciones de porciones de las rentas tradicionales en manos de algunos de los personajes prominentes en los concejos del señorío de los infantes, como ocurrió con los 2000 mrs. que se le asentaron sobre los pechos y derechos señoriales de Alba de Tormes al regidor Juan Martínez de Beleña por orden del infante años pasados, se aprestaron a aportar 4, 2 y 2 lanzas, respectivamente, para la campaña contra el conde de Urgell, ordenando que se les pagase tanto su tierra como los sueldos por el tiempo efectivo que sirviesen a partir del prestido solicitado ese año en Alba de Tormes. Pagados por tercios para que se unieran a los otros hombres de armas que se reunían en Soria, finalmente Fernán Alfonso de Olivera aportó dos lanzas más que las 4 por las que recibía tierra, hasta 6, para esta campaña, recibiendo también sueldo por ellas (AMAdT, IE, 0002.02, LAC, 1413, ff. 28 v.-29, 30 r.-31 r., 35 r., 36 v.-37 r.). 156   ADPA, E-535, n.º 1, ff. 21 v.-25 r.

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don Pedro de Aragón,157 o con los 2400 mrs. situados en la marzadga y el yantar de Paredes de Nava para Diego Alfonso de Paredes, persona muy vinculada al tesorero Juan García de Paredes, a quien sucedió en el servicio al infante Juan de Aragón.158 Si en general apreciamos que la cuantía de estas mercedes no era necesariamente muy alta ni demasiado gravoso para la hacienda señorial el desprenderse de ellas, en cambio podían tener una consideración más apreciable para sus beneficiarios. Por una parte, en lo económico pero, sobre todo, en el plano de representación del poder en los ámbitos locales de las villas donde estos personajes pugnaban por destacar dentro de las elites dirigentes. De algún modo, la participación en rentas procedentes de la expresión y ejecución de derechos señoriales ciertamente reconocidos a sus señores por las comunidades dominadas podía ser enunciada como una forma de coparticipación en los atributos del señorío sobre los concejos, sus habitantes y tierras. En la medida en que la agregación de tales derechos había contribuido a conformar el conjunto de prerrogativas amalgamadas alrededor de la jurisdicción para definir el alcance y límites de la autoridad del «señorío jurisdiccional», el valor simbólico de la delegación de una parte de ellos, sobre todo los referidos a los derechos señoriales más consolidados, contribuía a mostrar a los individuos y grupos familiares mejor enlazados con los señores en una posición de superioridad dentro de esas sociedades locales. Acaso el ejemplo más significativo de este tipo de beneficio reportado por la participación en los procesos exactivos señoriales lo aporte, precisamente, el personaje que adquirió mayor responsabilidad y poder en torno a la gestión de la hacienda señorial de Fernando de Antequera: el tesorero mayor Juan García de Paredes. Más allá de lo dicho hasta aquí, es preciso subrayar que la enorme influencia que adquirió dentro de la casa y el desempeño de unas responsabilidades que implicaban el manejo de varios millones de mrs. anuales en buena parte del territorio del reino obligaban a la colaboración con él de toda una serie de personas, para lo cual se nutrió de diferentes allegados procedentes como él de Paredes de Nava. Más allá de lo dicho hasta aquí sobre el tesorero mayor, de su entrada al servicio del infante Fernando en torno a 1402, sucediendo a Ruy Sánchez de Valladolid en el oficio y de su implicación en la organización de todo el entramado exactivo y de gasto de la casa de los infantes hasta 1416, lo cierto es que escapan muchos datos acerca de su trayectoria personal. No es posible establecer con seguridad su filiación ni tampoco si se trataba de una persona que ya contaba con una hacienda cuantiosa o se enriqueció al servicio del infante Fernando. Apenas nos consta la existencia de un hijo suyo, Alfonso García, quien desde 1417 recibía del concejo de Paredes el pecho de sus he  AMAdT., IE, 0004.01, LAC, 1422, f. 55 r. y v.   A esta merced para sus hijos se añadía una exención de 400 mrs. en los pechos de Paredes para su mujer, Toribia Alfonso (ADPA, E-535, n.º 1, ff. 23 v.-24 r.). 157 158

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redades.159 Sin embargo, podemos discernir la presencia junto al tesorero de dos personajes de la elite paredeña que lograron un notable enriquecimiento y ascenso social gracias a la integración, a su servicio, en la afinidad señorial de don Fernando y de su hijo Juan de Aragón. Por una parte, Diego Alfonso de Paredes, también citado en las fuentes paredeñas como Diego Alfonso Cauallero y que parece que se puede identificar con el Diego Alfonso Maçón nombrado en esas mismas fuentes locales en el primer tercio del siglo xv.160 Por otra parte, el caballero Juan García Tablares. Según parece, ambos personajes estuvieron fuertemente implicados, junto a quien entonces era uno de los dos mayordomos o procuradores del concejo, Juan García Maçón, en la resolución del enfrentamiento entre facciones ocurrido en Paredes entre 1401 y febrero de 1403.161 Según parece, Diego Alfonso era además yerno del escribano del concejo, Alfonso Fernández,162 mientras que Juan García Tablares fue en 1402 procurador del concejo de Paredes, por lo que podemos trazar una fuerte inserción de ambos en la elite local. Es interesante comprobar, sin embargo, que ambos alcanzaron un apreciable ascendiente social a partir de su implicación en el negocio fiscal generado por la administración de las rentas señoriales del infante Fernando. Así, Diego Alfonso actuó como fazedor o lugarteniente del tesorero mayor del infante desde 1409, año en que Juan García Tablares fue arrendador de las quince monedas del servicio extraordinario de Cortes, según parece, en la villa.163 Con anterioridad, Diego Alfonso Maçón también se había visto implicado en   AMPdN, CP., 239/6, f. 18/7 r. No está claro por qué motivo el concejo paredeño retornaba esta cuantía al heredero de Juan García de Paredes, si por merced o en pago a alguna deuda. 160   La homonimia puede llevar a confundirlo con otro personaje importante de la época en Paredes, llamado Diego Alfonso Tomás, también muy integrado entre la elite dirigente concejil y cabecilla de una de las facciones locales enfrentadas entre 1423 y 1427 (Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano…, pp. 56-62, 216-218, 252-256; id., «Poderes públicos y sociabilidad local en la villa de Paredes de Nava en el Cuatrocientos», en J. Bonachía Hernando (coord.), La ciudad medieval. Aspectos de la vida urbana en la Castilla bajomedieval, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, pp. 255-316, en concreto pp. 293-298; id., «Violencia y conflictividad social en Castilla, vista desde el prisma de la historia local (siglos xiv y xv)», en J. A. Munita Loinaz (ed.), Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y América. IV Jornadas de Estudios Históricos del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América (Vitoria-Gasteiz, 11 al 13 de noviembre de 2002), Vitoria, Universidad del País Vasco, 2004, pp. 105-144, en concreto pp. 130-132 161   Muñoz Gómez, V., «La participación política…», pp. 298-300; id., «Bandos urbanos y pacificación señorial en la Castilla bajomedieval: Paredes de Nava y Fernando de Antequera (1400-1416)», Anuario de Estudios Medievales, 39/2 (2009), pp. 667-701, en concreto pp. 679-690. 162   AMPdN, CP, Borradores, 236/16, f. 62/07 r. y v., CP 238/03, ff. 02/06 v. y 07 v. 163   Como tal recibió el pago del pedido señorial en Paredes ese mismo año, igual que se notifica la condición de arrendador real de Juan García Tablares (AMPdN, CP, 238/11, ff. 10/21 v.-22 r.). 159

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la recaudación de servicios extraordinarios en Paredes, como en 1401.164 Posteriormente, si ya hemos visto que Juan García Tablares también actuó como factor de Juan García de Paredes, siendo en 1413, además, el recaudador mayor del rey en el obispado de Plasencia —uno de los partidos fiscales del reino donde la influencia de los infantes Fernando y Leonor era más fuerte—,165 Diego Alfonso Maçón, se convirtió en la mano derecha del tesorero mayor del rey de Aragón en Castilla, participando en la transferencia de fondos señoriales para la ejecución de pagos en la Corona de Aragón ya desde 1412 y 1413 y siendo referido en las fuentes del maestre racional de la Corte aragonesa como contador mayor del rey en Castilla.166 A la muerte de Juan García de Paredes, fue Diego Alfonso quien pasó a ejercer las funciones de aquel, ocupándose de la gestión de los pechos recaudados para el cumplimiento del testamento de Fernando I de Aragón y convirtiéndose Juan García Tablares en su apoderado, figurando como tal hasta 1422 al menos.167 Años después ya no hemos localizado más referencias a este último pero sí a que Diego Alfonso siguió desarrollando importantes tareas en la organización de la recaudación señorial del infante Juan de Aragón, de quien recibió la merced de 2400 mrs. sobre el yantar y la marzadga de Paredes que hemos mencionado. Como tal vez el más significado miembro de la clase dirigente de la villa entre la «clientela» señorial, Diego Alfonso jugó un papel muy activo en la lucha de bandos que afectó a la localidad entre 1423 y 1427, actuando en consonancia con la facción liderada por Juan Alfonso Tomás, a la cual apoyó en último término el rey de Navarra en 1427. Diego Alfonso debió de fallecer, según parece, en 1427, siendo sucedido por su hijo Alfonso Fernández en el oficio hacendístico que desempeñó su padre al servicio de don Juan de Aragón.168 Hemos podido ver, entonces, cómo Juan García de Paredes y los hombres de su entorno protagonizaron una carrera ascendente a partir de su promoción en el servicio del infante Fernando y luego de su hijo don Juan. Sin que conozcamos mayores detalles, el influjo del tesorero mayor a la hora de administrar los ingresos, siempre en aumento, de su señor permitió a Diego Alfonso y Juan García Tablares no solo insertarse como agentes exactivos de la casa de Fernando de Antequera sino también acceder preferentemente a arrendamientos de rentas de la Corona en las áreas del reino controladas por el infante, lo cual hubo de generarles pingües beneficios. La proyección social de estos personajes, en todo caso, muy circunscrita a su villa de origen, quedó también irremisiblemente ligada, aunque con indudable éxito, a la   AMPdN, CP, 238/03, ff. 02/1 r.-2 v.   AMAdT, IE, 0002.01, LAC, 1411, f. 2 v., 0002.021, LAC, 1413, ff. 42 r. y v., 45 v. y r. 166   ACA, RP, MR, vol. 415, f. 46 v., vol. 416, ff. 102 v., 161 v., vol. 796, f. 148 r. y v. 167   Así figura cuando Juan García Tablares, escribano, presentó al concejo de Alba de Tormes las cartas del arzobispo Sancho de Rojas y de la reina Leonor nombrando para tal administración hacendística a Diego Alfonso (AMAdT, IE,, 0003.03, LAC, 1420, ff. 43 v.-44 v.). 168   Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano…, pp. 56-62, 137-141, 252-256. 164 165

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continuidad al servicio a sus patrones, reportándoles tanto la promoción hacia el acceso a la condición caballeresca como una influencia indiscutible en las instancias de poder concejil de su localidad natal de Paredes de Nava. Su caso es una muestra sintomática de lo que era un hecho generalizado dentro del «sistema de poder señorial» del infante Fernando de Antequera y de su casa y, en general, en el contexto de dominación feudal en la sociedad de la Corona de Castilla al final de la Edad Media. Efectivamente, la participación en la exacción señorial y en la redistribución del capital material y simbólico generado en torno a ella muestra que el concurso de las elites sociales de las comunidades dominadas era absolutamente necesario para su desarrollo normal en beneficio de la perpetuación del poder señorial. Además, llama nuestra atención sobre la potencia de los esfuerzos desarrollados por los infantes para la clienterización de las elites de los espacios y comunidades bajo su dominio. En este sentido, al hablar de un proceso de redistribución, su consecuencia fue un reparto de los beneficios de la punción señorial entre los señores, su propio entorno de afinidad y los colectivos concurrentes al gobierno de los concejos de villas y lugares señorializados, en el que las tres partes salían reforzadas. Por supuesto, para los señores, se garantizaba la obtención de recursos económicos de un modo más que eficaz para sus intereses. También, en general, para las elites gobernantes de villas y concejos, el balance era positivo, puesto que el acceso a la gestión de una parte del proceso exactivo señorial y de parte de sus productos les reportaba beneficios económicos y legitimidad política en el ámbito urbano y territorial de las villas y sus tierras. Y, evidentemente, notables eran las ventajas adquiridas por aquellos individuos que, ligados a la fidelidad señorial, obtenían riqueza y promoción sociopolítica a través de la inmersión en relaciones de dependencia y servicio en las casas señoriales de la aristocracia. Aun así, en último término, todo ello revertía en favor del propio dominio ejercido por la aristocracia. Al fin y al cabo, a condición de entregar una parte de sus recursos económicos y de sancionar la preeminencia de ciertos individuos y colectivos en las instancias concejiles y en el espacio social de las comunidades de habitantes sujetas al señorío, los señores de la Castilla bajomedieval estaban logrando, a través de procedimientos como los que hemos estudiado, un más que suficiente acatamiento y consenso en torno a la superioridad de su autoridad y a la legitimidad de los derechos desarrollados sobre los vasallos dominados. 4. Apreciaciones sobre el gasto señorial Hemos tratado hasta aquí el ingreso y la gestión de los ingresos de la casa de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque y de sus herederos. Se ha analizado la exitosa capacidad de los infantes de Castilla y reyes de Ara-

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gón para multiplicar sus entradas económicas y para disponer de un aparato de gestión de la hacienda de su casa considerablemente eficiente a la hora de ejercer una efectiva presión exactiva sobre las comunidades sujetas a su señorío y hacer efectivas las incorporaciones de nuevos capítulos de renta a partir de la captación de libranzas por parte de la Corona y de la apropiación de derechos pertenecientes a la fiscalidad real. Hemos pues de ocuparnos de la distribución de los recursos materiales obtenidos a partir de ese patrimonio señorial y de las relaciones con otras instancias de poder en el marco de la Corona de Castilla. No es esta una tarea fácil. En realidad, nos encontramos aquí ante dificultades insalvables. A falta de registros señoriales, la conservación de algunos documentos guía relativos a los datos generales que en algún momento pudieron consignarse en tales registros y de abundantes referencias indirectas acerca de la exacción señorial, generadas desde la perspectiva institucional de las comunidades dominadas —muchas de ellas, por cierto, seriadas— nos aportó información suficiente para completar una aproximación global a los ingresos y procesos exactivos de la casa de don Fernando, doña Leonor y sus hijos. Incluso nos ha sido posible comparar y extrapolar los resultados obtenidos para extender la propuesta de análisis al contexto de las haciendas de las parentelas aristocráticas castellanas entre mediados del siglo xiv y mediados del siglo xv. No estamos, por desgracia, en condiciones de abordar un estudio similar por lo que toca al uso de los recursos detraídos y la orientación y significación del gasto señorial. En este caso, la —por otro lado previsible— desaparición de registros contables generados por los tesoreros y contadores de los infantes en Castilla nos hurta casi toda la información significativa que pudiéramos precisar para comprender cuáles eran las necesidades de los señores que eran atendidas a partir del dinero y otros bienes materiales extraídos de los capítulos de renta que hemos estudiado. Incluso para la época posterior a la estudiada por nosotros, a partir de la segunda mitad del siglo xv, el estudio del gasto desplegado por la aristocracia señorial se halla mucho menos desarrollado que el correspondiente a los ingresos, precisamente porque la conservación de la documentación contable que lo atestigua ha sido, también, mucho menos habitual dentro de los archivos nobiliarios.169 A partir habitualmente de referencias 169   Excepciones, en este sentido, a partir del Archivo Ducal de la Casa de Alba y la organización de la documentación en él conservada relativa a los gastos de los Álvarez de Toledo, condes de Alba, entre 1473 y 1479 en el ya referido Libro Maestro (Calderón Ortega, J. M., El ducado de Alba…, pp. 345-400), para los Guzmán, duques de Medina Sidonia, en la primera década del siglo xvi (Navarro Sáinz, José María, «Aproximación a los Gastos Señoriales de la Casa de los Duques de Medina Sidonia a Principios del Siglo xvi», Huelva en su historia, 3 [1989], pp. 175-194), o en el caso del primer conde de Ribadavia gracias a las referencias para un bienio en el último cuarto del siglo xv (Fernández Suárez, Gonzalo Francisco, «Un ejemplo de hacienda nobiliaria gallega en el siglo xv: los ingresos y los gastos de don Bernardino Pérez Sarmiento, I Conde de Ribadavia, entre los años 1477-1478», Compostellanum.

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aisladas o dispersas entre distintos fondos archivísticos, puede facultarse una orientación general del gasto de las casas señoriales en la Castilla del final de la Edad Media hacia partidas que garantizaban el ejercicio y la representación de su poder social y de la perpetuación del mismo a través del cultivo de la antigüedad y gloria del linaje: sostenimiento del patrimonio señorial, mantenimiento del personal de su casa y «clientela» y desarrollo de un modo de vida espléndido y lujoso con una clara externalización de valores de piedad cristiana, virtud caballeresca e inquietudes humanísticas. Gasto suntuario, salarios y mercedes a criados, construcción de palacios y fortalezas, habilitación de infraestructuras para intensificar la explotación de los recursos señoriales, erección de capillas funerarias, promoción de fundaciones monásticas, mecenazgo artístico y otras similares, pueden considerarse dentro de una dimensión en la que el dispendio aristocrático era en realidad un signo de distinción de su calidad social. En efecto, la demostración de la pertenencia a la aristocracia dominante, de la participación en sus valores, pero también el medio para el acceso o la promoción dentro de esa elite de la sociedad feudal tardomedieval.170 Es cierto que, a partir de la documentación del Archivo de la Corona de Aragón, es perfectamente posible adentrarnos en los gastos desprendidos para el mantenimiento de la casa del rey Fernando I entre julio de 1412 y abril de 1416 y en el dispendio que generaba el día a día de la vida de FerRevista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, 48/1 [2003], pp. 569-604). En cualquier caso, se hallan muy lejos del alcance de estudios realizados en otros puntos del continente a partir de fuentes por fortuna mucho más exhaustivas, pudiendo destacar en este sentido —muy apropiadamente para nuestro estudio— ejemplos relativos a los princes de sang de Francia [entre otros, Rauzier, Jean, Finances et gestión d’une principauté au xive siècle. Le duché de Bourgogne de Philippe le Hardi [1364-1384]), París, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1996] o en general a la aristocracia inglesa (Given-Wilson, C., The English Nobility…). 170   Más allá de que somos conscientes de lo extenso de la bibliografía que ha tocado alguno o varios de estos aspectos, en cualquier caso, en ella la consideración económica del gasto que generaban estos dispendios para las haciendas señoriales y sus implicaciones para la perpetuación del poder señorial de esas casas aristocráticas parece haber ocupado un lugar bastante lateral. Valgan, en todo caso, para una valoración general de la relación entre modo de vida aristocrático y gasto en la Castilla bajomedieval, Quintanilla Raso, M.ª C., «Haciendas señoriales nobiliarias…», pp. 794-796; Ladero Quesada, M. Á., «La consolidación de la nobleza…», pp. 26-40; id., «El modo de vida noble y su entorno social y cultural en Andalucía a fines de la Edad Media: Guzmanes y Ponces», en M. Á. Ladero Quesada, Los señores de Andalucía. Investigaciones sobre nobles y en los siglos xiii a xv, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1998, pp. 71-94; Quintanilla Raso, M.ª C., «La nobleza», pp. 97-103; Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique, «Mentalidad, cultura y representación del poder de la nobleza calatrava en la Castilla del siglo xv», Hispania. Revista española de Historia, 222 (2006), pp. 199-242; Quintanilla Raso, María Concepción, «Vivir, comer, beber: Niveles de vida y consumo en las Casas de la nobleza cortesana Bajomedieval», en E. López Ojeda (ed.), Comer, beber, vivir. Consumo y niveles de vida en la Edad Media hispánica. XXI Semana de Estudios medievales, Nájera, del 2 al 6 de agosto de 2010, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, pp. 245-278.

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nando y Leonor como soberanos o el aparato representativo generado en torno a ellos.171 No obstante, entendemos que no es el asunto que aquí interesa atender, independientemente de su indudable interés, si lo que pretendemos a la hora de considerar el gasto señorial de los infantes es ponerlo en relación con los ingresos generados por su patrimonio señorial en Castilla para comprender mejor su significación en el ejercicio del poder desarrollado por Fernando, Leonor y sus hijos vinculado a esa proyección señorial castellana. Así pues, dentro de las dificultades, nos permitiremos realizar algunas apreciaciones, no obstante su carácter general, a partir de la información cierta que hasta este punto hemos podido ir presentando a lo largo de nuestro estudio. Cuando Álvar García de Santa María, al hacer balance de los resultados de la candidatura del infante Fernando al trono de Aragón y de su triunfante consecución, en la línea de su relato cronístico, no dejaba de enumerar elogios hacia quien fue su patrón. Sin embargo, no por ello eludió señalar algunos perjuicios importantes que, desde su punto de vista, generaron para Castilla dicha candidatura y buena parte de los sucesos que adornaron el reinado de Fernando como monarca de Aragón y Sicilia. Entre ellos, era especialmente sangrante el gasto desmesurado que en dinero y otros recursos —monturas y otros ganados, armas y grano— había tenido que desprenderse para apuntalar la pretensión a la sucesión del rey Martín, además de en otros negocios posteriores durante el reinado, los cuales habrían empobrecido notablemente, a su parecer, a la monarquía castellana, a sus tierras y a sus súbditos.172 Fueran o no ciertas esas consecuencias, lo que no deja de ser real es que el cronista llama nuestra atención sobre una dinámica que hemos podido ir comprobando como completamente cierta hasta aquí. Efectivamente, la política expansiva practicada por don Fernando, tanto por lo que se refiere a Castilla, como infante real y gran señor de vasallos además de como regente, y a Aragón como soberano, luego continuada por su viuda y sus hijos con el fin de perpetuar la extraordinaria posición de poder adquirido por aquel en beneficio de la casa real de Aragón, implicó ingentes gastos. No solo se trató del seguimiento de las campañas andaluzas contra Granada o del arrinconamiento de cualquier oposición a un control hegemónico de la regencia de Juan II, de la financiación de su candidatura al trono entre el otoño de 1410 y el verano 1412, del gasto militar que implicó derrotar el levantamiento de don Jaume de Aragón, conde de Urgell, del sostenimiento de la política mediterránea en Cerdeña, Sicilia y Nápoles o de las negociaciones con el emperador Segismundo y con el papa Luna en torno a la resolución del cisma de   Pueden ser especialmente útiles para este fin los libros ordinarios de la tesorería del rey o los registros de albalaes extraordinarios, además de los correspondientes a escribanías de ración y despenserías de los infantes, entre otros (ACA, RP, MR, vols. 415-417, 610-611, 695, 795-796, 872-873, 913-916, 935, 944, 2661-2662). 172   García de Santa María, Á., Le parti inedite…, pp. 150-153. 171

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la Iglesia. Como hemos podido comprobar, todas estas empresas, igual que las desarrolladas desde su muerte hasta la derrota de sus hijos en 1430, estuvieron directamente sostenidas sobre el incremento de su poder señorial en Castilla, sobre el acrecentamiento del patrimonio señorial suyo y de sus hijos y sobre la extensión territorial y social de las relaciones de dominación señorial y clienterización capitalizadas por el infante Fernando a lo largo de prácticamente todo el reino. La búsqueda de nuevas fuentes de rentas a costa de sus vasallos y de los aparatos administrativos de la monarquía castellana se hizo más acuciante con la progresiva ampliación del horizonte de acción de don Fernando y luego de sus hijos, dándose un salto cualitativo y cuantitativo por lo que se refiere a la multiplicación de los ingresos de sus casas a partir de los años de la minoría de edad de Juan II. Para ilustrar esta relación directa entre incremento de la presión exactiva y de los ingresos de don Fernando y necesidad de respuesta ante nuevos gastos, baste referir algunos ejemplos. Así, hablando de la candidatura al trono de Aragón, es innegable que el infante hubo de empeñar desmesuradas cantidades de dinero en un proyecto que obligaba a la manutención de costosas embajadas durante largos períodos de tiempo, a complicadas negociaciones con potenciales partidarios y valedores de los candidatos rivales que en muchas ocasiones incluían ofertas de pagos en metálico, mercedes, dignidades y compensaciones pecuniarias con el fin de atraer la colaboración —o, como poco, la no obstrucción— hacia su causa, y, por supuesto, a asumir un gasto militar abrumador. Los dispendios realizados por el infante habrían dado pie a que, entre los simpatizantes del conde de Urgell, se asentase la opinión de que el acceso a la corona de Fernando I se había logrado por mercadeo y compra contra el mejor derecho de Jaume de Aragón,173 especie que en buena medida ha recogido la historiografía de corte catalanista.174 Conviene menos 173   Para ejemplo sumamente conocido de un ajusticiado en Zaragoza tras la proclamación de Fernando I por expresar en público esta idea, vid. Procesos de las antiguas cortes y parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia, custodiados en el Archivo General de la Corona de Aragón, vols. I, II y III. Apéndice al Parlamento de Cataluña y Compromiso de Caspe, ed. de P. de Bofarull y Mascaró (Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, 10-16), Barcelona, Establecimiento litográfico y tipográfico José Eusebio Monfort, 1847-1848, vol. III, Apéndice, p. 61. La pervivencia de estas opiniones en contextos históricos posteriores viene mostrada por el escrito anónimo apologético de la figura de Jaume de Aragó (vid. La fi del comte d’Urgell, pp. 97-100), si bien su valor como fuente histórica fiable del período en el que nos movemos queda puesta en seria crítica por estudios filológicos recientes del texto, que lo sitúan redactado a finales del siglo xvi en un contexto de defensa de los derechos políticos históricos catalanes frente al autoritarismo de los Austrias (Batlle i Gutiérrez, Mar, Patriotisme i modernitat a La fi del comte d'Urgell, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999). Para un estudio sobre el urgelismo en general y su implantación en el reino de Valencia tras el ascenso al trono de Fernando I en particular, vid. Rubio Vela, Agustín, «Urgelistas valencianos. Sobre la oposición a Fernando I de Trastámara», Anuario de Estudios Medievales, 33/1 (2003), pp. 191-261. 174   Soldevila, F., Història..., pp. 620-621; id., El compromís..., pp. 146-147.

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entrar a valorar este hecho —en buena medida de naturaleza moral y poco procedente, en tanto en cuanto otros candidatos no habían desdeñado el recurso a promesas económicas y territoriales y al uso de las armas, igual que hizo don Fernando—175 como en tratar de apreciar en qué medida fue cuantioso el gasto realizado por el infante Fernando, cómo se orientó y cuál era la procedencia del dinero puesto en juego. Objetivamente, proponer cualquier intento de cálculo más o menos fiable de los costes económicos que supuso la prosecución de la sucesión a la Corona de Aragón para el infante castellano resulta prácticamente inviable al no conservarse la documentación que podría orientarnos a ese respecto. Una fuente tan apócrifa para este fin como puede ser La fi del comte d’Urgell pone en boca del mismo Fernando la única declaración que conocemos de una cantidad implicada en esta empresa, expresada de un modo quejoso a las Cortes de Barcelona de 1413: 800 000 doblas de oro castellanas,176 lo que vendrían a ser, estimado en moneda de cuenta, en torno a 76 millones de mrs. La veracidad del dato, más que discutible, nos coloca en cualquier caso sobre la pista de unos números absolutamente exorbitantes que acaso no se alejasen demasiado de la realidad. En un ejercicio hipotético, simplemente de evaluación del gasto militar que supuso para el infante el envío de tropas a Aragón y Valencia, a razón de los datos que veremos más adelante acerca de los contingentes despachados, su tiempo de servicio y los salarios correspondientes —sin contar otras posibles retribuciones— bien podría moverse en torno a no menos de 23 millones de mrs.177 Mientras, otros capítulos dentro de los desembolsos realizados por don Fernando resultan perceptibles solo desde un punto de vista cualitativo. De este modo, habría que considerar las concesiones de mercedes y pensiones de todo tipo a los defensores de su causa en la Corona de Aragón, en la línea de las que fueron ofrecidas a través de Diego Gómez de Fuensalida a García López de Sesé y sus parientes,178   A modo de ejemplo, la reina Yolanda de Bar, para conseguir el apoyo del conde de Pallars había comprometido la entrega a este de la villa de Berga y el Berguedà —el infante Fernando habría contrarrestado esta oferta con otra de 10 000 florines— (Domènech i Muntaner, Ll., La Iniquitat..., pp. 122), además de disponer a primeros de mayo de 1412 de las tropas francesas mandadas por el mariscal Boucicault en la frontera de Cataluña prestas para su entrada si las Cortes catalanas consentían en ello (Bofarull y Mascaró, P., Procesos..., vol. III, pp. 15-26; ACA, CR, F. I, C.ª 27, n.º 3.497); mientras el conde de Urgell no había dudado en reforzar militarmente a Antón de Luna tras el episodio del asesinato del arzobispo de Zaragoza ni tampoco en reclutar compañías mercenarias en Gascuña y en despacharlas hacia Valencia (Zurita, J., Anales..., Libro XI, caps. 37 y 70, pp. 71-76 y 136-139). 176   La fi del comte d’Urgell..., p. 98. 177   22 760 000 mrs. sería el resultado de contabilizar 2000 lanzas y 300 peones, a 30 mrs. diarios cada lanza y 8 mrs. diarios el ballestero, durante un año de servicio de junio de 1411 a junio de 1412; una cantidad que, con datos más exhaustivos que los que disponemos habría seguramente que revisar al alza. 178   García López de Sesé fue tentado con «… encomienda para él y tierra para lanzas a sus dos hijos, además de tierra para lanzas para Juan de Sesé de Layana, Miguel de Aisa, Lope 175

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tanto durante el interregno como tras la proclamación de Fernando I, a modo de recompensa,179 además de aquellas desprendidas entre sus propios clientes y vasallos castellanos180 y de las compensaciones y dádivas otorgadas a algunos de los candidatos derrotados, como a la reina Yolanda o al duque de Gandía.181 Con todo y con eso, aún quedarían por añadir los gajes aparejados a las múltiples gestiones de las distintas embajadas enviadas desde 1410, a la actividad de mensajeros e informadores y otras gestiones en la misma línea, hasta alcanzar el abrumador montante de dinero que el infante hubo de disponer para facilitar su ascenso al trono. Por todo ello, acaso no sea insensato dar por bueno un desembolso próximo a esas 800 000 doblas castellanas. No en vano el infante también se abasteció sin ningún empacho de los ingresos procedentes de las tercias de la predicación de la bula de Cruzada concedida por Benedicto XIII en la Corona de Castilla para la financiación de la guerra contra los musulmanes,182 además de con sus propios recursos señoriales, tal y como hemos analizado. Pero, si cabe más importante, consta en las fuentes, como prueba del enorme esfuerzo realizado para mantener la candidatura, que el infante, gracias a su de Albero, Juan de Aso, Juan Galíndez de Sesé y otros caballeros de su parentela…» a cambio de seguir el partido del infante y de la liberación de los prisioneros catellanos capturados en Muniesa (Zurita, J., Anales..., Libro XI, cap. 51, pp. 154-155). 179   La misión encomendada por la Generalitat de Cataluña a Bernat de Cardona en Castilla ya notificaba en verano de 1411 que «… ha homens en aquets regne qui preñen sou del infant é presents, los quals no vull dir…» (Bofarull y Mascaró, P., Procesos..., vol. II, pp. 271-274), como en el caso de Berenguer de Bardaxí, que recibía mantenimientos del infante por valor de 500 florines mensuales (cit. Soldevila, F. Història..., pp. 603-604). Junto a las mercedes de oficios reales y administrativos en la Corona de Aragón, no faltaron otras dispensadas en Castilla, como la concedida a Domingo Mascón, uno de los abogados catalano-aragoneses de Fernando en Caspe, por sus servicios en dicha ocasión, de 4000 florines, siendo la mitad pagaderos en el reino de Galicia (ACA, CR, F. I, C.ª 10, n.º 1.126). 180   Pueden vincularse a esta empresa las donaciones de Lerma al adelantado Diego Gómez de Sandoval en julio de 1412 (AHNob, Osuna, C.ª 1946, n.º 3), de Grajal a su repostero Fernán Gutiérrez de Vega en enero de 1413 (ACDAlburq, Grajal, leg. 1, n.º 4)] de Fuente el Sol a su mariscal Álvaro de Ávila y de la villa de Torija a su copero mayor Pedro Núñez de Guzmán en mayo de 1413 (AHNob, Frías, C.ª 1637, n.º 6; BRAH, Salazar y Castro, Colección Salazar y Castro, M-40, ff. 73-74), o la villa de Mondéjar en 1414 a Sancho de Rojas (AHNob, Frías, C.ª 1372, n.º 1, ff. 14-18). 181   Respecto a Yolanda de Bar y la candidatura de su nieto Luis, duque de Calabria, resulta significativo el acuerdo alcanzado entre ella y el rey de Francia, por un lado, y el infante Fernando, por el otro, para que, si alguna de las dos partes resultaba vencedora en la sucesión, esta compensase a la otra, por los gastos desprendidos, con 150  000 florines (Domènech i Muntaner, Ll., La Iniquitat..., pp. 157). En lo tocante a Alfonso el Joven, duque de Gandía, junto con otros galardones, como el título de condestable de Aragón, Fernando lo había dotado con 90 000 mrs. en tierras para 60 lanzas, asentados en Castilla, que en 1414, no obstante, aún tenía dificultades para cobrar (ACA, CR, F. I, C.ª 14, n.º 1659). 182   En Paredes de Nava consta la recaudación de estas tercias desde 1407, detallándose en 1412 al concejo por parte del infante que se recudiera con el fruto de las mismas a su recaudador en la villa, Pedro Fernández (AMPdN, CP, 239/01, f. 08/34 v.).

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posición de primacía política en el reino, pudo disponer enteramente para sufragar su candidatura de los 45 millones de mrs. aprobados por las Cortes castellanas como servicio extraordinario a pagar a la Corona con destino a la financiación de la guerra contra Granada. La documentación murciana permite, efectivamente, seguir con puntual detalle cómo, con el consentimiento de la corregente Catalina de Lancaster, dispensa para ello del papa Benedicto XIII y autorización de las villas y ciudades con voto en Cortes, Fernando pudo manejar a su voluntad este dinero.183 Si la empresa del acceso al trono de Aragón supuso para el infante Fernando el momento de mayor presión sobre sus recursos hacendísticos, políticos y en general relacionales que tuvo que afrontar a lo largo de su vida, otras situaciones y negocios que hemos repasado evidencian que la disposición de importantes cantidades de numerario y de otros bienes señoriales por parte de Fernando y Leonor fue un continuo para la consolidación de su poder en Castilla. Algunos ejemplos entre otros que hemos venido señalando atañen a la consecución de las elecciones de Sancho y Enrique en 1409 como maestres de las órdenes militares de Alcántara y de Santiago, gestiones que, como mínimo, implicaron la entrega de 500 000 mrs. al comendador mayor de Castilla de la orden de Santiago, García Fernández de Villagarcía, para apaciguar el fracaso de su candidatura.184 Ese mismo año, la compra de Castrojeriz a Martín Vázquez de Acuña implicó un pago de 12 000 florines de Aragón y 100 marcos de plata labrada, además de la entrega de varios lugares y de un juro de 1350 doblas castellanas.185 No en vano, también hemos señalado, a partir de las contribuciones de pedidos señoriales a Paredes de Nava fundamentalmente, cómo ese año se generó un pico ascendente más que considerable en las cuantías requeridas, relacionable sin mayores dificultades con estos tratos. Por otra parte, en 1411, para la finalización del acuerdo con Beatriz de Portugal y Pero Niño para la compra del señorío sobre Alba de Tormes, hubieron de desembolsarse 3333 florines de Aragón,186 motivo bajo el cual se hizo la solicitud del pedido señorial en 1411 en algunas villas, como se testimonia en Cuéllar en la demanda de dicho pedido a la aljama de los judíos.187

  Torres Fontes, Juan, «La política exterior en la regencia de Fernando de Antequera», Anales de la Universidad de Murcia, 1-2 (1959-60), pp. 25-75, pp. 60-62. Vid., igualmente, García de Santa María, A., Crónica..., cap. 203, pp. 419-420; Pérez de Guzmán, F., Crónica..., año 1412, caps. V-VI, pp. 343-344. 184   García de Santa María, Á., Crónica…, cap. 133, p. 290. 185   AHNob, Frías, C.ª 361, n.º 1. 186   ACA, C, Reg. F. I, Reg. 2395, Gratiarum 4/Donationum I, ff. 72 r.-74 r. Otros 10 000 florines ya se reconocieron como prestados a doña Beatriz para la partición de su herencia con su hermana y también se indica que el pago de esos 3333 florines restantes se efectuó en Ayllón, según parece, entre julio y noviembre de 1411. 187   Colección documental de Cuéllar…, doc. 259, pp. 432-433. 183

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No creemos necesario abundar más en este particular. En todo caso, conviene que tengamos en cuenta que estos gastos, por más que habituales y muy onerosos, no dejaban de ser extraordinarios, sujetos a las circunstancias concretas del momento político o a las necesidades que implicaba el sostenimiento del sistema de relaciones de poder tejido por los infantes. Lo más relevante que puede concluirse a este respecto es que, más o menos cuantiosos, generaban situaciones específicas en que la hacienda señorial había de responder librando pagos efectivos en moneda contante y sonante, un problema sobre el que volveremos un poco más adelante. Sin embargo, merece la pena que nos preguntemos acerca de los gastos fijos generados por ese «sistema de poder» señorial configurado alrededor de Fernando, Leonor y los suyos, pues, en comparación con el gasto extraordinario, los pagos ordinarios para el sostenimiento de la casa y sus intereses habían de constituir un tope prácticamente infranqueable para la disponibilidad económica de los infantes. Por lo que respecta al gasto corriente de la casa de los infantes Fernando y Leonor, no podemos basarnos en ninguna documentación que permita hacer un balance sobre su alcance. En cualquier caso, la nómina de 1429 del dinero situado que los miembros de la afinidad de Juan de Aragón, rey de Navarra, percibía sobre sus rentas en Castilla nos aporta una información decisiva para tratar de dilucidar este enigma. En ella, donde se recogen datos para los años 1427 y 1428, permite reconocer que todo ese gasto ya comprometido para el pago de quitaciones, raciones, tierras para lanzas, acostamientos, mercedes y mantenimientos se elevaba hasta los 4 637 459 mrs. y 2 cornados, sin considerar las exenciones de pechos en las villas del rey de Navarra para los beneficiarios de estas ni las donaciones de ganado o fanegas de pan.188 Hasta 324 personas figuran ostentando oficios de su casa de toda consideración y percibiendo quitaciones y raciones por ello —solo los oficiales principales tenían asignada quitación y no así los subalternos—, no apareciendo ni recaudadores ni corregidores señoriales en las villas por cuanto estos recibían su retribución a partir del ejercicio de su oficio, con cargo a las rentas recaudadas o al pago que hacían los concejos de sus soldadas. Tales raciones y quitaciones absorbían 1 704 100 mrs. anuales, por más que algunos de estos oficiales de la casa también disfrutaran de tierras, mercedes, la tenencia de alguna de las fortalezas en las villas del rey de Navarra u otras remuneraciones. Justamente, hasta 277 personas percibían tierras para lanzas, de las que 173 exclusivamente eran beneficiarias de tierras. La mayoría de ellas, 229, tenían tierra para entre 1 y 3 lanzas (387 lanzas totales y 580  500 mrs. de gasto anual), mientras que solo 35 vasallos de Juan de Aragón sostenían cada uno entre 4 y 8 lanzas, acumulando hasta 186 lanzas y un dispendio de 279   ADPA, E-535, n.º 1.

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mrs. al año. Finalmente, exclusivamente 10 hombres accedían a 10 o más lanzas. Entre ellos reunían 204 de las 778 totales que tenía distribuidas el rey de Navarra, por las que percibían 307  500 mrs., destacando entre todos el adelantado mayor de Castilla y mayordomo mayor de don Juan, Diego Gómez de Sandoval, con 40 lanzas en su haber. El gasto total contabilizado por las 778 lanzas consignadas ascendía a 1 167 000 mrs. En conjunción a la percepción de tierras hay que considerar los 29 casos de acostamiento —además de 3 mercedes especialmente cuantiosas al obispo de Ávila Diego Gómez de Fuensalida, a Juan Quijada y a Enrique de Guzmán, conde de Niebla que parecen equiparables a estos acostamientos— a diferentes ricoshombres y caballeros, que de este modo, sin una obligación tipificada de servicio concreto, se hallaban ligados también a esa afinidad señorial. El pago de esas mercedes implicaba 954 000 mrs. anuales, repartidos en acostamientos desde los 3000 hasta los 100 000 mrs., siendo los personajes más destacados el citado conde de Niebla, Íñigo López de Mendoza, señor de Hita, Buitrago y de la Vega, Per Álvarez Osorio, señor de Villalobos, Alfonso de Guzmán, hermano del conde de Niebla (con más de 80 000 mrs. cada uno), Diego Pérez Sarmiento y su pariente Diego Sarmiento, adelantado de Galicia, Juan de Tovar, señor de Astudillo, Juan Rodríguez de Rojas, el mariscal Pedro García de Herrera, Pedro de Quiñones, Juan Quijada, Ramiro Núñez de Guzmán, Pedro Manuel y Gonzalo de Guzmán (con acostamientos de entre 30 000 y 40 000 mrs.). Se trata de las menciones más tempranas que conocemos en Castilla a esta forma de vínculo por acostamiento y es perceptible que en su origen fue desarrollado entre los más grandes señores del reino y otros miembros de la aristocracia fundamentalmente de rangos superiores e intermedios.189 Tierras para lanzas y acostamientos constituían el eje para la captación y fidelización de la clientela vasallática del rey de Navarra y de un modo similar, al menos por lo que se refiere a las tierras, debió ocurrir en el caso de su padre Fernando. Al fin, 81 personas más y 12 conventos tenían señaladas mercedes de diversa cuantía y naturaleza, además de los mantenimientos que recibían de   Prácticamente todos estos acostamientos montaban más de 10 000 mrs. anuales y tampoco por cuantía pueden equipararse a las tierras para lanzas. La generalización de los acostamientos a partir de mediados del siglo xv contribuirá a que esta categoría acabase desdibujando la del vasallo por mantenimiento de lanzas, si bien es necesario profundizar en el estudio del origen del acostamiento y el tipo de relación de interdependencia clientelar que generaba, peor conocido de lo que pudiera parecer. El volumen de gasto generado por este tipo de mantenimientos, en todo caso, se puede situar en torno al 33-41 % de los ingresos del rey de Navarra, resultando equiparables los porcentajes a los que se observan en otros puntos de Occidente en la Baja Edad Media para el gasto tanto de grandes señores como de las monarquías en el mantenimiento de su clientela vasallática a partir de fórmulas de vinculación de principio militar o inspirado en él. Para un acercamiento al estado actual de la investigación sobre esta figura, vid. Ladero Quesada, M. Á., «La organización militar…», pp. 205-213; Sáiz Serrano, J., «Una clientela militar…»; Foronda, F., «Patronazgo…», 442-451. 189

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Juan de Aragón otros 6 particulares más, al que se añadía el de 400 000 mrs. que le correspondía a su esposa la reina Blanca de Navarra. En total, son hasta 633 individuos los que aparecen vinculados de manera directa a la afinidad de Juan de Aragón a final de la década de 1420 e, indirectamente, a partir de las tierras para lanzas que habían de repartir los vasallos de aquel para su cumplimiento y que servían para extender la propia red clientelar, habría que sumar otros 502 hombres hasta 1135 personas obligadas de manera expresa por la fidelidad hacia el rey de Navarra. Recordemos que los ingresos en 1429 del rey de Navarra procedentes de libranzas de la Hacienda real ascendían a casi 3 millones de mrs. (tabla 3, p. 352) y que sus ingresos generales en 1444, que en teoría debían ser más o menos equiparables a los que disfrutaba al final de la década de 1420 se debieron de mover entre al menos 5 130 000 mrs. y 6 300 000 mrs. anuales (tabla 5.1, p. 353).190 El gasto para el mantenimiento de una afinidad señorial de unas dimensiones tan importantes ocupaba hasta el 73,63 % de los ingresos de don Juan de Aragón, si aceptamos la cifra mayor de estos; un escalofriante 90,41 % de los mismos si los ingresos rondasen «solo» los 5 millones de mrs. No pensamos que el número de oficiales de las casas de don Fernando, doña Leonor y sus hijos en Castilla ni las dimensiones de su afinidad señorial hasta 1416 hubieran sido menores que los que hemos observado para los de su hijo segundogénito y principal heredero en Castilla. Considerando incluso las ramificaciones de su «clientela» en Extremadura, en los territorios de las órdenes de Santiago y de Alcántara y en toda la parte sur del reino, posiblemente esa afinidad del infante Fernando antes de acceder al trono de Aragón debió de ser si cabe mayor que la de su hijo y, en cualquier caso, también comprometería unas tres cuartas partes de sus ingresos. Estos datos tienen dos implicaciones fundamentales. Por una parte, que la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos por parte del infante Fernando, aunque también se hubiera dirigido a la financiación de sus costosas empresas señoriales, en Andalucía y en Aragón, debió de tener como uno de sus principales objetivos el acrecentar el número de criados, vasallos y «clientes» a él vinculados. La multiplicación de los vínculos de dependencia hacia él a lo largo de todo el territorio de la Corona de Castilla debió de ser el principal sostén efectivo de su poder en el reino, el auténtico nervio sobre el que se podía implementar realmente su autoridad señorial y su hegemonía política como principal «pariente del rey» y regente del reino. Pero, por otra 190   La diferencia, recordemos, radica en la deducción o no de los aportes provenientes de tercias y alcabalas de las cantidades que aparecen como entregadas a los arrendadores reales a dichas rentas en Medina del Campo y en Olmedo (AGS, Cámaras de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 4, f. 6). Las donaciones hechas al rey de Navarra en compensación a las villas incautadas y donadas a otros señores por la Corona después de 1429 debían de resultar, por su población y riqueza, equiparables a las que había perdido entonces. Aunque Juan de Aragón se había desprendido de la mitad del dinero que percibía en 1429 en libranzas de la monarquía para 1444, consideramos que puede resultar válida la extrapolación de cifras.

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parte, según se hacía más y más densa la red clientelar tejida en torno al infante Fernando. Más comprometida se hallaba la disponibilidad de los ingresos que fluían hacia su hacienda, inmovilizados previamente para satisfacer las obligaciones pecuniarias de su casa y afinidad señorial. En consecuencia, la capacidad real con que contaron Fernando, Leonor y sus hijos para movilizar dinero contante y sonante para hacer frente a los distintos negocios ligados a la adquisición de nuevo patrimonio y a otras empresas expansivas debió de ser relativamente limitada. A las tres cuartas partes de sus ingresos consumidos en anualidades a sus criados y «clientes» sería preciso añadir otros gastos comunes en manutención, vestido, transporte, bienes suntuarios, mercedes extraordinarias y otros asuntos que constreñirían notablemente la capacidad de ahorro de la casa de cara a disponer de moneda para otros pagos especiales particularmente onerosos. Podemos entender que, ante situaciones que escapaban a las condiciones de gasto normal, el recurso que se manejó fue el aumento de la presión exactiva sobre las comunidades sujetas a su señorío o la mediatización de la fiscalidad real, como ya hemos podido ver que ocurrió durante los años de la candidatura al trono de Aragón o, antes, durante las campañas granadinas. Sin embargo, remitiéndonos a la gestión y manejo de los 45 millones de mrs. del servicio de Cortes de 1411 para su dedicación en la financiación de la pretensión del infante Fernando de lograr la sucesión de Martín I de Aragón, se vislumbra otro problema relativo a la liquidez de su hacienda señorial. Si atendemos a la documentación de Murcia referente a la recaudación del servicio de 1411, la cantidad con que se encabezó a esta ciudad ascendió a 135 867 mrs.191 Aunque esta contribución fue aprobada y ordenada su recaudación entre septiembre y noviembre de 1411, solo entre marzo y mayo de 1412 se llevaron a cabo las gestiones por parte de los regentes Fernando y Catalina para que las ciudades del reino consintieran en entregar el servicio al infante.192 A su vez, las primeras iniciativas del infante para asegurar el cobro del servicio real en Murcia datan del 15 de junio de ese año, es decir, pocos días antes de que se produjera la declaración de Caspe que lo proclamó rey de Aragón.193 El cobro de este tributo, por otra parte, parece haber sido trabajoso y lento en Murcia, acaso aducible a la oposición del concejo a destinar el dinero que habían aprobado sus procuradores en Cortes a un objetivo diferente a aquel que los regentes habían jurado dedicar esos 45 millones y que no era otro que la guerra contra Granada. No obstante, las referencias en torno a la recaudación de esta misma contribución en una villa del señorío del infante, Paredes de Nava, donde esta postura de oposición hacia las pretensiones de 191   Documentos de la minoría de Juan II. La Regencia de Don Fernando de Antequera, docs. 159, 163, pp. 310-312, 316-318. 192   Ibid., docs. 180-182, 185-186, pp. 341-345, 351-352. 193   Ibid., doc. 190, pp. 358-600.

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su señor no deberían de encontrar tanta resistencia, no son muy distintas: los 53 550 mrs. que correspondieron a esta villa, luego revisados en 64 374 mrs. más las cantidades percibidas por los arrendadores de dicha renta, no terminaron de recaudarse hasta 1412, recibiendo el concejo las últimas cartas de pago por esa cantidad debida del servicio de parte del tesorero mayor del ya rey Fernando de Aragón en 1413.194 Por lo que permite comprobar la contabilidad municipal de Paredes, este tipo de dilaciones en el cumplimiento de las obligaciones exactivas con los recaudadores y tesoreros, tanto reales como señoriales, eran bastante habituales, motivadas por las propias dificultades inherentes a la recaudación, sobre todo cuando sus vasallos —y en general todas las comunidades de habitantes del reino— habían tenido que hacer frente a una presión impositiva particularmente alta, como ocurría en los años anteriores a 1412 a causa de la reciente guerra contra Granada.195 La situación, por lo que se refirió a la puesta en servicio de las rentas señoriales en sus villas para afrontar los gastos que implicaba la empresa de la sucesión del trono aragonés, tampoco parace haber sido muy diferente. De nuevo en Paredes, el concejo había recibido orden de entregar en Soria en plazo de 40 días a Juan García de Paredes los 46 160 mrs. que montó el pedido señorial de 1411, si bien solo 30 170 llegaron a manos del tesorero finalmente en Ayllón, puesto que el resto había sido librado a Per Alfonso de Escalante, 6000 mrs., y a Alfonso Fernández de las Osas, despensero del infante.196 La villa, por si fuera poco, tuvo que soportar durante ese año también la recaudación del servicio de Cortes de 1411, ya nombrado y que también sufrió retrasos para su satisfacción, y la de parte del servicio del pasado 1410, que había ascendido a 108 000 mrs. y había sido asignado al infante para la financiación de los gastos de la campaña de Antequera.197 Esto provocó no poco descontento entre los vecinos, agobiados por tamaña presión contributiva, de modo que el concejo, en un determinado momento, se vio obligado a tomar medidas, durante los días señalados para una de las pagas de tributos, cerrando las puertas para evitar la huida de los moradores que se oponían a entregar los pechos que se les requerían.198 El contexto del interregno en la Corona de Aragón y la candidatura de don Fernando al trono tal vez sea el más extremo de cuantos pudiéramos presentar pero también acaso sea el más expresivo de lo que debía de ser 194   AMPdN, CP, 238/12, ff. 12/12 v., 24 v.-25 v.; 239/01, ff. 13/02 r., 09 r., 35 r.; 239/02, f. 13/32 r. 195   Como muestra, baste señalar que el servicio del rey de 1410, correspondiente con la campaña de Antequera, había sido igualmente concedido al infante en su villa de Paredes —y todo indica que del mismo modo en el resto de sus dominios—, no habiéndose ejecutado aún en 1411 el pago total de los 108 000 mrs. a que había ascendido en esta localidad (AMPdN, CP, 238/12, f. 12/15 r.). 196   AMPdN, CP, 238/12, f. 12/45 r. 197   AMPdN, CP, 238/12, f. 12/33 r. 198   AMPdN, CP, 238/12, f. 12/35 v.

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cotidiano para la hacienda señorial del infante y, en general, para las de las casas aristocráticas de la Castilla bajomedieval. Bien por insuficiencia de los ingresos frente a los gastos, bien por una imperiosa necesidad de liquidez para afrontar aquellos que sobrevenían por unas u otras circunstancias aunque pudiera contarse con fuentes de renta bastantes para acometer las cargas ordinarias y extraordinarias que implicaba el desenvolvimiento social de la aristocracia, las casas señoriales se veían sometidas a una continua escasez de numerario. La única alternativa, por tanto, era el recurso al endeudamiento. En este sentido, Fernando de Antequera visiblemente no fue una excepción sino acaso el mejor exponente de esta dinámica entre la clase aristocrática castellana. J. Zurita, al referirse a la muerte de Fernando I de Aragón y hacer una valoración de excelencias como príncipe, no dejó de señalar que «… siempre trataba de grandes hechos y empresas, aunque no tenía tantas fuerzas y poder para proseguirlas […] y que, pese a la riqueza de sus dominios castellanos […] siempre andaba muy alcanzado y estaba empeñado…».199 El testamento que redactó en Perpiñán el 10 de octubre de 1415 es tal vez la mejor prueba de ello, constatándose a través de él que, pocos meses antes de su muerte, Fernando dejaba muy crecidas deudas por algunos cientos de miles de florines de Aragón en diferentes conceptos, como los capítulos matrimoniales de sus hijos, las soldadas aún debidas a buena parte de las tropas castellanas que habían acudido al asedio de Balaguer en 1413 y toda una serie de préstamos tomados de diversas personas en Castilla y en la Corona de Aragón. La mayoría de ellos parecen vincularse con la financiación de gastos incurridos como regente en Castilla en el avenimiento con algunos de los que fueron sus principales adversarios hasta 1409, para las adquisiciones de villas y de los maestrazgos de Alcántara y Santiago y en el seguimiento de la campaña que culminó con la toma de Antequera, además de en el proceso de consecución del trono de Aragón hasta la derrota del conde de Urgell y durante el resto de su reinado. El testamento además nos orienta sobre las personas a las que acudió don Fernando para abastecerse de dinero.200 Así, sobre la base de ese documento, se verifica el recurso a sus propios «clientes» y aliados para la consecución de préstamos. Son ilustrativas de ello las deudas que ordenaban pagarse a Juan Fernández de Velasco, camarero mayor del rey de Castilla, reconciliado con el infante a partir de 1409, por 10 000 florines, y a Sancho de Rojas, a la sazón arzobispo de Toledo, por los 27 000 florines, sobre 1 350 000 mrs., que restaban por devolver de un prés Zurita, J., Anales..., Libro XII, cap. 60, pp. 281-284, en concreto, p. 282.   BRAH, Salazar y Castro, M-78, f. 168 (ff. A-K). Un listado de préstamos tomados por don Fernando ya como rey de Aragón y de parte de las deudas reconocidas en su testamento en González Sánchez, S., Fernando I..., pp. 256-258. Estas últimas se refieren a las que se tenía con diversos particulares y ascendían a 69 000 florines del cuño de Aragón aunque, en efecto, las deudas reconocidas según el testamento eran mayores. 199 200

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tamo de 2 millones de maravedís, unos 40 000 florines.201 Por otra parte, los oficiales de la Hacienda real castellana podrían haber sido otra fuente importante de préstamo fácilmente accesible para don Fernando desde la posición preferente que le dotaba su condición de regente. Las deudas que a estos individuos se asocian en el testamento, 6400 florines, pueden seguramente retrotraerse a la campaña de Antequera de 1410 y, como más pronto, a 1412, refiriéndose seguramente a atrasos en el cumplimiento de pagos a los arrendadores de rentas reales en distintos partidos fiscales de su provincia del reino a cuenta de la recaudación de tales tributos destinados a la guerra de Granada o la empresa de la Corona de Aragón.202 Junto con todo ello, los mismos partidarios de la causa fernandina en la Corona de Aragón parecen haber tenido una función destacada como prestamistas del infante durante el tiempo en que se dirimió el asunto de la sucesión. La manda testamentaria de cumplimiento de los 45 000 florines que se debían a Berenguer de Bardaxí apunta precisamente en este sentido, convirtiéndose estas operaciones crediticias en un nexo más, especialmente poderoso, entre los partidarios del infante y su candidato, al unir el futuro de sus propias haciendas, además del de sus intereses sociopolíticos, al posible éxito de Fernando de Antequera en su empeño. Las evidencias que tenemos de este tipo de operaciones crediticias apenas representan un pálido reflejo del volumen real que pudieron llegar a alcanzar a lo largo de toda la vida de don Fernando estos préstamos pero su capital importancia queda de manifiesto al contemplar las garantías ofrecidas por el infante castellano a sus prestamistas para la ejecución de estas transacciones, que en el testamento de Fernando también son referidas a cuenta de las deudas en él reconocidas. El producto de la recaudación de los 45 millones del servicio de 1411, que había quedado a su plena disposición, aparece comprometido para el reembolso del dinero adeudado a Juan Fernández de   Sobre la cuantía total de esta deuda y los primeros pagos de la misma, vid. ACA, RP, MR, vol. 796, f. 188 r. La anotación contable corresponde al segundo semestre del año 1415. 202   García de Santa María informa de que durante el sitio de Antequera 1410, el infante solicitó varios préstamos en Sevilla y Córdoba para garantizar el pago de las tropas (García de Santa María, Á., Crónica..., caps. 164, pp. 353-354). Por ello, con toda una serie de mandas, ordenándose la liquidación de las deudas contraídas con el contador de cuentas del rey de Castilla Nicolás Martínez, varios recaudadores en distintos partidos fiscales de este reino que habían estado bajo la gobernación de don Fernando (los del partido del Aljarafe del arzobispado de Sevilla, el de la ciudad de Cuenca y el del partido de Huete) y ciertos particulares (Pedro Carrillo de Toledo, Juan Gutiérrez de Camargo, Alfonso Fernández de Sevilla, jurado de la ciudad de Sevilla, y García Fernández de Córdoba), se plantea la duda de cuántas de las cantidades adeudadas no correspondieran a ese momento indicado en la crónica y qué otras se vincularan, como en el caso de las mantenidas con los recaudadores de Cuenca y Huete, a la estancia del infante en la ciudad conquense desde mediados de diciembre de 1411, en seguimiento de los pormenores relativos a su candidatura al trono de Aragón. 201

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Velasco y Berenguer de Bardaxí203, pero de nuevo es el patrimonio señorial del rey de Aragón el que jugó el papel más relevante en este sentido. Siguiendo con el testamento, en último término, si los 45 millones no permitieran hacer frente a la deuda contraída con don Juan de Velasco, se remitía a las mercedes disfrutadas en juro de heredad por Fernando en Castilla para su satisfacción.204 Más todavía, como ya sabemos, varios lugares y villas del patrimonio de Fernando y Leonor en Castilla también habían sido objeto de empeño como garantía de algunos de estos préstamos. Así ocurrió con Paredes de Nava, entregada a Juan de Tordesillas, obispo de Segovia, durante varios meses de 1412, hasta que fue recuperada por el entonces ya rey de Aragón entre noviembre y diciembre de ese año, a cuenta de la disposición de fondos del tesoro real dejado por Enrique III.205 Lo propio ocurrió con Montalbán, vinculada a una deuda de 50 000 florines con Gil Ruiz de Lihori y que solo acabaría de liquidarse en 1417 por la reina viuda Leonor de Alburquerque mediante el pago de 27 000 florines a Juan Fernández de Heredia, hijo de Gil Ruiz de Lihori y camarlengo del nuevo rey Alfonso V.206 Estas garantías de los préstamos de Gil Ruiz de Lihori pueden extenderse acaso también a las villas de Torija y Mondéjar, según se deduce de las mercedes que don Fernando hizo a este personaje tras conocerse su proclamación como rey, si bien Zurita entendió como donaciones lo que no eran sino empeños.207   Respecto a la deuda con Juan Fernández de Velasco, reza el testamento: «… volumus prouidimus et mandamus que soluantur sibi ex illa pecuniae suma prouenientis ex quadraginta quinquae compotis pensionis monetarum quos dictus rex Castelle una cum çiuitatibus villas et loçis eium regnorum et terrarum nobis graciosse concessit pro prosecutione successionis istorum nostrorum regnorum Aragonum et Siciliae…». En términos similares se refiere a la correspondiente con Berenguer de Bardaxí (BRAH, Salazar y Castro, M-78, f. 168 (ff. A-K). 204   «… et si ex ipsa pecuniae summa dictos decem mille florenos assequi seu habere non poterit volumus, preuidimus et mandamus quod pro solutione illorum vendantur per dictos manuuissores nostros aut eorum mayorem partem tot et tantae ex dictis duplis aureis que no habemus et nobis competuirent iure hereditario in rregno Castellae quot et quantae in solutione dictorum deçem mille florenorum in dilate fienda neçessariae fuerint.» En el caso de Berenguer de Bardaxí, en cambio, se comprometía la entrega en prenda de Castelló de Farfanya, parte del real patrimonio en Cataluña tras su confiscación al conde de Urgell (ibid.). 205   AMPdN, CP, 239/01, ff. 13/10 r., 27 v.-28 r., 34 v. 206   Lo atestigua el testimonio, firmado en Valencia a 11 de junio de 1417, que Juan Fernández de Heredia había entregado a la reina (AHNob, Frías, C.ª 126, n.º 5). El pago de 27000 florines es declarado en los traslados que se nos han conservado de la adjudicación de la renta de 2529 doblas que fueron de su esposo a Leonor de Alburquerque tras su muerte (AGS, EMR, MyP. serie 1.ª, leg. 37, f. 8, leg. 47, f. 15; Rodríguez de Diego, J. L., «Documentación medieval…», p. 205, donde cita el documento catalogado en carp. 8, n.º 22, datado en Medina del Campo, 2 de junio de 1423, en que los testamentarios de Fernando validaban la entrega de las dichas rentas. 207  Zurita, J., Anales..., Libro XII, cap. 1, p. 191. Como ya he citado, Torija fue donada por el rey Fernando en mayo de 1413 a Pedro Núñez de Guzmán, y Mondéjar en 1414 al obispo Sancho de Rojas, lo que evidenciaría que, tras la referencia de Zurita hallamos una 203

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Yendo un paso más allá, las propias mercedes realizadas por Fernando I a miembros de su entorno castellano —como las citadas de Lerma a Diego Gómez de Sandoval, Fuente el Sol a Álvaro de Ávila, Torija a Pedro Núñez de Guzmán o Mondéjar a Sancho de Rojas—, bien podrían contar con una notable consideración como pagos a préstamos monetarios, implícitamente integrados en las contraprestaciones debidas en las relaciones de patronazgo y servicio entre señor y dependientes en un contexto de sociabilidad feudal. No son las únicas evidencias de endeudamiento con que contamos. En proporción a su capacidad, su esposa Leonor, ya viuda, como señalamos, se empeñó prácticamente hasta el límite de sus posibilidades entre 1424 y 1425, posiblemente para hacer frente a las negociaciones precisas para alcanzar la liberación de su hijo Enrique y alcanzar una concordia entre él y su hermano Juan pero también para sacar adelante el negocio matrimonial que afectaba a su hija con el heredero del trono de Portugal, el infante don Duarte. Ya hemos citado cómo se procedió al depósito en el monasterio de Guadalupe en marzo de 1424 de una gran cantidad de metal precioso, plata y oro, labrado, como garantía de un préstamo de 6000 florines,208 mientras que en septiembre empeñó la villa de Tiedra y su fortaleza a su canciller Alfonso González de Guadalajara a cambio de 1900 florines de Aragón y 195 953 mrs. que le había adelantado.209 Incluso la entrega del señorío de Montalbán en marzo de 1425 y el de Medina del Campo antes del mes de noviembre de ese año a su hijo Juan pueden relacionarse con la entrega por este de contrapartidas en rentas dinerarias —de 1250 doblas castellanas anuales, en el caso de Montalbán— precisas para acometer los desembolsos que las operaciones arriba señaladas obligaban.210 En esta ocasión, por lo que tocó a las deudas contraídas con Alfonso González de Guadalajara y al señorío a él empeñado, su resolución no fue satisfactoria para ambas partes, concluyéndose la negativa del canciller al requerimiento de la reina Leonor para darlas por liquidadas y recuperar Tiedra y la tierra de Alba de Liste —donada a Alfonso González en 1418 por ella— con una irreconciliable ruptura de relaciones, toda vez que la reina optó por coaccionar a este y apresarlo para lograr su propósito. Vemos pues, por otra parte, que el endeudamiento en que incurría la aristocracia encontraba entre los personajes integrados en su mismo entorno de sociabilidad clientelar a sus mejores referentes como fuentes de préstamo. Buena parte de los préstamos tomados por Fernando y Leonor fueron adquioperación de préstamo. Por otro lado, podría darse el caso de que el historiador aragonés, en un lapsus, errase al anotar Mondéjar por Montalbán, pudiéndose justificar mejor la recuperación de Torija por Fernando I tras el presumible pago de una parte ostensible de la deuda. 208   Nieto Soria, J. M., «El tesoro…», pp. 44-48. 209   ARChVall, Pergaminos, carp. 128, n.º 8. 210   Respecto al señorío de Medina, Archivo del Monasterio de las Dominicas Reales de Medina del Campo, Cajón 1, n.º 8, Medina del Campo, 1424-XI-20; citado por Nieto Soria, J. M., «El tesoro…», p. 41. Sobre la donación de Montalbán, AGS, Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 41, n.º 11.

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ridos de sus propios criados, potenciando esta relación entre prestamista y acreedor la cadena de obligaciones y retribuciones, materiales y simbólicas que vinculaba al personal integrado en la afinidad señorial. * * * El reforzamiento de las solidaridades internas dentro de la clientela a través de la deuda de carácter económico queda ilustrado también en el testamento otorgado en 1420 por Juan de Guzmán, señor de Valdenebro e hijo de Pedro Núñez de Guzmán, camarero del infante Fernando hasta su muerte en 1409. En él, entre las diferentes mandas dirigidas a sus parientes y criados, se reconocía una deuda de 720 florines con Fernán Gutiérrez de Vega, repostero y ujier de armas que fue del rey don Fernando, contraída en Valencia en 1414 o 1415, para cuyo cumplimiento mandaba entregarle su collar de oro, su balandrán de argentería y su cinta, posiblemente todas ellas prendas ricas ligadas a su condición de caballero de la orden de la Jarra y el Grifo instituida por su señor don Fernando en 1403.211 A su vez, junto con esta dependencia hacia Fernán Gutiérrez de Vega, el testamento de Juan de Guzmán escenifica otros vínculos desarrollados dentro de la casa de Fernando de Antequera y luego continuados en la de su hijo Juan de Aragón. El adelantado Diego Gómez de Sandoval, mano derecha de este último, es reconocido por Juan de Guzmán como su sennor e primo y como el principal de sus testamentarios, encargándole a él la mayor responsabilidad y autonomía para dar cumplimiento al testamento, además de la tutoría de sus dos hijas junto a su esposa y madre de ellas, Inés de Merlo. Además, el resto de intervinientes en la escrituración de las últimas voluntades de Juan de Guzmán son todos reconocibles como pertenecientes a la casa del infante Juan: el secretario Diego González de Medina, que lo escribió junto al escribano Juan Fernández de Soria, y los testigos, que fueron el doctor Fortún Velázquez de Cuéllar, alcalde mayor del infante y oidor de la Audiencia, el doctor Ruy García de Villalpando, también oidor de la Audiencia, Rodrigo Alfonso Rejón, contador mayor del infante, Juan Alfonso Rejón, su hermano, y los físicos Diego Rodríguez y Juan Fernández, doctores en Medicina. Parecía procedente concluir así las páginas de este épigrafe y del capítulo tras haber realizado una aproximación a algunas de las implicaciones del gasto señorial. Al fin y al cabo, el estudio de la hacienda señorial de los in211   BRAH, Salazar y Castro, M-62, ff. 236-239, otorgado en Guadalajara el 24 de febrero de 1420. Hay referencias en el testamento a su paso a Sicilia y del sueldo que se le debía de aquella empresa en que participó, bien acompañando a Fernán Gutiérrez de Vega y los demás vicerregentes enviados por el rey Fernando a ese reino insular en 1414, bien como parte de la comitiva armada que fue con el infante don Juan cuando en 1415 su padre le comisionó como virrey de Sicilia.

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fantes Fernando y Leonor nos ha conducido a resaltar que el objeto último del acceso a la renta detraída de las poblaciones dominadas, de manera directa o a través de las herramientas dispuestas por la fiscalidad de la monarquía, era el desarrollo de las relaciones de poder sobre las que se sostenía la dominación social de la aristocracia y, muy particularmente, aquellas dirigidas a generar, ampliar y perpetuar los vínculos de interdependencia personal que sostenían el principal medio por el que se ejercía ese poder: los que mantenían unidos en torno a su patrón a la «clientela» dentro de un mismo «sistema de poder señorial». El ejercicio de la exacción y la redistribución de sus frutos invocaba los derechos que legitimaban la autoridad jurisdiccional de la aristocracia señorial de la Castilla bajomedieval pero se llevaba a término a partir de la conexión de instancias de poder e instituciones gracias a lazos clientelares, de parentesco, de amistad y a la concurrencia de intereses. Por ello no ha de extrañarnos que uno de los ejes clave del desarrollo del poder de las principales casas aristocráticas de la época en Castilla fuera la constitución de densas redes de relación clientelar. Unas relaciones cuyo mantenimiento exigía la dedicación de la mayor parte de los recursos señoriales. El problema del endeudamiento aristocrático crónico aparece a su vez inmerso en la sociabilidad de la casa señorial. La debilidad de los ingresos o la falta de liquidez y el consiguiente recurso al préstamo, aunque también podían canalizarse hacia otros agentes sociales, fueron también un vehículo de conexión entre los miembros de las casas aristocráticas, desde el señor al último de sus vasallos. Así, esta transacción, por la relación entre los individuos que la conciertan en que se funda, supera los límites de lo meramente económico, cargándose de contenido simbólico en torno a los lazos de interdependencia tejidos en la casa. De este modo, deudas y préstamos y el reconocimiento y cumplimiento de las obligaciones que implicaban para los contrayentes de esta relación en el seno de la «casa grande» señorial, podían convertirse en un elemento más para el reforzamiento de la solidaridad interna dentro de este colectivo humano. Del mismo modo, cuando se rompía el ciclo de requerimiento de servicio-prestación del mismo-contraprestación por él que unía a señores y vasallos, patrones y clientes, superiores e inferiores, dentro de la afinidad aristocrática, el vínculo establecido en torno a la deuda también podía ser un factor para la desavenencia, el enfrentamiento y la disgregación en el seno de la casa.

5 El poder señorial y los concejos: la mediatización de las instancias políticas de las comunidades dominadas

Hasta este punto de nuestro estudio hemos abordado diferentes facetas de la dominación señorial en ese tiempo a caballo entre los siglos xiv y xv en el que se desenvolvió nuestro objeto de estudio. Al ocuparnos de la exacción señorial y de la proyección sobre los términos concejiles de las villas de señorío de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque, pusimos de relieve cómo el ejercicio de derechos señoriales armonizados en torno a la superioridad jurisdiccional y la penetración clientelar en los espacios físicos y sociales de los concejos sujetos a su señorío se convirtieron en los dos ejes primordiales que permiten comprender muchas de las relaciones establecidas entre señores y comunidades dominadas en la sociedad castellana bajomedieval. Toca en este último capítulo profundizar en estos aspectos antes esbozados y que tienen que ver con la mediatización ejercida por los infantes sobre las sociedades locales dominadas y sus estructuras organizativas en el plano que acaso se halle más vinculado a la proyección de la autoridad jurisdiccional de la aristocracia sobre su señorío: la intervención señorial sobre los aparatos de participación política y gobierno de las villas y sus tierras, en particular, de los concejos. La compleja evolución de las sociedades urbanas de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media es un hecho que no ha escapado al interés de la historiografía en las últimas décadas. Desde su surgimiento, fundamentalmente, a partir de los siglos xi y xii, al calor de procesos de urbanización ligados, por una parte, a la organización de la frontera en progresión hacia el sur contra el islam en torno a las «comunidades de villa y tierra» y, de la otra, las «repoblaciones interiores» que facultaron una profunda rearticulación del

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territorio de los reinos de León y Castilla al norte del Duero en torno a la fundación de «villas nuevas», tales sociedades urbanas y su correspondiente proyección institucional concejil sufrieron visibles transformaciones en los siglos posteriores. Importantes ya en el siglo xiii, estas evoluciones alcanzaron su punto álgido a lo largo de los siglos xiv y xv. De cara a nuestros fines, interesa centrarnos en dos de los factores principales que caracterizaron el desarrollo histórico de ese universo urbano de la Corona de Castilla. Por un lado, los procesos de aristocratización u oligarquización del ejercicio del poder concejil en estos núcleos urbanos y sus territorios dependientes. Por el otro, la problemática de la señorialización de un gran número de villas y ciudades a manos de la aristocracia del reino con la consiguiente intromisión de esta instancia de poder externa en la vida pública concejil. Así, la competencia y el equilibrio en términos de preeminencia social y económica en el ámbito local enfrentaron a distintos actores, tanto elites concejiles como bases sociales pecheras, en torno a la concurrencia al concejo y al control político del mismo, a menudo de forma abierta y cruenta. Pugnas en las cuales no podemos olvidar el papel clave ejercido por los señores jurisdiccionales, basculante respecto a sus vasallos desde la imposición autoritaria sobre ellos hasta la mediación entre los agentes concejiles contendientes.1 1   La atención que esta temática ha despertado dentro del estudio de las ciudades castellanas bajomedievales en los últimos veinte años ha sido particularmente destacable, como puede infererirse de la relación al respecto en el estado de la cuestión abordado por M.ª Asenjo González [Asenjo González, María «Las ciudades medievales castellanas. Balance y perspectivas de su desarrollo historiográfico (1990-2004)», En la España medieval, 28 (2005), pp. 415-453, en concreto pp. 424-427 y 443-450], al cual habría que añadir otro buen número de trabajos aparecidos desde 2005 hasta el día de hoy. Baste aquí, para ilustrar este esfuerzo historiográfico algunos títulos especialmente significativos [Asenjo González, María, Segovia, la ciudad y su tierra a fines del Medievo, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 1986; Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político…; id., «La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la época del regimiento medieval. La distribución social del poder», en Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, Madrid, Fundación Sánchez-Albornoz, 1990, pp. 359-413; Ladero Quesada, M. Á., «Linajes, bandos y parcialidades…»; Diago Hernando, M., Estructuras de poder…; Guerrero Navarrete, Y. Sánchez Benito, J. M.ª, Cuenca en la Baja Edad Media…; Diago Hernando, Máximo, «El perfil socioeconómico de los grupos gobernantes en las ciudades bajomedievales: análisis comparativo de los ejemplos castellano y alemán», En la España medieval, 18 (1995), pp. 85-134; Asenjo González, María, «Sociedad y vida política en las ciudades de la Corona de Castilla: Reflexiones sobre un debate», Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 5 (1995), pp. 89-126; id., Espacio y sociedad en la Soria medieval (siglos xiii-xv), Soria, 1996; Val Valdivieso, María Isabel del, «Aspiraciones y actitudes socio-políticas. Una aproximación a la sociedad urbana de la Castilla bajomedieval», en J. A. Bonachía Hernando (coord.), La ciudad medieval. Aspectos de la vida urbana en la Castilla bajomedieval, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, pp. 213-254; Martín Cea, Juan Carlos, Bonachía Hernando, Juan Antonio, «Oligarquías y poderes concejiles en la Castilla bajomedieval. Balance y perspectivas», Revista d’Història Medieval, 9 (1998), pp. 17-40; Sánchez León, P., Absolutismo y comunidad. Los orígenes sociales de la guerra de los comuneros de Castilla, Madrid, Siglo XXI, 1998; Jara Fuente, José Antonio,

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La extensión, pero sobre todo, la intensificación del poder señorial de la aristocracia desde finales del siglo xiii sobre un creciente número de villas y ciudades hubo de operar, entonces, sobre un marco social y unas estructuras concejiles ciertamente complejas, en las que se hallaba arraigado un fuerte sentimiento de comunidad apuntalado sobre arraigadas tradiciones jurídicas e institucionales. Frente a ello, el acceso a los derechos de jurisdicción por parte de los señores —se aceptase o no el principio teórico de delegación por parte de la monarquía de la autoridad suprema correspondiente a ella sobre las tierras del reino y los vasallos que la poblaban y que Dios le había otorgado— aportó a estos un argumentario de extraordinaria riqueza para respaldar su intervención sobre los concejos señorializados. El ejercicio del gobierno y de la justicia sobre el territorio y las personas sujetos al señorío que, entre otras facultades, implicaba ese derecho jurisdiccional, concedía a los señores la capacidad de actuar ante situaciones de enfrentamiento entre los vasallos bajo su señorío que afectasen al mantenimiento de la paz y la justicia dentro de ellos para su enmienda y conservación. O lo que es lo mismo, para la guarda y restauración del serviçio de Dios y del rey, bien común, y pro del reino —o del señor, de la ciudad o la villa, del lugar, u otra cualquier agencia de dominación política a la que refiriese el discurso—, fundamentos teóricos sobre los que se sostenía la idea de buen gobierno sobre la comunidad política del reino, de los que participaba, lógicamente, el orden señorial como instancia intermedia de poder entre el rey y el regnum.2 La invocación de estos principios pero también de aquellos de servicio, obediencia y fidelidad, personal y colectiva, de los vasallos hacia su señor, inherente a la jerarquía de relaciones desiguales que vertebraba la sociedad feudal permitieron a la aristocracia señorial de la Castilla bajomedieval arConcejo, poder y elites…; Monsalvo Antón, José María, «Gobierno municipal, poderes urbanos y toma de decisiones en los concejos castellanos bajomedievales (consideraciones a partir de concejos salmantinos y abulenses», en Las sociedades urbanas en la España Medieval. XXIX Semana de Estudios Medievales. Estella 15 a 19 de julio de 2002, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2003, pp. 409-488; Jara Fuente, José Antonio, «The Importance of Being Earnest: Urban Elites and the Distribution of Power in Castilian Towns in the Late Middle Ages», en I. Alfonso, H. Kennedy, J. Escalona, Building Legitimicy. Political Discourse and Forms of Legitimation in Medieval Societies, Leiden, Brill, 2004, pp. 139-175; Monsalvo Antón, José María, «El realengo y sus estructuras de poder durante la Baja Edad Media», en G. del Ser Quijano (coord.), Historia de Ávila. III. Edad Media (siglos xiv-xv), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2006, pp. 69-176]. 2   En torno a estos conceptos, vid. Nieto Soria, J. M., Fundamentos ideológicos…; id., El reino: la monarquía bajomedieval como articulación ideológica, en J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), XII Semana de Estudios Medievales, Nájera 2001, «Los espacios de poder en la España Medieval», Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pp. 341-370. La comparación del caso castellano con otros del Occidente medieval evidencia la comunidad en torno a los principios enumerados (Guenée, B., Occidente en los siglos xiv y xv..., pp. 46-50; Black, Anthony, El pensamiento político en Europa, 1250-1450, Madrid, Akal, 1996 [ed. en inglés, Cambridge, Cambridge University Press, 1992], pp. 20-62 y 211-228, con especial atención al concepto de bien común en las pp. 36-42).

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mar un discurso ciertamente efectivo para legitimar el ejercicio de su autoridad en aras de la conservación del orden establecido en el espacio señorializado. Su despliegue, respaldando las distintas iniciativas y maniobras puestas en práctica por los señores para garantizarse la supervisión de la dinámica institucional de sus villas y tierras dependientes, ha de ser tenido en cuenta a la hora de analizar las estrategias de penetración señorial en el entramado político concejil. Discurso y acción efectiva, al fin y al cabo, no dejaron de ser las dos caras de una misma moneda, la de la dominación señorial, que, a través de ese control de la esfera política de las comunidades de habitantes pretendía la obtención de objetivos concretos para el ejercicio de su poder: un dominio estable y reconocido sobre la población y el territorio de esas villas y lugares en términos de acatamiento de su autoridad superior, orden social interno y acceso eficiente a los recursos materiales, pecuniarios y humanos de la comunidad susceptibles de ser detraídos en virtud a la ostentación de los múltiples derechos señoriales acumulados sobre ella. Como veníamos comentando, la historiografía de las últimas décadas ha podido descifrar toda una serie de dinámicas comunes en la evolución del entramado sociopolítico de las ciudades de la Corona de Castilla entre finales del siglo xiii y los inicios del siglo xv, relacionadas con las transformaciones sociales en los medios urbanos de los siglos xiii y xiv. Estas pueden concretarse en una clara tendencia a la oligarquización de los «sistemas políticos» concejiles, copados preferentemente por las elites locales, pertenecientes a la caballería concejil o que pretendían integrarse en esta categoría social, rasgo distintivo fundamental para establecer una clara distinción respecto al común pechero, que conducía a una progresiva asimilación con el rango inferior de la aristocracia y a legitimar su derecho preferente al ejercicio del poder local a través de las instituciones políticas concejiles.3 Estos procesos pasaron, entre la segunda mitad del siglo xiv y los inicios del siglo xv, por una fase de severa efervescencia a partir de la introducción de las regidurías en el organigrama institucional de los concejos por parte de la Corona como fórmula para la reconducción de los conflictos devenidos del progresivo aumento de   En relación con las transformaciones de los siglos xiii-xiv, vid. Casado Alonso, H., «Las relaciones poder real-ciudades…»; Rucquoi, A., «Pouvoir royal…»; Monsalvo Antón, J. M.ª, «Transformaciones sociales...», pp. 153-170; id., «Frontera pionera...», pp. 116-122. Acerca de la decantación de una jerarquía social dominada por los «caballeros villanos» en los concejos, especialmente observable en los territorios del reino al sur del Duero, cuyas raíces se hundían en los siglos plenomedievales, Barrios García, Ángel, Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1085-1320), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1983-84, vol. I, pp. 202-217, vol. II, pp. 133-154; Villar García, Luis Miguel, La Extremadura castellano-leonesa: guerreros, clérigos y campesinos (711-1252), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1986, pp. 188-202 y 532-554; Martínez Llorente, Félix Javier, Régimen jurídico de la Extremadura Castellana medieval. Las Comunidades de Villa y Tierra (s. x-xiv), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, pp. 200-236; Monsalvo Antón, J. M.ª, «Frontera pionera...», en concreto pp. 116-122. 3

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la diferenciación social interna dentro de las sociedades urbanas y de la pugna entre las elites concejiles y el común de villas y ciudades y sus tierras por el control de dichos concejos. Así, la instauración del regimiento, en tanto que suponía el reconocimiento a la decantación elitista de los «sistemas concejiles», daría lugar a nuevas situaciones de conflicto de cara a la definición de las agencias políticas locales y a la organización de los grupos dirigentes de un modo estable y coherente respecto a los diferentes intereses encon­ trados. En la resolución de los mismos adquirió una notable influencia la acción de las esferas de poder superiores a estos concejos, tanto la Corona como los señores jurisdiccionales, y el encaje de sus propios intereses de dominación sobre el marco local.4 Mimetizando las disposiciones monárquicas en este sentido sobre el realengo, durante estos mismos años los señores con jurisdicción también procedieron a implantar en sus villas el sistema del regimiento con objetivos similares a los perseguidos por la Corona. Por supuesto, se pretendía facilitar así la pacificación de conflictos que no eran exclusivos de los núcleos urbanos realengos, dando lugar al reconocimiento de estos cambios sociales que citábamos y a su institucionalización en el organigrama concejil. Pero, al tiempo, no ha de perderse de vista el afán claro de aumentar el control sobre medios urbanos señorializados en pleno proceso de elitización a partir del reconocimiento de la primacía política y de su papel de interlocución con el poder señorial de los sectores prominentes de la sociedad local, privilegiados así gracias al acceso restringido a los oficios concejiles.5 Hemos de tener en cuenta, entonces, que el modelo institucional del regimiento se hallaba plenamente establecido en las villas que quedaron bajo el señorío de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque para el último tercio del siglo xiv. En cualquier caso, como ya hemos podido observar al atender los aspectos relativos a la exacción señorial o a los conflictos vinculados al aprovechamiento y la usurpación de términos concejiles, la instancia de poder señorial precisaba de la colaboración de los agentes sociales locales para dar efecto a su autoridad. Sin embargo, los intereses de tales agentes —y muy particularmente aquellos de los distintos segmentos en que podían agru4   Este tema es brillantemente analizado, aportando una interpretación de conjunto para toda la Corona de Castilla en Jara Fuente, José Antonio, «Estructuras formales de poder y de organización de las clases dominantes urbanas en Castilla. El regimiento: una crisis del siglo xiv en el siglo xv», Edad Media. Revista de Historia, 8 (2007), pp. 225-241. 5   Jara Fuente, J. A., «Estructuras formales de poder…», pp. 229 y 239-241. Igualmente, hemos tenido la ocasión de estudiar este proceso a partir del ejemplo ofrecido por las ordenanzas otorgadas por don Juan Manuel a su villa de Peñafiel en Muñoz Gómez, Víctor, «Conflicto, autoridad y negociación política en un concejo de señorío de la Extremadura castellano-leonesa: Peñafiel, siglos xiv-xv», en F. García Fitz, J. F. Jiménez Alcázar (eds.), La Historia Peninsular en los espacios de frontera: las «Extremaduras históricas» y la «Transierra» (siglos xi-xv), Cáceres-Murcia, Sociedad Española de Estudios Medievales-Editum, 2012, pp. 427454, en concreto pp. 440-443.

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parse las elites dirigentes, reunidos habitualmente en bandos más o menos institucionalizados— podían resultar a menudo antagónicos entre sí o hallarse opuestos al cumplimiento de los mandatos señoriales.6 Esto condicionaba escenarios de enfrentamiento, cuya resolución de manera favorable para la autoridad señorial precisaba, aparte de una pragmática apertura hacia la negociación con sus dominados, la introducción de elementos en el seno del «sistema de poder concejil» que favoreciesen las pretensiones de los señores o facilitasen la aplicación de medidas impositivas. A la hora de atender a la intervención señorial de los infantes sobre la instancia concejil de sus villas, entonces, vamos a concentrarnos en dos procedimientos fundamentales que ensayaron el infante Fernando, su esposa y sus hijos para tratar de influir de manera directa sobre los concejos, en tanto interlocutores directos entre el «sistema de poder señorial» y las comunida  Sobre diferentes fórmulas de organización interna de las aristocracias urbanas castellanas en linajes, bandos, ayuntamientos, cabildos, juntas, cofradías u otras, cuyos fundamentos y funcionalidad eran de naturaleza eminentemente política, vid. Ladero Quesada, M. Á., «Linajes, bandos y parcialidades…»; Diago Hernando, Máximo, «Caballeros e hidalgos en la Extremadura castellana medieval (siglos xii-xv)», En la España medieval, 15 (1992), pp. 3162; Monsalvo Antón, J. M.ª, «Parentesco y sistema concejil…»; Diago Hernando, Máximo, «El papel de los linajes en las estructuras de gobierno urbano en Castilla y en el Imperio alemán durante los siglos bajomedievales», En la España medieval, 20 (1997), pp. 143-178; id., «Las corporaciones de caballeros hidalgos en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media. Su participación en el ejercicio del poder local», Anuario de Estudios Medievales, 36/2 (2006), pp. 803-838; Solórzano Telechea, Jesús Ángel, «Linaje, comunidad y poder: desarrollo y consolidación de identidades urbanas contrapuestas en la Castilla bajomedieval», en Familia y sociedad en la Edad Media (siglos xii-xv). (Aragón en la Edad Media. Sesiones de trabajo), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 71-94; Asenjo González, María, «Acerca de los linajes urbanos y su conflictividad en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media», Clío y Crimen. Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, 6 (2009), pp. 52-84. Por otra parte, en relación al desarrollo de instrumentos de representación comunitaria por parte de los pecheros en el ámbito concejil, Monsalvo Antón, José María «La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos», Studia Historica. Historia medieval, 7 (1989), pp. 37-93, en concreto pp. 82 y ss.; Diago Hernando, Máximo, «El “común de pecheros” de Soria en el siglo xv y primera mitad del siglo xvi», Hispania. Revista española de Historia, 174 (1990), pp. 39-91; Asenjo González, María, «Sociedad y vida política…», pp. 115-117; Val Valdivieso, M.ª I. del, «Aspiraciones y actitudes socio-políticas…», pp. 217-222 y 229-235; Jara Fuente, José Antonio, «Posiciones de clase y sistemas de poder: vinculaciones y contradicciones en la construcción del “común de pecheros” en la Baja Edad Media», en J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), XII Semana de Estudios Medievales, Nájera 2001, «Los espacios de poder en la España Medieval», Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pp. 511-532; Asenjo González, María, «El pueblo urbano: el común», Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 13-14 (2004), pp. 181-194; Diago Hernando, Máximo, «La participación de los pecheros en la vida política de las ciudades castellanas: el común de pecheros de Soria entre los siglos xiv y xvii», Celtiberia, 98 (2004), pp. 63-118; Monsalvo Antón, José María, «Ayuntados a concejo. Acerca del componente comunitario en los poderes locales castellano-leoneses durante la Edad Media», en El poder a l’Edat Mitjana (VIII Curs d’Estiu Comtat d’Urgell, 2003), Lleida, Pagès Editors, 2004, pp. 209-291, en concreto pp. 273 y ss. 6

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des dominadas, para lograr un ejercicio efectivo del poder acomodado a sus objetivos. En primer lugar, trataremos sobre la generalización del envío de jueces corregidores o alcaldes mayores como medio prioritario para estrechar el control señorial sobre las instituciones concejiles. Se trata de un oficio de especial interés en la medida en que sus prerrogativas se enmarcaron muy claramente dentro de una lógica jurisdiccionalista que, en sí misma, venía a sancionar esta dimensión del poder señorial. En segundo lugar, atenderemos a la penetración en las instituciones concejiles a través del nombramiento de oficiales, especialmente de los miembros del «regimiento» de las villas. Ambas líneas de actuación han de ponerse en relación con un proceso común en el que se insertan y al que contribuyeron: la captación de las elites locales de las villas de los infantes para la afinidad señorial. 1. Los corregidores señoriales Cuando nos preguntamos sobre la posible presencia de oficiales delegados nombrados por los infantes Fernando y Leonor como los primeros representantes de su autoridad sobre los concejos de las villas bajo su señorío, partíamos de que la presencia de este tipo de enviados parecía, historiográficamente, relativamente común. Los términos con que son referidos en la documentación estos enviados señoriales suelen ser iuez, corregidor, alcallde mayor o una combinación de los tres epítetos.7 En general, estos oficiales superiores, según nos atestiguan las referencias a ellos, venían a compartir unas funciones comunes: potestad judicial superior respecto a los alcaldes ordinarios concejiles con derecho a nombrar alcaldes u otros oficiales subalternos como merinos o alguaciles, presidencia de los concejos locales, representación plena de los señores en el ámbito local, y, por tanto, papel de interlocución entre la esfera señorial y municipal, capacidad fiscalizadora de las decisiones acordadas por los representantes concejiles y mantenimiento del orden público.8 Ahora bien, podemos apreciar cómo la documentación recoge diversas denominaciones durante esos siglos bajomedievales. De esta ma7   Una muestra de la presencia de estos oficiales en los dominios señoreados por diferentes casas aristocráticas a partir de trabajos citados, Calderón Ortega, José Manuel, «El gobierno y la administración de un Estado señorial: el Consejo de los Duques de Alba (14841531)», En la España medieval, 19 (1996), pp. 311-346, en concreto p. 312, nota 3. 8   Desde perspectivas distintas encontramos relaciones de las competencias de estos oficiales en casi todas las monografías sobre señoríos y concejos castellanos bajomedievales. Como muestra precisamente por el registro diferenciado que realizan, con una actitud institucionalista, de cada uno de los cargos nombrados, vid. Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano…, pp. 181-188; Goicolea Julián, F. J., Haro: una villa riojana…, pp. 123-126; id., El gobierno urbano en la Rioja en época medieval e inicios de la Edad Moderna (s. xiii-mediados del xvi), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp. 87-93. Mucho más claro y sistemático y perfectamente válido pese a tratar el cargo en la época inmediatamente posterior,

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nera, en algunos casos, encontramos un uso indistinto de un término u otro a lo largo del siglo xv.9 En otros solo conocemos el recurso al término alcallde mayor, o al de iuez, sin que se haga referencia al de corregidor.10 En algún caso más, vemos la presencia simultánea de ambas denominaciones en un mismo lugar y momento.11 Aun en otros ejemplos señoriales, la referencia inicial a alcalldes mayores fue sustituida posteriormente por la de corregidores, u otra diferente, como es la de gouernador.12 Al fin, ya en el trance entre el final del siglo xv y los inicios del siglo xvi, en un momento en que la estructura de «estados señoriales» empieza a ser ya palpable, para los dominios de ciertas casas en donde la administración del patrimonio dio lugar a la existencia de lugartenientes generales para todo el «estado señorial», estos fueron denominados alcaldes mayores o corregidores, amén de gobernadores.13 Además, en ocasiones también con estas denominaciones se nombraron a oficiales con atribuciones similares pero cuya jurisdicción se circunscribía a un territorio unificado por el dominio ejercido por un señor sobre distintas formas de organización espacial de menor entidad que los «concejos de villa y tierra» en una zona de mayor o menor unidad geográfica, como ocurrió en los señoríos de los Mendoza-La Vega en la merindad de Asturias de Santillana.14 Esta diversidad que observábamos bien puede atribuirse a esa evolución específica de la dominación señorial de los distintos patrimonios acumulados y transmitidos por las diferentes casas aristocráticas a lo largo del siglo xv y hasta alcanzar el siglo xvi. De este modo, la racionalización de la gestión del territorio y de cada una las células sobre las que se Calderón Ortega, José Manuel, «Los corregidores de los duques de Alba (1430-1531)», Anuario de la Facultad de Derecho de Alcalá de Henares, 3 (1993-1994), pp. 107-134.  9   Así ocurre en las villas de los Velasco (Goicolea Julián, F. J., Haro; una villa riojana..., pp. 123-126) o en las de los Pimentel (Beceiro Pita, I., El condado de Benavente…, pp. 265-271). 10   Es el caso del señorío del conde de Oñate (Ayerbe Iríbar, M.ª R., Historia del condado de Oñate…, pp. 457-477), en el del almirante Alfonso Enríquez (Martínez Sopena, P., El estado señorial…, p. 120), en los dominios de los Quiñones, condes de Luna, respecto al oficio de juez (Álvarez Álvarez, C., El condado de Luna…, pp. 309-314), en las villas de los Fernández de Córdoba (Quintanilla Raso, M.ª C., Nobleza y señoríos…, pp. 242-244), en el condado de Feria (Mazo Romero, F., El condado de Feria, p. 399) o en las tierras de los Girón, condes de Urueña y luego duques de Osuna (Aguado González, F. J., El ascenso de un linaje…). 11   Cabrera Muñoz, E., El condado de Belalcázar…, pp. 253-256. 12   Son los casos del señorío de Alba de Tormes bajo los Álvarez de Toledo (Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político...; Calderón Ortega, J. M., «Los corregidores...») y el de Paredes de Nava con la rama de los Manrique, condes de Paredes (Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano..., pp. 184-188). 13   Véanse los casos de los Quiñones (Álvarez Álvarez, C., El condado de Luna..., pp. 322-324), los Pimentel (Beceiro Pita, I. El condado de Benavente..., pp. 240-247) o Téllez Girón a inicio del siglo xvi (Atienza Hernández, I., Aristocracia, poder…). 14   Pérez Bustamante, Rogelio, Sociedad, Economía, Fiscalidad y Gobierno en las Asturias de Santillana (s. xiii-xv), Santander, Ediciones de Librería Estudio, 1979, pp. 267-272.

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ejercía poder señorial y la perpetuación de esa dominación en manos de una línea de parientes que va desarrollando su propia autoconciencia de linaje contribuirán a la construcción de una percepción del patrimonio señorializado como «estado» o «estados». La progresiva sofisticación de los niveles administrativos para coordinar ese ejercicio del poder señorial aparecen como consecuencia de corregimientos, gobernaciones y lugartenencias, que estaban contribuyendo a la institucionalización de la dimensión territorial supralocal —superior a la unidad de organización social del espacio de referencia para la definición de la comunidad de habitantes— del «señorío jurisdiccional» en la Castilla bajomedieval. Con todo, nos interesaba comprobar si efectivamente, en estas fases de transición entre los siglos xiv y xv sería posible localizar este tipo de oficiales señoriales y, en caso afirmativo, cómo se enmarcarían sus prerrogativas y actuaciones en ese contexto concreto de desenvolvimiento del poder señorial en la sociedad feudal castellana. Nos encontraríamos, sin embargo, con un primer problema a la hora de reconocer a estos delegados señoriales, vinculado a la terminología utilizada en las fuentes. Así, el sentido polisémico del término alcallde cuando figura en documentación que afecta al ámbito concejil ha dado lugar a no pocos equívocos por parte de los estudiosos que hemos de tener en cuenta. Estos se centran en la interpretación de las construcciones recogidas en los textos de alcallde de el señor y alcallde por el señor y han dado pie a considerar que quienes ostentaban ambos títulos ejercían en ambos casos funciones de alcalde mayor o juez corregidor. Así, en el modélico estudio sobre el concejo de Alba de Tormes de José María Monsalvo se asocia el oficio de alcalde mayor del infante que detentaba Gonzalo López, corregidor en Alba, con el de alcalde mayor de la villa. En este caso, aunque la documentación nunca lo atestigua específicamente como alcalde mayor en Alba de Tormes, su actuación sobre los oficios de justicia del concejo durante el señorío de Beatriz de Portugal permiten reconocer que, en términos prácticos, sí ejerció como una especie de corregidor ad hoc, en la medida en que, al no corresponder el señorío al infante sino solo la tutela sobre doña Beatriz, no debió de haber lugar a formalizar las misiones que desempeñaba en Alba de Tormes.15 Mientras, F. J. Goicolea se refiere a la presencia de un alcalde mayor en Haro en 1419.16 Si bien, las fuentes a las que remite solo indican que el concejo dio presente «… a Dia Gómez de Sant Doval, Adelantado Mayor de Castilla, e al doctor Fortún Velásquez, que traýan poderío de nuestro sennor el infante…». Juan de Aragón, sin especificar para qué misión lo traían ni que tuviera el doctor Fortún Velázquez de Cuéllar tal oficio en la villa sino el de alcalde mayor del dicho infante don Juan. No obstante, la presencia entre julio y diciembre de ese doctor en Haro despachando diversos negocios de interés para el concejo   Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político..., p. 157.   Goicolea Julián, F. J., Haro: una villa riojana..., pp. 125-126.

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podría dar lugar a que, sin tener efecto el nombramiento de alcalde mayor en la villa, como oficial principal de la casa del señor presente en Haro, se le reconociera cierta capacidad de interlocución y gestión superior por parte del concejo.17 En todo caso, es claro que la fórmula alcallde de no identifica a un oficial concejil sino al titular de dicho oficio de justicia dentro del entramado de la casa señorial. La casa contaba con una serie de alcaldes, al menos con uno, encargados teóricamente del ejercicio de la justicia con carácter de apelación respecto a los casos que se elevasen hasta la persona del señor y su Corte, de un modo parejo y acaso por asimilación del modelo monárquico que habían supuesto los alcaldes de corte de la casa real documentados al menos desde época de Alfonso X y luego integrados en la Audiencia y Chancillería.18 De nuevo nos hallamos ante otra referencia a la mimetización de los elementos propios del ejercicio de la jurisdicción integrados por la aristocracia en el desarrollo de su poder señorial a partir del final del siglo xiii y que, en el caso de la casa del infante Fernando, como ya hemos mencionado, se plasmaba en la presencia del alcalde mayor, el bachiller Gonzalo López, y del merino mayor de las behetrías Pedro Núñez de Guzmán, el mozo, por lo que tocaba a los derechos de behetrías del señorío de Lara, luego sucedidos respectivamente bajo el señorío del infante don Juan de Aragón por Fortún Velázquez de Cuéllar y por Juan de Lucio, respectivamente. Una nueva referencia a Haro en 1419 nos habla de «… Sancho Sánchez, bachiller e alcallde de la dicha sennora rreyna e al dicho Áluar López de Cuéllar, alcallde del dicho sennor ynfante…», en relación al traspaso del señorío sobre la villa por parte de la reina Leonor de Alburquerque a su hijo en cumplimiento del testamento de Fernando I de Aragón.19 No hay, en ningún caso, lugar a confusión entre estos y los alcaldes ordinarios concejiles. Para nuestro estudio así lo entendemos en cuanto la fuente no especifique una adscripción de ese alcallde de a un determinado espacio villano sobre el que ejerciese el tipo de atribuciones antes señaladas. Es el caso de Ruy Fernández de Castrojeriz, alcalde mayor de la reina viuda Leonor de Alburquerque y juez ordinario en su villa de Medina del Campo o de Gonzalo López, alcalde mayor del infante Fernando, juez en Alba de Tormes en 1407, como específicamente son denominados en las fuentes.20 En cuanto al alcallde por el señor en una determinada villa, este término remite, eso sí, al nombramiento señorial o por parte de un oficial o delegado   AMHaro, 4-2-1, 3.116-17, LAC, 1419-1420, ff. 19 r.-20 r., 21 v.   Torres Sanz, David, La administración central castellana en la Baja Edad Media, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1982, pp. 126-134. Un ejemplo de su presencia en la casa y corte de don Fernando y doña Leonor en AMHaro, Libros de Cuentas, 1419, sin foliar: En ningún caso, hay confusión con el alcalde ordinario de la villa. 19   AHNob, Frías, C.ª 20, n.º 2. 20   ARChVall, Pergaminos, C.ª 60, n.º 3; AMAdT, 0001.02, LAC, 1408, f. 67 r. y v. 17 18

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señorial, pero no denotan por sí solos unas competencias superiores a las de los demás alcaldes, oficiales de justicia elegidos por el concejo, salvo que se produjese la suspensión del resto de esos últimos alcaldes. En atención a las evidencias presentadas por José María Monsalvo sobre el concejo de Alba de Tormes, la referencia al alcallde por el señor singularizaría ahí a aquellos alcaldes ordinarios puestos por el señor o por su juez corregidor junto con aquellos designados por el concejo.21 Más aún, la fórmula alcallde por el señor bien puede afectar al nombramiento, que en cualquier caso correspondía al señor como detentador de la jurisdicción sobre la villa, sin por ello especificar si dependía de factores internos al sistema concejil la promoción a este oficio o si esta había procedido en exclusiva del plano superior señorial. Por último, el término iuez también podría inducir a errores interpretativos, por ser utilizado, como ya vimos, en situaciones de comisión de un delegado señorial para entender sobre un determinado negocio específico que afectaba a dos partes entre sus dominados. El ejemplo que ya citamos sobre el nombramiento en diciembre de 1401 de Sancho Fernández, el mozo, como juez para ver el pleito que enfrentaba a los concejos de Cuéllar y Peñafiel sobre el deslinde y aprovechamiento de los términos comunales que compartían «… para lo qual vos di mi poder e vos fize mi juez delegado…», es ilustrativo del uso de esa terminología.22 Por tanto, para la identificación de los representantes señoriales en las villas de los infantes Fernando y Leonor, hemos, pues, convenido en considerar para tales fines las menciones expresas de iueces, corregidores y alcalldes mayores en la medida en que, al citarse en la documentación, se hiciera referencia a funciones o actuaciones bien delimitables como de representación y delegación de atribuciones jurisdiccionales en esa demarcación urbana y territorial de la villa y su tierra, guiándonos también por su perfil mejor ligado al ejercicio de la justicia como prerrogativa más característica y teórica del oficio.23 Como veremos, de hecho, los términos iuez y corregidor fueron utilizados de un modo indistinto o combinado y el de alcallde mayor tendió a asimilarse con estos otros. Mientras, las noticias de alcallde del señor y la de iuez en asunto de justicia determinado no han sido 21   José María Monsalvo definió detalladamente esta diferencia entre los alcaldes de fuero, o justicia de dentro, elegidos según la norma municipal, y las justicias de fuera, nombradas por el señor, en Alba de Tormes. Vid. Monsalvo Antón, José María, «El reclutamiento del personal político concejil. La designación de corregidores, alcaldes y alguaciles en un concejo del siglo xv», Studia Historica. Historia Medieval, 5 (1987), pp. 173-195, en concreto, 174-178 y 180-185. 22   Colección documental de Cuéllar…, doc. 209, pp. 339-340. 23   Bermúdez Aznar, Agustín, El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474), Murcia, Universidad de Murcia, 1974, pp. 97-117, para la definición de las funciones de los corregidores a partir del modelo del aparato administrativo de la Corona. Puede llamar la atención que el autor dedicase apenas unas pocas páginas a una definición muy vaga de la figura del corregidor señorial (pp. 235-239 y 242-244).

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consideradas para la identificación de corregidores señoriales, igual que tampoco lo han sido las de alcallde por el señor, aunque sí permita reconocer interferencias a través de corregidores, emisarios especiales o por nombramiento directo del titular señorial en los oficios de justicia concejiles. En la tabla siguiente se recogen los resultados que atestiguan la presencia de corregidor, iuez, iuez corregidor o alcallde mayor en hasta 10 villas integradas en el patrimonio señorial de la casa de don Fernando y doña Leonor entre 1392 y 1428. Tabla 8.  Corregidores señoriales en las villas de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque (1392-1428) Villa Alba de Tormes

Nombre del oficial Gonzalo López, bachiller, alcalde mayor del infante Fernando Sancho Bernal

Cargo del oficial Juez, alcalde y alguacil mayor

Momento datado/Período de ejercicio Desde fecha desconocida hasta 1407-VII 1408-XII–1409-X 1409-X hasta fecha desconocida

Juez, alcalde y alguacil mayor Juez/ corregidor; alcalde mayor en la villa Corregidor

1413-XI–1416-I

Gonzalo Pantoja

Juez

1416-XI–1422-VI

Diego Martínez de Medina, secretario del infante don Juan (por Diego Gómez de Sandoval, adelantado mayor de Castilla y mayordomo mayor del rey de Navarra)

Corregidor

1423-VII-6–hasta al menos 1426-VI-18

Gonzalo Pantoja

Diego Rodríguez de Zapata

Desde fecha desconocida hasta 1413-XI

Referencia AMAdT, IE 0001.02, LAC, 1408, f. 67 r. y v. AMAdT, IE 0002.02, LAC, 1413, f. 36 v.-39 r. AMAdT, IE 0002.02, LAC, 1413, f. 76 r. y v. AMAdT, IE 0002.02, LAC, 1413, f. 76 r. y v.; IE 0003.01, LAC, 1416, ff. 6 r.-8 r. AMAdT, IE 000.02, LAC, 1416, ff. 6-8, 13-13 v., IE 0004.01, LAC, 1422, ff. 86 v.-87 v. AMAdT, IE 0004.02, LAC 1423, ff. 41 r.-42 r.; IE 0005.02, LAC, 1426, f. 27 r.

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El poder señorial y los concejos…

Nombre del oficial

Villa

Cargo del oficial

Nuño Cabeza de Vaca, alférez del rey de Navarra

Momento datado/Período de ejercicio

Referencia

1428-IV-26

AMAdT, IE 0005.03, LAC 1428, ff. 19 r., 22 r.-v.

Belorado

Fernán Rodríguez de Valladolid

Corregidor

1403-IV-7, Belorado

AMBelorado, 1.6. Asuntos judiciales, 381

Cerezo

¿?

Oficio de juzgado y jurisdicción de la villa

1428-V-4, Valladolid

AHNob, Frías, C.ª 392, n.º 524

Cuéllar

¿?

Juez

1402-XI-14, Medina del Campo

Colección documental de Cuéllar…, doc. 209, pp. 339-340

Velasco Fernández de Portillo, alcalde del infante

Corregidor

1403-VII-22, Burgos

Colección documental de Cuéllar…, doc. 228-229, pp. 388-391

Juan Sánchez de Olmedo

Juez mayor

1410-I-2– 1414-I5, Cuéllar

Colección documental de Cuéllar…, doc. 223, pp. 365-37925

Pedro Rodríguez, bachiller

Corregidor

1418-I-7, Cuéllar

Colección documental de Cuéllar…, doc. 223, pp. 365-37926

Juan Sánchez de Valladolid, bachiller en Leyes

Alcalde en la villa

1421-I-3– 1425-I5, Cuéllar

Colección documental de Cuéllar…, doc. 223, pp. 365-37927

24   El documento citado hace referencia a cómo el infante Juan de Aragón devolvió a la villa los oficios de jurisdicción para que lo ejerciera el alcalde ordinario de Cerezo. Previamente el juzgado había estado en manos de Diego López de Vallejo. 25   La primera cita al juez mayor se realiza a partir de la presencia de Bartolomé Sánchez, alcalde por el dicho juez mayor Juan Sánchez de Olmedo, en la reunión del adra de San Pedro de la villa de Cuéllar —una corporación de tipo caballeresco organizada para regular el reparto y acceso a diferentes oficios concejiles entre los caballeros de la villa— para elegir adelantados y fieles del concejo y recibir nuevos miembros. La última corresponde a su propia presencia en una reunión similar. En las reuniones siguientes hasta 1417 se cita la presencia de alcaldes distintos a Bartolomé Sánchez, sin referencia alguna a su oficio por nombramiento del juez mayor. Estamos trabajando en el estudio de esta corporación y del resto que existían en la villa como órganos elitistas de cooptación de los cargos del concejo. 26   La referencia a él se hace a partir de la presencia en la reunión del adra de San Pedro de Alfonso Fernández, alguacil y alcalde por el dicho corregidor. 27   La citación reiterativa como alcalde en parece definirlo como una justicia de fuera, ajena al nombramiento concejil, y por tanto de nombramiento señorial.

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VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

Nombre del oficial

Villa

Cargo del oficial

Momento datado/Período de ejercicio

Referencia

Francisco González, doctor en Leyes

Juez

1392-X-25, Ledesma

Documentación medieval… Ledesma, doc. 64, pp. 124-125

¿?

Juez

1411-V-11, Valladolid

Documentación medieval… Ledesma, doc. 65, pp. 125-126

Medina del Campo

Ruy Fernández de Castrojeriz, alcalde mayor de la reina Leonor

Juez ordinario de la villa

1421-XI-12, Medina del Campo

ARChVall, Pergaminos, C.ª 60, n.º 3

Olmedo

Fernán Gutiérrez de Vega

Alcalde y alguacil mayor

1401-XII-22, Olmedo

AHN, Clero, Valladolid, Pergaminos, carp. 3.419

Paredes de Nava

Sancho Fernández, el moço, vecino de Medina del Campo, vasallo del infante Fernando

Corregidor

1402-¿VIII?– 1403-¿III?28

AMPdN, CP, 238/01-238/06; CP, Borradores, 236/16-236/18

Ferrán Alfonso

Corregidor

antes de 1407-X,

AMPdN, CP, 238/09. f. 08/30 v.

Gómez Arias

Corregidor

antes de 1407-X,

AMPdN, CP, 238/10. f. 09/35-09/38

Juan Fernández del Moral

Corregidor

1407-X-12– 1408-II-17

AMPdN, CP, 238/09; CP, Borradores, 236/22

Juan Pérez de Castrojeriz, bachiller

Juez pesquisidor

1423-VI-21, desde

AMPdN, CP 240/03

Martín Martínez

Alcalde y alguacil mayor

1402-I-6, Peñafiel

Colección documental de Cuéllar…, doc. 213, pp. 353-354

Juan Alfonso de Cuéllar

Corregidor

1406-X-4, Medina del Campo

AHN, Clero, Pergaminos, carp. 3.435, ff. 11 r. - 12 r.

Ledesma

Peñafiel

  A 7 de agosto se sabe que se encontraba en Medina del Campo aún donde dio sentencia a los concejos de Cuéllar y Peñafiel en el pleito por el aprovechamiento de comunales de cada una de las villas por los vecinos de la otra. Mientras, sus últimas gestiones como corregidor en Paredes se datan a primeros de marzo de 1403, durante la firma de la concordia entre los bandos de la villa. 28

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El poder señorial y los concejos…

Nombre del oficial

Villa

Cargo del oficial

Momento datado/Período de ejercicio

Referencia

García González, bachiller

Juez en la villa y su tierra

1416-III-5, Peñafiel

AHN, Códices, L. 1.264, ff. 289-290

Ruy Sánchez de Castrojeriz

Corregidor

1422-IX-25– XI-23, Peñafiel

Archivo General Diocesano de Valladolid, Peñafiel, medievales (Colección diplomática de Peñafiel, ed. de J. Castro Toledo, Valladolid, Diputación de Valladolid, 2015, docs. 365-368 pp. 205-206)

Diego García de Gumiel, bachiller en Leyes

Corregidor

1424-V-22, Peñafiel

Archivo General Diocesano de Valladolid, Peñafiel, villa. Pesquisa de los oficios. 1422 ff. 82v.-83 v. (Colección diplomática de Peñafiel…, docs. 378-382, pp. 212-217)

Saldaña

¿?

Corregidor

s. a. [1404?-1431] – IX-20, s. l.

AHNob, Osuna, C.ª 1.825, n.º 6-529

Villalón

¿?

Corregidor

1403-XI-26, Ledesma

AMVillalón, LdA, n.º 1, 17 de mayo de 1409

Juan González de Trujillo

Corregidor

1408

AMVillalón, LdA, 22 de marzo de 1409

Gonzalo Rodríguez de Madrigal, licenciado en Leyes

Juez/ corregidor

1409 (VI-23 – XI26)

AMVillalón, LdA, n.º 1, 23 de junio a 26 de noviembre de 1409

  A partir de una carta de Leonor de la Vega al concejo de Saldaña por razón de ciertos derechos de pasto sabemos que en esta villa hubo corregidor. Resulta imposible concretar nada más allá. 29

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VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

Para la concreción de las funciones que adornaban al juez corregidor, nos remitimos directamente a los documentos expedidos por el infante Fernando el 22 de julio de 1403 a sus vasallos de Cuéllar comunicándoles el nombramiento como corregidor en dicha villa y su tierra a Velasco Fernández de Portillo, alcalde del infante. La información aportada por estos documentos evidencia que las competencias fundamentales concuerdan con aquellas con que se veían adornados los corregidores reales, impulsados por la Corona especialmente desde el reinado de Alfonso XI con el fin de reafirmar el ejercicio de su «señorío jurisdiccional del rey» sobre las agencias de poder sujetas al realengo y que, como es sabido, durante el reinado de Enrique III se procedió a revitalizar y generalizar el despacho de estos oficiales para reforzar la aplicación de la jurisdicción real sobre el reino y la vigilancia sobre ciudades y otras demarcaciones realengas.30 Como no podía ser de otro modo, siguiendo el documento de nombramiento por don Fernando de Velasco Fernández de Portillo como su corregidor en Cuéllar, el corregidor atesoraba una potestad judicial superior a la de los alcaldes ordinarios concejiles, en atención a «… enmendar los agrauios e synrrazones que los alcaldes e alguaziles e iuezes que fueron e fueren en la dicha mi villa e en su tierra e otras personas fizieron e fizieren…». Por ello, se le encomendaba el entender en todos los pleitos de cualquier naturaleza presentes o por venir, con derecho, precisamente, a nombrar los alcaldes que considerase oportunos para ejercer plenamente los cometidos de mantenimiento de la justicia que le habían sido encomendados por el infante Fernando. A esta prerrogativa se añadía también la de la ejecución de las sentencias que dispusiera. Este cometido, a su vez, se completaba con la capacidad para ejecutar las decisiones que tomara en el susodicho campo judicial. Además, expresamente se ordenaba que ninguno salvo el corregidor y los alcaldes que nombrase usasen del oficio, lo que se puede entender como la suspensión de las justicias nombradas en el seno del concejo. Para el desarrollo de la misión que se otorgó a Velasco Fernández, este podía «… fazer pesquisa e pesquisas sobre los rregidores e alcaldes e merinos que han seido e son en esa dicha mi villa…». Puede deducirse que, ante una situación de presumibles querellas que afectaban a los intereses de la caballería concejil que en Cuéllar también controlaba la mayoría de los oficios principales del concejo, con estas atribuciones para instruir procesos y recabar cuantas pruebas necesitase el corregidor no solo estaba en condiciones de auditar y condenar a miembros del concejo sino de, en la práctica, supervisar cualquier decisión que pudieran tomar en las reuniones del regimiento. A mayor abundamiento, tenía autoridad el corregidor para expulsar de la villa y de sus términos, desterrándolas, a las personas que entendiese que así cumplía para la enmienda de justicia   Bermúdez Aznar, A., El corregidor..., pp. 62-65, y sobre todo Mitre Fernández, Emilio, La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III de Castilla, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1969. 30

El poder señorial y los concejos…

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que invocaba todo su nombramiento. Con estos fines, además, los escribanos de la villa habían de poner a su disposición las escrituras públicas en su poder si les fueran requeridas, además de que también ordenó el infante que pudiera su corregidor nombrar escribanos. Se concluía, al fin, instando a concejo y vecinos a recibirlo y otorgarle toda su ayuda, no resistiendo violentamente su autoridad ni empachando su trabajo, debiéndole recudir desde el concejo con el salario correspondiente por el tiempo que pasase en la villa.31 Entendamos, en todo caso, que aunque el acento en la letra del nombramiento se pone sobre las prerrogativas de tipo judicial, en realidad el campo de acción del corregidor superaba ampliamente el mero despacho de procesos judiciales. En realidad, a través del ejercicio de la jurisdicción, en un plano exclusivamente teórico, la detentación del mero y mixto imperio y de la jurisdicción civil y criminal por los corregidores de la Corona en esta misma época por comisión regia suponía conferir a este delegado un pleno poderío y autoridad que alcanzaba las más diversas facetas de la vida pública de la circunscripción para la cual era asignado, con una dimensión ejecutiva notable.32 En el caso de los jueces corregidores del señorío del infante Fernando, si aceptamos la construcción teórica emanada del acatamiento de la jurisdicción como elemento supremo del poder regio, el señor también podía disfrutar de tales atribuciones a partir de un principio de delegación por parte del monarca. Por tanto, sus corregidores, mediante un nombramiento expreso con referencias genéricas a la aplicación, delegada a él a su vez por su señor, de autoridad jurisdiccional y de disfrute de otros derechos, venían a tener un campo competencial más que similar al de sus homónimos reales en virtud del ius corregendi.33 ¿En la práctica esto significaba un ejercicio de pleno poderío sobre la comunidad dominada por parte de este oficial? En realidad no. En Alba de Tormes, los corregidores aunaban, junto la capacidad de juzgar y ejecutar justicia, la presidencia de las reuniones del concejo de la villa, el nombramiento de alcaldes y alguaciles, la participación en la confección de ordenanzas (aprovechamientos de términos y comunales, ganadería, caza y pesca, abastecimiento de productos básicos y regulación del mercado, salud pública, asuntos de orden privado, etc.), la negociación de los tributos sobre la villa y su tierra, el mantenimiento del orden público y el hecho clave de actuar como canal de comunicación entre la corte señorial y los vasallos de la villa. En cualquier caso, el corregidor no podía concluir acuerdos por sí solo sino participando de las reuniones del concejo e influyendo en las decisiones sobre materias exactivas o la toma de decisiones sobre cualquier aplicación de una sentencia contra algún tipo de desafuero frente a las nor  Colección documental de Cuéllar…, doc. 228-229, pp. 388-391. Este documento fue completado con otro más expedido ese mismo día, en que se añadía a la función del corregidor el poder nombrar escribanos en la villa. 32   Bermúdez Aznar, A., El corregidor..., pp. 173-196. 33   Bermúdez Aznar, A., El corregidor..., pp. 27-43. 31

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mativas concejiles o provenientes de instancias superiores. En cualquier caso, esa capacidad tutelar y de ejercicio de influencia en los procesos decisionales del concejo y la potestad ejecutiva para dar cumplimiento a los acuerdos concejiles, a sus propias sentencias y a las órdenes señoriales colocaban al corregidor en disposición de influir de forma más que reseñable en la dinámica sociopolítica interna de la villa.34 En general, estos campos de acción registrados para los corregidores de Alba se pueden constatar en el resto de los casos que manejamos en este libro de un modo parcial o completo e incluso estamos en condiciones de puntualizar con más detalle algunas otras áreas en las que los corregidores tenían un papel activo. En cuantas reuniones del concejo en momento de presencia del corregidor en la villa que hemos atestiguado, hemos podido encontrar al corregidor presidiendo el concejo local.35 El corregidor también podía estar presente en las reuniones de corporaciones sectoriales de caballeros y pecheros que existiesen en la villa, como ocurría en las relativas al adra de los caballeros de San Pedro de la villa de Cuéllar que hemos documentado entre 1405 y 1425 y que afectaban al nombramiento de una buena parte de los oficios del concejo como los fieles, los guardas de los términos concejiles, los arrendadores de ciertas rentas del concejo que rotaban en su disfrute entre las cuatro adras que parecía que existían en la villa para encuadrar a los caballeros (la del señorío de los judíos y la de la seña con los ferrezuelos, referida a la tenencia por un miembro del concejo de la alferecía del pendón de la villa).36 Por otro lado, sabemos que en el envío del primer corregidor a Paredes de Nava por el infante se percibe igualmente una necesidad de resolución de conflictos internos en la villa que incluso habían ocasionado muertos. Los documentos referentes al nombramiento de Velasco Fernández de Portillo como corregidor de Cuéllar, por otra parte, delatan que, junto con la capacidad de ver causas presentes y ejecutar las sentencias que convinieran, igualmente podía revisar la gestión de los oficiales municipales, regidores, alcaldes y merinos presentes y de años pasados y nombrar los escribanos de la villa, como indicábamos. Este control sobre gestión y cargos se extendía a facetas ligadas con los procesos exactivos. En 1402, el corregidor Sancho Fernández, el moço, requirió las cuentas de los procuradores del concejo de Paredes de Nava.37 Por su parte, el juez Gonzalo Rodríguez de Madrigal informó al concejo de Villalón cómo el infante le ordenaba averiguar el número de fumos, que había   Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político..., pp. 291-344 con los cuadros adjuntos.   Un ejemplo de ello en AMVillalón, LdA, n.º 1, f. 7 v., 23 de junio de 1409. La sesión del concejo es presidida por el juez Gonzalo Rodríguez de Madrigal, licenciado en Leyes. Este elemento de naturaleza también representativa es igualmente consecuente con la delegación en él de atribuciones jurisdiccionales señoriales. 36   Colección documental de Cuéllar…, doc. 223, pp. 365-379. 37   AMPdN, CP., 238/04. f. 03/06 r. y v. 34 35

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en la villa, lo cual hizo el escribano Alfonso de Villada.38 La regulación de aspectos relacionados con la actividad económica en las villas también quedaba dentro de sus atribuciones jurisdiccionales, como puede dar cuenta que, con posterioridad al 28 de agosto de 1402, el corregidor Sancho Fernández ordenase que el concejo de Paredes de Nava hiciera nuevas medidas de capacidad para el vino, de media cántara y medio azumbre en cobre, tal como se desprende del asiento de 162 mrs. y 2 dineros que costaron tales objetos, y para la carne de 5 libras, de 2 libras, de 1 libra y dos de media libra, en hierro.39 Por otro lado, el ejercicio del corregidor como juez arbitrador en aspectos relacionados con la delimitación de lindes y términos comunales, como ya señalamos, también está atestiguado.40 Pero, sin lugar a dudas, el elemento que en mayor medida singularizaba al corregidor era su directa comunicación con la autoridad señorial y la capacidad que tenía de fiscalizar las decisiones de los regidores y del resto de oficiales de los concejos. El ejercicio, tanto de sus funciones más explícitas como de aquellas implícitas al poder con que era investido, cobran su pleno sentido entendidas a través de esa posición intermedia de conexión y control entre las esferas señorial y concejil. Baste recalcar este hecho, toda vez que hemos podido presentar la amplia panoplia de capacidades de intervención que estaba en manos de los corregidores señoriales condicionadas por este factor En cuanto a la procedencia del personal que nutrió los oficios de corregimiento, su origen se hallaba en la tupida red de clientes dibujada en torno a los infantes e integrados en su casa. De esta manera, cuando nos es posible reconstruir el nexo que unía a los corregidores con sus señores, comprobamos que a menudo aquellos detentaban oficios de su casa, o son referidos como criados o vasallos suyos, eran vasallos de los infantes, significados previamente en el servicio a sus señores y patrones. Velasco Fernández de Portillo en Cuéllar, era alcalde del infante, Gonzalo López, en Alba de Tormes, alcalde mayor del infante, o Ruy Fernández de Castrojeriz, en Medina del Campo, era el alcalde mayor de la reina Leonor de Alburquerque. Mientras, Diego Rodríguez Zapata, corregidor en Alba entre 1413 y 1416, podemos localizarlo radicado en Urueña en 1409 y 1410, actuando en las villas   AMVillalón, LdA n.º 1, f. 10 r., 4 de julio de 1409.   AMPdN, CP, 238/04, f. 03/06 r. y v.; 238/01, f. 90/06 r. y v. 40   Así, sabemos del papel que ejerció en 1403 Ferrán Rodríguez de Valladolid, corregidor de Belorado, como […] alcallde, arbito arbitador, amigo amigador, componedor e auenidor e iuez de abenençia […] en el pleito que enfrentó al concejo de la dicha villa y al de su aldea de San Clemente por el aprovechamiento forestal del hayedo y el robledal comunal de San Clemente (AMBelorado, 1.6 Asuntos judiciales, 00381) y de la presencia de Diego Álvarez, bachiller en Leyes y alcalde de Olmedo por Fernán Gutiérrez de Vega, alcalde y alguacil mayor en dicha villa por el infante en el apeo de los pinares pertenecientes al monasterio jerónimo de La Mejorada en términos de Olmedo en 1401 (AHN, Clero, Valladolid, Pergaminos, carp. 3419 (1401-XII-22, Olmedo). 38 39

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de la Tierra de Campos al servicio del infante durante todos esos años para la organización de los contingentes de las milicias concejiles de sus dominios para su incorporación a las tropas que participaron en la campaña contra Antequera de 1410. Como tal, Diego Rodríguez recibió carta del infante el 24 de octubre de 1409 en Carrión para realizar alardes en sus villas de la zona y seleccionar a los ballesteros y peones lanceros que habrían de formar las compañías enviadas a Andalucía.41 En otras ocasiones nos topamos, por otro lado, con la presencia de «clientes» extraídos del grupo dirigente de otras villas del señorío de los infantes cercanas a aquellas a las que se les comisionaba como juez, como ocurrió con Juan Fernández del Moral, corregidor en Paredes de Nava entre octubre de 1407 y febrero de 1408 y, a su vez, regidor en Villalón, donde la integración de elementos importantes de la elite local en la afinidad señorial era muy acusada.42 Por otra parte, es significativo remarcar que muchos de los corregidores contaban con unos ciertos conocimientos letrados o incluso con formación universitaria, como hemos visto.43 Así, en resumen, el cumplimiento de cometidos que exigían el mantenimiento del respeto a la autoridad del oficial por parte de las instituciones y de los grupos de poder municipales, por un lado, y más que unas mínimas nociones de conocimientos legales, por el otro, se veían garantizados con la selección de individuos directamente ligados a la confianza y fidelidad señorial, dotados del apoyo intelectual necesario y con una innegable capacidad coercitiva. En cualquier caso, durante los años del señorío de los infantes, el envio de corregidores señoriales aún no parece que se hubiera estabilizado plenamente hasta el punto de que la presencia de estos oficiales en las villas normalmente estaba circunscrita a un tiempo limitado hasta la finalización de la misión concreta por la que fue nombrado. En Paredes de Nava, Alba de Tormes y Villalón, donde contamos con series documentales de mayor o menor importancia, todo apunta a que hasta en torno a 1410 fue intermitente. En Villalón conocemos de la presencia de jueces corregidores en 1403, en 1408 y en 1409 exclusivamente, si bien las lagunas documentales aquí son importantes. Mientras, en Paredes se recibieron corregidores entre 1402 y febrero de 1403 y en 1407 hasta febrero de 1408 para, posteriormente, no volver a   Tenemos constancia de su trabajo en Villalón y en Paredes de Nava para la revista, selección de los hombres, equipamiento, pago inicial y despacho al punto de reunión de las tropas del infante de estas milicias concejiles (AMVillalón, LdA, n.º 1, 7 de noviembre de 1409; AMPdN, CP, 238/11, ff. 10/05 r., 10/06 r., 10/14 r., 10/14 v.-10/15 r., 10/18 v., 10/19 r., 10/28 r.-10/31 v., 10/35 r. y v., 10/40 v. y 10/44 v, 238/12, ff. 11/01 v.-02 r., 11/05 v., 11/08 v., 11/22 v., 11/23 r.-11/24 r., 11/25 r, 11/27 r. y v., 11/30 r.-11/31 r., 11/38 r., 238/13, ff. 12/24 r. y v., 12/45 v.). 42   AMPdN, CP, 238/09. f. 08/14 r. 43   Sobre la progresiva incorporación de individuos letrados a las casas aristocráticas para el servicio de una administración de sus intereses señoriales cada vez más sofisticada y afectada por la resolución legal de los conflictos, vid. Beceiro Pita, I., «Caballeros y letrados...». 41

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nombrarse a ninguna otra persona para el cargo. Esto en buena medida se debía al carácter excepcional con que, todavía a principios del siglo xv, eran nombrados estos oficiales alegando la necesidad de resolver algún problema muy concreto suscitado en la villa. Por esta misma razón, lo más habitual es que el tiempo de ejercicio del cargo fuera bastante limitado. En la mayoría de los casos, su duración no solía exceder el término de unos pocos meses.44 En principio, el período para el cual se comisionaba un corregidor era explicitado en la carta de nombramiento que se le entregaba y presentaba al concejo para ser recibido en el oficio por los regidores.45 En cualquier caso, este tiempo podía ser prorrogado a voluntad del señor, tal y como ocurrió en el caso de Diego Rodríguez Zapata en Alba de Tormes, donde este personaje ocupó el corregimiento ininterrumpidamente entre noviembre de 1413 y enero de 1416.46 Así, entre 1407 y 1416 la presencia en Alba de diferentes corregidores sí fue, en cambio, prácticamente constante. En Cuéllar, la existencia de corregidores entre 1410 y 1425 fue casi continua.47 En cualquier caso, cuando el corregidor abandonaba el oficio había de realizar un juicio de residencia ante los oficiales de la casa del infante.48 En cuanto a la retribución que correspondía al corregidor, este tenía derecho a la percepción de un salario y unos mantenimientos a costa del concejo, que habían de ser satisfechos mediante repartimiento entre los vecinos. En lo referente al sueldo, tenemos constancia de dos situaciones diferentes. En los casos de estancia por un tiempo inferior a un año se especificaba que su salario ascendería a 30 o incluso 60 mrs. diarios.49 Sin embargo, en Alba   Así ocurre en el caso de Sancho Fernández, el mozo, de Medina del Campo y de Juan Fernández del Moral en Paredes, corregidores en Paredes por entre cuatro y seis meses y por cuatro meses, 127 días, respectivamente [Ubieto Arteta, A., Colección..., doc. 164, pp. 364385, AMP de N, CP, 238/04, 03/01 r., 03/06 r. 238/05, f. 04/11 r. y v. 04/14 r., 04/18 r., 04/29 r.-04/39 r. (años 1402-1403); y 238/09, f. 08/14 r. (año 1407)]. Ver tabla 8 (pág. 446). 45   Diego Rodríguez Zapata presentó carta al concejo de Alba del rey de Aragón apoderándolo para ocupar tal oficio por un año (Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes…, doc. 43, pp. 75-77). 46   Monsalvo Antón, J. M.ª, «El reclutamiento...», pp. 178-180 y 184. 47   Colección documental de Cuéllar…, doc. 223, pp. 365-379. 48   Así ocurrió en 1416 en Alba de Tormes después de que expirase el tiempo de ejercicio del corregidor Diego Rodríguez Zapata, cuando el rey de Aragón envió carta al concejo para fazer la regidençia, que presentaron los procuradores de pecheros a Diego Rodríguez (AMAdT, 0003.01, LAC 1416, f. 30 v.). 49   Con este salario se nombró a Velasco Fernández de Portillo al enviarle como corregidor en Cuéllar en 1403 (Colección documental de Cuéllar…, doc. 228-229, pp. 388-39). Este mismo salario de 30 mrs. al día también es asignado a Juan Fernández del Moral en Paredes de Nava (AMPdN, CP, 238/09, f. 08/14 r.). El salario de su predecesor Sancho Fernández en 1402-1403 ascendió a 60 mrs. diarios, acaso por equivalencia entre pagos en moneda vieja y moneda nueva, aunque, del mismo modo que no es fácil precisar el período de su estancia, no resulta sencillo desglosar las referencias de pagos a él realizados, que nos sitúan en unas cifras totales de entre 5710 y 8000-8439 mrs. (AMPdN, CP, 238/04, ff. 03/01 r., 06 r., 238/05, ff. 04/11 r. y v., 04/14 r., 18 r., 29 r.- 39 r.). 44

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de Tormes, donde algunos corregidores cumplieron estancias de un año o más largas, se estableció un montante general para cada tramo anual de 12 000 mrs. En cualquiera de los dos casos, la soldada del corregidor superaba ampliamente la percibida por cualquiera de los oficiales concejiles, incluso las de los regidores, y suponía una carga apreciable para el concejo y los vecinos. Por otra parte, el concejo también debía hacerse cargo para el mantenimiento del oficial de poner a su disposición un alojamiento y la entrega del equipamiento básico del mismo. Normalmente se recurría al alquiler de algunas casas en la villa y se compraba ropa de cama y otros útiles para acomodar la residencia. Estos, una vez finalizada la presencia de aquel en la villa, eran vendidos en almoneda por el concejo.50 Para hacer frente a estos gastos, el regimiento decretaba derramas especiales entre los vecinos para completar sus ingresos ordinarios y fueron frecuentes los conflictos ocasionados en el reparto de estas contribuciones o por el impago de alguno de estos conceptos.51 Sea como fuere, más allá de los cometidos teóricos que pudieran enunciarse en las cartas de nombramiento del juez corregidor, la tarea principal que ejercieron dentro de las villas de señorío de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque fue la de tutelar el comportamiento de los órganos de gobierno municipal y garantizar unas condiciones de orden que redundaran en un ejercicio del señorío respetado y eficiente. En los corregimientos establecidos por la Corona en las ciudades de realengo en Castilla a lo largo del siglo xv fue habitual el recurso al argumento de enmienda de los desórdenes internos y a la falta de justicia existente en el núcleo urbano en cuestión para el envío de estos comisionados. Sin embargo, la injerencia en el juego político local que suponía la presencia de este agente externo, en principio no posicionado a favor de ninguno de los agentes que participaban del «sistema de poder» concejil y dispuesto a imponer la autoridad del señor, fue habitual fruto de resistencia por parte de distintos sectores de las elites que 50   De la almoneda de las ropas de cama y útiles de las casas ocupadas por Sancho Fernández, el mozo, de Medina del Campo, corregidor hasta febrero de 1403, rematada en un total de 102 mrs. y 5 dineros (AMPdN, CP, 238/05, ff. 04/12 r. y v.). 51   Un ejemplo de ello son las dos derramas que conocemos que el concejo de Paredes decretó en 1402 y 1403 para el pago del salario de Sancho Fernández (AMPdN, CP, 238/04, 03/01 r., 11 r. y v.), o la repartida para el pago en 1413 de Diego Rodríguez Zapata en Alba de Tormes (AMAdT, IE 0002.02, LAC, 1413, ff. 95 v.-96 v.). Los intentos de eludir los gastos ocasionados por la presencia del corregidor se dirigían, sobre todo, al impago de las posadas y de los servidores del dicho corregidor (AMVillalón LdA, n.º 1. 4 de octubre de 1409, motivo por el que protestaba el licenciado Gonzalo Rodríguez de Madrigal ante el concejo de Villalón). En un sentido de elusión de los derechos del oficial señorial pueden entenderse los esfuerzos de los concejos por lograr el reparto del desembolso también entre la población judía de las villas. Así ocurrió en Villalón en 1409, donde los regidores alegaron que, de no hacerse así, sería motivo de problemas (AMVillalón LdA, n.º 1. 17 de marzo de 1409). Conocemos cómo también en Paredes la aljama hubo de contribuir al pago del corregidor en 1403 (AMPdN, CP, Borradores, 236/18, 64/19 r.).

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acaparaban las principales cuotas de poder dentro de la agencia concejil, invocando para ello, a su vez, el nombre de toda la comunidad y la defensa de las libertades de esta, conculcadas por la imposición de ese agente externo a la sociedad local.52 Estas dinámicas de resistencia a la intromisión del «sistema de poder señorial» estuvieron igualmente presentes en las villas del señorío de los infantes, en un contexto en el que, además, por mímesis de la política seguida en este mismo sentido por Enrique III respecto a las ciudades realengas, el infante Fernando procedió a tratar de utilizar este medio de manera intensiva para reforzar su control señorial sobre las comunidades dominadas. Originalmente, el corregimiento era un oficio de excepción, propio de situaciones de mengua de justicia que requerían una intervención directa para su remedio. Esta línea argumental desde la posición señorial es expresada en el nombramiento de Velasco Fernández de Portillo en Cuéllar, motivado por un conjunto de disturbios no especificados ocurridos en la villa desde algunos años atrás, o en la designación de Sancho Fernández, el moço, en Paredes de Nava como consecuencia del cruento enfrentamiento entre los bandos que se disputaban el acceso a los cargos del concejo de la localidad palentina.53 No obstante, en Alba de Tormes la presencia de corregidores tendió a regularizarse desde 1407 a 1416 y aun después de la muerte del ya rey Fernando I de Aragón y la transmisión del señorío a su hijo, el infante Juan de Aragón, si bien los bandos institucionalizados en la villa se significaron a la hora de aceptar a ciertas personas para el cargo y de vigilar su gestión. En Cuéllar, la tendencia es similar desde, según dijimos, 1410. En otros lugares donde la documentación permite disponer de una perspectiva más o menos de conjunto y no solo de impresiones excepcionales de momentos concretos, como Paredes de Nava o Villalón, podemos percibir una reiteración en el nombramiento de corregidores que nos habla, ya de una reincidencia de los conflictos internos que motivaba el recurso al ius corrigendi, ya de una pretensión del infante por normalizar la presencia de su representante permanente en el concejo que, sin embargo, no está claro que llegara a cuajar, al menos, antes de 1416. En cada una de estas villas, sea como fuere, la reacción frente a los corregidores fue diferente y trataremos de mostrar someramente el porqué en los casos de Alba y Paredes. Para empezar, hemos de señalar qué motivos se aprecian para el rechazo a la presencia de corregidores, o de ciertos corregidores. Básicamente nos 52   Esta idea, ya presente en los trabajos citados de Agustín Bermúdez Aznar y Emilio Mitre Fernández, se halla desarrollada en trabajos más recientes relativos al establecimiento del régimen de corregidores en ciudades de realengo por la Corona, tales como los de Guerrero Navarrete, Yolanda, «La política de nombramiento de Corregidores en el siglo xv: Entre la estrategia regia y la oposición ciudadana», Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, 10 (1994-1995), pp. 99-124; id., «Orden público y corregidor en Burgos (siglo xv)», Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, 13 (2000-2002), pp. 59-102. 53   Muñoz Gómez, V., «Bandos urbanos y pacificación señorial…».

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encontramos con tres situaciones diferentes. Por un lado, la negativa a recibir corregidor con la correspondiente protesta ante el señor, tal y como ocurrió en Paredes. Estas alegaciones se basaban en el argumento de que el concejo no había solicitado su envío pese a que, una vez uno de los bandos se hizo con el control del nombramiento de los oficios municipales con la sanción del infante, se produjeron enfrentamientos violentos con sus adversarios. Parece que el argumento sobre el que se apoyaba esta protesta fue que el concejo no solicitó la presencia de un juez para resolver la tensa situación hacia la que habían derivado los acontecimientos y sus miembros no habían querido recibir a Sancho Fernández en su oficio.54 No obstante, esta petición fue tajantemente rechazada por el infante, muy interesado en cortar de raíz cualquier tipo de desorden en una villa que acababa de integrar bajo su señorío a la muerte del conde de Trastámara Pedro Enríquez. Finalmente, las gestiones realizadas por el corregidor no solo serían toleradas por el regimiento de Paredes, una vez que fueron vencidas distintas resistencias, sino que fueron reconocidas y premiadas cuando terminó su mandato en la villa, toda vez que debieron de ser fundamentales para la firma final de la concordia entre los dos bandos ante el infante en Medina del Campo en febrero de 1403.55 Por otro lado, en Alba de Tormes se observa cómo los dos bandos en que se agrupaban los caballeros de la villa, el de Santa Cruz y el de San Miguel, no se opusieron tajantemente a la presencia de corregidores pero sí cuestionaron y discutieron los cambios en su titularidad, tratando de promover a un candidato consensuado y apto para ambas facciones. Así, cuando en 1409 Gonzalo López, alcalde mayor del infante, juez desde al menos 1407, dejó de ejercer este oficio a instancias de la señora Beatriz de Portugal durante los meses que ella pasó en la villa anteriores a octubre de ese año, cuando decidió nombrar como alcalde a Sancho Bernal en vez de permitir que el concejo pusiera las alcaldías autónomamente, miembros del bando de Santa Cruz se negaron a aceptarlo. En una primera reunión del concejo en que Sancho Bernal, como juez y alcalde mayor se presentó para la recepción en su oficio, directamente un solo regidor de este bando estuvo presente y logró retrasar el acto de acogida del nuevo corregidor dos días. En esta nueva reunión, ya con la asistencia de regidores adscritos a ambos bandos en número parejo y representativo, los del bando de San Miguel lo aceptaron formalmente y hubieron de convencer a sus colegas del otro par  La negativa expresa formulada por el concejo de recibir al corregidor es citada por Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano..., p. 50, nota 99; id., «Poderes públicos...», pp. 283, nota 66, y 292-293, refiriéndose al documento del archivo municipal paredeño clasificado en carp. 1, n.º 50. No obstante, tras la reordenación del archivo a finales de los años 90 del pasado siglo, no queda constancia de esta pieza en los nuevos inventarios y no ha podido ser localizada. 55   AMPdN, CP, Borradores, 236/18, ff. 64/18 r.-23 v., CP. 238/05, ff. 29 r.-39 r. 54

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tido, encabezados por Gonzalo Yáñez, regidor, y el otro líder del bando de Santa Cruz, Juan Fernández Zamorano, para que depusieran su actitud de rechazo. Aquellos argumentaron que, pese a que también ellos deseaban que hubiera justicia de fuero, esto es, que no existiese corregimiento sobre la villa y su concejo sino que se respetase el nombramiento de alcaldes y otros oficios de justicia por parte de los regidores, era necesario que Sancho Bernal fuera aceptado y evitar así mayores tensiones. De hecho, el corregidor les instó a alcanzar un acuerdo y acabar con la división de opiniones, tras lo cual todos decidieron asumir la situación y recibir al corregidor. Mientras, en enero de 1416, después de que desde 1413 el corregimiento hubiera sido ostentado por Diego Rodríguez Zapata, los caballeros y vecinos de la villa pidieron al rey de Aragón —y al arzobispo Sancho de Rojas como administrador de su patrimonio en Castilla— que nombrase como nuevo juez en Alba a Gonzalo Pantoja, personaje por lo visto vinculado a la villa, o que, en caso, no se renovase el corregimiento, pasando la justicia a manos de los alcaldes de fuero. A finales del año, finalmente, los regidores de Alba habían logrado que el arzobispo y la reina Leonor, como mansesores del testamento del difunto rey de Aragón aceptaran el nombramiento de Gonzalo Pantoja.56 En ambos momentos en Alba de Tormes destaca la actitud, más explícita en 1409, implícita en 1416, de rechazo hacia la fiscalización señorial de los procesos decisionales del concejo por parte de la elite caballeresca de la villa, eficientemente encuadrada en organizaciones complejas bien establecidas e institucionalizadas en forma de linajes, uno frente al otro y ambos frente al conjunto de la población pechera de la villa y los sexmos de la tierra, que aspiraban a contar con representación y capacidad de intervención en las decisiones concejiles en aquellos asuntos que incumbían a su interés, especialmente las relativas a las derramas de derechos y tributos.57 No obstante, cada una de las situaciones expuestas respondió a contextos distintos. En la primera, la titularidad señorial de la villa correspondía a Beatriz de Portugal, por más que hasta ese año 1409 hubiera permanecido bajo la tutela del infante Fernando tras la muerte de su padre, el infante don Juan de Portugal y el arreglo del reparto de su herencia entre ella y su hermana, esposa de Martín Vázquez de Acuña, en 1404. Criada en la casa de los infantes Fernando y Leonor y apalabrado su matrimonio con el tercer hijo varón de estos, Enrique, es incuestionable que hasta 1409 y la deposición del bachiller Gonzalo López como juez en Alba, el control real sobre el patrimonio de doña Beatriz correspondió al infante Fernando, quien lo ejerció a través de su propio alcalde mayor. Coincidentes las fechas de nombra56   AMAdT, EI, 0003.01, LAC, 1416, ff. 6-8, 13 r. y v., 86 v.-87 v. Recordemos que Alba de Tormes había sido dispuesto entre el patrimonio a manejar por los testamentarios para dar cumplimiento al testamento. 57   Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político..., pp. 165-264.

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miento del juez Sancho Bernal y el progresivo alejamiento de doña Beatriz de la tutela del infante y de sus tratos con Pero Niño, que desembocaron en la negativa de esta a mantener su compromiso con don Enrique y en el ulterior matrimonio con aquel personaje, ligado al entorno de la reina Catalina de Lancaster durante los primeros años de la minoría de edad de Juan II, como vimos. Por tanto, el nombramiento de corregidor bien puede relacionarse con la disposición de la señora por tomar el control directo sobre su propio patrimonio.58 Ya conocemos las consecuencias de todas estas maniobras, con la huida de Pero Niño y la reclusión de Beatriz de Portugal en Urueña a principios de 1410 hasta la definitiva negociación para la venta del señorío de Alba al infante Fernando en 1411. A su vez, en 1416, después del cambio de titularidad señorial y del establecimiento de corregidor estable tras el paso de Fernando y Leonor a sus nuevos reinos de la Corona de Aragón, los dos bandos en que se articulaba el grupo dirigente de los caballeros de la villa consensuaron una opinión que evitara la presencia de agentes externos a la población, pretendiendo garantizarse una mayor libertad de acción en la gestión de los negocios del concejo. Todos los movimientos que se encuentran detrás de las posturas expresadas en los libros de actas del concejo escapan a nuestro conocimiento pero las fuentes denotan su existencia, además de la operatividad de las formas de integración política urbanas a la hora expresar pareceres discordantes a los presentados por la esfera de poder superior señorial, ejercer presión sobre esta y negociar, en condiciones dispares según el contexto pero de modo más o menos satisfactorio con los representantes señoriales. Finalmente, una última situación de oposición a la presencia del corregidor se encuentra relacionada con los salarios y prestaciones que correspondían a este oficial. Ya hemos comentado cómo las villas se veían obligadas a cumplir con el alojamiento y ajuar doméstico que necesitara el corregidor y a recudirle con un salario particularmente oneroso. Señalábamos también cómo estos costes no fueron habitualmente cumplidos puntualmente y dieron lugar a quejas, tanto por parte de los concejos respecto al reparto entre los vecinos de las contribuciones a estos gastos como por cuenta de los mismos corregidores, insatisfechos por las dilaciones e incumplimientos en la satisfacción de sus remuneraciones. Ciertamente, la cuantía de salarios y posadas no era una cuestión baladí. No solo porque el sueldo del corregidor fuera excepcionalmente alto respecto al del resto de oficios municipales sino porque este no se asentaba solo en la villa. Es notorio que este traía consigo una comitiva de alguna consideración necesaria para el ejercicio de sus funciones. Esta se ve generalmente recogida en las cartas de nombramiento, que refieren la presencia junto al corregidor de algunos de los potenciales investidos como alcaldes para secundar su acción y de otros hombres que habían 58   Sobre la presencia de doña Beatriz en Alba en relación al nombramiento de Sancho Bernal, ibid., pp. 211-212.

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de ser respetados como ayudantes del corregidor y de sus alcaldes en la labor de apoyo al desempeño de dichas funciones.59 Entre aquellos hombres podemos contar cuando menos a los que eran investidos como alguaciles,60 a los escribanos que acompañaban al corregidor para el registro de las actividades en que se viera inmerso61 y, por último, a otros tantos que no detentaban oficio alguno significado. Entre estos debemos considerar desde el personal encargado del servicio doméstico de esta comitiva y, sobre todo, un número indeterminado de hombres armados encargados de exhibir y ejecutar, si fuera necesario, toda la fuerza coercitiva que las decisiones del corregidor y sus subalternos requiriesen. Visto de este modo y sin conocer cuánta gente podía verse encuadrada en estas pequeñas compañías ni cómo ni a cargo de quién era pagada, resulta comprensible la percepción de un salario tan elevado como 30 y 60 mrs. diarios o 12 000 mrs. anuales por el corregidor si con este debía cumplir a los escribanos, gente de armas y servidores que le acompañaban. Esto es válido dentro de que los alcaldes, merinos y alguaciles concejiles que nombrara de entre su gente habían de ser recudidos por tales oficios con los emolumentos correspondientes a cuenta del concejo pero subraya, por otra parte, el descontento general de la población y la reticencia de las autoridades locales ante la obligación de multiplicar el esfuerzo exactivo para mantener la presencia de agentes de control señorial ajenos al espacio social concejil. No obstante, pensar no en un hombre solo y sí en un grupo dotado del respaldo de la instancia de poder superior señorial, de amplio mandato para actuar sobre los negocios locales, de formación letrada y de capacidad coercitiva armada, puede hacernos comprender que, desde el punto de vista de las elites dirigentes pero también para el común de las villas, la presencia continuada del corregimiento, por otra parte prácticamente novedosa entre finales del siglo xiv y los inicios del siglo xv, fuera vista como una pesada intromisión externa. Si bien las motivaciones sectoriales dentro de las sociedades locales para esta suspicacia podían ser diferentes, ello no es óbice para considerarlo como un motivo de descontento hacia el que se desarrollaba una resistencia sorda, manifestada de manera más abierta cuando las circunstan59   Así se refieren en sentido muy general en el nombramiento de Velasco Fernández cuando el infante señala que «… por esta mi carta tomo en mi guarda e en mi encomienda e seguro al dicho mi corregidor e a los sus ofiçiales e omes e cosas que con él fueren e estudieren…» (Colección documental de Cuéllar…, doc. 228-229, pp. 388-391). 60   El corregidor Gonzalo López remueve en el oficio del alguacilazgo al notario Andrés González, al que previamente se lo había entregado, para ponerlo en manos de su propio sobrino, Juan López (AMAdT, IE 0001.03, LAC., 1409, f. 15 r.). 61   Sancho Fernández de Medina estuvo acompañado por dos escribanos, Marcos González y Diego Fernández (AMPdN, CP Borradores, 236/16, 62/61 r. y v.). El propio nombramiento de Velasco Fernández de Portillo con la especificación de que pudiera nombrar escribanos en la villa, de dentro o de fuera de ella, encierra la potestad de poder señalar por tales a personas de su confianza, incluidas aquellas que él mismo llevase consigo.

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cias externas así lo permitían. Esta estrategia de tácita aceptación, buscando los momentos más propicios para tratar de revertir la situación en favor de la autonomía de la elite concejil parece haber sido la que prevaleció en Alba de Tormes, donde, por otro lado, el equilibrio de poderes entre el bando de Santa Cruz y el bando de San Miguel, amén de la existencia de corregidores impuestos por los señores y la presión ejercida por el común de pecheros, requerían notables esfuerzos para la unificación de voluntades contra la penetración señorial que incidía sobre el marco institucional de la organización concejil. De todos modos, la posición contraria a la presencia de corregidores disfrutó de mejor suerte en Paredes de Nava. En esta villa, entre 1407 y 1408 se sucedieron tres corregidores: Ferrán Alfonso, Gómez Arias y Juan Fernández del Moral. Sabemos poco de la actuación de los dos primeros, cuya presencia debió de ser más bien fugaz. Sin embargo, los meses en que el último de ellos, regidor en Villalón, disfrutó del oficio acabaron en un arduo litigio que el concejo de Paredes movió ante la corte del infante Fernando contra aquel. Juan Fernández fue acusado de distintos abusos en el ejercicio de sus atribuciones y reclamado para la vista del pleito infructuosamente, de modo que el concejo de Paredes envió a Villalón un grupo de hombres armados para prenderle y obligarle a responder ante la justicia del infante. Aunque no lograron apresarlo, puesto que Juan Fernández del Moral había escapado previamente y no sabemos cómo acabó librándose el proceso, la realidad es que el infante Fernando rehusó volver a nombrar corregidor. Desde entonces consintió en que el proceso de decisiones del concejo quedará en manos de los prohombres de la villa con tal que dicha institución cumpliera con los requerimientos exactivos y militares que le fueran solicitados.62 En este caso podemos ver que, a diferencia de Alba, donde se optó por consentir en la presencia de la figura tutelar, si bien negociando las condiciones para el ejercicio del corregimiento en la persona seleccionada para el oficio, la capacidad para aunar opiniones en defensa de sus intereses por un grupo dirigente no estructurado formalmente en bandos opuestos sí fue capaz de, invocando la representación de toda la comunidad, impedir exitosamente, al menos de forma temporal, la injerencia señorial a través del aparato institucional concejil. No hemos, en cualquier caso, de llevarnos a engaño. En Alba acaso Gonzalo Pantoja ejerció el oficio de corregidor, si bien negándose a nombrar alcaldes, en un claro gesto hacia los caballeros regidores que habían favoreci62   Los vecinos de Paredes denunciaron que incurría en un uso abusivo de su autoridad y que, por sus continuas ausencias de la villa, los obligaba a trasladarse para atender los asuntos pertinentes a Villalón o Castromocho. Ante la imposibilidad de hallar a Juan Alfonso en Villalón o en Palencia para la vista de sus alegaciones, el concejo acudiría a la Corte del rey en Turégano, en la que se hallaba el infante, para forzarlo a aceptar el emplazamiento (AMPdN, CP, Borradores, 236/22, ff. 68/20 r.-23 v.) Vid. Martín Cea, J. C., «El mundo rural castellano..., pp. 51 y 183; id., «Poderes públicos...», pp. 283, nota 66, pp. 292-293; Muñoz Gómez, V., «Bandos urbanos...», pp. 690-694.

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do su nombramiento, hasta 1422.63 Pero a partir de la segunda mitad del año, una vez que quedó liquidada la testamentaría del rey Fernando y el señorío sobre la villa fue puesto ya plenamente en manos del infante don Juan por Sancho de Rojas y su madre, la sucesión de corregidores no se interrumpe, pese a las muestras de desobediencia por parte de algunos caballeros, hasta 1429. Primero el secretario del infante Diego Martínez de Medina, en nombre de Diego Gómez de Sandoval. Este llegó a mandar prender al caballero Juan Brochero, por haberse opuesto a él, y prohibió salir de su casa al regidor Fernán García, cabeza de su linaje, el de San Miguel, y a varios escuderos del mismo, por cuanto se opusieron a aceptarle por corregidor.64 Luego hallamos a Gonzalo López de Valladolid, hasta entrado 1426, para posteriormente despacharse a Nuño Cabeza de Vaca, alférez del rey de Navarra, como nuevo corregidor en abril de 1428, reflejándose también las prendas hechas contra vecinos prominentes para pagar los alojamientos de Nuño Cabeza de Vaca.65 En Paredes de Nava, mientras, si bien la presencia del corregidor se restringe a 1427, cuando el mismo Nuño Cabeza de Vaca fue comisionado para poner fin a la lucha de bandos que llevaba extendiéndose de manera abierta desde 1423, este fue el último acto de un proceso de progresivo apoyo señorial por parte del rey de Navarra hacia una de las facciones, liderada por Juan Alfonso Tomás, a partir de la sintonía que con ella mostraron los principales agentes señoriales de la villa, encabezados por Diego Alfonso de Paredes, pariente y heredero en el aparato exactivo señorial del tesorero mayor de don Fernando, Juan García de Paredes.66 En esta segunda villa no fue precisa la reiterada y contundente imposición de la supervisión externa del corregidor que se contempla en Alba sino que la intensa colaboración con el poder señorial encauzada por sus «clientes» locales resultó, a la postre, más efectiva. Aun con eso, ni siquiera las resistencias en estas villas, que seguramente se multiplicaron en otros lugares, pueden ocultar el avance irrefrenable hacia la normalización de los corregimientos señoriales. Pese a que es la región extremeña la única que no aparece representada en las menciones a jueces corregidores señoriales de los infantes, la impresión que aportan los datos que manejamos es clara en relación al señorío de don Fernando y doña Leonor. La evolución desde la década de 1390 hasta la de 1420 muestra un cambio sustancial desde los más antiguos nombramientos excepcionales. Por una parte, la tendencia a la estabilización del nombramiento como permanente en los concejos. Por otro lado, la propagación geográfica de esta fórmula de   AMAdT, 0004.01, LAC, 1422, f. 52 r.   AMAdT, 0005.01, LAC, 1424, f. 49 r. y v. 65   AMAdT, 0005.02, LAC, 1426, fd. 46 v.-47 v., 0005.03, LAC, 1428, ff. 20 r.-26 r. En general, Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político…, pp. 156-157. 66   Martín Cea, J. C., El mundo rural castellano…, pp. 56-62, 137-141, 252-256; Muñoz Gómez, V., «Bandos urbanos...», pp. 693-695. 63 64

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intensificación del control señorial. Su contribución a la implementación de las formulaciones jurisdiccionalistas del poder señorial en las células locales y territoriales en las que se ejercía y a la progresiva territorialización de la gestión del patrimonio señorial que pondría algunas de las bases para la concepción del mismo en torno a «estados señoriales» ya en época moderna no parece haber sido menor. En cualquier caso, hemos ido apuntando cómo incluso la propia extensión de los corregimientos estuvo directamente ligada a otras formas de penetración señorial en la sociedad de las villas y tierras dominadas y sus aparatos institucionales por parte de los infantes. La extracción villana de muchos de estos oficiales y sus relaciones con otros personajes de las elites concejiles nos ponen sobre la pista de otro aspecto que queríamos analizar en relación a la mediatización del espacio sociopolítico de las comunidades señorializadas por don Fernando y doña Leonor: el nombramiento de los oficios ordinarios de los concejos por parte de los señores y la extensión incontestada de los vínculos de patronazgo y servicio de la «casa grande» señorial en esos ámbitos locales. 2. El nombramiento de oficios concejiles y el avance de la clientelización Puesto que el establecimiento de regidurías había delimitado muy claramente el núcleo decisional concejil en villas y ciudades castellanas en torno a los oficiales mayores del concejo, regidores y, en menor medida, alcaldes, por más que el grado de participación, sobre todo de los sectores sociales pecheros de las villas y de las aldeas a través de oficios colegiados y de asambleas, en los procesos políticos fuera mayor del que mostraba su representación institucional,67 la relevancia de la introducción de personal afín al entorno señorial en ellos era más que valiosa a la hora de decantar una resolución de los negocios tratados en el concejo a beneficio de los infantes. En la medida en que, por otra parte, alcaides de las fortalezas y recaudadores señoriales no eran oficios propios del aparato institucional concejil sino integrados en el «sistema de poder señorial» y que la cuestión de la designación de alcaldes tiene que ver con los oficios de justicia y, a partir de esa vía, con las prerrogativas teóricas de los corregidores, vamos a focalizar nuestra atención en la designación de regidores en los concejos bajo el señorío de don Fernando y doña Leonor. Es cierto que el nombramiento teórico de los oficiales concejiles correspondía al señor. No obstante, la realidad es que tal cosa no era más que un   Véase, a partir de una metodología de análisis de flujos de demandas y decisiones en el caso concreto de Alba de Tormes, Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político…, pp. 152163, 292, 302-359. 67

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aspecto formal en términos prácticos, por el cual ratificaba y sancionaba decisiones previas tomadas por el concejo, que era el organismo que en realidad autorregulaba la propia selección de su personal político. Los agentes sociales locales mantenían con celo el control de tal elección de los detentadores de oficios como elemento fundamental de su autonomía en el ámbito de la villa y su tierra. De este modo, el recurso a solicitar a los señores, en nuestro caso a los infantes, que procedieran a actuar sobre los nombramientos se limitaba a situaciones anómalas y de emergencia o, en caso, a contextos en que no existían riesgos de menoscabo de la libertad de actuación del concejo. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en las solicitudes al infante Fernando a lo largo de 1401 para que regulase la selección de los regidores de Paredes de Nava —elegidos anualmente y, por lo que parece, sin restricciones ni repartos de los oficios entre caballeros y pecheros ricos—68 en el conflicto banderizo que enfrentó a dos facciones de las elites locales por tratar de monopolizar la elección a partir del acceso de don Fernando al señorío de la villa.69 Otro tanto puede plantearse a partir de la petición satisfecha por el infante a los pecheros de la villa y tierra de Alba en 1411, de nuevo coincidiendo con el momento del acceso al señorío del lugar por don Fernando, de que los regidores de la villa no pudieran acometer los repartos de pechos de ninguna clase entre la población de Alba y su tierra sin participar en las reuniones convocadas a ese efecto por los procuradores y sexmeros representantes de los pecheros de la villa y tierra.70 En esa misma dirección nos sitúa el recurso al arbitraje señorial de Juan de Navarra entre 1425 y 1443 en Peñafiel para dirimir la disputa que enfrentaba a caballeros y hombres buenos pecheros por el reparto de los oficios concejiles ante el intento   La elección anual de todos los oficios, incluidos los de regidores, hasta donde hemos podido comprobar, dentro del señorío de los infantes, solo se daba en Paredes de Nava, en Peñafiel y en Haro (sobre las renovaciones de los oficios en esta villa en los años 1419 y 1420, AMHaro, 4-2-1, 3.116-17, CP, 1419-1429, ff. 1 r. y v.). 69   AMPdN, CP, Borradores, 236/16 ff. 62/07 r. y v., 23 v., 27 r. y v., CP 238/02, f. 01/1 r., 238/03, ff. 02/7 v., 14 v.; Muñoz Gómez, V., «La participación política…», pp. 290-302; id., «Bandos urbanos y pacificación señorial…», pp. 674-690. 70   AMAdT, IE, 0002.01, LAC, 1 1411, f. 75 r. A la presentación de esa carta del infante el 16 de diciembre de 1411 siguió, el 22 de ese mes, la de cuatro más, una con los nombramientos hechos de sexmeros y del procurador entre los pecheros, y las otras tres del infante Fernando. En la primera de ellas se tomaba en amparo a dichos oficiales pecheros para que pudieran cumplir con las obligaciones de sus oficios sin obstrucciones, mientras que las otras dos afectaban a asuntos de interés de los pecheros que habían sido sancionados por el señor, relativos a la limitación de la comercialización de vino de fuera de la villa y tierra y a la guarda de los cotos del término, prohibiéndose que entrasen ganados por ellos (AMAdT, IE 0002.01, LAC, 1411, f. 76 r. y v.). No obstante, pese a la aceptación de esta orden, constan las resistencias por parte de la elite caballeresca que controlaba en Alba todas las regidurías a permitir cualquier otra forma de penetración pechera en un espacio político que entendían reservado para ellos, como se aprecia a partir de la expulsión en la sesión del concejo el 3 de noviembre de 1422 de los procuradores pecheros (Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político…, pp. 257-258). 68

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de los primeros de reservarlos todos para sí y de los segundos por ampliar progresivamente su representación institucional.71 Efectivamente, el nombramiento y control de los oficios concejiles era un asunto prioritario para los colectivos sociales de las comunidades locales, convirtiéndose la elevación al señor de las diferencias generadas en torno a estos asuntos en una ocasión para tratar de orientar la decisión judicial y gubernativa de la instancia superior señorial en beneficio de intereses sectoriales. Mientras, para los infantes no parece que, en general, el control de los oficios fuese una prioridad. La resolución de las peticiones a ellos presentadas por motivos como los referidos en el párrafo anterior tiene menos que ver con un intento de supervisión real de los procesos de selección de los oficiales que con el ejercicio de las atribuciones de jurisdicción a ellos correspondientes como señores, la escenificación del cumplimiento de las obligaciones del señor hacia sus dependientes y el encauzamiento de desórdenes que pudieran afectar a un menoscabo de la obediencia a las órdenes de sus señores. Una ilustrativa prueba de ese reparto de esferas de intervención lo tenemos en la solicitud elevada por el concejo de Villalón al infante Fernando el 22 de marzo de 1409 para que otorgase el nombramiento de merino entre una terna formada por Fernán González de Herrín, Juan Pérez Tendero y Diego Díaz.72 Puesto que en 1419 el oficio y la renta que generaba eran arrendados por el concejo para la posterior satisfacción de la renta al señor,73 podemos entender que, aunque el señor podía elegir entre los candidatos, la primera selección con agrado del concejo ya había sido realizada. Incluso aunque la documentación posiblemente nos esté informando del paso de un proceso de elección a otro de «venta» del cargo, en cualquiera de las opciones se aprecia cómo los intereses señoriales de los infantes estaban más por garantizar la conversión de sus derechos en renta que por interferir en la designación de personal concejil. No obstante, tampoco puede realizarse esta afirmación con rotundidad porque, de hecho, sí sabemos de casos de designación de los regidores por los infantes en algunas de sus villas. En Alba de Tormes, villa que acaso pudiera servir como ejemplo para situaciones similares en otras villas donde las regidurías se ocupaban con carácter perpetuo, hasta la muerte de quien las detentaba y de las que no tenemos datos, está perfectamente documentada la designación de varios regidores vinculada directamente a la imposición de personas del entorno señorial. Es el caso de la presencia como   Muñoz Gómez, V., «Conflicto, autoridad…», pp. 435-450.   AMVillalón, LdA, n.º 1, 22 de marzo de 1409. 73   Ese año se arrendaron la renta de la merindad y las caloñas a Ruy García Cepo y Pedro Fernández, vecinos de Villalón, por 12000 mrs. (AMVillalón, LdA, n.º 1, 9 de agosto de 1419). Es posible que los tres candidatos de 1409 ya hubieran alcanzado la puja máxima planteada, en arreglo a los intereses señoriales de obtención de ingresos, para arrendar la merindad, por lo que el concejo optó por presentarlos al infante para la designación de uno. 71 72

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regidor de Martín Ruiz de Villalba, contador mayor de Beatriz de Portugal y amo de don Alfonso, hijo de los infantes Fernando y Leonor, entre 1407 y 1411 o de la de Sancho González, vecino de Alba de posible origen converso y recaudador de derechos del rey de Aragón en la villa entre 1413 y 1422.74 A su vez, el arzobispo Sancho de Rojas, como testamentario del rey Fernando, nombró regidor en 1416 al doctor Diego González de Asturias, vecino de Salamanca, otorgándole además la recaudación de las rentas señoriales para ese año y el siguiente;75 mientras, en 1418, conjuntamente, el arzobispo y la reina Leonor, en ejercicio de esas mismas funciones testamentarias, nombraron regidor al bachiller en Decretos Alfonso Fernández de Frías, vecino de la villa, para ocupar la regiduría que quedó vacante a la muerte de Gonzalo de Barrientos.76 Este último caso es en el único en que se registró la protesta por parte del concejo y una primera resistencia a aceptar el nombramiento, finalmente acatado. Se puede comprender, por ello, que estas designaciones estaban ligadas a introducir a algunos personajes vinculados a la afinidad señorial, llamando la atención también la implicación de, al menos, los tres primeros en cuestiones relacionadas con la exacción de recursos en la villa y su gestión en favor de la casa señorial. De este modo, era posible contar con agentes presentes en las deliberaciones, capaces de comunicar informaciones sobre los asuntos tratados por los concejos hasta lo más alto del «sistema de poder» señorial y también de influir en la negociación y gestión de todo tipo de asuntos de relevancia para sus patrones, especialmente los referidos a la extracción de recursos de sus vasallos. Podían ser, como vemos, de procedencia externa a las villas, no influidos previamente por las condiciones de relación internas a la sociedad local, o también vecinos de cierta relevancia e influencia y conocedores del medio local captados para la «clientela señorial». Para ellos, esa aproximación al entorno de los infantes había de ser una ocasión más que excepcional para lograr una notable promoción dentro de ese ámbito delimitado por la villa y su entorno al que habitualmente las elites concejiles circunscribían su desenvolvimiento social. En cualquier caso, si esta situación se daba en más villas bajo el señorío de los infantes Fernando y Leonor y de sus hijos, como hemos de pensar que era habitual, de un modo similar a lo que se observaba en Alba, estos regidores de origen externo o vecinos impuestos por iniciativa señorial eran una minoría. En Alba, aunque en teoría el número de regidores debía ser de 6 —así se indicaba que los reyes de Aragón habían intentado establecerlo cuando fue nombrado Alfonso Fernández de Frías—, en realidad el número   Sobre los nombramientos de regidores en Alba, Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político…, pp. 210-219. 75   AMAdT, EI 0003.1, LAC, 1416, f. 81 r. y v. 76   Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes…, doc. 60, pp. 100-103, AMAdT, IE 0003.02, LAC, 1418, ff. 31 r.-33 r. 74

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de regidores hasta 1430 pudo oscilar entre los 11 y 12.77 Por tanto, la mayoría que ejercían los caballeros locales alineados en su mayor parte en torno a dos grandes bandos, Santa Cruz y San Miguel, en las decisiones del concejo era perceptible. Tratar de disminuir el peso de las opiniones de estas facciones, en principio no condicionadas por la dependencia personal hacia el infante don Fernando, y evitar oposiciones a las imposiciones señoriales parecen haber sido los objetivos perseguidos con el esfuerzo de reducir el número de regidores e introducir otros nuevos fieles a los infantes. Infructuoso el primero, la penetración de personal afín en el concejo pudo ser mucho más efectiva aunque, en la decantación última hacia una opinión si no afecta o dócil, al menos, no combativa respecto al señorío, solo fue un elemento más junto a otros medios de fidelización de las elites caballerescas, entre ellas la de los mismos regidores, como la concesión de tierras para lanzas y otras mercedes. No obstante, en el caso de Alba de Tormes, la captación de personal para la «clientela» señorial parece que tuvo un alcance mucho más limitado que en otras villas.78 Si lo que hemos observado, entonces, es un grado de penetración en los regimientos de las villas moderado, combinado con otros medios de clientelización de las elites locales, dos casos se salen de esta tónica. Son los de Mayorga y Villalón. A partir de una carta enviada por el infante al concejo de esta última villa, fechada el 25 de julio de 1401 en Segovia, tenemos referencia justamente al establecimiento del regimiento en Villalón acaso durante los años de su señorío. Esta tenía que ver con la oposición que los hombres buenos de la villa mostraron al nombramiento que el infante hizo como regidores perpetuos de las personas de Pedro Fernández Cabeza de Vaca, su alférez,79 el doctor Juan González de Acevedo, oidor de la   Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político…, pp. 154, 220.   En 1429, el rey de Navarra contaba con 4 vasallos con tierra para 6 lanzas, percibiendo uno de ellos, Juan Martínez de Beleña, uno de los regidores de la villa, además, 2000 mrs. de merced sobre los pechos señoriales de Alba de Tormes (ADPA, E-535, n.º 1, f. 21 r.). No consta entre ellos (Alfonso de Vargas, Alfonso de Sevilla y Fernán Arias Maldonado, además del citado Juan Martínez) ningún nombre reconocible entre los miembros de los principales linajes de la villa, ya que el también regidor Alfonso González de Sevilla tampoco estaba, como Juan Martínez de Beleña, adscrito a ninguno de los bandos (Monsalvo Antón, J. M.ª, El sistema político…, pp. 165-205, sobre dichas facciones). Estaríamos ante una presencia débil si la comparamos a los 18 vasallos con 22 lanzas que tenía don Juan de Aragón en Peñafiel, los 15 vasallos con otras 22 lanzas en Villalón, los 8 vasallos con 12 lanzas en Mayorga, los 12 vasallos con 26 lanzas en Olmedo o los 27 vasallos con hasta 51 lanzas en Medina del Campo (ADPA, E-535, n.º 1, ff. 18 r.-22 r.). 79   Pedro Fernández Cabeza de Vaca aparece despachado al mando de algunos hombres armados a Paredes de Nava a finales de 1402, donde permanecieron durante 7 semanas para colaborar con el corregidor enviado por el infante, Sancho Fernández, el moço, vecino de Medina del Campo, vasallo del infante, en la pacificación de los bandos que se hallaban enfrentados en la villa (Muñoz Gómez, V., «Bandos urbanos y pacificación señorial…», pp. 682-685, 693). 77 78

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Audiencia,80 Juan Fernández del Moral, persona perteneciente a su casa que entre 1407 y 1408 fue su corregidor en Paredes de Nava, Dia Sánchez de Basurto, perteneciente a una parentela local íntimamente ligada al servicio del infante en Villalón, y Sancho González, personaje sobre el que no disponemos de mayor información. Según se indica, así debían usar de estos oficios, del mismo modo que se hacía en Mayorga. Según parece, originalmente el común de la villa —o más bien las elites que se erigieron en representantes de su voz— reclamó al infante que retirase dichos nombramientos, al no haber habido nunca tales oficios en la villa, según argumentaban pero, una vez establecidos, que al menos fueran rotados los nombramientos anualmente. Tenemos nuestras dudas, a partir de la petición de los perjudicados por el nombramiento de los regidores, sobre que no hubieran existido con anterioridad oficios similares aunque de carácter anual. Este parece haber sido el nudo de queja, como se deduce de la solicitud y de la respuesta que le dio el infante, que no fue sino que, en los asuntos relativos a las derramas de pechos entre los vecinos de la villa, participasen junto a los regidores sendos omes buenos por cada uno de los quartos de la villa, los cuales serían nombrados por los dichos quartos cada año para entender en esos asuntos. Por tanto, todo parece indicar que el núcleo conflictivo era justamente la marginación de buena parte de la elite villana con el nombramiento como 4 de los regidores, si no de todos, entre personas afines al infante Fernando, de las cuales todas eran vecinas de Villalón salvo el doctor Juan González. El descontento debió de persistir porque en 1401 los 6 omes buenos quatreros elegidos se autodenominaron como sobrerregidores, cuestionando la autoridad de los 5 regidores nombrados por el infante. Don Fernando dispuso al respecto que cejasen en su empeño, imponiendo las penas correspondientes en caso de desobediencia, limitándose los quatreros a sus funciones en los asuntos relativos a la organización de la recaudación de tributos. Esta orden, en todo caso, debió de ser cumplida a regañadientes, pues la carta volvió a ser invocada en 1409, muestra de la persistencia por parte de otros miembros de las elites de Villalón por cuestionar la autoridad de los regidores y tratar de acceder de algún modo al eje decisional concejil.81 Por tanto, pese a las oposiciones mostradas por distintos sectores de la villa, en Villalón y posiblemente también en Mayorga, la intromisión señorial por parte de los infantes en el marco local fue especialmente intensa, hasta el punto de mediatizar completamente la composición —y, lógicamen80   Ya indicamos la identificación del doctor Juan González regidor de Villalón como Juan González de Acevedo a partir de la demanda que hizo en 1410 de su salario de 1410, en su nombre, su hermano Gonzalo de Acevedo (AMVillalón, LdA, n.º 1, 9 de enero de 1411). 81   AMVillalón, LdA, n.º 1, 23 de octubre de 1409. La carta aparece inserta en esta sesión y, por supuesto, no se indica quiénes eran los regidores en Mayorga. Puesto que la documentación local de esta otra villa no nos refiere a esos personajes, es cuanto sabemos.

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te, el sentido de los acuerdos que tomasen— del regimiento a su favor. La explicación para una línea de actuación tan contundente por parte de don Fernando y luego seguida por su hijo Juan de Aragón solo la hallamos en la especial densidad del entorno clientelar de los infantes en esta zona occidental de la Tierra de Campos donde se hallaban estas villas. En 1429, en ambas villas tenía el rey de Navarra 23 vasallos con tierra para 32 lanzas, entre los que se encontraban, en Villalón, Ruy García Cepo, uno de los arrendadores de la renta de la merindad en 1419, con 1 lanza, y Sancho González de Villalón, presumiblemente el regidor citado en la carta de 1401.82 Además, procedente de Villalón, también aparece en la nómina el hijo y heredero de Pedro Fernández Cabeza de Vaca, Nuño Cabeza de Vaca, que era alférez del rey de Navarra. Por otra parte, en la nómina también aparecen, procedentes de esta comarca y con implantación en Mayorga o Villalón, Fernán Gutiérrez de Vega, señor de Grajal, que siguió al servicio de don Juan tras la muerte de Fernando, siendo entonces su canciller y el tenente del alcázar de la villa, donde tenía señalados 5 excusados, más 5000 mrs. de merced que llevaba su esposa María Rodríguez de Escobar situados también en Mayorga, y los Escobar, parientes de aquella última, entre los que destacaban Álvar Rodríguez de Escobar, con tierra para 20 lanzas y su hijo Pedro, en quien aquel había renunciado su oficio como repostero mayor del rey de Navarra. Además se reconocen 5 excusados parciales o totales de pechos en ambas villas y la merced que llevaba Pedro García de Villagómez, vecino de Mayorga, de las penas, la merindad y la martiniega de esta villa.83 En las dos villas, además, la implantación normalizada de corregidores señoriales había sido exitosa, lo que reafirmaba aún más el extraordinario control señorial que los infantes ejercían sobre Mayorga y Villalón y sobre su comarca circundante en una espléndida alianza con las aristocracias y elites locales de la zona. * * * Si originalmente, entre 1374 y 1400, la presencia señorial en la comarca occidental de la Tierra de Campos de doña Leonor y don Fernando era ya importante, como hemos podido estudiar, en las tres décadas siguientes se intensificaron los esfuerzos por ampliar aún más esa influencia. El control efectivo sobre sus principales villas, Mayorga y Villalón, fue uno de los medios para ello. El envío de corregidores con el fin de condicionar el aparato institucional concejil de forma cada vez más permanente a partir de la pre  AMVillalón, LdA, n.º 1. A lo largo de todas las anotaciones del libro del acuerdo del concejo, Sancho González aparece como regidor hasta esos años de la década de 1420. Presumiblemente, Ruy García Cepo pudiera haber accedido a algún oficio del regimiento de mayor importancia después de 1419 aunque no hemos podido verificarlo. 83   ADPA, E-535, n.º 1. 82

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sencia de este oficial como interlocutor privilegiado entre concejos y «sistema de poder» señorial tuvo una cierta influencia en ello, como hemos podido ver en Villalón. Sin embargo, para el dominio del espacio social en ambas villas, se manejó este recurso en combinación a un cultivo preciso e intensivo de las relaciones clientelares con la aristocracia media y pequeña de la zona y con sectores prominentes de las elites villanas. El acceso a oficios señoriales y concejiles en ambas villas se encuadra dentro de una dinámica de intercambio de mercedes y respaldo sociopolítico en el plano local para estos elementos de los sectores sociales dominantes en el territorio, a cambio de servicio y fidelidad, por parte de estos hacia su señor. Si hemos de preguntarnos, entonces, sobre cómo se sostenía el poder señorial casi incontestado ejercido por los infantes Fernando y Leonor, acaso la respuesta se halle en que lo que ocurrió en el occidente de la Tierra de Campos. Así, por lo que se refiere a la penetración de las instituciones concejiles y la clientelización de importantes elementos de las elites locales acaso esta se fue produciendo también en mayor o menor medida, en las demás regiones del reino hegemonizadas por la influencia señorial de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque y luego por la de sus hijos.

Conclusiones

Llegados hasta aquí tras no pocas páginas, es momento de hacer balance. En el recorrido realizado hemos tratado las relaciones de poder establecidas en torno a Fernando «el de Antequera» y Leonor de Alburquerque y su casa, ligadas a la proyección de su patrimonio, a los vínculos establecidos a lo largo de una extensa e imbricada afinidad señorial y a la interacción con distintas instancias de poder a lo largo del reino, desde la monarquía a las comunidades sujetas a la dominación pasando por otros diferentes señores con los que Fernando, Leonor y sus hijos entraron en colaboración o competencia. Como ya apuntamos en la introducción, más allá del interés inherente al caso aquí estudiado, hemos tratado de aportar explicaciones que contribuyan a una mejor comprensión de la evolución de la sociedad feudal y el encuadramiento de sus elites señoriales aristocráticas en la Castilla de la Baja Edad Media, justamente a partir del análisis del ejercicio del señorío ejercido por parte de las elites aristocráticas sobre espacios y comunidades humanas desde el final del siglo xiii a mediados del siglo xv. Después de haber desgranado los distintos aspectos a analizar acerca de la dominación señorial en la Castilla del tránsito entre los siglos xiv y xv a partir del caso del señorío ejercido por los infantes de Castilla y reyes de Aragón, tal vez sería más prudente que habláramos en este momento de una síntesis, si no de conclusiones, de las ideas recapituladas a lo largo de este estudio en relación con esas problemáticas globales sobre las que nos preguntábamos al inicio de esta investigación. Partiendo de los presupuestos epistemológicos y heurísticos de análisis sistémicos y atendiendo a su articulación alrededor de dinámicas clientelares y fórmulas organizativas de «casa grande», hemos podido constatar cómo, entre mediados del siglo xiv y principios del siglo xv en Castilla se experimentó un notable proceso de incremento e intensificación en el ejercicio del poder señorial. Esto era algo que historiográficamente ya se intuía pero, gra-

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cias a un análisis concreto y, en la medida de lo posible, totalizador, ha sido posible poner de manifiesto cómo el poder social de la aristocracia señorial tendió a hacerse considerablemente más sólido sobre la base de toda una serie de aspectos. Por una parte, el perceptible acrecentamiento de los patrimonios señoriales. Por otro lado, el desarrollo y la integración de la noción de jurisdicción en la formulación y ejercicio del poder por parte de los señores. También, a través de la multiplicación de las fuentes de renta acaparadas por estos señores, bien en forma de derechos señoriales, bien mediante la acumulación de patrimonio fundiario pero también gracias al acceso a diferentes ingresos procedentes de la renta centralizada a partir de procedimientos fiscales fundamentalmente por la Corona, participando en su redistribución tanto de manera legitimada como a partir de la usurpación mejor o peor aceptada. Además de todo ello, no puede olvidarse tampoco que, a lo largo de los años en los que nos hemos movido, se produjo una palpable progresión por parte de los señores en el control efectivo de las comunidades sujetas a la dominación y de las instituciones a través de las cuales aquellas se organizaban. Esto hemos podido observarlo a través de diferentes procedimientos, como fueron, muy ostensiblemente, el estrechamiento de la presión exactiva sobre las poblaciones de villas y lugares, la intervención en la selección de los oficiales concejiles y la supervisión del funcionamiento de las instituciones concejiles y de su gestión del gobierno local y territorial mediante la acción de agentes señoriales. En todo caso, hemos de tener en cuenta que el avance de estas medidas no fue resultado de una acción exclusivamente opresiva y autoritaria hacia estas comunidades. Al contrario, la negociación entre agentes sociales concejiles y autoridad señorial y el papel mediador que el señor y sus representantes ejercían —reconocido y solicitado normalmente por las poblaciones dominadas—, ya en conflictos internos a las comunidades de habitantes sujetos a él, ya en enfrentamientos con señores y comunidades vecinas, fueron hechos comunes. Las relaciones con las instancias de poder concejil por parte de los señores eran ciertamente complejas, basculando de manera fluida entre la imposición y la búsqueda de consensos, que, globalmente, sancionaran el ejercicio del poder por parte de estos. Todas estas facetas del incremento del poder ejercido por los señores han podido verificarse a través del ejemplo que nos aportaba el señorío de los infantes Fernando y Leonor, amén de las evidencias relativas al señorío heredado en Castilla por sus hijos, fundamentalmente Juan, rey de Navarra, y Enrique, maestre de Santiago. Las características excepcionales del objeto de estudio, ligadas a la pertenencia de estos personajes al linaje real de Castilla y a la casa real de Aragón, no han dejado de ser tenidas en cuenta. De hecho, el factor de participación en el hecho de la realeza en una posición, además, de liderazgo de la parentela regia solo por detrás del mismo rey en tiempos de Enrique III y Juan II de Castilla, la correspondencia de este aspecto con

conclusiones

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una concreción señorial particularmente destacada y, por tanto, el extraordinario alcance de los intereses y proyectos expansivos de Fernando, Leonor y los suyos,1 no invalida la posibilidad de extraer conclusiones generales para el estudio de las interacciones entre la aristocracia, las comunidades dominadas y las diferentes instancias de poder integradas en la monarquía castellanoleonesa en el tránsito entre los siglos xiv y xv. Más todavía, los elementos asociados a este fenómeno de acrecentamiento del poder señorial que hemos observado para la cronología que nos ocupaba nos permiten hablar claramente en términos de proceso continuista, que hundía sus raíces incluso a finales del siglo xiii pero que, justamente en esta época, asentó sus bases más sólidas para que esa expansión del ejercicio del poder señorial por parte de la aristocracia se desplegara intensivamente durante todo el siglo xv y buena parte del siglo xvi. Así se constata a partir de los elementos analizados en nuestro estudio: la adquisición de nuevos lugares o al desarrollo de los derechos señoriales ostentados sobre ellos; el aumento de la recaudación de la tesorería señorial a través de tributos de cuantía flexible y negociable como el pedido o del acceso a rentas regias como las procedentes de tercias y alcabalas; la normalización de la potestad jurisdiccional última del señor y la imposición sobre los concejos del oficio del juez corregidor de forma cada vez más generalizada, entre otras cuestiones concretas. No obstante, también hemos podido contemplar cómo ese proceso de intensificación del ejercicio del poder señorial en la Castilla bajomedieval atendió a dinámicas sociales y espaciales más complejas e integradas de lo que acaso pudiera preverse inicialmente. Así, hemos tratado de mostrar la incidencia de los procesos de territorialización del poder señorial. La acumulación de patrimonio y su ligazón a los grupos de parentesco aristocrático en la Castilla de la época fue un hecho en progresión, generándose poderosos vínculos de implantación señorial preferente de determinadas parentelas en distintas áreas regionales del reino. Esos procesos no se limitaron a los espacios directamente sujetos a su señorío sino que afectaron también a las áreas sobre las que ejercían influencia gracias a esa adquisición de patrimonio territorial y derechos. La proyección del señorío de los infantes Fernando y Leonor siguió esa misma tendencia, proseguida en la generación siguiente, la de sus hijos, hasta que fue cortada abruptamente su consolidación para futuras generaciones con la derrota de la facción aragonesista en 1429-1430 y 1444-1445. En cualquier caso, a partir de la   La dimensión propagandística y representativa de este poder también excepcional manejada por don Fernando conecta igualmente con estas cuestiones, incidiendo de forma sobresaliente en la protección providencial a él prestada por la Virgen María, la promoción del ideal caballeresco y el ejercicio del liderazgo de la guerra contra los musulmanes de Granada. Como tal, no puede desligarse de herencias conceptuales y expositivas propias de las formas de sacralidad promovidas y participadas por los miembros de la monarquía castellana al menos desde el siglo xiii (Muñoz Gómez, V., Fernando «el de Antequera»…, pp. 119-163). 1

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observación de las estrategias de gestión de esos patrimonios señoriales y de las dinámicas de conflictividad, competencia y redistribución que afectaron a los mismos en relación a otros señores ya rivales —Stúñiga, Velasco, Mendoza, Acuña, Niño, por ejemplo—, ya integrados dentro del entorno clientelar de los infantes —esas mismas casas a posteriori pero también las del conde de Trastámara, el almirante Alfonso Enríquez, la de Quiñones, los Rojas y Sandoval, las de los Herrera, los Vega de Tierra de Campos o la del mariscal Álvaro de Ávila, entre otras y por considerar señores de diferentes rangos de influencia—, se aprecia la importancia de este fenómeno de implantación y jerarquización de los poderes señoriales durante la segunda mitad del siglo xiv y las primeras décadas del siglo xv. En ese fenómeno, de suerte dispar para unos y otros elementos de la clase aristocrática, se encuentra el germen de la posterior conformación de la noción de «estados señoriales» ya desde finales del siglo xv, resultado de la perpetuación tras varias generaciones de ese control de los territorios señorializados y de los vínculos de implantación en dicho territorio, en el marco del desarrollo de estructuras de parentesco y transmisión de la herencia de carácter linajístico. No obstante, hemos señalado cómo, para el arco cronológico estudiado, resultaría prematuro reconocer como vigentes la existencia de esas lógicas de «estados», toda vez que no hemos podido localizar evidencias concretas de que la gestión del patrimonio señorial hubiera alcanzado la conciencia del mismo como un todo unitario, vinculado a la parentela aristocrática y administrado como tal bloque. Sea como fuere, a la hora de comprender ese proceso histórico de incremento e intensificación del poder señorial en la Castilla bajomedieval, no solo han de valorarse los factores de orden material, territorial o de sujeción jurídica e institucional de los espacios y comunidades dominadas. Hemos podido analizar cómo el desarrollo de las grandes afinidades aristocráticas fue crucial. La extensión de los lazos de tipo clientelar y de los vínculos de interdependencia personal en torno a las casas señoriales permitió la formación de extensas redes de vasallos, dependientes y aliados que, como en el caso del infante Fernando y su casa, se convirtieron en un pilar fundamental del ejercicio del poder señorial y de extensión de dicho poder a otras esferas sociales y políticas dentro del conjunto de la monarquía de Castilla. Hemos visto cómo la multiplicación de relaciones asimétricas facilitó a Fernando la penetración en las comunidades sujetas a su dominio señorial, haciéndolo, por tanto, más estable y efectivo, pero también posibilitó una interacción en términos preferentes con otros agentes sociales e instancias de poder en todo el reino. Esto ayudó enormemente a garantizar su gobierno hegemónico en Castilla entre 1407 y 1416. Sus herederos trataron de conservar y de extender estas redes de vasallaje y clientela, lográndolo con notable éxito hasta 1428. La quiebra de las mismas frente a la formación de afinidades más poderosas en torno a sus rivales, fundamentalmente en torno a Álvaro de Luna, con la

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defección de muchos de los dependientes anteriormente ligados a los «infantes de Aragón», fue igualmente fundamental a la hora de concretar la derrota del bando aragonesista de los «parientes del rey» desde 1429.2 Por tanto, en términos globales y ofreciendo una interpretación de los acontecimientos y fenómenos estudiados, hemos detectado una particular dinámica de polarización y jerarquización de las relaciones sociales de poder dentro de ese proceso de intensificación del poder señorial de la clase aristocrática en la Castilla del tránsito entre los siglos xiv y xv. Dicho de otro modo, se estaba asistiendo a un escenario de alta competencia interseñorial por el aumento de las fuentes para el ejercicio del poder, la presencia efectiva en el territorio y un definitivo predominio social de unos agentes frente al resto de los envueltos en esa misma dialéctica. La efervescencia de la competencia interseñorial dio lugar, por una parte, a la imposición de determinadas parentelas aristocráticas frente a otras. Esto fue así en tanto que algunas de ellas fueron más capaces que otras a la hora de adquirir patrimonio y derechos, de implantarse más extensa y sólidamente en el territorio, de acceder a instancias de poder superiores en un entorno político-social cada vez más dominado por la imposición de la centralidad monárquica y, finalmente, de ejercer funciones de agencia dentro de ese entramado institucional y social. A su vez, frente a la imposición de ciertas parentelas aristocráticas en la cúspide de la pirámide social —temporalmente los «parientes del rey» que hemos estudiado; con mayor proyección de futuro otras casas como las citadas de Velasco, Stúñiga, Enríquez, Mendoza, Quiñones o Sandoval, pero también otras más como los Pimentel, los Manrique, los Guzmán, los Ponce de León, los Pacheco-Téllez Girón, los Fernández de Córdoba, los Sarmiento, los Ayala, los Guevara, los de la Cueva, los Fajardo y algunas otras a lo largo de todo el siglo xv, aquellas que acabarían formando la Grandeza de España instituida por Carlos I desde 1520—,3 para la mayor parte de la aristocracia la tendencia que se impuso fue la de la su­ bordinación y la clienterización respecto a aquellas. Esta entrada en posición de dependencia frente a los principales señores del reino se convirtió en el medio más efectivo para la integración sociopolítica de los elementos intermedios e inferiores de la aristocracia, señores de rango comarcal y local, caballeros concejiles e hidalgos de condición emergente o muy modesta, 2   Para la observación de esta correspondencia entre gestión de patrimonio señorial, evolución de la afinidad señorial de Fernando y Leonor y de sus hijos y desarrollo de los acontecimientos políticos entre 1407 y 1430, remitimos una vez más a nuestra monografía ya citada en los apartados donde se dedica a estas cuestiones desde esta misma óptica (ibid., pp. 85-188). 3   Sobre la adquisición de títulos en tanto plasmación más formalizada de la jerarquización de la aristocracia castellana durante el siglo xv y los inicios de la Edad Moderna, vid. Quintanilla Raso, María Concepción, «El engrandecimiento nobiliario en la Corona de Castilla. Las claves del proceso a finales de la Edad Media», en M.ª C. Quintanilla Raso (ed.), Títulos, grandes del reino y grandeza…, pp. 17-100.

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para lograr la perpetuación de su posición de prevalencia en los ámbitos territoriales e institucionales más circunscritos en que se desenvolvían. Incluso, la integración en las clientelas vasalláticas de los grandes señores actuó como vía para la promoción y el ascenso social de estos sujetos y sus parientes, al convertirse la fidelidad y el servicio a sus señores y patrones en el camino para lograr mercedes, el aumento del patrimonio familiar e, incluso, el acceso al ejercicio de poder señorial o a las esferas de poder regio en la Corte. Ya apuntamos, en todo caso, que la extensión de estos vínculos de interdependencia asimétrica estaba sujeta a un equilibrio inestable, condicionado por conflictos de intereses y posibles fracturas en el mantenimiento de la fidelidad mutua entre patrones y clientes. La reactualización de estos lazos a través de la circulación continua de servicios y sus correspondientes retribuciones entre los parientes, vasallos, criados y aliados y sus señores era una condición necesaria para el sostenimiento efectivo del capital humano que representaba la afinidad como uno de los ejes principales del sistema de poder señorial. El caso aquí estudiado nos ha aportado no pocas referencias de esta tendencia al fortalecimiento de la jerarquización interna del grupo social aristocrático en Castilla y a la profundización en la clienterización dentro del mismo. A partir del estudio de la casa y la afinidad de Fernando y Leonor y de la de su hijo Juan de Aragón, también hemos podido constatar, justamente, cómo se establecían en la práctica esos vínculos de servicio y patronazgo, su diversidad y maleabilidad y que, en último término, esa tendencia a la clienterización operó en mutuo beneficio para todos los elementos integrados en estas redes de relación asimétrica. El apoyo a sus señores, infantes de Castilla y reyes de Aragón y Sicilia, aportó jugosas recompensas a muchos de los individuos sujetos a su poder al tiempo que facilitó a aquellos alcanzar sus objetivos de predominio en Castilla y de acceso y consolidación en el trono de Aragón. Esas condiciones de beneficio mutuo no solo favorecieron a los miembros más íntimos de la casa, destacadamente entre todos ellos el arzobispo Sancho de Rojas y su sobrino Diego Gómez de Sandoval, sino a toda una pléyade de individuos no limitada al rango aristocrático de los señores ni a los detentadores de oficios más significados dentro de la estructura institucional de la casa. Buen número de personajes procedentes de las elites locales urbanas y rurales de los lugares sujetos al señorío de los infantes o de las áreas territoriales afectadas por su influencia se beneficiaron a través de la integración clientelar en el servicio y obediencia a ellos como sus señores, reportándoles riqueza, promoción y consolidación de su propio poder social en los ámbitos locales de los que procedían. Mientras, en el sentido inverso, para los señores, la penetración en las sociedades locales de las villas bajo su señorío mediante la captación de personas y grupos de parientes bien encuadrados en los entramados de decisión y gobierno de sus concejos suponía la vía más efectiva

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para asentar un dominio pacífico, reconocido y eficaz sobre el conjunto de las comunidades de habitantes y los territorios que estas ocupaban y explotaban. Los ejemplos que hemos podido observar a partir del personal integrado en las elites concejiles de las villas bajo el señorío de Fernando y Leonor, como ocurrió con individuos procedentes de Medina del Campo, Cuéllar, Peñafiel, Villalón, Paredes de Nava, Alba de Tormes o Ledesma y las comarcas circundantes, dan buena cuenta de una tendencia que, en fin, era en mayor o menor medida general a toda la Corona de Castilla. Efectivamente, nuestra impresión es que la dinámica de jerarquización social cada vez más acusada y de clienterización en torno a las grandes casas aristocráticas se estaba extendiendo de manera diferencial a toda la sociedad castellana durante la Baja Edad Media. En torno a conceptos de raíz aristocrática y señorial y a lógicas de casa de patronazgo y servicio, estos vínculos de dependencia personal fueron dando lugar a interrelaciones entre espacios e instancias de poder en todo el territorio de la Corona de Castilla cada vez más integradas y sólidas. El caso que hemos tratado monográficamente permite observar cómo estos lazos podían trascender e interconectar las fronteras entre distintas monarquías, gracias a la fortaleza de los vínculos interpersonales entre señores y dependientes, superiores incluso a los de naturaleza de los regnícolas respecto a su soberano. Y es que entre el final del siglo xiv y el principio del siglo xv, si no antes, el desarrollo de estos mecanismos de relación social y política de tipo clientelar vivieron una franca expansión y maduración. Sería en la época inmediatamente posterior, a partir de las décadas centrales del siglo xv y hasta entrado el siglo xvi que, como han evidenciado otros autores como P. Sánchez León,4 estas formas de ejercicio del poder social por parte de la aristocracia basadas en la generalización del clientelismo aristocrático alcanzaron su máximo esplendor y efectividad. No fue el único, pero, como decíamos, este fue uno de los pilares de la reactualización y afirmación del poder de la aristocracia en la Castilla bajomedieval. El conjunto de las conclusiones que, de manera global, estamos extrayendo a partir de nuestro estudio nos conduce a una de las preguntas que nos formulábamos en la introducción y que tiene que ver con la consideración de la «crisis bajomedieval» y el papel jugado en ella por la aristocracia, sobre cuya interpretación nos interrogábamos en las páginas introductorias del libro. Así, a razón de lo analizado, no hemos podido detectar indicativos evidentes de que los procesos de incremento del poder señorial en la Castilla de la época obedecieran de manera directa a una reacción aristocrática; es decir, a una respuesta defensiva por parte de los elementos dominantes de la sociedad feudal frente a los efectos de la crisis. Es cierto que sí se produjo un aumento de la presión de los señores sobre otros sectores sociales e instancias   Sánchez León, P., «Nobleza, Estado y clientelas…»; id., «Aspectos de una teoría…».

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de poder dentro de la sociedad feudal castellana para fortalecer su posición de predominio dentro de ella. Lo hemos podido observar con detalle al tratar cuestiones como la adquisición de patrimonio y derechos señoriales nuevos, el avance en la clienterización o la mediatización de los aparatos del poder monárquico y de las instituciones políticas de las comunidades locales dominadas por parte de las grandes casas aristocráticas. El esfuerzo realizado por los señores para ampliar sus fuentes de renta y paliar la pérdida de valor económico de otras antiguas también es un buen indicativo sobre ese hecho. Sin embargo, el proceso de intensificación del poder señorial desde mediados del siglo xiv, y aun desde finales del siglo xiii, potentemente vinculado a la integración de los principios y derechos ligados al ejercicio del «señorío jurisdiccional», no se llevó a cabo exclusivamente a expensas de las comunidades de habitantes y de los grupos sociales «populares». Este tuvo lugar también a costa de los intereses de distintos sectores de las elites sociales feudales, de otros señores laicos y eclesiásticos que, ante el avance de otros competidores dentro de la aristocracia, se vieron desplazados y subordinados en su posición de dominio territorial, prosperidad económica e influencia política en el conjunto de la sociedad de la época, como veníamos comentando. A día de hoy, las interpretaciones más actuales acerca de la idea de la «depresión bajomedieval» están cuestionando intensamente su cronología y sus causas, los efectos de la crisis y abogan por valorar un desarrollo diferencial de las distintas regiones del Occidente medieval durante el período de crisis y salida de la misma entre finales del siglo xiii y el siglo xv, como se deduce de las reflexiones recientemente expuestas para el contexto hispánico por Ana Rodríguez o Ignacio Álvarez Borge, o por David Abulafia, Stephan R. Epstein o Antoni Furió respecto al desarrollo durante esta época en áreas mediterráneas y otras consideradas a menudo como periféricas dentro de la Europa medieval cristiana.5 Es más, para muchos investigadores que se han ocupado de la coyuntura del tránsito entre el siglo xiii y xiv, más que una contracción general económica y demográfica en toda Europa, lo que parece manifestarse es, por un lado, la intensificación de los intercambios comerciales y el consecuente florecimiento de una economía comercial dentro de esas evoluciones diferenciales de distintas áreas regionales europeas. Así, en lo que toca al arco mediterráneo en ese contexto del 1300, podría apuntarse   Abulafia, David, «L’economia mercantile nel Mediterraneo Occidentale: commercio locale e commercio internazionale nell’età di Alfonso il Magnanimo», en G. D’Agostino, G. Buffardi (eds.), xvi Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona: «La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo», Nápoles, Paparo, 2000, pp. 1023-1046; Epstein, Stephan R., Freedom and Growth. The rise of states and markets in Europe, 13001750, Londres, Routledge, 2000; Álvarez Borge, I., «Notas sobre la historiografía reciente acerca de la crisis…»; Furió Diego, Antoni, «La crisis de la Baja Edad Media: una revisión», en A. Furió Diego et al., Las crisis a lo largo de la historia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, pp. 13-45; Rodríguez López, A., «Modelos de diversidad…». 5

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hacia un signo positivo de crecimiento económico en torno al acceso al mercado.6 Incluso, desde un punto de vista extremo, no faltan autores que cuestionan que se pueda hablar de una auténtica crisis sistémica a lo largo de esta época. Cuando menos, desde el punto de vista de una situación de crisis económica, no deja de ser necesario integrar en el análisis de conjunto el papel del mercado y de los intercambios mercantiles y financieros, como bien apuntan Paulino Iradiel, Hilario Casado o David Igual.7 A partir de estas interpretaciones, es preciso, para el caso de Castilla, reconsiderar la profundidad de la crisis demográfica durante el siglo xiv. Más en concreto, de lo que se trataría es de poner en valor el efecto diferencial de los aspectos más negativos de la «crisis» por lo que toca a varias cuestiones. Nos referimos a la organización del poblamiento y el desarrollo de la economía agrícola en distintas áreas regionales de la Corona de Castilla pero también al contraste en el impacto de los elementos de contracción económica en los espacios rurales frente a la situación en otros ámbitos con un entramado urbano más dinámico. Al fin, a las consecuencias de esta coyuntura de «crisis» para los distintos agentes sociales activos integrados en los distintos territorios del reino, ocupando en ellos distintas posiciones de poder en el entramado social y en sus estructuras político-institucionales y económicas. Sin duda, el aumento de la presión exactiva y del afán de control sobre las comunidades locales —en los lugares sujetos a señorío pero también dentro del realengo— fueron un hecho aunque estamos aún lejos de precisar en qué medida estos factores pudieron suponer, de una parte, una degradación de las condiciones de vida de las poblaciones más humildes y, de la otra, la posibilidad real para el enriquecimiento y el ascenso social de otros individuos y grupos más dinámicos o mejor situados para aprovechar las oportunidades en este sentido. Lo que sí parece mucho más claro es que el incremento del control tanto monárquico como señorial de las instancias de poder locales, de sus instituciones y del propio entramado social local a través de los procesos 6   Algunas valiosas aportaciones en este sentido en Bourin, Monique, Menant, François, To Figueras, Lluís (eds.), Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300: échanges, prélèvements et consommations en Méditerranée occidentale, Roma, École Française de Rome, 2014. 7   Casado Alonso, Hilario, «La economía en las Españas medievales (c. 1000-c. 1450)», en F. Comín et al., Historia económica de España. Siglos x-xx, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 13-50; Iradiel Murugarren, P., «La crisis bajomedieval…», pp. 18-31; id., «El comercio en el Mediterráneo catalano-aragonés: espacios y redes», en H. Casado Alonso, A. GarcíaBaquero, Comercio y hombres de negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007, pp. 123-150; Igual Luis, David, «Economía, mercado y comercio en la Península Ibérica (1350-1516)», eHumanista. Journal of Iberian Studies, 10, 2008, pp. 170-200. Disponible en: http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/10 [consulta: 14/07/2016]; Casado Alonso, Hilario, «Crecimiento, redes de comercio y fiscalidad en Castilla a fines de la Edad Media», en J. A. Bonachía Hernando, D. Carvajal de la Vega (eds.), Los negocios del hombre. Comercio y rentas en Castilla. Siglos xv y xvi, Valladolid, Castilla Ediciones, 2012, pp. 17-36.

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que hemos ido señalando —notablemente, los de clienterización señorial— sí afectó a la reducción de la autonomía de estas células locales. En todo caso, esta misma dinámica implicó la reducción de la autarquía de estas comunidades y el estímulo al alza de su integración política, social y económica —de manera claramente jerarquizada, eso sí— en el marco establecido por el conjunto del reino, si lo entendemos en términos de «sistemas de poder». Este aspecto no puede dejarse de lado pues, aun sosteniendo como buenas las hipótesis respecto a la «crisis del siglo xiv» en cuanto a la depauperación de la economía agraria y la quiebra demográfica —con todas las matizaciones que se le apliquen para el ámbito castellano e ibérico, en general, frente a otros del oeste y el centro de Europa—, en lo que sí parecen coincidir las nuevas líneas de trabajo es en que las economías comerciales del Occidente en la Baja Edad Media no dejaron de crecer, estando cada vez más interconectadas las distintas regiones del continente —y sus áreas adyacentes— a través de flujos cada vez más dinámicos de personas, mercancías y dinero. Por todo ello, merece la pena que nos aproximemos a la «crisis bajomedieval» desde perspectivas poliédricas, reconstruyendo y enriqueciendo el significado de esta noción. Por eso, junto a fenómenos y evidencias de penuria y conflicto, parece altamente aconsejable analizar, en paralelo y considerando diferencias regionales y ritmos distintos en el desarrollo de los fenómenos, estos procesos de integración económica —sobre todo por lo que se refiere a la economía de intercambio mercantil y financiero—, pero también de integración territorial, social, política —por no hablar de otros de circulación cultural, religiosa y artística—, buscando las influencias mutuas entre unos y otros en todo el Occidente durante la Baja Edad Media. Dicho todo esto, parece claro lo que, a partir de nuestro trabajo, hemos podido considerar respecto a las elites dentro de la sociedad feudal castellana bajomedieval —desde los grandes señores a los elementos más prominentes de las comunidades locales—, dentro de ese proceso de afirmación del poder social de la aristocracia. Esto es, que dicho proceso tuvo claramente «vencedores y vencidos» o, si se prefiere, que dio lugar a una reorganización de ese segmento social de los grupos dirigentes, con grandes beneficiados, grandes perjudicados y un gran espectro de individuos y grupos que se vieron favorecidos o damnificados en ese balance de jerarquización y clienterización, por un lado, y de reformulación autoritaria de las formas de ejercicio del poder señorial, por el otro. Esto no dejaría de ser casi una obviedad, circunstancia lógica de cualquier dialéctica social en el período histórico que se prefiera, en general, pero resulta interesante observarlo como resultado de esas dinámicas de competencia interseñorial inherentes a las formas de organización social y detentación del poder en el feudalismo, capitalizadas por la aristocracia alrededor de la «casa grande». Venía al caso hacer referencia a esta reorganización de las elites aristocráticas en el período bajomedieval en la medida en que acaso

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resulte más plausible considerar los comportamientos, estructuras, discursos y representaciones de estos sectores sociales no en clave defensiva sino en términos ofensivos. Nos referimos a que, en vista de lo observado para el arco cronológico estudiado, desde finales del siglo xiii a mediados del siglo xv, los elementos que conformarían esa tendencia hacia el incremento e intensificación del dominio social de la aristocracia en la Castilla bajomedieval, más que leerse como una forma de reacción ante una posible amenaza a su posición preponderante en la sociedad feudal del final de la Edad Media, reflejarían una realidad un tanto distinta. Esta sería la de la implementación activa de actitudes competitivas por parte de esos sectores sociales aristocráticos y emergentes, aspirantes a integrarse en esa elite aristocrática. Esas tendencias y actuaciones afirmativamente competitivas se dirigieron hacia una acumulación de recursos y un ejercicio del poder cada vez más intensivos, dentro de una sociedad paulatinamente más y mejor integrada, y lógicamente a expensas de otros agentes sociales e instancias de poder que afrontaron peor dicha presión competitiva. Es decir, que muchos de los contextos conflictivos sucedidos durante la Baja Edad Media responderían a una lógica no tanto de reacción sino de crisis de crecimiento, avivados en el momento en que la competencia social siempre al alza hubo de afrontar situaciones depresivas en los planos demográfico-poblacional o de las economías campesinas. El carácter estructural de la competencia interseñorial dentro de la sociedad feudal y los comportamientos expansivos de las elites aristocráticas sencillamente adquirieron una dimensión más virulenta y conflictiva durante la coyuntura crítica iniciada en Castilla a finales del siglo xiii, al calor de diferentes fenómenos: comienzo de la contracción demográfica y de la economía rural, detención de la expansión militar y colonizadora hacia el sur tras la conquista del reino de Sevilla y la intervención de los benimerines en la península Ibérica, reacciones de distintos elementos sociales contra el proceso de afirmación estatalizadora del poder monárquico manifestadas a partir del reinado de Alfonso X. Las condiciones de competencia fundamentalmente interna dentro del grupo aristocrático, preexistentes a este escenario coyuntural del 1300 y sobre las que se basaba en buena medida su propio predominio social, en un contexto de contracción y reorganización de las formas de ejercicio del poder en el reino, terminaron afectando al conjunto de la sociedad, a sus elementos integrantes y a sus estructuras organizativas en todos los órdenes. Por tanto, esa competencia, a veces muy virulenta entre las elites aristocráticas por incrementar su poder o conservar su posición de fuerza, habría contribuido enormemente a la transformación de la sociedad feudal castellana. Eso sí, sin amenazar ni cuestionar su supervivencia en esos términos de organización feudal. Sin duda, esta competencia y la conflictividad derivada de ella generaron situaciones críticas y de depauperación económica. Es difícil no preguntarse por una relación entre tales fenómenos durante los siglos xiv y xv

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y, por ejemplo, las tensiones políticas casi continuas reconocidas en Castilla desde prácticamente 1350 a 1480, desde las situaciones de rebelión y guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara hasta las protagonizadas por la princesa Isabel y su sobrina Juana tras la muerte de Enrique IV por la sucesión del trono. Sin embargo, igual que no se verifica que la competencia interseñorial fuese una respuesta contra la «crisis» desplegada por la aristocracia, tampoco se constata que, grosso modo, desde finales del siglo xiv, tal competencia ni la conflictividad asociada generaran un freno —al menos insalvable— a la recuperación frente a aquella, en la medida en que desde esos años y a lo largo del siglo xv la evolución demográfica y de las actividades económicas en Castilla denotan un conocido sentido ascendente. Aunque factores como la insuficiencia de las fuentes de ingresos de la aristocracia de la época frente al volumen creciente de los gastos en que incurrían sus miembros y las situaciones de endeudamiento crónico que experimentaban —hemos podido ejemplificar estos aspectos en nuestro estudio— se perfilan como perfectamente reales, estos hechos no parecen poder relacionarse de manera directa con una degradación del dominio social de la aristocracia como clase durante la Baja Edad Media en Castilla. Hemos analizado cómo la búsqueda de fuentes de ingresos iba dirigida primordialmente a alimentar los esfuerzos de reforzamiento del poder ejercido por los señores, ampliando su patrimonio, extendiendo sus redes de afinidad e incrementando su prestigio e influencia social y política. También hemos visto que esa búsqueda por copar recursos materiales y establecer vínculos de interdependencia personal más extensos y firmes era desarrollada por los distintos señores, en buena medida, en competencia frente a otros señores. La cuestión del endeudamiento parece haber sido un problema real para las elites sociales aristocráticas dentro de esa competencia interna, dando lugar a la degradación de la posición económica y sociopolítica de determinadas parentelas frente a otras más poderosas. En cualquier caso, en términos de supervivencia social, parece que estas dificultades podrían haber sido, en muchos casos, moderadamente asumibles a partir de su supeditación a otros señores más encumbrados o a elementos sociales emergentes que, si no formaban parte de la aristocracia como fijosdalgos, aspiraban a su modelo social y a integrarse dentro de aquella. Los pactos matrimoniales, la entrada en dependencia y la integración en las clientelas vasalláticas de los señores más poderosos de su entorno fueron medios usuales para tratar de mantener la reproducción social del poder y la condición social de elite de estos grupos de la aristocracia más debilitados. A lo que nos queremos referir, al fin, es a que los argumentos y evidencias que venimos presentando en este estudio respecto al ejercicio del poder señorial definen bien esa actuación activa y competitiva por parte de los distintos elementos de la aristocracia castellana. El afán por afirmar la posición

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particular de poder social de cada uno de estos grupos de parientes y dependientes integrados en casas señoriales en ese contexto bajomedieval posibilitó que la virulencia de la competencia interseñorial fuese perfilando progresivamente un marcado proceso de jerarquización en el seno de este sector dominante de la sociedad. Es más, ese grado de competencia interseñorial dio lugar a la polarización de una sociedad también cada vez más interconectada e integrada en torno al modelo social jerárquico de superioridad aristocrática y a sus prácticas y valores de patronazgo y servicio, merced y privilegio, don y contradón, sancionados por unos ideales providencialistas y caballerescos, además de por los vinculados a la memoria de los antepasados y a la herencia recibida de ellos. Así pues, podemos ir concluyendo que tanto en las décadas que hemos estudiado aquí como por lo que sabemos para el resto de la cronología bajomedieval en el siglo xv y los inicios del siglo xvi, no hay constancia de que se produjese una amenaza sistémica contra el mantenimiento del dominio social de la aristocracia en Castilla. Muy al contrario, el modelo social feudal y aristocrático se reactualizó y reafirmó, al calor de la conformación de los fundamentos conceptuales y de los aparatos del «Estado monárquico autoritario». Esto fue así puesto que, al tiempo, fueron cristalizando los pilares para el mantenimiento de tal dominio social en los siglos posteriores alrededor de la noción de nobleza, claramente definida en el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna como rango social propio de la condición aristocrática. Fundamentalmente nos referimos a dos elementos que fueron conformándose hasta dotar de contenido diferencial a esa idea de nobleza. Por un lado, el «linaje», como concepto «estructurado estructurante» bajo principios prioritarios de parentesco agnaticio y herencia de primogenitura, para el encuadramiento social de los grupos de parientes dentro del estado diferenciado de la nobleza. Por el otro, el «estado señorial», como categoría realizada a partir de procesos de conceptualización, comunicación y práctica social de similar valor, ligada irremisiblemente a la identidad del «linaje» por lo que se refiere a la apropiación, transmisión y gestión del poder señorial ejercido sobre tierras y comunidades humanas. En la segunda mitad del siglo xiv y los inicios del siglo xv en Castilla, estos conceptos, las ideas, instituciones y prácticas que terminarían conformándolos posteriormente aún se hallaban en una fase embrionaria y no sería adecuado hablar con propiedad ni de «linajes» ni de «estados señoriales». De «linajes», como las estructuras generalizadas de articulación del parentesco aristocrático, porque solo algunas de las casas más importantes habían adoptado estas formas organizativas y de autoconciencia colectiva en esa época. Tampoco de «estados señoriales», ya que la consolidación de circunscripciones territoriales para la organización, gestión y transmisión de los patrimonios señoriales, visible en Castilla a finales del siglo xv y ya bien conformada en el siglo xvi, con anterioridad, apenas se estaba esbozando.

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El estudio del ejercicio del poder señorial por parte de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque y de su casa y afinidad permite sostener estas afirmaciones. Llegados a este punto, con el fin de recapitular, lo cierto es que estas páginas nos han permitido profundizar en las problemáticas que, al inicio de nuestra investigación, nos propusimos. Así, nos hemos esforzado en verificar la intensidad de los procesos de incremento del ejercicio del poder señorial en torno a estructuras de «casa grande» por parte de la aristocracia castellana de la Baja Edad Media. Centrándonos en el tránsito entre los siglos xiv y xv, hemos puesto de manifiesto las estrategias de acumulación de patrimonio y derechos señoriales y la construcción progresiva del poder señorial en términos de jurisdicción, la tendencia a la territorialización cada vez más acusada del poder social ejercido por las parentelas aristocráticas y la capacidad de estas para reforzar su control sobre las comunidades dominadas, aumentar sus fuentes de renta a costa de ellas y de la Hacienda real y, en general, mediatizar los distintos aparatos e instancias de poder existentes en el espacio sujeto a la monarquía castellana. También hemos insistido en la tendencia a la jerarquización interna en el seno de la aristocracia y en el conjunto de la sociedad feudal de la época, vinculada a la intensa competencia interseñorial experimentada dentro de la elite social dominante y al desarrollo de extensas redes clientelares por parte de las principales casas señoriales. Además de todo ello, entendemos que dos cuestiones más han sido subrayadas a lo largo del trabajo. Por un lado, pese a la inestabilidad inherente a este clima de fuerte competencia interna dentro de la clase aristocrática, la relevancia que tuvieron los «parientes del rey» a la hora de protagonizar muchos de estos fenómenos arriba mencionados, en tanto sector más encumbrado dentro de este grupo social, bien definido por su participación en la sangre regia y en los atributos que de ella se podían desprender. Hemos podido verlos como beneficiarios preferentes de la reafirmación del poder ejercido por los señores en el reino pero también sufriendo las consecuencias más cruentas de esa competencia en situaciones de enfrentamiento entre facciones aristocráticas. No es una cuestión baladí, en la medida en que la consideración de la estirpe regia y del papel de los parientes reales como sector diferenciado dentro de la elite de la sociedad del reino puede ofrecer propuestas interpretativas de considerable interés para la comprensión matizada de gran número de aspectos como los ligados al desarrollo del poder monárquico y su formulación, la estratificación del grupo aristocrático, la decantación de las formas de dominación en la sociedad feudal o la alineación de facciones en los distintos conflictos políticos sucedidos en León y Castilla desde, al menos, el final del siglo xii hasta principios del siglo xvi. Por otro lado, el interés del estudio extenso y pormenorizado de las afinidades señoriales. Gran número de cuestiones referidas a la organización interna de la afinidad de Fernando y Leonor y luego las de sus hijos, especial-

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mente la de Juan de Aragón, su volumen cuantitativo, las modalidades de vínculo entre señores y dependientes, los objetos materiales y simbólicos empeñados en esos lazos de interdependencia asimétrica, la posición, influencia y autonomía de los «clientes» dentro de esta red de relaciones o la durabilidad y condiciones de reactualización de esas relaciones, han sido desarrolladas en mayor o menor medida al hilo de los problemas historiográficos aquí abordados. El tratamiento en profundidad de tales aspectos, con todo, sobrepasaba los límites establecidos en este libro y se convierten, así, en un proyecto sobre el que seguir investigando. Esto ayudará a ratificar, desmentir o matizar algunas de las conclusiones alcanzadas en estas páginas en relación a nuestro objeto de estudio. Entendemos que el análisis de esas afinidades señoriales tiene aún mucho que ofrecernos para una comprensión mucho más matizada del desenvolvimiento de unos poderes dentro de la sociedad feudal bajomedieval de la Corona de Castilla que, más allá de su definición conceptual o de su concreción institucional, en todas sus instancias y organizaciones, dependían y se manifestaban fundamentalmente a partir de relaciones interpersonales de dependencia, servicio y patronazgo. Como se puede deducir, aunque tal vez hayamos propuesto algunas respuestas, son más las alternativas para profundizar en las cuestiones abordadas. Incluso la cuestión de la reinterpretación de la «crisis del siglo xiv», a partir de la consideración de la acción de la aristocracia menos en términos reactivos sino sobre todo expansivos, obliga a incidir en el estudio de la evolución de las relaciones sociales de poder alrededor del señorío en Castilla sobre todo entre mediados del siglo xiii y mediados del siglo xiv y toda la época posterior desde las décadas centrales. Si, como creemos, la «crisis» tuvo que ver sobre todo con las tensiones derivadas de la cada vez mayor complejización, dinamización e integración de una sociedad en el Occidente medieval como la de Castilla y si este proceso pasó por el reforzamiento de la jerarquía social interna y de los conceptos y medios para el ejercicio del control social en las relaciones de poder que afectaban al conjunto del sistema, entonces, es preciso hacer un esfuerzo para la comprensión global y continua, en la larga duración, de estos problemas en todas las fases de la secuencia temporal. * * * Por nuestra parte, entendemos que la reflexión sobre la evolución de los procedimientos de enunciación, ejercicio y representación del poder señorial que estuvieron en vigor y se fueron modelando en los espacios de la Corona de Castilla dentro de ese proceso de reafirmación del dominio social de la aristocracia en la sociedad feudal castellana dos siglos y medio después, desde finales del siglo xiii y principios del siglo xiv hasta la última decantación

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de estas categorías de «linaje», «estado señorial» y nobleza, no está ni mucho menos cerrado. Con nuestro esfuerzo creemos haber ofrecido al respecto varias hipótesis y algunas propuestas de análisis para terminar aportando ciertos datos contrastados, unas pocas conclusiones y bastantes más preguntas. Si todo esto contribuye en algo a la discusión sobre los problemas historiográficos que nos han ocupado y anima a continuar la investigación en torno a ellos, los objetivos que nos planteábamos cuando se inició este proyecto estarán más que conseguidos.

Árboles Genealógicos

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Árbol 1. La sangre real de Castilla. La sucesión al

ÁRBOLES GENEALÓGICOS

l trono castellano (1312-1406) (elaboración propia).

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Árbol 2. La sangre real de Castilla. La descendencia de Alfon

ÁRBOLES GENEALÓGICOS

nso XI y Leonor de Guzmán (1330-1480) (elaboración propia).

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Árbol 3. La sangre real de Castilla. La descendenc

ÁRBOLES GENEALÓGICOS

cia de Enrique II (1355-1480) (elaboración propia).

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Árbol 4. La sangre real de Castilla. La descendencia de Fernando «el de

ÁRBOLES GENEALÓGICOS

Antequera» y Leonor de Alburquerque (1380-1530) (elaboración propia).

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Crisis bajomedieval y reacción aristocrática han sido habitualmente asociadas al extraordinario desarrollo del señorío en la Castilla bajomedieval. La unidireccionalidad de este modelo no parece, sin embargo, tan clara. En estas páginas se propone un estudio crítico de las relaciones de dominación señorial capitalizadas por la aristocracia en el seno de la sociedad feudal castellana tardomedieval, entendidas en términos de poder y considerado el señorío como una modalidad de su ejercicio, desde una perspectiva sistémica encuadrada por la comprensión de las nociones de casa, clientela y afinidad señorial. El objeto de estudio elegido para este fin son las propias relaciones de poder señorial desplegadas alrededor de Fernando de Antequera, su esposa, Leonor de Alburquerque, los infantes de Castilla y los reyes de Aragón, y por sus hijos, los infantes de Aragón, entre finales del siglo xiv y mediados del siglo xv. Estas afectaron a decenas de villas y lu-

gares y a multitud de individuos y colectivos de todos los rangos sociales y diferente grado de influencia en instancias de poder monárquicas, eclesiásticas y concejiles a lo largo y ancho de la práctica totalidad del territorio castellano. Así, el análisis de la dinámica señorial poliédrica aquí ejemplificada permite atender, de forma más precisa y global, la reformulación e intensificación del poder de la aristocracia en Castilla durante el final de la Edad Media justo en la época peor conocida de este proceso, la de su inicio y primera conformación, desde finales del siglo xiii hasta las décadas centrales del siglo xv. Asimismo, se matizan igualmente los efectos y las consecuencias de la crisis bajomedieval en la evolución de la sociedad feudal de la época.

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EL PODER SEÑORIAL DE FERNANDO «EL DE ANTEQUERA» Y LOS DE SU CASA SEÑORÍO, REDES CLIENTELARES Y SOCIEDAD FEUDAL EN CASTILLA DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA

ISBN: 978-84-00-10387-3

9 788400 103873

VÍCTOR MUÑOZ GÓMEZ

Víctor Muñoz Gómez

EL PODER SEÑORIAL DE FERNANDO «EL DE ANTEQUERA» Y LOS DE SU CASA

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BIBLIOTECA DE HISTORIA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Víctor Muñoz Gómez es investigador Juan de la Cierva en la Universidad de La Laguna y miembro del grupo de investigación Castilla y el Mar en la Baja Edad Media del Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas en dicha universidad. Se doctoró en la Universidad de Valladolid y ha realizado estancias de investigación en centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y Barcelona, en el Laboratoire de Médiévistique Occidentale de París (Francia), la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y la Universidad de Friburgo (Suiza). Sus líneas de investigación abarcan el estudio de la sociedad feudal y los poderes señoriales en la Castilla bajomedieval, el análisis regional de las «Extremaduras históricas», la historia marítima de la frontera atlántica castellana y la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria. Ha participado en numerosos eventos científicos y publicaciones de monografías, capítulos de libros y artículos en revistas como Anuario de Estudios Medievales, Mélanges de la Casa de Velázquez, e Humanista Journal of Iberian Studies o En la España medieval. Ha coordinado, además, varios volúmenes colectivos en España y distintos países de Europa y América. Su trayectoria académica ha sido reconocida con distintos premios, como el X Premio de Historia Ateneo de Sevilla por su obra sobre Fernando el de Antequera y Leonor de Alburquerque.

Ilustración de cubierta: escudo de armas del infante Fernando «el de Antequera». Detalle en el primer alicer de la armadura de la iglesia de San Miguel (Villalón de Campos, Valladolid) (cortesía de Rosa Ana Andrés Crespo, Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Villalón de Campos).

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