SOLUCIONARIO BANCO DE PREGUNTAS JNJ TOMO II [1ERA EDICIÓN] 9786124321917

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TOMO

José A. Silva Vallejo

SOLUCIONADO DESARROLLADO DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES TODOS LOS EXÁMENES ESCRITOS TOMADOS POR LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA EL AÑO 2022

EDICIÓN 2023

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Presentación:

José A. Silva Vallejo

SOLUCIONARIO DESARROLLADO DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES TODOS LOS EXÁMENES ESCRITOS TOMADOS POR LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA EL AÑO 2022

TOMO 2

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INSTITUTO

SOLUCIONARIA) DESARROLLADO DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES Tomo 2 © EDITORA Y DISTRIBUIDORA EDICIONES LEGALES E.I.R.L. © GRUPO EDITORIAL JURIDICA LEGALES PERU E.I.R.L.

© INSTITUTO LEGALES Edición: 2023 Tiraje: 500 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2022-12520 Registro ISBN: 978-612-4321-91-7 Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo foto­ copia, sin previa autorización escrita del autor y el editor. Diseño de portada: Denilson Barrueta Bravo Diagramación de interiores: Delia L. Morales Fernández

Impreso por: Servicios Gráficos Legales E.I.R.L.

VENTAS: Lima: Jr. Azángaro 1075, of. 604, Lima Telf.: (511) 427-2076 / 426-2406 [email protected]

Índice General

CONVOCATORIA 008-2021-SN/JNJ (Concurso público para lá selección y nombramiento de fiscales adjuntos provinciales - Acceso abierto)

PRUEBA D................................................................................................ Fiscal Adjunto Provincial Penal

9

PRUEBA E................................................................................................. Fiscal Adjunto Provincial Penal (Corporativo)

59

PRUEBA F................................................................................................. Fiscal Adjunto Provincial Penal (Especializado en Extinción de Dominio) PRUEBA G................................................................................................ Fiscal Adjunto Provincial Penal (Corporativo - Especializado en Delitos de Lesiones y Agresiones contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar) PRUEBA H.......................................... Fiscal Adjunto Provincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios

83

PRUEBA L................................................................................................. Fiscal Adjunto Provincial Mixto

127

153

181 201

223

CONVOCATORIA 009-2021-SN/JNJ (Concurso público para la selección y nombramiento de jueces/juezas superiores y jueces/juezas especializados y mixtos - Acceso abierto)

PRUEBA A................................................................................................ Juez Superior

245

5

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PRUEBA I.................................................................................................. Fiscal Adjunto Provincial Especializado en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual PRUEBA J.......................... Fiscal Adjunto Provincial de Prevención del Delito PRUEBA K................................................................................................. Fiscal Adjunto Provincial de Familia

105

ÍNDICE GENERAL

PRUEBA B ................................................................................................ Juez Especializado Penal

307

PRUEBA C ................................................................................................ Juez Especializado Penal (Unipersonal) PRUEBA D................................................................................................ Juez Especializado Penal (Investigación Preparatoria) PRUEBA E................................................................................................. Juez de Trabajo PRUEBA F ............................................................................................ Juez Especializado Civil PRUEBA G............................. Juez de Familia (Subespecialidad en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar) PRUEBA H....................................................... Juez Mixto

365 401

423

455

483

515

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CONVOCATORIA N° 010-2021-SN/JNJ (Concurso público para la selección y nombramiento de fiscales superiores, fiscal adjunto superior y fiscales provinciales - Acceso abierto)

PRUEBA I.................................................................................................. Fiscal Superior Penal

543

PRUEBA J.................................................................................................. Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcio­ narios PRUEBA K................................................................................................. Fiscal Superior de Familia PRUEBA L................................................................................................. Fiscal Provincial Penal

579

609 635

PRUEBA M......................................................... Fiscal Provincial Penal (Corporativo)

667

PRUEBAN................................................................................................ Fiscal Provincial de Prevención del Delito

695

PRUEBA O................................................................................................ Fiscal Provincial de Familia

721

PRUEBA P................................................................................................. Fiscal Adjunto Superior Mixto

759

PRUEBA Q................................................................................................ Fiscal Provincial Mixto

783

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CONVOCATORIA 008-2021-SN/JNJ (Concurso público para la selección y nombramiento de fiscales adjuntos provinciales - Acceso abierto)

PRUEBA D

FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL En circunstancias que Jorge Gutiérrez Torres conducía su vehículo por inmediaciones de la cuadra 05 de la Av. Abancay - Cercado de Lima, sufre un desperfecto en el sistema de dirección, por lo que lo que co­ mienza al perder el control del auto. No obstante, como se encuentra apurado continúa su marcha y cuando pretende doblar hacia el Jirón Miroquesada, se despista y atropella a Carlos Quiroz Barba a quien deja gravemente herido, pero las personas que estaban por la zona le pres­ tan auxilio y lo llevan al Hospital Dos de Mayo. Jorge, nervioso por lo sucedido y sabiendo que es un personaje público, se aleja del lugar del accidente, pero al cabo de 15 minutos regresa al lugar del accidente y pone a derecho ante la autoridad policial que se encontraba en la zona realizando el ITP, por lo que es llevado a la Comisaria de San Andrés.

1. En relación al caso narrado, se puede decir que Jorge Gutiérrez ha incurrido en delito de: a. b. c. d.

Omisión de Socorro. Lesiones Graves. Lesiones Culposas Agravadas. Fuga del lugar del accidente de tránsito.

Respuesta: c

VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ 2. En relación al delito de Omisión de Socorro, es correcto decir que Jorge Gutiérrez:

Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 9 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ 9

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a. Incurrió en este delito porque no socorrió al herido. b. No incurrió en este delito, porque si bien hirió Carlos Quiroz y se retiró del lugar del accidente, otras personas lo auxiliaron inmediatamente. c. No cometió este delito porque volvió al lugar del accidente d. Ninguna de las anteriores.

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Frida Guzmán Valderrama, se presentó a un concurso público para cubrir la vacante de secretaria de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es el caso, que en su ficha de inscripción le hicieron firmar una declaración jurada de veracidad, respecto a que lo declarado y los documentos que adjunto como anexos (requisitos para acceder al puesto) eran verdaderos. Frida gana el concurso, y a los 30 días de estar laborando en la cita­ da entidad, se hace la fiscalización posterior de los documentos que presentó, descubriéndose que el título en original de secretaria del Instituto Superior SESATEL que había presentado, firmado supuesta­ mente por el director de SESATEL era falso, ya que esta entidad había informado que Frida Guzmán jamás había estudiado en dicha casa de estudios y que el formato de título no correspondía al que ellos entregan a sus egresados.

3. En relación al caso propuesto, es correcto afirmar:

a. Se ha dado un caso típico del delito de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo. b. Se ha dado un caso típico del delito de Uso de Documento Pri­ vado Falso. c. Se ha dado un caso típico de concurrencia ideal de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso. d. Se ha dado un caso típico de concurrencia real de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y uso de Documento Privado Falso. Respuesta: b

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VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ El día cuatro de junio del año dos mil trece, miembros de la Policía Nacional intervinieron a Abel en circunstancias que transitaba por la Avenida Canta Callao y Elmer Faucett, siendo sorprendido en pose­ sión de un extintor de nueve kilos marca “Leocal”, de polvo semi seco, con la inscripción en la parte superior WQ-2404, placa del vehículo al que pertenecía; durante la investigación policial se presentó el con­ ductor del camión de la Empresa de Transportes y Servicios León Gar­ litos S.A.C. de placa de rodaje WQ-2404, Carlos Sixto Ybáñez Cottos, quien denunció que momentos antes habían abordado su vehículo 2 sujetos, aprovechando que estaba estacionado debido a la luz roja del semáforo; uno de ellos subió por el lado del piloto, mientras que 10

PRUEBA D

el otro sujeto que resultó ser el acusado Abel Jacob Loayza Calcina, subió por el lado del copiloto; procediendo ambos a solicitarle dinero, sin embargo como dicho agraviado se negó, fue amenazado para que les entregue sus pertenencias, y al no hacerlo, Abel procedió a apoderarse del extintor del vehículo que se encontraba en la cabina de dicho vehículo, dándose ambos a la fuga.

4. En el delito cometido por Abel, el otro sujeto que se dio a la fuga, tiene la condición de: a. b. c. d.

Autor Coautor Cómplice primario Cómplice secundario

Respuesta: b

Debido a lo cual no cabe más que concluir que los protagonistas res­ pondieron a roles específicos expresados en la realización de un plan común correspondiéndoles a todos el dominio funcional de los hechos; que, siendo así, todos deben responder a título de coautores, pues en su comportamiento medió (i) una decisión común orientada al logro exitoso del resultado, (ii) un aporte esencial realizado por cada agente, así como (iii) tomaron parte en la fase de ejecución desplegando un do­ minio parcial del acontecer, por lo que lo sucedido en su perpetración, respecto de la conducta de uno de los coautores, le es imputable a todos. (RN 170-2010, Amazonas) 5. ¿Cómo se produce la derogación de una ley?

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a. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera ex­ presa o tácita, en este último caso por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de la antigua ley está íntegramente regulada por la nueva ley. b. Una ley puede ser derogada por otra ley o por mandato judi­ cial, siempre de manera expresa. c. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera ex­ presa o tácita, en este último caso se tiene en cuenta el criterio jurisdiccional de los jueces al momento de aplicar la nueva ley. d. Una ley sólo se deroga por otra ley y, de manera excepcional, por mandato judicial cuando la materia responda a derechos fundamentales.

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Respuesta: a

VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ 6. En relación a la restricción del control judicial de constitucionalidad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta:

a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, poste­ riormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constitucionalidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos. b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del con­ trol de constitucionalidad de la misma. c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último ad­ vierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional. d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley -previamente declarada válida por el TC- producto de la modi­ ficación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad. Respuesta: c

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VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 7. Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamenta­ ria (vgr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha señalado formas distintas de solución. Sobre el particular indique la respuesta correcta:

a. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma re­ glamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial. b. En ningún caso los órganos de la administración pública pue­ den resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias. 12

PRUEBA D

c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nu­ lidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución. d. La potestad de realizar un control abstracto de normas regla­ mentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.

Respuesta: c La antinomia normativa (o colisión o contradicción entre normas ju­ rídicas) se advierte cuando dentro de un mismo sistema jurídico “se imputan consecuencias incompatibles a las mismas condiciones fácticas...”, vale decir, cuando un mismo presupuesto de hecho soporta orientaciones incompatibles que no pueden lograrse simultáneamente. Por ejemplo “una norma prohíbe lo que otra manda, o permite no hacer lo que otra ordena, etc.” Como explica el maestro Luis PRIETO SANCHÍS, la cuestión es que los destinatarios de las normas jurídicas incompatibles no pueden cumplir a la vez las respectivas prescripciones de aquellas, pues fácticamente les resultaría imposible. Así, si se cumple la obligación impuesta por una norma, se estaría vulnerando la prohibición señalada en la norma con­ trapuesta; o, si se ejerce un derecho establecido en otra norma, se incu­ rriría en un ilícito tipificado por la norma que le es antinómica. 8. El artículo 118° de la constitución política del Perú, establece taxa­ tivamente las atribuciones del Presidente de la República. Señale cuál de las siguientes alternativas no contiene una de dichas atri­ buciones

Dirigir la política general del Gobierno. Administrar la hacienda pública. Regular las tarifas arancelarias. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

Respuesta: d

El presidente de la República del Perú es el jefe de gobierno y de Estado, y como tal personifica a la nación peruana, es el jefe del poder ejecutivo y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. Su cargo corresponde a la más alta magistratura del país y al funcionario público 13

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a. b. c. d.

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de mayor jerarquía. El actual Presidente Constitucional de la República, desde el 28 de julio de 2021, es Pedro Castillo Terrones, quien asumió el cargo tras ganar las elecciones generales de 2021. El presidente ejerce sus funciones desde la Casa de Gobierno (mención con la que se datan los documentos oficiales), ubicada en el centro his­ tórico de Lima. La presidencia del Perú es ejercida por un período de 5 años sin posibilidad de reelección inmediata. Sin embargo, luego de un período constitucional al término de su mandato, puede volver a pos­ tular. El cambio de mando se lleva a cabo en el Palacio Legislativo ante el pleno del Congreso de la República ordinariamente cada cinco años el 28 de julio, salvo se suscite circunstancias excepcionales, tales como vacancia presidencial. Le corresponde, como mandato genérico, dirigir la política general del gobierno y la administración del Estado. Si bien su papel, título y sig­ nificación han experimentado cambios a lo largo de la historia, al igual que su posición y relaciones con los demás actores de la organización política nacional, ha sido y es la figura más destacada de la vida política del país. La Constitución Política del Perú vigente, promulgada en 1993, establece los requisitos, los derechos y las obligaciones que debe cumplir el presidente de la República. Como funcionario público recibe un suel­ do mensual de S/15.500.12 Recibe el tratamiento protocolar de Excelentísimo Señor, acompañado de su grado académico y nombre: Excelentísimo Señor Presidente Cons­ titucional de la República, (seguido del nombre del titular). Del mismo modo, recibe los demás tratamientos y honores que le corresponden se­ gún el Decreto Supremo 096-2005-RE sobre Ceremonial de Protocolo del Estado y Regional. El presidente de la República, además de jefe de Estado, es el jefe de Gobierno nacional. Sus funciones están explícitas en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. J Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y de­ más disposiciones legales. J Representar al Estado, dentro y fuera de la República. S Dirigir la política general del Gobierno. J Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. V Convocar a elecciones para presidente de la República y para repre­ sentantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. V Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria. 14

PRUEBA D

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Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición deta­ llada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desna­ turalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aproba­ ción del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso. Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cón­ sules el ejercicio de sus funciones. Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y dis­ poner el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado. Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso. Administrar la hacienda pública. Negociar los empréstitos. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requie­ re el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Con­ greso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Regular las tarifas arancelarias. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instruc­ ción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Conferir condecoraciones en nombre de la Nación. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Conceder la extradición, con aprobación del Consejo de Ministros, previo informe de la Corte Suprema de Justicia de la República. Presidir el Foro del Acuerdo Nacional, pudiendo delegar tal función en el presidente del Consejo de Ministros.

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V Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refren­ dación ministerial. Corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesio­ nes. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del presidente del Consejo. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que re­ nuncien inmediatamente. 9. Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:

a. Guardar en todo momento conducta intachable. b. Ser mayor de cuarenta y cinco años. c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante quince años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante veinte años. d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos. Respuesta: b

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VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ El día 15 de enero del año X, A vende una casa a B, quien por el importe del precio acepta una letra de cambio, con vencimiento al 15 de febrero del mismo año X.

10.SI la letra de cambio se protesta por falta de pago, marque la res­ puesta correcta. a. b. c. d. 16

A no puede valerse de la acción causal para el cobro de su crédito. A solamente puede cobrar la letra de cambio. A solamente puede valerse de la acción causal. A puede optar por cobrar la letra o por cobrar el precio de venta.

PRUEBA D

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0072021-SN/JNJ 11.Si A demanda judicialmente el pago de la letra protestada, mar­ que la respuesta correcta.

a. b. c. d.

La obligación causal queda en suspenso. A puede optar por cobrar el precio. A pierde el derecho a la acción causal. A puede valerse simultáneamente de la acción cambiaria y de la acción causal.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0072021-SN/JNJ

12 . Respecto a la reserva y secreto de la investigación, es correcto afirmar que: a. El fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor a 20 días, prorrogables por 20 días más. b. En caso el proceso sea declarado complejo se pierde el carácter reservado. c. Por Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es posible que cualquier persona solicite copias de las actuaciones de investigación. d. Ninguna es correcta. Respuesta: a

13 . En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra orga­ nizaciones delictivas, el fiscal por propia iniciativa o a pedido de la policía, sin conocimiento del afectado, puede ordenar:

a. Efectuar el allanamiento sin necesidad de orden judicial. b. Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes respecto al lugar de residencia del investigado 17

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VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

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c. Requerir la identificación de cualquier persona para realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública. d. Retener por cuatro horas a las personas a efectos de realizar pesquisas. Respuesta: a

VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

En el EXP N° 4630-2013-PHC/TC, así como en reitera jurisprudencia del Tribunal Constitucional (EXP. N.° 05696-2009-PHC/TC, EXP. N.° 6142-2006-PHC/TC, EXP. N.°05423-2008-HC/TC y otros), en relación a la flagrancia se ha señalado que: “3.3.3. - El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada jurispruden­ cia, que la flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmedia­ tez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo.” 14 .En este marco constitucional de la flagrancia, el Código Procesal Penal, reconoce los siguientes tipos de flagrancia:

a. La flagrancia estricta, flagrancia temporal y flagrancia personal. b. La flagrancia temporal, presunción de flagrancia y flagrancia personal. c. La flagrancia estricta, cuasiflagrancia y flagrancia presunta. d. La flagrancia temporal, flagrancia personal y cuasiflagrancia.

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Respuesta: c

VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 15 .Ante el pedido del Ministerio Público de incoar el proceso inme­ diato, el Juez de la Investigación Preparatoria, puede:

a. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe conti­ nuar con las demás diligencias para su teoría del caso. b. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe formu­ lar acusación. 18

PRUEBA D

c. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. d. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe continuar con las diligencias preliminares. Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

16. En el contexto de disputas vecinales surgidas por la asignación de estacionamientos vehiculares a los residentes del barrio, Luisa de­ nuncia por lesiones leves a su vecino Juan, fiscal provincial penal de Lima. La denunciante señaló que durante un reciente altercado Juan la lesionó propinándole dos puñetes en el rostro, circunstan­ cia que quedó acreditada con el reconocimiento médico legal a la que fue sometida y la declaración de tres testigos, residentes, como la víctima y el agresor, de la misma vecindad. Según las pautas del CPP de 2004. ¿Qué opciones tiene el fiscal competente para evitar el ejercicio de la acción penal contra Juan?

Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 17.En el preciso instante en que María se encontraba caminando sola en la calle, Luis, le arrebata su celular, luego de forcejear con la víctima la arroja al suelo, consigue el celular y huye, siendo que 19

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a. Ninguna, porque cuando Juan lesionó a su vecina ostentaba cargo de funcionario público. b. Tiene la posibilidad de aplicar un acuerdo reparatorio si el caso encuadra en las previsiones materiales del artículo 122 del Có­ digo Penal, es decir se trata de lesiones leves, pues figura entre los ilícitos que pueden ser materia de acuerdo reparatorio se­ gún el artículo 2 del CPP 2004. c. Ninguna, porque se trata de un delito doloso no culposo que el artículo 2 del CPP 2004 no contempla. d. Puede evitar el ejercicio de la acción penal invocando razones de oportunidad diferentes al acuerdo reparatorio porque las le­ siones menos graves o leves no habilitan la aplicación de esta figura debido al daño infligido a una mujer, según establece el artículo 122 del CP.

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María empieza a pedir auxilio inmediatamente. ¿Es posible que los vecinos de María detengan a Luis?

a. Sí, siempre y cuando el delito cometido por Luis sea grave, es decir se trate de un ilícito penado con privación de libertad su­ perior a seis años. b. No, porque el acto cometido por Luis es hurto agravado y no robo. c. Sí, porque el Código Procesal Penal reconoce la facultad de los ciudadanos de detener a quien se encuentre en delito flagran­ te, circunstancia que comprende huir inmediatamente luego de cometerlo. d. Sí, siempre que la acción sea conjunta con la policía, esto es, que en la captura también intervengan elementos policiales. Respuesta: c

VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 18 .¿Quién autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú a que se inserten como agentes encubiertos, y por cuánto tiempo podrán actuar bajo identidad supuesta?

a. El juez de la investigación preparatoria, 12 meses. b. El fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Crimen Orga­ nizado, 9 meses. c. El fiscal superior, 4 meses. d. El fiscal provincial, 6 meses.

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Respuesta: d

VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 19 . Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son:

a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. c. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. 20

PRUEBA D

d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor. Respuesta: a

VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

20 .El sujeto activo en la comisión del delito de feminicidio regulado en el artículo 108-B del Código Penal es: a. b. c. d.

Cualquier persona. Cualquier persona en quien se acredite un ánimo misógino. Cualquier persona que se considere del género masculino. Cualquier persona adulta de sexo masculino.

Respuesta: d

VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

21.Según la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema de Justicia ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito del femi­ nicidio? a. b. c. d.

Estabilidad de la población femenina. Dignidad de la mujer. Derecho a la vida. Todas son correctas.

Respuesta: c

VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

a. La muerte puede producirse también por omisión impropia (comisión por omisión). b. Es un delito permanente. c. No es un delito de tendencia interna trascendente. d. No permite la coautoría. Respuesta: a

VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 21

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22 .Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que:

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23 .¿Qué es la prevención del delito? a. Es tomar medidas y realizar acciones para evitar conductas o comportamientos que pueden dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un ilícito penal. b. Son acciones u omisiones que adopta un Estado, cuyo objeto es proteger a los miembros de la comunidad. c. Es el conjunto de estrategias propias de un Estado social y democrático de derecho, orientadas a preservar la seguridad pública y el medio ambiente. d. Son todas aquellas acciones que por sus características están orientadas a lograr el bienestar y la salud de la colectividad. Respuesta: a

VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 24 .¿Cuál de las siguientes atribuciones no corresponde al fiscal pro­ vincial de prevención del delito?

a. Promover reuniones de coordinación con instituciones públicas o entidades privadas en el ámbito territorial de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la labor preventiva. b. Proponer políticas públicas destinadas a la reducción de la cri­ minalidad y de sus consecuencias en la jurisdicción a su cargo. c. Sensibilizar a la sociedad mediante alertas informativas preven­ tivas respectivas a las nuevas modalidades de la criminalidad. d. Requerir la participación del fiscal competente de acuerdo a la naturaleza de la acción preventiva a llevarse a cabo.

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Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORTA 0062021-SN/JNJ 25 .EI fiscal durante el procedimiento preventivo podrá, marque la respuesta incorrecta:

a. Realizar operativos de prevención del delito. b. Solicitar informes a instituciones públicas o entidades privadas. c. Disponer el cumplimiento de una actuación a la Policía Nacio­ nal o instituciones públicas o entidades privadas. 22

PRUEBA D

d. Asumir competencia en materia penal si advirtiera la existencia de indicios de delito.

Respuesta: d

VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

Aquiles, Fiscal peruano, ha tomado conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la extorsión, y preliminarmente sólo se ha logrado identificar a uno de sus integrantes apodado “El Gringo”, el cual el Fiscal, según la estrategia que ha diseñado, conside­ ra que lo llevará a los demás integrantes, así como al líder; por lo que... 26 .Marque la respuesta correcta: a. Solicita autorización judicial para acciones de seguimiento y vi­ gilancia para el sujeto "El Gringo", sin el conocimiento de éste. b. Solicita autorización judicial para acciones de seguimiento y vigilancia únicamente para terceras personas que guarden co­ nexión con las actividades delictivas del sujeto "El Gringo". c. Dispone de oficio y sin conocimiento del investigado acciones de seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional del Perú. d. Dispone las acciones de seguimiento y vigilancia del investiga­ do únicamente a instancia de la autoridad policial.

Respuesta: c

VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

27.Sobre ello, marque la respuesta correcta:

a. El Juez de Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal debe­ rá adecuar el plazo de prolongación de prisión preventiva para los procesos de criminalidad organizada hasta 36 meses. 23

LEGALES EDICIONES

La Fiscalía se ha encontrado investigando un caso de tráfico de te­ rrenos que por la cantidad de los involucrados así como por las nu­ merosas actuaciones que tiene que realizar lo ha declarado comple­ jo habiendo solicitado la prisión preventiva para los procesados, la cual le fue concedida por el plazo de 18 meses, a cuyo vencimiento, teniendo en cuenta que se dan los presupuestos ha solicitado la pro­ longación por el mismo tiempo; al cuarto mes de la prolongación de prisión preventiva recoge elementos que dan cuenta que se trata de una organización criminal.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. El Juez de Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal, ex­ cepcionalmente podrá adecuar el plazo de la prolongación de prisión preventiva para los procesos de criminalidad organiza­ da hasta 36 meses. c. Según el Acuerdo Plenario Extraordinario No. 01-2017 la pro­ longación de prisión preventiva tendrá un tope de 12 meses incluido los cuatro meses que ya se habían ejecutado. d. Según el Acuerdo Plenario Extraordinario No. 01-2017 si el caso se encontrare en prisión preventiva, se podrá adecuar la misma hasta los 36 meses que es el tope que señala la ley para los pro­ cesos de criminalidad organizada.

Respuesta: c

VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 28.Sobre las operaciones encubiertas, marque la respuesta correcta: a. Son un procedimiento especial de investigación de carácter re­ servado. b. Son autorizadas por el Juez en la etapa de diligencias prelimina­ res. c. Son autorizadas por el Fiscal para la creación o modificación de una persona jurídica a efecto de que participe en el tráfico jurídico con seguridad jurídica. d. Son autorizadas por el Fiscal para la creación ficticia de perso­ nas jurídicas que ingresarán al tráfico jurídico, no requiriendo la confirmatoria de lo actuado.

Respuesta: c LEGALES EDICIONES

Básicamente, una operación encubierta es aquella que irá a ser conocida por el mundo o por el enemigo, pero la responsabilidad no será rastrea­ da ni menos probada. En otras palabras, agencias como la CIA tienen permitido cometer ac­ tos terroristas contra enemigos de Estados Unidos o para defender a sus aliados de tal forma que resulte imposible detectar quién estuvo de­ trás. El objetivo final es cometer crímenes sin que el gobierno pueda ser juzgado responsable. El detalle exacto de cómo funciona el sistema se puede encontrar en la Wikipedia en inglés, o bien en el NSC 5412/2 desclasificado en 1977. 24

PRUEBA D

«Encubierta» es confundida a menudo entre los militares o civiles con «sigilosa». El sigilo y el secreto son una de las características más deseadas de las planificaciones militares y para aproximarse a sus blancos. Provee el elemento sorpresa y reduce la resistencia. Pero el sigilo no es encubri­ miento, y el encubrimiento no es sigilo. Una de los tipos de operaciones encubiertas, son las llamadas Operaciones Negras o «Black Ops».

El presidente regional P se encuentra prófugo debido a que se le acu­ sa de haber cometido el delito de colusión agravada en la compra de las casas prefabricadas para las víctimas del terremoto de Pisco. Este se habría coludido con el representante de la empresa M, un amigo de su infancia, para sobrevalorar el precio de dichas infraestructu­ ras móviles, de S/. 5,000.00 a S/. 15,000.00. Según la pericia contable practicada existió perjuicio económico

29.Sobre el comportamiento del representante de la empresa M, in­ dique la alternativa correcta: a. b. c. d.

Responde como autor del delito de colusión. Responde como cómplice del delito de colusión. Su comportamiento es atípico. Responde como autor mediato.

Respuesta: b

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LEGALES EDICIONES

El delito de colusión es el delito por excelencia en contratos u operacio­ nes con el Estado; se configura cuando el funcionario o servidor público en razón de su cargo se concierta con un tercero interesado para de­ fraudar o defraudare patrimonialmente al Estado en contratos u opera­ ciones estatales. El elemento nuclear de este delito es la concertación, la misma que tiene dos componentes: Debe ser ejecutada por el encuentro de dos voluntades: funcionario pú­ blico (intraneus) conjuntamente con el tercero interesado (extraneus). El objeto de la concertación será defraudar al Estado. Asimismo, en la colusión deben concurrir dos elementos más: el pri­ mero, el nexo o vínculo funcionarial, pues, para que el funcionario pú­ blico pueda responder como autor de este delito, debe tener competen­ cia específica en la contratación estatal, en cualquiera de sus etapas; y el segundo, la competencia en esta contratación pública, la cual puede ser directa o indirecta (a través de delegación parcial de funciones, o por intermedio de otros funcionarios). Los problemas jurisprudenciales se han suscitado precisamente a partir de la interpretación de la Corte

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LEGALES EDICIONES

Suprema de estos elementos al momento de resolver procesos que han llegado a esa instancia. Un primer problema se genera del análisis de la Casación N° 661-2016Piura, del Recurso de Nulidad N° 1969-2012-La Libertad y del Recurso de Nulidad N° 1126-2017-Áncash. En estas ejecutorias de la Corte Su­ prema no existe una postura clara para determinar qué se entiende por defraudación en el delito de colusión simple, pues podría entenderse solo como un acto que viola la transparencia, neutralidad, imparciali­ dad o lealtad del funcionario, o podría entenderse que defraudar im­ plica más que eso, es decir, que, además, deberá ponerse en peligro el patrimonio estatal; así, según la interpretación que se siga, algunos actos serán típicos y otros no, punibles o impunes. Un segundo problema lo encontramos en la Casación N° 661-2016-Piura, donde se absuelve a los funcionarios procesados porque, aun cuando no se les pudo responsabilizar como autores del delito de colusión, dado que no tenían competencia en razón de su cargo, se señala que tampo­ co pueden responder como cómplices, porque en el referido delito solo puede tener dicha calidad “aquel que designe el propio tipo penal”, es decir, con esta casación se acaba la complicidad en el delito de colusión (fundamento jurídico 21). Un tercer problema se encuentra en el Recurso de Nulidad N° 1126-2017-Áncash, donde se declara no haber nulidad en la condena de un gerente municipal en razón de la selección de una postora para la ela­ boración de perfiles y expedientes técnicos de un proyecto, aun cuando el tipo penal de colusión de aquella época solo sancionaba al funciona­ rio público que intervenía directamente por razón de su cargo, siendo la base de esta ejecutoria suprema: “las funciones delegadas propias del alcalde, por lo que tenía que decidir en la contratación” (fundamento jurídico 3.5). Finalmente, un cuarto problema se suscita en el Recurso de Nulidad N° 1015-2009-Puno, donde se declara haber nulidad en la condena del gerente y del administrador de una entidad, reformando su título de imputación de autores a instigadores, porque estos presionaron a los miembros del comité especial de adjudicación para que le den la buena pro a una empresa, con el que los miembros del comité no se habrían concertado; sin embargo, la Corte Suprema alega que dichos miembros del comité son responsables porque, a pesar de la presión, no habrían “perdido su capacidad de decisión sobre la ejecución del favorecimiento fraudulento a la empresa Wensa” (fundamento jurí­ dico 5). 26

PRUEBA D

30 .Es correcto afirmar que el delito de colusión es un delito...: a. b. c. d.

De participación necesaria. Común. Unilateral. Continuado.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 30 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

31 .¿Cuál es la relación de la Corte Interamericana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a la función jurisdiccional? a. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órga­ no auxiliar de la Corte. b. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparece como observador ante la Corte. c. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparece como órgano consultivo ante la Corte. d. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparece como parte ante la Corte.

Respuesta: d

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LEGALES EDICIONES

Primero debemos tener en cuenta que hacia el año 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José de Costa Rica, que entró en vigor en 1978. Este docu­ mento regula el funcionamiento de estos dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Washington, DC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Costa Rica), ambos con el objeto de promover la defensa de los Derechos Humanos a nivel del sistema interamericano, pero a través de distintos caminos y con atribuciones muy diferentes. La Comisión es un órgano no jurisdiccional, de manera que sus reso­ luciones, al carecer de obligatoriedad, necesitan de la voluntad política de los estados para implementarse y alcanzar sus objetivos. La Corte, en cambio, como su nombre lo indica, es un órgano jurisdiccional au­ tónomo, un Tribunal que fundamentalmente ejerce funciones jurisdic­ cionales, de manera que sus decisiones en el campo contencioso son obligatorias.

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El motivo de la confusión radica en que la Comisión ejerce algunas ac­ tividades que nos hacen pensar en un órgano decisor como la Corte. Por ejemplo, cuando recibe denuncias, las tramita, las investiga y emite «resoluciones» (de carácter no vinculante). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Comisión realiza estas actividades «cuasi jurisdicciona­ les», vamos a decirlo así, con el objeto de llevar esos casos ante la Corte Interamericana, que será el órgano encargado de resolverlos. Para ser gráficos podemos decir que entre la Comisión y la Corte hay la misma relación que hay entre el fiscal y el juez; si el primero acusa, el segundo juzga. Mientras la Comisión recibe, analiza e investiga peticiones individuales donde se alegan violaciones de derechos humanos (tanto respecto de Estados miembros de la OEA que han ratificado o se han adherido a la Convención Americana, como de aquellos Estados que aún no la han ra­ tificado), la Corte juzga los casos que la Comisión le trae (como cuando el fiscal recibe la denuncia de una persona y luego de una investigación formula acusación ante el juez). Cabe apuntar que sólo los Estados parte (en casos de conflictos interes­ tatales) y la Comisión Interamericana tienen derecho a someter un caso a la jurisdicción de la Corte, cuyos fallos son definitivos e inapelables. Los individuos no pueden presentar peticiones de manera directa ante la Corte (como sucede en los delitos de acción pública, que solo el fiscal puede acusar). Cuando la Corte conoce un caso y determina que se violó un derecho reconocido en la Convención u otro tratado, dispone en su sentencia que se garantice el derecho conculcado y se repare las consecuencias de las medidas lesivas y se pague una justa indemnización a las víctimas. La Comisión, a diferencia de la Corte, como estamos viendo, cumple el papel de auxiliar de justicia, más que de órgano decisor. Así, cumple la noble labor de estimular la conciencia de los derechos humanos entre los países de América, solicita a los Estados miembros de la Convención informes sobre la marcha del desarrollo de los derechos humanos en la jurisdicción interna de cada Estado, para luego remitir sus conclusiones en un Informe Anual a la Asamblea General de la OEA y hacer las re­ comendaciones del caso. En pocas palabras, mientras la Comisión esen­ cialmente recomienda o exhorta, la Corte manda, ordena. Otra función no menos relevante que le toca a la Comisión es consultar a la Corte sobre cómo debe interpretarse los dispositivos de la Conven­ ción o de otros tratados sobre la protección de los Derechos Humanos en los Estados miembros. 28

PRUEBA D

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Otra diferencia más: si bien las personas, grupos o instituciones que no son Estados no tienen están facultados para presentar casos ante la Cor­ te Interamericana, sí pueden recurrir a la Comisión. Hechas estas aclaraciones, a continuación compartimos con ustedes dos notas contenidas en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, en el que se detallan más las diferencias entre estas ins­ tituciones. La primera redactada por J. Jesús Orozco Henríquez (comi­ sionado de la CIDH para el periodo 2010-2013), y la segunda elaborada por el flamante presidente de la Corte IDH Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Ameri­ canos (OEA), cuyo mandato es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 106 de la Carta de la OEA y 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La organización, estructura y funcionamiento actual de la Comisión Interamericana se rigen por el Estatuto de la CIDH, aprobado por la Asamblea General de la OEA a propuesta de la propia Comisión, y el Reglamento de la CIDH que, con base en aquél, ella misma expide. El 10. de agosto de 2013 entró en vigor una nueva e importante refor­ ma que adelantó la CIDH a su Reglamento, políticas y prácticas, des­ pués de un amplio y participativo mecanismo de consulta a Estados, víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, expertos y otros sectores de la sociedad civil, en el marco de un proceso de for­ talecimiento. La Comisión Interamericana fue creada en 1959 por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores ce­ lebrada en Santiago de Chile, y empezó a funcionar en 1960. Tiene su sede en Washington, Estados Unidos. Junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979 y con sede en San José, Costa Rica, son los dos órganos base del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Mientras que el mandato de la Comisión Interamericana comprende to­ dos y cada uno de los 35 Estados miembros de la OEA, el de la Corte Interamericana abarca aquellos países que han ratificado o se han adhe­ rido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, además, han reconocido la jurisdicción de la propia Corte (...). Lo anterior es así en virtud de que la Comisión Interamericana es, como se indicó, un órgano de la propia OEA, previsto en la Carta respectiva,

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en tanto que la Corte Interamericana es un órgano creado por decisión de los países parte de la Convención Americana. I. Integración y estructura La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son ele­ gidos por la Asamblea General de la OEA a título individual, debiendo ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. El pleno de la Comisión representa al conjunto de Estados miembros de la OEA, por lo que sus miembros no represen­ tan a sus países de origen o residencia; incluso, sus miembros no pueden participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la Comisión que involucre al Es­ tado del cual son nacionales. La duración del periodo de sus miembros es de cuatro años, renovables una sola vez por otro periodo. Si ocurriera alguna vacante antes de la conclusión del periodo, la misma es cubierta por el Consejo Permanente de la OEA. La directiva de la Comisión está compuesta por un presiden­ te o una presidenta; un primer o primera vicepresidente, y un segundo o segunda vicepresidente, con un mandato de un año, quienes pueden ser respectivamente reelegidos o reelegidas una sola vez en cada periodo de cuatro años. Para adelantar sus labores de promoción y protección de los dere­ chos humanos, la CIDH se organiza en relatorías de país y de ca­ rácter temático, cada una a cargo de sus diferentes miembros en lo individual. La consolidación de los enfoques especializados de sus diferentes relatorías temáticas, varias de las cuales derivan de reso­ luciones emitidas por la Asamblea General de la OEA, ha permitido a la Comisión identificar, estudiar y emitir recomendaciones a los Estados miembros en los principales temas que conforman la agenda internacional en la materia, algunos de los cuales, si bien perma­ necían invisibles en las políticas públicas y el ámbito normativo de los Estados, afectaban una variedad de derechos fundamentales de poblaciones, comunidades, grupos y personas históricamente some­ tidos a discriminación. Para febrero de 2014 existen las siguientes ocho relatorías temáticas: De­ rechos de los pueblos indígenas; Derechos de las mujeres; Derechos de las y los migrantes; Derechos de niñas, niños y adolescentes; Derechos de defensoras y defensores de derechos humanos; Derechos de las per­ sonas privadas de libertad; Derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, y Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. 30

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Asimismo, hay una Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Finalmente, hay una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a cargo de una persona de tiempo completo seleccionada a través de concurso público por la CIDH. Para el cumplimiento de sus funciones, la CIDH cuenta con el apo­ yo legal y administrativo de su Secretaría Ejecutiva, la cual se encar­ ga de coordinar al personal profesional y de apoyo, así como preparar los proyectos de informes, resoluciones, estudios y otros trabajos que le encomiende la Comisión o quien la presida. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva recibe y da trámite a la correspondencia y las peticiones y co­ municaciones dirigidas a la Comisión. II. Funciones En cumplimiento de su mandato de promover la observancia y la defen­ sa de los derechos humanos en las Américas, la CIDH: a) Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto respecto de Estados miem­ bros de la OEA que han ratificado o se han adherido a la Convención Americana y que les es aplicable, como de aquellos Estados que aún no la han ratificado, a los cuales se les aplica primordialmente la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Hasta diciembre de 2013 ha recibido varias decenas de miles de peticiones, que se han concretado en más de 20,000 casos procesados 171 Co­ misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o en sustanciación. Sus informes de admisibilidad y fondo pueden consultarse en la página web de la Comisión, así como una referencia a los mis­ mos en sus informes anuales. b) Recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de me­ didas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del hemisferio, ya sea con motivo de sus informes de fondo en casos individuales o a través de sus informes temáticos o de país. c) Presenta casos ante la Corte Interamericana, con base en el art. 61 de la Convención, cuando determinado Estado, habiendo reconocido la jurisdicción de la propia Corte, no cumple con las recomendaciones de la Comisión en los respectivos informes de fondo, compareciendo ante la Corte durante la tramitación y consideración de los casos. d) Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana, en confor­ midad con lo dispuesto en el art. 64 de la Convención Americana. e) Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos

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f)

g)

h)

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i)

j)

k)

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humanos reconocidos en la Convención Americana, en conformi­ dad con el art. 45 de dicho instrumento. Solicita a los Estados miembros que adopten medidas cautelares con base en lo dispuesto, entre otros, en los arts. 106 de la Carta de la OEA, 4i.b de la Convención Americana, i8.b del Estatuto de la CIDH y 25 de su Reglamento, para prevenir daños irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes (al efecto, la Comi­ sión recibe generalmente más de 450 solicitudes de medidas caute­ lares cada año). Asimismo, en conformidad con lo dispuesto en el art. 63.2 de la Convención Americana, puede solicitar que la Corte Interamericana disponga la adopción de “medidas provisionales” en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irrepa­ rables a las personas, aunque el caso aún no haya sido presentado ante la Corte. Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales sobre la situación existente en alguno de ellos, cuando lo considera apropiado; ha publicado al 31 de diciembre de 2013 más de sesenta. Celebra audiencias públicas y reuniones de trabajo con Estados, víctimas, organizaciones defensoras, expertos y otros sectores de la sociedad civil (generalmente, más de cien cada año) en el marco de sus periodos de sesiones, ya sea que se encuentren relacionadas con alguna petición o caso individual, o bien para abordar alguna situa­ ción de carácter general, además de emitir comunicados de prensa (aproximadamente, más de 100 cada año). Realiza observaciones in loco en el marco de alguna visita a un Es­ tado miembro, previa anuencia o invitación del gobierno respectivo, para llevar a cabo análisis en profundidad de la situación general y/o investigar una situación específica (al 31 de diciembre de 2013, la Comisión había realizado 93 visitas). En general, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe sobre la situación de los dere­ chos humanos que sea observada, el cual es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA. 172 Comisiones de investigación parlamentaria. Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas. Al efecto, la Comisión lleva a cabo y publica informes sobre temas específicos, además de rendir su informe anual ante la Asamblea General de la OEA. Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, organizacio-

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nes defensoras de derechos humanos y otros, con el objetivo princi­ pal de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de derechos humanos. Al res­ pecto, es frecuente distinguir entre las funciones de promoción y las de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión Interamericana, si bien ambas funciones se encuentran interrelaciona­ das en la práctica. En cuanto a los mecanismos de protección de los derechos humanos con los que cuenta la Comisión, cabe distinguir, por una parte, entre el sistema de peticiones y casos individuales, el otorgamiento de medidas cautelares o la solicitud de medidas provi­ sionales a la Corte, a través de los cuales se protege a personas indi­ viduales que hayan sido víctimas de alguna violación a sus derechos humanos o estén en riesgo de que se les violen, y, por otra, la labor de monitoreo de la situación de los derechos humanos en los países de la región que realiza la Comisión, mediante la cual se protege ge­ neralmente a un conjunto de personas que encuadran en algún tipo de situación. Entre los mecanismos específicos de protección al ejercer su labor de monitoreo, la Comisión celebra audiencias públicas y reuniones de tra­ bajo; formula observaciones in loco, con motivo de visitas realizadas a alguno de los países miembros de la OEA; solicita información a los Estados; elabora informes anuales, temáticos o de país, y emite comuni­ cados de prensa. Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdic­ cional autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Con­ vención” o “Pacto de San José”) y otros tratados de similar naturaleza en casos en donde sea competente. Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confor­ man el sistema interamericano de promoción y protección de los dere­ chos humanos (sistema interamericano), que constituye un medio sub­ sidiario y complementario a las instituciones estatales en la protección de los derechos humanos en el continente americano. La Corte fue creada como resultado de la adopción del Pacto de San José el 22 de noviembre de 1969, instrumento que entró en vigor el 18 de julio de 1978 al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA. Quedó integrada el 22 de mayo de 1979, fecha en que la Asamblea General de la OEA eligió a

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los primeros jueces que la compondrían. Su primera sesión fue celebra­ da en la sede de la OEA, en la ciudad de Washington, D.C., los días 29 y 30 de jimio de 1979. Meses más tarde se realizó la instalación de la sede permanente en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979, lugar donde la Corte permanece hasta la actualidad. La primera sentencia de fondo de la Corte emitida en ejercicio de su ju­ risdicción contenciosa fue el paradigmático Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras en 1988, relacionado con la desaparición forzada de Manfredo Velásquez por parte de agentes del Estado. La Corte está compuesta por siete jueces, para un periodo de seis años. Pueden ser reelegidos una vez, permaneciendo en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, aun cuando su mandato haya terminado, los jueces siguen conociendo de los casos a que ya se han abocado y que se encuentran en estado de sentencia, a cuyos efectos no son sustituidos por los nuevos jueces elegidos. No podrá haber dos jueces de la misma nacionalidad. Cada dos años se elige al presidente y vicepresidente, en votación secreta de los jueces titulares presentes, con posibilidad de reelección. Los jueces son elegidos en la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuesta por los Estados partes de la Convención, en vo­ tación secreta, y por mayoría absoluta de votos de esos mismos Estados. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres candidatos, quienes pueden ser nacionales del Estado que los propone o de cual­ quier otro Estado miembro de la OEA. Esto último significa que es posible que un ciudadano de un Estado que no es parte de la Convención Americana sea elegido juez de la Corte, como sucedió con el jurista estadounidense Thomas Buergenthal, en 1979, que fue propuesto por Costa Rica. Para ser nombrado juez se requiere cumplir con los siguientes requi­ sitos: ser nacionales de alguno de los Estados miembro de la OEA; ser elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral; gozar de una reconocida competencia en materia de derechos humanos, y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. Ante el fallecimiento o renuncia de un juez titular se nombrará un juez interino para reemplazarlo, debiendo completar el periodo faltante; asi­ mismo, sólo en casos contenciosos interestatales puede nombrarse un juez ad hoc en el supuesto en que entre los jueces llamados a conocer del caso, ninguno fuese de la nacionalidad de los Estados partes. 34

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Las competencias y funciones de la Corte se despliegan en las siguientes vertientes: consultiva, contenciosa (individual e interestatal, y de super­ visión), preventiva y reguladora. La competencia consultiva otorga atribuciones a la Corte para conocer y resolver consultas sobre cuestiones relevantes en materia de derechos humanos presentadas por los Estados parte de la OEA y por otros de sus órganos, tales como la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La función consultiva comprende dos hipótesis: la primera, la interpre­ tación de las disposiciones de la Convención o de otros tratados concer­ nientes a la protección de los derechos humanos; la segunda se refiere a la compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas de los Estados miembros de la OEA y los mencionados instrumentos internacionales (...). La competencia contenciosa otorga a la Corte atribuciones para conocer de casos relativos a la interpretación y aplicación del Pacto de San José. Para ello, es requisito que el Estado parte en el caso haya reconocido dicha competencia (...). Sólo los Estados parte (en conflictos interestatales) y la Comisión Interamericana tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Por lo tanto, los individuos no tienen derecho a presentar peticiones de manera directa ante la Corte. Igualmente, es necesario que se agote el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Cuando la Corte conozca de un caso y decida que existió violación de un derecho o libertad protegido por la Convención u otro tratado, dispon­ drá en la sentencia que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y dispondrá, en caso de ser necesario, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración a esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables (...). La competencia contenciosa incluye la competencia de supervisión, la cual permite a la Corte verificar el cumplimiento de los deberes del Estado derivados de sus resoluciones. Esta competencia no está expre­ samente establecida en el Pacto de San José, pero la Corte ha entendi­ do que dicha función es inherente a su jurisdicción, considerando la naturaleza y los valores comunes en los que se inspira la Convención Americana.

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En consecuencia, la Corte tiene la facultad de solicitar a los Estados responsables la presentación de informes sobre las gestiones para dar aplicación a las medidas de reparación ordenadas por ella en casos con­ tenciosos, de evaluar dichos informes y de emitir resoluciones sobre el cumplimiento de sus fallos. Los medios para controlar el cumplimiento de las resoluciones incluyen ordenar a las autoridades ejecutivas o administrativas la ejecución for­ zada de los fallos, cambios legislativos, anulación de sentencias, entre otros. En este sentido, la Corte además puede señalar en su informe anual ante la Asamblea General de la OEA los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus resoluciones. La competencia preventiva per­ mite a la Corte adoptar las medidas provisionales en los asuntos que esté conociendo, o a solicitud de la Comisión Interamericana, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas. Las características principales de estas medidas es que son temporales, teniendo un doble carácter: cautelar, al buscar mantener la situación ju­ rídica en un caso concreto, y tutelar, al buscar la preservación efectiva de los derechos fundamentales de las personas cuando enfrentan situacio­ nes de extrema gravedad y urgencia. Más de 25,000 personas han sido beneficiarías de estas medidas. Los beneficiarios pueden ser individuos, comunidades o incluso colectivos de personas, siempre y cuando pue­ dan ser identificables por elementos objetivos. La Corte posee también facultades reguladoras en general, las cuales incluyen la capacidad autónoma de adoptar su Reglamento, designar su secretario, y aprobar el presupuesto de gastos, entre otras. La fuente principal de derecho que la Corte utiliza en el ejercicio de su jurisdicción rationae materiae es la Convención Americana. Sin embargo, la Corte puede también pronunciarse sobre violaciones a otros tratados que están estructuralmente ligados al Pacto de San José, que gozan de una cláusula que otorga dicha competencia de manera implícita o explícita, y que han sido ratificados por el Estado parte en un caso. Estos instrumentos incluyen los dos protocolos adicionales a la Convención Americana, relativos a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y sobre la Abolición de la Pena de Muerte. Asimismo, comprenden la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida 36

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como Convención de Belém do Pará) y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Además, la Corte también puede utilizar otros instrumentos (cumpli­ miento de sentencia) internacionales de derechos humanos para definir el alcance de las obligaciones establecidas en el Pacto de San José; esto sucede, por ejemplo, con la utilización de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Corte celebra actualmente seis periodos de sesiones al año, que pueden ser ordinarias (en su sede) y extraordinarias (fuera de su sede). El quorum para las deliberaciones es de cinco jueces, y las decisiones de la Corte se toman por mayoría de los jueces presentes en el momento de la votación, decidiendo el voto del presidente en caso de empate. 32. El derecho de acceso a los órganos de justicia, así como la efica­ cia de lo decidido en la sentencia, se encuentran comprendidos en:

a. b. c. d.

El principio de legalidad. La seguridad jurídica. La finalidad de justicia. La tutela judicial efectiva.

Respuesta: d

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La tutela judicial efectiva es el derecho que tiene toda persona a ejer­ citar la defensa de sus intereses legítimos ante la Justicia, con la co­ rrespondiente intervención de los órganos judiciales. Toda vez que una persona considera que se han vulnerado sus derechos, puede recurrir a los tribunales para que analicen la situación y, si es pertinente, le resti­ tuyan en sus derechos o reparen los daños sufridos de la manera en que indique la ley. Como derecho del ciudadano, la tutela judicial efectiva configura la obligación de los órganos judiciales de velar por su cumplimiento para evitar la indefensión de una persona ante la vulneración de sus derechos. La tutela judicial efectiva se entiende satisfecha una vez que el juez o tribunal han resuelto sobre el caso, siguiendo un proceso justo y que cumpla con todas las garantías procesales dispuestas le­ galmente.

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Pero la tutela judicial efectiva no implica que el juez deba reconocer las pretensiones de la persona que inicia las acciones legales, sino que ha te­ nido la ocasión de esclarecer ante la ley la situación mediante un proceso legal y justo. Para que este derecho se entienda satisfecho, la ley impone la obligación a los jueces y magistrados que conocen de una causa de motivar suficientemente su decisión. Es decir, en el fallo deben recoger de forma detallada las razones y moti­ vos en que se apoyan para adoptar una u otra resolución. La motivación sirve para que el juez muestre que no actúa con arbitrariedad. Si se con­ sidera que una sentencia no está suficientemente motivada, otro órgano jurídico puede determinar que se haya vulnerado el derecho fundamen­ tal de tutela judicial efectiva del ciudadano. El derecho a la tutela judicial efectiva se materializa en los siguientes derechos concretos: J El derecho de una persona a acceder a la justicia en defensa de los derechos e intereses legítimos que se vean vulnerados. J El derecho a que el proceso judicial que se inicia cumpla con las garantías procesales y, por tanto, se puedan aportar las pruebas y declaraciones que expongan y muestren la vulneración por la que se busca resarcimiento. J El derecho a que los jueces y tribunales den una respuesta motivada sobre las pretensiones, fundada en derecho y en un plazo razonable. J Derecho a recurrir el fallo obtenido ante el órgano jurisdiccional pertinente en tiempo y forma cuando la resolución se considere des­ favorable. J Derecho a que se ejecute el fallo recogido en la sentencia para garan­ tizar la efectividad de las decisiones judiciales.

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33.Sobre la validez de los decretos leyes en el sistema jurídico perua­ no, marque la opción correcta: a. Los decretos leyes no son normas válidas en el sistema jurídico peruano. b. Los decretos leyes son normas con rango legal y se controlan mediante acción de inconstitucionalidad. c. Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado Constitucional, el Tribunal Constitucional ha asumido la teoría de la caducidad. d. Los decretos leyes son normas con rango reglamentario y se controlan mediante acción popular. 38

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Respuesta: b

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Las normas con rango de ley se caracterizan por ser generales, por lo tan­ to, regulan situaciones abstractas, impersonales y objetivas, aplicables a un conjunto indeterminado de personas. Comprende a varias normas, dentro de las que destaca la Ley. Esta norma es expedida por el Congreso de la República y puede ser de diferentes clases: leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes de reforma constitucional y las que tienen una denomi­ nación asignada directamente por la Constitución (Ley de Presupuesto de la República y Ley de la Cuenta General de la República). Es impor­ tante señalar que, entre ellas, sus diferencias no radican en su jerarquía: todas están comprendidas en el segundo ni por ser generales, por lo tan­ to, regulan situaciones abstractas, impersonales y objetivas, aplicables a un conjunto indeterminado de personas. Comprende a varias normas, dentro de las que destaca la Ley. Esta norma es expedida por el Congreso de la República y puede ser de diferentes clases: leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes de reforma constitucional y las que tienen una denomi­ nación asignada directamente por la Constitución (Ley de Presupuesto de la República y Ley de la Cuenta General de la República). En 2006, se sometió a consideración del Tribunal Constitucional la constitucionalidad de la Ley 27971, que facultaba el nombramiento de los profesores aprobados en concurso público autorizado por una ley es­ pecial. La demanda interpuesta por el gobierno regional de San Martín, que acusaba a dicha norma de vulnerar la autonomía de los gobiernos regionales, por cuanto, esgrimía, el nombramiento de los maestros en sus respectivas plazas es de su competencia exclusiva. En el marco de ese proceso constitucional, el TC realizó una interesante y didáctica explicación sobre las fuentes normativas o normas con rango de ley, esbozando criterios básicos para entender la jerarquía de nuestro sistema normativo. A continuación transcribimos los fundamentos per­ tinentes, con cargo a que lean la resolución completa, que transcribimos: “2.1.3.1.1. Fuentes normativas o formas normativas con rango de ley 2.1.3.1.1.1. Las leyes 16. Pueden definirse como las prescripciones normativas generales y escritas emanadas del Congreso de la República, conforme a un pro­ cedimiento prefijado por la Constitución. Respecto a la “ley” como fuente de derecho este Colegiado ha preci­ sado que: Con relación a la fúente normativa denominada ley, en sentido ma­ terial, deben tenerse presentes dos puntos. En primer lugar, su expe­

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dición corresponde al Congreso de la República conforme al inciso i del artículo 102o de la Constitución, que establece que es atribución del Congreso dar leyes. Atribución que descansa en los principios de soberanía política, consagrado en el artículo 45o de la Constitu­ ción, que establece que el Poder emana del pueblo, y en el principio representativo reconocido en el artículo 43o de la Constitución. Y en segundo lugar, que para la Constitución la fuente normativa deno­ minada ley comprende a las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, las leyes de desarrollo constitucional y las que tienen una denomina­ ción asignada directamente por la Constitución y cuyas diferencias no radican en su jerarquía ni en el órgano que las expide, sino en su procedimiento de aprobación y en las materias que regulan. Agregando que: (...) conforme al sistema de fuentes diseñado por la Norma Suprema y a sus artículos 51.°, 20o.0 inciso 4), 102.0 inciso 1) y 106.0, la catego­ ría normativa de leyes comprende a las leyes ordinarias y a las leyes orgánicas, las cuales tiene la misma jerarquía jurídica. En efecto, atendiendo a los criterios jurisprudenciales expuestos res­ pecto de la fuente o forma normativa ley, podemos considerar los siguientes tipos: Ley de reforma constitucional: Se trata de dispositivos que materia­ lizan la reforma de la Constitución. Están sujetas al procedimiento especial previsto en el artículo 206o de la Constitución. Ley ordinaria: Es la expedida por el Congreso de la República (inci­ so i.° del artículo 102.0 de la Constitución) y su modo de producción está regulado por los artículos 105.0,107.0,108.0 y 109.0 de la Cons­ titución. En rigor puede normar cualquier materia, con excepción de las reservadas a la ley orgánica conforme al artículo 106.0 de la Constitución y las que sean materia exclusiva de los gobiernos regio­ nales o municipales. Ahora bien, no debe confundirse el tipo de ley, en este caso ordina­ ria, con su denominación. En efecto, contrariamente a lo que ocurre con la forma normativa ley y sus tipos básicos (ley ordinaria y ley orgánica), la denominación de la ley puede ser diversa y variada, sin que por ello se afecte el modo de producción y el órgano que la expide. Al respecto, se ha acotado que: Este Colegiado estima también que el Congreso de la República, al detentar la competencia exclusiva en la producción de la fuente normativa de ley, goza de la autonomía inherente, en el marco de la Constitución, del Reglamento del Congreso y de las leyes, para 40

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precisar la denominación de las leyes que expide; así por ejemplo, el caso de la Ley N.° 28175, que fue denominada Ley Marco del Em­ pleo Público, hoy cuestionada por los demandantes. La facultad de otorgar una denominación ha sido desarrollada por la Ley N.° 26889, Ley Marco para la producción y sistematización legislativa, cuyo artículo 3.0 dispone que: “La Ley debe tener una de­ nominación oficial que exprese su alcance integral. La denominación forma parte del texto oficial de la Ley y corresponde al Congreso de la República asignársela, salvo en los casos de Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia, en los cuales es el Poder Ejecutivo quien asigna la denominación”. En ese sentido, el Congreso de la República e incluso el Poder Ejecutivo, en el caso de Decretos Legislativos, son competentes para asignar determinadas denominaciones cuando se trata de leyes que regulan aspectos generales sobre una materia a fin de sintetizar su alcance integral, empleando para ello las denomina­ ciones de Ley de Bases, Ley Marco y Ley General, según correspon­ da, pero que, en definitiva, constituyen la fuente normativa de ley expedida por el Congreso de la República. Por otro lado, y siempre dentro del tipo de ley ordinaria, nuestra Constitución establece algunos subtipos de la ley ordinaria, con es­ peciales características, pero que en esencia mantienen la condición de ley ordinaria porque su modo de producción es el establecido por la Constitución. Así, por ejemplo, el artículo 104.0 de la Constitución se refiere a la ley autoritativa, mediante la cual el Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar a través de Decretos Legisla­ tivos. Dicha ley tiene dos elementos indispensables: la materia es­ pecífica a delegar y el plazo determinado para ejercer la delegación. A su turno, conforme a los artículos 104.0 y 101.0, inciso 4.0, de la Constitución, el Congreso de la República no puede delegar al Poder Ejecutivo las materias relativas a reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República. En igual sentido puede hacerse mención a la ley de organización y funciones de los ministerios a que se refiere el artículo 121.0 de la Constitución, la cual es ley ordinaria. Ley de Presupuesto de la República: Los artículos 78.0, 79.0 y 8o.° de la Constitución especifican las particularidades del modo de pro­ ducción de la Ley de Presupuesto; se trata por ello de una ley distinta a la ley ordinaria y a la ley orgánica.

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Ley de la Cuenta General de la República: El artículo 8i.° de la Constitución establece el procedimiento para la aprobación de este tipo de ley con características especiales. Ley Orgánica: Es expedida por el Congreso de la República y su modo de producción debe cumplir los requisitos formales y mate­ riales previstos en el artículo io6.° de la Constitución. Con relación a los requisitos formales dicho artículo dispone: Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier proyecto de ley y para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Sobre los requisitos materiales el mismo artículo io6.° prescribe: Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamien­ to de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está es­ tablecida en la Constitución. Al respecto, el Tribunal Constitucional, desde una perspectiva númerus clausus, ha establecido que: Una segunda interpretación del artículo io6.°, siempre desde la perspectiva númerus clausus, es aquella que, partiendo del requisito material, propio del modelo de ley orgánica que diseña la Consti­ tución, preserva el principio de unidad en la interpretación de la Constitución. En tal sentido, debe considerarse que el artículo io6.° de la Constitución prevé dos rubros que deben regularse por ley or­ gánica: a) la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas por la Constitución, las cuales comprenden aquellas con mención expresa (las contempladas por los artículos 82.0,84.0,143.°, 15o.0, 161.0 y 198.0 de la Constitución), y aquellas que, debido a su relevancia constitucional, también gozan de tal calidad; ello porque la primera parte del artículo 106.0 de la Constitución debe interpre­ tarse coherentemente; y b) las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución (dentro de estas últimas se tiene a las contempladas en los artículos 31.0, 66° y 200° de la Constitución). Respecto a la estructura y funcionamiento de las entidades del Es­ tado previstas por la Constitución con reserva de ley orgánica, que comprenden aquellas con mención expresa (las contempladas por los artículos 82.0, 84.0,143.0,15o.0, i6i.°y 198.0 déla Constitución), y aquellas que, debido a su relevancia constitucional, también gozan de tal calidad, en el Caso Ley de la Policía Nacional del Perú, Exp. 42

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N° 0022-2004-AI/TC, fundamentos 23 a 32, este Colegiado estable­ ció que las entidades del Estado cuya estructura y funcionamiento deben ser regulados por ley orgánica son: Congreso de la República, asumiendo que el reglamento del Congre­ so goza de naturaleza equivalente a ley orgánica. Poder Judicial. Poder Ejecutivo, sólo en cuanto a las disposiciones relativas a los capítulos IV y V del Título IV de la Constitución (Presidencia de la República y Consejo de Ministros), puesto que los ministerios deben ser regulados por ley de organización y funciones -ley ordinaria-, conforme al artículo 121.0 de la Constitución. Jurado Nacional de Elecciones. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Tribunal Constitucional. Defensoría del Pueblo. Ministerio Público. Consejo Nacional de la Magistratura. Los gobiernos regionales Las municipalidades Superintendencia de Banca y Seguros. Contraloría General de la República. Banco Central de Reserva. Las otras materias sujetas a reserva de ley orgánica a que se refieren los artículos 31.0, 66.° y 20o.0 de la Constitución son: el derecho de ser elegido y de elegir libremente a sus representantes, las condicio­ nes de utilización y otorgamiento a particulares de los recursos natu­ rales y el ejercicio de las garantías constitucionales, respectivamente. Finalmente, debe precisarse sobre la ley de desarrollo de la Cons­ titución, expedida por el Congreso de la República, y así deno­ minada por la Octava Disposición Final y Transitoria de la Cons­ titución, que no constituye una categoría especial de la forma normativa ley, sino que comprende tanto a la ley ordinaria como a la ley orgánica. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha esta­ blecido: Con la expresión “Ley de desarrollo constitucional”, la Octava Dis­ posición Final y Transitoria de la Constitución no ha creado una categoría normativa especial entre las fuentes que tienen el rango

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de la ley. Tal expresión no alude a una categoría unitaria de fuentes, sino a una diversidad de ellas, que tienen como elemento común constituir un desarrollo de las materias previstas en diversos pre­ ceptos constitucionales, cuya reglamentación la Norma Suprema ha encargado al legislador. Forman parte de su contenido “natural” las denominadas leyes orgánicas, en tanto que mediante ellas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, y de otras materias cuya regulación por ley orgá­ nica está establecida en la Constitución; así como las leyes ordinarias como las que demandan los artículos 70 y 27o de la Constitución, por poner dos ejemplos, a las que se les ha encomendado la tarea de precisar los alcances de determinados derechos o instituciones constitucionalmente previstas. Ello significa, desde luego, que la condición de “leyes de desarrollo constitucional” no se agotan en aquellas cuyas materias se ha previs­ to en la Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución, esto es, a lo que allí se alude como leyes en materia de descentrali­ zación y las relativas a los mecanismos y al proceso para eliminar progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesio­ nes y licencias de servicios públicos; dado que sobre estas últimas, la Constitución sólo ha exigido del legislador cierto grado de diligencia (“prioridad”) en su dictado. 2.1.3.1.1.2. Resoluciones legislativas 17. Se trata de actos parlamentarios que generalmente regulan casos de manera particular y concreto. Representan la excepción a la ca­ racterística de generalidad de la ley. Tienen rango de ley porque el inciso i.° del artículo 102.0 de la Constitución y el artículo 4.0 del Reglamento del Congreso le confieren implícitamente una jerarquía homologa a la ley. En efecto, el artículo 102o, inciso 1 de la Constitución establece que son atribuciones del Congreso de la República dar resoluciones le­ gislativas. Conforme al artículo 72.0 del Reglamento del Congreso, mediante el procedimiento legislativo, se aprueban “resoluciones le­ gislativas” y “resoluciones legislativas de aprobación de las normas reglamentarias internas del Congreso”. Por tanto, existen dos tipos de resoluciones legislativas, cuyas particularidades serán distingui­ das en el presente apartado. El artículo 75.0 del mencionado reglamento establece que las propo­ siciones de resolución legislativa se sujetarán a los mismos requisitos que los de ley, en lo que fuera aplicable. Conforme al artículo 76.0 del 44

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mismo Reglamento, las reglas para la presentación de proposiciones de resoluciones legislativas son las siguientes: a) Las proposiciones de resolución legislativa presentadas por el Poder Ejecutivo estarán referidas a: • Aprobación de tratados conforme al artículo 5 6.° de la Constitución. • Concesión de la prórroga del estado de sitio, la que deberá conte­ ner la nómina de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende, conforme al inciso 2.0 del artículo 137.0 de la Constitución. • Autorización del ingreso de tropas extranjeras al territorio de la Re­ pública sin afectar la soberanía nacional, conforme al inciso 8.° del artículo 102.0 de la Constitución. • Declaración de guerra y firma de la paz conforme al inciso 16.0 del artículo 118.0 de la Constitución. • Autorización al Presidente de la República para salir del país, con­ forme al inciso i.° del artículo 102.0 de la Constitución. b) Las proposiciones de resolución legislativa presentadas por los Con­ gresistas no podrán versar sobre: • Viajes al exterior del Presidente de la República, prórroga del esta­ do de sitio, aprobación de tratados internacionales, autorización del ingreso de tropas extranjeras ni declaración de guerra y firma de la paz. En términos generales, puede afirmarse que las materias citadas son las reguladas por las resoluciones legislativas del primer tipo, men­ cionadas en el artículo 72o del Reglamento del Congreso, cuya nu­ meración es correlativa a la de las leyes y que en la actualidad consta de cinco dígitos. Asimismo, mediante este tipo de resoluciones legis­ lativas se conceden pensiones de gracia y se nombra a los directores del Banco Central de Reserva y al Defensor del Pueblo. Con relación a las resoluciones legislativas de aprobación de las nor­ mas reglamentarias internas del Congreso, conviene anotar que una de sus características es que su numeración corresponde a cada año y que se les denomina resoluciones legislativas del Congreso. Estas, además de aprobar las normas reglamentarias internas, también se usan, debido a la práctica parlamentaria, para aprobar, entre otras cuestiones, los siguientes: • Modificaciones al Reglamento del Congreso. • La agenda legislativa del período anual de sesiones. • Delegación de facultades legislativas a la comisión permanente.

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Nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Declaración de la vacancia del Presidente de la República, del Defen­ sor del Pueblo y del Contralor General de la República. • Declaración de la formación de causa conforme al artículo ioo.° de la Constitución. • Imposición de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la fun­ ción pública. • Autorización al Presidente del Congreso de la República para des­ empeñar comisiones extraordinarias de carácter internacional. Las resoluciones legislativas, de ambos tipos, son aprobadas por el pleno del Congreso, pero también lo pueden ser por la comisión permanente. 2.1.3.1.1.3. Tratados 18. Los tratados son expresiones de voluntad que adopta el Estado con sus homólogos o con organismos extranacionales, y que se rigen por las normas, costumbres y fundamentos doctrinarios del derecho in­ ternacional. En puridad, expresan un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional, es decir, entre Estados, organiza­ ciones internacionales, o entre estos y aquellos. Como puede colegirse, implican un conjunto de reglas de compor­ tamiento a futuro concertados por los sujetos de derecho internacio­ nal público. Son, por excelencia, la manifestación más objetiva de la vida de relación de los miembros de la comunidad internacional. Los tratados reciben diversas denominaciones, establecidas en fun­ ción de sus diferencias formales; a saber: convenios o acuerdos, pro­ tocolos, modus vivendi, actas, concordatos, compromisos, arreglos, cartas constitutivas, declaraciones, pactos, canje de notas, etc. 19. El tratado como forma normativa en el derecho interno tiene algu­ nas características especiales que lo diferencian de las otras fuentes normativas. Ello porque, por un lado, los órganos de producción de dicha fuente (esto es, los Estados y los organismos internacionales que celebran el tratado), desarrollan su actividad productora en el ámbito del derecho internacional, y por otro, porque su modo de producción (por ejemplo las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -negociación, aprobación y ratificación) se rige por el derecho internacional público. 20. Los artículos 56.° y 57.0 de la Constitución distinguen internamen­ te a los tratados celebrados por el Estado peruano de la manera si­ guiente:

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a) Tratados con habilitación legislativa: Su contenido afecta disposicio­ nes constitucionales; por ende, deben ser aprobados por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificados por el Presidente de la República. b) Tratados ordinarios: Son los que específicamente versan sobre dere­ chos humanos; soberanía, dominio o integridad del Estado; defensa nacional u obligaciones financieras del Estado. Igualmente, se en­ cuentran comprendidas bajo dicha denominación aquellos tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modifica­ ción o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legisla­ tivas para su ejecución. Estos tratados deben ser necesariamente aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República. c) Convenios internacionales ejecutivos: Son aquellos que el Presidente de la República puede elaborar o ratificar o adherir sin el requisito de la aprobación previa del Congreso, puesto que se refieren a materias no contempladas para los tratados ordinarios. La Constitución señala que, efectuado el acto de celebración, ratifi­ cación o adhesión presidencial, se debe dar cuenta al Congreso. 21. A diferencia de las demás formas normativas que se producen en el ámbito del derecho interno peruano, los tratados son fuente norma­ tiva, no porque se produzcan internamente, sino porque la Consti­ tución así lo dispone. Para ello, la Constitución, a diferencia de las otras formas normativas, prevé la técnica de la recepción o integra­ ción de los tratados en el derecho interno peruano. Así, el artículo 55.0 de la Constitución dispone: Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Es la propia Constitución, entonces, la que establece que los tratados internacionales son fuente de derecho en el ordenamiento jurídico peruano. Por mandato de la disposición constitucional citada se pro­ duce una integración o recepción normativa del tratado. 22. Adicionalmente cabe señalar que, si bien el artículo 55.0 de la Cons­ titución es una regla general para todos los tratados, ella misma es­ tablece una regla especial para los tratados de derechos humanos en el sistema de fuentes. En efecto, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución establece: Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Consti­ tución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración

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Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Como puede apreciarse, nuestro sistema de fuentes normativas re­ conoce que los tratados de derechos humanos sirven para interpre­ tar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. Estos tratados no solo son incor­ porados a nuestro derecho nacional -conforme al artículo 55.0 de la Constitución-sino que, además, por mandato de ella misma, son incorporados a través de la integración o recepción interpretativa. 2.1.3.1.1.4. Reglamento del Congreso 23. El artículo 94.0 de la Constitución dispone que: “El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley (...)”. Sobre ello el Tribunal Constitucional ha establecido que: (...) tal como lo establece expresamente el inciso 4) del artículo 200o de la Constitución, este Colegiado es competente para controlar la constitucionalidad del Reglamento del Congreso. En efecto, toda di­ ferencia doctrinaria que pudiera existir respecto al lugar que ocupa el Reglamento del Congreso en el sistema de fuentes del derecho, no tiene lugar en el ordenamiento jurídico peruano, ya que la propia Carta Fundamental, en la disposición recién citada, ha establecido que dicha norma tiene rango de ley. Se trata, pues, de una fuente primaria del derecho y, como tal, sólo se somete a la Constitución. 24. En igual sentido se manifestó respecto al Reglamento del Congreso, que este no sólo tiene fuerza de ley, sino también naturaleza de ley orgánica. Más precisamente: (...) la estructura y funcionamiento de los Poderes del Estado gozan de reserva de ley orgánica de acuerdo a los siguientes criterios. En el caso del Congreso de la República, prima facie, debe considerarse que, conforme al artículo 94.0 de la Constitución, el Congreso de la República se regula por su reglamento, que tiene fuerza de ley, cons­ tituyendo este hecho una excepción a la regla de que, en principio, los Poderes del Estado se regulan por ley orgánica. Sin embargo, es pacífico asumir que dicho reglamento goza de naturaleza equivalen­ te a la ley orgánica. 2.1.3.1.1.5. Decretos Legislativos 25. Esta forma normativa de fuente con rango de ley está prevista en el artículo 104.0 de la Constitución, que establece: 48

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El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legis­ lar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comi­ sión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulga­ ción, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. El decreto legislativo tiene al Poder Ejecutivo como órgano produc­ tor. Sin embargo, el Congreso de la República también tiene una intervención indirecta, toda vez que fija la materia y el plazo de la delegación. Como ya se precisó anteriormente, los artículos 104.0 y 101.0, inciso 4, de la Constitución establecen que el Congreso de la República no puede delegar al Poder Ejecutivo las materias relativas a reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, le­ yes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República. Por ello, la regulación a través de este tipo normativo, el decreto le­ gislativo, está limitada directamente por la Constitución y también por la ley autoritativa. Podía darse el caso de que el Congreso de la República delegue una materia prohibida, con lo cual no sólo será inconstitucional la ley autoritativa, sino también el decreto legisla­ tivo que regula la materia en cuestión. De otro lado, también puede darse el caso de que la ley autoritativa delegue una materia permitida por la Constitución y, sin embargo, el decreto legislativo se exceda en la materia delegada, con lo cual, en este caso también se configura­ rá un supuesto de inconstitucionalidad por vulneración del artículo 104.0 de la Constitución. 2.1.3.1.1.6. Decretos de urgencia 26. Respecto de esta fuente normativa, el inciso 19 del artículo 118o de la Constitución establece que corresponde al Presidente de la Repú­ blica: Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo re­ quiere el interés nacional con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de ur­ gencia. 49

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Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha referido a los requisitos formales y materiales para la expedición de los Decretos de Urgen­ cia, estableciendo que: En el caso de los decretos de urgencia, los requisitos formales son tanto previos como posteriores a su promulgación. Así, el requisito ex ante está constituido por el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros (inciso 3 del artículo 123o de la Constitución), mientras que el requisito ex post lo constituye la obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto por el inciso 19) del artículo 118o de la Constitución, en concor­ dancia con el procedimiento contralor a cargo del Parlamento, con­ templado en la norma de desarrollo constitucional contenida en el artículo 91o del Reglamento del Congreso. Respecto a los requisitos materiales para la producción, deben tener­ se en cuenta los siguientes: (...) la legitimidad de los decretos de urgencia debe ser determina­ da sobre la base de la evaluación de criterios endógenos y exógenos a la norma, es decir, del análisis de la materia que regula y de las circunstancias externas que justifiquen su dictado. En cuanto al pri­ mer tópico, el propio inciso 19 del artículo 118o de la Constitución establece que los decretos de urgencia deben versar sobre “materia económica y financiera. Este requisito, interpretado bajo el umbral del principio de separa­ ción de poderes, exige que dicha materia sea el contenido y no el continente de la disposición, pues, en sentido estricto, pocas son las cuestiones que, en última instancia, no sean reconducibles hacia el factor económico, quedando, en todo caso, proscrita, por imperativo del propio parámetro de control constitucional, la materia tributaria (párrafo tercero del artículo 74o de la Constitución). Empero, esca­ paría a los criterios de razonabilidad exigir que el tenor económico sea tanto el medio como el fin de la norma, pues en el común de los casos la adopción de medidas económicas no es sino la vía que auspicia la consecución de metas de otra índole, fundamentalmente sociales. 27. Si bien es cierto que los requisitos formales y materiales son indis­ pensables para la producción de los decretos de urgencia, no lo es menos que, como se señaló en el caso citado, el Tribunal Constitu­ cional ha reconocido las existencia de determinados criterios para evaluar, caso por caso, si las circunstancias fácticas que sirvieron de justificación para la expedición del decreto de urgencia respondían a 50

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a)

b)

c)

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las exigencias previstas por el inciso 19 del artículo 118.0 de la Cons­ titución y por el inciso c) del artículo 91.0 del Reglamento del Con­ greso. Tales criterios son: Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a revertir situacio­ nes extraordinarias e imprevisibles, condiciones que deben ser eva­ luadas en atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no depende de la “voluntad” de la norma misma, sino de datos fácticos previos a su promulgación y objetivamente identificables. Ello sin perjuicio de reconocer, tal como lo hiciera el Tribunal Constitu­ cional español -criterio que este Colegiado sustancialmente compar­ te- que “en principio y con el razonable margen de discrecionalidad, es competencia de los órganos políticos determinar cuándo la situa­ ción, por consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, re­ quiere el establecimiento de una norma” (STC N.° 29/1982, F.J. N.° 3)Necesidad: Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el tiempo que demande la aplicación del procedimiento parla­ mentario para la expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y sanción), pudiera impedir la prevención de daños o, en su caso, que los mismos devengan en irreparables. Transitoriedad: Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario para revertir la coyuntura adversa. Generalidad: El principio de generalidad de las leyes que, conforme se ha tenido oportunidad de precisar en el Caso Colegio de Nota­ rios de Lima (Exps. Acums. Nros. 0001-2003-AI/TC y 0003-2003AI/TC, F.J. N.° 6 y ss.)> puede admitir excepciones, alcanza especial relevancia en el caso de los decretos de urgencia, pues tal como lo prescribe el inciso 19) del artículo 118o de la Constitución, debe ser el “interés nacional” el que justifique la aplicación de la medida con­ creta. Ello quiere decir que los beneficios que depare la aplicación de la medida no pueden circunscribir sus efectos en intereses determi­ nados, sino por el contrario, deben alcanzar a toda la comunidad. Finalmente, el artículo 74o de la Constitución dispone que los decre­ tos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Debe tener­ se presente que, conforme al artículo 135.0 de la Constitución, esta forma normativa con rango de ley será la que el Poder Ejecutivo use para legislar en el interregno parlamentario, y de ella dará cuenta a la Comisión Permanente para que la examine y la eleve al Congreso, una vez que éste se instale.

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2. 1.3.1.1.7. Las ordenanzas regionales 28. El artículo 191.0 de la Constitución dispone que los gobiernos regio­ nales tienen autonomía política. El inciso 6.° del artículo 192.0 de la Constitución establece que los gobiernos regionales son competen­ tes para dictar normas inherentes a la gestión regional. A su turno, el inciso 4 del artículo 20o.0 de la Norma Suprema confiere rango de ley a las normas regionales de carácter general. Por tanto, sobre la base de su autonomía política, los gobiernos re­ gionales se constituyen en los órganos productores de normas re­ gionales de carácter general con rango de ley, las cuales en nuestro sistema de fuentes se denominan ordenanzas regionales, conforme al artículo 37.0 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Regiones. Al respecto, el artículo 38.° de la misma ley señala que: Las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamen­ tan materias de su competencia. Con relación a los gobiernos regionales como órganos productores de normas con rango de ley, este Colegiado ha referido que: La creación de gobiernos regionales con competencias normativas comporta la introducción de tantos subsistemas normativos como gobiernos regionales existan al interior del ordenamiento jurídico peruano. Tal derecho regional, sin embargo, tiene un ámbito de vi­ gencia y aplicación delimitado territorialmente a la circunscripción de cada gobierno regional, además de encontrarse sometido a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional, particular­ mente, a la LBD y a la LOGR. Estableciéndose adicionalmente que: Dado que las ordenanzas regionales son normas con rango de ley (artículo 200o 4 de la Constitución), no se encuentran jerárquica­ mente subordinadas a las leyes nacionales del Estado, por lo que para explicar su relación con éstas no hay que acudir al principio de jerarquía, sino al principio de competencia, pues tienen un ám­ bito normativo competencial distinto. Lo cual no significa que éste pueda ser desintegrado, ni mucho menos, contrapuesto. De hecho -según se ha podido referir, y respecto de lo cual a continuación se profundizará-, en tanto existen leyes a las que la Constitución ha delegado la determinación de las competencias o límites de las competencias de los distintos órganos constitucionales, los gobier­ nos regionales no pueden expedir ordenanzas que resulten contra­ 52

PRUEBA D

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LEGALES EDICIONES

ñas a ellas, so pena de incurrir en un vicio de inconstitucionalidad indirecta. Por último, en referencia a su validez, se ha precisado lo siguiente: En tal sentido, la validez de las ordenanzas regionales se encuentra sujeta al respeto del marco normativo establecido tanto en la LBD como la LOGR, por lo que forman parte del parámetro de control en la presente causa. 2. 1.3.1.1.8. Las ordenanzas municipales 29. El artículo 194.0 de la Constitución dispone que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política. A su turno, el inciso 4.0 del artículo 20o.0 de la Constitución confiere rango de ley a las ordenanzas municipales. Consecuentemente, la facultad normativa de las municipalidades que se deriva de la autonomía política también las convierte en órga­ nos productores de normas generales en el ámbito de sus competen­ cias. La ley N° 27972, Orgánica de Municipalidades, dispone en su artículo 4o.0 que: Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, adminis­ tración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipali­ dades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades pro­ vinciales de su circunscripción para su vigencia. 30. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que: La fuerza o el valor de ley de estas normas se determina por el rango de ley que la propia Constitución les otorga -artículo 200o, inciso 4 de la Constitución-. Se trata, por tanto, de normas que, aun cuan­ do no provengan de una fuente formal como la parlamentaria, son equivalentes a las emitidas por ella y, como tales, se diferencian por el principio de competencia y no por el de jerarquía normativa. De este modo, la ordenanza, en tanto ley municipal, constituye un ins­ trumento importante a través del cual las municipalidades pueden ejercer y manifestar su autonomía.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

34 .¿Cuál es el objeto de estudio de las teorías de la argumentación jurídica? a. b. c. d.

La capacidad de convencimiento de las decisiones judiciales. El razonamiento jurídico. El carácter lógico de las leyes. La estructura ética de las decisiones.

Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

35 . El deber de argumentar encuentra su razón de ser en: a. El principio de seguridad jurídica. b. El principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos. c. El principio constitucional de legalidad en el ejercicio de los po­ deres públicos. d. El principio de buena administración. Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

36 .Desde el punto de vista de la argumentación jurídica, es impor­ tante hacer un examen muy riguroso de los hechos en un proceso judicial, porque:

a. Los hechos son la base moral de la verdad. b. Los hechos son la base de la sentencia. c. De acuerdo a los hechos se aplica la consecuencia jurídica de la norma. d. Los hechos definen el sentido de la sentencia. Respuesta: c

VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ Sobre los principios del procedimiento administrativo, conforme al artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el principio de verdad material establece: 54

PRUEBA D

37. Marque la alternativa correcta:

a. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presu­ me que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción ad­ mite prueba en contrario. b. Las autoridades administrativas deben verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para tal fin, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados. c. La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo mo­ mento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. d. La autoridad administrativa está obligada a facilitar informa­ ción a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier mo­ mento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ

Sobre los criterios para determinar la competencia: a. El criterio territorial forum comissi delicti es subsidiario al igual que los demás criterios, pues ninguna persona puede ser des­ viada de la jurisdicción predeterminada por la ley. b. El criterio territorial forum comissi delicti es fuero preferente a los otros criterios en la predeterminación legal del juez. 55

LEGALES EDICIONES

38 .En el interior de un bus interprovincial que venía procedente de Arequipa con dirección a Lima, se cometió un homicidio de lo cual se percató la terramoza al llegar a su destino final, teniéndose in­ formación que el crimen se habría producido en Nazca.

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c. La norma procesal penal establece fueros equivalentes para de­ terminar la competencia evitando la manipulación del texto de las reglas de atribución de competencia. d. La norma procesal penal establece fueros que se aplican uno en defecto de otro sin distingo alguno en cumplimiento a la garan­ tía procesal del "juez natural".

Respuesta: b

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“Forum loci delicti comissi”, procede de: Foro del lugar donde se ha pro­ ducido el hecho que motiva la obligación de reparación. La competencia con frecuencia es erróneamente confundida y equipa­ rada al término de jurisdicción, esta última se trata de la potestad con la que se hallan revestidos los jueces para administrar justicia en nombre del pueblo, mientras que la competencia trata de la facultad que tienen los jueces para conocer de los procesos dentro de su jurisdicción confor­ me lo establezca la ley. Si bien ambos se asemejan pues emanan de la ley, podemos catalogarlas en una relación de género y especie, donde la jurisdicción es el género y la competencia es la especie, porque un juez puede tener jurisdicción y no ser competente para conocer de un caso, pero de ninguna manera un juez puede tener competencia sin jurisdicción, ello resulta jurídica­ mente imposible. La Constitución Política reconoce al Poder Judicial como una organi­ zación integrada por una pluralidad de órganos jurisdiccionales, es pre­ cisamente en razón a esta multiplicidad que la norma debe determinar en qué momento una judicatura es la correspondiente a conocer de un proceso y así identificarla de entre las demás. El 24 de julio del 2021, Diego se encontraba bebiendo con sus com­ pañeros de la empresa donde labora, después de aproximadamente tres horas se retiró del lugar conduciendo su automóvil marca MAZDA del año 2016, por lo que, a las 22:00 horas aproximadamente, Diego es intervenido por un efectivo policial entre la intersección de la Av. Arequipa con la Av. Javier Prado, debido a que el efectivo policial se percató que el vehículo estaba realizando maniobras peligrosas. En dichas circunstancias, se realizó la prueba de alcoholemia determi­ nando la presencia de alcohol. Por ello, fue conducido a la comisa­ ría del sector a fin de continuar con las diligencias necesarias, dando parte al Ministerio Público, quien conociendo los hechos y habiendo recabado las pruebas necesarias del caso concreto, solicitó la incoa­ ción del proceso inmediato ante el Juez de Investigación Preparatoria. 56

PRUEBA D

39 .Ante el pedido del Ministerio Público, el Juez de la Investigación Preparatoria, puede: a. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe conti­ nuar con las demás diligencias para su teoría del caso. b. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe formu­ lar acusación. c. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. d. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe continuar con las diligencias preliminares. Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

Emérito Contreras abogado de nacionalidad colombiana, hace una parada de tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez, proveniente de México, con destino a Bogotá Colombia. Al ser registrado su equipaje por personal de aduanas, se descubre que portaba en una de sus maletas, la suma de 130 mil dólares, camuflado entre sus pertenen­ cias, no obstante haber declarado que solo portaba una suma inferior a los diez mil dólares americanos. Al ser interrogado por el represen­ tante del Ministerio Público, señaló que dicho dinero provenía de sus actividades de abogado consultor y que, en todo caso, podría acre­ ditarlo con la documentación correspondiente que tiene en su país. 40 . En los términos en los que ha sido definido el delito de lavado de activos en la Sentencia Plenaria 1-2017, puede afirmarse lo si­ guiente:

Respuesta: a

VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 57

LEGALES EDICIONES

a. La conducta de Emérito Contreras constituye falta administra­ tiva de ingreso de dinero no declarado. b. Se configura el delito de lavado de activos proveniente de una actividad criminal abstracta. c. Se trata de un delito de lavado de activo en la medida que Emé­ rito no ha justificado la proveniencia ilícita de su conducta. d. Es posible sancionarlo administrativamente y también penal­ mente por delito de lavado de activos.

MMM

PRUEBA E

FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVO) Jacinto conducía su vehículo por el carril izquierdo, a 50 kilómetros por hora, por una calle residencial, a las veinte horas. Cuando esta­ ba volteando a la derecha, aparece raudamente por el carril derecho Demetrio, de 25 años de edad, conduciendo su bicicleta. La bicicleta de Demetrio impacta en el costado derecho del vehículo de Jacinto. Por la velocidad que llevaba Demetrio es lanzado contra un poste de alumbrado público, falleciendo por el golpe que sufrió en la cabeza, a la semana de producido el hecho.

1. Con relación a la responsabilidad de Jacinto es de señalar: a. Es responsable por el delito de lesiones culposas, al ir mane­ jando a una velocidad inadecuada y voltear súbitamente a la derecha. b. Es responsable por el delito de homicidio culposo agravado, por haber vulnerado las reglas de tránsito. c. No es responsable por el delito de lesiones culposas, estando a la conducta imprudente de Demetrio, al conducir su bicicleta. d. No es responsable por el delito de homicidio culposo, conside­ rando que Demetrio ha vulnerado el principio de confianza.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 2. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta?

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LEGALES EDICIONES

a. En el ámbito del derecho penal, en particular vinculado al trán­ sito es posible admitir la compensación de culpas, para efecto de la determinación de la pena. b. La actuación de la víctima no es relevante para determinar la tipicidad objetiva de la conducta del autor. c. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad objetiva. d. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad subjetiva.

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Respuesta: c VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ El Gerente de Ventas Claudio y de Control de Calidad, Fermín, pre­ ocupados por la baja en las ventas de vehículos de una conocida empresa automotriz, para la que trabajaban, disponen que los inge­ nieros de la División de informática instalen en los vehículos de ma­ nera deliberada, un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. Dicho programa se instaló en quince mil vehí­ culos que fueron vendidos entre 2015 y 2017. Este sistema era capaz de detectar cuando el vehículo era sometido a la prueba de control de emisiones. El dispositivo se encendía en ese momento y hacía un control completo de las emisiones de humo, pero se apagaba en con­ diciones normales de circulación. 3. En el presente caso, los Gerentes Claudio y Fermín deben respon­ der por los delitos de:

a. b. c. d.

Estafa y abuso de mecanismos informáticos. Contaminación ambiental y fraude informático. Estafa y fraude informático. Estafa y contaminación ambiental.

Respuesta: b

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La Sala Penal de la Corte Suprema ha dictado la casación 455-2017-Pasco, desarrollando doctrina jurisprudencial sobre el contenido del delito de contaminación ambiental y su autoría, usualmente atribuida a los ge­ rentes generales o representantes legales de las empresas involucradas por el solo hecho de ejercer dicho cargo. Sostiene la mencionada decisión que si bien el delito de contaminación ambiental, previsto en el artículo 304 del Código Penal, es un deli­ to común, esto es que puede ser cometido por cualquier persona sin necesidad de contar con alguna característica especial exigida por la norma penal. Ciertamente, su ámbito de autoría está frecuentemente vinculado a la actividad empresarial en donde hay un entorno nor­ mativo que determina deberes, funciones y responsabilidades de las personas que conforman la empresa. Al ser así, es correcto interpretar al delito de contaminación ambiental como un delito de infracción de deber. Esto es un ilícito imputado al agente por haber incumplido los deberes y responsabilidades derivados de su rol y competencia dentro de la organización empresarial. Claro está, estos deberes no pueden 60

PRUEBA E

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LEGALES EDICIONES

ser premisas etéreas y generales, sino que tienen que estar claramente definidos dentro de la normativa organizacional de la persona jurídica. Dicho de otro modo, para imputar responsabilidad penal a un deter­ minado funcionario por el delito de contaminación ambiental es indis­ pensable individualizar su participación en los hechos, determinando los deberes funcionales que incumplió y que conllevó causalmente al daño ambiental. En el año 2013 se publicó en nuestro país la Ley N° 30096, “Ley de Deli­ tos Informáticos”, que tuvo por objeto prevenir y sancionar las conduc­ tas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos, la indemnidad y libertad sexuales, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, el patrimonio y la fe pública, en los cuales el delincuente utiliza la tecnolo­ gía actual para cometer dichos ilícitos. La mencionada norma sufrió una modificación mediante la Ley N° 30171 publicada el año 2014, en la cual se agregó a los tipos penales acceso ilícito (artículo 20), atentado a la integridad de datos informáti­ cos y sistemas informáticos (artículos 30 y 40), interceptación de datos informáticos (artículo 70), fraude informático (artículo 8o) y abuso de mecanismos y dispositivos informáticos (artículo 10o) las palabras “de­ liberada e ilegítimamente”, reafirmando que dichos tipos penales se co­ meten de forma dolosa, y se derogó el artículo 6o que tipificaba el tráfico ilegal de datos. Ahora bien, es importante señalar que nuestros legisladores al momento de elaborar la mencionada Ley utilizaron como base el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia” o más conocido como el “Convenio de Budapest”. Dicho Convenio - que se firmó en el año 2001 y entró en vigor interna­ cionalmente en el año 2004- es un tratado internacional creado por los países miembros del Consejo de Europa “con el fin de hacer frente a los delitos informáticos a través de mecanismos de homologación de nor­ mas de derecho penal sustantivo, estandarización de procesos penales y cooperación internacional”. Al respecto de este convenio, es muy curioso que recién en el año 2019 el Poder Legislativo lo haya aprobado por Resolución Legislativa N° 30913, de fecha 12 de febrero de 2019, y con fecha 10 de marzo de ese mismo año el Poder Ejecutivo lo ratificó mediante Decreto Supremo N° 010-2019-RE, cuando desde el año 2013 ya existía una Ley de Delitos Informáticos en el país y donde el mencionado Convenio hubiera sido de mucha utilidad para que los operadores de justicia puedan tomar conciencia sobre la protección de la seguridad informática y la cultura digital que debe existir en el país.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

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Habiendo explicado la definición de los delitos informáticos y el bien jurídico protegido, debemos desarrollar el delito de fraude informático, el cual se encuentra previsto en el artículo 8o de la Ley N° 30096, que señala expresamente lo siguiente: “El que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un pro­ vecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cual­ quier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte días-multa. La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y de ochenta a ciento cuarenta días- multa cuando se afecte el patri­ monio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social.” De la redacción del tipo penal, se advierte que este ilícito lo puede co­ meter cualquier persona y en cuanto al sujeto pasivo también puede ser cometido contra cualquier persona natural, persona jurídica, institución bancaria e incluso gobiernos que usan sistemas automatizados de infor­ mación, conectados unos entre otros. Asimismo, este delito sanciona las conductas de diseñar -hacer un dise­ ño- (4), introducir -entrar en un lugar- (5), alterar -estropear, dañar o descomponer- (6), borrar -desvanecer- (7), suprimir -hacer cesar, hacer desaparecer- (8), clonar -producir clones- (9), interferir -introducirse en la recepción de una señal y perturbarla- (10) o manipular -interve­ nir con medios hábiles en la información- (11) un sistema informático -todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relaciones entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa- (12) en perjuicio de un tercero. Esta figura penal se clasifica como un delito de resultado, toda vez que no basta con realizar las conductas típicas mencionadas, sino que además es necesario que esa acción vaya seguida de un resultado separado de la misma conducta el cual es causar un perjuicio econó­ mico. La redacción del tipo penal, deliberada e ilegítimamente, nos evidencia que únicamente se puede cometer de forma dolosa, no cabiendo la co­ misión por culpa; es decir, el agente debe tener la conciencia y voluntad de diseñar, introducir, alterar borrar, suprimir, clonar, interferir o mani­ pular de forma ilegítima un sistema informático. 62

PRUEBA E

4. Con relación a la responsabilidad de los ingenieros de la División de Informática puede señalarse lo siguiente.

a. Su conducta es neutra pues la elaboración de un programa informá­ tico se encuentra dentro del ámbito de competencia de los mismos. b. Deben responder como cómplices de los delitos cometidos por los Gerentes Claudio y Fermín, en particular por el (los) delitos informáticos cometidos. c. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices del delito ambiental. d. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices de los delitos ambiental y de estafa.

Respuesta: b El cómplice se define, en el Derecho Penal, como la persona que colabora en un hecho delictivo con actos anteriores o simultáneos. Es un rol que no resulta absolutamente imprescindible para la comisión delictiva. Su función es útil, pero podría existir el delito igualmente sin su existencia. La complicidad también conlleva una responsabilidad criminal tipifica­ da en el Código Penal peruano. Es frecuente confundir esta figura con otras como el cooperador necesario, pero sus diferencias serán determi­ nantes para establecer las penas.

5. En relación al delito de Omisión de Socorro, es correcto decir que Jorge Gutiérrez:

a. Incurrió en este delito porque no socorrió al herido. b. No incurrió en este delito, porque si bien hirió Carlos Quiroz y se retiró del lugar del accidente, otras personas lo auxiliaron inmediatamente. 63

LEGALES EDICIONES

En circunstancias que Jorge Gutiérrez Torres, conducía su vehículo por inmediaciones de la cuadra 05 de la Av. Abancay - Cercado de Lima, sufre un desperfecto en el sistema de dirección, por lo que lo que comienza al perder el control del carro. No obstante, ello, como se encuentra apurado continúa con su marcha y cuando pretende doblar hacia el Jirón Miroquezada, se despista y atropella a Carlos Quiroz Barba a quien deja gravemente herido, pero las personas que estaban por la zona le prestan auxilio al herido y lo llevan al Hospital Dos de Mayo. Jorge, nervioso por lo sucedido y sabiendo que es un personaje público se aleja del lugar del accidente, pero al cabo de 15 minutos regresa al lugar del accidente y pone a derecho ante la autoridad policial que se encontraba en la zona realizando el ITP, por lo que es llevado a la Comisaria de San Andrés.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. No cometió este delito porque volvió al lugar del accidente d. Ninguna de anteriores. Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 9 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ

Frida Guzmán Valderrama, se presentó a un concurso público para cu­ brir la vacante del Secretaria de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Metropolitana de Lima. Es el caso, que en su ficha de inscripción le hicieron firmar una declaración jurada de veracidad, respecto a que lo declarado y los documentos que adjuntaba como anexos (requisitos para acceder al puesto) era verdaderos. Frida gana el concurso, y a los 30 días estar laborando en la citada entidad, se hace la fiscalización de los documentos que presentó, descubriéndose que el título en original de Secretaria del Instituto Superior SESATEL que había presentado, firmado supuestamente por el Director de SESATEL era falso, ya que esta entidad había informado que Frida Guzmán jamás había estudiado en dicha casa de estudios y el que formato de título no correspondía al que ellos entregan a sus egresados.

LEGALES EDICIONES

6. En relación al caso propuesto, es correcto afirmar:

a. Se ha dado un caso típico del delito de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo. b. Se ha dado un caso típico del delito de Uso de Documento Pri­ vado Falso. c. Se ha dado un caso típico de concurso ideal de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso. d. Se ha dado un casi caso típico de concurso real de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso. Respuesta: b

VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 7. ¿Cómo se produce la derogación de una ley?

a. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera ex­ presa o tácita, en este último caso por incompatibilidad entre la 64

PRUEBA E

nueva ley y la anterior o cuando la materia de la antigua ley está íntegramente regulada por la nueva ley. b. Una ley puede ser derogada por otra ley o por mandato judi­ cial, siempre de manera expresa. c. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de mane­ ra expresa o tácita, en este último caso se tiene en cuenta el criterio jurisdiccional de los jueces al momento de aplicar la nueva ley. d. Una ley sólo se deroga por otra ley y, de manera excepcional, por mandato judicial cuando la materia responda a derechos fundamentales.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 9 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ En relación a la restricción del control judicial de constitucionalidad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC. 8. Señale la respuesta correcta:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 65

LEGALES EDICIONES

a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, poste­ riormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constituciona­ lidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos. b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del con­ trol de constitucionalidad de la misma. c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último ad­ vierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional. d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley -previamente declarada válida por el TC - producto de la modificación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamentaria (vgr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha seña­ lado formas distintas de solución. 9. Sobre el particular indique la respuesta correcta:

a. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma re­ glamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial. b. En ningún caso los órganos de la administración pública pue­ den resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias. c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nu­ lidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución. d. La potestad de realizar un control abstracto de normas regla­ mentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ lO.Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:

LEGALES EDICIONES

a. Guardar en todo momento conducta intachable. b. Ser mayor de cuarenta y cinco años. c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante quince años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante veinte años. d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 66

PRUEBA E

1 1.Son reconocidos como organismos constitucionalmente autóno­ mos: a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Ju­ rado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia. b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva. c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Iden­ tificación y Estado Civil. d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ El día 15 de enero del año X, A vende una casa a B, quien por el im­ porte del precio acepta una letra de cambio, con vencimiento al 15 de febrero del mismo año X.

12 . Si la letra de cambio se protesta por falta de pago, marque la res­ puesta correcta: a. A no puede valerse de la acción causal para el cobro de su cré­ dito. b. A solamente puede cobrar la letra de cambio. c. A solamente puede valerse de la acción causal. d. A puede optar por cobrar la letra o por cobrar el precio de venta.

Respuesta: d

13 .En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organiza­ ciones delictivas, el fiscal por propia iniciativa o a pedido de la policía, sin conocimiento del afectado, puede ordenar: a. Efectuar el allanamiento sin necesidad de orden judicial. b. Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes respecto al lugar de residencia del investigado. 67

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0072021-SN/JNJ

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. Requerir la identificación de cualquier persona para realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública. d. Retener por cuatro horas a las personas a efectos de realizar pesquisas.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ Una vez terminada la investigación preparatoria, el fiscal cuenta con 15 días para emitir su acusación. 14 .¿Qué sucede cuando el representante del Ministerio Público no emite su acusación en dicho tiempo?

a. Aún puede emitir su acusación, no obstante, su accionar le genera responsabilidad administrativa. b. Se genera el sobreseimiento del proceso penal. c. Se debe disponer la realización de una investigación comple­ mentaria. d. Se debe solicitar la prolongación del plazo de la investigación preparatoria.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

En el EXP N° 4630-2013-PHC/TC, así como en reiterada jurispruden­ cia el Tribunal Constitucional (EXP. N.° 05696-2009-PHC/TC, EXP. N.° 6142-2006-PHC/TC, EXP. N.° 05423-2008-HC/TC y otros), en relación a la flagrancia ha señalado que:

“3.3.3. - El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada jurispruden­ cia, que la flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmedia­ tez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo.”

15 .En este marco constitucional de la flagrancia, el Código Procesal Penal, reconoce los siguientes tipos de flagrancia: 68

PRUEBA E

a. La flagrancia estricta, flagrancia temporal y flagrancia perso­ nal. b. La flagrancia temporal, presunción de flagrancia y flagrancia personal. c. La flagrancia estricta, cuasiflagrancia y flagrancia presunta. d. La flagrancia temporal, flagrancia personal y cuasiflagran­ cia.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

El 24 de julio del 2021, Diego se encuentra bebiendo con sus com­ pañeros de la empresa donde labora, después de aproximada­ mente tres horas, se retira del lugar conduciendo su automóvil marca Mazda del año 2016, por lo que, a las 22:00 horas aproxi­ madamente, Diego es intervenido por un efectivo policial entre la intersección de la Av. Arequipa con la Av. Javier Prado, debido a que el efectivo policial se percató que el vehículo estaba realizan­ do maniobras peligrosas. En dichas circunstancias, se realiza la prueba de alcoholímetro determinando la presencia de alcohol por encima del límite permitido. Por ello, es conducido a la Comisaría del sector a fin de continuar con las diligencias necesarias, dando parte al Ministerio Público, quien conociendo los hechos y habien­ do recabado las pruebas necesarias del caso concreto, solicita la incoación del proceso inmediato ante el Juez de Investigación Pre­ paratoria. 16 .Ante el pedido del Ministerio Público, el Juez de la Investigación Preparatoria, puede:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 69

LEGALES EDICIONES

a. Aceptar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe con­ tinuar con las demás diligencias para su teoría del caso. b. Aceptar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. c. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. d. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe continuar con las diligencias preliminares.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

En el contexto de disputas vecinales surgidas por la asignación de estacionamientos vehiculares a los residentes del barrio, Luisa de­ nuncia por lesiones leves a Juan, su vecino, de ocupación fiscal pro­ vincial penal de Lima. La denunciante señaló que durante un reciente altercado Juan la lesionó propinándole dos puñetes en el rostro, cir­ cunstancia que quedó acreditada con el reconocimiento médico le­ gal a la que fue sometida y la declaración de tres testigos, residentes, como la víctima y el agresor, de la misma vecindad. Según las pautas del CPP de 2004, diga usted: 17 .¿Qué posibilidades tiene el fiscal competente para evitar el ejerci­ cio de la acción penal contra Juan?

a. Ninguna, porque cuando Juan lesionó a su vecina ostentaba cargo de funcionario público. b. Tiene la posibilidad de aplicar un acuerdo reparatorio si el caso encuadra en las previsiones materiales del artículo 122 del Có­ digo Penal, es decir se trata de lesiones leves y figura entre los ilícitos que pueden ser materia de acuerdo reparatorio según el artículo 2 del CPP 2004. c. Ninguna, porque se trata de un delito doloso no culposo que el artículo 2 del CPP 2004 no contempla. d. Puede evitar el ejercicio de la acción penal invocando razones de oportunidad diferentes al acuerdo reparatorio porque las le­ siones menos graves o leves no habilitan la aplicación de esta figura debido al daño infligido a una mujer, según establece el artículo 122 del CP.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ En el preciso instante en que María se encontraba caminando sola en la calle, Luis, le arrebata su celular, luego de forcejear con la víctima la arroja al suelo, consigue el celular y huye, siendo que María empie­ za a pedir auxilio inmediatamente. 18 .¿Es posible que los vecinos de María detengan a Luis?

a. Sí, siempre y cuando el delito cometido por Luis sea grave, es decir se trate de un ilícito penado con privación de libertad su­ perior a seis años. b. No, porque el acto cometido por Luis es hurto agravado y no robo. 70

PRUEBA E

c. Sí, porque el Código Procesal Penal reconoce la facultad de los ciudadanos de detener a quien se encuentre en delito flagran­ te, circunstancia que comprende huir inmediatamente luego de cometerlo. d. Sí, siempre que la acción sea conjunta con la policía, esto es, que en la captura también intervengan elementos policiales.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

19 .¿Quién autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú a que se inserten como agentes encubiertos, y por cuánto tiempo podrán actuar bajo identidad supuesta?: a. El juez de la investigación preparatoria, 12 meses. b. El fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Crimen Orga­ nizado, 9 meses. c. El fiscal superior, 4 meses. d. El fiscal provincial, 6 meses.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

20 . Diga usted ¿cuál es la solución que aporta el CPP 2004, al respecto? a. Manuel será excarcelado cuando cumpla los 15 meses de pri­ sión preventiva, porque la ley procesal se aplica de inmediato, inclusive a los procesos en trámite. b. Manuel será excarcelado a los 9 meses, plazo inicial, aunque antes del vencimiento de este término el fiscal haya declarado 71

LEGALES EDICIONES

A Manuel se le sigue una investigación preparatoria por un delito de corrupción de funcionarios, su condición procesal es la de preso pre­ ventivo y el plazo de la medida que el juez dispuso fue de 9 meses al apreciar que el caso no era complejo. Ocurre que, cuando Manuel cumplió 7 meses de prisión preventiva, las normas procesales cam­ bian y se establece que el plazo de ésta para casos no complejos será ahora 18 meses. Manuel y su defensor tienen especial interés en establecer si será excarcelado al cumplir el plazo de 9 meses o se le aplicará el nuevo de 18 meses.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

complejo el proceso y requerido la prolongación de la prisión preventiva. c. Manuel será liberado a los 9 meses porque la norma proce­ sal vigente es la que regía al momento de la comisión del delito. d. Manuel será liberado al cumplirse los 9 meses porque la apli­ cación inmediata de la ley procesal, incluso a los procesos en trámite tiene excepciones, entre ellas, el que siga rigiendo la ley anterior cuando se trata de plazos que hubieren empezado a correr.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

21 . Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son: a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. c. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

22 .Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio, resulta necesario: a. b. c. d.

Realizar una pericia psicológica al agresor. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Acreditar la ferocidad de la muerte.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 72

PRUEBA E

23 .No es una circunstancia agravante específica del delito de femini­ cidio.

a. Edad de la mujer.

b. Relación conyugal o de convivencia.

c.

Violación sexual previa.

d. Presencia de los hijos.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 24 .¿En qué contextos puede producirse un feminicidio?

a. Violencia familiar.

b. Coacción, hostigamiento y acoso sexual.

c.

Prevalimiento.

d. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 25 .¿Qué es la prevención del delito?

a. Es tomar medidas y realizar acciones para evitar conductas o comportamientos que pueden dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un ilícito penal.

b. Son acciones u omisiones que adopta un Estado, cuyo objeto es proteger a los miembros de la comunidad.

d. Son todas aquellas acciones que por sus características están orientadas a lograr el bienestar y la salud de la colectivi­ dad.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 73

LEGALES EDICIONES

c. Es el conjunto de estrategias propias de un Estado social y democrático de derecho, orientadas a preservar la seguridad pública y el medio ambiente.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

26 .¿Cuál de las siguientes atribuciones no corresponde al fiscal pro­ vincial de prevención del delito?

a. Promover reuniones de coordinación con instituciones pú­ blicas o entidades privadas en el ámbito territorial de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la labor preventiva. b. Proponer políticas públicas destinadas a la reducción de la criminalidad y de sus consecuencias en la jurisdicción a su cargo. c. Sensibilizar a la sociedad mediante alertas informativas preven­ tivas respectivas a las nuevas modalidades de la criminalidad. d. Requerir la participación del fiscal competente de acuerdo a la naturaleza de la acción preventiva a llevarse a cabo.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 21.¿£\ fiscal durante el procedimiento preventivo podrá? Marca la al­ ternativa incorrecta:

a. Realizar operativos de prevención del delito. b. Solicitar informes a instituciones públicas o entidades privadas. c. Disponer el cumplimiento de una actuación a la Policía Nacio­ nal o instituciones públicas o entidades privadas d. Asumir competencia en materia penal si advirtiera la existencia de indicios de delito

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ La Fiscalía se ha encontrado, investigando un caso de tráfico de te­ rrenos que por la cantidad de los involucrados así como por las nu­ merosas actuaciones que tiene que realizar lo ha declarado comple­ jo habiendo solicitado la prisión preventiva para los procesados, la cual le fue concedida por el plazo de 18 meses, a cuyo vencimiento, teniendo en cuenta que se dan los presupuestos ha solicitado la pro­ longación por el mismo tiempo; al cuarto mes de la prolongación de prisión preventiva recoge elementos que dan cuenta que se trata de una organización criminal. 74

PRUEBA E

28.Sobre ello:

a. El Juez de Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal debe­ rá adecuar el plazo de prolongación de prisión preventiva para los procesos de criminalidad organizada hasta 36 meses. b. El Juez de Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal, ex­ cepcionalmente podrá adecuar el plazo de la prolongación de prisión preventiva para los procesos de criminalidad organiza­ da hasta 36 meses. c. Según el Acuerdo Plenario Extraordinario No. 01-2017 la pro­ longación de prisión preventiva tendrá un tope de 12 meses incluido los cuatro meses que ya se habían ejecutado. d. Según el Acuerdo Plenario Extraordinario No. 01-2017 si el caso se encontrare en prisión preventiva, se podrá adecuar la misma hasta los 36 meses que es el tope que señala la ley para los pro­ cesos de criminalidad organizada.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ En la ciudad “Grandeza” vienen operando algunas organizaciones criminales afectando a los ciudadanos, por lo que Ulises, Fiscal Penal, al tomar conocimiento de su existencia, decide investigarlas y empie­ za por “Los Intocables”, acopiando información que ésta funciona a través de personas jurídicas que ha creado para dar apariencia de le­ galidad pero que, en realidad, son simple fachada de las actividades criminales que desarrollan.

29.Entonces decide hacer uso de las operaciones encubiertas, mar­ ca la respuesta correcta:

75

LEGALES EDICIONES

a. Las operaciones encubiertas son un procedimiento especial de investigación de carácter reservado. b. Las operaciones encubiertas son autorizadas por el Juez en la etapa de diligencias preliminares. c. Las operaciones encubiertas son autorizadas por el Fiscal para la creación o modificación de una persona jurídica a efecto de que participe en el tráfico jurídico con seguridad jurídica. d. Las operaciones encubiertas son autorizadas por el Fiscal para la creación ficticia de personas jurídicas que ingresarán al tráfi­ co jurídico, no requiriendo la confirmatoria de lo actuado.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 20 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

Mariam es una Fiscal de Crimen Organizado que viene trabajando una investigación de Crimen Organizado, y ha tomado conocimien­ to que uno de sus integrantes ha sido investigado y sentenciado en un caso anterior por sicariato, por lo que desea solicitar las pericias que se han realizado en el referido caso para apoyar su investiga­ ción. 30.Sobre la prueba trasladada: a. La prueba trasladada puede tener eficacia si las partes son las mismas, esto en virtud del principio de unidad jurisdic­ cional dentro del cual se señala el cumplimiento de ciertos requisitos. b. Un supuesto de la prueba trasladada es el traslado de medios de prueba de naturaleza personal, que operaría cuando se trata de delitos convencionales y se acredite la dificultad o imposibi­ lidad de su actuación. c. Un supuesto de prueba trasladada es el traslado de dictáme­ nes periciales, informes y prueba documental, que sí podría realizarse en cualquier tipo de proceso, sin que sea necesario demostrar su urgente necesidad. d. La doctrina exige que la prueba haya sido admitida o in­ corporada a otro proceso judicial, solo después del auto de enjuiciamiento.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

El presidente regional P se encuentra prófugo debido a que se le acusa de haber cometido el delito de colusión agravada en la compra de las casas prefabricadas para las víctimas del terre­ moto de Pisco. Este se habría coludido con el representante de la empresa M, un amigo de su infancia, para sobrevalorar el precio de dichas infraestructuras móviles, de S/. 5,000.00 a S/. 15,000.00. Este comportamiento ha ocasionado un grave daño patrimonial al Estado, pues según pericia contable, sí existe daño al patrimonio del Estado. 76

PRUEBA E

31 .En el caso de que se configure el delito de colusión:

a. El empresario M responde como autor del delito de colusión. b. El empresario M responde como cómplice del delito de colu­ sión. c. El comportamiento del empresario M es atípico. d. El empresario M responde como autor mediato.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 32 .Es correcto afirmar que el delito de colusión es un delito

a. b. c. d.

De participación necesaria. Común. Unilateral. Continuado.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 30 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

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LEGALES EDICIONES

El reciente Director de una entidad estatal acuerda con el represen­ tante de la empresa M&J Inversiones Fermín Yovera, que los pro­ cesos de selección a convocar durante el presente ejercicio anual serían otorgados a la referida empresa, para lo cual este entrega a aquél una fuerte suma de dinero como adelanto de la comisión acor­ dada por los procesos de selección; para concretar los acuerdos, Fer­ mín Yovera se encarga de elaborar -extraoficialmente- la bases del futuro proceso de selección, a fin de manipular las condiciones del mismo, mientras que el Director designa como miembros del Comité Especial a personas afines, a quienes pone al tanto de lo sucedido, quienes aceptan y se comprometen en que al momento de efectuar la calificación entregarían la buena pro a la empresa antes citada, aun cuando no sostienen reunión alguna con Fermín Yovera; poste­ riormente, después de aprobadas las bases preparadas por Yovera, las cuelgan en el SEACE. Habiendo tomado conocimiento de que la Contraloría General de la República había acreditado una comisión auditora en la enti­ dad, Fermín Yovera y los miembros del Comité Especial decidieron anular el proceso de selección, previo a la presentación de pro­

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

puestas técnicas y económicas, aduciendo la existencia de defec­ tos administrativos, con la finalidad de evitar que los hechos sean descubiertos por el órgano de control; situación que incomodó a Yovera, quien decidió poner los hechos en conocimiento del Minis­ terio Público. 33 . Respecto a la imputación contra el Director de la entidad, señale la respuesta correcta: a. Se le imputará el delito de Colusión, en calidad de autor. b. Su conducta resulta atípica de colusión, en tanto no se otorgó la buena pro, al declararse nulo el proceso de selección. c. Su conducta resulta atípica, en tanto no tiene participación di­ recta en el proceso de selección, ya que no es quien elabora las bases ni otorga la buena pro, correspondiendo dicha labor al Comité Especial. d. Su conducta resulta atípica, en tanto no existe perjuicio al patri­ monio del Estado.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

En el Perú -a diferencia de otras latitudes, en las que expresamente se re­ conoce la escasa aplicación práctica del delito, o de figuras similares, por parte de la judicatura-, los fraudes en la contratación estatal adquieren cuotas notablemente elevadas, lo que demuestra una realidad crimino­ lógica bastante cruda y clara en cuanto a la proclividad de los funciona­ rios para afectar el patrimonio del Estado valiéndose del concierto con los proveedores de bienes. El delito de colusión es uno de los delitos de función más típicos en su género, tanto por la calidad específica del sujeto activo (funcionario público) y el bien jurídico protegido (la Administración Pública), como por la propia conducta típica exigida por el artículo 384 del Código Pe­ nal (“. ..funcionario o servidor público que... defrauda al Estado...”). Por otro lado, en el Derecho peruano, el tipo delictivo de colusión des­ leal debería estar ubicado en un Título autónomo, pues no tiene nada que ver con el delito de concusión, ni tampoco -en realidad- con el cohecho (no exige probar una contraprestación al funcionario). Los autores españoles Morales Prats y Morales García, con referencia al delito de colusión desleal, consideran que: “[...] lo que se persigue es evitar que el funcionario cause un perjuicio económico a la Administración. No obstante la conducta delictiva tipi­ ficada en el artículo 436 CP, no consiste en la sustracción directa o in­ 78

PRUEBA E

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LEGALES EDICIONES

directa de caudales o efectos públicos, sino en la realización de acciones defraudadoras. Desde esta perspectiva, el bien jurídico tutelado en este delito podría cifrarse en el acervo público imprescindible para el correc­ to desempeño de funciones públicas. Por su parte, Rojas Vargas considera que: “Los sujetos que actúan a nombre del Estado deben hacerlo en representación del mismo y ser parte para proteger o promover sus intereses y lograr los más óptimos beneficios resultantes de los convenios, ajustes, liquidaciones o suminis­ tros con la otra parte contractual representada por los particulares (que nuestra norma penal llama los ‘interesados’)”. Debe tenerse en consideración que se sanciona el delito de colusión de­ bido a dos motivos fundamentales: en primer lugar, el funcionario pú­ blico debe utilizar los acuerdos contractuales que prevé la ley penal, es decir, debe tratarse de acuerdos contractuales que vinculan al Estado precisamente para defraudarlo; en segundo lugar, que a través de los acuerdos previstos por la ley se persigue -dolosamente- perjudicar los intereses del Estado. Como puede verse, tanto los acuerdos contractuales como el respectivo perjuicio económico deben darse dentro del marco estatal. No se con­ cibe, al menos en el derecho peruano, que el acuerdo colusorio y su re­ sultado se realicen fuera de los intereses estatales, más todavía si quien lo realiza debe ser un funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones. Efectivamente, los dos requisitos se constituyen en una exigencia del tipo objetivo del delito de colusión desleal, y desnudan la obligatoria observancia que el juzgador debe deparar al mismo al momento de efec­ tuar el juicio de tipicidad. Si bien todo funcionario público posee una fúnción de protección de los intereses de la Administración Pública en diversos supuestos típicos, para efectos de satisfacer dicha exigencia ob­ jetiva se requiere además de la existencia de un plus que se traduce en la necesaria constatación de una especial vinculación funcional derivada del cargo o comisión especial entre el funcionario (autor) y la negocia­ ción o concertación que habrá de efectuar con los interesados. Finalmente, no toda concertación -y, por ende, colusión- entre el fun­ cionario y el interesado puede ser considerada como ilegal. Aquí debe primar el principio racionalizador del sistema penal como principio de subsidiariedad; es decir, que bajo determinadas pautas la existencia del derecho penal debe existir como expresión de la tan pregonada pero casi nunca cumplida ultima ratio, pues en nuestro medio es común que se cumpla en prima ratio.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

34 . El derecho de acceso a los órganos de justicia, así como la efica­ cia de lo decidido en la sentencia, se encuentran comprendidos en: a. b. c. d.

El principio de legalidad. La seguridad jurídica. La finalidad de justicia. La tutela judicial efectiva.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

35 . En los casos de conflictos éticos que se pueden producir en el ejercicio profesional por parte de los fiscales, habrá que entender que lo principal es que: a. Se dé primacía a los principios de legalidad y de imparcialidad, para hacer eficaces los contenidos de moralidad de nuestro sis­ tema jurídico. b. Se dé primacía a que se aplique la sanción penal solicitada por el Ministerio Fiscal o, en su caso, por la acusación particular. c. Se dé primacía a las órdenes recibidas por el Gobierno. d. Se dé primacía a las órdenes recibidas por el Parlamento.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

36 .Cuál es el objeto de estudio de las teorías de la argumentación jurídica: a. La capacidad de convencimiento de las decisiones judicia­ les. b. El razonamiento jurídico. c. El carácter lógico de las leyes. d. La estructura ética de las decisiones.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 80

PRUEBA E

37 .El deber de argumentar encuentra su razón de ser en: a. El principio de seguridad jurídica. b. El principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de los poderés públicos. c. El principio constitucional de legalidad en el ejercicio de los po­ deres públicos. d. El principio de buena administración.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

38 .Desde el punto de vista de la argumentación jurídica, es impor­ tante hacer un examen muy riguroso de los hechos en un proceso judicial, porque: a. Los hechos son la base moral de la verdad. b. Los hechos son la base de la sentencia. c. De acuerdo a los hechos se aplica la consecuencia jurídica de la norma. d. Los hechos definen el sentido de la sentencia.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ Sobre los principios del procedimiento administrativo, conforme al artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el principio de informalismo establece...

a. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer pre­ valecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su va­ lidez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen inde­ fensión a los administrados. b. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima di­ 81

LEGALES EDICIONES

39 . Marque la respuesta correcta:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

námica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. c. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. d. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa de­ berán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racio­ nales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 1 DELA PRUEBA A- CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ En el proceso penal seguido contra Buendía Chaposo por el delito de omisión de asistencia familiar, la 3ra. Sala de Apelaciones de Arequi­ pa ha delimitado la diferencia entre los requisitos de procedibilidad y los elementos del tipo penal.

40 . Marque la alternativa incorrecta:

LEGALES EDICIONES

a. La verificación de la configuración de los elementos del tipo corres­ ponde al juicio de tipicidad para la calificación del hecho punible. b. La verificación de los requisitos de procedibilidad se realiza con posterioridad a la realización del hecho punible, con el objeto justamente de habilitar el ejercicio de la acción penal; es clara­ mente un acto posterior a la realización del evento criminal. c. Los requisitos de procedibilidad son de naturaleza procesal y constituyen actos de previa y necesaria realización, que tiene por objeto habilitar el ejercicio de la acción penal, mas no confi­ gurar la estructura típica de un dispositivo legal. d. Si se declara fundada una cuestión previa por la omisión de un requisito de procedibilidad, la consecuencia procesal es la con­ clusión del proceso, pues el efecto de la subsanación del defecto no es sustancial para el proceso.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 82

PRUEBA F

FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO) Jacinto conducía su vehículo por el carril izquierdo, a 50 kilómetros por hora, por una calle residencial, a las veinte horas. Cuando esta­ ba volteando a la derecha, aparece raudamente por el carril derecho Demetrio, de 25 años de edad, conduciendo su bicicleta. La bicicleta de Demetrio impacta en el costado derecho del vehículo de Jacinto. Por la velocidad que llevaba Demetrio es lanzado contra un poste de alumbrado público, falleciendo por el golpe que sufrió en la cabeza, a la semana de producido el hecho. 1. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta? a. En el ámbito del derecho penal, en particular vinculado al trán­ sito es posible admitir la compensación de culpas, para efecto de la determinación de la pena. b. La actuación de la víctima no es relevante para determinar la tipicidad objetiva de la conducta del autor. c. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad objetiva. d. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad subjetiva.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

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LEGALES EDICIONES

El Gerente de Ventas, Claudio, y el Control de Calidad, Fermín, pre­ ocupados por la baja en las ventas de vehículos de una conocida empresa automotriz, para la que trabajaban, disponen que los inge­ nieros de la División de informática instalen en los vehículos de ma­ nera deliberada, un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. Dicho programa se instaló en quince mil vehí­ culos que fueron vendidos entre 2015 y 2017. Este sistema era capaz de detectar cuándo el vehículo era sometido a la prueba de control de emisiones. El dispositivo se encendía en ese momento y hacía un control completo de las emisiones de humo, pero se apagaba en con­ diciones normales de circulación.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

2. En el presente caso, los Gerentes Claudio y Fermín deben respon­ der por los delitos de:

a. b. c. d.

Estafa y abuso de mecanismos informáticos. Contaminación ambiental y fraude informático. Estafa y fraude informático. Estafa y contaminación ambiental.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DELA PRUEBA E-CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ 3. Con relación a la responsabilidad de los ingenieros de la División de Informática puede señalarse lo siguiente.

a. Su conducta es neutra pues la elaboración de un programa in­ formático se encuentra dentro del ámbito de competencia de los mismos. b. Deben responder como cómplices de los delitos cometidos por los Gerentes Claudio y Fermín, en particular por el (los) delitos informáticos cometidos. c. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices del delito ambiental. d. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices de los delitos ambiental y de estafa.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 4DELA PRUEBA E-CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ En circunstancias que Jorge Gutiérrez Torres, conducía su vehículo por inmediaciones de la cuadra 05 de la Av. Abancay - Cercado de Lima, sufre un desperfecto en el sistema de dirección, por lo que co­ mienza a perder el control del carro. No obstante, como se encuentra apurado continúa con su marcha y cuando pretende doblar hacia el Jirón Miroquezada, se despista y atropella a Carlos Quiroz Barba a quien deja gravemente herido, pero las personas que estaban por la zona le prestan auxilio al herido y lo llevan al Hospital Dos de Mayo. Jorge, nervioso por lo sucedido y sabiendo que es un personaje públi­ co se aleja del lugar del accidente, pero al cabo de 15 minutos regre­ sa al lugar del accidente y pone a derecho ante la autoridad policial que se encontraba en la zona realizando el ITP, por lo que es llevado a la Comisaria de San Andrés. 84

PRUEBA F

4. En relación al caso narrado, se puede decir que Jorge Gutiérrez ha incurrido en delito de:

a. b. c. d.

Omisión de Socorro. Lesiones Graves. Lesiones Culposas Agravadas. Fuga del lugar del accidente de tránsito.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 8 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ 5. En relación al delito de Omisión de Socorro, es correcto decir que Jorge Gutiérrez:

a. Incurrió en este delito porque no socorrió al herido. b. No incurrió en este delito, porque si bien hirió Carlos Quiroz y se retiró del lugar del accidente, otras personas lo auxiliaron inmediatamente. c. No cometió este delito porque volvió al lugar del accidente. d. Ninguna de anteriores.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ

6. En relación a la restricción del control judicial de constitucionali­ dad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta:

85

LEGALES EDICIONES

a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, poste­ riormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constituciona­ lidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos. b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del con­ trol de constitucionalidad de la misma. c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último ad­ vierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una leypreviamente declarada válida por el TC - producto de la modificación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 7. Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamenta­ ria (vgr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha señalado formas distintas de solución. Sobre el particular indique la respuesta correcta:

LEGALES EDICIONES

a. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma re­ glamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial. b. En ningún caso los órganos de la administración pública pue­ den resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias. c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nu­ lidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución. d. La potestad de realizar un control abstracto de normas regla­ mentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.

Respuesta: o VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 8. La Constitución Política del Perú, en su artículo 118°, regula taxa­ tivamente las atribuciones del Presidente de la República. Una de las alternativas no corresponde a las mismas:

a. Dirigir la política general del Gobierno. b. Administrar la hacienda pública. 86

PRUEBA F

c. Regular las tarifas arancelarias. d. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

9. Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere: a. Guardar en todo momento conducta intachable. b. Ser mayor de cuarenta y cinco años. c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra uni­ versitaria en materia jurídica durante quince años. d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

lO.Son reconocidos como organismos constitucionalmente autóno­ mos:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 87

LEGALES EDICIONES

a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Ju­ rado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia. b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva. c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Iden­ tificación y Estado Civil. d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El día 15 de enero del año X, A vende una casa a B, quien por el im­ porte del precio acepta una letra de cambio, con vencimiento al 15 de febrero del mismo año X. 11.Si la letra de cambio se protesta por falta de pago, marque la res­ puesta correcta.

a. A no puede valerse de la acción causal para el cobro de su cré­ dito. b. A solamente puede cobrar la letra de cambio. c. A solamente puede valerse de la acción causal. d. A puede optar por cobrar la letra o por cobrar el precio de venta.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0072021-SN/JNJ

1 2.Si se demanda judicialmente el pago de la letra protestada, mar­ que la respuesta correcta: a. b. c. d.

La obligación causal queda en suspenso. A puede optar por cobrar el precio. A pierde el derecho a la acción causal. A puede valerse simultáneamente de la acción cambiaría y de la acción causal.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0072021-SN/JNJ En uno de los ríos de la Selva peruana se hunde un pequeño bote con motor fuera de borda, donde iban dos personas, que desaparecen y no se sabe nada de ellos. Jorge es uno de los desaparecidos. Sus familiares no saben qué hacer, pues Jorge es dueño de cuantiosos bienes. Un año antes de su desaparición, otorgó un testamento en el que instituyó como sus herederos a sus padres y como sus legatarios a sus dos hermanos. Hasta la fecha han transcurrido cinco años des­ de que despareció Jorge y su acompañante. 13 .¿Qué deben hacer sus familiares para acreditar la muerte de Jor­ ge e iniciar la sucesión?

a. Pedirán que se haga una investigación sobre la causa de su muerte. 88

PRUEBA F

b. Solicitarán y obtendrán la declaración de ausencia de Jorge. c. Solicitarán y obtendrán la declaración de desaparición de Jorge. d. Solicitarán y obtendrán la declaración de muerte presunta de Jorge.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

14 .Abierta la sucesión de Jorge, ¿cómo se distribuirá la herencia en­ tre las personas instituidas en el testamento? a. Se dividirá la herencia entre todos en partes iguales. b. Los padres recibirán las dos terceras partes. c. Concurrirán solamente los padres excluyendo a los hermanos de Jorge. d. Los padres recibirán la mitad y los hermanos la otra mitad.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

15 .Diga por qué debe ser declarada infundada la excepción de pres­ cripción propuesta por la demandada. a. Pietro tuvo conocimiento de que la niña no es su hija días antes de interponer la demanda. 89

LEGALES EDICIONES

Pietro Sánchez, con fecha 21.12.2019, demanda a la señora Dolores Ramírez la anulabilidad del acto jurídico por el que reconoció como hija a la menor Inés Sánchez Ramírez, contenido en la Partida de Na­ cimiento de fecha 19.09.2013. Alega que mantuvo relaciones extra­ matrimoniales con la demandada, y que cuando ya estaban sepa­ rados, a fines del año 2012, la demandada le manifestó que iba a ser padre, asumiendo él, desde entonces, la paternidad, preocupándose por la estabilidad de la madre y la menor, pero al tener un altercado con la demandada, en el mes de noviembre del 2019, esta le manifes­ tó que él no era el padre de la menor Inés. Por esta razón, interpone la demanda sustentándola en las causales de error y dolo, por haber sido inducido a error por la demandada. La madre se apersona al proceso y deduce la Excepción de Prescrip­ ción señalando que a la fecha de interposición de la demanda la niña tiene más de seis años de edad.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. la acción contestatoria de paternidad caduca a los 90 días desde el siguiente día del parto. c. la acción personal prescribe a los diez años. d. la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la paternidad.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a De acuerdo con el artículo 1989 del Código Civil: “La prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo.” En un sentido amplio, se suele denominar como prescripción a aquellos fenómenos que parecen consistir en una modificación que experimen­ ta determinada situación jurídica con el transcurso del tiempo. Messineo se aproxima a esta noción cuando califica a la prescripción como un evento vinculado con el paso del tiempo. Desde esta perspectiva lo define como el modo o medio con el cual, mediante el transcurso del tiempo, se extingue y se pierde un derecho subjetivo por efecto de falta de ejercicio. Según una judicatura nacional, la prescripción extintiva es un medio de defensa de la parte demandada por la cual se exige la extinción del de­ recho de acción respecto a una pretensión procesal determinada, al ha­ berse interpuesto fuera del plazo establecido en la norma positiva para dicha pretensión (Casación 3259-1999). Para una doctrina española, la prescripción puede definirse como una for­ ma de extinción de los derechos y las acciones derivada de la falta de ejer­ cicio por su titular durante el plazo de tiempo señalado por la ley. La falta de ejercicio del derecho, según Diez-Picazo y Gullón, es la inactividad del titular ante su lesión. Ej. El acreedor que no reclama el pago de una deuda; el propietario que no impide que un tercero ocupe su finca, etc. De las doctrinas y jurisprudencia expuesta, podemos concebir a la pres­ cripción extintiva como una forma de extinción de la acción correspon­ diente a un derecho por su no ejercicio, de parte de su titular, dentro de un plazo determinado o como un mecanismo de defensa procesal (excepción) interpuesto por el demandado dentro de una relación jurídica procesal.

16 .¿Quién autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú a que se inserten como agentes encubiertos, y por cuánto tiempo podrán actuar bajo identidad supuesta?:

a. El juez de la investigación preparatoria, 12 meses. b. El fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Crimen Orga­ nizado, 9 meses. 90

PRUEBA F

c. El fiscal superior, 4 meses. d. El fiscal provincial, 6 meses.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

17 .A Manuel se le sigue una investigación preparatoria por un delito de corrupción de funcionarios, su condición procesal es procesa­ do con prevención preventiva y el plazo de la medida que el juez dispuso fue de 9 meses al apreciar que el caso no era complejo. Ocurre que, cuando Manuel cumplió 7 meses de prisión preventi­ va, las normas procesales cambian y se establece que el plazo de ésta para casos no complejos será ahora 18 meses. Manuel y su defensor tienen especial interés en establecer si será excarcela­ do al cumplir el plazo de 9 meses o se le aplicará el nuevo de 18. Diga usted ¿cuál es la solución que aporta el CPP 2004, al respecto? a. Manuel será excarcelado cuando cumpla los 15 meses de pri­ sión preventiva, porque la ley procesal se aplica de inmediato, inclusive a los procesos en trámite. b. Manuel será excarcelado a los 9 meses, plazo inicial, aunque antes del vencimiento de este término el fiscal haya declarado complejo el proceso y requerido la prolongación de la prisión preventiva. c. Manuel será liberado a los 9 meses porque la norma procesal vigente es la que regía al momento de la comisión del delito. d. Manuel será liberado al cumplirse los 9 meses porque la aplica­ ción inmediata de la ley procesal, incluso a los procesos en trámite tiene excepciones, entre ellas, el que siga rigiendo la ley anterior cuando se trata de plazos que hubieren empezado a correr.

VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 18 .Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son:

a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. 91

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

c.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ Eduardo interpone demanda de otorgamiento de escritura pública contra Carlos, a fin de que cumpla el vendedor con su obligación de perfeccionar la transferencia de propiedad del bien. El demandado por su parte argumenta el cuestionamiento del acto jurídico por adolecer de nulidad por haberlo suscrito una persona incapaz, y por lo tanto se discute un tema relativo a la validez del contrato de compraventa.

19 . En el caso propuesto, marque la opción correcta:

a. En el proceso judicial de otorgamiento de escritura pública puede discutirse la validez de la escritura pública peticionada a otorgar. b. El hecho que se otorgue una escritura pública por mandato ju­ dicial no es óbice para que en otro proceso se discuta la validez de la escritura púbica mandada a otorgar, pues la validez del acto jurídico formalizado notarialmente no es materia de este proceso. c. Cabe determinar la invalidez del acto jurídico por aparente in­ capacidad. d. Cabe discutir aspectos relativos a la validez del acto jurídico, con excepción de la nulidad virtual o tácita.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA J - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 20.Sobre el proceso de otorgamiento de escritura pública, marque la opción correcta: a. La tendencia jurisprudencial flexible permite apreciar excepcio­ nalmente la nulidad manifiesta, entre otros casos, título falso, determinado por una prueba pericial, ilicitud manifiesta, en el caso de nulidad virtual o tácita. 92

PRUEBA F

b. La tendencia jurisprudencial flexible permite apreciar excep­ cionalmente la nulidad manifiesta, salvo el caso de falta de representación suficiente. c. La tendencia jurisprudencial flexible permite apreciar excep­ cionalmente la nulidad manifiesta, salvo el caso de ineficacia sobreviniente (resolución de contrato). d. La tendencia jurisprudencial flexible permite apreciar excepcio­ nalmente la nulidad manifiesta, salvo el caso que no se registra el precio en un contrato de compra venta.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA J - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

21 .Respecto a las excepciones en el Código Procesal Civil, es correc­ to afirmar que: a. Su tramitación suspende el proceso principal. b. Si se declaran infundadas, sanean el proceso. c. En caso se planteen varias, pueden resolverse en distintos pro­ nunciamientos d. Una de ellas es la de naturaleza de juicio

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA J - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

22 .¿Cuál es el sustento normativo de la función del Ministerio Público de velar por la prevención del delito?

La Constitución Política del Estado. La Ley Orgánica del Ministerio Público. La Ley de la Carrera Fiscal. El Código de Ejecución Penal.

Respuesta: b Regula el artículo i de la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Legislativo N° 052: “El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legali­ dad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los 93

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.” 23 .¿Cuál es el rol del Ministerio Público en materia de prevención ante la situación de los niños y adolescentes?

a. El Ministerio Público actúa conjuntamente con el sistema edu­ cativo en la prevención de conductas de riesgo que puedan afectar a los niños y adolescentes. b. El Ministerio Público, a través del Fiscal Especializado y del Fis­ cal de Prevención del Delito, vigila el cumplimiento del Código de los Niños y Adolescentes. c. El Ministerio Público asume la tutela de derechos de los niños y adolescentes en los procesos en los que estos son parte. d. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

Garantizar el desarrollo de la niñez y adolescencia y enseñarles a hacerse res­ ponsables de sus vidas y de sus acciones, en búsqueda de una sociedad más humana y segura, conviviendo en paz con sus comunidades es rol funda­ mental del Estado Peruano y de las demás instituciones públicas y privadas. Esta tarea se enmarca dentro del compromiso del Ministerio Público Fiscalía de la Nación de adecuar sus leyes y modos de proceder al Prin­ cipio del Interés Superior del Niño establecido por la Convención de los Derechos del Niño, y que se traduce esencialmente en procurar siempre decidir aquello que puede beneficiar mejor a su proceso de desarrollo dentro de su familia y comunidad. En el caso de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, el Perú cuenta en el Código del Niño y los Adolescente, con la figura de la Remisión Fiscal, la cual permite que en casos de menor gravedad, el adolescente pue­ da ser derivado a un programa de orientación en su propia comunidad; que lo ayude a reparar el daño a la persona afectada, a restablecer sus vínculos con su comunidad y a desarrollar nuevas habilidades para enfrentar su vida. Esta forma de proceder ha sido puesta en práctica y validada por el Mi­ nisterio Público en los últimos años, en articulación con otros sectores como la Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Gobierno Locales y re­ 94

PRUEBA F

gionales. Se ha demostrado a través de ella que no siempre es necesario el internamiento como medida, y que más bien, es fundamental procu­ rar cuando sea posible, no desvincular al adolescente de sus familia y espacio social cotidianos. 24 . No es uno de los sistemas internacionales de protección de los Derechos Humanos en el mundo:

a. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. b. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. c. El Sistema Árabe de protección de Derechos humanos. d. El Sistema Africano de protección de Derechos Humanos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 25 .Las “opiniones consultivas” son decisiones que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de sus funcio­ nes y competencias. Al respecto, es incorrecto:

a. Forman parte de la función consultiva de la Corte. b. El alcance de las opiniones consultivas solo puede ser sobre i) la compatibilidad de las normas internas con la Convención; y ii) la interpretación de la Convención o de otros tratados concer­ nientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. c. Su cumplimento e implementación son facultativos por los Es­ tado parte. d. Las puede formular sólo los Estados miembros de la OEA o los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos.

VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

26 . Marque la alternativa correcta: a. El derecho de contradicción significa la observancia de los de­ rechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumen­ to de tutela de los derechos subjetivos. 95

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. El derecho de acción significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. c. El derecho al proceso significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. d. El derecho al debido proceso significa la observancia de los de­ rechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumen­ to de tutela de los derechos subjetivos.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 27 .Cuál es el objeto de estudio de las teorías de la argumentación jurídica:

a. b. c. d.

La capacidad intelectual de los jueces. El razonamiento jurídico. El carácter lógico de las leyes. La estructura ética - jurídica de las decisiones.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 28 .El deber de argumentar encuentra su razón de ser en: LEGALES EDICIONES

a. Los fundamentos constitucionales del Estado de Derecho. b. En el "principio constitucional de la interdicción de la arbitra­ riedad" en el ejercicio de los poderes públicos. c. En el "principio constitucional de legalidad" en el ejercicio de los poderes públicos. d. Un imperativo moral.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 96

PRUEBA F

29 .Desde el punto de vista de la argumentación jurídica, es impor­ tante hacer un “examen muy riguroso” de los hechos en un proce­ so judicial. Señale la respuesta correcta:

a. Porque los hechos son la base moral de la verdad. b. Porque los hechos son la base de la sentencia. c. Porque de acuerdo a los hechos se aplica la consecuencia jurídi­ ca de la norma. d. Porque los hechos se basan en las pruebas.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA 1 - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 30 . En qué ámbito del quehacer jurídico es exigióle la argumentación jurídica

a. b. c. d.

Prelegislativa. Legislativa. Problemas concernientes a los hechos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 31 . En el marco de un procedimiento administrativo, señale la vía con la que podría declararse la nulidad de un acto administrativo:

Resolución de un recurso de queja. Resolución de un recurso de reconsideración. Resolución de una queja por defecto en la tramitación. Resolución de un recurso de nulidad.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 32 . Es la consecuencia jurídico patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, ins­ trumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas a través de 97

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

una sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemni­ zación ni contraprestación alguna a favor del requerido o terceros.

a. b. c. d.

Incautación. Extinción de dominio. Decomiso. Embargo

Respuesta: b Extinción de dominio: consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante sen­ tencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni con­ traprestación alguna a favor del requerido o tercero (Dec. Leg. 1373). La extinción de dominio se constituye como una herramienta de política criminal para la prevención y lucha contra la corrupción y la delincuen­ cia organizada, principalmente. Regulado el artículo I del Título Preliminar del D.L N° 1373. El proceso de extinción de dominio es susceptible de ser aplicado sobre todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tiene relación o que se derivan de las siguientes actividades ilícitas: con­ tra la administración pública, contra el medioambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minera ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada.

33 .Es el encargado de llevar a cabo la etapa de indagación patrimo­ nial dentro del proceso de extinción de dominio: LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Juez especializado con competencia de extinción de dominio, Procuraduría General del Estado. Fiscal especializado. Contraloría General de la República.

Respuesta: c El proceso de extinción de dominio tiene dos etapas: i) etapa de inda­ gación patrimonial, bajo la dirección del Fiscal Especializado, y ii) etapa judicial, que se inicia con la admisión de la demanda de extinción de dominio por el Juzgado Especializado 98

PRUEBA F

La extinción de dominio es la consecuencia de un proceso cuyo fin es hacer al Estado titular de bienes patrimoniales obtenidos de forma ilícita. Para ello, se deberá tramitar el oportuno proceso de extinción de do­ minio y dictar la sentencia que acuerde el cambio de titularidad de los bienes en favor del Estado, sin indemnizar ni acordar contraprestación alguna a favor del denunciado o requerido o un tercero que tuviese los bienes en posesión en ese momento. Los supuestos donde procede iniciar un proceso de extinción de domi­ nio serían: J Cuando los bienes provengan de la comisión de actividades ilícitas. J Cuando constituyan un incremento patrimonial injustificado, por no existir elementos que permitan considerar que han sido genera­ dos de forma lícita. S Aquellos de procedencia lícita que hayan sido utilizados o destina­ dos para blanquear capitales. J Los bienes declarados abandonados o no reclamados que hayan sido relacionados con alguna actividad ilícita. J Los que provengan de la venta o permuta de otros que tengan origen en actividades lícitas. S Los bienes que se hayan visto afectados dentro de un proceso penal y cuyo origen, uso y destino ilícito se haya investigado o no hubiese recaído resolución definitiva sobre los mismos. S Los adquiridos por sucesión testamentaria y que estén inmersos en una causa penal.

34.Son requisitos de una demanda de extinción de dominio:

Respuesta: d Para que proceda el proceso de extinción de dominio deben presentarse los siguientes presupuestos: i. Bienes que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas, salvo que por ley deban ser des­ truidos o no sean susceptibles de valoración patrimonial. 99

LEGALES EDICIONES

a. La identificación, descripción y valuación económica de los bie­ nes objeto de la demanda de extinción de dominio. b. El nexo de relación entre los bienes y la actividad ilícita o el in­ cremento patrimonial injustificado. c. Ofrecimiento de las pruebas o indicios concurrentes y razona­ bles que sustenten la pretensión. d. Todas son correctas.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

2. Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, por no existir elementos que permitan considerar que provienen de actividades lícitas. 3. Bienes de procedencia lícita que han sido utilizados o destinados para ocultar, encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia o que se con­ fundan, mezclen o resulten indiferenciables con bienes de origen ilícito. 4. Bienes declarados en abandono o no reclamados y se tenga informa­ ción respecto a que los mismos guardan relación directa o indirecta con una actividad ilícita. 5. Bienes que provengan de la enajenación o permuta de otros que ten­ gan su origen directo o indirecto en actividades ilícitas o constituyan objeto, efectos o ganancias de las mismas. 6. Bienes que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito no hayan sido objetos de investigación, o habiéndolo sido no se hubiere tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa. 7. Bienes objeto de sucesión por causa de muerte y los mismos se en­ cuentren dentro de cualquiera de los presupuestos anteriores. Sobre los bienes de interés económico relevante, son aquellos cuyo valor son igual o superior a 4 UIT, cuando se trate de dinero en efectivo o cuando a criterio del Fiscal su uso o enajenación sea beneficioso al Es­ tado, siempre que los recursos que se inviertan no sean mayores que su valor o rentabilidad. Respecto a los bienes patrimoniales que se encuentren en el extranjero, o que tengan como origen o destino actividades ilícitas cometidas por una organización criminal, el Fiscal competente que conoce la etapa de indagación patrimonial será el Fiscal Especializado de Lima Centro.

LEGALES EDICIONES

35.Dentro de un proceso de extinción de dominio, no procede recur­ so de apelación contra la resolución que:

a. Admite o rechaza una medida cautelar. b. Declara procedente la demanda de extinción de dominio en la etapa de calificación. c. Decide una excepción. d. Decide un pedido de nulidad.

Respuesta: b La indagación patrimonial finaliza cuando se ha cumplido su objeto o porque ha transcurrido el plazo máximo de 12 meses, pudiéndose prorro­ 100

PRUEBA F

gar por un plazo igual mediante decisión motivada; en aquellos casos que se declaren complejos el plazo es de 36 meses prorrogables por igual plazo. Una vez concluida la etapa de indagación patrimonial, el Fiscal Especia­ lizado podrá: 1. Demandar ante el Juez competente la declaración de extinción de dominio. 2. Declarar el archivo cuando no sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos de la procedencia de extinción de dominio. Esta disposición será notificada al Procurador para que el plazo de 5 días pueda interponer el recurso de queja, seguidamente es elevada al Fiscal Superior para que dentro del plazo de 10 días emita su pronun­ ciamiento. En caso sea declarada fundada, ordenará al Fiscal a cargo que presente la demanda de extinción de dominio al Juez Especializado, o en su defecto continuar con la indagación cuando se hubiere advertido la insuficiencia de pruebas, debiendo observar los plazos establecidos, caso contrario, el Fiscal Superior aprobará el archivo. En caso que el Procurador no interponga recurso de queja, de igual ma­ nera se elevará al Fiscal Superior para que en el plazo de 20 días pueda pronunciarse, pudiendo confirmarla u ordenar la presentación de la de­ manda al Fiscal encargado de la indagación patrimonial. En caso la disposición de archivo quede confirmada por la Fiscalía Su­ perior, ésta tendrá la calidad de cosa decidida, y solo podrá iniciarse una nueva indagación patrimonial sobre los mismos bienes de encontrarse nuevas pruebas. 36 .Respecto al proceso de pérdida de dominio, conforme a la juris­ prudencia de la Corte Suprema, es incorrecto afirmar que:

Respuesta: d La incoación del proceso de pérdida de dominio se puede efectuar aun cuando se haya extinguido la acción penal por el delito del cual se deri­ van los objetos, instrumentos, efectos o ganancias, inclusive en contra de los sucesores que estén en poder de estos. 101

LEGALES EDICIONES

a. Es un mecanismo procesal especial totalmente independiente del proceso penal. b. Tiene naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial. c. Procede sobre cualquier derecho real, principal o accesorio. d. Todas son correctas.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Igualmente, nada impide que se pueda incoar el proceso de pérdida de dominio en caso de sentencias absolutorias. En este caso, se debe veri­ ficar si la incoación de este proceso cumple con cualquiera de los su­ puestos de procedencia que prescribe el artículo 4 de la legislación de pérdida de dominio. Así lo ha establecido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al resolver la Casación N° 1408-2017-Puno, en su resolución expedida el 30 de mayo de 2019. En dicho fallo, la Suprema precisó, además, que “el proceso de pérdida de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial a través de la cual se declara la titularidad de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito a favor del Estado, por sentencia de autoridad jurisdiccional, mediante un debido proceso”. Igualmente, al Corte precisó que el proceso de pérdida de dominio “es un mecanismo procesal especial totalmente independiente del proceso penal, de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de con­ tenido patrimonial; procede sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quién lo tenga en su poder o lo haya adquirido; en razón de que nuestro ordenamiento legal no avala o legitima la adquisición de la propiedad que no tenga como fuente un título válido y honesto, cuya adquisición no haya sido obtenida dentro de los márgenes prescritos por la Constitución o el Código Civil”.

37 .La Corte Suprema de Justicia ha señalado en cuanto a la carga de la prueba en el proceso de pérdida de dominio que:

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Es mixta entre el demandado y el Ministerio Público. Le compete exclusivamente al Ministerio Público. Es un deber de la Procuraduría General Estado. Le compete exclusivamente a la parte demandada.

Respuesta: a El Colegiado Supremo señaló que en este proceso, “la acción de la carga de la prueba es mixta. Al Ministerio Público le corresponde la prueba de la vinculación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias con el delito o con la organización criminal, según sea el caso. A la parte afectada (demandada) se le exige que acredite el ori­ gen lícito de los bienes, aportando el material probatorio que corres­ ponda”. 102

PRUEBA F

38 .Respecto al proceso penal y el proceso de pérdida de dominio, es correcto señalar que: a. Ambos recaen sobre personas y bienes. b. Ambos tienen como origen un hecho ilícito penal. c. Ambos pueden establecer consecuencias jurídicas patrimo­ niales. d. Más de una es correcta. Respuesta: d

El Colegiado Supremo refirió que “su ámbito de aplicación recae sobre los objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros, defraudación tribu­ taria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enrique­ cimiento ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado”. 39 . Bajo el supuesto de que un proceso penal quede sobreseído y esa decisión se encuentre firme, el proceso de pérdida de dominio vinculado al citado proceso penal debe: a. Puede continuar porque es independiente.

b. Archivarse. c. El juez competente, a solicitud de parte, señalará fecha de au­ diencia para determinar la continuidad del proceso de pérdida de dominio. d. Ninguna es correcta.

Respuesta: a

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LEGALES EDICIONES

El proceso de pérdida de dominio es totalmente autónomo, se tramita como proceso especial, constituyendo un proceso distinto e indepen­ diente de cualquier otro. Su objeto de acción recae sobre bienes, no sobre personas, en virtud del origen ilícito de estos, y guarda relación con determinado hecho delictivo. Por tal motivo, las decisiones ju­ risdiccionales son una consecuencia jurídico-patrimonial que, de ser estimadas, pueden declarar la titularidad de los objetos, instrumen­ tos, efectos y ganancias del delito, a favor del Estado por sentencia respectiva.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

40 .No es un delito del cual pueda proceder un proceso de pérdida de dominio:

a. b. c. d.

Terrorismo. Secuestro. Concusión. Todas son correctas.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

Es necesario se tenga presente, que solo en el proceso penal se evalúa la responsabilidad del sujeto agente y por ende persigue la imposición de una sanción contra el que comete el hecho delictivo, mientras que el proceso de extinción de dominio se persigue la declaración de pérdi­ da del derecho de propiedad del bien requerido. Es decir, el proceso de extinción va dirigido contra el bien, mientras que el proceso penal va dirigido contra una persona, no interesa en el presente caso que los im­ putados hayan intervenido en el delito como cabecillas, autores o cóm­ plices o sean o no responsables penalmente del mismo; lo esencialmente relevante es que el bien sea instrumento o ganancia del delito concreto que se cometió.

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PRUEBA G FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE LESIONES Y AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR) Jacinto conducía su vehículo por el carril izquierdo, a 50 kilómetros por hora, por una calle residencial, a las veinte horas. Cuando esta­ ba volteando a la derecha, aparece raudamente por el carril derecho Demetrio, de 25 años de edad, conduciendo su bicicleta. La bicicleta de Demetrio impacta en el costado derecho del vehículo de Jacinto. Por la velocidad que llevaba Demetrio es lanzado contra un poste de alumbrado público, falleciendo por el golpe que sufrió en la cabeza, a la semana de producido el hecho. 1. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta? a. En el ámbito del derecho penal, en particular vinculado al trán­ sito es posible admitir la compensación de culpas, para efecto de la determinación de la pena. b. La actuación de la víctima no es relevante para determinar la tipicidad objetiva de la conducta del autor. c. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad objetiva. d. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad subjetiva.

Respuesta: c VER PREGUNTA N°6 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ

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LEGALES EDICIONES

El Gerente de Ventas Claudio y de Control de Calidad, Fermín, pre­ ocupados por la baja en las ventas de vehículos de una conocida empresa automotriz, en la que trabajaban, disponen que los ingenie­ ros de la División de informática instalen en los vehículos de manera deliberada, un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. Dicho programa se instaló en quince mil vehículos que fueron vendidos entre 2015 y 2017. Este sistema era capaz de de­ tectar cuando el vehículo era sometido a la prueba de control de emi­ siones. El dispositivo se encendía en ese momento y hacía un control

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

completo de las emisiones de humo, pero se apagaba en condicio­ nes normales de circulación. 2. En el presente caso, los Gerentes Claudio y Fermín deben respon­ der por los delitos de:

a. b. c. d.

Estafa y abuso de mecanismos informáticos. Contaminación ambiental y fraude informático. Estafa y fraude informático. Estafa y contaminación ambiental.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ 3. Con relación a la responsabilidad de los ingenieros de la División de Informática puede señalarse lo siguiente.

a. Su conducta es neutra pues la elaboración de un programa in­ formático se encuentra dentro del ámbito de competencia de los mismos. b. Deben responder como cómplices de los delitos cometidos por los Gerentes Claudio y Fermín, en particular por el (los) delitos informáticos cometidos. c. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices del delito ambiental. d. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices de los delitos ambiental y de estafa.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 4DELA PRUEBA E-CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ En circunstancias que Jorge, conducía su vehículo por inmediacio­ nes de la cuadra 5 de la Av. Abancay - Cercado de Lima, sufre un desperfecto en el sistema de dirección, por lo que lo que comienza a perder el control del carro. No obstante, como se encuentra apurado continúa con su marcha y cuando pretende doblar hacia el Jirón Miroquezada, se despista y atropella a Carlos a quien deja herido, pero las personas que estaban por la zona le prestan auxilio al herido y lo llevan al Hospital Dos de Mayo. Jorge, nervioso por lo sucedido y sa­ biendo que es un personaje público se aleja del lugar del accidente, 106

PRUEBA G

pero al cabo de 15 minutos regresa al lugar del accidente y pone a derecho ante la autoridad policial que se encontraba en la zona, por lo que es llevado a la Comisaria de San Andrés.

4. En relación al delito de Omisión de Socorro, es correcto decir que Jorge: a. Incurrió en este delito porque no socorrió al herido. b. No incurrió en este delito, porque si bien hirió Carlos y se retiró del lugar del accidente, otras personas lo auxiliaron inmediata­ mente. c. No cometió este delito porque volvió al lugar del accidente. d. Ninguna de anteriores.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 9 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ Frida, se presentó a un concurso público para cubrir la vacante de secretaria de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es el caso, que en su ficha de inscripción le hicieron firmar una declaración jurada de veracidad, respecto a que lo declarado y los documentos que adjuntaba como anexos (requisitos para acceder al puesto) eran verdaderos. Frida gana el concurso, y a los 30 días estar laborando en la citada enti­ dad, se hace la fiscalización de los documentos que presentó, descu­ briéndose que el título en original de secretaria del Instituto Superior SESATEL que había presentado, firmado supuestamente por el direc­ tor de SESATEL era falso, ya que esta entidad había informado que Frida jamás había estudiado en dicha casa de estudios y el que for­ mato de título no correspondía al que ellos entregan a sus egresados.

5. En relación al caso propuesto, es correcto afirmar:

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LEGALES EDICIONES

a. Se ha configurado el delito de Falsa Declaración en Procedi­ miento Administrativo. b. Se ha configurado el delito de Uso de Documento Privado Falso, c. Se ha configurado un concurso ideal de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Docu­ mento Privado Falso. d. Se ha configurado un concurso real de los delitos de Falsa Decla­ ración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ El día cuatro de junio del año dos mil trece, miembros de la Policía Nacional intervinieron al acusado ABEL en circunstancias que tran­ sitaba por la avenida Canta Callao y Elmer Faucett, siendo sorpren­ dido en posesión de un extintor de nueve kilos marca “Leocal”, de polvo semi seco, con la inscripción en la parte superior WQ-2404, placa del vehículo al que pertenecía; durante la investigación policial se presentó el conductor del camión de la Empresa de Transportes y Servicios León Garlitos S.A.C. de placa de rodaje WQ-2404, Carlos, quien denunció que momentos antes habían abordado su vehículo 2 sujetos, aprovechando que estaba estacionado debido a la luz roja del semáforo; uno de ellos subió por el lado del piloto, mientras que el otro sujeto que resultó ser el acusado Abel, subió por el lado del copiloto; procediendo ambos a solicitarle dinero, sin embargo como dicho agraviado se negó, fue amenazado para que les entregue sus pertenencias, y al no hacerlo, dicho acusado procedió a apoderarse del extintor del vehículo que se encontraba en la cabina de dicho ve­ hículo, dándose a la fuga. 6. En el caso propuesto, ¿qué delito cometió Abel?

a. b. c. d.

Delito de Hurto agravado. Delito de Hurto Simple. Delito de Robo Simple. Delito de Robo agravado.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a Nuestro legislador, por lo demás, ha estimado tales conductas como agravadas, atendiendo a su mayor lesividad, esto es, a su carácter pluriofensivo de bienes jurídicos. La ley penal asignó tal condición a los hurtos cometidos bajo circunstancias especiales y graves, tales como casa habitada, durante la noche, con ocasión de incendio, inunda­ ción, naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agra­ viado, mediante el concurso de dos o más personas, etcétera [Cfr. HAMILTON CASTRO TRIGOSO: Las faltas en el ordenamiento pe­ nal peruano, Editorial Grijley, Lima, 2008, p. 68], obviando en estos casos criterios de cuantía. Diferente es el criterio político criminal que rige para el delito de hurto simple, que por ser una conducta de mínima lesividad y en observancia a los principios de mínima in­ 108

PRUEBA G

tervención y última ratio del Derecho penal, demanda que se fije un valor pecuniario mínimo a fin de diferenciarlo de una falta patrimo­ nial. No es éste el caso del hurto con agravantes, dado que existe un mayor nivel de reproche, caso contrario, se tendría que establecer una cuantía significativa para el delito de robo. (ACUERDO PLENARIO 4-2011/CJ-116)

7. ¿Cómo se produce la derogación de una ley? a. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera ex­ presa o tácita, en este último caso por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de la antigua ley está íntegramente regulada por la nueva ley. b. Una ley puede ser derogada por otra ley o por mandato judi­ cial, siempre de manera expresa. c. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera ex­ presa o tácita, en este último caso se tiene en cuenta el criterio jurisdiccional de los jueces al momento de aplicar la nueva ley. d. Una ley sólo se deroga por otra ley y, de manera excepcional, por mandato judicial cuando la materia responda a derechos fundamentales.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ

a. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma re­ glamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial.

b. En ningún caso los órganos de la administración pública pue­ den resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias. 109

LEGALES EDICIONES

8. Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamentaria (vgr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha se­ ñalado formas distintas de solución. Sobre el particular indique la respuesta correcta:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nu­ lidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución. d. La potestad de realizar un control abstracto de normas regla­ mentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 9. Según la Constitución Política del Perú, en su artículo 118, se en­ cuentran taxativamente las atribuciones del Presidente de la Re­ pública. Una de las alternativas no es su atribución:

a. b. c. d.

Dirigir la política general del Gobierno. Administrar la hacienda pública. Regular las tarifas arancelarias. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

lO. Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere: a. Guardar en todo momento conducta intachable. b. Ser mayor de cuarenta y cinco años. c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante quince años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante veinte años. d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 110 __________________________________________________________________________________________

PRUEBA G

11.Son reconocidos como organismos constitucionalmente autóno­ mos:

a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Ju­ rado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia. b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva. c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Iden­ tificación y Estado Civil. d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 12.En uno de los ríos de la selva peruana se hunde un pequeño bote con motor fuera de borda, donde iban dos personéis, que desapa­ recen y no se sabe nada de ellos. Jorge es uno de los desapareci­ dos. Sus familiares no saben qué hacer pues Jorge es dueño de cuantiosos bienes. Un año antes de su desaparición, otorgó un testamento en el que instituyó como sus herederos a sus padres y como sus legatarios a sus dos hermanos. Hasta la fecha han transcurrido cinco años desde que despareció Jorge y su acom­ pañante.

¿Qué deben hacer sus familiares para acreditar la muerte de Jor­ ge e iniciar la sucesión?

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 111

LEGALES EDICIONES

a. Pedirán que se haga una investigación sobre la causa de su muerte. b. Solicitarán y obtendrán la declaración de ausencia de Jorge. c. Solicitarán y obtendrán la declaración de desaparición de Jorge, d. Solicitarán y obtendrán la declaración de muerte presunta de Jorge.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

13.En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra orga­ nizaciones delictivas, el fiscal por propia iniciativa o a pedido de la policía, sin conocimiento del afectado, puede ordenar: a. Efectuar el allanamiento sin necesidad de orden judicial. b. Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes respecto al lugar de residencia del investigado. c. Requerir la identificación de cualquier persona para realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública. d. Retener por cuatro horas a las personas a efectos de realizar pesquisas.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

14 . Una vez terminada la investigación preparatoria, el fiscal cuenta con 15 días para emitir su acusación. ¿Qué sucede cuando el re­ presentante del Ministerio Público no emite su acusación en di­ cho tiempo? a. Aún puede emitir su acusación, no obstante, su accionar le ge­ nera responsabilidad administrativa. b. Se genera el sobreseimiento del proceso penal. c. Se debe disponer la realización de una investigación comple­ mentaria. d. Se debe solicitar la prolongación del plazo de la investigación preparatoria.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ En el EXP N° 4630-2013-PHC/TC, así como en reiterada jurispruden­ cia del Tribunal Constitucional (EXP. N.° 05696-2009-PHC/TC, EXP. N.° 6142-2006-PHC/TC, EXP. N.° 05423-2008-HC/TC y otros), en relación a la flagrancia se ha señalado que: “3.3.3. - El Tribuna! Constitucional ha establecido, en reiterada juris­ prudencia, que la flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez tempo­ ral, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez persona!, es decir, que el presunto 112

PRUEBA G

delincuente se encuentre en el lugar de tos hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instru­ mentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participa­ ción en el hecho delictivo. ” 15 .En este marco constitucional de la flagrancia, el Código Procesal Penal, reconoce los siguientes tipos de flagrancia:

a. La flagrancia estricta, flagrancia temporal y flagrancia personal. b. La flagrancia temporal, presunción de flagrancia y flagrancia personal. c. La flagrancia estricta, cuasiflagrancia y flagrancia presunta. d. La flagrancia temporal, flagrancia personal y cuasiflagrancia.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

El 24 de julio del 2021, Diego se encuentra bebiendo con sus com­ pañeros de la empresa donde labora, después de aproximadamente tres horas, se retira del lugar conduciendo su automóvil marca MAZ­ DA del año 2016, por lo que, a las 22:00 horas aproximadamente, Die­ go es intervenido por un efectivo policial entre la intersección de la Av. Arequipa con la Av. Javier Prado, debido a que el efectivo policial se percató que el vehículo estaba realizando maniobras peligrosas. En dichas circunstancias, se realiza la prueba de alcoholímetro deter­ minando la presencia de alcohol, superando los límites permitidos. Por ello, es conducido a la Comisaría del sector a fin de continuar con las diligencias necesarias, dando parte al Ministerio Público, quien conociendo los hechos y habiendo recabado las pruebas necesarias del caso concreto, solicita la incoación del proceso inmediato ante el Juez de Investigación Preparatoria.

a. aceptar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe conti­ nuar con las demás diligencias para su teoría del caso. b. aceptar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. c. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. d. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe continuar con las diligencias preliminares. 113

LEGALES EDICIONES

16 .Ante el pedido del Ministerio Público, el Juez de la Investigación Preparatoria, puede:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 17 .En el contexto de disputas vecinales surgidas por la asignación de estacionamientos vehiculares a los residentes del barrio, Luisa denuncia por lesiones leves a Juan, su vecino, de ocupación fis­ cal provincial penal de Lima. La denunciante señaló que durante un reciente altercado Juan la lesionó propinándole dos puñetes en el rostro, circunstancia que quedó acreditada con el recono­ cimiento médico legal a la que fue sometida y la declaración de tres testigos, residentes, como la víctima y el agresor, de la misma vecindad. Según las pautas del CPP de 2004, diga usted ¿qué po­ sibilidades tiene el fiscal competente para evitar el ejercicio de la acción penal contra Juan?

a. Ninguna, porque cuando Juan lesionó a su vecina ostentaba cargo de funcionario público.

LEGALES EDICIONES

b. Tiene la posibilidad de aplicar un acuerdo reparatorio si el caso encuadra en las previsiones materiales del artículo 122 del Có­ digo Penal, es decir se trata de lesiones leves y figura entre los ilícitos que pueden ser materia de acuerdo reparatorio según el artículo 2 del CPP 2004. c. Ninguna, porque se trata de un delito doloso no culposo que el artículo 2 del CPP 2004 no contempla. d. Puede evitar el ejercicio de la acción penal invocando razones de oportunidad diferentes al acuerdo reparatorio porque las le­ siones menos graves o leves no habilitan la aplicación de esta figura debido al daño infligido a una mujer, según establece el artículo 122 del CP.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 18 .En el preciso instante en que María se encontraba caminando sola en la calle, Luis, le arrebata su celular, luego de forcejear con la víctima la arroja al suelo, consigue el celular y huye, siendo que María empieza a pedir auxilio inmediatamente. Es posible que los vecinos de María detengan a Luis: 114

PRUEBA G

a. Sí, siempre y cuando el delito cometido por Luis sea grave, es decir se trate de un ilícito penado con privación de libertad su­ perior a seis años. b. No, porque el acto cometido por Luis es hurto agravado y no robo. c. Sí, porque el Código Procesal Penal reconoce la facultad de los ciudadanos de detener a quien se encuentre en delito flagran­ te, circunstancia que comprende huir inmediatamente luego de cometerlo. d. Sí, siempre que la acción sea conjunta con la policía, esto es, que en la captura también intervengan elementos policiales.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

19 .¿Quién autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú a que se inserten como agentes encubiertos, y por cuánto tiempo podrán actuar bajo identidad supuesta?: a. El juez de la investigación preparatoria, 12 meses.

b. El fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Crimen Orga­ nizado, 9 meses. c. El fiscal superior, 4 meses. d. El fiscal provincial, 6 meses.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

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LEGALES EDICIONES

20 .A Manuel se le sigue una investigación preparatoria por un delito de corrupción de funcionarios, a quien se le dictó un mandato de prisión preventiva por el lapso de 9 meses al apreciar que el caso no era complejo. Ocurre que, cuando Manuel cumplió 7 meses de prisión preventiva, las normas procesales cambian y se establece que el plazo de ésta para casos no complejos será ahora 18 me­ ses. Manuel y su defensor tienen especial interés en establecer si será excarcelado al cumplir el plazo de 9 meses o se le aplicará el nuevo de 18. Diga usted ¿cuál es la solución que aporta el CPP 2004, al respecto?

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. Manuel será excarcelado cuando cumpla los 18 meses de pri­ sión preventiva, porque la ley procesal se aplica de inmediato, inclusive a los procesos en trámite. b. Manuel será excarcelado a los 9 meses, plazo inicial, aunque antes del vencimiento de este término el fiscal haya declarado complejo el proceso y requerido la prolongación de la prisión preventiva. c. Manuel será liberado a los 9 meses porque la norma procesal vigente es la que regía al momento de la comisión del delito. d. Manuel será liberado al cumplirse los 9 meses porque la apli­ cación inmediata de la ley procesal, incluso a los procesos en trámite tiene excepciones, entre ellas, el que siga rigiendo la ley anterior cuando se trata de plazos que hubieren empezado a correr.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

21 .Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son: a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. c. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

22 .EI sujeto activo en la comisión del delito de feminicidio regulado en el artículo 108-B del Código Penal es: a. b. c. d. 116

Cualquier persona. Cualquier persona en quien se acredite un ánimo misógino. Cualquier persona que se considere del género masculino. Cualquier persona adulta de sexo masculino.

PRUEBA G

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

23.Según la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema de Justicia ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito del femi­ nicidio? a. Estabilidad de la población femenina.

b. Dignidad de la mujer. c.

Derecho a la vida.

d. Todas son correctas.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 24 .Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que:

a. La muerte puede producirse también por omisión impropia (comisión por omisión). b. Es un delito permanente.

c. No es un delito de tendencia interna trascendente.

d. No permite la coautoría.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

a. Realizar una pericia psicológica al agresor.

b. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. c.

Analizar los indicios objetivos del hecho criminal.

d. Acreditar la ferocidad de la muerte.

3 Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 117

LEGALES EDICIONES

25 .Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio, resulta necesa­ rio:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

26 .No es una circunstancia agravante específica del delito de femini­ cidio. a. b. c. d.

Edad de la mujer. Relación conyugal o de convivencia. Violación sexual previa. Presencia de los hijos.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

27 .¿En qué contextos puede producirse un feminicidio? a. b. c. d.

Violencia familiar. Coacción, hostigamiento y acoso sexual. Prevalimiento. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

28 .Respecto al artículo 122-B del Código Penal que regula el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, es correcto afirmar que:

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Es posible aplicar acuerdos reparatorios. Se reprocha penalmente una expresión de violencia de género. Es posible aplicar el principio de oportunidad. Requiere para su configuración de una lesión de entre 10 a 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

29 . Respecto a la declaración de la víctima de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, no es correcto: a. Cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, su de­ claración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. 118

PRUEBA G

b. Se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro. c. La declaración de la víctima constituye prueba preconstituida. d. El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 30 .No constituye un criterio para dictar medida de protección:

a. La relación entre la víctima con la persona denunciada. b. La posición económica del agresor. c. La diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada. d. La gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

31 .¿Cuál de las siguientes atribuciones no corresponde al fiscal pro­ vincial de prevención del delito?

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 119

LEGALES EDICIONES

a. Promover reuniones de coordinación con instituciones pú­ blicas o entidades privadas en el ámbito territorial de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la labor preventiva. b. Proponer políticas públicas destinadas a la reducción de la criminalidad y de sus consecuencias en la jurisdicción a su cargo. c. Sensibilizar a la sociedad mediante alertas informativas pre­ ventivas respectivas a las nuevas modalidades de la crimi­ nalidad. d. Requerir la participación del fiscal competente de acuerdo a la naturaleza de la acción preventiva a llevarse a cabo.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

32 .No es uno de los sistemas internacionales de protección de los Derechos Humanos en el mundo: a. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. b. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. c. El Sistema Árabe de protección de Derechos humanos.

d. El Sistema Africano de protección de Derechos Humanos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

33 . Las “opiniones consultivas” son decisiones que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de sus funcio­ nes y competencias. Al respecto, es incorrecto afirmar que: a. Forman parte de la función consultiva de la Corte. b. El alcance de las opiniones consultivas solo puede ser sobre i) la compatibilidad de las normas internas con la Convención; y ii) la interpretación de la Convención o de otros tratados concer­ nientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. c. Su cumplimento e implementación son facultativos por los Es­ tado parte. d. Las puede formular sólo los Estados miembros de la OEA o los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

34 .Marque la alternativa correcta: a. El derecho de contradicción significa la observancia de los de­ rechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumen­ to de tutela de los derechos subjetivos. b. El derecho de acción significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. 120

PRUEBA G

c. El derecho al proceso significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. d. El derecho al debido proceso significa la observancia de los de­ rechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumen­ to de tutela de los derechos subjetivos.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

35 . Cuál es el objeto de estudio de las teorías de la argumentación jurídica: a. b. c. d.

La capacidad intelectual de los jueces. El razonamiento jurídico. El carácter lógico de las leyes. La estructura ética - jurídica de las decisiones.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

36 .El deber de argumentar encuentra su razón de ser en:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

37 .Desde el punto de vista de la argumentación jurídica, es impor­ tante hacer un “examen muy riguroso” de los hechos en un proce­ so judicial. Señale la respuesta correcta: 121

LEGALES EDICIONES

a. Los fundamentos constitucionales del Estado de Derecho. b. En el "principio constitucional de la interdicción de la arbitra­ riedad" en el ejercicio de los poderes públicos. c. En el "principio constitucional de legalidad" en el ejercicio de los poderes públicos. d. Un imperativo moral.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. Porque los hechos son la base moral de la verdad. b. Porque los hechos son la base de la sentencia. c. Porque de acuerdo a los hechos se aplica la consecuencia jurídi­ ca de la norma. d. Porque los hechos se basan en las pruebas.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

38 . En qué ámbito del quehacer jurídico es exigible la argumentación jurídica a. b. c. d.

Prelegislativa. Legislativa. Problemas concernientes a los hechos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

39 .El Tribunal Constitucional, en una importante sentencia (STC 1417-2005-AA/TC), ha señalado que las distintas eficacias de las disposiciones constitucionales, da a lugar a que estas puedan ser divididas entre: a. b. c. d.

Normas jurídicas sustantivas y nomas jurídicas procesales. Normas regla y normas principio. Normas constitucionales y normas legales. Normas jurídicas y normas constitucionales.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b Ha señalado el TC en el EXP. N.° 1417-2005-AA/TC, LIMA: “§2.5 La estructura de los derechos fundamentales: las disposiciones, las normas y las posiciones de derecho fundamental 23. Tal como expresa Bernal Pulido, siguiendo la doctrina que Robert Alexy expone en su Teoría de los derechos fundamentales. (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997), "todo derecho fundamental se estructura como un haz de posiciones y normas, vinculadas interpretativamente a una dis­ 122

PRUEBA G

123

LEGALES EDICIONES

posición de derecho fundamental" (Bernal Pulido, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, pág. 76). De esta forma cabe distinguir entre las disposiciones de derecho fundamental, las normas de derecho fundamental y las posicio­ nes de derecho fundamental. 24. Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos de la Constitución que reconocen los derechos funda­ mentales de la persona. Las normas de derecho fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones. Mien­ tras que las posiciones de derecho fundamental, son las exigencias concretas que al amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible a una disposición de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada persona o entidad. 25. Tal como refiere el mismo Bernal Pulido, "Las posiciones de derecho fundamental son relaciones jurídi­ cas que (...) presentan una estructura triádica, compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. El objeto de las posiciones de derecho fundamental es siempre una conducta de acción o de omisión, prescrita por una norma que el sujeto pasivo debe desarrollar en favor del sujeto activo, y sobre cuya ejecución el sujeto activo tiene un derecho, susceptible de ser ejercido sobre el sujeto pasivo". (Op. cit. pág. 80. Un criterio similar, Cfr. Alexy, Robert. La institucionalización de los derechos humanos en el Estado Constitucional Democrático, D&L, Nro. 8,2000, pág. 12 y ss.). Por ello, cabe afirmar que las posiciones de derecho fundamen­ tal, son los derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos que la persona humana ostenta al am­ paro de las normas (sentidos interpretativos) válidas derivadas directamente de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen derechos. 26. Estos atributos que, como se ha dicho, vinculan a todas las per­ sonas y que, por tanto, pueden ser exigidas al sujeto pasivo, se presentan en una relación jurídica sustancial, susceptibles de ser proyectadas en una relación jurídica procesal en forma de pretensiones al interior de los procesos constitucionales de la li­ bertad (sea el amparo, el hábeas corpus o el hábeas data). 27. Así las cosas, la estimación en un proceso constitucional de las pretensiones que pretendan hacerse valer en reclamo de la aplicación de una determinada disposición que reconozca un

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

LEGALES EDICIONES

derecho fundamental, se encuentran condicionadas, cuando menos, a las siguientes exigencias: a) A que dicha pretensión sea válida, o, dicho de otro modo, a que sea consecuencia de un sentido interpretativo (norma) que sea válidamente atribuible a la disposición constitucional que reco­ noce un derecho. Por ejemplo, no sería válida la pretensión que amparándose en el derecho constitucional a la libertad de expresión, reconocido en el inciso 4) del artículo 2o de la Constitución, pretenda que se reconozca como legítimo el insulto proferido contra una per­ sona, pues se estaría vulnerando el contenido protegido por el derecho constitucional a la buena reputación, reconocido en el inciso 7o del mismo artículo de la Constitución. En consecuencia, la demanda de amparo que so pretexto de ejercer el derecho a la libertad de expresión pretenda el reco­ nocimiento de la validez de dicha pretensión, será declarada infundada, pues ella no forma parte del contenido constitucio­ nalmente protegido por tal derecho; o, dicho de otro modo, se fundamenta en una norma inválida atribuida a la disposición contenida en el inciso 4) del artículo 2o constitucional. b) A que en los casos de pretensiones válidas, éstas deriven di­ rectamente del contenido esencial de un derecho protegido por una disposición constitucional. En otras palabras, una demanda planteada en un proceso constitucional de la libertad, resultará procedente toda vez que la protección de la esfera subjetiva que se aduzca violada pertenezca al contenido esencial del derecho fundamental o tenga una relación directa con él. Y, contrario sensu, resultará improcedente cuando la titularidad subjetiva afectada tenga su origen en la ley o, en general, en disposiciones infraconstitucionales. En efecto, dado que los procesos constitucionales de la libertad son la garantía jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales, no pueden encontrarse orientados a la defensa de los derechos creados por el legislador, sino sólo aquellos reconocidos por el Poder Constituyente en su creación; a saber, la Constitución. En consecuencia, si bien el legislador es competente para crear derechos subjetivos a través de la ley, empero, la protección jurisdiccional de éstos debe verificarse en los procesos ordinarios. Mientras que, por imperio del artículo 200o de la Constitución y del artículo 38o del C.P.Const., a los procesos constitucionales de la libertad es privativa la protección de los derechos de sustento constitucional directo. 124

PRUEBA G

Lo expuesto no podría ser interpretado en el sentido de que los derechos fundamentales de configuración legal, carezcan de protección a través del amparo constitucional, pues resulta claro, en virtud de lo expuesto en el Fundamento n y ss. supra, que las posiciones subjetivas previstas en la ley que concretizan el contenido esencial de los derechos funda­ mentales, o los ámbitos a él directamente vinculados, no tienen sustento directo en la fuente legal, sino, justamente, en la disposición constitucio­ nal que reconoce el respectivo derecho fundamental. Sin embargo, es preciso tener presente que prima facie las posiciones jurídicas que se deriven válidamente de la ley y no directamente del con­ tenido esencial de un derecho fundamental, no son susceptibles de ser estimadas en el proceso de amparo constitucional, pues ello implicaría pretender otorgar protección mediante los procesos constitucionales a derechos que carecen de un sustento constitucional directo, lo que con­ llevaría su desnaturalización. Y si bien la distinción concreta entre aquello regulado por la ley que forma parte de la delimitación del contenido directamente protegido por un derecho fundamental y aquello que carece de relevancia consti­ tucional directa no es una tarea sencilla, los criterios de interpretación que sirvan a tal cometido deberán encontrarse inspirados, en última instancia, en el principio-derecho de dignidad humana, pues, como ha señalado Ingo Von Münch, si bien resulta sumamente difícil determinar de modo satisfactorio qué es la dignidad humana, “manifiestamente sí es posible fijar cuándo se la está vulnerando” (Von Münch, Ingo. La dig­ nidad del hombre en el derecho constitucional. En: Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. Año 2, Nro. 5, mayo - agosto, 1982, pág. 21).”

40. Es competente para conocer los procesos por delito de ejercicios privado de la acción penal:

Juez de la investigación preparatoria. Juez penal colegiado. Juez penal unipersonal. Juez de flagrancia.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

t 125

PRUEBA H

FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS El presidente regional P se encuentra prófugo debido a que se le acu­ sa de haber cometido el delito de colusión agravada en la compra de las casas prefabricadas para las víctimas del terremoto de Pisco. Este se habría coludido con el representante de la empresa M, un amigo de su infancia, para sobrevalorar el precio de dichas infraestructu­ ras móviles, de S/. 5,000.00 a S/. 15,000.00. Este comportamiento ha ocasionado un grave daño patrimonial al Estado, pues según pericia contable, sí existe daño al patrimonio del Estado. 1. En el caso de que se configure el delito de colusión: a. El empresario M responde como autor del delito de colusión. b. El empresario M responde como cómplice del delito de colu­ sión. c. El comportamiento del empresario M es atípico. d. El empresario M responde como autor mediato.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 2. Es correcto afirmar que el delito de colusión es un delito

a. b. c. d.

De participación necesaria. Común. Unilateral. Continuado.

VER PREGUNTA N° 30 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

El reciente Director de una entidad estatal acuerda con el represen­ tante de la empresa M&J Inversiones, Fermín Yovera, que los pro­ cesos de selección a convocar durante el presente ejercicio anual serían otorgados a la referida empresa, para lo cual este entrega a aquél una fuerte suma de dinero como adelanto de la comisión acor­ dada por los procesos de selección; para concretar los acuerdos, Fer­ 127

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

mín Yovera se encarga de elaborar -extraoficialmente- la bases del futuro proceso de selección, a fin de manipular las condiciones del mismo, mientras que el Director designa como miembros del Comité Especial a personas afines, a quienes pone al tanto de lo sucedido, quienes aceptan y se comprometen en que al momento de efectuar la calificación entregarían la buena pro a la empresa antes citada, aun cuando no sostienen reunión alguna con Fermín Yovera; poste­ riormente, después de aprobadas las bases preparadas por Yovera, las cuelgan en el SEACE. Habiendo tomado conocimiento de que la Contraloría General de la República había acreditado una comisión auditora en la enti­ dad, Fermín Yovera y los miembros del Comité Especial decidieron anular el proceso de selección, previo a la presentación de pro­ puestas técnicas y económicas, aduciendo la existencia de defec­ tos administrativos, con la finalidad de evitar que los hechos sean descubiertos por el órgano de control; situación que incomodó a Yovera, quien decidió poner los hechos en conocimiento del Minis­ terio Público.

3. Respecto a la imputación contra el Director de la entidad, señale la respuesta correcta:

a. Se le imputará el delito de Colusión, en calidad de autor. b. Su conducta resulta atípica de colusión, en tanto no se otorgó la buena pro, al declararse nulo el proceso de selección. c. Su conducta resulta atípica, en tanto no tiene participación di­ recta en el proceso de selección, ya que no es quien elabora las bases ni otorga la buena pro, correspondiendo dicha labor al Comité Especial. d. Su conducta resulta atípica, en tanto no existe perjuicio al patri­ monio del Estado. LEGALES EDICIONES

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 4. En el caso recaído en el expediente N” 4407-2007-PHD/TC- Lima, (Caso: Francisco Javier Casas Chardon) el Tribunal Constitucio­ nal en relación a los delitos de corrupción de funcionarios ha se­ ñalado que:

“27. El proceso de lucha contra cualquier forma de corrupción -tanto aquellas vinculadas a! aparato estatal como las que co128

PRUEBA H

existen en el ámbito de la sociedad civil- obliga a los clásicos poderes del Estado, a los cuales se suma el Tribunal Constitu­ cional en el cumplimiento del deber de la jurisdicción constitu­ cional concentrada y difusa, a tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecerlas instituciones democráticas, evi­ tando con todo ello un directo atentado contra el Estado so­ cial y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo integra! del país”. ¿Cuál es el mecanismo más efectivo reconocido por el TC en la lucha contra la corrupción de funcionarios?:

La imposición de sanciones penales graves para disuadirá los delincuentes de cuello blanco. b. La producción legislativa constante de nuevas conductas delic­ tivas en las que se afecta la Administración Pública. c. La publicación periódica, detallada y completa de los ingresos y rentas de los funcionarios y servidores públicos. d. La ratificación por parte del Estado de convenios relacionados con la lucha contra la corrupción de funcionarios.

a.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 5. En relación a la lucha contra la corrupción, ¿Qué considera el TC?:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 129

LEGALES EDICIONES

a. La lucha contra la corrupción estatal al no tener base constitu­ cional solo es de observancia por los órganos jurisdiccionales. b. La lucha contra la corrupción constituye un mandato cons­ titucional que se desprende de los artículos 39° y 41 ° de la constitución. c. Su prevención solo es tarea de los poderes ejecutivo y legisla­ tivo, por ser estos los llamados a crear leyes idóneas para tal fin. d. El Tribunal Constitucional no está legitimado para desplegar acciones en pro de la lucha contra la corrupción de funciona­ rios.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Jacinto conducía su vehículo por el carril izquierdo, a 50 kilómetros por hora, por una calle residencial, a las veinte horas. Cuando esta­ ba volteando a la derecha, aparece raudamente por el carril derecho Demetrio, de 25 años de edad, conduciendo su bicicleta. La bicicleta de Demetrio impacta en el costado derecho del vehículo de Jacinto. Por la velocidad que llevaba Demetrio es lanzado contra un poste de alumbrado público, falleciendo por el golpe que sufrió en la cabeza, a la semana de producido el hecho.

6. Con relación a la responsabilidad de Jacinto es de señalar:

Es responsable por el delito de lesiones culposas, al ir mane­ jando a una velocidad inadecuada y voltear súbitamente a la derecha. b. Es responsable por el delito de homicidio culposo agravado, por haber vulnerado las reglas de tránsito. c. No es responsable por el delito de lesiones culposas, estando a la conducta imprudente de Demetrio, al conducir su bicicleta. d. No es responsable por el delito de homicidio culposo, conside­ rando que Demetrio ha vulnerado el principio de confianza. a.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 7. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta?

En el ámbito del derecho penal, en particular vinculado al trán­ sito es posible admitir la compensación de culpas, para efecto de la determinación de la pena. b. La actuación de la víctima no es relevante para determinar la tipicidad objetiva de la conducta del autor. c. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad objetiva. d. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad subjetiva.

LEGALES EDICIONES

a.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 130

PRUEBA H

El Gerente de Ventas Claudia y de Control de Calidad, Fermín, pre­ ocupados por la baja en las ventas de vehículos de una conocida empresa automotriz, para la que trabajaban, disponen que los in­ genieros de la División de informática instalen en los vehículos de manera deliberada, un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. Dicho programa se instaló en quince mil vehículos que fueron vendidos entre 2015 y 2017. Este sistema era capaz de detectar cuando el vehículo era sometido a la prueba de control de emisiones. El dispositivo se encendía en ese momento y hacía un control completo de las emisiones de humo, pero se apagaba en condiciones normales de circula­ ción. 8. En el presente caso, los Gerentes Claudia y Fermín deben respon­ der por los delitos de: a. b. c. d.

Estafa y abuso de mecanismos informáticos. Contaminación ambiental y fraude informático. Estafa y fraude informático. Estafa y contaminación ambiental.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ 9. Con relación a la responsabilidad de los ingenieros de la División de Informática puede señalarse lo siguiente.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ 131

LEGALES EDICIONES

a. Su conducta es neutra pues la elaboración de un programa in­ formático se encuentra dentro del ámbito de competencia de los mismos. b. Deben responder como cómplices de los delitos cometidos por los Gerentes Claudio y Fermín, en particular por el (los) delitos informáticos cometidos. c. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices del delito ambiental. d. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices de los delitos ambiental y de estafa.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

En circunstancias que Jorge Gutiérrez Torres, conducía su vehículo por inmediaciones de la cuadra 05 de la Av. Abancay - Cercado de Lima, sufre un desperfecto en el sistema de dirección, por lo que lo que comienza al perder el control del carro. No obstante, ello, como se encuentra apurado continúa con su marcha y cuando pretende doblar hacia el Jirón Miroquezada, se despista y atropella a Carlos Quiroz Barba a quien deja gravemente herido, pero las personas que estaban por la zona le prestan auxilio al herido y lo llevan al Hospital Dos de Mayo. Jorge, nervioso por lo sucedido y sabiendo que es un personaje público se aleja del lugar del accidente, pero al cabo de 15 minutos regresa al lugar del accidente y pone a derecho ante la autoridad policial que se encontraba en la zona realizando el ITP, por lo que es llevado a la Comisaria de San Andrés.

10. En relación al delito de Omisión de Socorro, es correcto decir que Jorge Gutiérrez: a. Incurrió en este delito porque no socorrió al herido. b. No incurrió en este delito, porgue si bien hirió Carlos Quiroz y se retiró del lugar del accidente, otras personas lo auxiliaron inmediatamente. c. No cometió este delito porque volvió al lugar del accidente. d. Ninguna de anteriores.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 9 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ

11. En relación a la restricción del control judicial de constitucionali­ dad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta: La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, poste­ riormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constituciona­ lidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos. b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del con­ trol de constitucionalidad de la misma. c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este

LEGALES EDICIONES

a.

132

PRUEBA H

último advierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional. d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley -previamente declarada válida por el TC- producto de la modi­ ficación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

12. Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamenta­ ria (vgr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha señalado formas distintas de solución. Sobre el particular indique la respuesta correcta:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

13. Según la Constitución Política del Perú, en su artículo 118°, se en­ cuentran taxativamente las atribuciones del Presidente de la Re­ pública. Una de las alternativas no es su atribución: 133

LEGALES EDICIONES

a. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma re­ glamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial. b. En ningún caso los órganos de la administración pública pue­ den resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias. c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nu­ lidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución. d. La potestad de realizar un control abstracto de normas regla­ mentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. b. c. d.

Dirigir la política general del Gobierno. Administrar la hacienda pública. Regular las tarifas arancelarias. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

14. Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere: a. Guardar en todo momento conducta intachable. b. Ser mayor de cuarenta y cinco años. c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra uni­ versitaria en materia jurídica durante quince años. d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

15. Son reconocidos como organismos constitucionalmente autóno­ mos: a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Ju­ rado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia. b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva. c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Iden­ tificación y Estado Civil. d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 134

PRUEBA H

El día 15 de enero del año X, A vende una casa a B, quien por el im­ porte del precio acepta una letra de cambio, con vencimiento al 15 de febrero del mismo año X. 16. Si la letra de cambio se protesta por falta de pago, marque la res­ puesta correcta.

a. b. c. d.

A no puede valerse de la acción causal para el cobro de su crédito. A solamente puede cobrar la letra de cambio. A solamente puede valerse de la acción causal. A puede optar por cobrar la letra o por cobrar el precio de venta.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 17. Si a demanda judicialmente el pago de la letra protestada, mar­ que la respuesta correcta.

a. b. c. d.

La obligación causal queda en suspenso. A puede optar por cobrar el precio. A pierde el derecho a la acción causal. A puede valerse simultáneamente de la acción cambiaría y de la acción causal.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

18. ¿Qué deben hacer sus familiares para acreditar la muerte de Jor­ ge e iniciar la sucesión? a.

Pedirán que se haga una investigación sobre la causa de su muerte. 135

LEGALES EDICIONES

En uno de los ríos de la Selva peruana se hunde un pequeño bote con motor fuera de borda, donde iban dos personas, que desaparecen y no se sabe nada de ellos. Jorge es uno de los desaparecidos. Sus familiares no saben qué hacer, pues Jorge es dueño de cuantiosos bienes. Un año antes de su desaparición, otorgó un testamento en el que instituyó como sus herederos a sus padres y como sus legatarios a sus dos hermanos. Hasta la fecha han transcurrido cinco años des­ de que despareció Jorge y su acompañante.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. Solicitarán y obtendrán la declaración de ausencia de Jorge. c. Solicitarán y obtendrán la declaración de desaparición de Jorge. d. Solicitarán y obtendrán la declaración de muerte presunta de Jorge.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

19. Respecto a la reserva y secreto de la investigación, es correcto afirmar que: El fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor a 20 días, prorrogables por 20 días más. b. En caso el proceso sea declarado complejo se pierde el carácter reservado. c. Por Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es posible que cualquier persona solicite copias de las actuaciones de investigación. d. Ninguna es correcta.

a.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

20. En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra orga­ nizaciones delictivas, el fiscal por propia iniciativa o a pedido de la policía, sin conocimiento del afectado, puede ordenar:

a. Efectuar el allanamiento sin necesidad de orden judicial. b. Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes respecto al lugar de residencia del investigado. c. Requerir la identificación de cualquier persona para realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública. d. Retener por cuatro horas a las personas a efectos de realizar pesquisas.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 136

PRUEBA H

21. Una vez terminada la investigación preparatoria, el fiscal cuenta con 15 días para emitir su acusación. ¿Qué sucede cuando el re­ presentante del Ministerio Público no emite su acusación en di­ cho tiempo?

a. Aún puede emitir su acusación, no obstante, su accionar le ge­ nera responsabilidad administrativa b. Se genera el sobreseimiento del proceso penal c. Se debe disponer la realización de una investigación comple­ mentaria d. Se debe solicitar la prolongación del plazo de la investigación preparatoria

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 22. En el EXP N° 4630-2013-PHC/TC, así como en reitera jurispruden­ cia del Tribunal Constitucional (EXP. N. ° 05696-2009-PHC/TC, EXP. N. ° 6142-2006-PHC/TC, EXP. N° 05423-2008-HC/TC y otros), en relación a la flagrancia se ha señalado que:

“3.3.3. - El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada ju­ risprudencia, que la flagrancia en ia comisión de un delito pre­ senta ia concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) la inme­ diatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacio­ nado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo.” En este marco constitucional de la flagrancia, el Código Procesal Penal, reconoce lo siguientes tipos de flagrancia:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 137

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a. La flagrancia estricta, flagrancia temporal y flagrancia personal. b. La flagrancia temporal, presunción de flagrancia y flagrancia personal. c. La flagrancia estricta, cuasiflagrancia y flagrancia presunta. d. La flagrancia temporal, flagrancia personal y cuasiflagrancia.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

23. El 24 de julio del 2021, Diego se encuentra bebiendo con sus compañeros de la empresa donde labora, después de aproxi­ madamente tres horas, se retira del lugar conduciendo su au­ tomóvil marca Mazda del año 2016, por lo que, a las 22:00 horas aproximadamente, Diego es intervenido por un efectivo policial entre la intersección de la Av. Arequipa con la Av. Javier Prado, debido a que el efectivo policial se percató que el vehículo esta­ ba realizando maniobras peligrosas. En dichas circunstancias, se realiza la prueba de alcoholímetro determinando la presen­ cia de alcohol. Por ello, es conducido a la Comisaría del sector a fin de continuar con las diligencias necesarias, dando parte al Ministerio Público, quien conociendo los hechos y habiendo recabado las pruebas necesarias del caso concreto, solicita la incoación del proceso inmediato ante el Juez de Investigación Preparatoria.

Ante el pedido del Ministerio Público, el Juez de la Investigación Preparatoria, puede:

aceptar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe conti­ nuar con las demás diligencias para su teoría del caso. b. aceptar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. c. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. d. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe continuar con las diligencias preliminares. a.

Respuesta: b

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VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 24. En el contexto de disputas vecinales surgidas por la asignación de estacionamientos vehiculares a los residentes del barrio, Luisa denuncia por lesiones leves a Juan, su vecino, de ocupación fis­ cal provincial penal de Lima. La denunciante señaló que durante un reciente altercado Juan la lesionó propinándole dos puñetes en el rostro, circunstancia que quedó acreditada con el recono­ cimiento médico legal a la que fue sometida y la declaración de tres testigos, residentes, como la víctima y el agresor, de la misma vecindad. Según las pautas del CPP de 2004, diga usted ¿qué po­ sibilidades tiene el fiscal competente para evitar el ejercicio de la acción penal contra Juan? 138

PRUEBA H

Ninguna, porque cuando Juan lesionó a su vecina ostentaba cargo de funcionario público b. Tiene la posibilidad de aplicar un acuerdo reparatorio si el caso encuadra en las previsiones materiales del artículo 122 del Có­ digo Penal, es decir se trata de lesiones leves y figura entre los ilícitos que pueden ser materia de acuerdo reparatorio según el artículo 2 del CPP 2004. c. Ninguna, porque se trata de un delito doloso no culposo que el artículo 2 del CPP 2004 no contempla. d. Puede evitar el ejercicio de la acción penal invocando razones de oportunidad diferentes al acuerdo reparatorio porque las le­ siones menos graves o leves no habilitan la aplicación de esta figura debido al daño infligido a una mujer, según establece el artículo 122 del CP. a.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

25. En el preciso instante en que María se encontraba caminando sola en la calle, Luis, le arrebata su celular, luego de forcejear con la víctima la arroja al suelo, consigue el celular y huye, siendo que María empieza a pedir auxilio inmediatamente. Es posible que los vecinos de María detengan a Luis: Sí, siempre y cuando el delito cometido por Luis sea grave, es decir se trate de un ilícito penado con privación de libertad su­ perior a seis años. b. No, porque el acto cometido por Luis es hurto agravado y no robo. c. Sí, porque el Código Procesal Penal reconoce la facultad de los ciudadanos de detener a quien se encuentre en delito flagran­ te, circunstancia que comprende huir inmediatamente luego de cometerlo. d. Sí, siempre que la acción sea conjunta con la policía, esto es, que en la captura también intervengan elementos policiales.

a.

VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 139

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Respuesta: c

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

26. A Manuel se le sigue una investigación preparatoria por un deli­ to de corrupción de funcionarios, su condición procesal es la de preso preventivo y el plazo de la medida que el juez dispuso fue de 9 meses al apreciar que el caso no era complejo. Ocurre que, cuando Manuel cumplió 7 meses de prisión preventiva, las nor­ mas procesales cambian y se establece que el plazo de ésta para casos no complejos será ahora 18 meses. Manuel y su defensor tienen especial interés en establecer si será excarcelado al cum­ plir el plazo de 9 meses o se le aplicará el nuevo de 18. Diga usted ¿cuál es la solución que aporta el CPP 2004, al respecto?

Manuel será excarcelado cuando cumpla los 15 meses de pri­ sión preventiva, porque la ley procesal se aplica de inmediato, inclusive a los procesos en trámite. b. Manuel será excarcelado a los 9 meses, plazo inicial, aunque antes del vencimiento de este término el fiscal haya declarado complejo el proceso y requerido la prolongación de la prisión preventiva. c. Manuel será liberado a los 9 meses porque la norma procesal vigente es la que regía al momento de la comisión del delito. d. Manuel será liberado al cumplirse los 9 meses porque la aplica­ ción inmediata de la ley procesal, incluso a los procesos en trámite tiene excepciones, entre ellas, el que siga rigiendo la ley anterior cuando se trata de plazos que hubieren empezado a correr. a.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

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27. Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son:

a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. c. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 140

PRUEBA H

28. En relación a la restricción del control judicial de constitucionali­ dad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta: a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, poste­ riormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constituciona­ lidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos. b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del con­ trol de constitucionalidad de la misma. c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último ad­ vierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional. d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley -previamente declarada válida por el TC- producto de la modi­ ficación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 29. Son reconocidos como organismos constitucionalmente autóno­ mos:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 141

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a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Ju­ rado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia. b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva. c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Iden­ tificación y Estado Civil. d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

30. En el Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos (ONU), la Corte Internacional de Justicia, es el único órgano judi­ cial del sistema.

Seleccione la respuesta incorrecta a. b. c. d.

Es un tribunal de Derechos Humanos. Tiene una competencia facultativa. Conoce asuntos contenciosos entre los Estados. Emite opiniones consultivas.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

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31. Conforme a la Constitución Política del Estado, son atribuciones de la Junta Nacional de Justicia: (marque la respuesta incorrecta)

a. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros. b. Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años; y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desem­ peño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años seis meses. Los no ratificados o destituidos no pueden reingre­ sar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. c. Aplicar la sanción de destitución, amonestación o suspen­ sión de hasta ciento veinte (120) días calendario, a los Jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, res­ pectivamente, así como a los jueces y fiscales de todas las instancias, aplicando criterios de razonabilidad y proporcio­ nalidad. d. Registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar el Regis­ tro de Sanciones Disciplinarias de Jueces y Fiscales.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 142

PRUEBA H

32. Sobre los principios del procedimiento administrativo, conforme al artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el principio de informalismo establece:

Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer pre­ valecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su va­ lidez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen inde­ fensión a los administrados. b. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvi­ miento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. c. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las preten­ siones de los administrados. d. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa de­ berán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racio­ nales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. a.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 1 DELA PRUEBA A- CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ

En la tramitación del procedimiento administrativo, se presu­ me que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción ad­ mite prueba en contrario. b. Las autoridades administrativas deben verificar plenamen­ te los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, debiendo a.

143

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33. Sobre los principios del procedimiento administrativo, conforme al artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el principio de verdad material establece:

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adoptar todas las medidas necesarias para tal fin, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados. c. La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo mo­ mento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. d. La autoridad administrativa está obligada a facilitar informa­ ción a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier mo­ mento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ 34. ¿Cuál es la relación de la Corte Interamericana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a la función jurisdiccional?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órga­ no auxiliar de la Corte. b. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparece como observador ante la Corte. c. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparece como órgano consultivo ante la Corte d. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos compa­ rece como parte ante la Corte.

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a.

Respuesta: d La Comisión es un órgano no jurisdiccional, de manera que sus resolucio­ nes, al carecer de obligatoriedad, necesitan de la voluntad política de los estados para implementarse y alcanzar sus objetivos. La Corte, en cambio, como su nombre lo indica, es un órgano jurisdiccional autónomo, un Tri­ bunal que fundamentalmente ejerce funciones jurisdiccionales, de mane­ ra que sus decisiones en el campo contencioso son obligatorias. 144

PRUEBA H

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El motivo de la confusión radica en que la Comisión ejerce algunas actividades que nos hacen pensar en un órgano decisor como la Cor­ te. Por ejemplo, cuando recibe denuncias, las tramita, las investiga y emite «resoluciones» (de carácter no vinculante). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Comisión realiza estas actividades «cuasi juris­ diccionales», vamos a decirlo así, con el objeto de llevar esos casos ante la Corte Interamericana, que será el órgano encargado de resolverlos. Para ser gráficos podemos decir que entre la Comisión y la Corte hay la misma relación que hay entre el fiscal y el juez; si el primero acusa, el segundo juzga. Mientras la Comisión recibe, analiza e investiga peticiones individuales donde se alegan violaciones de derechos humanos (tanto respecto de Estados miembros de la OEA que han ratificado o se han adherido a la Convención Americana, como de aquellos Estados que aún no la han ra­ tificado), la Corte juzga los casos que la Comisión le trae (como cuando el fiscal recibe la denuncia de una persona y luego de una investigación formula acusación ante el juez). Cabe apuntar que sólo los Estados parte (en casos de conflictos interes­ tatales) y la Comisión Interamericana tienen derecho a someter un caso a la jurisdicción de la Corte, cuyos fallos son definitivos e inapelables. Los individuos no pueden presentar peticiones de manera directa ante la Corte (como sucede en los delitos de acción pública, que solo el fiscal puede acusar). Cuando la Corte conoce un caso y determina que se violó un derecho reconocido en la Convención u otro tratado, dispone en su sentencia que se garantice el derecho conculcado y se repare las consecuencias de las medidas lesivas y se pague una justa indemnización a las víctimas. La Comisión, a diferencia de la Corte, como estamos viendo, cumple el papel de auxiliar de justicia, más que de órgano decisor. Así, cumple la noble labor de estimular la conciencia de los derechos humanos entre los países de América, solicita a los Estados miembros de la Convención informes sobre la marcha del desarrollo de los derechos humanos en la jurisdicción interna de cada Estado, para luego remitir sus conclusiones en un Informe Anual a la Asamblea General de la OEA y hacer las re­ comendaciones del caso. En pocas palabras, mientras la Comisión esen­ cialmente recomienda o exhorta, la Corte manda, ordena. Otra función no menos relevante que le toca a la Comisión es consultar a la Corte sobre cómo debe interpretarse los dispositivos de la Conven­ ción o de otros tratados sobre la protección de los Derechos Humanos en los Estados miembros.

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Otra diferencia más: si bien las personas, grupos o instituciones que no son Estados no tienen están facultados para presentar casos ante la Cor­ te Interamericana, sí pueden recurrir a la Comisión. 35. No es un instrumento internacional que rige el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

a. La Convención Americana de Derechos Humanos. b. El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. c. El Código de procedimientos especiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. d. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Respuesta: c

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdic­ cional autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Con­ vención” o “Pacto de San José”) y otros tratados de similar naturaleza en casos en donde sea competente. Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confor­ man el sistema interamericano de promoción y protección de los dere­ chos humanos (sistema interamericano), que constituye un medio sub­ sidiario y complementario a las instituciones estatales en la protección de los derechos humanos en el continente americano. La Corte fue creada como resultado de la adopción del Pacto de San José el 22 de noviembre de 1969, instrumento que entró en vigor el 18 de julio de 1978 al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA. Quedó integrada el 22 de mayo de 1979, fecha en que la Asamblea General de la OEA eligió a los primeros jueces que la compondrían. Su primera sesión fue celebra­ da en la sede de la OEA, en la ciudad de Washington, D.C., los días 29 y 30 de junio de 1979. Meses más tarde se realizó la instalación de la sede permanente en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979, lugar donde la Corte permanece hasta la actualidad. La primera sentencia de fondo de la Corte emitida en ejercicio de su ju­ risdicción contenciosa fue el paradigmático Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras en 1988, relacionado con la desaparición forzada de Manfredo Velásquez por parte de agentes del Estado. La Corte está compuesta por siete jueces, para un periodo de seis años. Pueden ser reelegidos una vez, permaneciendo en funciones hasta el 146

PRUEBA H

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término de su mandato. Sin embargo, aun cuando su mandato haya terminado, los jueces siguen conociendo de los casos a que ya se han abocado y que se encuentran en estado de sentencia, a cuyos efectos no son sustituidos por los nuevos jueces elegidos. No podrá haber dos jueces de la misma nacionalidad. Cada dos años se elige al presidente y vicepresidente, en votación secreta de los jueces titulares presentes, con posibilidad de reelección. Los jueces son elegidos en la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuesta por los Estados partes de la Convención, en vo­ tación secreta, y por mayoría absoluta de votos de esos mismos Estados. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres candidatos, quienes pueden ser nacionales del Estado que los propone o de cual­ quier otro Estado miembro de la OEA. Esto último significa que es posible que un ciudadano de un Estado que no es parte de la Convención Americana sea elegido juez de la Corte, como sucedió con el jurista estadounidense Thomas Buergenthal, en 1979, que fue propuesto por Costa Rica. Para ser nombrado juez se requiere cumplir con los siguientes requi­ sitos: ser nacionales de alguno de los Estados miembro de la OEA; ser elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral; gozar de una reconocida competencia en materia de derechos humanos, y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. Ante el fallecimiento o renuncia de un juez titular se nombrará un juez interino para reemplazarlo, debiendo completar el periodo faltante; asi­ mismo, sólo en casos contenciosos interestatales puede nombrarse un juez ad hoc en el supuesto en que entre los jueces llamados a conocer del caso, ninguno fuese de la nacionalidad de los Estados partes. Las competencias y funciones de la Corte se despliegan en las siguientes vertientes: consultiva, contenciosa (individual e interestatal, y de super­ visión), preventiva y reguladora. La competencia consultiva otorga atribuciones a la Corte para conocer y resolver consultas sobre cuestiones relevantes en materia de derechos humanos presentadas por los Estados parte de la OEA y por otros de sus órganos, tales como la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La función consultiva comprende dos hipótesis: la primera, la interpre­ tación de las disposiciones de la Convención o de otros tratados concer­

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nientes a la protección de los derechos humanos; la segunda se refiere a la compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas de los Estados miembros de la OEA y los mencionados instrumentos internacionales (...). La competencia contenciosa otorga a la Corte atribuciones para conocer de casos relativos a la interpretación y aplicación del Pacto de San José. Para ello, es requisito que el Estado parte en el caso haya reconocido dicha competencia (...). Sólo los Estados parte (en conflictos interestatales) y la Comisión Interamericana tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Por lo tanto, los individuos no tienen derecho a presentar peticiones de manera directa ante la Corte. Igualmente, es necesario que se agote el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Cuando la Corte conozca de un caso y decida que existió violación de un derecho o libertad protegido por la Convención u otro tratado, dispon­ drá en la sentencia que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y dispondrá, en caso de ser necesario, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración a esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables (...). La competencia contenciosa incluye la competencia de supervisión, la cual permite a la Corte verificar el cumplimiento de los deberes del Esta­ do derivados de sus resoluciones. Esta competencia no está expresamen­ te establecida en el Pacto de San José, pero la Corte ha entendido que dicha función es inherente a su jurisdicción, considerando la naturaleza y los valores comunes en los que se inspira la Convención Americana. En consecuencia, la Corte tiene la facultad de solicitar a los Estados responsables la presentación de informes sobre las gestiones para dar aplicación a las medidas de reparación ordenadas por ella en casos con­ tenciosos, de evaluar dichos informes y de emitir resoluciones sobre el cumplimiento de sus fallos. Los medios para controlar el cumplimiento de las resoluciones incluyen ordenar a las autoridades ejecutivas o administrativas la ejecución forza­ da de los fallos, cambios legislativos, anulación de sentencias, entre otros. En este sentido, la Corte además puede señalar en su informe anual ante la Asamblea General de la OEA los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus resoluciones. La competencia preventiva per­ mite a la Corte adoptar las medidas provisionales en los asuntos que esté conociendo, o a solicitud de la Comisión Interamericana, en casos de 148

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extrema gravedad y urgencia, y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas. Las características principales de estas medidas es que son temporales, teniendo un doble carácter: cautelar, al buscar mantener la situación ju­ rídica en un caso concreto, y tutelar, al buscar la preservación efectiva de los derechos fundamentales de las personas cuando enfrentan situacio­ nes de extrema gravedad y urgencia. Más de 25,000 personas han sido beneficiarías de estas medidas. Los beneficiarios pueden ser individuos, comunidades o incluso colectivos de personas, siempre y cuando pue­ dan ser identificables por elementos objetivos. La Corte posee también facultades reguladoras en general, las cuales incluyen la capacidad autónoma de adoptar su Reglamento, designar su secretario, y aprobar el presupuesto de gastos, entre otras. La fuente principal de derecho que la Corte utiliza en el ejercicio de su jurisdicción rationae materiae es la Convención Americana. Sin embargo, la Corte puede también pronunciarse sobre violaciones a otros tratados que están estructuralmente ligados al Pacto de San José, que gozan de una cláusula que otorga dicha competencia de manera implícita o explícita, y que han sido ratificados por el Estado parte en un caso. Estos instrumentos incluyen los dos protocolos adicionales a la Convención Americana, relativos a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y sobre la Abolición de la Pena de Muerte. Asimismo, comprenden la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Además, la Corte también puede utilizar otros instrumentos (cumpli­ miento de sentencia) internacionales de derechos humanos para definir el alcance de las obligaciones establecidas en el Pacto de San José; esto sucede, por ejemplo, con la utilización de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus proto­ colos adicionales, o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Corte celebra actualmente seis periodos de sesiones al año, que pueden ser ordinarias (en su sede) y extraordinarias (fuera de su sede). El quorum para las deliberaciones es de cinco jueces, y las deci­ siones de la Corte se toman por mayoría de los jueces presentes en el mo­ mento de la votación, decidiendo el voto del presidente en caso de empate.

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36. Son requisitos de una demanda de extinción de dominio:

La identificación, descripción y valuación económica de los bie­ nes objeto de la demanda de extinción de dominio. b. El nexo de relación entre los bienes y la actividad ilícita o el in­ cremento patrimonial injustificado. c. Ofrecimiento de las pruebas o indicios concurrentes y razona­ bles que sustenten la pretensión. d. Todas son correctas. a.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 37. Dentro de un proceso de extinción de dominio, NO procede recur­ so de apelación contra la resolución que:

a. Admite o rechaza una medida cautelar. b. Declara procedente la demanda de extinción de dominio en la etapa de calificación. c. Decide una excepción. d. Decide un pedido de nulidad.

Respuesta: b

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VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 38. Al realizarse una intervención policial en el domicilio de Raúl por flagrancia del delito de comercialización de drogas, los policías a cargo hallaron en varias habitaciones del citado inmueble di­ versas clases de drogas, así como enseres que venían siendo utilizados para acondicionar las sustancias ilícitas y otros ins­ trumentos relacionados con el delito, ¿Qué medida restrictiva de derechos corresponde llevar a cabo con relación a dichos bienes?

a. La incautación, previa autorización fiscal, quien dará cuenta in­ mediata al juez. b. La incautación, previa autorización judicial. c. La incautación, sin autorización judicial ni fiscal, luego de lo cual el fiscal requerirá al juez la resolución confirmatoria. 150

PRUEBA H

d. La incautación, la misma que no necesita resolución judicial confirmatoria previa ni posterior, debido a la naturaleza consti­ tucional de la flagrancia y a la exigencia de actuación inmediata de la autoridad policial.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA A- CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ La Organización criminal “Los Invencibles” atraviesa un crítico mo­ mento pues la mayoría de sus integrantes han sido apresados por la policía y otros han muerto en enfrentamientos, encontrándose prácti­ camente desarticulada; ante lo cual “Navaja” que pertenecía a dicha organización criminal de manera estratégica logra entablar contacto con un abastecedor de armas así como consigue convencer a varios sujetos para que se unan al grupo y les da diversos encargos a fin de que cometan las actividades delictivas de tráfico de terrenos para conseguir recursos económicos. Luego de lo cual se retira de la refe­ rida organización criminal dejando al mando a su antiguo líder.

39. Con relación al delito de Organización Criminal:

"Navaja" de acuerdo a La Ley 30077 ha incurrido en delito de organización criminal, al repartir tareas o funciones entre los miembros de la organización. b. "Navaja" de acuerdo al Decreto Legislativo 1244 ha incurrido en el delito de Organización Criminal por cuanto ha promovido una organización criminal. c. "Navaja" de acuerdo al Decreto Legislativo 1244 ha incurrido en el delito de Organización Criminal por cuanto ha organiza­ do una organización criminal. d. "Navaja" de acuerdo al Decreto Legislativo 1244 ha incurrido en el delito de Organización Criminal por cuanto ha constituido una organización criminal. a.

VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

Castaño es un experto cocinero que cocina en un local donde se reúnen un grupo de veinte personas, entre las que se encuentran “El Chema”, “El Caracol” y “El Colombiano”, quienes diariamente plani­ 151

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Respuesta: c

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fican traficar drogas, secuestrar a diversos empresarios, entre otros delitos. 40. Acerca de la pertenencia a la organización criminal:

Pueden existir miembros "pasivos" de una organización crimi­ nal, orientados con un sentido delictivo los mismos que, pese a estar integrados fenomenológicamente, no responden penal­ mente. b. Existen miembros institucionalmente activos, que son aquellos que se corresponden con los fines de la organización en donde el agente que se integra en la organización lleva a cabo una con­ ducta claramente perturbadora. c. El elemento subjetivo típico del delito de organización viene dado por la mera reunión, el cual mantiene aún un significado acentuadamente neutral. d. El elemento objetivo típico del delito de organización viene dado por los fines de la reunión, asociarse con el fin de cometer delitos o para delinquir.

a.

Respuesta: b

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VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

í 152

PRUEBAI FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL ESPECIALIZADO EN DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Carlos, reconocido ingeniero matemático perteneciente al Club de los Numerólogos, registra en el país un esquema de trazado (tipogra­ fía) que le trae mucho éxito y distinción profesional. Pedro, antiguo compañero de clases de Carlos, celoso de los logros obtenidos por éste y viendo las ventajas económicas que le reporta el esquema de trazado (tipografía), sin autorización de por medio, decide copiarlo y venderlo contando para ello con la participación de Lucho sin cuya intervención no se hubiese perpetrado tal hecho. Carlos interpuso la denuncia, siendo luego intervenidos por la Policía.

1. En el caso propuesto: a. Por tratarse de un esquema de trazado (tipografía) se trataría de un delito contra los derechos de autor. b. Por tratarse de un esquema de trazado (tipografía) se trataría de un delito contra la Propiedad Industrial. c. Para la configuración del delito contra la Propiedad Industrial no se requiere su registro en el país. d. Estamos ante un caso de Falta Administrativa.

Respuesta: b

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La evolución de la actividad económica mundial, tanto de los postu­ lados liberales como del proceso de globalización, nos ha permitido comprender el aumento de la importancia que tiene la protección de bienes y servicios originados por la actividad intelectual en materia industrial, para lo cual el Derecho ha desarrollado una institución ju­ rídica a la que se le denomina “Propiedad Industrial”. Es cada vez más frecuente en la vida cotidiana apreciar que en cada producto o servi­ cio que utilizamos u observamos, la presencia de la aplicación de un signo distintivo (como el caso de las marcas en las bebidas gaseosas o los jeans) o de una invención (por ejemplo, motores o software), a consecuencia del desarrollo de esta área del Derecho, que se viene ac­ tualizando en la medida que se efectúe el desarrollo tecnológico y eco­ nómico mundial. La doctrina mayoritaria indica que la importancia de la PI es la pro­ moción de la creatividad; es decir, que se busca dar medidas de protec­ ción para incentivar a las personas e instituciones a desarrollar inventos,

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métodos de servicio, productos, diseños, programas informáticos, etc., que conlleven a una mejora en la calidad de vida de la humanidad. Aun­ que esta visión -que corresponde de quienes son beneficiados con estos avances- no permite entender el verdadero motivo de la protección ju­ rídica; por cuanto hubo casos desde que comenzaron a darse licencias de protección a fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, donde los inventores no permitían que otras personas mejoraran o desarro­ llen ideas en el campo de su invención, lo cual trajo como consecuencia un atraso, más que un beneficio. Sucede que en la práctica y desde el punto de vista del inventor o creador o productor o comerciante, es la obtención de renta, lo que los motiva a desarrollar ideas que deriven en inventos o signos distintivos. Es tal la importancia de la Propiedad Industrial y su relación con el proceso globalizador, que desde el siglo XIX, los países comenzaron a celebrar convenios multilaterales sobre la materia como el de París de 1883 y el de Estocolmo de 1967, que tienen mayor reconocimiento a nivel mundial. Cabe mencionar, al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, in­ cluido el Comercio de Mercancías Falsificadas de 1994, al cual el Perú se adhirió en 1995. La iniciativa del Convenio de París motivó esfuerzos regionales en el continente americano, como el Tratado de Montevideo de 1889, donde se aprobaron Convenios sobre Patentes de Invención y sobre Marcas de Comercio y de Fábrica; luego, está la Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial de Washington de 1929, aprobada por el Perú en 1934. También son importantes los esfuerzos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, a través de las Deci­ siones N° 391 y 486. Asimismo, desde fines del siglo XIX, los países comenzaron a celebrar instrumentos bilaterales; en ese sentido el Perú celebró un Convenio con Francia en 1896 y actualmente Tratados de Libre Comercio. En el Perú, el reconocimiento a la protección de la Propiedad Indus­ trial, comenzó desde la Constitución Política de 1826 en su artículo 149o y salvo excepciones, estuvo presente en casi todas nuestras Cartas Fundamentales, pasando de la protección de invenciones hasta cada as­ pecto de la Propiedad Industrial en el numeral 8 del artículo 20 de la Constitución de 1993. A nivel de Leyes, desde la Ley de 1892, referido al Registro Oficial de Marcas y Patentes, se ha regulado sobre la Propie­ dad Industrial, estando actualmente vigentes los Decretos Legislativos N° 823 y 1075. 154

PRUEBA I

2. En el caso propuesto, respecto de la responsabilidad penal: a. Pedro y Lucho responden a título de co-autores. b. Pedro responde a título de autor y Lucho a título de cómplice debiendo Lucho ser reprimido con la pena prevista para el au­ tor. c. Pedro responde a título de autor y Lucho a título de cómplice, debiendo Lucho ser reprimido con una disminución prudencial de la pena. d. A Lucho no le corresponde pena alguna, pues Pedro es el único culpable.

Respuesta: b En cuanto al Sujeto Activo, de la lectura de los artículos mencionados artículos 222o y 223o del Código Penal, se aprecia que estamos frente a un delito común, debido a que no existe una cualidad especial en quien cometa el delito, lo cual impide la aplicación de la cláusula del actuar en lugar de otro, que requiere de elementos especiales que fundamenten la pena del autor. Respecto al Sujeto Pasivo, es coincidente la doctrina en considerar al titular o cotitulares de una invención o de un signo distintivo, aunque cabe meditar si se puede incluir a otra clase de agraviados. Coincidimos con García Cavero, en ampliar esta condición de sujeto a quien se le haya transferido el derecho de explotación o tenga una licencia de explota­ ción, debido a que tienen un derecho de uso exclusivo delegado.

3. En el caso propuesto:

a. Renato cometió el delito de Hurto Agravado. b. Renato cometió el delito contra la Propiedad Industrial por clo­ nación o adulteración. 155

LEGALES EDICIONES

Ricardo adquirió un celular último modelo marca Luminox SZ35, con el número de línea 123456789 a fin de poder ver tranquilamente des­ de su oficina los partidos del mundial de fútbol, contratando además para ello, un plan de telefonía con una renta mensual de S/. 350.00 soles que incluye internet ilimitado y roaming internacional. Renato, habiéndose percatado de la adquisición de Ricardo, aprove­ chándose de su sapiencia y altos conocimientos sobre tecnología, además que por ser hincha acérrimo del equipo peruano, duplica el número de la línea 123456789, así como su IMEI, ocasionándole a Ri­ cardo con dicha acción un grave perjuicio.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. Renato cometió el delito contra los derechos de autor por el pla­ gio realizado. d. Renato cometió una falta, porque el valor de la renta mensual de la línea duplicada no supera la remuneración mínima vital vigente.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b Lo debatible en esta área es incluir en todos los verbos rectores (fabricar, importar, almacenar, distribuir, usar con fines comerciales, ofertar, ven­ der, exportar), tanto a los bienes como a los servicios en el caso de las marcas regulado en el inciso f) del artículo 222o. Coincido con Oré en que debe haber una modificación que ordene esta situación de acuerdo a la naturaleza de los bienes mediante los cuales se materializan los delitos porque si no nos encontraremos con supuestos teóricos que en la prác­ tica son imposibles, como es la fabricación de servicios. Reconocemos que con esta incorporación de verbos rectores con la Ley N° 27729, se amplían los supuestos de sanción de ilícitos que penales en materia de propiedad industrial, al buscar abarcar todo el espectro del circuito económico de bienes y servicios, pero aun así es necesario un reordenamiento, sólo por una cuestión de didáctica frente a la población y por un afán de constante mejora legislativa que debemos establecer en nuestro país. Cabe mencionar que esta relación de verbos rectores, influye también en cuanto a la consumación, y la tentativa; por cuanto, dependiendo de cada caso en particular, un delito puede ser de mera actividad o de peligro, así como puede haber o no tentativa (aunque con esta relación de conductas no es fácil caer en tentativa sino más bien recaer en cual­ quiera de los verbos rectores). Para culminar esta área, debo mencionar que las distintas situaciones jurídico-registrales pueden influir en las conductas, al establecer causales de justificación o de atipicidad^, como sucede con la nulidad o cancelación o caducidad de la inscripción, o el caso del consentimiento del titular.

4. Si fuera el caso, de no haberse ocasionado perjuicio al titular y/o usuario, o a terceros: a. b. c. d. 156

El hecho sería atípico. Sería una causal atenuante de responsabilidad. Sería una causante eximente de responsabilidad penal. El hecho sería típico antijurídico, pero no culpable.

PRUEBA I

Respuesta: a

157

LEGALES EDICIONES

Si la conducta se subsume en la ley penal, entonces hablaremos de una conducta típica; en cambio, si la conducta no encaja en la ley penal, di­ remos que es una conducta atípica, por lo que deja de ser relevante para el derecho penal (esto no quiere decir que también deje de serlo para las otras ramas del derecho). La doctrina ha proporcionado una suerte de metodología para realizar el juicio de tipicidad. Este juicio, no obstante, debe cumplir con algu­ nos análisis. Básicamente son dos: la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Cabe decir que para que una conducta pase el juicio deben concurrir ambos tipos de tipicidad. A continuación desarrollaremos cada uno de ellos. En primer lugar, en la tipicidad objetiva se analiza si concurren los ele­ mentos del tipo penal (la disposición normativa), por lo que se necesi­ ta saber todos los requisitos que establece la ley. Dentro de la tipicidad objetiva hay tres puntos de análisis: los sujetos, la conducta y el objeto material. En el plano de los sujetos, se establece que todos los delitos tienen un sujeto activo y un sujeto pasivo. Por un lado, el sujeto activo es aquel que realiza la conducta prevista en el tipo penal. Este solo pue­ de ser una persona natural, ya que en caso sea uña persona jurídica, entonces responden las personas naturales a cargo. Ahora, tomando como base al sujeto activo se pueden clasificar los delitos en comunes y especiales. Los delitos comunes son aquellos en los que cualquier persona que realiza la conducta prevista en la ley penal va a responder por ella. Los delitos especiales, en cambio, son aquellos en los que el tipo penal (la disposición normativa) indica expresamente quién es el sujeto activo, por lo que no es cualquier persona, sino la que el tipo penal ha previsto. El sujeto pasivo, por otro lado, es aquel sobre el que recae el daño de la acción delictiva. En tal sentido, es la persona cuyo bien jurídico protegido ha sido puesto en peligro o lesionado por la conducta realizada por el sujeto activo. Para determinar al su­ jeto pasivo en la comisión de un delito, se debe identificar cuál es el bien jurídico protegido por la norma penal y si este ha sido puesto en peligro o lesionado. En el plano de la conducta, se establece que esta puede ser por ac­ ción o por omisión, es decir la conducta se puede realizar haciendo o dejando de hacer. Cuando la conducta es por acción, se trata de una conducta en la que se realiza o ejecuta una determinada actividad por

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

el sujeto (por ejemplo, matar a una persona). Cuando la conducta es por omisión, se trata de una conducta en la que se deja se hacer algo o no se actúa (por ejemplo, no prestar auxilio). De acuerdo con esto, los delitos se pueden clasificar en delitos de simple o mera actividad, o en delitos simples y compuestos. Los delitos de mera actividad son aquellos en los que se requiere la conducta en sí misma para que se configure el delito, es decir, la simple conducta, sin importar el resul­ tado que se produzca, ya es delito (por ejemplo, conducir en estado de ebriedad). Los delitos de resultado, en cambio, son aquellos en los que además de la conducta se requiere que se produzca el resultado para su configuración, es decir, estos se perfeccionan cuando además de la conducta se produce el resultado previsto en la ley penal (por ejemplo, matar a una persona). Ricardo se dedica a la venta de autopartes, y en el mes de abril del presente año ingresó al país 5 motores cuyo valor de cada uno es de 2 UITs, sin que estos hayan pasado control aduanero. Adrián, quien es su primo, está enterado que Ricardo siempre ingresa bajo esta modalidad este tipo de mercancía; y se la pide en donación, pues sabe que Ricardo tiene que viajar urgentemente fuera del país. Ricardo, ante la premura, acepta dársela de esa forma, entregándo­ sela el mismo día que viajaba al extranjero.

5. Respecto a la conducta desplegada por Adrián, podemos preci­ sar:

LEGALES EDICIONES

a. Adrián es cómplice del delito de Contrabando. b. Adrián es autor del delito de Receptación Aduanera. c. Adrián no es autor del delito de Receptación Aduanera pues sólo recibió la mercadería en donación. d. Adrián sólo podrá ser autor del delito de Receptación Aduane­ ra si ayuda a comercializar dichas mercaderías.

Respuesta: b El delito de receptación aduanera es un delito de infracción de deber general negativo, como tipo penal base Art. 6o de la LDA, la redacción del tipo va dirigido a los ciudadanos comunes portadores de deberes generales negativos; sin embargo, en este caso concreto, se agrava por el Art. io°, literal b) por la condición de funcionario o servidor público, lo que hace que sea normativamente un delito de infracción de deberes especiales positivos dirigidos a los intraneus portadores de deberes es­ peciales positivos (Salazar, 2019, p. 01), “en normas de comportamiento 158 __________________________________________________________________________________________

PRUEBA I

jurídico-penales que competen a las personas en un contexto social de­ terminado” (Jakobs, 1994, p. 13). El delito de receptación aduanera es un tipo penal autónomo, por lo que no requiere de un delito previo aduanero, en palabras terminadas como un “delito propiamente dicho”, pese a esta afirmación no se puede negar el carácter de accesoriedad y lógicamente de conexión del hecho precedente o el hecho previo de un ilícito aduanero en grado de injus­ to penal y no de un delito acabado con grado de culpabilidad, por los argumentos señalados el delito de receptación aduanera es un delito subsiguiente. La conducta subsumida a este tipo penal se consuma en el preciso mo­ mento de las comercializaciones de las mercaderías de origen o pro­ veniencias de orígenes ilícitos aduaneros previstos en la LDA (García, 2016, p. 1586) -objeto material del delito-, y ello justifica la accesorie­ dad desde un plano cuantitativo y cualitativo toda vez que el autor del delito previo de contrabando de cualquiera de los delitos establecidos por la LDA tenga consigo el bien que negociará al receptador y este a la vez podrá cometer este ilícito penal de receptación aduanera con las siguientes conductas -verbos-, y la adecuación a cada verbo no implica de per se la consumación de este delito, en consecuencia, este delito solo podrá agotarse “durante los actos posteriores que tiendan a favorecer la comercialización de las mercancías procedentes del delito aduanero”.

6. Respecto al monto de la mercancía es correcto afirmar: a. No hay delito de Receptación Aduanera por cuanto el valor in­ dividual del motor no supera 1 UIT.

d. Para que sea considerado delito, el valor de la mercancía debe superar las 5 UITs.

Respuesta: c El ilícito en mención tiene diversos verbos rectores como el “adquirir”, “recibir”, “recepción en donación”, “recepción en prenda”, “almacenar”, “ocultar”, “vender”; sin embargo, el MP ha imputado por el ultimo verbo 159

LEGALES EDICIONES

b. Para que sea considerado delito, el valor de la mercancía debe superar las 2 UITs. c. Para que sea considerado delito, el valor de la mercancía debe superar las 4 UITs.

LEGALES EDICIONES

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

‘ayudar a comercializar”. A prima facie, por ayudar se entiende en soco­ rrer, cooperar, auxiliar a otra persona dentro de la actividad de comer­ cialización de la mercadería, consiste en el expendio habitual en público o privadamente de mercancías, entonces, adelantando la conclusión, el hecho de inmatricular un vehículo por mandato judicial, no es un acto que importe . .ayudar a comercializar...”. Por ende, la ayuda a comercialización siempre se debe de realizar en el contexto de la venta (compra y venta) ¿Qué cuerpo normativo regula la compra y venta? La ley especial que regula es el Código Civil, de ahí, la necesidad de recurrir al Art. 1529o del CC, a efectos de definir el con­ cepto de comercializar y, no a la real academia española para no caer en una mera interpretación literaria. El tipo penal de receptación aduanera tiene términos valorativos nor­ mativos, como lo es el acto de “comercializar”, la valoración de este acto es normativo y no un simple término literal -gramatical-. Al ser un tér­ mino normativo los conceptos deben entenderse desde una categoría valorativa y, debe ser -entendido bajo el principio de legalidad y espe­ cíficamente en el mandato de certeza- por lo que se considera que el elemento del tipo “comercializar” requieren una definición normativa y no literal o gramatical. Estos términos normativos del tipo penal de re­ ceptación aduanera deben ser de común comprensión para el ciudadano y, de forma previa a que realice el hecho materia de atribución. Es por ello, que sólo a través de una previa definición normativa podría serle exigible al ciudadano el cumplimiento de un deber concreto al que no debe infringir. En el último verbo típico del ilícito penal en comento se agrupa final­ mente bajo el título ayuda a la comercialización de las mercancías. Este último acto, conducta, al que se le debe de dar un contenido normati­ vo, con esta fórmula de “cooperación” o “ayuda” a comercializar, el tipo penal intenta impedir que los que ayudan al autor del delito previo a comercializar las mercancías se beneficien, por razones de accesoriedad, de la falta de castigo por el delito de receptación del autor del delito previo. Incluso, la misma Corte Suprema mediante la Segunda Sala Penal Tran­ sitoria, R.N. N° 872-2016/Lima. Ha definido el término “ayudar”, auxi­ liar, cooperar o coadyuvar. En su fundamento: “Vigésimo. - Como lo ha señalado adecuadamente la jurisprudencia (SPP. R. N. N° 2939-2015. Fundamento vigésimo segundo), en el uso común del lenguaje “auxiliar” es prestar ayuda, cooperar o coadyuvar. Si 160

PRUEBA I

se vincula con el objeto de auxilio -en el caso el delito de contrabando-, este consiste en prestar ayuda para el delito se realice, o en términos ju­ rídico penales, se consume. (...)” Los paréntesis, las negritas y subrayadas son nuestras. Entonces el término “ayudar”, se tiene que definir en la misma lógica de auxiliar, cooperar o coadyuvar para que se consume un ilícito penal, es por ello que se utiliza el termino prestar ayuda. Entonces, una vez definido este término de ayuda, se tiene que pasar a definir normati­ vamente el término “comercializar”, para lo cual se tiene que recurrir a una ley especial que define previamente ese concepto. Como ya se ade­ lantó líneas arriba, este acto típico debe interpretarse en el contexto de la comercialización de las mercancías. Y para definir normativamente la comercialización como compra y venta, se debe recurrir necesariamente al CC, la misma que indica: “Art. 1529o.- Definición Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en dinero”.

La definición normativa del elemento “comercializar”, en el acto de “ayu­ da a comercializar” en el delito de receptación aduanera atendiendo al principio de legalidad y específicamente en el mandato de certeza de­ finiendo normativamente y no literalmente. Entonces queda definido normativamente el termino comercializar (compraventa) se desprende, la persona que va a ayudar a comercializar, tiene que ayudar a negociar, “ello significa intervenir como mediador entre el poseedor del bien pro­ veniente de un hecho equivalente a un injusto penal previo aduanero y otra persona, que debe ser extraña a la comisión del delito, a los efectos de su trasferencia a título oneroso”.

Dentro de las 24 horas de la detención de Pepito, se hizo presente ante la autoridad policial, Esteban, aduciendo ser heredero directo del autor de la obra antes mencionada, indicando que la conducta desplegada por Pepito le causa agravio a su patrimonio al no recibir de éste las regalías correspondientes. 161

LEGALES EDICIONES

Pepito fue detenido por la policía del día 28 de agosto de 2017 a las 16:00 horas aproximadamente, en su local comercial ubicado en la calle Los Ruiseñores del distrito de Lince, cuando se encontraba tra­ bajando arduamente en la reproducción de la obra “Don Quijote de La Mancha” de una reconocida editorial para su posterior venta al público.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

7. Respecto del caso, es correcto afirmar:

a. Pepito ha cometido el delito contra los Derechos de Autor, toda vez, que estaba reproduciendo una obra para su posterior venta. b. La conducta de Pepito es atípica. c. Pepito debía contar con la autorización previa y escrita del ti­ tular para que su conducta no sea considerada delito contra los Derechos de Autor. d. Pepito, al cumplir con el pago de las regalías, podrá solicitar el Archivo de la Investigación, toda vez, que se ve restituido el derecho patrimonial de Esteban.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b La doctrina ha proporcionado una suerte de metodología para realizar el juicio de tipicidad. Este juicio, no obstante, debe cumplir con algunos análisis. Básicamente son dos: la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Cabe decir que para que una conducta pase el juicio deben concurrir am­ bos tipos de tipicidad. A continuación desarrollaremos cada uno de ellos. En primer lugar, en la tipicidad objetiva se analiza si concurren los ele­ mentos del tipo penal (la disposición normativa), por lo que se necesi­ ta saber todos los requisitos que establece la ley. Dentro de la tipicidad objetiva hay tres puntos de análisis: los sujetos, la conducta y el objeto material. En el plano de los sujetos, se establece que todos los delitos tienen un sujeto activo y un sujeto pasivo. Por un lado, el sujeto activo es aquel que realiza la conducta prevista en el tipo penal. Este solo puede ser una persona natural, ya que en caso sea una persona jurídica, entonces responden las personas naturales a cargo. Ahora, tomando como base al sujeto activo se pueden clasificar los delitos en comunes y especiales. Los delitos comunes son aquellos en los que cualquier persona que realiza la conducta prevista en la ley penal va a responder por ella. Los delitos especiales, en cambio, son aquellos en los que el tipo penal (la disposi­ ción normativa) indica expresamente quién es el sujeto activo, por lo que no es cualquier persona, sino la que el tipo penal ha previsto. El su­ jeto pasivo, por otro lado, es aquel sobre el que recae el daño de la acción delictiva. En tal sentido, es la persona cuyo bien jurídico protegido ha sido puesto en peligro o lesionado por la conducta realizada por el sujeto activo. Para determinar al sujeto pasivo en la comisión de un delito, se debe identificar cuál es el bien jurídico protegido por la norma penal y si este ha sido puesto en peligro o lesionado. 162

PRUEBA I

8. Respecto del caso, es correcto afirmar: a. Ante la existencia de Esteban, heredero directo, resulta necesa­ ria e indispensable su participación en el acuerdo de Principio de Oportunidad. b. Ante la existencia de Esteban heredero directo, no resulta necesa­ ria su participación en el acuerdo de Principio de Oportunidad, toda vez que éste puede ser subrogado por el Ministerio Público. c. No es posible llegar a un acuerdo de Principio de Oportunidad. d. Pepito puede llegar a un acuerdo económico bajo el Principio de Oportunidad, y así evitar la acción penal en su contra.

Respuesta: c

163

LEGALES EDICIONES

El Principio de Oportunidad es un instrumento legal que faculta al Fis­ cal a que discrecionalmente, en los casos previstos en la norma y con el consentimiento del imputado, pueda abstenerse de ejercitar la acción penal, ello sin perjuicio de procurar satisfacer íntegramente los intereses del agraviado, cuando corresponda. El Acuerdo Reparatorio es una herramienta procesal donde el Fiscal de Oficio, o a pedido del imputado o de la Víctima propongan un acuerdo y convienen, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la facción penal. El Fiscal podrá abstenerse de ejercitar la acción penal, conforme a los incisos i y 8 del artículo 2o del Código Procesal Penal, en los siguientes supuestos: a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuen­ cias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea re­ primido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria. b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés pú­ blico, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés públi­ co gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcio­ nario público en el ejercicio de su cargo.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

d) En los casos en que el agente esté comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E del Código Penal. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del presente artículo, será necesario que el agente repare los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. En el supuesto comprendido en el inciso d), el Fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal luego de la verificación correspondiente de que el agente haya suspendido sus actividades ilícitas de modo voluntario, de­ finitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evalua­ ción y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el artículo 20 del Código Procesal Penal.

Cenobio tiene un puesto de ventas en un reconocido centro comer­ cial ubicado entre las avenidas Wilson con Alcázar, en este lugar co­ mercializa mediante venta copias de programas de ordenador sin la autorización de los titulares. El local comercial de Cenobio fue in­ tervenido por la policía, y además de encontrársele los programas de ordenador mencionados, se le encontraron: 1500 etiquetas adheribles para discos compactos “pirata” de música, 1000 cuadernillos fotocopiados del programa TurboMax para ordenador, 800 etiquetas “bambeadas” para latas de Atún de la marca A-MAR y empaques no auténticos de la caja del juguete original Orion-Man. Una vez deteni­ do Cenobio aceptó distribuir dicha mercadería a través de la venta.

LEGALES EDICIONES

9. En relación al caso, y respecto al delito de Etiquetas, carátulas o empaques, es correcto afirmar: a. Dicho tipo penal protege las etiquetas adheribles para discos compactos "pirata" de música, los cuadernillos fotocopiados del programa TurboMax para ordenador, las etiquetas "bambeadas" para latas de Atún de la marca registrada A-MAR y los empa­ ques no auténticos de la caja del juguete original Orion-Man. b. Dicho tipo penal sí protege a las etiquetas, las carátulas y a los empaques, por lo que sólo los cuadernillos fotocopiados del programa TurboMax no están protegidos. c. Dicho tipo penal sólo protege las etiquetas adheribles para dis­ cos compactos de música, y los cuadernillos fotocopiados del programa para ordenador. d. Dicho tipo penal protege otro tipo de bienes, mas no los descri­ tos en el caso. 164

PRUEBA I

Respuesta: c El bien jurídico protegido es el derecho de autor. En esta modalidad el sujeto activo es genérico. El sujeto pasivo es el titular del derecho inte­ lectual. El tipo es eminentemente comisivo, lesivo y material. Admite la tentativa. Se trata de un tipo doloso de comisión. El tipo relieva la exigencia del animus lucrandi (“fines de comercialización u otro tipo de ventaja económica). Tipo de tendencia interna trascendente.

10 .En relación al caso, es correcto afirmar que Cenobio: a. b. c. d.

Ha cometido un Delito contra los Derechos Intelectuales. Ha cometido dos Delitos contra los Derechos Intelectuales. Ha cometido tres Delitos contra los Derechos Intelectuales. Ha cometido cuatro Delitos contra los Derechos Intelectuales.

Respuesta: c

165

LEGALES EDICIONES

Conforme lo establece la Organización Mundial de la Propiedad Inte­ lectual (OMPI), la propiedad intelectual corresponde a bienes inmate­ riales. Son creaciones de la mente que se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial, que se hace realidad mediante la concesión de un derecho de exclusiva que confiere a su titular no sólo la facultad de explotar el bien inmaterial, sino también de impedir que pueda ser utilizado por terceros. Sobre ambos recae un derecho de ex­ clusiva, que solo se extiende al territorio del Estado en el que se concede o reconoce, pero no más allá. La doctrina discute sobre la ubicación de los delitos contra los derechos de autor: ¿son o no son delitos económicos? Es innegable que el “dere­ cho de autor”, como atributo de la personalidad es un interés individual. No obstante, en la vida moderna actual adquiere tal magnitud por su vinculación estrecha con el funcionamiento del sistema de economía de mercado (piénsese p. ej. En los casos de piratería de libros, videos, CDs, programas de software, etc.), que su protección interesa no solamente al individuo, sino a toda la colectividad. En tal medida es comprensible que el legislador español por ejemplo, los haya incluido dentro del capítulo previsto para los delitos contra la propiedad industrial, el mercado y los consumidores y que en el Perú; su protección administrativa esté vinculada con la protección de la com­ petencia, mientras que su protección penal se asocie a los delitos econó­ micos (diferenciándolos de los meramente patrimoniales). Se trata de delitos socioeconómicos.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

ll .¿Cómo se produce la derogación de una ley?

a. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera ex­ presa o tácita, en este último caso por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de la antigua ley está íntegramente regulada por la nueva ley. b. Una ley puede ser derogada por otra ley o por mandato judi­ cial, siempre de manera expresa. c. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera ex­ presa o tácita, en este último caso se tiene en cuenta el criterio jurisdiccional de los jueces al momento de aplicar la nueva ley. d. Una ley sólo se deroga por otra ley y, de manera excepcional, por mandato judicial cuando la materia responda a derechos fundamentales.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

12 .En relación a la restricción del control judicial de constitucionalidad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta:

a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, poste­ riormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constitucionalidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos. b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del con­ trol de constitucionalidad de la misma. c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último ad­ vierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional. d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley -previamente declarada válida por el TC- producto de la modi­ ficación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 166

PRUEBA I

13 .Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamenta­ ria (vgr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha señalado formas distintas de solución. Sobre el particular indique la respuesta correcta:

a. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma re­ glamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial. b. En ningún caso los órganos de la administración pública pue­ den resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias. c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nu­ lidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución. d. La potestad de realizar un control abstracto de normas regla­ mentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 14 . Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 167

LEGALES EDICIONES

a. Guardar en todo momento conducta intachable b. Ser mayor de cuarenta y cinco años. c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante quince años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante veinte años. d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

1 5.Son reconocidos como organismos constitucionalmente autóno­ mos:

a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Ju­ rado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia. b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva. c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Iden­ tificación y Estado Civil. d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

El Gerente de Ventas, Claudio, y de Control de Calidad, Fermín, pre­ ocupados por la baja en las ventas de vehículos de una conocida empresa automotriz, para la que trabajaban, disponen que los inge­ nieros de la División de informática instalen en los vehículos de ma­ nera deliberada, un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. Dicho programa se instaló en quince mil vehí­ culos que fueron vendidos entre 2015 y 2017. Este sistema era capaz de detectar cuándo el vehículo era sometido a la prueba de control de emisiones. El dispositivo se encendía en ese momento y hacía un control completo de las emisiones de humo, pero se apagaba en con­ diciones normales de circulación. 16 .En el presente caso, los Gerentes Claudio y Fermín deben respon­ der por los delitos de:

a. b. c. d.

Estafa y abuso de mecanismos informáticos. Contaminación ambiental y fraude informático. Estafa y fraude informático. Estafa y contaminación ambiental.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DELA PRUEBA E - CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ 168

PRUEBA I

17 .Con relación a la responsabilidad de los ingenieros de la División de Informática puede señalarse lo siguiente.

a. Su conducta es neutra pues la elaboración de un programa in­ formático se encuentra dentro del ámbito de competencia de los mismos. b. Deben responder como cómplices de los delitos cometidos por los Gerentes Claudio y Fermín, en particular por el (los) delitos informáticos cometidos. c. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices del delito ambiental. d. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices de los delitos ambiental y de estafa.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 4 DELA PRUEBA E-CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ

En circunstancias que Jorge Gutiérrez Torres, conducía su vehículo por inmediaciones de la cuadra 05 de la Av. Abancay - Cercado de Lima, sufre un desperfecto en el sistema de dirección, por lo que lo que comienza al perder el control del carro. No obstante, ello, como se encuentra apurado continúa con su marcha y cuando pretende doblar hacia el Jirón Miroquezada, se despista y atropella a Carlos Quiroz Barba a quien deja gravemente herido, pero las personas que estaban por la zona le prestan auxilio al herido y lo llevan al Hospital Dos de Mayo. Jorge, nervioso por lo sucedido y sabiendo que es un personaje público se aleja del lugar del accidente, pero al cabo de 15 minutos regresa al lugar del accidente y pone a derecho ante la autoridad policial que se encontraba en la zona realizando el ITP, por lo que es llevado a la Comisaria de San Andrés.

a. b. c. d.

Omisión de Socorro. Lesiones Graves. Lesiones Culposas Agravadas. Fuga del lugar del accidente de tránsito.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 169

LEGALES EDICIONES

18 .En relación al caso narrado, se puede decir que Jorge Gutiérrez ha incurrido en delito de:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

19 .En relación al delito de Omisión de Socorro, es correcto decir que Jorge Gutiérrez: a. Incurrió en este delito porque no socorrió al herido. b. No incurrió en este delito, porque si bien hirió Carlos Quiroz y se retiró del lugar del accidente, otras personas lo auxiliaron inmediatamente. c. No cometió este delito porque volvió al lugar del accidente d. Ninguna de anteriores.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JN]

Frida Guzmán Valderrama, se presentó a un concurso público para cu­ brir la vacante del Secretaria de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Metropolitana de Lima. Es el caso, que en su ficha de inscripción le hicieron firmar una declaración jurada de veracidad, respecto a que lo declarado y los documentos que adjun­ taba como anexos (requisitos para acceder al puesto) era verdaderos. Frida gana el concurso, y a los 30 días estar laborando en la citada en­ tidad, se hace la fiscalización de los documentos que presentó, descu­ briéndose que el título en original de Secretaria del Instituto Superior SESATEL que había presentado, firmado supuestamente por el Director de SESATEL era falso, ya que esta entidad había informado que Frida Guzmán jamás había estudiado en dicha casa de estudios y el que for­ mato de título no correspondía al que ellos entregan a sus egresados.

LEGALES EDICIONES

20 . En relación al caso propuesto, es correcto afirmar: a. Se ha dado un caso típico del delito de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo. b. Se ha dado un caso típico del delito de Uso de Documento Pri­ vado Falso. c. Se ha dado un caso típico de concurrencia ideal de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso. d. Se ha dado un casi caso típico de concurrencia real de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 170

PRUEBA I

El día cuatro de junio del año dos mil trece, miembros de la Policía Nacional intervinieron al acusado ABEL en circunstancias que tran­ sitaba por la Avenida Canta Callao y Elmer Faucett, siendo sorpren­ dido en posesión de un extintor de nueve kilos marca “Leocal”, de polvo semi seco, con la inscripción en la parte superior WQ-2404, placa del vehículo al que pertenecía; durante la investigación policial se presentó el conductor del camión de la Empresa de Transportes y Servicios León Garlitos S.A.C. de placa de rodaje WQ-2404, Carlos Sixto Ybáñez Cottos, quien denunció que momentos antes habían abordado su vehículo 2 sujetos, aprovechando que estaba estacio­ nado debido a la luz roja del semáforo; uno de ellos subió por el lado del piloto, mientras que el otro sujeto que resultó ser el acusado Abel Jacob Loayza Calcina, subió por el lado del copiloto; procediendo ambos a solicitarle dinero, sin embargo como dicho agraviado se negó, fue amenazado para que les entregue sus pertenencias, y al no hacerlo, dicho acusado procedió a apoderarse del extintor del ve­ hículo que se encontraba en la cabina de dicho vehículo, dándose a la fuga.

21.En el delito cometido por Abel, el otro sujeto que se dio a la fuga, tiene la condición de: a. b. c. d.

Autor Coautor Cómplice primario Cómplice secundario

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

22.Si la letra de cambio se protesta por falta de pago, marque la res­ puesta correcta.

a. A no puede valerse de la acción causal para el cobro de su cré­ dito. b. A solamente puede cobrar la letra de cambio. c. A solamente puede valerse de la acción causal. d. A puede optar por cobrar la letra o por cobrar el precio de venta. 171

LEGALES EDICIONES

El día 15 de enero del año X, A vende una casa a B, quien por el im­ porte del precio acepta una letra de cambio, con vencimiento al 15 de febrero del mismo año X.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 2 3.Si a demanda judicialmente el pago de la letra protestada, mar­ que la respuesta correcta.

a. b. c. d.

La obligación causal queda en suspenso. A puede optar por cobrar el precio. A pierde el derecho a la acción causal. A puede valerse simultáneamente de la acción cambiaría y de la acción causal.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 24 .En el contexto de disputas vecinales surgidas por la asignación de estacionamientos vehiculares a los residentes del barrio, Luisa denuncia por lesiones leves a Juan, su vecino, de ocupación fis­ cal provincial penal de Lima. La denunciante señaló que durante un reciente altercado Juan la lesionó propinándole dos puñetes en el rostro, circunstancia que quedó acreditada con el recono­ cimiento médico legal a la que fue sometida y la declaración de tres testigos, residentes, como la víctima y el agresor, de la misma vecindad. Según las pautas del CPP de 2004, diga usted ¿qué po­ sibilidades tiene el fiscal competente para evitar el ejercicio de la acción penal contra Juan?

LEGALES EDICIONES

a. Ninguna, porque cuando Juan lesionó a su vecina ostentaba cargo de funcionario público. b. Tiene la posibilidad de aplicar un acuerdo reparatorio si el caso encuadra en las previsiones materiales del artículo 122 del Có­ digo Penal, es decir se trata de lesiones leves y figura entre los ilícitos que pueden ser materia de acuerdo reparatorio según el artículo 2 del CPP 2004. c. Ninguna, porque se trata de un delito doloso no culposo que el artículo 2 del CPP 2004 no contempla. d. Puede evitar el ejercicio de la acción penal invocando razones de oportunidad diferentes al acuerdo reparatorio porque las le­ siones menos graves o leves no habilitan la aplicación de esta 172

PRUEBA I

figura debido al daño infligido a una mujer, según establece el artículo 122 del CP.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

25 .En el preciso instante en que María se encontraba caminando sola en la calle, Luis, le arrebata su celular, luego de forcejear con la víctima la arroja al suelo, consigue el celular y huye, siendo que María empieza a pedir auxilio inmediatamente. Es posible que los vecinos de María detengan a Luis: a. Sí, siempre y cuando el delito cometido por Luis sea grave, es decir se trate de un ilícito penado con privación de libertad su­ perior a seis años. b. No, porque el acto cometido por Luis es hurto agravado y no robo. c. Sí, porque el Código Procesal Penal reconoce la facultad de los ciudadanos de detener a quien se encuentre en delito flagran­ te, circunstancia que comprende huir inmediatamente luego de cometerlo. d. Sí, siempre que la acción sea conjunta con la policía, esto es, que en la captura también intervengan elementos policiales.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

26 .¿Quién autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú a que se inserten como agentes encubiertos, y por cuánto tiempo podrán actuar bajo identidad supuesta?:

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 173

LEGALES EDICIONES

a. El juez de la investigación preparatoria, 12 meses. b. El fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Crimen Orga­ nizado, 9 meses. c. El fiscal superior, 4 meses. d. El fiscal provincial, 6 meses.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

27 .A Manuel se le sigue una investigación preparatoria por un deli­ to de corrupción de funcionarios, su condición procesal es la de preso preventivo y el plazo de la medida que el juez dispuso fue de 9 meses al apreciar que el caso no era complejo. Ocurre que, cuando Manuel cumplió 7 meses de prisión preventiva, las nor­ mas procesales cambian y se establece que el plazo de ésta para casos no complejos será ahora 18 meses. Manuel y su defensor tienen especial interés en establecer si será excarcelado al cum­ plir el plazo de 9 meses o se le aplicará el nuevo de 18. Diga usted ¿cuál es la solución que aporta el CPP 2004, al respecto?

a. Manuel será excarcelado cuando cumpla los 15 meses de pri­ sión preventiva, porque la ley procesal se aplica de inmediato, inclusive a los procesos en trámite. b. Manuel será excarcelado a los 9 meses, plazo inicial, aunque antes del vencimiento de este término el fiscal haya declarado complejo el proceso y requerido la prolongación de la prisión preventiva. c. Manuel será liberado a los 9 meses porque la norma procesal vigente es la que regía al momento de la comisión del delito. d. Manuel será liberado al cumplirse los 9 meses porque la aplica­ ción inmediata de la ley procesal, incluso a los procesos en trámite tiene excepciones, entre ellas, el que siga rigiendo la ley anterior cuando se trata de plazos que hubieren empezado a correr.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

28 .Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son: a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. c. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA M- CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 174

PRUEBA I

Los internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, toma­ ron como rehén al técnico de seguridad Rodolfo; tras encerrarlo en una celda, lo golpearon cruelmente en la espalda y en la cabeza, así como lo despojaron de las llaves de las celdas y de un radio trasmisor; logrando escuchar que uno de los internos llamaba a la pren­ sa y a la Defensoría del Pueblo, haciéndoles conocer los maltratos físicos y psicológicos de los que era objeto, por parte del personal del INPE y solicitaba mejores condiciones carcelarias, caso con­ trario, asesinarían al rehén. El representante del Ministerio Público conjuntamente con las autoridades de la Defensoría del Pueblo, se constituyeron a dicho establecimiento penitenciario; lugar en que luego de dialogar con los internos, se firmó un acta de compromiso, consiguiendo la liberación del mencionado técnico de seguridad, en presencia de las autoridades del INPE, Ministerio Público y De­ fensoría del Pueblo.

29.I dentifique el delito que cometieron los internos del Estableci­ miento Penitenciario: a. b. c. d.

Amotinamiento carcelario. Secuestro agravado. Extorsión. Coacción.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 30.So bre el delito de amotinamiento carcelario, es correcto afirmar:

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 175

LEGALES EDICIONES

a. Es un delito que en su injusto básico, se encuadra dentro de la subcategoría de delito mutilado de dos actos. b. Es un delito que en su injusto básico, se encuadra dentro de la subcategoría de delitos cortados de resultado. c. Es un delito que en su injusto básico, no es necesario acreditarse la existencia de un motín con el fin de evasión de los internos. d. La estructura típica de este delito abarca y absorbe la privación de la libertad que pudieran sufrir los agentes de seguridad del recinto penitenciario.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones, una socie­ dad anónima encargada de la creación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura del mercado de valores nacional, y ha sido desig­ nada por encargo del Estado peruano, como Agente de Retención del impuesto a la renta a la ganancia de capital e intereses, provenientes de la venta de valores mobiliarios. Ahora bien, la empresa DATAMIN ha vendido valores que se producen en rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, por lo que CAVALI hace la retención del monto correspondiente al Impuesto General a las Ventas (IGV). La SUNAT ha detectado que CAVALI no ha depositado al fisco los montos recau­ dados, por lo que decide denunciarlo por el delito de defraudación tributaria; asimismo, en su denuncia ha comprendido al Gerente de DATAMIN como cómplice del mismo delito dado que han conseguido un video donde almuerzan el gerente financiero de CAVALI y gerente general de DATAMIN.

31 .El enunciado correcto, sobre el delito de defraudación tributaria, es: a. No configura respecto al gerente de DATAMIN por encontrarse al amparo del principio de confianza. b. La imputación objetiva del delito de defraudación tributaria se configura solo respecto del órgano competente de CAVALI porque su conducta está dentro del riesgo prohibido. c. No configura respecto al gerente de DATAMIN porque es un caso de prohibición de regreso. d. Se configura respecto al gerente de DATAMIN por haberse re­ unido en un almuerzo con el gerente de CAVALI.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

Emérito Contreras abogado de nacionalidad colombiana, hace una parada de tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez, proveniente de México, con destino a Bogotá Colombia. Al ser registrado su equipaje por personal de aduanas, se descubre que portaba en una de sus maletas, la suma de 130 mil dólares, camuflado entre sus pertenen­ cias, no obstante haber declarado que solo portaba una suma inferior a los diez mil dólares americanos. Al ser interrogado por el represen­ tante del Ministerio Público, señala que dicho dinero proviene de sus actividades de abogado consultor y que, en todo caso podría acre­ ditarlo con la documentación correspondiente que tiene en su país. 176

PRUEBA I

32 .En los términos en los que ha sido definido el delito de lavado de activos, en la Sentencia Plenaria 1-2017, puede afirmarse lo siguiente: a. La conducta de Emérito Contreras constituye falta administra­ tiva de ingreso de dinero no declarado. b. Se configura el delito de lavado de activos proveniente de una actividad criminal abstracta. c. Se trata de un delito de lavado de activo en la medida que Emé­ rito no ha justificado la proveniencia ilícita de su conducta. d. Es posible sancionarlo administrativamente y también penal­ mente por delito de lavado de activos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ Sergio, previa planificación con Marcelo y Hamilton, comienza a salir y enamorar a Antuanet, funcionaría del Banco La Sedia, con la fina­ lidad de ganarse su confianza. Luego de unas semanas de salidas y regalos lujosos, Sergio invita a Antuanet a reunirse en su casa para presentarles a sus amigos Marcelo (fingiendo ser sacerdote), y Hamil­ ton (fingiendo ser empresario). En dicha reunión, Sergio le propone a Antuanet abrir cuentas bancarias para sus amigos y para ello debía llamar por teléfono a las gerentes del banco y recomendarlos simu­ lando ser una orden directa de César, su jefe y Presidente del Banco.

177

LEGALES EDICIONES

Al día siguiente, Antuanet llama a las gerentes Lizbeth y Gladys con las instrucciones pactadas. Lizbeth recibió a Marcelo “el sacerdote”, quien indicó que deseaba abrir una cuenta de 15 millones de dóla­ res, y cuando Lizbeth le solicitó los documentos, Marcelo le respondió que todas son donaciones de miles y miles de fieles de la Iglesia, y además el dinero sería utilizado para obras de caridad, a lo cual Liz­ beth aceptó momentáneamente abrir la cuenta. Gladys recibió a Ha­ milton “el empresario”, quien indicó que deseaba abrir una cuenta de 40 millones de dólares, y que aún no tenía la documentación, a lo que Gladys le señaló que no era necesario pues recibió la recomendación de César, no solicitándole ningún documento. Antuanet al ser nombrada gerente, organizó una reunión social para que Marcelo y Hamilton se conocieran con otros clientes antiguos del banco y puedan “hacer negocios juntos”. Al cabo de 6 meses, Antua­ net ayudó a Marcelo y Hamilton a retirar los millones de dólares en efectivo de las cuentas abiertas en el Banco La Sedia, contraviniendo

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

las normas de prevención de lavado de activos. En tanto que, Lizbeth había conversado previamente con César manifestándole su preo­ cupación por las operaciones tan extrañas realizadas por Marcelo “el sacerdote”, a lo que César señaló que no se preocupe porque le tenía mucha confianza a Antuanet. Luego de unas semanas la UIF intervie­ ne el Banco La Sedia por la existencia de operaciones sospechosas de lavado de activos no reportadas.

33 .Respecto a la responsabilidad de Antuanet: a. La acción de Antuanet es penalmente relevante, siendo en­ marcada en el delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas en la modalidad dolosa. b. La acción de Antuanet no es penalmente relevante, porque constituye una acción enmarcada dentro del principio de con­ fianza. c. La acción de Antuanet es penalmente relevante, siendo enmar­ cada en el delito de lavado de activos con agravantes. d. La acción de Antuanet es penalmente relevante, siendo enmar­ cada en el delito de encubrimiento real.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

El presidente regional P se encuentra prófugo debido a que se le acu­ sa de haber cometido el delito de colusión agravada en la compra de las casas prefabricadas para las víctimas del terremoto de Pisco. Este se habría coludido con el representante de la empresa M, un amigo de su infancia, para sobrevalorar el precio de dichas infraestructu­ ras móviles, de S/. 5,000.00 a S/. 15,000.00. Según la pericia contable practicada existió perjuicio económico

34.Sobre el comportamiento del representante de la empresa M, in­ dique la alternativa correcta: a. b. c. d.

Responde como autor del delito de colusión. Responde como cómplice del delito de colusión. Su comportamiento es atípico. Responde como autor mediato.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 178

PRUEBA I

35 .Es correcto afirmar que el delito de colusión es un delito...:

a. De participación necesaria. b. Común.

c.

Unilateral.

d. Continuado.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 30 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

36 .¿Cuál es la relación de la Corte Interamericana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a la función jurisdiccional? a. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órga­ no auxiliar de la Corte. b. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparece como observador ante la Corte. c. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparece como órgano consultivo ante la Corte.

d. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparece como parte ante la Corte.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 31 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

a. El principio de legalidad. b. La seguridad jurídica.

c.

La finalidad de justicia.

d. La tutela judicial efectiva.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 179

LEGALES EDICIONES

37 .El derecho de acceso a los órganos de justicia, así como la efi­ cacia de lo decidido en la sentencia, se encuentran comprendi­ dos en:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

38.Sobre la validez de los decretos leyes en el sistema jurídico perua­ no, marque la opción correcta: a. Los decretos leyes no son normas válidas en el sistema jurídico peruano. b. Los decretos leyes son normas con rango legal y se controlan mediante acción de inconstitucionalidad. c. Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado Constitucional, el Tribunal Constitucional ha asumido la teoría de la caducidad. d. Los decretos leyes son normas con rango reglamentario y se controlan mediante acción popular.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 39 .¿Cuál es el objeto de estudio de las teorías de la argumentación jurídica?

a. b. c. d.

La capacidad de convencimiento de las decisiones judiciales. El razonamiento jurídico. El carácter lógico de las leyes. La estructura ética de las decisiones.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 40 .El deber de argumentar encuentra su razón de ser en: LEGALES EDICIONES

a. El principio de seguridad jurídica. b. El principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos. c. El principio constitucional de legalidad en el ejercicio de los po­ deres públicos. d. El principio de buena administración.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 180

PRUEBAJ FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Hugo, Gustavo y Miguel son tres amigos de la infancia que decidieron robar un Banco en el distrito de Jesús María. Mientras se encontraban realizando el asalto a mano armada, intervino la policía y se produjo una balacera. Hugo y Gustavo lograron huir, pero a Miguel lo alcanzó una bala en la pierna derecha y no pudo escapar, razón por la que fue atrapado por la policía y llevado a la Clínica San Felipe. Hugo y Gustavo, preocupados porque Miguel los delate, deciden silenciarlo para siempre. Para ello, Hugo decide matarlo cambiando el frasco de una sustancia que le suministraban en la Clínica cada dos horas por un frasco de idénticas características con veneno.

Hugo logró ingresar a la Clínica, disfrazado de enfermero, con el uni­ forme que le había proporcionado Marcela, quien trabajaba allí y co­ nocía del hecho. Una vez que llegó a la habitación de Miguel efectuó el cambio de frascos. Finalmente, al cabo de una hora la enfermera que habitualmente atendía a Miguel, desconociendo lo sucedido, le suministró la dosis de la sustancia del frasco que Miguel había cambiado, causándole instantáneamente la muerte.

1. Respecto a los grados de intervención, señale la alternativa co­ rrecta:

Respuesta: b La participación, lato sensu, estudia los aportes de los sujetos que intervie­ nen en el desarrollo del delito, para finalmente subsumirlos en un título de intervención delictiva. El Código Penal, en los artículos 23, 24 y 25, regula los títulos de participación de cada sujeto en el desarrollo del delito, siendo estos la autoría, coautoría, instigación y participación stricto sensu. 181

LEGALES EDICIONES

a. Marcela es cómplice primaria, pues trabajaba en la Clínica y fa­ cilitó el uniforme para que Hugo pudiera disfrazarse. b. Gustavo es instigador, por cuanto interviene en el plan previo, pero no en las acciones mismas. Marcela es cómplice secundaria, ya que su conducta no era determinante. La enfermera que sumi­ nistra la dosis fue utilizada como instrumento del autor mediato. c. La enfermera que suministra la dosis es cómplice secundaria, d. La enfermera habitual es autora mediata.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Autoría mediata Es autor toda aquella persona que tiene bajo su poder el dominio del hecho, es decir, se le considerará como tal a quien tenga la capacidad de decisión de la ejecución del delito. El dominio de la voluntad o también llamada autoría mediata, se di­ ferencia de la autoría y coautoría por emplear a un intermediario; por ello, “lo importante es la relación existente entre el ejecutor material y el hombre de atrás (autor mediato)”. Además, solo puede haber autoría mediata cuando el intermediario actúa bajo coacción, error o pertene­ ciendo a un aparato organizado de poder. Instigación El art. 24 del Código Penal establece que la instigación consiste en un acto de determinación a la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, debido a la extensión del concepto de determinación, deberá entender­ se la instigación como la sugerencia de razones fundamentales al autor para la ejecución del delito. En ese sentido, “lo que se reprocha al ins­ tigador es haber puesto a disposición del autor razones de peso para tomar una decisión criminal”.

Jacinto conducía su vehículo por el carril izquierdo, a 50 kilómetros por hora, por una calle residencial, a las veinte horas. Cuando esta­ ba volteando a la derecha, aparece raudamente por el carril derecho Demetrio, de 25 años de edad, conduciendo su bicicleta. La bicicleta de Demetrio impacta en el costado derecho del vehículo de Jacinto. Por la velocidad que llevaba Demetrio es lanzado contra un poste de alumbrado público, falleciendo por el golpe que sufrió en la cabeza, a la semana de producido el hecho. 2. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta?

LEGALES EDICIONES

a. En el ámbito del derecho penal, en particular vinculado al trán­ sito es posible admitir la compensación de culpas, para efecto de la determinación de la pena. b. La actuación de la víctima no es relevante para determinar la tipicidad objetiva de la conducta del autor. c. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad objetiva. d. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad subjetiva. 182

PRUEBA J

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

El Gerente de Ventas Claudia y de Control de Calidad, Fermín, pre­ ocupados por la baja en las ventas de vehículos de una conocida empresa automotriz, para la que trabajaban, disponen que los inge­ nieros de la División de informática instalen en los vehículos de ma­ nera deliberada, un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. Dicho programa se instaló en quince mil vehí­ culos que fueron vendidos entre 2015 y 2017. Este sistema era capaz de detectar cuando el vehículo era sometido a la prueba de control de emisiones. El dispositivo se encendía en ese momento y hacía un control completo de las emisiones de humo, pero se apagaba en con­ diciones normales de circulación.

3. En el presente caso, los Gerentes Claudia y Fermín deben respon­ der por los delitos de: a. b. c. d.

Estafa y abuso de mecanismos informáticos. Contaminación ambiental y fraude informático. Estafa y fraude informático. Estafa y contaminación ambiental.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA H - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

4. Con relación a la responsabilidad de los ingenieros de la División de Informática puede señalarse lo siguiente:

183

LEGALES EDICIONES

a. Su conducta es neutra pues la elaboración de un programa in­ formático se encuentra dentro del ámbito de competencia de los mismos. b. Deben responder como cómplices de los delitos cometidos por los Gerentes Claudio y Fermín, en particular por el (los) delitos informáticos cometidos. c. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices del delito ambiental. d. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices de los delitos ambiental y de estafa.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 4 DELA PRUEBA E-CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ Frida Guzmán Valderrama, se presentó a un concurso público para cubrir la vacante del Secretaria de la Oficina General de Administra­ ción y Finanzas de la Municipalidad de Metropolitana de Lima. Es el caso, que en su ficha de inscripción le hicieron firmar una declaración jurada de veracidad, respecto a que lo declarado y los documentos que adjuntaba como anexos (requisitos para acceder al puesto) era verdaderos. Frida gana el concurso, y a los 30 días estar laborando en la citada entidad, se hace la fiscalización de los documentos que presentó, descubriéndose que el título en original de Secretaria del Instituto Superior SESATEL que había presentado, firmado supues­ tamente por el Director de SESATEL era falso, ya que esta entidad había informado que Frida Guzmán jamás había estudiado en dicha casa de estudios y el que formato de título no correspondía al que ellos entregan a sus egresados.

5. En relación al caso propuesto, es correcto afirmar:

LEGALES EDICIONES

a. Se ha dado un caso típico del delito de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo. b. Se ha dado un caso típico del delito de Uso de Documento Pri­ vado Falso. c. Se ha dado un caso típico de concurrencia ideal de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso. d. Se ha dado un casi caso típico de concurrencia real de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

El día cuatro de junio del año dos mil trece, miembros de la Policía Nacional intervinieron al acusado ABEL en circunstancias que tran­ sitaba por la Avenida Canta Callao y Elmer Faucett, siendo sorpren­ dido en posesión de un extintor de nueve kilos marca “Leocal”, de polvo semi seco, con la inscripción en la parte superior WQ-2404, placa del vehículo al que pertenecía; durante la investigación poli­ 184

PRUEBA J

cial se presentó el conductor del camión de la Empresa de Trans­ portes y Servicios León Carlitas S.A.C. de placa de rodaje WQ-2404, Carlos Sixto Ybáñez Cottos, quien denunció que momentos antes habían abordado su vehículo 2 sujetos, aprovechando que estaba estacionado debido a la luz roja del semáforo; uno de ellos subió por el lado del piloto, mientras que el otro sujeto que resultó ser el acusado Abel Jacob Loayza Calcina, subió por el lado del copiloto; procediendo ambos a solicitarle dinero, sin embargo como dicho agraviado se negó, fue amenazado para que les entregue sus per­ tenencias, y al no hacerlo, dicho acusado procedió a apoderarse del extintor del vehículo que se encontraba en la cabina de dicho vehículo, dándose a la fuga.

6. En el caso propuesto, ¿qué delito cometió Abel?

a. b. c. d.

Delito de Hurto agravado. Delito de Hurto Simple. Delito de Robo Simple. Delito de Robo agravado.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

7. ¿Cómo se produce la derogación de una ley?

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 9 DE LA PR UEBA B - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ 185

LEGALES EDICIONES

a. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera ex­ presa o tácita, en este último caso por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de la antigua ley está íntegramente regulada por la nueva ley. b. Una ley puede ser derogada por otra ley o por mandato judi­ cial, siempre de manera expresa. c. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera ex­ presa o tácita, en este último caso se tiene en cuenta el criterio jurisdiccional de los jueces al momento de aplicar la nueva ley. d. Una ley sólo se deroga por otra ley y, de manera excepcional, por mandato judicial cuando la materia responda a derechos fundamentales.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

8. En relación a la restricción del control judicial de constitucionali­ dad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta: a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, poste­ riormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constituciona­ lidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos. b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del con­ trol de constitucionalidad de la misma. c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último ad­ vierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional. d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley -previamente declarada válida por el TC- producto de la modi­ ficación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

9. Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamenta­ ria (vgr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha señalado formas distintas de solución. Sobre el particular indique la respuesta correcta:

a. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma re­ glamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial. b. En ningún caso los órganos de la administración pública pue­ den resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias. c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nu­ lidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo 186

PRUEBA J

reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución. d. La potestad de realizar un control abstracto de normas regla­ mentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

10. Según la Constitución Política del Perú, en su artículo 118°, se en­ cuentran taxativamente las atribuciones del Presidente de la Re­ pública. Una de las alternativas no es su atribución: a. b. c. d.

Dirigir la política general del Gobierno. Administrar la hacienda pública. Regular las tarifas arancelarias. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

Respuesta: d VER PREGUNTA N0 8 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 11. Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

Pietro Sánchez, con fecha 21.12.2019, demanda a la señora Dolores Ramírez la anulabilidad del acto jurídico por el que reconoció como hija a la menor Inés Sánchez Ramírez, contenido en la Partida de Na­ cimiento de fecha 19.09.2013. Alega que mantuvo relaciones extra­ 187

LEGALES EDICIONES

a. Guardar en todo momento conducta intachable. b. Ser mayor de cuarenta y cinco años. c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra uni­ versitaria en materia jurídica durante quince años. d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

matrimoniales con la demandada, y que cuando ya estaban sepa­ rados, a fines del año 2012, la demandada le manifestó que iba a ser padre, asumiendo él, desde entonces, la paternidad, preocupándose por la estabilidad de la madre y la menor pero al tener un altercado con la demandada, en el mes de noviembre del 2019, esta le manifes­ tó que él no era el padre de la menor Inés. Por esta razón, interpone la demanda sustentándola en las causales de error y dolo, por haber sido inducido a error por la demandada. La madre se apersona al proceso y deduce la Excepción de Prescrip­ ción señalando que a la fecha de interposición de la demanda la niña tiene más de seis años de edad.

12. Diga por qué debe ser declarada infundada la excepción de pres­ cripción propuesta por la demandada. a. Pietro tuvo conocimiento de que la niña no es su hija días antes de interponer la demanda. b. la acción contestataria de paternidad caduca a los 90 días desde el siguiente día del parto. c. la acción personal prescribe a los diez años. d. la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la paternidad.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 15 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

13. El 24 de julio del 2021, Diego se encuentra bebiendo con sus com­ pañeros de la empresa donde labora, después de aproximada­ mente tres horas, se retira del lugar conduciendo su automóvil marca Mazda del año 2016, por lo que, a las 22:00 horas aproxi­ madamente, Diego es intervenido por un efectivo policial entre la intersección de la Av. Arequipa con la Av. Javier Prado, debido a que el efectivo policial se percató que el vehículo estaba realizan­ do maniobras peligrosas. En dichas circunstancias, se realiza la prueba de alcoholímetro determinando la presencia de alcohol. Por ello, es conducido a la Comisaría del sector a fin de continuar con las diligencias necesarias, dando parte al Ministerio Público, quien conociendo los hechos y habiendo recabado las pruebas necesarias del caso concreto, solicita la incoación del proceso in­ mediato ante el Juez de Investigación Preparatoria. Ante el pedido del Ministerio Público, el Juez de la Investigación Preparatoria, puede: 188

PRUEBA J

a. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe conti­ nuar con las demás diligencias para su teoría del caso. b. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe formu­ lar acusación. c. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. d. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe continuar con las diligencias preliminares.

Respuesta: b PER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

14. En el contexto de disputas vecinales surgidas por la asignación de estacionamientos vehiculares a los residentes del barrio, Luisa de­ nuncia por lesiones leves a Juan, su vecino, de ocupación fiscal pro­ vincial penal de Lima. La denunciante señaló que durante un recien­ te altercado Juan la lesionó propinándole dos puñetes en el rostro, circunstancia que quedó acreditada con el reconocimiento médico legal a la que fue sometida y la declaración de tres testigos, residen­ tes, como la víctima y el agresor, de la misma vecindad. Según las pautas del CPP de 2004, diga usted ¿qué posibilidades tiene el fiscal competente para evitar el ejercicio de la acción penal contra Juan?

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 189

LEGALES EDICIONES

a. Ninguna, porque cuando Juan lesionó a su vecina ostentaba cargo de funcionario público. b. Tiene la posibilidad de aplicar un acuerdo reparatorio si el caso encuadra en las previsiones materiales del artículo 122 del Có­ digo Penal, es decir se trata de lesiones leves y figura entre los ilícitos que pueden ser materia de acuerdo reparatorio según el artículo 2 del CPP 2004. c. Ninguna, porque se trata de un delito doloso no culposo que el artículo 2 del CPP 2004 no contempla. d. Puede evitar el ejercicio de la acción penal invocando razones de oportunidad diferentes al acuerdo reparatorio porque las le­ siones menos graves o leves no habilitan la aplicación de esta figura debido al daño infligido a una mujer, según establece el artículo 122 del CP.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

15. En el preciso instante en que María se encontraba caminando sola en la calle, Luis, le arrebata su celular, luego de forcejear con la víctima la arroja al suelo, consigue el celular y huye, siendo que María empieza a pedir auxilio inmediatamente. Es posible que los vecinos de María detengan a Luis: a. Sí, siempre y cuando el delito cometido por Luis sea grave, es decir se trate de un ilícito penado con privación de libertad su­ perior a seis años. b. No, porque el acto cometido por Luis es hurto agravado y no robo. c. Sí, porque el Código Procesal Penal reconoce la facultad de los ciudadanos de detener a quien se encuentre en delito flagran­ te, circunstancia que comprende huir inmediatamente luego de cometerlo. d. Sí, siempre que la acción sea conjunta con la policía, esto es, que en la captura también intervengan elementos policiales.

Respuesta: c FE7? PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 16. ¿Quién autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú a que se inserten como agentes encubiertos, y por cuánto tiempo podrán actuar bajo identidad supuesta?:

LEGALES EDICIONES

a. El juez de la investigación preparatoria, 12 meses. b. El fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Crimen Orga­ nizado, 9 meses. c. El fiscal superior, 4 meses. d. El fiscal provincial, 6 meses.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

17. A Manuel se le sigue una investigación preparatoria por un de­ lito de corrupción de funcionarios, su condición procesal es la de preso preventivo y el plazo de la medida que el juez dispuso fue de 9 meses al apreciar que el caso no era complejo. Ocurre que, cuando Manuel cumplió 7 meses de prisión preventiva, las 190

PRUEBA J

normas procesales cambian y se establece que el plazo de ésta para casos no complejos será ahora 18 meses. Manuel y su de­ fensor tienen especial interés en establecer si será excarcelado al cumplir el plazo de 9 meses o se le aplicará el nuevo de 18. Diga usted ¿cuál es la solución que aporta el CPP 2004, al res­ pecto? a. Manuel será excarcelado cuando cumpla los 15 meses de pri­ sión preventiva, porque la ley procesal se aplica de inmediato, inclusive a los procesos en trámite. b. Manuel será excarcelado a los 9 meses, plazo inicial, aunque antes del vencimiento de este término el fiscal haya declarado complejo el proceso y requerido la prolongación de la prisión preventiva. c. Manuel será liberado a los 9 meses porque la norma proce­ sal vigente es la que regía al momento de la comisión del delito. d. Manuel será liberado al cumplirse los 9 meses porque la apli­ cación inmediata de la ley procesal, incluso a los procesos en trámite tiene excepciones, entre ellas, el que siga rigiendo la ley anterior cuando se trata de plazos que hubieren empezado a correr.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

18 . Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son:

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 191

LEGALES EDICIONES

a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. c. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

19 .El procedimiento preventivo a cargo de los fiscales de prevención del delito tiene como finalidad: a. El inicio de investigación preliminar en aquellos casos en los que resulta inminente la comisión de delito. b. Formular acusación penal contra quienes promueven la comi­ sión de delitos. c. El inicio de las acciones destinadas a evitar posibles conductas delictivas. d. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

20 .El inicio del procedimiento preventivo se puede promover: a. Por denuncia del agraviado o agraviados sobre hechos que guarden relación en el ámbito de su competencia. b. Por disposición del fiscal de la Nación sobre hechos que guar­ den relación en el ámbito de su competencia. c. De oficio, a solicitud de parte, a pedido de las instituciones pú­ blicas o entidades privadas sobre hechos que guarden relación en el ámbito de su competencia. d. Todas las anteriores.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

21 .El fiscal dispondrá “no ha lugar” al inicio del procedimiento pre­ ventivo en alguno de los siguientes supuestos: a. Cuando exista sospecha que el hecho delictivo ha prescrito. b. Cuando se trate de hechos sujetos al ejercicio de la acción penal privada y faltas. c. Cuando el superior jerárquico ha asumido jurisdicción sobre el caso de la materia. d. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 192

PRUEBA J

22 .En cada distrito fiscal la coordinación del Programa de Preven­ ción Estratégica del Delito estará a cargo de: a. El fiscal superior designado por el fiscal de la Nación. b. El fiscal provincial coordinador designado por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores. c. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores. d. Ninguno de los anteriores.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 20 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

23 .¿A quién corresponde resolver los conflictos positivos o negativos de competencia que se produzcan entre los fiscales provinciales de prevención del delito? a. Al presidente de la Junta de Fiscales Superiores. b. Al fiscal provincial coordinador designado por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores. c. Al fiscal superior más antiguo del distrito fiscal. d. Al fiscal superior penal de tumo.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

24 .¿Cuál de las siguientes atribuciones no corresponde al fiscal pro­ vincial de prevención del delito?

193

LEGALES EDICIONES

a. Promover reuniones de coordinación con instituciones pú­ blicas o entidades privadas en el ámbito territorial de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la labor preventiva. b. Proponer políticas públicas destinadas a la reducción de la criminalidad y de sus consecuencias en la jurisdicción a su cargo. c. Sensibilizar a la sociedad mediante alertas informativas preven­ tivas respectivas a las nuevas modalidades de la criminalidad. d. Requerir la participación del fiscal competente de acuerdo a la naturaleza de la acción preventiva a llevarse a cabo.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

25 . En ausencia del fiscal provincial de prevención del delito menor a los sesenta días o por causa distinta a la suspensión ¿a quién corresponde asumir el despacho fiscal? a. b. c. d.

Al fiscal provincial penal de turno del distrito fiscal. Al fiscal provincial menos antiguo del distrito fiscal. Al fiscal provincial adjunto. Al fiscal provisional que se convoque para el efecto.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 26 .¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera?

El fiscal con anterioridad al inicio de la acción preventiva podrá: a. Realizar actuaciones previas. b. Disponer medidas administrativas de prevención. c. Abrir investigación preliminar en los casos que las circunstan­ cias lo ameriten. d. Requerir la intervención de las fiscalías penales concernidas.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 27 .¿Cuál de las siguientes alternativas es falsa?

El fiscal durante el procedimiento preventivo podrá: a. Realizar operativos de prevención del delito. b. Solicitar informes a instituciones públicas o entidades priva­ das. c. Disponer el cumplimiento de una actuación a la Policía Nacio­ nal o instituciones públicas o entidades privadas. d. Asumir competencia en materia penal si advirtiera la existencia de indicios de delito. 194

PRUEBA J

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 28.Si con posterioridad al archivo del procedimiento preventivo el fiscal de prevención del delito toma conocimiento de la presunta comisión de un delito relacionado a los hechos que han sido ma­ teria del mismo:

a. Remitirá copia certificada de los actuados al presidente de la junta de fiscales superiores. b. Remitirá copia certificada de los actuados al fiscal penal compe­ tente. c. Remitirá copia certificada de los actuados al fiscal coordinador de prevención del delito. d. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 30 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

a. b. c. d.

Estado de necesidad justificante. Legítima defensa. Estado de necesidad exculpante. Miedo insuperable.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 195

LEGALES EDICIONES

29.César se encuentra a bordo de su vehículo en un cruce de ave­ nidas esperando el cambio de luz del semáforo para continuar con su recorrido. De pronto, observa que en la avenida trans­ versal una camioneta con lunas polarizadas cierra el paso a un auto convertible manejado por una joven mujer, luego de lo cual descienden dos sujetos armados con pasamontañas y apuntan sus armas hacia la mujer. En una rápida reacción César pone en marcha y acelera su vehículo y logra embestir a uno de los de­ lincuentes causándole una muerte instantánea, mientras que el otro sube a la camioneta y huye del lugar a toda velocidad. César podrá alegar:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

30.José es médico de guardia, una noche observa que a la clínica donde labora es ingresado de emergencia un viejo enemigo suyo llamado Simón; por lo que, sin dudarlo, prepara una sustancia le­ tal y ordena a una enfermera que se la aplique a Simón como si se tratara de un medicamento conocido, causándole la muerte. José intervino en el delito como: a. b. c. d.

Instigador. Autor mediato. Autor intelectual. Inductor.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

31.Luisa es contratada como enfermera particular de una ancia­ na que sufre una grave enfermedad, en virtud de lo cual debe encargarse de su cuidado y de suministrarle diversos medicamentes indispensables varias veces al día. El día de su cum­ pleaños Luisa decidió ausentarse del domicilio de la anciana por un par de horas para almorzar con unas amigas; sin embar­ go, en dicha reunión actuó irresponsablemente, pues además de ingerir alcohol en exceso decidió no volver al domicilio de la anciana, producto de lo cual la salud de ésta se desestabilizó al no recibir sus medicinas y finalmente murió. La conducta de Luisa constituye:

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Homicidio culposo por omisión impropia. Homicidio doloso por omisión impropia. Homicidio culposo por omisión propia. No constituye ningún delito.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ Tras los últimos acontecimientos de desastres naturales ocurridos en el Perú, el Gobierno decidió invertir en la restructuración de las áreas más afectadas y, para ello, reunió a un grupo de trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Luego, se asignó a algunos funcionarios de ese ministerio, entre ellos José, que viaje 196 __________________________________________________________________________________________

PRUEBA J

a determinadas zonas afectadas del Perú, una de ellas Cajamarca, para que encuentre a las personas damnificadas y las empadrone para otorgarles una subvención económica. Al llegar a Cajamarca, José conoce a Mili una bella voluntaria, quien lo terminó apoyando con el rol encomendado. Mili no era una damnificada de los desas­ tres naturales, sino era una persona de bajos recursos, tenía a su madre enferma en el hospital y su padre recientemente había fa­ llecido. Ella le informó de esos hechos a José para solicitarle que la tome en cuenta como damnificada. Por ese motivo, José la empa­ drona para otorgarle la subvención económica y la hace pasar por damnificada. 32.SÍ se acusa a José por el delito de falsedad, es correcto afirmar que a. José es autor directo del delito de falsedad. b. Mili es instigadora, pues ha instigado a José a cometer el delito de falsedad. c. José es inocente, pues existe una causa de justificación. d. Mili es inocente, pues existe una causa de justificación.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

33. Es correcto afirmar que

a. b. c. d.

José actuó con conocimiento y voluntad de la falsedad. José actuó bajo el influjo de un error de tipo. José actuó bajo el influjo de un error de prohibición. Mili actuó bajo el influjo de un error de prohibición.

VER PREGUNTA N° 28 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ El presidente regional P se encuentra prófugo debido a que se le acu­ sa de haber cometido el delito de colusión agravada en la compra de las casas prefabricadas para las víctimas del terremoto de Pisco. Este se habría coludido con el representante de la empresa M, un amigo de su infancia, para sobrevalorar el precio de dichas infraestructu­ ras móviles, de S/. 5,000.00 a S/. 15,000.00. Este comportamiento ha 197

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

ocasionado un grave daño patrimonial al Estado, pues según pericia contable, sí existe daño al patrimonio del Estado.

34 .En el caso de que se configure el delito de colusión.

a. El empresario M responde como autor del delito de colusión. b. El empresario M responde como cómplice del delito de colu­ sión. c. El comportamiento del empresario M es atípico. d. El empresario M responde como autor mediato.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 35 .Es correcto afirmar que el delito de colusión es un delito

a. b. c. d.

De participación necesaria. Común. Unilateral. Continuado.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 30 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

Leonardo, un joven universitario, estaba transitando por el jirón Quilca del Centro de Lima. Él quería comprar algunos libros para sus es­ tudios, por lo cual había ahorrado S/. 500.00. Sin embargo, antes de llegar a su destino, unos bandidos empiezan a atacarlo con un cu­ chillo y le piden que entregue todo su dinero. Leonardo, quien ade­ más era un experto luchador, decide repeler el ataque de manera no violenta; sin embargo, uno de los malhechores también practicaba lucha, por lo que, Leonardo decidió utilizar el paralyzery logró reducir a sus atacantes, a quienes dejó inconscientes por un día, dado que uso dicha arma con mucha temeridad. 36 .Es correcto afirmar que a. Leonardo obró en legítima defensa. b. No existe legítima defensa en la conducta de Leonardo, dado que no hubo racionalidad en el medio empleado. c. Leonardo realizó una agresión ilegítima y, por tanto, debe ser acusado por el delito de lesiones. 198

PRUEBA J

d. No existió proporcionalidad del medio empleado por Leonardo -paralyser-, y el medio empleado por los malhechores cuchillo.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ Fiorella es una joven empresaria que desde muy joven ha sufrido ata­ ques de epilepsia, los cuales la llevan a episodios de convulsión en donde se requiere la fuerza de, por lo menos, dos personas para es­ tabilizarla. Un día cualquiera, y con el tratamiento cumplido para di­ cha enfermedad, ella va a su empresa y decide pasear por el área de cuidados máximos, donde se opera la maquinaria pesada. Sin em­ bargo, Fiorella escucha un ruido fuerte que le ocasiona un ataque de epilepsia. Durante dicho ataque, ella logra accionar un mecanismo de descarga eléctrica que les ocasiona serias lesiones a dos de sus trabajadores.

37 .Es correcto afirmar que

a. La fuerza física irresistible importa el conocimiento del agente, b. La fuerza física irresistible no elimina la culpabilidad. c. La fuerza física irresistible es un supuesto de ausencia de con­ ducta. d. El hecho se realiza con la voluntad del agente.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

a. b. c. d.

Estabilidad de la población femenina. Dignidad de la mujer. Derecho a la vida. Todas son correctas.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 199

LEGALES EDICIONES

38.Según la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema de Justicia ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito del femi­ nicidio?

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

39. Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que:

a. La muerte puede producirse también por omisión impropia (comisión por omisión). b. Es un delito permanente. c. No es un delito de tendencia interna trascendente. d. No permite la coautoría.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 40. Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio, resulta necesario:

a. b. c. d.

Realizar una pericia psicológica al agresor. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Acreditar la ferocidad de la muerte.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

200

PRUEBA K

FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE FAMILIA Hugo, Gustavo y Miguel son tres amigos de la infancia que decidie­ ron robar un Banco en el distrito de Jesús María. Mientras se encon­ traban realizando el asalto a mano armada, intervino la policía y se produjo una balacera. Hugo y Gustavo lograron huir, pero a Miguel lo alcanzó una bala en la pierna derecha y no pudo escapar, razón por la que fue atrapado por la policía y llevado a la Clínica San Felipe. Hugo y Gustavo, preocupados porque Miguel los delate, deciden si­ lenciarlo para siempre.

Para ello, Hugo decide matarlo cambiando el frasco de una sustancia que le suministraban en la Clínica cada dos horas por un frasco de idénticas características con veneno. Hugo logró ingresar a la Clínica, disfrazado de enfermero, con el uni­ forme que le había proporcionado Marcela, quien trabajaba allí y co­ nocía del hecho. Una vez que llegó a la habitación de Miguel efectuó el cambio de frascos. Finalmente, al cabo de una hora la enfermera que habitualmente atendía a Miguel, desconociendo lo sucedido, le suministró la dosis de la sustancia del frasco que Miguel había cambiado, causándole instantáneamente la muerte.

1. Señale la alternativa correcta:

Respuesta: c La teoría del dominio del hecho, en su formulación más moderna, con­ sidera que es autor de un delito activo doloso el que domina el hecho y entiende que tal dominio se manifiesta en cuatro formas diferentes: 201

LEGALES EDICIONES

a. El actuar de la enfermera fue negligente, al no prestar los cui­ dados necesarios y verificar el contenido del frasco, por lo que debe responder penalmente. b. Hugo y Gustavo tienen el dominio funcional del hecho, pues ambos tomaron la determinación de silenciar a Miguel. c. Respecto a la muerte de Miguel: Hugo, Gustavo y Marcela in­ tervienen en el delito, pero solamente Hugo tiene el dominio funcional del hecho. d. Marcela también tiene el dominio funcional del hecho, pues trabajaba en la Clínica y facilitó el uniforme para que Hugo pu­ diera disfrazarse.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

como dominio de la propia acción dolosamente ejecutada, como el que se ejerce dominando la voluntad de otro que obra coaccionado o sobre la base de un error, como el ejercido a través de un aparato organizado de poder y como el ejercido funcionalmente mediante una aportación importante al delito ejecutado conjuntamente con otrosi8. Los que par­ ticipan sin dominar el hecho sólo son partícipesi9. Este criterio sufre modificaciones en los delitos de infracción de deber, en los impruden­ tes y en los de omisión. En la jurisprudencia la noción de dominio del hecho ha tenido un desarrollo más limitado, pues no ha llegado a ser utilizada para los casos del dominio del hecho en aparatos organizados de poder, en los que la teoría permite superar los problemas que gene­ raría recurrir a la inducción para responsabilizar al que dentro de tales aparatos da la orden de actuar a otros. En estos supuestos, especialmen­ te en los casos de delitos estatalmente organizados (nacionalsocialismo, las dictaduras militares de Argentina, Chile o Uruguay de los años 70 del siglo anterior) y, probablemente, en el de organizaciones terroris­ tas, el que da la orden no genera, por regla, el dolo en el subordinado, pues éste ya está decidido a actuar, y consecuentemente sólo debería ser punible por una tentativa de inducción, que, sólo es punible cuando se ejecuta por los medios establecido en el art. 18 CP y, en los casos en los que es punible (p. e. arts. 141,151,168 CP, que serían relevantes en esta constelación de problemas), resultaría injustamente beneficiado con la amplia atenuación que prevé el Código para la provocaciómo. Es claro que el supuesto del que actúa en un aparato organizado y lo pone en marcha constituye, de esta manera, un autor detrás del autor directo e inmediato, dado que tiene el dominio del hecho detrás de otro que, obrando en forma plenamente responsable, es el ejecutor del delito do­ minando su realización.

LEGALES EDICIONES

2. Respecto a los grados de intervención, señale la alternativa co­ rrecta: a. Marcela es cómplice primaria, pues trabajaba en la Clínica y fa­ cilitó el uniforme para que Hugo pudiera disfrazarse. b. Gustavo es instigador, por cuanto interviene en el plan previo, pero no en las acciones mismas. Marcela es cómplice secunda­ ria, ya que su conducta no era determinante. La enfermera que suministra la dosis fue utilizada como instrumento del autor mediato. c. La enfermera que suministra la dosis es cómplice secundaria, d. La enfermera habitual es autora mediata. 202

PRUEBA K

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 1 DE LA PRUEBA J- CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ

Jacinto conducía su vehículo por el carril izquierdo, a 50 kilómetros por hora, por una calle residencial, a las veinte horas. Cuando esta­ ba volteando a la derecha, aparece raudamente por el carril derecho Demetrio, de 25 años de edad, conduciendo su bicicleta. La bicicleta de Demetrio impacta en el costado derecho del vehículo de Jacinto. Por la velocidad que llevaba Demetrio es lanzado contra un poste de alumbrado público, falleciendo por el golpe que sufrió en la cabeza, a la semana de producido el hecho.

3. Con relación a la responsabilidad de Jacinto es de señalar: a. Es responsable por el delito de lesiones culposas, al ir mane­ jando a una velocidad inadecuada y voltear súbitamente a la derecha. b. Es responsable por el delito de homicidio culposo agravado, por haber vulnerado las reglas de tránsito. c. No es responsable por el delito de lesiones culposas, estando a la conducta imprudente de Demetrio, al conducir su bicicleta. d. No es responsable por el delito de homicidio culposo, conside­ rando que Demetrio ha vulnerado el principio de confianza.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

4. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta?

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LEGALES EDICIONES

a. En el ámbito del derecho penal, en particular vinculado al trán­ sito es posible admitir la compensación de culpas, para efecto de la determinación de la pena. b. La actuación de la víctima no es relevante para determinar la tipicidad objetiva de la conducta del autor. c. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad objetiva. d. El comportamiento de la víctima, en el contexto de la situación en la que se produjo el hecho imputado, debe considerarse en la determinación de la tipicidad subjetiva.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

El Gerente de Ventas Claudio y de Control de Calidad, Fermín, preocu­ pados por la baja en las ventas de vehículos de una conocida empresa automotriz, para la que trabajaban, disponen que los ingenieros de la Di­ visión de informática instalen en los vehículos de manera deliberada, un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. Dicho programa se instaló en quince mil vehículos que fueron vendidos entre 2015 y 2017. Este sistema era capaz de detectar cuando el vehí­ culo era sometido a la prueba de control de emisiones. El dispositivo se encendía en ese momento y hacía un control completo de las emisiones de humo, pero se apagaba en condiciones normales de circulación. 5. En el presente caso, los Gerentes Claudio y Fermín débén respon­ der por los delitos de:

a. b. c. d.

Estafa y abuso de mecanismos informáticos. Contaminación ambiental y fraude informático. Estafa y fraude informático. Estafa y contaminación ambiental.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DELA PRUEBA E-CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

6. Con relación a la responsabilidad de los ingenieros de la División de Informática puede señalarse lo siguiente.

a. Su conducta es neutra pues la elaboración de un programa informá­ tico se encuentra dentro del ámbito de competencia de los mismos. b. Deben responder como cómplices de los delitos cometidos por los Gerentes Claudio y Fermín, en particular por el (los) delitos informáticos cometidos. c. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices del delito ambiental. d. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices de los delitos ambiental y de estafa.

Respuesta: b VER PREGUNTAN0 4 DE LA PRUEBA E-CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ 204

PRUEBA K

7. En relación a la restricción del control judicial de constitucionali­ dad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta:

a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, poste­ riormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constituciona­ lidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos. b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del con­ trol de constitucionalidad de la misma. c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último ad­ vierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional. d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley -previamente declarada válida por el TC- producto de la modi­ ficación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 8. Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamenta­ ria (vgr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha señalado formas distintas de solución. Sobre el particular indique la respuesta correcta:

205

LEGALES EDICIONES

a. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma re­ glamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial. b. En ningún caso los órganos de la administración pública pue­ den resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias. c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nu­

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

lidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución. d. La potestad de realizar un control abstracto de normas regla­ mentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 9. Son reconocidos como organismos constitucionalmente autóno­ mos:

a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Ju­ rado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia. b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva. c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Iden­ tificación y Estado Civil. d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ En uno de los ríos de la Selva peruana se hunde un pequeño bote con motor fuera de borda, donde iban dos personas, que desaparecen y no se sabe nada de ellos. Jorge es uno de los desaparecidos. Sus familiares no saben qué hacer, pues Jorge es dueño de cuantiosos bienes. Un año antes de su desaparición, otorgó un testamento en el que instituyó como sus herederos a sus padres y como sus legatarios a sus dos hermanos. Hasta la fecha han transcurrido cinco años des­ de que despareció Jorge y su acompañante. lO.Abierta la sucesión de Jorge, ¿cómo se distribuirá la herencia en­ tre las personas instituidas en el testamento? 206

PRUEBA K

a. Se dividirá la herencia entre todos en partes iguales. b. Los padres recibirán las dos terceras partes. c. Concurrirán solamente los padres excluyendo a los hermanos de Jorge. d. Los padres recibirán la mitad y los hermanos la otra mitad.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

11.En el contexto de disputas vecinales surgidas por la asignación de estacionamientos vehiculares a los residentes del barrio, Luisa denuncia por lesiones leves a Juan, su vecino, de ocupación fis­ cal provincial penal de Lima. La denunciante señaló que durante un reciente altercado Juan la lesionó propinándole dos puñetes en el rostro, circunstancia que quedó acreditada con el recono­ cimiento médico legal a la que fue sometida y la declaración de tres testigos, residentes, como la víctima y el agresor, de la misma vecindad. Según las pautas del CPP de 2004, diga usted ¿qué po­ sibilidades tiene el fiscal competente para evitar el ejercicio de la acción penal contra Juan? a. Ninguna, porque cuando Juan lesionó a su vecina ostentaba cargo de funcionario público.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 207

LEGALES EDICIONES

b. Tiene la posibilidad de aplicar un acuerdo reparatorio si el caso encuadra en las previsiones materiales del artículo 122 del Có­ digo Penal, es decir se trata de lesiones leves y figura entre los ilícitos que pueden ser materia de acuerdo reparatorio según el artículo 2 del CPP 2004. c. Ninguna, porque se trata de un delito doloso no culposo que el artículo 2 del CPP 2004 no contempla. d. Puede evitar el ejercicio de la acción penal invocando razones de oportunidad diferentes al acuerdo reparatorio porque las le­ siones menos graves o leves no habilitan la aplicación de esta figura debido al daño infligido a una mujer, según establece el artículo 122 del CP.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

12 .En el preciso instante en que María se encontraba caminando sola en la calle, Luis, le arrebata su celular, luego de forcejear con la víctima la arroja al suelo, consigue el celular y huye, siendo que María empieza a pedir auxilio inmediatamente. Es posible que los vecinos de María detengan a Luis:

a. Sí, siempre y cuando el delito cometido por Luis sea grave, es decir se trate de un ilícito penado con privación de libertad su­ perior a seis años. b. No, porque el acto cometido por Luis es hurto agravado y no robo. c. Sí, porque el Código Procesal Penal reconoce la facultad de los ciudadanos de detener a quien se encuentre en delito flagran­ te, circunstancia que comprende huir inmediatamente luego de cometerlo. d. Sí, siempre que la acción sea conjunta con la policía, esto es, que en la captura también intervengan elementos policiales.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

13 .A Manuel se le sigue una investigación preparatoria por un deli­ to de corrupción de funcionarios, su condición procesal es la de preso preventivo y el plazo de la medida que el juez dispuso fue de 9 meses al apreciar que el caso no era complejo. Ocurre que, cuando Manuel cumplió 7 meses de prisión preventiva, las nor­ mas procesales cambian y se establece que el plazo de ésta para casos no complejos será ahora 18 meses. Manuel y su defensor tienen especial interés en establecer si será excarcelado al cum­ plir el plazo de 9 meses o se le aplicará el nuevo de 18. Diga usted ¿cuál es la solución que aporta el CPP 2004, al respecto?

a. Manuel será excarcelado cuando cumpla los 15 meses de pri­ sión preventiva, porque la ley procesal se aplica de inmediato, inclusive a los procesos en trámite. b. Manuel será excarcelado a los 9 meses, plazo inicial, aunque antes del vencimiento de este término el fiscal haya declarado complejo el proceso y requerido la prolongación de la prisión preventiva. c. Manuel será liberado a los 9 meses porque la norma procesal vigente es la que regía al momento de la comisión del delito. 208

PRUEBA K

d. Manuel será liberado al cumplirse los 9 meses porque la apli­ cación inmediata de la ley procesal, incluso a los procesos en trámite tiene excepciones, entre ellas, el que siga rigiendo la ley anterior cuando se trata de plazos que hubieren empezado a correr.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 14 .Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son:

a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. c. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 15 .No es una circunstancia agravante específica del delito de femini­ cidio.

Edad de la mujer. Relación conyugal o de convivencia. Violación sexual previa. Presencia de los hijos

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 16 .¿En qué contextos puede producirse un feminicidio?

a. Violencia familiar. b. Coacción, hostigamiento y acoso sexual. 209

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. Prevalimiento. d. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

17 . Respecto a la declaración de la víctima de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, no es correcto: a. Cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. b. Se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro. c. La declaración de la víctima constituye prueba preconstitui­ da. d. El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

18 .En ausencia del fiscal provincial de prevención del delito menor a los sesenta días o por causa distinta a la suspensión ¿a quién corresponde asumir el despacho fiscal?

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Al fiscal provincial penal de turno del distrito fiscal. Al fiscal provincial menos antiguo del distrito fiscal. Al fiscal provincial adjunto. Al fiscal provisional que se convoque para el efecto.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

19 . El fiscal con anterioridad al inicio de la acción preventiva podrá, marca la alternativa correcta: a. Realizar actuaciones previas. b. Disponer medidas administrativas de prevención. 210

PRUEBA K

c. Abrir investigación preliminar en los casos que las circunstan­ cias lo ameriten. d. Requerir la intervención de las fiscalías penales concernidas.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

20 . El Código del niño y adolescente como competencia de los fisca­ les de familia o mixto entre otras señala: a. Intervenir sólo en atención a la comunicación de la policía y por escrito cuando un niño o adolescente es retenido. b. Intervenir de oficio, desde el inicio y todo el proceso en los ca­ sos niño, niña o adolescente, con la finalidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales de los mismos.

c. Intervenir de oficio y desde un inicio en los casos de niño, niña o adolescente, previa presencia de sus padres. d. Ninguna de las anteriores

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

21 .En los procesos contra adolescentes en conflicto con la ley penal los fiscales de familia procederán:

d. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 12 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 211

LEGALES EDICIONES

a. Presentando pedidos debidamente motivados y en más de dos oportunidades. b. Presentando dictamen después que se han actuado las prue­ bas y antes que el juez emita sentencia. También podrá presentar pedidos debidamente motivados y en una sola oportunidad. c. Presentando dictamen después de la actuación de pruebas aportadas por el ministerio público.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

22 .El o la fiscal de familia en los casos de responsabilidad penal de los adolescentes en el marco de sus funciones tiene entre otros como atribuciones y funciones las siguientes:

a. Conduce la investigación preliminar, solo para eximir o atenuar del adolescente imputado. b. Conduce la investigación preparatoria, interpone los recursos y medios de impugnación que la ley regula; y promover el uso del mecanismo restaurativo en el marco de sus funciones. c. Conducir la investigación preparatoria, practica u ordena los actos de investigación solo para comprobar la imputación. d. No promueve el uso del mecanismo restaurativo en el marco de sus funciones.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ El fiscal de familia por los medios de comunicación social toma co­ nocimiento que los adolescentes LDFG y MEFI vienen cometiendo in­ fracciones en el AAHH Villa Sol, con uso de arma blanca y de fuego, emite una disposición para que la policía los intervenga.

23 . Marque la respuesta correcta:

LEGALES EDICIONES

a. Como es una noticia mediática sólo cursa el oficio a la policía para intervención de los adolescentes. b. En la disposición fiscal sólo señala el objeto de la intervención a los adolescentes. c. Envía la disposición sin señalar el objeto a la intervención de los adolescentes. d. En cumplimiento de la norma precisa su objeto, observa las formalidades específicas que debe reunir los actos de investi­ gación a fin de garantizar la validez de la intervención de los adolescentes.

Respuesta: d El acto de investigación son todos aquellos elementos que son medios de prueba que sirven para poder acreditar o desvirtuar algún hecho de­ lictivo y desde que el ministerio público tiene una denuncia o querella presentada ante él, procede a realizar los actos de investigación en coor­ dinación con la policía. También puede ofrecer actos de investigación las víctimas u ofendidos, imputados y defensa. 212

PRUEBA K

El fiscal y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Las obligaciones del Ministerio Público es iniciar la investigación co­ rrespondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional, así como recabar los ele­ mentos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación.

24.De acuerdo al Tribunal Constitucional se imponen límites al legis­ lador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, es­ tén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificul­ tad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal. Ellos es coiñcidente con: a. b. c. d.

Principio de razonabilidad. Principio de tipicidad. Principio de causalidad. Principio de licitud.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 12 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

25 . No es una condición esencial para la expedición de “medidas pro­ visionales” por parte de la Corte Interamericana de Derechos Hu­ manos a. b. c. d.

Cuando se trate de un caso de extrema gravedad. Cuando se trate de un caso de extrema urgencia. Cuando se trate de un caso de extrema complejidad. Cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las per­ sonas.

9 Respuesta: c VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ __________________________________________________________________________________________ 213

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

26 . Las “opiniones consultivas” son decisiones que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de sus funcio­ nes y competencias. Al respecto, es incorrecto: a. Forman parte de la función consultiva de la Corte. b. El alcance de las opiniones consultivas solo puede ser sobre i) la compatibilidad de las normas internas con la Convención; y ii) la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. c. Su cumplimento e implementación son facultativos por los Es­ tado parte. d. Las puede formular sólo los Estados miembros de la OEA o los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

27 .Respecto del régimen patrimonial en el matrimonio. Marque la respuesta correcta a. A falta de declaración previa se presume que los cónyuges han optado por el régimen de separación de patrimonios. b. La sustitución de un régimen patrimonial por otro solo puede hacerse por convenio y mediante escritura pública. c. La sustitución de un régimen por otro, tiene efectos declarati­ vos y retroactivos a la fecha de celebración del matrimonio. d. En el régimen de sociedad de gananciales puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA K - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

28 .Respecto de la disolución del vínculo matrimonial. Marque la res­ puesta correcta: a. La separación de cuerpos mediante sentencia consentida o eje­ cutoria disuelve el vínculo matrimonial. b. La cohabitación posterior al conocimiento del adulterio no impi­ de iniciar una acción de disolución del vínculo por dicha causal. c. La demanda de divorcio por la causal de adulterio no caduca. 214

PRUEBA K

d. Ningún cónyuge puede fundar la demanda de divorcio en he­ cho propio.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA I- CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ 29.Sobre el amparo familiar. Marque la respuesta correcta:

a. Se deben alimentos recíprocamente solo entre cónyuges. b. La obligación alimentaria solo obliga a los cónyuges y en favor de los descendientes. c. La obligación alimentaria solo obliga a los cónyuges entre ellos, y de los padres a los hijos, y de estos hacia los primeros. d. La obligación alimentaria alcanza en reciprocidad a los hermanos.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 21 DE LA PRUEBA K - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

30 .En qué ámbito del quehacer jurídico es exigible la argumentación jurídica a. b. c. d.

Prelegislativa. Legislativa. Problemas concernientes a los hechos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

a. b. c. d.

Violencia psicológica, física y sexual. Violencia psicológica, física y económica. Violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. Violencia física y psicológica.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 215

LEGALES EDICIONES

31 .Tipos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo fa­ miliar son:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

32 .En los casos de flagrancia, el o la fiscal deberá emitir las medidas de protección a fin de garantizar la integridad física, emocional y sexual de las víctimas durante el desarrollo del proceso judicial, solicitando asistencia a: a. b. c. d.

LaDEMUNA. El Centro de Emergencia de la Mujer. El Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, Las Casas de acogida.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

33 .A nivel de la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Supre­ ma de Justicia, los delitos funcionariales (dentro de ellos, los de co­ rrupción de funcionarios) se trabajan bajo la categoría jurídica de: a. b. c. d.

Infracción del deber. Dominio del autor. Competencia institucional. Competencia por organización.

Respuesta: a

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VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ Pietro Sánchez, con fecha 21.12.2019, demanda a la señora Dolores Ramírez la anulabilidad del acto jurídico por el que reconoció como hija a la menor Inés Sánchez Ramírez, contenido en la Partida de Na­ cimiento de fecha 19.09.2013. Alega que mantuvo relaciones extra­ matrimoniales con la demandada, y que cuando ya estaban sepa­ rados, a fines del año 2012, la demandada le manifestó que iba a ser padre, asumiendo él, desde entonces, la paternidad, preocupándose por la estabilidad de la madre y la menor, pero al tener un altercado con la demandada, en el mes de noviembre del 2019, esta le manifes­ tó que él no era el padre de la menor Inés. Por esta razón, interpone la demanda sustentándola en las causales de error y dolo, por haber sido inducido a error por la demandada. La madre se apersona al proceso y deduce la Excepción de Prescrip­ ción señalando que a la fecha de interposición de la demanda la niña tiene más de seis años de edad. 216

PRUEBA K

34 .Diga por qué debe ser declarada infundada la excepción de pres­ cripción propuesta por la demandada.

a. Pietro tuvo conocimiento de que la niña no es su hija días antes de interponer la demanda. b. La acción contestatoria de paternidad caduca a los 90 días des­ de el siguiente día del parto.

c.

La acción personal prescribe a los diez años.

d. La nulidad no es la vía idónea para cuestionar la paternidad.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 15 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 35 .Respecto a la legislación vigente en Violencia Familiar, señale el enunciado correcto.

a. En los procesos de violencia familiar no hay audiencia de conci­ liación.

b. No procede la transacción ni el desistimiento en los procesos de falta contra la persona derivados de violencia familiar. c. Según el Art. 7°-A del Decreto Legislativo 1070, el cual modificó la ley 26872 - Ley de Conciliación, no procede la conciliación en los casos de violencia familiar. d. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 1 DELA PRUEBA I- CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ 36 .Respecto al adolescente infractor a la Ley Penal, señale la respuesta incorrecta:

a. Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal.

b. Los adolescentes mayores de 14 años serán pasibles de medidas socioeducativas, mientras que los menores de 12 años de medidas de protección, incluso cuando éstos últimos integren una pandilla perniciosa. * _________________________________________________________ 217

g m g

j.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. Si Juan, de 13 años de edad, realiza actos contra el pudor a Ma­ riana, de 04 años de edad, será procesado como adolescente infractor a la Ley Penal. d. Los adolescentes privados de su libertad permanecerán separa­ dos de los adultos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA I- CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ

37 .Respecto al pandillaje pernicioso, señale la respuesta correcta: a. Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes ma­ yores de 14 años y menores de 18, que se reúnen y actúan en forma conjunta, para lesionar la integridad física o atentar con­ tra la vida, el patrimonio y la libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que al­ teren el orden público. b. Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes ma­ yores de 12 años y menores de 18, que se reúnen y actúan en forma conjunta, para lesionar la integridad física o atentar con­ tra la vida, el patrimonio y la libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que al­ teren el orden público. c. Si el adolescente mayor de 14 años pertenece a una pandilla perniciosa en condición de cabecilla, líder o jefe, se le aplicará la medida socioeducativa de internación no menor de seis años. d. Ninguna de las anteriores.

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Respuesta: b Se incorpora al Título III del Libro Cuarto del Código de los Niños y Adolescentes, el capítulo III-A con el título: “Del Pandillaje Pernicioso”. Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes mayores de doce (12) y menores de dieciocho (18) años de edad, que se reúnen y actúan para agredir a terceras personas, lesionar la integridad física o atentar contra la vida de las personas, dañar los bienes públicos o pri­ vados u ocasionar desmanes que alteran el orden interno. Se tipifican la infracción y la infracción agravada y se dispone que la pena será de in­ ternación, no mayor de 3 años en el primer caso y de 3 a 6 en el segundo. Asimismo se modifica el art. 148 del Código Penal y los arts. 213, 215, 226, 249 y 250 del Código de los Niños y Adolescentes. 218

PRUEBA K

38 .No es una de las características de la patria potestad: a. b. c. d.

Es intransmisible. Es irrenunciable. Es de Orden Público. Es permanente.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA K - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

39 .Rigoberto convive desde hace 10 años con Laura, siendo que Lau­ ra se percata que Rigoberto le es infiel dado que mantiene relacio­ nes sexuales con tercera persona heterosexual; por lo que decide interponer una demanda de separación de cuerpos por adulterio, y como pretensión subordinada (teniendo en ambas causales, los medios probatorios idóneos), conducta deshonrosa. Señale la op­ ción correcta. a. La demanda debe ser declarada fundada, debido a que cuenta con los medios probatorios idóneos. b. La demanda debe ser declarada infundada debido a que cuenta con medios probatorios ilegales. c. La demanda debe ser declarada improcedente por petitorio ju­ rídicamente imposible. d. La demanda debe ser declarada improcedente por indebida acumulación de pretensiones.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DELA PRUEBA I-CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ

40 .En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se considera “niño”: ®

O

a. A toda persona hasta los 12 años de edad. b. A toda persona hasta los 14 años de edad.

S?

c. A toda persona menor de 21 años de edad. d. A toda persona menor de 18 años de edad.

ü Q

Respuesta: d La definición de niño como sujeto de derecho internacional y el ámbito de aplicación de los estándares internacionales en materia de niñez debe __________________________________________________________________________________________ 219

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ser examinada a partir de los textos de los trabajos preparatorios que llevaron a la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante, CDN), del texto de la Convención y de las decisiones del Comité de los Derechos del Niño. Tal como se ha precisado anteriormente, la definición del sujeto niño en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la establece la Con­ vención sobre los Derechos del Niño de 1989. Por ello, reviste especial importancia tener en consideración la argumentación que se utilizó para definir al sujeto niño sobre la base de la categoría objetiva de la edad. De este modo, resulta interesante observar que el primer texto adoptado en la primera lectura (E/CN.4/i988/WG.i/WP/Rev.i), durante el proceso de redacción de la Convención sobre los Derechos del Niño consideró que: Artículo 1 De acuerdo a la Convención niño es todo ser humano hasta los 18 años, salvo que conforme a la ley del Estado, haya alcanzado la mayoría de edad antes. Sin embargo, una revisión de los textos posteriores y las propuestas de las delegaciones estatales, hace referencia a una definición de niño que va precisando el rango de edad para incluir solamente a seres humanos “que no hayan alcanzado la edad de 18 años”. Sobre la base de los textos citados se adoptó la disposición del artículo 1 de la Convención en el sentido de comprender a todo “ser humano menor de 18 años”. La Convención sobre los Derechos del Niño es la norma internacional que define quien debe ser considerado como sujeto niño y por tanto, en relación a quienes se aplican los efectos de dicho tratado. En tal sentido, el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño define que “niño” para los efectos de la interpretación y aplicación de dicho tratado es “todo ser humano menor de dieciocho años”. De este modo, la Con­ vención establece una definición normativa del niño sustentada en la categoría objetiva de la edad. Según la propia Convención, la mayoría de edad puede ser alcanzada antes de los 18 años si la ley nacional de un Estado lo establece, pero en ese caso la Convención será aplicable hasta que la persona cumpla los 18 años. Es preciso observar que la Convención no utiliza como parámetro la mayoría de edad (plena capacidad jurídica) sino simplemente la edad de 18 años. Sobre este tema, resulta pertinente señalar que el Comité de Derechos Humanos ha establecido que “las edades de protección” no deben ser “irracionalmente cortas” y que en ningún caso un Estado puede dejar de cumplir sus obligaciones de protección con los niños, las niñas y los adolescentes, aunque en el marco de su legislación doméstica, hayan alcanzado la mayoría de edad antes de los 18 años. 220

PRUEBA K

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LEGALES EDICIONES

Por el contrario, la Convención no establece una excepcionalidad en re­ lación a la extensión de la edad para que una persona pueda ser consi­ derada niño y por tanto, le resulten aplicables las disposiciones de este tratado, luego de cumplir los 18 años. Al respecto, el Comité sobre los Derechos del Niño ha señalado que el artículo i establece “una edad de referencia máxima general de 18 años. Los Estados Partes deberán utili­ zar esta edad límite como una norma y una referencia para el estableci­ miento de cualquier otra edad particular para propósitos o actividades específicas. Además, en esta disposición, se destaca la necesidad de que los Estados Partes garanticen una protección especial a cada niño menor de esa edad límite...”. En la línea de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, se ubican tanto el Convenio 182 de la Organización Interna­ cional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil, que establece en su artículo 2 que el término niño designa J a toda persona menor de 18 años” y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que completa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuen­ cia Transnacional. En el ámbito interamericano, no se tiene una definición normativa del sujeto niño. Por un lado, la Declaración Americana de Derechos y De­ beres del Hombre sólo establece un ámbito de protección para el niño pero no lo define. La Convención Americana sobre Derechos Humanos si bien establece un ámbito de protección a los derechos humanos del niño, tampoco define al sujeto de derecho. En virtud de lo anterior, la Corte y la Comisión Interamericanas de Dere­ chos Humanos han precisado que la definición de niño o niña se susten­ ta en lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte Interamericana precisó en su Opinión Consultiva 17 que el término niño “abarca, evidentemente, los niños, niñas y adoles­ centes”. La sección V de la Opinión Consultiva 17 sobre la Condición Jurídica y los Derechos Humanos del Niño denominada “Definición de niño” precisa quien debe ser considerado como sujeto niño: En definitiva, tomando en cuenta la normativa internacional y el crite­ rio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por “niño” a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad. Así por ejemplo, en el primer caso que la Corte resolvió sobre niñez estableció que la aplicación del artículo 19 se limitaba a las víctimas me­ nores de 18 años:

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El artículo 19 de la Convención Americana no define qué se entiende como “niño”. Por su parte, la Convención sobre Derechos del Niño con­ sidera como tal (artículo 1) a todo ser humano que no haya cumplido los 18 años, “salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. De conformidad con la legislación guatemalte­ ca vigente para la época en que ocurrieron los hechos del presente caso, igualmente eran menores, quienes no habían cumplido los 18 años de edad. Según esos criterios sólo tres de las víctimas, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraum Villagrán Morales, tenían la condición de niños. Sin embargo, la Corte emplea, en esta sentencia, la expresión coloquial “niños de la calle”, para referirse a las cinco víctimas en el presente caso, que vivían en las calles, en situación de riesgo. En el caso Bulacio contra Argentina, la Corte reiteró: Walter David Bulacio tenía 17 años cuando fue detenido por la Policía Federal Argentina. La Corte estableció en su Opinión Consultiva OC-17 que “[e]n definitiva, tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por niño’ a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad. En el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico contra República Dominicana, la Corte precisó que “al momento en que el Estado reco­ noció la competencia contenciosa de la Corte Dilcia Yean y Violeta Bo­ sico, eran niñas, quienes en esta condición tenían derechos especiales a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado, y exigen una protección especial que es debida por este último y que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario”. Cabe observar que en los casos sobre niñez posteriores, la Corte no incluye consideraciones que precisen con más detalle la definición de niño. No obstante, resulta interesante observar que en su sentencia re­ lativa al caso del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay del 2004, la Corte utiliza el criterio de mayoría de edad para establecer el rango de protección y considera que dado que la legislación interna vigente en el momento en que ocurrieron los hechos establecía la ma­ yoría de edad en 20 años, consideró necesario referirse a Ricardo Da­ niel Martínez, fallecido a los 18 años, como niño. Es preciso subrayar que al hacer esta consideración la Corte no aplicó el criterio objetivo de la edad establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y recogido en sus resoluciones previas; sino que utilizó el criterio de la mayoría de edad, que no corresponde al sentido que recoge el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño tal como se precisó anteriormente. 222

PRUEBA FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL MIXTO El Gerente de Ventas Claudio y de Control de Calidad, Fermín, pre­ ocupados por la baja en las ventas de vehículos de una conocida empresa automotriz, para la que trabajaban, disponen que los inge­ nieros de la División de informática instalen en los vehículos de ma­ nera deliberada, un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. Dicho programa se instaló en quince mil vehí­ culos que fueron vendidos entre 2015 y 2017. Este sistema era capaz de detectar cuando el vehículo era sometido a la prueba de control de emisiones. El dispositivo se encendía en ese momento y hacía un control completo de las emisiones de humo, pero se apagaba en con­ diciones normales de circulación. 1. En el presente caso, los Gerentes Claudio y Fermín deben respon­ der por los delitos de:

a. b. c. d.

Estafa y abuso de mecanismos informáticos. Contaminación ambiental y fraude informático. Estafa y fraude informático. Estafa y contaminación ambiental.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DELA PRUEBA E-CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ

2. Con relación a la responsabilidad de los ingenieros de la División de Informática puede señalarse lo siguiente.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 008-2021SN/JNJ 223

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a. Su conducta es neutra pues la elaboración de un programa informá­ tico se encuentra dentro del ámbito de competencia de los mismos. b. Deben responder como cómplices de los delitos cometidos por los Gerentes Claudio y Fermín, en particular por el (los) delitos informáticos cometidos. c. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices del delito ambiental. d. Deben responder como coautores del delito informático y cóm­ plices de los delitos ambiental y de estafa.

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En circunstancias que Jorge Gutiérrez Torres, conducía su vehículo por inmediaciones de la cuadra 05 de la Av. Abancay - Cercado de Lima, sufre un desperfecto en el sistema de dirección, por lo que lo que comienza al perder el control del carro. No obstante, ello, como se encuentra apurado continúa con su marcha y cuando pretende doblar hacia el Jirón Miroquezada, se despista y atropella a Carlos Quiroz Barba a quien deja gravemente herido, pero las personas que estaban por la zona le prestan auxilio al herido y lo llevan al Hospital Dos de Mayo. Jorge, nervioso por lo sucedido y sabiendo que es un personaje público se aleja del lugar del accidente, pero al cabo de 15 minutos regresa al lugar del accidente y pone a derecho ante la autoridad policial que se encontraba en la zona realizando el ITP, por lo que es llevado a la Comisaria de San Andrés. 3. En relación al caso narrado, se puede decir que Jorge Gutiérrez ha incurrido en delito de:

a. b. c. d.

Omisión de Socorro. Lesiones Graves. Lesiones Culposas Agravadas. Fuga del lugar del accidente de tránsito.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 8 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ

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4. En relación al delito de Omisión de Socorro, es correcto decir que Jorge Gutiérrez:

a. Incurrió en este delito porque no socorrió al herido. b. No incurrió en este delito, porque si bien hirió Carlos Quiroz y se retiró del lugar del accidente, otras personas lo auxiliaron inmediatamente. c. No cometió este delito porque volvió al lugar del accidente. d. Ninguna de anteriores.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 9 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 005-2021SN/JNJ Frida Guzmán Valderrama, se presentó a un concurso público para cubrir la vacante del Secretaria de la Oficina General de Administra­ ción y Finanzas de la Municipalidad de Metropolitana de Lima. Es el 224

PRUEBA L

caso, que en su ficha de inscripción le hicieron firmar una declaración jurada de veracidad, respecto a que lo declarado y los documentos que adjuntaba como anexos (requisitos para acceder al puesto) era verdaderos. Frida gana el concurso, y a los 30 días estar laborando en la citada entidad, se hace la fiscalización de los documentos que presentó, descubriéndose que el título en original de Secretaria del Instituto Superior SESATEL que había presentado, firmado supues­ tamente por el Director de SESATEL era falso, ya que esta entidad había informado que Frida Guzmán jamás había estudiado en dicha casa de estudios y el que formato de título no correspondía al que ellos entregan a sus egresados. 5. En relación al caso propuesto, es correcto afirmar: a. Se ha dado un caso típico del delito de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo. b. Se ha dado un caso típico del delito de Uso de Documento Pri­ vado Falso. c. Se ha dado un caso típico de concurrencia ideal de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso. d. Se ha dado un casi caso típico de concurrencia real de los delitos de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo y Uso de Documento Privado Falso.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

El día cuatro de junio del año dos mil trece, miembros de la Policía Nacional intervinieron al acusado ABEL en circunstancias que tran­ sitaba por la Avenida Canta Callao y Elmer Faucett, siendo sorpren­ dido en posesión de un extintor de nueve kilos marca “Leocal”, de polvo semi seco, con la inscripción en la parte superior WQ-2404, placa del vehículo al que pertenecía; durante la investigación policial se presentó el conductor del camión de la Empresa de Transportes y Servicios León Garlitos S.A.C. de placa de rodaje WQ-2404, Carlos Sixto Ybáñez Cottos, quien denunció que momentos antes habían abordado su vehículo 2 sujetos, aprovechando que estaba estacionado debido a la luz roja del semáforo; uno de ellos subió por el lado del piloto, mientras que el otro sujeto que resultó ser el acusado Abel Jacob Loayza Calcina, subió por el lado del copiloto; procediendo ambos a solicitarle dinero, sin embargo como dicho ___________________________________________________________________________________________ 225

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agraviado se negó, fue amenazado para que les entregue sus perte­ nencias, y al no hacerlo, dicho acusado procedió a apoderarse del extintor del vehículo que se encontraba en la cabina de dicho vehí­ culo, dándose a la fuga.

6. En el delito cometido por Abel, el otro sujeto que se dio a la fuga, tiene la condición de:

a. Autor.

b. Coautor. c. Cómplice primario. d. Cómplice secundario.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

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7. En relación a la restricción del control judicial de constitucionali­ dad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señale la respuesta correcta: a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, poste­ riormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constituciona­ lidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos. b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del con­ trol de constitucionalidad de la misma. c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último ad­ vierte que en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional.

d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley -previamente declarada válida por el TC- producto de la modi­ ficación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 226

PRUEBA L

8. Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamenta­ ria (vgr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha señalado formas distintas de solución. Sobre el particular indique la respuesta correcta: a. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma re­ glamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial. b. En ningún caso los órganos de la administración pública pue­ den resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias. c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nu­ lidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución. d. La potestad de realizar un control abstracto de normas regla­ mentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

El día 15 de enero del año X, A vende una casa a B, quien por el im­ porte del precio acepta una letra de cambio, con vencimiento al 15 de febrero del mismo año X.

9. Si la letra de cambio se protesta por falta de pago, marque la res­ puesta correcta.

1 a. A no puede valerse de la acción causal para el cobro de su erédito. > b. A solamente puede cobrar la letra de cambio. 5?

c. A solamente puede valerse de la acción causal. d. A puede optar por cobrar la letra o por cobrar el precio de venta.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0072021-SN/JNJ __________________________________________________________________________________________ 227

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lO.Si a demanda judicialmente el pago de la letra protestada, mar­ que la respuesta correcta.

a. b. c. d.

La obligación causal queda en suspenso. A puede optar por cobrar el precio. A pierde el derecho a la acción causal. A puede valerse simultáneamente de la acción cambiaría y de la acción causal.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0072021-SN/JNJ En uno de los ríos de la Selva peruana se hunde un pequeño bote con motor fuera de borda, donde iban dos personas, que desaparecen y no se sabe nada de ellos. Jorge es uno de los desaparecidos. Sus familiares no saben qué hacer, pues Jorge es dueño de cuantiosos bienes. Un año antes de su desaparición, otorgó un testamento en el que instituyó como sus herederos a sus padres y como sus legatarios a sus dos hermanos. Hasta la fecha han transcurrido cinco años des­ de que despareció Jorge y su acompañante. ll .¿Qué deben hacer sus familiares para acreditar la muerte de Jor­ ge e iniciar la sucesión?

a. b. c. d.

Pedirán que se haga una investigación sobre la causa de su muerte, Solicitarán y obtendrán la declaración de ausencia de Jorge. Solicitarán y obtendrán la declaración de desaparición de Jorge. Solicitarán y obtendrán la declaración de muerte presunta de Jorge.

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Respuesta: d VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 12 .Abierta la sucesión de Jorge, ¿cómo se distribuirá la herencia en­ tre las personas instituidas en el testamento?

a. Se dividirá la herencia entre todos en partes iguales. b. Los padres recibirán las dos terceras partes. c. Concurrirán solamente los padres excluyendo a los hermanos de Jorge. d. Los padres recibirán la mitad y los hermanos la otra mitad. 228

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Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ Pietro Sánchez, con fecha 21.12.2019, demanda a la señora Dolores Ramírez la anulabilidad del acto jurídico por el que reconoció como hija a la menor Inés Sánchez Ramírez, contenido en la Partida de Na­ cimiento de fecha 19.09.2013. Alega que mantuvo relaciones extra­ matrimoniales con la demandada, y que cuando ya estaban sepa­ rados, a fines del año 2012, la demandada le manifestó que iba a ser padre, asumiendo él, desde entonces, la paternidad, preocupándose por la estabilidad de la madre y la menor, pero al tener un altercado con la demandada, en el mes de noviembre del 2019, esta le manifes­ tó que él no era el padre de la menor Inés. Por esta razón, interpone la demanda sustentándola en las causales de error y dolo, por haber sido inducido a error por la demandada. La madre se apersona al proceso y deduce la Excepción de Prescrip­ ción señalando que a la fecha de interposición de la demanda la niña tiene más de seis años de edad.

13 . Diga por qué debe ser declarada infundada la excepción de pres­ cripción propuesta por la demandada. a. Pietro tuvo conocimiento de que la niña no es su hija días antes de interponer la demanda. b. la acción contestatoria de paternidad caduca a los 90 días desde el siguiente día del parto. c. la acción personal prescribe a los diez años. d. la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la paternidad.

9 Respuesta: a VER PREGUNTA N° 15 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ „ . 14 .En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas, el fiscal por propia iniciativa o a pedido de la policía, sin conocimiento del afectado, puede ordenar:

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a. Efectuar el allanamiento sin necesidad de orden judicial. Q b. Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes respecto al § lugar de residencia del investigado. c. Requerir la identificación de cualquier persona para realizar las a comprobaciones pertinentes en la vía pública. V

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d. Retener por cuatro horas a las personas a efectos de realizar pesquisas.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 15.El 24 de julio del 2021, Diego se encuentra bebiendo con sus com­ pañeros de la empresa donde labora, después de aproximada­ mente tres horas, se retira del lugar conduciendo su automóvil marca Mazda del año 2016, por lo que, a las 22:00 horas aproxi­ madamente, Diego es intervenido por un efectivo policial entre la intersección de la Av. Arequipa con la Av. Javier Prado, debido a que el efectivo policial se percató que el vehículo estaba realizan­ do maniobras peligrosas. En dichas circunstancias, se realiza la prueba de alcoholímetro determinando la presencia de alcohol. Por ello, es conducido a la Comisaría del sector a fin de continuar con las diligencias necesarias, dando parte al Ministerio Público, quien conociendo los hechos y habiendo recabado las pruebas necesarias del caso concreto, solicita la incoación del proceso in­ mediato ante el Juez de Investigación Preparatoria.

Ante el pedido del Ministerio Público, el Juez de la Investigación Preparatoria, puede:

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a. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe conti­ nuar con las demás diligencias para su teoría del caso. b. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe formu­ lar acusación. c. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. d. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe continuar con las diligencias preliminares.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 16 .En el preciso instante en que María se encontraba caminando sola en la calle, Luis, le arrebata su celular, luego de forcejear con la víctima la arroja al suelo, consigue el celular y huye, siendo que María empieza a pedir auxilio inmediatamente. Es posible que los vecinos de María detengan a Luis: 230

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a. Sí, siempre y cuando el delito cometido por Luis sea grave, es decir se trate de un ilícito penado con privación de libertad su­ perior a seis años. b. No, porque el acto cometido por Luis es hurto agravado y no robo. c. Sí, porque el Código Procesal Penal reconoce la facultad de los ciudadanos de detener a quien se encuentre en delito flagran­ te, circunstancia que comprende huir inmediatamente luego de cometerlo. d. Sí, siempre que la acción sea conjunta con la policía, esto es, que en la captura también intervengan elementos policiales.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

17 .¿Quién autoriza a los miembros de la Policía Nacional del Perú a que se inserten como agentes encubiertos, y por cuánto tiempo podrán actuar bajo identidad supuesta?: a. El juez de la investigación preparatoria, 12 meses. b. El fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Crimen Orga­ nizado, 9 meses. c. El fiscal superior, 4 meses. d. El fiscal provincial, 6 meses.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

18 .A Manuel se le sigue una investigación preparatoria por un de­ lito de corrupción de funcionarios, su condición procesal es la m de preso preventivo y el plazo de la medida que el juez dispuso > fue de 9 meses al apreciar que el caso no era complejo. Ocurre m que, cuando Manuel cumplió 7 meses de prisión preventiva, las normas procesales cambian y se establece que el plazo de 2 ésta para casos no complejos será ahora 18 meses. Manuel y g su defensor tienen especial interés en establecer si será excar% celado al cumplir el plazo de 9 meses o se le aplicará el nuevo” de 18. Diga usted ¿cuál es la solución que aporta el CPP 2004, ¿ al respecto? k __________________________________________________________________________________________ 231

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a. Manuel será excarcelado cuando cumpla los 15 meses de pri­ sión preventiva, porque la ley procesal se aplica de inmediato, inclusive a los procesos en trámite. b. Manuel será excarcelado a los 9 meses, plazo inicial, aunque antes del vencimiento de este término el fiscal haya declarado complejo el proceso y requerido la prolongación de la prisión preventiva. c. Manuel será liberado a los 9 meses porque la norma procesal vigente es la que regía al momento de la comisión del delito. d. Manuel será liberado al cumplirse los 9 meses porque la aplica­ ción inmediata de la ley procesal, incluso a los procesos en trámite tiene excepciones, entre ellas, el que siga rigiendo la ley anterior cuando se trata de plazos que hubieren empezado a correr.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

19 . Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son: a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. c. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

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Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA M- CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

20 .Respecto a las excepciones en el Código Procesal Civil, es correc­ to afirmar que: a. Su tramitación suspende el proceso principal. b. Si se declaran infundadas, sanean el proceso. c. En caso se planteen varias, pueden resolverse en distintos pro­ nunciamientos. d. Una de ellas es la de naturaleza de juicio. 232

PRUEBA L

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA J - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

21 .La atribución de derechos patrimoniales al concebido está condi­ cionada a que: a. b. c. d.

Nazca vivo. Se haya producido el reconocimiento del parto o del embarazo. No adolezca de discapacidad. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA J - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

22 .Sobre los presupuestos del proceso de reivindicación, marque la opción correcta: a. El demandante debe demostrar el derecho de posesión del bien. b. El demandante debe probar que el demandado sea poseedor precario. c. El demandante debe demostrar el derecho de propiedad del bien y que el demandado sea poseedor ilegítimo. d. En este tipo de proceso no es indispensable que el bien esté cla­ ra e inequívocamente individualizado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA J - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

23 .En el caso propuesto, marque la opción correcta: a. En el proceso judicial de otorgamiento de escritura pública puede discutirse la validez de la escritura pública peticionada a otorgar. 233

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Eduardo interpone demanda de otorgamiento de escritura pública contra Carlos, a fin de que cumpla el vendedor con su obligación de perfeccionar la transferencia de propiedad del bien. El demandado por su parte argumenta el cuestionamiento del acto jurídico por adolecer de nulidad por haberlo suscrito una persona incapaz, y por lo tanto se discute un tema relativo a la validez del contrato de compraventa.

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b. El hecho que se otorgue una escritura pública por mandato judi­ cial no es óbice para que en otro proceso se discuta la validez de la escritura púbica mandada a otorgar, pues la validez del acto jurídico formalizado notarialmente no es materia de este proceso. c. Cabe determinar la invalidez del acto jurídico por aparente in­ capacidad. d. Cabe discutir aspectos relativos a la validez del acto jurídico, con excepción de la nulidad virtual o tácita.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA J - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 24 .Según la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema de Justicia ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito del femi­ nicidio?

a. b. c. d.

Estabilidad de la población femenina. Dignidad de la mujer. Derecho a la vida. Todas son correctas.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

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25 .Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que: a. La muerte puede producirse también por omisión impropia (comisión por omisión). b. Es un delito permanente. c. No es un delito de tendencia interna trascendente. d. No permite la coautoría.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

26 .A Manuel se le sigue una investigación preparatoria por un delito de corrupción de funcionarios, a quien se le dictó un mandato de prisión preventiva por el lapso de 9 meses al apreciar que el caso 234

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no era complejo. Ocurre que, cuando Manuel cumplió 7 meses de prisión preventiva, las normas procesales cambian y se establece que el plazo de ésta para casos no complejos será ahora 18 me­ ses. Manuel y su defensor tienen especial interés en establecer si será excarcelado al cumplir el plazo de 9 meses o se le aplicará el nuevo de 18. Diga usted ¿cuál es la solución que aporta el CPP 2004, al respecto? a. Manuel será excarcelado cuando cumpla los 18 meses de pri­ sión preventiva, porque la ley procesal se aplica de inmediato, inclusive a los procesos en trámite. b. Manuel será excarcelado a los 9 meses, plazo inicial, aunque antes del vencimiento de este término el fiscal haya declarado complejo el proceso y requerido la prolongación de la prisión preventiva. c. Manuel será liberado a los 9 meses porque la norma procesal vigente es la que regía al momento de la comisión del delito. d. Manuel será liberado al cumplirse los 9 meses porque la apli­ cación inmediata de la ley procesal, incluso a los procesos en trámite tiene excepciones, entre ellas, el que siga rigiendo la ley anterior cuando se trata de plazos que hubieren empezado a correr.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 27 . Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son:

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 235

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a. Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y de­ litos de violación de la intimidad. b. Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra ma­ yor de edad, delitos de lesiones leves. c. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. d. Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

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28 .Ante el pedido del Ministerio Público, el Juez de la Investigación Preparatoria, puede: a. aceptar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe conti­ nuar con las demás diligencias para su teoría del caso. b. aceptar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. c. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. d. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe continuar con las diligencias preliminares.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

29 .Una vez terminada la investigación preparatoria, el fiscal cuenta con 15 días para emitir su acusación. ¿Qué sucede cuando el re­ presentante del Ministerio Público no emite su acusación en di­ cho tiempo? a. Aún puede emitir su acusación, no obstante, su accionar le ge­ nera responsabilidad administrativa. b. Se genera el sobreseimiento del proceso penal. c. Se debe disponer la realización de una investigación comple­ mentaria. d. Se debe solicitar la prolongación del plazo de la investigación preparatoria.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ En el EXP N° 4630-2013-PHC/TC, así como en reiterada jurispruden­ cia del Tribunal Constitucional (EXP. N.° 05696-2009-PHC/TC, EXP. N.° 6142-2006-PHC/TC, EXP. N.° 05423-2008-HC/TC y otros), en relación a la flagrancia se ha señalado que: “3.3.3. - El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada juris­ prudencia, que la flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez tempo­ ral, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto 236

PRUEBA L

delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instru­ mentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participa­ ción en el hecho delictivo. ” 30 .En este marco constitucional de la flagrancia, el Código Procesal Penal, reconoce los siguientes tipos de flagrancia: a. La flagrancia estricta, flagrancia temporal y flagrancia personal. b. La flagrancia temporal, presunción de flagrancia y flagrancia personal. c. La flagrancia estricta, cuasiflagrancia y flagrancia presunta. d. La flagrancia temporal, flagrancia personal y cuasiflagrancia.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

3 1.Son requisitos de una demanda de extinción de dominio: a. La identificación, descripción y valuación económica de los bie­ nes objeto de la demanda de extinción de dominio. b. El nexo de relación entre los bienes y la actividad ilícita o el in­ cremento patrimonial injustificado. c. Ofrecimiento de las pruebas o indicios concurrentes y razona­ bles que sustenten la pretensión. d. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

32 .Dentro de un proceso de extinción de dominio, NO procede recur­ so de apelación contra la resolución que: a. Admite o rechaza una medida cautelar. b. Declara procedente la demanda de extinción de dominio en la etapa de calificación. c. Decide una excepción. d. Decide un pedido de nulidad.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ __________________________________________________________________________________________ 237

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

33 .Respecto al proceso de pérdida de dominio, conforme a la juris­ prudencia de la Corte Suprema, es incorrecto afirmar que: a. Es un mecanismo procesal especial totalmente independiente del proceso penal. b. Tiene naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial. c. Procede sobre cualquier derecho real, principal o accesorio. d. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ Sobre los principios del procedimiento administrativo, conforme al artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el principio de verdad material establece:

LEGALES EDICIONES

34 . Marque la alternativa correcta: a. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presu­ me que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción ad­ mite prueba en contrario. b. Las autoridades administrativas deben verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para tal fin, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados. c. La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo mo­ mento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. d. La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento adminis­ trativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramita­ ción y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. 238

PRUEBA L

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 2 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 006-2021SN/JNJ

35 .En el interior de un bus interprovincial que venía procedente de Arequipa con dirección a Lima, se cometió un homicidio de lo cual se percató la terramoza al llegar a su destino final, te­ niéndose información que el crimen se habría producido en Nazca.

Sobre los criterios para determinar la competencia: a. El criterio territorial forum comissi delicti es subsidiario al igual que los demás criterios, pues ninguna persona puede ser des­ viada de la jurisdicción predeterminada por la ley. b. El criterio territorial forum comissi delicti es fuero preferente a los otros criterios en la predeterminación legal del juez. c. La norma procesal penal establece fueros equivalentes para de­ terminar la competencia evitando la manipulación del texto de las reglas de atribución de competencia. d. La norma procesal penal establece fueros que se aplican uno en defecto de otro sin distingo alguno en cumplimiento a la garan­ tía procesal del "juez natural".

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

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LEGALES EDICIONES

El 24 de julio del 2021, Diego se encontraba bebiendo con sus com­ pañeros de la empresa donde labora, después de aproximadamente tres horas se retiró del lugar conduciendo su automóvil marca MAZ­ DA del año 2016, por lo que, a las 22:00 horas aproximadamente, Die­ go es intervenido por un efectivo policial entre la intersección de la Av. Arequipa con la Av. Javier Prado, debido a que el efectivo policial se percató que el vehículo estaba realizando maniobras peligrosas. En dichas circunstancias, se realizó la prueba de alcoholemia de­ terminando la presencia de alcohol. Por ello, fue conducido a la co­ misaría del sector a fin de continuar con las diligencias necesarias, dando parte al Ministerio Público, quien conociendo los hechos y habiendo recabado las pruebas necesarias del caso concreto, solici­ tó la incoación del proceso inmediato ante el Juez de Investigación Preparatoria.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

36 .Ante el pedido del Ministerio Público, el Juez de la Investigación Preparatoria, puede: a. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe conti­ nuar con las demás diligencias para su teoría del caso. b. Incoar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe formu­ lar acusación. c. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe for­ mular acusación. d. Rechazar el proceso inmediato y el Ministerio Público debe continuar con las diligencias preliminares.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

Emérito Contreras abogado de nacionalidad colombiana, hace una parada de tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez, proveniente de México, con destino a Bogotá Colombia. Al ser registrado su equipaje por personal de aduanas, se descubre que portaba en una de sus maletas, la suma de 130 mil dólares, camuflado entre sus pertenen­ cias, no obstante haber declarado que solo portaba una suma inferior a los diez mil dólares americanos. Al ser interrogado por el represen­ tante del Ministerio Público, señaló que dicho dinero provenía de sus actividades de abogado consultor y que, en todo caso, podría acre­ ditarlo con la documentación correspondiente que tiene en su país.

LEGALES EDICIONES

37 .En los términos en los que ha sido definido el delito de lavado de activos en la Sentencia Plenaria 1-2017, puede afirmarse lo si­ guiente: a. La conducta de Emérito Contreras constituye falta administra­ tiva de ingreso de dinero no declarado. b. Se configura el delito de lavado de activos proveniente de una actividad criminal abstracta. c. Se trata de un delito de lavado de activo en la medida que Emé­ rito no ha justificado la proveniencia ilícita de su conducta. d. Es posible sancionarlo administrativamente y también penal­ mente por delito de lavado de activos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 240

PRUEBA L

38 . Respecto a la declaración de la víctima de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, no es correcto:

a. Cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. b. Se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro. c. La declaración de la víctima constituye prueba preconstituida. d. El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

39 .No constituye un criterio para dictar medida de protección: a. La relación entre la víctima con la persona denunciada. b. La posición económica del agresor. c. La diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada. d. La gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agre­ sión.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

40 .En relación a la lucha contra la corrupción, ¿Qué considera el TC?:

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LEGALES EDICIONES

a. La lucha contra la corrupción estatal al no tener base constitu­ cional solo es de observancia por los órganos jurisdiccionales. b. La lucha contra la corrupción constituye un mandato cons­ titucional que se desprende de los artículos 39° y 41° de la constitución. c. Su prevención solo es tarea de los poderes ejecutivo y legislati­ vo, por ser estos los llamados a crear leyes idóneas para tal fin. d. El Tribunal Constitucional no está legitimado para desplegar acciones en pro de la lucha contra la corrupción de funciona-

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

NOTA: En el Acta del 24 de abril del 2022 de la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento de la JNJ, se acordó que los puntajes de las preguntas repetidas (26 y 27) sean consideradas a favor del postulante.

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CONVOCATORIA 009-2021-SN/JNJ de jueces/juezás superiores y jueces/juezas especializados y mixtos - Acceso abierto)

PRUEBAA JUEZ SUPERIOR

1. Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio debe realizarse: a. b. c. d.

Una pericia psicológica al agresor. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Acreditar la ferocidad de la muerte.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 2. Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que:

a. b. c. d.

La muerte puede producirse por comisión por omisión. Es un delito permanente. No es un delito de tendencia interna trascendente. No permite la coautoría.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

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LEGALES EDICIONES

3. En una marcha contra el Congreso, el 15 de abril a las 17.10 de la tarde, una turba de manifestantes incendió un patrullero en el Centro de Lima, enfrentándose a los efectivos policiales, resul­ tando detenidas 15 personas por delito flagrante contra la tran­ quilidad pública y contra la seguridad del Estado, quienes fueron trasladados a la Comisaría del Cercado. El día 16 de abril como parte de las investigaciones policiales ordenadas por el Ministerio Público, uno de los detenidos, José Tanta a quien se le encontró en su poder propaganda de la marcha y confesó haber rociado gasolina y haber prendido fuego al vehículo policial, indicó que Julio Maquinista, dirigente del colectivo social denominado “Por la Dignidad Nacional” fue quien planificó la quema de vehículos y le entregó combustible en su domicilio. Inmediatamente los efec­ tivos policiales al mando del Capitán PNP Guerra, fueron a buscar a Julio Maquinista a su domicilio y no lo no encontraron. Lo ubica­

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

ron en su centro de labores en Comas a las 16.25, y en su registro personal se le encontró diversos panfletos contra el Congreso y convocatorias a la marcha del 15 de abril. En ese acto fue recono­ cido por José Tanta como autor mediato, por lo que fue detenido y trasladado a la Comisaría para las investigaciones respectivas. En relación al delito flagrante previsto en el art. 259.1 del NCPP señale el enunciado verdadero o correcto: a. Es legítima la detención de Julio Maquinista por los efectivos policiales, en razón que fue encontrado con los panfletos contra el Congreso, lo que constituye flagrancia estricta o propiamente dicha "con las manos en la masa". b. Es legítima la detención de Julio Maquinista por los efectivos policiales, en razón que fue sindicado directamente por José Tanta el autor directo, lo que constituye flagrancia por identifi­ cación inmediata. c. Es legítima la detención de Julio Maquinista por los efectivos policiales, en razón que tanto él como José Tanta, participaron en la planificación del incendio del vehículo policial y se les halló propaganda de la marcha contra el Congreso, lo que cons­ tituye cuasi flagrancia. d. No es legítima la detención de Julio Maquinista por los efecti­ vos policiales, en razón que no estamos ante un delito flagrante, pues la autoría mediata no reúne los requisitos de inmediatez temporal y espacial.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

Flagrancia delictiva es la situación en que una persona es descubierta mientras comete el hecho delictivo o acaba de cometerlo. Existe flagran­ cia en los siguientes casos (artículo 259o del Nuevo Proceso Penal): La persona es descubierta en la realización del delito. La persona acaba de cometer el delito y es descubierta. La persona huyó y fue identificada durante o inmediatamente después de la realización del delito. Puede ser descubierta por el agraviado, por un testigo, por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, siendo descubierto luego de veinticuatro (24) horas de producido el de­ lito. La persona es encontrada veinticuatro (24) horas después de la rea­ lización del delito con efectos o instrumentos utilizados, o que pudieron ser utilizados, para cometer el delito. De igual manera, cuando muestra señales en su cuerpo o vestimenta de haber sido autor o partícipe del delito. 246

PRUEBA A

Existen tres tipos de flagrancia delictiva: la flagrancia propiamente di­ cha, la cuasi flagrancia y la presunción de flagrancia. El policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto ciudadano, tiene la obligación de informar al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informará al juez de la investigación preparatoria en caso sea un delito de terrorismo, espionaje y/o tráfico ilícito de drogas. En todos los casos, el policía advertirá al detenido o arrestado que tiene derechos previstos en el artículo 71o del Nuevo Proceso Penal y levanta­ rá el acta correspondiente. La empresa La Poderosa está encargada de la ejecución de una ca­ rretera, en virtud al contrato suscrito con una entidad estatal, al haber obtenido la buena pro en el proceso de licitación pública. Concluido el plazo contractual, la empresa pretende se le apruebe valorizacio­ nes por montos indebidos que lo beneficiarían en la liquidación de la obra, valorizaciones que fueron cuestionadas por el supervisor de la obra y no aprobadas por la entidad, por lo que el representante de la empresa decide recurrir a la vía arbitral. Estando en trámite el proceso arbitral, acuerda con el titular de la entidad el beneficio de la empresa en todas sus pretensiones, para lo cual arriban a una conciliación en dicho proceso arbitral en la que participan personas distintas en representación de la entidad y la em­ presa constructora en virtud a la designación efectuada, emitiéndose el correspondiente laudo arbitral.

4. Sobre los hechos descritos, señale la respuesta correcta:

Respuesta: c La colusión simple se consuma con el acuerdo colusorio. No es necesario que se haya ejecutado lo acordado, ni que se haya generado un peligro 247

LEGALES EDICIONES

a. Los hechos resultan atípicos, en tanto el acuerdo defraudatorio para el Estado se ha dado en el marco de un proceso arbitral y no de un proceso de contratación pública. b. El laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada y por tanto no puede ser materia de cuestionamiento. c. Los hechos son típicos de colusión agravada, constituyendo el proceso arbitral el medio empleado para lograr la defraudación al Estado. d. Los hechos resultan atípicos, en tanto ya concluyó el plazo con­ tractual.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

concreto de lesión o una lesión efectiva al patrimonio del Estado (ha de ser un acuerdo colusorio idóneo para defraudar: peligro abstracto). La co­ lusión agravada se produce con la defraudación patrimonial al Estado -es un delito de lesión, de resultado: lo ejecutado ha de importar un perjuicio para el Estado-, y si el acuerdo colusorio se ejecuta y solamente se genera un peligro concreto de afectación patrimonial al Estado, tal conducta se castiga como tentativa de colusión agravada. 2. El delito de colusión es uno de infracción de deber. Lo especialmente relevante es el deber del oficial público (deber positivo) de velar por los intereses patrimoniales del Estado en las contrataciones públicas. Éste debe preservar los intereses patrimoniales del Estado, excluyéndose acuerdos con los particulares que impliquen un abandono de su posición de defensa. 3. Cabe destacar el mérito del Informe Especial de Contraloría. Éste se erige en prueba peri­ cial institucional, es propiamente una Auditoría de Cuentas, y por su fun­ cionalidad múltiple, comprende varias operaciones periciales, incluso las propiamente contables en orden a las exigencias materia de las disposicio­ nes financieras del Estado (auditoría gubernamental). El artículo 201-A CPP es contundente al respecto. No hacía falta, por tanto, una pericia con­ table y, en su caso, si se entendía que debían realizarse exámenes periciales más amplios, como entendieron los órganos jurisdiccionales de mérito, debía recurrirse a la Contraloría General de la República para su diligenciamiento. (RECURSO CASACIÓN N.° 1648-2019/MOQUEGUA) 5. Respecto al mismo caso, sobre la participación del titular de la entidad y el representante de la empresa:

LEGALES EDICIONES

a. Su conducta resulta atípica en tanto no han participado de la conciliación en el proceso arbitral. b. Su conducta es típica del delito de colusión agravada, respondien­ do el titular de la entidad en calidad de coautor, mientras que el representante de la empresa, en calidad de cómplice primario. c. Su conducta resulta atípica, en tanto los acuerdos se han adop­ tado en un proceso arbitral. d. Su conducta es típica de colusión agravada, respondiendo am­ bos en calidad de cómplices primarios.

Respuesta: b El comportamiento humano se puede estructurar de diversas formas a fin de perpetrar un ilícito penal. No solo con la realización directa y de propia mano de los hechos descritos en los tipos penales de la Parte Especial del Código Penal, sino también puede realizarse a través de la 248

PRUEBA A

actuación conjunta de varias personas cuyo rol o actuación es indivi­ dualizaba. Esta última forma de vulneración de la norma penal se suele denominar en el Derecho Penal como coautoría. Tanto de su regulación en los Códigos Penales como de su propia naturaleza, la coautoría se explica como una figura de intervención en el delito mediante la cual la determinación del sujeto del hecho contenido en los tipos penales se ex­ tiende a aquellos que toman parte del dominio colectivo del hecho y su ejecución, con el fin que todos ellos puedan ser considerados como au­ tores del hecho conjunto. Pero, como ya dijimos anteriormente, la parti­ cipación en el hecho criminal es individualizable, por ello es importante delimitar los parámetros que coadyuven a delimitar que es la coautoría y como se diferencia de otras figuras como la complicidad. Sobre todo, en las legislaciones donde se ha estipulado dos tipos de complicidad: primaria y secundaria. Siendo que la complicidad primaria tiene mu­ chos elementos en común con la coautoría. Tal es el caso de nuestra legislación donde la complicidad primaria está presente en el Derecho Penal Peruano desde que el legislador del Código Penal de 1863 deci­ diera su inclusión tomando como base al cooperador necesario del Có­ digo Penal Español. Conforme a nuestra regulación vigente, el cómplice primario se caracteriza por la eficacia o esencialidad de su aporte para la realización del hecho punible, teniendo lugar su intervención antes que se inicie la ejecución de éste, creando las condiciones necesarias que lo hagan posible, pero sin posibilidad de acceso al dominio del hecho funcional, a pesar de la importancia de su intervención. Desde su regu­ lación en nuestro Derecho Penal, la complicidad primaria ha presentado innumerables inconvenientes al momento de su concreción y cuando se ha pretendido determinar sus límites frente a la coautoría. Así, muchas 8 decisiones de la justicia nacional en las que se ha debido determinar el título de imputación a otorgar a quienes han vulnerado las normas penales (coautor o cómplice primario) se han tomado en función de las circunstancias concretas de cada caso, ocultando en la mayoría de oportunidades las razones que llevaron a una u otra calificación y demostrando la imposibilidad de derivar criterios generales que se apliquen de forma unánime a los diversos casos, lo que ha conducido a la existencia de una jurisprudencia poco homogénea, a menudo confusa y no libre de contradicciones, poniendo en tela de juicio la observancia de la seguridad jurídica. En consecuencia, la presente investigación buscara establecer parámetros para ambas figuras jurídicas antes mencionadas se puedan individualizar de manera más sencilla; y así los operadores jurídicos cuando resuelvan entorno a las figuras jurídicas referidas ex ante, tengan una línea más homogénea. __________________________________________________________________________________________ 249

o r¡ U Q § 5? x V

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

6. El señor Fiscal Superior sostiene que el procesado Valentino man­ tuvo una relación de convivencia con la agraviada Mireya, resi­ diendo ambos durante varios años en un departamento de Lima; en ese contexto, precisa que el día 04 de junio de 2019, a las quin­ ce horas con treinta minutos aproximadamente, dicho procesado la atacó con golpes de puño y mordeduras, causándole diversas lesiones corporales y produciéndole la fractura de los huesos na­ sales, conforme a los Certificados Médico Legales correspondien­ tes. Las lesiones dejaron huellas permanentes y visibles; además, se verificó pérdida de la armonía y alteración de la mímica facial. Finalmente, se constató la deformación del rostro. Estos hechos, afectaron la imagen de la agraviada en su desempeño laboral como animadora de eventos sociales. Un Juez declaró probada la comisión de un delito, así como la responsabilidad penal del procesado.

Marque la opción correcta:

a. Valentino cometió el delito de lesiones graves. b. Valentino cometió delito de lesiones graves por violencia fa­ miliar. c. Valentino no cometió delito de lesiones graves por violencia fa­ miliar porque no era esposo de la agraviada. d. Valentino cometió delito de Homicidio en el grado de Tentativa.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

En la actualidad, la violencia contra las mujeres en sus diversas manifes­ taciones constituye un problema social que debe ser reconocido y san­ cionado. En nuestra legislación se han aprobado diversas leyes e instru­ mentos normativos para enfrentar y castigar la violencia estructural que se cierne sobre las mujeres e integrantes del grupo familiar. Así pues, se aprobó el TUO de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancio­ nar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y se han modificado diversos artículos del Código Penal. Para delimitar el “contexto de violencia” como bien lo establece el Acuerdo Plenario N° 1-2016/CJ-116 se debe recurrir a la definición legal de violencia de género y doméstica. Los Artículos 5 y 8 de la Ley N° 30364 como el Artículo 3 y 4 del reglamento. En cuanto a la violencia contra la mujer o de género señala que se entiende “la que la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cual­ quier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, comprende, entre 250

PRUEBA A

otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. También la que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier per­ sona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Finalmente, la que sea perpetrada o tole­ rada por los agentes del estado, donde quiera que ocurra. El contexto de este tipo de violencia debe ser entendida como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertadas en pie de igualdad, a través de rela­ ciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Por “violencia doméstica” o hacia un o una integrante del grupo familiar se entiende a cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de res­ ponsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. El contexto de violencia, como se puede denotar constituye una barrera que permite delimitar cuando estamos frente a la comisión de un delito de lesiones, una falta contra la persona o incluso ante un conflicto fa­ miliar. Claro está que la ausencia de dicho elemento normativo del tipo impedirá que por ejemplo el maltrato físico o psicológico a manos del cónyuge sea calificado como lesiones por violencia familiar; por lo que corresponderá en este caso calificar esta conducta como lesiones leves (Art. 122) si la lesión supera los diez días de asistencia o descanso mé­ dico o como falta contra la persona (Art. 441o), si es menor a diez días. En tanto si se trata de maltrato psicológico como delito de lesiones, si el daño psíquico es de nivel moderado o falta contra la persona si el daño psíquico es de nivel leve.

a. La reparación civil solo comprende el pago de una indemniza­ ción por daños y perjuicios. b. La reparación civil solo se fija aplicando el Código Penal. c. La reparación civil solo se fija aplicando la jurisprudencia na­ cional e internacional. d. La reparación civil se fija aplicando el código penal, así como supletoriamente las normas del código civil. 251

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7. El Juzgado además condenó al procesado al pago de una repara­ ción civil, por lo que es correcto afirmar:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

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Respuesta: d Uno de los debates que se presentan en la judicatura peruana, al mo­ mento de emitir el pronunciamiento jurisdiccional que ponga término al proceso penal, es indudablemente la fijación de la determinación ju­ dicial de la reparación civil derivado de un hecho punible. Entonces, preguntamos. ¿Es posible absolver a una persona de la acusación fiscal y al mismo tiempo condenarla a pagar una reparación civil? El Acuerdo Plenario 04-2019/CIJ-116 toca el tema y forma parte del primer avance jurisprudencial de este año, aprobado por la más alta instancia de ese poder del Estado y establece como doctrina legal los principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento para todos los jueces en los procesos jurisdiccionales a su cargo. La respuesta a nuestra inquietud la encontramos en el Código Procesal Penal (vigente en treinta y dos distritos judiciales del país). A los órga­ nos jurisdiccionales se les proporciona facultades para poder sentenciar en forma condenatoria y absolutoria al imputado de la acción civil ex delicto. Además, en este nuevo sistema procesal penal acusatorio, sí es posible absolver a un imputado por la comisión de un hecho punible y al mismo tiempo condenarlo por el mismo delito, pero en cuanto al pago de la reparación civil. En tal sentido, se conoce que toda sentencia condenatoria lleva con­ sigo la imposición de la pena y al pago del resarcimiento económico, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 inciso 3 del NCPP, que prevé, la posibilidad de que la sentencia absolutoria o el auto de so­ breseimiento, no impida al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil, derivada del hecho punible válidamente ejercida y cuando esta además proceda. A decir del magistrado Juan Hurtado Poma condenar y absolver pro­ cede cuando existen causas absolutorias. Es el caso del artículo 208 del Código Penal, que no reprime los hurtos y otros que se causen entre fa­ miliares, sin perjuicio del pago de la reparación civil. Así como también cuando se alega la presencia de causas eximentes de responsabilidad penal, como son la legítima defensa en que se causa un daño y además también por la comisión de delitos culposos. Valgan verdades, muchas veces el juzgador absuelve al imputado por la comisión de un delito, por insuficiencia probatoria o por la aplicación del principio in dubio pro reo. Pero queda el sabor amargo de que no se ha hecho verdadera justicia, toda vez que la parte agraviada ha realizado 252

PRUEBA A

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LEGALES EDICIONES

gastos procesales que es necesario cubrir. Por eso consideramos que, por ejemplo, frente a un delito de lesiones u homicidio culposo, es posible después de un debido proceso, absolver al imputado, pero se puede con­ denar al procesado al pago de una proporcional y razonada reparación civil, a fin de que se restituya el bien o el pago de su valor y si no es posi­ ble el pago de la indemnización de los daños y perjuicios. En ese sentido, la reparación civil debe fijarse en un monto que resulte proporcional a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de los hechos y a su vez debe tenerse presente las condicio­ nes económicas del imputado y el bien jurídico tutelado. En ese sentido, surge la necesidad de imponer una sanción civil reparadora, esto es, las consecuencias de los hechos, por lo que es necesario la imposición de una obligación económica suficiente a favor de la parte agraviada, acor­ de con las posibilidades económicas del propio imputado. Con la puesta en marcha de esta nueva legislación procesal penal en los treinta y dos Distritos Judiciales en donde se encuentra vigente el NCPP, se vienen desarrollando diferentes instituciones procesales, que además vienen innovando el derecho procesal, como por ejemplo la realización de los juicios virtuales, Expediente Judicial Electrónico y ahora se suma, la posibilidad de absolver al imputado y al mismo tiempo sancionarlo en la vía civil, para los efectos que pague la reparación civil. Dentro de este contexto, el Acuerdo Plenario 04-2019/CIJ-116 precisa que la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional, pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. Desde los más diversos ámbitos del saber, se ha llamado la atención sobre el desmedido protagonismo del delincuente y el correlativo abandono de la víctima, se ha dedicado exclusivamente a la persona del imputado todos los esfuerzos de elaboración científica, tiempo y dinero, hipótesis, investigaciones sin preocuparse apenas de las víctimas de los delitos. En tal sentido, a través de la persecución estatal, la víctima ha sido ex­ cluida por completo del conflicto que se, supone que representa todo caso penal, una vez que la víctima es constituida como tal por un tipo penal, queda atrapada en el mismo tipo penal que la ha creado, para ello, el discurso jurídico utiliza un concepto específico el bien jurídico. Siguiendo a Cortez Domínguez, precisa que es evidente que el delito no nace la acción civil, como tampoco hay obligaciones civiles que nazcan de los delitos, esa responsabilidad no nace porque el hecho sea delito, sino porque el hecho produce el daño o porque implica un menoscabo patrimonial a la víctima.

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Asimismo, Cobo-Vives, amparándose en Mantovani, indica que el daño resarcible o daño civil, es distinto del que pudiera denominarse daño penal, este último se haya constituido por la ofensa al bien jurídico, mientras que el primero consiste en las pérdidas patrimoniales y en los sufrimientos de toda índole padecido por la víctima. El fundamento de la denominada responsabilidad civil ex delicto, lo constituye el menoscabo material o moral producido por la actuación ilícita, las singularidades de la antijuridicidad y tipicidad específicas de lo penal, en ningún caso caracterizan la obligación de reparar a la que nada añaden dichas circunstancias, la obligación de reparar nace como consecuencia de la producción de un daño ilícito y atribuible al sujeto mediante el oportuno criterio de imputación. El acuerdo plenario precisa, que la garantía de tutela jurisdiccional de la víctima debe ser respetada en el proceso penal, bajo un sistema como el francés, que sigue nuestro Código Procesal Penal, que prevé el proceso civil acumulado al penal. Lo que el nuevo Estatuto Procesal matiza es que el Fiscal es un sustituto derivado que solo intervendrá en el objeto civil, cuando el perjudicado decide formalmente no introducir preten­ sión civil o indica expresamente que ejercerá la acción civil en un pro­ ceso civil aparte. De la misma forma, los Jueces Supremos han indicado que se reconoce por tanto, la posibilidad real de que pese a un pronunciamiento o una absolución, en función a los diferentes criterios de imputación del de­ recho penal y el derecho civil, corresponde imponer una reparación de naturaleza civil. La competencia funcional para definir, es con la intervención de las partes legitimadas, las bases de la pretensión civil, admisibilidad y procedencia y la admisión de los medios de prueba corresponden como es lógico al Juez de la Investigación Preparatoria, en cuanto tiene el señorío de la etapa intermedia, acto seguido, la decisión acer­ ca de la fundabilidad o no de la reparación civil y que incumbe al Juez Penal en el curso de la audiencia correspondiente, si el Fiscal introdujo la pretensión penal y la pretensión civil en su acusación el Juez Penal Unipersonal o Colegiado, corresponderá tomar la deci­ sión pertinente. De la misma forma, el Acuerdo Plenario en comento, también hace alu­ sión a la problemática de la prescripción y caducidad en ejecución de sentencia en el proceso penal. La prescripción y caducidad son instituciones de derecho sustantivo, en virtud de las cuales, por el transcurso del tiempo, se generan diversos 254

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efectos jurídicos. La prescripción es una institución jurídica mediante el cual una persona, se libera de obligaciones o adquiere derechos por el transcurso del tiempo y la caducidad, en cambio es aquel instrumento, mediante el cual el transcurso del tiempo extingue el derecho y la acción correspondiente, en razón de la inacción de su titular durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares. En tal sentido, los plazos de la prescripción de la acción civil y la acción penal no son iguales, lo que confirma su diversa naturaleza y es más, los dos tienen regulaciones normativas propias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Código Penal, la acción civil derivada de un hecho punible no se extingue, en tanto subsiste la acción penal. En virtud del principio de legalidad, el plazo previsto en el inciso i del artículo 2001 del Código Civil, según el cual prescribe, salvo disposición diversa de la ley a los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico, de ningún modo puede ser considerado un plazo de caducidad, al ser un plazo de caducidad, se produce la interrupción por los actos de la parte agraviada tendiente a conseguir el plazo efectivo del monto de la reparación civil, de acuerdo a los supuestos de hecho contemplados en el artículo 1996 del Código Civil. Por tal motivo, el acuerdo plenario precisa, que es evidente que cuando se trata de la prescripción, no basta el mero vencimiento del plazo legal para que se produzca el efecto extintivo, sino que, para ello, se requiere de la voluntad de quién podría favorecerse con ella, todo evento que ma­ nifiesta la vitalidad de la relación jurídica, reconocimiento de derecho ajeno, intimaciones, entre otros, produce el efecto de “ cortar el plazo desde el momento que llega a conocimiento de la contraparte de la re­ lación jurídica “ De allí que en el caso de la prescripción, sea además necesaria la inac­ ción del titular del derecho. En consecuencia, su interrupción depende de los supuestos contemplados en el artículo 1996 del Código Civil que contempla específicamente los supuestos fácticos para la misma. Es importante no perder de vista que el Tribunal Constitucional ha manifestado que el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, no es si no, una concreción específica de la exigencia de la efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional y que no se agota allí, pues el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, como es el caso de la reparación civil, sea repuesta en su derecho y compensada si hubiere lugar, por el daño sufrido. __________________________________________________________________________________________

255

en u Q § So x

H

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Por lo que, el pago de la reparación civil tiene por finalidad que las sen­ tencias y resoluciones judiciales no se conviertan en simples declaracio­ nes de intención de efectividad alguna, pues ello obedece a que el ideal de justicia material, consustancial al Derecho Democrático y Social de Derecho, que emerge de los principios, valores y derechos constitucio­ nales, requiere una concreción, no solo con el pronunciamiento judicial que declara o constituye el derecho o impone una condena, sino me­ diante su efectivización o realización material, que se logra, mediante el cumplimiento de la sentencia en sus propios términos.

8. No es una característica de una organización criminal a. b. c. d.

Su carácter permanente o estable. Su finalidad económica. Su composición mayor a 3 personas. Su finalidad política.

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Respuesta: d Según la Ley de Crimen Organizado, Ley 30077, artículo 2 inciso 1. “La organización criminal se configura de tres componentes: la organi­ zación, el número de integrantes y el objetivo delictivo. Es recién en el componente organización que se analizan dos características propias: la estructura organizacional y el carácter permanente”. Aquí desarrollaremos los puntos respecto de las características de una organización criminal: Organización Estructura organizacional En este punto, debemos tener en cuenta que pueden existir organizacio­ nes no necesariamente con división de roles rígidos y que, lejos de ser una organización rígida clásica, operan a través de estructuras horizontales. Este criterio de estructura organizacional supone muchas veces una de­ terminación clara y definida de los objetivos, y selección de los medios y procedimientos. Hay que precisar que allí puede existir también una intercambiabilidad de roles. No se debe equiparar estas estructuras a una organización altamente formalizada pues no se requiere ni estatutos ni reglamentos, sino que debe entenderse a la organización como medio idóneo para cometer de­ litos. Esta postura tiene efectos prácticos importantes en términos pro­ batorios de la organización criminal. Por ello, es innecesario probar la estructura organizativa y la distribución de roles de una manera súper 256

PRUEBA A

detallada; más bien, se espera acreditar indiciariamente la estructura y los aportes idóneos que hayan materializado cada uno de los integrantes los fines y objetivos trazados. Carácter permanente La permanencia en el tiempo tiene que ver con dos cuestiones: la prime­ ra vinculada a la vida propia de la organización, que se mantiene inde­ pendientemente de la comisión de los delitos-fin, así como de la activi­ dad o inactividad de todos sus miembros o una parte de ellos; la segunda vinculada a la duración que organizativamente debe tener, aunque sea de forma mínima, para la formación de la estructura seguimiento de sus planes, distribución logística entre otros. Número de integrantes No ahondaremos en este punto, ya que el criterio en el artículo 2 de la Ley 30077 es claro es decir más de tres personas. Destinada a cometer delitos El artículo 317 del Código Penal hace la expresión «para cometer deli­ tos». Esta expresión solo se materializará para conductas taxativamente tipificadas tanto en el texto normativo como en las leyes complementa­ rias, respetando el principio de legalidad.

a. Javier responde por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente el delito de homicidio piadoso. b. Javier no responde por existir una causa de justificación consis­ tente en el consentimiento de la víctima. c. La conducta de Javier es atípica. d. Javier responde por el delito de instigación al suicidio. 257

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9. Rodrigo, de 58 años de edad, decide renunciar al trabajo que tenía como chofer de maquinaria pesada en una empresa minera de la ciudad de Cajamarca. Rodrigo toma esa decisión por problemas sentimentales ya que su pareja lo había abandonado y además que se encontraba delicado de salud al haber contraído una en­ fermedad terminal que le producía dolores intensos y extremos. Es así que consciente de toda su situación sentimental y de salud, así como también de que en cualquier momento puede morir, le solicita expresamente a Javier (su mejor amigo y a la vez compa­ dre) que ponga fin a sus intensos dolores de salud, implorándole expresamente al punto de decirle que grabe con su celular su ex­ preso consentimiento a fin de que no tenga problemas judiciales. Javier procede a su pedido al ver el estado crítico de su amigo. Como debe calificarse la conducta de Javier.

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Respuesta: a El artículo 112 del Código Penal peruano describe el delito de homici­ dio piadoso del modo siguiente: “El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”. Antes de realizar cualquier tipo de análisis hermenéutico del disposi­ tivo es necesario destacar la tendencia generalizada en la doctrina na­ cional de cuestionar la criminalización del homicidio piadoso, desde el fervoroso discurso de Villa Stein que, en línea similar a la seguida por Gimbernat en España, plantea de legeferenda y en clave constitucional la necesidad de descriminalizar el homicidio piadoso, pasando por pro­ puestas como la de Salinas Siccha que intenta compatibilizar la moral con la impunidad del homicidio piadoso, la de Villavicencio Terreros que reconociendo que la problemática subyacente a la punición del ho­ micidio piadoso se debe resolver en sede constitucional sin dar mayor explicación de los fundamentos de su posición, 15 el poco elaborado de­ sarrollo de Chirinos Soto 16 y el mutismo de Bramont-Arias Torres y García Cantizano y Momethiano Santiago. La solución a la cuestión en debate pasa por determinar si la vida hu­ mana es un bien jurídico indisponible o libre disponible. Si la opción asumida es la primera, la criminalización del homicidio a petición o la ayuda o instigación al suicidio se encontraría justificada; si la respuesta es la última, la opción criminalizadora resultaría vedada. La doctrina penal muestra una tendencia mayoritaria a favor del reco­ nocimiento de la disponibilidad de la vida humana. La cuestión real­ mente problemática se relaciona con los límites de dicha disponibilidad, en tanto puede generar el riesgo de formular “licencias para matar”. En esa línea puede mencionarse aquel sector de la doctrina que conside­ ra que la vida humana es un bien jurídico de libre disposición sólo para su titular, en virtud a la decisión legislativa de dejar impune el suicidio. Esto supone que cualquier intervención de tercero en el acto de suicidio posee relevancia penal. Aunque coincide en los resultados, está posi­ ción, sin embargo, no es admisible debido a que son consideraciones distintas las que han llevado al legislador a dejar impune el suicidio. No existe, en consecuencia, un derecho fundamental a la propia muerte. La vida es un bien jurídico disponible sobre la base de la identificación de la libertad como un valor superior del modelo constitucional y de la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. Desde esa perspectiva, el derecho a la vida no puede ser interpre­ 258

PRUEBA A

tado en contraposición de la idea de dignidad de la persona, autonomía de la persona y su derecho a la libertad, siendo necesario identificar el punto de equilibrio entre estos derechos, tomando en consideración el recíproco condicionamiento que debe existir entre el derecho penal y los derechos fundamentales. Justamente la configuración de una especie de deber constitucional de tu­ telar la vida contra la voluntad de su titularz/colisiona con el principio de dignidad de la persona. La configuración constitucional del derecho a la vida no se limita a reconocer el derecho a vivir en términos estrictamente biológicos, sino que comprende las condiciones de vida que, en un Esta­ do de derecho, deben necesariamente ser compatibles con el principio de dignidad de la persona. Esta configuración constitucional del derecho a la vida, por otra parte, no puede vincularse a determinadas concepciones religiosas que propugnan la santidad de la vida3i en tanto el artículo 2.3 constitucional reconoce la libertad religiosa y el artículo 50 de la carta fundamental reconoce el respeto estatal a toda clase de confesiones. Recuerda correctamente Jakobs que el Estado no sólo debe garantizar la subsistencia de la vida, sino también su calidad, en clara alusión a la dignidad como contenido inmanente al ser humano. En efecto, la pre­ servación de la vida humana no puede derivar en la cosificación del ser humano.33 Justamente estas razones hicieron que Valle Muñiz recono­ ciera en estos ámbitos, más que producirse un menosprecio de la pro­ tección de la vida, la protección de la misma en respeto a la dignidad del hombre como valor fundamental del modelo democrático. Si el derecho penal, como señala Haberle, torna operativos los valores que son objeto de los derechos fundamentales, reconocer relevancia penal a los supuestos en que la persona dispone de su propia vida, ya incompatible con el derecho a una vida digna, supone una paradoja in­ superable con el objetivo general, antes delineado, de la política criminal del Estado de derecho. La calificación de la vida humana como bien jurídico absolutamente indisponible supone una suerte de reconocimiento de su absoluta falta de relación con la voluntad de vivir de su titular, y constituye, además, una contradicción total con la existencia de supuestos reconocidos constitucionalmente de disposición de la vida por parte del Estado, como la pena de muerte en casos de traición a la patria durante guerra exterior. En el contexto de una jurídicamente tolerada disponibilidad manu propria de la vida humana, se debe reconocer el derecho a abandonarse en contraposición a un posible deber de curarse o deber de vivios que significaría un apoderamiento totalitario del ser humano. ____________________________________ ______________________________________________________ 259

55 § o § 55 x Ir

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lO .En relación al suicidio, marque la alternativa incorrecta:

a. Responde penalmente aquella persona que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, si es que el suicidio se ha con­ sumado o intentado. b. Solo responde penalmente aquella persona que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, siempre y cuando se haya consumado mas no intentado. c. La agravante constituye cuando el agente actúa por un móvil egoísta. d. Es un delito común ya que puede ser cometido por cualquier persona.

Respuesta: b

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La instigación consiste en inducir, incitar, persuadir, convencer o deter­ minar a otra persona, a suicidarse. Valiéndose de medios o argumentos que revistan seriedad, los cuales deben despertar la intensión de matar­ se, a quien no lo tenía planeado, poniendo fin a su vida voluntariamente. El Ministerio Público recibe una denuncia en la que se le pone en conocimiento que los principales funcionarios de una entidad públi­ ca Uefe de administración, jefe de logística y tesorero) exigen a los partícipes de los procesos de selección el pago de sumas de dinero a fin de obtener la buena pro. Para facilitar ello, dichos funcionarios, de acuerdo a las funciones que desempeñan en la entidad, de forma concertada se encargan de redactar las bases del proceso de selec­ ción incorporando condiciones que solo cumplen las empresas con las que tienen los acuerdos colusorios para otorgarles la buena pro; estos funcionarios participan como miembros del Comité Especial aprobando las ampliaciones de plazo y valorizaciones en perjuicio de la entidad, siendo el jefe de logística quien acuerda con los parti­ culares y asigna los roles que asumirán los demás funcionarios. Esta actividad ilícita la vienen desarrollando a lo largo de los dos últimos ejercicios anuales de la entidad, habiéndose evidenciado su partici­ pación en 15 procesos de selección. El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. A efectos de hacer eficiente su investigación y evidenciar los hechos investi­ gados decide crear una persona jurídica a fin de que participe en los procesos de selección a convocar por la entidad pública antes citada, designando como accionista y representante de la misma a una per­ sona encubierta. 260

PRUEBA A

11 .Respecto al caso planteado, sobre la imputación por el delito de organización criminal, señale la respuesta correcta:

a. La conducta resulta atípica, en tanto no es posible la existencia de una asociación ilícita al interior de una entidad pública. b. La conducta es atípica, en tanto los funcionarios solo habrían cometido una clase de delito (colusión). c. La conducta resulta atípica, en tanto las conductas desplegadas por los funcionarios son parte de sus funciones. d. La conducta resulta típica, en tanto existe una pluralidad de personas, distribución de roles, actuación concertada, voca­ ción de permanencia y estructura interna.

Respuesta: d

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Estructura organizacional En este punto, debemos tener en cuenta que pueden existir organizacio­ nes no necesariamente con división de roles rígidos y que, lejos de ser una organización rígida clásica, operan a través de estructuras horizon­ tales. Este criterio de estructura organizacional supone muchas veces una de­ terminación clara y definida de los objetivos, y selección de los medios y procedimientos. Hay que precisar que allí puede existir también una intercambiabilidad de roles. No se debe equiparar estas estructuras a una organización altamente formalizada pues no se requiere ni estatutos ni reglamentos, sino que debe entenderse a la organización como medio idóneo para cometer de­ litos. Esta postura tiene efectos prácticos importantes en términos pro­ batorios de la organización criminal. Por ello, es innecesario probar la estructura organizativa y la distribución de roles de una manera súper detallada; más bien, se espera acreditar indiciariamente la estructura y los aportes idóneos que hayan materializado cada uno de los integrantes los fines y objetivos trazados. Carácter permanente La permanencia en el tiempo tiene que ver con dos cuestiones: la prime­ ra vinculada a la vida propia de la organización, que se mantiene inde­ pendientemente de la comisión de los delitos-fin, así como de la activi­ dad o inactividad de todos sus miembros o una parte de ellos; la segunda vinculada a la duración que organizativamente debe tener, aunque sea de forma mínima, para la formación de la estructura seguimiento de sus planes, distribución logística entre otros.

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Número de integrantes No ahondaremos en este punto, ya que el criterio en el artículo 2 de la Ley 30077 es claro es decir más de tres personas. Destinada a cometer delitos El artículo 317 del Código Penal hace la expresión «para cometer deli­ tos». Esta expresión solo se materializará para conductas taxativamente tipificadas tanto en el texto normativo como en las leyes complementa­ rias, respetando el principio de legalidad.

12.En el mismo caso, sobre la investigación diseñada por el Ministe­ rio Público, señale la respuesta correcta: a. Resulta ilegal la creación de una persona jurídica ficticia por el Ministerio Público. b. La creación de la persona jurídica debe ser inscrita en un re­ gistro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto, requiriéndose la confirmatoria judicial. c. El Ministerio Público no se encuentra facultado para la creación de una persona jurídica. d. La creación de la persona jurídica por el Ministerio Público, re­ quiere previa autorización judicial.

Respuesta: b

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Agente encubierto o secreto, también conocido coloquialmente como “topo”, es el infiltrado en una organización que sirve a otra. Los topos pueden dedicarse, bien a actividades ilegales, como el espionaje o la pro­ vocación, o bien a actividades legales, caso de los miembros de la policía que investigan organizaciones sociales, políticas, sindicales u organiza­ ciones ilegales o criminales. En este segundo caso, el topo actúa con autorización judicial. De este modo, “el agente encubierto investiga el crimen desde el interior de la organización criminal, actuando sin exceder el marco de las garantías constitucionales básicas y aprovechándose de las oportunidades y facili­ dades que le brinda aquel ya predispuesto a cometer un hecho delictivo” (M. Bohermer). Tal predisposición, el dolo preexistente, es lo que dife­ rencia su función de la del agente provocador. Dado que algunos delitos solo pueden descubrirse y probarse si los ór­ ganos encargados de la prevención logran ser admitidos en el círculo de la intimidad en el que ellos tienen lugar, en algunos sistemas judiciales se permite al juez designar por resolución a agentes de las fuerzas de se­ 262

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guridad en actividad para que se introduzcan en forma encubierta como integrantes de organizaciones delictivas, a fin de obtener información sobre sus integrantes, funcionamiento, financiación, etc. La regla es el mantenimiento del estricto secreto de la actuación del agente encubier­ to, y la excepción queda sustentada en el carácter absolutamente im­ prescindible del aporte testifical. En caso de revelación de la identidad real del agente encubierto, su situación de peligro personal es asumida por la ley y obliga a su protección cuando aquella se produjo, mediante las medidas adecuadas ordenadas antes de concretarse la declaración testimonial.

13.EI Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 5854-2005PA/TC, dijo: “ El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposicio­ nes orientadoras de la labor de los poderes públicos, para conso­ lidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. Esto significó: Marque la respuesta incorrecta: a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompati­ bilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la prime­ ra. d. Dotar a las resoluciones en materia electoral, dictadas en última instancia, por el Jurado Nacional de Elecciones, de firmeza. Son inatacables jurisdiccionalmente. £

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Respuesta: d El caso Lizana Puelles es una lección completa sobre interpretación jurídica o, si se quiere, sobre interpretación constitucional. Aquí aprendemos que la interpretación constitucional debe concebir a la Constitución como un todo armónico y sistemático sobre el que descansa todo el ordenamiento jurídico. __________________________________________________________________________________________ 263

Q § 5? a

V

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La Constitución, en sus artículos 142 y 181, establece -de modo literalque no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacio­ nal de Elecciones en materia electoral y que contra ellas no cabe recurso alguno. Hasta ahí las cosas podrían estar claras. Pero hay un escollo: en otra parte de la Constitución encontramos el artículo 200.2 que señala que el proceso de amparo procede en defensa de los derechos funda­ mentales lesionados por cualquier autoridad, funcionario o persona. El Tribunal Constitucional, en la histórica sentencia del Exp. 5854-2005PA/TC (fundamentos 17 al 20), señaló que una interpretación literal de los artículos 142 y 181 viola el principio de unidad. Así, si se lesionan derechos fundamentales, como el debido proceso o la tutela jurisdiccio­ nal, perfectamente procede el amparo. El fundamento 20 dice: “20. Al referir que las resoluciones del JNE en materia electoral se dictan en última instancia y no pueden ser objeto de control constitucional en sede jurisdiccional, los artículos 142 y 181 de la Constitución, tienen por propósito garantizar que ningún otro órgano del Estado se arrogue la administración de justicia sobre los asuntos electorales, pues en esta materia técnico-jurídica, el JNE es, en efecto, instancia definitiva [...]”. Asunto distinto se presenta cuando el JNE ejerce funciones excediendo el marco normativo que la Constitución le impone. Ello tendría lugar, claro está, si se expide una resolución contraria a los derechos fundamentales. En tales supuestos, el criterio del JNE escapa a los asuntos técnico-jurídi­ cos de carácter estrictamente electoral, siendo de inmediata aplicación el inciso 2) del artículo 200o de la Constitución que dispone que el proceso de amparo «procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los [...] dere­ chos reconocidos por la Constitución». En otras palabras, en tales casos, la jurisdicción constitucional se torna inmediatamente en el fuero com­ petente para dirimir la litis circunscrita a si existió o no violación de la Carta Fundamental. Sin que pueda caber aquí, desde luego, una subroga­ ción en las funciones reservadas constitucionalmente al JNE.

14 .Respecto al control de convencionalidad: a. Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho inter­ nacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, inclu­ yendo la jurisprudencia de este Tribunal. b. Es un método de interpretación para conocer el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos. 264

PRUEBA A

Es una herramienta doctrinaria que se utiliza para complemen­ tar los ordenamientos jurídicos de los Estados. d. Es una técnica hermenéutica para mejorar la interpretación de los derechos humanos.

c.

Respuesta: a El control de convencionalidad es un principio fundamental en las la­ bores que desarrolla la Corte Interamericana, debido a que permite una revisión de las violaciones de derechos humanos cometidas en alguno de los Estados Parte en relación a las disposiciones consagradas por la Convención Americana y la interpretación que de ella hace la Corte IDH desde sede interna. Las sentencias de la Corte Interamericana han exhortado a las autoridades del Estado a aplicar un control de conven­ cionalidad, con la finalidad de que realice un análisis entre los actos y normas internas y los principios y derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado. El control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana se traduce como la manera en que el Estado hará frente a sus obliga­ ciones en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos. Desde este punto es importante hacer una distinción precisa entre el control concentrado de convencionalidad y el control difuso de convencionali­ dad, ya que serían estas dos vertientes el vínculo por el cual el control de convencionalidad es una consecuencia inmediata de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control concentrado de convencionalidad es propiamente realiza­ do por la Corte Interamericana al tener la competencia otorgada por la Convención para interpretar y aplicar dichos preceptos. Será la Corte la competente para revisar las actuaciones de los jueces nacionales, incluido el correcto ejercicio del “control de convencionalidad”, siempre y cuando el análisis se derive del examen que se realice de la compatibilidad de la actuación nacional a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El control concentrado corresponde a las facultades inherentes que posee la Corte Interamericana para resolver los casos que son sometídos a su jurisdicción, para realizar la ponderación entre el derecho interno del Estado de que se trate y las disposiciones de la Convención Americana.

15 .El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos anteriores al dictar sentencia en el Exp. 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razo__________________________________________________________________________________________ 265

fS oo § n I—( z

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nes o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una deter­ minada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”.

Marque la alternativa correcta. a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

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Respuesta: c El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordena­ miento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judi­ cial constituye automáticamente una violación del contenido constitu­ cionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N° 1744-2005PA/TC), se ha precisado que el contenido constitucionalmente garan­ tizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que susten­ tan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 266

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b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presen­ ta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la deci­ sión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de prue­ bas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o el Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al funda­ mentar su decisión: i) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por equis, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de equis en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justi­ ficación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrá ser enjuiciada por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valo­ ración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razona__________________________________________________________________________________________ 267

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miento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de mo­ tivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indis­ pensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumen­ tos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incum­ plimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incum­ plimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial gene­ rando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judi­ cial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruen­ cia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (ar­ tículo 139o, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamen­ te el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. f) Motivaciones cualificadas. Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisio­ nes de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afecta un derecho fundamental como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble man­ dato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal. 268

PRUEBA A

16.EI Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 0024-2003AI/TC, señalo:”[...] el precedente constitucional vinculante es aque­ lla regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homologa”. De acuerdo a este concepto, señale cuando procede la aplicación del precedente vinculante: a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando existe una duda sobre los hechos planteados de tal ma­ nera que se utiliza el precedente para poder resolver el caso.

Respuesta: c Ha señalado el TC en el Exp. 00024-2003-AI/TC: “Fundamento destacado: En ese orden de ideas, el precedente constitu­ cional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la reso­ lución de futuros procesos de naturaleza homologa. El precedente constitucional tiene por su condición de tales efectos si­ milares a una ley. Es decir, la regla general externalizada como prece­ dente a partir de un caso concreto se convierte en una regla preceptiva común que alcanzar a todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes públicos. En puridad, la fijación de un precedente constitucional significa que, ante la existencia de una sentencia con unos específicos fundamentos o argumentos y una decisión en un determinado sentido, será obligatorio resolver los futuros casos semejantes según los términos de dicha sentencia. La competencia del Tribunal Constitucional para determinar un precedente vinculante se encuentra sustentada en el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el cual preceptúa que “(...) las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. __________________________________________________________________________________________ 269

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Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente».” Luis, Alberto, José y Josefina son copropietarios del inmueble ubicado en la calle San José N° 777 del distrito de San Isidro - Lima. Josefina demanda, en la vía del proceso abreviado, la partición del inmueble de copropiedad con sus hermanos sustentándose en el artículo 984° del Código Civil. La demanda es admitida. Los hermanos de Josefina contestan la demanda. El Juez tiene por contestada la demanda a través de la Resolución Judicial N° Dos de fecha 18 de enero del 2017, decisión notificada a las partes el 26 de enero del 2017. El 14 de marzo del 2018, Luis solicita al Juez declare en abandono el proceso porque transcurrió más de cuatros meses sin que exista impulso del proceso. El Juez estima la petición de Luis y declara el abandono del proceso aplicando la primera hipótesis del artículo 346° del Código Procesal Civil que indica que cuando el proceso permanezca en primera ins­ tancia durante cuatro meses sin que se realice acto que lo impulse, el juez declarará su abandono de oficio o a solicitud de parte o de ter­ cero legitimado. Josefina interpone apelación contra esta decisión:

17.SÍ Usted es Juez Superior como resuelve el caso:

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a. Revoca la declaración de abandono y ordena continúe el proceso porque el Juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. b. Declara nula la declaración de abandono y ordena continúe el proceso porque no hay abandono en los procesos donde se dis­ cuten pretensiones imprescriptibles. c. Revoca la declaración de abandono y reformándola declara im­ procedente el pedido de Luis porque no hay abandono en los procesos donde se discuten pretensiones imprescriptibles. d. Declara nula la declaración de abandono y reformándola decla­ ra infundada el pedido de Luis porque el Juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia.

Respuesta: c El trascurso el tiempo produce la consolidación o pérdida de determi­ nados derechos. Así, la prescripción como figura jurídica fija la conso­ lidación de una situación de hecho por el sólo transcurso del tiempo, y produce la extinción de un derecho o la adquisición de este. 270

PRUEBA A

Por otro lado, existen las llamadas pretensiones imprescriptibles enten­ didas como aquellas en las que el trascurso del tiempo no hace que pier­ da su vigencia ni puede perecer. Así, pues, no existe un límite temporal para que pueda ser planteado o propuesto; no pierde su validez nunca. En el Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil y Procesal Civil lle­ vado a cabo el 24 de noviembre en 2017 en Lima Este, se planteó como tema de análisis si se produce el abandono en los procesos en los que se discuten pretensiones vinculadas al derecho de propiedad. Se debe tomar en consideración también que en dicho foro se cuestionó el Pleno Nacional Civil y Procesal Civil del 2016 sobre el particular. De conformidad con el artículo 350o del Código Procesal Civil no hay abandono en: Los procesos se encuentren en ejecución de sentencia, J En los llamados procedimientos no contenciosos, •S En los procesos que contengan pretensión imprescriptible, S En los procesos que se encuentren para sentenciar, salvo que se ha­ yan reservado o este pendiente la actuación de un acto procesal de­ terminado, y En los procesos que la ley señale (concordar con la Sexta Disposición Final del C.P.C). La resolución que indique el abandono del proceso debe estar motivada, y es apelable con efecto suspensivo. 18.S1 en el caso propuesto existiera sentencia con calidad de cosa juzgada y a Usted como Juez una de las partes le solicitan la de­ claración de abandono del proceso, como decide:

a. Declara improcedente el pedido porque no hay abandono en los procesos donde se discuten pretensiones imprescriptibles. b. Declara infundado el pedido porque no hay abandono en los procesos donde se discuten pretensiones imprescriptibles. c. Declara improcedente el pedido porque no hay abandono en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia. d. Declara infundado el pedido porque no hay abandono en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia. __________

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Respuesta: c Constituye una de las formas anormales de conclusión del proceso surgido como consecuencia de la inactividad o inacción de las partes en el proceso durante determinado lapso de tiempo que determina la peren271

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ción de la instancia. Sin embargo, debemos señalar que esta misma figu­ ra es recogida en otras legislaciones bajo la denominación de caducidad de la instancia. Existen dos elementos esenciales en esta figura que conllevan a una san­ ción por parte de la norma procesal que declara la no continuación del proceso: el tiempo y la inactividad procesal. De esta forma lo que se busca es evitar la existencia de procesos judiciales adormecidos en las que por falta de interés, desidia o negligencia lleven a que se determine la conclusión del proceso. Para nuestro Tribunal el abandono “es una de las formas especiales de conclusión del proceso que extingue la relación procesal y que se produce después de un periodo de tiempo en virtud de la inactividad de las partes.” De conformidad con el artículo 346o del Código Procesal Civil, tenemos: “Cuando el proceso permanezca en primera instancia durante cuatro meses sin que se realice acto que lo impulse, el juez declarará su abando­ no de oficio o a solicitud de parte o de tercero legitimado. Para el cómputo del plazo de abandono se entiende iniciado el proceso con la presentación de la demanda. Para el mismo cómputo, no se toma en cuenta el período durante el cual el proceso hubiera estado paralizado por acuerdo de partes aprobado por el juez.” Conforme se señala en el Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil y Procesal Civil del 24 de noviembre del 2017, “el abandono es una con­ secuencia jurídica por la que concluye el proceso de modo anormal, en tal sentido, se fundamenta en dos motivos, puede caer en abandono por voluntad de las partes dada la inactividad procesal, y además tiene un motivo o razón de ser de tipo objetivo y se fija en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos por las consecuencias que esto implica para la seguridad jurídica.” 19 . El artículo 749° del Código Procesal Civil, contiene un listado de asuntos que se pueden tramitar en procesos no contenciosos, en­ tre ellos la Administración judicial de bienes, señalándose en los artículos 769° quienes pueden solicitarlo y en el artículo 770° cual es el objeto de este proceso:

Marque la respuesta incorrecta. a. Se designa administración judicial para que cuide los bienes de personas naturales (menores, personas con capacidad restringi­ da, etc.)

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b. Lo pueden solicitar los padres, tutores, curadores. c. También lo puede solicitar el o los copropietarios del bien. d. Se puede solicitar la designación de administrador judicial para que administre los bienes de una persona jurídica.

Respuesta: d El administrador judicial es el garante de un patrimonio. Es designado por mandato judicial y sus funciones son asegurar la conservación, vigi­ lancia y asistencia en la gestión del patrimonio. Es decir, mientras se solventa un proceso judicial, la persona que se en­ carga de dicho patrimonio, es un administrador judicial.

20 .Los artículos 10° y 11° del TUO de la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso, Administrativo, establecen la competen­ cia territorial y funcional de los órganos jurisdiccionales. Marque la respuesta correcta:

a. La demanda solo puede presentarse ante los juzgados especia­ lizados en lo contencioso administrativo. b. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, resuelve los recursos de apelación y de casa­ ción. c. La Sala Civil de la Corte Suprema conoce en primera instan­ cia cuando el objeto de la demanda versa sobre actuaciones del Banco Central de Reserva del Perú. d. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, resuelve los recursos de casación en el caso de procesos en los que sean demandados la SBS, la SMV o el BCR, luego de emitida la resolución de apelación por la Sala Civil de la Corte Suprema.

Respuesta: d La competencia por razón del territorio supone una distribución de los procesos entre diversos jueces del mismo grado, a fin de hacer que el proceso se lleve ante aquel Juez que, por su sede, resulte ser el más idó­ neo para conocer de una pretensión en concreto. Esta competencia se establece en virtud de diversos criterios que tienen que ver, fundamen­ talmente, con la vecindad de la sede del Juez con el objeto, personas o demás elementos del conflicto de intereses. Estos diversos criterios para la determinación de la competencia territorial reciben el nombre 273

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de fueros (personal, real, causal e instrumental). La competencia territo­ rial hace entonces referencia a las facultades conferidas a los órganos en razón del espacio dentro del cual pueden ejercitarla. Coincidimos con LORETTA MONZÓN en la opinión que la competen­ cia por territorio, en el caso peruano, se ha establecido de manera gené­ rica a diferencia de la legislación española contenciosa administrativa, donde encuentra establecida con mayor precisión; en nuestro caso, se ha dejado a elección del demandante la potestad de elegir la competencia entre el Juez del lugar donde domicilia el demandado o donde se pro­ dujo el acto administrativo porque por ahora solo tenemos cuatro sedes donde existen órganos contenciosos administrativos. Por tal razón, aun­ que en nuestra legislación no se ha establecido expresamente el carácter improrrogable de la competencia territorial contenciosa administrativa, como en España o Argentina, consideramos que debería ser sobre en­ tendida a fin de evitar perjuicios con la distancia, que puede no solo di­ latar el proceso sino además constituirse como una barrera de acceso a la justicia. Sin embargo, ello no significa que estemos en contra de la supre­ sión o recorte de cooperación entre los órganos jurisdiccionales para la realización de un acto procesal fuera de su zona o esfera; porque dichos diligenciamientos coadyuvan a agilizar los procesos, dado que permiten que otro juez, por encargo realice un determinado acto procesal. Para LEIBLE “en la competencia funcional se trata de la distribución de diversas obligaciones jurisdiccionales en una causa a diversos órga­ nos de la jurisdicción”. Así, iniciado un proceso, diversos órganos juris­ diccionales pueden estar llamados a conocer diversos asuntos de él o, distintos aspectos, fases o etapas del proceso pueden estar asignados a conocimiento de diversos órganos jurisdiccionales. De esta forma, esos diversos asuntos, etapas o fases del proceso a los que los diversos órga­ nos jurisdiccionales están llamados a conocer, es lo que se conoce como competencia funcional. ORTELLS señala que: “La competencia funcional es la atribución a cada uno de los órganos jurisdiccionales que han de ejercer su potestad en un determinado proceso de cada una de las específicas funciones que, a cada uno de ellos, corresponde realizar en ese proceso”. En el mismo sentido se pronuncia ROCCO, para quien “la competencia funcional se da cuando distintos órganos jurisdiccionales están llamados a conocer de la misma causa en estadios y fases sucesivas del mismo proceso”. ROSENBERG menciona que la competencia funcional “se trata aquí de la distribución de las diversas funciones de jurisdicción entre los distintos órganos jurisdiccionales en la misma causa”. Y el maestro CALAMAN274

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21. En el Exp. 2970-2019-PHC/TC-Madre de Dios, doña Marcelina Ru­ das Valer y doña Jhojana Rudas Guedes, interpusieron demanda de habeas corpus a favor de esta última y la dirigieron contra el jefe del Registro Nacional de Identificación y Servicio Civil (RENIEC) a fin de que a Jhojana se le emita el documento Nacional de Identidad (DNI) anteponiendo el apellido materno al paterno. Señalan que no respetar su voluntad vulnera el derecho a la iden­ tidad. 275

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DREI sostiene: “En orden a esta distribución de oficios entre tipos dis­ tintos de jueces, llamados en momentos sucesivos del mismo proceso a ejercer la jurisdicción sobre la misma causa, se habla de competencia por grado, o también de competencia funcional”. PRIOR! POSADA comenta que por regla general al Juez que le corres­ ponde conocer del proceso le corresponde conocer también sus inciden­ cias; pero es perfectamente posible que la ley señale que eso no sea así, sino que algunas incidencias puedan ser conocidas por órganos jurisdic­ cionales distintos. En función de esas incidencias que pueden estar asig­ nadas a diversos órganos jurisdiccionales se hace una distinción entre competencia funcional vertical y competencia funcional horizontal. La competencia funcional vertical supone una asignación de atribuciones establecida en la ley acerca de a quién le corresponde el conocimiento del primer o segundo examen de una resolución judicial. Según este cri­ terio, se realiza una división entre juez a quo y juez ad quem. Al primero de ellos se le asigna el primer conocimiento del asunto, correspondién­ dole su estudio y resolución; es, en otras palabras, el primer grado. Al se­ gundo de ellos se le asigna el segundo conocimiento del asunto, corres­ pondiéndole la revisión de aquello que ha sido resuelto por el a quo y, su confirmación, revocación o anulación, dependiendo de si encuentra o no errada la resolución del a quo y, de ser el caso, la determinación del tipo de error en el que se incurre. La competencia funcional horizontal supone una asignación de atribuciones establecidas en la ley respecto de diversas fases del proceso o, la atribución del conocimiento de un incidente o un aspecto relacionado al proceso a un órgano jurisdiccional distinto a aquél que conoce el proceso. En este último caso se trata de un incidente no originado a consecuencia de la solicitud de un doble conocimiento de una misma decisión, de lo contrario, nos encontraría­ mos ante un supuesto de competencia funcional vertical, sino, de un incidente que, aunque, asignado a un órgano superior, le corresponde a él su conocimiento porque así lo establece la ley.

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El Tribunal Constitucional al expedir sentencia por mayoría seña­ lo (Marque la respuesta incorrecta): a. b. c. d.

El nombre provee de información base para la emisión del DNI. El nombre es imprescriptible. El nombre es comercial. El nombre hace posible el ejercicio de derechos.

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Respuesta: c El Tribunal Constitucional interpretó el artículo 20 del Código Civil. A continuación, te presentaremos los principales argumentos utilizados por los magistrados en este importante fallo. [EXP. N.° 02970-2019-PHC/TC] Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda interpuesta por dos personas que buscaban cambiar el orden de los apellidos de una menor. Recurrentes solicitaban la inaplicación del artículo 20 del Código Civil para así ordenar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) emitir un nuevo DNI. Dado que, a criterio de las demandan­ tes, existe una vulneración al derecho a la identidad e igualdad. Para el caso concreto, el TC dispuso inaplicar el artículo en cuestión y ordenar al RENIEC a emitir el DNI correspondiente con el nombre solicitado. Asimismo, el TC estableció que el artículo 20 del Código Civil debe en­ tenderse en el sentido de que no establece un orden de prelación entre los apellidos paterno y materno. Antecedentes El 11 de enero de 2019, la demandante, junto con su madre, interpusie­ ron un hábeas Corpus contra el RENIEC por vulneración a su derecho a la identidad. En esa línea, solicitaron la inaplicación del artículo 20 del Código Civil y, en consecuencia, la emisión del DNI de la demandante con un orden de prelación distinto, esto es, anteponiendo el apellido materno al paterno. La demandante alegó que esta se había desenvuelto en sociedad con ese orden de apellidos, por cuanto, en un inicio, la demandante solo contaba con los apellidos de su madre. Posteriormente, como consecuencia de un procedimiento administrativo de reconocimiento de paternidad, la recurrente recién adquirió el apellido paterno. Al cumplir la mayoría de edad, el RENIEC solicitó la rectificación del orden de los apellidos para otorgar el DNI correspondiente, vulnerán­ dose, a su criterio, su derecho a la identidad. 276

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Por su parte, RENIEC señaló que el artículo 20 del Código Civil dispone un orden de prelación de los apellidos, por lo que la demanda carece de sustento. El caso fue desestimado en doble instancia en el Poder Judicial (PJ). Ante ello, los recurrentes interpusieron recurso de agravio constitucional. Fundamentos de la Sentencia Sobre el derecho al nombre En primer lugar, el TC señaló la importancia del nombre como expresión que permite la identificación e individualización de la persona en socie­ dad. Así, recuerda que en el fundamento 13 de la sentencia 2273-2005PHC/TC se señaló que el nombre cuenta con las siguientes características: J Provee la información base para la emisión del DNI; J Es inmutable, salvo casos especiales; J No es comercial, puesto que es personalísimo, aun cuando se trans­ mita por procreación; J Es imprescriptible, aunque se deje de usar, se haya empleado uno más o menos erróneo o se utilice un conocido seudónimo; J Permite la identificación, individualización y la pertenencia de una persona a una familia; y J Hace posible el ejercicio de derechos tales como la ciudadanía, la educación, la seguridad social, el trabajo y la obtención de una par­ tida de nacimiento, entre otros. J En ese sentido, resaltó que, en nuestro ordenamiento jurídico, el nombre se concibe como una manifestación de los derechos de la personalidad (F.J. 14). Por su parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha reconocido la importancia del derecho al hombre en el marco de la Convención Americana y la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte. Precisamente, el TC señaló que la Corte Interamericana tiene una opi­ nión uniforme respecto del nombre como atributo de la personalidad, el cual garantiza el libre desarrollo de la personalidad e identidad de las personas, por lo que su libre elección y modificación debe encontrarse garantizado (F.J. 17). Sobre el derecho al nombre como elemento del derecho a la identidad Al respecto, el TC indicó que si bien el derecho al nombre no tiene re­ conocimiento constitucional expreso, su categorización como derecho proviene de su relación con el derecho a la identidad, el cual se encuen­ tra previsto en el artículo 2.1 de la Constitución.

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Por el contrario, el nombre sí se encuentra expresamente regulado en el Código Civil ya que los artículos 19 y 20 del referido cuerpo normativo disponen su reconocimiento como derecho y deber y, a su vez, la corres­ pondencia para el hijo de los apellidos de los padres. Respecto del artículo 20 del Código Civil y el orden para la asignación de los apellidos El órgano de control de la Constitución identifica que, de acuerdo al RENIEC, el artículo 20 del Código Civil establece un orden de prelación del apellido paterno por delante del materno. Precisamente, la Sub Gerencia de asesoría jurídica del RENIEC emitió el Informe 000222-2017/GAJ/SGAJR/RENIEC, de fecha 10 de julio de 2017, y señaló: “Como podrá observarse la forma de la composición de los apellidos en el Perú al amparo de la normatividad vigente, es atribuido por ley, estable­ ciendo que al hijo le corresponde “el primer apellido del padre y el prime­ ro de la madre” no primando la autonomía de la voluntad en su elección”. Ante ello, el TC consideró oportuno realizar un análisis de constitucio­ nalidad respecto del mencionado artículo del Código Civil y así deter­ minar si este resulta conforme con la Constitución. En primer lugar, el TC reconoció la irrazonable exclusión histórica hacia las mujeres de las esferas de lo público y social y, ante ello, reafirma el compromiso del Estado Constitucional con la igualdad y el mandato de no discriminación. De esta manera, el Tribunal recuerda que el derecho a la igualdad “... presupone, pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. De modo que se afecta a esta no solo cuando frente a situacio­ nes sustancialmente iguales se da un trato desigual (discriminación di­ recta, indirecta o neutral, etc.), sino también cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario (discrimina­ ción por indiferenciación)” (F.J. 34). A criterio de este órgano, la interpretación literal del artículo 20 del Có­ digo Civil da lugar a que el hijo lleve el apellido de ambos progenitores, por cuanto no se identifica la existencia de un orden de los apellidos paterno y materno. En ese sentido, el Tribunal determina que: “... la posibilidad de que las madres puedan escoger que el primer apelli­ do del hijo sea el suyo constituye una manifestación del principio derecho de igualdad en el seno del propio ámbito familiar, que está garantizado además a nivel internacional. Ello, en tanto los derechos fundamentales no solo tienen eficacia vertical, sino también horizontal, esto es, también rigen en las relaciones entre privados” (F.J. 41). 278

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Sobre el control difuso del artículo 20 del Código Civil En principio, el TC recordó que para aplicar el control difuso de cons­ titucionalidad es necesario verificar el cumplimiento de determinados criterios, tales como: J La existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de im­ pugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional; J Relevancia del control de la ley respecto de la solución del caso; S Identificación de un perjuicio ocasionado por la ley; J Verificación de la inexistencia de pronunciamiento previo del TC respecto de la constitucionalidad de la ley objeto de control; V Búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposi­ ción acusada de inconstitucionalidad; y, V Verificación de que la norma a inaplicarse resulta evidentemente in­ compatible con la Constitución y declaración de inaplicación de esta al caso concreto. Precisamente, el TC verifica que la norma en cuestión es de carácter autoaplicativa, relevante y perjuiciosa, por cuanto, en razón a la misma, se niega el DNI a la recurrente en el sentido que fue solicitado, esto es anteponiendo el apellido materno al paterno. De esta manera, y tomando en cuenta que no existen pronunciamientos anteriores, el TC identifica dos posibles sentidos interpretativos a la dis­ posición cuestionada. Así, podría entenderse: “... a) que, en efecto, señala que el primer apellido paterno va en primer lugar, seguido del primer apellido materno en la asignación del nombre, tal como lo viene interpretando el RENIEC en el presente caso; y b) que únicamente señala que el hijo tendrá el primer apellido paterno y materno, pero sin establecer un orden entre estos” (F.J. 57). A criterio del Alto Tribunal, este último sentido interpretativo es acorde al principio de igualdad ya que permite elegir a los padres, en las mis­ mas condiciones, a elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Por el contrario, la primera interpretación, recogida por RENIEC, es contraria a la Constitución y preserva el trato histórico de discriminación hacia la mujer. Finalmente, se exhorta al Parlamento a que legisle una forma de solu­ ción de conflictos en caso los padres no logren un acuerdo en el orden de los apellidos de sus hijos, ya sea, por ejemplo, como en el derecho comparado, delegando la decisión a un juez o a través de un sorteo, entre otros mecanismos.

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22.EI Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 018492017-PA7TC, señaló: “La doctrina, por su parte, ha señalado que la realidad social cambiante ha ido modificando la composición de la familia generando diferentes tipos. Así, diversos autores han se­ ñalado que “La caída de las nupcialidad y el ascenso de la tasa de divorcios ha causado una eclosión de nuevas formas de familia, tales como: familias unipersonales (de solteros, divorciados o viu­ dos); monoparentales o matrifocales (madres sin pareja con hijos a su cargo, sean solteras o separadas); reconstituidas (parejas de segundas o ulteriores nupcias, a cargos de hijos procedentes de uniones anteriores); familias de cohabitantes, uniones informales de parejas sin legalizar, tengan o no hijos a su cargo, etc.”.

Se considera familia reconstituida, a aquellas en que: Marque la respuesta incorrecta: a. en las cuales uno o ambos de sus integrantes tienen hijos prove­ nientes de una relación previa, generándose un parentesco por afinidad. b. No se requiere que habiten y compartan vida con cierta estabi­ lidad, publicidad y reconocimiento. c. Las relaciones familiares se desarrollan en un ámbito de afecti­ vidad. d. La familia ensamblada es merecedora de tutela constitucional.

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Respuesta: b El Tribunal Constitucional mediante la sentencia del Exp. N° 018492017-PA/TC se pronunció sobre una demanda de amparo interpuesta por Félix Neyra Pacheco contra el Club Internacional Arequipa, me­ diante la cual el demandante solicitaba que cesen los actos discrimina­ torios contra su menor hijo y; en consecuencia, se ordene su inscripción como socio júnior del club, ello derivado de que mantienen una relación paternofilial con el socio sénior. El demandante alegó el 11 de octubre de 2013, el contrajo matrimonio civil con doña Pamela Me Lauchlan, quien es madre del menor, es así que los tres formaron una familia. A raíz del nacimiento de este vínculo familiar, el recurrente solicitó al club que inscribiera al menor como so­ cio júnior, por ser “hijo de socio sénior”; sin embargo, el Club rechazó la inscripción sin el pago de cuota de ingreso porque advirtió que el menor no es hijo de socio activo o fallecido, sino de su cónyuge. El Tribunal señaló que el rango de edad para reclamar la condición de socio júnior entre los 14 y 18 años; sin embargo, si bien el favorecido 280

PRUEBA A

nació el 18 de enero de 2000 y a la fecha de la evaluación del caso ya contaba con la mayoría de edad el favorecido acreditó que continua con sus estudios, razón por la cual le correspondía el reconocimiento en la categoría de socio juniors hasta los 21 años de edad. También el estatuto establece que todo socio júnior, al cumplir los 18 años pasará automáti­ camente a la categoría de socio sénior. Pese a ello, el acto lesivo continuó, la no inscripción ocasionaba que el favorecido sea objeto de un trato distinto al que le corresponde a los hijos de socio activos y verse impedido de integrar el club. El Colegiado argumentó que el artículo 4 de la Constitución reconoce a la familia, la cual obliga a la comunidad y al Estado a brindarle pro­ tección, también refirió que si bien en nuestro país tradicionalmente el vínculo jurídico de la familia se originaba en la matrimonio, la filiación y el parentesco, el Tribunal en su amplia jurisprudencia ya reconoció que los cambios sociales y jurídicos repercuten en la estructura de la “familia tradicional”, generando familias con estructuras distintas y que la constitución les ha otorgado reconocimiento a cada una de ellas. Al respecto, evidenciaron que: “La caída de las nupcialidad y el ascenso de la tasa de divorcios ha causado una eclosión de nuevas formas de familia, tales como: fami­ lias unipersonales (de solteros, divorciados o viudos); monoparentales o matrifocales (madres sin pareja con hijos a su cargo, sean solteras o separadas); reconstituidas (parejas de segundas o ulteriores nupcias, a cargos de hijos procedentes de uniones anteriores); familias de cohabi­ tantes, uniones informales de parejas sin legalizar, tengan o no hijos a su cargo, etc.” (f. j. 6) En ese sentido, el Tribunal detalló que la familia reconstituida o ensam­ blada se define como una estructura familiar originada en el matrimo­ nio o unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos inte­ grantes tienen hijos provenientes de una relación previa; y el vínculo nacido entre padrastros o madrastras y los hijastros o hijastras genera un parentesco por afinidad teniendo así una relación entre padres afines e hijos afines; no obstante para que se mantenga ello deben guardar ciertas características, tales como: i) hablar y compartir vida de familia con estabilidad, ii) publicidad y iii) reconocimiento.

So §

El reconocimiento de una identidad familiar autónoma surge porque ambas personas se desarrollan en el ámbito afectivo sin tener vínculo consanguíneo, pero se portan como si ese vínculo existiera, dando lugar a lo que diversa doctrina ha venido a llamar “parentesco social afectivo”.

Q § So x Ir

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Por lo expuesto, no corresponde realizar una distinción entre los hijos biológicos y los hijastros, pues de lo contrario se estaría debilitando la institución familiar y colisionando lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución. En consecuencia, en virtud de las pruebas actuadas, el Tribunal declaró fundada la demanda porque acreditó la vulneración del derecho a la protección de la familia; en consecuencia, ordenó al demandado que no realice distinción alguna entre el trato que reciben los “hijos de socios activos”. 23 .EI artículo 20° del Código Civil señala: “Al hijo le corresponde el pri­ mer apellido del padre y el primer apellido de la madre” de acuer­ do a lo que por mayoría resolvió el Tribunal Constitucional en la sentencia ya citada, en la composición de los apellidos debe ob­ servarse:

Marque la respuesta correcta a. b. c. d.

La normatividad vigente. Los padres pueden determinar el orden de los apellidos. La costumbre. El registrador puede determinar el orden de los apellidos.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b Al respecto, el TC indicó que si bien el derecho al nombre no tiene re­ conocimiento constitucional expreso, su categorización como derecho proviene de su relación con el derecho a la identidad, el cual se encuen­ tra previsto en el artículo 2.1 de la Constitución. Por el contrario, el nombre sí se encuentra expresamente regulado en el Código Civil ya que los artículos 19 y 20 del referido cuerpo normativo disponen su reconocimiento como derecho y deber y, a su vez, la corres­ pondencia para el hijo de los apellidos de los padres. Respecto del artículo 20 del Código Civil y el orden para la asignación de los apellidos El órgano de control de la Constitución identifica que, de acuerdo al RENIEC, el artículo 20 del Código Civil establece un orden de prelación del apellido paterno por delante del materno. Precisamente, la Sub Gerencia de asesoría jurídica del RENIEC emitió el Informe 000222-2017/GAJ/SGAJR/RENIEC, de fecha 10 de julio de 2017, y señaló: “Como podrá observarse la forma de la composición de los apellidos en el Perú al amparo de la normatividad vigente, es atribuido por ley, 282

PRUEBA A

estableciendo que al hijo le corresponde “el primer apellido del padre y el primero de la madre” no primando la autonomía de la voluntad en su elección”. Ante ello, el TC consideró oportuno realizar un análisis de constitucio­ nalidad respecto del mencionado artículo del Código Civil y así deter­ minar si este resulta conforme con la Constitución. En primer lugar, el TC reconoció la irrazonable exclusión histórica hacia las mujeres de las esferas de lo público y social y, ante ello, reafirma el compromiso del Estado Constitucional con la igualdad y el mandato de no discriminación. De esta manera, el Tribunal recuerda que el derecho a la igualdad “... presupone, pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. De modo que se afecta a esta no solo cuando frente a situacio­ nes sustancialmente iguales se da un trato desigual (discriminación di­ recta, indirecta o neutral, etc.), sino también cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario (discrimina­ ción por indiferenciación)” (F.J. 34). A criterio de este órgano, la interpretación literal del artículo 20 del Código Civil da lugar a que el hijo lleve el apellido de ambos proge­ nitores, por cuanto no se identifica la existencia de un orden de los apellidos paterno y materno. En ese sentido, el Tribunal determina que: “... la posibilidad de que las madres puedan escoger que el primer apelli­ do del hijo sea el suyo constituye una manifestación del principio derecho de igualdad en el seno del propio ámbito familiar, que está garantizado además a nivel internacional. Ello, en tanto los derechos fundamentales no solo tienen eficacia vertical, sino también horizontal, esto es, también rigen en las relaciones entre privados” (F.J. 41).

Si Usted es Juez precise si el Código Procesal Civil regula medi­ das cautelares para pretensiones donde se discute el régimen de visitas: 283

LEGALES EDICIONES

24 .Gustavo Adolfo en calidad de padre demanda a Noelia a fin de que permita visitar a su menor hijo. Noelia (madre) contesta la demanda expresando que Gustavo Adolfo (padre) no cumple con los alimentos a favor de su hijo. El hijo al conferenciar con el Juez de Familia expresa que desea que su padre lo visite. Gustavo Adolfo desesperado interpone una medida cautelar temporal so­ bre el fondo y solicita al Juez la ejecución anticipada de la futura decisión final.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. El Código Procesal Civil prescribe que no procede la ejecución anticipada de la futura decisión final porque en los procesos de régimen de vistas debe esperarse la decisión final. b. El Código Procesal Civil prescribe que, si procede la eje­ cución anticipada de la futura decisión final, atendiendo preferentemente al interés del niño y porque la pretensión principal versa sobre el régimen de vistas que son asuntos de familia. c. El Código Procesal Civil prescribe que no procede la ejecución anticipada de la futura decisión final porque nuestro Código Procesal Civil no regula esta medida cautelar dentro de las me­ didas temporales sobre el fondo. d. El Código Procesal Civil prescribe que, si procede la medida cautelar, pero como una medida cautelar genérica.

Respuesta: b

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Debemos iniciar indicando que el Régimen de Visitas se encuentra vin­ culado con la tenencia del menor. El padre o la madre que no ejerzan la Patria Potestad tienen el derecho a visitar a sus hijos en forma periódi­ ca. Mediante esta distribución de la tenencia entre los progenitores del menor(es), el objetivo es la protección del interés superior del niño, su bienestar psicológico y emocional, permitiendo su desarrollo afectivo, emocional y físico, así como, la consolidación de la relación entre pro­ genitor e hijo. En nuestra normativa el Régimen de Visitas implica compartir, interac­ tuar, vincular al padre o la madre que no cuenta con la tenencia del menor (es). En ese sentido, el Régimen de Visitas es una figura jurídica que protege la conexión emocional entre el padre/madre (que no tiene una cohabitación permanente) y su hijo/a, buscando que la separación y ruptura de la relación de los padres no provoque ningún daño o efecto en el menor. Cabe precisar que, uno de los requisitos que se exige cumplir previa a la solicitud de tenencia o el régimen de visitas, esta referido a la condición que el progenitor solicitante de dicha tenencia se encuentre al día en la pensión de alimentos. No obstante, en la Casación N° 4253-2016-La Libertad, se estableció que aun cuando el padre o madre no se encuentre al día en las pensiones alimentarias, no quiere decir que esa situación pueda estar por encima del derecho de los niños a relacionarse con sus progenitores, y lo que se busca proteger son las necesidades emocionales y espirituales del menor (es). 284

PRUEBA A

Ricardo Araujo es propietario de un inmueble ubicado en Las Delicias, distrito de Los Frutales. La panadería El Crujido busca nuevo local a fin de que sus empleados puedan desarrollar su labor en mejores condiciones. En esa línea, inicia las negociaciones para el arrenda­ miento del inmueble, suscribiendo el contrato de arrendamiento el 15 de noviembre de 2020, por un plazo de 3 años y una renta mensual de US$ 7,000.00 dólares americanos. El 20 de noviembre llegó un comu­ nicado de la Municipalidad de Los Frutales señalando que la zonificación no permitía el establecimiento de una panadería y que por tal razón no podía funcionar. Ante dicho comunicado, el 15 de diciembre el gerente de El Crujido decidió resolver el contrato de arrendamien­ to, debido a la imposibilidad de llevar a cabo su finalidad. El 27 de diciembre Ricardo Arauja presentó demanda de indemnización por daños y perjuicios, argumentando que la negligencia de la empresa en evaluar la zonificación y las posibilidades de llevar adelante el pro­ yecto solo le es imputable a ella, y que con la resolución del contrato se le ha generado un grave perjuicio económico, debido a que ya no recibirá lo correspondiente a los meses pendientes de pago por con­ cepto de renta (lucro cesante). 25.Marque la respuesta correcta:

a. La resolución del contrato por parte de El Crujido no puede ser cuestionada por Ricardo Arauja porque el objeto del arrenda­ miento es jurídicamente imposible. b. Ricardo Araujo debería indemnizar a El Crujido por haberle ocultado lo relativo a la zonificación. c. Ricardo Arauja indujo a error a El Crujido. d. Ricardo Araujo puede demandar la ineficacia de la resolu­ ción extrajudicial realizada por el Crujido.

Respuesta: d

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LEGALES EDICIONES

La resolución del contrato opera por voluntad de la parte que ejercita ese derecho, es decir, nada tiene que ver en este supuesto la intervención del juez o árbitro, pues quien resuelve no son ellos, sino la parte contractual. «Tratándose de un contenido como producto de la voluntad declarada, corresponderá a ésta determinar los alcances o extremos de la cláusula resolutoria y cuando se reconoce su operatividad, sin duda debe ser así, ipso jure, sin necesidad de intervención judicial. Lo que ha de variar en la casuística corresponderá a las variaciones de contenido de la cláu­ sula. Normal consecuencia del pacta sunt servanda. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias y por seguridad jurídica, puede solicitarse la intervención judicial, pero únicamente para ejecutar coactivamente

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los extremos negados, porque la resolución del contrato constituirá un hecho consumado». Sin perjuicio de lo señalado, en la práctica es común que cuando una par­ te resuelve el contrato, la otra o desconoce tal resolución, o también opta por resolver el mismo contrato. En ambos casos, el tema necesariamente va a tener que ser resuelto por un tercero (juez o árbitro) y es importante que quien vaya a demandar tenga en cuenta la manera cómo es que va a plantear su pretensión, ya que en ocasiones se solicita al juez «que resuel­ va el contrato», cayéndose en un gravísimo error, pues si dicha parte ya resolvió el contrato, no tiene sentido que solicite al juez que resuelva el mismo contrato debido a que «no se puede resolver lo ya resuelto». En ese entender, lo correcto sería que el demandante solicite al juez «que declare la validez de la resolución realizada mediante comunicación de tal fecha», con lo que se tiene que únicamente el juez o árbitro tendrá que verificar si es que la resolución que ha realizado dicha parte es, o no, válida. En este caso, su sentencia será meramente declarativa. De otro lado, en el caso en el que ambas partes se hayan cursado comuni­ caciones resolutorias, y el tema vaya a ser resuelto por un juez o árbitro, es claro que ese tercero tendrá que verificar cuál de todas las resoluciones es válida, pero no sólo eso, sino que cual de todas esas resoluciones ha sido la primera, pues «primero en el hecho, primero en el Derecho»

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26.Marque la respuesta correcta:

a. La demanda de indemnización de daños y perjuicios de Ricar­ do Araujo solo puede prosperar si prueba que la Municipalidad modificó la zonificación con posterioridad a la firma del contra­ to. b. El Crujido puede alegar dolo recíproco. c. El juez puede declarar la nulidad del acto jurídico de oficio. d. La demanda de indemnización de daños y perjuicios de Ri­ cardo Araujo puede prosperar si prueba que El Crujido no le indicó cuál era el motivo determinante para celebrar el acto jurídico.

Respuesta: d La indemnización por daños y perjuicios es una forma de resarcimiento por el daño o perjuicio ocasionado a una de las partes por el incumpli­ miento de una obligación, por lo que constituye una acción personal que prescribe a los i o años. 286

PRUEBA A

El 30.06.1994, Juan compró un inmueble por el precio de SI. 7,344.00, de los cuales pagó una cuota de S/. 366.95.00 en la fecha de sus­ cripción del contrato y el saldo de S/. 6,977.05 mediante pago de 180 cuotas mensuales (15 años) que incluyen la amortización del capital e intereses, empezando desde el mes de julio de 1994. En la Partida 60045132 del Registro de Predios de Lima, corre inscrito el inmueble materia de la compra. En el asiento 4 de la citada partida se encuen­ tra inscrita la hipoteca a favor de UTE-FONAVI, hasta por el monto de SI. 7,344.00 en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumi­ das en virtud del contrato de fecha 30.06.1994. El Título para la ins­ cripción de la hipoteca se presentó al Registro de Predios el 5 de Julio de 1999 y la inscripción se realizó el 1O de julio del mismo año. El 30.09.2015, al amparo de la Ley 26339, Juan solicitó el levanta­ miento de la hipoteca por haber transcurrido el plazo de caducidad de 1O años.

27.Señale si procede o no levantar la hipoteca. a. Procede por haber caducado el plazo. b. No procede porque el plazo de caducidad no se aplica al siste­ ma financiero. c. No procede porque las hipotecas otorgadas a favor de FONAVI no caducan. d. No procede porque el plazo no ha caducado.

Respuesta: d

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De acuerdo con el artículo 1097 de nuestro Código Civil (en adelante CC): “Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, prefe­ rencia y venta judicial del bien hipotecado.” En suma, entendemos por hipoteca a aquel derecho real de garantía, indivisible, accesorio, constituido por escritura pública, que recae sobre un bien inmueble, sin desposesión del mismo, con el propósito de ase­ gurar el cumplimiento de la obligación propia o de un tercero. Teniendo el acreedor hipotecario, en caso de incumplimiento, la posibilidad de la venta del bien para satisfacer su crédito. Veamos las características de la hipoteca: Derecho real La hipoteca está alineada al lado de la prenda en la categoría de garantías que someten un bien al pago de una deuda. Con exclusividad, agrega

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Lafayette. Y sin desposesión completa, agregan De Page y los hermanos Mazeaud. El objeto de la hipoteca es el bien inmueble, constituido por convención o instituido por la ley, del cual se promoverá su inscripción y, como resultado, se erigirá como derecho real, oponible a erga omnes y generando para el acreedor el poder de ejecutar el bien hipotecado para satisfacer su crédito con su venta en subasta pública. Como un derecho inmobiliario, la hipoteca en sí misma ha sido clasificada y considerada como bien inmueble. Bien inmueble del deudor o tercero Aunque en la mayoría de los casos el deudor es quien entrega su inmue­ ble en garantía de la obligación, no hay nada que impida que sea ofrecido por un tercero, siendo el constituyente una persona diferente del deudor. Posesión de la cosa El mantenimiento de los bienes en posesión del deudor es un factor re­ levante en la constitución de la hipoteca. Aunque está vinculado al pago de la deuda y ofrece al acreedor un privilegio en su solución, no sale del poder del deudor hipotecario, quien ejerce sobre el bien todos sus dere­ chos sobre este, usándolo de acuerdo con su destino y percibiendo los frutos. Solo será desposeído por la vía judicial de la ejecución hipoteca­ ria si no cumple con la obligación de pagar en la oportunidad acordada. Por lo tanto, el pacto comisorio que estipula la asignación de la propie­ dad al acreedor será inválido, en caso de incumplimiento de la obliga­ ción. Sin embargo, nada impide la datio in solutum, concertada entre el hipotecante y el acreedor hipotecario que tenga como objeto la propie­ dad hipotecada desde que la deuda esté vencida. En nuestro derecho nacional el pacto comisorio es nulo (art. 1111 del CC). Estas tres primeras características se desprenden de la definición de hipoteca contenida en el art. 1097 del CC. Indivisibilidad Mientras no esté liquidada, la hipoteca subsiste en su totalidad sobre todos los bienes registrados, incluso si se produce un pago parcial: Hypotheca est tota in toto et tota in qualibet parte (Código Justiniano, Liv. 8, T. 27, § 6). Este carácter de la hipoteca, que no es su esencia, sino una creación de la ley, puede eliminarse convencionalmente, cuando se estipula que la solutio parcial libera algunos de los bienes hipotecados, especialmente si son diversos y autónomos como unidades económicas. La indivisibilidad es de la hipoteca misma, no depende de la indivisibi­ lidad de la cosa hipotecada ni tiene el poder de generarlo. Permanece el bien tal y como era, susceptible o no de fraccionamiento. La indivisibili­ dad radica, por lo tanto, en el vínculo que liga al bien con la obligación. 288

PRUEBA A

La indivisibilidad de la hipoteca está regulada en el art. 1102 del CC. Debido a la indivisibilidad, incluso si hubiera varios deudores, el grava­ men hipotecario no se levanta sin el pago total de la deuda garantizada, incluso en el caso que la obligación no sea solidaria. Y se manifiesta sobre cada una de las partes del bien gravado, incluso si es divisible. (Da Silva Pereira, 2014, p. 312) Accesoriedad La hipoteca, como garantía, no puede nacer o sobrevivir sin un crédito; si falta este o se invalida, no existe el crédito; si el crédito se extingue, cancela o resuelve, la garantía hipotecaria desaparece. Esta última característica de la hipoteca está contenida en la definición del art. 1097 del C. 28 .El plazo de caducidad (de 10 años) de la hipoteca otorgada a fa­ vor de FONAVI se computa desde a. b. c. d.

La presentación del título para la inscripción de la hipoteca. La fecha de la inscripción de la hipoteca. La fecha del vencimiento del plazo de la última cuota. La fecha en que se otorgó la escritura pública de hipoteca.

Respuesta: c En el artículo 3 de la Ley N° 26639, señala lo siguiente: “Las inscripciones de las hipotecas (...), se extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones, si no fueran renovadas. La norma contenida en el párrafo anterior se aplica cuando se trata de gravámenes que garantizan créditos, a los 10 años de la fecha de venci­ miento del plazo del crédito garantizado”. En el Cuarto Pleno del Tribunal Registral, desarrollado los días 6 y 7 de ju­ nio de 2003, se aprobó el siguiente precedente de observancia obligatoria: «Causal de extinción de hipoteca. El artículo 3 de la Ley N° 26639 ha introducido una nueva causal de extinción de la hipoteca, adicional a las señaladas en el artículo 1122 del Código Civil». La razón está en que como consecuencia del transcurso del plazo de ex­ tinción contemplado en el artículo 3 de la Ley N° 26639, no solamente se va a extinguir la inscripción de la hipoteca, sino también la hipoteca misma, al ser su registro un requisito de validez, según se señala en el numeral 3 del artículo 1099 del Código Civil. 289

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A es acreedor de B por 1,000 mil soles, y deudor de X también por 1,000 soles. A acuerda con X que lo sustituya en el crédito contra B, extinguiendo su crédito contra B y haciendo nacer un nuevo crédito a favor de X.

29 . Esta operación constituye: a. b. c. d.

Una cesión de créditos. Una novación objetiva. Una novación subjetiva pasiva. Una novación subjetiva activa.

Respuesta: d Las clases de novación son: (i) Novación Objetiva: Se trata de un cambio en el objeto o en la causa de la obligación, cuando la prestación o el título que da origen se susti­ tuyen por otros, las variaciones accidentales no producen novación. Por ejemplo: A se obliga dar en venta a B un cuadro pintado por C, y luego se conviene que A pintara el mismo -se modifica el título, de compraventa a contrato de obra-, la prestación de dar por de hacer, e incluso el objeto, en tanto no es lo mismo a que lo pinte C. (ii) Novación Subjetiva: La obligación primitiva se sustituye por una re­ lación obligatoria distinta, en la que aparece un nuevo acreedor o deu­ dor, por haber operado un cambio en los sujetos de la obligación primi­ genia. Otro acreedor sustituye al antiguo, por lo que el deudor quedara libre con respecto a este último. Se da, por ejemplo, si X debe pagar 500 a Z y convienen que en lugar de pagárselos a Z, se los pague a M, quien se trasforma en acreedor.

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30 .EI acuerdo entre A y X requiere: a. b. c. d.

El asentimiento del deudor B. Ser celebrado por escritura pública. La sustitución del deudor. Basta el acuerdo entre el acreedor que sustituye y sustituido.

Respuesta: a De acuerdo con el artículo 1277 del Código Civil: “Por la novación se sustituye una obligación por otra. Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubita­ blemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva.” 290

PRUEBA A

Para una doctrina italiana, la novación es el contrato a través del cual las partes de la relación obligatoria -acreedor y deudor- sustituyen la obliga­ ción original con una nueva obligación, con objeto o título distintos. Cuan­ do la nueva obligación tiene objeto distinto (por ejemplo, si el acreedor y el deudor se ponen de acuerdo para sustituir el pago de una suma de dinero con la entrega de una cantidad de productos agrícolas) se habla de novación real. En cambio, si se trata de un título distinto (las partes esta­ blecen que el pago de una suma mensual se produce, no a título de renta de arrendamiento, sino de cuota de pago de precio de venta) se habla de novación causal. Según una doctrina nicaragüense, en la novación existe una doble ope­ ración: se extingue la antigua obligación y nace otra en sustitución. De aquí que el nombre novación, que viene de la voz latina “novare”, signi­ fica cambiar, hacer algo nuevo. Pero no se trata de dos actos u operacio­ nes separadas. En un solo acto se produce la extinción de la obligación primitiva y el nacimiento de una nueva. Es un acto unitario. Entiende una doctrina brasileña que en la novación el acreedor y el deudor ajustan la nueva obligación con la intención deliberada (ánimo de novar) de reemplazar la obligación anterior. Ni la prestación origi­ nal ni la nueva prestación asumidas son cumplidas, de modo que una obligación pendiente se reemplaza por otra igualmente pendiente, es decir, que el deudor aún debe. Aunque el acreedor no hubiera recibido la primera prestación que le era debida, acepta que sea considerada ex­ tinta, ya que solo podrá exigir el cumplimiento de la obligación que la reemplazó. Opinión autorizada de la doctrina nacional señala que la novación es un medio extintivo de obligaciones, que puede tener su origen tanto en la voluntad como en la ley, y cuyo objeto es extinguir una obligación, pero a la vez crear otra. Dentro de tal orden de ideas, la novación no tiene por objeto, ni siquiera de manera ficta, dar por extinguida una obligación considerándola cumplida. Justamente procede cuando la obligación que se desea extinguir es una sobre la cual las partes no tienen un verdadero animus solvendi, por lo menos en los términos (objeto o sujetos) en que ha sido contraída. Con ello no quiere expresar, desde luego, que las partes de la relación obligatoria no deseen extinguir su relación obligatoria, sino que su extinción es consecuencia de su ánimo de novarla, es decir, de su intención de cambiarla por una segunda obligación. De esta forma, con la novación se extingue la primera obligación y surge una segunda obligación que el deudor de esta segunda obligación deberá cumplir para liberar__________________________________________________________________________________________ 291

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ha avanzado en su compromiso para combatir la violencia contra las mujeres, la CIDH observa con preocupación los registros oficiales que indican que en el 2021 se atendieron 140.833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que representa un incremento del 43% en comparación con 2020. Asimismo, se tuvo noticias de que altos funcionarios del Estado calificaron las denuncias de violencia familiar contra funcionarios públicos como temas personales. Comentarios de tal naturaleza robustecen la noción equivocada de que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto pri­ vado cuya injerencia escapa de la competencia del Estado, y envían un mensaje social de tolerancia a la violencia. Además, generan sentimien­ tos de inseguridad y desconfianza por parte de las mujeres hacia las au­ toridades, obstaculizando así el acceso a mecanismos de protección y de justicia. La Comisión recuerda que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres ocurren en el ámbito privado, y al respecto el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar. En este marco, las y los funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, sus declaraciones no pueden desconocer dicha posición. Los discursos que perpetúan patrones socioculturales discriminatorios basados en gé­ nero tienen mayor impacto cuando provienen de autoridades del sector público, y coloca a potenciales víctimas en una situación de mayor vul­ nerabilidad. Al tiempo, se destaca que la prevalencia de prácticas sociales y culturales discriminatorias, que sitúan a las mujeres en una posición de inferiori­ dad promueven, legitiman y exacerban la violencia basada en género contra ellas. En este sentido, la Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de erradicar la cultura del machismo y patriarcalismo, así como la discriminación histórica conectada a la sociedad que fomenta la tolerancia social frente a la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. Por lo anterior, la Comisión llama al Estado a combatir la violencia con­ tra las mujeres por razones de género en todas sus modalidades. Para ello, insta a abstenerse de difundir mensajes que minimizan y perpe­ túan la violencia contra las mujeres, y a adoptar discursos, políticas y programas que contribuyan a transformar patrones socioculturales dis­ criminatorios, con el objetivo último de prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito público como en el privado. 294

PRUEBA A

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comi­ sión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros inde­ pendientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

3 4.Señale la opción correcta: ¿Son susceptibles de apelación los fa­ llos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? a. Si, ante el máximo órgano de la Organización de los Estados Americanos. b. Sí, ante la propia Corte. c. No, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Huma­ nos son definitivos e inapelables. d. Sí, ante la misma corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud del debido proceso en su dimensión de doble instan­ cia.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA L - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ

35 .Marque la opción correcta: De acuerdo con Hans Kelsen, la “uni­ dad del sistema jurídico” vendría determinada:

Respuesta: d La unidad y el orden son dos características constitutivas del orden jurídico en las que la doctrina ha profundizado aún poco. Llaman la atención las quejas formuladas por Bobbio sobre la materia: “mientras existen muchos estudios particulares sobre la naturaleza de la norma jurídica, no existe, hasta hoy, si no estamos errados, un estudio com­ pleto y orgánico sobre todos los problemas que implica la existencia de 295

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a. Por el juego conjunto de las reglas primarias y de las reglas se­ cundaria. b. Por la vinculación entre las reglas y los principios. c. Por la presencia de la regla de reconocimiento. d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

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un ordenamiento jurídico”. Esta queja, repetida por la doctrina poste­ rior -de manera más enfática que real-, demuestra la escasa atención otorgada al tema. Varias pueden ser las causas de esta falta de atención: una supuesta evidencia, una concepción asistemática del ordenamiento jurídico, o una elevada abstracción del planteamiento que lo hace difícil de abordar. La generalidad del público suele considerar evidentes las cuestiones de la unidad y orden del ordenamiento jurídico. Al darse por desconta­ do su significado y características constitutivas, se pasa directamente al estudio de otras cuestiones más puntuales (v. gr. si el orden jurídico es pleno o tiene lagunas, si es abierto o cerrado, coherente, etc.). Este irre­ flexivo salto quizá pueda perdonársele al operador del derecho, a quien corresponde hacer un estudio más casuístico y fenomenológico de la disciplina, pero es menos justificable en quienes se dedican a la filosofía del derecho. En realidad ocurre, que estas cosas no son tan evidentes, ni siempre han sido aceptadas. Por otro lado, la falta de una concepción sistemática del ordenamiento jurídico causa, de manera inmediata, una despreocupación por el tema de la unidad y orden. Si se ve al ordenamiento jurídico como un conglo­ merado inarmónico de fallos jurisprudenciales, o como un hacinamien­ to de conductas sociales, o como un producto de diversísimas fuentes de derecho absolutamente heterogéneas, entonces será difícil -cuando no imposible- descubrir que en tal ordenamiento jurídico existe alguna suerte de orden y unidad. Nos parece que la razón principal por la que los filósofos suelen des­ cuidar este estudio es porque el tratamiento del “orden” y la “unidad” requieren de un elevado grado de abstracción, tan alto como el metafísico. Otras filosofías que atienden a las causas más inmediatas, como las que hoy están en boga (v. gr. la filosofía analítica, fenomenológica, empirista, etc.), a lo sumo llegan a descubrir una unidad formal o eficiente en el mundo jurídico, que no siempre se da en la realidad. Desde tales puntos de partida, resulta imposible dar una justificación última y completa de una unidad real y de un orden real del sistema jurídico. Siendo la unidad un trascendental del ser que, por tanto, solo se explica bien desde la perspectiva de las causas últimas, y siendo el orden una consecuencia suya, el estudio de la unidad y del orden del ordenamiento jurídico necesariamente debe enfocarse desde la óptica metafísica. La noción de ordenamiento jurídico está intrínsecamente vinculada con el concepto de derecho. Quienes identifican al derecho con la ley (o 296

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con la norma) concebirán al ordenamiento jurídico como un ‘conjunto de normas jurídicas” que rigen en un lugar determinado, en una época concreta, o también como la forma en que tales normas se encuentran jerarquizadas. Por otro lado, si se identifica el Derecho con el derecho subjetivo, el ordenamiento será la sumatoria final de los derechos de las personas. En cambio, si se sigue la noción histórica del Derecho como lo justo, el ordenamiento jurídico será el “orden social justo” o el “sistema de relaciones de justicia”. Consideramos que cada una de estas posicio­ nes destaca un aspecto relevante del ordenamiento jurídico que convie­ ne tomar en cuenta. Santi Romano, Norberto Bobbio y Hans Kelsen son buenos represen­ tantes de la noción normativista, que ha gozado de popularidad en los últimos siglos. Para Kelsen las normas no existen de forma aislada, sino que forman parte de un sistema u “orden normativo”. La moral también es, para el autor, un “orden normativo”, pero se diferencia del derecho en que este último es coactivo y la moral no lo es. Quienes identifican el orden jurídico con el conjunto de normas en ocasiones se ven atados en sus razonamientos, porque pronto se percatan de que hay algo más que la norma. Por ejemplo, Alchourron y Bulygin, al de­ finir el orden jurídico como un conjunto de normas, debieron aclarar que “la expresión norma jurídica ha de entenderse en este contexto en un sentido lato (que concuerda con el uso corriente entre los juristas) para abarcar cualquier enunciado que figure en los textos que regis­ tran el derecho positivo -constituciones, códigos, leyes, etc.-, sea este normativo o no”. Más completa parece la visión del orden jurídico que parte de la rela­ ción jurídica y se remonta hasta sus causas: ahí se encuentra el con­ junto de leyes, costumbres, negocios, etc., que causan la relación jurí­ dica, así como los derechos subjetivos, la medida de lo justo, las cosas jurídicas y los sujetos del derecho. Sin duda, el ordenamiento jurídico ordena todas estas realidades. Desde esta perspectiva holística, el or­ denamiento jurídico viene a ser el conjunto ordenado de relaciones jurídicas de una sociedad, causadas por unas fuentes comunes de de­ recho. Pero también se puede extraer la definición de ordenamiento jurídi­ co partiendo del concepto del derecho como res iusta. Para hacerlo, hay que considerar que materialmente “lo justo” únicamente está de manera principal y plena en el intelecto humano, y solo de manera parcial en las cosas externas (como la ley positiva, los objetos del de­ recho, etc.). Pues bien, esa misma característica la heredará el sistema _____________________________________ :____________________________________________________ 297

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jurídico. Junto a otros autores, Hervada ha observado que “el derecho es el sistema racional de relaciones humanas y que el que gobierna no crea la razón de justicia”. A la par habría que añadir que el ordena­ miento jurídico no es exclusivamente un sistema racional, por dos ra­ zones: porque la razón es pedida por la realidad extramental y porque la razón, junto a la voluntad, terminan ordenando conductas, sujetos, vastos territorios, cantidad de objetos corporales e incorporales... En síntesis, desde esta perspectiva, el sistema jurídico es un orden de jus­ ticia que primero se da en la razón, para luego plasmarse en la realidad extramental. Tomás de Aquino escribió que “una cosa existe en tanto y cuanto es una”. La unidad es un trascendental (una propiedad común) de toda cosa real, y también del ordenamiento jurídico, cuya existencia aquí no cuestiona­ mos. Justamente porque existe esta unidad es posible hablar de un orden jurídico cualquiera; sin unidad, no existiría un ordenamiento jurídico, sino muchos. Repárese que los trascendentales se pueden predicar de las cosas con diverso grado de propiedad. Hay cosas más unidas que otras: dividir en dos una montaña de arena, no es lo mismo que dividir en dos un perro, una planta o un hombre. En el derecho se discute si el orden ju­ rídico internacional es uno solo, como pretendía Kelsen, o si más bien es un acervo de ordenamientos disímiles.16 Bajo la metafísica del ser se puede superar esta visión dicotómica, y comprender que tanto el orden jurídico internacional como el nacional pueden tener un cierto grado de unidad. Según la metafísica tomista, la unidad solo es posible si en algún extre­ mo del conjunto aparece un principio de conversio ad unum que unifique los demás extremos. No hay unidad, ni orden, sin principio unificador. Corresponde entonces averiguar qué tipo de principio dota de unidad al ordenamiento jurídico. Por principio se entiende “aquello de lo que algo procede de cualquier modo que sea”. Con lo cual, todo principio supone una consecuencia o efecto. Los principios pueden ser reales o lógicos: principio real es aquel “ser” del que procede otro “ser”, como la fuente es principio del río, mientras que principio lógico es aquel conocimiento del que proce­ de otro conocimiento, como saber sumar es un conocimiento necesario para luego saber multiplicar. El principio apela a la consecuencia, y la causa al efecto. Desde la perspectiva de la metafísica, nos interesan sobre todo los prin­ cipios reales, que son las causas de lo real. La causa es una especie de 298

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“principio”. Tradicionalmente se las ha clasificado en cuatro: la causa material, formal, agente y final. Pues bien, por estos cuatro principios puede darse la unidad del ordenamiento jurídico, según lo veremos.

36 .La argumentación jurídica permite: a. Descubrir la verdad de los hechos b. Tener una visión autoritativa del Derecho. c. Llegar a conclusiones por medio de afirmaciones lógicas que están fundamentadas en razones aceptadas desde el campo de la aplicación de los textos normativos y el punto de vista jurisprudencial. d. Las respuestas a) y b) son correctas.

Respuesta: c

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El término argumentación se forma a partir del latín “argumentum”, y significa la operación de la mente o el razonamiento usado para sus­ tentar una posición o probar la veracidad o falsedad de una proposi­ ción o premisa; también para persuadir o convencer a alguien acerca de lo que se afirma o niega. Así pues, se le puede definir como la ex­ posición de razones con las cuales se intenta probar o refutar una de­ terminada tesis. En su aspecto verbal como argumento, viene a ser la forma del razonamiento que se emplea para demostrar algo, probando o refutando una proposición o para convencer a otra persona de la verdad o falsedad de aquello que se afirma o se niega. Según Copi & Cohén “Un argumento es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una se sigue de las otras, que pretenden apoyar o fundamentar su verdad”. O sea que, argumentar no es otra cosa que dar o exponer las razones que sustentan una afirmación o posición; por tanto, es el esfuerzo mental de apoyar afirmaciones o decisiones, mostrando las razones que conducen a ellas. En este sentido, si a un determinado discurso o conjunto de actos lingüísticos se lo considera como un argumento, es porque tiene como sentido sostener una de­ terminada tesis, una pretensión o una posición, aportando las razones o pruebas que sustentan su veracidad. Una argumentación en general, es pues, un discurso o exposición -presentado en forma oral o escrita-, por medio de la cual se muestran los motivos, razones y pruebas que sustentan un punto de vista o una tesis de la cual se está convencido o se tiene certeza, pero no ocurre así para los demás, que no ven la realidad desde la misma perspectiva o con la misma claridad que la

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ve su expositor. En otras palabras, es la exposición razonada de ideas por medio de un apropiado razonamiento, en el cual se despliegan las razones de las propias convicciones sobre la tesis expuesta. 37.lndique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a. Un argumento es lógicamente válido cuando la conclusión se infiere (se deduce) necesariamente de las premisas, de tal manera que si las premisas son verdaderas la conclusión nece­ sariamente será también verdadera. b. El silogismo judicial representa la decisión judicial como una operación lógica o deductiva en la que a partir de una premisa mayor (una norma general y abstracta) y de una premisa menor (irnos hechos que caen en el supuesto de hecho de la norma an­ terior) se llega necesariamente a una conclusión que constituye el fallo de la sentencia. c. La lógica del Derecho analiza los razonamientos empleados por los operadores jurídicos. d. Las opciones b) y c) son incorrectas.

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Respuesta: c La Lógica remite sus primeros historiales a la Grecia antigua donde Aristóteles, comienza a utilizar el adjetivo lógico, cuyo significado com­ prende el amplio tipo de acepciones de los términos razón y palabra. Podríamos considerar la lógica como La ciencia de pensar rectamente; es decir, no solo como un proceso intelectual ordenado a obtener ra­ zonamientos correctos o formalmente válidos (lógica formal o pura), sino también como un proceso que conduce al conocimiento verdadero (lógica dialéctica o material). Una de las ciencias que ponderó fehacientemente la utilización de la ló­ gica como herramienta aplicada a la obtención de razonamientos lógi­ cos jurídicos, fue el Derecho, de lo cual se derivó la aparición de la lógica jurídica. Entendemos la lógica jurídica como la parte de la lógica que examina, desde el punto de vista formal, las operaciones intelectuales del jurista, así como los productos mentales de esas operaciones: conceptos, divi­ siones, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. Desde la presentación de los hechos, en la demanda, hasta la redacción de los puntos resolutivos de la sentencia, pasando por la demostración cierta, veraz, todo el juicio se inscribe en el contenido de la lógica. 300

PRUEBA A

Cuando escuchamos la expresión de lógica jurídica, esta nos genera al­ gunas impresiones. La primera de ellas es concebir a la lógica como una “ciencia auxiliar” del Derecho, una especie de “método de investigación” aplicable al Derecho, o bien, conceptualizamos esta lógica del Derecho, como una “área del conocimiento jurídico”. La lógica jurídica es una lógica material; es decir, sus reglas principales se encuentran en la lógica formal, encaminadas a una disciplina como lo es en este caso al Derecho. La lógica jurídica es un método de investigación para entender al Derecho, obtiene su principal fuente del conocimiento en la razón y no de la experiencia; el empleo de un lenguaje simbólico del Derecho, permite también formar un paradigma en el conocimiento jurídico, que infiere en resultados perfectos, es decir, razonamientos tan exactos, como los que nos puede dar las matemáticas. La lógica jurídica como tal no puede existir, toda vez que no es una especie del género lógica, sino lo que recibe ese nombre es solamente la aplicación de la lógica a la ciencia del derecho. Es el Estudio sistemático de las estructuras de las normas, los conceptos y los raciocinios jurídicos. Sistematiza y determina la estructura de las normas. Ulrich Klug define la lógica jurídica como la teoría de las reglas lógicos formales que llegan a emplearse en la aplicación del Derecho. Asimismo subraya que la lógica jurídica es aplicada intuitivamente por los jueces en los razonamientos de sus sentencias, pero en ningún mo­ mento ha llegado a ser aplicada de manera reflexiva. El objeto de estudio de la lógica es el pensar en la caracterización ge­ neral de las especies o clases de pensamientos. Aun esta actividad tie­ ne un fin, pues la caracterización de los pensamientos no es un juego ocioso, sin propósito determinado, va dirigido a encontrar las vías o herramientas metódicas a través de las cuales se captura el mundo de los pensamientos verdaderos. Así se explica que la lógica desde siempre haya tenido como objeto básico el estudio de los métodos de las cien­ cias en general. En este desmembramiento de los campos de estudio, tanto de la lógica como de la metodología, encontramos una íntima comunicación en­ tre ellos, por eso la metodología forma parte de la lógica y esta, de la filosofía. La lógica estudia la forma de nuestros pensamientos (conceptos jurí­ dicos, juicios, raciocinios) solamente desde el punto de vista de su es­ tructura; es decir, desde el punto de vista de su forma lógica. Descubre leyes y reglas de la forma de nuestros pensamientos, en la perspectiva de la verdad. __________________________________________________________________________________________ 301

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38.EI Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimien­ to Administrativo General, en su artículo 213° faculta a la autori­ dad a declarar de Oficio la nulidad de los Actos Administrativos, cuando se de algunos de los siguientes supuestos. Marque la respuesta correcta.

a. Se ha incurrido en error numérico. b. El funcionario que lo expidió advierta que aplicó una norma que no correspondía. c. No haya quedado firme la resolución. d. Si habiendo quedado firme agravia el interés público o lesiona derechos fundamentales.

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Respuesta: d La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerár­ quico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcio­ nario. Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver so­ bre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo solo podrá ser objeto de reconsidera­ ción. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. La Autoridad Administrativa puede declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público. Los actos administrativos emitidos por con­ sejos o tribunales regidos por leyes especiales competentes para resolver controversias en última instancia administrativa, no pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio. Solo procederá demandar su nuli­ dad, ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso-administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes a contar desde la fecha en que el acto quedó firme. La potestad de declarar la nulidad de oficio no impide que los parti­ culares puedan acudir ante la Administración utilizando su facultad de iniciativa para pedirle o recomendarle utilizar la referida potestad; sin embargo, dicha iniciativa no tiene el mismo tratamiento que un recurso administrativo por cuanto no participa de ese carácter y por tanto no está sujeto a los requisitos y reglas de plazo y trámite de los recursos. 302

PRUEBA A

39.EI artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para de­ clarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221° las causales para declarar la de anulabilidad del acto jurídico. Siendo diferentes sus efectos.

Marque la respuesta correcta:

a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado. c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

3 Respuesta: c Eliminada la distinción entre actos inexistentes y actos nulos, que­ da únicamente la distinción entre actos nulos que carecen de efectos (quod nullum est nullum producit effectum: lo que es nulo no produ­ ce efectos), y actos anulables que producen normalmente sus efectos, pero están amenazados de destrucción a petición de parte interesada. A los actos nulos se les denomina también actos con nulidad radical o nulidad absoluta, y a los anulables, actos con nulidad relativa o actos impugnables o actos provisionalmente válidos o actos con invalidez pendiente. La nulidad es la forma más radical de la invalidez del acto jurídico. El acto anulable, mientras no sea impugnado, produce todos sus efectos. La nulidad protege intereses generales, colectivos; en tanto que la anulabi­ lidad tutela sola mente intereses particulares del agente afectado con la causal de anulabilidad. El debate doctrinario sobre si el acto jurídico anulable es válido o invá­ lido ha sido superado en el Código Civil peruano que reconoce como inválidos a los actos nulos y a los anulables. En el Libro II, Título IX, denominado Nulidad del acto jurídico y por ende, del contrato, se regula tanto la nulidad como la anulabilidad; esto es acorde con la doctrina que clasifica a la nulidad en absoluta y relativa. En materia de nulidades rigen estos principios: a) Son supuestos de ineficacia estructural u originaria; b) La nulidad y la anulabilidad se deben necesariamente a anomalías existentes en el momento de la celebración del acto jurídico; __________________________________________________________________________________________ 303

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c) Las causales de nulidad y de anulabilidad están establecidas por ley (principio de legalidad), los franceses dicen pas de nullités sans texte (no hay nulidad sin texto). Los jueces, por mandato del art. 138 de la Constitución, deben ejercer su función jurisdiccional con sujeción a la Constitución y a la ley, por tanto, están prohibidos de crear causales de nulidad o anulabilidad; sin embargo, con frecuencia lo hacen sin advertir las consecuencias. Se debate en doctrina si la nulidad es o no una sanción. Para Hart (The concept oflaw -1961-) las que confieren poderes o competencias (nor­ mas secundarias), distintas de las que regulan conductas como obliga­ torias, prohibidas o permitidas (normas primarias), no son infringidas, sino seguidas o no, con la consecuencia que en el primer caso el acto es válido y no en el segundo; por tanto, la invalidez del acto no es una san­ ción. En cambio, para Kelsen toda norma jurídica es una orden acom­ pañada de la respectiva sanción coercitiva. Desde esta perspectiva, la invalidez es una sanción. Todo el Derecho es posible de ser infraccionado, violado, si con un con­ trato se infringe la norma que prohíbe contratar a los incapaces o cele­ brar contratos con objeto imposible, ilícito, o bajo los efectos del error, dolo, etc., la consecuencia jurídica es la nulidad absoluta o relativa del respectivo contrato. No hay razón para cuestionar que la ley establezca, v. gr„ que un acto jurídico no debe tener un objeto o un fin ilícito, bajo pena de nulidad; o que la voluntad del agente no debe estar viciada por dolo o por error, bajo sanción de anulabilidad del acto. La nulidad es la sanción impuesta por el Derecho a los actos jurídicos que infringen sus preceptos. La nulidad, sea absoluta o relativa, es una manifestación de la sanción de invalidez del acto jurídico, prescrita por la ley, por adolecer de la falta de un elemento sustancial o requisito de validez, o por la existencia de defectos o vicios de la voluntad en el momento de su celebración. Esto significa que la nulidad solamente se produce por una causa originaria, congénita, orgánica.

40. Marque la opción correcta: En la Teoría General del Derecho, los criterios para resolver antinomias son: a. b. c. d. 304

Jerárquico, cronológico, de especialidad y de competencia. Jerárquico, cronológico, consecuente y a distancia. Superioridad, intermedio, determinado y cronológico. Profundo, de especialidad, interpretativo y cronológico.

PRUEBA A

Respuesta: a El principio de igualdad, reconocido por el artículo 2, numeral 2, de la Constitución Nacional, (i) es un derecho subjetivo de las personas a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetar y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas. Esta cláusula general, em­ pero, (ii) permite incorporar un elemento diferenciador de relevancia jurídica en tanto en cuanto se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello según criterios o juicios de valor generalmente acep­ tados, y que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. Como el principio de igualdad tiene, además, un carácter relacional, (iii) es necesario, de un lado, que el precepto cuestionado introduzca directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas y, de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparación sea, efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de comparación no resulte arbitrario o caprichoso. 2. La antinomia existen­ te entre la Sentencia de la Sala Constitucional y Social Permanente de y el Acuerdo Plenario 4-2016/C1J-116, publicado el, debe resolverse en función a tres criterios: (i) especialidad -criterio cualitativo vinculado a la rama del Derecho en la que se inserta el precepto legal examinado-, (ii) momento de expedición de las sentencias o resoluciones del Tribu­ nal Supremo en oposición -criterio de temporalidad-, y (iii) técnica de resolución de conflictos normativos en el Derecho penal -regla jurídica específica, propia del Derecho penal-. (Casación 1672-2017, Puno).

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PRUEBA B

JUEZ ESPECIALIZADO PENAL

1. El Tribunal Constitucional, al dictar la sentencia en el Expediente 5854-2005-PA/TC, precisó que: “El tránsito del Estado Legal de Dere­ cho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de dis­ posiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. Con dicho texto NO se quiso expresar que:

a. Se supera la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Se puede exigir el cumplimiento de la Constitución a nivel ju­ risdiccional. c. Se debe dotar a los órganos jurisdiccionales de la competen­ cia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompatibilidad en la interpretación de una disposición cons­ titucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la primera. d. Las resoluciones en materia electoral, dictadas en última ins­ tancia por el Jurado Nacional de Elecciones, son inatacables jurisdiccionalmente.

Respuesta: d

2. El Tribunal Constitucional al dictar la sentencia del Expediente 0024-2003-AlfrC, señaló que:”(...) el precedente constitucional vin­ culante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homologa”. Siendo este el concepto, señale ¿cuándo procede la aplicación del precedente vinculante? 307

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VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

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a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando una de las partes dentro del proceso solicita la aplica­ ción del precedente.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 3. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Expediente N. ° 2579-2003-HD/TC acogió por primera vez la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el estado de cosas in­ constitucional. ¿Cuáles fueron los efectos de acoger esa doctrina?

a. Acumular todos los procesos seguidos entre las mismas partes, b. Extender los alcances de su sentencia a personas que no ha­ bían sido parte en el proceso. c. Cualquier órgano jurisdiccional, en un proceso ordinario, de­ clarando un estado de cosas inconstitucionales, podría extender los efectos de una sentencia a quienes no habían sido parte en el proceso. d. A que toda sentencia dictada, cuyo criterio era contraria a ese pronunciamiento era nula.

Respuesta: b

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Ha señalado el TC, en el EXP. N.° 2579-2003-HD/TC: “§5. Estado de cosas inconstitucionales y efectos de la sentencia 18. Por su propia naturaleza, y a diferencia de lo que sucede con otra cla­ se de remedios procesales constitucionales que tienen una marcada dimensión objetiva [como sucede con el proceso de inconstitucionalidad de las leyes y el conflicto entre órganos constitucionales], en el caso de los procesos constitucionales de la libertad (hábeas corpus, amparo y hábeas data), lo resuelto con la sentencia vincula única­ mente a las partes que participan en él. En efecto, de acuerdo con el artículo 8o de la Ley N.° 23506, la reso­ lución final constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al re­ 308

PRUEBA B

cúrrente, aunque también “puede oponerse a quien pretendiera eje­ cutar o ejecutase igual agresión”. Y, de conformidad con el artículo 90 de la misma Ley N.° 23506, las sentencias “... sentarán jurisprudencia obligatoria cuando de ellas se puedan desprender principios de al­ cance general”, debiendo, en todo caso, observarse que, en concor­ dancia con la Primera Disposición General de la LOTC, “Los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucio­ nales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”. Excepto el supuesto de que sobre una persona que haya obtenido una sentencia en su favor, un tercero pretenda o realice un acto si­ milar de agravio, al que se refiere el artículo 90 de la Ley N.° 23506, lo normal es que la sentencia dictada en estos procesos sólo se pueda oponer al “vencido” en juicio. Si un tercero, en las mismas circuns­ tancias, agraviada por el mismo acto, o como consecuencia de una interpretación contra constitutionem de una ley o una disposición reglamentaria, quisiera acogerse a los efectos del precedente obliga­ torio o a la doctrina constitucional sentada por este Tribunal Cons­ titucional, no tendrá otra opción que iniciar una acción judicial e in­ vocar en su seno el seguimiento de aquel precedente o de la doctrina constitucional allí contenida. Tal práctica, no prevista originalmente por el legislador, ha generado una serie de problemas en la justicia constitucional, que no han sido ajenas a este Tribunal. Ello se expresa, por un lado, en el incesante crecimiento del número de demandas destinadas a obtener similares términos de tutela y, de otro, en la consiguiente saturación y el even­ tual colapso de la justicia constitucional de la libertad. Para hacerle frente, en algunas ocasiones este Colegiado ha tenido que recurrir a ciertas instituciones del derecho procesal general, como la acumulación de procesos o la reiteración de jurisprudencia. Con el primero, controversias sustancialmente análogas, han sido resueltas mediante una sola sentencia. Y mediante la segunda, el Tribunal se ha ahorrado el deber de expresar sus razones sobre cada uno de los puntos controvertidos, para simplemente expresarlas por remisión. Sin embargo, el uso que este Tribunal ha hecho de ambas instituciones procesales ha contribuido muy escasamente a la solución de esta problemática, dado que para su activación es preciso que el afectado en sus derechos inicie también una acción judicial. __________________________________________________________________________________________ 309

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19. El problema, sin embargo, no es estrictamente procesal o se basa en razones de eficiencia en la prestación de la justicia constitucional. El Tribunal estima que esa práctica también contrae un problema que atañe a la propia naturaleza y el carácter vinculante que tienen los derechos fundamentales sobre los órganos públicos. En diversas oportunidades, en efecto, se ha advertido que, pese a existir úna in­ veterada tradición jurisprudencial en determinado sentido, diversos órganos públicos han mantenido y, lo que es peor, continuado, la realización de actos considerados como lesivos de derechos consti­ tucionales. ¿Cómo explicar tal situación? Seguramente, entre muchas otras op­ ciones, debido al desconocimiento de aquellos criterios, pero tam­ bién por la desidia o los efectos patrimoniales que se pudieran ge­ nerar. En efecto, resulta muy cómodo para un órgano público argüir que tal o cual acto se justifica con el cumplimiento de una sentencia, antes que justificarlo con una decisión unilateral, por ejemplo ale­ gando que se actúa de conformidad con los derechos fundamentales. En tal concepción subyace, evidentemente, un problema de compren­ sión del significado y valor de los derechos fundamentales en el Esta­ do constitucional de derecho. Éste no es otro que asumir que tales de­ rechos sólo vinculan porque existe una sentencia que así lo establece. La interpositio sententiae se convierte, así, en una condición del ejer­ cicio pleno de los derechos fundamentales, y su ausencia, por decirlo así, determina que los derechos apenas si tengan un valor vinculante. Definitivamente no se puede compartir un criterio de tal naturale­ za. Sin embargo, el Tribunal no sólo puede limitarse a condenar el desconocimiento del carácter vinculante de los derechos; es decir, la insensatez de que no se comprenda que, en particular, todos los ór­ ganos públicos tienen un deber especial de protección con los dere­ chos fundamentales, y que la fuerza de irradiación de ellos exige de todos los operadores estatales que realicen sus funciones del modo que mejor se optimice su ejercicio. Es urgente, además, que adop­ te medidas más audaces que contribuyan a hacer aún más efectiva su función pacificadora de los conflictos de la vida constitucional. Por ello, dado que este Tribunal es competente para fijar las reglas procesales que mejor protejan los principios y derechos constitucio­ nales, considera constitucionalmente exigible que se adopte la téc­ nica del ‘estado de cosas inconstitucionales” que, en su momento, implementara la Corte Constitucional de Colombia, a partir de la Sentencia de Unificación N.° 559/1997. 310

PRUEBA B

Esta técnica, en un proceso constitucional de la libertad, compor­ ta que, una vez declarado el ‘estado de cosas inconstitucionales”, se efectúe un requerimiento específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que, dentro de un plazo razonable, realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de dere­ chos fundamentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración. Se trata, en suma, de extender los alcances Ínter partes de las senten­ cias a todos aquellos casos en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas. Para que ello pueda realizarse es preciso que la violación de un de­ recho constitucional se derive de un único acto o de un conjunto de actos, interrelacionados entre sí, que además de lesionar el derecho constitucional de quien interviene en el proceso en el que se produce la declaración del estado de cosas inconstitucionales, vulnera o ame­ naza derechos de otras personas ajenas al proceso. Y, tratándose de actos individuales, esto es, que tengan por destinatarios a determi­ nadas personas, la declaración del estado de cosas inconstitucionales se declarará si es que se sustenta en una interpretación constitucio­ nalmente inadmisible de una ley o una disposición reglamentaria por parte del órgano público. 20. Una modulación de los efectos de las sentencias dictadas en el seno de estos procesos constitucionales de la libertad se justifica, como lo ha expresado la Corte Constitucional colombiana, “(...) en el deber de colaborar armónicamente con los restantes órganos del Estado para la realización de sus fines. Del mismo modo que debe comuni­ carse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisión de un delito [artículo n° de la Ley N.° 23506], no se ve por qué deba omitirse la notificación de que un determinado estado de cosas re­ sulta violatorio de la Constitución Política”. “El deber de colaboración se torna imperativo si el remedio administrativo oportuno puede evitar la excesiva utilización de la acción de [amparo, hábeas corpus o hábeas data]. Los recursos con que cuenta la administración de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de las obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye a reducir el número de causas constitucionales, que de otro modo inexorablemente se presentarían, dicha acción se erige también en medio legítimo a través de la cual la Corte realiza su función de guardiana de la integridad de la __________________________________________________________________________________________

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Constitución [artículo 201 de la Constitución] y de la efectividad de sus mandatos”. 21. De modo que, y a fin de que se respeten plenamente los pronuncia­ mientos de esta naturaleza que de ahora en adelante se emitan, este Colegiado enfatiza que, si con posterioridad a la fecha de expedición de una sentencia de esta clase, llegase al Tribunal o a cualquier órgano judicial competente un caso análogo, cuyos hechos se practiquen con fecha posterior a la de esta sentencia, aparte de que se ordene la remi­ sión de copias de los actuados por la violación del derecho constitucio­ nal concretamente afectado, también se dispondrá que se abra proceso penal por desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional.” 4. Sobre la validez de los decretos leyes en el sistema jurídico perua­ no, marque la opción correcta:

a. Los decretos leyes no son normas válidas en el sistema jurídico peruano. b. Los decretos leyes son normas con rango legal y se controlan mediante acción de inconstitucionalidad. c. Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado Constitucional, el Tribunal Constitucional ha asumido la teoría de la caducidad. d. Los decretos leyes son normas con rango reglamentario y se controlan mediante acción popular.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 5. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expedien­ te N. 0 1417-2005- AA/TC, señaló que la distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas puedan ser divididas entre:

a. b. c. d.

Normas jurídicas sustantivas y normas jurídicas procesales. Normas regla y normas principio. Normas constitucionales y normas legales. Normas jurídicas y normas constitucionales

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 312

PRUEBA B

6. De acuerdo a nuestro sistema jurídico, a diferencia de la jurispru­ dencia, las sentencias normativas deben ser cumplidas por todos los jueces de instancias inferiores de la organización judicial. No se pueden apartar de los criterios de interpretación que en ellas se fije. Solo se puede variar, modificar y/o derogar por el mismo órgano judicial que la emitió. De la lista de opciones, ¿cuál es una sentencia normativa? a. La sentencia de casación. b. Los acuerdos plenarios de la Corte suprema. c. El precedente judicial previsto en el artículo 400 del Código Procesal Civil. d. Ninguna es una sentencia normativa.

Respuesta: c Regula al respecto el CPC: “Artículo 400.- Precedente judicial La Sala Suprema Civil puede convocar al pleno de los magistrados su­ premos civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdic­ cionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente. Los abogados podrán informar oralmente en la vista de la causa, ante el pleno casatorio. El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso se publican obligatoriamente en el Diario Oficial, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.

7. Cuál es la relación de jerarquía que existe entre la interpretación que desarrolla el Tribunal Constitucional con las de la Corte Interamericana de DDHH. w a. b. c. d.

Los criterios de la Corte Interamericana de DDHH prevalecen. Los criterios del Tribunal Constitucional prevalecen. La jerarquía está sujeta a un criterio de relación de integración. Las respuestas a y c.

Respuesta: c Como todo órgano constituido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) titulariza competencias que no son ilimitadas. 313

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Una de ellas es la competencia contenciosa, y uno de sus límites ha sido expresado por su intérprete vinculante, la Corte IDH, en estos términos: “esta Corte (...) no desempeña funciones de tribunal de ‘cuarta instan­ cia’, ni es un tribunal de alzada o de apelación”. Este límite puede ser representado por una regla jurídico convencional con el enunciado si­ guiente: R: Está prohibido a la Corte IDH ejercer su competencia contenciosa como una cuarta instancia judicial. 8. En un Estado Constitucional de Derecho, el principio de igualdad se reafirma con:

a. El principio de generalidad y el principio de supremacía consti­ tucional. b. El principio de generalidad y abstracción de las normas jurídicas, c. El principio de dignidad humana. d. El principio de humanidad y supremacía constitucional.

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Respuesta: b El principio de igualdad, que constituye base del Estado constitucional de derecho, se reafirma en el principio de generalidad y abstracción de las normas jurídicas. Las normas jurídicas se enuncian y se aplican a todas las personas que se encuentren en el mismo supuesto de hecho. Nadie puede ser excluido del mandato de una norma jurídica, salvo que la naturaleza de las cosas así lo aconseje. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley (artículo 2.2 Cons­ titución) y, además, «no pueden expedirse leyes especiales por la dife­ rencia de las personas» (artículo 103 Constitución). Estos dos mandatos constitucionales atribuyen a las normas jurídicas las cualidades de gene­ ralidad y abstracción. Una norma es general cuando se aplica a sujetos indeterminados. Se aplica a todos los que cumplen la condición de la norma, sin excep­ ciones. Los tipos penales son típicos casos de ello, «El que mata a otro» o «el que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho». No se refieren a nadie en específico, sino a «el que», que puede ser cualquiera. Eso sí, no siempre la norma general debe aplicarse a «to­ dos los miembros del Estado» sino simplemente su redacción no debe concretarse a sujetos específicos. De otra parte, una norma es abstracta cuando regula de manera gene­ ral una acción. La redacción de la norma solo describe un supuesto de 314

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hecho teórico o abstracto, que luego deberá contrastarse con el cumpli­ miento de la acción en hechos concretos. Cuando describo una acción, el supuesto de hecho abstracto se puede aplicar a quien realice la acción normada y el hecho debe encajar en su redacción. En nuestro ejemplo, «El que mata a otro», debe configurarse la acción de matar para que se aplique la norma sancionadora. 9. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Jazmines es investi­ gado por el delito de abuso de autoridad por presuntamente haber realizado diversos actos arbitrarios en agravio de varios trabajado­ res municipales. Durante la investigación preparatoria el fiscal de­ cide requerir una medida coercitiva con fines de prevención dada la reiteración delictiva. Sobre la posibilidad de requerir la suspen­ sión preventiva de derechos, señalar la alternativa correcta:

a. El fiscal puede solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo, por un plazo no mayor de la mitad de la mitad del tiempo pre­ visto para la pena de inhabilitación para el delito de abuso de autoridad. b. El fiscal podrá solicitar la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo no mayor de 4 meses. c. El fiscal no podrá solicitar la suspensión preventiva de derechos pues el imputado ostenta un cargo que proviene de elección po­ pular. d. El fiscal podrá solicitar la suspensión temporal del cargo previa autorización del Congreso de la República.

Respuesta: c

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LEGALES EDICIONES

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004 (en ade­ lante “CPP”) se dieron modificaciones e innovaciones en el proceso pe­ nal, siendo una de las más resaltantes el otorgarle al Fiscal la conducción de toda la investigación. Ante ello, en el CPP se establecen diversos tipos de medidas de coerción que puede solicitar el Fiscal con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso -prisión preventiva-; asegurar el pago de la re­ paración civil -embargos-; asegurar la averiguación de la verdad -impe­ dimento de salida-; y, procurar la protección del imputado y de terceros ante una grave alteración o insuficiencia de las facultades mentales del primero -internación preventiva. De igual manera, suspender derechos temporalmente -suspensión preventiva de derechos- contra las personas investigadas.

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La suspensión preventiva de derechos se encuentra establecida en el Li­ bro Segundo denominado “La actividad procesal” del CPP, dentro de la Sección III “Las Medidas de Coerción Procesal”, específicamente, en el Título VIL Si bien nuestro Código Procesal no da una definición de esta medida y procede inmediatamente a señalar sus requisitos, puede deducirse de su redacción que es una medida solicitada por el Fiscal y aprobada por el Juez, aplicable al imputado solo cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación (principal o accesoria) o cuando resulte ne­ cesario para evitar la reiteración delictiva. Además, de acuerdo a lo establecido por el artículo 297o del CPP, sola­ mente puede imponerse cuando i) existan suficientes elementos proba­ torios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo y ii) cuando exista peligro concreto que el im­ putado, en atención a las especificas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que se procede. Asimismo, los artículos 298o y 299o del CPP establecen las clases de me­ didas de suspensión preventiva de derechos, así como su duración, te­ mas que también se abordaran en los siguientes apartados.

10. Para imponer una medida de suspensión preventiva de derechos, se requiere:

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a. Graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor y partícipe del mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la ver­ dad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. b. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo y pe­ ligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o come­ terá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. c. Graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor y partícipe del 316

PRUEBA B

mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. d. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo y pe­ ligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, permita colegir razonablemente que tratará de elu­ dir la acción de la justicia o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede.

Respuesta: b

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Los requisitos de la suspensión preventiva de derechos se encuentran previstos en el artículo 297o del CPP en los siguientes términos: “Artículo 297.- Requisitos El Juez, a pedido del Fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión pre­ ventiva de derechos previstas en este Título cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, sea esta principal o accesoria o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. Para imponer estas medidas se requiere: a. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. b. Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones per­ sonales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá deli­ tos de la misma clase de aquél por el que se procede. Por un lado, respecto al primer requisito, debo precisar que la única par­ te procesal que puede solicitarlo es el Fiscal, siendo el Juez quien deci­ dirá si acepta o no el requerimiento realizado por el representante del Ministerio Público. Ahora bien, uno de los supuestos para poder solicitar esta medida es cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, de­ biendo entender esta última como “la privación, suspensión o incapa­ citación de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penado. A través de esta pena se sanciona a quien ha infrac­ cionado un deber especial propio de su cargo, función, profesión, co­ mercio, industria o relación familiar; o a quién se ha prevalido de su posición de poder o de dominio para delinquir».

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Al respecto, la pena de inhabilitación es una pena limitativa de derechos (como también lo son la prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres) encontrándose prevista en el artículo 36o del Código Penal. Cabe agregar que la pena inhabilitación puede ser tanto principal o accesoria, según lo establece el artículo 37o del Código Penal. La inhabilitación cuando es principal “se impone de forma indepen­ diente sin sujeción a ninguna otra pena, esto es, de manera autónoma, aunque puede ser aplica conjuntamente con una pena privativa de liber­ tad o de multa». En cambio, la inhabilitación accesoria “no tiene existencia propia y úni­ camente se aplica acompañando a una pena principal, generalmente privativa de libertad, es, pues, complementaria y castiga una acción que constituye una violación de los deberes especiales que impone un cargo, profesión, oficio o derecho -se basa en la incompetencia y el abuso de la función». De otro lado, el segundo supuesto de aplicación está relacionado a una posibilidad de reiteración delictiva. En este caso, el representante del Ministerio Público tendrá que guiarse por cuestiones objetivas respecto a la gravedad del delito y las condiciones personales del imputado. Por otro lado, respecto al segundo requisito, podemos señalar lo si­ guiente: a. "Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo." Este requisito se refiere a que el Fiscal en su requerimiento debe adjuntar los medios probatorios suficientes que vinculen al imputado como autor o participe del delito. En otras palabras, se exige "un alto grado de probabilidad que el imputado haya cometido los hechos investigados y estén presentes todos los presupuestos de la punibilidad y perseguibilidad». b. "Peligro concreto de que el imputado, en atención a las es­ pecíficas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la ver­ dad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede". Este supuesto hace referencia a peligro procesal que puede existir en un determinado caso. En este sentido, es importante señalar que “el peligro procesal hace alusión al periculum in mora, que constituye un presu­ puesto de toda medida cautelar que hace referencia a los riesgos que se deben prevenir para evitar la frustración del proceso derivados de la du­ 318

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ración de su tramitación”. Asimismo, este peligro está representado por el peligro de fuga y por el peligro de obstaculización del proceso; siendo este último al que se hace referencia en el presente requisito. El Tribunal Constitucional, respecto al peligro de obstaculización del proceso, ha señalado que se “encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto del resultado del proceso, pudiendo ello manifestarse con la influencia directa del actor en la al­ teración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios, en la conducta de las partes o peritos del caso que incida en el juzgador a efectos de un equívoco resultado del proceso e incluso que de manera indirecta o externa el procesado en libertad pueda perturbar el resultado del proceso penal, aspectos de obstaculización del proceso que el juzga­ dor debe apreciar en cada caso en concreto, ya que de contar indicios fundados de su concurrencia deberá ser merecedor de una especial mo­ tivación que la justifique». ll.Juan, jefe de logística del Ministerio de Transportes y Comunica­ ciones, encargado de las licitaciones en dicha entidad, abusando de su cargo incrementa ilícitamente el patrimonio de su hermano Armando, a nombre de quien figuran todos los bienes y el dinero; sin embargo, de facto ejerce el pleno dominio sobre dichos activos. En atención al caso planteado, sobre la imputación a efectuar contra Juan. Señale la respuesta correcta:

Respuesta: a El delito de enriquecimiento ilícito sanciona a todo funcionario público o servidor, que abusando de su cargo incrementa su patrimonio de ma­ nera desproporcional, un funcionario público es toda persona que está dentro de la carrera administrativa, cargo de confianza o que se encuen­ tra comprendido en el artículo 425 del Código Penal. 319

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a. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento Ilícito, en calidad de autor, dado que en realidad ha incrementado su pa­ trimonio sirviéndose de un testaferro. b. Su conducta no resulta punible, puesto que no ha incrementado su patrimonio, como exige el tipo penal, sino el patrimonio de su hermano. c. Corresponde imputarle el delito de lavado de activos en cali­ dad de autor. d. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice de su hermano Armando.

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Como indica Pariona Arana, este delito no está tipificado en muchos países de América Latina, tampoco está regulado en Europa. Su regu­ lación depende de la política criminal de cada Estado. El delito se fue modificando a lo largo del tiempo, su última modificación fue en el año 2016, por el Decreto Legislativo 1243, quedando modificado y actual­ mente encontrándose tipificado de la siguiente manera: Artículo 401. Enriquecimiento ilícito El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimi­ do con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artí­ culo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el au­ mento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.

12.En el mismo caso, ¿cuál sería la imputación contra Armado?

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a. Responde como coautor del delito de enriquecimiento ilícito. b. Su conducta no resulta punible, dada la incomunicabilidad de circunstancias. c. Responde como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. d. Responde por un delito común, dado que no ostenta la calidad de funcionario público exigido por el tipo penal.

Respuesta: c El cómplice puede ser un particular u otro funcionario público con y sin relación funcional con los bienes o patrimonio del Estado. Esto es así porque el cómplice no ejecuta directa o indirectamente el hecho ilícito solo coopera o ayuda a la consecución del delito. 320

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El director de una entidad estatal acuerda con el representante de la empresa M&J Inversiones, llamado Fermín, que los procesos de se­ lección a convocar durante el presente ejercicio anual serían otor­ gados a la referida empresa, para lo cual esta entrega a aquél una fuerte suma de dinero como adelanto de la comisión acordada por los procesos de selección. Para concretar los acuerdos, Fermín se encarga de elaborar - extraoficialmente- la bases del futuro proce­ so de selección, a fin de manipular las condiciones del mismo, mien­ tras que el director designa como miembros del Comité Especial a personas afines, a quienes pone al tanto de lo sucedido, quienes aceptan y se comprometen en que al momento de efectuar la ca­ lificación entregarían la buena pro a la empresa antes citada, aun cuando no sostienen reunión alguna con Fermín; posteriormente, después de aprobadas las bases preparadas por Fermín, las cuel­ gan en el SEACE. Habiendo tomado conocimiento de que la Contraloría General de la República había acreditado una comisión auditora en la enti­ dad, el director y los miembros del Comité Especial decidieron anular el proceso de selección, previo a la presentación de pro­ puestas técnicas y económicas, aduciendo la existencia de defec­ tos administrativos, con la finalidad de evitar que los hechos sean descubiertos por el órgano de control; situación que incomodó a Fermín, quien decidió poner los hechos en conocimiento del Mi­ nisterio Público.

13. De acuerdo al caso planteado, respecto a la imputación contra el director de la entidad, señale la respuesta correcta: a. Se le imputará el delito de colusión, en calidad de autor. b. Su conducta resulta atípica de colusión, en tanto no se otorgó la buena pro, al declararse nulo el proceso de selección. c. Su conducta resulta atípica, en tanto no tiene participación di­ recta en el proceso de selección, ya que no es quien elabora las bases ni otorga la buena pro, correspondiendo dicha labor al (_ Comité Especial. d. Su conducta resulta atípica, en tanto no existe perjuicio al patrig monio del Estado.

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más distinto que sea de la investigación preparatoria, tendrá que luchar contra sus propios prejuicios, pues esta diferenciación de facultades, no pareciera centrarse en la protección de imparcialidad desde su propio campo subjetivo, sino en los problemas objetivos que puedan suscitarse para mantener ciertos criterios jurisdiccionales. Por ejemplo, es probable que un juez que haya ordenado la prisión pre­ ventiva emita posteriormente una sentencia condenatoria, pese a darse cuenta de su inocencia, solo para no admitir que inicialmente estuvo equivocado. Es por ello que, cuando se reforma el proceso inmediato, le es indiferente que el juez de juzgamiento sanee la acusación, admita medios probatorios y luego sentencie, pues nada de aquellas primeras decisiones afecta la sentencia final. Lo otro es el trabajo que se debe rea­ lizar para luchar contra los sesgos cognitivos, lo que nos lleva al debate de establecer estándares o reglas sobre la valoración de la prueba. Oralidad, publicidad y contradicción Ahora, si bien el artículo 356 del Código Procesal Penal desarrolla prin­ cipios y reglas del juicio oral, la remisión de los actuados ya se habría dado desde el artículo 355. Pese a su errónea ubicación, la etapa de juz­ gamiento se inicia desde el auto de citación a juicio. Los principios de oralidad y contradicción son los mismos del título preliminar, artículo 1.2. Aunque pareciera repetirse innecesariamente, contiene un significado especial: en el juicio, a diferencia de otras etapas procesales, no acepta excepciones. El principio de publicidad, sí nos pa­ reció innecesario. Parece un rezago del artículo 207 del Código de Pro­ cedimientos Penales, cuando se ordenaba que la publicidad regía en el juzgamiento; de ahí que se diga en el título preliminar que toda persona tiene derecho a un juicio oral, cuando debió decir proceso. Nuevamente se repite -aunque esta vez sí justificado- en el artículo 357 para poste­ riormente establecer las excepciones de publicidad. Continuidad y concentración Luego, vienen los principios que solamente se aplican en el juicio, como el de continuidad, concentración de actos, identidad física del juzgador y presencia del acusado y defensor. La continuidad en la investigación o etapa intermedia, más que todo, era un deber ser del juzgador, que poco a poco se ha ido perdiendo. Ahora, hasta la tutela de derechos se suspen­ de para resolverse en despacho. El principio de continuidad permite que el juicio se pueda llevar a cabo en diferentes sesiones. No necesariamente conviene resolverse en un solo acto. Por ejemplo, en España, la continuidad es el uso de todas las 330

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sesiones consecutivas necesarias hasta la culminación del juicio. En Chile, las continuaciones de las sesiones se llevan a cabo al día siguien­ te o subsiguiente hábil. Nosotros hemos repetido la última fórmula. El principio de continuidad, no solo es llevar a cabo el juicio en una sola sesión, sino poder hacerlo de manera sucesiva y consecutiva. Solo se llama suspensión, cuando se reanuda por más de dos días. Entonces, lo que pretende el principio es que la información continuada que el juez reciba (en el acto, al día siguiente o subsiguiente), no sea olvidada por otros actos procesales (o extra procesales). Lo crítico es que la excepción (la suspensión de juicio) se convierte en regla. Así, todas las sesiones de juicio se suspenden -casi siempre- hasta el octavo día, lo que no ocurre, por ejemplo, en Chile, porque su plazo máximo es de diez días y solo puede promoverse excepcionalmente sin exceder su límite; a diferencia de España, que no tiene plazo de suspen­ sión. Por consiguiente, no sabemos científicamente si el juez tiene las habilidades cognitivas para recordar un juicio llevado a cabo cada ocho días, más aún cuando se sabe que, durante dicho periodo, ha llevado a cabo una decena de sesiones de otros juicios orales. Se busca cumplir con la formalidad para que no se sancione con la nulidad, en caso se exceda el plazo legal, pero no el principio de preservar la información consecutiva del juzgamiento. El principio de concentración es el que más se deja de lado. No porque no se pueda cumplir, sino que muchas veces es sacrificado para man­ tener la continuidad del juicio. En realidad, son actos procesales que, por su naturaleza, contienen una unidad para que la información que se reciba no sea incompleta, lo que no podría desmembrarse. Aquí existen dos circunstancias debatibles: i) cuando se sesiona sin ac­ tuación probatoria, lo que involucra la continuidad del juicio; y, ii) cuan­ do el acto procesal es dividido en diferentes sesiones, lo que involucra la concentración. ¿Qué acto procesal no es válido para continuar el juicio? Cuando se programa una sesión en la que, por diferentes motivos, no se ha podido actuar la prueba programada, se busca salvar la continuidad del juicio de alguna manera (claro que esto no ocurriría si no hubiera suspensión de juicio en el último día), como cambiar el orden probato­ rio (un documento en medio del examen de testigos) o la resolución de una incidencia (conducción compulsiva, prescindencia o desistimiento de la prueba), lo que cumpliría con el principio de continuidad. Sobre el orden probatorio, no existe vulneración de derecho alguno. Si el juez admite la lectura de un documento sin acabar con el examen de

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todos los testigos, no genera nulidad. Es verdad que se propone que el juez reciba una información ordenada de los hechos para su mejor com­ prensión; de esta manera, como nuestro sistema le da mayor relevancia al testimonio, el documento es la prueba de corroboración sobre lo que se dijo, generalmente. De ahí que el orden propuesto por el legislador, solo es para que la información ingrese adecuadamente. Por otro lado, el examen inicial del acusado es un rezago propio del sistema de jus­ ticia anterior, donde se pensaba que era una fuente de prueba, siendo desechado por los mismos órganos jurisdiccionales en su aplicación. Entonces, adelantar la lectura de un documento indiferente a la infor­ mación de un testigo próximo a examinar, no pasaría nada. Del mismo modo, se puede examinar al acusado, en cualquier momento del juicio, pero antes de cerrarse la actuación probatoria. Ahora, la emisión de un acto procesal no es, per se, el desarrollo de una actuación procesal. Si se acepta que ocho días hábiles es el tiempo máxi­ mo para que el juez recuerde lo que se está debatiendo en juicio, resolver la prescindencia de una prueba, no es ingresar información al juicio, más solo verificar si se cumple con la sanción de su prescindencia o su reprogramación. La orden de conducción compulsiva no es ingresar información al juicio, solo es la consecuencia jurídica válida por la inasistencia del órgano de prueba debidamente notificado. El desistimiento de la prueba ofrecida no es ingresar información al juicio, solo la libre voluntad de renunciar al derecho de probar algo. Es cierto que el principio de adquisición probatoria (comunidad de la prueba) obliga su actuación porque al admitirse le pertenece al pro­ ceso y no a las partes; sin embargo, la Suprema ha aceptado que, si el oferente renuncia a la prueba y es aceptada por la contraparte, no podría, posteriormente, solicitar su nulidad. Del mismo modo, agre­ garía, si aún se obligue su actuación, pese a su renuncia, tampoco podría llevarse a cabo si solo dependiera de quien lo ofreció. En defi­ nitiva, si se resuelve cualquiera de estas incidencias, no es actuación procesal; y, si no se actúa prueba alguna, la sanción de interrupción es inminente. Por su parte, los actos son, en sí mismos, una unidad. Indivisibles. For­ zar a que, por ejemplo, los alegatos del fiscal se den en una sesión y el de la defensa en otra, quiebra la concentración. Que se le pregunte al acusa­ do si se considera culpable o inocente, para que sea respondido en otra sesión, quiebra la concentración. Sin embargo, todo lo dicho no sirve de nada, si las propias partes lo convalidan. Si los mismos sujetos procesa­ 332

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les permiten y hasta proponen que sea así, no podrían, posteriormente, solicitar la nulidad del juicio o su interrupción. La identidad física del juzgador La exigencia de la identidad física del juzgador tiene su historia referente en los jueces sin rostro que generaron, posteriormente, la nulidad del juicio, aunque probablemente, con las audiencias virtuales, solo se exija su identificación, es decir, su nombre e imagen, pues lo físico podría relativizarse. Inclusive, la flexibilización ha llegado hasta los considera­ dos contumaces, quienes pueden dejar dicha condición si se presentan virtualmente en audiencia.

22 .Respecto al juicio oral, es correcto afirmar que: a. El régimen de publicidad es absoluto, por lo que no cabe sesio­ nes reservadas. b. Es posible que se presente una conformidad parcial. c. El Juzgado (Colegiado o Unipersonal) solo puede fallar respec­ to al material probatorio actuado en su presencia sin ninguna excepción. d. La oportunidad procesal para que se plantee una acusación complementaria es hasta antes de que se cierre los debates del juicio oral.

Respuesta: b Esta etapa es considerada la etapa principal del proceso penal ordina­ rio, y consiste en una audiencia oral, pública y contradictoria, donde se debaten los fundamentos de la acusación fiscal, a fin de determinar si se declara fundada la pretensión punitiva del Estado o si se absuelve al acu­ sado. Aun cuando esta etapa fue considerada históricamente como una garantía del ciudadano acusado del delito, lo fue si tomamos en cuenta, lo oprobioso del proceso inquisitivo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se ha constatado que el llamado modelo mixto, no fue sino una mera reforma del proceso inquisitivo, y que el juzgamiento oral se ha visto desnaturalizado por los caracteres inquisitivos de la instrucción. De ahí que Binder sostenga que se trata de un proceso inquisitivo reformado. Esto, aparte de ser una contradicción en la evolución de los sistemas procesales penales, constituye evidentemente un grave problema en el sistema de garantías que diseña la Constitución para un debido proceso penal. Como se sabe, la construcción dogmática del juicio oral le debe su espectro garantista, a un conjunto de principios168 que orientan su desa333

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rrollo, sin embargo como veremos, ellos son violados sistemáticamente, por lo que cabría reafirmar que el juicio oral, al menos en nuestra legis­ lación, no cumple con ser la garantía de una sentencia justa e imparcial. 23 .El Ministerio Público planteó en su acusación fiscal que José habría cometido el delito de actos contra el pudor en contra de Laura; no obstante, en el desarrollo del juicio oral, el órgano juris­ diccional indicó a las partes procesales la posibilidad de desvin­ culación de la acusación fiscal, ya que se estaría ante una posible tentativa del delito de violación sexual. Respecto al caso plantea­ do, marque la opción correcta: a. Para que proceda la desvinculación procesal, ésta debió reali­ zarse después de los alegatos iniciales del Ministerio Público. b. No procede la desvinculación procesal planteada porque se in­ crementaría la pena a imponer a José. c. El órgano jurisdiccional con dicho proceder afecta el principio acusatorio. d. Ninguna es correcta

Respuesta: d

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En el proceso penal, cuando se asume un caso para juicio oral, se ad­ vierte que muchas veces el tipo penal que se le imputa a tu patrocinado no le corresponde, es decir, se le está afectando su derecho de defensa y defectos en la imputación, por lo que se decide plantear como teoría del caso, la comisión de otro tipo penal, distinto al de la acusación fiscal para que el juzgador aplique la denominada desvinculación procesal. Esta figura procesal se incorporó el 17 de agosto del año 2004 en el art. 285-A del Código de Procedimientos Penales (CPP), donde por primera vez se plantea la tesis de la determinación alternativa o desvinculación de la calificación jurídica; asimismo esta ha sido esbozada en la Ejecuto­ ria Suprema del 3 de julio del año 2006, Recurso de Nulidad 2490-2006, La Libertad y el Acuerdo Plenario 04-2007/CJ-116 y otras; por lo que, se debe establecer conceptos básicos respecto a este dispositivo normativo, a fin de poder identificar el panorama que se plateará. En art. 285-A del Código de Procedimientos Penales establece la posibi­ lidad de modificación de la calificación penal: S La sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las cir­ cunstancias fijadas en la acusación y materia del auto de enjuicia­ miento o, en su caso, en la acusación complementaria a que hace referencia el art. 283. 334

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S En la condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del he­ cho objeto de la acusación, salvo que la Sala previamente haya indi­ cado al acusado esta posibilidad y concedido la oportunidad para defenderse, y siempre que la nueva calificación no exceda su propia competencia. El acusado tiene derecho a solicitar la suspensión de la audiencia para preparar su defensa e incluso -si resulta pertinente y necesario- a ofrecer nuevos medios de prueba. El término de sus­ pensión de la audiencia en ambos casos no excederá el fijado por el art. 267 (...). Mientras que el art. 374 del Código Procesal Penal del 2004, señala: Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probato­ ria, el juez penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el juez penal y, en su caso, propondrán la prueba necesaria que corresponda. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el juez penal suspenderá el juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente. Durante el juicio el fiscal, introduciendo un escrito de acusación comple­ mentaria, podrá ampliar la misma, mediante la inclusión de un hecho nue­ vo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su opor­ tunidad, que modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En tal caso, el fiscal deberá advertir la variación de la calificación jurídica. En relación a los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la acu­ sación complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. La suspensión no superará el plazo de cinco días.

a. A partir del dolo del sujeto activo, el cual se determina a partir de las circunstancias del caso. b. A partir del sujeto activo y su culpabilidad, el cual se determina a partir de las circunstancias del caso. c. A partir del dolo del sujeto activo, el cual se determina a partir de una pericia psicológica. 335

LEGALES EDICIONES

24.Según la jurisprudencia casatoria de la Corte Suprema de Justi­ cia, de qué forma un juez penal puede diferenciar entre los delitos de actos contra el pudor y la tentativa de una violación sexual:

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d. A partir del sujeto activo y su culpabilidad, el cual se determina a partir de una pericia psicológica.

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Respuesta: a Se ha señalado en la Casación 1978-2019, Huaura: “Fundamento destacado: Decimocuarto. [...] Asimismo, se debe tener en consideración la especial relevancia de la declaración de la víctima ante este tipo de delitos, considerando su clandestinidad. 14. 1 En el presente caso, en atención a los hechos narrados por la agra­ viada, se dejó en claro que el procesado ingresó a ocultas a su ha­ bitación, se echó en su cama, se bajó sus prendas de vestir (short y calzoncillo) dejando expuestos sus genitales y comenzó a tocarla en los senos, el abdomen y el brazo; cuando ella despertó e intentó huir, el procesado la jaló a la cama nuevamente; no obstante, la agraviada aprovechó un descuido y corrió al cuarto de su madre. Respecto a este relato, se tiene que para determinar la naturaleza de estos he­ chos es irrelevante el contenido del certificado médico legal, pues la agraviada logró huir antes de que el procesado desplegara acciones de mayor gravedad. 14. 2 No es posible acreditar el dolo de manera directa; sin embargo, de los elementos corroborativos del hecho se desprende que el procesa­ do aprovechó que la niña estaba durmiendo sola en su habitación, se acercó sigilosamente a ella, se subió a su cama, le realizó tocamien­ tos en los senos, los brazos y el abdomen y, además, intentó tocar su vagina, pero la agraviada se defendió. Asimismo, el procesado se bajó el pantalón y la trusa, y la víctima, su hermana y la progenitora de ambas advirtieron su estado. Aunado a ello, cuando inicialmente la agraviada intentó huir, el procesado la jaló del brazo y la volvió a llevar a su cama. De lo referido se advierte que los actos del acusado son una muestra inequívoca de que su intención no estaba dirigida únicamente a tocar a la menor, sino a realizar un delito de mayor gravedad, como es la violación sexual (al respecto, véase el Recurso de Nulidad número 316-2021/Lima Este).”

25 .En cuanto a la actuación probatoria en juicio oral, señale la op­ ción incorrecta: a. En el caso de declaración de pluralidad de acusados, ellos de­ clararan por el orden que haya establecido el juez penal, previa consulta a las partes procesales. 336

PRUEBA B

b. El examen de los testigos posee diferentes reglas al interrogato­ rio del acusado. c. La no presencia del acusado en alguna de las sesiones del juicio oral genera su nulidad. d. La resolución por la cual el órgano jurisdiccional determina de oficio la actuación de medios de prueba es pasible de ser recu­ rrida.

Respuesta: a En caso de varios acusados, corresponde al juez, previa consulta con las partes, decidir el orden de las declaraciones. De igual manera, el juez po­ drá disponer se examine separadamente a cada uno si existe pluralidad de acusados. Así lo estipula el artículo 377 CPP.

26 .“Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los inte­ grantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas vícti­ mas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.” El citado texto corresponde al principio de: a. b. c. d.

Informalismo. Intervención inmediata y oportuna. Sencillez y oralidad. Debida diligencia.

Respuesta: c

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Regula el artículo 2 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la vio­ lencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - LEY N° 30364, sobre los principios rectores: “En la interpretación y aplicación de esta Ley, y en general, en toda me­ dida que adopte el Estado a través de sus poderes públicos e institucio­ nes, así como en la acción de la sociedad, se consideran preferentemente los siguientes principios: 1. Principio de igualdad y no discriminación Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbese toda forma de discriminación. Entiéndese por discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el recono­ cimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas.

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2. Principio del interés superior del niño En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribuna­ les, las autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe tener en consideración primordial el interés superior del niño. 3. Principio de la debida diligencia El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a pre­ venir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las muje­ res y los integrantes del grupo familiar. Deben imponerse las sancio­ nes correspondientes a las autoridades que incumplan este principio. 4. Principio de intervención inmediata y oportuna Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. 5. Principio de sencillez y oralidad Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de forma­ lismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favorecien­ do que estas confíen en el sistema y colaboren con él para una ade­ cuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados. 6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe pon­ derar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circuns­ tancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efecti­ vamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas medidas se adecúa a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.” 27.EI siguiente texto: “Reconoce la existencia de circunstancias asi­ métricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas so­ bre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres”. ¿A qué enfoque pertenece dentro de la legislación para erradicar 338

PRUEBA B

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo fami­ liar?

a. b. c. d.

Derechos humanos. Género. Igualdad. Integralidad.

Respuesta: b

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Regula el artículo 3 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la vio­ lencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - LEY N° 30364, sobre los enfoques: Los operadores, al aplicar la presente Ley, consideran los siguientes en­ foques: 1. Enfoque de género Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 2. Enfoque de integralidad Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Por ello se hace nece­ sario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas. 3. Enfoque de interculturalidad Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes. 4. Enfoque de derechos humanos Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta Ley debe ser la realización de los derechos humanos, identi­ ficando a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando, asimismo,

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a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. 5. Enfoque de interseccionalidad Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condi­ ción de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. 6. Enfoque generacional Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las con­ diciones de vida o el desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo consideran­ do las distintas generaciones y colocando la importancia de cons­ truir corresponsabilidades entre estas.” 28.En un supuesto de flagrante delito vinculado a actos de violencia contra mujeres y los integrantes del grupo familiar, el Juzgado de Familia tiene competencia para:

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a. b. c. d.

Pronunciarse sobre medidas de protección a favor de las víctimas, No tiene competencia, toda la asume el Juez Penal pertinente. Dictar medidas cautelares en contra del investigado. Ordenar al fiscal de familia para que efectúe actos de investiga­ ción sobre lo ocurrido

Respuesta: a Regula el artículo 22 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - LEY N° 30364, sobre el objeto y tipos de medidas de protección: “El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales. 340

PRUEBA B

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LEGALES EDICIONES

El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgen­ cia y necesidad de la protección y el peligro en la demora. Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran las siguientes: i. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución. 2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cual­ quier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas, a una distan­ cia idónea para garantizar su seguridad e integridad. 3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, in­ tranet u otras redes o formas de comunicación. 4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Ci­ vil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institu­ ción armada o policial para los fines de este numeral. 5. Inventario de bienes. 6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispen­ sable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus depen­ dientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima. 7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes. 8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del gru­ po familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situa­ ción de vulnerabilidad. 9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.

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10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víc­ tima. 11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este. 12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de la víctima o sus familiares.” 29. No es un lineamiento para la adecuada aplicación judicial del ar­ tículo 15 del Código Penal en procesos penales interculturales por agresión sexual contra niñas y adolescentes:

a. Desarrollar una aplicación selectiva y restringida del mencio­ nado artículo, a fin de que ésta no proyecte indebidamente sus efectos sobre autores de delitos de abuso y violencia sexual en agravio de niñas y adolescentes menores de 14 años. b. La construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas en procesos penales sobre la materia. c. La necesaria incorporación y valoración de otros medios de prueba idóneos que pueda ser una alternativa frente a la falta de una pericia antropológica. d. La inserción en el razonamiento y argumentación de las deci­ siones judiciales, de la doctrina internacional y nacional sobre enfoque de género, interés superior del niño y compensación de la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes en con­ textos pluriculturales.

Respuesta: c

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Se ha establecido como doctrina legal por el ACUERDO PLENARIO N° 1-2015/CIJ-116: “§ 3. Lincamientos para la adecuada aplicación judicial del artículo 15o en procesos penales interculturales por agresión sexual contra niñas y adolescentes 16o. El artículo 15o del Código Penal regula una causal de exculpación, plena o relativa, que opera en aquellos casos donde la realización de un hecho que la ley penal califica como delito, le es imputado a quien por su cultura y valores originarios no puede comprender tal condición antijurídica y, por ende, tampoco está en capacidad de determinar su conducta conforme a tal comprensión. La doctrina penal nacional ha aportado en torno a dicho dispositivo legal diferentes lecturas y fun­ ciones dogmáticas. En tal sentido, se le ha considerado como una mo­ 342

PRUEBA B

dalidad especial de error de prohibición o de causal de inimputabilidad o incapacidad penal [Conforme Villavicencio Terreros, Felipe: Derecho Penal. Parte General, Grijley, Lima 2013, p. 622 y ss.; Hurtado Pozo, José - Prado Saldarriaga, Víctor: Manual de Derecho Penal. Parte General, 40 edición, Tomo I, Idemsa, Lima 2011, p. 608 y ss.; Meini, Iván: Lecciones de Derecho Penal - Parte General. Teoría General del Delito, Fondo Edi­ torial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2014, p. 153 y ss.]. Ahora bien, la consecuencia jurídica prevista por dicho artículo afecta siempre la punibilidad del hecho ilícito imputado. Por consiguiente, si se cumplen sus presupuestos normativos el agente, según los casos, no será sancionado penalmente o se le aplicará una disminución punitiva. Ahora bien, los riesgos o impactos negativos, derivados de una aplica­ ción judicial indebida o distorsionada de tales efectos de exoneración o disminución punitiva, al recaer sobre potenciales autores de delitos tan sensibles para la comunidad nacional, como son las agresiones sexua­ les contra niñas y adolescentes menores de catorce años, proyectan un equivocado mensaje psicosocial de tolerancia o validación judicial de un acto delictivo. Esto es, transmiten o promueven una sensación colec­ tiva de impunidad frente a la cual solo se esgrime como justificación el origen cultural del infractor, lo cual, por su insuficiencia o argumenta­ ción aparente, resiente toda concesión razonable de tutela jurisdiccional efectiva para los derechos fundamentales de las víctimas. Es más, como advierte un sector de la doctrina, tales prácticas erradas de la judicatu­ ra, sobre la interpretación y los límites constitucionales de la diversidad cultural, solo expresarían “una contradicción paradójica en el sistema: garantizar los derechos fundamentales de la persona y, al mismo tiempo, considerar eximentes de pena a pautas culturales o costumbres contra­ rias a estos mismos derechos” [Hurtado Pozo, José - Prado Saldarriaga, Víctor: Manual de Derecho Penal. Parte General, op. cit., p. 614]. Por tanto, pues, deben fijarse lincamientos ideológicos y prácticos que po­ sibiliten una atinada gestión de los procesos penales por tales delitos, a la vez que vinculen a los jueces penales con una delicada y escrupulosa aplicación del artículo 15o del Código Penal a los imputados. En cohe­ rencia con tales finalidades, es menester que los órganos jurisdiccionales penales de todas las instancias adopten y utilicen los siguientes criterios: i. Desarrollar una aplicación selectiva y restringida del artículo 15o del Código Penal, a fin de que éste no proyecte indebidamente sus efectos sobre autores de delitos de abuso y violencia sexual en agra­ vio de niñas y adolescentes menores de 14 años. Por tanto, deben excluirse de los alcances de dicha disposición y reprimirse penal­ __________________________________________________________________________________________ 343

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mente, toda forma violenta de abuso o prevalimento que hayan uti­ lizado los imputados para someter a la víctima menor de catorce años de edad a un acceso carnal. No siendo, en ningún caso, excusa suficiente el aval posterior de tales actos por parte de familiares o la aceptación por estos de cualquier forma de compensación, toda vez que la vulneración de derechos fundamentales, especialmente en casos de violencia sexual de menores de catorce años de edad, no ad­ mite compensación ni conciliación alguna. Al respecto, se valorará la fenomenología casuística relevante como las notorias diferencias de edad entre el autor y la víctima, la oportunidad y las circunstan­ cias del hecho, la condición de vulnerabilidad de la menor agraviada, el estado civil del agresor al momento del hecho, la existencia de for­ mas de negociación o arreglo para la entrega con fines de prácticas sexuales de la menor al margen de su voluntad y consentimiento, la aceptación de formas posteriores de composición o indemniza­ ción, la constitución y duración forzada de un estado de conviven­ cia posterior a los hechos, el grado de aculturación adquirido por el imputado, entre otros análogos, los cuales deberán ser apreciados y motivados en cada caso por el juez para decidir su relevancia inter­ cultural o su significado de género. ii. La construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas en procesos penales sobre la materia. La pericia antropológica es obli­ gatoria e imprescindible, en todos los casos, para decidir la aplica­ ción del artículo 150 del Código Penal. El órgano jurisdiccional debe, además, supervisar que la pericia sea practicada por un profesional idóneo y con experiencia acreditada en la materia. En cuanto a su contenido y alcances, la pericia antropológica debe de centrarse en el origen de la costumbre invocada y en su validez actual, procuran­ do auscultar la presencia de vetas de ilustración en el entorno cul­ tural de los sujetos involucrados, las cuales evidencien procesos de cuestionamiento o rechazo del sometimiento de menores de catorce años a prácticas sexuales tempranas. Asimismo, sobre la existencia de normas, procedimientos o formas de sanción que se apliquen a las agresiones sexuales en agravio de niñas y adolescentes o que no brinden a estas una tutela jurisdiccional efectiva o que discriminen su acceso a la justicia. El juez competente debe también advertir al perito sobre lo impertinente de todo contenido o conclusión pericial que pronuncie por aspectos de carácter jurídico o de naturaleza pro­ cesal o punitiva, o que descalifique a la víctima. Es pertinente, pues, recomendar que las pericias antropológicas se estructuren siguien­ 344

PRUEBA B

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do un orden metodológico y expositivo homogéneo. Para ello, por ejemplo, es recomendable la estructura referida por la “Guía Meto­ dológica para la Elaboración de Peritajes Antropológicos en causas Indígenas” elaborada por Guevara Gil y cuyos aportes principales se transcriben a continuación y se incorporan con sentido orientador en este Acuerdo Plenario [Conforme Guevara Gil, Armando - Verona, Aarón - Vergara, Roxana (Editores): El peritaje antropológico. Entre la reflexión y la práctica, Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento Académico de Derecho, Lima 2015, p. 221 y ss.]. Según dicho documento ilustrativo toda pericia antropológica debe contener, mínimamente, tres partes y que son las siguientes: 1. “La primera parte debe incluir la descripción de la preparación del peritaje, la actuación de los métodos y técnicas de investigación, y el ordenamiento de los datos en función de la consulta hecha y del problema señalado por el juez o fiscal. 2. La segunda parte debería considerar los puntos sobre los que ver­ sará el peritaje, ordenados de acuerdo a la lógica de los hechos y fundados en los principios de la investigación antropológica. 3. La última parte deberá incluir la conclusión del peritaje; es decir, la opinión o dictamen del perito sobre la consulta formulada por el magistrado. En este punto también podrá apoyarse en las fuentes secundarias consultadas y en todo el material (escrito o visual) reco­ pilado que le sirve de fundamento para sustentar su dictamen.” En cuanto a su sistemática formal e interna, las pericias antropoló­ gicas, siguiendo la propuesta del citado documento orientador, debe configurarse observando el siguiente esquema: a) La procedencia b) Los antecedentes c) El nombre del procesado d) El motivo del análisis e) El método de análisis y las técnicas usadas f) Los resultados g) Las observaciones h) Las recomendaciones i) Las conclusiones iii. La necesaria incorporación y valoración de otros medios de prue­ ba idóneos para contrastar, complementar o posibilitar una mejor valoración judicial de las conclusiones de relevancia intercultural aportadas por las pericias antropológicas. Por ejemplo, la autoridad

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judicial a cargo del caso puede solicitar o aceptar informes (amicus curiaé) o testimonios complementarios o supletorios provenientes de las autoridades comunales o róndenles, que coadyuven a la vali­ dación, contraste crítico o reemplazo de las pericias antropológicas requeridas. La pertinencia y conducencia de estos medios debe ser flexible y solo ser sopesados por su utilidad y necesidad para la eva­ luación o decisión adecuada sobre la legitimidad de invocar o aplicar los efectos regulados por el artículo 15o del Código Penal. Sin embar­ go, y en todo caso, el órgano jurisdiccional debe abstenerse de resol­ ver sobre la aplicación de dicha norma penal si no cuenta con ningún medio de prueba de naturaleza intercultural idóneo para ello. iv. La inserción en el razonamiento y argumentación de las decisiones judiciales, de la doctrina internacional y nacional sobre enfoque de género, interés superior del niño y compensación de la vulne­ rabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes en contextos pluriculturales. Los jueces deben insertar en su razonamiento y toma de decisiones jurisdiccionales, sobre todo en aquellos casos sobre la efectividad del artículo 15o del Código Penal, las normas, reglas y principios vinculantes regulados por la legislación internacional y nacional alusiva a la proscripción de toda forma de discriminación y violencia física o sexual contra la mujer y los menores de edad. Asi­ mismo, los jueces ordinarios deben considerar también los efectos jurídicos, culturales y sociales de la prevalencia del interés superior del niño en condiciones de vulnerabilidad.”

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30.Respecto al proceso inmediato, es incorrecto afirmar que: a. Se sustenta en la noción de simplificación procesal. b. Sus presupuestos materiales son: evidencia delictiva y ausencia de complejidad. c. Reduce al mínimo indispensable -aunque no irrazonablementelas garantías procesales de las partes, en especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. d. Ninguna es incorrecta.

Respuesta: d El proceso inmediato es un tipo de proceso especial alternativo, que bajo ciertos presupuestos específicamente previstos en la ley, permiten abre­ viar el proceso penal, suprimiendo la etapa de “investigación preparato­ ria” y la ‘etapa intermedia” del proceso común. 346

PRUEBA B

Este proceso, como ha precisado la Corte Suprema en el Acuerdo Ple­ nario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116, se sustenta, por un lado, en la noción de simplificación procesal, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere, sin mengua de su efectividad; y, por el otro, en el reco­ nocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de la noción de evidencia delictiva o prueba evidente, lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de periodos en desarrollo. En otras palabras, el proceso inmediato gira en torno a la simplicidad del proceso y lo evidente o patente de las pruebas de cargo, así como de una actividad probatoria reducida a partir de la noción de evidencia delictiva. Para el Código Procesal Penal, el Fiscal debe requerir la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259 del CPP; es decir, cuando: (i) el agente es descubierto en la realización del he­ cho punible; (ii) el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto; (iii) el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinti­ cuatro (24) horas de producido el hecho punible; (iv) el agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la per­ petración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participa­ ción en el hecho delictuoso. b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160o, esto es, que su confesión: (i) esté debidamente corrohorada por otro u otros elementos de convicción; (ii) sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; (iii) sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y, (iv) sea sincera y espontánea. Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. d) Se trate de delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción.

c)

__________________________________________________________________________________________ 347

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LEGALES EDICIONES

A partir de tales supuestos, quedan excluidos aquellos casos que por su complejidad requieran que se practiquen ulteriores actos de in­ vestigación; así como aquellos casos seguidos contra varios imputa­ dos, salvo que todos ellos se encuentren en alguna de las situaciones de aplicación del proceso inmediato y estén implicados en el mismo delito. 2. De otro lado, es preciso advertir que el proceso inmediato en nuestro ordenamiento procesal penal atraviesa por dos etapas: (i) la incoación del proceso inmediato, a la que podríamos denominar como la fase de procedencia; y, (ii) la fase de juzgamiento, o como establece el Código Procesal Penal, el juicio inmediato. La fase de procedencia tiene por objeto determinar si el caso que se pos­ tula para ser sustanciado en la vía del proceso inmediato se encuentra comprendido en uno de los supuestos previstos en el artículo 446o del Código Procesal Penal; vale decir determinar si nos encontramos ante un delito flagrante, un delito confeso o ante un delito evidente. Por eso, atendiendo a la finalidad de esta fase el juez ante el requerimien­ to fiscal se pronunciara, según sea el caso: (a) sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato; (b) sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación antici­ pada, solicitado por las partes; y (c) sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal (véase el artículo 447o del Código Pro­ cesal Penal). Como puede apreciarse esta fase no tiene por objeto deter­ minar la responsabilidad del investigado, tampoco constituye su objeto la valoración de la prueba, ya que la misma se producirá y valorará en la siguiente fase: la fase de juzgamiento. De acuerdo con esto, en la fase de procedencia el juez debe limitarse a determinar la existencia de evidencia delictiva y ausencia de compleji­ dad, salvo en aquellos casos que revistan mayor complejidad. Así, el juez deberá apreciar si en los actos de investigación se refleja, sin duda algu­ na, la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión; vale decir, las fuentes de investigación o los medios de investigación lle­ vados a cabo han de apuntar, con certeza manifiesta, con conocimien­ to indudable, la comisión de un delito y la autoría o participación del imputado. Pero, es importante subrayar, la evidencia delictiva (o si se quiere la prueba evidente) demuestra de un modo necesario, rápido y seguro la existencia de un determinado hecho. Durante la segunda fase, la fase de juzgamiento, se determinará la res­ ponsabilidad penal del imputado o, en su defecto, la absolución del mis­ mo frente a los cargos atribuidos por el representante del Ministerio Pú­ 348

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blico; asimismo se producirá la prueba, la cual será valorada por el juez en la decisión que ponga fin a la instancia. De lo expuesto se desprende que, la fase procedencia no implica un pre­ juzgamiento, de manera que la procedencia del proceso inmediato no trae consigo un adelantamiento de la condena a imponerse al imputado, ya que será en la fase de juzgamiento en la que se efectuará el juicio de culpabilidad, por ende de responsabilidad, sin que ello excluya la posibi­ lidad de que se absuelva al imputado. 31. El Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116 referido a la prisión pre­ ventiva, establece que:

a. En supuestos excepcionales será posible desarrollar actuación probatoria en atención a la limitación a la libertad que se ejerce contra el imputado. b. Es aceptado el uso del indicio en materia de coerción proce­ sal. c. La imputación planteada a efectos de la solicitud de prisión preventiva debe estar totalmente acabada, en tanto existen fundados y graves elementos de convicción de la comisión del hecho atribuido. d. Para la evaluación del peligro de fuga se admiten presunciones.

Respuesta: b

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En este acuerdo, se estableció como doctrina legal los fundamentos jurí­ dicos 24 al 27, 34 al 55, 57 al 59, 67 y 71. “Presupuesto de la prisión preventiva: Sospecha fuerte 24. Un presupuesto imprescindible de la prisión preventiva, base de las causales o motivos que le corresponde y que solo deben examinarse a continuación para su dictación y mantenimiento [...] es el de sos­ pecha grave y fundada, tal como está definido por el artículo 268, literal a’, del Código Procesal Penal, a fin de determinar la fundabilidad de la pretensión de prisión preventiva del fiscal [...]. Así se ha establecido en la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433, de once de octubre de 2017, FFJJ 23 y 24. Supone, según escribió CALAMENDRIA, un preventivo cálculo de probabilidades sobre el resultado de la futura resolución judicial principal [...]. El término «sospecha» debe entenderse, en sentido técnico jurídico, como el estado de conocimiento intermedio, de di­ ferente intensidad, a partir de datos inculpatorios obtenidos en el

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curso de las averiguaciones del delito, que entonces, de una conditio sine qua non de la legitimidad de la privación procesal de la libertad personal, cuya ausencia determina que la prisión preventiva dispues­ ta sea arbitraria (SCoIDH caso Tibi vs. Ecuador, de 7 de septiembre de 2004).

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[...] Si bien la sospecha fuerte es más intensa que la sospecha suficiente, pero lo general se sustenta sobre una base más estrecha de resulta­ dos investigativos provisionales, por lo que muy bien puede ocurrir que se dicte una orden de prisión preventiva, aunque no se pueda aún decir que se llegará a la apertura de juicio oral -el curso de las investigaciones determinará si esa sospecha fuerte se mantiene o se relativiza o excluye- [...]. Además, precisamente por ello, por tratar­ se de un juicio de probabilidad -sujeto a la evolución de las investi­ gaciones-, como previene ORTELLS RAMOS, aunque subsista una duda, la prisión puede acordarse [...]. 5. Motivos de prisión preventiva: Requisitos 34. Los motivos de prisión preventiva, que se erigen en requisitos de la prisión preventiva, son dos: (i) delito grave, y (ii) peligrosismo procesal (periculum libertatis, que en el proceso civil se denomina periculum in mora). 35. Delito grave. El artículo 268 del Código Procesal Penal, desde el sub principio de proporcionalidad estricta [,] fijó un mínimo legal de carácter objetivo, cuantitativo, en función a la pena privativa de li­ bertad previsible para el caso concreto -no de simple conminación penal abstracta-. Estipuló, al respecto: «Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de la libertad», bajo el entendido implícito que más allá de cuatro años de pena privativa de libertad siempre será efectiva (así, artículo 57 del Código Penal). El pronóstico judicial sobre el fondo o mérito de las actuaciones, siem­ pre provisional por cierto, debe asumir los criterios de medición de la pena conforme al conjunto de las disposiciones del Código Penal; y, en su caso, si se está ante un concurso ideal o real de delitos, delito continuado o concurso aparente de leyes (o unidad de ley). Son dos pues los ejes de este requisito: 1. Gravedad y características del delito imputado. 2. Entidad de la pena que en concreto podría merecer el imputado, a partir de las concretas circunstancias del caso y de las características personales del imputado. La valoración del legislador, respecto de la conminación penal, es desde luego de­ terminante». 350

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39. Peligrosismo procesal (periculum libertatis). Este peligrosismo, afir­ ma GUTIÉRREZ DE CABIEDES, nos remite a los riesgos relevan­ tes, y estos, a las finalidades constitucionales legítimas de esta me­ dida [...], por lo que es el elemento más importante para evaluar la validez de una medida de coerción y en él se advierte mejor que en ningún otro elemento las funciones que están llamadas a cumplir las referidas medidas de coerción [...]. El Código Procesal Penal asumió la concepción o teoría de los dos peligros para justificar convencional y constitucionalmente la pri­ sión preventiva: peligro de fuga y peligro de obstaculización. Solo se requiere la concurrencia de un peligro o riesgo procesal concreto para justificar la prisión preventiva; puede ser uno u otro, sin perjui­ cio de que puedan concurrir los dos peligros. Esta es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (SSCoIDH de 12 de noviembre de 1997, caso Suarez Rosero vs. Ecuador, párr. 77; y, de 20 de noviembre de 2014, caso Arguelles y otros vs. Argentina, párr. 120).

41. Peligro de fuga. El literal c) del artículo 268 del Código Procesal Penal identificó este riesgo, siempre que sea razonable colegir, en razón a (i) los antecedentes del imputado y (ii) otras circunstancias del caso particular, que tratará de eludir la acción de la justicia -exis­ tencia de datos objetivos y sólidos, no de meras conjeturas, es decir, signos de alta importancia inductiva-. A su vez, para calificar este peligro, el artículo 269 del citado Códi­ go reconoció cinco situaciones específicas constitutivas del referido riesgo o peligro, siempre entendidas, conforme a la primera norma, como «numeras apertus» -se trata, en todo caso, de tipologías referenciales- [...]. Fijó las siguientes: 1. El arraigo en el país, determi­ nado por su domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitiva­ mente el país -no simplemente, de viajar al extranjero- o permane­ cer oculto. 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo. 4. El comportamiento durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal -tal vez, el criterio rector de la misma-. 5. La pertenencia a una organización criminal o su reintegración a las mismas.

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47. Peligro de obstaculización. El literal c) del artículo 268 del Código Procesal Penal identificó este riesgo, siempre que sea razonable cole­ gir, en razón a los antecedentes del imputado y otras circunstancias del caso particular, que tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización) -también requerirá la existencia de datos objetivos y sólidos, no de meras conjeturas-. Esta segunda finalidad o requisito también tiene carácter procesal; y, en definitiva, trata de evitar que la libertad sea aprovechada por el imputado para obstruir la investigación y, especialmente, el eventual enjuiciamiento del caso, actuando de modo fraudulento sobre las pruebas del delito que pudieran obtenerse -atentando ilícitamente la meta de esclare­ cimiento propia del proceso penal- [...]. 48. Para calificar este peligro, el artículo 270 del referido Código identi­ ficó tres situaciones específicas constitutivas del citado riesgo o pe­ ligro, siempre entendidas, conforma a la primera norma, en sentido enumerativo no taxativo [...]. Fijó las siguientes: 1. Destruirá, mo­ dificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba -en pureza, fuentes-medios de investigación o de prueba, materiales-. 2. Influirá para que coimputados, testigos (incluso víctimas) o peritos órganos de prueba, fuentes-medios de prueba personales- informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. La sospecha fuerte de estas situaciones -datos o indicadores materiales-, por cierto, consolida que el imputado, por ello, dificultará la meta de esclarecimiento del proceso. Es inadmisible, como enseñan Roxin-Schünemann, dedu­ cir automáticamente la existencia de este peligro a partir de la posi­ bilidad de entorpecer que se presenta en el caso concreto; antes bien, ese peligro debe estar fundado en circunstancias determinadas [...]. 6. Plazo de la prisión preventiva 57. El plazo, que ha de ser fijado por el juez en el auto de prisión preven­ tiva, previa petición fundamentada y específica del fiscal, como se indicó, no puede establecerse desde una perspectiva abstracta, sino de acuerdo con las particularidades de cada caso; y, si se prolonga o prorroga, debe mediar una sustentación apoyada en razones re­ levantes y suficientes que la justifiquen, a través de una motivación particularmente convincente [Informe CIDH, sobre el uso de la pri­ sión preventiva en las Américas, de 30 de diciembre de 2013, párr. 177]. Incluso, es de tener presente que, sin rebasarse tales plazos, también puede vulnerarse este derecho fundamental si el proceso queda paralizado sin causa de justificación alguna -es decir, existen 352

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cia de tiempos muertos- y sin que pueda atribuirse a una conducta obstruccionista, dolosa o negligente de la defensa de la dilación in­ debida o paralización del procedimiento [...]. Para fijar el plazo de prisión preventiva se ha de tener en cuenta (i) la dimensión y complejidad de la investigación, así como las demás acti­ vidades del proceso en sede intermedia y de enjuiciamiento -a partir del análisis de la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria y de los nuevos aportes que pueda fundar el fiscal, así como de los argumentos de la defensa-; (ii) la gravedad y extensión del delito imputado; (iii) la dificultad y cantidad de actos de investigación que sea menester llevar a cabo; (iv) las actuaciones de investigación ya realizadas -especialmente en sede de diligencias preliminares-; (v) la necesidad o no de realizar actos de cooperación judicial internacional; (vi) la obligación, por la naturaleza de los he­ chos investigados, de realizar actividades periciales complejas; (vii) la presencia o ausencia de los imputados en la causa y el comportamien­ to procesal de estos últimos; (viii) el riesgo de fuga subyacente y las posibilidad de conjurar el riesgo de obstaculización mediante antici­ pación probatoria o incautaciones de documentos, entre otras.” 32. De conformidad con el Acuerdo Plenario N.° 02-2019/CJ-116, la vigilancia electrónica personal NO es concebida como:

a. Una pena aplicable por conversión, esto es, un sustitutivo penal o subrogado penal, en tanto instrumento de despenalización y flexibilización del rigor de las decisiones punitivas del Estado. b. Una restricción para la medida de comparecencia-alternativa a la prisión preventiva. c. Una pena limitativa de derechos sujeta a una evaluación del juez al momento de efectuar la dosificación de la sanción pe­ nal. d. Un beneficio penitenciario o propiamente como un mecanismo de monitoreo que se acompaña a los beneficios penitenciarios de semilibertad y de libertad condicional. “

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Respuesta: c Señala el ACUERDO PLENARIO 02-2019/CJ-116: “1. Aspectos generales i.° El XI Pleno Jurisdiccional Penal planteó el tratamiento de la “vigilancia electrónica personal” como uno de los temas materia de eva___________________________________________________________________________________________ 353

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luación, a fin de examinarla, desde la perspectiva jurídica y social, como una alternativa razonable a la pena privativa de libertad y a la prisión preventiva, que contribuya al uso más racional de la primera y excepcional de la segunda. Se trata de consolidar esta perspecti­ va político criminal y desarrollar haremos jurisprudenciales para su uso más intensivo, que aleje al interno o imputado del mecanismo desocializador de las cárceles. 2.0 La vigilancia electrónica personal -cuyo origen puede situarse en la década de los sesenta del siglo pasado en Estados Unidos y se poten­ ció en la década de los ochenta ante la sobrepoblación y el hacina­ miento carcelario, así como ante la configuración de una tecnología más segura y viable [LOL1 PRUDENCIO, LUCY L1LIAN: Vigilancia Electrónica Personal y su incidencia en la pena privativa de libertad en el sistema penal peruano, Tesis de Maestría, Universidad Nacio­ nal Santiago Antúnez de Mayolo, abril, 2016, pp. 10-14]- tiene como antecedente nacional la Ley 29499, de 16 de enero de 2010, que in­ corporó el artículo 29-A al Código Penal, modificó el artículo 52 del Código Penal e hizo lo propio con los artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal, así como con los artículos 50, 52, 55, 56 del Código de Ejecución Penal. 00 Todas estas disposiciones legales están circunscriptas a la implementación de la vigilancia electrónica personal, y constituyen anteceden­ tes del Decreto Legislativo vigente 1322, de 6 de enero de 2017. Este precepto se desarrolló, primero, por su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 004-2017-JUS, de 9 de marzo de 2017, y el Decre­ to Supremo 006-2018-JUS, de 15 de mayo de 2018; y, segundo, por el Decreto Supremo 008-2016-JUS, de 21 de julio de 2016, que apro­ bó los protocolos específicos de actuación interinstitucional para la aplicación de la vigilancia electrónica personal establecida por la Ley 29499, y por la Resolución Suprema 0163-2016-JUS, de 11 de julio de 2016, que aprobó los “Protocolos de ejecución de la vigilancia electrónica personal”, así como por la Resolución Ministerial 01332019-JUS, de 5 de abril de 2019, que aprobó la “Directiva para nor­ mar el financiamiento de la vigilancia electrónica personal”, 00 Por otra parte, el 15 de mayo de 2018 se publicó el Decreto Supremo 006-2018-JUS, que aprobó el calendario oficial de implementación progresiva de la vigilancia electrónica personal en los distritos judi­ ciales de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao y Ventanilla. 00 Cabe apuntar que el primer dispositivo electrónico se colocó el 21 de julio de 2017, siete largos años después de la primera ley de la ma­ 354

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teria [Milla VÁSQUEZ, Diana: La Vigilancia Electrónica Personal. En: https://www.peruweek.pe/la-vigilancia-electronica-personal/. Tomado el 22 de agosto de 2019]. 3.0 Según el artículo 1 del Decreto Legislativo 1322, la vigilancia electró­ nica personal -en adelante, la Ley- se concibe: 1. Como una pena, aplicable por conversión (artículo 29-A del Código Penal, según la Ley 29499, de 19 de enero de 2010) -“tipo de pena aplicable por conversión”, señala expresamente el artículo 8.1 del Re­ glamento-; en pureza, como un sustitutivo penal o subrogado penal, en tanto instrumento de despenalización y de flexibilización del ri­ gor de las decisiones punitivas del Estado [PRADO SALDARRIA­ GA, VÍCTOR: Medidas Alternativas a la pena privativa de libertad y el anteproyecto de 2008/2009. En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo XII, Lima, 2010, p. 49], 2. Como una restricción para la medida de comparecencia -alternativa a la prisión preventiva- (artículo 288, apartado 5, del Código Proce­ sal Penal, según el Decreto Legislativo 1229, de 25 de septiembre de 2015). 3. Como un beneficio penitenciario o propiamente como un mecanis­ mo de monitoreo que se acompaña a los beneficios penitenciarios de semi libertad y de libertad condicional (artículo 53 del Código de Ejecución Penal, según el Decreto Legislativo 1296, de 30 de diciem­ bre de 2016). 00 Su aplicación se extiende, en consecuencia, al Derecho penal ma­ terial, al Derecho procesal penal y al Derecho de ejecución penal (penitenciario, específicamente). Y, en su base, está inspirada -o debe estarlo- en la Resolución 45/110, adoptada por la Asamblea General de la ONU de 14 de diciembre de 1990, que aprobó las Re­ glas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativa de libertad o Reglas de Tokio [Loli Prudencio, Lucy Lilian: Obra citada, p. 51]. 4. 0 La vigilancia electrónica personal tiene una naturaleza múltiple, para facilitar las opciones en libertad del sistema penal. Es una medida que restringe la libertad deambulatoria y, como tal, puede concebir­ se mayormente como una medida restrictiva de la libertad -salvo si se trata de una radicación en un lugar determinado sin opciones de salida, que se convertirá en una pena privativa de libertad atenuada o en una restricción del arresto domiciliario, solo apta para evitar el desarraigo del penado o imputado y, además, su fuga-.”

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33.Respecto a la regulación de una organización criminal en el ámbi­ to material o procesal, es correcto afirmar que: a. La pertenencia a una organización criminal es un supuesto de peligro de fuga para la determinación de una prisión preventiva. b. La operatividad del concepto de organización criminal desarro­ llado en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, es la de delimitar la competencia de determinados órganos jurisdiccio­ nales. c. Una organización criminal siempre tendrá una finalidad econó­ mica y no política. d. Todas son correctas

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Respuesta: d La problemática del concepto está en la variedad de este fenómeno de­ lictivo de definir algo ontológicamente tan variado y plasmarlo en la ley, pues es una tarea ardua. Por ello, se tiene que tener en cuenta, al momento de interpretar la definición formal, los criterios político-cri­ minales que han servido para su tipificación. ¿Qué se entiende por organización? Es un conjunto de personas que, al interactuar, construyen una estructura siempre dinámica pero definida por los denominados vínculos y roles, lo que constituye, en esencia, toda una organización. En ese sentido, se aplica que el todo es mayor a la suma de sus partes. Al aproximarnos a un concepto de criminalidad organizada podríamos coincidir con Marcial Paúicar. Por ello, se tiene que la criminalidad or­ ganizada es el desarrollo permanente, dinámico y evolutivo de activi­ dades ilegales tanto locales como de proyección internacional, a través de estructuras organizacionales jerárquicas o flexibles que tienen como objetivos principales la búsqueda de consolidar una posición económica y/o de poder por medio de diversos mecanismos como la violencia, la influencia, la tecnología, etc. El artículo 3 de la Ley 30077 refiere qué delitos calzan dentro de una organización criminal. La ley contempla el delito de lavado de activos, junto a otros delitos graves. Existen varios tipos de organizaciones criminales. Hoy en día, las es­ tructuras horizontales que se caracterizan por ser flexibles se van impo­ niendo a las estructuras verticales que son rígidas en la división de roles. Las primeras (horizontales) se caracterizan por amplia distribución de poder e información entre sus miembros. 356

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Los tipos de organización criminal diseñadas por la CICIP y el UNICRI son las siguientes: i. La jerarquía estándar o tipología i (tienen un comando o liderazgo, existe como una organización vertical rígida, con roles claramente definidos). 2. La jerarquía regional o tipología 2 (es vertical pero existe un mando por cada región pero existe un líder principal). 3. La agrupación jerárquica o tipología 3 (es la unión de varios grupos criminales, las decisiones los toman en reunión de cada representan­ te de grupo). 4. El grupo central o tipología 4 (flexible, frecuente en las organizacio­ nes criminales modernas, número reducido de miembros, deciden por acuerdo, no existe liderazgo). 5. La red criminal o tipología 5.

34 .Las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (en constan­ te jurisprudencia casatoria) respecto al artículo 339, inciso 1, del Código Procesal Penal, que señala que: “La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal”, han establecido que:

a. El plazo de la suspensión no podrá exceder el plazo ordina­ rio de la prescripción más una mitad de dicho plazo. b. El plazo de la suspensión debe evaluarse caso por caso en aten­ ción a la garantía del plazo razonable. c. El plazo de la suspensión comprende, en realidad, dos plazos de prescripción ordinario. d. El efecto del mencionado artículo es que a partir de la forma­ lización de la investigación preparatoria se debe computar nuevamente el plazo prescriptorio.

Respuesta: a El artículo 339.1 del Código Procesal Penal, establece una nueva causa de suspensión de la prescripción, que al pie de la letra señala que la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. Como se ve, este artículo menciona que la prescripción se suspende, pero por motivos diferentes al del artículo 84 del CP que también regula la suspensión de la prescripción. Más bien, parece asimilarse al artículo 83 del CP que regula la interrupción, puesto que la formalización de la investigación preparatoria es una actuación del MP, __________________________________________________________________________________________ 357

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por lo que se asumiría un error legislativo al momento de redactar el nuevo Código Procesal Penal del 2004. Esto generó muchas discusiones en su momento, por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Así, si se optaba por la tesis de la suspensión, si bien el periodo de tiem­ po transcurrido entre la comisión del delito y la formalización de la investigación no se perdía, una vez formalizada la prescripción se sus­ pendía de forma indefinida; al ser indefinida ya no había posibilidad de reiniciarse la prescripción, y sobre todo, ya no había posibilidad de que prescriba un delito. 35 .¿En qué supuesto es obligatoria la transcripción de una resolu­ ción dictada por un juez de manera oral? a. b. c. d.

Cuando proviene de una prisión preventiva. Cuando es impugnada. Cuando lo solicite una de las partes procesales. Cuando se tratan de autos interlocutorios.

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Respuesta: b Las resoluciones judiciales están sometidas a determinados presupues­ tos formales necesarios a efectos de cautelar la debida motivación, el derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica e incluso la no­ ción de escrituralidad que menciona la Constitución; por lo tanto, deben guardar la forma escrita, ya sea en formato físico o digital. Así lo estableció la Corte Suprema mediante la Casación N°626-2O2i/ SULLANA. El investigado Juan interpuso recurso de casación excepcional contra la resolución de vista emitida por la Sala Penal de Apelaciones en fun­ ciones de Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que confirmó la resolución de primera instancia, que declaró infundada su excepción de improcedencia de acción en el proceso en el que se le im­ puta la presunta comisión del delito de colusión agravada en calidad de cómplice, en agravio del Estado. A efectos de realizar la calificación del recurso interpuesto, no basta la revisión del escrito presentado por la parte recurrente, sino que además es notoriamente necesaria la revisión de la resolución obje­ to de impugnación -resolución de vista-, así como de la resolución emitida por la primera instancia, las cuales deben cumplir con las exigencias legales previstas en el código de la materia y en la norma constitucional. 358

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En consecuencia, de conformidad con los artículos 139.5 y 139.20 de Constitución Política, es exigióle la motivación escrita de 1 resoluciones judiciales en todas las instancias, a fin de cautelar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, por cuanto se debe garantizar su acceso para la crítica jurídica y social. El acta debe contener una relación sucinta o integral -según el caso- de los actos realizados (artículo 120.2 del CPP). Asimismo, será posible la reproducción audiovisual de la actuación pro­ cesal sin perjuicio de efectuarse la transcripción respectiva en un acta -artículo 120.3 dd CPP, por lo que, sin perjuicio de las resoluciones dictadas oralmente por el principio de celeridad y oralidad, no se puede dejar de lado su reproducción escrita, ya sea en formato físico o virtual. De modo que esto permita su ordenación, sistematización, revisión y registro estadístico, tanto más si la resolución ha sido materia de un recurso impugnatorio y debe ser revisada por el órgano superior inme­ diato.

36.Según el Código Procesal Penal, NO es un supuesto de nulidad absoluta: a. La ausencia del defensor del imputado en cualquier diligencia. b. El nombramiento, capacidad y constitución del órgano jurisdic­ cional. c. La inobservancia del contenido esencial de los derechos y ga­ rantías previstos por la Constitución. d. La falta de promoción de la acción penal por parte del Ministe­ rio Público en los delitos públicos.

Respuesta: a Cuando el defensor del acusado se ausente de la audiencia injustificada­ mente o no concurra a dos sesiones consecutivas o a tres audiencias no consecutivas se le excluirá de la defensa. Ante la segunda falta se dispone la intervención de un abogado defensor de oficio, quien continuará en la defensa hasta que el acusado nombre otro defensor. Si el Fiscal se ausenta de la audiencia injustificadamente o no concurra a dos sesiones consecutivas o a tres sesiones no consecutivas, se le excluirá del juicio y se requerirá al Fiscal jerárquicamente superior a que designe a su reemplazo. Cuando el actor civil o el tercero civil no concurra a la audiencia o a las sucesivas sesiones del juicio, este proseguirá sin su concurrencia, sin __________________________________________________________________________________________ 359

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perjuicio que puedan ser emplazados a comparecer para declarar. Si la inconcurrencia es del actor civil, se tendrá por abandonada su constitu­ ción en parte.

37 .No es una característica de la flagrancia delictiva: a. b. c. d.

Evidencia delictiva. Inmediatez temporal. Percepción directa y efectiva. Inmediatez personal

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Respuesta: a Existe delito flagrante cuando el autor es sorprendido en el momento mismo de cometerlo. Para que exista flagrancia es necesaria, entiende Ricardo MARTIN MORALES, “una evidencia sensorial, no bastando una presunción, por muy probable que se presente la comisión delictiva; es necesaria una real perpetración del hecho, no una mera sospecha”, añade además que el TS español considera que: “La palabra flagrante viene del latín flagransflagrantis, participio de presente del verbo flagra­ re, que significa arder o quemar, y se refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama, y en este sentido ha pasado a nuestros días, de modo que por delito flagrante en el concepto usual hay que entender aquel que se está cometiendo de manera singularmen­ te ostentosa o escandalosa”. La flagrancia requiere percepción directa, agregará el autor De lo anterior cabe individualizar requisitos que condicionan el concep­ to “delito flagrante”, los mismos que son tres, y Sara ARAGONES MAR­ TINEZ los precisa de la manera siguiente::”i. inmediatez temporal: Que se esté cometiendo un delito o que haya sido cometido instantes antes; 2. inmediatez personal: consistente en que el delincuente se encuentre allí en ese momento en situación tal con relación al objeto o a los ins­ trumentos del delito que ello ofrezca una prueba de su participación en el hecho; y 3. necesidad urgente: de tal modo que la policía, por las circunstancias concurrentes en el caso concreto, se vea impelida a inter­ venir inmediatamente con el doble fin de poner término a la situación existente impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención del autor de los hechos, necesidad que no existirá cuando la naturaleza de los hechos permita acudir a la Autoridad judicial para obtener el mandamiento co­ rrespondiente.” 360

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Respecto a los requisitos, el máximo intérprete de la Constitución, en los Casos (EXP.2096-2004-PHC/TC, EXP.4557-2005-PHC/TC, Exp.97242005-PHC/TC y Exp. 1923-2006-HC/TC), afirma que para declarar la flagrancia en la comisión de un delito, deben concurrir dos requisitos in­ sustituibles, siendo los siguientes: 1).- La inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes. 2).- La inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar, en ese momento, en dicha situación; y, con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. Respecto a los requisitos, el máximo intérprete de la Constitución, en los Casos (EXP.2096-2004-PHC/TC, EXP.4557-2005-PHC/TC, Exp.97242005-PHC/TC y Exp. 1923-2006-HC/TC), afirma que para declarar la flagrancia en la comisión de un delito, deben concurrir dos requisitos in­ sustituibles, siendo los siguientes: 1).- La inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes. 2).- La inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar, en ese momento, en dicha situación; y, con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo.

38 .En cuanto a la incautación, señale la opción incorrecta:

Respuesta: c El Código Procesal Penal, introduce nuevas instituciones procesales, como es la confirmatoria de la incautación en los casos de comisión de delitos en situación de flagrancia, la misma que obliga al Ad quo -Fiscal encargado del caso, a solicitar la confirmatoria de la incautación realizada por el personal policial al momento de realizado la intervención policial por flagrancia delictiva; siendo así, el presente tema nos dilucidará sobre 361

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a. El "peligro por la demora" es el riesgo fundado de que de no incautarse o secuestrarse un bien o cosa delictiva haría ineficaz la averiguación de la verdad. b. En diligencias preliminares se requiere de una autorización del fiscal, siempre en cuando exista "peligro en la demora". c. En caso de flagrancia, procederá la incautación por parte de la Policía siempre en cuando exista peligro inminente de perpe­ tración de otro delito. d. Se requerirá una orden judicial en caso el "peligro en la demo­ ra" no sea urgente

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la solicitud del Fiscal y procedimiento a tratar de esta institución; y cuál sería las consecuencias si no se solicitó la confirmación de incautación antes de terminado la segunda etapa del proceso común -Investigación Preparatoria. La Incautación. Es una medida limitativa de derechos en la Investigación Preliminar y Preparatoria, porque colisiona con los derechos fundamen­ tales de las personas, que en el caso concreto sería el derecho de propie­ dad, reconocida en el inciso 16 del artículo 2o de la Constitución Política del Estado peruano. Siendo así, es un acto que el Estado está facultado para realizar a través de las autoridades de administración de justicia pre­ vio un procedimiento, en tal sentido se le puede entender también como el decomiso de los bienes, instrumentos o cosas de una persona imputada de la comisión de un delito, o de los instigadores o los cómplices hayan utilizado para la comisión de un delito determinado o también a lo refe­ rente del producto del acto delictivo. Al decir de Roberto Eduardo Cáceres Juica, el secuestro y/o incautación consisten en el apoderamiento forzoso por parte de la autoridad del Ministerio Público de los objetos del delito o los instrumentos con los que se hubiere ejecutado, así como los efectos, sean estos bienes, dinero, ganancias o cualquier producto proveniente del delito, así se encuentre en poder de personas naturales o jurídicas.

39 .Mediante carta notarial, Ticio se dirige a Cayo para solicitarle que le restituya el terreno que ocupa de mala fe y que las construccio­ nes que ha efectuado sobre dicho terreno son de su propiedad. Además, afirma Ticio, que el contrato de compraventa que Cayo invocaba como título de propiedad ha sido declarado nulo judi­ cialmente, por cuanto él (Ticio) nunca ha dispuesto de dicho bien. En relación con las construcciones, Ticio tiene derecho a:

LEGALES EDICIONES

a. Hacer suyo lo edificado mediante el pago de su valor. b. Hacer suyo lo edificado mediante la indemnización de los da­ ños. c. Hacer suyo lo edificado sin la obligación de pagar su valor, d. Pagar el valor de lo edificado.

Respuesta: c La accesión, regulada en el artículo 938 del Código Civil, constituye un modo adquisitivo originario de la propiedad, “consistente en la atribu­ ción al propietario de un bien, de todo aquello que le une o adhiere materialmente a éste”. Por tanto, “el presupuesto de la accesión es la exis­ tencia de dos bienes, uno de los cuales tendrá el carácter de “principal”, y el otro de “accesorio”, siendo este último el que se adhiere en el prime­ 362

PRUEBA B

ro”. Ahora bien, los conflictos se presentan cuando los propietarios de los bienes, antes de la accesión, son personas distintas. En efecto, si yo soy propietario de un terreno sobre el cual, por cuenta propia, levanto una construcción, naturalmente el Ordenamiento Jurídico reconoce mi derecho de propiedad no sólo sobre el terreno, sino también sobre lo edificado en él. Aquí no encontramos conflicto alguno, toda vez que el propietario del bien principal y del accesorio es la misma persona. Dis­ tinto (y mucho más confuso) sería el panorama, si sobre el terreno de mi propiedad, se le ocurriese a mi vecino edificar por cuenta suya, sin con­ sultarme nada al respecto. Aquí, naturalmente, nos encontramos frente a un conflicto de intereses que urge ser resuelto, y para ello, legislador del 84 se preocupó por poner fin a los potenciales conflictos y estableció una serie de reglas normadas en los artículos 941, 942 y 943 del Código Civil que establecen a quien le asiste el derecho en estos casos. Mala fe del constructor: Tratándose de mala fe del constructor, el dueño del terreno podrá exigir la demolición de lo edificado a cargo del inva­ sor, o hacer suyo lo edificado sin necesidad de que pague suma dineraria alguna al tercero invasor. 40. En el caso descrito, la accesión por edificación de mala fe en te­ rreno ajeno confiere al propietario el derecho a:

a. Hacer suyo lo edificado mediante el pago de su valor. b. Hacer suyo lo edificado con la pérdida del derecho a la indem­ nización. c. Exigir la demolición de lo edificado aun si no le causa perjuicio, d. Exigir la demolición de lo edificado si le causa perjuicio

Respuesta: d La buena o mala fe dependerá: i) del conocimiento que tuviese el ter­ cero invasor respecto a la ajenidad del terreno sobre el cual construye; ii) de la creencia, por parte del tercero invasor, de que ostenta alguna facultad para construir, a pesar de tratarse de un terreno ajeno. Sin embargo, a efectos de llevar adelante la presente investigación, nos centraremos principalmente en el primer criterio señalado para determinar la buena ó mala fe de las partes. De esta forma, teniendo como base únicamente el primer criterio, si el tercero invasor levanta alguna edificación sobre un terreno cuya ajenidad conoce, será el propietario del terreno quien podrá optar entre demoler lo edificado o apropiárselo, debido a la mala fe del tercero invasor. Por el contrario, __________________________________________________________________________________________ 363

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

LEGALES EDICIONES

si el tercero invasor construye sobre un terreno ajeno, con absoluto desconocimiento de que dicho terreno es de propiedad de un tercero, entonces dicho tercero actuó de buena fe, y será premiado (en caso el dueño del terreno hubiese actuado de mala fe) con la posibilidad de exigir el pago de la edificación o adquirir el terreno conforme a su pre­ cio actual. Tratándose de mala fe del constructor, el dueño del terreno podrá exigir la demolición de lo edificado a cargo del invasor, o hacer suyo lo edificado sin necesidad de que pague suma dineraria alguna al tercero invasor.

364

PRUEBA

JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (UNIPERSONAL)

1. El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 5854-2005PA/TC, dijo: “ El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposicio­ nes orientadoras de la labor de los poderes públicos, para conso­ lidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. Ello significó:

Marque la respuesta incorrecta a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejer­ cer control difuso, cuando encuentren que hay incompatibilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la primera. d. Reconocer que las resoluciones en materia electoral, dictadas en última instancia, por el jurado nacional de elecciones, son inatacables jurisdiccionalmente.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

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LEGALES EDICIONES

2. El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos an­ teriores al dictar sentencia en el Exp. 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razo­ nes o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una deter­ minada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. Marque la alternativa correcta:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 3. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. N° 25792003-HDfTC acogió por primera vez la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el estado de cosas incons­ titucional. ¿Cuáles fueron los efectos de acoger esa doctrina?

a. Acumular todos los procesos seguidos entre las mismas partes, b. Extender los alcances de su sentencia a personas que no habían sido parte en el proceso. c. Cualquier órgano jurisdiccional, en un proceso ordinario, de­ clarando un estado de cosas inconstitucionales, podía extender los efectos de una sentencia a quienes no habían sido parte en el proceso. d. A que toda sentencia dictada, cuyo criterio era contraria a ese pronunciamiento, era nula.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 009-2021SN/JNJ

4. La Defensa garantiza a las personas la posibilidad de intervenir en todos los procesos en que se ventilan cuestiones concernientes a sus intereses. Marca la respuesta correcta: a. Esta garantía constitucional lo que confiere es la posibilidad de intervenir en los procesos cuya resolución puede afectar a la persona. 366

PRUEBA C

b. Esta garantía impone a la persona la obligación de intervenir en el proceso. c. Esta garantía impone como modalidad la defensa técnica. d. Esta garantía determina que es imprescindible la presencia del demandado en el proceso civil.

Respuesta: a La Constitución, en su artículo 139o, inciso 14, reconoce el derecho a la defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su natu­ raleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de in­ defensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes re­ sulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.

5. ¿Qué actos emite el fiscal provincial en vía de prevención de de­ lito? a. b. c. d.

Requerimientos, exhortaciones o recomendaciones. Disposiciones, exhortaciones o recomendaciones. Providencias, disposiciones o requerimientos. Requerimientos, providencias o disposiciones.

Respuesta: b La fiscalía es un pilar fundamental en un Estado de Derecho porque co­ labora con los fines de la administración de justicia, cuya misión es velar porque se cumplan las normas. Sus funciones son perseguir y prevenir el delito, defender la legalidad, velar por la sociedad en juicio, entre otras no menos importantes. Uno de sus razones de ser es la persecución de los delitos porque detenta el monopolio del ejercicio de la acción penal pública, encargándose de conducir la investigación, de promover la acción penal ante las instancias jurisdiccionales y de ejercer la función acusatoria en el proceso penal. Sin embargo, su función no se agota con ello, porque, además, tiene la atribución de intervenir en un momento previo a la comisión de un delito, es decir, anticiparse a su ejecución. En efecto, una de las funciones del MP es la prevención de delitos, realizada por fiscalías de prevención del delito. Para ello usa el procedimien-

_________________________________________________________ 367

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

to preventivo como instrumento que posibilita materializar su labor preventiva y le permite morigerar el índice de criminalidad. Su marco normativo es el Reglamento de las Fiscalías de Prevención del delito, cuyo objetivo es establecer lincamientos que definan su competencia y funciones. 6. La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116, ha señalado respecto al proceso inmediato que: “13.- El proceso in­ mediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a los deli­ tos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo alguno afectan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. No es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de juicio permite esclarecer proba­ toriamente el hecho punible con pleno cumplimiento de los prin­ cipios de contradicción, igualdad, publicidad, inmediación y ora­ lidad (...). Por consiguiente, si el resultado probatorio no arroja la presencia prueba legal, fiable, corroborada y suficiente - que son elementos insustituibles para cumplir con esta garantía derecho fundamental -, el juez está en la obligación de dictar sentencia absolutoria.”

En ese sentido, la Corte Suprema indica los presupuestos mate­ riales de la evidencia delictiva, marque la respuesta correcta:

a. Flagrancia delictiva, confesión y delito evidente. b. Flagrancia delictiva, complejidad probatoria y conducción en estado de ebriedad. c. Flagrancia delictiva, complejidad probatoria y delito evidente. d. Flagrancia delictiva, delito evidente y omisión a la asistencia familiar. LEGALES EDICIONES

Respuesta: a En el ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N° 2-2016/CIJ-116 se ha establecido: 2. Legitimidad constitucional del proceso inmediato reformado 13.0 El proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sen­ cilla en modo alguno afectan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. No es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de juicio permite esclarecer probatoriamente el hecho 368

PRUEBA C

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LEGALES EDICIONES

punible con pleno cumplimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, inmediación y oralidad. No es, pues, un proce­ so “ofensivo” tendente a condenar irremediablemente al imputado. El rigor para dilucidar la existencia de sus presupuestos materiales y la ulterior de actuación contradictoria de la prueba, afirman la vigencia de la garantía de presunción de inocencia. Por consiguiente, si el resultado probatorio no arroja la presencia de prueba legal, fiable, corroborada y suficiente -que son elementos insustituibles para cumplir con esta garantía-derecho fundamental-, el juez está en la obligación de dictar sentencia absolutoria. 14.0 Desde esta perspectiva, algún sector de la comunidad jurídica consi­ deró que los delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción y los delitos de omisión de asistencia familiar -que deben considerarse como conductas propias de delincuencia común-, presentaban dificul­ tades para cumplir con las exigencias que requiere el proceso inmediato reformado. A. Los delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción afec­ tan la seguridad pública o colectiva - concretamente, la seguridad del tráfico rodado-. En tanto constituyen delitos de peligro real, ponen en riesgo la vida e integridad de las personas ante la vulneración de las dis­ posiciones sobre circulación de vehículos, riesgo que abarca a toda la co­ lectividad, como grupo genérico e indeterminado. El tipo legal se dirige tangencialmente también a la protección de la vida y la integridad física de las personas (STCE 2/2003, de 16 de enero), y requiere (i) la conduc­ ción en estado de ebriedad o drogadicción de un vehículo automotor, (ii) la disminución acreditada de la capacidad psicofísica del conduc­ tor y, como consecuencia, (iii) la minoración de la seguridad del tráfico (STCE 319/2006, de 15 de noviembre), “[...] para lo cual, se tendrá en cuenta no solo el grado de impregnación alcohólica o de otra sustancia similar detectada en el sujeto activo, sino también todo un cúmulo de circunstancias concomitantes al supuesto en particular: somáticas, es­ paciales, temporales, meteorológicas” [Carmona Salgado, Concepción y otros. Derecho Penal español. Tomo II. Madrid: Editorial Dykinson, 2004, p. 781]. Lo protegido no es, en última instancia, algo sustancialmente diverso de la vida, la salud o el patrimonio de personas concretas, respecto a las cuales la idea de seguridad en el tráfico tiene una función meramen­ te instrumental [Tamarit Sumalla, José María y otros. Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal. Segunda edición. Navarra: Editorial Aranzadi, 1999, p. 1078].”

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

7. Respecto a los supuestos de aplicación del proceso inmediato: a. Se exceptúa en los delitos de conducción en estado de ebriedad y delitos complejos. b. Se puede aplicar en los casos de evidencia delictiva incluyen­ do el delito de conducción en estado de ebriedad y omisión a la asistencia familiar. c. Se exceptúa el delito de omisión a la asistencia familiar, por cuanto no es aplicable la flagrancia. d. Se puede aplicar a cualquier delito, sin importar su compleji­ dad.

Respuesta: b El proceso inmediato solo se podrá incoar, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: a) El/La imputado/a ha sido sorprendido/a y detenido/a en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal. b) El/La imputado/a ha confesado la comisión del delito, en los térmi­ nos del artículo 160 del Código Procesal Penal. c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio de el/la imputado/a, sean evi­ dentes. 8. Es un acto procesal que se lleva a cabo dentro de la Investigación Preparatoria:

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Testimonio. Prueba anticipada. Sobreseimiento. Desvinculación procesal.

Respuesta: b La prueba anticipada es aquella que se realiza en un momento anterior al juicio oral; esta figura tiene el objetivo de evitar que la información contenida en esa fuente de prueba pueda verse alterada o desaparezca en un futuro cercano, por ello debe de acreditarse al juez de investigación preparatoria, la urgencia y la necesidad de su actuación en forma anti­ cipada. A modo de ejemplo, podemos citar aquellos casos en los que el testigo se encuentra desahuciado o está próximo a irse de viaje. 370

PRUEBA C

Si durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investiga­ ción preparatoria, se advierte que sobre determinado medio de prueba, existe la previsibilidad de que su actuación se torne irrepetible durante la audiencia de juicio oral, el art. 242 del CPP establece la actuación de esta prueba en forma anticipada. Artículo 242.- Supuestos de prueba anticipada a) Testimonial y examen del perito, [... ] b) Careo entre las personas que han declarado [... ] c) Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones [... ] d) Declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agra­ viados por delitos comprendidos en los artículos 153 y 153-A del Capítulo I: Violación de la libertad personal, y en los comprendidos en el Capítulo IX: Violación de la libertad sexual, Capítulo X: Proxe­ netismo y Capítulo XI: Ofensas al pudor público, correspondientes al Título IV: Delitos contra la libertad, del Código Penal. e) Declaración, Testimonial y examen de perito en casos de crimina­ lidad organizada, así como en los delitos contra la administración pública, previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal.

9. En la audiencia única de incoación del proceso inmediato que es de carácter inaplazable, marque la respuesta correcta:

Respuesta: b El proceso inmediato constituye una vía procedimental incorporada en el Código Procesal Penal y que tiene por finalidad llegar a una sentencia condenatoria ante la presencia de elementos de convicción suficientes de la responsabilidad penal del imputado. Sin embargo, se ha establecido que para llegar a este requisito el nivel de certeza debe ser altísimo, pues cualquier tipo de duda proscribe su invocación. ______________________________________________________________________________________ 371

LEGALES EDICIONES

a. No es procedente el principio de oportunidad, pues ya precluyó su trámite. b. Cabe pronunciarse sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes. c. Cabe pronunciarse sobre la procedencia del principio de opor­ tunidad y de un acuerdo reparatorio, pues la terminación anticipada tiene un procedimiento independiente. d. No es procedente el acuerdo reparatorio, pues ya precluyó su trámite.

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lO.La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competen­ cia contenciosa conforme a la Convención Americana para co­ nocer casos de violación de las disposiciones contenidas en este instrumento internacional, a fin de determinar la responsabilidad internacional de los siguientes sujetos:

a. De los Estados y personas en general que violen derechos hu­ manos.

b. De los Estados partes y jefes de los Estados partes. c. De los Estados partes solamente. d. De los Estados partes en el caso que hayan reconocido o reco­ nozcan la competencia de la Corte, o por declaración especial, o por convención especial.

Respuesta: c Dentro de esta función, la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los de­ rechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de sentencias.

Son veinte los Estados que han reconocido la competencia contencio­ sa de la Corte, a decir: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Co­ lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

11.En un Estado Constitucional de Derecho, el “principio de igual­ dad” se reafirma: (Marque la opción correcta): LEGALES EDICIONES

a. En el principio de generalidad y el principio de supremacía constitucional. b. En el principio de generalidad y abstracción de las normas jurí­ dicas.

c. En el principio de dignidad humana. d. En el principio de humanidad y supremacía constitucional.

Respuesta: b VER PREGUNTAN0 8 DE LA PRUEBA B-CONVOCATORIA 009-2021SN/JNJ 372

PRUEBA C

12. La teoría jurídica europea ha desarrollado un método que se de­ nomina el test de ponderación o, también llamado por nuestra ju­ risdicción constitucional, el test de proporcionalidad. Ahora bien, en términos generales, este procedimiento metodológico busca; (marque la opción correcta): a. b. c. d.

Fortalecer la decisión judicial final. Una aplicación más armónica de los principios. Descartar la aplicación de un principio. Desplazar la aplicación de las normas jurídicas.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ

13.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: (Selec­ cione una) a. Un argumento es lógicamente válido cuando la conclusión se infiere (se deduce) necesariamente de las premisas, de tal manera que si las premisas son verdaderas la conclusión nece­ sariamente será también verdadera. b. El silogismo judicial representa la decisión judicial como una operación lógica o deductiva en la que a partir de una premisa mayor (una norma general y abstracta) y de una premisa menor (unos hechos que caen en el supuesto de hecho de la norma an­ terior) se llega necesariamente a una conclusión que constituye el fallo de la sentencia. c. La lógica del Derecho analiza los razonamientos empleados por los operadores jurídicos. d. Las opciones b) y c) son incorrectas.

VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 14 .La argumentación jurídica permite:

a. Descubrir la verdad de los hechos. b. Tener una visión autoritativa del Derecho. c. Llegar a conclusiones por medio de afirmaciones lógicas que están fundamentadas en razones aceptadas desde el campo 373

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c

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de la aplicación de los textos normativos y el punto de vista jurisprudencial. d. Las respuestas a) y b) son correctas.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 15 .Cuál es la relación de jerarquía que existe entre la interpretación que desarrolla el Tribunal Constitucional con las de la Corte Interamericana de DDHH:

a. b. c. d.

Los criterios de la Corte Interamericana de DDHH prevalecen. Los criterios del Tribunal Constitucional prevalecen. La jerarquía está sujeta a un criterio de relación de integración, Las respuestas a y c.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 16 .El argumento a fortiori: (marque la opción correcta)

LEGALES EDICIONES

a. Se trata de un caso de analogía reforzada. b. La variante ad minori maius de este argumento sostiene que, por ejemplo, la ley me otorga la titularidad sobre un bien inmueble que adquirí mediante contrato legal de compra venta, con ma­ yor razón me permite el derecho de disposición del bien, por ejemplo, hipotecándolo. c. Es aquel en el que determinados sujetos que se encuentren en situación tal de merecer, a mayor razón que otros tomados como referencia, la cualificación que la norma en cuestión a estos últimos acuerda. d. La variante ad majori ad minus de este argumento sostiene, por ejemplo, si la, ley no me permite la injuria hacia otra persona, con mayor razón no me permite agredirla físicamente.

Respuesta: c Este argumento, en palabras de Tarello, es un procedimiento discursivo por el que “dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe 374

PRUEBA C

concluir que valga (que sea válida, que exista) otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que merecen, con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos, la calificación que la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos”. Dicho de otro modo, justifica tras­ ladar la solución legalmente prevista para un caso, a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, porque merece esa solución legal con mayor razón. A pesar del confusionismo doctrinal acerca de las relaciones y dife­ rencias entre los argumentos analógico, a fortiori, a maiori ad minus y a minori ad maius, la postura más simple, y, en mi opinión más acertada, es considerar que el argumento a fortiori se manifiesta bajo dos formas: a maiori ad minus y a minori ad maius. El primer caso sería el argumento a fortiori aplicable a las calificaciones ventajosas, como por ejemplo los derechos o las autorizaciones, mientras que en el caso de la forma a minori ad maius sería el argumento a fortiori aplicable a las calificaciones desventajosas, como por ejemplo los de­ beres (Tarello). Kelly sale embarazada y le comenta a Juan, su enamorado, por lo que ambos deciden no tener al bebé, y acuerdan ir a un hotel donde Juan le dará a Kelly unas hierbas y medicamentos que la harán abor­ tar, por lo que Kelly consiente el aborto.

17 .Cómo responde Kelly:

a. b. c. d.

Kelly es autor de aborto consentido. Kelly es autor de autoaborto. Kelly es autor de aborto no consentido. Kelly es autor de aborto preterintencional.

Respuesta: b Haremos un resumido análisis de las diferentes modalidades de aborto punible, lícito y atenuado reguladas en el Código Penal: a) El aborto de la mujer o autoaborto se encuentra previsto en el artí­ culo 114 del Código Penal. Se reprime exclusivamente toda práctica del aborto con intervención de la propia gestante. La ley, de modo alternativo, ha previsto dos casos de autoaborto: en el primer supuesto, la ley sanciona a la gestante que, valiéndose de cualquier medio, ocasiona su propio aborto; en la segunda hipótesis, la mujer no interviene directamente en la práctica abortiva y se limita 375

LEGALES EDICIONES

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únicamente a dar su consentimiento y/o a cooperar para que un ter­ cero la haga abortar. Para diferenciar ambos supuestos, se denomina al primero «autoaborto activo» y al segundo «autoaborto pasivo». Es importante ratificar que el grado de intervención de la mujer emba­ razada, sea como autora, coautora, instigadora o cómplice, no excluye la represión de su conducta con la penalidad regulada por el artículo 114. Como se mencionó anteriormente, los móviles que pudieron in­ ducir a la mujer al autoaborto no afectan la tipicidad de su conducta. Sin embargo, ellos (honor, dificultades económicas, etc.) deberán ser evaluados por el juez al momento de individualizar la pena. La tentativa en el autoaborto es configurable y punible. Toda inter­ pretación a favor de la impunidad de la tentativa en el autoaborto excede los límites de nuestro sistema penal. La represión del autoaborto es atenuada en comparación con otras figuras delictivas de la misma especie practicadas por terceros. b) El aborto practicado con la intervención de terceros es reprimido por la ley con mayor severidad. Se describe esta conducta ilícita en los artículos 115, 116 (que regulan el aborto consentido y no con­ sentido, respectivamente) y 117 (denominado «aborto abusivo») del Código Penal. c) En cuanto al aborto consentido, el artículo 115 del Código Penal re­ prime la intervención directa o indirecta de un tercero en la práctica del aborto a una mujer que consiente. En este supuesto, el tercero práctica el aborto y es él quien actúa ejecutivamente. Nos encontra­ mos, pues, con el reverso del denominado «autoaborto pasivo». En esta hipótesis, la mujer puede intervenir cooperando con el tercero o limitándose solo a consentir que se le haga abortar. Ahora bien, como elemento central en esta forma de aborto puni­ ble, está el «consentimiento de la mujer». La gestante debe de haber aceptado voluntariamente la práctica abortiva que le aplicará el ter­ cero. Dicho consentimiento puede ser expreso o táctico, lo impor­ tante es que sea inteligible y provenga de una mujer con capacidad suficiente para otorgarlo (mayor de 18 años y con pleno goce de sus facultades físicas y mentales). d) El aborto no consentido es previsto por el artículo 116 del Código Pe­ nal y constituye el hecho punible más grave del sistema penal del abor­ to. En esta modalidad punible, la acción típica de hacer abortar a una mujer gestante la realiza el tercero en oposición a los deseos de esta. Se puede presentar varias situaciones equivalentes. Por ejemplo, que la 376

PRUEBA C

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LEGALES EDICIONES

embarazada ignore las intenciones abortivas del tercero o, conocién­ dolas y rechazándolas expresamente, sea sometida de forma violenta a la interrupción de su embarazo. En este último caso, también se atenta contra la libertad de la mujer gestante y su derecho a la maternidad. Los medios que utiliza el tercero (engaño, violencia, amenaza, etc.) para vencer la resistencia, potencial o activa, de la mujer al aborto no afectan de manera directa la punibilidad de su conducta. Entonces, lo importante es la «falta de consentimiento» de la gestan­ te hacia toda propuesta o acción abortiva. Cabe señalar también que se presume que no hay consentimiento o, mejor dicho, que se estima como carente de validez el que brinda para la práctica abortiva una menor de 18 años o una mujer que padece alguna forma de inca­ pacidad psíquica para prestarlo (oligofrenia, demencia o estado de inconciencia). e) El aborto practicado con la intervención de un profesional sanita­ rio, conocido también como «aborto abusivo», se encuentra consi­ derado en el artículo 117. En realidad se trata de una circunstancia agravante específica que se basa en la condición personal del sujeto. El mayor rigor punitivo que aplica dicha disposición legal resulta justificado, pues el autor del aborto es un profesional sanitario; el cual no solo viola la norma penal que prohíbe tales actos contra la vida dependiente, sino que además infringe deberes profesionales especiales y defrauda la confianza social depositada en el buen uso de sus conocimientos sanitarios. De allí que la ley acentúe la repre­ sión de estas formas agravadas de aborto consentido o no consenti­ do aplicando a su autor una pena conjunta de inhabilitación para el ejercicio de su actividad profesional. La norma legal no solo se ha referido al médico; sino que también ha considerado u otros profesionales de la salud, como obstetras, farmacéuticos o cualquier otro que ostente y ejerza profesiones si­ milares. Entre éstas últimas estarían los enfermeros, mas no los es­ tudiantes de tales disciplinas de la salud, aunque realicen prácticas preprofesionales. f) Con respecto al agravante preterintencional, la ley impone una san­ ción más severa si el aborto practicado por un tercero produce o culmina con la muerte de la gestante. Según los párrafos finales de los artículos 115 y 116, la muerte de la mujer embarazada debe so­ brevenir o ser una consecuencia derivada del aborto o del proce­ dimiento abortivo empleado. En ambos supuestos, la ley exige que el resultado letal le haya sido previsible a su autor («el agente pudo

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prever este resultado»); entonces estamos ante una agravante de las que se denominan «preterintencionales». La muerte se imputa como el efecto de una imprevisión culpable, de una falta de cuidado, de un acto imprudente al momento de practicar el aborto o como con­ secuencia negligente de dicha práctica. El juicio de reproche por la producción de la muerte alcanza así al tercero a título de culpa. Por tanto, si la muerte sobreviene como resultado imprevisible (deficien­ cia orgánica de la gestante imposible de detectar), el tercero no será responsable de este evento más grave.

18 .Como responde Juan: a. b. c. d.

Juan es autor de aborto consentido. Juan es autor de autoaborto. Juan es autor de aborto no consentido. Juan es autor de aborto preterintencional.

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Respuesta: a A diferencia del delito de homicidio, en el de aborto solo se reprimen conductas dolosas. Por tanto, si por un accidente o negligencia de la madre gestante o de un tercero se produce un aborto, tal suceso carece, en principio, de relevancia penal. No obstante, los daños derivados para la salud de la gestante, generados por la falta de cuidado de un tercero, podrían dar lugar a una responsabilidad penal por lesiones culposas. Resulta pertinente precisar que, en el artículo 120, se mantiene crimina­ lizados, aunque con una penalidad leve (no mayor de tres meses de pena privativa de libertad), los clásicos casos de aborto legal por indicación ética o criminológica y por indicación eugenésica. En lo que atañe a otras características típicas el delito de aborto, como se señaló anteriormente, sus diferentes modalidades requieren siempre de la presencia del dolo, sin embargo, el móvil que haya guiado la conducta abortiva (honor, grave situación económica, abandono, etc.) carece de significado típico. La tentativa es punible en todos los casos, incluida la que fuese ejecutada por la propia mujer gestante. Sin embargo, conforme a lo estipulado en el artículo 17 del Código Penal, solo deviene en impune penal la deno­ minada «tentativa inidónea»; es decir, aquella que tiene lugar cuando se practican maniobras abortivas sobre una mujer que no está embarazada. En lo que concierne a la penalidad conminada, predominan penas pri­ vativas de libertad. No obstante, en los casos del aborto practicado por 378

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la gestante y del aborto preterintencional, concurre también como pena alternativa la prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, tratán­ dose de delitos de aborto realizado por un profesional sanitario (médico, obstetra, farmacéutico, etc.), se incluye una pena conjunta de inhabilita­ ción para el ejercicio de la profesión. La ley contempla, para algunos casos de aborto punible, agravantes preterintencionales cuando «sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado». La pena privativa de libertad en estos supuestos puede elevarse entre no menos de cinco ni más de diez años. 19 .La Corte Interamericana de Derechos Humanos: (marque la op­ ción correcta)

a. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanis­ mo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales. b. Es un tribunal internacional de justicia que depende de la OEA y cuyo objetivo es aplicar e interpretar los tratados internaciona­ les. La Corte Interamericana ejerce sólo una función contenciosa. c. Es un órgano internacional de protección de derechos humanos cuyo objetivo es aplicar todos los tratados internacionales. Ejer­ ce una función contenciosa y una función consultiva. d. Es una institución judicial cuyo objetivo es hacer control cons­ titucional en los Estados aplicar e interpretar la Convención Americana. Tiene función consultiva y la función de dictar me­ didas provisionales.

Respuesta: a La Corte Interamericana de Derechos Humanos (sigla: Corte IDH) es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en San José, Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. __________________________________________________________________________________________ 379

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Los idiomas oficiales de la Corte IDH son, al igual que en la OEA, es­ pañol, francés, inglés y portugués. Los idiomas de trabajo son los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado, pue­ de adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea oficial.

20 .EI control de convencionalidad: (marque la opción correcta) a. Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Hu­ manos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal. b. Es un método de interpretación para conocer el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos. c. Es una herramienta doctrinaria que se utiliza para complemen­ tar los ordenamientos jurídicos de los Estados. d. Es una técnica hermenéutica para mejorar la interpretación de los derechos humanos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

21 . La ley penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extran­ jero, excepto, cuando:

LEGALES EDICIONES

a. El agente es funcionario o servidor público en desempeño de su cargo. b. Atenta contra la seguridad o la tranquilidad pública o se trate de lavado de activos y produzca sus efectos en el territorio de la República. c. Agravia al Estado y la defensa nacional y a los poderes del Es­ tado. d. El agente es peruano y consuma delitos en el extranjero que no son susceptibles de extradición.

Respuesta: d Nuestro país se guía bajo el principio de territorialidad (art. i CP), se­ gún el cual, la ley penal peruana se aplicaría a todo aquel que cometa un hecho punible en el territorio de la República. De lo anterior, señalamos, primero, que la ley peruana se aplicaría a todas las personas que estén en 380

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LEGALES EDICIONES

territorio peruano, sin importar si son peruanas o extranjeras. Segundo, respecto de la comisión del hecho punible, nuestro país adopta la teoría de la ubicuidad (art. 5 CP). Esta faculta la aplicación de la ley peruana considerando dos supuestos como lugar de la comisión del delito: aquel donde el agente ha actuado o ha omitido la obligación de actuar y aquel en el que se producen sus efectos. En el art. 2 del Código Penal peruano, encontramos tres principios con­ siderados como excepciones al principio de territorialidad. Es decir, se presentan supuestos en los cuales se aplica la ley penal peruana, pese a que los actos y las consecuencias de los mismos se desarrollaron en el extranjero. El primero es el principio real o de defensa. Este señala la aplicación de la ley penal en supuestos específicamente establecidos, cuyas con­ secuencias repercuten en el país. Estos supuestos los encontramos en los numerales 1; 2 y 3 del art. 2 del CP. Este principio se sustenta en la defensa y protección del Estado y su soberanía. El porqué de su carácter taxativo tiene fundamento en el hecho de no desvirtuar el principio de territorialidad y es por ello que abarca solo los supuestos establecidos por la ley. El segundo es el principio de personalidad activa y pasiva. Estos figuran en el art. 2.3 del CP. Así, se podrá aplicar la ley peruana a delitos que hayan sido cometidos por peruanos en el extranjero (personalidad acti­ va), como a delitos que se hayan cometidos en contra de peruanos en el extranjero (personalidad pasiva). Para ello, “las condiciones establecidas por el legislador de 1991 son a) agente [o víctima] de nacionalidad pe­ ruana; b) infracción que pueda dar lugar a extradición; c) que la ley del lugar de comisión considere el comportamiento también como punible; y d) que el agente entre en la República”. Resulta necesario cumplir con estos requisitos para que la ley penal peruana sea aplicable. El tercero es el principio de la competencia universal, mediante el cual se busca proteger los intereses de todos los estados, pese a que los deli­ tos y las consecuencias de estos no se hayan producido en el territorio peruano. Es decir, “se trata de crímenes mundiales, amenazando el in­ terés común de todos los Estados”. El genocidio, tortura y crímenes de lesa humanidad vienen a ser delitos internacionales, ya que “ofenden los principios generales del Derecho y se convierten en una preocupación de la comunidad internacional [...] Así, se justifica la perseguibilidad de estos delitos y la necesidad imperativa de castigo”. Como conclusión, el tema de aplicación de la ley penal en el espacio no tiene una doctrina uniforme y tampoco las teorías planteadas permiten

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

resolver asertivamente todos los casos sobre aplicación de la ley penal en el espacio. De ese modo, resulta necesario analizar cada caso de manera individual y encontrar en cada uno la mejor respuesta frente a un delito.

22 .Contiene una norma penal “imperativa”:

a. b. c. d.

El delito de Homicidio. El delito de Robo. El delito de Incumplimiento de obligación alimentaria. El delito de Lavado de Activos.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c En derecho se considera norma imperativa a aquella norma jurídica que posee un contenido del que los sujetos jurídicos no pueden prescindir, de manera que la regulación normativa que se haga de la materia ten­ drá completa validez independientemente de la voluntad del individuo. Hace referencia al modo o forma por la cual el legislador, por medio de sus competencias, establece una norma jurídica de forma imponente o por medio de sanciones dentro de un sistema normativo para su efecti­ vo cumplimiento la cual hace que sea de inmediato cumplimiento por parte de la sociedad a la cual representa. El concepto de norma imperativa se contrapone al de norma dispositiva, pues en este último supuesto, la norma y su contenido están supeditadas y mencionadas al principio de voluntariedad, y su aplicación está limi­ tada a los supuestos en los que los sujetos no regulen sus relaciones en sentido distinto al dictado por la norma dispositiva. Es el tipo de norma predominante sobre todo en el derecho público. Cabe agregar que la mayor parte de las normas de los distintos ordena­ mientos jurídicos tienen carácter imperativo, aunque existe un mayor margen para la autonomía de la voluntad en el derecho privado. Aplica la condición, el carácter o sanción como métodos o herramientas de equilibrio para que sus normas o leyes sean reconocidas y por otra parte acatadas en el territorio de competencia. 23 .La analogía in malam parte, ¿Qué manifestación del principio de legalidad vulnera?: a. b. c. d. 382

Nullum crimen sine lege certa. Nullum crimen sine lege previa. Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta. Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta.

PRUEBA C

Respuesta: d La Constitución Política del Perú en su artículo 139 inc., 9 establece: “El principio de inaplicabilidad por analogía de la Ley Penal y de las normas que restringen derechos”. Asimismo, en el Artículo III del Título Preliminar del Código Penal (CP) se señala: “Que no está permitida la analogía 1. Para calificar el hecho como delito o falta; 2. Definir un estado de peligrosidad, o 3. Determi­ nar la pena o medida de seguridad que les corresponde”. La interpretación que se hace de ambos dispositivos, según posición mayoritaria es que, lo que se encuentra prohibido es la “analogía in malam partem”, es decir, aquella que perjudica al reo; mas no la “analogía in bonam partem”, que constituye un instrumento jurídico favorable al reo. La creación de delitos, así como la fúndamentación de la pena, única­ mente puede realizarse mediante una ley previa, escrita, estricta y cierta. En consecuencia, no es admisible la “analogía in malam partem”, como se puede apreciar en los siguientes casos: 1. El CP en su art. 409 considera que incurre en delito aquel testigo que falta a la verdad en causa judicial. Si faltase a la verdad en declara­ ciones ante la policía, tal conducta no encuadraría en el mencionado artículo, por más que se aprecie una similitud entre ambas situa­ ciones. De lo contrario, estaríamos aplicando analogía in “malam partem” 2. El CP en su art. 107 considera que incurre en Parricidio “El que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino”. Sin embargo, si el sujeto activo fue acogido desde niño y tratado como un hijo, no será suficiente para configurar el delito de parricidio (homicidio agravado), por más que pueda existir alguna similitud entre ambas situaciones. En todo caso, estaremos ante un homicidio simple o asesinato, dependiendo si concurre algún agravante señalado en el art. 108 del CP. Como ejemplo de “analogía in bonam partem” se puede citar el art. 81 del CP., según el cual los plazos de prescripción ordinarios de la acción penal se reducen a la mitad tratándose de imputables restringidos (de 18 a menos de 21 años y mayores de 65 años). Sin embargo, respecto a los plazos de prescripción de la pena, el CP guarda silencio, por lo que vía “analogía in bonam partem”, también sería aplicable lo señalado en el art. 81 de este corpus iuris sustantivo, para el caso de los plazos de prescripción ordinarios de la pena; siendo que donde existe la misma razón existe el mismo derecho (argumento analógico a pari o a similí). __________________________________________________________________________________________ 383

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24 .En los delitos de libramiento indebido no procederá la acción pe­ nal si: a. El agente abona el monto total del cheque dentro del tercer día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente. b. El agente abona el monto total del cheque dentro del quinto día de vencido el plazo para el cobro. c. El agente abona el monto total del cheque dentro del tercer día de vencido el plazo para el cobro. d. El agente abona el monto total del cheque dentro del quinto día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente.

Respuesta: a El delito de libramiento indebido, previsto en el inciso i, artículo 215 del Código Penal, se refiere al giro de un cheque sin tener provisión de fondos suficientes, el cual se materializa cuando el agente emite el cheque como medio de pago, a sabiendas de que a la fecha de su cobro el beneficiario no podrá hacerlo efectivo, sea porque la cuenta carece de fondos suficientes o porque no los tiene. Al evaluar este delito a efectos del protesto del título valor, se debe te­ ner en cuenta el tipo de cheque emitido, pues conforme con el artículo 199 de la Ley 27287, Ley de Títulos Valores, existe el cheque de pago diferido, que es una orden de pago emitida a cargo de un banco, bajo condición para su pago de que transcurra el plazo señalado en el mismo título. De esta forma, se trata de títulos valores que a diferencia del che­ que común no pueden ser presentados para su cobro a partir de la fecha de su emisión sino de la fecha que se indique allí.

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25 .Respecto al principio de concentración, marque la opción correcta: a. El juicio oral debe desarrollarse en sesiones consecutivas hasta su conclusión, rige la regla de zzunidad de acto". b. Se busca que la prueba practicada bajo inmediación se realice conjunta y sucesivamente en un tiempo razonable. c. La suspensión del juicio oral tiene un plazo máximo de 8 días hábiles. d. Todas son correctas

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 384

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26 .Respecto a la posibilidad de reemplazo de un juez en un órgano jurisdiccional colegiado, NO es correcto afirmar que: a. La oportunidad procesal para efectuar el cambio debe ser hasta antes de que culmine la fase probatoria del juicio oral. b. Solo se permite un remplazo. c. Existe un catálogo abierto de circunstancias que permiten el re­ emplazo. d. En caso se efectúen más reemplazos de los permitidos, se decla­ raría la interrupción del juicio oral por infracción del principio de inmediación.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 20 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

27.Son principios exclusivos del juicio oral: a. b. c. d.

Oficialidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas. Contradicción, inmediación, publicidad y oralidad. Libre convicción, igualdad de armas, legalidad y contradicción. Oportunidad, contradicción, libre convicción y oficialidad.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 21 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

28 .Respecto al juicio oral, es correcto afirmar que:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 385

LEGALES EDICIONES

a. El régimen de publicidad es absoluto, por lo que no cabe sesio­ nes reservadas. b. Es posible que se presente una conformidad parcial. c. El Juzgado (Colegiado o Unipersonal) solo puede fallar respecto al material probatorio actuado en su presencia sin ninguna excepción. d. La oportunidad procesal para que se plantee una acusación complementaria es hasta antes de que se cierre los debates del juicio oral.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

29 .El Ministerio Público planteó en su acusación fiscal que José habría cometido el delito de actos contra el pudor en contra de Laura; no obstante, en el desarrollo del juicio oral, el órgano juris­ diccional indicó a las partes procesales la posibilidad de desvin­ culación de la acusación fiscal, ya que se estaría ante una posible tentativa del delito de violación sexual. Respecto al caso planteado, marque la opción correcta: a. Para que proceda la desvinculación procesal, ésta debió realizarse después de los alegatos iniciales del Ministerio Público. b. No procede la desvinculación procesal planteada porque se in­ crementaría la pena a imponer a José. c. El órgano jurisdiccional con dicho proceder afecta el principio acusatorio. d. Ninguna es correcta.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 3O.Según la jurisprudencia casatoria de la Corte Suprema de Justi­ cia, de qué forma un juez penal puede diferenciar entre los delitos de actos contra el pudor y la tentativa de una violación sexual:

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a. A partir del dolo del sujeto activo, el cual se determina a partir de las circunstancias del caso. b. A partir del sujeto activo y su culpabilidad, el cual se determina a partir de las circunstancias del caso. c. A partir del dolo del sujeto activo, el cual se determina a partir de una pericia psicológica. d. A partir del sujeto activo y su culpabilidad, el cual se determina a partir de una pericia psicológica.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 31.En cuanto a la actuación probatoria en juicio oral, señale la op­ ción incorrecta:

a. En el caso de declaración de pluralidad de acusados, ellos de­ clararan por el orden que haya establecido el juez penal, previa consulta a las partes procesales. 386

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b. El examen de los testigos posee diferentes reglas al interrogato­ rio del acusado. c. La no presencia del acusado en alguna de las sesiones del juicio oral genera su nulidad. d. La resolución por la cual el órgano jurisdiccional determina de ofi­ cio la actuación de medios de prueba es pasible de ser recurrida.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 32.El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo (Exp. 2253-2010, resolución del 3 de agosto de 2010), resolvió que la au­ diencia de tutela de derechos se dirige a la protección efectiva de los derechos del imputado (regulados enunciativamente en el art. 71.2 del CPP). Sin embargo -argumentó la resolución- nada impide que cualquier otro derecho fundamental, sustantivo o pro­ cesal, reconocido a favor del imputado en la Constitución, el Có­ digo Penal, el Código Procesal Penal o en cualquier otra norma nacional o tratados internacionales en materia de derechos hu­ manos, también puedan ser protegidos o restituidos cuando sean vulnerados por la Policía Nacional o el Ministerio Público. Sobre la institución procesal de la tutela de derechos del nuevo Código Procesal Penal (Acuerdos Plenarios 4-2010/CJ-116 y 2-2012/CJ116), es cierto:

a. Vía tutela de derechos, el órgano jurisdiccional puede interve­ nir para enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito de la expedición de la Disposición Fiscal de Investigación Pre­ paratoria, por ejemplo, cuando se cuestiona la delictuosidad del hecho y de los presupuestos procesales. b. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal y siem­ pre frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos inaceptable por genérico, vago o gaseoso o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabe acudir a la acción jurisdiccional de tutela de derechos. § c. A través de la tutela de derechos, el órgano jurisdiccional puede intervenir para anular la Disposición Fiscal de Investigación Preparatoria, por ejemplo, cuando se cuestiona el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaría, dado que estos constituyen el nivel propio de "sospecha suficiente". K ___________________________________________________________________________________________ 387

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d. La función del Juez de Investigación Preparatoria, ante el in­ cumplimiento notorio u ostensible por el Fiscal de precisar los hechos que integran los cargos penales, debe, al culminar la audiencia de tutela de derechos, expedir el auto judicial de anu­ lación de la Disposición Fiscal de Investigación Preparatoria.

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Respuesta: b La sanción del Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2012/CJ-2016 resulta fundamental dado que delimita el manto de protección de los derechos reconocidos en la ley procesal (D. Leg. 957) y las garantías constitucio­ nales. Uno de los principales temas que se tocan -aparte de otros fun­ damentos, claro está- es el referido a la tutela jurisdiccional, con el que se posibilita a todos los sujetos de derecho de recurrir ante un órgano jurisdiccional competente para que resuelva su legítima petición; en tal sentido, ante la limitación o vulneración de algún derecho fundamental o una garantía procesal, será el juez quien dirimirá tal circunstancia. Sobre la base de la garantía de la jurisdiccionalidad, el acuerdo plenario se adentra -y se centra también- en demarcar los ámbitos y estructura jurídica de la tutela de derechos, pues es innegable que esta institución procesal o recurso procesal es una camiseta de protección procesal del imputado cuando este vea afectado uno o varios derechos establecidos en el artículo 71 del NCPP o de los derechos o garantías reconocidas en la Constitución Política, en cuya eventualidad acudirá al juez de la investigación preparatoria para reponer o reparar el derecho o garantía. En torno a esto, se erigen varios cuestionamientos o interrogantes sobre el objeto de la tutela y si solo debía tutelar casos específicos, debido a que en la ley procesal (D. Leg. 957) ya existen otros mecanismos que se pue­ den activar ante vulneraciones de garantías o derechos fundamentales. Ante ello, el acuerdo plenario ha clarificado las dudas, estableciendo que la tutela de derechos tiene carácter residual, que amerita activarla siem­ pre que en el ordenamiento no se especifique un camino determinado. El análisis del Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-2016 permite evidenciar que, ante una disimilitud de interpretaciones y aplicaciones de la tute­ la de derechos, sus fundamentos y lineamientos permiten comprender mejor la naturaleza de dicha institución procesal; con ello se afianza la uniformidad de la doctrina jurisprudencial. El presente análisis trasunta los fundamentos relevantes del acuerdo plenario, claro está, desde una mirada objetiva y buscando su mejor significación. En la tramitación de un proceso penal resulta una perogrullada anotar que existen derechos y principios que goza todo imputado (también el 388

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agraviado o actor civil) y que, además, impiden o proscriben la arbitra­ riedad procesal del órgano persecutor, del órgano jurisdiccional y del órgano policial, a fin de repeler medidas ilegales o vulneratorias a garan­ tías procesales. Así, estos derechos -en el caso del imputado- se encuentran reglados en el artículo 71, numerales 1 y 2, del Código Procesal Penal, en los cuales se reconoce que todo imputado tiene derecho a: i) hacer valer por sí mismo, o con su abogado, los derechos reconoci­ dos en la Constitución y en las leyes desde el primer momento de la investigación (diligencias preliminares); ii) conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; iii) designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; iv) ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un aboga­ do; v) abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su abogado defen­ sor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia; vi) que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley, y vii) ser examinado por un médico legista o, en su defecto, por otro pro­ fesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. A todo este conjunto se le puede denominar derechos o garantías taxa­ tivas. Ahora bien, los derechos antes enlistados no deberían agotarse en la configuración que la ley ha señalado. Además de ellos existen derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política (tal como lo reconoce la ley en el artículo 71, numeral 1). Esto permite ingresar a verificar que se trata de los derechos fundamentales amparados en los artículos 2, numeral 24, y 138 de la Constitución Política. A este universo se le podría denominar derechos o garantías o principios constitucionales. En tanto exista una irrupción, vulneración o limitación de cualquiera de esos derechos, de forma injustificada, arbitraria o contraria a ley -claro está-, entonces se podrá recurrir a los mecanismos o herramientas procesales o extraprocesales que reparen o impidan la lesión de cualquie__________________________________________________________________________________________ 389

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ra de los derechos taxativos o de las garantías constitucionales. Dentro del ordenamiento procesal se ha reglado diferentes recursos y remedios procesales que dentro de cada institución procesal existe (por ejemplo, excepciones, cuestiones previas, nulidades, etc.). 33.La Convención de Belém do Pará adoptada el 9 de junio de 1994 en el vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asam­ blea General, fue aprobada por el Perú con Resolución Legislativa N° 26583, el 22 de marzo de 1996 y entró en vigor a partir del 4 de julio de 1996. La Convención tiene el objetivo principal de:

a. b. c. d.

Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer. Sancionar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, Erradicar las inequidades legales sufridas por las mujeres, Prevenir la desigualdad jurídica de las mujeres.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida también como la Convención Belém do Pará, por el lugar en el que fue adoptada el 9 de junio de 1994, fue el primer tratado internacional del mundo de Derechos Humanos abordó específicamente la temática y la violencia contra las mujeres y que consa­ gró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tanto en el ám­ bito privado como en el público. Establece el desarrollo de mecanismos de protección y la defensa de los derechos de las mujeres como funda­ mentales para luchar contra el fenómeno de la violencia en contra de su integridad física, sexual y psicológica. Define la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y de las libertades funda­ mentales. La Convención fue creada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 28 de marzo de 1996 y ha sido ratificada por 3 2 de los 3 5 miembros de la OEA con excepción de Cuba, Canadá y Estados Unidos. En 2004 se creó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) para establecer un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente. Se trata de una metodología de eva­ luación multilateral sistemática y permanente que se fundamenta en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de Expertas. El MESECVI analiza los avances de implementación de la convención y los desafíos en las respuestas de los Estados. El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI y está integrado por expertas independientes designadas por cada uno de 390

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los Estados Parte y ejercen sus funciones a título personal. El Mecanis­ mo está financiado por contribuciones voluntarias de los Estados Parte de la Convención y otros donantes, y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA actúa como su Secretaria Técnica. 34.La estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y expe­ riencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un ele­ mento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión, la evaluación de las politicéis y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad, se denomina:

a. b. c. d.

Lograr la Igualdad de Género. Lograr la Paridad de Género. La incorporación de la perspectiva de Género. El enfoque de Género en la educación.

Respuesta: c La perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al «estudio de las cons­ trucciones culturales y sociales propias para las mujeres y los hombres, lo que identifica lo femenino y lo masculino» con el trasfondo de la desigualdad entre géneros en todas las clases sociales. Se le denomina también “enfoque de género”, “visión de género”, ideología de género y “análisis de género”, aunque aún se considera que existen imprecisiones en el uso de estos términos. Su origen se remonta al documento emana­ do de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995, instancia en la que se utilizó por primera vez como elemento estratégico para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Tal lógica incitó el surgimiento de una serie de incorporaciones y debates en torno al rol de la mujer en dicho marco, aunque enfoques recientes incluyen también estudios sobre los hombres y lo masculino, o su análisis desde el lesbianismo, el masculinismo y la homosexualidad. La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer se celebró en Pekín, en 1995. Los Estados se comprometieron a garantizar a las mujeres el acceso equitativo a oportunidades sociales, económicas, políticas, laborales, educativas, culturales y de salud. La primera Conferencia Mundial de la Mujer, se llevó a cabo en 1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en México, a raíz de la declaración del Año Internacional de la Mujer. __________________________________________________________________________________________ 391

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La Asamblea General de las Naciones Unidas, posteriormente proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, entre 1976 y 1985 para promover la equidad de género y la disminución de la discriminación hacia las mujeres en ámbitos de la vida cotidiana donde la mujer comen­ zaba a tener mayor participación. Esta perspectiva busca examinar el impacto del género en las oportuni­ dades de las personas, sus roles sociales y las interacciones que llevan a cabo con otros. La perspectiva de género pretende desnaturalizar, desde el punto de vista teórico y desde las intervenciones sociales, el carácter jerárquico atribuido a la relación entre los géneros y mostrar que los modelos de varón o de mujer, así como la idea de heterosexualidad obli­ gatoria son construcciones sociales que establecen formas de interrela­ ción y especifican lo que cada persona, debe y puede hacer, de acuerdo al lugar que la sociedad atribuye a su género.

35.¿Cuál es la sentencia emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, por primera vez, ante un caso genéri­ co se analiza y sentencia el caso de Mujeres con visión de género aplicando la Convención Belém do Pará? a. b. c. d.

Caso del Penal Castro Castro vs. Perú. Caso Pavez Pavez vs. Chile. Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia. Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador

Respuesta: a

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Desde comienzos de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, se vivió en Perú un conflicto armado interno y de graves violaciones a los derechos humanos; agravado a partir del 6 de abril de 1992, cuando el Presidente Alberto Fujimori Fujimori instituyó un Gobierno de Facto. Particularmente en los centros penales, con el fin de combatir a grupos subversivos y terroristas, se implementaron prácticas incompatibles con la efectiva protección del derecho a la vida y otros derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos, así como el uso desproporcionado de la fuerza en circunstancias críticas. En el caso del Penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, reclu­ sorio destinado para varones, en la época en que ocurrieron los hechos, estaba ocupado por alrededor de 135 internas mujeres y 50 varones en el pabellón 1 A, y aproximadamente 400 internos varones en el pabellón 4B. Los internos de esos pabellones se encontraban acusados o senten­ 392

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ciados por los delitos de terrorismo o traición a la patria, y eran presun­ tamente miembros de Sendero Luminoso. En el marco del Decreto Ley N° 25.421 del 6 de mayo de 1992, se plani­ ficó y ejecutó el “Operativo Mudanza 1”, con el objetivo del traslado de las mujeres recluidas en el Pabellón 1A a la cárcel de máxima seguridad de mujeres en Chorrillos. Sin embargo, todo el operativo se caracterizó por la violencia y la desproporcionalidad en el uso de la fuerza. Como el ataque inició en el pabellón del penal 1A ocupado por principalmente por mujeres, las internas que se encontraban allí, incluidas las emba­ razadas, se vieron obligadas a huir del ataque en dirección al pabellón 4B. Por las condiciones del ataque; en el traslado las internas sufrieron diversas heridas ya que tuvieron que arrastrarse pegadas al piso, y pasar por encima de cuerpos de personas fallecidas, para evitar ser alcanzadas por las balas. Cabe señalar que el comienzo del operativo -6 de mayo- coincidió con el día de visita femenina y el día de las madres en el Perú, razón por la cual se encontraban un gran número de familiares, quienes presencia­ ron desde el exterior la masacre. La mayoría de los internos e internas sobrevivientes fueron obligados y obligadas a permanecer en las zonas del penal denominadas “tierra de nadie” y “admisión”. Dentro de este grupo de personas se encontra­ ban mujeres en estado de gestación, quienes también fueron forzadas a yacer boca abajo, al igual que las demás detenidas y detenidos, sin abrigo, a la intemperie, con constantes golpes y agresiones permitién­ doseles levantarse únicamente para ir a orinar. Algunas personas dete­ nidas que habían resultado heridas, fueron trasladadas al Hospital de la Sanidad de la Policía. Allí fueron desnudadas y obligadas a permanecer sin ropa durante casi todo el tiempo que estuvieron en el hospital, ro­ deadas de individuos armados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. A las internas no se les permitió asearse, estaban cubiertas con tan solo una sábana, y en algunos casos para utilizar los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de un guardia armado, quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades fisiológicas. Además, una de las internas fue objeto de una inspección vaginal dactilar, realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla. Las internas trasladadas a las cárceles de “Santa Mónica de Chorrillos” y de “Cristo Rey de Cachiche” fueron objeto de constantes maltratos físi­ cos y psicológicos, entre ellas estaban Eva Challco, Vicente Genua López

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y Sabina Quispe Rojas, quienes al momento de los hechos en Castro Castro tenían, respectivamente, 7, 5 y 8 meses de embarazo. El primer proceso penal ante la justicia ordinaria para investigar la responsabili­ dad penal por las violaciones cometidas se abrió aproximadamente 13 años después de ocurridos aquellos, en junio de 2005, en donde se inves­ tigaron solo las muertes de los internos e internas como consecuencia de lo sucedido en el Penal Castro Castro del 6 al 10 de mayo de 1992, exclu­ yéndose la averiguación sobre otros hechos como las referidas violacio­ nes sexuales ocurridas a algunas internas. Además, las acciones adopta­ das por el Estado entre mayo de 1992 y la apertura del primer proceso penal ordinario, incurrieron en importantes omisiones en cuanto a la recuperación, preservación y análisis de la prueba, incluso se incineró gran parte del expediente interno referido a este caso. En primer lugar, la Corte hizo hincapié en que durante los conflictos armados internos e internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y re­ presión que, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección. En este orden de ideas, teniendo en cuenta el contexto de violencia contra la mujer, el conflicto armado ocurrido en el Perú y que las altas autoridades estatales consideraban que esas mujeres ubicadas en el pabellón 1A eran miembras de organizaciones subversivas, reconoció que el operativo fue un ataque dirigido en primer término, contra las internas recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro. Asimismo, haciendo referencia a la relación entre discriminación y la violencia de género sentada por la Recomendación N° 19 del Comité establecido por la CEDAW, la Corte reconoció que la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para ellas, que se ven agravadas en los casos de mujeres detenidas y que, por lo tanto, las mujeres se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres, que algunos actos de violencia se encontraron dirigidos específicamente a ellas y otros les afectaron en mayor proporción que a los hombres. Sentado ello, con el objetivo de fijar los alcances del derecho a la integridad reconocido en el artículo 5 CADH, la Corte dio valor interpretativo de ese artículo, a las disposiciones pertinentes de la CBDP ratificada por el Perú el 4 de junio de 1996, y la CEDAW ratificada por Perú el 13 de septiembre de 1982, vigente en la época de los hechos, resaltando que esos instrumen­ tos complementan el corpus juris internacional en materia de protec­ 394

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ción de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana. Sentado el marco normativo, el Tribunal consideró que la violencia se­ xual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la inva­ sión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Sobre el particular, deter­ minó que la desnudez forzada de la que fueron víctimas internas e inter­ nos, tuvo características especialmente graves para las seis mujeres que se había acreditado que fueron sometidas a ese trato; ya que el haberlas forzado a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres ar­ mados, en el estado precario de salud en que se encontraban, constitu­ yó violencia sexual debido a que fueron constantemente observadas por hombres lo que les produjo constante temor ante la posibilidad de que di­ cha violencia se extremara aún más por parte de los agentes de seguridad, todo lo cual les ocasionó grave sufrimiento psicológico y moral, sumado al sufrimiento físico que ya estaban padeciendo a causa de sus heridas. Por otra parte, el Tribunal consideró que la violación sexual no implica necesariamente una relación sexual sin consentimiento, por vía vaginal, como se consideró tradicionahnente48, sino que también implica actos de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, median­ te la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Además, sostuvo que la violación sexual de una detenida por un agen­ te del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. Asimismo, resaltó que es una experiencia sumamente trau­ mática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. Por otra parte, en re­ lación a las condiciones durante la detención con posterioridad al ope­ rativo Mudanza, enfatizó en el daño y sufrimiento experimentados por las mujeres en general y especialmente las mujeres embarazadas y por las internas madres en cuanto a la desatención de sus necesidades fisio­ lógicas y a la incomunicación con sus hijos/as. Sobre el particular, consideró que toda vez que los procedimientos in­ ternos no habían constituido recursos efectivos para garantizar un ver­ dadero acceso a la justicia por parte de las víctimas, dentro de un plazo razonable, el Estado había violado, específicamente, artículo /.b de la Convención Belém do Pará.

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Concretamente, el magistrado opinó que la aplicabilidad y aplicación de la Convención de Belém do Pará, con respecto al artículo 70 en la forma en que lo ha hecho la Corte en esta sentencia, se funda en particular en el propio articulado del mencionado cuerpo normativo y en el principio pro persona consagrado en el artículo 29 CADH que permite la lectura de la Convención de Belén do Pará, con su enunciado de deberes esta­ tales específicos, complementando el contenido de la primera en lo que atañe a los derechos de la mujer.

36.Se considera la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio­ nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Be­ lém do Pará” la Carta Magna de las Mujeres Americanas, porque: a. Define la violencia física, sexual y psicológica, el ámbito de apli­ cación y sus derechos protegidos. b. Es la Convencían a la cual han adherido más países en el mun­ do. c. Tiene un Mecanismo de Seguimiento o MESECVI. d. Posee Mecanismos internacionales de protección.

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Respuesta: a La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), define la violencia contra las muje­ res, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivin­ dicación dentro de la sociedad.

37 .El enunciado contenido en el artículo 102 del Código Procesal Ci­ vil: “El demandado que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el de­ recho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domici­ lio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso”. Se refiere a: a. Intervención coadyuvante. b. Intervención litisconsorcial. 396

PRUEBA C

c. Denuncia civil. d. Llamamiento posesorio

3 Respuesta: c La denuncia civil es una forma de intervención de tercero en un proceso civil, que se da de manera facultativa pues el demandado está en la po­ sibilidad de señalar que existe otro obligado -al igual o en lugar- de él. Denunciar es un derecho de toda persona pero es un deber solamente para algunas, del que se encuentran excluidas los que guardan secreto de confianza o vínculo familiar con el autor. 38 .En el aborto sentimental se requiere que:

a. El embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos no hubieren sido denunciados o investigados. b. El embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que exista diagnóstico médico expedido por un especialista. c. El embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio, siempre que exista diagnóstico médico y que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando me­ nos policialmente. d. El embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido de­ nunciados o investigados, cuando menos policialmente.

Respuesta: d

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El aborto sentimental es el nombre técnico con el que se alude al aborto realizado al concebido como consecuencia a una violación sexual. Este aborto, tipificado en el artículo 120 del Código Penal, es sancionado con una pena menor que el aborto común. Sin embargo cabe preguntarnos: ¿es necesario tipificar estas interrupciones del embarazo penalmente? ¿El Estado debe hacer que las mujeres pasen, luego de haber sido vio­ ladas, por un proceso penal para recriminarles una conducta deriva­ da de la violación sexual? El 23 de septiembre se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que propone despenalizar el aborto

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en casos de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentida. En el presente artículo, examinaré las razones jurídicas que deben llevar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la de Constitución y Reglamento a dictaminar a favor del mencionado proyecto de ley en lo referente al aborto sentimental. Lo primero que debemos analizares si en efecto el derecho a la vida del concebido -producto de una relación sexual consentida o de una viola­ ción- se encuentra protegido por el contenido constitucional del dere­ cho a la vida. Este contenido, a la luz del dispositivo constitucional y los tratados suscritos por el Perú supone que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Acto seguido muchos dirán que el tema queda zanjado, pues este derecho exigiría lo que se debe hacer; sin embargo -concibiendo a los derechos fundamentales como principios y a estos como mandatos de optimización- debe recalcarse que esto debe hacerse en la medida de lo posible. Es decir, en la medida de lo posible no se debe privar de la vida arbitrariamente al concebido. Contrario sensu, el concebido puede ser privado de su derecho a la vida de modo no arbi­ trario cuando no sea posible exigir su continuidad. Hecha dicha aclaración cabe preguntarnos: ¿es la vida del concebido lo único que debe ser analizado en estos casos? No caben dudas que la violación sexual es un acto sumamente reprochable y condenable, pues afecta la dignidad de la víctima, su integridad, tanto mental como física, el derecho a la salud, entendido como derecho social que merece una regulación por parte del Estado, y el libre desarrollo de la personalidad de la víctima ahora gestante. Todos estos derechos son vulnerados con­ tinuadamente si se pretende obligar a una mujer a llevar un embarazo producto de una relación sexual. A ello hay que añadirle que en estos ca­ sos se está vulnerando con mayor énfasis el proyecto de vida de la mujer, pues resulta evidente que estamos frente a un embarazo no planificado y producto de una relación sexual no consentida. En suma, analizar la penalización del aborto sentimental no solo debe llevarnos a un análisis del derecho a la vida del concebido, sino de los derechos de la mujer que se encuentran en conflicto con este: dignidad, integridad, salud y libre desarrollo de la personalidad, todos ellos ya dañados por la violación sexual. Desligar estos hechos del análisis nos daría una visión parcial y sesgada del tema; implicaría desconocer el trauma por el que ya pasó la mujer para analizar fuera de contexto el embarazo que ahora lleva. Ahora, todos los derechos antes citados, como derechos fundamentales que son, no son absolutos. Estos se encuentran limitados y deben ‘convi­ vir con las exigencias no solo de los derechos de los demás integrantes de 398

PRUEBA C

la comunidad, sino también por aquellos bienes o valores proclamados constitucionalmente como principios de la organización social”. En ese sentido, ni el derecho a la vida del concebido, ni los derechos a la inte­ gridad, salud y Ubre desarrollo de la personalidad de la gestante son de­ rechos absolutos, todos estos se encuentran limitados. Del mismo modo deben convivir con los demás derechos y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo a la Cuarta Disposición Fi­ nal y Transitoria de la Constitución, entendiendo por esta disposición un valor proclamado constitucionalmente en palabras de Castillo Córdova. Queda claro entonces que el derecho a la vida del concebido no es ab­ soluto, este se encuentra delimitado y es posible que entre en conflicto con otros derechos, como en este caso con el derecho a la salud de la gestante, su dignidad, su libre desarrollo de la personalidad y su derecho a la integridad. Este último comprende también el derecho a no ser so­ metido a tratos crueles, inhumanos ni degradantes.

Juan Carlos, jefe de logística del Ministerio de Transportes y Co­ municaciones, encargado de las licitaciones en dicha entidad, abu­ sando de su cargo incrementa ilícitamente el patrimonio de su her­ mano Armando, a nombre de quien figuran todos los bienes y el dinero; sin embargo, de facto ejerce el pleno dominio sobre dichos activos.

39.Sobre la imputación a efectuar contra Juan Carlos. Señale la res­ puesta correcta:

Respuesta: a El delito de enriquecimiento ilícito sanciona a todo funcionario público o servidor, que abusando de su cargo incrementa su patrimonio de ma­ nera desproporcional, un funcionario público es toda persona que está dentro de la carrera administrativa, cargo de confianza o que se encuen­ tra comprendido en el artículo 425 del Código Penal. 399

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a. Corresponde imputarle el delito de Enriquecimiento Ilícito, en calidad de autor, dado que en realidad ha incrementado su pa­ trimonio sirviéndose de un testaferro. b. Su conducta no resulta punible, puesto que no ha incrementado su patrimonio, como exige el tipo penal, sino el patrimonio de su hermano. c. Corresponde imputarle el delito de Lavado de Activos. d. Corresponde imputarle el delito de Enriquecimiento Ilícito en calidad de cómplice de su hermano Armando.

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Como indica Pariona Arana, este delito no está tipificado en muchos países de América Latina, tampoco está regulado en Europa. Su regu­ lación depende de la política criminal de cada Estado. El delito se fue modificando a lo largo del tiempo, su última modificación fue en el año 2016, por el Decreto Legislativo 1243, quedando modificado y actual­ mente encontrándose tipificado de la siguiente manera: Artículo 401. Enriquecimiento ilícito “El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimi­ do con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artí­ culo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el au­ mento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.”

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40.Sobre la imputación a efectuar contra Armado Vela, Señale la res­ puesta correcta:

a. Responde como coautor del delito de Enriquecimiento Ilícito. b. Su conducta no resulta punible, dada la incomunicabilidad de circunstancias. c. Responde como cómplice del delito de Enriquecimiento Ilícito. d. Responde por un delito común, dado que no ostenta la calidad de funcionario público exigido por el tipo penal.

Respuesta: c El cómplice se define, en el Derecho Penal, como la persona que colabora en un hecho delictivo con actos anteriores o simultáneos. Es un rol que no resulta absolutamente imprescindible para la comisión delictiva. Su función es útil, pero podría existir el delito igualmente sin su existencia. 400

PRUEBA D JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (INVESTIGACIÓN PREPARATORIA) El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Expediente 58542005-PNTC, precisó que: “El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de dis­ posiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. 1. Con dicho texto no se quiso expresar que:

a. Se supera la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Se puede exigir el cumplimiento de la Constitución a nivel ju­ risdiccional. c. Se debe dotar a los órganos jurisdiccionales de la competen­ cia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompatibilidad en la interpretación de una disposición cons­ titucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la primera. d. Las resoluciones en materia electoral, dictadas en última ins­ tancia por el Jurado Nacional de Elecciones, son inatacables jurisdiccionalmente.

Respuesta: d

El Tribunal Constitucional al dictar la sentencia del Expediente 0024-2003-AI/TC, señaló que: “(...) el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normati­ vo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homo­ loga”. 401

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VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

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2.

Siendo este el concepto, señale ¿cuándo procede la aplicación del precedente vinculante?:

a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando una de las partes dentro del proceso solicita la aplica­ ción del precedente.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 3. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Expediente N.° 2579-2003-HD/TC acogió por primera vez la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el estado de cosas in­ constitucional. ¿Cuáles fueron los efectos de acoger esa doctrina?

a. Acumular todos los procesos seguidos entre las mismas partes, b. Extender los alcances de su sentencia a personas que no habían sido parte en el proceso. c. Cualquier órgano jurisdiccional, en un proceso ordinario, de­ clarando un estado de cosas inconstitucionales, podría extender los efectos de una sentencia a quienes no habían sido parte en el proceso. d. A que toda sentencia dictada, cuyo criterio era contraria a ese pronunciamiento era nula.

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Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 009-2021SN/JNJ

4. Sobre la validez de los decretos leyes en el sistema jurídico perua­ no, marque la opción correcta: a. Los decretos leyes no son normas válidas en el sistema jurídico peruano. b. Los decretos leyes son normas con rango legal y se controlan mediante acción de inconstitucionalidad. 402

PRUEBA D

c. Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado Constitucional, el Tribunal Constitucional ha asumido la teoría de la caducidad. d. Los decretos leyes son normas con rango reglamentario y se controlan mediante acción popular.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ 5. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expe­ diente N° 1417-2005- AA/TC, señaló que la distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas puedan ser divididas entre:

a. b. c. d.

Normas jurídicas sustantivas y normas jurídicas procesales. Normas regla y normas principio. Normas constitucionales y normas legales. Normas jurídicas y normas constitucionales.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 009-2021SN/JNJ 6. De acuerdo a nuestro sistema jurídico, a diferencia de la jurispru­ dencia, las sentencias normativas deben ser cumplidas por todos los jueces de instancias inferiores de la organización judicial. No se pueden apartar de los criterios de interpretación que en ellas se fije. Solo se puede variar, modificar y/o derogar por el mismo órgano judicial que la emitió. De la lista de opciones, ¿cuál es una sentencia normativa?

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 009-2021SN/JNJ 403

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a. La sentencia de casación. b. Los acuerdos plenarios de la Corte suprema. c. El precedente judicial previsto en el artículo 400 del Código Procesal Civil. d. Ninguna es una sentencia normativa.

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7.

En una controversia jurídica, para la superación de un conflicto de principios se debe aplicar: a. b. c. d.

Un examen de logicidad. Un examen de racionalidad. Las pautas de la ponderación de acuerdo a un caso concreto. Un examen de prioridad.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 0062021-SN/JNJ 8.

En un Estado Constitucional de Derecho, el principio de igualdad se reafirma con: a. El principio de generalidad y el principio de supremacía consti­ tucional. b. El principio de generalidad y abstracción de las normas jurídicas. c. El principio de dignidad humana. d. El principio de humanidad y supremacía constitucional.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 009-2021SN/JNJ

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9.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Jazmines es investi­ gado por el delito de abuso de autoridad por presuntamente haber realizado diversos actos arbitrarios en agravio de varios trabajado­ res municipales. Durante la investigación preparatoria el fiscal de­ cide requerir una medida coercitiva con fines de prevención dada la reiteración delictiva. Sobre la posibilidad de requerir la suspen­ sión preventiva de derechos, señalar la alternativa correcta: a. El fiscal puede solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo, por un plazo no mayor de la mitad de la mitad del tiempo pre­ visto para la pena de inhabilitación para el delito de abuso de autoridad. b. El fiscal podrá solicitar la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo no mayor de 4 meses. c. El fiscal no podrá solicitar la suspensión preventiva de derechos pues el imputado ostenta un cargo que proviene de elección po­ pular.

404

PRUEBA D

d. El fiscal podrá solicitar la suspensión temporal del cargo previa autorización del Congreso de la República.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 009-2021SN/JNJ lO .Para imponer una medida de suspensión preventiva de derechos, se requiere:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 10 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 405

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a. Graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor y partícipe del mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la ver­ dad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. b. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo y pe­ ligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o come­ terá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. c. Graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor y partícipe del mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. d. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo y pe­ ligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, permita colegir razonablemente que tratará de elu­ dir la acción de la justicia o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede.

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11 .Juan, jefe de logística del Ministerio de Transportes y Comunica­ ciones, encargado de las licitaciones en dicha entidad, abusando de su cargo incrementa ¡lícitamente el patrimonio de su hermano Armando, a nombre de quien figuran todos los bienes y el dinero; sin embargo, de facto ejerce el pleno dominio sobre dichos acti­ vos. En atención al caso planteado, sobre la imputación a efec­ tuar contra Juan. Señale la respuesta correcta: a. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento Ilícito, en calidad de autor, dado que en realidad ha incrementado su pa­ trimonio sirviéndose de un testaferro. b. Su conducta no resulta punible, puesto que no ha incrementado su patrimonio, como exige el tipo penal, sino el patrimonio de su hermano. c. Corresponde imputarle el delito de lavado de activos en cali­ dad de autor. d. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice de su hermano Armando.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 12 .En el mismo caso, ¿cuál sería la imputación contra Armado?

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a. Responde como coautor del delito de enriquecimiento ilícito. b. Su conducta no resulta punible, dada la incomunicabilidad de circunstancias. c. Responde como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. d. Responde por un delito común, dado que no ostenta la calidad de funcionario público exigido por el tipo penal.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 12 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 13 . El director de una entidad estatal acuerda con el representante de la empresa M&J Inversiones, llamado Fermín, que los procesos de selección a convocar durante el presente ejercicio anual serían otorgados a la referida empresa, para lo cual este entrega a aquél una fuerte suma de dinero como adelanto de la comisión acor­ 406

PRUEBA D

dada por los procesos de selección. Para concretar los acuerdos, Fermín se encarga de elaborar - extraoficialmente- la bases del futuro proceso de selección, a fin de manipular las condiciones del mismo, mientras que el director designa como miembros del Comité Especial a personas afines, a quienes pone al tanto de lo sucedido, quienes aceptan y se comprometen en que al momen­ to de efectuar la calificación entregarían la buena pro a la em­ presa antes citada, aun cuando no sostienen reunión alguna con Fermín; posteriormente, después de aprobadas las bases prepa­ radas por Fermín, las cuelgan en el SEACE. Habiendo tomado conocimiento de que la Contraloría General de la República había acreditado una comisión auditora en la en­ tidad, el director y los miembros del Comité Especial decidieron anular el proceso de selección, previo a la presentación de pro­ puestas técnicas y económicas, aduciendo la existencia de defec­ tos administrativos, con la finalidad de evitar que los hechos sean descubiertos por el órgano de control; situación que incomodó a Fermín, quien decidió poner los hechos en conocimiento del Mi­ nisterio Público. De acuerdo al caso planteado, respecto a la imputación contra el director de la entidad, señale la respuesta correcta:

a. Se le imputará el delito de colusión, en calidad de autor. b. Su conducta resulta atípica de colusión, en tanto no se otorgó la buena pro, al declararse nulo el proceso de selección. c. Su conducta resulta atípica, en tanto no tiene participación di­ recta en el proceso de selección, ya que no es quien elabora las bases ni otorga la buena pro, correspondiendo dicha labor al Comité Especial. • d. Su conducta resulta atípica, en tanto no existe perjuicio al patri­ monio del Estado.

VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 0082021-SN/JNJ

14 .Respecto a la participación de los miembros del Comité Especial, señale la respuesta correcta: a. Su conducta resulta atípica, en tanto se declaró la nulidad del proceso de selección. b. Se les imputará el delito de colusión simple, en calidad de autores. 407

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Respuesta: a

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c. Su conducta resulta atípica, en tanto no sostuvieron reunión al­ guna con Fermín y por ende no habría acuerdo colusorio en este caso. d. Se les imputará el delito de colusión simple, en calidad de cóm­ plices primarios.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 15 .El Ministerio Público recibe una denuncia en la que se le pone en conocimiento que los principales funcionarios de una entidad pú­ blica Jefe de administración, jefe de logística y tesorero) exigen a los partícipes de los procesos de selección el pago de sumas de dinero a fin de obtener la buena pro. Para facilitar ello, dichos fun­ cionarios, de acuerdo a las funciones que desempeñan en la enti­ dad, de forma concertada se encargan de redactar las bases del proceso de selección incorporando condiciones que solo cumplen las empresas con las que tienen los acuerdos colusorios para otor­ garles la buena pro; estos funcionarios participan como miembros del Comité Especial aprobando las ampliaciones de plazo y valori­ zaciones en perjuicio de la entidad, siendo el jefe de logística quien acuerda con los particulares y asigna los roles que asumirán los demás funcionarios. Esta actividad ilícita la vienen desarrollando a lo largo de los dos últimos ejercicios anuales de la entidad, habién­ dose evidenciado su participación en 15 procesos de selección.

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El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. A efectos de hacer eficiente su investigación y evidenciar los he­ chos investigados decide crear una persona jurídica a fin de que participe en los procesos de selección a convocar por la entidad pública antes citada, designando como accionista y representan­ te de la misma a una persona encubierta. Respecto al caso planteado, sobre la imputación por el delito de organización criminal, señale la respuesta correcta: a. La conducta resulta atípica, en tanto no es posible la existencia de una asociación ilícita al interior de una entidad pública. b. La conducta es atípica, en tanto los funcionarios solo habrían cometido una clase de delito (colusión). c. La conducta resulta atípica, en tanto las conductas desplegadas por los funcionarios son parte de sus funciones. 408

PRUEBA D

d. La conducta resulta típica, en tanto existe una pluralidad de personas, distribución de roles, actuación concertada, vocación de permanencia y estructura interna.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 16 .En el mismo caso, sobre la investigación diseñada por el Ministe­ rio Público, señale la respuesta correcta:

a. Resulta ilegal la creación de una persona jurídica ficticia por el Ministerio Público. b. La creación de la persona jurídica debe ser inscrita en un regis­ tro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto, requiriéndose la confirmatoria judicial. c. El Ministerio Público no se encuentra facultado para la creación de una persona jurídica. d. La creación de la persona jurídica por el Ministerio Público, re­ quiere previa autorización judicial.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 12 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

Sobre los hechos descritos, señale la respuesta correcta: 409

LEGALES EDICIONES

17 .La empresa La Poderosa está encargada de la ejecución de una carretera, en virtud al contrato suscrito con una entidad estatal, al haber obtenido la buena pro en el proceso de licitación pú­ blica. Concluido el plazo contractual, la empresa pretende se le apruebe valorizaciones por montos indebidos que lo beneficia­ rían en la liquidación de la obra, valorizaciones que fueron cues­ tionadas por el supervisor de la obra y no aprobadas por la en­ tidad, por lo que el representante de la empresa decide recurrir a la vía arbitral. Estando en trámite el proceso arbitral, acuerda con el titular de la entidad el beneficio de la empresa en todas sus pretensiones, para lo cual arriban a una conciliación en di­ cho proceso arbitral en la que participan personas distintas en representación de la entidad y la empresa constructora en virtud a la designación efectuada, emitiéndose el correspondiente lau­ do arbitral.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. Los hechos resultan atípicos, en tanto el acuerdo defraudatorio para el Estado se ha dado en el marco de un proceso arbitral y no de un proceso de contratación pública. b. El laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada y por tanto no puede ser materia de cuestionamiento. c. Los hechos son típicos de colusión agravada, constituyendo el proceso arbitral el medio empleado para lograr la defraudación al Estado. d. Los hechos resultan atípicos, en tanto ya concluyó el plazo con­ tractual.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 009-2021SN/JNJ 18 .Respecto al mismo caso, sobre la participación del titular de la entidad y el representante de la empresa:

a. Su conducta resulta atípica en tanto no han participado de la conciliación en el proceso arbitral. b. Su conducta es típica del delito de colusión agravada, respon­ diendo el titular de la entidad en calidad de coautor, mientras que el representante de la empresa, en calidad de cómplice pri­ mario. c. Su conducta resulta atípica, en tanto los acuerdos se han adop­ tado en un proceso arbitral. d. Su conducta es típica de colusión agravada, respondiendo am­ bos en calidad de cómplices primarios.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 5 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 009-2021SN/JNJ 19 .Respecto al principio de concentración, marque la opción correc­ ta:

a. El juicio oral debe desarrollarse en sesiones consecutivas hasta su conclusión, rige la regla de "unidad de acto". b. Se busca que la prueba practicada bajo inmediación se realice conjunta y sucesivamente en un tiempo razonable. 410

PRUEBA D

c. La suspensión del juicio oral tiene un plazo máximo de 8 días hábiles. d. Todas son correctas

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 20.Son principios exclusivos del juicio oral: a. b. c. d.

Oficialidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas. Contradicción, inmediación, publicidad y oralidad. Libre convicción, igualdad de armas, legalidad y contradicción. Oportunidad, contradicción, libre convicción y oficialidad.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 21 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 21.El Ministerio Público planteó en su acusación fiscal que José habría cometido el delito de actos contra el pudor en contra de Laura; no obstante, en el desarrollo del juicio oral, el órgano juris­ diccional indicó a las partes procesales la posibilidad de desvin­ culación de la acusación fiscal, ya que se estaría ante una posible tentativa del delito de violación sexual. Respecto al caso plantea­ do, marque la opción correcta:

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

22.Según la jurisprudencia casatoria de la Corte Suprema de Justi­ cia, de qué forma un juez penal puede diferenciar entre los delitos de actos contra el pudor y la tentativa de una violación sexual: 411

LEGALES EDICIONES

a. Para que proceda la desvinculación procesal, ésta debió reali­ zarse después de los alegatos iniciales del Ministerio Público. b. No procede la desvinculación procesal planteada porque se in­ crementaría la pena a imponer a José. c. El órgano jurisdiccional con dicho proceder afecta el principio acusatorio. d. Ninguna es correcta

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. A partir del dolo del sujeto activo, el cual se determina a partir de las circunstancias del caso. b. A partir del sujeto activo y su culpabilidad, el cual se determina a partir de las circunstancias del caso. c. A partir del dolo del sujeto activo, el cual se determina a partir de una pericia psicológica. d. A partir del sujeto activo y su culpabilidad, el cual se determina a partir de una pericia psicológica.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

23 .En cuanto a la actuación probatoria en juicio oral, señale la op­ ción incorrecta: a. En el caso de declaración de pluralidad de acusados, ellos de­ clararan por el orden que haya establecido el juez penal, previa consulta a las partes procesales. b. El examen de los testigos posee diferentes reglas al interrogato­ rio del acusado. c. La no presencia del acusado en alguna de las sesiones del juicio oral genera su nulidad. d. La resolución por la cual el órgano jurisdiccional determina de ofi­ cio la actuación de medios de prueba es pasible de ser recurrida.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

24 .“Todos los procesos por violencia contra las mujeresy los integran­ tes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus dere­ chos vulnerados.” El citado texto corresponde al principio de: a. b. c. d. 412

Informalismo. Intervención inmediata y oportuna. Sencillez y oralidad. Debida diligencia.

PRUEBA D

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 25 . El siguiente texto: “Reconoce la existencia de circunstancias asi­ métricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas so­ bre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres”. ¿A qué enfoque pertenece dentro de la legislación para erradicar la vio­ lencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar?

a. b. c. d.

Derechos humanos. Género. Igualdad. Integralidad.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 26 .En un supuesto de flagrante delito vinculado a actos de violencia contra mujeres y los integrantes del grupo familiar, el Juzgado de Familia tiene competencia para:

a. Pronunciarse sobre medidas de protección a favor de las víc­ timas. b. No tiene competencia, toda la asume el Juez Penal pertinente. c. Dictar medidas cautelares en contra del investigado. d. Ordenar al fiscal de familia para que efectúe actos de investiga­ ción sobre lo ocurrido.

VER PREGUNTA N° 28 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

27 .NO es un lineamiento para la adecuada aplicación judicial del ar­ tículo 15 del Código Penal en procesos penales interculturales por agresión sexual contra niñas y adolescentes: a. Desarrollar una aplicación selectiva y restringida del mencio­ nado artículo, a fin de que ésta no proyecte indebidamente sus 413

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

efectos sobre autores de delitos de abuso y violencia sexual en agravio de niñas y adolescentes menores de 14 años. b. La construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas en procesos penales sobre la materia. c. La necesaria incorporación y valoración de otros medios de prueba idóneos que pueda ser una alternativa frente a la fal­ ta de una pericia antropológica. d. La inserción en el razonamiento y argumentación de las deci­ siones judiciales, de la doctrina internacional y nacional sobre enfoque de género, interés superior del niño y compensación de la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes en con­ textos pluriculturales.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

28 .Respecto al proceso inmediato, es incorrecto afirmar que: a. Se sustenta en la noción de simplificación procesal. b. Sus presupuestos materiales son: evidencia delictiva y ausencia de complejidad. c. Reduce al mínimo indispensable -aunque no irrazonablementelas garantías procesales de las partes, en especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. d. Ninguna es incorrecta.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 30 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

29 .El Acuerdo Plenario N. ° 01-2019/CIJ-116 referido a la prisión pre­ ventiva, establece que: a. En supuestos excepcionales será posible desarrollar actuación probatoria en atención a la limitación a la libertad que se ejerce contra el imputado. b. Es aceptado el uso del indicio en materia de coerción procesal. c. La imputación planteada a efectos de la solicitud de prisión preventiva debe estar totalmente acabada, en tanto existen 414

PRUEBA D

fundados y graves elementos de convicción de la comisión del hecho atribuido. d. Para la evaluación del peligro de fuga se admiten presunciones.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 31 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 30 .De conformidad con el Acuerdo Plenario N. ° 02-2019/CJ-116, la vigilancia electrónica personal NO es concebida como:

a. Una pena aplicable por conversión, esto es, un sustitutivo penal o subrogado penal, en tanto instrumento de despenalización y flexibilización del rigor de las decisiones punitivas del Estado. b. Una restricción para la medida de comparecencia -alternativa a la prisión preventiva. c. Una pena limitativa de derechos sujeta a una evaluación del juez al momento de efectuar la dosificación de la sanción pe­ nal. d. Un beneficio penitenciario o propiamente como un mecanismo de monitoreo que se acompaña a los beneficios penitenciarios de semilibertad y de libertad condicional.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 31 .Respecto a la regulación de una organización criminal en el ámbi­ to material o procesal, es correcto afirmar que:

a. La pertenencia a una organización criminal es un supuesto de peligro de fuga para la determinación de una prisión prevenw tiva. > b. La operatividad del concepto de organización criminal desarroliado en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, es la de g delimitar la competencia de determinados órganos jurisdiccion nales O Z c. Una organización criminal siempre tendrá una finalidad económica y no política. . d. Todas son correctas * ___________________________________________________________________________________________ 415

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

32 .Las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (en constan­ te jurisprudencia casatoria) respecto al artículo 339, inciso 1, del Código Procesal Penal, que señala que: “La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal”, han establecido que: a. El plazo de la suspensión no podrá exceder el plazo ordina­ rio de la prescripción más una mitad de dicho plazo. b. El plazo de la suspensión debe evaluarse caso por caso en aten­ ción a la garantía del plazo razonable. c. El plazo de la suspensión comprende, realidad, de dos plazos de prescripción ordinario. d. El efecto del mencionado artículo es que a partir de la forma­ lización de la investigación preparatoria se debe computar nuevamente el plazo prescriptorio.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

33 .¿En qué supuesto es obligatoria la transcripción de una resolu­ ción dictada por un juez de manera oral?

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Cuando proviene de una prisión preventiva. Cuando es impugnada. Cuando lo solicite una de las partes procesales. Cuando se tratan de autos interlocutorios

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

34.Según el Código Procesal Penal, NO es un supuesto de nulidad absoluta: a. La ausencia del defensor del imputado en cualquier diligencia. b. El nombramiento, capacidad y constitución del órgano jurisdic­ cional. 416

PRUEBA D

c. La inobservancia del contenido esencial de los derechos y ga­ rantías previstos por la Constitución. d. La falta de promoción de la acción penal por parte del Ministe­ rio Público en los delitos públicos

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ

35. NO es una característica de la flagrancia delictiva:

a. Evidencia delictiva b. Inmediatez temporal. c. Percepción directa y efectiva. d. Inmediatez personal

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 36. En cuanto a la incautación, señale la opción incorrecta:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0092021-SN/JNJ 37. De conformidad con el Acuerdo Plenario N° 08-2011/CJ-116, res­ pecto a la naturaleza procesal, material o mixta de una norma de ejecución penal, es correcto afirmar que: 417

LEGALES EDICIONES

a. El "peligro por la demora" es el riesgo fundado de que de no incautarse o secuestrarse un bien o cosa delictiva haría ineficaz la averiguación de la verdad. b. En diligencias preliminares se requiere de una autorización del fiscal, siempre en cuando exista "peligro en la demora". c. En caso de flagrancia, procederá la incautación por parte de la Policía siempre en cuando exista peligro inminente de perpe­ tración de otro delito. d. Se requerirá una orden judicial en caso el "peligro en la demo­ ra" no sea urgente.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. Toda norma de ejecución penal tiene naturaleza mixta. b. Se considera una ley de ejecución penal procesal si incide en los requisitos configuradores de un beneficio penitenciario. c. Estamos frente a una norma de ejecución penal material si re­ gula la competencia de ejecución del juez de investigación preparatoria. d. La naturaleza de una norma de ejecución penal está en función al ámbito que regula.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d En el ACUERDO PLENARIO N° 8-2011/CJ-116 se ha establecer como doctrina legal: 4. Sucesión de Leyes sobre concesión de Beneficios Penitenciarios 14o. La prohibición de beneficios penitenciarios se rige por el principio de legalidad, en especial la reserva de ley que exige para su legitimidad constitucional la expedición de normas penales -materiales, procesales y de ejecución con rango de ley, que han de regir la actividad de ejecu­ ción penal, y que por razones obvias exige control jurisdiccional. En tal virtud, sólo la ley puede indicar de manera expresa e inequívoca qué casos, en relación al tipo de hecho punible perpetrado -delitos graves específicos- o a la calidades del autor o partícipe del delito -reincidencia o habitualidad-, están excluidos de modo absoluto del acceso a benefi­ cios penitenciarios de redención de penas por el trabajo o la educación, semilibertad o liberación condicional, así como las disposiciones fun­ damentales que determinan el procedimiento que debe regir su trami­ tación. 15o. Igualmente, corresponde en exclusividad a una norma legal taxati­ va identificar las variantes que se aplicaran para el régimen especial de redención de penas por el trabajo y la educación, respecto de las cuotas diarias requeridas para la redención proporcional de la pena en cumpli­ miento. Ambas clases de normas de ejecución penitenciaria, sin duda, tienen un carácter material. La doctrina ha deslindado cuándo se está ante una norma material y cuándo ante una norma procesal. Las normas que se pronuncian sobre el alcance y requisitos objetivos y subjetivos de un be­ neficio penitenciario, “...al determinar el contenido de la decisión juris­ diccional, la estimación o desestimación de la pretensión ejercitada...”, sin duda son materiales. Ahora bien, más allá del enfoque referido a la propia decisión jurisdiccional, dichas normas desde la perspectiva de su ámbito de aplicación, “...al delimitar acabadamente la conducta de los 418

PRUEBA D

419

LEGALES EDICIONES

sujetos jurídicos fuera del proceso -reconociéndoles derechos y fijando reglas que definen su actuación ulterior-”, permiten reiterar su evidente naturaleza material [Juan Montero Aroca. Derecho Jurisdiccional I Par­ te General, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 482]. La conclusión que se deriva de lo expuesto es, a no dudarlo, trascenden­ te. El factor temporal de aplicación, desde luego, no será el mismo que si se tratase de una norma procesal de ejecución, atento a su diferente naturaleza jurídica. ¿Cuál es, entonces, el hecho o acto jurídico material que la determina? La institución debe regirse por la ley vigente al mo­ mento en que se inicia la ejecución material de la sanción penal, esto es, cuando queda firme la sentencia que impuso la sanción penal, salvo criterios universales de favorabilidad en la fase de ejecución material de la sanción privativa de libertad. En suma, se hace mención, no a la fecha de comisión del delito sino a la del inicio de la ejecución material de la sanción penal, que en términos procesales se objetiva en la fecha en que la sentencia adquiere firmeza. Materialmente la ejecución empieza o se inicia técnicamente en ese mo­ mento. Atento al principio diferencial, la finalidad del preso preventivo es la retención y custodia, no así el tratamiento penitenciario, propio de los penados, que desde un concepto amplio comporta aquella actividad destinada a suplir aquellas carencias con las que el interno ha entrado en el Establecimiento Penal [Javier Nistal Burón: El régimen penitencia­ rio: diferencias por su objeto. La retención y custodia/la reeducación y reinserción. En: Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial, Madrid, p. 9-10]. Por tanto, por razones de justicia material y de estabilidad o segu­ ridad jurídica, debe estarse a esa circunstancia. Debe quedar en claro que las normas en materia penitenciaria afectan de manera directa al derecho fundamental de la libertad y a la dignidad del individuo. Así las cosas, la pena impuesta en la sentencia debe enten­ derse como una situación jurídica acabada de la que no pueden quedar al margen las reglas para su concreta ejecución. Una nueva Ley no puede anudar efectos a situaciones producidas y consolidadas con anterioridad a ella [Carmen Juanatey Dorado: La Ley de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penales, y los principios consti­ tucionales del Derecho Penal. En: Estudios Monográficos. Editorial La Ley, p. 28-29]. En el fondo de este planteamiento subyace la opción de la doctrina mayoritaria que afirma la autonomía del Derecho de Ejecución Penal, pues presenta peculiaridades que le son propias y que impiden su inclusión en el Derecho penal material y en el Derecho procesal penal -como el

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

LEGALES EDICIONES

protagonismo de la Administración penitenciaria en la ejecución penal y las peculiaridades del Juez en la ejecución de las sanciones penales-, sin que ello signifique la íntima conexión con ambos derechos -que Jescheck ha entendido como los tres pilares del Derecho Penal- [Carmen Juanatey Dorado: Manual de Derecho Penitenciario, lustel, Madrid, 2011, p. 20] 3 . 16o. Por lo demás, cabe recordar que reiterada jurisprudencia del Tri­ bunal Constitucional (Sentencia del Tribunal Constitucional N° 21982009-PHC/TC- Ucayali, del 31 de agosto de 2009, Asunto Darío Rojas Rodríguez) ha deslindado ya que será de aplicación, en caso de sucesión de leyes en el tiempo, el régimen legal vigente al momento de formali­ zarse ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de be­ neficios penitenciarios. Tal decisión, como es evidente, sólo rige para las leyes procesales de ejecución -la doctrina procesalista, en este punto, es conteste-, que están sujetas al principio de aplicación inmediata y al tempus regit actum, y en las que, por sobre todo, el factor temporal de aplicación -el dies a quo- será la ley procesal vigente al momento de realización del acto procesal: petición del beneficio penitenciario. En consecuencia, cuando el pedido fuera formulado por el interno o se encuentre en trámite con anterioridad a la vigencia, de una nueva ley, se deberá mantener con eficacia ultractiva el régimen procesal co­ rrespondiente, salvo supuestos de clara favorabilidad que incida en una tramitación más acorde con los derechos procesales y los principios del proceso penal de ejecución. Cabe insistir que esta concepción diferenciadora asume desde la ciencia integral del Derecho penal las nociones de merecimiento de pena, que están radicadas en criterios que determinan el marco de la sanción pe­ nal, y de necesidad social de penas, que constituye el criterio sustancial para las reacciones estatales post delito.”

38. Mediante una audiencia de tutela de derechos es posible cuestio­ nar. a. b. c. d.

La licitud de la prueba. La constitución del actor civil. El plazo de la Investigación Preparatoria. Las medidas limitativas de derechos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 0052021-SN/JNJ 420

PRUEBA D

39. Respecto a la reserva y secreto de la investigación, es correcto afirmar que: a. El fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor a 20 días, prorrogables por 20 días más. b. En caso el proceso sea declarado complejo se pierde el carácter reservado. c. Por Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es posible que cualquier persona solicite copias de las actuaciones de investigación. d. Ninguna es correcta.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 23 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 06-2021SN/JNJ 40. No es una cuestión previa dentro del proceso penal:

a. Querella en delitos privados. b. Disposición del fiscal de la nación en supuestos de delitos co­ metidos por magistrados en ejercicio de su función. c. Denuncia constitucional por el Congreso de la República en de­ litos de función contra altos funcionarios públicos. d. Sentencia firme de alimentos en un proceso penal por omisión a la asistencia familiar.

s Respuesta: d La cuestión previa hace referencia a un requisito procesal que debe ser satisfecho a cabalidad, con toda regularidad, antes de pasar a ejercitar la acción penal. Procede cuando no concurre u omite un requisito de procedibilidad, explícitamente previsto en el artículo 40 del Código Procesal Penal.

421

PRUEBA E JUEZ DE TRABAJO Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy concurrida y poco alumbrada, de repente un varón se acerca a ella y le empieza a decir “ya perdiste”, “dame tu celular y tu cartera”, frente a lo cual la mujer empieza a correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular y cartera, pero ella se resistía. Para que no se resista, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El asaltante no consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba desmayada) abusó sexualmente de ella. Responda las siguientes preguntas: 1. ¿Qué delito se habría cometido?

a. b. c. d.

Robo agravado con subsecuente muerte. Homicidio calificado. Feminicidio. Violación sexual de persona en incapacidad de resistir.

Respuesta: a

2. En el caso mencionado, desde la fecha del acto delictivo pasaron más de 60 días sin que la policía ni el fiscal a cargo de la investi­ gación logré individualizar al presunto responsable, frente a ello, ¿qué debe realizar el fiscal? 423

LEGALES EDICIONES

El Robo es un delito contra el patrimonio consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en la persona. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que la diferencia del hurto, que exige únicamente el acto de apoderamiento. La mayor pe­ ligrosidad del robo, por el uso de esta fuerza o intimidación, justifica que la pena sea superior a la que se establece por el hurto. Dentro del robo hay dos modalidades distintas, una que se distingue por el empleo de la fuerza en las cosas y otra por la violencia o intimidación en las personas. El primero es aquel en el que se emplea una fuerza, una violencia para acceder al lugar donde se encuentra la cosa. En ocasiones, también se defi­ nen como robo aquellas acciones en las que, a pesar de no mediar fuerza o intimidación, existe algún otro elemento que lo distingue del mero hurto. Por ejemplo, es posible definir como robo a que se produce mediante el uso de una llave falsa o ganzúa. Esta aplicación se hace por la similitud entre la utilización de una llave falsa con la fuerza que se puede emplear para romper esa barrera (la puerta) que protege del robo.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. b. c. d.

Archivar el caso. Ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares. Disponer la formalización de la Investigación Preparatoria. Solicitar el sobreseimiento.

Respuesta: b Que, el artículo 144 inciso 1) del Código adjetivo antes citado, señala que los plazos solo pueden ser prorrogados cuando la ley lo permita. Esto significa, que, de ningún modo, cabe la habilitación judicial del pla­ zo, cuando ello no esté contemplado expresamente. De allí, que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Ministerio Público -en su condición de titular de la acción penal y director de la investigación- no corresponda el amparo de solicitudes de prórroga del mismo. Menos aún, que, en tal circunstancia de conclusión del plazo, recién se pretenda la calificación del caso, como complejo. Así mismo, en aplicación del principio de la preclusión procesal.

3. Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que:

a. b. c. d.

La muerte puede producirse por comisión por omisión. Es un delito permanente. No es un delito de tendencia interna trascendente. No permite la coautoría.

3 Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ

4. En el delito de negociación incompatible, conforme a su regula­ ción normativa, se exige como requisito típico el estatus formal de funcionario o servidor público, y que la actuación realizada deba estar en razón al ejercicio de su cargo, ello implica, una relación específica vinculada al ámbito de su competencia funcionaría!. Así, el agente actúa en función a las prerrogativas de su cargo. En ese sentido, la Corte Suprema, en diversos pronunciamientos ha establecido: a. Que, en dicha relación funcionarial, no es necesario que el fun­ cionario cuente con las facultades y competencias para intervenir en el contrato u operación, pudiendo ser inclusive un extraneus. 424

PRUEBA E

b. Que dicha relación funcionarial, debe ser entendida no solo cuando el funcionario tenga esta condición, sino que es necesa­ rio que cuente con las facultades y competencias para intervenir en los contratos u operaciones, es decir, posea el poder para participar en ellos. c. Que la relación funcionarial, no exige que cuente con las facul­ tades y competencias para intervenir en los contratos, es decir, no debe necesariamente poseer el poder para participar en ellos. d. Que dicha relación funcionarial, debe ser entendida no solo cuando el funcionario tenga esta condición, sino que no será necesario que cuente con las competencias para intervenir en las operaciones estatales, es decir, el funcionario no ostenta le­ gítimamente a su cargo la contratación.

Respuesta: b

425

LEGALES EDICIONES

El delito de negociación incompatible sanciona al funcionario o servi­ dor público que se interesa indebidamente de un contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo para provecho propio o de ter­ ceros. El mencionado interés puede darse en los actos preparatorios del contrato u operación, durante su ejecución o en la fase de liquidación y, por supuesto, puede incluir un ámbito muy variado de expresiones prácticas. El bien jurídico que se tutela subyace en la necesidad de preservar nor­ mativamente el normal funcionamiento de la administración pública del interés privado de sus agentes (funcionario o servidor público) que anteponen sus intereses a la de ella. En rigor, se trata de preservar los deberes funcionales y/o deberes especiales positivos de incumbencia institucional (imparcialidad, rectitud, objetividad, etc.) en la actuación funcionarial frente a los administradores en general y frente a los com­ petidores ofertantes en los contratos o negocios estatales. El Recurso de Casación 1985-2019, Selva Central, en la cual la Corte Suprema considera que no es necesario que estemos ante un delito de participación necesaria para admitir la complicidad en los delitos de in­ fracción del deber. Por este motivo establece que, si bien es cierto que el delito de negociación incompatible no es un delito de encuentro de participación necesaria, sin embargo, sí es posible que pueda darse la participación de un extraneus, que puede ser un funcionario o servidor público no competente, o un tercero particular. Sin embargo, establece la Corte Suprema que, para hablar de una com­ plicidad en el delito negociación, se tiene que cumplir dos presupues­

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

tos. El primero es que el extraneus realice un aporte significativo para la configuración del delito; y el segundo es que este aporte significativo se realice a título de dolo. ¿Qué quiere decir esto? Que el extraneus tiene que conocer que el funcionario público competente se está in­ teresando indebidamente en determinado contrato de operación en razón de su cargo.

5. La Sentencia de Casación 231-2017 - PUNO, expone que el tipo penal de negociación incompatible, no exige un perjuicio efec­ tivo para la administración, pues se constituye en un delito de peligro, que importa un adelantamiento de las barreras de pro­ tección del Derecho Penal, con el objeto de prevenir que el fun­ cionario o servidor público atente contra el patrimonio estatal, aprovechándose de la función pública; en esa línea de pensa­ miento precisa, además, que es un delito de peligro concreto. Ello significa:

a. Que la acción definida en el tipo penal debe producir una situación real y efectiva de riesgo para el bien jurídico - el correcto funcionamiento de la administración pública. b. Que la acción definida en el tipo penal no debe producir una situación efectiva de riesgo para la persona natural o jurídica. c. Que la acción definida en el tipo penal debe producir una situa­ ción efectiva de lesión instantánea en el sujeto pasivo del delito, esto es, la administración pública o privada. d. Que la omisión definida en el tipo penal debe producir una si­ tuación real de perjuicio en el correcto desenvolvimiento de la actividad funcionarial del servidor público.

Respuesta: a LEGALES EDICIONES

El delito de negociación incompatible no exige ni la concertación con particulares ni la existencia de un perjuicio patrimonial para el Esta­ do. De igual forma, se configurará el delito si es que, por el contrario, representa una ventaja patrimonial para el Estado. Así también lo ha entendido la jurisprudencia al señalar que: “en efecto no se requiere que se produzca un provecho económico para el sujeto activo del delito ni un perjuicio de la misma naturaleza para el Estado con la celebración o el cumplimiento del contrato u operación, incluso puede existir ventaja para el Estado, por tanto, tales alegaciones en torno a la existencia o no del perjuicio patrimonial, no resulta atendible, menos aún enervan la configuración del delito anotado”. 426

PRUEBA E

6. Si un funcionario o servidor público comete un delito en el extran­ jero, en ejercicio de su función, entonces es de aplicación la ley penal peruana. En este caso, marque el principio que ha sido apli­ cado: a. b. c. d.

Principio de extraterritorialidad. Principio de territorialidad. Principio de personalidad activa y pasiva. Principio de universalidad.

Respuesta: b Nuestro país se guía bajo el principio de territorialidad (art. i CP), se­ gún el cual, la ley penal peruana se aplicaría a todo aquel que cometa un hecho punible en el territorio de la República. De lo anterior, señalamos, primero, que la ley peruana se aplicaría a todas las personas que estén en territorio peruano, sin importar si son peruanas o extranjeras. Segundo, respecto de la comisión del hecho punible, nuestro país adopta la teoría de la ubicuidad (art. 5 CP). Esta faculta la aplicación de la ley peruana considerando dos supuestos como lugar de la comisión del delito: aquel donde el agente ha actuado o ha omitido la obligación de actuar y aquel en el que se producen sus efectos.

7. Marque la opción correcta:

En la Teoría General del Derecho, los criterios para resolver anti­ nomias son:

a. b. c. d.

Jerárquico, cronológico, de especialidad y de competencia. Jerárquico, cronológico, consecuente y a distancia. Superioridad, intermedio, determinado y cronológico. Profundo, de especialidad, interpretativo y cronológico.

VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA A- CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

8. ¿Cuál es la relación de jerarquía que existe entre la interpretación que desarrolla el Tribunal Constitucional con las de la Corte Interamericana de DDHH? a. Los criterios de la Corte Interamericana de DDHH prevalecen. b. Los criterios del Tribunal Constitucional prevalecen. 427

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. La jerarquía está sujeta a un criterio de relación de integración. d. Las respuestas a y c.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 9. La argumentación jurídica permite:

a. Descubrir la verdad de los hechos. b. Tener una visión autoritativa del Derecho. c. Llegar a conclusiones por medio de afirmaciones lógicas que están fundamentadas en razones aceptadas desde el campo de la aplica­ ción de los textos normativos y el punto de vista jurisprudencial. d. Las respuestas a) y b) son correctas.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ El Expediente 003700-2013-PA/TC LAMBAYEQUE (Caso: Pedro Vicen­ te Torres Fernández y otros- Amparo), en referencia a la necesidad de haber agotado la vía administrativa, señala lo siguiente: “l.-Aunque las instancias judiciales precedentes han declarado la improceden­ cia de la demanda por considerar que no se ha agotado la vía admi­ nistrativa, este Tribuna! estima que se ha obviado pronunciarse sobre si estaba exceptuado de agotada o no”.

LEGALES EDICIONES

10. En este marco de respecto a la necesidad de haber agotado la vía administrativa con referencia a la Indemnización según el TC, señale la alternativa correcta: a. La administración en el ejercicio de sus funciones puede causar daño a los administrados. Ante tal situación, la generalidad de los ordenamientos ha establecido la responsabilidad resarcitoria de la administración. b. El requisito procesal establecido para esta pretensión es que se plantee, no de manera autónoma, sino de manera acumulativa con las otras pretensiones contenidas en el artículo 5° del Decre­ to Supremo N° 013-2008-JUS. c. Existe estrecha vinculación entre la pretensión y las actuaciones impugnables. La pretensión presupone una actuación impug­ nable previa. 428

PRUEBA E

d. La pretensión de indemnización se inspira en el principio de tutela jurisdiccional efectiva y constituye expresión de la pre­ tensión de plena jurisdicción. Y la misma debe plantearse de manera acumulativa a otras pretensiones, previo agotamiento de la vía administrativa.

Respuesta: d Un principio fundamental del proceso es el derecho a la tutela jurisdic­ cional efectiva. El hecho de considerar al proceso como un medio de pro­ tección de todos los derechos hace que la Constitución le exija el cumpli­ miento de ciertas condiciones para que el proceso cumpla los estándares del Estado constitucional. Esas condiciones de validez constitucional del proceso, que se convierten en auténticos derechos fundamentales de las partes, podemos reunirlas en la expresión «tutela jurisdiccional efectiva». El reto está en abrir el camino para el respeto de cada uno de los de­ rechos que integra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El juez debe buscar remover todos los obstáculos con la finalidad de tener un proceso en el que se respeten todos los derechos que integran la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva es un derecho complejo de naturaleza constitucional y de derechos humanos ya que su contenido está com­ puesto por un abanico de derechos cuyo cumplimiento es obligatorio en el marco de un proceso, en el de un Estado constitucional de derecho y en el de los tratados de derechos humanos. Cuando leemos una casación emitida por la Corte Suprema es muy usual, en el plano de derecho civil, que uno de los recurrentes evoque la vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional de forma general sin precisar que contenido esencial del derecho se ha vulnerado. Si bien es cierto que nuestra Constitución Política del Perú lo menciona de ma­ nera general al igual que nuestro Código Procesal Civil, también lo es su acogimiento por parte de la jurisprudencia nacional y la doctrina mayoritaria, puesto que han desarrollado que el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva se circunscribe en: acceso a la justicia, garantías mínimas, resolución fundada en derecho y posibilidad de ejecución.

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11. En el marco de respecto a la exigencia de agotamiento de la vía administrativa en vía de amparo según el TC, señale la alternativa correcta: a. El agotamiento queda cumplido con la utilización de aquellos presupuestos que razonablemente puedan ser considerados como pertinentes sin necesidad de complejos análisis jurídicos. 429

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. El incidente de nulidad de actuaciones será exigible solo en aque­ llos casos en los que la vulneración del derecho fundamental se produzca en la última sentencia recaída en el procedimiento. c. Que el carácter subsidiario del recurso de amparo, significa que antes de denunciar ante el TC la posible vulneración de un de­ recho fundamental, los tribunales ordinarios hayan tenido la posibilidad de pronunciarse. d. Cuando la vulneración de derechos fundamentales objeto de la demanda de amparo ha sido debatida en todas las instancias, debe entenderse cumplido el requisito del agotamiento de la vía administrativa previa.

Respuesta: d El agotamiento de la vía administrativa es el trámite necesario para po­ der trasladar el reclamo contra la Administración, de las instancias in­ ternas de ésta a los órganos jurisdiccionales.

12. El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 5854-2005PA/TC, dijo: “ El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposicio­ nes orientadoras de la labor de los poderes públicos, para conso­ lidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. Ello significó: Marque la respuesta incorrecta:

Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejer­ cer control difuso, cuando encuentren que hay incompatibilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la primera. d. Admitir que las resoluciones en materia electoral, dictadas en última instancia, por el Jurado Nacional de Elecciones, son ina­ tacables jurisdiccionalmente.

LEGALES EDICIONES

a.

430

PRUEBA E

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 13 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 13.El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos an­ teriores, al dictar sentencia en el Exp. 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razo­ nes o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una deter­ minada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. Marque la alternativa correcta.

a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 14.El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 0024-2003AI/TC, señalo: “[...] el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga”.

Siendo este el concepto, señale cuándo procede la aplicación del precedente vinculante: a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. K __________________________________________________________________________________________ 431

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando una de las partes solicita formalmente la aplicación del precedente vinculante que considera pertinente.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

15. La Defensa garantiza a las personas la posibilidad de intervenir en todos los procesos en que se ventilan cuestiones concernientes a sus intereses. Marque la respuesta correcta.

a. Esta garantía constitucional lo que confiere es la posibilidad de intervenir, en los procesos cuya resolución puede afectar a la persona concernida. b. Esta garantía impone a la persona la obligación de intervenir en el proceso. c. Esta garantía impone como modalidad la defensa técnica. d. Esta garantía determina que es imprescindible la presencia del demandado en el proceso civil.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

16. Cuando en una demanda no se invoca la norma jurídica corres­ pondiente: a. El juez no puede sustituirse en el lugar del justiciable y aplicar una norma no invocada. b. El juez debe mantener siempre su imparcialidad lo que implica no suplir la labor de las partes o abogados. c. El juez en esos casos solo debe apelar a los principios generales del derecho. d. El juez tiene la obligación de aplicar la norma jurídica pertinen­ te, aunque no haya sido invocada por la parte. 432

PRUEBA E

Respuesta: d

433

LEGALES EDICIONES

El aforismo iura novit curia, traducido comúnmente al castellano como “el juez conoce el derecho”, se refiere al poder del juez de realizar de ofi­ cio su propio análisis del derecho aplicable a las disputas sometidas a su conocimiento, esto es, con prescindencia de los argumentos escritos u orales que al respecto hagan las partes durante el proceso. Se trata de un principio general del derecho recogido en diversas legislaciones que, si bien es aplicado por los jueces en diferentes jurisdicciones al decidir liti­ gios a nivel doméstico, en el campo del arbitraje comercial internacional no es unánimemente aceptado. Según Diez-Picazo el mencionado aforismo literalmente significa “el tribunal conoce el derecho” y “se refiere a la invocación de las normas jurídicas que sirven de fundamento a las pretensiones mantenidas por las partes dentro del proceso”. El juez puede alterar el fundamento jurí­ dico de la pretensión de la parte; pero no puede alterar la naturaleza ni la articulación de la pretensión misma. El juez podrá entonces, sin consultarle a las partes, modificar los funda­ mentos de derecho cuando considere que no se ajustan a las pretensio­ nes planteadas dentro del proceso. De ahí que este principio, siguiendo a Meroi, haya sido visto desde hace mucho tiempo en la doctrina: J Como presunción, ya que se presume que el juez conoce el derecho aplicable al caso, lo que exime a las partes de tener que probarlo; J Como principio o regla, esto es, como un deber del juez de conocer el derecho y de resolver el conflicto conforme a éste y a pesar del derecho invocado por las partes; y J Como un “principio-construcción”, vista como elaboración de la ciencia jurídica que sistematiza el ordenamiento jurídico, articulas las funciones legislativa y jurisdiccional y se configura como una ar­ mazón o estructura que sostiene toda la organización jurídica. (Sologuren Calmet, 2015, p. 122) Es un principio que permite al juez, por ejemplo, considerar que una causa ha debido introducirse bajo una regla que no fue o fue mal citada por el demandante, pero no lo autoriza para enmendarle a éste la de­ manda y aplicar un derecho sustantivo nuevo, ni para fallar en equidad y no en derecho, desconociendo la diferencia entre uno y otro. Cuando el principio se aplica al derecho sustantivo, el juez atenta contra la jus­ ticia misma y contra el derecho del demandado de defenderse, y excede su jurisdicción. Más aún cuando lo hace en la sentencia de fondo. Un

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

juez puede superar, por aplicación de este principio, las omisiones o de­ ficiencias de los argumentos legales de las partes y aplicar la regla que considere correcta. Con arreglo al principio zura novit curia, es el juez, como titular de la potestad jurisdiccional, el que tiene el poder-deber de proporcionar el derecho aplicable al proceso, con prescindencia de la respectiva invoca­ ción de las partes conforme a las pretensiones planteadas. Este principio se funda, como se ha mencionado, en la presunción lógica de que el juez está capacitado e instruido para conocer el derecho y, en consecuencia, no se encuentra vinculado por las calificaciones de las partes, salvo el límite de respetar el principio de congruencia. Así concebido, la actitud del juez frente al derecho muestra tres carac­ terísticas fundamentales: i) su deber de conocerlo y, por tanto, de es­ tudiarlo; 2) su facultad de interpretarlo; y 3) su libertad para aplicarlo. De las opiniones esbozadas podemos concebir al zura novit curia como aquella presunción de que el juez conoce el derecho y el poder/ deber de realizar de oficio su propio análisis de los fundamentos de derecho invocados por las partes a efectos de que resulten aplicables a las pretensiones invocadas. De no ajustarse el derecho al hecho, el juez podrá y deberá redireccionar la pretensión a la norma corres­ pondiente. Siendo el principio de congruencia el límite a ese poder/ deber del juez. 17.El artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para de­ clarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221 0 las causales para declarar la anulabilidad del acto jurídico. Siendo diferentes sus efectos.

Marque la respuesta correcta:

LEGALES EDICIONES

a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado. c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su es­ tructura tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 39 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 434

PRUEBA E

Los hermanos Carlos y Juan Pinzón adquieren de su padre, Julio Pin­ zón, los derechos que él ostentaba en el inmueble en el que viven, por documento privado de compra venta cancelando su precio ín­ tegramente; no obstante, no lo elevaron a escritura pública ni lo ins­ cribieron en Registros Públicos; al fallecimiento del vendedor, otros familiares, a mérito de una sucesión intestada que los declara he­ rederos de Julio Pinzón, al amparo del registro, a pesar de conocer que el inmueble no les pertenecía, lo vendieron nuevamente a otros familiares, una pareja de esposos que también coposeían el bien, quienes a pesar que sabían de qué se trataba de la venta de un bien perteneciente a los hermanos Pinzón, alegaron haberlo adquirido válidamente al amparo de la fe registra! de quienes aparecían en él como propietarios.

18.Según el caso propuesto, los hermanos Pinzón pueden demandar la nulidad del segundo contrato de compraventa por la causal de: a. b. c. d.

Quebrantamiento del principio de la buena fe. Objeto jurídicamente imposible. El contrato de compraventa no es nulo. Fin ilícito.

Respuesta: d Un contrato es nulo cuando su causa (fin) es ilícita, esto es, cuando esta es contraria a normas imperativas, orden público y buenas costumbres. En esa línea argumentativa, cabe mencionar que la doctrina ha concep­ tuado a la causa en función de dos teorías: una objetiva y otra subjetiva. La primera concibe a la causa como “la finalidad típica y constante que se da uniformemente en todos los actos jurídicos del mismo tipo (fin abstracto o inmediato)”. De otro lado, la segunda concibe a la causa como “la fina­ lidad de las partes, es decir, la finalidad por la que la parte asume la obli­ gación. La causa se debe entender así como la motivación del consenso”.

a. La segunda compraventa es válida al haberse realizado al am­ paro de la fe registral. b. Hay quebrantamiento de la buena fe registral en la segunda compraventa. c. La segunda compraventa es nula. d. Los compradores de la segunda compraventa no pueden soste­ ner que la compraventa la realizaron al amparo del registro. 435

LEGALES EDICIONES

19.Conforme al caso propuesto, señale la respuesta incorrecta:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

Para el tratadista argentino, Pérez Lasala, el principio de fe pública registral es una manifestación de la presunción de exactitud y legitimación que posee el registro. Según la fe pública registral el registro se reputa siempre exacto en el contenido de sus asientos, y en consecuencia se le protege con carácter absoluto en su adquisición. Es importante mencionar que, en Guatemala, el principio de fe pública registral protege al tercero que adquiere confiando en la exactitud de lo que consta en el registro, confiando en quien le transmite y su legitima­ ción para la transmisión del bien. Este principio está también incorporado en el art. 1744 del Código Civil ecuatoriano y se halla justificado por la necesidad de proteger la seguri­ dad jurídica de la contratación en base a los asientos de inscripción que obran en los registros. Pero, cabe señalar que, en Ecuador, la protección que brinda se refiere únicamente a los terceros de buena fe que adquieren a título oneroso (deben ser concomitantes) por otro lado, la buena fe del tercero se pre­ sume, lo que significa que quien lo niega, tiene la obligación de probarla. Si una persona adquiere derechos de otra, que en el registro aparece con derecho a otorgarlo, e inscribiese su adquisición, está en camino, pero sólo en camino de convertirse en tercero registral y por lo tanto de am­ pararse en el principio de fe pública registral con lo cual logrará hacer a su derecho absolutamente inatacable por todos. En Cuba este principio está estrechamente relacionado al principio de legitimación y se materializa a través de la expedición de certificaciones, mediante las cuales se dan a conocer, a requerimiento de los interesados, las situaciones jurídicas concretas de las personas en relación con los he­ chos o actos publicados. Los documentos expedidos por el registro civil se presumen veraces de manera íntegra, al ser emitidos por funcionarios públicos dotados de fe pública, encargados de proteger los intereses del Estado Socialista y del pueblo en general. En el derecho comparado se entiende al principio de fe pública registral como una manifestación del principio de legitimación, es decir, el conteni­ do de los asientos se presumirá cierto y producirá efectos mientras no sean rectificados o declarados inválidos. Por tanto, quien adquiera algún bien de buena fe, a título oneroso y lo inscriba en base a esa información registral presumida exacta o correcta, deberá verse protegido en caso que esa infor­ mación en realidad haya resultado inexacta por factores extraregistrales que le resulten ajenos y de muy difícil conocimiento a este tercero adquirente. 436

PRUEBA E

Un trabajador es despedido y en su carta de despido se señala que es porque había seguido un proceso judicial contra el empleador y porque había sido dirigente sindical. Dicho trabajador inició un proceso con­ tra el empleador por no haber pagado una gratificación convencional, proceso del cual obtuvo sentencias favorables en primera y segunda instancia. La sentencia ejecutoriada que pone fin al procedimiento fue notificada más de ciento veinte días antes del despido y en realidad éste se ha producido porque el trabajador solicitó el embargo de las cuentas bancadas del empleador, situación que se produjo por orden del Juez, sobre una cuenta del Banco de Crédito. Adicionalmente, el tra­ bajador efectivamente ha sido dirigente sindical y hace dos meses que dejó el cargo. Sin embargo, recientemente en una asamblea del sindi­ cato mantuvo una posición bastante crítica con respecto a la empresa, de lo cual se enteró el empleador. El trabajador ha iniciado un proceso de nulidad de despido. Teniendo en cuenta la normativa vigente:

20. Marque la respuesta correcta:

a. Puede declararse la nulidad del despido porque se trata de un despido represalia contemplado en el inciso c) del art. 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. b. Puede declararse la nulidad del despido porque ha sido diri­ gente sindical. c. No puede declararse la nulidad del despido porque se trata de un trabajador que ha sido dirigente sindical. d. No se puede declarar la nulidad del despido porque no está vigente la protección por el tiempo transcurrido.

Respuesta: b El TUO de la LRCT, en el artículo 30, estableció que la protección que hemos anunciado anteriormente se conceptualiza por medio del fuero sindical. El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores no ser despe­ didos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación. Como vemos, la norma corresponde a lo establecido en el Convenio 87. Así, proscribe el despido, pero también el traslado. Sobre esto último, también se precisó que no es exigible el requisito de aceptación del trabajador cuando su traslado no le impida desempeñar el cargo de dirigente sindical. Cabe acotar que el Texto único ordenado de la LPCL establece la nulidad del despido que tenga por motivo la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. __________________________________________________________________________________________ 437

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

La protección del fuero sindical se extiende a los siguientes trabajadores, en el marco del artículo 31 de la LRCT: a) Los miembros de los sindicatos en formación, desde la presentación de la solicitud de registro y hasta 3 meses después. b) Los miembros de la junta directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como los delegados de las secciones sindicales. En el marco de la negociación colectiva se podrá ampliar el ámbito de protección del fuero sindical. El estatuto señalará qué cargos comprende la protección. c) Los delegados a que se refiere el artículo 15 y los representantes a que se refiere el artículo 47 de la presente norma. d) Los candidatos a dirigentes o delegados, 30 días calendario antes de la realización del proceso electoral y hasta 30 días calendario des­ pués de concluido éste. e) Los miembros de la comisión negociadora de un pliego petitorio, hasta 3 meses después de concluido el procedimiento respectivo. Sin perjuicio de esta lista, mediante el convenio colectivo se podrá ex­ tender la protección del fuero sindical.

21. Escoja la respuesta correcta: I.

El empleador por su sola voluntad puede ampliar en todos los ca­ sos la jornada semanal hasta el máximo legal.

II. Un empleador puede reducir el número de días de la jornada se­ manal, debiendo únicamente tomar la decisión y esperar que los trabajadores impugnen. III. En el caso de una modificación colectiva del horario de trabajo, los trabajadores pueden impugnar ante la Autoridad Administrati­ va de Trabajo.

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

I y III son correctas. Solo I es correcta. Solo II es correcta. Solo III es correcta.

Respuesta: d Tratándose de una modificación colectiva del horario de trabajo, los tra­ bajadores afectados, dentro del plazo de 5 días siguientes de la adop­ ción de la medida, podrán presentar el recurso correspondiente, debi­ damente sustentado, ante la Subdirección de Negociaciones Colectivas o dependencia que haga sus veces, adjuntando una declaración jurada 438

PRUEBA E

suscrita por la mayoría de los trabajadores afectados y la documentación que acredite la modificación del horario de trabajo. Dentro del segundo día hábil de admitido el recurso impugnatorio, la Au­ toridad Administrativa de Trabajo notificará de éste al empleador, quien dentro del tercer día hábil de su recepción podrá contradecir los hechos alegados por los trabajadores o justificar su decisión en base a un informe técnico. Recibida la contestación del empleador o vencido el término para tal efecto, la Autoridad Administrativa de Trabajo resolverá la impugna­ ción dentro del quinto día hábil, determinando si existe o no justificación para la modificación del horario. La Resolución de primera instancia es apelable dentro del término de tres días hábiles de recibida la notificación. 22. Escoja la respuesta correcta: En una empresa hay tres trabajadores que laboran un mes en horario diurno y un mes en horario nocturno. Sus remuneracio­ nes básicas son: Jorge: SI. 1,025.00, Juan: S/. 1,200.00 y Javier: S/. 1,500.00. Para efectos de la remuneración en el mes que laboran en horario nocturno:

a. A todos se les debe incrementar por el mes que laboran en ho­ rario nocturno un equivalente al 35%. b. Solo se le debe incrementar en 35% a Jorge porque él gana la remuneración mínima legal. c. Se le incrementará a Jorge 35%. En el caso de Juan y Javier solo se les incrementaría, si fuera el caso, un monto equivalente a la remuneración mínima legal más el 35%, menos la remunera­ ción básica que persiguen. d. Como se trata de tumos rotativos, no les corresponde la sobre­ tasa del 35%.

Respuesta: c

23. Escoja la respuesta correcta:

I.

Es indispensable que la voluntad del empleador se exprese de manera indubitable para considerar que está de acuerdo con la realización de horas extras.

II. La ley establece dos formas de calcular la tasa aplicable por ho­ ras extras, considerando las horas extras trabajadas de manera diaria o semanal. 439

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 31 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

III. Al igual que los trabajadores de dirección el personal de confian­ za, en ningún caso, no está sujeto a la jornada máxima.

a. b. c. d.

I y II son correctas. Solo I es correcta. Solo II es correcta. Solo III es correcta.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 24. Escoja la respuesta correcta:

Los denominados feriados públicos son una modificación tempo­ ral de la jornada de trabajo semanal.

I.

II. El trabajador tiene derecho como máximo a 24 horas consecuti­ vas de descanso en cada semana. III. Todos los feriados tienen igual tratamiento cuando caen en el día del descanso semanal.

a. b. c. d.

I y II son correctas. Solo I es correcta. Solo II es correcta. Solo III es correcta.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

Vale precisar que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno. Los feriados son descan­ sos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas.

25. Escoja la respuesta correcta Un trabajador ingresó a laborar el 1 de enero del 2019. Laboró to­ dos los días hábiles durante ese año. Del 16 de marzo al 30 de marzo de 2020 gozó del descanso vacacional. Del 1 de mayo al 15 de junio del 2021 gozó nuevamente vacaciones: 15 días del primer año y los 30 del segundo año. Elija la respuesta correcta:

a. El trabajador podría reclamar el pago de la indemnización por falta de goce vacacional del primer periodo equivalente a 30 días porque no lo disfruto totalmente en su momento. 440

PRUEBA E

b. El trabajador no podría reclamar nada porque en dos años ha gozado 60 días de vacaciones. c. El trabajador no podría reclamar nada porque ha gozado 15 días del primer año de manera oportuna por lo que ya no le correspondía el pago de la indemnización. d. El trabajador podría reclamar la indemnización por los 15 días del primer año no gozado oportunamente.

Respuesta: d En nuestro ordenamiento jurídico no existe una norma que establezca una definición total del concepto “beneficios sociales”; sin embargo, el se men­ ciona en nuestra Constitución y en los mandatos legales más empleados. Ante esto, la doctrina ha tratado de enrumbar el significado de benefi­ cios sociales. Tal como lo plantea el jurista Arce, estos beneficios aluden a «las percepciones otorgadas por ley, cuyo objeto no es el de retribuir la prestación de servicios del trabajador, sino el de asegurar su inclusión social así como el de su familia». Ambas definiciones suponen el mandato constitucional hacia el Esta­ do para que garantice un bienestar social para el trabajador como para su familia. Caso concreto y a modo de ejemplo son la existencia de un monto dinerario asignado para gastos familiares (asignación familiar). Así, el artículo 24 de la Constitución establece una regulación del sa­ lario, mediante la creación de beneficios sociales en una herramienta auténtica de satisfacción generalizada de las necesidades humanas fun­ damentales. En ese sentido, dentro de esta definición, encontraríamos en nuestra legislación una serie de montos a pagar al trabajador por su relación laboral: la asignación familiar, mediante la Ley 25129; participación en las utilidades, mediante el Decreto Legislativo 677; compensación por tiempo de servicios, Decreto Legislativo 650; seguro de vida, Decreto Legislativo 688. 26. Escoja la respuesta correcta:

I.

El trabajador puede acordar con el empleador que la vigencia de un convenio colectivo que contiene un mayor beneficio sea diferi­ da para él.

II. Se debe distinguir la vigencia del instrumento convenio colectivo de las cláusulas de un convenio colectivo. Estas últimas pueden durar menos, igual o más que la vigencia de aquél. __________________________________________________________________________________________ 441

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

III. El carácter permanente de una cláusula de un convenio colectivo significa que las partes no pueden modificarla hasta que una ley específica lo permita.

a. b. c. d.

I y II son correctas. Solo I es correcta. Solo II es correcta. Solo III es correcta.

Respuesta: c El contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo (CCT) o convención colectiva de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una orga­ nización o varias representativas de los mismos. También, en caso que no exista un sindicato, puede ser celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional. El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la relación laboral (sala­ rios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las catego­ rías profesionales), así como determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes sindicales, etc.).

27. Escoja la respuesta correcta:

LEGALES EDICIONES

I.

El deber de paz implica que una de las partes, por su sola deci­ sión, no puede iniciar un proceso de negociación colectiva mien­ tras un convenio colectivo esté vigente, y que la otra parte puede negarse a negociar sin afectar la obligación de negociar de bue­ na fe.

II. La negociación colectiva in pejus se puede realizar siempre que las partes estén de acuerdo con modificar un acuerdo o laudo vi­ gente.

III. En caso de fusión de empresas, los convenios colectivos vigentes se suman creándose uno nuevo. a. b. c. d. 442

I y II son correctas. I y III son correctas. Solo I es correcta. Solo II es correcta.

PRUEBA E

Respuesta: a La negociación colectiva es un derecho fundamental, firmemente sus­ tentado en la Constitución de la Organización Internacional del Tra­ bajo y reafirmado en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo que la Organización adoptó en 1998. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diá­ logo social, a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo ade­ cuadas; además, constituye la base del mantenimiento de buenas rela­ ciones laborales. Entre las cuestiones que se abordan habitualmente en los programas de negociación figuran los salarios, el tiempo de trabajo, la formación y capacitación profesional, la seguridad y la salud en el trabajo, y la igualdad de trato. El objetivo de la negociación colectiva es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores. En los convenios colectivos también se pueden regular los derechos y responsabilidades de las partes en la relación de empleo, lo que permite asegurar que en las industrias y lugares de trabajo imperen condi­ ciones armoniosas y productivas. Además, potenciar el carácter inclusivo de la negociación colectiva y los convenios colectivos es un medio esencial para reducir la desigualdad y ampliar el ámbito de la protección laboral.

28.Señale la respuesta correcta: I.

El despido indirecto es una renuncia causada en un acto lesivo del empleador.

II. El trabajador tiene que renunciar con una anticipación de 30 días a la fecha de término de la relación y no puede renunciar con un plazo mayor.

III. La jubilación en todos los casos es por decisión del trabajador. a. b. c. d.

Solo 1. Solo II. Solo III. I y II.

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Respuesta: a El despido indirecto: la razón por la que se le denomina “indirecto” se debe a que es el trabajador quien tiene la decisión de interrumpir el vínculo laboral con el empleador, siempre que el empleador haya incurrido en causa de hostilidad laboral y no haya rectificado su conducta. __________________________________________________________________________________________ 443

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

29.Señale la respuesta correcta:

I.

La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico, en puridad, no es una causal de despido por capacidad sino de conducta: resistirse a someterse a los exámenes o no cumplir con las medidas profilácticas o curativas.

II. En la jubilación a los 70 años de edad, en la normativa privada, no se requiere la expresión de voluntad de ninguna de las partes, sino que opera automáticamente. III. El preaviso de 30 días en el caso de la renuncia es un límite a un derecho constitucional, pero que se explica por bienes que tam­ bién son protegidos.

a. b. c. d.

I y II. II y III. Solo 1. lylll.

Debemos entender que el listado de causales para despedir por la capa­ cidad al trabajador es restrictiva y taxativa, a) Deficiencias físicas, inte­ lectuales, mentales o sensoriales: La primera causal establecida corres­ ponde a las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales. 30. Señale la respuesta correcta:

I.

El TC ha introducido el concepto de cese colectivo escalonado, para lo cual debe considerarse un tiempo medianamente prolon­ gado para verificar si hay un cese colectivo escalonado.

LEGALES EDICIONES

II. El acuerdo al que llegan los trabajadores y empleadores en el ini­ cio del procedimiento del cese colectivo siempre es un convenio colectivo. III. La ley no contempla una acción equivalente a la impugnación del despido individual arbitrario en el caso de un despido colectivo.

a. b. c. d.

lyll. II y III. Solo 1. ly HI.

Respuesta: d Las causas para que se produzca un cese colectivo en el Perú están esti­ puladas en el artículo 46o del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley 444

PRUEBA E

de Productividad y Competitividad Laboral, delimitadas básicamente en cuatro grupos de causas objetivas de terminación de la relación de traba­ jo: el caso fortuito y la fuerza mayor; los motivos económicos, tecnológi­ cos, estructurales o análogos; la disolución y liquidación de la empresa, y la quiebra; y la reestructuración patrimonial sujeta al Decreto Legisla­ tivo N° 845. La aprobación por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo de una solicitud basada en causa objetiva dependerá de que el empleador no sólo acredite y cumpla con todos los requisitos contenidos en el artículo 48o de la LPCL, sino que deberá sustentar adecuadamente los hechos que fundamentan la medida. Jorge Toyama señala que: “los ceses por iniciativa de la empresa deben cumplir con requisitos de causa y forma previstos legalmente (...) Los ceses colectivos requieren además de una causa (situaciones económicas, tecnológicas, un desastre natural, etc.) una aprobación del Ministerio de Trabajo (cese por causas objeti­ vas) y debe comprender, como mínimo, al 10% del personal.”

31.Señale la afirmación correcta: I.

La extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso for­ tuito no requiere de la voluntad del empleador.

II. La diferencia más importante entre las causas objetivas y el des­ pido individual no es el número de trabajadores involucrados sino el origen de la causa.

III. Una empresa sujeta a reestructuración puede despedir a los tra­ bajadores una vez nombrado el administrador, para lo cual basta enviarle una comunicación notarial con 10 días de anticipación. a. b. c. d.

I y II. 11 y 111. Solo II. Solo III.

Respuesta: c Cuando una empresa decide dejar de tener en su plantilla a un trabaja­ dor, y alega causas objetivas, no se presume mala fe por ninguna de las dos partes. El despido objetivo ocurre si no hay más remedio que extin­ guir uno (despido objetivo individual) o varios contratos. 32.¿Cuáles de estas son causales de nulidad de despido? I.

Discriminación por discapacidad.

II. Discriminación por edad.

III. Discriminación por condición económica. ___________________________________________________________________________________________ 445

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. b. c. d.

Todas. Ninguna. Solo 1. Solo III.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a El despido es el ejercicio de la facultad del empleador de dar por ter­ minada la relación laboral que mantiene con determinado trabajador. Sin embargo, frente a esta facultad se erige la garantía de la estabilidad laboral, toda vez que, en último término, esta se concibió para limitar o restringir dicha facultad, de modo que solo pueda ejercerse cuan­ do medie causa justificada. El modelo de estabilidad laboral vigente en un ordenamiento dependerá de la forma de protección establecida frente a un despido injustificado. Así, si bien se establece una restric­ ción a la facultad extintiva del empleador, a la misma vez se prevé un mecanismo de reparación cuando esta se ejerza sin mediar causa justificada. De esta forma, corresponderá a un modelo de estabilidad laboral absolu­ ta cuando se sancione la nulidad del despido injustificado y se disponga la reposición del trabajador (tutela restitutoria); por otro lado, calificará como un modelo de estabilidad laboral relativa cuando los mecanismos de reparación incluyan el pago de un resarcimiento económico (tutela resarcitoria) y no la reposición del trabajador. Ermida Uñarte (1983) señala que esta última categoría se puede subdi­ vidir en estabilidad laboral relativa propia e impropia. En la primera, se declarará la nulidad del despido injustificado, pero no se ordena la repo­ sición real del trabajador, sino más bien una reposición ficta y el pago de los beneficios laborales correspondientes. Para este autor, en la segunda, el despido injustificado producirá efectos, pero se sanciona con el pago de una indemnización. En nuestro ordenamiento no se ha establecido la figura de la reposición ficta. El modelo de estabilidad laboral en nuestro país está condicionado a ciertos requisitos de orden legal. Así, aquel trabajador que ha supera­ do el periodo de prueba legal y, en promedio, cumpla con una jornada diaria superior a cuatro horas para un mismo empleador, solo podrá ser despedido por causa justa prevista en la ley que se encuentre debida­ mente acreditada enjuicio (art. 22 LPCL). El régimen opera bajo un modelo mixto de estabilidad laboral, pues, para algunos supuestos se ordena la reposición en el empleo y, para otros, el pago de la indemnización. No obstante, debido a diversos crite­ 446

PRUEBA E

rios jurisprudenciales nuestro ordenamiento ha ido retornando a un es­ quema de estabilidad laboral absoluta, contrario al previsto por la LPCL. En efecto, y como hemos señalado en otro lugar (Ferro Delgado, 2012), la forma de tutela restitutoria frente al despido injustificado se limitó en la LPCL a los supuestos de despidos discriminatorios a través de la calificación de la nulidad del despido mediante la justicia ordinaria. En cambio, a todas las demás formas de extinción injustificada de la re­ lación laboral les correspondía el pago de una indemnización tarifada que reparaba todos los daños generados a consecuencia del despido. De esta forma, la LPCL optó por un esquema de estabilidad laboral relativa, mientras que la estabilidad laboral absoluta quedó reservada para despi­ dos particularmente odiosos. Dicho régimen resultaba consistente con la Constitución de 1993, cuyo artículo 27 estableció expresamente que la forma de reparación frente al despido injustificado o arbitrario tendría que ser establecida por ley. Así, se otorgó una reserva legal al legislador para que este sea quien determine cuál sería la «adecuada protección frente al despido arbitrario». Cabe destacar que múltiples instrumentos internaciona­ les han reconocido el derecho al trabajo, pero no necesariamente han previsto que la reposición sea la única forma de reparación frente al despido injustificado. Más aún, el modelo previsto en la LPCL resul­ taba acorde a lo previsto en el Protocolo Adicional en Materia de De­ rechos Económicos Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). En efecto, en el inciso d) del artículo 7 del Protocolo de San Salvador se reconoció el derecho a que los trabajadores tengan estabilidad en sus empleos y se dejó a criterio de cada legislación establecer la read­ misión, el pago de una indemnización frente al despido injustificado u otra forma de reparación. Esta disposición resulta y resultaba de plena y absoluta aplicación en nuestro ordenamiento, en atención a lo previsto en el artículo 55 de nuestra Constitución. Por consiguiente, cualquier análisis al modelo de estabilidad laboral vigente en el Perú debía examinarse en función de lo previsto en la LPCL y el Protocolo de San Salvador. En tal virtud, en nuestra opinión, el modelo de estabilidad laboral mixta resultaba compatible con los lincamientos y obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano con ocasión de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Protocolo de San Salvador. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, este modelo fue trastocado en el año 2002, a partir de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional, cuando este procedió a declarar que el despido ad __________________________________________________________________________________________ 447

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LEGALES EDICIONES

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

nutum o incausado seguido del pago de la indemnización respectiva constituía una clara infracción al derecho constitucional al trabajo. Jus­ tamente, con fecha n de setiembre de 2002, el TC expide la sentencia recaída en el caso de la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (FETRATEL), expediente 1124-2001-AA/TC, en el que determinó la incompatibilidad del despido incausado seguido del pago de la in­ demnización respectiva. Así, el TC estimó que el derecho constitucional a la adecuada protección contra el despido arbitrario queda vaciado de contenido cuando se permite un despido sin expresión de causa seguido del pago de la indemnización, y por ende determinó la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 4 de la LPCL. El TC en este caso acotó que el derecho al trabajo comprendía el derecho a no ser despedido si no es por justa causa; y que el criterio adoptado permitía que se instaure un nivel de protección superior al consagrado en el inciso d) del artículo 7 del Protocolo de San Salvador. Por nuestra parte, estimamos que señalar que la indicada inconstitucionalidad se basa en la afectación del derecho al trabajo resulta controver­ sia!. Consideramos así que el TC debió efectuar un control de convencionalidad del modelo vigente en el Perú, esto es, analizar las normas jurídicas internas que regulaban las formas de reparación frente al des­ pido y las disposiciones del Protocolo de San Salvador. El control arrojó como resultado que el modelo de protección previsto en la ley resultaba compatible con lo establecido en la normativa internacional. A pesar de ello, el criterio del TC se ha consolidado hasta el día de hoy. El TC también ha establecido una nueva tipología de despidos. Hasta el año 2002, los despidos se calificaban en la ley como despidos nulos o despidos arbitrarios. Esta última categoría comprendía los despidos sin causa (incausados) y aquellos despidos con causa no demostrada en juicio. Empero, con la sentencia recaída en el expediente 976-2001AA/TC, caso Eusebio Llanos Huasco, se incorporó una tercera catego­ ría, a la que denominó «despido fraudulento». Este se produce cuando “[...] se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de la causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad [...] o se produce la extinción de la relación labo­ ral con vicio de la voluntad [...] o mediante la fabricación de pruebas (F.J. 15 de la STC 976-2001-AA/TC).” 448

PRUEBA E

En un primer momento, esta nueva categorización de los despidos en incausados, nulos y fraudulentos tenía utilidad para determinar la proce­ dencia de los procesos de amparo en materia de impugnación de despido. Ello fue así definido en la sentencia recaída en el proceso de César Baylón Flores, expediente 206-2005-PA/TC, en el cual se dictó, como precedente de observancia obligatoria, que solo procedía el amparo en dichos su­ puestos siempre y cuando no existieran otras vías igualmente satisfac­ torias para la tutela del derecho, y no existieran hechos controvertidos; o cuando, existiendo duda sobre los hechos, se requiera la actuación de medios probatorios para la determinación de la veracidad, falsedad o la adecuada calificación de la imputación de la causa justa de despido. Si bien a partir del precedente vinculante del caso Baylón los presuntos des­ pidos fraudulentos solo se discutían en sede constitucional, lo exacto es que, en función de lo acordado en el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral se estableció que, como resultado de la vigencia de la Ley procesal del trabajo, ley 26636, este tipo de despidos sean examinados en la justicia laboral ordinaria. De esta manera, si hace una década se podía clasi­ ficar los despidos en función a la sede en la que serían impugnados, hoy en día todos los despidos -nulos, incausados, fraudulentos y arbitrarios (con causa no probada en juicio)- se discuten ante la justicia laboral ordinaria. 33.Señale la afirmación correcta:

I.

El contrato de trabajo intermitente debe durar únicamente un pla­ zo máximo de cinco años.

II. El empleador nunca tiene la posibilidad de elegir entre contratar a un trabajador a tiempo indeterminado o a sujeto a modalidad.

III. Nuestra legislación opta expresamente y como única opción por señalar que en el contrato intermitente los periodos en los que no se presta el servicio son de suspensión del contrato. a. b. c. d.

Todas son correctas. Ninguna es correcta. I y II son correctas. I*y III son correctas.

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Respuesta: b El contrato intermitente es celebrado con el objeto de cubrir las necesidades de las actividades de la empresa, que por su naturaleza son permanenies pero discontinuas, pues la actividad laboral se ve interrumpida por factores propios de su naturaleza. Dentro de ese contexto, no se encuentra

_________________________________________________________ 449

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

sujeto al plazo máximo de cinco años, previsto en el artículo 74o del Texto Ünico Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

34.Señale la afirmación correcta: I.

El contrato de emergencia cubre casos como el incremento de la producción como consecuencia de un desastre natural.

II. El contrato de suplencia tiene un límite de dos años.

III. De acuerdo a las resoluciones de casación de la Corte Suprema los contratos sujetos a modalidad por obra determinada o servi­ cios específicos no pueden durar más de cinco años. a. b. c. d.

Todas son correctas. Ninguna es correcta. Solo I es correcta. Solo II es correcta.

Respuesta: b Se deduce entonces que el contrato de emergencia se celebrará única­ mente cuando se produzca un caso fortuito o por fuerza mayor. En tal sentido, en el referido contrato de trabajo se debe especificar la causa objetiva que justifique una contratación temporal, debiendo precisarse los hechos que se consideren como caso fortuito o fuerza mayor que justifiquen dicho tipo de contratación modal, pues, de lo contrario, se concluiría que dicho contrato habría sido simulado y, por ende, desna­ turalizado. (Expediente 00793-2021-0-1501-JR-LA-03)

35.Señale la afirmación correcta:

LEGALES EDICIONES

I.

En los contratos sujetos a modalidad no hay periodo de prueba por la duración del contrato.

II. La diferencia entre el contrato de temporada y el intermitente es que el primero se cumple en determinadas épocas del año y el segundo es discontinuo.

III. Las empresas de servicios no pueden bajo ningún concepto con­ tratar a personal bajo contratos sujetos a modalidad. a. b. c. d. 450

Todas son correctas. Ninguna es correcta. Solo I es correcta. Solo II es correcta.

PRUEBA E

Respuesta: d Contrato Intermitente: Se celebra para cubrir necesidades de la empre­ sa, pero que por su naturaleza son permanentes, pero discontinuas. El plazo de duración del contrato dependerá de la actividad que requiera el empleador. El contrato de temporada es aquel celebrado entre un empresario y un trabajador con el objeto de atender necesidades propias del giro de la em­ presa o establecimiento, que se cumplen sólo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en períodos equivalentes en cada ciclo.

36.Señale la afirmación correcta sobre la Ley de Modalidades For­ mativas Laborales: I.

Distingue entre prácticas pre profesionales y prácticas profesio­ nales, siendo las primeras para los estudiantes y la segunda para los egresados.

II. En todas las modalidades formativas la subvención mínima es una remuneración mínima

III. En todas las modalidades formativas el plazo máximo es de 12 meses, con posibilidades de prorrogar a 24 meses. a. b. c. d.

I y II. II y III. Solo I es correcta. Solo II es correcta.

Respuesta: c

37 .Marque la opción correcta:

I.

La ventaja patrimonial no es un elemento del concepto de la re­ muneración.

II

. Existen conceptos que son remunerativos pero que la legislación les da el trato de no remunerativos.

II

I. La alimentación principal y las prestaciones alimentarias de sumi­ nistro indirecto están sujetas al cálculo de aportes y contribuciones. 451

LEGALES EDICIONES

Los practicantes pre profesionales, son estudiantes que son contratados por una empresa para que presten servicios, mientras estos continúan estudiando. En las prácticas pre profesionales, se cuenta con el acuerdo de tres par­ tes: el practicante, el centro de formación y la organización.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. b. c. d.

Solo 1. Solo II. Solo III. I y III.

Respuesta: b Se entiende por Conceptos Remunerativos, a todo ingreso percibido por el trabajador, con motivo de su actividad personal en relación de depen­ dencia, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, gratificaciones, etc.

38 .En teoría impugnatoria, la extensión del efecto devolutivo está re­ ferida a: a. El objeto litigioso del recurso (principio de limitación y de con­ gruencia). b. La facultad del Ad-quem de apreciar cuestiones que dejaron de ser examinadas a pesar de haberse suscitado. c. Los sujetos procesales a quienes alcanza el recurso. d. La determinación de los efectos con los que se concede el recurso.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a La vigente norma procesal penal ha determinado los siguientes recursos impúgnatenos, en cuanto a su efecto: Con efecto devolutivo, es decir que solo aquello que ha sido apelado va al superior; mientras tanto lo demás continúa su trámite ante el juez inferior. Devolutivo debe entenderse como puro y simple paso “de cog­ nición del procedimiento del juez a quo al juez ad quem, es decir, se transfiere la cognitio causae a un juez de grado superior. Con el efecto devolutivo del recurso, se parte del hecho de que hay dos instancias procesales y que va a ser el órgano superior, jerárquicamente hablando, el que va a conocer y resolver el recurso, para que una vez resuelto, sea devuelto al juez de primera instancia. Ariano Deho distingue sobre este extremo dos sistemas, a) aquel en el cual la apelación traslada al ad quem el poder de conocer y decidir todo lo que fue conocido y decidido por el a quo (efecto devolutivo pleno); y b) aquel en el que al juez ad quem se le traslada solo el poder de conocer y decidir aquella parte de lo conocido y decidido por el a quo que fue espe­ cíficamente apelado, con la consiguiente prohibición de una reformatio in peius (efecto devolutivo limitado a los extremos efectivamente apelados). 452 __________________________________________________________________________________________

PRUEBA E

39 .Marque la respuesta correcta. Apelada una sentencia: a. La violación de una norma procesal puede generar que una sen­ tencia sea revocada. b. La violación de una norma procesal solo puede originar revoca­ ción de una sentencia. c. La violación de una norma material tiene como consecuencia la anulación de una sentencia. d. La violación de una norma procesal tiene como consecuencia la nulidad de la sentencia o del procedimiento, dependiendo donde se detecte el vicio.

Respuesta: d En principio, violar una norma jurídica implicaría quebrantar el “deber de respetarla”, consiguientemente nos convertimos en transgresores y podríamos estar sometidos a la sanción establecida. La violación absolu­ ta de una norma jurídica se traduce en la ineficacia absoluta para regular las relaciones sociales. 40 . Marque la alternativa correcta sobre los efectos de las excepcio­ nes: a. Efecto perentorio si se trata de una excepción de oscuridad y ambigüedad. b. Efecto perentorio si se trata de falta de legitimidad para obrar del demandado. c. Efecto perentorio si se trata de la excepción de falta de agota­ miento de la vía administrativa. d. Efecto perentorio si se trata de la excepción de falta de capaci­ dad del demandante.

Respuesta: c Perentorio es un adjetivo que permite nombrar al último plazo que se concede o a la resolución final respecto a un asunto. El término, por eso, se utiliza como sinónimo de concluyente, urgente, determinante o apremiante.

453

PRUEBA F

JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 5854-2005PA/TC, dijo: “El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Cons­ titucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurí­ dica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientado­ ras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. Ello Significó: 1. Marque la respuesta incorrecta:

a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompati­ bilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la pri­ mera. d. Dotar a las resoluciones en materia electoral, dictadas en última instancia, por el jurado nacional de elecciones, de fir­ meza. Son inatacables jurisdiccionalmente.

3 Respuesta: d VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos anteriores al dictar sentencia en el Exp. 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. _______________________________________________________________ :___________________________ 455

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

2. Marque la alternativa correcta:

a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por deficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

3. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 0024-2003AI/TC, señalo:” [...] el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla ge­ neral; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homologa”. Siendo este el concepto, señale cuando procede la aplicación del prece­ dente vinculante:

a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Ninguna de las anteriores

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ La Defensa garantiza a las personas el intervenir en todos los proce­ sos en que se ventilan cuestiones concernientes a sus intereses.

4. Marca la respuesta correcta: 456

PRUEBA F

a. Esta garantía constitucional lo que confiere es la posibilidad de intervenir, en los procesos cuya resolución puede afectar a la persona concernida. b. Esta garantía impone a la persona la obligación de intervenir en el proceso. c. Esta garantía impone como modalidad la defensa técnica. d. Esta garantía determina que es imprescindible la presencia del demandado en el proceso civil.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

5. Se considera la Convención Interamericana para Prevenir, San­ cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará” la Carta Magna de las Mujeres Americanas, por­ que: a. Define la violencia física, sexual y psicológica, el ámbito de apli­ cación y sus derechos protegidos. b. Es la Convención a la cual han adherido más países en el mundo, c. Tiene un Mecanismo de Seguimiento o MESECVI. d. Posee Mecanismos internacionales de protección.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

Las condiciones de aplicación de las normas jurídicas en el sistema jurídico peruano son:

6. Marque la opción correcta: a. La localización espacial del contenido. b. Los ámbitos de vigencia espacial y temporal. c. Las circunstancias que deben darse para que se pueda realizar el contenido de la norma. d. Ninguna de las anteriores

Respuesta: b Toda ley tiene un ámbito temporal de vigencia, que significa que la mis­ ma solo produce efectos por un tiempo determinado. La regla general __________________________________________________________________________________________ 457

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

en esta materia es que la norma jurídica se aplica a todos los hechos que se produzcan durante su vigencia. En su lugar, se aplican las leyes del respectivo territorio al que represen­ tan. Relaciones jurídicas En materia de derecho civil, existe una siste­ matización mucho más compleja para regula las relaciones jurídicas en caso se involucre a más de un Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia contenciosa conforme a la Convención Americana, para conocer ca­ sos de violación de las disposiciones contenidas en este instrumento internacional, a fin de determinar la responsabilidad internacional de los siguientes sujetos.

7. Marque la opción correcta: a. De los Estados y personas en general que violen derechos hu­ manos. b. De los Estados partes y jefes de los Estados partes. c. De los Estados partes solamente. d. De los Estados partes en el caso que hayan reconocido o reco­ nozcan la competencia de la Corte, o por declaración especial, o por convención especial

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 10 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ De acuerdo a nuestro sistema jurídico, a diferencia de la jurispruden­ cia, las sentencias normativas deben ser cumplidas por todos los jue­ ces de instancias inferiores de la organización judicial. No se pueden apartar de los criterios de interpretación que en ellas se fije. Solo se puede variar, modificar y/o derogar por el mismo órgano judicial que la emitió. De la lista de opciones.

8. Marque la respuesta correcta:

a. El precedente constitucional previsto en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. b. Los acuerdos plenarios de la Corte Suprema. c. El precedente judicial previsto _en el artículo 400° del Código Procesal Civil. d. Las respuestas a) y c) son correctas 458

PRUEBA F

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 9. La interpretación constitucional (marque la opción correcta):

a. No se distingue del resto de la interpretación jurídica. b. Se distingue del resto de la interpretación jurídica ya que el texto constitucional está compuesto fundamentalmente de principios. c. Se distingue del resto de la interpretación jurídica ya que el intérprete constitucional no cuenta con un marco normativo su­ perior de referencia. d. Las respuestas b) y c) son correctas

Respuesta: d Juan B. Alberdi ha señalado «[...] que la interpretación [...] es el medio para remediar los defectos de la ley. La ley es un Dios mudo: habla por boca del magistrado». El papel de los intérpretes constitucionales con­ siste en declarar el significado y alcance de las normas constitucionales. Tal declaración se efectúa cuando, al percibirse in totum los fenómenos políticos y jurídicos que integran la norma que es objeto de interpreta­ ción, se elige aquel sentido que mejor se adecúe a los valores y fines que por esa norma se intenta consagrar en el seno de la sociedad política. 10. El control de convencionalidad (Marque la opción correcta):

a. Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Hu­ manos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal. b. Es un método de interpretación para conocer el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos. q c. Es una herramienta doctrinaria que se utiliza para compler* mentar los ordenamientos jurídicos de los Estados. d. Es una técnica hermenéutica para mejorar la interpretación O de los derechos humanos Q O

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ __________________________________________________________________________________________ 459

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

11. En teoría impugnatoria, la extensión del efecto devolutivo está re­ ferida a (Marque la opción correcta): a. El objeto litigioso del recurso (principio de limitación y de congruencia). b. La facultad del Ad-quem de apreciar cuestiones que dejaron de ser examinadas a pesar de haberse suscitado. c. Los sujetos procesales a quienes alcanza el recurso. d. La determinación de los efectos con los que se concede el recur­ so.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA E-CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ . . - .

12.El enunciado contenido en el artículo 102 del Código Procesal Ci­ vil: “El demandado que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el de­ recho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domici­ lio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso”. Se refiere a:

a. b. c. d.

Intervención coadyuvante. Intervención litisconsorcial. Denuncia civil. Llamamiento posesorio

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

13 .Marque la respuesta correcta: Apelada una sentencia:

a. La violación de una norma procesal puede generar que una sen­ tencia sea revocada. b. La violación de una norma procesal solo puede originar revoca­ ción de una sentencia. c. La violación de una norma material tiene como consecuencia la anulación de una sentencia. d. La violación de una norma procesal tiene como consecuencia la nulidad de la sentencia o del procedimiento, dependiendo donde se detecte el vicio. 460

PRUEBA F

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 14 .¿Cuál es la finalidad del proceso?

a. Resolver conflictos de intereses e incertidumbres, pero cuando tengan relevancia jurídica. b. Resolver conflictos de intereses que se desprendan de las rela­ ciones jurídicas materiales. c. Proporcionar una declaración de certeza con autoridad de cosa juzgada frente a un conflicto de intereses. d. Reparar los daños ocasionados por un ilícito civil a través de una actuación judicial.

Respuesta: a El proceso jurisdiccional es el mecanismo idóneo para la resolución de los conflictos de la población, pues presenta herramientas eficaces para proteger los intereses de las partes y garantiza efectivamente el debido proceso. Es de especial relevancia (re)definir cuál es el significado o sen­ tido de la protección al debido proceso para fortalecer así el proceso ju­ risdiccional como instrumento que haga cumplir con las exigencias de justicia material que el Estado Social de Derecho nos impone. Mientras el Estado siga pensando que el fin de impartir justicia se alcanza con la des­ congestión de los despachos judiciales, seguiremos alejándonos del ideal de un Estado Social de Derecho, y el poder judicial seguirá perdiendo terreno; pues además de dejar entrever que no es capaz de operar adecua­ damente para cumplir con su deber, los conflictos, como “materia prima” que le compete, le rehúyen por cuenta de la proliferación y obligatoriedad de la utilización de los mecanismos alternos para su resolución.

a. Efecto perentorio si se trata de una excepción de oscuridad y ambigüedad. b. Efecto perentorio si se trata de falta de legitimidad para obrar del demandado. c. Efecto perentorio si se trata de la excepción de falta de agota­ miento de la vía administrativa. d. Efecto perentorio si se trata de la excepción de falta de falta de capacidad del demandante. 461

LEGALES EDICIONES

15 . Marque la alternativa correcta sobre los efectos de las excepciones:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: c VER PREGUNTAN0 40 DE LA PRUEBA E-CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 16 . Las medidas cautelares de futura ejecución forzada, innovativas y de no innovar se diferencian por:

a. b. c. d.

El grado de verosimilitud del derecho. El grado de peligro en la demora. El grado de adecuación. El grado de contracautela

Respuesta: b Periculum in mora: Peligro en la mora. Uno de los elementos a consi­ derar en la decisión de medidas cautelares, y que consiste en tomar en cuenta el riesgo que se tiene al retrasar o no tomar la decisión cautelar. Ejemplo: “Ante la ruindad del edificio, se tomó la decisión de desocupar­ lo ante el periculum in mora de continuar habitándolo”. 17 .Los efectos de las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y de cosa juzgada son, respectivamente:

a. b. c. d.

Dilatoria y perentoria simple. Perentoria simple y perentoria compleja. Perentoria simple para ambas. Dilatoria y perentoria compleja

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

Hoy, reivindicando la acepción literal, una excepción será dilatoria cuando al ser amparada determine que el juez -en la misma resolución en que funda la excepción- le conceda al demandante un plazo para que subsane el defecto advertido en la excepción interpuesta. Es el caso, por ejemplo, de las excepciones de representación defectuosa o insuficiente del demandante o la de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Por cierto, si venciera el plazo concedi­ do sin que se subsane el defecto advertido, el juez declarará la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. Por otro lado, las excepciones serán perentorias cuando al ser ampara­ das producen el efecto de dar por concluido el proceso. Sin embargo, es­ tas excepciones con efecto perentorio admiten una subclasificación. Así, 462

PRUEBA F

serán perentorias simples cuando sólo afectan el curso del proceso en donde han sido amparadas, pero no tocan siquiera la pretensión del de­ mandante, quien podrá intentarla nuevamente en un nuevo proceso en donde no cometerá el error que le costó la conclusión del anterior. Es el caso de las excepciones de incompetencia, representación defectuosa del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, entre otras. Las excepciones perentorias complejas, al igual que las simples, acaban con el proceso en donde han sido amparadas, sin embargo, en el caso de éstas, adicionalmente ratifican la imposibilidad jurídica de que el demandante pueda intentar exigir la misma pretensión contra el mismo demandado en otro proceso. No es que las perentorias complejas afecten la pretensión, lo que pasa es que ésta ya se vio afectada antes del amparo de la excepción, lo que ocurre es que al declararse fundada una perentoria compleja se hace evidente, por así decirlo, la afectación definitiva de la pretensión. Este es el caso de las excepciones de desistimiento de la pretensión, cosa juzgada, conclusión por conciliación o transacción, entre otras. (ídem) En conclusión, las excepciones que pueda interponer el demandado en caso de ser dilatorias admitirán la subsanación del defecto por el de­ mandante pero de ser perentorias darán por concluido el proceso. Si son perentorias simples dan por concluido el proceso pero el demandante podrá volver a interponer la misma pretensión en un proceso distinto, en cambio de ser perentorias complejas imposibilitará indefinidamente al demandante de interponer la susodicha pretensión.

18 .Marque la afirmación correcta sobre el recurso de casación: a. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma procesal, la sala deberá revocar la sentencia de segundo grado. b. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma procesal, la sala deberá anular la sentencia de segundo grado. c. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma procesal, la sala podrá anular o revocar la sentencia según sea el caso. d. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma material, la sala deberá anular la sentencia de segundo grado.

Respuesta: c En el derecho romano, durante la época republicana, no se concebía que una sentencia fuese cuestionada mediante alguna impugnación. Sin embargo, se admitía solicitar su nulidad por violaciones formales cuya _________________________________________________________ 463

ü o O z: S? ± n

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

consecuencia era declarar dicha sentencia como inexistente, pues dicho vicio evidenciaba una injusticia que afectaba a la parte, pero sobre todo a la ley. Más tarde, en la época del imperio romano, se clasificó los vicios de las sentencias en i) vicios de formalidad procesal o errores in procedendo y ii) vicios de razonamiento del juzgador o errores in indicando. El recurso de casación es un recurso supremo y extraordinario dirigido a la máxima jerarquía del Poder Judicial contra las resoluciones del ór­ gano jurisdiccional en grado inmediatamente inferior, de manera que sean declaradas nulas, se modifiquen o se vuelvan a dictar. Su finalidad es conservar la unidad de criterio jurisprudencial, preser­ var la seguridad jurídica y enmendar el criterio errado del juzgador que podría ser replicado por otro en algún caso similar. De esta manera, se satisface el interés casacional, entendido como aquello que trasciende al interés de las partes y, por ello, la casación no es una tercera instancia, sino un recurso excepcional. 19 . Marque la opción que contiene pretensiones correctamente acu­ muladas:

a. Pretensión principal de nulidad de acto jurídico y pretensión subordinada de ineficacia de acto jurídico. b. Pretensión principal de obligación de dar suma de dinero y pre­ tensión subordinada de desalojo. c. Pretensión principal de designación de apoyo y pretensión al­ ternativa de alimentos. d. Pretensión principal de mejor derecho de propiedad y preten­ sión accesoria de reivindicación.

Respuesta: a LEGALES EDICIONES

De acuerdo con el artículo 83 del Código Procesal Civil tenemos que: “Artículo 83.- Pluralidad de pretensiones y personas En un proceso pueden haber más de una pretensión, o más de dos per­ sonas. La primera es una acumulación objetiva y la segunda una acumu­ lación subjetiva. La acumulación objetiva y la subjetiva pueden ser originarias o sucesi­ vas, según se propongan en la demanda o después de iniciado el proceso, respectivamente. La norma regula el llamado proceso acumulativo o por acumulación que se define como aquel que sirve para la satisfacción de dos o más pre­ 464

PRUEBA F

465

LEGALES EDICIONES

tensiones (acumulación objetiva); en un proceso se puede reunir los si­ guientes petitorios: resolución de contrato, devolución de bien y entrega de frutos, a fin de que en una sentencia se defina la pretensión. La acu­ mulación no es un concepto estrictamente procesal sino procedimental. En este caso se hace alusión un contrato de compraventa (de prestacio­ nes recíprocas) en el que una de las partes, debido a un incumplimiento de la otra solicita su resolución. Pero esta no es su única pretensión, sino que también plantea al mismo tiempos dos pretensiones más: la devo­ lución del inmueble y la entrega de los provechos económicos que haya producido (frutos). Por otro lado, cuando en un proceso hay más de dos personas, es decir, cuando en posición de parte hay más de una persona, estamos ante una acumulación subjetiva. Por ejemplo, cuando se interpone una demanda reivindicatoría dirigida contra dos condominos. Doctrinalmente se conoce a la acción reivindicatoría como aquella in­ terpuesta por el propietario no poseedor contra el poseedor no pro­ pietario. En esa línea, dentro de una acumulación subjetiva habría una parte compuesta por una persona (propietario no poseedor) y otra par­ te compuesta por dos personas, dos condominos, en la que el deman­ dante les exige que le restituyan la parte del bien que están poseyen­ do sin título o injustamente en el marco de una copropiedad, es decir, donde existen diversos propietarios sobre un mismo bien dividido en cuotas ideales. Esta acumulación puede ser, a su vez, activa, pasiva o mixta, dependien­ do que la presencia de más de una persona se dé en calidad de parte demandante, demandada o en ambas, respectivamente. Si bien se trata de casos singulares, también es posible que un proceso contenga una acumulación objetiva-subjetiva. Es decir, más de una pretensión y más de dos personas. Las modalidades de la acumulación, en atención a la oportunidad de su aparición, pueden ser originaria y sucesiva. Si las pretensiones se propo­ nen conjuntamente desde el comienzo del proceso (generalmente en la demanda) son originarias, pero si durante el transcurso del proceso, a la pretensión originaria se agregan o incorporan otra u otras, estaremos ante pretensiones sucesivas o sobrevenidas. La originaria con la interpo­ sición de la demanda y sucesiva, luego de esta. La pretensión es aquel pedido que solicita el demandante en el marco de un proceso judicial. Cuando son varias las pretensiones formuladas es posible acumularlas siempre y cuando exista conexidad, es decir, ele­ mentos comunes o afines entre ellas. ¿Cómo se determina la conexidad

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entre las pretensiones? Los criterios son elaborados por la doctrina y la jurisprudencia. La pretensión subordinada opera por defecto o rechazo de la pretensión principal. Debiendo el juez pronunciarse sobre la segunda (subordina­ da) solo cuando rechace la primera (principal). En el caso de la pretensión alternativa el juez deberá pronunciarse sobre ambas pretensiones, es decir, tanto la principal como la alternativa y de ampararse las dos quedará a elección del demandado cual cumplir. Las pretensiones accesorias correrán la misma suerte de la pretensión principal. De ser amparada la prestación principal lo serán también las pretensiones accesorias y viceversa, de no ser amparada la prestación principal tampoco lo serán las accesorias.

20 .Marque la afirmación correcta: a. La resolución que rechaza el pedido de acumulación de proce­ sos es apelable con efecto suspensivo. b. La acumulación de procesos siempre debe efectuarse a pedido de parte, no procede la acumulación de oficio. c. La acumulación sucesiva de procesos debe pedirse antes que uno de ellos sea sentenciado. d. No puede existir acumulación de procesos con desacumulación en el trámite de los mismos.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

Se produce acumulación sucesiva de procesos, cuando dos o más pre­ tensiones intentadas en procesos distintos, se reúnen en uno solo, por existir conexidad entre dichas pretensiones. El pedido de acumulación de procesos, puede hacerse, ante cualquiera de los jueces, que tramitan los procesos.

21 .Marque la afirmación correcta: a. La intervención del excluyente no suspende la expedición de la sentencia. b. La intervención coadyuvante procede incluso en segundo gra­ do. c. La intervención excluyente puede darse incluso en segundo grado. d. La intervención del excluyente suspende el proceso. 466

PRUEBA F

Respuesta: b

_____________________________________________________________________________________ 467

LEGALES EDICIONES

De acuerdo con el artículo 97 del Código Procesal Civil, se tiene que: “Artículo 97.- Intervención coadyuvante Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el pro­ ceso como coadyuvante de ella. Esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda instancia.” El coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposi­ ción a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido. El coadyuvante constituye un sujeto ajeno al proceso (hasta ese mo­ mento) que pretende su incorporación en el proceso para colaborar con la victoria de una de las partes. El presupuesto necesario para admitir su incorporación lo constituye que tenga interés tangencial de no sufrir los efectos reflejos de la sentencia que se dicte debido a que la derrota procesal de una de las partes le puede generar un perjuicio jurídico. Es decir, el coadyuvante es aquel sujeto a quien la resolución de una controversia jurídica entre dos partes pueda afectarle negativamente si la parte demandada, que es su deudora, es vencida en un juicio distinto. Ponemos el siguiente ejemplo propuesto por Monroy Gálvez: Francisco es acreedor de Jorge. Este ha sido demandado por Patricio res­ pecto de la propiedad de un inmueble que siempre se consideró de pro­ piedad de Jorge. El proceso en donde se discute la propiedad avanza y Francisco advierte que la defensa y estrategia procesal de Jorge no es bue­ na. Dado que el citado inmueble constituye el bien más importante del pa­ trimonio de Jorge, al punto que si lo pierde la posibilidad de que Francisco cobre su acreencia se tornaría remota, éste decide intervenir en el proceso sobre reivindicación para colaborar con la posición defendida por Jorge. Esta intervención de Francisco para defender la posición de Jorge en la de­ manda interpuesta por Patricio, es un caso de intervención coadyuvante. Adviértase que la relación de Francisco con el tema discutido -la propie­ dad del inmueble- es inexistente, sin embargo, su interés futuro por tener un bien que responda por su acreencia, le otorga legitimidad para partici­ par en el proceso y coadyuvar a la posición jurídica defendida por Jorge. Aquí se presenta la figura de la acción subrogatoria es decir, aquel me­ canismo de defensa con el que cuentan los acreedores de una relación obligatoria que se activa ante la desidia, desinterés, despreocupación

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del deudor de reclamar algún bien, derecho o dinero con el que pueda incrementar su patrimonio, y así hacer posible el cumplimento de sus obligaciones frente a su acreedor. 22 .Marque la afirmación correcta:

a. Se puede acumular en vía de reconvención la pretensión de prescripción adquisitiva al proceso de desalojo. b. La falta de correr traslado del escrito de absolución de excepcio­ nes constituye una infracción al debido proceso que genera la nulidad del procedimiento. c. No se puede discutir en un proceso sumario de desalojo el de­ recho a la propiedad. d. En el proceso de desalojo el juez se puede pronunciar sobre la validez o invalidez del título posesorio o sobre la prescripción adquisitiva del demandado.

Respuesta: c

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En el proceso sumarísimo la controversia no resulta de vasta compleji­ dad como en el caso de los procesos abreviado y de conocimiento. No obstante lo dicho, ello no implica la restricción del derecho a la defen­ sa como manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ni de las etapas correspondientes a todo proceso. Además podría tratarse también de un caso de urgente atención. En principio, la pretensión en un proceso de desalojo consiste en obte­ ner la restitución y/o devolución de un predio respecto de un sujeto que esté en posesión del bien. Los procesos de desalojo aplicables al caso son: - Desalojo por vencimiento de contrato. - Desalojo por falta de pago. - Desalojo derivado de contrato con cláusula de allanamiento futuro. - Desalojo conforme a lo regulado por el Decreto Legislativo 1177. - Desalojo por ocupación precaria (considerando el IV Pleno Casatorio Civil). No obstante, de la interpretación sistemática del artículo 585 y 596 se colige que los desalojos no solo proceden respecto de los predios sino también de otra clase de bienes muebles e inmuebles. Quien solicita el desalojo por cualquiera de las siguientes causales: por vencimiento de contrato; derivado de contrato con cláusula de allana­ miento futuro; de conformidad con lo regulado por el Decreto Legislativo 1177 o por ocupación precaria. Y además acumula como pretensión la 468

PRUEBA F

causal de falta de pago, obtendrá no solo la restitución de la posesión del bien materia de controversia sino además el pago de los arriendos debidos. Otras normas aplicables al desalojo son las relacionadas a los sujetos ac­ tivo y pasivo (586); tercero con título o sin él (587); falta de legitimidad pasiva (588); notificación (589); desalojo accesorio (590); limitación de medios accesorios (591); requerimiento (592); lanzamiento (593); sen­ tencia con condena de futuro (594); pago de mejoras (595); restitución de otros bienes (596).

El artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para declarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221 0 las causales para declarar la de anulabilidad del acto jurídico. Siendo diferentes sus efectos.

23 . Marque la respuesta correcta: a. El acto jurídico anulable nace_ sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado. c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 39 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

24 .La culpa es el fundamento del sistema subjetivo de responsabili­ dad civil, la ausencia de culpa, ¿a quién corresponde probarla?: a. b. c. d.

A la víctima. Al juez. Al autor. Al tercero perjudicado.

Respuesta: c De acuerdo con el artículo 1969 del Código Civil: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.” Los sistemas de responsabilidad civil pueden ser definidos como el conjunto de reglas y principios que justifican la existencia de determinados _________________________________________________________ 469

O

x

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tipos de resarcimientos bajo cánones diferenciados. En primer lugar, existe un sistema de responsabilidad civil derivado del daño del incum­ plimiento de actos y negocios jurídicos unilaterales. Este escenario se puede ejemplificar con los daños generados por la persona que excede sus facultades en el marco de un negocio de apoderamiento. En segundo lugar, existe otro sistema de responsabilidad al que se le de­ nomina sistema de responsabilidad precontractual. Producida la tutela del iter negocial, este sistema no solo abarcaría el nacimiento y ejecu­ ción del negocio sino también la etapa previa de negociación o tratativas, dentro de la cual, por ejemplo, se pueden comprender los siguientes escenarios generadores de responsabilidad: a) el dolo incidental, b) la culpa in contrahendo, c) la ruptura injustificada de tratativas y d) la vio­ lación de deberes precontractuales de contratación. En tercer lugar, tenemos otro posible sistema de responsabilidad civil que se conoce con el nombre de responsabilidad postcontractual. En este sistema, pese a la culminación de un contrato, se encuadran los da­ ños derivados del incumplimiento de aquellas obligaciones que quedan subsistentes al contrato, por ejemplo, las obligaciones de confidenciali­ dad y obligaciones de saneamiento. En cuarto lugar, se encuentra el sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones, también conocido como responsabilidad contractual; esto es, por los daños derivados del incumplimiento de una obligación técni­ camente entendida. Y finalmente podemos mencionar en quinto lugar el sistema de responsabilidad civil extracontractual, en el cual no preexiste ninguna obligación, por lo que abarca los daños derivados de la infracción al deber general de no causar daño a nadie: alterum non laedere. En conclusión, podemos encontrar hasta cinco tipos diferentes de sistemas de responsabilidad civil a lo largo de los diversos artículos de nuestro Có­ digo, sin embargo, el sistema de responsabilidad legislativamente hablando es dual, o sea, tenemos un sistema de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones (llamado contractual) y otro sistema de responsabilidad civil extracontractual (por violar el deber genérico de no dañar a otros).

Mediante carta notarial, Ticio se dirige a Cayo para solicitarle que le restituya el terreno que ocupa de mala fe, y que las construcciones que ha efectuado sobre dicho terreno son de su propiedad. Además, afirma Ticio, el contrato de compraventa que Cayo invocaba como título de propiedad ha sido declarado nulo judicialmente, por cuanto él (Ticio) nunca ha dispuesto de dicho bien. 25. En relación con las construcciones, Ticio tiene derecho a: 470

PRUEBA F

a. b. c. d.

Hacer suyo lo edificado mediante el pago de su valor. Hacer suyo lo edificado mediante la indemnización de los daños. Hacer suyo lo edificado sin la obligación de pagar su valor. Pagar el valor de lo edificado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 39 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 26. La accesión por edificación de mala fe en terreno ajeno confiere al propietario el derecho a:

a. Hacer suyo lo edificado mediante el pago de su valor. b. Hacer suyo lo edificado con la pérdida del derecho a la indem­ nización. c. Exigir la demolición de lo edificado aun si no le causa perjuicio. d. Exigir la demolición de lo edificado si le causa perjuicio.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 40 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ Juan promete vender a Pedro una casa que recibirá como herencia a la muerte de su padre. Ambas partes convienen que el precio sea quinientos mil dólares americanos, que se pagarán así: una inicial de cien mil dólares al momento de firmar el compromiso y el saldo en la fecha del fallecimiento del padre de Juan. 27. Este acuerdo entre Juan y Pedro es:

Una opción válida de compraventa. Un compromiso válido de compraventa. Una compraventa nula. Una compraventa anulable.

Respuesta: c El contrato de compraventa es indiscutiblemente el que tiene mayor im­ portancia entre los de su clase, en primer lugar, porque se trata del contrato tipo de los translativos de dominio y, además, porque constituye la princi­ pal forma moderna de adquisición de riqueza; es decir, tanto en su función jurídica como económica, debe merecer un estudio especial. Como contra­ 471

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

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to tipo de los translativos de dominio, aplicaremos sus reglas principales a la permuta; sufrirán estas modificaciones esenciales en la donación; tam­ bién recurriremos a la compraventa para explicarnos ciertas especialidades del mutuo, de la sociedad, de la transacción y de la renta vitalicia. Efectivamente, el contrato de compraventa reviste tal importancia, pero no solo porque a través de este se transfiere la propiedad sino también porque debido a su riqueza conceptual, modalidades y pactos que lo puedan integrar, toma más tiempo revisarlo, explicarlo y entenderlo a cabalidad en las distintas facultades de derecho de cualquier país. Re­ cordemos que para conocer íntegramente esta institución se tienen que revisar la venta de bien futuro; la venta de esperanza incierta; la venta de bien ajeno; la venta a satisfacción del comprador, a prueba y sobre mues­ tra; la compraventa sobre medida, la compraventa sobre documentos; la compraventa con reserva de propiedad; el pacto de retroventa y el dere­ cho de retracto. Asimismo, el contrato que le sigue en nuestro Código Civil, nos referimos a la permuta, se regirá por sus disposiciones en lo que le resulten aplicables (1603 del CC). Por otra parte, la compraventa constituye el medio primordial de ad­ quirir el dominio. Las formas de adquisición del dominio están repre­ sentadas por el contrato, la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión, la adjudicación y la ley. El contrato es en el derecho moder­ no la forma principal de adquirir el dominio, dentro de grupo de los contratos translativos, y la compraventa es a su vez la figura funda­ mental para adquirir la propiedad dentro de los contratos translativos de dominio. 28. Pueden ser objetos del contrato los bienes:

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a. Presentes y los futuros, incluida una herencia futura. b. Existentes y los que las partes ignoran que han desaparecido al momento de contratar. c. Determinados, los determinables y los indeterminables. d. Que al momento del contrato existen y los que son posibles de existir.

Respuesta: d El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Además, como se indica en el artículo 1403, la obligación objeto del contrato deber ser lícita y posible. La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. 472

PRUEBA F

Marco vende a Cleopatra un inmueble por el precio de un millón de dólares. El contrato lo celebraron el 5 de setiembre de 2016. Ambas partes acuerdan que el vendedor entregará el bien a la compradora el 28 de febrero de 2017 y la compradora, contra entrega del bien, pagará el precio. Llegada esta fecha, ambas partes no ejecutan sus prestaciones. Marco, el 30 de marzo del 2017, sin haber entregado el bien, demanda a la compradora para que le pague el precio. 29. La compradora tiene derecho a:

a. Suspender el pago del precio hasta que se le entregue el inmueble, b. Demandar la entrega del inmueble. c. Requerir al vendedor para que, en el plazo de 15 días, le entre­ gue el bien, bajo apercibimiento de resolución. d. Demandar al vendedor para que le indemnice los daños.

Respuesta: a Con respecto a la prestación a cargo del vendedor, este se obliga a en­ tregar un bien inmueble, verbigracia una casa o un bien mueble, por ejemplo un libro. Con respecto a la prestación a cargo del comprador, este se obliga a pa­ gar un precio en dinero. Como en el caso de la prestación de la contra­ parte, se trata de una obligación con prestación de dar. 30 .El convenio celebrado entre Marco y Cleopatra es un contrato de ejecución:

a. b. c. d.

Inmediata. Diferida. Escalonada. Periódica.

Respuesta: b Contrato de ejecución diferida es el contrato que se considera perfeccionado desde su celebración pero cuya eficacia queda en suspenso o postergada hasta el momento en que sean exigibles los derechos u obligaciones en él contenidas.

Eo ü Q

31 .Patricia arrienda una casa a Belizario para que la destine a vivienda, con una renta mensual de mil dólares americanos, más los " servicios públicos de agua, luz y teléfono, por un plazo de cinco años. Al término de este tiempo, el arrendatario tiene el derecho __________________________________________________________________________________________ 473

§ x *

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de ejercer la opción de compra del inmueble por el precio de cien mil dólares americanos. Las partes declaran que este contrato se rige por el Decreto Legislativo N. ° 1177 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N. ° 017-2015-Vivienda. Este contrato se debe celebrar: a. b. c. d.

Por escritura pública. Por escritura privada. Por escrito en el FUAO e inscripción en el Registro de Predios, En la forma que acuerden las partes.

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Respuesta: c En cuanto al análisis de los subtipos contractuales, cabe indicar, que en el contrato de arrendamiento destinado a vivienda, el arrendador se obliga a ceder temporalmente el uso de un inmueble al arrendatario para que sea utilizado para fines de vivienda, a cambio de una renta por un plazo determinado. La formalidad de dicho negocio la constituyen las firmas legalizadas notarialmente del FUA y el registro en el RAV, debiendo se­ guir la misma formalidad para sus adeudas. En la Cláusula Cuarta del cuerpo reglamentario estandarizado del arrendamiento destinado a vivienda confunde el concepto de objeto y causa del negocio, sin embargo, esta confusión no tendrá incidencia en la regulación, pues al ser un subtipo contractual, se aplica las reglas del tipo contractual que engloba. Lo curioso de la regulación contractual estandarizada es que en la Cláu­ sula Sexta se establece que las cuotas por el concepto de renta, seguro y complementaria son inexorablemente mensuales, lo cual no es necesa­ riamente cierto, pues la periodicidad del arrendamiento es un aspecto que depende de la autonomía privada de las partes. Así pues, los particu­ lares bien podrían establecer períodos semanales o quincenales. En el caso que no se pacte plazo para el contrato de arrendamiento des­ tinado a vivienda, se entenderá que el mismo es de un año, cuyo término inicial se cuenta desde la certificación notarial de las firmas de las partes en el FUA, entendemos que se toma como término inicial dicho evento dado que constituye una fecha cierta. Entre las obligaciones de las partes suscriptoras, resalta la del arrendador consistente en informar al Fondo MIVIVIENDA sobre la morosidad en el pago de la renta y conceptos complementarios del inmueble arrendado, a fin que se actualice el RAV, lo cual tiene lógica pues gracias a la informa­ ción contenida en el RAV la entidad financiera evaluará la pertinencia del otorgamiento del crédito y/u otros servicios al cliente; así como, cumple

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la función de informar a la ciudadanía la situación de morosidad de la persona con la cual eventualmente celebrarían dicho negocio. Entre las obligaciones del arrendatario, destaca la del pago del importe fijado por concepto de garantía por los daños ocasionados al inmueble durante la duración del arrendamiento, el pago de la renta convenida y el pago de los conceptos complementarios, tales como la cuota men­ sual ordinaria de mantenimiento, aquella asignada por servicio de agua, seguro por riesgo de pérdida y otros conceptos según corresponda y la efectuar por cuenta y costo propio los gastos de conservación y de man­ tenimiento ordinarios que sean necesarios para conservar el inmueble en el mismo estado en que fue recibido. Cabe acotar que salvo pacto contrario, el arrendatario no podrá suba­ rrendar el predio. En caso que se pacte la posibilidad de subarrendar el predio, no se le hará extensivo al contrato de subarrendamiento los alcances de este régimen especial. En efecto, en este supuesto, el arrenda­ tario estaría utilizando el inmueble como un instrumento de inversión. Un aspecto importante de la reglamentación del arrendamiento desti­ nado a vivienda es que se debe indicar la cuenta de abono (número, tipo y moneda de la cuenta), en una empresa del sistema financiero autori­ zada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP-SBS en la cual el arrendatario deberá abonar los conceptos precitados. Dicha situación permitirá otorgar mayor formalidad al pago a través de la bancarización, y reducir las posibilidades de contradicción en cuanto el estado de la cuenta de abono o la liquidación del saldo deudor por parte del arrenda­ tario en un posible proceso de ejecución único de desalojo. En este contexto, la falta de pago de la renta por el arrendatario de dos meses consecutivos dentro del plazo contractual y/o la falta de pago de los conceptos complementarios por seis meses consecutivos dentro del plazo contractual constituyen causales de resolución del contrato. Para invocar estas causales de resolución, se requerirá cursar una co­ municación notarial a la parte infiel, adjuntando el estado de la cuenta de abono o la liquidación del saldo deudor. Ambas causales de resolu­ ción, también constituyen causales del inicio de proceso de ejecución único de desalojo. Ahora bien, reviste importancia que hacer notar que el proceso de eje­ cución único de desalojo solamente se puede utilizar por cinco cau­ sales taxativas reguladas en la Cláusula Duodécima; esto quiere decir que por el incumplimiento de cualquier otra obligación que no esté regulada como causal de desalojo se tendrá que utilizar el proceso de desalojo común.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

32.SÍ el arrendatario hace uso de la opción de compra, paga el precio de la opción:

a. b. c. d.

Mediante un cheque de gerencia. En la forma que acuerden las partes. En presencia del notario que certifique las firmas en el FUAO. En la cuenta dispuesta por el arrendador en una empresa del sistema financiero.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d La función notarial en este contexto, toma vital relevancia, toda vez que los operadores jurídicos deberán implementar un registro extra proto­ colar que contenga un juego original de cualquiera de los formularios que han certificado las firmas ordenadas cronológicamente, así como, tendrán que remitir la información pertinente con respecto a los for­ mularios al Fondo MIVIVIENDA para que se registre en el RAV, entre otros. En este caso los contratos precitados se celebrarán ante el notario del distrito o provincia en el que se ubica el inmueble materia de arren­ damiento. En cuanto al aspecto registral, se establece en el contrato de arrenda­ miento destinado a vivienda con opción de compra y el arrendamiento financiero, después que el arrendatario ejerza la opción de compra, a pe­ dido de cualquiera de las partes, el notario deberá solicitar el bloqueo de la partida registral del inmueble por un periodo de seis (6) meses para la inscripción de la transferencia de propiedad, adjuntando copia de la minuta correspondiente. Se establece que la inscripción del contrato de arrendamiento destina­ do a vivienda con opción de compra impide la inscripción de actos de disposición del inmueble o que afecten el derecho de opción de compra del arrendatario, el mismo que tiene prelación sobre cualquier carga o gravamen registrada con posterioridad. Por otro lado, con respecto al pago de servicios administrativo, en el pre­ sente caso, el arrendamiento será considerado como un acto invalorado. En cuanto a la vigencia de inscripción de los contratos, ésta caduca un mes después del vencimiento de los negocios jurídicos. Un aspecto interesante del proceso de ejecución único de desalojo es que permite la acumulación de pretensiones de desalojo y pago de la renta, la cuota periódica y los servicios complementarios, en la sentencia se resolverán las excepciones, defensas previas y contestación del deman­ dado, siendo la calificación de la apelación inapelable. El juez tendrá la 476 __________________________________________________________________________________________

PRUEBA F

obligación de remitir la información en cuanto a las resoluciones que dispongan el desalojo y la orden de cumplimiento de la obligación de­ mandada que se emitan en los procesos únicos de ejecución de desalojo. En conclusión el régimen analizado contempla diversos beneficios a los actores intervinientes en el mercado inmobiliario y una regulación ade­ cuada más allá de algunas imprecisiones que se puedan subsanar con la aplicación del tipo general; sin embargo, cuestionamos la acogida que pueda tener el mismo en nuestro país, pues preliminarmente podemos intuir que no constituye un instrumento atractivo para los inversionistas quienes, en el mejor de los casos, esperan obtener una rentabilidad a corto plazo. 33 .A es acreedor de B por 1,000 mil soles, y deudor de X también por 1,000 soles. A acuerda con X que lo sustituya en el crédito contra B, extinguiendo su crédito contra B y haciendo nacer un nuevo crédito a favor de X. Esta operación constituye: a. b. c. d.

Una cesión de créditos. Una novación objetiva. Una novación subjetiva pasiva. Una novación subjetiva activa.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 29 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

34 . El acuerdo entre A y X requiere: a. El asentimiento del deudor B. b. Ser celebrado por escritura pública. c. La sustitución del deudor. d. Basta el acuerdo entre el acreedor que sustituye y sustituido.

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Respuesta: a VER PREGUNTA N° 30 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021-

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El 30 de noviembre del 2015 falleció X sin dejar testamento. Entre los bienes hereditarios que deja, algunos están inscritos en Registros Públicos. Su cónyuge (la señora Z) y sus cinco hijos (A, B, C, D y E), mediante acta notarial de sucesión intestada, fueron declarados sus 477

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únicos y universales herederos. Los seis herederos, mediante escri­ tura pública, se repartieron los bienes hereditarios, incluyendo una cláusula por la que Z se obliga que al otorgar su testamento distribu­ ya sus bienes, incluyendo los que recibe por herencia de X, entre sus cinco hijos en una proporción del 20% para cada uno.

35 .El acuerdo para que Z distribuya mediante testamento sus bienes en proporción del 20% para cada uno de sus cinco hijos es: a. b. c. d.

Oponible a los cinco hijos. Inoponible a Z. Nulo erga omnes. Anulable a instancia de la señora Z.

Respuesta: c Erga omnes es una locución latina, que significa “respecto de todos” o “frente a todos”, utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato. Significa que aquel se aplica a todos los sujetos, en contraposición con las normas Ínter partes (entre las partes) que solo se aplican a aquellas personas que concurrieron a su celebración. Normalmente, para que un contrato tenga efectos más allá de Ínter partes y sea oponible a terceros, es necesario que cumpla ciertas formalidades que normalmente tienen fines probatorios, como haber sido inscritos en un registro público.

36 .El contrato de división y partición de los bienes hereditarios deja­ dos por el occiso X es un contrato:

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Real. Formal solemne. Formal con forma probatoria. Consensual.

Respuesta: c De acuerdo con el artículo 144 del Código Civil tenemos que: “Artículo 144.- Forma ad probationem y ad solemnitatem Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inob­ servancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto.” Los actos formales son aquellos para cuya realización el ordenamien­ to jurídico señala una forma. La forma prescrita por el ordenamiento puede ser probatoria (ad probationem) o solemne (ad solemnitatem). 478

PRUEBA F

Acto formal solemne es aquel cuya validez depende de la observancia de la forma prescrita por la ley, bajo sanción de nulidad (art. 140.4.), por ejemplo, la donación de inmuebles debe celebrarse por escritura pública, bajo sanción de nulidad (art. 1625). En realidad, solo para el caso de las formas ad solemnitatem el legisla­ dor impone su realización a los particulares bajo sanción de nulidad, en cambio para las formas ad probationem el legislador les sugiere o propo­ ne la adopción de una forma para determinada clase de actos recayendo enteramente en las partes contratantes aceptarla o declinarla. En suma, en los actos formales el legislador establece dos tipos de formas para determinados actos jurídicos, pero en un caso son obligatorias y para el otro optativas. La inobservancia de la forma solemne (ad solemnitatem o ad substantiarri) determina la nulidad del acto (art. 219.6). La forma solemne tam­ bién puede ser convenida por las partes (v. gr., el art. 1411), es decir, las partes a un contrato no formal lo pueden convertir en forma solemne, por ejemplo, al celebrar un contrato de compraventa (contrato consen­ sual) estipulan: “Este contrato quedará perfeccionado cuando sea eleva­ do a escritura pública”. En los actos solemnes la invalidez del continente (la forma que contiene el acto) conlleva también la invalidez del conte­ nido (el acto mismo). En cambio, la forma ad probationem no constituye requisito de validez del acto, sino que sirve únicamente para probar su existencia y conteni­ do. Por ejemplo, el art. 1605 establece: “La existencia y el contenido del suministro pueden probarse por cualquiera de los medios que permita la ley, pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios”. Lo cual indica que cuando el suministro se ha celebrado por escrito, supongamos que sea por escritura pública, el documento constituye solamente una forma probatoria, esto es, no solemne, por lo que, si se anulara la escritura pública, eso no determinará la nulidad del contrato de suministro, cuya existencia y contenido se demostrará por los otros medios probatorios que permite la ley. El 30.06.1994, Juan compró un inmueble por el precio de S/. 7,344.00, de los cuales pagó una cuota de S/. 366.95.00 en la fecha de suscapción del contrato y el saldo de S/. 6,977.05 mediante pago de 180 cuotas mensuales (15 años) que incluyen la amortización del capital e intereses, empezando desde el mes de julio de 1994. En la Partida 60045132 del Registro de Predios de Lima, corres inscrito el inmueble _________________________________________________________ 479

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

materia de la compra. En el asiento 4 de la citada partida se encuen­ tra inscrita la hipoteca a favor de UTE-FONAVI, hasta por el monto de S/. 7,344.00 en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumi­ das en virtud del contrato de fecha 30.06.1994. El Título para la ins­ cripción de la hipoteca se presentó al Registro de Predios el 5 de Julio de 1999 y la inscripción se realizó el 10 de julio del mismo año.

El 30.09.2015, al amparo de la Ley 26339, Juan solicitó el levanta­ miento de la hipoteca por haber transcurrido el plazo de caducidad de 10 años.

3 7.Señale si procede o no levantar la hipoteca: a. Procede por haber caducado el plazo. b. No procede porque el plazo de caducidad no se aplica al siste­ ma financiero. c. No procede porque las hipotecas otorgadas a favor de FONAVI no caducan. d. No procede porque el plazo no ha caducado.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 27DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

38 .El plazo de caducidad (de 10 años) de la hipoteca otorgada a fa­ vor de FONAVI se computa desde: a. b. c. d.

La presentación del título para la inscripción de la hipoteca. La fecha de la inscripción de la hipoteca. La fecha del vencimiento del plazo de la última cuota. La fecha en que se otorgó la escritura pública de hipoteca.

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Respuesta: c VER PREGUNTA N° 28 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

Pietro Sánchez, con fecha 21.12.2009, demanda a la señora Dolores Ramírez la anulabilidad del acto jurídico por el que reconoció como hija a la menor Inés Sánchez Ramírez, contenido en la Partida de Na­ cimiento de fecha 19.09.2003. Alega que mantuvo relaciones extra­ matrimoniales con la demandada, y que cuando ya estaban sepa­ rados, a fines del año 2002, la demandada le manifestó que iba a ser padre, asumiendo él, desde entonces, la paternidad, preocupándose 480 ___________________________________________________________________________________________

PRUEBA F

por la estabilidad de la madre y la menor, pero al tener un altercado con la demandada, en el mes de noviembre del 2009, esta le manifes­ tó que él no era el padre de la menor Inés. Por esta razón, interpone la demanda sustentándola en las causales de error y dolo, por haber sido inducido a error por la demandada. La madre se apersona al proceso y deduce la Excepción de Prescrip­ ción, señalando que a la fecha de interposición de la demanda la niña tiene más de seis años de edad.

39 . Diga por qué debe ser declarada infundada la excepción de pres­ cripción propuesta por la demandada.

a. Pietro tuvo conocimiento que la niña no es su hija días antes de interponer la demanda. b. La acción contestataria de paternidad caduca a los 90 días desde el siguiente día del parto. c. La acción personal prescribe a los diez años. d. La nulidad no es la vía idónea para cuestionar la paternidad.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 15 DELA PRUEBA F- CONVOCATORIA 08-2021SN/JNJ

40 .El plazo para demandar la nulidad de la partida de nacimiento se computa: a. b. c. d.

Desde que Pietro reconoció a la menor. Desde el día en que Pietro puede ejercitar la acción. Desde la fecha nacimiento de la menor Inés. Desde la fecha de la partida de nacimiento de la menor.

3 Respuesta: b La prescripción extintiva es una institución jurídica según la cual el transcurso de un determinado lapso de tiempo, extingue la acción para que el sujeto pueda exigir el derecho ante los tribunales, siendo consustancial a ésta la despreocupación del sujeto para exigir su derecho durante el lapso mencionado; sin embargo, el recurso prescriptorio se inicia desde el día en que puede ejercitarse la acción, como lo señala el artículo 1993 del Código Civil.

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PRUEBA G

JUEZ DE FAMILIA (SUBESPECIALIDAD EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR) 1. El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 58542005-PA/TC, dijo:” El tránsito del Estado Legal de Derecho al Esta­ do Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abando­ nar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposicio­ nes orientadoras de la labor de los poderes públicos, para conso­ lidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. Significó: Marque la respuesta incorrecta:

a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompati­ bilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la pri­ mera. d. Las resoluciones en materia electoral, dictadas en última ins­ tancia, por el jurado nacional de elecciones, son inatacables jurisdiccionalmente.

3 Respuesta: d VER PREGUNTA N° 13 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos anteriores al dictar sentencia en el Exp. 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. ___________________________________________________________________________________________ 483

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

2. Marque la alternativa correcta:

a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por deficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 3. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 0024-2003AI/TC, señalo:”[...] el precedente constitucional vinculante es aque­ lla regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homologa”.

LEGALES EDICIONES

Siendo este el concepto, señale cuando procede la aplicación del precedente vinculante:

a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes fácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando las partes lo acuerdan.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A- CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. N° 2579-2003HD/TC acogió por primera vez la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el estado de cosas inconstitucional. 484

PRUEBA G

4. Cuáles fueron los efectos de acoger esa doctrina: a. Acumular todos los procesos seguidos entre las mismas partes. b. Extender los alcances de su sentencia a personas que no habían sido parte en el proceso. c. Cualquier órgano jurisdiccional, en un proceso ordinario, de­ clarando un estado de cosas inconstitucionales, podía extender los efectos de una sentencia a quienes no habían sido parte en el proceso. d. A que toda sentencia dictada, cuyo criterio era contraria a ese pronunciamiento: era nula.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ La Defensa garantiza a las personas la posibilidad de intervenir en todos los procesos en que se ventilan cuestiones concernientes a sus intereses.

5. Marca la respuesta correcta:

a. Esta garantía constitucional lo que confiere es la posibilidad de intervenir, en los procesos cuya resolución puede afectar a la persona. b. Esta garantía impone a la persona la obligación de intervenir en el proceso. c. Esta garantía impone como modalidad la defensa técnica. d. Esta garantía determina que es imprescindible la presencia del demandado en el proceso civil.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 6. En el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de setiembre de 1985 y confirmados por la Asamblea General en su resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985, se aprobaron los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, los mismos que son citados frecuentemente tanto por la Corte __________________________________________________________________________________________ 485

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Interamericana de Derechos Humanos como nuestro Tribunal Constitucional. Se desarrollaron 7 Principios relativos a la Inde­ pendencia.

Marque la respuesta correcta: a. Los jueces deben resolver de acuerdo con la opinión Fiscal. b. Los jueces pueden aceptar instrucciones o recomendaciones del presidente de la Corte Superior al momento de dictar sentencia. c. El órgano de control de la magistratura tiene injerencia en el sentido de las resoluciones que dicten los jueces. d. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparciali­ dad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d Los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Pre­ vención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asam­ blea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985 Considerando que en la Carta de las Naciones Unidas, los pueblos del mundo afirman, entre otras cosas, su voluntad de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y realizarse la cooperación inter­ nacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin hacer distinción alguna, Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos con­ sagra concretamente el principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y el de ser oída públicamen­ te y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So­ ciales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti­ cos garantizan el ejercicio de esos derechos, y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza además el derecho a ser juzga­ do sin demora indebida, Considerando que todavía es frecuente que la situación real no corres­ ponda a los ideales en que se apoyan esos principios, 486

PRUEBA G

Considerando que la organización y la administración de la justicia en cada país debe inspirarse en esos principios y que han de adoptarse me­ didas para hacerlos plenamente realidad, Considerando que las normas que rigen el ejercicio de los cargos judi­ ciales deben tener por objeto que los jueces puedan actuar de conformi­ dad con esos principios, Considerando que los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos, Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Pre­ vención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 16, pidió al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que incluyera entre sus tareas prioritarias la elaboración de directrices en materia de independencia de los jueces y selección, capacitación y condición jurídica de los jueces y fiscales, Considerando que, por consiguiente, es pertinente que se examine en primer lugar la función de los jueces en relación con el sistema de justi­ cia y la importancia de su selección, capacitación y conducta, Los siguientes principios básicos, formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de garantizar y promover la independencia de la judicatura, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de la legislación y la práctica nacionales y ser puestos en conocimiento de los jueces, los abogados, los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general. Estos principios se han elaborado teniendo presentes principalmente a los jueces profesionales, pero se aplican igualmente, cuando sea procedente, a los jueces legos donde éstos existan. i. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. 2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. Q 3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley. m __________________________________________________________________________________________ 487

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

LEGALES EDICIONES

4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el pro­ ceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas im­ puestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrati­ vas de conformidad con lo dispuesto en la ley. 5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de jus­ ticia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente estableci­ dos. No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corres­ ponda normalmente a los tribunales ordinarios. 6. El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes. 7. Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones. Libertad de expresión y asociación 8. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura go­ zarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura. 9. Los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la independencia ju­ dicial, así como el derecho a afiliarse a ellas. Competencia profesional, selección y formación 10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán per­ sonas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de per­ sonal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos in­ debidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación algu­ na por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio. Condiciones de servicio e inamovilidad 11. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como 488

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una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubila­ ción adecuadas. 12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cum­ plan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto. 13. El sistema de ascensos de los jueces, cuando exista, se basará en fac­ tores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la integri­ dad y la experiencia. 14. La asignación de casos a los jueces dentro del tribunal de que formen parte es asunto interno de la administración judicial. Secreto profesional e inmunidad 15. Los jueces estarán obligados por el secreto profesional con respecto a sus deliberaciones y a la información confidencial que hayan obteni­ do en el desempeño de sus funciones, a menos que se trate de audien­ cias públicas, y no se les exigirá que testifiquen sobre tales asuntos. 16. Sin perjuicio de cualquier procedimiento disciplinario o derecho de apelación, ni del derecho a recibir indemnización del Estado de acuerdo con la legislación nacional, los jueces gozarán de inmuni­ dad personal con respecto a las acciones civiles por daños y perjui­ cios derivados de acciones u omisiones indebidas cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales. Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo 17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. 18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones. 19. Todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento judicial. 20. Las decisiones que se adopten en los procedimientos disciplinarios, de suspensión o de separación del cargo estarán sujetas a una revi­ sión independiente. Podrá no aplicarse este principio a las decisio­ nes del tribunal supremo y a las del órgano legislativo en los proce­ dimientos de recusación o similares. __________________________________________________________________________________________ 489

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el EXP. 01849-2017PA7TC, señalo: “6. La doctrina, por su parte, ha señalado que la reali­ dad social cambiante ha ido modificando la composición de la familia generando diferentes tipos. Así, diversos autores han señalado que “La caída de las nupcialidad y el ascenso de la tasa de divorcios ha cau­ sado una eclosión de nuevas formas de familia, tales como: familias unipersonales (de solteros, divorciados o viudos); monoparentales o matrifocales (madres sin pareja con hijos a su cargo, sean solteras o separadas); reconstituidas (parejas de segundas o ulteriores nupcias, a cargos de hijos procedentes de uniones anteriores); familias de coha­ bitantes, uniones informales de parejas sin legalizar, tengan o no hijos a su cargo, etc. “Se considera familia reconstituida, a aquellas en que:

7. Marque la respuesta incorrecta: a. En las cuales uno o ambos de sus integrantes tienen hijos prove­ nientes de una relación previa, generándose un parentesco por afinidad. b. En las cuales no se requiere que habiten y compartan vida con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. c. Las relaciones familiares se desarrollan en un ámbito de afecti­ vidad. d. La familia ensamblada es merecedora de tutela constitucional.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

El contenido negativo de la garantía Constitucional de la Defensa no se agota en la sola consideración de su perspectiva “positiva”, ad­ quiere también una importancia fundamental el aspecto “negativo”, esto es la prohibición de la indefensión. 8. Marque la respuesta correcta:

a. La indefensión se producirá por falta de diligencia del deman­ dado o imputado. b. La indefensión se producirá cuando el juzgador no le ha atri­ buido al mérito probatorio que la parte pretendía a la prueba actuada en el proceso. c. La indefensión se producirá como efecto de la violación del de­ recho de defensa. d. El derecho de defensa no admite límites. 490

PRUEBA G

Respuesta: c El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido constitucio­ nalmente y en los textos de derechos humanos, el cual debe salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional. Es parte del debido proceso y requisito esencial de validez del mismo. Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, de manera que se asegure la realización efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradicción. Asi­ mismo, constituye un derecho ilimitado, por ser un derecho fundamental absoluto. Justamente, la defensa de la persona en juicio y de sus derechos se concibe solamente a través de la intervención del abogado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948, establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con jus­ ticia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Asimismo, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le ha­ yan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Conforme a la misma Declaración, nadie será objeto de inje­ rencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su co­ rrespondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Admi­ nistrativa N° 000318-2020- P-CSJMO-PJ su fecha 08 de setiembre de 2020, aprobó la Directiva N° 007.2020-CE-PJ “Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niña, Niño y Adolescente ” que, priorizando el interés superior del niño, desarrolla 7 principios a respetarse en el desarrollo del proceso.

g ££ g g o o

9. Marque la respuesta correcta:

a. El juez por razones de excesiva carga laboral u otras, puede delegar en el Especialista o Asistente la realización de la Audiencia Única. __________________________________________________________________________________________ 491

5? ¿

I?

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. La niña, niño o adolescente tienen el derecho a ser escuchados en el proceso en atención a su edad y grado de madurez. c. Ante la inconcurrencia de las partes, procede el archivo del pro­ ceso, pese a existir todos los medios probatorios. d. No es admisible la prueba indiciaría para acreditar el nivel de vida del alimentante.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b Se consideran los siguientes principios: a) Diligencia Excepcional La actuación del Estado exige la mayor celeridad, cuidado y respon­ sabilidad por las posibles afectaciones que se puede ocasionar a una niña, niño o adolescente para adoptar una medida oportuna y eficaz para el ejercicio de sus derechos, teniendo en cuenta las circunstan­ cias que las y los rodean y afectan, la valoración objetiva del impacto de estas en sus derechos, la justificación de las decisiones y su revi­ sión oportuna. b) Especialidad y profesionalización La actuación de las entidades públicas y privadas en los procesos y procedimientos que involucran a niñas, niños y adolescentes se rea­ liza a través de profesionales, técnicos, promotores y otros actores con formación especializada o experiencia de trabajo demostrada en temas relacionados con la niñez y adolescencia. c) Igualdad y no discriminación Todas las niñas, niños o adolescentes ejercen sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna por motivo de identidad étnica, cultural, sexo, género, edad, idioma, religión, na­ cionalidad, opinión política, origen, contexto social o económico, discapacidad o cualquier otra condición de la niña, niño, adolescen­ te o de su madre, padre, familiares o representantes legales. d) Interculturalidad Implica respetar, valorar e incorporar las diferentes visiones cultu­ rales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos pueblos indígenas u originarios para la generación de servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes que promueve, con pertinencia intercul­ tural, una ciudadanía basada en el diálogo y la atención específica de acuerdo al grupo cultural al que pertenezca. e) Informalismo Las normas que regulan los procesos o procedimientos deben ser in­ terpretadas de modo que los derechos e intereses de las niñas, niños 492

PRUEBA G

493

LEGALES EDICIONES

y adolescentes no sean afectados por la exigencia de aspectos forma­ les que puedan ser subsanados dentro de estos, siempre que con ello no se afecten derechos de terceros. f) Participación y ser escuchado/a Reconoce el derecho de la niña, niño y adolescente a ser informada/o de manera adecuada y oportuna, emitir opinión, ser escuchada/o y tomado en cuenta, en su lengua materna o a través de un intérprete, en todos los asuntos que les afecten. Este principio también implica participar en las decisiones que se toman en temas o asuntos públi­ cos que les involucran o interesan. g) Autonomía progresiva Se reconoce el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescen­ tes de manera progresiva, de acuerdo a su edad y grado de madurez. Cuando su grado de desarrollo no le permita ejercer sus derechos de manera autónoma, se realizan por medio de un/a representante, quien garantiza el interés superior de la niña, niño o adolescente. Para tal fin, el representante debe escuchar y tomar en cuenta la opi­ nión de la niña, niño o adolescente. h) No revictimización La actuación estatal o privada no debe en ningún caso exponer a la niña, niño o adolescente afectada/o por hechos de violencia, al impacto emocional que implica el relato reiterado e innecesario de los hechos de violencia, las esperas prolongadas o las preguntas y comentarios que juzgan, culpabilizan o afectan su intimidad. Asimismo, se deben identificar y denunciar las prácticas que im­ pliquen a las y los operadores de los servicios de justicia en la re­ victimización, como interrogatorios repetitivos, cuestionamientos, reproches, dilaciones de tiempo e inacción de las entidades respon­ sables. i) Integralidad Implica abordar el desarrollo de la niña, niño o adolescente en todas sus dimensiones y perspectivas, tanto en lo que a resultados y facto­ res se refiere como a las intervenciones necesarias para ello. j) Desarrollo progresivo Considera a las niñas, niños y adolescentes en su edad y sus carac­ terísticas, con un proceso de desarrollo particular y con un ritmo propio de maduración y no como una mera suma de funciones frag­ mentadas o un inventario de capacidades o incapacidades más o me­ nos temporarias o permanentes.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

k) Precaución Las autoridades y responsables de las entidades privadas se orientan a garantizar el bienestar y desarrollo integral de la niña, niño o ado­ lescente cuando se sospecha que determinadas medidas y decisio­ nes a tomar, pueden crear un riesgo en ellas, y ellos, aun cuando no cuentan con una prueba definitiva de tal riesgo. 1) Flexibilidad Las autoridades competentes y las y los responsables de las entidades privadas deben actuar oportuna y contundentemente cuando se re­ fiera a afectación de derechos de niñas, niños y adolescentes. Deben ser flexibles permitiendo la interpretación, ejecución y adaptación más favorable a la situación de cada una de ellas y ellos; y deben con­ siderar la evolución de los conocimientos en materia de desarrollo infantil, a fin de asegurar su bienestar integral. El artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para declarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221 ° las causales para de­ clarar la de anulabilidad del acto jurídico. Siendo diferentes sus efectos. 10. Marque la respuesta correcta:

a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado. c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A- CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

11. Se cometió un delito de violación sexual donde el agresor es un familiar de la víctima. Debido a dicho contexto, es posible que en la valoración probatoria de las declaraciones de la víctima (no uni­ formes) se pueda prescindir de la siguiente garantía de certeza: a. b. c. d.

494

Persistencia Verosimilitud Conducencia Utilidad

PRUEBA G

Respuesta: a Por Acuerdo Plenario (2-2005/CJ-116) de las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de Lima se decide tomar como referencia las ejecutorias supremas que analizan el valor de las sindicaciones de los coimputados, testigos y agraviados. En relación a las declaraciones de un agraviado se indica en el párrafo décimo que tratándose de éste aún cuando sea el único testigo de los hechos, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo, por ende, virtua­ lidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado siempre y cuando no se acrediten razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Se deberá tener en cuenta que las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva (es decir que no exista relación entre el agraviado e imputado de odio, resenti­ miento o enemistad que pueda incidir en la parcialidad de la disposi­ ción. b) Verosimilitud teniendo en cuenta la solidez de la declaración emitida por el agraviado, además de las corroboraciones respectivas, c) Persistencia en la incriminación del agraviado. Este décimo párrafo se establece como regla de valoración en los agraviados constituyendo precedente vinculante en el ejercicio de los magistrados de todas las instancias judiciales. 12 .Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que: a. b. c. d.

La muerte puede producirse por comisión por omisión. Es un delito permanente. No es un delito de tendencia interna trascendente. No permite la coautoría.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA E-CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ

495

LEGALES EDICIONES

Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy concu­ rrida y poco alumbrada, de repente 1 varón se acerca a ella y le empieza a decir “ya perdiste”, “dame tu celular y tu cartera” frente a lo cual la mujer empieza a correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular y cartera, pero ella se resistía. Para que no se resista, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El asaltan­ te no consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba desmayada) abusó sexualmente de ella. Responda las siguientes preguntas:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

13 .¿Qué delito se habría cometido?

a. b. c. d.

Robo agravado con subsecuente muerte. Homicidio calificado. Feminicidio. Violación sexual de persona en incapacidad de resistir

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 1 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 14 .En el caso mencionado, desde la fecha del acto delictivo pasaron más de 60 días sin que la policía ni el fiscal a cargo de la investi­ gación logré individualizar al presunto responsable, frente a ello, ¿qué debe realizar el fiscal?

a. b. c. d.

Archivar el caso. Ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares. Disponer la formalización de la Investigación Preparatoria. Solicitar el sobreseimiento.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

Josefina y Braulio son ex convivientes. Sin embargo, Braulio se re­ siste a terminar la relación afectiva con Josefina, a quien le dice -el 25 de setiembre del 2017- que le dé una oportunidad. Josefina le dice que ella ya no está dispuesta a volver con él, porque había ini­ ciado una relación con Serafín, desde hace un mes. Braulio, indig­ nado le señala que ella lo había traicionado, asumiendo una nueva relación sin haber terminado con él. Luego de haber discutido en varias oportunidades, desde aquel día, van a una reunión de ami­ gos comunes. Liban licor durante varias horas y retornan a la casa de Josefina, pidiéndole Braulio quedarse un momento a descan­ sar. En la casa de Josefina siguen tomando y comienzan a discutir. En la discusión Josefina le arroja una botella y Braulio saca un re­ volver que se había agenciado de un amigo Gilberto días antes- a quien le había dicho que quería solo asustar a su ex conviviente-, y le dispara dos tiros en el tórax y en la cabeza. Como consecuen­ cia de las heridas causadas por el arma de fuego, Josefina fallece momentos después. 496

PRUEBA G

15 .Con relación a la responsabilidad de Braulio, puede sostenerse lo siguiente: a. Es responsable del delito de feminicidio en concurso real hete­ rogéneo con tenencia ilegal de armas. b. Es responsable del delito de feminicidio en concurso ideal con tenencia ilegal de armas. c. Es responsable del delito de feminicidio en concurso aparente de tenencia ilegal de armas. d. Es responsable del delito de feminicidio en concurso real homo­ géneo con tenencia ilegal de armas.

Respuesta: b

16 .Respecto de la responsabilidad de Gilberto puede decirse lo si­ guiente:

a. No puede ser considerado cómplice del delito cometido por Braulio, por falta de atipicidad subjetiva. 497

LEGALES EDICIONES

Tanto en el concurso aparente de leyes como en el concurso ideal de de­ litos, el autor realiza una sola conducta que quebranta una norma penal. No obstante, en el concurso aparente de leyes la acción realizada puede subsumirse en un solo tipo penal (tipicidad única); mientras que, en el concurso ideal de delitos, la acción debe comprender la afectación de una variedad de preceptos penales (tipicidad plural). Esta fue la conclusión a la que arribó la Corte Suprema para diferenciar ambas figuras, en la Casación N° 1209-2019-Arequipa. Para diferenciarlas, además, la Corte Suprema expuso que el concurso ideal de delitos se presenta cuando, al ejecutar una misma acción, un sujeto quebranta una pluralidad de preceptos penales o, repetidamente, uno de igual naturaleza. En el primer caso, estaremos ante un concurso ideal heterogéneo, mien­ tras que, en el segundo, ante un concurso ideal homogéneo. La relación sería de unidad de acción-pluralidad de infracciones. Por su parte, en el concurso aparente de leyes penales prima el proceso de subsunción. Ello porque el hecho abarcado, en apariencia, por más de una norma penal, en realidad puede ser comprendido únicamente por una de estas, la cual excluye a las demás. A fin del análisis, se aplican los criterios de especialidad, subsidiariedad y consunción.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. Es cómplice primario del delito cometido por Braulio, pues con­ tribuyó a aumentar el riesgo al bien jurídico protegido, de un modo esencial. c. Es cómplice secundario del delito cometido por Braulio, pues si bien contribuyó a aumentar el riesgo al bien jurídico protegido, su contribución no fue esencial. d. No puede ser considerado cómplice, por atipicidad objetiva, en la medida que se aplica la prohibición de regreso.

Respuesta: b El cómplice primario, es aquel que otorga un aporte sin el cual no se hubiera podido cometer el delito. El cómplice secundario, es aquel que otorga un aporte que no es indispensable para la realización del delito.

LEGALES EDICIONES

17 .En el aborto sentimental se requiere que: a. El embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos no hubieren sido denunciados o investigados. b. El embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que exista diagnóstico médico expedido por un especialista. c. El embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio, siempre que exista diagnóstico médico y que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando me­ nos policialmente. d. El embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido de­ nunciados o investigados, cuando menos policialmente.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ 18 .Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los inte­ grantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas vícti­ mas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren 498

PRUEBA G

con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.”

El citado texto corresponde al principio de: a. b. c. d.

Informalismo Intervención inmediata y oportuna Sencillez y oralidad Debida diligencia

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 19 .El siguiente texto: “Reconoce la existencia de circunstancias asi­ métricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas so­ bre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres”.

¿A qué enfoque pertenece dentro de la legislación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo fami­ liar? a. b. c. d.

Derechos humanos. Género. Igualdad. Integralidad

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

a. La que tiene lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor com­ parta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cual­ quier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 499

LEGALES EDICIONES

20 .No es una forma de violencia contra las mujeres: (marque la op­ ción correcta)

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra. d. La que ocurre en el ámbito laboral manifestada en actos de hostilización laboral por parte del empleador.

Respuesta: d Los actos de hostilidad laboral son acciones ejecutadas por el empleador o el jefe inmediato en contra del trabajador o de la trabajadora que vul­ neran los derechos laborales, como el pago de la remuneración, o afectan derechos fundamentales, como la dignidad; con el objetivo de obtener la renuncia del colaborador o colaboradora en la mayoría de los casos.

la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la perso­ na contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede causar daños psíquicos”. Según la Ley N.° 30364 ¿qué tipo de vio­ lencia es?

21 .“Es

a. b. c. d.

Psicológica Psiquiátrica Mental Verbal

Respuesta: a Diferentes manifestaciones de violencia: a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades bási­ cas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su re­ cuperación. LEGALES EDICIONES

b) Violencia psicológica. Es la acción o conducta, tendiente a con­ trolar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se co­ meten contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. 500

PRUEBA G

d)

1.

2.

3.

4.

Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a deci­ dir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos per­ sonales, bienes, valores y derechos patrimoniales; La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

22.Es una manifestación de la violencia económica o patrimonial:

Respuesta: d Violencia económica o patrimonial: Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: i. la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 2. la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación inde­ bida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 501

LEGALES EDICIONES

a. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. b. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos per­ sonales, bienes, valores y derechos patrimoniales. c. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. d. Todas son correctas

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

3. la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligacio­ nes alimentarias; 4. la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

23.Son derechos de las mujeres y del grupo familiar que integran el contenido del derecho a la asistencia y protección integral: a. Derecho a una vida libre de violencia, no discriminación, ni estigmatización. b. Acceso a la información y atención social. c. Asistencia jurídica, defensa pública y a la educación. d. Promoción, prevención, atención de salud y a no sufrir despido por causas relacionadas a actos de violencia

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

Regula el Artículo 10 del Texto Ünico Ordenado de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - DECRETO SUPREMO N° 004-2020MIMP, sobre el derecho a la asistencia y la protección integrales: “Las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Inte­ grantes del Grupo Familiar destinan recursos humanos especializados, logísticos y presupuéstales con el objeto de detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos. Los derechos considerados en este artículo son: a. Acceso a la información Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas del Estado en sus tres niveles de gobierno y conforme a sus necesidades particulares. Es deber de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos los operadores de justicia informar, bajo responsabilidad, con profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto del derecho de privacidad y confidencialidad de la víctima, acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia. En todas las instituciones del sistema de justicia y en la Policía Nacional del 502

PRUEBA G

503

LEGALES EDICIONES

Perú debe exhibirse en lugar visible, en castellano o en lengua propia del lugar, la información sobre los derechos que asisten a las víctimas de violencia, el procedimiento a seguir cuando se denuncia y de los servicios de atención que brinda el Estado de manera gratuita para las mismas. Para este efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla con esta información a la víctima en su propia lengua. El Ministerio del Interior verifica el cumplimiento de esta obligación. (Párrafo modificado según el artículo i de la Ley N° 30862) b. Asistencia jurídica y defensa pública El Estado debe brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, gra­ tuita, especializada y en su propia lengua, a todas las víctimas de violencia, debiendo proporcionarles los servicios de defensa pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. Es derecho de la víctima que su declaración se reciba por parte de personal especializado y en un ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad. La defensa de las víctimas de violencia contra las mujeres o integran­ tes del grupo familiar, lo prestan el Ministerio de la Mujer y Pobla­ ciones Vulnerables y complementariamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueven el involucramiento de los colegios de abogados en la materia. (Texto modificado según el artículo 1 de la Ley N° 30862) c. Promoción, prevención y atención de salud La promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es gratuita en cualquier estable­ cimiento de salud del Estado e incluye la atención médica; exáme­ nes de ayuda diagnóstica (laboratorio, imagenología y otros); hos­ pitalización, medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra actividad necesaria o requerida para el restableci­ miento de su salud. En los casos de víctimas de violación sexual, se debe tener en cuenta la atención especializada que estas requieren, de acuerdo a los lineamientos que establece el Ministerio de Salud. (Texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386) El Ministerio de Salud tiene a su cargo la provisión gratuita de servi­ cios de salud para la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas. Respecto de las atenciones médicas y psicológicas

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que brinde, el Ministerio de Salud debe resguardar la adecuada ob­ tención y conservación de la documentación de la prueba de los he­ chos de violencia. Esta obligación se extiende a todas las atenciones médicas y psicológicas que se brindan a las víctimas de violencia en los servicios públicos y privados, que además deben emitir los cer­ tificados e informes correspondientes de calificación del daño físico y psíquico de la víctima conforme a los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público o a cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño; así como los informes que valoran la afecta­ ción psicológica, cognitiva o conductual. (Texto modificado según el artículo i de la Ley N° 30862) d. Atención social El Estado atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en los programas sociales, garantizan­ do la confidencialidad de los casos y brindándoles un trato digno, siempre que se cumplan con los criterios y reglas establecidos en la normativa vigente. (Texto según el artículo 10 de la Ley N° 30364)” 24. En un supuesto de flagrante delito vinculado a actos de violencia contra mujeres y los integrantes del grupo familiar, el Juzgado de Familia tiene competencia para:

a. b. c. d.

Pronunciarse sobre medidas de protección a favor de las víctimas, No tiene competencia, toda la asume el Juez Penal pertinente. Dictar medidas cautelares en contra del investigado. Ordenar al fiscal de familia para que efectúe actos de investiga­ ción sobre lo ocurrido.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 28 DE LA PR UEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 25.La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha claramente establecido que el principio de igualdad y no discriminación no sufre lesión o merma cuando se brinda trato diferente a personas cuya situación lo justifica, precisamente para colocarlas en posi­ ción de ejercer verdaderamente los derechos y aprovechar autén­ ticamente la garantías que la ley reconoce a todas las personas. ¿Cuál es el principio que tiene raíz en el trato igual para todos? 504

PRUEBA G

a. b. c. d.

El principio El principio El principio El principio

de igualdad. de juricidad. de legalidad. de proporcionalidad

Respuesta: b El principio de juridicidad ha sido definido por la doctrina como la su­ jeción integral a derecho, de los órganos del Estado, lo que garantiza una efectiva limitación del ejercicio del poder público y la existencia de un Estado de Derecho.

26 .En el caso Campo Algodonero la Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la prime­ ra etapa de las investigaciones que no fueron subsanadas en la segunda etapa. Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investiga­ ciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las tres víctimas y la inexistencia de investiga­ ciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protec­ ción judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Concluye la Corte:

Respuesta: c La violación de los derechos humanos indica la vulneración o negación de los derechos de mujeres y hombres, por parte de personas servidoras públicas o autoridades que puedan ejercer poder sobre las personas. Ante la violación de los derechos humanos, resulta vital incorporar la perspectiva de género cruzada con otras consideraciones socio econó­ 505

LEGALES EDICIONES

a. En el presente caso hubo negligencia y responsabilidad que se subsano ante el compromiso del Estado de garantizar una in­ vestigación seria y adecuada. b. En el presente caso, sin embargo, no se precisa el impacto espe­ cífico que cada negación o dilación haya tenido en el ejercicio de sus derechos. c. En el presente caso existe impunidad y que las medidas de de­ recho interno adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. d. En el presente caso existe incumplimiento estatal que fue subsa­ nado a través de una inmediata investigación seria y adecuada.

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LEGALES EDICIONES

micas, físicas y culturales, para dar luz a las situaciones de vida de mu­ jeres tales como: aquellas pertenecientes a grupos étnicos, mujeres mi­ grantes, niñas, adultas mayores, con discapacidad y todas aquellas que por alguna condición adicional se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que México es el país con más quejas por violaciones a derechos humanos en todo el continente americano, el 23 % de las denuncias presentadas por la OEA fueron procedentes de México, pese a que contamos con 33 organismos defensores de derechos humanos. 2018 fue un año en donde las amenazas a los derechos humanos en Mé­ xico representaron un serio desafío para las instituciones del Estado y para la sociedad en su conjunto, y dejaron un saldo muy complejo en el que las desapariciones de personas continuaron, la persecución y las agresiones a personas defensoras y periodistas no cesaron, la pobreza y la desigualdad persistieron, y en ciertos sectores de la población se vieron incluso incrementados los problemas como es el desplazamiento interno y los despojos a pueblos y comunidades indígenas, la trata y la explotación de personas. 27 .En Campo Algodonero, según la Comisión Interamericana de De­ rechos Humanos, “las instancias estatales encargadas de hacer cumplir la ley no actuaron para prevenir que acontezcan hechos como los que aquí se analiza ni para individualizar y sancionar a los responsables”. Para los representantes, las niñas Herrera y Ramos “fueron asesinadas ocho años después de que se tuviera registro de los primeros homicidios de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. El Estado tenía la obligación de adoptar medidas espe­ ciales de protección para garantizar su vida, libertad e integridad personales”. El Estado mexicano sostuvo que no tendría respon­ sabilidad internacional puesto que “no existió participación direc­ ta de agentes estatales en los homicidios [...], además de que no se demostró que la minoría de edad de las víctimas hubiera sido un factor relevante”. Para la Corte el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En conse­ cuencia, el Estado violó el derecho consagrado en:

a. El artículo 17 de la Convención americana sobre Derechos Hu­ manos en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. b. El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Hu­ manos en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. 506

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c. El artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Hu­ manos en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. d. El artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Hu­ manos en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.

Respuesta: b La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.

28 . En teoría ¡mpugnatoria, la extensión del efecto devolutivo está re­ ferida a:

a. El objeto litigioso del recurso (principio de limitación y de congruencia). b. La facultad del Ad-quem de apreciar cuestiones que dejaron de ser examinadas a pesar de haberse suscitado. c. Los sujetos procesales a quienes alcanza el recurso. d. La determinación de los efectos con los que se concede el re­ curso.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 38 DELA PRUEBA E- CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

a. b. c. d.

Intervención coadyuvante. Intervención litisconsorcial. Denuncia civil. Llamamiento posesorio

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ 507

LEGALES EDICIONES

29 .El enunciado contenido en el artículo 102 del Código Procesal Civil: “El demandado que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso”. Se refiere a:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

3O .Marque la respuesta correcta: Apelada una sentencia:

a. La violación de una norma procesal puede generar que una sen­ tencia sea revocada. b. La violación de una norma procesal solo puede originar revoca­ ción de una sentencia. c. La violación de una norma material tiene como consecuencia la anulación de una sentencia. d. La violación de una norma procesal tiene como consecuencia la nulidad de la sentencia o del procedimiento, dependiendo donde se detecte el vicio.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA E-CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

31 .¿Cuál es la finalidad del proceso? a. Resolver conflictos de intereses e incertidumbres, pero cuando tengan relevancia jurídica. b. Resolver conflictos de intereses que se desprendan de las rela­ ciones jurídicas materiales. c. Proporcionar una declaración de certeza con autoridad de cosa juzgada frente a un conflicto de intereses. d. Reparar los daños ocasionados por un ilícito civil a través de una actuación judicial.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F-CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

32 .Marque la alternativa correcta sobre los efectos de las excepcio­ nes: a. Efecto perentorio si se trata de una excepción de oscuridad y ambigüedad. b. Efecto perentorio si se trata de falta de legitimidad para obrar del demandado. c. Efecto perentorio si se trata de la excepción de falta de agota­ miento de la vía administrativa. d. Efecto perentorio si se trata de la excepción de falta de falta de capacidad del demandante. 508

PRUEBA G

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA E- CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 33 .La Convención de Belém do Pará adoptada el 9 de junio de 1994 en el vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, fue aprobada por el Perú con Resolución Legislativa N° 26583, el 22 de marzo de 1996 y entró en vigor a partir del 4 de julio de 1996. La Convención tiene el objetivo principal de:

a. b. c. d.

Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer. Sancionar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, Erradicar las inequidades legales sufridas por las mujeres. Prevenir la desigualdad jurídica de las mujeres.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ

34 .La estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y expe­ riencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un ele­ mento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión, la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad, se denomina: Lograr la Igualdad de Género. Lograr la Paridad de Género. La incorporación de la perspectiva de Género. El enfoque de Género en la educación.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ

35 .¿Cuál es la sentencia emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, por primera vez, ante un caso genéri­ co se analiza y sentencia el caso de Mujeres con visión de género aplicando la Convención Belém do Pará? 509

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. b. c. d.

Caso del Penal Castro Castro vs. Perú. Caso Pavez Pavez vs. Chile. Caso de las masacres de huango vs. Colombia. Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ 36 .En Campo Algodonero la Corte declara que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres pro­ picia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repe­ tición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. Habiéndose vulnerado:

a. El artículo 2 de la Convención Americana y el artículo 7.c de la Convención Belém do Pará. b. El artículo 9 de la Convención Americana y el artículo 8 de la Convención Belém do Pará. c. El artículo 11 de la Convención Americana y el artículo 9 de la Convención Belém do Pará. d. El artículo 15 de la Convención Americana y el artículo 7.a de la Convención Belém do Pará.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: a El Caso González y otras vs. México, conocido también como “Campo Algodonero”, cuya sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 16 de noviembre de 2009, represen­ ta un antes y un después para el Estado mexicano cuando hablamos del tema de violencia de género. La sentencia de la Corte IDH condena al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. La Comisión manifestó que los cuerpos de las jóvenes fueron objeto de un particu­ lar ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. Se añadió que “la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”. Asimismo, la Corte IDH estipuló en su decisión los parámetros para de­ terminar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. 510

PRUEBA G

511

LEGALES EDICIONES

Es decir, estableció directrices para identificar cuando estamos frente a casos cuyo móvil es la violencia de género. Por otro lado, la Corte realizó un marco jurídico. En cuanto a los instru­ mentos internacionales, mencionó a la Convención Americana de Dere­ chos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Con­ vención Belém do Pará, y la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Lo anterior, con la finalidad de hacer frente a la violencia de género desde una perspectiva preventiva y punitiva. Ahora, es importante conocer los eventos que dieron lugar a la men­ cionada sentencia. Los hechos del caso sucedieron en ciudad Juárez, lugar donde se desarrollan diversas formas de delincuencia organizada. Desde el año de 1993 existe un aumento de homicidios de mujeres. Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de setiembre de 2001. Claudia Ivette González, trabajadora en una empresa maquilladora, de 20 años de edad, desapareció el 10 de octu­ bre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familia­ res presentaron las debidas denuncias de desaparición, pero lamenta­ blemente no se iniciaron investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de declaraciones. Días después, el 6 de noviembre de 2001 se en­ contraron los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herre­ ra Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez: presentaban signos de agresión sexual. A pesar de los recursos interpuestos por sus parientes, no se investigó ni sancionó a los responsables. En consecuencia, el 6 de marzo de 2002 se presentó ante la Comisión la petición inicial del caso. Después, la Corte presentó un informe donde realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano; este último se comprometió a adoptarlas, y en un primer informe reportó su cumplimiento parcial, argumentando que para poder cumplirlas en su totalidad era necesa­ rio que la Comisión IDH le aumentara el plazo para dar resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al ver la disposición del Estado mexicano, tomó la decisión de otorgarle dos meses más. Sin embargo, durante este periodo el Gobierno de México se preocupó muy poco por cumplir en su totalidad con las recomenda­ ciones realizadas por la Comisión IDH. Ante esto, el 4 de noviembre de 2004 la Comisión IDH, con fundamento en los artículos 51 y 61 de la Convención, entabló una demanda en con­

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

tra del Estado mexicano ante la Corte IDH, por su presunta responsabi­ lidad en la desaparición y ulterior muerte de tres mujeres. Como resulta­ do de lo anterior, la Corte IDH, en sentencia emitida el 16 de noviembre de 2009, encontró al Estado mexicano responsable de la violación de los siguientes derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: V Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos) V Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad) V Artículo 19 (Derecho de niño) ■ V Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno)

LEGALES EDICIONES

V Artículo 25 (Protección Judicial) V Artículo 4 (Derecho a la vida) V Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) V Artículo 8 (Garantías Judiciales) En respuesta a esta condena, en México se ha reformado la Ley Ge­ neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de diversas normas, como la Norma Mexicana en igualdad Laboral y No Discriminación: con ella se busca promover el acceso y permanen­ cia de las mujeres al mercado laboral con igualdad de oportunidades. Asimismo, se fortaleció al Instituto Nacional de la Mujer que cuenta con programas de asistencia social y jurídica para las víctimas de vio­ lencia y discriminación. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el cual pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, pro­ teger y garantizar, bajo los principios de interdependencia, indivisibi­ lidad, universalidad, progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

37 .Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio debe realizarse: a. b. c. d.

Una pericia psicológica al agresor. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Acreditar la ferocidad de la muerte.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DELA PRUEBA A- CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ 512

PRUEBA G

Ante los casos que se ventilan en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de presuntas víctimas sin representa­ ción legal debidamente acreditada, que opciones tiene el Tribunal.

38 . Señale la respuesta correcta a. Podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación de caso. b. Solicitar al Estado parte la designación de un abogado. c. Solicitar a la presunta víctima para que designe a su defensor. d. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asume el caso y la defensa legal.

Respuesta: a El Defensor Interamericano es una persona o grupo de personas, de­ signadas de oficio por parte del Tribunal en casos en que las presuntas víctimas no cuentan con representación legal debidamente acreditada. 39 .¿En qué supuesto no procede la incoación del proceso inmedia­ to? a. Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en fla­ grancia. b. Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito. c. Cuando los hechos delictivos sean notorios y de conocimien­ to público y se encuentre plenamente identificado el presunto autor. d. Cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes.

Respuesta: c

40.Sobre el amparo familiar. Marque la respuesta correcta:

a. Se debe alimentos recíprocamente solo entre cónyuges. b. La obligación alimentaria solo obliga a los cónyuges y en favor de los descendientes. 513

LEGALES EDICIONES

El proceso inmediato constituye una vía procedimental incorporada en el Código Procesal Penal y que tiene por finalidad llegar a una sentencia condenatoria ante la presencia de elementos de convicción suficientes de la responsabilidad penal del imputado.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. La obligación alimentaria solo obliga a los cónyuges entre ellos, y de los padres a los hijos, y de estos hacia los primeros. d. La obligación alimentaria alcanza en reciprocidad a los her­ manos.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 21 DE LA PRUEBA K - CONVOCATORIA 052021-SN/JNJ

514

PRUEBA JUEZ MIXTO

1. El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Expediente N° 5854-2005-PA/TC, dijo: “ El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de conteni­ do jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”.

Significó (Marque la respuesta incorrecta):

a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompati­ bilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la primera. d. Las resoluciones en materia electoral, dictadas en última ins­ tancia, por el Jurado Nacional de Elecciones, son inatacables jurisdiccionalmente.

Respuesta: d

2. El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos anteriores al dictar sentencia en el Expediente 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resolu­ ciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una de­ terminada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al 515

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”.

Marque la alternativa correcta: a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DELA PRUEBA A- CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

3. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Expediente 0024-2003-AI/TC, señaló:” [...] el precedente constitucional vin­ culante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particu­ lar y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro nor­ mativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza ho­ mologa”.

LEGALES EDICIONES

Siendo este el concepto, señale cuando procede la aplicación del precedente vinculante:

a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes fácticas entre el caso a resolver y aquél que emana del precedente. d. Cuando una de las partes solicita formalmente la aplicación del precedente vinculante que considera pertinente.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 516

PRUEBA H

Karina se dedica al tráfico ilícito de drogas con el cual ha obteni­ do dinero ilícito y ha adquirido diferentes bienes muebles e inmue­ bles. Karina es procesada por el delito de lavado de activos y la Fiscalía apertura investigación preliminar. Ante ello Karina decide lograr que el Fiscal responsable del caso archive su investigación a fin de que no corra riesgo su patrimonio. Para ello se contacta con Roberto, abogado de confianza, y en su oficina ella le cuenta toda la verdad respecto a su actividad ilícita, solicitándole únicamente sus servicios profesionales y recomendándole que tiene que rea­ lizar todo lo necesario para que su caso se archive, estando dis­ puesta a cancelar lo que sea necesario. Roberto le indica que no debe preocuparse porque tiene la forma de llegar al Fiscal respon­ sable para que archiven su caso, por lo que Karina muy confiada y agradecida se retira de la oficina esperando resultados. Luego de meses su abogado le indica que el caso ya está archivado por la gestión realizada. 4. Tratándose de un delito de tráfico de influencias, como debe res­ ponder Karina:

a. Karina no responde penalmente porque su conducta ha estado limitada en solicitar servicios profesionales para que la defien­ da en un proceso penal de lavado de activos. b. Karina responde en calidad de coautora del delito de tráfico de influencias. c. La conducta de Karina es punible desde la perspectiva de la complicidad. d. Karina responde como instigadora porque ha permitido o re­ forzado la resolución criminal de su abogado.

Respuesta: d

5. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Jazmines es inves­ tigado por el delito de abuso de autoridad por presuntamente haber realizado diversos actos arbitrarios en agravio de varios trabajadores municipales. Durante la investigación preparato­ ria el fiscal decide requerir una medida coercitiva con fines de prevención dada la reiteración delictiva. Sobre la posibilidad de 517

LEGALES EDICIONES

Tráfico de influencias es cuando una persona con influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un terce­ ro, donativo, promesa o beneficio con el fin de interceder ante un funcionario público que ha de conocer o conoce un caso judicial o administrativo.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

requerir la suspensión preventiva de derechos, señalar la alterna­ tiva correcta:

a. El fiscal puede solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo, por un plazo no mayor de la mitad de la mitad del tiempo pre­ visto para la pena de inhabilitación para el delito de abuso de autoridad. b. El fiscal podrá solicitar la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo no mayor de 4 meses. c. El fiscal no podrá solicitar la suspensión preventiva de derechos pues el imputado ostenta un cargo que proviene de elección po­ pular. d. El fiscal podrá solicitar la suspensión temporal del cargo previa autorización del Congreso de la República.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ Bernardo hace muchos meses había prestado dinero a su mejor amigo Joel por un monto de 25,000.00 soles, con el compromiso de parte de Joel de devolverle en un par de meses ya que iba a tener un negocio importante con una transnacional y con las ganancias iba a cumplir su obligación. Pasados los meses Joel no cumple su pala­ bra pese a los reiterados pedidos de Bernando al punto de que Joel le indicó en un momento que nunca le iba a pagar y que se olvide de ese dinero. Ante ello Bernardo decidió poner fin a la vida de Joel y para ello obtiene prestado un arma de fuego (de un delincuente), con el cual cierto día en horas de la noche espera a su amigo Joel a la salida del lugar donde trabajaba, reclamándole por el dinero que le debía para finalmente apuntarle directamente a la altura del corazón y disparar directamente. En ese momento Joel cae, le pide a Bernando que no lo deje morir y al ver dicha escena Bernardo inmediatamente reflexiona y se percata de lo que había realizado y decide llevarlo al hospital más cercano, lugar en donde le salvan la vida, quedando hospitalizado por varias semanas hasta su pronta recuperación.

6. Como debe calificarse la conducta de Bernardo: a. Bernardo responde por el delito de tentativa de homicidio con la agravante de utilizar arma de fuego. b. Bernardo no responde penalmente porque hubo un desisti­ miento voluntario, conforme al artículo 18 del código penal. 518

PRUEBA H

c. Bernardo responde únicamente por el delito de lesiones, con­ forme al artículo 18 del código penal. d. Bernardo responde por el delito de tentativa de homicidio en concurso con el delito de lesiones.

Respuesta: c

519

LEGALES EDICIONES

En la parte especial, la salud individual se encuentra protegida con la criminalización de los delitos de lesiones o daños que la vulneran en cualquiera de sus tres dimensiones. Esto es, pueden materializarse como un daño físico, fisiológico o psíquico. La evolución de esta clase de delitos también se ha conectado con situaciones especiales como el de las alteraciones o transformacio­ nes anatómicas u hormonales, voluntarias o consentidas, con fines estéticos o dirigidos a aparentar una condición sexual diferente de la que corresponde a la persona (operaciones transexuales); pero tam­ bién las vinculadas con extracciones quirúrgicas de órganos princi­ pales para fines de trasplante. Al respecto, el Código Civil peruano ya consideraba límites racionales para este tipo de lesiones en el artí­ culo 6: «Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad fí­ sica. [...] empero son válidos si su exigencia corresponde a un esta­ do de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios». Por lo demás, las normas sanitarias y éticas vigentes en el país también se refieren de modo expreso a la necesidad de protocolos de actuación sobre la materia que orienten y controlen positivamente la realización de actos médicos de tales características. También han motivado debates la producción de lesiones deportivas o daños que ocurren con frecuencia en la práctica habitual de determina­ dos deportes violentos, como el boxeo, el rugby, el fútbol o el hockey. La tendencia legislativa de la doctrina y de la jurisprudencia ha sido fijar como regla general la exclusión de estas lesiones de todo tipo de conse­ cuencias penales y reconocer la competencia para el control y sanción de estos actos, de la normatividad específica reglamentaria y de las auto­ ridades pertinentes de cada deporte. Cabe señalar que coexisten, en la parte especial del Código Penal, otros delitos que comprometen la salud. Ese es el caso de los delitos contra la salud pública, donde el titular del bien jurídico no es una persona determinada, sino la sociedad como estructura colectiva y funcional de individuos innominados que requieren de condiciones sanitarias que

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

aseguren el desarrollo normal de sus actividades de interacción. Se tra­ ta de delitos de peligro como la producción o expendio de productos o alimentos adulterados o nocivos, o la propagación de enfermedades contagiosas (artículos 288 y 289).

7. En caso que Bernardo hubiera ido al local de su amigo a recla­ marle, pero antes de sacar el arma, Joel lo convence y le dice que el día de mañana le cancelará tota su deuda porque le salió el negocio que tanto esperaba, ante lo cual Bernardo de­ siste de continuar con los actos de ejecución. Como responde Bernardo: a. Responde por el delito de tentativa de homicidio ya según el artículo 18 del código penal existe el desistimiento cuando el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecu­ ción del delito.

b. Responde por el delito de tentativa de homicidio ya que previa­ mente había planificado su muerte y se había valido de un arma de fuego que lo tenía en su poder. c. Responde por el delito de mareaje o reglaje. d. Responde únicamente por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

El delito de tenencia ilegal de armas es uno de mera actividad. Su con­ sumación se produce con la posesión de un arma de fuego ilegal sin la autorización expedida por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. 8. Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que:

a. La muerte puede producirse por comisión por omisión. b. Es un delito permanente.

c. No es un delito de tendencia interna trascendente. d. No permite la coautoría.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 27DE LA PRUEBA E-CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ 520

PRUEBA H

9. ¿En qué contextos puede producirse un feminicidio?

a. b. c. d.

Violencia familiar. Coacción, hostigamiento y acoso sexual. Prevalimiento. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ

El 1 de enero de 2018, a las 20.00 horas, dos personas, Darío y Waldir irrumpieron dentro de una de las instalaciones del Municipio de Yarinacocha, en la que se encontraba instalada una antena parabólica-repetidora de televisión, donde luego de golpear y amenazar con sus ar­ mas de fuego y amarrar de pies y manos a dos menores, sustrajeron costosos accesorios de la mencionada antena. Es así, que los hechos antes descritos fueron cometidos empleando armas de fuego (que se encontraban plenamente operativas), con la particularidad que no con­ taban con la licencia respectiva. Según el reconocimiento médico legal los menores tuvieron lesiones ocho días de incapacidad médico legal.

lO.Sobre el delito de robo agravado y el delito de tenencia ¡legal de arma de fuego:

521

LEGALES EDICIONES

a. Los dos imputados responden por el delito de robo agravado, así como por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, al existir un concurso real de delitos. b. El delito de robo con la utilización de arma de fuego como ins­ trumento para ejecutarlo, debe ser considerado como delito independiente, pues dada la naturaleza del acto ilícito, debe castigarse por ambos delitos. c. El delito de robo con la utilización de arma de fuego como ins­ trumento para ejecutarlo, no puede ser considerado como delito independiente, pues dada la naturaleza del acto ilícito, el delito de tenencia ilícita de arma se subsume en el tipo penal de robo agravado, específicamente en el numeral 3 del artículo 189 del Código Penal. d. Los dos imputados responden únicamente por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego ya que han puesto en grave peligro la vida de las personas, excluyendo así al delito de robo agravado.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: c El presente delito se cometió a mano armada; al respecto, la tenencia ile­ gal de armas de fuego se incluye en el delito de robo agravado. De igual forma, el último párrafo del artículo 189 señala que cuando el agente actúe en calidad de una organización delictiva o banda, el delito de robo agravado subsume también al delito de asociación ilícita para delinquir; por lo tanto, las circunstancias agravantes que se presentan en el presen­ te caso, son parte del injusto del tipo agravado, por lo cual no deben ser valoradas a fin de evitar la doble sanción por lo mismo. (RECURSO DE NULIDAD N.° 286-2018/LIMA) 11.En el caso concreto ¿Qué agravantes se configuran? a. Durante la noche, a mano armada, en agravio de menores de edad y lesiones a la integridad física de las víctimas. b. Durante la noche, a mano armada y en agravio de menores de edad. c. Durante la noche, a mano armada, en agravio de menores de edad y por el concurso de dos o más personas. d. Durante la noche, a mano armada, en agravio de menores de edad, por el concurso de dos o más personas y lesiones a la in­ tegridad física de las víctimas.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

Se regula en el CP: Artículo 189. Robo agravado “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 1. En inmueble habitado. 2. Durante la noche o en lugar desolado. 3. A mano armada. 4. Con el concurso de dos o más personas. 5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o priva­ do de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, la­ custres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, esta­ blecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos. 522

PRUEBA H

6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. 7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.

La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido: 1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la vícti­ ma.

2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o me­ diante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. 3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación. La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.”

12 .Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy con­ currida y poco alumbrada. En dicha circunstancia, un varón se acerca a ella y le empieza a decir “ya perdiste”, “dame tu ce­ lular y tu cartera” frente a lo cual la mujer empieza a correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular y cartera, pero ella se resistía. Para que no se resista, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El asaltante no consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba desmayada) abusó sexualmente de ella. LEGALES EDICIONES

¿Qué delito se habría cometido?

a. Robo agravado con subsecuente muerte. b. Homicidio calificado. c. Feminicidio. d. Violación sexual de persona en incapacidad de resistir.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 1 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 523

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

13 .EI artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para de­ clarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221° las causales para declarar la de anulabilidad del acto jurídico. Siendo diferentes sus efectos. Marque la respuesta correcta:

a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado

c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 39 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

14 .[...] la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspec­ to fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación volun­ taria, principalmente contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. Siendo requisitos comunes a la responsabilidad:

Marque la respuesta incorrecta:

LEGALES EDICIONES

a. Antijuricidad. b. Tipicidad. c. Relación de causalidad.

d. Factores de atribución.

Respuesta: b La responsabilidad civil por el daño producido por una conducta penalmente relevante es, en principio, de carácter extracontractual. En consecuencia, el ejercicio de la acción civil en el proceso penal debe enfocarse en los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual por infracción del deber genérico de no dañar a otro. 524

PRUEBA H

En las exposiciones doctrinales, se precisa cuáles son estos elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual: V la acción o hecho dañoso, V el daño producido, V la relación de causalidad entre la acción y el daño, y ■ V los factores de atribución. 15. La culpa es el fundamento del sistema subjetivo de responsa­ bilidad civil. La ausencia de culpa, a quien corresponde pro­ barla:

a. b. c. d.

A la victima. Al juez. Al autor. • Al tercero perjudicado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA F-CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

525

LEGALES EDICIONES

Ricardo Arauja es propietario de un inmueble ubicado en Las Deli­ cias, distrito de Los Frutales. La panadería El Crujido busca nuevo lo­ cal a fin de que sus empleados puedan desarrollar su labor en mejo­ res condiciones. En esa línea, inicia las negociaciones para el arrendamiento del inmueble, suscribiendo el contrato de arrendamiento el 15 de no­ viembre de 2020, por un plazo de 3 años y una renta mensual de US$ 7,000.00 dólares americanos. El 20 de noviembre llegó un co­ municado de la Municipalidad de Los Frutales señalando que la zonificación no permitía el establecimiento de una panadería y que por tal razón no podía funcionar. Ante dicho comunicado, el 15 de diciembre el gerente de El Crujido decidió resolver el con­ trato de arrendamiento, debido a la imposibilidad de llevar a cabo su finalidad. El 27 de diciembre Ricardo Arauja presentó demanda de indemniza­ ción por daños y perjuicios, argumentando que la negligencia de la empresa en evaluar la zonificación y las posibilidades de llevar ade­ lante el proyecto solo le es imputable a ella, y que con la resolución del contrato se le ha generado un grave perjuicio económico, debido a que ya no recibirá lo correspondiente a los meses pendientes de pago por concepto de renta (lucro cesante).

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

16. Marque la respuesta correcta:

a. La resolución del contrato por parte de El Crujido no puede ser cuestionada por Ricardo Arauja porque el objeto del arrenda­ miento es jurídicamente imposible. b. Ricardo Arauja debería indemnizar a El Crujido por haberle ocultado lo relativo a la zonificación. c. Ricardo Arauja indujo a error a El Crujido. d. Ricardo Araujo puede demandar la ineficacia de la resolu­ ción extrajudicial realizada por El Crujido.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 25 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 17. Marque la respuesta correcta:

a. La demanda de indemnización de daños y perjuicios de Ricardo Arauja solo puede prosperar si prueba que la Munici­ palidad modificó la zonificación con posterioridad a la firma del contrato. b. El Crujido puede alegar dolo recíproco. c. El juez puede declarar la nulidad del acto jurídico de oficio. d. La demanda de indemnización de daños y perjuicios de Ri­ cardo Araujo puede prosperar si prueba que El Crujido no le indicó cuál era el motivo determinante para celebrar el acto jurídico.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 26 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ El 30 de Junio de 1994, Juan compró un inmueble por el precio de S/. 7,344.00, de los cuales pagó una cuota de S/. 366.95 en la fecha de sus­ cripción del contrato y el saldo de S/. 6,977.05 mediante pago de 180 cuotas mensuales (15 años) que incluyen la amortización del capital e intereses, empezando desde el mes de julio de 1994. En la Partida 60045132 del Registro de Predios de Lima, corre inscrito el inmueble materia de la compra. En el asiento 4 de la citada partida se encuentra inscrita la hipoteca a favor de UTE-FONAVI, hasta por el monto de S/. 7,344.00 en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas 526

PRUEBA H

en virtud del contrato de fecha 30 de Junio del994. El Título para la ins­ cripción de la hipoteca se presentó al Registro de Predios el 5 de Julio de 1999 y la inscripción se realizó el 10 de julio del mismo año.

El 30 de setiembre del 2015, al amparo de la Ley 26339, Juan solicitó el levantamiento de la hipoteca por haber transcurrido el plazo de caducidad de 10 años. 1 8.Señale si procede o no levantar la hipoteca.

a. Procede por haber caducado el plazo. b. No procede porque el plazo de caducidad no se aplica al siste­ ma financiero. c. No procede porque las hipotecas otorgadas a favor de FONAVI no caducan. d. No procede porque el plazo no ha caducado.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 19 .El plazo de caducidad (de 1O años) de la hipoteca otorgada a fa­ vor de FONAVI se computa desde

a. b. c. d.

La presentación del título para la inscripción de la hipoteca. La fecha de la inscripción de la hipoteca. La fecha del vencimiento del plazo de la última cuota. La fecha en que se otorgó la escritura pública de hipoteca.

Respuesta: c

527

LEGALES EDICIONES

En el artículo 3 de la Ley N° 26639, señala lo siguiente: “Las inscripciones de las hipotecas (...), se extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones, si no fueran renovadas. La norma contenida en el párrafo anterior se aplica cuando se trata de gravámenes que garantizan créditos, a los 10 años de la fecha de venci­ miento del plazo del crédito garantizado”. En el Cuarto Pleno del Tribunal Registra!, desarrollado los días 6 y 7 de ju­ nio de 2003, se aprobó el siguiente precedente de observancia obligatoria: «Causal de extinción de hipoteca. El artículo 3 de la Ley N° 26639 ha introducido una nueva causal de extinción de la hipoteca, adicional a las señaladas en el artículo 1122 del Código Civil».

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

La razón está en que como consecuencia del transcurso del plazo de ex­ tinción contemplado en el artículo 3 de la Ley N° 26639, no solamente se va a extinguir la inscripción de la hipoteca, sino también la hipoteca misma, al ser su registro un requisito de validez, según se señala en el numeral 3 del artículo 1099 del Código Civil. A es acreedor de B por 1,000 mil soles, y deudor de X también por 1,000 soles. A acuerda con X que lo sustituya en el crédito contra B, extinguiendo su crédito contra B y haciendo nacer un nuevo crédito a favor de X.

20 . Esta operación constituye a. b. c. d.

Una cesión de créditos. Una novación objetiva. Una novación subjetiva pasiva. Una novación subjetiva activa.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

21 .El acuerdo entre A y X requiere: a. b. c. d.

El asentimiento del deudor B. Ser celebrado por escritura pública. La sustitución del deudor. Basta el acuerdo entre el acreedor que sustituye y sustituido.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 30 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

22 .En relación al proceso inmediato, no es correcto: a. Se encuentra previsto para los casos en que exista detención policial, a cuyo término el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato al juez de investigación prepara­ toria. b. El juez lleva a cabo la audiencia única entro de las 48 horas de formulado el requerimiento fiscal y resuelve en la misma au­ diencia, sin posibilidad alguna de postergación. 528

PRUEBA H

c. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del pro­ ceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso: Primero, sobre la procedencia de la incoa­ ción del proceso inmediato; luego, sobre la procedencia del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada; y, finalmente, sobre la procedencia de la medida coercitiva. d. Pronunciada la decisión judicial que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal procede a emitir formalmente la disposición de inicio de la investigación preparatoria, prescin­ diendo de llevar a cabo las diligencias preliminares.

Respuesta: d El proceso inmediato es un tipo de proceso especial alternativo, que bajo ciertos presupuestos específicamente previstos en la ley, permiten abre­ viar el proceso penal, suprimiendo la etapa de “investigación preparato­ ria” y la “etapa intermedia” del proceso común. Este proceso, como ha precisado la Corte Suprema en el Acuerdo Ple­ nario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116, se sustenta, por un lado, en la noción de simplificación procesal, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere, sin mengua de su efectividad; y, por el otro, en el recono­ cimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de la noción de evidencia delictiva o prueba evidente, lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de periodos en desarrollo. En otras palabras, el proceso inmediato gira en torno a la simplicidad del proceso y lo evidente o patente de las pruebas de cargo, así como de una actividad probatoria reducida a partir de la noción de evidencia delictiva.

23 .Respecto a la terminación anticipada, no es correcto:

529

LEGALES EDICIONES

a. La audiencia de terminación anticipada se lleva a cabo en au­ diencia pública, de conformidad con el principio de publicidad de las audiencias. b. La audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su abogado de­ fensor, siendo facultativa la concurrencia de los demás sujetos procesales. c. En la audiencia de terminación anticipada el juez debe explicar al procesado los alcances y consecuencias del acuerdo, así como

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

las limitaciones que representa la posibilidad de controvertir su responsabilidad. d. El imputado que se acoja al proceso de terminación anticipada recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte.

Respuesta: a El Ministerio Público, como institución encargada de la investigación de los delitos, es también un garante de los derechos del imputado desde el inicio del proceso; en ese sentido, en caso el imputado decida acogerse a la imputación fiscal, debe adoptar el mecanismo procesal que lo con­ vierte en promotor de una sanción que repare debidamente los daños a las víctimas a la par de solicitar que el juez recompense su desistimiento a la presunción de inocencia. Esta figura procesal del denominado dere­ cho penal premial se denomina terminación anticipada. Así, el delincuente se convierte en un colaborador de la justicia al redu­ cir el costo de horas-persona del aparato estatal y coadyuva con la repa­ ración de las consecuencias de su accionar delictivo. Este procedimiento requiere de condiciones particulares y tiene un procedimiento que será abordado en el presente artículo. La audiencia de terminación anticipada se instala con obligatoria asis­ tencia del fiscal y del imputado, además de su abogado defensor; es fa­ cultativa la concurrencia de los demás sujetos procesales. Acto seguido, el fiscal presenta los cargos realizados durante la audiencia de investi­ gación preparatoria; luego el juez cumple con explicar alcances y con­ secuencias del acuerdo y puede instar a las partes a llegar a un acuerdo luego de los debates e, incluso, dictar un receso por un breve término en ese mismo día. No se permite mientras que el imputado puede aceptar en todo o en parte.

LEGALES EDICIONES

24 .Respecto a la terminación anticipada, no es correcto:

a. El juez dictará sentencia en el plazo máximo de cinco días de concluida la audiencia de terminación anticipada. b. La terminación anticipada se tramita en cuaderno aparte, sin interrumpir la continuación del proceso principal. c. El fiscal y el imputado están autorizados a sostener reuniones de carácter informal. d. Su característica esencial es el acuerdo o negociación entre el fis­ cal y la defensa, propios de la fórmula transaccional en materia penal. 530

PRUEBA H

Respuesta: a Los casos sometidos a la terminación anticipada del proceso durante la audiencia de prisión preventiva contra el imputado son de baja inciden­ cia pero de gran relevancia por la gravedad de los delitos que se proce­ san. Si se presenta antes de la acusación, debe aceptarse. Las partes procesales que le solicitan la aplicación de la terminación anticipada del proceso deben sustentar jurídicamente el acuerdo de la audiencia estableciendo el consenso arribado en caso, además de los he­ chos, incluya pena y monto de reparación civil, de ser el caso. Los demás sujetos procesales pueden apelar la sentencia anticipada en caso adviertan una ilegalidad del acuerdo o insuficiencia en el monto de la reparación civil; el imputado queda imposibilitado de apelar esta resolución al haber aceptado los cargos. 25 .En relación al plazo máximo que puede alcanzar la etapa de dili­ gencias preliminares, se puede señalar lo siguiente:

a. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, no podría ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria. b. Al no estar previsto en la ley, el extremo máximo debe ser fijado por el fiscal, con la única limitación de atender a la complejidad de la causa. c. El plazo máximo es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. d. El plazo máximo debe ser fijado por el juez de la investigación preparatoria, en la audiencia de control de plazos.

Respuesta: a

531

LEGALES EDICIONES

El plazo de la etapa de diligencias preliminares ha tenido diferentes cam­ bios procesales, iniciando en un primer momento con un plazo máxi­ mo de 20 días. Sin embargo, con la posibilidad de que el fiscal pueda prorrogar su plazo, luego gracias a la modificación legislativa realizada por la Ley 30076, el plazo varió a una duración máxima de 60 días, sin embargo, se seguía manteniendo la posibilidad de una prórroga a dis­ creción fiscal: El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 30, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obs­ tante, ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

LEGALES EDICIONES

Es decir, la Fiscalía, mas allá de su propio criterio, no encontraba un límite temporal exacto en la norma para la duración de las diligencias preliminares, de ahí que vía jurisprudencial se tuvieron que imponer límites a la duración indefinida de esta etapa. Esta posibilidad de prórroga por parte del fiscal finalmente conllevó a la emisión de la Casación 2-2008, La Libertad y la Casación 144-2012, Áncash, que, vía complemento jurisprudencial de la ley procesal, esta­ blecieron que el plazo máximo de la etapa de diligencias preliminares dependía del tipo de caso, esto es, si se tratase de un caso simple o de un caso complejo. Como siempre, la realidad supera a la ficción. El caso Keiko Fujimori, superó este análisis y marco un nuevo debate: ¿cuál es el plazo de dili­ gencias preliminares para casos de crimen organizado? Nótese que hasta la emisión de la Casación 144-2012, Áncash, solo se habría analizado el plazo de casos simples y complejos, mas no los casos de crimen organi­ zado. Esta falta de análisis jurisprudencial, respondía a que, a la fecha de emisión de estas casaciones, aún no se habría emitido la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. A partir del caso Keiko Fujimori surgieron dos posiciones antagó­ nicas. Por un lado, la Fiscalía sostenía que el plazo de las diligencias preliminares debía ser 36 meses, ya que cuando la Corte Suprema es­ tableció que el plazo de las diligencias preliminares no debería supe­ rar el plazo de la investigación preparatoria formalizada, esta última etapa aun no modificaba sus plazos, y que recién con la Ley 30077 se modifica el plazo de investigación formalizada para casos de crimen organizado a 36 meses. Así que por lo tanto, por analogía, el mismo plazo debía aplicarse a diligencias preliminares en casos de crimen organizado. En el otro frente, la defensa técnica sostenía que no podía realizar­ se una interpretación de tal naturaleza al ser lesiva a los intereses del investigado, además que los casos de crimen organizado eran consi­ derados casos complejos, por lo tanto, el plazo máximo de la etapa de diligencias preliminares en estos supuestos debía ser de 8 meses, plazo que además en el caso de la investigada Fujimori, ya se había venci­ do. Adicional a ello, la defensa sustentaba que un plazo de 3 años de diligencias preliminares, no era coherente con la propia finalidad de las diligencias preliminares, esto es, la realización de actos urgentes e inaplazables. Finalmente, siendo declarado fundado el control de plazo de la defen­ sa en primera instancia, y revocado en segunda instancia, conociendo 532

PRUEBA H

el caso la Corte Suprema, emitió la Casación 599-2018, Lima, en la cual se sentenció finalmente que el plazo de las diligencias prelimina­ res en casos de crimen organizado si podrían durar tres años, es decir, 36 meses. La Corte Suprema, para esquivar los argumentos de la defensa, sostuvo que la finalidad de las diligencias preliminares no son exclusivamente la realización de actos urgentes e inaplazables, y que estos no necesaria­ mente están vinculados al factor temporal. Además, una interpretación coherente de la norma procesal, hace sostener que el plazo de 36 meses también debe aplicarse a la etapa de diligencias preliminares, por la mo­ dificación legislativa de la Ley 30077.

26 .¿En qué supuesto no procede la incoación del proceso inme­ diato? a. Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en fla­ grancia. b. Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito. c. Cuando los hechos delictivos sean notorios y de conocimien­ to público y se encuentre plenamente identificado el presunto autor. d. Cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ

Marque la respuesta incorrecta:

a. Se designa administración judicial para que cuide los bienes de personas naturales (menores, personas con capacidad restringi­ da, etc.) b. Lo pueden solicitar los padres, tutores, curadores. c. También lo puede solicitar el o los copropietarios del bien 533

LEGALES EDICIONES

27 .El artículo 749° del Código Procesal Civil, contiene un listado de asuntos que se pueden tramitar en procesos no contenciosos, en­ tre ellos la Administración judicial de bienes, señalándose en los artículos 769° quienes pueden solicitarlo y en el artículo 770° cual es el objeto de este proceso:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

d. Se puede solicitar la designación de administrador judicial para que administre los bienes de una persona jurídica.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

28 .En teoría impugnatoria, la extensión del efecto devolutivo está re­ ferida a: a. El objeto litigioso del recurso (principio de limitación y de con­ gruencia). b. La facultad del Ad-quem de apreciar cuestiones que dejaron de ser examinadas a pesar de haberse suscitado. c. Los sujetos procesales a quienes alcanza el recurso. d. La determinación de los efectos con los que se concede el re­ curso.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

29 .Apelada una sentencia (Marque la respuesta correcta): a. La violación de una norma procesal puede generar que una sen­ tencia sea revocada. b. La violación de una norma procesal solo puede originar revoca­ ción de una sentencia. c. La violación de una norma material tiene como consecuencia la anulación de una sentencia. d. La violación de una norma procesal tiene como consecuencia la nulidad de la sentencia o del procedimiento, dependiendo donde se detecte el vicio.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

30 .¿Cuál es la finalidad del proceso? a. Resolver conflictos de intereses e incertidumbres, pero cuando tengan relevancia jurídica. 534

PRUEBA H

b. Resolver conflictos de intereses que se desprendan de las rela­ ciones jurídicas materiales. c. Proporcionar una declaración de certeza con autoridad de cosa juzgada frente a un conflicto de intereses. d. Reparar los daños ocasionados por un ilícito civil a través de una actuación judicial.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DELA PRUEBA F-CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

31 .Marque la afirmación correcta sobre el recurso de casación: a. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una nor­ ma procesal, la sala deberá revocar la sentencia de segundo grado. b. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una nor­ ma procesal, la sala deberá anular la sentencia de segundo grado. c. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma procesal, la sala podrá anular o revocar la sentencia según sea el caso. d. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma material, la sala deberá anular la sentencia de segundo grado.

Respuesta: c VERPREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA F- CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

535

LEGALES EDICIONES

Si bien Perú ha avanzado en su compromiso para combatir la vio­ lencia contra las mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa con preocupación los registros oficiales que indi­ can que en el 2021 se atendieron 140.833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que representa un incremento del 43% en comparación con 2020. Asimismo, se tuvo noticias de que altos funcionarios del Estado calificaron las denuncias de violencia familiar contra funcionarios públicos como temas personales. Co­ mentarios de tal naturaleza robustecen la noción equivocada de que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto pri­ vado cuya injerencia escapa de la competencia del Estado, y envían un mensaje social de tolerancia a la violencia.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

32 .La Comisión recuerda al Gobierno peruano: a. Que el Estado tiene la obligación de erradicar la cultura del machismo y patriarcalismo b. Que el Estado debe llamar la atención a sus ministros y altos funcionarios c. Que el Estado debe velar por la ciudadanía d. Que el Estado peruano no debe discriminar a las mujeres.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 33 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Admi­ nistrativa N’000318-2020- P-CSJMO-PJ del 8 de setiembre de 2020, aprobó la Directiva N°007.2020-CE-PJ “Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niña, Niño y Adolescente” que, priorizando el interés superior del niño, desarrolla siete principios a respe­ tarse en el desarrollo del proceso.

33 .Marque la respuesta correcta: a. El juez por razones de excesiva carga laboral u otras, puede delegar en el Especialista o Asistente la realización de la Au­ diencia Única. b. La niña, niño o adolescente tienen el derecho a ser escuchados en el proceso en atención a su edad y grado de madurez. c. Ante la inconcurrencia de las partes, procede el archivo del pro­ ceso, pese a existir todos los medios probatorios. d. No es admisible la prueba indiciaría para acreditar el nivel de vida del alimentante.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 9 DELA PRUEBA G - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

Ante los casos que se ventilan en sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de presuntas víctimas sin representa­ ción legal debidamente acreditada, qué opciones tiene el Tribunal. 3 4.Señale la respuesta correcta:

a. Podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación de caso. 536

PRUEBA H

b. Solicitar al Estado parte la designación de un abogado.

c. Solicitar a la presunta víctima para que designe a su defen­ sor. d. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asume el caso y la defensa legal.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ

35 . De acuerdo con Hans Kelsen, la “unidad del sistema jurídico” ven­ dría determinada:

(Marque la opción correcta) a. Por el juego combinado de reglas primarias y reglas secunda­ rias. b. Por la vinculación entre las reglas y los principios.

c. Por la existencia de la regla de reconocimiento. d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

36 . En la Teoría General del Derecho, los criterios para resolver anti­ nomias son: (Marque la opción correcta) a. Jerárquico, cronológico, de especialidad y de competencia.

b. Jerárquico, cronológico, consecuente y a distancia. c. Superioridad, intermedio, determinado y cronológico.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 40 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 37 .Respecto a la competencia, marque la alternativa correcta:

a. Siendo dos o más los demandados, es competente el Juez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos. 537

LEGALES EDICIONES

d. Profundo, de especialidad, interpretativo y cronológico.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. Siendo dos o más los demandados, es competente el Juez lugar del domicilio del demandante. c. Siendo dos o más los demandados, es competente el Juez lugar relacionado al asunto en litigio. d. Siendo dos o más los demandados, es competente el Juez tural del lugar del domicilio precisado por cualquiera de demandados.

del del na­ los

Respuesta: a Por razón de conexión se demanden varias pretensiones contra varios demandados, será competente el Juez del domicilio de cualquiera de ellos, se demanda a una persona jurídica, es competente el Juez del do­ micilio en donde tiene su sede principal, salvo disposición legal en con­ trario.

38 .La argumentación jurídica permite: a. Descubrir la verdad de los hechos. b. Tener una visión autoritativa del Derecho. c. Llegar a conclusiones por medio de afirmaciones lógicas que están fundamentadas en razones aceptadas desde el campo de la aplicación de los textos normativos y el punto de vista juris­ prudencial. d. Las respuestas a) y b) son correctas.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A- CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

39 .¿Cuál es la relación de jerarquía que existe entre la interpretación que desarrolla el Tribunal Constitucional con las de la Corte Interamericana de DDHH? a. b. c. d.

Los criterios de la Corte Interamericana de DDHH prevalecen. Los criterios del Tribunal Constitucional prevalecen. La jerarquía está sujeta a un criterio de relación de integración. Las respuestas a y c.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 538

PRUEBA H

40 .La Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N°27444 en su artículo 213 faculta a la autoridad a declarar de Oficio la nulidad de los Actos Administrativos, cuando se de algunos de los siguientes supuestos.

Marque la respuesta correcta. a. Se ha incurrido en error numérico. b. El funcionario que lo expidió advierta que aplicó una norma que no correspondía. c. No haya quedado firme la resolución. d. Si habiendo quedado firma agravia el interés público o lesiona derechos fundamentales.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 38 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

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CONVOCATORIA 010-2021-SN/JNJ (Concurso público para la selección y nombram de fiscales superiores, fiscal adjunto superior fiscales provinciales * Acceso abierto)

PRUEBj

FISCAL SUPERIOR PENAL María y Ana de 20 años de edad, son dos estudiantes de periodismo en una Universidad prestigiosa de Lima, y a raíz de que su profesor Juan Carlos del Curso de Realidad Nacional le encarga un experi­ mento social, deciden tocar como tema de estudio “El Terrorismo en el Perú”, de tal manera realizaron diversos afiches con la imagen del cabecilla senderista, Abimael Guzmán, colocando en algunos de ellos la palabra “Héroe Nacional” y en otras “Villano Nacional” distri­ buyéndolos como volantes en la Plaza de Armas de Lima. En esas cir­ cunstancias Manuel, ciudadano ayacuchano, quien recibe un afiche de Abimael Guzmán en el cual se indicaba “Héroe Nacional”, decide grabar lo sucedido increpando la actitud de las muchachas, llaman­ do a la Policía de la Plaza de Armas, afirmando que las estudiantes están realizando apología al Terrorismo, siendo ambas detenidas.

Las jóvenes explicaron en la comisaría que solo se trataba de un ex­ perimento social y no estaban exaltando a la figura de Abimael Guz­ mán, más bien su intención era concientizar a la población con la Historia de Sendero Luminoso, ante la falta de conocimiento de par­ te de los jóvenes frente a un hecho que marcó la historia trágica de nuestro país.

1. Al respecto, marque la respuesta correcta:

Conforme al artículo 316-A del Código Penal nos encontramos ante un delito de Apología del terrorismo, puesto que se trata de exaltar a Abimael Guzmán como un Héroe Nacional. b. Tanto María y Ana han incurrido en la agravante prevista en el artículo 316-A del Código Penal pues la exaltación a Abimael Guzmán se realizó a través de imágenes visuales en medios de comunicación social. c. No se puede imputar el delito de Apología al Terrorismo a las « jóvenes estudiantes -María y Ana- ante la inexistencia del dolo > para exaltar a Abimael Guzmán como un héroe nacional. d. No se puede imputar el delito de Apología al terrorismo a las § jóvenes estudiantes, dado que han cumplido un deber impuesto Q por el profesor Juan Carlos de Realidad Nacional, concurrien§ do la causa de justificación prevista en el artículo 20.inciso 9 del Código Penal -que obra por orden obligatoria de autoridad j competente, expedida en ejercicio de sus funciones-. V a.

___________________________________________________________________________________________ 543

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ El 15 de junio del 2017 en circunstancias que Ricardo Villanueva Es­ trada de 21 años de edad, se encontraba conduciendo su vehículo particular de placa de rodaje C7C-345 con el letrero de taxi por in­ mediaciones de la cuadra 07 de la avenida Angamos Este en el dis­ trito de Surquillo, fue intervenido por personal policial, quienes al percatarse del aliento a alcohol, lo llevaron a practicarle el examen correspondiente, el cual arrojó como resultado 2.5 g/1 de alcohol en la sangre, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía la cual procedió a denunciarlo. El procesado no contaba con antecedentes de ningún tipo, no contaba con licencia de conducir y negó haber estado bebiendo licor, siendo condenado como autor del delito de conducción en estado de ebriedad a tres años de pena privativa de li­ bertad suspendida condicionalmente por el mismo plazo y al pago de una reparación civil ascendente a mil nuevos soles a favor del Poder Judicial, siendo tipificado el hecho en el segundo párrafo del artículo 274 del Código Penal.

LEGALES EDICIONES

2. Con relación al caso el juez debió:

a. Dictarle una pena efectiva dado que el procesado al haber esta­ do ebrio, pudo atropellar a cualquier persona. b. No debió condenar al procesado por encontrarse con un gra­ do alcohólico alto, estando exento de responsabilidad penal en atención a la grave alteración de la conciencia. c. Condenarlo bajo los alcances del primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, dado que en el momento que conducía se encontraba sin pasajero. d. Condenarlo bajo una figura culposa dado que, al encontrarse el procesado en estado de ebriedad, no se daba cuenta de lo que hacía, no existiendo dolo en su actuar.

Respuesta: c Comete el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción quien encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos litro, o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, opera o maniobra instrumento, herramienta, máquina u otro análogo que represente riesgo o peligro. 544

PRUEBA I

Así pues, el tipo objetivo está compuesto por dos elementos para su con­ figuración: a) La conducción, operatividad o maniobra de un vehículo motoriza­ do, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo. Debe entender­ se por tales a toda acción que consiste en manejar y/o manipular, los mecanismos de la dirección de un vehículo motorizado u otro análogo desplazándolo en el espacio. Ello supone necesariamente que la acción de conducir ha de tener una cierta duración temporal y traducirse en el recorrido de un espacio y que haya de tomar lugar en la vía pública. b) Encontrarse en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos por litro, o bajo el efecto de estupefacientes. Ahora bien, este delito es uno de mera actividad, es decir, no se exige un resultado porque la sola acción consuma el delito; y basta con el simple hecho objetivo de conducir en estado de ebriedad para que la conducta sea típicamente antijurídica y culpable. Las penas se van agravando respecto al nivel de presencia de alcohol en la sangre, teniendo como resultado que la persona que tiene mayor de 0.5 gramos-litro de alcohol en la sangre tendrá una pena de no menor de 6 meses ni mayor a 2 años. Y si el agente es chofer de transporte público y tiene más de 0.25 gramos-litro la pena será no menor de uno ni mayor de tres años. 3. En cuanto a la pena impuesta, marque la alternativa correcta:

a. El juez al momento de sentenciar debió considerar la edad res­ tringida del procesado. b. El Juez no impuso la pena de inhabilitación, toda vez que eso corresponde a la autoridad administrativa. c. Al no tener el procesado antecedente alguno, gozaba de ate­ nuantes más no de agravantes por lo que el Juez debió establecer la pena en el primer tercio. d. El juez debió de establecer en la sentencia una mayor suma de reparación civil a favor del Poder Judicial. °°

Respuesta: c El espacio punitivo que se crea entre cada extremo (pena no menor de [...] ni mayor de [...]) debe concretarse teniendo también en cuenta la riqueza fáctica de los elementos propios de cada caso en concreto. Por ello, el art. 45-A del Código Penal incorpora el sistema de agravantes y _________________________________________________________ 545

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

atenuantes. Sin embargo, esta sistemática no se agotaba en lo señalado en la parte general, puesto que aunado a estas, se encuentran también las agravantes y atenuantes tipificados en la redacción de cada tipo penal en caso las hubiera. Así mismo, la existencia de agravantes y atenuantes no se agota en dos espacios, por ello no podría haber dos mitades, en donde una recoja únicamente atenuantes y en otra se recoja agravantes. La misma realidad del proceso admite que en un mismo imputado concurran tanto agra­ vantes como atenuantes, siendo esta la razón del denominado sistema de tercios de la pena. Por lo tanto, la pena concreta a imponer deberá enmarcarse en uno de los tercios.

Según el Recurso de Nulidad N° 3084-2015-Lima Norte, del 02/06/2016, propone el siguiente ejemplo: “X cometió delito de robo en 2013, motivo por el cual empezó a ser procesado en 2015, dictándosele prisión preventiva en su contra, siendo finalmente sentenciado en 2016 e imponiéndosele una pena privativa de libertad de diez años, la misma que en aplicación del artículo 47° del Código Penal, al te­ nerse que está en prisión desde 2015, vencerá el 2025. No obstan­ te, posteriormente se descubre que cometió delito de falsificación de documento público en 2010, dictándosele prisión preventiva en 2019, siendo condenado en 2020 a ocho años de pena privativa de libertad”.

4. Señale usted a qué institución jurídica se refiere esta ejecutoria suprema y qué principio predomina al momento de determinar judicialmente la pena:

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Concurso real de delitos y principio de asperación. Concurso ideal de delitos y principio de absorción. Concurso real retrospectivo y principio de acumulación. Concurso ideal retrospectivo y principio de absorción.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ María quien vive en España, al enterarse de la crisis que se pueda desatar en el Perú por la renuncia del presidente, le gira a su hijo Jorgito la suma de cinco mil dólares en el banco “Nuevo Sol” para que compre su pasaje y viaje a España; Jorgito tras ser comuni­ cado del envío de dinero se apersona a la ventanilla del banco a 546

PRUEBA I

fin de retirarlo. Al momento de entregar Jorgito su documento de identidad a la cajera se le cae de la billetera un “paquetito” envuelto en papel periódico que había sido entregado por su amigo Perico quien tenía varios de dichos paquetitos y que se encontraba espe­ rándolo fuera del Banco; en ese momento Jorgito procura ocultar rápidamente en actitud sospechosa el paquetito en mención. Este hecho fue visto por el oficial encargado de velar por la seguridad del recinto, motivo por el cual inquirió a Jorgito la entrega del “pa­ quetito”, a lo que éste respondió que se trataba de tabaco suelto que usa para prepararse unos cigarrillos por resultarle más bara­ tos. Sin embargo, al mirar la hierbita dentro del envoltorio, el Policía sospechó otra cosa, llevándolo de inmediato al Departamento de Pericias, donde se concluyó que el “paquetito” contenía 8 gramos de marihuana, ante la evidencia Jorgito delató a su amigo Perico de la entrega de dicho paquetito, el mismo que fue intervenido mi­ nutos después por la policía hallándosele en su posesión quince de los paquetitos en mención.

5. De lo señalado en el caso, es correcto afirmar:

a. Jorgito y Perico son coautores del delito de tráfico ilícito de dro­ gas. b. Jorgito es autor de micro comercialización de drogas. c. Está exento de responsabilidad penal la conducta de Perico por la cantidad de droga hallada en su posesión. d. No es punible la posesión de droga hallada a Jorgito pues era para su propio consumo. Respuesta: d

Malandro, es un conocido consumidor de drogas que se apersona a la farmacia de su barrio y pide que le vendan una jeringa y aguja para inyectarse cocaína que traía consigo en un frasco. El boticario de la farmacia, quien un mes antes había salido de un centro de rehabilita­ ción por drogas, le aconseja lo siguiente: “amigo, deje de consumir droga, no arruine su vida de ese modo, yo he pasado por eso también; sin embargo, sólo por esta única vezie venderé lo que me pide”. El consu­ midor de drogas agradece el consejo y le refiere que no se preocupara; 547

LEGALES EDICIONES

No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus derivados, un gramo de látex de opio o doscientos mili­ gramos de sus derivados.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

luego de pagar y recibir el producto, en presencia del farmacéutico toma la jeringa y aguja, y se inyecta la droga, para luego irse apresu­ rado del local, pero muere apenas unos minutos después en la calle a causa de una sobredosis. 6. De lo señalado en el caso, es correcto afirmar:

a. El boticario responde penalmente como autor porque vendió la jeringa a Malandro para que pueda inyectarse la droga que le causó su muerte. b. El boticario responde penalmente como cómplice pues al ven­ derle la jeringa contribuyó causalmente para que se produjera el resultado muerte. c. Está exento de responsabilidad penal el boticario, pues su con­ ducta carece de relevancia jurídica. d. No responde penalmente el boticario, porque estamos frente a una autopuesta en peligro de la víctima.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d La autopuesta en peligro y la heteropuesta en peligro aducen a una es­ tructura diferencial asumida por el maestro Claus Roxin, refiriendo lo siguiente: i) Si la puesta en peligro procede de la víctima -por ejemplo, cuan­ do se inyecta a sí misma una dosis de heroína letal o cuando, en el curso de una carrera con infracción de las normas de tráfico, cae de su propia motocicleta-, entonces, concurre una autopuesta en peligro dolosa y la cooperación de terceros queda impune en todo caso. ii ) Si este acto de puesta en peligro no procede en cambio de la víctima, que se limita a someterse con conocimiento del riesgo a la puesta en peligro procedente de otra persona estamos, entonces, ante una heteropuesta en peligro consentida. Por ejemplo, quien, tras asistir a una fiesta nocturna, se deja llevar en un automóvil por otro invitado, sabiendo que este ha consumido alcohol y que no está en condicio­ nes de conducir de forma segura. En la mayoría de los casos esta conducta es punible, pero Roxin aña­ de que no es adecuado desde el punto de vista político criminal la impunidad general de la heteropuesta en peligro, es por ello que no equipara ambos supuestos de implicancia de la víctima en el resul­ tado lesivo. Sin embargo, agrega que, con ayuda de determinados criterios, puede llegarse a la conclusión, en ciertos supuestos, de que 548

PRUEBA I

la heteropuesta en peligro equivale a la autopuesta en peligro y debe ser por ello igualmente impune. La acusación fiscal y los medios probatorios actuados en el proceso, imputan a “A” la comisión del delito reprimido por el inciso 3° del se­ gundo párrafo del artículo 367 del Código Penal (violencia y resisten­ cia a la autoridad), cometido en agravio de un miembro de la Policía Nacional. No obstante que hubo agresión física, se probó también que las lesiones producidas al policía, no ocasionaron siquiera lesio­ nes leves (Acuerdo Plenario Extraordinario N’ 1- 2016/CIJ-116). 7. Sobre la penalidad a aplicar, señale usted la alternativa correcta:

La pena en ningún caso puede ser mayor de tres años de pri­ vación de la libertad, pues ella no puede sobrepasar la pena mínima fijada para las lesiones leves, previstas en el artículo 122, inciso 3, literal a), del Código Penal. b. La pena en ningún caso puede ser menor de ocho años de pri­ vación de la libertad, considerando que el inciso 3), segundo párrafo del artículo 367, prevé una pena básica mínima de ocho y máxima de doce años. c. La pena en virtud del principio de proporcionalidad de la san­ ción a imponer, será no menor de cuatro ni mayor de ocho años, tratándose de lesiones graves (artículo 121, modificado por el Decreto Legislativo N° 1323). d. La pena no puede ser menor de seis años de privación de la libertad, pues no obstante que el tipo prevé una pena básica mí­ nima de ocho y máxima de doce años, no hubo lesiones siquiera leves. a.

s Respuesta: a VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ

Ricardo Fáciles, abogado de la oficina de asesoría legal de la Universidad Pública de Integración de América (UPIA), es condenado a un año de pena privativa de libertad efectiva por la comisión del delito de peculado (artículo 387° del Código Penal). En concreto, se afirma que Fáciles, utilizó papel membretado de dicha casa superior de estudios para redactar un escrito de apersonamiento en favor de Néstor Castor del Hampa su cliente, al cual le brinda asesoramiento particular por estar sometido a un proceso judicial por el delito de concusión. ___________________________________________________________________________________________ 549

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

8. Con relación al proceso penal por el cual fue condenado Ricardo Fáciles, es correcto afirmar que:

a. El hecho de que el asesor legal utilice papel membretado que le per­ tenece a dicha casa de estudios y que le ha sido encargado para los fines de defensa legal de la institución, no atenta contra la correcta gestión del patrimonio público. Sin embargo, existe la necesidad de que la sanción a dicho comportamiento sea de naturaleza penal. b. No es aplicable en el presente caso el principio de última ratio. c. El derecho penal y procesal penal, no puede arrogarse todo comportamiento socialmente indeseado -su ámbito de aplica­ ción es limitado-, sino solo aquellos que revisten gravedad y que no son posibles de revertir con medios de control social menos severos. d. Los ataques leves a los bienes jurídicos deberán ser atendidos por el derecho penal por su carácter fragmentario y de control de conductas ilícitas.

Respuesta: c El Derecho Penal es la última ratio, debiendo ser el último recurso que debe de utilizar el Estado cuando se carece de otros menos lesivos. Aun­ que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos, esto no quiere decir que todo bien jurídico tenga que ser protegido por el Código Pe­ nal, así como, tampoco que en todas las violaciones a los bienes jurídi­ cos penalmente tutelados deba de tener intervención el Derecho Penal. El Derecho Penal actúa en la protección penal del medio ambiente de forma accesoria y subsidiaria con respecto al Derecho Administrativo. 9. Para el caso propuesto, es correcto afirmar, que con relación a la sanción penal impuesta a Ricardo Fáciles:

Es preciso tomar en cuenta un factor que resulta indispensable: la constatación de una afectación del bien jurídico en términos penales, por lo tanto debe preferirse una sanción administrativa antes que una sanción penal. b. La pena es proporcional al daño causado, al tratarse de un bien de Estado y que el delito es contra la Administración Pública. c. A la conducta materia de sanción penal no se le aplicó la ley de tercios en sentido lato. d. La pena debe ser más severa por el sólo hecho de tratarse de un funcionario público.

LEGALES EDICIONES

a.

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PRUEBA I

Respuesta: a En resumen, los bienes jurídicos son bienes vitales, fundamentales para la existencia en común, abarcan aspectos individuales, colectivos e ins­ titucionales que concurren en los procesos de relación del individuo dentro de su comunidad y del sistema social y del funcionamiento del mismo. A Elíseo Romero y Alvaro Thomas, funcionarios del Gobierno Regional de Huaura, se les atribuye el delito de peculado -delito de infracción de deber- quienes se ponen de acuerdo para sustraer el patrimonio de la institución sobre el cual tienen la relación funcional de adminis­ tración, y así lo hacen, cada uno de ellos actuando en el ejercicio de sus funciones afectan su deber personal de no lesividad del patrimo­ nio público.

10. Sobre lo enunciado se puede concluir que:

Respuesta: a Con respecto al delito de peculado, el Acuerdo Plenario N° 04-2005 se­ ñala que el bien jurídico en este delito tiene un carácter pluriofensivo y protege: a) el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales 551

LEGALES EDICIONES

a. No puede sostenerse que en los funcionarios o servidores públicos ha concurrido un reparto de conductas para in­ fringir un deber especial penal. Por lo tanto, si dos o más funcionarios o servidores públicos con relación funcional se apropian por ejemplo, de bienes del Estado; todos respon­ den a título de autores. b. Puede concebirse que en los funcionarios o servidores públicos ha concurrido un reparto de conductas para infringir un deber especial penal para delinquir, debiendo responder como cóm­ plices. c. Si dos o más funcionarios o servidores públicos con relación funcional se apropian por ejemplo, de bienes del Estado, todos responden a título de cómplices primarios. d. Puede sostenerse que en los funcionarios o servidores públi­ cos no ha concurrido un reparto de conductas para infringir un deber especial penal. Por lo tanto, si dos o más funcionarios o servidores públicos sin relación funcional se apropian por ejemplo, de bienes del Estado, su conducta constituye un delito distinto al de peculado.

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LEGALES EDICIONES

de la Administración Pública y b) evitar el abuso [de] poder (...) [d]el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad (Fundamento 6). Es decir, el objeto material de la acción estaría constituido por los intereses patrimoniales estatales, mientras que el bien jurídico específico por aquellos principios que es­ tán detrás de su correcta gestión y utilización. El delito de peculado tiene dos modalidades de comisión: la apropiación y utilización. La apropiación implicará la disposición de los bienes de la Administración como si el agente fuera propietario, mientras que la utilización (distracción) una “aplicación privada temporal”. Conforme a Salinas, “la forma de apropiación puede recaer tanto en actos materiales de incorporación de los caudales o efectos públicos al patrimonio del autor, acrecentando su masa patrimonial, como en actos de disposición inmediata (venta, alquiler, préstamo, uso con ánimo de propietario, en­ trega a terceros, donaciones, etc.)”. Por otro lado, en el caso del peculado por utilización, no existiría el objetivo de apoderarse de los bienes, sino de aprovecharlos en beneficio propio o de terceros. Además de ello, el Acuerdo Plenario N° 4-2005 señala que “no es nece­ sario que sobre los bienes que se le haya confiado por razón de su cargo (...) el agente ejerza una tenencia material directa. Es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcio­ nario o servidor público; debe tener, por tanto, competencia funcional específica” (fundamento 6). De esta manera se deja de lado cualquier referencia a una tenencia material de los fondos. De otro lado, cuando el tipo penal menciona al elemento de la percep­ ción, hace referencia a la captación de caudales o efectos, como fondos del “tesoro público, de particulares, de fuentes extranjeras, donaciones, producto de operaciones contractuales, provenientes incluso de otras agencias estatales, etc.”. Por su parte, la administración se vincula con la gestión de los bienes, es decir, con funciones de manejo y conducción. El caso de la custodia, de otro lado, se refiere a las funciones de protección, conservación y vigilancia de los caudales y efectos públicos. Finalmente, conforme al delito de peculado, se señala que la apropia­ ción o utilización se realizará sobre caudales o efectos públicos. Según el Acuerdo Plenario N° 4-2005, “los primeros son bienes en general de contenido económico, incluido el dinero. Los efectos, son todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial público, in­ cluyendo los títulos valores negociables”. De esta manera, caudales serán aquellos bienes con contenido económico “incluso los bienes artísticos, 552

PRUEBA I

recreativos e históricos”. Mientras que los efectos serán “documentos de crédito negociables emanados de la Administración Pública: valores en papel, títulos, sellos, estampillas, bonos, etc” 11. Sobre la coautoría en el caso planteado, es correcto afirmar:

a. Puede concurrir la figura de coautoría porque como se trata de un delito de infracción de un deber especial material, resulta sostenible que dos o más funcionarios o servidores públicos acuerden sus voluntades para transgredir una parte del deber general. b. Que la teoría de la infracción del deber de Roxin, no acepta la coautoría que, ciertamente, es la consecuencia de la teoría del dominio del hecho. c. Dos o más funcionarios que acuerden sus voluntades para transgredir una parte del deber especial, pueden dividir mate­ rialmente sus roles. d. Que la teoría del dominio del hecho de Roxin, acepta la autoría inmediata que, ciertamente, es la consecuencia del principio de prohibición de regreso

Respuesta: b El profesor Roxin enseña que se trata de deberes que no se extienden a cualquier partícipe delictivo, pero que es indispensable para completar el tipo penal. Se trata siempre de deberes que lógicamente están ubica­ dos antes de la norma penal y que, por lo general, surgen en otros ámbi­ tos del Derecho vigente. 12. Se cometió un delito de violación sexual donde el agresor es un familiar de la víctima. Debido a dicho contexto, es posible que en la valoración probatoria de las declaraciones de la víctima (no uni­ formes) se pueda prescindir de la siguiente garantía de certeza: g

a. b. c. d.

Persistencia. Verosimilitud. Conducencia. Utilidad.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA G - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ __________________________________________________________________________________________ 553

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy concurrida y poco alumbrada, de repente 1 varón se acerca a ella y le empieza a decir “ya perdiste”, “dame tu celular y tu cartera” frente a lo cual la mujer empieza a correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular y cartera, pero ella se resistía. Para que no se resista, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El asaltante no consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba desmayada) abusó sexualmente de ella. Responda las siguientes preguntas:

13. ¿Qué delito se habría cometido?

a. b. c. d.

Robo agravado con subsecuente muerte. Homicidio calificado. Feminicidio. Violación sexual de persona en incapacidad de resistir.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 1 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

La empresa La Poderosa está encargada de la ejecución de una ca­ rretera, en virtud al contrato suscrito con una entidad estatal, al haber obtenido la buena pro en el proceso de licitación pública. Concluido el plazo contractual, la empresa pretende se le apruebe valorizacio­ nes por montos indebidos que lo beneficiarían en la liquidación de la obra, valorizaciones que fueron cuestionadas por el supervisor de la obra y no aprobadas por la entidad, por lo que el representante de la empresa decide recurrir a la vía arbitral. Estando en trámite el proceso arbitral, acuerda con el titular de la entidad el beneficio de la empresa en todas sus pretensiones, para lo cual arriban a una conciliación en dicho proceso arbitral en la que participan personas distintas en representación de la entidad y la em­ presa constructora en virtud a la designación efectuada, emitiéndose el correspondiente laudo arbitral.

14. Sobre los hechos descritos, señale la respuesta correcta:

a. Los hechos resultan atípicos, en tanto el acuerdo defraudatorio para el Estado se ha dado en el marco de un proceso arbitral y no de un proceso de contratación pública. b. El laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada y por tanto no puede ser materia de cuestionamiento. c. Los hechos son típicos de colusión agravada, constituyendo el proceso arbitral el medio empleado para lograr la defraudación al Estado. 554

PRUEBA I

d. Los hechos resultan atípicos, en tanto ya concluyó el plazo con­ tractual.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ Juan, jefe de logística del Ministerio de Transportes y Comunicacio­ nes, encargado de las licitaciones en dicha entidad, abusando de su cargo incrementa ilícitamente el patrimonio de su hermano Arman­ do, a nombre de quien figuran todos los bienes y el dinero; sin embar­ go, de facto ejerce el pleno dominio sobre dichos activos.

15. En atención al caso planteado, sobre la imputación a efectuar contra Juan. Señale la respuesta correcta: Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento Ilícito, en calidad de autor, dado que en realidad ha incrementado su pa­ trimonio sirviéndose de un testaferro. b. Su conducta no resulta punible, puesto que no ha incrementado su patrimonio, como exige el tipo penal, sino el patrimonio de su hermano. c. Corresponde imputarle el delito de lavado de activos en cali­ dad de autor. d. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice de su hermano Armando.

a.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 16. En el mismo caso, ¿cuál sería la imputación contra Armado?

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 12 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 555

LEGALES EDICIONES

a. Responde como coautor del delito de enriquecimiento ilícito. b. Su conducta no resulta punible, dada la incomunicabilidad de circunstancias. c. Responde como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. d. Responde por un delito común, dado que no ostenta la calidad de funcionario público exigido por el tipo penal.

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17. El Tribunal Constitucional, en una importante sentencia (senten­ cia 1417-2005-AA/TC), ha señalado que la distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas puedan ser divididas entre “Normas regla” y “normas principios”. Sobre este último tipo de normas, las ha definido como:

Marque la respuesta correcta a. Son mandatos concretos de carácter autoaplicativo. b. Son mandatos judicializables. c. Son mandatos de optimización, normas abiertas de eficacia dife­ rida, que requieren de la intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de judicialización. d. Son mandatos flexibles, que requieren de fuente jurisprudencial

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c Ha señalado el TC en el EXP. N° 1417-2005-AA/TC LIMA: “§2.2 Los derechos fundamentales de configuración legal 11. La distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas puedan ser divididas éntre “normas regla” y “normas prin­ cipio”. Mientras que las primeras se identifican con mandatos con­ cretos de carácter autoaplicativo y son, consecuentemente, judiciali­ zables, las segundas constituyen mandatos de optimización, normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de judicialización. En tal perspectiva, existen determinados derechos fundamentales cuyo contenido constitucional directamente protegido, requiere ser delimitado por la ley, sea porque así lo ha previsto la propia Carta Fundamental (vg. el artículo 27o de la Constitución en relación con el derecho a la estabilidad laboral. Cfr. STC 0976-2001-AA, Fundamen­ to 11 y ss.) o en razón de su propia naturaleza (vg. los derechos socia­ les, económicos y culturales). En estos casos, nos encontramos ante las denominadas leyes de configuración de derechos fundamentales. 12. Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asis­ tencia de la ley no carecen de un contenido per se inmediatamente exigióle a los poderes públicos, pues una interpretación en ese sentido sería contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales supuestos, la ley se convierte en un requisito sine qua non para la culminación de la delimitación con­ creta del contenido directamente atribuible al derecho fundamental. 556

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Y es que si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter jurídico abierto, ello no significa que se traten de derechos “en blanco”, es decir, expuestos a la discrecional regulación del legis­ lador, pues el constituyente ha planteado un grado de certeza inter­ pretativa en su reconocimiento constitucional directo. Aquí se encuentra de por medio el principio de “libre configuración de la ley por el legislador”, conforme al cual debe entenderse que es el legislador el llamado a definir la política social del Estado social y democrático de derecho. En tal sentido, éste goza de una amplia re­ serva legal como instrumento de la formación de la voluntad política en materia social. Sin embargo, dicha capacidad configuradora se encuentra limitada por el contenido esencial de los derechos funda­ mentales, de manera tal que la voluntad política expresada en la ley debe desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas de los derechos, principios y valores constitucionales. §2.3 La distinta eficacia de los derechos fundamentales 13. De esta manera, la distinta eficacia que presentan los derechos fun­ damentales entre sí, no sólo reposa en cuestiones teóricas de carác­ ter histórico, sino que estas diferencias revisten significativas reper­ cusiones prácticas. En tal sentido, cabe distinguir los derechos de preceptividad inmediata o autoaplicativos, de aquellos otros deno­ minados prestacionales, de preceptividad diferida, progresivos o programáticos (STC 0011-2002-AI, Fundamento 9). A esta última categoría pertenecen los derechos fundamentales eco­ nómicos, sociales y culturales (DESC) que, en tanto derechos sub­ jetivos de los particulares y obligaciones mediatas del Estado, ne­ cesitan de un proceso de ejecución de políticas sociales para que el ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena. Tal es el sentido de la Undécima Disposición Final y Transitoria (UDFT) de la Constitución, al establecer que “[l]as disposiciones de la Constitución que exijan nuevos y mayores gastos públicos se aplican progresivamente”. 14. Si bien los DESC son derechos fundamentales, tienen la naturaleza propia de un derecho público subjetivo, antes que la de un derecho de aplicación directa. Lo cual no significa que sean “creación” del legislador. En tanto derechos fundamentales, son derechos de la per­ sona reconocidos por el Estado y no otorgados por éste. Sin embargo, su reconocimiento constitucional no es suficiente para dotarlos de eficacia plena, pues su vinculación jurídica sólo queda

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configurada a partir de su regulación legal, la que los convierte en judicialmente exigibles. Por ello, en la Constitución mantienen la condición de una declaración jurídica formal, mientras que la ley los convierte en un mandato jurídico aprobatorio de un derecho social. Lo expuesto significa que en determinadas circunstancias los DESC no pueden ser objeto de una pretensión susceptible de estimación al interior del proceso de amparo (vg. la exigencia judicial al Estado de un puesto de trabajo o una prestación de vivienda). Ello, sin embar­ go, no puede ser considerado como una regla absoluta. En efecto, tal como se ha precisado en otro momento, el principio de progresividad en el gasto a que hace alusión la UDFT de la Cons­ titución, “no puede ser entendido con carácter indeterminado y, de este modo, servir de alegato frecuente ante la inacción del Estado, pues para este Colegiado la progresividad del gasto no está exenta de observar el establecimiento de plazos razonables, ni de acciones concretas y constantes del Estado para la implementación de políti­ cas públicas”. (STC 2945-2003-AA, Fundamento 36). En esa perspectiva, entre los deberes del Estado previstos en el ar­ tículo 44o de la Constitución, no sólo se encuentra el garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, sino también “pro­ mover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. Por ello, si bien es cierto que la efectividad de los DESC requiere la actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públi­ cos, así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda política social necesita de una ejecución presupuesta!, también lo es que estos derivan en obligaciones concretas por cum­ plir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y efi­ caces para lograr progresivamente la plena efectividad de los mis­ mos en igualdad de condiciones para la totalidad de la población. Los DESC cumplen efectos positivos, vinculando al Estado y a los particulares en la promoción de las condiciones para su cabal efi­ cacia. Asimismo, generan efectos negativos, al proscribir toda con­ ducta gubernamental o particular que niegue u obstaculice su goce y ejercicio. Debe recordarse que “toda política pública nace de obligaciones objetivas concretas que tienen como finalidad primordial el resguardo de derechos tomando como base el respeto a la dignidad de la persona, y que en el caso de

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la ejecución presupuestal para fines sociales, esta no debe conside­ rarse como un gasto sino como una inversión social. Por esta razón, sostener que los derechos sociales se reducen a un vínculo de responsabilidad política entre el constituyente y el legis­ lador, no solo es una ingenuidad en cuanto a la existencia de dicho vínculo, sino también una distorsión evidente en cuanto al sentido y coherencia que debe mantener la Constitución (Morón Diaz, Fabio. La dignidad y la solidaridad como principios rectores del diseño y aplicación de la legislación en materia de seguridad social. Anuario de Derecho Constitucional. CIEDLA. Buenos Aires 2000. Pág. 668). (...). En consecuencia, la exigencia judicial de un derecho social depen­ derá de factores tales como la gravedad y razonabilidad del caso, su vinculación o afectación de otros derechos y la disponibilidad presu­ puestal del Estado, siempre y cuando puedan comprobarse acciones concretas de su parte para la ejecución de políticas sociales”. (STC 2945-2003-AA, Fundamentos 18 y 33). 19. Así las cosas, en el Estado social y democrático de derecho, la ratio fundamentalis no puede ser privativa de los denominados dere­ chos de defensa, es decir, de aquellos derechos cuya plena vigencia se encuentra, en principio, garantizada con una conducta estatal abstencionista, sino que es compartida también por los derechos de prestación que reclaman del Estado una intervención concreta, dinámica y eficiente, a efectos de asegurar las condiciones míni­ mas para una vida acorde con el principio-derecho de dignidad humana.” 18. Marque la opción correcta:

En un Estado Constitucional de Derecho, el “principio de igual­ dad” se reafirma en el:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA C-CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 559

LEGALES EDICIONES

a. En el principio de generalidad y el principio de supremacía constitucional. b. En el principio de generalidad y abstracción de las normas jurí­ dicas. c. En el principio de dignidad humana. d. En el principio de humanidad y supremacía constitucional.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

19. Marque la opción correcta:

El control de convencionalidad a. Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Hu­ manos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal. b. Es un método de interpretación para conocer el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos. c. Es una herramienta doctrinaria que se utiliza para complemen­ tar los ordenamientos jurídicos de los Estados. d. Es una técnica hermenéutica para mejorar la interpretación de los derechos humanos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ El derecho a no ser discriminado por razón de sexo, como señaló el Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Expediente N”56522007-AA incluye dos mandatos: 20. Marque la respuesta incorrecta:

LEGALES EDICIONES

a. La prohibición de discriminación directa. b. La obligación de exigir un trato jurídico indiferenciado para hombres y mujeres como regla general. c. La prohibición de discriminación indirecta. d. La aceptación de tratamientos jurídicos formalmente neu­ tros, de los cuales se deriven consecuencias con impacto diferenciado sobre los miembros de uno u otro sexo.

Respuesta: d En la sentencia recaída en el Expediente 05652-2007-PA/TC, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de reposición de una traba­ jadora que alegó ser discriminada por estar embarazada, toda vez que su contrato de servicios no personales no fue renovado. En el caso específico, una trabajadora embarazada declaró que se desna­ turalizaron los contratos de servicios no personales que firmó sucesiva­ mente. Así, existiendo una relación de trabajo se le habría despedido por su condición de embarazo. 560

PRUEBA I

En el proceso de amparo, la trabajadora demostró que su contrato de lo­ cación de servicios se desnaturalizó, por lo que se encontraba amparada por las normas laborales. Luego, la demandante demostró que comunicó a su empleador que se encontraba embarazada; no obstante, a pesar de conocer su estado, decidió cesarla bajo el argumento que el plazo de su contrato había vencido. Al respecto, para el Tribunal Constitucional este acto vulneró el derecho a la igualdad de la demandante, pues se comprobó que fue víctima de un despido discriminatorio directo por razón de sexo.

Esta sentencia es relevante porque se incluye en sus fundamentos el desarrollo del concepto de discriminación directa por sexo, así como las diferencias necesarias para el trato de hombres y mujeres en el ámbito laboral. Exp. 2970-2019-PHC/TC. Madre de Dios-

Doña Marcelina Rudas Valer y doña Jhojana Rudas Guedes, interpu­ sieron demanda de habeas corpus a favor de esta última y la dirigie­ ron contra el jefe del Registro Nacional de Identificación y Servicio Civil (RENIEC) a fin de que a Jhojana se le emita el documento Na­ cional de Identidad (DNI) con ese nombre, esto es anteponiendo el apellido materno al paterno. Se alega vulneración del derecho a la identidad. El Tribunal Constitucional al expedir sentencia por mayoría señaló: 21. Marque la respuesta incorrecta: a. b. c. d.

El nombre provee de información base para la emisión del DNI. El nombre es imprescriptible. El nombre es comercial. El nombre hace posible el ejercicio de derechos.

VER PREGUNTA N° 21 DELA PRUEBA A- CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

En la misma sentencia señaló que el Artículo 18° de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúa: “Toda persona tiene de­ recho a un nombre propio y a ios apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentara la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombre supuestos, si fuera necesario”. 561

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

22. Marca la respuesta correcta. La Convención Americana de Derechos Humanos, forma parte del derecho nacional. b. La Convención Americana de Derechos Humanos es un Título del Código del Niño y del Adolescente. c. La Convención Americana de Derechos Humanos solo desarrolla conceptos útiles para la aplicación del derecho. d. La Convención Americana de Derechos Humanos no vincula a los jueces peruanos.

a.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también lla­ mada Pacto de San José de Costa Rica) fue suscrita, tras la Confe­ rencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es el tratado más importante del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. La Convención establece en el artículo 1.1 la obligación general de res­ petar y garantizar los derechos humanos allí establecidos sin discri­ minación. Asimismo, en el artículo 2 señala que si el ejercicio de tales derechos y libertades no estuviese ya garantizado por disposiciones le­ gislativas o de otro carácter, los Estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer­ los efectivos. Además, dispone la obligación, para los Estados partes, del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La Convención establece, como medios de protección de los derechos y libertades, dos órganos para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: la Comisión Interamericana de Dere­ chos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la fecha, 23 Estados son parte de la Convención: Argentina, Barba­ dos, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Trinidad y Tobago renunció a la Convención Americana sobre Dere­ chos Humanos por medio de un comunicado dirigido al Secretario Ge­ 562

PRUEBA I

neral de la OEA el 26 de mayo de 1998, sufriendo efecto el 28 de mayo de 1999. Igualmente lo hizo Venezuela en el 2012, surtiendo efecto el 10 de septiembre de 2013.5 Entre otros instrumentos, ha sido complementada con: V Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)6, de 1988, en el cual es el tratado regio­ nal más importante en esta materia. V Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos re­ lativo a la abolición de la pena de muerte, de 1990. Estos protocolos cuentan con diversos grados de ratificación por parte de los Estados.

Sobre la institución procesal de la tutela de derechos del nuevo Có­ digo Procesal Penal desarrollada en los Acuerdos Plenarios 4-2010/ CJ-116 y 2-2012/CJ-116 23. Es cierto que:

563

LEGALES EDICIONES

a. Vía tutela de derechos, el órgano jurisdiccional puede interve­ nir para enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito de la expedición de la Disposición Fiscal de Investigación Pre­ paratoria, por ejemplo, cuando se cuestiona la delictuosidad del hecho y de los presupuestos procesales. b. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal y siempre frente a una omisión fáctica patente o ante un de­ talle de hechos inaceptable por genérico, vago o gaseoso o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabe acudir a la acción jurisdiccional de tutela de derechos. c. A través de la tutela de derechos, el órgano jurisdiccional puede intervenir para anular la Disposición Fiscal de Investigación Prepa­ ratoria, por ejemplo, cuando se cuestiona el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaría, dado que estos constituyen el nivel propio de "sospecha suficiente". d. La función del Juez de Investigación Preparatoria, ante el incum­ plimiento notorio u ostensible por el Fiscal de precisar los hechos que integran los cargos penales, debe, al culminar la audiencia de tutela de derechos, expedir el auto judicial de anulación de la Dis­ posición Fiscal de Investigación Preparatoria.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ Una mujer de nombre Carmen maneja en estado de ebriedad que su­ pera los 0,5 gramos-litro de sangre y choca su vehículo con otro que se encontraba estacionado. Luego, la mujer al ser intervenida se resiste y procede a agredir al efectivo policial con dos cachetadas.

24. ¿Cómo tipificaría la conducta realizada por doña Carmen, consi­ derando lo dispuesto por el Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116? Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena privativa de la libertad fluctúa entre los dos años ni mayor de cuatro años. b. Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena solo puede ser no mayor de tres años y tiene como presu­ puesto la falta de lesiones dolosas. c. Como delito de violencia contra la autoridad agravado. d. Como delito de violencia contra la autoridad con la utilización de las atenuantes y agravantes del art. 46 del CP.

a.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

Lo primero que habría que tomar en cuenta, es que la Corte Suprema considera que el problema principal, en el marco de la aplicación de los artículos 366 y 367 del CP, fue el no apreciar adecuadamente la aplica­ ción del “principio de proporcionalidad” (fundamento 12), como “ayu­ da a la verificación constitucional de la norma”; en tanto “no solamente se compone de elementos normativos y descriptivos, en la misma co­ habitan derechos fundamentales”, debiendo estar sujeta y conforme a la Constitución. El Supremo Tribunal sugiere hacer un test de proporcionalidad para de­ terminar la constitucionalidad de la norma (fundamento 13), pasando por un triple filtro: el primero de adecuación o idoneidad (si la norma coadyuva a un fin constitucionalmente legítimo); el segundo de necesi­ dad (verificación de si no existe un mecanismo alternativo que permita lograr el fin constitucional); y el tercero de proporcionalidad (implica la evaluación de los efectos positivos o negativos de la norma, de ello dependerá su constitucionalidad). Asimismo, se resalta que el sistema penal está sometido a la Constitu­ ción (fundamento 14), debiendo interpretarse las normas que la compo­ 564

PRUEBA I

565

LEGALES EDICIONES

nen (sean de naturaleza material o procesal), de acuerdo a sus principios (se mencionan el de legalidad, el de lesividad y el de culpabilidad). De esta manera, la característica de última ratio de la norma penal (reite­ ramos cualquiera sea su naturaleza), no es meramente enunciativa, sino que el comportamiento reprimido «cause un impacto lo suficientemente importante para que se justifique la intervención penal». El delito de violencia y resistencia contra la autoridad, agravado en contra de un miembro de la Policía Nacional; abarca únicamente aquellos actos que, mediante amenazas o agresiones físicas, rechazan el ius imperium del Estado. Representando, en el ejercicio del poder, competencias y facultades que aquella legalmente ostenta y ejerce; es decir, formas de resistencia activa y violenta contra dicho poder y au­ toridad. La violencia es la fuerza física (vis absoluta) que se emplea directa o indirectamente contra el agente estatal; implica el ejercicio de la fuerza sobre el funcionario con entidad suficiente para impedir o trabar el acto de autoridad. La violencia física solo se configura cuando el funcionario estatal, pese a los actos de resistencia no es capaz de anular dicha fuerza, por ser grave, seria y actual. Siguiendo a Celis Mendoza, señalaremos: J Que la violencia será grave si se tiende a lesionar intereses vitales del sujeto pasivo y que no admita una reparación más o menos rápida del bien jurídico. No configuraría, por ejemplo, si la violencia ejerci­ da por el sujeto activo, para impedir o trabar el acto de autoridad, es vencida. S Que sea seria, implica que debe ser idónea para impedir o trabar la ejecución del acto funcional; para ello, es necesario ponderar la inti­ midación o violencia que emplea el sujeto activo con la capacidad de fuerza habilitada del operador estatal. Nunca podría equipararse la violencia descontrolada de un ebrio, con el acto de fuerza organiza­ da y controlada del funcionario estatal. J Que sea actual, supone que el acto de intimidación o violencia se produzca en el momento en que el funcionario público está reali­ zando un acto propio de su función y con riesgo cierto de su no ejecución. Por su parte, la intimidación es la amenaza (vis compulsiva) de un mal a la persona del funcionario, a sus derechos o intereses; debe ser idónea, con arreglo a las circunstancias del hecho, para infundir miedo, justo temor en el funcionario y de suficiente entidad para doblegar la volun­

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

tad del agente estatal. Este medio típico requiere, para su configuración, también de la concurrencia de los requisitos de gravedad, seriedad e in­ minencia; por ejemplo, la amenaza con una pistola para impedir o tra­ bar la realización del acto de autoridad. El delito de violencia y resistencia a la autoridad es un delito de resul­ tado. Señala el Acuerdo, que la relevancia y punibilidad tienen que ser meno­ res que los que corresponden a otra clase de acciones de violencia que se dirigen a atentar directamente contra la vida o la salud de efectivos policiales, que ejercen o ejercieron sus funciones. Entre los fundamentos jurídicos 21 al 23, el Acuerdo hace un análisis, a fin de sustentar la proporcionalidad en la determinación judicial de la pena; rol que debemos asumir los jueces, al resolver un sub judice en el delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial conforme al agravante del inciso 3 del artículo 367 del Código Penal.

25. Señale usted en qué caso es posible la dúplica del término de prescripción de la acción penal, de conformidad con el último pá­ rrafo del artículo 80° del código Penal:

a. b. c. d.

Delito de robo agravado. Delito de nombramiento ilegal. Delito de malversación de fondos. Delito de peculado.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

Regula el Código Penal: Artículo 80. - Plazos de prescripción de la acción penal “ “La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separada­ mente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos san­ cionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años. En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años. 566

PRUEBA I

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica.”

El director de una entidad estatal acuerda con el representante de la empresa M&J Inversiones, llamado Fermín, que los procesos de selección a convocar durante el presente ejercicio anual serían otor­ gados a la referida empresa, para lo cual este entrega a aquél una fuerte suma de dinero como adelanto de la comisión acordada por los procesos de selección. Para concretar los acuerdos, Fermín se encarga de elaborar -extraoficialmente- la bases del futuro proceso de selección, a fin de manipular las condiciones del mismo, mientras que el director designa como miembros del Comité Especial a perso­ nas afines, a quienes pone al tanto de lo sucedido, quienes aceptan y se comprometen en que al momento de efectuar la calificación en­ tregarían la buena pro a la empresa antes citada, aun cuando no sos­ tienen reunión alguna con Fermín; posteriormente, después de apro­ badas las bases preparadas por Fermín, las cuelgan en el SEACE. Habiendo tomado conocimiento de que la Contraloría General de la República había acreditado una comisión auditora en la entidad, el director y los miembros del Comité Especial decidieron anular el pro­ ceso de selección, previo a la presentación de propuestas técnicas y económicas, aduciendo la existencia de defectos administrativos, con la finalidad de evitar que los hechos sean descubiertos por el órgano de control; situación que incomodó a Fermín, quien decidió poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público. 26. De acuerdo al caso planteado, respecto a la imputación contra el director de la entidad, señale la respuesta correcta:

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 33 DELA PRUEBA E-CONVOCATORIA 08-2021SN/JNJ ______________________________________________________________________________________ 567

LEGALES EDICIONES

a. Se le imputará el delito de colusión, en calidad de autor. b. Su conducta resulta atípica de colusión, en tanto no se otorgó la buena pro, al declararse nulo el proceso de selección. c. Su conducta resulta atípica, en tanto no tiene participación directa en el proceso de selección, ya que no es quien elabora las bases ni otorga la buena pro, correspondiendo dicha labor al Comité Especial. d. Su conducta resulta atípica, en tanto no existe perjuicio al patrimo­ nio del Estado.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El nuevo modelo procesal penal regula la admisión y actuación de pruebas en segunda instancia, como un procedimiento excepcional, pues está previsto para situaciones determinadas. Más aún, no es posible que el Superior en grado pueda otorgar diferente valor proba­ torio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia.

27. En relación a estas actuaciones probatorias en instancia de revi­ sión jurisdiccional, es cierto:

En virtud del principio de inmediación del juzgamiento oral, las pruebas personales tienen un ámbito no accesible al control del Tribunal de revisión, por consiguiente, en ningún caso se puede otorgar diferente valor probatorio. b. La Casación N°05-2007 ("zonas abiertas") supera la prohibición del artículo 425.2 del Código Procesal y autoriza una valoración dife­ rente de la realizada por el a qua, pues la percepción sensorial de éste es accesible al control de revisión. c. El ordenamiento procesal autoriza excepcionalmente la concurren­ cia del testigo en segunda instancia, cuando es indispensable para sustentar el juicio de hecho. El déficit de la información no es justi­ ficación para su llamamiento. d. El relato fáctico que el juez a quo asume como probado no supone necesariamente su invariabilidad por el ad quem; su variación puede darse también cuando en primera instancia el testigo no dice lo que menciona el fallo apelado. a.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d Señala la Casación 05-2007, Huaura: “SÉPTIMO. Es exacto que con arreglo a los principios de inmedia­ ción y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el Tribunal de Al­ zada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del Tribu­ nal de Apelación, pero no lo elimina. En esos casos -las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresivi­ dad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etcétera) no son susceptibles de supervisión y control en apelación; no pueden ser variados. 568

PRUEBA I

Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el Tribunal de Primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo ra­ dicalmente inexacto -el testigo no dice ¡o que lo menciona el fallo-. b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo. c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda ins­ tancia (ver: GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho Procesal Pe­ nal, Editorial Colex, Madrid, dos mil cuatro, páginas doscientos se­ tenta y cinco/ doscientos setenta y seis). OCTAVO. En el presente caso el Tribunal de Apelación ha entendido que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, en orden a la va­ loración de la prueba personal, no puede ser revisada, es inmodificable, tanto más si no se actuó prueba en segunda instancia. Sin embargo, no apreció, pese a que integraba el motivo de la impugnación, el otro ám­ bito de fiscalización de la prueba personal: la coherencia y persistencia de los principales testigos de cargo, en suma [desde luego, es del caso puntualizar que el hecho de que una testigo en el curso del proceso haya expuesto varias versiones en modo alguno Inhabilita al órgano jurisdic­ cional a optar por una de las versiones, siempre que explicite los motivos por los que asume una de ellas]; si el relato incriminador era atendible en función a las reglas de la experiencia; si éste era suficiente, a partir del conjunto de la prueba apreciada por A Quo; si el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia era en sí mismo sólido y completo. Por otro lado, en el presente caso no es aceptable la técnica de la emisión, pues existe un cuestionamiento a la completitud de la prueba -tanto testifical como pericial-, y una invocación a la necesidad de apreciar el conjunto de declaraciones de la agraviada y a lo que del testigo de cargo anotó el recurrente, datos o precisiones no consolidados en la sentencia de primera instancia.

5? §

En tal virtud, es de estimar que la sentencia de segunda instancia no absolvió debidamente los motivos del recurso de apelación centrados en un error

Q §

en la apreciación de la prueba de cargo. Vulneró, en consecuencia, la garantía de motivación, en concreto el principio de razón suficiente. No justificó la razón de la pretensión impugnativa del imputado Giraldo Romero.

x »

___________________________________________________________________________________________ 569

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Sobre esa base, y como hace falta realizar nuevamente una au­ diencia de apelación que dé lugar a un nuevo fallo de vista, a partir de la integración de un nuevo Colegiado, la estimación del recur­ so de casación sólo trae consigo un juicio rescindente -artículo cuatrocientos treinta y tres inciso uno del nuevo Código Procesal Penal-.” Brando, dueño de un restaurante muy conocido en la ciudad de Lima, así como de un centro de masajes, conoce y tiene contacto con jóvenes de sexo femenino de diferentes edades, todas mayo­ res de edad, quienes se dedican a la prostitución clandestina. En ocasiones Brando hace uso de los servicios sexuales de dichas per­ sonas para lo cual otorga una prestación económica. Una de las personas que se dedican a la prostitución es su cónyuge, por lo que todas las noches luego de que ella llega a su casa, él le pide el dine­ ro de lo que ha ganado en el día, explotando la ganancia obtenida por su pareja.

28. Que delito comete Brando en relación a la explotación del dinero obtenido por su pareja:

a. b. c. d.

Trata de personas. Proxenetismo. Rufianismo. Favorecimiento a la prostitución.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c En el caso del Rufianismo (art. 180), se tipifica la conducta como aque­ lla en la que al agente “gestiona el beneficio económico o de otra índole de la prostitución de otra persona” y se aumenta la pena del tipo base de 4 a 8 años. Asimismo, se describen diversas agravantes, tales como que “el agente cometa el delito en el ámbito del turismo” (inc. 1), “la víctima esté en situación de abandono o extrema necesidad económi­ ca” (inc. 4), “exista pluralidad de personas en prostitución” (inc. 5), entre otras. 29. En el supuesto de que Brando haya tenido un local de masajes al que se dedicaba de manera legal más de 3 años, sin embar­ go luego recibió la propuesta y pedido de un grupo de señoritas -que trabajaban en dicho local- para brindar servicios sexuales ya que le indicaron que en muchas oportunidades han realizado esa actividad en su centro de masajes a escondidas y que por esa razón es el éxito de su negocio. Ante ello Brando no mostró 570

PRUEBA I

ninguna oposición sino por el contrario ha aceptado la propuesta de las señoritas para que continúen ejerciendo dicha actividad. La conducta de Brando encuadra en: a. b. c. d.

Trata de personas. Proxenetismo. Favorecimiento a la prostitución. Explotación sexual.

Respuesta: c El delito de favorecimiento a la prostitución, previsto por el artículo 179 del Código Penal, sanciona a quien coadyuva, colabora, asiste o pres­ ta cooperación en el ejercicio de la prostitución. El agente promueve la prostitución creando las condiciones necesarias para la actividad sexual. Aquí la víctima ya se dedica a esta actividad y lo que hace el agente es facilitar el desarrollo de tal oficio, allanando obstáculos, buscando los clientes o quizá prestando el inmueble donde la persona atiende a sus usuarios ocasionales. En definitiva, es un tipo de delito de corrupción sexual cuyo móvil suele ser lucrativo. 30. Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio debe realizarse: a. b. c. d.

Una pericia psicológica al agresor. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Acreditar la ferocidad de la muerte.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ LEGALES EDICIONES

31. Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que: a. b. c. d.

La muerte puede producirse por comisión por omisión. Es un delito permanente. No es un delito de tendencia interna trascendente. No permite la coautoría.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA E-CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ 571

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. A efectos de hacer eficiente su investigación y evidenciar los hechos investi­ gados decide crear una persona jurídica a fin de que participe en los procesos de selección a convocar por la entidad pública antes citada, designando como accionista y representante de la misma a una per­ sona encubierta.

32. Respecto al caso planteado, sobre la imputación por el delito de organización criminal, señale la respuesta correcta:

La conducta resulta atípica, en tanto no es posible la existen­ cia de una organización criminal al interior de una entidad pública. b. La conducta es atípica, en tanto los funcionarios solo habrían cometido una clase de delito (colusión). c. La conducta resulta atípica, en tanto las conductas desplegadas por los funcionarios son parte de sus funciones. d. La conducta resulta típica, en tanto existe una pluralidad de personas, distribución de roles, actuación concertada, vocación de permanencia y estructura interna. a.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

33. En el mismo caso, sobre la investigación diseñada por el Ministe­ rio Público, señale la respuesta correcta: Resulta ilegal la creación de una persona jurídica ficticia por el Ministerio Público. b. La creación de la persona jurídica debe ser inscrita en un regis­ tro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto, requiriéndose la confirmatoria judicial. c. El Ministerio Público no se encuentra facultado para la creación de una persona jurídica. d. La creación de la persona jurídica por el Ministerio Público, re­ quiere previa autorización judicial.

LEGALES EDICIONES

a.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 12 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 572

PRUEBA I

Nuestro ordenamiento penal reprime al funcionario o servidor público que abusando de su cargo incrementa su patrimonio res­ pecto de sus ingresos económicos legítimos. En relación a ello, un problema que presenta la estructura formal y material del delito de enriquecimiento ilícito, es el monto económico que aquel repre­ senta.

34. Señale la alternativa correcta: El delito se consuma cuando el monto supera las dos Unida­ des Impositivas Tributaria, en interpretación sistemática con el artículo 444 del Código Penal, que reprime las faltas contra el patrimonio. b. Este delito se consuma cuando el monto es mayor a una re­ muneración mínima vital, en interpretación sistemática con el artículo 444 del Código Penal, que sanciona las faltas contra el patrimonio. c. El delito se consuma con independencia del monto económico, es decir, no cabe exigir una cantidad dineraria específica, pero sí debe significar una valoración razonable en su magnitud eco­ nómica. d. Nuestro ordenamiento penal, siguiendo la legislación compa­ rada (artículo 268 del Código Penal argentino), asume que es indiferente que el monto signifique un valor razonable en su dimensión económica.

a.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ

35. En relación a ello, señale la alternativa correcta: a. La intervención del tercero extraneus tiene una figura específica propia de enriquecimiento ilícito de particulares, como sucede en la legislación penal especial colombiana. b. Como lo ha resuelto nuestra jurisprudencia nacional, la inter­ vención del tercero extraneus se reprime como autor del delito de enriquecimiento ilícito. 573

LEGALES EDICIONES

La intervención de un tercero en la realización de un delito especial propio y de infracción de deber como el enriquecimiento ilícito, esto es, la intervención del extraneus, artículo 401 del Código Penal, ha sido un tema discutido (Acuerdo Plenario N° 3-2016/CIJ-116).

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Dado que se trata de una ejecución continua y de consumación permanente, la intervención del tercero extraneus, puede ocu­ rrir incluso después que el funcionario cese en el ejercicio del cargo. d. Lo accesorio de la intervención del extraneus, lo coloca siem­ pre bajo el mismo título de imputación que comprende al autor funcionarial del enriquecimiento, interviniendo como cómplice o como instigador.

c.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d En el marco del X Pleno Jurisdiccional, las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema han suscrito el Acuerdo Plenario 0032016/CJ-116, que establece criterios vinculantes sobre la participación del extraneus en los delitos especiales propios, tomando como referencia el delito de enriquecimiento ilícito. Así: “4 . EL EXTRANEUS EN EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍ­ CITO 14 o. La intervención de un tercero en la realización de un delito es­ pecial propio y de infracción de deber como el enriquecimiento ilí­ cito, ha sido siempre posible y punible en la legislación nacional. Por ejemplo BRAMONT ARIAS comentando la regulación de este delito en el artículo 361o del Código Penal de 1924, consideraba que ella debía ser sancionada conforme a las “disposiciones generales relati­ vas a la participación en hechos punibles” (Luis A. Bramont Arias. Temas de Derecho Penal. Tomo 4. SP Editores. Lima. 1988, p .81). Ella, por tanto, debe ser sancionada, según los casos, con los mismos estándares de penalidad conminados en el artículo 401o y en con­ cordancia con lo dispuesto al respecto en los artículos 24o y 25o del Código Penal. Esta opción hermenéutica ha sido, además, ratificada plenamente por la doctrina penal nacional más caracterizada. Por ejemplo. ROJAS VARGAS ha sostenido que “los terceros responden a título de cómplices en el delito de enriquecimiento ilícito. Nues­ tra legislación penal no tiene una figura propia de enriquecimiento ilícito de particulares, que si la observamos, por ejemplo en la le­ gislación penal especial colombiana (Decretos 2266 de 1991). Pero cómplices no sólo son los terceros interpuestos sino también quienes con diversidad de aportes contribuyen al enriquecimiento ilícito de los funcionarios y servidores públicos” (Fidel Rojas Vargas. Delitos Contra la Administración Pública. Grijley. Lima. 1999, p.437). Simi­ lar posición ha sido asumida por SALINAS SICCHA al afirmar, que 574

PRUEBA I

“los terceros que participan en la comisión del delito responden por el mismo delito pero a título de cómplices” (Ramiro Salinas Siccha. Delitos Contra la Administración Pública. Cuarta Edición. Ob. Cit. p.718). Igualmente, la línea jurisprudencial adoptada por la Corte Suprema de Justicia ha sido recurrente a favor de dicho razonamien­ to dogmático y existen antecedentes de ello desde el año 2004. Es así que en el Voto en Discordia de una Ejecutiva Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 2976-2004, procedente de Lima, fue sumadamente expreso sobre esta materia, al señalar que “aun siendo el tipo penal de enriquecimiento ilícito un delito especial - propio, en este caso- es absolutamente posible el concurso de terceros para su efectiva consumación, sin que tal condición implique la ruptura del título de imputación; que la intervención de terceros en delitos especiales, más allá incluso de la calidad de la contribución material concreta de cada uno de ellos, solo puede ser a título de partícipes en tanto no son funcionarios o servidores públicos, que es lo que el tipo exige para la autoría- el autor en este caso es quien infringe un deber específico o especial que el tipo penal asume-; accesoriedad que en todo caso no puede negar la consideración general que los partíci­ pes- como todas las personas- tienen el deber de evitar la lesión del bien o interés jurídico - penal en cuestión; que es claro, entonces, que el cómplice no necesita tener la calificación jurídica que determina la autoría del hecho punible, sencillamente porque no es autor, sino un simple partícipe”(Cfr. Ejecutoria Suprema del 30 de diciembre de 2004. Voto de los Señores Vocales Supremos César Eugenio San Martín Castro. Adolfo Barrientos Peña y José Luis Lecaros Cornejo. Considerando Segundo). Por tanto, no cabe admitir, actualmente, la existencia de un problema dogmático que merezca ser discutido en torno al título de imputación que corresponde aplicar al tercero interviniente en un delito de enri­ quecimiento ilícito, En efecto, lo accesorio de la participación de aquél lo colocará siempre bajo el mismo título de imputación que comprende al autor funcionarial de dicho hecho punible. Lo cual, por lo demás, ha quedado formalmente consolidado con la adición de un párrafo final en el artículo 25o del Código Penal, por el artículo 20 del Decreto Legislativo 1361, que expresamente señala: “El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él”. Cabe destacar que la misma alternativa legal que dispone la aludida reforma, debe también aplicarse para resolver el caso del instigador ex___________________________________________________________________________________________ 575

53 § Q § 53 ± I?

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

LEGALES EDICIONES

traneus de un delito de enriquecimiento ilícito, aun cuando el artículo 24o del Código sustantivo no haya sido modificado, lo cual, además, ha sido igualmente sugerido por la doctrina nacional (Cfr. Tomás Aladi­ no Gálvez Villegas. Delito de Enriquecimiento Ilícito. IDEMSA. Lima. 2001, p. 185). 15o. Sin embargo, subsiste un conflicto hermenéutico y práctico cuan­ do lo que se pretende es fijar una delimitación temporal que deter­ mine la oportunidad de la intervención del extraneus en del delito de enriquecimiento ilícito. Especialmente cuando ella tiene lugar durante las postrimerías de la gestión funcionarial del intraneus o, incluso, luego del cese formal de este último en el cargo funcionarial que desempeñaba. Al respecto, es pertinente destacar que el delito de enriquecimiento ilícito, según la estructura típica que él posee en el artículo 401o del Código Penal peruano es de naturaleza combina­ da o mixta. En efecto, la norma citada lo regula como de ejecución continua y de consumación permanente (Cfr. Yván Montoya Vivanco. Manual Sobre Delitos Contra la Administración Pública. Idehepucp. Lima.2015, p.125; Luis A. Bramont Arias. Temas de Derecho Penal. Tomo 4.0b. Cit., p .81. El agente, por tanto, debe realizar mientras ostenta su condición funcionarial una secuencia de actos provenien­ tes de la misma resolución criminal (producir su enriquecimiento ilí­ cito); pero, además, la mejora acumulativa de su patrimonio que va obteniendo debe él mantenerla hasta el fin del periodo que ejerce su cargo funcional, sea este por cese o destitución. Lo cual posibilita que la intervención del tercero extraneus pueda ocurrir durante todo el tiempo que el funcionario intraneus se mantenga en el ejercicio de su posición y competencia funcionarial. Sea, pues, como instigador cuando motive o induzca a la realización de actos idóneos para el enriquecimiento; o como cómplice cuando ayude, de cualquier ma­ nera, a obtener recepcionar, administrar, guardar, transferir o man­ tener los ingresos los bienes, créditos o réditos que van produciendo el enriquecimiento ilícito del intraneus, el tercero deberá siempre de intervenir mientras el mal funcionario conserve su cargo y condición. Por consiguiente, si la conducta del tercero se realiza o tiene lugar con posterioridad al cese o después de la pérdida del status funcionarial del agente del enriquecimiento ilícito, esto es, después que concluya la continuidad de la actividad delictuosa y cese la permanencia, la conducta que desplegué aquel ya no será accesoria sino autónoma y deberá ser considerada como un delito diferente que bien puede ser el de lavado de activos.” 576

PRUEBA I

36. Marque la opción correcta: En la Teoría General del Derecho, las “lagunas normativas” son:

a. b. c. d.

Casos de contradicciones entre normas superiores e inferiores. Casos que no tienen respuesta en el Derecho. Casos sin relevancia jurídica. Casos a los que no se refiere expresamente una norma.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 8 DELA PRUEBA H- CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ

37. Respecto al principio de concentración, marque la opción correcta: a. El juicio oral debe desarrollarse en sesiones consecutivas hasta su conclusión, rige la regla de "unidad de acto". b. Se busca que la prueba practicada bajo inmediación se realice conjunta y sucesivamente en un tiempo razonable. c. La suspensión del juicio oral tiene un plazo máximo de 8 días hábiles. d. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

38. Marque la opción correcta: La justificación interna

a. Es una cuestión de lógica deductiva que se refiere a la validez de la inferencia a partir de unas premisas dadas, pero no a la justificación de las propias premisas. b. Debe ser completada, al menos en algunos casos, con la justificag ción externa que se refiere a la fundamentación de las premisas 0 y que va más allá de la lógica deductiva. c. Se refiere a la elección y fundamentación de las premisas del 00 silogismo judicial. ü d. Las opciones a) y b) son correctas. Q

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA D - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ ___________________________________________________________________________________________ 577

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

39. Marque la opción correcta:

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a. La argumentación jurídica se destina exclusivamente a la jus­ tificación (o explicación) de la atribución de consecuencias jurídicas a un hecho o situación (tratando de determinar qué dice el Derecho sobre ese hecho o sobre esa situación). b. La norma en sentido estricto es el significado del enunciado normativo (esto es, el resultado de la interpretación del enun­ ciado normativo). c. La interpretación es una tarea en la que existen fuertes dosis de discrecionalidad, por lo que supone siempre una elección arbi­ traria. d. En el Derecho una decisión deja de ser arbitraria cuando se apo­ ya en una razón, con independencia de la validez o corrección jurídica de esa razón.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 052021-SN/JNJ

40. La argumentación jurídica permite:

LEGALES EDICIONES

a. Descubrir la verdad de los hechos b. Tener una visión autoritativa del Derecho c. Llegar a conclusiones por medio de afirmaciones lógicas que están fundamentadas en razones aceptadas desde el campo de la aplicación de los textos normativos y el punto de vista jurisprudencial. d. Las respuestas a) y b) son correctas

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

t 578

PRUEB FISCAL SUPERIOR ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 1. Respecto de los delitos cometidos por los funcionarios y servido­ res públicos, es correcto que: a. El autor puede ser cualquier persona. b. El autor es quien ejerce el dominio de la situación fáctica vincu­ lada a la comisión delito. c. Se restringe el círculo de autores, pero se acepta la participación del extraneus d. Tanto el extraneus como el intraneus deben de ser garantes del deber infringido.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 20 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ Un sujeto A (particular) entrega S/. 200 a un sujeto B (servidor público de una Municipalidad) para que le apruebe una licencia de funciona­ miento y evite observar determinados aspectos técnicos que harían improcedente dicho pedido.

2. ¿Qué delito cometió el sujeto A y cuál es su grado de participa­ ción? a. b. c. d.

Partícipe del delito de cohecho pasivo propio. Autor del delito de cohecho pasivo propio. Partícipe del delito de cohecho activo genérico. Autor del delito de cohecho activo genérico.

Respuesta: d

579

LEGALES EDICIONES

El delito de cohecho activo se trata de un delito común, lo que implica que puede ser cometido por cualquier persona, no resulta ser un delito de infracción de deber pues sobre el sujeto activo no existe institución alguna que lo vincule con el bien jurídico y le imponga deberes especiales de protección o salvamento. En otras palabras, sobre el autor no existe un deber de evitar una lesión sobre el bien jurídico administración pública. Cohecho activo genérico (art. 397) Este tipo de cohecho se configura o perfecciona cuando el sujeto activo bajo cualquier modalidad o medio, ofrece, da o promete a un funcio­

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

nario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio con la finalidad que realce u omita actos en violación de sus obligaciones o sin faltar a sus obligaciones. Por tanto, se trata de la contracara del delito de cohecho pues la codelincuencia o participación necesaria en este delito de encuentro se caracteriza por advertir a quien corrompe y quien es corrompido. Al respecto este delito sanciona a aquel que ofreció, entregó o prometió al sujeto activo del cohecho pasivo propio e impropio. Para que el funcionario lo favorezca violando su deber funcional El sujeto activo no cualificado inicia o gesta el pacto pretendiendo que el funcionario acceda a su finalidad corruptora y que quebrante sus deberes funcionales, para la configuración del injusto basta con verificar la oferta corruptora sin necesidad de acreditarse la aceptación del funcionario ni mucho menos la objetiva vulneración de sus deberes funcionariales. En cuanto al ofrecimiento, es correcto afirmar que se trata de un deli­ to de peligro abstracto donde se adelanta la barrera de la punibilidad, pues se cautela ex-ante una probable vulneración al bien jurídico admi­ nistración pública, por tanto resulta irrelevante que el sujeto activo de este delito cumpla con entregar el medio corruptor. En otras palabras, la conducta se perfecciona independientemente de si lo ofertado se hace realidad o no, como podría ocurrir en el ejemplo de luego de haber ofre­ cido al funcionario este no lo acepta y mas bien denuncia los hechos.

Para que el funcionario lo favorezca sin faltar a su deber funcional

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Esta modalidad también se trata de un de delito abstracto, pues el solo ofrecimiento a funcionario para que emita acto funcional con­ forme a sus atribuciones basta para configurar esta conducta típica, resulta irrelevante si el funcionario acepta, en cuyo caso se tratarían de actos post consúmatenos al delito material de análisis. Es decir, el funcionario decide si cometer el cohecho pasivo impropio o no.

3. ¿Qué delito cometió el sujeto B y cuál es su grado de participa­ ción?

a. b. c. d.

Partícipe del delito de cohecho pasivo propio. Autor del delito de cohecho pasivo propio. Partícipe del delito de cohecho activo genérico. Autor del delito de cohecho activo genérico.

Respuesta: b En este delito se reprocha la «venta» de la función pública, de manera que quienes colaboren con la venta serán identificados entre autores o 580

PRUEBA J

581

LEGALES EDICIONES

cómplices según su aporte. Para esto es necesario identificar una acción bilateral que comprendida por: i) propuesta del cohechante ii) acepta­ ción del funcionario y; iii) acuerdo implícito o explícito. Por tanto, para que el funcionario incurra en cohecho es necesario que el particular co­ meta el delito de darle y ofrecerle una dádiva, para que alguien haya vendido, alguien ha querido comprar. Cohecho pasivo propio (art. 393) El delito de cohecho pasivo propio es un delito especial que implica que puede ser cometido únicamente por aquella persona con la condición de funcionario o servidor público, cuya conducta típica vulnera el normal ejercicio de sus funciones mediante actos antijurídicos transgresores de los deberes y atribuciones funcionales del agente público y realizados como consecuencia de haber aceptado o recibido donativo, promesa, ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o las acepta a consecuencia de haber faltado a estas. Modalidad de aceptar La aceptación consiste en la aprobación de una oferta futura de la dádi­ va o beneficio, es decir, en la aceptación verbal frente a la propuesta del cohechante sin que se plasme en la efectiva percepción de la ventaja, esto es postergando la entrega y por ende la recepción. La aceptación debe recaer sobre un beneficio que sea realizable, caso contrario estaremos refiriéndonos a una conducta atípica. Modalidad de recibir El recibimiento es la efectiva admisión de la dádiva o ventaja, es decir, que el elemento corruptor (dinero, entre otros) haya ingresado a la esfe­ ra del funcionario corrompido de forma dolosa, la misma que puede ser directa cuando por ejemplo ingrese directamente a su cuenta bancaria o indirecta cuando lo haya recibido un intermediario. Se trata de la recepción física del donativo o la ventaja, que se perfecciona cuando el sujeto activo recibe el donativo, ventaja o cualquier otro benefi­ cio. En tal sentido, el hecho punible se configura cuando el agente siempre funcionario percibe, toma, acoge, embolsa cualquier ventaja indebida. Sin embargo, nos encontraremos frente a una conducta atípica, cuando por ejemplo un abogado litigante le deja al magistrado copias de un es­ crito sin hacerle mención del dinero, únicamente colocándolo entre los documentos, hecho que es debidamente advertido por el juez quien da cuenta de lo ocurrido a las autoridades. En este caso nos encontraremos en un error de tipo pues él no sabía que se le estaba entregando ese dine­ ro. (Peña Cabrera, 2016, p. 554)

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Modalidad de solicitar Si bien es cierto, el tipo penal sanciona cuando el funcionario acep­ ta o recibe un beneficio para realizar u omitir una función de su cargo, es necesario resaltar que también se sanciona al funcionario que solicita dicho beneficio como consecuencia de haber faltado a su deber funcional. Lo que nos lleva a distinguir entre cohecho pasivo impropio antecedente y cohecho pasivo impropio subsiguiente, este último supuesto pretende superar el menester probatorio de acredi­ tar un acuerdo previo, posibilitando tipificar la sola aceptación de la ventaja por parte del funcionario de una manera ex-post a su incum­ plimiento funcional. Este tipo de cohecho mediante solicitud, se trata de una modalidad en la que él no es necesario que el agente corruptor haya efectivizado la entrega de un donativo, beneficio o ventaja, pues se permite sostener la configuración de esta modalidad con la sola manifestación de voluntad por parte del funcionario interesado en «vender» su función, para lo cual solicita, gestiona, procura o requiere un beneficio al cohechante, convirtiendo este delito también en uno de mera actividad en el que bien puede ser cometido a solicitud directa del funcionario interesado o instrumentalizando a un tercero para ello. Modalidad de condicionar También denominado cohecho pasivo impropio condicionado, se dis­ tingue de las anteriores porque incluso el funcionario podría ejercer una presión psicológica sobre el particular, quien coartado en su esfera de­ cisoria acepta entablar dicho pacto corrupto con el funcionario, lo que coloquialmente se conoce como «me pagas y luego actúo». El basamento de la esta modalidad como agravante se sustenta en razón a aquellos funcionarios o servidores que se aprovechan de la posición de ventaja o de dominio que ostentan frente a los particulares, ante si­ tuaciones de afectación de derechos fundamentales para hacerse de un provecho indebido.

4. Dentro de los delitos contra la Administración Pública, es correcto afirmar sobre la prescripción que:

a. Son imprescriptibles. b. Solo se efectúa la dúplica del plazo de prescripción cuando el delito se efectúa en contra del patrimonio del Estado. c. No se aplica la dúplica del plazo de prescripción al extraneus d. Ninguna es correcta. 582

PRUEBA J

Respuesta: c En el Exp. 00010-2017-11 se ha establecido: “Fundamento destacado: Vigésimo.- La defensa sostiene también, que su patrocinado tiene la calidad de extraneus y no la de intraneus, y en consecuencia no corresponde que se le aplique la duplicidad de los pla­ zos de prescripción. Al respecto, debemos indicar que un sector de la doctrina nacional, asigna la calidad de extraneus en sentido impropio [En la doctrina nacional es de este parecer Fidel ROJAS VARGAS, para quien existen dos clases de extraneus: i) el extraneus en sentido propio, que es el particular, sin vinculación institucional de ninguna clase con la administración pública, y por tanto, ajeno a ésta por no estar incorpora­ do o no participar de modo alguno en el ejercicio de servicio o función pública; y, ii) el extraneus en sentido impropio, es otro funcionario o servidor público, que perteneciendo o participando en la administra­ ción pública, en determinados tipos de infracción de deber, carece de la vinculación especial que exige el tipo penal para ser autor (Delitos con­ tra la Administración Pública. 4.a edición, Grijley, Lima, 2007, pp. 194 y 195)] al funcionario o servidor público que interviene en un delito de infracción de deber, pero que no detenta el deber especial que le corres­ ponde solo al autor del delito. Otro sector prefiere reconocerle la calidad de intraneus no cualificado. Ahora bien, independientemente de que la defensa considere que el in­ vestigado MONSALVE NAVARRETE es un extraneus, mientras que el Ministerio Público le atribuye la calidad de intraneus, lo cierto es que el citado investigado, según la tesis incriminatoria, tendría la calidad de cómplice del delito de peculado doloso. Por tanto, al no detentar la rela­ ción o vínculo funcional con el patrimonio público -que se erige como uno de los presupuestos que fundamentan la extensión del plazo prescriptorio-, no corresponde que se le aplique la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal por este delito, pues, esta posibilidad está limitada solo para los autores. Vigésimo primero: Es verdad que, en el Recurso de Nulidad N.° 33172014 Puno, de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséisi9, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República ha señalado que el articulo 80 in fine del CP, no diferencia respecto al título de Íntervención del agente público en un delito contra el patrimonio del Estado; sin embargo este Colegiado, considera que dicho criterio, en el caso concreto, no es suficiente para habilitar la duplicidad del plazo de prescripción, por las siguientes consideraciones: i) según la imputación fiscal, el marco temporal de intervención del imputado MONSALVE __________________________________________________________________________________________ 583

o

o Q §

00 2

V

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

LEGALES EDICIONES

NAVARRETE en su calidad de cómplice, se habría limitado al año dos mil nueve, fecha en que aún no se había modificado el texto legal de los artículos 8020 del CP ni el artículo 4121 de la Constitución Polí­ tica del Estado; ii) Conforme a los fundamentos jurídicos 15 y 16 del Acuerdo Plenario N.° 1-2010/CJ-116 -que constituyen doctrina legal vinculante-, el fundamento esencial de la duplicidad de la prescripción, radica en la existencia de la relación funcional entre el agente especial infractor con el patrimonio del Estado, vínculo especial que -indepen­ dientemente de su calidad de funcionario o servidor público-, no de­ tentaba el investigado MONSALVE NAVARRETE, dada su condición de partícipe (cómplice); y, iii) porque, si conforme a los fundamentos jurídicos 17 y 18 del Acuerdo Plenario 2-2011/CJ-116 -que constituyen doctrina legal vinculante-, el fundamento para negar la aplicación de la duplicidad de los plazos de prescripción a un extraneus (extraneus en sentido propio) radica en la ausencia del deber jurídico especial, mutatis mutandi también corresponde aplicar el mismo criterio, al funcio­ nario o servidor, que, habiendo intervenido en los hechos en calidad de partícipe, carece de dicha vinculación especial. Vigésimo segundo: Como sostiene PEÑA-CABRERA FREYRE, si­ guiendo en estricto un fundamento material y no formal de la du­ plicidad del plazo prescriptorio, existe la imposibilidad de aplicarlo a los intraneus no cualificados, pues ellos tampoco están en posibili­ dad de quebrantar los deberes jurídico-públicos que construyen es­ tos injustos funcionariales de aquel ámbito específico de organización institucional. Una posición en contrario supondría una inexplicable extensión aplicativa sobre criterios excesivamente formalistas y litera­ les que no se ajustan a la teleología que inspira la institución jurídica in comento.”

5. Señale usted en qué caso, es posible la dúplica del término de prescripción de la acción penal, de conformidad con el último pá­ rrafo del artículo 80° del código Penal. a. b. c. d.

Delito de robo agravado. Delito de nombramiento ilegal. Delito de malversación de fondos. Delito de peculado.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 25 DELA PRUEBA I- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ 584

PRUEBA J

6. Sobre la validez de los decretos leyes en el sistema jurídico perua­ no, marque la opción correcta: a. Los decretos leyes no son normas válidas en el sistema jurídico peruano. b. Los decretos leyes son normas con rango legal y se controlan mediante acción de inconstitucionalidad. c. Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado Constitucional, el Tribunal Constitucional ha asumido la teoría de la caducidad. d. Los decretos leyes son normas con rango reglamentario y se controlan mediante acción popular.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 082021-SN/JNJ 7. En un Estado Constitucional de Derecho, el “principio de igual­ dad” se reafirma con el:

a. Principio de generalidad y el principio de supremacía constitu­ cional. b. Principio de generalidad y abstracción de las normas jurídicas. c. Principio de dignidad humana. d. Principio de humanidad y supremacía constitucional.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA C-CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

a. Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho inter­ nacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, inclu­ yendo la jurisprudencia de este Tribunal. b. Es un método de interpretación para conocer el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos. c. Es una herramienta doctrinaria que se utiliza para complemen­ tar los ordenamientos jurídicos de los Estados. 585

LEGALES EDICIONES

8. Respecto al control de convencionalidad, marque la opción co­ rrecta:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

d. Es una técnica hermenéutica para mejorar la interpretación de los derechos humanos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ El artículo 219 del Código Civil desarrolla las causales para declarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221 las causales para declarar la de anulabilidad del acto jurídico.

Siendo diferentes sus efectos. 9. Marque la respuesta correcta:

a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado. c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

Respuesta: c

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VER PREGUNTA N° 39 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ María quien vive en España, al enterarse de la crisis que se pueda desatar en el Perú por la renuncia del presidente, le gira a su hijo Jor­ gito la suma de cinco mil dólares en el banco “Nuevo Sol” para que compre su pasaje y viaje a España; Jorgito tras ser comunicado del envío de dinero se apersona a la ventanilla del banco a fin de retirarlo. Al momento de entregar Jorgito su documento de identidad a la caje­ ra se le cae de la billetera un “paquetito” envuelto en papel periódico que había sido entregado por su amigo Perico quien tenía varios de dichos paquetitos y que se encontraba esperándolo fuera del Banco; en ese momento Jorgito procura ocultar rápidamente en actitud sos­ pechosa el paquetito en mención. Este hecho fue visto por el oficial encargado de velar por la seguridad del recinto, motivo por el cual in­ quirió a Jorgito la entrega del “paquetito”, a lo que éste respondió que se trataba de tabaco suelto que usa para prepararse unos cigarrillos por resultarle más baratos. Sin embargo, al mirar la hierbita dentro del envoltorio, el Policía sospechó otra cosa, llevándolo de inmediato 586

PRUEBA J

al Departamento de Pericias, donde se concluyó que el “paquetito” contenía 8 gramos de marihuana, ante la evidencia Jorgito delató a su amigo Perico de la entrega de dicho paquetito, el mismo que fue intervenido minutos después por la policía hallándosele en su pose­ sión quince de los paquetitos en mención. 10 .De lo señalado en el caso, es correcto afirmar:

a. Jorgito y Perico son coautores del delito de tráfico ilícito de dro­ gas. b. Jorgito es autor de micro comercialización de drogas. c. Está exento de responsabilidad penal la conducta de Perico por la cantidad de droga hallada en su posesión. d. No es punible la posesión de droga hallada a Jorgito pues era para su propio consumo.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ Malandro, es un conocido consumidor de drogas que se apersona a la farmacia de su barrio y pide que le vendan una jeringa y aguja para inyectarse cocaína que traía consigo en un frasco. El boticario de la farmacia, quien un mes antes había salido de un centro de rehabili­ tación por drogas, le aconseja lo siguiente: “amigo, deje de consumir droga, no arruine su vida de ese modo, yo he pasado por eso tam­ bién; sin embargo, sólo por esta única vez le venderé lo que me pide”. El consumidor de drogas agradece el consejo y le refiere que no se preocupara; luego de pagar y recibir el producto, en presencia del far­ macéutico toma la jeringa y aguja, y se inyecta la droga, para luego irse apresurado del local, pero muere apenas unos minutos después en la calle a causa de una sobredosis.

a. El Boticario responde penalmente como autor porque vendió la jeringa a Malandro para que pueda inyectarse la droga que le causó su muerte. b. El Boticario responde penalmente como cómplice pues al ven­ derle la jeringa contribuyó causalmente para que se produjera el resultado muerte. c. Está exento de responsabilidad penal el Boticario, pues su con­ ducta carece de relevancia jurídica. 587

LEGALES EDICIONES

11 .De lo señalado en el caso, es correcto afirmar:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

d. No responde penalmente el Boticario, porque estamos frente a una autopuesta en peligro de la víctima.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ La acusación fiscal y los medios probatorios actuados en el pro­ ceso, imputan a “A” la comisión del delito reprimido por el inciso 3, del segundo párrafo, del artículo 367 del Código Penal (violencia y resistencia a la autoridad), cometido en agravio de un miembro de la Policía Nacional. No obstante que hubo agresión física, se probó también que las lesiones producidas al policía, no ocasionaron si­ quiera lesiones leves (Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 1-2016/ CIJ-116).

LEGALES EDICIONES

12.Sobre la penalidad a aplicar, señale usted la alternativa correcta:

a. La pena en ningún caso puede ser mayor de tres años de pri­ vación de la libertad, pues ella no puede sobrepasar la pena mínima fijada para las lesiones leves, previstas en el artículo 122, inciso 3, literal a, del Código Penal. b. La pena en ningún caso puede ser menor de ocho años de pri­ vación de la libertad, considerando que el inciso 3, segundo párrafo del artículo 367, prevé una pena básica mínima de ocho y máxima de doce años. c. La pena en virtud del principio de proporcionalidad de la san­ ción a imponer, será no menor de cuatro ni mayor de ocho años, tratándose de lesiones graves (artículo 121 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo N° 1323). d. La pena no puede ser menor de seis años de privación de la libertad, pues no obstante que el tipo prevé una pena básica mí­ nima de ocho y máxima de doce años, no hubo lesiones siquiera leves.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA M - CONVOCATORIA 052021-SN/JNJ María y Ana de 20 años de edad, son dos estudiantes de periodismo en una Universidad prestigiosa de Lima, y a raíz de que su profesor Juan Carlos del Curso de Realidad Nacional le encarga un experi­ 588

PRUEBA J

mentó social, deciden tocar como tema de estudio “El Terrorismo en el Perú”, de tal manera realizaron diversos afiches con la imagen del cabecilla senderista, Abimael Guzmán, colocando en algunos de ellos la palabra “Héroe Nacional” y en otras “Villano Nacional” distribuyéndolos como volantes en la Plaza de Armas de Lima. En esas circunstancias Manuel, ciudadano ayacuchano, quien recibe un afiche de Abimael Guzmán en el cual se indicaba “Héroe Nacio­ nal”, decide grabar lo sucedido increpando la actitud de las mucha­ chas, llamando a la Policía de la Plaza de Armas, afirmando que las estudiantes están realizando apología al Terrorismo, siendo ambas detenidas. Las jóvenes explicaron en la comisaría que solo se trataba de un ex­ perimento social y no estaban exaltando a la figura de Abimael Guz­ mán, más bien su intención era concientizar a la población con la Historia de Sendero Luminoso, ante la falta de conocimiento de par­ te de los jóvenes frente a un hecho que marcó la historia trágica de nuestro país. 13 .AI respecto, marque la respuesta correcta:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ 589

LEGALES EDICIONES

a. Conforme al artículo 316-A del Código Penal nos encontramos ante un delito de Apología del terrorismo, puesto que se trata de exaltar a Abimael Guzmán como un Héroe Nacional. b. Tanto María y Ana ha incurrido en la agravante prevista en el artículo 316-A del Código Penal pues la exaltación a Abimael Guzmán se realizó a través de imágenes visuales en medios de comunicación social. c. No se puede imputar el deli.to de Apología al Terrorismo a las jóvenes estudiantes -María y Ana- ante la inexistencia del dolo para exaltar a Abimael Guzmán como un héroe nacio­ nal. d. No se puede imputar el delito de Apología al terrorismo a las jóvenes estudiantes, dado que han cumplido un deber impuesto por el profesor Juan Carlos de Realidad Nacional, concurriendo la causa de justificación prevista en el artículo 20, inciso 9, del Código Penal -que obra por orden obligato­ ria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones-.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El 15 de junio del 2017 en circunstancias que Ricardo Villanueva Es­ trada de 21 años de edad, se encontraba conduciendo su vehículo particular de placa de rodaje C7C-345 con el letrero de taxi por in­ mediaciones de la cuadra 07 de la avenida Angamos Este en el dis­ trito de Surquillo, fue intervenido por personal policial, quienes al percatarse del aliento a alcohol, lo llevaron a practicarle el examen correspondiente, el cual arrojó como resultado 2.5 cj/l de alcohol en la sangre, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía la cual procedió a denunciarlo. El procesado no contaba con antecedentes de ningún tipo, no contaba con licencia de conducir y negó haber estado bebiendo licor, siendo condenado como autor del delito de conducción en estado de ebriedad a tres años de pena privativa de li­ bertad suspendida condicionalmente por el mismo plazo y al pago de una reparación civil ascendente a mil nuevos soles a favor del Poder Judicial, siendo tipificado el hecho en el segundo párrafo del artículo 274 del Código Penal. 14 .Con relación al caso el juez debió:

a. Dictarle una pena efectiva dado que el procesado al haber esta­ do ebrio, pudo atropellar a cualquier persona. b. No debió condenar al procesado por encontrarse con un gra­ do alcohólico alto, estando exento de responsabilidad penal en atención a la grave alteración de la conciencia. c. Condenarlo bajo los alcances del primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, dado que en el momento que conducía se encontraba sin pasajero. d. Condenarlo bajo una figura culposa dado que, al encontrarse el procesado en estado de ebriedad, no se daba cuenta de lo que hacía, no existiendo dolo en su actuar.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

Ricardo Fáciles, abogado de la oficina de asesoría legal de la Univer­ sidad Pública de Integración de América (UPIA), es condenado a un año de pena privativa de libertad efectiva por la comisión del delito de peculado (artículo 387° del Código Penal). En concreto, se afirma que Fáciles, utilizó papel membretado de dicha casa superior de estudios para redactar un escrito de apersonamiento en favor de Néstor Cas­ tor del Hampa su cliente, al cual le brinda asesoramiento particular por estar sometido a un proceso judicial por el delito de concusión. 590 __________________________________________________________________________________________

PRUEBA J

15 . Para el caso propuesto, es correcto afirmar, que con relación a la sanción penal impuesta a Ricardo Fáciles: a. Es preciso tomar en cuenta un factor que resulta indispensable: la constatación de una afectación del bien jurídico en términos penales, por lo tanto debe preferirse una sanción administrativa antes que una sanción penal. b. La pena es proporcional al daño causado, al tratarse de un bien de Estado y que el delito es contra la Administración Pública. c. A la conducta materia de sanción penal no se le aplicó la ley de tercios en sentido lato. d. La pena debe ser más severa por el sólo hecho de tratarse de un funcionario público.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA I- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

Juan, jefe de logística del Ministerio de Transportes y Comunicacio­ nes, encargado de las licitaciones en dicha entidad, abusando de su cargo incrementa ilícitamente el patrimonio de su hermano Arman­ do, a nombre de quien figuran todos los bienes y el dinero; sin embar­ go, de facto ejerce el pleno dominio sobre dichos activos. 16 . En atención al caso planteado, sobre la imputación a efectuar contra Juan. Señale la respuesta correcta:

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 591

LEGALES EDICIONES

a. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento Ilícito, en calidad de autor, dado que en realidad ha incrementado su pa­ trimonio sirviéndose de un testaferro. b. Su conducta no resulta punible, puesto que no ha incrementado su patrimonio, como exige el tipo penal, sino el patrimonio de su hermano. c. Corresponde imputarle el delito de lavado de activos en cali­ dad de autor. d. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice de su hermano Armando.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

17 .En el mismo caso, ¿cuál sería la imputación contra Armado?

a. Responde como coautor del delito de enriquecimiento ilícito. b. Su conducta no resulta punible, dada la incomunicabilidad de circunstancias. c. Responde como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. d. Responde por un delito común, dado que no ostenta la calidad de funcionario público exigido por el tipo penal.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 12 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

El director de una entidad estatal acuerda con el representante de la empresa M&J Inversiones, llamado Fermín, que los procesos de se­ lección a convocar durante el presente ejercicio anual serían otor­ gados a la referida empresa, para lo cual este entrega a aquél una fuerte suma de dinero como adelanto de la comisión acordada por los procesos de selección. Para concretar los acuerdos, Fermín se encarga de elaborar -extraoficialmente- la bases del futuro proceso de selección, a fin de manipular las condiciones del mismo, mien­ tras que él director designa como miembros del Comité Especial a personas afines, a quienes pone al tanto de lo sucedido, quienes aceptan y se comprometen en que al momento de efectuar la ca­ lificación entregarían la buena pro a la empresa antes citada, aun cuando no sostienen reunión alguna con Fermín; posteriormente, después de aprobadas las bases preparadas por Fermín, las cuel­ gan en el SEACE. Habiendo tomado conocimiento de que la Contraloría General de la República había acreditado una comisión auditora en la entidad, el director y los miembros del Comité Especial decidieron anular el pro­ ceso de selección, previo a la presentación de propuestas técnicas y económicas, aduciendo la existencia de defectos administrativos, con la finalidad de evitar que los hechos sean descubiertos por el órgano de control; situación que incomodó a Fermín, quien decidió poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público.

18 .De acuerdo al caso planteado, respecto a la imputación contra el director de la entidad, señale la respuesta correcta:

a. Se le imputará el delito de colusión, en calidad de autor. b. Su conducta resulta atípica de colusión, en tanto no se otorgó la buena pro, al declararse nulo el proceso de selección. 592

PRUEBA J

c. Su conducta resulta atípica, en tanto no tiene participación di­ recta en el proceso de selección, ya que no es quien elabora las bases ni otorga la buena pro, correspondiendo dicha labor al Comité Especial. d. Su conducta resulta atípica, en tanto no existe perjuicio al patri­ monio del Estado.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 33 DE LA PR UEBA E - CONVOCATORIA 08-2021SN/JNJ

19 .Respecto a la participación de los miembros del Comité Especial, señale la respuesta correcta: a. Su conducta resulta atípica, en tanto se declaró la nulidad del proceso de selección. b. Se les imputará el delito de colusión simple, en calidad de autores. c. Su conducta resulta atípica, en tanto no sostuvieron reunión al­ guna con Fermín y por ende no habría acuerdo colusorio en este caso. d. Se les imputará el delito de colusión simple, en calidad de cóm­ plices primarios.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

20 .Sobre la institución procesal de la tutela de derechos del nuevo Código Procesal Penal desarrollada en los Acuerdos Plenarios 4-2010/CJ-116 y 2-2012/CJ-116, es cierto que:

593

LEGALES EDICIONES

a. Vía tutela de derechos, el órgano jurisdiccional puede interve­ nir para enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito de la expedición de la Disposición Fiscal de Investigación Pre­ paratoria, por ejemplo, cuando se cuestiona la delictuosidad del, hecho y de los presupuestos procesales. b. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal y siem­ pre frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos inaceptable por genérico, vago o gaseoso o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabe acudir a la acción jurisdiccional de tutela de derechos.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

A través de la tutela de derechos, el órgano jurisdiccional pue­ de intervenir para anular la Disposición Fiscal de Investigación Preparatoria, por ejemplo, cuando se cuestiona el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaría, dado que estos constituyen el nivel propio de "sospecha suficiente". d. La función del Juez de Investigación Preparatoria, ante el in­ cumplimiento notorio u ostensible por el Fiscal de precisar los hechos que integran los cargos penales, debe, al culminar la audiencia de tutela de derechos, expedir el auto judicial de anu­ lación de la Disposición Fiscal de Investigación Preparatoria.

c.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 092021-SN/JNJ Una mujer de nombre Carmen maneja en estado de ebriedad que supera los 0,5 gramos-litro de sangre y choca su vehículo con otro que se encontraba estacionado. Luego, la mujer al ser intervenida se resiste y procede a agredir al efectivo policial con dos cachetadas. 21 .¿Cómo tipificaría la conducta realizada por doña Carmen, consi­ derando lo dispuesto por el Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116?

LEGALES EDICIONES

a. Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena privativa de la libertad fluctúa entre los dos años ni mayor de cuatro años. b. Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena solo puede ser no mayor de tres años y tiene como presupuesto la falta de lesiones dolosas. c. Como delito de violencia contra la autoridad agravado. d. Como delito de violencia contra la autoridad con la utilización de las atenuantes y agravantes del art. 46 del CP.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 24 DELA PRUEBA I-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ La empresa La Poderosa está encargada de la ejecución de una ca­ rretera, en virtud al contrato suscrito con una entidad estatal, al haber obtenido la buena pro en el proceso de licitación pública. Concluido el plazo contractual, la empresa pretende se le apruebe valorizacio­ nes por montos indebidos que lo beneficiarían en la liquidación de la 594

PRUEBA J

obra, valorizaciones que fueron cuestionadas por el supervisor de la obra y no aprobadas por la entidad, por lo que el representante de la empresa decide recurrir a la vía arbitral. Estando en trámite el proceso arbitral, acuerda con el titular de la entidad el beneficio de la empresa en todas sus pretensiones, para lo cual arriban a una conciliación en dicho proceso arbitral en la que participan personas distintas en representación de la entidad y la em­ presa constructora en virtud a la designación efectuada, emitiéndose el correspondiente laudo arbitral.

2 2.Sobre los hechos descritos, señale la respuesta correcta: a. Los hechos resultan atípicos, en tanto el acuerdo defraudatorio para el Estado se ha dado en el marco de un proceso arbitral y no de un proceso de contratación pública. b. El laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada y por tanto no puede ser materia de cuestionamiento. c. Los hechos son típicos de colusión agravada, constituyendo el proceso arbitral el medio empleado para lograr la defraudación al Estado. d. Los hechos resultan atípicos, en tanto ya concluyó el plazo con­ tractual.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

23 .Respecto al mismo caso, sobre la participación del titular de la entidad y el representante de la empresa:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 595

LEGALES EDICIONES

a. Su conducta resulta atípica en tanto no han participado de la conciliación en el proceso arbitral. b. Su conducta es típica del delito de colusión agravada, respondien­ do el titular de la entidad en calidad de coautor, mientras que el representante de la empresa, en calidad de cómplice primario. c. Su conducta resulta atípica, en tanto los acuerdos se han adop­ tado en un proceso arbitral. d. Su conducta es típica de colusión agravada, respondiendo am­ bos en calidad de cómplices primarios.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

La intervención de un tercero en la realización de un delito especial propio y de infracción de deber como el enriquecimiento ilícito, esto es, la intervención del extraneus, artículo 401 del Código Penal, ha sido un tema discutido (Acuerdo Plenario N° 3-2016/CIJ-116).

24 .En relación a ello, señale la alternativa correcta: a. La intervención del tercero extraneus tiene una figura específica propia de enriquecimiento ilícito de particulares, como sucede en la legislación penal especial colombiana. b. Como lo ha resuelto nuestra jurisprudencia nacional, la inter­ vención del tercero extraneus se reprime como autor del delito de enriquecimiento ilícito. c. Dado que se trata de una ejecución continua y de consumación permanente, la intervención del tercero extraneus, puede ocu­ rrir incluso después que el funcionario cese en el ejercicio del cargo. d. Lo accesorio de la intervención del extraneus, lo coloca siem­ pre bajo el mismo título de imputación que comprende al autor funcionarial del enriquecimiento, interviniendo como cómplice o como instigador.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 35 DELA PRUEBA I-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

El nuevo modelo procesal penal regula la admisión y actuación de pruebas en segunda instancia, como un procedimiento excepcional, pues está previsto para situaciones determinadas. Más aún, no es posible que el Superior en grado pueda otorgar diferente valor proba­ torio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia.

25 .En relación a estas actuaciones probatorias en instancia de revi­ sión jurisdiccional, es cierto: a. En virtud del principio de inmediación del juzgamiento oral, las pruebas personales tienen un ámbito no accesible al control del Tribunal de revisión, por consiguiente, en ningún caso se puede otorgar diferente valor probatorio. b. La Casación N° 05-2007 ("zonas abiertas") supera la prohibición del artículo 425.2 del Código Procesal y autoriza una valoración

596

PRUEBA J

diferente de la realizada por el a quo, pues la percepción senso­ rial de éste es accesible al control de revisión. c. El ordenamiento procesal autoriza excepcionalmente la concu­ rrencia del testigo en segunda instancia, cuando es indispensable para sustentar el juicio de hecho. El déficit de la información no es justificación para su llamamiento. d. El relato fáctico que el juez a quo asume como probado no supone necesariamente su invariabilidad por el ad quem; su variación puede darse también cuando en primera instancia el testigo no dice lo que menciona el fallo apelado.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA I-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

26.Se cometió un delito de violación sexual donde el agresor es un familiar de la víctima. Debido a dicho contexto, es posible que en la valoración probatoria de las declaraciones de la víctima (no uniformes) se pueda prescindir de la siguiente garantía de certeza: a. Persistencia.

b. Verosimilitud. c. Conducencia. d. Utilidad.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA G - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ

a. b. c. d.

Una pericia psicológica al agresor. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Acreditar la ferocidad de la muerte.

Respuesta: c VERPREGUNTA N° 33 DELA PRUEBA A- CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ 597

LEGALES EDICIONES

27 .Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio debe realizarse:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. A efectos de hacer eficiente su investigación y evidenciar los hechos investi­ gados decide crear una persona jurídica a fin de que participe en los procesos de selección a convocar por la entidad pública antes citada, designando como accionista y representante de la misma a una per­ sona encubierta.

28 .Respecto al caso planteado, sobre la imputación por el delito de organización criminal, señale la respuesta correcta: a. La conducta resulta atípica, en tanto no es posible la existen­ cia de una organización criminal al interior de una entidad pública. b. La conducta es atípica, en tanto los funcionarios solo habrían cometido una clase de delito (colusión). c. La conducta resulta atípica, en tanto las conductas desplegadas por los funcionarios son parte de sus funciones. d. La conducta resulta típica, en tanto existe una pluralidad de personas, distribución de roles, actuación concertada, vocación de permanencia y estructura interna.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 29 .En el mismo caso, sobre la investigación diseñada por el Ministe­ rio Público, señale la respuesta correcta:

LEGALES EDICIONES

a. Resulta ilegal la creación de una persona jurídica ficticia por el Ministerio Público. b. La creación de la persona jurídica debe ser inscrita en un regis­ tro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto, requiriéndose la confirmatoria judicial. c. El Ministerio Público no se encuentra facultado para la creación de una persona jurídica. d. La creación de la persona jurídica por el Ministerio Público, re­ quiere previa autorización judicial.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 12 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 598

PRUEBA J

30 . En cuanto a la actuación probatoria en juicio oral, señale la op­ ción incorrecta: a. En el caso de declaración de pluralidad de acusados, ellos de­ clararan por el orden que haya que haya establecido el juez penal, previa consulta a las partes procesales. b. El examen de los testigos posee diferentes reglas al interrogato­ rio del acusado c. La no presencia del acusado en alguna de las sesiones del juicio oral genera su nulidad d. La resolución por la cual el órgano jurisdiccional determina de oficio la actuación de medios de prueba es pasible de ser recu­ rrida

Respuesta: a VER PREGUNTA N0 25 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ De los 4.535 trámites que gestiona el Gobierno Central del Perú, solo el 15,1 % se puede iniciar en línea y solo el 4% se puede com­ pletar de forma digital. La OCDE sostiene que representa una opor­ tunidad perdida para la competitividad y productividad de Perú, ya que investigaciones muestran que las transacciones digitales toman 74% menos tiempo que las transacciones físicas en la re­ gión y apenas entre 2,35% y 5% del costo total de las transacciones presenciales.

31 .Además, estos bajos niveles de digitalización brindan importantes oportunidades para: La corrupción. Aumentar los gastos para el ciudadano. El retardo en sus resultados. La congestión del tráfico.

Respuesta: a La corrupción es, hasta la actualidad, uno de los problemas más preo­ cupantes para la población peruana y afecta directamente la legitimi­ dad de las instituciones públicas. Una manera de medir la incidencia de la corrupción en un país es a través del índice de percepción. Si bien esta medición puede reflejar cierta subjetividad, es importante tenerlo en cuenta. Por ello, se presenta a continuación datos actualizados sobre 599

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

LEGALES EDICIONES

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

la posición del Perú y la percepción de los ciudadanos en materia de corrupción. De acuerdo al Barómetro de las Américas de Latín American Public Opi­ nión Project, Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrup­ ción a nivel regional, un 36% de la población lo señala como el principal problema, por encima de otros temas como la economía, la seguridad, la inestabilidad política y otros. Ese mismo resultado se registró, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), en el semestre octubre 2019 - marzo 2020, cuando la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con un 60.6%. Además, revisando los infor­ mes previos de esta última institución, se aprecia que desde el año 2017 hasta la actualidad, se consolida la ubicación de la corrupción sobre la delincuencia como el principal problema en el Perú. Por otro lado, también se tiene el índice de percepción de corrupción del público general y expertos académicos en las instituciones públicas. Por ejemplo, la ausencia de corrupción en los poderes públicos, de acuerdo con el World Justice Project, aumentó en algunos sectores y disminuyó en otros, respecto del reporte del año 2019. En el caso del Poder Ejecu­ tivo, varió de 0.40 a 0.37. En el Poder Judicial varió de 0.41 a 0.44. En la Fuerza Pública varió de 0.38 a 0.39. En el Poder Legislativo varió de 0.16 a 0.13. Respecto a la ausencia de corrupción en la justicia civil y penal, esta varió de 0.38 a 0.37 y de 0.30 a 0.32, respectivamente. En cuanto a las instituciones que conforman el sistema judicial, de acuer­ do con el INEI (2020), en el periodo octubre 2019 - marzo 2020, un 73.1% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.3% desconfía del Poder Judicial, un 72.1% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anti­ corrupción y un 66.6% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel An­ ticorrupción. A diferencia del periodo julio - diciembre 2019, en el que un 73% de los encuestados señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.5% desconfía del Poder Judicial, un 71.2% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 67.4% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (INEI, 2020). Lo cual nos muestra que no se han dado cambios sustanciales respecto a los bajos niveles de confian­ za en las instituciones del sistema judicial en ambos periodos.

32 .Las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (en constan­ te jurisprudencia casatoria) respecto al artículo 339, inciso 1, del Código Procesal Penal, que señala que: “La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal”, han establecido que: 600

PRUEBA J

a. El plazo de la suspensión no podrá exceder el plazo ordinario de la prescripción más una mitad de dicho plazo. b. El plazo de la suspensión debe evaluarse caso por caso en aten­ ción a la garantía del plazo razonable. c. El plazo de la suspensión comprende, realidad, de dos plazos de prescripción ordinario. d. El efecto del mencionado artículo es que a partir de la formalización de la investigación preparatoria se debe computar nuevamente el plazo prescriptorio.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 33 .La persona que ofrece una ventaja a un funcionario para que, en contravención de sus funciones, lo favorezca en los supuestos que prevé la ley, comete el delito de:

a. b. c. d.

Colusión. Cohecho activo. Cohecho pasivo. Negociación incompatible.

Respuesta: b También llamado soborno, es un delito de encuentro que consiste en solicitar, ofrecer o aceptar regalos o retribuciones a un funcionario pú­ blico para que haga una infracción administrativa en sus funciones. El provecho puede ser propio o para un tercero. Se le llama delito de encuentro porque se necesita mínimo dos personas para que se cometa: J Un funcionario público. J Un tercero que requiere de sus servicios. J Quien cometa el cohecho, es decir corrompa, será el sujeto activo, mientras quien acepta el cohecho (corrupto) será el sujeto pasivo. Cohecho activo: es el que hace referencia a quien ofrece el soborno. 34 . Es el delito por el cual se sanciona la conducta del funcionario público que en el marco de contratos, u operaciones económicas en las que participe el Estado, se aprovecha de su cargo para sí o para otro, al mostrar un interés indebido que entra en colisión con los intereses públicos o estatales. 601

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. b. c. d.

Colusión. Cohecho. Concusión. Negociación incompatible.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

El delito de negociación incompatible sanciona al funcionario o servi­ dor público que se interesa indebidamente de un contrato u operación en el que interviene por razón de su cargo para provecho propio o de ter­ ceros. El mencionado interés puede darse en los actos preparatorios del contrato u operación, durante su ejecución o en la fase de liquidación y, por supuesto, puede incluir un ámbito muy variado de expresiones prácticas. El bien jurídico que se tutela subyace en la necesidad de preservar nor­ mativamente el normal funcionamiento de la administración pública del interés privado de sus agentes (funcionario o servidor público) que anteponen sus intereses a la de ella. En rigor, se trata de preservar los deberes funcionales y/o deberes especiales positivos de incumbencia institucional (imparcialidad, rectitud, objetividad, etc.) en la actuación funcionarial frente a los administradores en general y frente a los com­ petidores ofertantes en los contratos o negocios estatales. Este tipo penal está ubicado en la sección de corrupción de fúncionarios del Código Penal. Su última modificación se produjo en 2013 por la Ley 30111, su tipificación actual es: Artículo 399. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma direc­ ta o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.”

35 .A efectos penales, son considerados funcionarios o servidores pú­ blicos: a. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 602

PRUEBA J

b. Los que desempeñan cargos políticos. c. Los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional. d. Todas son correctas

Respuesta: d El tipo penal de peculado de uso, previsto en el art. 388 del Código Pe­ nal, exige que el autor sea un funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la Administra­ ción Pública o que se hallen bajo su guarda. En esta perspectiva penal, el artículo 425 del referido Código Penal (pre­ cepto que define quiénes deben ser considerados como funcionarios o servidores públicos), incorpora una noción amplia. Esto es, no solo comprende a los que integren la carrera administrativa, a los que desem­ peñan cargos políticos o de confianza y a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que también incluye: i) a los que, con independencia del régimen laboral, presten servicios en organismos pú­ blicos en general (incluidas empresas públicas y sociedades en economía mixta) y en su mérito ejerzan funciones en ellas; y, ii) a los designados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Esta noción de funcionario o servidor público permite reconocer que el Código Penal acoge un concepto amplio, situándose un poco más allá del Derecho Administrativo a la hora de fijar este elemento normativo; el cual es un concepto funcionarial autónomo y exclusivo del Código Penal. Así lo ha establecido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Revisión de Sentencia N° 503-2017-Callao. En este fallo, emitido el 5 de noviembre de 2018, se resolvió la demanda de revisión de senten­ cia por el motivo de nueva prueba presentada por una persona que fue condenada a un año y cuatro meses de pena privativa de la libertad suspendida, en su condición de cómplice primario del delito de peculado de uso cometido por un comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En su fallo, la Corte refirió que no es suficiente o determinante que el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1260 enfatice que el bombero no es funcionario o servidor público, “sino que es de analizar el status integral de su función, la naturaleza del servicio de la institución y las reglas jurídicas respecto de los bienes asignados para el cumplimiento de sus funciones”. Asimismo, el Colegiado agregó que ello significa que ___________________________________________________________________________________________ 603

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

el agente debe realizar actos funcionariales y referidos a la relación entre la Administración y los administrados; es decir, debe estar incorporado en la actividad pública (lo que puede suceder de distintas formas) y, ade­ más, debe ejercer la función pública. Del mismo modo, la Sala Suprema señaló que “Desde el Derecho Penal se exige, entonces, para ser considerado funcionario o servidor público: i) un elemento referido a la participación en el ejercicio de funciones pú­ blicas; y, ii) un título de habilitación de dicha participación, que puede ser triple: disposición de la ley, elección, o designación o nombramiento por autoridad competente -determinante de un vínculo con el Estado o sus entidades, incluidas empresas públicas o de economía mixta-”. Así, y ya al pronunciarse sobre el caso en concreto, el Colegiado Supre­ mo refirió que los bomberos sí participan en el ejercicio de una fun­ ción pública y, además, que tienen un título de habilitación debidamente estructurado por la ley e integran un cuerpo jerarquizado. “Asimismo, los bienes de la institución tienen un fin determinado y están sujetos a control gubernamental”. Por estas razones, la Corte Suprema declaró infundada la demanda de revisión y se condenó al recurrente al pago de las costas procesales. 36 .El Perú dentro del marco normativo internacional participa de los siguientes instrumentos internacionales para la prevención de la corrupción:

a. Convención Interamericana contra la Corrupción. b. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. c. Declaración de Beijing sobre la Lucha contra la Corrupción. d. Todas son correctas.

Respuesta: d LEGALES EDICIONES

La corrupción es, como el cáncer, un mal que vulnera y destruye desde las entrañas. Al socavar los pilares de la sociedad -las normas que la ri­ gen y las instituciones que la sostienen- acaba finalmente por distorsio­ nar las relaciones entre sus miembros y dañar gravemente la vida de una nación. Un gobierno capaz de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, de crear oportunidades para que las personas desarrollen sus talentos y capacidades en beneficio propio y de su comunidad, requiere del apoyo y la confianza del ciudadano. Sólo podrá beneficiarse de ellos si éste siente que su gobierno actúa con honestidad y responsabilidad y si, al mismo tiempo, cuenta con los medios e instrumentos para ase­ 604

PRUEBA J

gurarse de que así sea: transparencia en las acciones gubernamentales, información pública suficiente y accesible, controles adecuados para prevenir y sancionar, en su caso, el enriquecimiento ilícito de los funcio­ narios públicos o cualquier tipo de abuso por parte de estos, entre otros. A pesar de los rezagos, e incluso a pesar de las indudables reticencias y resistencias en el ámbito público y también en el privado, en Perú el acce­ so de los ciudadanos a estos medios e instrumentos en la lucha contra la corrupción es un proceso que avanza. Parte importante de él es que nues­ tro país sea hoy parte de importantes instrumentos jurídicos destinados a fortalecer la cooperación internacional en el combate a la corrupción.

37 .A nivel de la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Supre­ ma de Justicia, los delitos funcionariales (dentro de ellos, los de co­ rrupción de funcionarios) se trabajan bajo la categoría jurídica de: a. b. c. d.

Infracción del deber. Dominio del autor. Competencia institucional. Competencia por organización.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 19 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 05-2021SN/JNJ

38 . Respecto a la regulación de una organización criminal en el ámbi­ to material o procesal, es correcto afirmar que: a. La pertenencia a una organización criminal es un supuesto de peligro de fuga para la determinación de una prisión preventi­ va. b. La operatividad del concepto de organización criminal desarro­ llado en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, es la de delimitar la competencia de determinados órganos jurisdiccionales. c. Una organización criminal siempre tendrá una finalidad económica y no política. d. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ __________________ ________________________________________________________________________ 605

B? o Q

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

3 9.lndique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a. La argumentación jurídica se destina exclusivamente a la jus­ tificación (o explicación) de la atribución de consecuencias jurídicas a un hecho o situación (tratando de determinar qué dice el Derecho sobre ese hecho o sobre esa situación). b. La norma en sentido estricto es el significado del enunciado normativo (esto es, el resultado de la interpretación del enun­ ciado normativo). c. La interpretación es una tarea en la que existen fuertes dosis de discrecionalidad, por lo que supone siempre una elección arbitraria. d. En el Derecho una decisión deja de ser arbitraria cuando se apo­ ya en una razón, con independencia de la validez o corrección jurídica de esa razón.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 06-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

En el Reporte de avances en gobierno y transformación digital del Es­ tado Peruano, en su proceso de transformación digital, tenemos los indicadores de digitalización de las entidades públicas, los avances en servicios digitales y la participación ciudadana. El Decreto de Ur­ gencia N° 006-2020 crea el Sistema Nacional de Transformación Di­ gital como un sistema funcional del Poder Ejecutivo que tiene como una de sus finalidades fomentar e impulsar la Transformación Digital de las entidades públicas y cuya rectoría recae en la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital. En especial el Modelo de Gobernanza Digital propone una serie de roles y actividades como parte del proceso de transformación digital y desarrollo del gobierno digital en las entidades públicas. 40 .¿Cuál es el sector que ha presentado menos avances y cuál ha presentado el mayor avance?

a. b. c. d.

Gobierno Local y Ministerios. Gobierno Regional y Organismos Constitucionales Autónomos, Empresas del Estado y Universidades. Programas y Ministerios.

Respuesta: a Gobierno Digital en Perú es el uso estratégico de tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para crear valor público. Com­ 606

PRUEBA J

prende un conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por las entidades públicas en la gobernanza, gestión e implementación de tecnologías digitales para la digitalización de procesos, datos, contenidos y servicios digitales de valor para la ciudadanía. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es el Líder Nacional del Gobier­ no Digital en el Perú, responsable del proceso de transformación digital en el país y de la dirección estratégica del Gobierno Digital en el Estado Peruano. Por ello, dicta las normas, establece los procedimientos y es responsable de su operación y correcto funcionamiento.

LEGALES EDICIONES

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PRUEBA K

FISCAL SUPERIOR DE FAMILIA 1. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el expediente 01849-2017-PA/TC:

“La doctrina, por su parte, ha señalado que ¡a realidad social cam­ biante ha ¡do modificando la composición de la familia generan­ do diferentes tipos. Así, diversos autores han señalado que “La caída de ¡as nupcialidad y el ascenso de la tasa de divorcios ha causado una eclosión de nuevas formas de familia, tales como: familias unipersonales (de solteros, divorciados o viudos); monopárenteles o matrifocales (madres sin pareja con hijos a su cargo, sean solteras o separadas); reconstituidas (parejas de segundas o ulteriores nupcias, a cargos de hijos procedentes de uniones an­ teriores); familias de cohabitantes, uniones informales de parejas sin legalizar, tengan o no hijos a su cargo, etc.”

Se considera familia reconstituida, a aquellas en que: (marque la respuesta incorrecta) a. En las cuales uno o ambos de sus integrantes tienen hijos prove­ nientes de una relación previa, generándose un parentesco por afinidad. b. En las cuales no se requiere que habiten y compartan vida con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. c. Las relaciones familiares se desarrollan en un ámbito de afecti­ vidad. d. La familia ensamblada es merecedora de tutela constitucional.

3 Respuesta: b VER PREGUNTA N° 22 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 2. Expediente 2970-2019-PHC/TC. Madre de Dios- Doña Marcelina Rudas Valer y doña Jhojana Rudas Guedes, interpusieron deman­ da de habeas corpus a favor de esta última y la dirigieron contra el jefe del Registro Nacional de Identificación y Servicio Civil (RENIEC) a fin de que a Jhojana se le emita el documento Nacional de Identidad (DNI) con ese nombre, esto es anteponiendo el ape­ llido materno al paterno. Se alega vulneración del derecho a la identidad. ___________________________________________________________________________________________ 609

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El Tribunal Constitucional al expedir sentencia por mayoría seña­ ló (marque la respuesta incorrecta): a. b. c. d.

El nombre provee de información base para la emisión del DNI. El nombre es imprescriptible. El nombre es comercial. El nombre hace posible el ejercicio de derechos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 21 DE LA PR UEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 3. En la misma sentencia señaló el Artículo 18 ° de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúa, “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o a! de uno de ellos. La ley reglamentara la forma de asegurar este dere­ cho para todos, mediante nombre supuestos, si fuera necesario” Marca la respuesta correcta:

a. La Convención Americana de Derechos Humanos, forma parte del derecho nacional. b. La Convención Americana de Derechos Humanos es un Título del Código del Niño y del Adolescente. c. La Convención Americana de Derechos Humanos solo desarro­ lla conceptos útiles para la aplicación del derecho. d. La Convención Americana de Derechos Humanos no vincula a los jueces peruanos.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 22 DELA PRUEBAI-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

4. Señala el artículo 20° del Código Civil: “Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre” de acuerdo a lo que por mayoría resolvió el Tribunal Constitucional en la sentencia ya citada, en la composición de los apellidos debe observarse (Marque la respuesta correcta): a. b. c. d. 610

La normatividad vigente. Los padres pueden determinar el orden de los apellidos. La costumbre. El registrador puede determinar el orden de los apellidos.

PRUEBA K

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 09-2021SN/JNJ 5. El derecho a no ser discriminado por razón de sexo, como señaló el Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Expediente N° 5652-2007-AA incluye dos mandatos (Marque la respuesta inco­ rrecta):

a. La prohibición de discriminación directa. b. La obligación de exigir un trato jurídico indiferenciado para hombres y mujeres como regla general. c. La prohibición de discriminación indirecta. d. La aceptación de tratamientos jurídicos formalmente neutros, de los cuales se deriven consecuencias con impacto diferencia­ do sobre los miembros de uno u otro sexo.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 20 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 102021-SN/JNJ

6. El Tribunal Constitucional al expedir sentencia en el Exp. 012042017-PA/TC, se pronunció sobre la procedencia de la demanda de amparo. (Marque la respuesta incorrecta):

Respuesta: d Se ha señalado en la STC 01204-2017-PA: “1. En el caso Elgo Ríos (Sentencia 02383-2013-PA), este Tribunal Cons­ titucional ha señalado que, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 611

LEGALES EDICIONES

a. La procedencia de la demanda debe analizarse tanto desde una perspectiva objetiva como subjetiva. b. Desde una perspectiva subjetiva, corresponde analizar si, por consideraciones de urgencia y de manera excepcional, es prefe­ rible admitir a trámite la demanda de amparo, pese a existir una vía ordinaria regulada. c. Debe evaluarse si es necesaria una tutela urgente, apreciando para ello la relevancia del derecho involucrado o también la gravedad del daño que podría ocurrir. d. Las consideraciones señaladas en las alternativas a, b y c, deter­ minan la admisión de la demanda, aun cuando exista una vía ordinaria idónea.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, la procedencia de la de­ manda debe analizarse tanto desde una perspectiva objetiva como de una subjetiva. Así, y desde una perspectiva objetiva, debe atenderse a la estructura del proceso, por lo que corresponde verificar si la regulación del procedimiento permite afirmar que estamos ante una vía célere y eficaz (estructura idónea), así como a la idoneidad de la protección que podría recibirse en la vía ordinaria. Por ende, debe analizarse si en la vía ordinaria podrá resolverse debidamente el caso iusfundamental puesto a consideración (tutela idónea). 2. Por otra parte, y desde una perspectiva subjetiva, corresponde ana­ lizar si, por consideraciones de urgencia y de manera excepcional, es preferible admitir a trámite la demanda de amparo pese a existir una vía ordinaria regulada. Al respecto, es necesario evaluar si transitar la vía ordinaria pone en grave riesgo el derecho vulnerado o amenazado, de tal modo que el agravio alegado puede tonarse irreparable (urgencia como amenaza de irreparabilidad). Asimismo, debe evaluarse si es necesa­ ria una tutela urgente, apreciando para ello la relevancia del derecho in­ volucrado o también a la gravedad del daño que podría ocurrir (urgen­ cia por la magnitud del bien involucrado o del daño). De acuerdo con la consulta efectuada a la página web del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial: (), a la fecha de la interposición de la demanda aún no había entrado en vigencia la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el Distrito Ju­ dicial de Lima, por lo que, para el caso concreto, no se contaba en el re­ ferido distrito judicial con una vía igualmente satisfactoria, como lo es el proceso laboral abreviado previsto en la Ley 29497, al que se hace men­ ción en el precedente establecido en la Sentencia 02383-2013-PA/TC.”

LEGALES EDICIONES

7. Sobre el derecho a la protección a las familias y especialmente en el caso de las familias ensambladas (Marque la respuesta inco­ rrecta): a. El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos esta­ blece en su artículo 23 que la "familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad" por lo que debe ser protegida de las posibles inherencias del Estado y la sociedad. b. Es importante señalar que inicialmente la familia ha sido enten­ dida como la formada por vínculos familiares que encuentran origen en el matrimonio, la filiación y en el parentesco. c. Este Tribunal ha definido a las familias ensambladas como "la estructura familiar originada en el matrimonio o la unión 612

PRUEBA K

concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus inte­ grantes tienen hijos provenientes de una relación previa. d. El hecho de que un padre o madre a fin este brindando la asis­ tencia a la que se refiere el párrafo precedente, en mérito a la nueva unidad familiar, el padre o la madre biológica quedan liberados de sus responsabilidades.

Respuesta: d

613

LEGALES EDICIONES

No procede el despido del trabajador que haya declarado y registrado como derechohabiente a la hija del primer compromiso de su actual es­ posa (hijastra), a fin de incluirla en el plan de seguro de salud familiar. Esto, en la medida que la estructura familiar del trabajador incluya a la menor. En este caso estaríamos frente a una “familia ensamblada”, originada en una unión matrimonial en donde uno de sus integrantes (en este caso, la esposa) tiene una hija proveniente de una relación previa, lo que doctri­ naria y jurisprudencialmente se denomina hija afín dentro del contexto de una familia ensamblada. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia recaída en el Exp. N.° 01204-2017-PA/TC, publicada en su portal web el 03 de abril del 2019. En dicha sentencia se declaró fundada una deman­ da de amparo por haberse acreditado la vulneración de los derechos al trabajo, a la protección de la familia, al debido proceso, y a la igualdad ante la ley y no discriminación. Asimismo, el TC señaló que, sin que sea un numerus clausus, son tres las principales características de una familia ensamblada: “i) Comprende una pareja cuyos integrantes deciden voluntariamente fusionar sus proyectos de vida, y en la cual uno de ellos o ambos posee hijos de una relación previa. También comprende a parientes con lazos cercanos que voluntariamente deciden hacerse cargo de la atención, cui­ dado y desarrollo del niño o niña en forma habitual. (ii) Generalmente, se originan por razones de abandono, viudez, divor­ cio o separación de uniones de hecho. Este último, en base a la relación de equivalencia que existe en nuestro ordenamiento entre el matrimonio y la unión de hecho; tal como lo ha dispuesto el artículo 5 de la Consti­ tución y el artículo 326 del Código Civil (Cfr. STC 09708-2006-AA/TC). (iii) La nueva identidad familiar debe guardar algunas características para reconocerse como tal. Estas características pueden consistir en ‘ha­ bitar y compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y nocimiento’ (STC 09332-2006-PA/TC) ”.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

LEGALES EDICIONES

Veamos los hechos: el marzo del 2010, Provias Nacional despidió a un trabajador (el demandante) por, entre otras cosas, haber declarado como su dependiente (para efectos de su afiliación en una EPS) a al­ guien que no era legalmente hija suya. No obstante, el trabajador alegó que se trataba de la hija biológica del primer compromiso de su esposa, a quien él considera como su propia hija, pues forma parte de su estruc­ tura familiar. Sobre el particular, el TC refirió que ya anteriormente ha definido a las “familias ensambladas” como la estructura familiar originada en el ma­ trimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa. “De este modo, ha considerado que el hijastro forma esta nueva estructura familiar, siempre que esta relación guarde ciertas características, tales como las de habitar y compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento (Sentencia 09332-2006-PA/TC, funda­ mento 12)”, refirió el Colegiado. Por ello, el TC concluyó que el despido del accionante vulneró el derecho constitucional a la protección de la familia porque, aunque la beneficiada no era hija biológica del trabajador, sí era parte de su familia pues esta era la hija de su esposa. Y, en estos casos, nos encontramos ante un supuesto de “familia ensamblada” constituida por el demandante, su hijo, su esposa y la hija biológica de la esposa (quienes comparten vida en común desde el matrimonio celebrado en 1995). En consecuencia, el Colegiado Constitucional declaró fundada la de­ manda de amparo y, en consecuencia, nulo el despido arbitrario. Asi­ mismo, ordenó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provías Nacional que reponga al demandante como trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en otro de igual o similar categoría o nivel, en el plazo de dos días. 8. Los procesos entablados por padre o madre extranjera, para que se restituya la tenencia de un niño o niña, al lugar donde reside el padre o la madre que lo solicita. Se tramita observando (Marque la respuesta correcta):

a. b. c. d. 614

El Código del Niño y del Adolescente. El Código Civil. La Convención sobre los derechos del niño. Convenio de la Haya.

PRUEBA K

Respuesta: d El Convenio de La Haya de 1993 instaura un sistema de cooperación entre las autoridades de los países de origen y de recepción, creado para asegurar que la adopción internacional tenga lugar en condiciones que ayuden a garantizar las mejores prácticas para la adopción y la elimina­ ción de abusos. 9. En el Tercer Pleno Casatorio Civil realizado por las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú - CAS. N° 4664-2010 PUNO, estableció como Precedentes Vinculantes (Marque la respuesta incorrecta):

Respuesta: c Que, el artículo 345-A del Código Civil establece que: “Para invocar el supuesto del inciso 12 del Artículo 333 el demandante deberá acredi­ tar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. 615

LEGALES EDICIONES

a. En los procesos de familia, como, en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos princi­ pios y normas procesales. b. En los procesos sobre divorcio -y de separación de cuerpospor la causal de separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil. c. En consecuencia, a pedido de parte señalará una indemniza­ ción por daños, el que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. d. La indemnización o la adjudicación de bienes tiene la na­ turaleza de una obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del di­ vorcio en sí; su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extracontractual sino la equidad y la solidari­ dad familiar.

LEGALES EDICIONES

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. De­ berá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño perso­ nal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad con­ yugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder”. Que, en el II Pleno Casatorio en lo Civil, contenido en la Casación 46642010, sobre Divorcio por la Causal de Separación de Hecho, se ha es­ tablecido como precedente judicial vinculante lo siguiente: “2. En los procesos sobre divorcio -y de separación de cuerpos- por la causal de separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil. En consecuencia, a pedido de par­ te o de oficio señalará una indemnización por daños, el que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. El daño moral es indemnizable y se halla com­ prendido en el daño a la persona. 3. Respecto a la indemnización por da­ ños o la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal: 3.1. A pedido, podrá formularse tal pretensión en los actos postulatorios, ya sea en la demanda como pretensión accesoria o en la reconvención, se­ gún sea el caso, salvo renuncia expresa del interesado. El pedido también es procedente después de los actos postulatorios. 3.2. De oficio, el Juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos con­ cretos referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. Aquellos hechos pueden ser alegados o expresados in­ cluso después de los actos postulatorios. En estas hipótesis, el Juez con­ cederá a la otra parte la oportunidad razonable de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Si ya se llevó a cabo la audiencia de pruebas, los medios probatorios que se ofrezcan serán de actuación inmediata”. lO.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a. La argumentación jurídica se destina exclusivamente a la jus­ tificación (o explicación) de la atribución de consecuencias jurídicas a un hecho o situación (tratando de determinar qué dice el Derecho sobre ese hecho o sobre esa situación). 616

PRUEBA K

b. La norma en sentido estricto es el significado del enunciado normativo (esto es, el resultado de la interpretación del enun­ ciado normativo). c. La interpretación es una tarea en la que existen fuertes dosis de discrecionalidad, por lo que supone siempre una elección arbitraria. d. En el Derecho una decisión deja de ser arbitraria cuando se apo­ ya en una razón, con independencia de la validez o corrección jurídica de esa razón.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ 11 .En la Teoría General del Derecho, ¿las “lagunas normativas” son? (Marque la opción correcta):

a. b. c. d.

Casos Casos Casos Casos

de contradicciones entre normas superiores e inferiores. que no tienen respuesta en el Derecho. sin relevancia jurídica. a los que no se refiere expresamente una norma.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA H- CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

12 .El control de convencionalidad (Marque la opción correcta):

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 617

LEGALES EDICIONES

a. Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho inter­ nacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, inclu­ yendo la jurisprudencia de este Tribunal. b. Es un método de interpretación para conocer el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos. c. Es una herramienta doctrinaria que se utiliza para complemen­ tar los ordenamientos jurídicos de los Estados. d. Es una técnica hermenéutica para mejorar la interpretación de los derechos humanos.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

13 . En la teoría impugnatoria, la extensión del efecto devolutivo está referida a:

a. El objeto litigioso del recurso (principio de limitación y de con­ gruencia). b. La facultad del Ad-quem de apreciar cuestiones que dejaron de ser examinadas a pesar de haberse suscitado. c. Los sujetos procesales a quienes alcanza el recurso. d. La determinación de los efectos con los que se concede el recur­ so.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

14 . El enunciado contenido en el artículo 102 del Código Procesal Ci­ vil: “El demandado que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el de­ recho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domici­ lio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso”. Se refiere a: a. b. c. d.

Intervención coadyuvante. Intervención litisconsorcial. Denuncia civil. Llamamiento posesorio.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

15 .Apelada una sentencia (marque la respuesta correcta): a. La violación de una norma procesal puede generar que una sen­ tencia sea revocada. b. La violación de una norma procesal solo puede originar revoca­ ción de una sentencia. c. La violación de una norma material tiene como consecuencia la anulación de una sentencia. d. La violación de una norma procesal tiene como consecuencia la nulidad de la sentencia o del procedimiento, dependiendo donde se detecte el vicio. 618

PRUEBA K

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 16. Marque la alternativa correcta sobre los efectos de las excepcio­ nes:

a. Efecto perentorio si se trata de una excepción de oscuridad y ambigüedad. b. Efecto perentorio si se trata de falta de legitimidad para obrar del demandado. c. Efecto perentorio si se trata de la excepción de falta de agota­ miento de la vía administrativa. d. Efecto perentorio si se trata de la excepción de falta de falta de capacidad del demandante.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

17. Marque la afirmación correcta: a. La resolución que rechaza el pedido de acumulación de proce­ sos es apelable con efecto suspensivo. b. La acumulación de procesos siempre debe efectuarse a pedido de parte, no procede la acumulación de oficio. c. La acumulación sucesiva de procesos debe pedirse antes que uno de ellos sea sentenciado. d. No puede existir acumulación de procesos con desacumulación en el trámite de los mismos.

VER PREGUNTA N° 20 DE LA PRUEBA F- CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

18. Martha está decidida a matar a su esposo; durante la hora de la cena, saca su pistola y le dispara. Sin embargo, al ver a su espo­ so inconsciente y desangrándose, Martha se arrepiente y llama a la ambulancia. Luego, huye del país. Martha ha sido extraditada de Chile por el delito de parricidio. ¿Qué circunstancia atenuante considera usted que se le debe aplicar a Martha? 619

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. b. c. d.

La disminución de las consecuencias del delito. La reparación del daño ocasionado a la víctima. La admisión de la responsabilidad por el delito. La influencia de apremiantes circunstancias personales.

Respuesta: a Son circunstancias genéricas las que se regulan en la Parte General del Código Penal y que pueden operar en la determinación de la pena con­ creta de cualquier tipo de delito. Esta clase de circunstancias sólo per­ miten al juez individualizar la pena que corresponde al delito cometido y a su autor o partícipes^ dentro del espacio punitivo generado entre los límites inicial y final de la pena básica o espacio de punición que confor­ me al artículo 45 A debe configurar previamente el juez. Ahora bien, cuando se trata de atenuantes genéricas que identifican una menor antijuridicidad del hecho o una menor culpabilidad de su autor, ellas producen como consecuencia una menor punibilidad o posibilidad de sanción del delito, y van a determinar una pena concreta menor, la que siempre se ha de proyectar hacia el extremo inicial o mínimo de la pena básica y que en el artículo 45 A corresponde al primer tercio. 19. Desde la perspectiva del ¡tercriminis Martha actuó en

a. b. c. d.

Tentativa acabada. Tentativa inacabada. Consumación formal. consumación material o agotamiento.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c Consumación formal. Es la realización de la previsión típica hecha por el legislador y que, como tal, es aleatoria en el sentido de que no tiene por qué coincidir con la efectiva realización del delito, o lo que normal­ mente se entenderá por efectiva realización del mismo. 20.Sobre la participación delictiva, es correcto afirmar que: a. En la autoría mediata el agente comete el delito sirviéndose de otro como instrumento. b. A los cómplices tanto primarios como secundarios les corres­ ponde una pena inferior a la de los autores. c. Es coautor quien presta un aporte, auxilio, contribución o ayu­ da a otra persona que también participa en el delito. 620

PRUEBA K

d. Se denomina autor mediato a quien ejerce una influencia psicológica sobre el autor material o ejecutor, determinán­ dolo a cometer el delito, es decir, creando en él la resolución criminal.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

21.Luis causó la muerte de su esposa Maritza, el 05 de agosto de 2013, a las 14:30 horas, en el interior del segundo piso del inmue­ ble ubicado en la manzana M, lote 61, urbanización Pro Lima, dis­ trito de Los Olivos, en circunstancias en que la víctima se encon­ traba bañándose en la ducha. En ese momento, Luis ingresó al baño y comenzó a agredirla físicamente, cogiéndola del cuello, asfixiándola y golpeándola contra la pared. Luego de ello, la sol­ tó y la hizo caer contra el suelo, ocasionando que se resbalara. Producto de este hecho la agraviada sufrió lesiones traumáticas. El Informe Pericial de Necropsia Médico Legal número estableció como diagnóstico de la muerte: “asfixia mecánica por estrangulamiento”, teniendo como agente causante un “elemento constrictor en cuello”. El móvil del crimen fue los celos de Luis, en vista de que su esposa le era infiel con otro hombre. Marque la opción correcta: a. Luis debe ser procesado por delito de Parricidio. b. Luis debe ser procesado por delito de Homicidio Calificado por alevosía. c. Luis debe ser procesado por Lesiones Seguidas de Muerte. d. Luis debe ser procesado por delito de Feminicidio. Respuesta: ci

El feminicidio es entendido como el asesinato de una mujer por su condición de tal, que puede estar vinculado a situaciones de violencia familiar, violencia sexual, discriminación, hostigamiento y/o acoso sexual, entre otros diversos contextos, en cuya base está la discriminación de género. En la legislación peruana, “el feminicidio siempre es un delito doloso o intencional, donde no es admisible la acción involuntaria o culpa”. El feminicidio constituye un “un delito pluriofensivo” entendiendo que el daño que ocasiona trasciende a la vulneración del derecho a la vida ______________________________________________________________________ ____________________ 621

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

de las mujeres (bien jurídico protegido), porque también afecta a todos los integrantes de su familia y el entorno de la víctima, especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, afecta a la sociedad en su conjunto, dañando la moral colectiva.

22.Se considera la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio­ nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belem do Pará” la Carta Magna de las Mujeres Americanas, porque: a. Defme la violencia física, sexual y psicológica, el ámbito de apli­ cación y sus derechos protegidos. b. Es la Convención a la cual han adherido más países en el mundo, c. Tiene un Mecanismo de Seguimiento o MESECVI. d. Posee Mecanismos internacionales de protección.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

23 . La Corte Interamericana de Derechos Humanos claramente ha establecido que el principio de igualdad y no discriminación no sufre lesión o merma cuando se brinda trato diferente a personas cuya situación lo justifica, precisamente para colocarlas en posi­ ción de ejercer verdaderamente los derechos y aprovechar autén­ ticamente la garantías que la ley reconoce a todas las personas. ¿Cuál es el principio que tiene raíz en el trato igual para todos?

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

El principio de igualdad. El principio de juricidad. El principio de legalidad. El principio de proporcionalidad.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 24 . El CEDAW ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer [i] porque es mujer o [ii] que la afecta en forma desproporcionada”. El CEDAW también ha seña­ lado que “la violencia contra la mujer es una forma: 622

PRUEBA K

a. De segregación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. b. De discriminación que impide gravemente que goce de dere­ chos y libertades en pie de igualdad con el hombre. c. De marginación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. d. De exclusión que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de la igualdad con el hombre.

Respuesta: b El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité de la CEDAW está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo. El tratado de la CEDAW es una herramienta que ayuda a las mujeres de todo el mundo a provocar cambios en su vida cotidiana. En los países que han ratificado el tratado, la CEDAW ha demostrado ser inestimable para oponerse a los efectos de la discriminación, que incluyen la violen­ cia, la pobreza y la falta de protección legal, junto con la negación de la herencia, los derechos de propiedad y el acceso al crédito. 25 . La empresa La Poderosa está encargada de la ejecución de una carretera, en virtud al contrato suscrito con una entidad estatal, al haber obtenido la buena pro en el proceso de licitación pública. Concluido el plazo contractual, la empresa pretende se le apruebe valorizaciones por montos indebidos que lo beneficiarían en la li­ quidación de la obra, valorizaciones que fueron cuestionadas por el supervisor de la obra y no aprobadas por la entidad, por lo que el representante de la empresa decide recurrir a la vía arbitral.

a. Los hechos resultan atípicos, en tanto el acuerdo defraudatorio para el Estado se ha dado en el marco de un proceso arbitral y no de un proceso de contratación pública. 623

LEGALES EDICIONES

Estando en trámite el proceso arbitral, acuerda con el titular de la entidad el beneficio de la empresa en todas sus pretensiones, para lo cual arriban a una conciliación en dicho proceso arbitral en la que participan personas distintas en representación de la entidad y la empresa constructora en virtud a la designación efec­ tuada, emitiéndose el correspondiente laudo arbitral. Sobre los hechos descritos, señale la respuesta correcta:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. El laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada y por tanto no puede ser materia de cuestionamiento. c. Los hechos son típicos de colusión agravada, constituyendo el proceso arbitral el medio empleado para lograr la defraudación al Estado. d. Los hechos resultan atípicos, en tanto ya concluyó el plazo con­ tractual.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

26 .¿Qué actos emite el fiscal provincial de delito en vía de preven­ ción de delito? a. b. c. d.

Requerimientos, exhortaciones o recomendaciones. Disposiciones, exhortaciones o recomendaciones. Providencias, disposiciones o requerimientos. Requerimientos, providencias o disposiciones.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 27 .Una pareja de recién casados, teniendo su luna de miel en la no­ che de bodas, siendo para la pareja de esposos su primera vez juntos en intimidad, por lo que a ocho meses de casados nace su primer hijo, ante lo cual la esposa le dice a su esposo que se le adelantó el parto, y que el primogénito llenará de felicidad el ho­ gar, ante lo cual el esposo emocionado lo cuida lo atiende y ama a su primogénito. Sin embargo, los parientes y amigos del esposo le refieren que el bebé primogénito no se le parece, ante lo cual el esposo entra en dudas y se practica una prueba de ADN, saliendo Negativa la prueba para el esposo, declarando ante tal evidencia la esposa que el bebé es de su ex enamorado con quien mantuvo relaciones antes del matrimonio. El esposo puede:

a. Puede Demandar ante el Juez de Mixto, puesto que en la Jurisdicción no existe Juzgado de Familia, Demanda de Impug­ nación de Declaración de Paternidad, demostrando a través de la prueba de ADN que no tiene vínculo parental. b. Puede Demandar ante el Juez de Civil, puesto que en la Jurisdic­ ción no existe Juzgado de Familia, Demanda de Impugnación 624

PRUEBA K

de Declaración de Paternidad, demostrando a través de la prue­ ba de ADN que no tiene vínculo parental. c. Puede demandar ante el Juez de Familia, demanda de Impug­ nación de paternidad, demostrando a través de la prueba de ADN que no tiene vínculo parental. d. Puede Demandar ante el Juez de Paz Letrado, Demanda de Im­ pugnación de Paternidad, demostrando a través de la prueba de ADN que no tiene vínculo parental, atendiendo que el Juez de Paz Letrado también ve temas de familia por lo que lo deri­ vará a su Especialista en materia Familia.

Respuesta: c Es el derecho que tiene una persona que se considere padre biológico de un menor que ha sido reconocido por un tercero, de solicitar ante los Jueces de familia se le reconozca su paternidad biológica y se deje sin efecto la paternidad legal del tercero.

28 .En el caso que el esposo decidiera quedarse con el Bebé que ya encariñó y no decide no impugnar su paternidad, el padre biológi­ co puede:

Respuesta: a La Declaración de Paternidad es un documento legal y constituye una comprobación legal de la paternidad. Para establecer la paternidad no se requiere ninguna acción legal adicional. El nombre de la persona que no dio a luz al niño será incluido en el certificado de nacimiento. 625

LEGALES EDICIONES

a. Puede Demandar ante el Juez de Familia, Demanda de Impug­ nación de Declaración de Paternidad, demostrando a través de la prueba de ADN que sí tiene vínculo parental. b. Puede Demandar ante el Juez de Civil, puesto que en la Jurisdic­ ción no existe Juzgado de Familia, Demanda de Impugnación de Declaración de Paternidad, demostrando a través de la prue­ ba de ADN que no tiene vínculo parental. c. Puede Demandar ante el Juez de Familia, Demanda de Impug­ nación de paternidad, demostrando a través de la prueba de ADN que no tiene vínculo parental. d. Puede Demandar ante el Juez de Paz Letrado, Demanda de Im­ pugnación de Paternidad, demostrando a través de la prueba de ADN que no tiene vínculo parental, atendiendo que el Juez de Paz Letrado también ve temas de familia por lo que lo deri­ vará a su Especialista en materia Familia.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

La 3ra. Sala Penal de Apelaciones de Arequipa, en el proceso penal seguido contra Pericles Malatesta sobre omisión de asistencia fami­ liar, ha señalado respecto del pago tardío de la obligación alimenta­ ria, lo siguiente: “3 .5. La Sala considera que el pago tardío de la obligación alimentaria no afecta la imputación concreta por delito de omisión a la asistencia familiar, como en efecto ha sido correctamente valorado por el juez, por tanto, el pago tardío del íntegro de la deuda alimentaria con pos­ terioridad a la sentencia impuesta no afecta la realización del hecho delictivo; sin embargo, este pago tardío de la deuda alimentaria sí tiene directa incidencia en la determinación concreta de la pena, por mandato del artículo 46 literal f del Código Penal. ”

29. En consecuencia, respecto del pago tardío de la obligación ali­ mentaria es correcto afirmar que:

a. El cumplimiento tardío del mandato judicial de pago de la deu­ da alimentaria debe tener un efecto jurídico en el hecho punible ya configurado. b. El cumplimiento tardío del mandato judicial de pago de la obligación alimentaria debe ser considerado como una circuns­ tancia atenuante genérica. c. El delito de omisión de asistencia familiar se consuma cuando se cumple tardíamente la obligación alimentaria. d. La determinación judicial de la pena en el delito de omisión de asistencia familiar depende del cumplimiento tardío de la obli­ gación alimentaria.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b Cuando se trata de atenuantes genéricas que identifican una menor anti­ juridicidad del hecho o una menor culpabilidad de su autor, ellas produ­ cen como consecuencia una menor punibilidad o posibilidad de sanción del delito, y van a determinar una pena concreta menor, la que siempre se ha de proyectar hacia el extremo inicial o mínimo de la pena básica y que en el artículo 45 A corresponde al primer tercio. 30. Marque la respuesta incorrecta:

a. La imputación concreta del delito de omisión de asistencia familiar considera, entre otros elementos, la realización de la conducta ordenada. b. El pago tardío de la obligación alimentaria constituye una cir­ cunstancia que debe tenerse en cuenta para la determinación judicial de la pena. 626

PRUEBA K

c. Según lo expresado por la Sala Penal de Apelaciones es menes­ ter considerar los efectos jurídicos del pago tardío para emitir una decisión razonable. d. El pago tardío del total de la deuda alimentaria es un reflejo de que el imputado ha comprendido el mensaje normativo y es previsible que no volverá a incurrir en un ilícito similar.

Respuesta: a El delito de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF), como todo delito de omisión propia, exige configurar una concreta situación típica, pues solo en su seno se determina si la omisión contraría un mandato concreto.

En el proceso penal seguido contra Atanacio Buenpuerto por el delito de omisión de asistencia familiar, la 2da. Sala de Apelaciones de La Libertad ha señalado: “El tipo pena! de omisión a la asistencia familiar previsto en el disposi­ tivo legal (artículo 149 del Código Pena!) exige, para su configuración, elementos típicos... ”. 31. Marque la respuesta que no corresponde a un elemento típico del delito de omisión de asistencia familiar:

Respuesta: d En el Perú, la única excepción para el principio de no prisión por deu­ das, es el caso de las deudas por pensión de alimentos. Nuestra legisla­ ción penal sanciona con una pena de hasta tres años de cárcel a quien, a propósito y contando con los medios para hacerlo, omita cumplir con la 627

LEGALES EDICIONES

a. Sujeto activo y pasivo, que corresponde a la persona que se ve obligada al pago de una pensión de alimentos y la persona que tiene el derecho a que se le asista con la pensión alimenticia, respectivamente. b. Situación típica: una resolución que requiere el pago alimenta­ rio, que nominalmente corresponde a la resolución mediante la que se requiere el pago de un monto liquidado. c. Posibilidad psicofísica de realizar la conducta ordenada y no realización de la conducta ordenada, materializada en el com­ portamiento omisivo, que se traduce en el incumplimiento de la obligación alimentaria fijada en la resolución. d. Sujeto activo, que corresponde a la persona que tiene la prerro­ gativa de interponer excepción de improcedencia de acción.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial; incurriendo en el delito de omisión de asistencia familiar. La regulación de este delito surgió como respuesta inmediata del Es­ tado para sancionar a quienes, teniendo la obligación de asistir econó­ micamente a sus hijos, cónyuges o familiares dependientes más cer­ canos, se negasen a hacerlo; incumpliendo con pagar la pensión que haya sido fijada por un juez de familia, en función a los ingresos eco­ nómicos personales, de quien se encuentra en la obligación de pasar dicha pensión. La redacción vigente de este delito en el Código Penal es la siguiente: Artículo 149.- Omisión de prestación de alimentos. “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que esta­ blece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de li­ bertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte.”

LEGALES EDICIONES

32. En este mismo marco, señale la alternativa correcta: a. Que el sujeto activo deba obrar con dolo para la realización de los elementos del tipo objetivo, esto es, que conozca que está incumpliendo la resolución que lo vincula con el pago alimenta­ rio, no constituye un elemento que corresponde a la estructura típica del delito de omisión de asistencia familiar. b. Que el sujeto activo deba obrar con dolo para la realización de los elementos del tipo objetivo, esto es, que conozca que está incumpliendo la resolución que lo vincula con el pago alimen­ tario, constituye un elemento que corresponde a la estructura típica del delito de omisión de asistencia familiar. c. Que el sujeto activo deba obrar con dolo para la realización de los elementos del tipo subjetivo, esto es, que conozca que está incumpliendo la resolución que lo vincula con el pago alimen­ tario, constituye un elemento que corresponde a la estructura típica del delito de omisión a la asistencia familiar. 628

PRUEBA K

d. Que el sujeto activo deba obrar con dolo para la realización de los elementos del tipo subjetivo, esto es, que conozca que está incumpliendo la resolución que lo vincula con el pago alimenta­ rio, no constituye un elemento que corresponde a la estructura típica del delito de omisión a la asistencia familiar.

Respuesta: b

629

LEGALES EDICIONES

También se les denomina agentes del delito a aquellas personas que se encuentran interrelacionadas al momento de la comisión de un delito, esto debido a que uno arremete al otro. Al primero se le llama sujeto o agente activo del delito, mientras que el segundo se trata del sujeto o agente pasivo del delito. Ya sea que se trate de uno o del otro, los sujetos del delito son reconoci­ dos de distinta forma dependiendo de la redacción de la ley para cada tipo de delito. Así, son indeterminados cuando la ley no requiere una característica específica en ellos. Entiéndase, por tanto, que cualquiera podría, o bien cometer, o bien padecer el delito; pues suelen ser ubicados en la redacción de nuestro Código Penal con los pronombres («el que», «aquel que», «a quien resulte»); pero también pueden ser determinados cuando la ley penal, en su redacción, exija una característica específica o calidad especial para identificar al autor y a la víctima del delito. Lo anterior puede evidenciarse en el caso de aquellos delitos que solo pue­ den ser cometidos por servidores públicos, como el delito de peculado o como sucede en el supuesto de que la víctima tiene que ser necesaria­ mente un menor de edad para condenar al imputado por el delito de violación sexual de menor. El sujeto activo es la persona o personas que realizan la conducta típica contenida en la ley penal. Comprende a la persona individual y el estu­ dio de su grado de interacción con el delito. Además, es objeto de análi­ sis en la autoría y participación. El sujeto activo puede ser identificado dentro de la redacción del tipo penal con artículos gramaticales («el», «los», «la»), lo que nos lleva a interpretar que el sujeto activo podría ser cualquiera. Esto cabe en la definición de delitos impropios. Situación distinta ocurre cuando la redacción de la ley penal exige que el autor ostente una característica específica y descrita en la ella, como sucede cuando el tipo penal requiere, por ejemplo, que el agente activo tenga una relación especial con la víctima (tal es el caso del parricidio, del feminicidio, etc.) o que tenga una situación jurídica especial (solo un cónyuge podría cometer bigamia). Esta especificación en la ley penal recibe el nombre de delitos propios.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

33 . Respecto al artículo 122-8 del Código Penal que regula el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, es correcto afirmar que:

a. b. c. d.

Es posible aplicar acuerdos reparatorios. Se reprocha penalmente una expresión de violencia de género. Es posible aplicar el principio de oportunidad. Requiere para su configuración de una lesión de entre 10 a 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.

Respuesta: b La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mu­ jeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas). El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia. 34 . En el ordenamiento jurídico peruano, una norma jurídica es váli­ da, marcar la opción correcta:

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

Si ha sido promulgada y publicada en forma. Si ha sido publicada en forma. Si ha sido promulgada en forma. Si existe, aunque no haya sido promulgada ni publicada, dado que la ignorancia no excusa el cumplimiento de la ley.

Respuesta: a La promulgación, como sostenía Baudry Lacantinerie, es la “partida de nacimiento” de la ley, por cuanto le da existencia cierta, auténtica y la reviste de fuerza coercitiva. Es una atribución propia de los jefes de Es­ tado: reyes, presidentes y otros. La publicación es el medio utilizado para dar a conocer el texto de la ley u otra norma jurídica (como un reglamento o sentencia judicial con efectos erga omnes), habitualmente, mediante su inserción en un perió­ dico oficial. 630

PRUEBA K

En algunas situaciones, particularmente en América Latina, cuando la norma aprobada requiere reserva, por referirse a temas de la defensa nacional o labores de inteligencia, se publica una separata de circulación restringida o reservada del diario oficial. En esos casos se habla de «leyes secretas». 35 . Las condiciones de aplicación de las normas jurídicas en el siste­ ma jurídico peruano son (Marque la opción correcta):

a. La localización espacial del contenido. b. Los ámbitos de vigencia espacial y temporal. c. Las circunstancias que deben darse para que se pueda realizar el contenido de la norma. d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

36 .¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?, marcar la opción correcta: a. Sólo la eficacia es importante para que el sus funciones. b. Sólo la justicia es importante para que el sus funciones. c. Sólo la verdad es importante para que el funciones. d. La eficacia y la justicia son importantes cumpla sus funciones.

Derecho cumpla con

Derecho cumpla con

Derecho cumpla sus para que el Derecho

VER PREGUNTA N° 21 DE LA PRUEBA M- CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

37 . Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio debe realizarse: a. b. c. d.

Una pericia psicológica al agresor. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Acreditar la ferocidad de la muerte. 631

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ 38 .Respecto a la legislación vigente en Violencia Familiar, señale el enunciado correcto.

a. En los procesos de violencia familiar no hay audiencia de conci­ liación. b. No procede la transacción ni el desistimiento en los procesos de falta contra la persona derivados de violencia familiar. c. Según el Art. 7 °-A del Decreto Legislativo 1070, el cual modifi­ có la ley 26872 - Ley de Conciliación, no procede la conciliación en los casos de violencia familiar. d. Todas son correctas.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu­ jeres y los Integrantes del Grupo Familiar tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políti­ cas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. 39 .Respecto al adolescente infractor a la Ley Penal, señale la res­ puesta incorrecta:

a. Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho puni­ ble tipificado como delito o falta en la ley penal. b. Los adolescentes mayores de 14 años serán pasibles de medidas socioeducativas, mientras que los menores de 12 años de medi­ das de protección, incluso cuando éstos últimos integren una pandilla perniciosa. 632

PRUEBA K

c. Si Juan, de 13 años de edad, realiza actos contra el pudor a Ma­ riana, de 04 años de edad, será procesado como adolescente infractor a la Ley Penal. d. Los adolescentes privados de su libertad permanecerán separa­ dos de los adultos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 6-2021SN/JNJ

40 .Respecto al pandillaje pernicioso, señale la respuesta correcta: a. Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes ma­ yores de 14 años y menores de 18, que se reúnen y actúan en forma conjunta, para lesionar la integridad física o atentar con­ tra la vida, el patrimonio y la libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que al­ teren el orden público. b. Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes ma­ yores de 12 años y menores de 18, que se reúnen y actúan en forma conjunta, para lesionar la integridad física o atentar con­ tra la vida, el patrimonio y la libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que al­ teren el orden público. c. Si el adolescente mayor de 14 años pertenece a una pandilla perniciosa en condición de cabecilla, líder o jefe, se le aplicará la medida socioeducativa de internación no menor de seis años. d. N.A.

Respuesta: b

633

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA K - CONVOCATORIA 8-2021SN/JNJ

PRUEBA L FISCAL PROVINCIAL PENAL Los internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, toma­ ron como rehén al técnico de seguridad Rodolfo; tras encerrarlo en una celda, lo golpearon cruelmente en la espalda y en la cabeza, así como lo despojaron de las llaves de las celdas y de un radio transmi­ sor; logrando escuchar que uno de los internos llamaba a la prensa y a la Defensoría del Pueblo, haciéndoles conocer los maltratos físicos y psicológicos de los que eran objeto, por parte del personal del INPE y solicitaba mejores condiciones carcelarias, caso contrario, asesina­ rían al rehén. El representante del Ministerio Público conjuntamente con las autoridades de la Defensoría del Pueblo, se constituyeron a dicho establecimiento penitenciario; lugar en que luego de dialogar con los internos, se firmó un acta de compromiso, consiguiendo la liberación del mencionado técnico de seguridad, en presencia de las autoridades del INPE, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.

1. Identifique el delito que cometieron los internos del Estableci­ miento Penitenciario: a. b. c. d.

Amotinamiento carcelario. Secuestro Agravado. Extorsión. Coacción.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 6-2021SN/JNJ 2. Sobre el delito de amotinamiento carcelario, es correcto afirmar:

635

LEGALES EDICIONES

a. Es un delito que en su injusto básico, se encuadra dentro de la subcategoría de delito mutilado de dos actos. b. Es un delito que en su injusto básico, se encuadra dentro de la subcategoría de delitos cortados de resultado. c. Es un delito que en su injusto básico, no es necesario acreditarse la existencia de un motín con el fin de evasión de los internos. d. La estructura típica de este delito abarca y absorbe la privación de la libertad que pudieran sufrir los agentes de seguridad del recinto penitenciario.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 6-2021SN/JNJ “N" es un cadete militar que se está preparando para ingresar al ejército. Como producto de sus entrenamientos, ha aprendido a usar armas de fuego y ha obtenido la autorización para portarlas. Cierto día es “cogido del cuello” por un sujeto que portaba un cu­ chillo en la mano, mientras otro le empieza a rebuscar el pantalón. Inmediatamente “A” saca el arma que portaba y le dispara al que lo estaba “cogiendo del cuello”, y lo mata en el acto. En ese preci­ so momento, el otro delincuente, estando ya arrodillado y sin po­ der escapar, le empieza a suplicar perdón y pide por su vida. “A”, cansado de la delincuencia urbana, decide matarlo con un disparo en la frente. La policía llega y detiene a “A” por presunto delito de homicidio.

3. Respecto a la conducta desplegada por “A” contra el delincuente que lo cogió del cuello con cuchillo en mano, marque la alternati­ va correcta:

a. Configura el delito de homicidio culposo. b. Configura el delito de homicidio simple. c. El empleo del arma de fuego frente al cuchillo es una respuesta racional a una agresión ilegítima, por tanto, "A" habría actuado en legítima defensa. d. El empleo del cuchillo, a diferencia del arma, es menos peligro­ so, por tanto, por criterio de racionalidad, no configura legítima defensa.

Respuesta: c LEGALES EDICIONES

Antiguamente, la norma que regía para administrar justicia en un caso de agresión entre particulares, se resolvía mediante la famosa norma de «ojo por ojo y diente por diente» postulado de la Ley del Talión; esta norma primigenia consistía en verificar que se haya realizado una agre­ sión para luego imponer una sanción igual (acción y reacción) con una excesiva rigurosidad proporcional. Hoy en día, no se concibe la proporcionalidad bajo esa óptica, pero se mantuvo presente durante varios años cuando distintos pronuncia­ mientos jurisdiccionales reclamaban la denominada proporcionalidad de medios como requisito de la legítima defensa, no fue sino hasta la entrada en vigencia de la Ley 27936, publicada el 12 de febrero del 2003, 636

PRUEBA L

que modificó el artículo 20 del Código Penal, y se agregó lo siguiente en el numeral tercero: Artículo 20.- Inimputabilidad 3. [...] Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la de­ fensa. Esta modificación aclaró que la moderna estructura de la legítima de­ fensa en el derecho penal peruano, no volvería a exigir un requerimiento de ese tipo (proporcionalidad de medios). En el presente artículo desa­ rrollaremos la moderna concepción de la legítima defensa en el ordena­ miento jurídico peruano. La legítima defensa es una causa de justificación que le asiste a toda per­ sona que se encuentra frente a una agresión ilegítima, actual o inminen­ te, y que lo faculta a lesionar bienes jurídicos en resguardo propio o en favor de un tercero agredido ilegítimamente. Dentro de la teoría del delito, ubicamos la legítima defensa dentro del es­ tudio del elemento antijuridicidad, definido como el elemento del delito encargado de verificar si la existencia de alguna causa de justificación que convierta la conducta típica en una conducta lícita (no antijurídica), en otras palabras, en caso de existir una causa de justificación existirá además ausencia de antijuridicidad En el derecho penal peruano, nuestro CP contempla las eximentes de la responsabilidad en el art. 20, sin embargo, la técnica legislativa en la redacción de este artículo incluyó todas las eximentes incluyendo las que cancelan la antijuridicidad de la conducta junto a las eximentes que can­ celan la culpabilidad de la conducta, por lo cual, es tarea del operador del derecho ubicarlas y desarrollarlas.

4. Respecto de la conducta desplegada por “A” contra el delincuente que le rebuscó el pantalón, marque la alternativa correcta: a. "A" ha cometido delito de homicidio culposo. b. Concurre un estado de necesidad atenuante. c. "A" actuó en legítima defensa, pues el delincuente le rebusco el pantalón y era cómplice del delincuente que le cogió del cuello. d. "A" no actuó en legítima defensa, pues el delincuente ya estaba sometido y no representaba un peligro.

_________________________________________________________ 637

g w g Q § x m

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: d Los requisitos para su configuración consisten en i) agresión ilegítima ii) falta de provocación suficiente y iii) defensa necesaria o también llama­ da necesidad racional de los medios empleados; los cuales se encuentran ubicados en el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal. Una niñera de nombre “F” ha suscrito un contrato con los padres de un niño comprometiéndose a cuidar de él durante el tiempo en que sus padres estén en el trabajo. Sin embargo, contrariamente a lo pactado, la niñera nunca cuida del niño y deja que este camine hacia la piscina, se caiga y se ahogue (pudiendo evitarlo con el cui­ dado debido). Días después, se entera de que el contrato celebrado con los padres del niño era nulo. Ella aduce ante el tribunal de justi­ cia que nunca tuvo un deber de cuidado del niño porque el contrato era nulo.

5. En el presente caso, “F” responderá penalmente por el delito de: a. b. c. d.

Homicidio culposo. Omisión de socorro y exposición al peligro. Exposición o abandono a persona incapaz, agravada. No cometió ningún delito.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c El hecho punible se configura cuando el sujeto activo expone a peligro para la vida o salud al sujeto pasivo, quien se encuentra bajo su depen­ dencia, ya sea privándole de alimentos o cuidados indispensables o so­ metiéndole a trabajos excesivos o inadecuados o en su caso, abusando de los medios de corrección, disciplina u obligándole a mendigar. Según Espinoza Vásquez, Manuel: El ilícito penal aparece solo en los casos en que la víctima sea dependiente del agente, ya sea porque está colocado bajo su autoridad, dependencia, tutela, cúratela o vigilancia. Si se verifi­ ca que la supuesta víctima no tiene relación de dependencia respecto del sujeto activo, el delito no se configura. 6. Respecto a la conducta desplegada por “F”, es correcto firmar que:

a. b. c. d. 638

Se trata de un delito imprudente. La nulidad del acto jurídico no quita la antijuricidad del hecho, Su conducta no es antijurídica. El niño no se encontraba bajo el cuidado de la niñera.

PRUEBA L

Respuesta: b Antijuridicidad es, en Derecho penal, uno de los elementos considera­ dos por la teoría del delito para la configuración de un delito. Se le define como aquel desvalor que posee un hecho típico que es contrario a las normas del Derecho en general, es decir, no solo al ordenamiento penal.

7. Juan es un hombre de veinte años de edad que propagandea sus servicios de sicario por las redes sociales y entrega sus tarjetas de presentación. ¿Qué delito ha cometido Juan? a. b. c. d.

Tentativa del delito de sicariato. Acto preparatorio de sicariato. Conspiración del delito de sicariato. Ofrecimiento para el delito de sicariato.

Respuesta: d El tipo penal de ofrecimiento para el sicariato se encuentra regulado como un delito de mera actividad y de comisión instantánea, consumándose con el solo supuesto de que el agente ofrezca sus servicios de sicariato a terce­ ros, no exigiéndose que estos terceros tomen sus servicios o que lleguen a un acuerdo por lo que, por su propia naturaleza es un delito que no requie­ re que el sicario tenga individualizada o determinada a la futura víctima. La proposición al sicariato, importa una decisión manifiesta del agente de cometer dicho delito, para lo invita a otra para que acepte darle el encargo de matar a una persona por precio; esta debe ser precisa, deter­ minada, concreta y convincente. El solo hecho de ofrecer sus servicios no podría constituir delito más aún el hecho de que la persona que los ofrece no contacte con nadie todavía ni siquiera tenga determinada a su víctima y menos que pueda ejecutarlo cuando bien podría ser un far­ sante o una especie de broma, dejando la Fiscalía de atender casos más importantes para tratar estos. Y si bien podría ser de utilidad para los casos referidos, relativos al inc. 2) del Art. 108-D, a fin de sancionarse penalmente la conducta de aquel que promociona por internet sus servicios sicariales, de la misma forma del que solicita dicho contacto utilizando la web, o la conducta del que ofrece contactar con sicarios para la comisión del servicio criminal; sin embargo, consideramos que adelantar la sanción hacia el ofrecimiento o solicitud del servicio sicarial, constituye una infracción a los principios de bien jurídico real y mínima intervención, donde el Derecho Penal debe hacer su intervención en casos estrictamente necesarios como ultima ratio.

_________________________________________________________ 639

o Q § £0 ¿

V

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

8. Considerando las reglas jurídicas vigentes del Código Penal, ¿Juan accedería a la responsabilidad penal restringida?

a. Sí, por tener menos de 21 años de edad. b. No, porque es un reincidente. c. No, porque la regla penal de la imputabilidad restringida lo ex­ cluye. d. Sí, porque el delito tiene una pena privativa de la libertad infe­ rior a los veinticinco años o a cadena perpetua.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c La teoría del delito se ha encargado de estudiar los elementos comunes a todos los delitos, es decir los elementos necesarios que requieren los delitos para su configuración. Doctrinalmente se ha establecido que los elementos esenciales para la configuración del delito son tres: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En tal sentido, si la conducta realizada por un sujeto es típica, antijurídica y culpable, entonces nos encontraríamos frente a un delito. Estos elementos, vale decir, se rigen por la preclusividad. Esto quiere decir que para que se configure el delito se deben haber verificado los tres, uno después del otro, porque si uno no se verifica, entonces no se podrá pasar a analizar el siguiente. En el presente artículo nos encargaremos de mencionar brevemente los elementos del delito y de desarrollar, es específico, el elemento de culpabilidad. Para empezar, es necesario tener en consideración como presupuesto a los elementos esenciales del delito, que son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En primer lugar, la tipicidad analiza si la conducta o el hecho realizado por el sujeto están previstos en la ley penal. En segundo lugar, la antijuricidad analiza si la conducta típica está permitida por el ordenamiento jurídico, esto porque lo antijurídico es aquello contrario a derecho, pero no todo lo típico es antijurídico. En tercer lugar, la cul­ pabilidad analiza a la persona y su culpabilidad en la acción realizada; en tal sentido, se analiza la imputabilidad del delito a la persona, por ello el conocimiento del delito es necesario para establecer la culpabilidad: no comete delito aquella persona que no sabe que su conducta es típi­ ca y antijurídica. Con todo esto se puede afirmar que los dos primeros elementos del delito giran en torno a la acción del sujeto (conducta), mientras que el tercer elemento gira en torno al sujeto mismo. Una vez establecidos los tres elementos, nos abocaremos al análisis del tercer elemento esencial del delito: la culpabilidad. Este elemento tiene el foco de análisis puesto en la imputabilidad del injusto penal. Lo que se 640

PRUEBA L

9. Martín es agente de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Co­ mas, y se encontraba patrullando en una camioneta por el men­ cionado distrito. En ese momento, la central de serenazgo le in­ forma que por el Km. 12.5 de la Avenida Túpac Amaru, se estaban produciendo robos de celulares. Al constituirse al lugar, observa 641

LEGALES EDICIONES

analiza es si el hecho típico y antijurídico puede ser imputable a la perso­ na. Entonces la culpabilidad se centra en el estudio de la persona misma. Ahora bien, la doctrina ha proporcionado una suerte de metodología para realizar el análisis de culpabilidad. Se han establecido determinados elementos que forman parte de dicho análisis: la imputabilidad, el cono­ cimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. Es nece­ sario que estos tres elementos estén presentes en el análisis para que se establezca la culpabilidad del sujeto, caso contrario no hay culpabilidad. A continuación, desarrollaremos individualmente cada uno de estos ele­ mentos esenciales para determinar la culpabilidad del sujeto en el delito. Existen dos requisitos para que el sujeto sea imputable. En primer lugar, el sujeto debe ser mayor de edad al momento de realizar la conducta. En tal sentido, los menores de edad son inimputables y por tanto no respon­ den por el delito. Respecto a estos, no se aplica el código penal, pero sí pueden aplicarse otras normas como el Código de los Niños y Adoles­ centes. Eso significa que, si bien son inimputables penalmente, igualmen­ te son sancionados a través de la aplicación de otras normas. En segundo lugar, el sujeto debe tener la capacidad de comprender su conducta. Por ende, una persona que posee problemas psíquicos o mentales no tiene la capacidad de reconocer su conducta y, por ello, es inimputable. En relación a la imputabilidad, además, es necesario acotar que existen casos de imputabilidad restringida, los cuales implican que el sujeto sí res­ ponde por el delito, pero no plenamente. En tal sentido, no son plenamen­ te imputables. El primer supuesto de imputabilidad restringida son los sujetos menores de 21 años o mayores de 65 años. En estos casos, la pena podría ser atenuada. No obstante, esta disminución de pena no se aplica en determinados delitos, que son normalmente delitos graves. El segun­ do supuesto de imputabilidad restringida son los sujetos que no están en plena capacidad de comprensión de la realidad: drogadictos y ebrios. En estos casos se asume que tiene una capacidad de comprensión parcial, por lo que el juez queda facultado para atenuar la sanción. No obstante, no se aplica la atenuación de pena cuando el sujeto, de forma intencional, se co­ loca en estado de ebriedad o drogadicción para cometer el delito. En este caso se le juzga como si estuviera en la plenitud de sus facultades.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

que Henry caminaba raudamente; por lo que decide intervenirlo, acusándolo de haber sustraído celulares, dándole una bofetada para que confiese; procediendo en ese acto al registro personal de Henry, encontrando en el bolsillo derecho de su pantalón, un celular marca Nokia y una billetera conteniendo la suma de qui­ nientos soles; luego de devolverle su billetera, Martín le indica a Henry que se quedaría con su celular, a fin de determinar si no se había reportado como robado, y lo deja marchar; sin embargo, no reportó a sus superiores ni a las autoridades policiales, sobre dicha intervención; tampoco lo hizo con la incautación del celular. ¿Qué delito ha cometido Martín? a. b. c. d.

Encubrimiento personal. Encubrimiento real. Detención ilegal. Hurto.

Respuesta: d Como explica la profesora Romy Chang, los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto y el robo. La diferencia entre ambos es que mientras en el hurto únicamente se afecta el patrimonio de la víctima, en el robo se afecta tanto el patrimonio como otros valores importantes, entre los que se encuentra la vida, la integridad física y la libertad. Así, el delito de hurto simple se configura cuando para obtener un bene­ ficio indebido una persona se apodera ilegítimamente de un bien parcial o totalmente ajeno, sustrayéndolo del lugar en el que se encuentra sin que normalmente la víctima se dé cuenta de dicha sustracción.

LEGALES EDICIONES

10 .Respecto al Control de Convencionalidad, marque la opción co­ rrecta:

a. Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho inter­ nacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, inclu­ yendo la jurisprudencia de este Tribunal. b. Es un método de interpretación para conocer el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos. c. Es una herramienta doctrinaria que se utiliza para complemen­ tar los ordenamientos jurídicos de los Estados. d. Es una técnica hermenéutica para mejorar la interpretación de los derechos humanos. 642

PRUEBA L

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

11 .El derecho a no ser discriminado por razón de sexo, como señaló el Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Expediente N° 5652-2007-AA incluye dos mandatos, marque la respuesta inco­ rrecta:

La prohibición de discriminación directa. b. La obligación de exigir un trato jurídico indiferenciado para hombres y mujeres como regla general. c. La prohibición de discriminación indirecta. a.

d. La aceptación de tratamientos jurídicos formalmente neutros, de los cuales se deriven consecuencias con impacto diferencia­ do sobre los miembros de uno u otro sexo.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 20 DE LA PRUEBA I-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

12 .El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. N° 25792003-HD/TC acogió por primera vez la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el estado de cosas inconstitucional. ¿Cuáles fueron los efectos de acoger esa doc­ trina? a. Acumular todos los procesos seguidos entre las mismas partes, b. Extender los alcances de su sentencia a personas que no habían sido parte en el proceso.

Cualquier órgano jurisdiccional, en un proceso ordinario, de­ clarando un estado de cosas inconstitucionales, podía extender los efectos de una sentencia a quienes no habían sido parte en el proceso.

d. A que toda sentencia dictada, cuyo criterio era contraria a ese pronunciamiento era nula.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 643

LEGALES EDICIONES

c.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

13.El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 58542005-PA/TC, dijo: “ El tránsito del Estado Legal de Derecho al Es­ tado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, aban­ donar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. Significó (marque la respuesta incorrecta): a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompati­ bilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la pri­ mera. d. Las resoluciones en materia electoral, dictadas en última ins­ tancia, por el Jurado Nacional de Elecciones, son inatacables jurisdiccionalmente.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

14 .El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 00242003-AI/TC, señalo:”[...] el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla ge­ neral; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homologa”. Siendo este el concepto, señale cuándo procede la aplicación del prece­ dente vinculante: a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. 644

PRUEBA L

c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando una de las partes solicita formalmente la aplicación del precedente vinculante que considera pertinente.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 15 .El artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para de­ clarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221° las causales para declarar la de anulabilidad del acto jurídico. Siendo diferentes sus efectos. Marque la respuesta correcta:

a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado. c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

16 .Mediante una audiencia de tutela de derechos es posible cuestio­ nar:

La licitud de la prueba. La constitución del actor civil. El plazo de la Investigación Preparatoria. Las medidas limitativas de derechos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 17 .Juan fue encontrado cortando un árbol perteneciente a una re­ serva natural que goza de protección ambiental. En torno al iter críminisse puede decir que Juan: 645

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. Es autor del delito de tala ilegal consumado formalmente. b. Es autor del delito de tala ilegal tentado. c. Realizó un acto preparatorio de conspiración del delito de tala ilegal. d. Llevó a cabo un delito de tala ilegal agotado.

Respuesta: b La tala ilegal es la extracción selectiva y sin licencia de árboles, especies maderables y madera de áreas protegidas o restringidas por el Estado. Puede darse a pequeña o gran escala. A nivel mundial, es el tercer cri­ men transnacional más rentable. 18. Juan realizó el corte de tres árboles hace dos años, por lo cual fue condenado por el delito de tala ilegal. Si por el segundo hecho fuere procesado, la determinación judicial de la pena que le co­ rrespondería será: a. b. c. d.

El tercio inferior. El tercio superior. El tercio medio. El tercio superior con la concurrencia de una circunstancia agravante cualificada.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d Tanto las circunstancias cualificadas agravadas como las circunstancias privilegiadas atenuadas generan como consecuencia la modificación del marco penal abstracto, ya sea por encima del máximo legal o por de­ bajo del mínimo de la pena conminada. Así, la particularidad de estas circunstancias, a diferencia de las circunstancias comunes o genéricas y específicas o especiales, es que su eficacia incide inmediatamente sobre la pena tipo. La naturaleza de estas circunstancias es la de reflejar un mayor o menor grado de desvalor de la acción realizada por el agente del delito. La ma­ yor o menor represión se justificaría por el grado de lesividad del autor al bien jurídico inmediatamente protegido o a otros intereses esenciales que el legislador penal ha considerado pertinente dotarlos de una mayor protección. En la legislación penal peruana existen variopintas agravantes cualifi­ cadas, solo cinco se encuentran reguladas en la parte general del Códi­ go Penal, a saber: por la condición del sujeto activo (46-A), la reinci­ 646

PRUEBA L

dencia (46-B), la habitualidad (46-C), el uso de menores en la comisión de delitos (46-D) y el abuso de parentesco (46-E). No obstante, tam­ bién hay circunstancias cualificadas reguladas en leyes especiales, tales como la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley de Delitos Informá­ ticos, que en sus artículos 22o y 11o, respectivamente, contemplan las circunstancias agravantes que generan un incremento por encima del máximo legal. Pese a existir circunstancias cualificadas, nuestra legislación no contem­ pla -por el momento, circunstancias privilegiadas. Sin embargo, en el artículo 47o del Anteproyecto del Código Penal 2008-2010 se propuso regular la circunstancia privilegiada de la mínima afectación del bien jurídico protegido, la misma que hubiese generado como consecuencia la creación de nuevo mínimo legal hasta en una mitad por debajo del mínimo originalmente fijado para el delito. No obstante lo anterior, un sector de la doctrina considera que sí exis­ ten circunstancias privilegiadas. Así, García Cavero estima que las causales de disminución de la punibilidad o eximentes imperfectas, así como las bonificaciones procesales, son circunstancias atenuantes privilegiadas. Personalmente, discrepamos de dicha estimación, pues hay que precisar que cuando se alude a “causales” nos estamos ubican­ do en un subsistema penal totalmente distinto a cuando abordamos las “circunstancias”.

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LEGALES EDICIONES

Al respecto, la Corte Suprema ha señalado la diferencia entre causales y circunstancias. Mientras las primeras son “intrínsecas al delito e in­ tegran su estructura desde su presencia plural (concurso de delitos), la exclusión de sus componentes (tipicidad, antijuricidad o culpabilidad), el grado imperfecto de su realización (tentativa) y el menor nivel de intervención punible (complicidad secundaria)”, las circunstancias son “externas o accesorias al ilícito y de su presencia no depende la existen­ cia de este. En la mayoría de los casos su fundamento radica en moti­ vos de política-criminal” (Recurso de Nulidad 1434-2019 Lima Norte, fundamento 13). Por tanto, con las causales nos ubicamos en el subsistema de la “Teoría de la Imputación Penal” y con las circunstancias estamos frente al sub­ sistema de las “Consecuencias Jurídicas del Delito”. En cada subsistema la operatividad y sentido son distintos, de manera tal que no puede considerarse como una “circunstancia” a una “causal”, pese a que sus efectos pueden ser similares, pues su sustrato dogmático y razón de ser son disímiles.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

19 .Una mujer de nombre Carmen maneja en estado de ebriedad que supera los 0,5 gramos litro de sangre y choca su vehículo con otro que se encontraba estacionado. Luego, la mujer al ser intervenida se resiste y procede a agredir al efectivo policial con dos cacheta­ das. ¿Cómo tipificaría la conducta realizada por doña Carmen, con­ siderando lo dispuesto por el Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116? a. Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena privativa de la libertad fluctúa entre los dos años ni mayor de cuatro años. b. Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena solo puede ser no mayor de tres años y tiene como presupuesto la falta de lesiones dolosas. c. Como delito de violencia contra la autoridad agravado. d. Como delito de violencia contra la autoridad con la utilización de las atenuantes y agravantes del art. 46 del CP.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA I-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

20 .¿Qué tipo de concurso se daría aquí por las conductas realizadas por doña Carmen? a. Aquí nos encontramos ante un concurso ideal donde la pena más dura es del delito de violencia y resistencia a la autoridad. b. Ante un concurso aparente de normas penales. c. Ante un concurso real donde la pena más grave es la correspon­ diente al delito de violencia contra la autoridad. d. Ante un concurso medial.

Respuesta: c LEGALES EDICIONES

Denominado también concurso material. Es la pluralidad de acciones que configuran varios delitos, esta materialidad se refleja en que cada delito concurre en el mismo proceso con su pena individual. Existen dos formas de concurso real de delitos: i) homogéneo y ii) heterogéneo. El concurso real es homogéneo si la pluralidad de delitos cometidos co­ rresponden a una misma especie; por ejemplo, cuando en diversas ocasio­ nes y de modo independiente se cometieron varios robos. El concurso real es heterogéneo cuando los delitos realizados por el mismo autor constitu­ yen infracciones de distinta especie, es decir, si en distintas oportunidades se cometieron un hurto, lesiones y una falsificación de documentos. 648

PRUEBA L

Martha está decidida a matar a su esposo; durante la hora de la cena, saca su pistola y le dispara. Sin embargo, al ver a su esposo incons­ ciente y desangrándose, Martha se arrepiente y llama a la ambulan­ cia. Luego, huye del país.

21. Martha ha sido extraditada de Chile por el delito de parricidio. ¿Qué circunstancia atenuante considera Ud. que se le debe apli­ car a Martha?

a. b. c. d.

La disminución de las consecuencias del delito. La reparación del daño ocasionado a la víctima. La admisión de la responsabilidad por el delito. La influencia de apremiantes circunstancias personales.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA K - CONVOCATORIA 102021-SN/JNJ

22. Desde la perspectiva del itercriminis Martha actuó en: a. b. c. d.

Tentativa acabada. Tentativa inacabada. Consumación formal. Consumación material o agotamiento.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA K - CONVOCATORIA 102021-SN/JNJ

23.En el caso mencionado, desde la fecha del acto delictivo pasaron más de 60 días sin que la policía ni el fiscal a cargo de la investi­ gación logre individualizar al presunto responsable, frente a ello, ¿qué debe realizar el fiscal? 649

LEGALES EDICIONES

Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy concu­ rrida y poco alumbrada, de repente un varón se acerca a ella y le empieza a decir “ya perdiste”, “dame tu celular y tu cartera” frente a lo cual la mujer empieza a correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular y cartera, pero ella se resistía. Para que no se resista, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El asaltan­ te no consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba desmayada) abusó sexualmente de ella. Responda las siguientes preguntas:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. b. c. d.

Archivar el caso. Ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares. Disponer la formalización de la Investigación Preparatoria. Solicitar el sobreseimiento.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 24 . Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio debe realizarse:

a. b. c. d.

Una pericia psicológica al agresor. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Acreditar la ferocidad de la muerte.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ 25 .Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que:

a. b. c. d.

La muerte puede producirse por comisión por omisión. Es un delito permanente. No es un delito de tendencia interna trascendente. No permite la coautoría.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

26.Se cometió un delito de violación sexual donde el agresor es un familiar de la víctima. Debido a dicho contexto, es posible que en la valoración probatoria de las declaraciones de la víctima (no uniformes) se pueda prescindir de la siguiente garantía de certeza: a. Persistencia. b. Verosimilitud. c. Conducencia. d. Utilidad. 650

PRUEBA L

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 27 .¿Qué fiscalía es competente para dirimir los conflictos positivos o negativos de competencia producidos entre los fiscales provin­ ciales de prevención de delito?

a. b. c. d.

Fiscalía Superior Penal de Turno. Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. Fiscalía Superior Mixta. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 24 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. A efectos de hacer eficiente su investigación y evidenciar los hechos investi­ gados decide crear una persona jurídica a fin de que participe en los procesos de selección a convocar por la entidad pública antes citada, designando como accionista y representante de la misma a una per­ sona encubierta. 651

LEGALES EDICIONES

El Ministerio Público recibe una denuncia en la que se le pone en conocimiento que los principales funcionarios de una entidad pú­ blica Uefe de administración, jefe de logística y tesorero) exigen a los partícipes de los procesos de selección el pago de sumas de dinero a fin de obtener la buena pro. Para facilitar ello, dichos funcionarios, de acuerdo a las funciones que desempeñan en la entidad, de forma concertada se encargan de redactar las ba­ ses del proceso de selección incorporando condiciones que solo cumplen las empresas con las que tienen los acuerdos colusorios para otorgarles la buena pro; estos funcionarios participan como miembros del Comité Especial aprobando las ampliaciones de plazo y valorizaciones en perjuicio de la entidad, siendo el jefe de logística quien acuerda con los particulares y asigna los roles que asumirán los demás funcionarios. Esta actividad ilícita la vienen desarrollando a lo largo de los dos últimos ejercicios anuales de la entidad, habiéndose evidenciado su participación en 15 procesos de selección.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

28 .Respecto al caso planteado, sobre la imputación por el delito de organización criminal, señale la respuesta correcta: a. La conducta resulta atípica, en tanto no es posible la existencia de una asociación ilícita al interior de una entidad pública. b. La conducta es atípica, en tanto los funcionarios solo habrían cometido una clase de delito (colusión). c. La conducta resulta atípica, en tanto las conductas desplegadas por los funcionarios son parte de sus funciones. d. La conducta resulta típica, en tanto existe una pluralidad de personas, distribución de roles, actuación concertada, vocación de permanencia y estructura interna.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

29 . En el mismo caso, sobre la investigación diseñada por al Ministe­ rio Público, señale la respuesta correcta: a. Resulta ilegal la creación de una persona jurídica ficticia por el Ministerio Público. b. La creación de la persona jurídica debe ser inscrita en un regis­ tro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto, requiriéndose la confirmatoria judicial. c. El Ministerio Público no se encuentra facultado para la creación de una persona jurídica. d. La creación de la persona jurídica por el Ministerio Público, re­ quiere previa autorización judicial.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 12 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

30 .Respecto a la regulación de una organización criminal en el ámbi­ to material o procesal, es correcto afirmar que: a. La pertenencia a una organización criminal es un supuesto de peligro de fuga para la determinación de una prisión preventiva. b. La operatividad del concepto de organización criminal desa­ rrollado en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, es 652

PRUEBA L

la de delimitar la competencia de determinados órganos juris­ diccionales. c. Una organización criminal siempre tendrá una finalidad econó­ mica y no política. d. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

Se ha designado un nuevo Ministro que quiere llevar la cartera del Ministerio del Interior de manera transparente y sin corrupción. Por ello, para la compra de 50 000 uniformes para el personal policial, ha decidido nombrar una “Comisión de Honorables” que lleve adelante el proceso de licitación. Esta comisión está formada por un Coronel (C), por un representante de la ONG Transparencia (T), y por un Em­ presario de Gamarra (E), a quien se ha contratado por sus conoci­ mientos sobre telas y confección. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, estos miembros de la Comisión se concertaron con uno de los cinco empresarios participantes de la licitación, quien finalmente fue favorecido, en perjuicio de los otros participantes. De la investi­ gación posterior, se pudo determinar que el precio por uniforme que cada uno de los empresarios ofrecía tenía el mismo costo del precio ofertado por el empresario favorecido, motivo por el cual no se pudo verificar un perjuicio patrimonial para el Ministerio del Interior. 31 .Como miembros de la comisión “Los Honorables”, ¿qué delito ha­ brían cometido “C”, “T” y “E”? a. b. c. d.

Delito de colusión agravada. Delito de negociación incompatible. Delito de enriquecimiento ilícito. Delito de colusión simple.

Respuesta: d El delito de colusión es uno de los delitos de función más típicos en su género, tanto por la calidad específica del sujeto activo (funcionario público) y el bien jurídico protegido (la Administración Pública), como por la propia conducta típica exigida por el artículo 384 del Código Pe­ nal (“...funcionario o servidor público que... defrauda al Estado...”). Por otro lado, en el Derecho peruano, el tipo delictivo de colusión des­ leal debería estar ubicado en un Título autónomo, pues no tiene nada 653

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

que ver con el delito de concusión, ni tampoco -en realidad- con el cohecho (no exige probar una contraprestación al funcionario). Los autores españoles Morales Prats y Morales García, con referencia al delito de colusión desleal, consideran que: “[...] lo que se persigue es evitar que el funcionario cause un perjuicio económico a la Administración. No obstante la conducta delictiva tipi­ ficada en el artículo 436 CP, no consiste en la sustracción directa o in­ directa de caudales o efectos públicos, sino en la realización de acciones defraudadoras. Desde esta perspectiva, el bien jurídico tutelado en este delito podría cifrarse en el acervo público imprescindible para el correc­ to desempeño de funciones públicas.” Por su parte, Rojas Vargas considera que: “Los sujetos que actúan a nombre del Estado deben hacerlo en representación del mismo y ser parte para proteger o promover sus intereses y lograr los más óptimos beneficios resultantes de los convenios, ajustes, liquidaciones o suminis­ tros con la otra parte contractual representada por los particulares (que nuestra norma penal llama los ‘interesados’)”. Debe tenerse en consideración que se sanciona el delito de colusión de­ bido a dos motivos fundamentales: en primer lugar, el funcionario pú­ blico debe utilizar los acuerdos contractuales que prevé la ley penal, es decir, debe tratarse de acuerdos contractuales que vinculan al Estado precisamente para defraudarlo; en segundo lugar, que a través de los acuerdos previstos por la ley se persigue -dolosamente- perjudicar los intereses del Estado.

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32 .Respecto al delito en examen, marque la alternativa correcta:

a. Es delito de colusión es un delito de participación necesaria. b. El delito de colusión no se configura si no existe perjuicio patri­ monial. c. El delito de colusión no un delito de infracción de deber. d. En el delito de colusión, el extraneus responde como autor.

Respuesta: a El delito de colusión, en su configuración típica objetiva, tiene como uno de sus elementos centrales a la concertación, la cual debe produ­ cirse entre el sujeto investido de función pública y una persona extraña (extraneus) a la administración pública. La concertación, conforme a las exigencias típicas, consiste en la puesta de acuerdo entre el funcionario o el servidor y los interesados en contratar con el Estado. La concerta654

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ción, según el diccionario de términos jurídicos de Flores Polo, significa: “Pacto, convenio, arreglo entre dos o más personas en relación a una cosa o asunto”. La concertación no es otra cosa que el ponerse de acuerdo de manera directa el funcionario con el interesado. Es la conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar al ente público. No basta, pues, la mera so­ licitud o proposición dirigida a obtener un acuerdo, sino que es preciso que efectivamente este se haya logrado. Asimismo, el juez de la causa debe explicar de forma concreta los actos colusorios entre funcionarios y extraneus; no hacerlo implicaría la nulidad de la decisión judicial. En otras palabras, el funcionario público y el tercero interesado deben haber concertado, ponerse de acuerdo para lograr la contratación defraudatoria en perjuicio del Estado; además debemos de tener en consi­ deración que ello se determina cuando existen contactos extraoficiales entre el funcionario público y el tercero interesado. El mero Incumpli­ miento del contrato con el Estado no configura delito de colusión. La jurisprudencia ha establecido que en el delito de colusión desleal el agente debe participar en el acuerdo previo para defraudar al Estado y no con posterioridad. Así, “El delito de colusión reprime los comporta­ mientos defraudatorios que surgen a través de la concertación entre los funcionarios públicos y los terceros interesados. El núcleo rector del tipo penal es el “defraudar al Estado”, entendido como el quebrantamiento del principio de confianza depositada en el funcionario por parte del Estado, al incumplir sus deberes especiales, con el consiguiente engaño al interés público, asumiendo roles incompatibles con su esfera institu­ cional. Este tipo de delito de dominio o delito común, donde el infractor quebranta su rol general de ciudadano con el correspondiente deber ne­ gativo de neminem laede o de no lesionar a los demás en sus derechos en su sentido general, sino de un delito de infracción de deber, integrado por un deber positivo general o deber institucional específico que deli­ mita el ámbito de competencia del actuante, circunscribiéndolo al rol especial de funcionario o servidor público. No se ha logrado acreditar la responsabilidad penal del encausado por delito de colusión, al no haber tenido participación en el acuerdo previo para defraudar al Estado. Su intervención se realizó con posterioridad al proceso de selección, al autorizar los pagos a la empresa beneficiada, más no al verificar que esta hubiera presentado la documentación requerida para el otorgamiento de la buena pro. Por ello, tampoco existe el delito de colusión, según la jurisprudencia penal, cuando por ejemplo hay informe sobre el mal estado de las com__________________________________________________________________________________________ 655

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putadoras de una Municipalidad cuando éste se realizó mucho tiempo después de su adquisición. Por el contrario si no se verifica, por ejemplo, la concertación efectiva del funcionario público con el interesado el tipo penal que saltará a la vista -como tipo penal residual- será el delito de patrocinio ilegales], o en algunos casos se ha optado por la aplicación del concurso aparente de normas penales, entre delitos de la familia delictiva (administración pública), en el sentido que se ha dicho que «[...] los delitos de omisión de funciones y aprovechamiento indebido del cargo son supuestos sub­ sidiarios del delito de colusión, allí donde no se puede probar la concer­ tación. Subsidiariedad que se expresa en conductas omisivas y comitivas respectivamente. Bajo estas consideraciones es importante que, frente a un caso concreto en el que se encuentren involucrados todos estos delitos, se tenga las siguientes consideraciones: La colusión es la figura más compleja que, si se verifican sus elementos, debería tener la opción preferencial sobre el resto de figuras delictivas. Esto porque desvalora cabalmente el suceso delictivo a diferencia del resto que tendrían déficit de desvaloración del hecho. Sin embargo, la imputación por colusión solo es posible en la medida que pueda afirmarse la participación de­ lictiva dolosa tanto de funcionarios responsables como de particulares en el hecho [...] En ese sentido, si se evidencia que algún interviniente no conocía la concertación entre funcionarios y particulares entonces correspondería aplicar las otras figuras delictivas (omisión de funciones o negociación incompatible)». En otras ocasiones también se ha optado también por el concurso apa­ rente de normas entre delitos con protección de bienes jurídicos dife­ rentes, así la Corte Suprema ha dicho “Que, los hechos como han sido descritos y analizados, subyacen tanto en el delito estafa como en el de colusión, por lo que se habría producido un concurso aparente de nor­ mas penales, una de ellas subsidiaria y general (estafa) y la otra especí­ fica (colusión), el mismo que debe resolverse con la exclusión de la pri­ mera, en aplicación del principio de consunción -por haberse realizado una incorrecta calificación jurídica-, pues su contenido prohibitivo se encuentra subsumido por la mayor riqueza descriptiva de la segunda, no configurándose el delito de estafa -previsto en el artículo ciento noventa y seis del Código Penal- al no concurrir el “engaño” como elemento constitutivo del tipo penal, toda vez que el acto de disposición patrimo­ nial se habría derivado de la concertación entre los funcionarios de la entidad edil agraviada con los interesados y los ganadores de la buena pro en el proceso de adjudicación directa». 656

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33 .“D” induce a “A” a darle dinero a “G”, gerente de una oficina de RENIEC, con la finalidad de que este trámite un duplicado de DNI con mayor celeridad de la usual. “A” aceptó la proposición de “D” y envía un correo a “G” para proponerle este trámite especial. Sin embargo, “A” no llegó a entregar la suma ofrecida. “G” ignoraba el 657

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Castillo Alva sostiene que el elemento central en el delito de colusión ilegal es que debe existir por imperativo legal (art. 384) una concerta­ ción entre los funcionarios públicos y los interesados en la suscripción de convenios, contratos, suministros o licitaciones (...). Diferentes es la situación en la doctrina española, en la que los autores Morales Prats y Rodríguez Puerta, de acuerdo al texto legal del Código Penal español, refieren como conducta típica “concertarse con los interesados para así defraudar a un ente público (...) Concertarse, equivale al acuerdo entre el funcionario y el interesado, es decir a una conjunción de voluntades o pacto”. En ese sentido, Muñoz Conde precisa que “la acción consiste en concertarse con los interesados o en usar de cualquier otro artificio defraudatorio (...)”. Igualmente Rodríguez Devesa/Serrano Gómez se­ ñalan: “La acción consiste en concertarse con los ‘interesados o espe­ culadores’, o usar de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, la provincia o el Municipio”. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de los regidores de una munici­ palidad que “acuerdan” con el alcalde para que este suscriba contratos defraudatorios, los regidores serán considerados partícipes (cómplices) del delito de colusión. Así, «El aporte objetivo que prestaron los regido­ res déla municipalidad (complicidad) se sustenta en la toma de acuerdo de posibilitaron que el alcalde suscribiera contratos de locación de servi­ cios claramente desventajosos a los intereses de la entidad agraviada, en razón de los montos que se pagaron a las empresas proveedoras, esto es, favorecieron al delito mostrando su conformidad o anuencia en los ac­ tos ilícitos de aquel, permitiendo que celebrara contratos defraudatorios y notoriamente desfavorables al erario municipal». La Casación 661-2016, Piura, de fecha 11 de julio de 2017, estableció como precedente vinculante lo siguiente: «si la concertación es descu­ bierta antes que se defraude patrimonialmente al Estado, estaremos ante una colusión consumada, pero por voluntad del legislador será simple; en cambio, si la concertación es descubierta, luego que se causó el per­ juicio patrimonial efectivo al Estado, estaremos ante una colusión con­ sumada, pero por voluntad del legislador será agravada» (fundamento jurídico décimo quinto).

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trato realizado entre “D” y “A”, y también ignoraba el trato propues­ to por “A” (nunca llegó a abrir el correo electrónico en el que se le proponía el pago del dinero). Respecto de “A”, será responsable del delito de: a. b. c. d.

Cohecho pasivo propio consumado. Cohecho pasivo impropio consumado. Cohecho pasivo impropio en grado de tentativa. No habría configurado delito alguno.

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Respuesta: d En la determinación de la estructura típica del delito de cohecho no pue­ de soslayarse la mención de la discusión planteada hace muchos años en la doctrina, en relación a la naturaleza plurisubjetiva -delitos de encuen­ tro y de convergencia- bilateral o unilateral del mencionado ilícito, esto es, si el cohecho cometido por el funcionario público o el realizado por el particular responden a un mismo delito o a tipos penales autónomos. Los partidarios de la concepción bilateral emplean principalmente argu­ mentos que se fundamentan en que para la comisión del cohecho, y su respectivo perfeccionamiento, se requiere del acuerdo de voluntades del funcionario y el particular. La dogmática tradicional suele clasificar a los tipos penales, atendien­ do al número de sujetos activos que intervienen en el delito, en delitos monosubjetivos y plurisubjetivos. Por lo general, la gran parte de los ilícitos previstos en el Código Penal constituyen delitos monosubjetivos o unidireccionales, toda vez que el tipo penal requiere la intervención de un solo autor para la realización del comportamiento delictivo; así, por ejemplo, el homicidio, para llevar a cabo el comportamiento delictivo de “matar a otro” el tipo penal se satisface con un solo agente delictivo -que se expresa en una autoría directa o con la intervención de dos o más sujetos adoptando la forma de autoría mediata o coautoría-; lo mismo que para lesionar, robar o difamar, el tipo penal para su consumación requiere de la intervención mínimamente de un sujeto activo, en tanto que la intervención de otros sujetos distintos de los autores en la realiza­ ción del delito ya sea colaborando o instigando obedecerá a otras formas de participación delictiva como la instigación (art. 24) y la complicidad (art. 25). Frente a los delitos monosubjetivos se encuentran los delitos plurisub­ jetivos o pluripersonales para los que el legislador exige la concurrencia de dos o más personas en su ejecución. Estos a su vez se desdoblan en delitos de convergencia y delitos de encuentro. En los primeros, las co­ 658

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laboraciones de los intervinientes son del mismo tipo y se dirigen en la misma dirección u objetivo que es la consecución de un resultado común, es el caso de los delitos de rebelión (art. 346), asociación ilícita (art. 317), conspiración (art. 349). En cambio, en los delitos de encuen­ tro, los comportamientos son correlativos o complementarios; es decir, la pluralidad de intervinientes dirige su accionar de manera autónoma desde posiciones distintas que se encaminan una hacia otra a un en­ cuentro, el que puede traducirse en un acuerdo, por ejemplo: el cohecho pasivo (art. 393), cohecho activo (art. 397), bigamia (art. 139) o autoaborto (art. 114) frente al aborto consentido (art. 115). En ese sentido, la adopción de este criterio clasificatorio no se encontraría descaminado en la medida que, por un lado, sería imposible el diseño de ciertos de­ litos sin la concurrencia de varios sujetos, como sucede en el delito de cohecho o bigamia, y de otro lado, aun cuando el hecho sea posible sin la concurrencia de varios intervinientes, la participación de estos facilita al legislador la posibilidad de valorar el hecho y sancionar a los intervi­ nientes por títulos de imputación distintos (al funcionario público como autor del delito de cohecho pasivo y al particular como autor del delito de cohecho activo, por ejemplo). Centremos nuestra atención en el ilícito sub examine, que requiere ne­ cesariamente la intervención de dos o más sujetos, al menos en dos de sus modalidades delictivas -aceptar y recibir-. En efecto, en el delito de cohecho, en términos generales, el funcionario o servidor público es so­ bornado por un particular, para lo cual ambos sujetos intervienen con el despliegue de dos conductas típicas diferentes y confluyentes entre sí. Por un lado, el comportamiento del funcionario que acepta o recibe un do­ nativo con el fin (para) de actuar antijurídicamente -cohecho pasivo- y por otro, el sujeto extraneus o particular que la ofrece -cohecho activo-. Así planteadas las ideas, todo apunta a la adopción de la noción de la bilateralidad como característica principal del cohecho. Sin embargo, de un lado, el legislador ha contemplado tales comportamientos de ma­ nera autónoma cada uno en un respectivo tipo penal -el funcionario responde por el delito previsto en el art. 393 del CP, y el particular por el tipo penal previsto en el art. 397 del CP- y, de otro lado, no todas las modalidades de cohecho son reconducibles a un acuerdo de voluntades delictivo entre el funcionario y el particular. Desde el momento en que el tipo penal de cohecho pasivo prevé en su texto legal la modalidad conductual expresada en el vocablo “solicitar”, se abandona la exigencia de bilateralidad, en el sentido de acuerdo de voluntades o pactum sceleris, ya que para el perfeccionamiento de esta modalidad delictiva basta __________________________________________________________________________________________ 659

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que la petición o solicitud de donativo sea conocida por el particular sin importar la aceptación o rechazo a la solicitud formulada En ese orden de ideas, la discusión planteada que giraba en torno a la bilateralidad del cohecho ha dejado de tener vigencia, en primer lugar, porque desde la instauración de la modalidad de conducta requirente, expresada con el término “solicitar”, ya no resulta necesario acuerdo al­ guno entre el funcionario y el particular toda vez que el delito se perfec­ ciona con la mera solicitud del donativo o beneficio. En segundo lugar, y a nivel del derecho comparado, los códigos penales tipifican separa­ damente el cohecho del funcionario y del particular en tipos penales autónomos. En consecuencia, podemos afirmar que la tendencia mayoritaria se orienta firmemente a la adopción de la postura que sostiene la naturaleza unilateral del cohecho. De otro lado, el delito de cohecho, en términos generales, se clasifica en dos tipos, en un cohecho pasivo y otro activo. En este apartado será ob­ jeto de análisis la modalidad pasiva de cohecho, el cual se subdivide en dos formas: cohecho propio e impropio, submodalidades que a su vez se desdoblan en dos tipos de cohecho, uno antecedente y otro subsiguiente. En relación a las dos formas básicas de cohecho, Rodríguez Puerta nos señala lo siguiente: Tradicionalmente se ha distinguido, en el delito de cohecho, entre co­ hecho pasivo y activo. El primero estaría integrado por la conducta del funcionario que solicita o recibe una ventaja por la ejecución de un acto propio de su cargo, justo o injusto; el segundo, por la conducta del parti­ cular que ofrece o entrega una ventaja a un funcionario para obtener de él una resolución o decisión que le favorezca. El delito de cohecho asume la forma de pasivo en atención a la condi­ ción del sujeto activo, que viene a ser el funcionario público que se deja corromper y al cual se le atribuye conductas pasivas como el recibir o aceptar donativo o beneficio. La modalidad pasiva de cohecho se funda­ menta no tanto en la forma externa que adopte la conducta típica, sino más bien en atención a la condición del agente delictivo y a los com­ portamientos delictivos de aceptar, recibir o solicitar efectuados por el funcionario o servidor público. Aun cuando los verbos rectores solicitar o condicionar impliquen fenomenológicamente una conducta “activa”, a diferencia de los verbos rectores aceptar o recibir que presuponen com­ portamientos “pasivos”, la modalidad de cohecho será la pasiva, atribuible siempre al intraneus funcionario o servidor público -cohecho pasivo genérico-; al magistrado, árbitro, fiscal, perito o miembro del Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo -cohecho pasivo específico-; 660

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al secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cual­ quier otro análogo -cohecho específico de auxiliares jurisdiccionales y afines-. Mientras que, en el cohecho activo, el injusto recae sobre el comportamiento del extraneus tendiente a sobornar al intraneus me­ diante el ofrecimiento, dación o promesa de donativos o ventajas indebi­ das. Entonces, las dos principales características que definen al cohecho en su modalidad activa recaen, al igual que en la forma pasiva, en la formulación de los verbos rectores, así como, y principalmente, en la condición del agente delictivo. El cohecho pasivo es propio cuando los actos que realiza el funciona­ rio vulneran el normal ejercicio de sus funciones o, lo que es lo mis­ mo, cuando se tratan de actos ilegales o antijurídicos transgresores de los deberes y atribuciones funcionales del agente público y realizados a consecuencia de la aceptación o recepción de algún beneficio o el que las realiza con la finalidad de obtener luego la ventaja o beneficio, o el que las solicita a consecuencia de haber realizado u omitido un acto en violación de sus funciones. Frente a esta modalidad, se presenta el deno­ minado cohecho impropio, que sanciona a los funcionarios o servidores públicos que aceptan, reciben o solicitan ventajas o beneficios para rea­ lizar o a consecuencia de haber realizado actos propios de su función, ajustados a ley, vale decir, circunscriben su actuación al cumplimiento de sus deberes y atribuciones funcionales dando así cumplimiento a la normatividad, leyes o reglamentos que informan sobre el correcto des­ envolvimiento de las funciones públicas. En consecuencia, la modalidad de cohecho impropio nos habla de un ejercicio de la función, cargo u oficio, trátese de una acción u omisión conforme a derecho, no prohi­ bida legalmente, que es motivo de sanción penal solo si se encuentra referenciada a la aceptación, recepción o solicitud de donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio “indebido” o no previsto legalmente. En ambas modalidades delictivas la calificación del cohecho como pro­ pio o impropio se da en función a los deberes y atribuciones funcionales propias del agente estatal, si este se desempeña transgrediéndolas, el co­ hecho devendrá en propio; propio para configurar un ilícito penal y por tanto peligroso o lesivo para el bien jurídico. Lo impropio del cohecho descansa en la realización de los actos propios de la función para o a consecuencia de haber aceptado, recibido o solicitado donativo o ven­ taja indebida. La modalidad de cohecho antecedente es una de las formas que adopta este ilícito en atención a si el mecanismo corruptor (donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio) es aceptado, recibido o solicitado an­

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tes y con la finalidad (“para”) de realizar u omitir un acto en violación de las funciones públicas. Por lo contrario, se estará frente a la modalidad de cohecho subsiguiente en función a si el medio corruptor es aceptado, recibido o solicitado después de efectuar u omitir un acto contrario a los deberes funcionales del agente estatal. A efectos de un mejor estudio del delito vamos a subdividirlo en sus modalidades de cohecho antecedente y subsiguiente, compuestos a su vez por sus respectivos verbos rectores, esquema que no podrá adoptarse en la explicación de la modalidad de cohecho condicionado. Doña Marcelina Rudas Valer y doña Jhojana Rudas Guedes, interpu­ sieron demanda de habeas corpus a favor de esta última y la dirigie­ ron contra el jefe del Registro Nacional de Identificación y Servicio Ci­ vil (RENIEC) a fin de que a Jhojana se le emita el documento Nacional de Identidad (DNI) con ese nombre, esto es anteponiendo el apellido materno al paterno. Se alega vulneración del derecho a la identidad.

El Tribunal Constitucional al expedir sentencia invocó el Artículo 18° de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúa, “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus pa­ dres o al de uno de ellos. La ley reglamentara la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombre supuestos, si fuera necesario”. 34. Marca la respuesta correcta.

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a. La Convención Americana de Derechos Humanos, forma parte del derecho nacional. b. La Convención Americana de Derechos Humanos es un Título del Código del Niño y del Adolescente. c. La Convención Americana de Derechos Humanos solo desarro­ lla conceptos útiles para la aplicación del derecho. d. La Convención Americana de Derechos Humanos no vincula a los jueces peruanos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 22 DELA PRUEBA !-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

3 5.Sobre la validez de los decretos leyes en el sistema jurídico perua­ no, marque la opción correcta: a. Los decretos leyes no son normas válidas en el sistema jurídico peruano. 662

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b. Los decretos leyes son normas con rango legal y se controlan mediante acción de inconstitucionalidad. c. Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado Constitucional, el Tribunal Constitucional ha asumido la teoría de la caducidad. d. Los decretos leyes son normas con rango reglamentario y se controlan mediante acción popular.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 8-2021SN/JNJ

36 . Respecto al principio de concentración, marque la opción correcta: a. El juicio oral debe desarrollarse en sesiones consecutivas hasta su conclusión, rige la regla de "unidad de acto". b. Se busca que la prueba practicada bajo inmediación se realice conjunta y sucesivamente en un tiempo razonable. c. La suspensión del juicio oral tiene un plazo máximo de 8 días hábiles. d. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

37 . Marque la opción correcta:

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a. La argumentación jurídica se destina exclusivamente a la jus­ tificación (o explicación) de la atribución de consecuencias jurídicas a un hecho o situación (tratando de determinar qué dice el Derecho sobre ese hecho o sobre esa situación). b. La norma en sentido estricto es el significado del enunciado normativo (esto es, el resultado de la interpretación del enun­ ciado normativo). c. La interpretación es una tarea en la que existen fuertes dosis de discrecionalidad, por lo que supone siempre una elección arbi­ traria. d. En el Derecho una decisión deja de ser arbitraria cuando se apo­ ya en una razón, con independencia de la validez o corrección jurídica de esa razón.

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Respuesta: b VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ 38 .La argumentación jurídica permite:

a. Descubrir la verdad de los hechos. b. Tener una visión autoritativa del Derecho. c. Llegar a conclusiones por medio de afirmaciones lógicas que están fundamentadas en razones aceptadas desde el Campo de la aplica­ ción de los textos normativos y el punto de vista jurisprudencial. d. Las respuestas a) y b) son correctas.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

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39 .El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos an­ teriores al dictar sentencia en el Exp. 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razo­ nes o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una deter­ minada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. Marque la alternativa correcta:

a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 664

PRUEBA L

40. Gabriel Gómez, es sentenciado como autor del delito de negocia­ ción incompatible al advertirse que ante una situación de emer­ gencia y exoneración de los procesos de selección a su cargo, consignó en las bases administrativas que los tractores materia de adquisición debían ser entregados en el plazo de 02 días con sus respectivos accesorios; sin embargo, suscribe el contrato 0192011 del 09 de octubre de 2012 con la empresa UMBRAL S.A.; esta­ bleciendo en dicho contrato que los accesorios serían entregados progresivamente en el plazo máximo de 30 días de su suscripción, contraviniendo así las bases administrativas y las cotizaciones, irregularidades (defectos administrativos) que fueron posterior­ mente regularizadas. En relación a la conducta desplegada por Gabriel Gomes:

a. La prueba de los elementos típicos del delito se puede despren­ der de los defectos administrativos, en sí misma, por lo que corresponde condenar al imputado. b. No deben existir elementos probatorios, fuera del procedimien­ to administrativo, que permitan comprobar el quebrantamiento de un deber administrativo para condenar al procesado. c. Si los elementos probatorios no son acreditados, entonces los defectos administrativos pueden adquirir un significado penal abstracto. d. Tratándose de defectos administrativos subsanables; corres­ ponde absolver de la acusación por el delito de negociación incompatible al procesado Gabriel Gomes.

Respuesta: d El delito de negociación incompatible se dará solamente cuando la ac­ tuación del funcionario público se desdobla al representar tanto al Esta­ do como a sus intereses privados, es decir, cuando se interesa indebida­ mente en el contrato u operación a su cargo. LEGALES EDICIONES

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PRUEBA M

FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVO) La Fiscalía de Turno recibe la denuncia en el que se habría dado muerte con martillo al dueño de una tienda de bazar, al constituirse el Fiscal de turno al lugar de los hechos, encuentra a varias personas, siendo informado por la Policía que dichas personas son trabajado­ res, clientes y transeúntes que se hallaban presentes cuando la espo­ sa del dueño del bazar encontró el cuerpo fallecido.

1. Al respecto dentro de las facultades del Ministerio Público para asegurar la presencia de las personas encontradas en el lugar de los hechos mientras se hacen las pesquisas necesarias en marco del NCPP. El Fiscal Puede: a. Puede dictar una orden de prisión preventiva, por el término de Ley. b. Puede ordenar detención preliminar contra los presentes que se encontraban en el lugar de los hechos. c. Puede dictar una orden de retención, por el término establecido en la Ley, de las personas halladas en el lugar de la interven­ ción. d. Solo el Juez puede dictar medida de coerción personal ya que dichas facultades le son reservada al Juez.

Respuesta: c El Ministerio Público asume la Dirección de la Investigación con pleni­ tud de iniciativa y autonomía, función que comprende el inicio, el desa­ rrollo de la investigación hasta su conclusión, decidiendo si formula o no acusación y su activa participación en el juicio oral.

2. En el caso mencionado, desde la fecha del acto delictivo pasaron más de 60 días sin que la policía ni el fiscal a cargo de la investi­

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Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy concurrida y poco alumbrada, de repente 1 varón se acerca a ella y le empieza a decir “ya perdiste”, “dame tu celular y tu cartera” frente a lo cual la mujer empieza a correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular y cartera, pero ella se resistía. Para que no se resista, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El asaltante no consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba desmayada) abusó sexualmente de ella.

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gación logré individualizar al presunto responsable, frente a ello, ¿qué debe realizar el fiscal?

a. b. c. d.

Archivar el caso. Ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares. Disponer la formalización de la Investigación Preparatoria. Solicitar el sobreseimiento.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ Un sábado por la tarde Yango de 49 años le dice a Raulito de 17 años de edad -su vecino que lo acompañe a un prostíbulo. Raulito temeroso muestra su rechazo a la propuesta de Yango diciéndole que no tiene DNI. Ante ello Yango lo convence explicándole que en dicho lugar van a presentar un espectáculo para adultos e indicándole además que no hay necesidad de presentar DNI porque conoce a los dueños del pros­ tíbulo. Es así que el menor accede a la invitación de Yango y al llegar al prostíbulo ingresan conforme se había planificado ya que el vigilante del prostíbulo permitió el ingreso a Yango y el menor de edad.

3. En el caso planteado, ¿cuál es la calificación jurídico penal que corresponde a Yango?

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a. Su conducta es atípica porque ha desarrollado un comporta­ miento socialmente adecuado. b. Su conducta no es relevante jurídicamente, pero si es reprocha­ ble moralmente. c. Yango ha cometido el delito de exhibiciones y publicaciones obscenas tipificado en el artículo 183° inciso 2 del Código Penal. d. Yango ha cometido el delito de seducción contra el menor de edad.

Respuesta: c Regula el Código Penal: “Artículo 183. Exhibiciones y publicaciones obscenas Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni ma­ yor de cuatro años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años: 668

PRUEBA M

(...) 2. El que incita a un menor de dieciocho años a la práctica de un acto de índole sexual o le facilita la entrada a lugares con dicho propósito.

(...) En todos los casos se impone, además, la pena de inhabilitación confor­ me al artículo 36, incisos 1, 2, 3, 4, 6, 8,9,10 y 11.” 4. En el caso planteado ¿cuál es la calificación jurídico penal que corresponde al vigilante del prostíbulo?

a. El vigilante no responde penalmente porque tiene un compor­ tamiento adecuado a la función que desempeña, como vigilante de un prostíbulo. b. El vigilante ha cometido el delito de exhibiciones y publicacio­ nes obscenas tipificado en el artículo 183 inciso 3 del código penal. c. Su conducta no es relevante jurídicamente, pero si es reprocha­ ble moralmente d. El vigilante ha cometido el delito de proposiciones sexuales ti­ pificado en el artículo 183-8 del Código Penal.

Respuesta: b Regula el Código Penal: “Artículo 183. Exhibiciones y publicaciones obscenas Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni ma­ yor de cuatro años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años:

La intervención de un tercero en la realización de un delito especial propio y de infracción de deber como el enriquecimiento ilícito, esto es, la intervención del extraneus, artículo 401 del Código Penal, ha sido un tema discutido en el Acuerdo Plenario N° 3-2016/CIJ-116.

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(...) 3. El administrador, vigilante o persona autorizada para controlar un cine u otro espectáculo donde se exhiban representaciones de índole se­ xual que permita ingresar a un menor de dieciocho años. En todos los casos se impone, además, la pena de inhabilitación confor­ me al artículo 36, incisos 1, 2, 3,4, 6, 8,9,10 y 11.”

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5. En relación a ello, señale la alternativa correcta:

a. La intervención del tercero extraneus tiene una figura específica propia de enriquecimiento ilícito de particulares, como sucede en la legislación penal especial colombiana. b. Como lo ha resuelto nuestra jurisprudencia nacional, la inter­ vención del tercero extraneus se reprime como autor del delito de enriquecimiento ilícito. c. Dado que se trata de una ejecución continua y de consumación permanente, la intervención del tercero extraneus, puede ocurrir incluso después que el funcionario cese en el ejercicio del cargo. d. Lo accesorio de la intervención del extraneus, lo coloca siem­ pre bajo el mismo título de imputación que comprende al autor funcionarial del enriquecimiento, interviniendo como cómplice o como instigador.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 35 DELA PRUEBA I- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

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A Henri Huerto, Juan Albarán y Camilo Segura se les atribuye ser au­ tores del delito de negociación incompatible, imputándoles que se interesaron directa e indebidamente vulnerando el principio de im­ parcialidad en el proceso de exoneración número 07-2013-MXX AT en provecho de la empresa Arco Iris S.A. actuando como funcionarios públicos y miembros del comité de adjudicación del proceso de exo­ neración y en cumplimiento de la orden emanada mediante Resolu­ ción de Alcaldía del ex alcalde de dicha comuna quien los designó, por lo que su actuación se circunscribió en ese ámbito, no signifi­ cando la suscripción del aludido contrato, un peligro efectivo para el patrimonio del Estado.

6. Para la configuración del delito de negociación incompatible, a partir del caso propuesto, es correcto afirmar que:

a. No basta, la realización de acciones contrarias a la normativa administrativa que rige el contrato u operación, sino que es ne­ cesario que "el interés" constituya un peligro concreto para el correcto funcionamiento de la Administración Pública. b. Es un delito de peligro abstracto, que implica que se configure la conducta con el solo "interés", sin tomar en cuenta el elemen­ to "en provecho de tercero. 670

PRUEBA M

c. Es suficiente que se efectivicen acciones contrarias a la norma­ tiva penal que rige el contrato u operación, no siendo necesario verificar el interés indebido a que se contrae el tipo penal. d. Los procesos de exoneración siempre dan origen a los delitos contra la administración pública específicamente de negocia­ ción incompatible.

Respuesta: a

A Carlos Paredes, Fiscal Adjunto Provincial, se le imputa haber soli­ citado una dádiva en dinero al abogado Luis Tinoco a fin de decidir sobre la procedencia del procedimiento de terminación anticipada respecto de su cliente Caín Ríos -delito de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado-, cuya carpeta fiscal estaba a su car­ go, concretándose la entrega de dinero-pese a que era de compleja 671

LEGALES EDICIONES

El sujeto activo de este delito es el funcionario o servidor público que indebidamente se interesa por cualquier contrato u operación estatal en que interviene por razón de su cargo. Tal intervención en razón del cargo implica que debe existir una vin­ culación funcional con los contratos u operaciones que celebra el Es­ tado; esto quiere decir, que el funcionario formalmente puede actuar integrando alguno de los niveles decisorios o completando legalmente el negocio jurídico. El sujeto pasivo de este delito es el Estado, a quien el funcionario público perjudica al dejar de actuar en base al interés general. El bien jurídico protegido en los delitos de corrupción de funcionarios es el correcto funcionamiento de la Administración Pública. No obstante, este delito de manera específica busca proteger la objetividad o imparcialidad en el ejercicio de la función pública, resguardando a la ad­ ministración del interés privado de sus agentes y de que estos antepongan sus intereses en los contratos u operaciones en las que interviene el Estado. La conducta sancionada: interesarse indebidamente El término interesar significa atañer, incumbir, concernir, comprometer o importar algo; motivo por el cual una persona destina su voluntad a obtenerlo o alcanzarlo. El interesarse indebidamente en un contrato u operación estatal debe entenderse como una “actuación interesada”, la cual implica una acción unilateral por parte del funcionario que va en contra de los parámetros de la legalidad y el orden jurídico. Es decir, superpone un interés privado sobre el interés público que le demanda el ejercicio de su cargo.

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procedencia por la multiplicidad de imputados y el insuficiente alcan­ ce de la reducción de la pena-. En contraprestación a esa “ayuda” solicitó el pago de mil soles y que cuando concluya la audiencia le entregarían la diferencia. 7. La conducta de Carlos Paredes se adecuaría al tipo penal de: a. b. c. d.

Cohecho pasivo específico. Peculado de uso. Cohecho activo genérico. Colusión.

Respuesta: a

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El delito materia de acusación y condena es el de cohecho pasivo espe­ cífico, previsto en el segundo párrafo, artículo 395, del CP, cuyo texto según la Ley N° 28355, es el siguiente: “El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de Tribunal Administra­ tivo o cualquier otro análogo a los anteriores, que bajo cualquier moda­ lidad solicite, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitación, conforme con los incisos 1 y 2, del artículo 36, del Código Penal, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa.” Respecto al bien jurídico tutelado, como el tipo penal es un delito espe­ cial propio y de infracción del deber, el funcionario público por el esta­ tus que ostenta tiene el “deber especial positivo” de actuar con imparcia­ lidad, rectitud, transparencia y objetividad. En el caso que nos ocupa, su actuación, bajo estos principios, debe darse durante las diligencias preli­ minares, en la investigación preparatoria en las demás fases del proceso penal, y en todo acto en que intervenga por razón del cargo, en casos sometidos a su conocimiento o competencia.

El Tribunal Constitucional, en una importante sentencia (sentencia 1417-2005-AA/TC), ha señalado que la distinta eficacia de las dispo­ siciones constitucionales, da lugar a que éstas puedan ser divididas entre “Normas regla” y “normas principios”. 8. Sobre este último tipo de normas, las ha definido como: (marque la respuesta correcta)

a. Son mandatos concretos de carácter autoaplicativo. b. Son mandatos judicializables. 672

PRUEBA M

c. Son mandatos de optimización, normas abiertas de eficacia dife­ rida, que requieren de la intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de judicialización. d. Son mandatos flexibles, que requieren de fuente jurisprudencial.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA I-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

9. Respecto al control de convencionalidad, marque la opción co­ rrecta: a. Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho inter­ nacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, inclu­ yendo la jurisprudencia de este Tribunal. b. Es un método de interpretación para conocer el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos. c. Es una herramienta doctrinaria que se utiliza para complemen­ tar los ordenamientos jurídicos de los Estados. d. Es una técnica hermenéutica para mejorar la interpretación de los derechos humanos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 5854-2005PA/TC, dijo: “ El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Cons­ titucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurí­ dica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. 10. Esto significó (marque la respuesta incorrecta): a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. ¿ b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. 673

£ g £ O Q O

V

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejer­ cer control difuso, cuando encuentren que hay incompatibilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la primera. d. Las resoluciones en materia electoral, dictadas en última ins­ tancia, por el Jurado Nacional de Elecciones, son inatacables jurisdiccionalmente.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 0024-2003-AIrTC, señalo:” [...] el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribu­ nal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homologa”.

ll.Siendo este el concepto, señale cuando procede la aplicación del precedente vinculante: a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando una de las partes solicita formalmente la aplicación del precedente vinculante que considera pertinente.

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Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. N ° 2579-2003HD/TC acogió por primera vez la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el estado de cosas inconstitucional. 12 .¿Cuáles fueron los efectos de acoger esa doctrina?

a. Acumular todos los procesos seguidos entre las mismas partes. b. Extender los alcances de su sentencia a personas que no habían sido parte en el proceso. 674

PRUEBA M

c. Cualquier órgano jurisdiccional, en un proceso ordinario, de­ clarando un estado de cosas inconstitucionales, podía extender los efectos de una sentencia a quienes no habían sido parte en el proceso. d. A que toda sentencia dictada, cuyo criterio era contraria a ese pronunciamiento era nula.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 13 .El artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para de­ clarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221° las causales para declarar la de anulabilidad del acto jurídico. Siendo diferentes sus efectos. Marque la respuesta correcta:

a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado. c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

a. Vía tutela de derechos, el órgano jurisdiccional puede interve­ nir para enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito de la expedición de la Disposición Fiscal de Investigación Pre­ paratoria, por ejemplo, cuando se cuestiona la delictuosidad del hecho y de los presupuestos procesales. b. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal y siem­ pre frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos inaceptable por genérico, vago o gaseoso o porque no se 675

LEGALES EDICIONES

14 .Sobre la institución procesal de la tutela de derechos del nuevo Código Procesal Penal, desarrollado en los Acuerdos Plenarios 4-2010/CJ-116 y 2-2012/CJ-116, es cierto que:

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precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabe acudir a la acción jurisdiccional de tutela de derechos. c. A través de la tutela de derechos, el órgano jurisdiccional pue­ de intervenir para anular la Disposición Fiscal de Investigación Preparatoria, por ejemplo, cuando se cuestiona el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaría, dado que estos constituyen el nivel propio de "sospecha suficiente". d. La función del Juez de Investigación Preparatoria, ante el in­ cumplimiento notorio u ostensible por el Fiscal de precisar los hechos que integran los cargos penales, debe, al culminar la audiencia de tutela de derechos, expedir el auto judicial de anu­ lación de la Disposición Fiscal de Investigación Preparatoria.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

15 .Es un acto procesal que se lleva a cabo dentro de la Investigación Preparatoria: a. b. c. d.

Testimonio Prueba anticipada Sobreseimiento Desvinculación procesal

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

16 .Juan fue encontrado cortando un árbol perteneciente a una re­ serva natural que goza de protección ambiental. En torno al iter criminisse puede decir que Juan:

a. Es autor del delito de tala ilegal consumado formalmente. b. Es autor del delito de tala ilegal tentado. c. Realizó un acto preparatorio de conspiración del delito de tala ilegal. d. Llevó a cabo un delito de tala ilegal agotado.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA L - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 676 ___________________________________________________________________________________________

PRUEBA M

17 .Una mujer de nombre Carmen maneja en estado de ebriedad que supera los 0,5 gramos litro de sangre y choca su vehículo con otro que se encontraba estacionado. Luego, la mujer al ser intervenida se resiste y procede a agredir al efectivo policial con dos cacheta­ das. ¿Cómo tipificaría la conducta realizada por doña Carmen, consi­ derando lo dispuesto por el Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116?

a. Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena privativa de la libertad fluctúa entre los dos años ni mayor de cuatro años. b. Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena solo puede ser no mayor de tres años y tiene como presupuesto la falta de lesiones dolosas. c. Como delito de violencia contra la autoridad agravado. d. Como delito de violencia contra la autoridad con la utilización de las atenuantes y agravantes del artículo 46 del Código Pe­ nal.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 24 DELA PRUEBA I-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

El nuevo modelo procesal penal regula la admisión y actuación de pruebas en segunda instancia, como un procedimiento excepcional, pues está previsto para situaciones determinadas. Más aún, no es posible que el Superior en grado pueda otorgar diferente valor proba­ torio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia.

a. En virtud del principio de inmediación del juzgamiento oral, las pruebas personales tienen un ámbito no accesible al control del Tribunal de revisión, por consiguiente, en ningún caso se puede otorgar diferente valor probatorio. b. La Casación N° 05-2007 ("zonas abiertas") supera la prohibición del artículo 425.2 del Código Procesal y autoriza una valoración diferente de la realizada por el a qua, pues la percepción senso­ rial de éste es accesible al control de revisión. 677

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18 . En relación a estas actuaciones probatorias en instancia de revi­ sión jurisdiccional, es cierto:

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c. El ordenamiento procesal autoriza excepcionalmente la concu­ rrencia del testigo en segunda instancia, cuando es indispensable para sustentar el juicio de hecho. El déficit de la información no es justificación para su llamamiento.

d. El relato fáctico que el juez a quo asume como probado no supone necesariamente su invariabilidad por el ad quem; su variación puede darse también cuando en primera instancia el testigo no dice lo que menciona el fallo apelado.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA I- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ 19. Se cometió un delito de violación sexual donde el agresor es un familiar de la víctima. Debido a dicho contexto, es posible que en la valoración probatoria de las declaraciones de la víctima (no uniformes) se pueda prescindir de la siguiente garantía de certeza:

a. Persistencia. b. Verosimilitud. c.

Conducencia.

d. Utilidad.

Respuesta: a

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VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 20. Señale usted en qué caso es posible la duplica del término de prescripción de la acción penal, de conformidad con el último pá­ rrafo del artículo 80° del código Penal. a. Delito de robo agravado.

b. Delito de nombramiento ilegal. c.

Delito de malversación de fondos.

d. Delito de peculado.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA I-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ 678

PRUEBA M

21 .¿En qué contextos se puede producir un feminicidio? a. b. c. d.

Violencia familiar. Coacción, hostigamiento y acoso sexual. Prevalimiento. Todas son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 37DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

22 . Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio debe realizarse: a. b. c. d.

Una pericia psicológica al agresor. Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Acreditar la ferocidad de la muerte.

3 Respuesta: c VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

23 . La Comisión recuerda al Gobierno peruano: a. Que el Estado tiene la obligación de erradicar la cultura del machismo y patriarcalismo. b. Que el Estado debe llamar la atención a sus ministros. c. Que el Estado debe velar por la ciudadanía. d. Que el Estado peruano no debe discriminar a las mujeres.

_________________________________________________________ 679

LEGALES EDICIONES

Si bien Perú ha avanzado en su compromiso para combatir la vio­ lencia contra las mujeres, la CIDH observa con preocupación los re­ gistros oficiales que indican que en el 2021 se atendieron 140.833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que representa un incremento del 43% en comparación con 2020. Asi­ mismo, se tuvo noticias de que altos funcionarios del Estado califica­ ron las denuncias de violencia familiar contra funcionarios públicos como temas personales. Comentarios de tal naturaleza robustecen la noción equivocada de que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto privado cuya injerencia escapa de la competencia del Estado, y envían un mensaje social de tolerancia a la violencia.

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Respuesta: a VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

24 .¿Qué fiscalía es competente para dirimir los conflictos positivos o negativos de competencia producidos entre los fiscales provin­ ciales de prevención de delito? a. b. c. d.

Fiscalía Superior Penal de Turno. Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. Fiscalía Superior Mixto. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA L - CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

25 . Respecto a la regulación de una organización criminal en el ámbi­ to material o procesal, es correcto afirmar que:

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a. La pertenencia a una organización criminal es un supuesto de peligro de fuga para la determinación de una prisión preventi­ va b. La operatividad del concepto de organización criminal desarro­ llado en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, es la de delimitar la competencia de determinados órganos jurisdiccio­ nales c. Una organización criminal siempre tendrá una finalidad econó­ mica y no política d. Todas son correctas

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ El Ministerio Público recibe una denuncia en la que se le pone en conocimiento que los principales funcionarios de una entidad públi­ ca Uefe de administración, jefe de logística y tesorero) exigen a los partícipes de los procesos de selección el pago de sumas de dinero a fin de obtener la buena pro. Para facilitar ello, dichos funcionarios, de acuerdo a las funciones que desempeñan en la entidad, de forma 680

PRUEBA M

concertada se encargan de redactar las bases del proceso de selec­ ción incorporando condiciones que solo cumplen las empresas con las que tienen los acuerdos colusorios para otorgarles la buena pro; estos funcionarios participan como miembros del Comité Especial aprobando las ampliaciones de plazo y valorizaciones en perjuicio de la entidad, siendo el jefe de logística quien acuerda con los parti­ culares y asigna los roles que asumirán los demás funcionarios. Esta actividad ilícita la vienen desarrollando a lo largo de los dos últimos ejercicios anuales de la entidad, habiéndose evidenciado su partici­ pación en 15 procesos de selección.

El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. A efectos de hacer eficiente su investigación y evidenciar los hechos investi­ gados decide crear una persona jurídica a fin de que participe en los procesos de selección a convocar por la entidad pública antes citada, designando como accionista y representante de la misma a una per­ sona encubierta. 26 .Respecto al caso planteado, sobre la imputación por el delito de organización criminal, señale la respuesta correcta:

a. La conducta resulta atípica, en tanto no es posible la existencia de una organización criminal al interior de una entidad pública. b. La conducta es atípica, en tanto los funcionarios solo habrían cometido una clase de delito (colusión). c. La conducta resulta atípica, en tanto las conductas desplegadas por los funcionarios son parte de sus funciones. d. La conducta resulta típica, en tanto existe una pluralidad de personas, distribución de roles, actuación concertada, vocación de permanencia y estructura interna.

Respuesta: d

27 .En el mismo caso, sobre la investigación diseñada por el Ministe­ rio Público, señale la respuesta correcta: a. Resulta ilegal la creación de una persona jurídica ficticia por el Ministerio Público. b. La creación de la persona jurídica debe ser inscrita en un regis­ tro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto, requiriéndose la confirmatoria judicial. 681

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VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. El Ministerio Público no se encuentra facultado para la creación de una persona jurídica. d. La creación de la persona jurídica por el Ministerio Público, re­ quiere previa autorización judicial.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 12 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ Piero es el Jefe de Abastecimientos de la Universidad Nacional de San Tiago que ha contratado la confección a suma alzada de un pa­ bellón nuevo para la facultad de filosofía. La obra progresa conforme sus términos. Ninguna de las puertas ni el material de iluminación de aulas y pasadizos ha sido aún adquiridos ni colocados. El contratista necesita el pago del saldo del precio y convence a Piero (a quien la Universidad encarga de comprobar la culminación total de la obra y dar la conformidad) como paso previo para la autorización del des­ embolso. Piero da la conformidad. 28.Señale la alternativa correcta:

a. b. c. d.

Piero incurre en falsedad. Piero incurre en colusión simple. Piero incurre en colusión agravada. Piero incurre en peculado.

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Respuesta: c El delito de colusión es uno de infracción de deber. Lo especialmente relevante es el deber del oficial público (deber positivo) de velar por los intereses patrimoniales del Estado en las contrataciones públicas. Este debe preservar los intereses patrimoniales del Estado, excluyéndose acuerdos con los particulares que impliquen un abandono de su posi­ ción de defensa. El referido delito, jurídico penalmente tiene dos variantes. En uno, colusión simple, más allá de la idoneidad del acuerdo colusorio, no se requiere lesión efectiva ni peligro de resultado de lesión al patrimonio estatal. En el otro, colusión agravada, la ejecución del acuerdo colusorio debe producir el perjuicio patrimonial, pero si el acuerdo colusorio se ejecu­ ta y solamente se genera un peligro concreto de afectación patrimonial al Estado, se tratará de una tentativa de colusión agravada -posibilidad que, a la luz de sus conclusiones, ni siquiera fue abordada-. 682

PRUEBA M

La colusión agravada se produce con la defraudación patrimonial al Es­ tado -es un delito de lesión, de resultado: lo ejecutado ha de importar un perjuicio para el Estado-, y si el acuerdo colusorio se ejecuta y solamen­ te se genera un peligro concreto de afectación patrimonial al Estado, tal conducta se castiga como tentativa de colusión agravada.

29. El contratista tiene en el supuesto de hecho referido la calidad de: a. b. c. d.

Autor mediato. Coautor. Instigador. Cómplice.

Respuesta: d

683

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De estas, es la teoría del dominio del hecho la que mayor acogida ha tenido. Según esta teoría será autor quien tenga el dominio del suceso delictivo. De otro lado, el partícipe, será aquel que ayude a la realización del tipo, sin tener el dominio del hecho. Es necesario resaltar que el par­ tícipe no tendrá un injusto propio, sino que su intervención se encuen­ tra supeditada a la acción del autor, a la cual accede. La complicidad es definida como la cooperación a la realización de un hecho punible cometido, dolosamente, por otro; o, de manera más sen­ cilla, como el prestar ayuda a un hecho doloso de otro. El cómplice ca­ rece del dominio del hecho, que sólo es ejercido por el autor del delito. Desde la perspectiva de este Supremo Tribunal la diferencia entre am­ bas radica en el tipo de aporte prestado por el cómplice. Serán suscep­ tibles de ser considerados actos de complicidad primaria aquellos actos que sean esenciales para que el autor pueda cometer el delito. Es el caso de aquella persona que proporciona las armas a una banda de asaltantes de bancos. De otro lado, la complicidad secundaria se compone por cualquier con­ tribución, que no sea esencial para la comisión del delito. Se trata de aportes que no son indispensables. Es el caso de aquel sujeto que tiene la función de avisar a los asaltantes de un banco de la llegada de la policía. La determinación de la esencialidad o no esencialidad del aporte sirve para diferenciar la complicidad primaria y secundaria. El aporte ha de ser valorado a través de los filtros de la imputación objetiva, para deter­ minar si el mismo constituye o no un riesgo típico. Luego, habrá de ana­ lizarse si la conducta -objetivamente típica- también puede ser imputada subjetivamente.

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Doña Marcelina Rudas Valer y doña Jhojana Rudas Guedes,.interpu­ sieron demanda de habeas corpus a favor de esta última y la dirigie­ ron contra el jefe del Registro Nacional de Identificación y Servicio Ci­ vil (RENIEC) a fin de que a Jhojana se le emita el documento Nacional de Identidad (DNI) con ese nombre, esto es anteponiendo el apellido materno al paterno. Se alega vulneración del derecho a la identidad. El Tribunal Constitucional al expedir sentencia invocó el Artículo 18° de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúa, “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus pa­ dres o al de uno de ellos. La ley reglamentara la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombre supuestos, si fuera necesario” 30. Marca la respuesta correcta:

a. La Convención Americana de Derechos Humanos, forma parte del derecho nacional. b. La Convención Americana de Derechos Humanos es un Título del Código del Niño y del Adolescente. c. La Convención Americana de Derechos Humanos solo desarro­ lla conceptos útiles para la aplicación del derecho. d. La Convención Americana de Derechos Humanos no vincula a los jueces peruanos.

Respuesta: a

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VER PREGUNTA N° 22 DELA PRUEBA I-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ El recurso de casación, por su naturaleza extraordinaria, no está des­ tinado a realizar un reexamen del análisis efectuado por los órganos jurisdiccionales de inferior grado, en tanto, solo se ocupa en determi­ nar si el fallo contiene una violación de la ley. Se concede el recurso de casación ya que la Corte Suprema ha realizado un juicio de co­ rrección precisando cual era el motivo o causal de casación correcto. Ello en aras de hacer efectivo el derecho a la tutela jurisdiccional y el principio iura novit curia, que obliga a una interpretación no formalista de los requisitos de todo recurso impugnativo. Es decir, permite recon­ ducir un motivo de casación.

31. En relación a la reconducción de un motivo casacional, conforme al auto de calificación N° 01-2007 (que fija criterio interpretativo), emitido por la Corte Suprema, de fecha 17 de mayo de 2007: a. La Corte Suprema invoca la teoría de la voluntad impugnativa, b. La Corte Suprema invoca el principio de intangibilidad de los hechos. 684

PRUEBA M

La Corte Suprema se refiere a la función nomofiláctica de la ca­ sación. d. Esta referido a la reconversión procesal o suplencia de queja deficiente.

c.

Respuesta: a

685

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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en su primer auto de ca­ lificación de casación, la N° 01-2007-Huaura, pese a que el recurrente invocó la errónea interpretación de la ley penal y el defecto de logicidad (numerales 3 y 4 del artículo 430 del CPP), la admitió por errónea inter­ pretación de la ley procesal (numeral 2 del artículo 430 del CPP), casual que no había sido invocada. En este particular caso, asumiendo la deno­ minada concepción de la “voluntad impugnativa”, el Tribunal de Casación admitió el recurso; textualmente señaló: “Que, no obstante ello, en función al carácter tasado de los motivos de casación es de precisar que el cauce procesal que corresponde al caso sub materia es el previsto por el articulo cuatrocientos veintinueve, inciso dos, del nuevo Código Procesal Penal, y, en consecuencia, sobre ese motivo debe incidir el examen casacional; que a estos efectos es de asumir la concepción de la denominada «voluntad im­ pugnativa», atento al contenido o fundamentación y a la pretensión hecha valer mediante el presente recurso -que, por lo demás, ha cumplido con las exigencias formales del apartado uno del articulo cuatrocientos treinta del código acotado-, que incide puntualmente en los alcances del cumpli­ miento de las normas procesales por el órgano jurisdiccional causantes de nulidad del auto de vista, por lo que, en aras de hacer efectivo el derecho a la tutela jurisdiccional, que obliga a una interpretación no formalista de los requisitos de todo recurso impugnatorio, cabe entender que el recurso en cuestión tiene como motivo especifico el previsto en el inciso dos del citado artículo cuatrocientos veintinueve del nuevo Código Procesal Penal”. GIMENO SENDRA, al referirse a la naturaleza de la voluntad impugna­ tiva sostiene que la naturaleza extraordinaria del recurso se mitiga con esta doctrina, pues el carácter tasado de los motivos ya no tiene la misma fuerza limitativa; señala asimismo, que un ejemplo de esa nueva orien­ tación se encuentra en la sentencia del Tribunal Supremo español N° 1397/98, de 11 de noviembre, que refiere: “Viene reconociéndose reite­ radamente por esta Sala 20 la posibilidad de ampliar el ámbito casacional si la voluntad impugnativa implícita en el recurso autoriza a examinar y enjuiciar cuestiones trascendentes que, aunque no se hayan señalado ex­ presamente, están inmersas en el contexto de los derecho fundamentales del art. 24 CE, entre los que el derecho a la tutela judicial efectiva y la

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necesidad de motivar las causas de la resolución adoptada, constituyen base insoslayable”. Igualmente, en España, el Tribunal Constitucional -STC 60/85 de 6 de mayo- reconoció expresamente que la casación penal cumple también la función de velar por el derecho a la tutela judicial efectiva en su más amplio contenido, y ha contribuido también a la necesaria implantación de una concepción menos formal y rigorista de la naturaleza del recurso de casación.

32.Sobre la procedencia del recurso de casación: a. Procede casación si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, en su caso por el Tribunal Constitucional. b. La casación únicamente procede contra sentencias definitivas, autos de sobreseimiento y autos que pongan fin a la instancia. c. Se interpone casación referido a la responsabilidad civil, cuando el monto fijado en la sentencia de primera y segunda instancia debe ser superior a 40 UIT. d. Se declara inadmisible el recurso de casación si el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de pri­ mera instancia, si ésta fuera confirmada por la resolución objeto de recurso.

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Respuesta: a La desvinculación o apartamiento de la doctrina jurisprudencial o pre­ cedente no es otra cosa que inaplicar lo dispuesto como criterio vin­ culante por la Corte Suprema. Siendo esto así, la pregunta a responder es: ¿cabe la posibilidad de desvincularse de la doctrina jurisprudencial vinculante y el pleno casatorio de la Corte Suprema? Previamente, consideramos que es importante hacer referencia a los paí­ ses en donde se tiene la tradición del precedente: Inglaterra y Estados, principalmente. En estos países, según la doctrina uniforme, cabe la po­ sibilidad de que los jueces puedan apartarse del precedente. En efec­ to, en Inglaterra, país donde surgió el precedente, a partir de 1966, la Cámara de los Lores determinó, mediante una famosa Declaración de Práctica, no encontrarse obligada por sus fallos. Así, el Lord Chancellor, en representación del House of Lords, sostuvo lo siguiente: “Sus seño­ rías reconocen que la adhesión rígida al precedente puede conducir a la injusticia en un caso particular y también puede restringir excesiva­ mente el desarrollo correcto del derecho. Se declara por consiguiente la 686

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modificación de la práctica vigente: en principio las decisiones de este tribunal deben considerarse vinculantes sin embargo cabe aceptarse de ellas cuando parezca correcto hacerlo”. Es preciso aclarar que el abandono de los precedentes, por parte de la Cámara de los Lores, no se dio recién luego de 1966, sino que, inclusive antes de la Practice Statement 0/1966, este órgano utilizaba distintas téc­ nicas que le permitían desvincularse de sus propios precedentes, de lo que se concluye que la vinculación horizontal nunca fue estricta. Es por ello que puede apreciarse que Jannin Engles haya juntado “no menos de 20 o 25 estrategias que los jueces ingleses utilizaron, para no verse vinculados por los precedentes”. Estas técnicas no eran utilizadas única­ mente por los jueces supremos, sino también por los de otras instancias. Es así que Harris “postula que la Cámara de los Lores debiera sentirse más libre para revocar sus ‘resoluciones erróneas’ pretéritas, incluso si no puede apelar a hechos distinguibles, cambios en la sociedad, altera­ ciones en los principios jurídicos pertinentes, per incuriam o aducir que el fallo anterior ha devenido impracticable”. Para ello, agrega este autor, el juez debiera tomar en cuenta al decidir si van a actuar de la forma antes indicada, pues “no debieran preferir la mantención de ‘preceden­ tes erróneos’ en los intereses de la certeza jurídica (los ‘valores del stare decisis") sino que debieran anularlos en aras de la justicia”. Por los argumentos expuestos es que actualmente se sostiene que los precedentes en el derecho inglés no son vinculantes en estricto, toda vez que permite que los jueces, sin importar el grado, puedan desvincularse del mismo, con la exigencia de argumentar razonablemente los motivos que lo llevaron a dicha decisión. Es decir, deben expresar tanto los fun­ damentos de hecho como derecho que lo persuadieron de apartarse del precedente, pues de no hacerlo estarían, sin más, incurriendo en una condenable arbitrariedad que afectaría gravemente el principio de igual­ dad y seguridad jurídica. En Estados Unidos el precedente funciona de modo muy similar, pues no es inexorablemente vinculante, dado que existe la posibilidad de que el juez pueda desvincularse del mismo. Lo afirmado se corrobora con lo apuntado por el juez Lurton, para quien “la regla del stare decisis, aun­ que provoca a la consistencia y uniformidad de la decisión, no es inflexi­ ble. Si ella debe ser seguida o abandonada es una cuestión enteramente librada a la discreción del tribunal llamado a considerar una cuestión ya decidida alguna vez”. En suma, queda claro que los jueces pueden desvincularse de toda de­ cisión considerada como vinculante, con la exigencia de que se motive

LEGALES EDICIONES

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

adecuadamente tal apartamiento. Y es saludable que así sea no solamen­ te por exigencias de la justicia del caso concreto, sino porque así lo de­ manda el principio de independencia jurisdiccional. Ahora bien, que así funcione en el sistema anglosajón determina que, automáticamente, ¿también deba permitirse la desvinculación en nues­ tro sistema jurídico, concretamente de la doctrina jurisprudencial vin­ culante? Consideramos que responder este interrogante no es sencillo; por el contrario, presenta dificultades. Primero, veamos si normativamente se permite la desvinculación de la doctrina jurisprudencial vinculante. Al respecto, de la revisión del ar­ tículo 433 del Código Procesal Penal queda evidenciado que no se ha regulado tal posibilidad. ¿Significa entonces que la opción legislativa ha sido que los jueces no puedan apartarse de la doctrina jurisprudencial vinculante? La ausencia de exposición de motivos dificulta sobremanera responder esta interrogante. Veamos: resulta indiscutible que ha sido una opción legislativa que se permita dictar doctrina jurisprudencial vinculante, porque podía haber ocurrido que el legislador optara por no regular tal posibilidad. Dicho de otro modo, si el legislador no la hubiera regulado, la Corte Suprema no tendría la facultad de establecer que algunas de sus resoluciones sean vinculantes. Si esto es así, en principio, también debería exigirse que exista autoriza­ ción legal para que los jueces de otras instancias puedan desvincularse de la doctrina jurisprudencial vinculante. En efecto, si se requiere auto­ rización legal para que la Corte Suprema dicte resoluciones que tengan dicho carácter, lo razonable es que la desvinculación de dichas decisio­ nes también esté expresamente regulada en la ley. No obstante, esta interpretación podría ser cuestionada, de un lado, bajo el argumento de que los jueces, por disposición de la Constitución, solo están sometidos a la ley y a la Constitución (art. 146.1); y, de otro lado, bajo el argumento de que un precedente -en este caso doctrina jurispru­ dencial vinculante- no tiene efectos vinculantes absolutos ni siquiera en aquellos países en los que la principal fuente del Derecho es el precedente. Ambos argumentos, desde luego, son atendibles y razonables, pero con­ sideramos que una posición así presentaría ciertos problemas que deben tenerse en consideración. Y es que si bien la Constitución establece que el juez está sometido únicamente a la Constitución y a la ley, ello no impide que existan precedentes que deban ser seguidos por los jueces, pues en­ tender lo contrario podría tener graves consecuencias para la seguridad jurídica, en tanto que permitiría que las decisiones de la Corte Suprema, 688

PRUEBA M

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LEGALES EDICIONES

que incluso tienen el carácter de vinculante, sean desatendidas, con lo que claramente se dejaría sin contenido a las funciones de la casación. En atención de lo expuesto, consideramos que no resulta recomendable adoptar una posición extrema ni para admitir la vinculatoriedad de la doctrina jurisprudencial ni para permitir su apartamiento. En efecto, se debe buscar que haya armonía entre la facultad de la Suprema de emitir decisiones vinculantes y la posibilidad de desvincularse por parte de los otros jueces. Por ello, nuestra posición es que la regla es que los jueces sigan la doctrina jurisprudencial vinculante y la excepción es que se per­ mita su desvinculación, siempre -y esto es importante no perderlo de vista- que haya motivos o razones fundados, que deben ser explicitados de manera precisa, que justifiquen ello. Lo manifestado compagina con lo que afirma el profesor Taruffo, esto es, que las resoluciones de la Corte Suprema constituyen precedente -aun­ que no es determinante- en atención a relación institucional de tipo je­ rárquico que existe entre este órgano y los otros. Añade que la autoridad científica del precedente, y no la autoridad que se deriva del principio de autoridad o del principio de jerarquía burocrática, es la que determina que una decisión constituya precedente. En consecuencia, siguiendo lo manifestado por el citado autor, la doctri­ na jurisprudencial de la Corte Suprema será vinculante en función de los argumentos que los sustenten y no solamente por provenir de la máxima autoridad jurisdiccional; es decir, la doctrina jurisprudencial debe ser se­ guido por todos los órganos jurisdiccionales cuando resuelven un caso sustancialmente similar no porque hayan sido emitidos por la Corte Su­ prema, sino porque los argumentos expuestos así lo determinan. En suma, la doctrina jurisprudencial vinculante sí debe permitir su des­ vinculación, pese a que legalmente no se haya establecido tal posibili­ dad, pues así lo determina la independencia judicial. Tal posibilidad, sin embargo, debe ser excepcional y debe cumplir con una motivación ade­ cuada, pues lo contrario significaría prácticamente que una vez que sea recurrida tal decisión sea revocada, en un primer momento, siguiendo la doctrina jurisprudencial vinculante, por la instancia superior; y si este no lo hiciere, pues la Corte Suprema lo más seguro es que lo haga. Y es que resultaría poco probable que la parte que ha sido perjudicada por la inapalicación de la doctrina no recurra en casación ante la Corte Supre­ ma. Entonces, para no generar una afectación a la economía procesal, a la seguridad jurídica, resulta imprescindible que el juez que se aparte de la decisión vinculante de la Corte Suprema lo haga excepcionalmente y con una adecuada motivación.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos an­ teriores al dictar sentencia en el Expediente N° 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resolu­ ciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una deter­ minada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben pro­ venir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”.

33 .Marque la alternativa correcta: a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

34 . Respecto a la justificación interna, marque la opción correcta:

a. Es una cuestión de lógica deductiva que se refiere a la validez de la inferencia a partir de unas premisas dadas, pero no a la justificación de las propias premisas. b. Debe ser completada, al menos en algunos casos, con la justifica­ ción externa que se refiere a la fundamentación de las premisas y que va más allá de la lógica deductiva. c. Se refiere a la elección y fundamentación de las premisas del silogismo judicial. d. Las opciones a) y b) son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA D - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ 690

PRUEBA M

35.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a. La argumentación jurídica se destina exclusivamente a la jus­ tificación (o explicación) de la atribución de consecuencias jurídicas a un hecho o situación (tratando de determinar qué dice el Derecho sobre ese hecho o sobre esa situación). b. La norma en sentido estricto es el significado del enunciado normativo (esto es, el resultado de la interpretación del enun­ ciado normativo). c. La interpretación es una tarea en la que existen fuertes dosis de discrecionalidad, por lo que supone siempre una elección arbitraria. d. En el Derecho una decisión deja de ser arbitraria cuando se apo­ ya en una razón, con independencia de la validez o corrección jurídica de esa razón.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ Gabriel Gomes, es sentenciado como autor del delito de negociación incompatible al advertirse que ante una situación de emergencia y exoneración de los procesos de selección a su cargo, consignó en las bases administrativas que los tractores materia de adquisición de­ bían ser entregados en el plazo de 02 días con sus respectivos acce­ sorios; sin embargo, suscribe el contrato 019-2011 del 09 de octubre de 2012 con la empresa UMBRAL S.A.; estableciendo en dicho contra­ to que los accesorios serían entregados progresivamente en el plazo máximo de 30 días de su suscripción, contraviniendo así las bases administrativas y las cotizaciones, irregularidades (defectos adminis­ trativos) que fueron posteriormente regularizadas.

36 .En relación a la conducta desplegada por Gabriel Gomes:

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LEGALES EDICIONES

a. La prueba de los elementos típicos del delito se puede despren­ der de los defectos administrativos, en sí misma, por lo que corresponde condenar al imputado. b. No deben existir elementos probatorios, fuera del procedimien­ to administrativo, que permitan comprobar el quebrantamiento de un deber administrativo para condenar al procesado. c. Si los elementos probatorios no son acreditados, entonces los defectos administrativos pueden adquirir un significado penal abstracto.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

d. Tratándose de defectos administrativos subsanables; corres­ ponde absolver de la acusación por el delito de negociación incompatible al procesado Gabriel Gomes.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 40 DELA PRUEBA L - CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

37 .EI alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Jazmines es inves­ tigado por el delito de abuso de autoridad por presuntamente ha­ ber realizado diversos actos arbitrarios en agravio de varios tra­ bajadores municipales. Durante la investigación preparatoria el fiscal decide requerir una medida coercitiva con fines de preven­ ción dada la reiteración delictiva. Sobre la posibilidad de requerir la suspensión preventiva de derechos, señalar la alternativa co­ rrecta: a. El fiscal puede solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo, por un plazo no mayor de la mitad de la mitad del tiempo pre­ visto para la pena de inhabilitación para el delito de abuso de autoridad. b. El fiscal podrá solicitar la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo no mayor de 4 meses. c. El fiscal no podrá solicitar la suspensión preventiva de derechos pues el imputado ostenta un cargo que proviene de elección po­ pular. d. El fiscal podrá solicitar la suspensión temporal del cargo previa autorización del Congreso de la República.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 38 .Para imponer una medida de suspensión preventiva de derechos, se requiere:

a. Graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor y partícipe del mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las específi­ cas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o comete­ rá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. 692

PRUEBA M

b. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. c. Graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor y partícipe del mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. d. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo y pe­ ligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, permita colegir razonablemente que tratará de elu­ dir la acción de la justicia o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 10 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

En atención al caso planteado, sobre la imputación a efectuar contra Juan. Señale la respuesta correcta: a. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento Ilícito, en calidad de autor, dado que en realidad ha incrementado su patrimonio sirviéndose de un testaferro. b. Su conducta no resulta punible, puesto que no ha incrementado su patrimonio, como exige el tipo penal, sino el patrimonio de su hermano. 693

LEGALES EDICIONES

39 .Juan, jefe de logística del Ministerio de Transportes y Comuni­ caciones, encargado de las licitaciones en dicha entidad, abu­ sando de su cargo incrementa ilícitamente el patrimonio de su hermano Armando, a nombre de quien figuran todos los bienes y el dinero; sin embargo, de facto ejerce el pleno dominio sobre dichos activos.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. Corresponde imputarle el delito de lavado de activos en cali­ dad de autor. d. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice de su hermano Armando.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 40 . En el mismo caso, ¿cuál sería la imputación contra Armado?

a. Responde como coautor del delito de enriquecimiento ilícito. b. Su conducta no resulta punible, dada la incomunicabilidad de circunstancias. c. Responde como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. d. Responde por un delito común, dado que no ostenta la calidad de funcionario público exigido por el tipo penal.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 12 DELA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

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PRUEBA N FISCAL PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO

1. El Tribunal Constitucional, en una importante sentencia (senten­ cia 1417-2005-AA/TC), ha señalado que la distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas puedan ser divididas entre “Normas regla” y “normas principios”. Sobre este último tipo de normas, las ha definido como: Marque la respuesta correcta a. Son mandatos concretos de carácter autoaplicativo. b. Son mandatos judicializables. c. Son mandatos de optimización, normas abiertas de eficacia dife­ rida, que requieren de la intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de judicialización. d. Son mandatos flexibles, que requieren de fuente jurispruden­ cial.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ 2. Marque la opción correcta:

El control de convencionalidad

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 695

LEGALES EDICIONES

a. Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho inter­ nacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, inclu­ yendo la jurisprudencia de este Tribunal. b. Es un método de interpretación para conocer el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos. c. Es una herramienta doctrinaria que se utiliza para complemen­ tar los ordenamientos jurídicos de los Estados. d. Es una técnica hermenéutica para mejorar la interpretación de los derechos humanos.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 5854-2005PA/TC, dijo: “El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Cons­ titucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurí­ dica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina con­ forme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. 3. Es decir, significó:

Marque la respuesta incorrecta: a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompati­ bilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la pri­ mera. d. Las resoluciones en materia electoral, dictadas en última ins­ tancia por el Jurado Nacional de Elecciones, son inatacables jurisdiccionalmente.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos an­ teriores al dictar sentencia en el Exp. 01908-2013-PNTC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi­ caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del or­ denamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. 4. Marque la alternativa correcta:

a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. 696

PRUEBA N

b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 0024-2003AI/TC, señalo:” [...] el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribu­ nal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homologa”. 5. Siendo este el concepto, señale cuando procede la aplicación del precedente vinculante:

a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes fácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando una de las partes solicita formalmente la aplicación del precedente vinculante que considera pertinente.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

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El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. N° 2579-2003HD/TC acogió por primera vez la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el estado de cosas inconstitucional.

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6. Cuáles fueron los efectos de acoger esa doctrina:

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a. Acumular todos los procesos seguidos entre las mismas partes. b. Extender los alcances de su sentencia a personas que no habían sido parte en el proceso. ____________________________________________________________ 697

a

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. Cualquier órgano jurisdiccional, en un proceso ordinario, de­ clarando un estado de cosas inconstitucionales, podía extender los efectos de una sentencia a quienes no habían sido parte en el proceso. d. A que toda sentencia dictada, cuyo criterio era contraria a ese pronunciamiento: era nula.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ El artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para declarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221° las causales para declarar la de anulabilidad del acto jurídico. Siendo diferentes sus efectos.

7. Marque la respuesta correcta: a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado. c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ [...] la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de rela­ ción a los particulares, bien se trate de daños producidos como con­ secuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, princi­ palmente contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional.

Siendo requisitos comunes a la responsabilidad: 8. Marque la respuesta incorrecta. a. Antijuricidad. b. Tipicidad. 698

PRUEBA N

c. Relación de causalidad. d. Factores de atribución.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA H- CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 9. La culpa es el fundamento del sistema subjetivo de responsabili­ dad civil, la ausencia de culpa, a quién corresponde probarla:

a. b. c. d.

A la víctima. Al juez. Al autor. Al tercero perjudicado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 24 DELA PRUEBA F- CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

10. ¿Qué tipo de competencia tiene el fiscal provincial de prevención del delito? a. b. c. d.

Objetiva y funcional. Objetiva y territorial. Territorial y funcional. Funcional y por conexión.

Respuesta: c

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LEGALES EDICIONES

Las Fiscalías Provinciales de Prevención del Delito tienen competencia territorial en el distrito fiscal donde hayan sido creadas. En los lugares donde no exista una Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, asu­ mirá competencia, según corresponda, la Fiscalía Provincial Penal de Turno, o en su defecto, la Fiscalía Provincial Mixta. Las Fiscalías Provinciales de Prevención del Delito tienen competencia para conocer acciones destinadas a prevenir el delito, sin que ello signi­ fique el inicio de diligencias preliminares, investigación preparatoria o de otra índole (notarial, administrativo, civil, laboral, etc.). Asimismo, conocerán las líneas de Acción del Programa de Preven­ ción Estratégica del Delito, las cuales también podrán ser ejecutadas, en aras del cumplimiento de las metas previstas, por otras fiscalías, determinadas por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores pre­

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

vio informe y aprobación del Fiscal Supremo encargado del referido Programa. La Coordinación Nacional del Programa de Prevención Estratégica del Delito corresponderá al Fiscal Supremo designado por el Despacho de la Fiscalía de la Nación, en tanto que en cada Distrito Fiscal la coordi­ nación estará a cargo del Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, quien para estos efectos contará con el apoyo de un equipo de fiscales designado previa comunicación y aprobación del Fiscal Supremo Coor­ dinador. 11.Indique el tiempo máximo del procedimiento preventivo

a. Sesenta (60) días calendario prorrogable por treinta (30) días más. b. Ciento veinte (120) días calendario prorrogable por sesenta (60) días más. c. Noventa (90) días calendario sin prórroga alguna. d. Noventa (90) días calendario prorrogable por treinta (30) días más.

Respuesta: d

LEGALES EDICIONES

El procedimiento preventivo tiene como finalidad el inicio de las ac­ ciones destinadas a evitar posibles conductas delictivas, exhortando y/o recomendando la observancia de la normativa vigente vinculada con las diferentes actividades económicas, sociales, culturales y otras. El plazo máximo del procedimiento preventivo es de noventa (90) días calen­ dario, pudiendo prolongarse de manera excepcional e improrrogable a treinta (30) días calendario más.

12 .¿Qué fiscalía es competente para dirimir los conflictos positivos o negativos de competencia producidos entre los fiscales provin­ ciales de prevención de delito? a. b. c. d.

Fiscalía Superior Penal de Turno. Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. Fiscalía Superior Mixto. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA L - CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ 700

PRUEBA N

13 .¿Qué actos emite el fiscal provincial de delito en vía de preven­ ción de delito?

a. b. c. d.

Requerimientos, exhortaciones o recomendaciones. Disposiciones, exhortaciones o recomendaciones. Providencias, disposiciones o requerimientos. Requerimientos, providencias o disposiciones.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 14 .¿En qué supuestos el fiscal provincial de prevención del delito dispondrá “No ha lugar” al inicio del procedimiento preventi­ vo?

a. Cuando se solicite el otorgamiento de garantías personales. b. Cuando no se trate de hechos sujetos al ejercicio de la acción penal y faltas. c. Cuando los hechos denunciados no se encuentren vinculados con un proceso judicial o administrativo en trámite, cualquiera fuere su naturaleza. d. Cuando se trate de hechos que presuntamente no constituyan delito sujetos al ejercicio de la acción penal pública.

Respuesta: a El Fiscal dispondrá “No ha lugar” al inicio del procedimiento preventivo en los siguientes supuestos: i. Cuando no considere que exista riesgo efectivo de la posible comi­ sión del delito o cuando los hechos revistan magnitud o repercusión social en materia de prevención del delito. 2. Cuando los hechos denunciados se encuentren vinculados con un proceso judicial o administrativo en trámite, cualquiera fuere su naturaleza. m 3. Cuando se trate de hechos que presuntamente constituyan delito sujetos al ejercicio de; la acción penal pública. q 4. Cuando se trate de hechos sujetos al ejercicio de la acción penal privada y faltas. w 5. Cuando se solicite el otorgamiento de garantías personales o posesorias. m __________________________________________________________________________________________

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

15.¿Cuál es el momento procesal para plantear la excepción de im­ procedencia de acción?

a. Durante las diligencias preliminares y la etapa intermedia. b. Después de formalizada la investigación preparatoria y la noti­ ficación de la acusación a los sujetos procesales. c. Antes de la formalización de la investigación preparatoria y en la etapa intermedia. d. Durante la investigación preparatoria y el juicio oral.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

Sobre la excepción de improcedencia de acción, son notas característi­ cas: i. El imputado, frente a la incoación del proceso puede deducir, como defensa técnica, las correspondientes excepciones, conforme está determinado en el artículo 6 del Código Procesal Penal. 2. La excepción constituye un instrumento procesal por el cual se denuncian circunstancias que impiden la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo, por lo que dejan imprejuzgada la cuestión -suponen una absolución de la instancia-. Son oposiciones propiamente procesales que plan­ tean la falta de presupuestos procesales o requisitos procesales del acto de imputación fiscal. Se trata, propiamente, de defensas procesales. 3. La excepción de improcedencia de acción tiene lugar “[...] cuan­ do el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente”. Incide, por tanto, en la carencia de objeto jurídico penal de la imputación, en que el hecho que integra la disposición fiscal o la acusación fiscal, de un lado, no constituye un injusto penal o, de otro lado, no cumple una condición objetiva de punibilidad o está presente una causa personal de exclusión de pena (excusa absolutoria). 4. Por otra parte, el examen de la categoría culpabilidad puede ser materia de un auto previo a la sentencia (en el caso de la inimputabilidad o de falta de capacidad de culpabilidad: corte de la secuela del procedimiento o declaración de inimputabilidad con la formación o no de un proceso de seguridad: artículos 74 y 75, apartado 2, del Código Procesal Penal) o de una sentencia (even­ tualmente la última, y los supuestos de error de prohibición y de inexigibilidad). 702

PRUEBA N

1 6.Indique ¿Cuál o cuáles son las etapas procesales en las que el fiscal puede solicitar el desalojo y ministración provisional en un delito de usurpación?

a. Durante las diligencias preliminares o en cualquier estado de la investigación preparatoria. b. En cualquier estado de la investigación preparatoria y al formu­ lar el requerimiento de acusación. c. En la formalización y continuación de la investigación prepara­ toria y el auto de enjuiciamiento. d. Durante las diligencias preliminares o en cualquier estado de la etapa intermedia.

Respuesta: a

17 . i) ¿En qué supuestos procede la suspensión preventiva de dere­ chos? ii) Señale dos clases, iii) su duración y iv) características.

a. i) Cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. ii) Suspensión del ejercicio de la patria potestad y suspensión indefinida para conducir cualquier tipo de vehículo, iii) Se extienden por el mismo tiempo de la pena de inhabilitación principal, iv) No es acumulable con la prisión preventiva. 703

LEGALES EDICIONES

La investigación preliminar se apertura con la información de la noti­ cia criminal y pretende vincular al presunto autor con el hecho punible, pues si se investiga que el hecho no constituye delito, no se ha individua­ lizado al presunto autor o los hechos han prescrito, se puede archivar el caso. Una de las principales características de las diligencias preliminares está determinado por la urgencia, dado el peligro que puede significar la demora en tal situación. Solo de presentarse una situación propicia se tratará de asegurar los elementos materiales de la comisión delictiva y a las personas involucradas en su comisión, conforme lo estable el art. 330 inciso 2 del Código Procesal Penal. Por tal razón, el fiscal tan pronto tome conocimiento de la comisión de un hecho punible, puede disponer las primeras diligencias preliminares, para recabar los elementos de convicción y además podrá constituirse al lugar de los hechos, con el personal y medios especializados y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos, e impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores, y que se altere la escena del crimen.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. i) Cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabi­ litación. ii) Suspensión temporal de un cargo que provenga de elección popular y prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, iii) Se extiende más de la mitad del tiempo pre­ visto para la inhabilitación, iv) Es acumulable con la detención domiciliaria. c. i) Cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva, ii) Suspensión temporal para ejercer actividades empresariales y suspensión temporal de un cargo que provenga de elección popular, iii) Se extiende por el mismo tiempo de la inhabilita­ ción accesoria, iv) No es acumulable con medidas cautelares personales. d. i) Cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilita­ ción. ii) Suspensión temporal de la patria potestad y prohibición de aproximarse al ofendido y a su familia, iii) No dura más de la mitad del tiempo previsto para la pena de inhabilitación, iv) Es acumulable con la comparecencia con restricciones.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d La institución de la suspensión preventiva de derechos no se encontraba regulada en el Código de Procedimientos Penales de 1940, siendo una institución incorporada en el Código Procesal Penal de 2004; sin embar­ go, recién en estos últimos años se han emitido resoluciones judiciales suspendiendo temporalmente en el ejercicio del cargo a funcionarios públicos. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004 (en ade­ lante “CPP”) se dieron modificaciones e innovaciones en el proceso pe­ nal, siendo una de las más resaltantes el otorgarle al Fiscal la conducción de toda la investigación. Ante ello, en el CPP se establecen diversos tipos de medidas de coerción que puede solicitar el Fiscal con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso -prisión preventiva-; asegurar el pago de la re­ paración civil -embargos-; asegurar la averiguación de la verdad -impe­ dimento de salida-; y, procurar la protección del imputado y de terceros ante una grave alteración o insuficiencia de las facultades mentales del primero -internación preventiva. De igual manera, suspender derechos temporalmente -suspensión preventiva de derechos- contra las personas investigadas. La suspensión preventiva de derechos se encuentra establecida en el Li­ bro Segundo denominado “La actividad procesal” del CPP, dentro de la 704

PRUEBA N

Sección III “Las Medidas de Coerción Procesal”, específicamente, en el Título VIL Si bien nuestro Código Procesal no da una definición de esta medida y procede inmediatamente a señalar sus requisitos, puede deducirse de su redacción que es una medida solicitada por el Fiscal y aprobada por el Juez, aplicable al imputado solo cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación (principal o accesoria) o cuando resulte ne­ cesario para evitar la reiteración delictiva. Además, de acuerdo a lo establecido por el artículo 297o del CPP, sola­ mente puede imponerse cuando i) existan suficientes elementos proba­ torios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo y ii) cuando exista peligro concreto que el im­ putado, en atención a las especificas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que se procede. Asimismo, los artículos 298o y 299o del CPP establecen las clases de me­ didas de suspensión preventiva de derechos, así como su duración, te­ mas que también se abordaran en los siguientes apartados. Los requisitos de la suspensión preventiva de derechos se encuentran previstos en el artículo 297o del CPP en los siguientes términos: “Artículo 297.- Requisitos El Juez, a pedido del Fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión pre­ ventiva de derechos previstas en este Título cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, sea esta principal o accesoria o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. Para imponer estas medidas se requiere: a. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vin­ cule al imputado como autor o partícipe del mismo. b. Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas mo­ dalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. Por un lado, respecto al primer requisito, debo precisar que la única parte procesal que puede solicitarlo es el Fiscal, siendo el Juez quien decidirá si acepta o no el requerimiento realizado por el representante del Ministerio Público. Ahora bien, uno de los supuestos para poder solicitar esta medida es cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, de___________________________________________________________________________________________ 705

K

> « § Q

j.

V

LEGALES EDICIONES

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

hiendo entender esta última como “la privación, suspensión o incapa­ citación de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penado. A través de esta pena se sanciona a quien ha infrac­ cionado un deber especial propio de su cargo, función, profesión, co­ mercio, industria o relación familiar; o a quién se ha prevalido de su posición de poder o de dominio para delinquir». Al respecto, la pena de inhabilitación es una pena limitativa de derechos (como también lo son la prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres) encontrándose prevista en el artículo 36o del Código Penal. Cabe agregar que la pena inhabilitación puede ser tanto principal o accesoria, según lo establece el artículo 37o del Código Penal. La inhabilitación cuando es principal “se impone de forma indepen­ diente sin sujeción a ninguna otra pena, esto es, de manera autónoma, aunque puede ser aplica conjuntamente con una pena privativa de liber­ tad o de multa». En cambio, la inhabilitación accesoria “no tiene existencia propia y úni­ camente se aplica acompañando a una pena principal, generalmente privativa de libertad, es, pues, complementaria y castiga una acción que constituye una violación de los deberes especiales que impone un cargo, profesión, oficio o derecho -se basa en la incompetencia y el abuso de la función». De otro lado, el segundo supuesto de aplicación está relacionado a una posibilidad de reiteración delictiva. En este caso, el representante del Ministerio Público tendrá que guiarse por cuestiones objetivas respecto a la gravedad del delito y las condiciones personales del imputado. Por otro lado, respecto al segundo requisito, podemos señalar lo siguiente: a. “Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo.” Este requisito se refiere a que el Fiscal en su requerimiento debe adjuntar los medios probatorios suficientes que vinculen al imputado como autor o participe del delito. En otras palabras, se exige “un alto grado de pro­ babilidad que el imputado haya cometido los hechos investigados y estén presentes todos los presupuestos de la punibilidad y perseguibilidad». b. “Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones persona­ les, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede”. Este supuesto hace referencia a peligro procesal que puede existir en un determinado caso. En este sentido, es importante señalar que “el peligro 706

PRUEBA N

procesal hace alusión al periculum in mora, que constituye un presu­ puesto de toda medida cautelar que hace referencia a los riesgos que se deben prevenir para evitar la frustración del proceso derivados de la du­ ración de su tramitación”. Asimismo, este peligro está representado por el peligro de fuga y por el peligro de obstaculización del proceso; siendo este último al que se hace referencia en el presente requisito. El Tribunal Constitucional, respecto al peligro de obstaculización del proceso, ha señalado que se “encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto del resultado del proceso, pudiendo ello manifestarse con la influencia directa del actor en la al­ teración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios, en la conducta de las partes o peritos del caso que incida en el juzgador a efectos de un equívoco resultado del proceso e incluso que de manera indirecta o externa el procesado en libertad pueda perturbar el resultado del proceso penal, aspectos de obstaculización del proceso que el juzga­ dor debe apreciar en cada caso en concreto, ya que de contar indicios fundados de su concurrencia deberá ser merecedor de una especial mo­ tivación que la justifique».

18 .Respecto al principio de concentración, marque la opción correcta:

a. El juicio oral debe desarrollarse en sesiones consecutivas hasta su conclusión, rige la regla de "unidad de acto". b. Se busca que la prueba practicada bajo inmediación se realice conjunta y sucesivamente en un tiempo razonable. c. La suspensión del juicio oral tiene un plazo máximo de 8 días hábiles. d. Todas son correctas.

Respuesta: d

19 .Respecto a la posibilidad de reemplazo de un juez en un órgano jurisdiccional colegiado, NO es correcto afirmar que:

a. La oportunidad procesal para efectuar el cambio debe ser hasta antes de que culmine la fase probatoria del juicio oral. b. Solo se permite un remplazo. c. Existe un catálogo abierto de circunstancias que permiten el re­ emplazo. 707

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

d. En caso se efectúen más reemplazos de los permitidos, se decla­ raría la interrupción del juicio oral por infracción del principio de inmediación

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 20 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 20.Son principios exclusivos del juicio oral:

a. b. c. d.

Oficialidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas. Contradicción, inmediación, publicidad y oralidad. Libre convicción, igualdad de armas, legalidad y contradicción, Oportunidad, contradicción, libre convicción y oficialidad

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 21 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 21 .Respecto al juicio oral, es correcto afirmar que:

LEGALES EDICIONES

a. El régimen de publicidad es absoluto, por lo que no cabe sesio­ nes reservadas. b. Es posible que se presente una conformidad parcial. c. El Juzgado (Colegiado o Unipersonal) solo puede fallar respec­ to al material probatorio actuado en su presencia sin ninguna excepción. d. La oportunidad procesal para que se plantee una acusación complementaria es hasta antes de que se cierre los debates del juicio oral.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ El Ministerio Público planteó en su acusación fiscal que José habría cometido el delito de actos contra el pudor en contra de Laura; no obstante, en el desarrollo del juicio oral, el órgano jurisdiccional indi­ có a las partes procesales la posibilidad de desvinculación de la acu­ sación fiscal, ya que se estaría ante una posible tentativa del delito de violación sexual. 708

PRUEBA N

22 .Respecto al caso planteado, marque la opción correcta:

a. Para que proceda la desvinculación procesal, ésta debió reali­ zarse después de los alegatos iniciales del Ministerio Público. b. No procede la desvinculación procesal planteada porque se in­ crementaría la pena a imponer a José. c. El órgano jurisdiccional con dicho proceder afecta el principio acusatorio. d. Ninguna es correcta.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

23 .Según la jurisprudencia casatoria de la Corte Suprema de Jus­ ticia, de qué forma un juez penal puede diferenciar entre los delitos de actos contra el pudor y la tentativa de una violación sexual: a. A partir del dolo del sujeto activo, el cual se determina a partir de las circunstancias del caso. b. A partir del sujeto activo y su culpabilidad, el cual se determina a partir de las circunstancias del caso. c. A partir del dolo del sujeto activo, el cual se determina a partir de una pericia psicológica. d. A partir del sujeto activo y su culpabilidad, el cual se determina a partir de una pericia psicológica.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

24 .En torno al iter criminisse puede decir que Juan: a. Es autor del delito de tala ilegal consumado formalmente. b. Es autor del delito de tala ilegal tentado. c. Realizó un acto preparatorio de conspiración del delito de tala ilegal. d. Llevó a cabo un delito de tala ilegal agotado. 709

LEGALES EDICIONES

Juan fue encontrado cortando un árbol perteneciente a una reserva natural que goza de protección ambiental.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 17 DE LA PRUEBA L - CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

Una mujer de nombre Carmen maneja en estado de ebriedad que supera los 0,5 gramos-litro de sangre y choca su vehículo con otro que se encontraba estacionado. Luego, la mujer al ser intervenida se resiste y procede a agredir al efectivo policial con dos cache­ tadas. 25 .¿Cómo tipificaría la conducta realizada por doña Carmen, consi­ derando lo dispuesto por el Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116?

a. Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena privativa de la libertad fluctúa entre los dos años ni mayor de cuatro años. b. Como delito de violencia contra la autoridad donde la pena solo puede ser no mayor de tres años y tiene como presupuesto la falta de lesiones dolosas. c. Como delito de violencia contra la autoridad agravado. d. Como delito de violencia contra la autoridad con la utilización de las atenuantes y agravantes del art. 46 del CP.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA I- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy concu­ rrida y poco alumbrada, de repente 1 varón se acerca a ella y le empieza a decir “ya perdiste”, “dame tu celular y tu cartera” frente a lo cual la mujer empieza a correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular y cartera, pero ella se resistía. Para que no se resista, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El asaltan­ te no consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba desmayada) abusó sexualmente de ella. Responda las siguientes preguntas:

26 .¿Qué delito se habría cometido? a. b. c. d. 710

Robo agravado con subsecuente muerte. Homicidio calificado. Feminicidio. Violación sexual de persona en incapacidad de resistir.

PRUEBA N

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 1 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

27 . En el caso mencionado, desde la fecha del acto delictivo pasaron más de 60 días sin que la policía ni el fiscal a cargo de la investi­ gación logré individualizar al presunto responsable, frente a ello, ¿qué debe realizar el fiscal? a. b. c. d.

Archivar el caso. Ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares. Disponer la formalización de la Investigación Preparatoria. Solicitar el sobreseimiento.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 2 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ Si bien Perú ha avanzado en su compromiso para combatir la vio­ lencia contra las mujeres, la CIDH observa con preocupación los re­ gistros oficiales que indican que en el 2021 se atendieron 140.833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que representa un incremento del 43% en comparación con 2020. Asi­ mismo, se tuvo noticias de que altos funcionarios del Estado califica­ ron las denuncias de violencia familiar contra funcionarios públicos como temas personales. Comentarios de tal naturaleza robustecen la noción equivocada de que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto privado cuya injerencia escapa de la competencia del Estado, y envían un mensaje social de tolerancia a la violencia. 28 .La Comisión recuerda al Gobierno peruano:

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 711

LEGALES EDICIONES

a. Que el Estado tiene la obligación de erradicar la cultura del machismo y patriarcalismo. b. Que el Estado debe llamar la atención a sus ministros. c. Que el Estado debe velar por la ciudadanía. d. Que el Estado peruano no debe discriminar a las mujeres.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

29 .El Tribunal Constitucional al expedir sentencia en el Exp. 093322006-PA/TC, desarrolló los principios relativos a la familia conteni­ dos en la Constitución de 1993, entre otros: a. b. c. d.

Principio de promoción del matrimonio. Principio de reconocimiento de las uniones de hecho. Principio de igualdad de los hijos frente a los padres. Todas son correctas.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia recaída en el Exp. N.° 01204-2017-PA/TC, publicada en su portal web el 03 de abril del 2019. En dicha sentencia se declaró fundada una deman­ da de amparo por haberse acreditado la vulneración de los derechos al trabajo, a la protección de la familia, al debido proceso, y a la igualdad ante la ley y no discriminación. Asimismo, el TC señaló que, sin que sea un numeras clausus, son tres las principales características de una familia ensamblada: “i) Comprende una pareja cuyos integrantes deciden voluntariamente fusionar sus proyectos de vida, y en la cual uno de ellos o ambos posee hijos de una relación previa. También comprende a parientes con lazos cercanos que voluntariamente deciden hacerse cargo de la atención, cui­ dado y desarrollo del niño o niña en forma habitual. (ii) Generalmente, se originan por razones de abandono, viudez, divor­ cio o separación de uniones de hecho. Este último, en base a la relación de equivalencia que existe en nuestro ordenamiento entre el matrimonio y la unión de hecho; tal como lo ha dispuesto el artículo 5 de la Consti­ tución y el artículo 326 del Código Civil (Cfr. STC 09708-2006-AA/TC). (iii) La nueva identidad familiar debe guardar algunas características para reconocerse como tal. Estas características pueden consistir en ‘ha­ bitar y compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y nocimiento’ (STC 09332-2006-PA/TC)”. Veamos los hechos: el marzo del 2010, Provias Nacional despidió a un trabajador (el demandante) por, entre otras cosas, haber declarado como su dependiente (para efectos de su afiliación en una EPS) a alguien que no era legalmente hija suya. No obstante, el trabajador alegó que se tra­ taba de la hija biológica del primer compromiso de su esposa, a quien él considera como su propia hija, pues forma parte de su estructura familiar. Sobre el particular, el TC refirió que ya anteriormente ha definido a las “familias ensambladas” como la estructura familiar originada en el ma712

PRUEBA N

trimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa. “De este modo, ha considerado que el hijastro forma esta nueva estructura familiar, siempre que esta relación guarde ciertas características, tales como las de habitar y compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento (Sentencia 09332-2006-PA/TC, funda­ mento 12)”, refirió el Colegiado. Por ello, el TC concluyó que el despido del accionante vulneró el dere­ cho constitucional a la protección de la familia porque, aunque la be­ neficiada no era hija biológica del trabajador, sí era parte de su familia pues esta era la hija de su esposa. Y, en estos casos, nos encontramos ante un supuesto de “familia ensamblada” constituida por el demandante, su hijo, su esposa y la hija biológica de la esposa (quienes comparten vida en común desde el matrimonio celebrado en 1995). En consecuencia, el Colegiado Constitucional declaró fundada la de­ manda de amparo y, en consecuencia, nulo el despido arbitrario. Asi­ mismo, ordenó al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provías Nacional que reponga al demandante como trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en otro de igual o similar categoría o nivel, en el plazo de dos días. A Carlos Paredes, Fiscal Adjunto Provincial, se le imputa haber soli­ citado una dádiva en dinero al abogado Luis Tinaco a fin de decidir sobre la procedencia del procedimiento de terminación anticipada respecto de su cliente Caín Ríos -delito de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado-, cuya carpeta fiscal estaba a su car­ go, concretándose la entrega de dinero pese a que era de compleja procedencia por la multiplicidad de imputados y el insuficiente alcan­ ce de la reducción de la pena-. En contraprestación a esa “ayuda” solicitó el pago de mil soles y que cuando concluya la audiencia le entregarían la diferencia.

30 .La conducta de Carlos Paredes se adecuaría al tipo penal de:

a. b. c. d.

Cohecho pasivo específico. Peculado de uso. Cohecho activo genérico. Colusión.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA M- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ 713

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

31 .Del requerimiento efectuado por Carlos Paredes, se puede afir­ mar que:

a. Se advierte una eximente de responsabilidad penal porque aún sin el requerimiento de dinero era posible viabilizar una termi­ nación anticipada. b. Se exigió dinero para viabilizar una respuesta positiva desde la fiscalía; tal exigencia patrimonial configura per se una conducta delictiva. c. La contraprestación aludida necesariamente tiene que materia­ lizarse para que el delito quede consumado. d. Se advierte un error de prohibición en la conducta de Carlos Paredes.

Respuesta: b

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También llamado soborno, es un delito de encuentro que consiste en solicitar, ofrecer o aceptar regalos o retribuciones a un funcionario pú­ blico para que haga una infracción administrativa en sus funciones. El provecho puede ser propio o para un tercero. Se le llama delito de encuentro porque se necesita mínimo dos personas para que se cometa: Un funcionario público. ■S Un tercero que requiere de sus servicios. Quien cometa el cohecho, es decir corrompa, será el sujeto activo, mien­ tras quien acepta el cohecho (corrupto) será el sujeto pasivo. Un sábado por la tarde Yango de 49 años le dice a Raulito de 17 años de edad -su vecino que lo acompañe a un prostíbulo. Raulito teme­ roso muestra su rechazo a la propuesta de Yango diciéndole que no tiene DNI. Ante ello Yango lo convence explicándole que en dicho lu­ gar van a presentar un espectáculo para adultos e indicándole ade­ más que no hay necesidad de presentar DNI porque conoce a los dueños del prostíbulo. Es así que el menor accede a la invitación de Yango y al llegar al prostíbulo ingresan conforme se había planifica­ do ya que el vigilante del prostíbulo permitió el ingreso a Yango y el menor de edad.

32 .En el caso planteado, ¿cuál es la calificación jurídico penal que corresponde a Yango? a.

714

Su conducta es atípica porque ha desarrollado un comporta­ miento socialmente adecuado.

PRUEBA N

b. Su conducta no es relevante jurídicamente, pero si es reprocha­ ble moralmente. c. Yango ha cometido el delito de exhibiciones y publicaciones obscenas tipificado en el artículo 183° inciso 2 del Código Penal. d. Yango ha cometido el delito de seducción contra el menor de edad.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA M- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

33 .En el caso planteado ¿cuál es la calificación jurídico penal que corresponde al vigilante del prostíbulo? a. El vigilante no responde penalmente porque tiene un compor­ tamiento adecuado a la función que desempeña, como vigilante de un prostíbulo. b. El vigilante ha cometido el delito de exhibiciones y publicacio­ nes obscenas tipificado en el artículo 183 inciso 3 del código penal. c. Su conducta no es relevante jurídicamente, pero si es reprocha­ ble moralmente. d. El vigilante ha cometido el delito de proposiciones sexuales ti­ pificado en el artículo 1838 del Código Penal.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 4 DELA PRUEBA M- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ 34 .Marque la opción correcta.

En la Teoría General del Derecho, los criterios para resolver anti­ nomias son: a. b. c. d.

Jerárquico, cronológico, de especialidad y de competencia. Jerárquico, cronológico, consecuente y a distancia. Superioridad, intermedio, determinado y cronológico. Profundo, de especialidad, interpretativo y cronológico.

K O > ü Q

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 715

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

35 .Las “opiniones consultivas” son decisiones que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de sus funcio­ nes y competencias. Seleccione la respuesta incorrecta: a. Forma parte de la función consultiva de la Corte. b. El alcance de las opiniones consultivas solo puede ser sobre i) la compatibilidad de las normas internas con la Convención; y ii) la interpretación de la Convención o de otros tratados concer­ nientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. c. Su cumplimento e implementación es facultativo por parte de los Estado parte. d. Las puede formular sólo los Estados miembros de la OEA o los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

36 .Cuál es la relación de jerarquía que existe entre la interpretación que desarrolla el Tribunal Constitucional con las de la Corte Interamericana de DDHH a. b. c. d.

Los criterios de la Corte Interamericana de DDHH prevalecen. Los criterios del Tribunal Constitucional prevalecen. La jerarquía está sujeta a un criterio de relación de integración. Las respuestas a y c.

Respuesta: c

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VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ El Ministerio Público recibe una denuncia en la que se le pone en conocimiento que los principales funcionarios de una entidad públi­ ca Uefe de administración, jefe de logística y tesorero) exigen a los partícipes de los procesos de selección el pago de sumas de dinero a fin de obtener la buena pro. Para facilitar ello, dichos funcionarios, de acuerdo a las funciones que desempeñan en la entidad, de forma concertada se encargan de redactar las bases del proceso de selec­ ción incorporando condiciones que solo cumplen las empresas con las que tienen los acuerdos colusorios para otorgarles la buena pro; estos funcionarios participan como miembros del Comité Especial 716

PRUEBA N

aprobando las ampliaciones de plazo y valorizaciones en perjuicio de la entidad, siendo el jefe de logística quien acuerda con los parti­ culares y asigna los roles que asumirán los demás funcionarios. Esta actividad ilícita la vienen desarrollando a lo largo de los dos últimos ejercicios anuales de la entidad, habiéndose evidenciado su partici­ pación en 15 procesos de selección.

El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. A efectos de hacer eficiente su investigación y evidenciar los hechos investi­ gados decide crear una persona jurídica a fin de que participe en los procesos de selección a convocar por la entidad pública antes citada, designando como accionista y representante de la misma a una per­ sona encubierta. 37.Respecto al caso planteado, sobre la imputación por el delito de organización criminal, señale la respuesta correcta:

a. La conducta resulta atípica, en tanto no es posible la existencia de una asociación ilícita al interior de una entidad pública. b. La conducta es atípica, en tanto los funcionarios solo habrían cometido una clase de delito (colusión). c. La conducta resulta atípica, en tanto las conductas desplegadas por los funcionarios son parte de sus funciones. d. La conducta resulta típica, en tanto existe una pluralidad de personas, distribución de roles, actuación concertada, vocación de permanencia y estructura interna.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ Gabriel Gomes, es sentenciado como autor del delito de negocia­ ción incompatible al advertirse que ante una situación de emer­ gencia y exoneración de los procesos de selección a su cargo, consignó en las bases administrativas que los tractores materia de adquisición debían ser entregados en el plazo de 02 días con sus respectivos accesorios; sin embargo, suscribe el contrato 0192011 del 09 de octubre de 2012 con la empresa UMBRAL S.A.; estableciendo en dicho contrato que los accesorios serían entregados progresivamente en el plazo máximo de 30 días de su suscripción, contraviniendo así las bases administrativas y las cotizaciones, irregularidades (defectos administrativos) que fueron posteriormente regularizadas.

S > « » 2 g % x v

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

38. En relación a la conducta desplegada por Gabriel Gomes.

a. La prueba de los elementos típicos del delito se puede despren­ der de los defectos administrativos, en sí misma, por lo que corresponde condenar al imputado. b. No deben existir elementos probatorios, fuera del procedimien­ to administrativo, que permitan comprobar el quebrantamiento de un deber administrativo para condenar al procesado. c. Si los elementos probatorios no son acreditados, entonces los defec­ tos administrativos pueden adquirir un significado penal abstracto. d. Tratándose de defectos administrativos subsanables; corres­ ponde absolver de la acusación por el delito de negociación incompatible al procesado Gabriel Gomes.

Respuesta: d VER PREGUNTAN0 40 DE LA PRUEBA L-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

Expediente 2970-2019-PHC/TC. Madre de Dios- Doña Marcelina Ru­ das Valer y doña Jhojana Rudas Guedes, interpusieron demanda de habeas corpus a favor de esta última y la dirigieron contra el jefe del Registro Nacional de Identificación y Servicio Civil (RENIEC) a fin de que a Jhojana se le emita el documento Nacional de Identidad (DNI) con ese nombre, esto es anteponiendo el apellido materno al pater­ no. Se alega vulneración del derecho a la identidad. El Tribunal Constitucional al expedir sentencia por mayoría señaló: 39. Marque la respuesta incorrecta:

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a. b. c. d.

El nombre provee de información base para la emisión del DNI. El nombre es imprescriptible. El nombre es comercial. El nombre hace posible el ejercicio de derechos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 21 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ En la misma sentencia señaló el Artículo 18° de la Convención Ameri­ cana de Derechos Humanos preceptúa, “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a ios apellidos de sus padres o a! de uno de ellos. La ley reglamentara la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombre supuestos, si fuera necesario" 718

PRUEBA N

40. Marca la respuesta correcta:

a. La Convención Americana de Derechos Humanos, forma parte del derecho nacional. b. La Convención Americana de Derechos Humanos es un Título del Código del Niño y del Adolescente. c. La Convención Americana de Derechos Humanos solo desarro­ lla conceptos útiles para la aplicación del derecho. d. La Convención Americana de Derechos Humanos no vincula a los jueces peruanos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA I- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

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PRUEBA O

I

FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el EXP. 01849-2017PA/TC, señaló: “6. La doctrina, por su parte, ha señalado que la realidad social cam­ biante ha ¡do modificando la composición de la familia generando diferentes tipos. Así, diversos autores han señalado que “La caída de las nupcialidad y el ascenso de la tasa de divorcios ha causado una eclosión de nuevas formas de familia, tales como: familias uniperso­ nales (de solteros, divorciados o viudos); monoparentales o matrifocales (madres sin pareja con hijos a su cargo, sean solteras o sepa­ radas); reconstituidas (parejas de segundas o ulteriores nupcias, a cargos de hijos procedentes de uniones anteriores); familias de co­ habitantes, uniones informales de parejas sin legalizar, tengan o no hijos a su cargo, etc. ” Se considera familia reconstituida, a aquellas que: 1. Marque la respuesta incorrecta:

a. En las cuales uno o ambos de sus integrantes tienen hijos prove­ nientes de una relación previa, generándose un parentesco por afinidad b. En las cuales no se requiere que habiten y compartan vida con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. c. Las relaciones familiares se desarrollan en un ámbito de afecti­ vidad. d. La familia ensamblada es merecedora de tutela constitucio­ nal.

3 Respuesta: b VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

Doña Marcelina Rudas Valer y doña Jhojana Rudas Guedes, interpusieron demanda de habeas corpus a favor de esta última y la dirigieron contra el jefe del Registro Nacional de Identificación y Servicio Civil (RENIEC) a fin de que a Jhojana se le emita el documento Nacional de Identidad (DNI) con ese nombre, esto es anteponiendo el apellido materno al paterno. Se alega vulneración del derecho a la identidad. 721

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K

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2. El Tribunal Constitucional al expedir sentencia por mayoría seña­ lo (marque la respuesta incorrecta): a. b. c. d.

El nombre provee de información base para la emisión del DNI. El nombre es imprescriptible. El nombre es comercial. El nombre hace posible el ejercicio de derechos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 21 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 3. En la misma sentencia señaló el Artículo 18° de la Convención Americana de Derechos Humanos preceptúa, “Toda persona tie­ ne derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentara la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombre supuestos, si fuera nece­ sario”. Marca la respuesta correcta:

a. La Convención Americana de Derechos Humanos, forma parte del derecho nacional. b. La Convención Americana de Derechos Humanos es un Título del Código del Niño y del Adolescente. c. La Convención Americana de Derechos Humanos solo desarro­ lla conceptos útiles para la aplicación del derecho. d. La Convención Americana de Derechos Humanos no vincula a los jueces peruanos.

Respuesta: a

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VER PREGUNTA N° 22 DELA PRUEBA I- CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

4. Señala el artículo 20° del Código Civil: “Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre” de acuerdo a lo que por mayoría resolvió el Tribunal Constitucional en la sentencia ya citada, en la composición de los apellidos debe observarse, marque la respuesta correcta: a. b. c. d. 722

La normatividad vigente. Los padres pueden determinar el orden de los apellidos La costumbre. El registrador puede determinar el orden de los apellidos.

PRUEBA O

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 5. El derecho a no ser discriminado por razón de sexo, como señaló el Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Expediente N° 5652-2007-AA incluye dos mandatos. Marque la respuesta incorrecta:

a. La prohibición de discriminación directa. b. La obligación de exigir un trato jurídico indiferenciado para hombres y mujeres como regía general. c. La prohibición de discriminación indirecta. d. La aceptación de tratamientos jurídicos formalmente neutros, de los cuales se deriven consecuencias con impacto diferencia­ do sobre los miembros de uno u otro sexo.

Respuesta: d VER PREGUNTAN0 20 DE LA PRUEBA 1-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ El Tribunal Constitucional al expedir sentencia en el Exp. 09332-2006PA/TC, desarrollo los principios relativos a la familia contenidos en la Constitución de 1993, entre otros. 6. Marque la respuesta correcta:

a. b. c. d.

Principio de promoción del matrimonio. Principio de reconocimiento de las uniones de hecho. Principio de igualdad de los hijos frente a los padres. Todas son correctas.

VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA N - CONVOCATORIA 102021-SN/JNJ

El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en falos ante­ riores al dictar sentencia en el EXP. 01908-2013-PNTC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi­ caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. _________________________________________________________ 723

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Respuesta: d

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Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del or­ denamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”.

7.

Marque la alternativa correcta:

a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 8. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 0024-2003AI/TC, señalo:” [...] el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla ge­ neral; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homologa”.

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Siendo este el concepto, señale cuando procede la aplicación del precedente vinculante:

a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando una de las partes solicita formalmente la aplicación del precedente vinculante que considera pertinente.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 724

PRUEBA O

Sobre el derecho a la protección a las familias y especialmente en el caso de las familias ensambladas.

9. Marque la respuesta incorrecta: a. El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos esta­ blece en su artículo 23 que la "familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad" por lo que debe ser protegida de las posibles inherencias del Estado y la sociedad. b. Es importante señalar que inicialmente la familia ha sido enten­ dida como la formada por vínculos familiares que encuentran origen en el matrimonio, la filiación y en el parentesco. c. Este Tribunal ha definido a las familias ensambladas como "la estructura familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus inte­ grantes tienen hijos provenientes de una relación previa. d. El hecho de que un padre o madre a fin este brindando la asis­ tencia a la que se refiere el párrafo precedente, en mérito a la nueva unidad familiar, el padre o la madre biológica quedan liberados de sus responsabilidades.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA K-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ

10. Marque la respuesta correcta: a. De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, san­ cionar y erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belem do Para debe entenderse por violencia contra la mujer 725

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, 38 279, señaló: Este Tribunal considera necesario aclarar que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva nece­ sariamente una violación de ¡as disposiciones de la Convención de Belem do Pará. Aunque las periodistas mujeres hayan sido agredidas en los hechos de este caso, en todas las situaciones lo fueron junto a sus compañeros hombres. Los representantes no demostraron en qué sentido las agresiones fueron “especialmente dirigidlas] contra las mujeres”, ni explicaron las razones por las cuales las mujeres se con­ virtieron en un mayor blanco de ataque “por su condición [de mujer]”.

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cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mu­ jer, tanto en el ámbito público como en el privado. b. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos ci­ viles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instru­ mentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. c. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: • El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discrimi­ nación, y • El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas so­ ciales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. d. Todas son correctas.

Respuesta: d

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Ríos y otros Vs. Venezuela ha señalado: “I. Derechos a la integridad personal y la libertad de pensamiento y expresión en relación con la obligación de respetar derechos 105. La libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés pú­ blico, “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. No sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población. (...) Cualquier condición, restricción o sanción en esta materia deben ser proporcionadas al fin legítimo que se persigue. (...) 106. Con todo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y pue­ de estar sujeta a restricciones (...), el Estado debe minimizar las restric­ ciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible, la par­ ticipación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. (...) 107. El ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa 726

PRUEBA O

libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o admi­ nistrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares (...). 108. En el presente caso, la Corte observa que la mayoría de hechos ale­ gados en la demanda como violatorios de los artículos 5 y 13 habrían sido cometidos por particulares, en perjuicio de periodistas y miembros de los equipos reporteriles, así como de los bienes y sede del canal RCTV. 109. La Corte ha señalado que la responsabilidad internacional del Es­ tado puede generarse por actos violatorios cometidos por terceros, que en principio no le serían atribuibles. Esto ocurre si el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes que se encuentren en posición de garantes de derechos humanos, las obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. 110. (...). El carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto de particulares. Debe atenderse a las circunstancias par­ ticulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato. 1. 1. Contexto de los hechos y discursos de funcionarios públicos 212. Los medios de comunicación y los comunicadores sociales ejercen una función que tiene per se una naturaleza pública. Es evidente la parti­ cular exposición a la crítica a la que voluntariamente se someten quienes deciden mostrar a la audiencia pública su trabajo. (...) 213. Por ello, es evidente que en el marco del debate público en Vene­ zuela el tema de cómo los medios de comunicación ejercen su trabajo es un tema de discusión pública y por ello, las críticas y calificaciones realizadas en este marco por funcionarios o por particulares deben ser toleradas en cuanto no conduzcan directamente a la violencia. (...) 118 (...) [L]a atribución de responsabilidad internacional a un Estado por actos de agentes estatales o de particulares deberá determinarse atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada caso, así como a los correlativos deberes especiales aplicables al mismo. (...) 119. En cuanto a los términos en que los actos u omisiones de altos funcionarios pueden ser atribuibles al Estado, cabe decir, en términos generales, que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado (...). Es decir, la responsabilidad internacional se ge__________________________________________________________________________________________ 727

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ñera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido a cualquier poder u órgano de aquél, independientemente de su jerarquía. 129. Del análisis de los hechos alegados, la Corte observa que fueron co­ metidos por particulares y la mayoría ocurrieron durante el ejercicio de labores periodísticas de las presuntas víctimas, quienes relataron cómo habían sido afectadas en su vida profesional y personal. (...) 265. Teniendo en cuenta lo anterior, el examen de atribución de respon­ sabilidad del Estado debe limitarse a actos cometidos por particulares en términos generales. (...) 137. En relación con lo anterior, la Corte ha sostenido reiteradamente que la obligación de los Estados Parte de garantizar los derechos reco­ nocidos en la Convención implica su deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean ca­ paces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (...). 138. En este caso, los referidos funcionarios públicos hicieron uso, en ejercicio de su investidura, de los medios que el Estado les proporcio­ naba para emitir sus declaraciones y discursos, y es por ello que tienen carácter oficial. (...) Sin embargo, no está acreditado que tales discursos demuestren o revelen, por sí mismos, la existencia de una política de Es­ tado. Además, habiendo establecido el objeto del presente caso tampoco han sido aportados suficientes elementos probatorios que demuestren actos u omisiones de otros órganos o estructuras estatales, a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, que correspondieren a una política de Estado, en los términos alegados. 139. En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en oca­ siones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse so­ bre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están someti­ dos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamen­ tan sus opiniones (...) en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas inte­ resadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. (...) Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en si­ tuaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un mo­ mento dado. 728

PRUEBA O

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144. La Corte considera que no se desprende del contenido de los refe­ ridos discursos o declaraciones que se haya autorizado, instigado, ins­ truido u ordenado, o de algún modo promovido, actos de agresión o violencia contra las presuntas víctimas, por parte de órganos estatales, funcionarios públicos o grupos de personas o individuos específicos. (...) 145. Sin embargo, el hecho de que en diversos discursos oficiales de altos funcionarios estatales se relacionara a RCTV, en particular a sus dueños y directivos, con planes de desestabilización política, actividades terro­ ristas o con el golpe de Estado de 2002, colocó a quienes trabajaban para este medio particular de comunicación en una posición de mayor vulnerabilidad relativa frente al Estado y determinados sectores de la sociedad. 147. No ha sido demostrado que los particulares involucrados en actos de agresión contra las presuntas víctimas hubiesen reivindicado o pro­ clamado, de algún modo, contar con apoyo oficial o instrucciones de algún órgano o funcionario estatal para cometerlos, aún en los casos en que utilizaban determinados signos externos (vestimenta o indumenta­ ria alusiva al gobierno). (...) 148. No obstante, (...) es posible considerar que dichos pronunciamien­ tos de altos funcionarios públicos crearon, o al menos contribuyeron a acentuar o exacerbar, situaciones de hostilidad, intolerancia o animad­ versión por parte de sectores de la población hacia las personas vincula­ das con ese medio de comunicación. (...) 149. La Corte considera que, en la situación de vulnerabilidad real en que se encontraron las presuntas víctimas para realizar su labor perio­ dística, conocida por las autoridades estatales, algunos contenidos de los referidos pronunciamientos son incompatibles con la obligación estatal de garantizar los derechos de esas personas a la integridad personal y a la libertad de buscar, recibir y difundir información de esas personas, al haber podido resultar intimidatorios para quienes se hallaban vincula­ dos con ese medio de comunicación y constituir faltas al deber de preve­ nir situaciones violatorias o de riesgo para los derechos de las personas. 1.2. Integridad psíquica y moral de las presuntas víctimas 271. La Corte (...) encuentra, en primer lugar, que no se encuentra res­ paldado por suficiente información sobre el estado de salud físico y psí­ quico de las presuntas víctimas. (...), no se hizo referencia concreta a los hechos del caso que específicamente habrían afectado la salud de las presuntas víctimas, e incluso se hacen constantes referencias a hechos que no corresponden a este caso. (...)

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272. No obstante lo anterior, es claro para el Tribunal que las presuntas víctimas fueron objeto de amedrentamientos y obstaculizaciones, y en algunos casos de agresiones, amenazas y hostigamientos, en el ejercicio de su labor periodística en los hechos probados. (...) 273. En atención a las afectaciones en la vida personal y profesional que las presuntas víctimas han declarado haber sufrido como consecuencia de los hechos probados, y tomando en cuenta los contextos en que ocurrieron, la Corte considera que han sido aportados suficientes elementos probatorios para concluir que el Estado es responsable por la violación de su obliga­ ción de garantizar el derecho a la integridad psíquica y moral de Carlos Colmenares, Pedro Antonio Nikken García, Javier García Flores, Isnardo José Bravo, David José Pérez Hansen, Erika Paz, Luisiana Ríos Paiva, Ar­ mando Amaya, Isabel Cristina Mavarez Marín y Antonio José Monroy 1.3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 278. La Corte observa que los representantes se basan principalmente en un criterio cuantitativo para alegar que los hechos de agresión se produ­ jeron “en razón del sexo” de las presuntas víctimas. (...) 279. Este Tribunal considera necesario aclarar que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva ne­ cesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará. Aunque las periodistas mujeres hayan sido agredidas en los hechos de este caso, en todas las situaciones lo fueron junto a sus compañeros hombres. (...) 280. Asimismo, la Corte considera que los representantes no especifi­ caron las razones y el modo en que el Estado incurrió en una conducta “dirigida o planificada” hacia las presuntas víctimas mujeres, ni explica­ ron en qué medida los hechos probados en que aquéllas fueron afectadas “resultaron agravados por su condición de mujer”. Los representantes tampoco especificaron cuales hechos y en qué forma representan agre­ siones que “afectaron a las mujeres de manera diferente [o] en mayor proporción”. Tampoco (...) En definitiva, la Corte considera que no co­ rresponde analizar los hechos del presente caso bajo las referidas dispo­ siciones de la Convención de Belém do Pará. 1.4. Investigaciones de los hechos 281. La Corte se referirá a un argumento expuesto por la Comisión y los representantes para atribuir responsabilidad al Estado por hechos de terceros, relacionado con que aquél no ha investigado efectivamente los hechos ni determinado, enjuiciado y sancionado a los responsables. 730

PRUEBA O

282. La obligación general de garantizar los derechos humanos recono­ cidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. (...) 284. La obligación de investigar “no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que haga refe­ rencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas”. (...) Para demostrar que es adecuado determinado recurso, como puede ser una investigación penal, será preciso verificar que es idóneo para proteger la situación jurídica que se supone infringida. 285. En cuanto a la libertad de expresión, la idoneidad de la vía penal como recurso adecuado y efectivo para garantizarla dependerá del acto u omisión violatorio de ese derecho. Si la libertad de expresión de una persona se ha visto afectada por un acto que a su vez ha vulnerado otros derechos, como la libertad personal, la integridad personal o la vida, la investigación penal puede constituir un recurso adecuado para amparar tal situación. Bajo otros supuestos, es posible que la vía penal no sea el medio necesario para garantizar la protección debida a la libertad de expresión. (...) 331. La Corte observa que en la mayoría de las investigaciones iniciadas se evidencia una inactividad procesal injustificada; y que en algunas investi­ gaciones no se han llevado a cabo todas las diligencias necesarias para la comprobación de la materialidad de los hechos .Por ello, este Tribunal en­ cuentra que en estos casos el conjunto de las investigaciones no constituyó un medio efectivo para garantizar los derechos a la integridad personal y a buscar, recibir y difundir información de las presuntas víctimas. 333. Así, el conjunto de hechos probados que afectaron a las presuntas víctimas ocurrieron cuando intentaban ejercer sus labores periodísticas. En la mayor parte de los hechos que fueron probados (...), las presuntas víctimas vieron limitadas, restringidas o anuladas sus posibilidades de buscar y recibir información, en tanto equipos periodísticos, por accio­ nes de individuos particulares que los agredieron, intimidaron o ame­ nazaron. Asimismo, es claro para el Tribunal el efecto intimidatorio o amedrentador que esos hechos, así como otros dirigidos contra el canal RCTV, como los ataques a la sede de éste pudieron generar en las per­ sonas que estaban presentes y trabajaban en esos momentos en dicho medio de comunicación. 334. De tal manera, la Corte considera que el conjunto de hechos pro­ bados conformaron formas de obstrucción, obstaculización y amedren-

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tamiento para el ejercicio de las labores periodísticas de las presuntas víctimas, expresadas en ataques o puesta en riesgo de su integridad per­ sonal, que en los contextos de los referidos pronunciamientos de altos funcionarios públicos y de omisión de las autoridades estatales en su deber de debida diligencia en las investigaciones, constituyeron faltas a las obligaciones estatales de prevenir e investigar los hechos. Por ello, el Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información y el derecho a la integridad personal, re­ conocidos en los artículos 13.1 y 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Antonio José Monroy, Armando Amaya, Carlos Colmena­ res, David José Pérez Hansen, Erika Paz, Isabel Cristina Mavarez, Isnardo José Bravo, Javier García Flores, Luisiana Ríos Paiva y Pedro Antonio Nikken García. Además, el Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención de ga­ rantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información reconocido en el artículo 13.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Anahís del Carmen Cruz Finol, Argenis Uribe, Herbigio Antonio Henríquez Guevara, Laura Cecilia Castellanos Amarista, Luis Augusto Contreras Alvarado, Noé Pernía, Samuel Sotomayor, Wilmer Marcano y Winston Francisco Gutiérrez Bastardo. II. Artículos 13.1 y 13.3 (Libertad de Pensamiento y Expresión) y 24 (Igualdad ante la Ley) en relación con el artículo 1.1 de la Convención 2.1. Pronunciamientos de funcionarios públicos relativos a la conce­ sión con que operaba el canal RCT V 340. El artículo 13.3 de la Convención Americana dispone que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usa­ dos en la difusión de información o por cualesquiera otros medios enca­ minados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (...). Además, el artículo 13.3 de la Convención impone al Estado obli­ gaciones de garantía, aún en el ámbito de las relaciones entre particula­ res, pues no sólo abarca restricciones gubernamentales indirectas, sino también ‘controles... particulares” que produzcan el mismo resultado. Para que se configure una violación al artículo 13.3 de la Convención es necesario que la vía o el medio restrinjan efectivamente, aunque sea en forma indirecta, la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 341. Las declaraciones señaladas, examinadas en el contexto en que se produjeron, contienen opiniones sobre la supuesta actuación o participa­ 732

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ción de RCTV, o de personas vinculadas a éste, en eventos desarrollados bajo circunstancias de alta polarización política y conflictividad social en Venezuela, lo cual se halla fuera del objeto del presente caso (...) En el contexto de vulnerabilidad enfrentado por las presuntas víctimas cier­ tas expresiones contenidas en las declaraciones sub examine pudieron ser percibidas como amenazas y provocar un efecto amedrentador, e incluso autocensura, en las presuntas víctimas, por su relación con el medio de comunicación aludido. Sin embargo, el Tribunal considera que, en consi­ deración de los criterios señalados en el párrafo anterior, esos otros efec­ tos de tales pronunciamientos ya fueron analizados supra, bajo el artículo 1.1 de la Convención, en relación con el artículo 13.1 de la misma. 2.2. Impedimentos de acceso a fuentes oficiales de información o ins­ talaciones estatales 346. A fin de evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder público, las restricciones en esta materia deben hallarse previamente establecidas en leyes subordinadas al interés general, y aplicarse con el propósito para el cual han sido establecidas. Con respecto a las acreditaciones o autoriza­ ciones a los medios de prensa para la participación en eventos oficiales, que implican una posible restricción al ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, debe demostrarse que su aplicación es legal, persigue un objetivo legítimo y es necesaria y proporcional en relación con el objetivo que pretende en una sociedad democrática. Los requisitos de acreditación deben ser concretos, objeti­ vos y razonables, y su aplicación transparente. (...) 348. (...) El artículo 24 de la Convención “prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de discri­ minación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los dere­ chos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al derecho interno de los Estados Parte, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulacio­ nes discriminatorias referentes a la protección de la ley. 349. Es posible que una persona resulte discriminada con motivo de la percepción que otras tengan acerca de su relación con un grupo o sector social, independientemente de que ello corresponda con la realidad o con la auto-identificación de la víctima. Teniendo en cuenta lo señalado en el capítulo anterior (...), es posible que las personas vinculadas con RCTV pudieran quedar comprendidas en la categoría de “opiniones po­ líticas” contenida en el artículo 1.1 de la Convención y ser discriminadas en determinadas situaciones. En consecuencia, corresponde analizar las

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supuestas discriminaciones de hecho bajo la obligación general de no discriminación contenida en el artículo 1.1 de la Convención, en rela­ ción con el artículo 13.1 de la misma. 351. Por las razones anteriores, este Tribunal considera que en este caso no fue demostrada la existencia de impedimentos sistemáticos de acceso a fuentes oficiales de información, ni un trato discriminatorio por parte de autoridades estatales hacia las presuntas víctimas, con violación de su libertad de buscar, recibir y difundir información, en los términos de los artículos 1.1 y 13.1 de la Convención, en este sentido. 2.3. Uso abusivo de “cadenas nacionales” durante los días 8 y 9 de abril de 2002 367. En cuanto al uso de la potestad administrativa denominada “ca­ denas”, el Estado argumentó que la transmisión obligatoria de una in­ formación o alocución, que se encuentra debidamente establecida en el ordenamiento jurídico venezolano, no puede atentar o incidir de alguna manera sobre los bienes pertenecientes a RCTV, pues en nada desmejora la calidad de sus equipos o instalaciones. (...) El uso de estas potestades, empleando todos los medios de comunicación social, no constituye per se violación de derechos, ni aún en el supuesto de que las transmisiones obligatorias hayan durado muchas horas, toda vez que las circunstancias lo ameritaban. 369. Es oportuno destacar que el artículo 192 de la Ley Orgánica de Te­ lecomunicaciones atribuye a la Presidencia de la República la facultad de ordenar la transmisión de mensajes o alocuciones oficiales 373. Tomando en cuenta la situación imperante en Venezuela en aquel momento, la Corte considera que no cuenta con elementos suficientes para determinar si el número y contenido de los mensajes y alocuciones transmitidos constituyeron un uso legítimo o abusivo de la referida facul­ tad estatal, que perjudicara el ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos i3.iyi3.3dela Convención por parte de las presuntas víctimas. 2.4. Interrupciones a la señal de RCTV 380. (...) [E]ste Tribunal estima que para que se configure una violación del artículo 13.3 de la Convención es necesario que la vía o el medio res­ trinjan efectivamente, aunque sea en forma indirecta, la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 381. La Corte observa que si bien la presencia y manifestaciones de los agentes de la DISIP o de la Casa Militar en la estación “Los Mecedores”, donde se encontraban las antenas de transmisión de RCTV, pudieron ser percibidas como amenazas y provocar en las presuntas víctimas al­ gún efecto amedrentador, el Tribunal no cuenta con prueba suficiente 734 __________________________________________________________________________________________

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que demuestre que la amenaza de intervenir la señal del canal se hubiese materializado en actos concretos que afectaran los derechos de las pre­ suntas víctimas de recibir y difundir información, en los términos del artículo 13 de la Convención. 385. (...) [E]sta Corte considera que no han sido aportados elementos suficientes para determinar, en la situación y contexto imperantes en Venezuela el 11 de abril de 2002, los motivos por los que no había ima­ gen ni sonido en la pantalla de RCTV a las 17:30 horas, ni la forma en que dicha interrupción habría afectado la libertad de las presuntas víc­ timas cuya violación se alega. En ese contexto de muy grave alteración del orden público, no está probado que autoridades estatales ordenaron tal interrupción de la señal o que, en caso de haberlo ordenado, dicha instrucción contraviniera la legislación interna aplicable o restringiera ilegítimamente la libertad de expresión de las presuntas víctimas. 393. La Corte observa que si bien fue comprobada la presencia de los agentes del Ejército en la estación “Los Mecedores” en esa fecha, donde se encontraban antenas de transmisión de RCTV, no fue aportada prueba que demuestre que la señal del canal RCTV haya sido intervenida o que esa situación afectara los derechos de las presuntas víctimas de recibir y difundir información, en los términos del artículo 13 de la Convención. 394. En definitiva, no ha sido comprobado ante la Corte que los tres oficios emitidos por CONATEL relativos al contenido de un programa transmi­ tido por RCTV y las intervenciones a sus emisiones hayan constituido restricciones indebidas e indirectas al derecho de las presuntas víctimas a buscar, recibir y difundir información, que constituyeran violación del ar­ tículo 13.1 y 13.3 de la Convención Americana, en perjuicio de aquéllas.”

a. El Código del Niño y del Adolescente. b. El Código Civil. c. Convenio de la Haya. d. La Convención sobre los derechos del niño.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA K-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ 735

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ll .Los procesos entablados por padre o madre extranjera, para que se restituya la tenencia de un niño o niña, al lugar donde reside el padre o la madre que lo solicita, se tramita observando (Marque la respuesta correcta):

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, fir­ mada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 15 De Julio de 1989, entró en vigencia el 20 de enero de 2006.

En el Perú: Aprobada por Resolución Legislativa N° 28279, de 16 de julio de 2004. Ratificada por Decreto Supremo N 059-2004-RE, 9 de septiembre de 2004.

Serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias, a opción del acreedor. 12 .Marque la respuesta incorrecta: a. El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor. b. El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor. c. El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vín­ culos personales tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos, u obtención de beneficios económicos. d. La competencia es improrrogable.

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Respuesta: d Respecto a la competencia en la esfera internacional, regula la Conven­ ción Interamericana Sobre Obligaciones Alimentarias: “Artículo 8 Serán competentes en la esfera internacional para conocer de las recla­ maciones alimentarias, a opción del acreedor: a. El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor; b. El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, o c. El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos, u ob­ tención de beneficios económicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, se considerarán igualmente competentes las autoridades judiciales o administrativas de otros Esta­ dos a condición de que el demandado en el juicio, hubiera comparecido sin objetar la competencia. Artículo 9 Serán competentes para conocer las acciones de aumento de alimentos, cualesquiera de las autoridades señaladas en el Artículo 8. Serán compe-

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PRUEBA O

tentes para conocer de las acciones de cese y reducción de alimentos, las autoridades que hubieren conocido de la fijación de los mismos. Artículo 10 Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimen­ tario, como a la capacidad económica del alimentante. Si el juez o autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia adopta medidas provisionales, o dispone la ejecución por un monto inferior al solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor.” En el Tercer Pleno Casatorio Civil Realizado por las Salas Civiles Per­ manente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Repúbli­ ca del Perú CAS. N° 4664-2010 Puno, se estableció como Precedentes Vinculantes. 13 . Marque la respuesta incorrecta:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DELA PRUEBA K-CONVOCATORIA 10-2021SN/JNJ 737

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a. En los procesos de familia, como, en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos princi­ pios y normas procesales. b. En los procesos sobre divorcio -y de separación de cuerpos- por la causal de separación de hecho, el Juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más per­ judicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil. c. A pedido de parte señalará una indemnización por daños, el que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independiente­ mente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. d. La indemnización o la adjudicación de bienes tiene la natu­ raleza de una obligación legal, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí; su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extracontractual sino la equidad y la solidaridad familiar.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

El artículo 345-A del Código Civil, establece como exigencia al de­ mandante que invoca la causal de divorcio contenida en el artículo 333 inciso 12 que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones alimentarias. La Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil Transitoria - Casación 3432-2014, Lima - Divorcio por Causal de Separación de Hecho, señaló:

14 .Marcar la respuesta correcta: a. Se puede amparar la demanda si él o la demandante ha recon­ venido la demanda de alimentos. b. La existencia de una demanda de alimentos en trámite, impide se ampare la demanda de divorcio. c. Es al momento de la interposición de la demanda de divorcio cuando se debe evaluar si existe mandato judicial, que conmine al demandante el pago de sus obligaciones alimentarias. d. Si se ha concedido recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada en proceso de alimentos a favor de la conyu­ gue o conyugue demandado.

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Respuesta: c La Corte Suprema ha precisado el requisito de procedibilidad para soli­ citar el divorcio por separación de hecho consistente en no tener deudas por alimentos. Así ha señalado que este debe entenderse solamente al tiempo anterior de la presentación de la demanda, y no durante el pro­ ceso. Puede declararse el divorcio por la causal de separación de hecho, pese a que el demandante no esté al día en el pago de las pensiones alimenti­ cias, siempre que estas deudas hayan surgido posteriormente a la inter­ posición de la demanda de divorcio. En estos casos el juez no podrá tomar en cuenta los devengados que se formulen a partir del incumplimiento de la pensión fijada, toda vez que el monto de la deuda a pagar se ha generado en fecha posterior al inicio de la solicitud de disolución del vínculo matrimonial. De esta forma, el deber de estar al día en el pago de los alimentos, el cual constituye un requisito de procedencia para demandar la disolución del vínculo matrimonial por causal de separación de hecho (artículo 345-A del Código Civil) solo debe interpretarse como un control ex ante de la interposición de la demanda. Así lo ha establecido la Sala Civil Transi­ toria de la Corte Suprema al resolver la Casación N° 3432-2014 LIMA. 738

PRUEBA O

Alex y Patricia contraen matrimonio religioso en la Catedral de la ciu­ dad donde residen el 20 de marzo de 2010, concurriendo familiares y amistades de ambos, quienes obsequiaron diversos regalos. Al día siguiente de la boda, deciden comprar electrodomésticos para su nuevo hogar y a su vez deciden comprar también un vehículo usado.

15 .¿Quiénes son los dueños de los bienes? a. Los bienes que se compraron al día siguiente de la boda se pre­ sumen sociales, salvo prueba en contrario. b. Se aplica el régimen de sociedad de gananciales, en consecuen­ cia, los mencionados bienes son sociales. c. Ambos son copropietarios de los bienes. d. La ley establece que el régimen legal aplicable es el de separa­ ción de bienes.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 20 DELA PRUEBA K- CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ 16 .Gumercindo, tío de Alex, no supo de la boda, sino hasta el 30 de marzo del 2021, año en que llegó a Lima luego de un largo viaje. Al tener conocimiento de la boda, decide regalarle un departamento amoblado a propósito de su matrimonio. Diga Usted ¿quién es el dueño?

Respuesta: d La expresión sociedad de gananciales se forma con los términos societas (asociación de personas que cumplen un fin mediante la cooperación) y ganancial (provecho o utilidad que resulta de un combate, un negocio u 739

LEGALES EDICIONES

a. Como el departamento fue regalado por Gumercindo, el tío de Alex, después de la boda, se presume social, salvo prueba en contrario. b. El bien pasa a formar parte del activo social, pues lo adquirie­ ron estando casados, por lo tanto, la sociedad conyugal es la propietaria, no admitiéndose prueba en contrario. c. El bien en cuestión tendría la calidad de bien propio de Alex, te­ niendo en cuenta el parentesco que unen a Alex y Gumercindo. d. Ambos son copropietarios del departamento sin necesidad de demostrar la calidad de bien propio, perteneciendo a ambos en partes alícuotas.

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otra acción similar), que indican la existencia de un provecho, utilidad o lucros nupciales, por lo que semánticamente se refiere a las ganancias o beneficios económicos que los esposos obtienen al finalizar el matri­ monio. La definición que le atribuimos a la sociedad de gananciales es de una comunidad de bienes aplicable al matrimonio compuesta por aquellos adquiridos a título oneroso por los cónyuges, por los frutos y productos de los bienes propios, correspondiéndoles a cada uno la gestión de su patrimonio y a ambos la del patrimonio social con base en el interés fa­ miliar. Igualmente, podemos precisar que “la sociedad de gananciales es una comunidad limitada a las ulteriores adquisiciones a título oneroso. El desarrollo de esta idea básica lleva a la distinción entre bienes sociales y propios de cada cónyuge, formándose diferentes masas patrimoniales: el patrimonio social y el separado o propio de cada uno de los cónyuges. Por ello debe tenerse presente estos tres principios rectores: a) La época de la adquisición: son propios los bienes adquiridos antes del matrimonio por los cónyuges o aquellos que, adquiridos des­ pués, lo son por una causa o título anterior. Son sociales los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio o después de su disolución por una causa anterior. b) El carácter oneroso o gratuito de las adquisiciones durante el ma­ trimonio: son propias las adquisiciones de bienes realizadas a título gratuito por cualquier de los cónyuges durante el matrimonio, tales como una herencia legado o donación a su favor. c) El origen de los fondos empleados en las adquisiciones: Aun tra­ tándose de adquisiciones onerosos durante el matrimonio, si ellas tienen su origen en el empleo de dinero por subrogaciones real”. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp.6167- 2005 Lima, señaló: El Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación de! de­ lito (artículo 159 °, inciso 4 de la Constitución); por ende, una vez que un hecho presuntamente delictivo es denunciado, el fiscal puede, al­ ternativamente, abrir investigación policial para reunir la prueba in­ dispensable o formalizarla ante el juez penal? En el primer supuesto, el fiscal no cuenta con elementos suficientes que ameriten la formaHzación de la denuncia, por lo que se procede a iniciar una investiga­ ción orientada a obtener elementos que sustenten su acusación ante el Juez Penal; ello fluye del texto del artículo 94 ° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el extremo que señala: “(...) cuando se hu­ 740

PRUEBA O

biese reunido la prueba que estimase suficiente [el fiscal] procederá a formalizar la denuncia ante el Juez Instructor como se deja estable­ cido en el presente artículo”.

17 .Respecto a la actividad probatoria en esta etapa pre jurisdiccio­ nal, dijo: a. El que no se haya contado con la declaración indagatoria del investigado, resultaría ser una observación válida si el pro­ cedimiento de investigación fiscal se hubiera llevado sin conocimiento del investigado. b. No resulta desproporcionado que, ante las pruebas merituadas y las constantes solicitudes de reprogramación, el fiscal haya formalizado denuncia sobre la base de los elementos con los cuales efectivamente contaba. c. No se ha producido la formalización de una denuncia manifies­ tamente arbitraria, orientada a inducir a error al juez a fin de que dé inicio a un proceso penal en contra del investigado. d. Las respuestas anteriores no son correctas. Respuesta: d

El Tribunal Constitucional en el Exp.6167- 2005 Lima, ha señalado: “28. Respecto a la actividad probatoria y el grado de convicción al que debe arribar el fiscal en el transcurso de esta investigación previa al proceso penal, la doctrina ha señalado lo siguiente: “(...) no se requie­ re que exista convicción plena en el fiscal ni que las actuaciones estén completas, sólo se necesita que las investigaciones arrojen un resultado probabilístico razonable, en orden a la realidad de un delito y de la vin­ culación delictiva del imputado o imputados”. Sin embargo, desde una perspectiva constitucional, resulta insuficiente valorar la actuación fiscal en sus propios términos legales; se requiere de su conformidad con los mandatos constitucionales de respeto a los derechos fundamentales y al ordenamiento jurídico constitucional.” En cuanto a la denuncia fiscal, esta se ajusta a lo dispuesto por el artículo 94° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, según el cual, si el fiscal estima procedente formalizar denuncia ante el juez penal, debe: 18 .Marque la respuesta incorrecta:

a. Exponer los hechos de que tiene conocimiento, b. El delito que tipifican y la pena con que se sanciona, ___________________________________________________________________________________________ 741

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

La prueba con que cuenta y la que ofrece actuar o que espera conseguir y ofrecer oportunamente. d. Identificar al tercero civilmente responsable.

c.

Respuesta: d Tercero Civilmente Responsable es la persona natural o jurídica que sin haber participado en la comisión del delito, tiene que pagar sus conse­ cuencias económicas.

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19 .EI Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo (Exp. 2253-2010, resolución del 3 de agosto de 2010), resolvió que la au­ diencia de tutela de derechos se dirige a la protección efectiva de los derechos del imputado (regulados enunciativamente en el art. 71.2 del CPP). Sin embargo -argumentó la resolución- nada impide que cualquier otro derecho fundamental, sustantivo o pro­ cesal, reconocido a favor del imputado en la Constitución, el Có­ digo Penal, el Código Procesal Penal o en cualquier otra norma nacional o tratados internacionales en materia de derechos hu­ manos, también puedan ser protegidos o restituidos cuando sean vulnerados por la Policía Nacional o el Ministerio Público. Sobre la institución procesal de la tutela de derechos del nuevo Código Procesal Penal (Acuerdos Plenarios 4-2010/CJ-116 y 2-2012/CJ116), es cierto:

a. Vía tutela de derechos, el órgano jurisdiccional puede interve­ nir para enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito de la expedición de la Disposición Fiscal de Investigación Pre­ paratoria, por ejemplo, cuando se cuestiona la delictuosidad del hecho y de los presupuestos procesales. b. Muy excepcionalmente, ante la desestimación del Fiscal y siem­ pre frente a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos inaceptable por genérico, vago o gaseoso o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado, cabe acudir a la acción jurisdiccional de tutela de derechos. c. A través de la tutela de derechos, el órgano jurisdiccional pue­ de intervenir para anular la Disposición Fiscal de Investigación Preparatoria, por ejemplo, cuando se cuestiona el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaría, dado que estos constituyen el nivel propio de "sospecha suficiente". d. La función del Juez de Investigación Preparatoria, ante el in­ cumplimiento notorio u ostensible por el Fiscal de precisar los 742

PRUEBA O

hechos que integran los cargos penales, debe, al culminar la audiencia de tutela de derechos, expedir el auto judicial de anu­ lación de la Disposición Fiscal de Investigación Preparatoria.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ El 15 de junio del 2021 aproximadamente a las 10 de la mañana en circunstancias en que la agraviada Rosa María Cárdenas Gómez se encontraba en la cuadra 13 de la avenida Angamos en el distrito de Surquillo, fue violentada por dos sujetos no identificados, uno de ellos colocó un arma de fuego en su cabeza, mientras que el otro la des­ pojó de su cartera que contenía en su interior su celular marca Sam­ sung, una billetera que contenía 1000 soles y su Documento Nacio­ nal de Identidad, luego de ello huyeron en un vehículo. La agraviada logró anotar la placa del auto por lo que después de cuarentaiocho horas fue intervenido Mario Ramos Ruiz quien, además de admitir su responsabilidad, fue reconocido por la agraviada y encontrado en po­ der de los bienes.

20 .Teniendo en cuenta el caso anterior, el Fiscal de acuerdo al art. 446 del CPP (Proceso Inmediato) podrá:

Respuesta: c Regula el NCPP: “Artículo 446.- Supuestos de aplicación 1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo res­ ponsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259; ____________________________________________________________________________________ 743

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a. Solicitar la incoación del proceso inmediato, al haber sido inter­ venido en flagrancia. b. Si bien el intervenido confesó el delito, fue reconocido por la agraviada y encontrado en posesión de los bienes sustraídos, sin embargo al no encontrarse en flagrancia el Fiscal no podrá incoar el proceso inmediato. c. Incoar el proceso inmediato, a pesar que no fue encontrado en flagrancia. d. Solicitar la incoación del proceso inmediato pero el Juez se la denegará porque no existe una intervención en flagrancia.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean eviden­ tes. 2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación. 3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es po­ sible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido escla­ recimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código.”

21 .De acuerdo al Código Procesal Penal, cuando el agente es encon­ trado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetra­ ción del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel, se le denomina: a. b. c. d.

Flagrancia estricta. Flagrancia presunta. Cuasiflagrancia. Flagrancia Temporal.

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Respuesta: b El artículo 259 del Código Procesal Penal, según la Ley número 29596, el inciso 4 del citado artículo regula la denominada “flagrancia presun­ ta”. En este supuesto el agente, ha de tener los bienes delictivos (instru­ mentos del delito, objetos del delito o efectos del delito) en su poder y en ese momento debe ser detenido, dentro de las veinticuatro horas de la comisión del delito. 2. La flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa a partir de informa­ ciones categóricas, procedentes del agraviado, de testigos presenciales o de filmaciones indubitables, que demuestren, sin necesidad de inferen­ 744

PRUEBA O

cias complejas, que el detenido fue quien intervino en la comisión del delito. 3. Las citadas diligencias -las denominadas “diligencias urgentes e inaplazables”- son aquellas que se realizan bajo las exigencias de una si­ tuación concreta que requiere el rápido aseguramiento de las fuentes de investigación, diligencias que, por tal motivo, no pueden esperar. (CA­ SACIÓN N 692-2016 / LIMA NORTE) La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116, ha seña­ lado respecto al proceso inmediato que: “13.- El proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circuns­ críba a ¡os delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo alguno afectan el debido proceso, ¡a tutela juris­ diccional y la defensa procesal. No es un proceso configurado legal­ mente para condenar a ¡os imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de juicio permite esclarecer proba­ toriamente el hecho punible con pleno cumplimiento de los princi­ pios de contradicción, igualdad, publicidad, inmediación y oraHdad (. ..). Por consiguiente, si el resultado probatorio no arroja la presencia prueba legal, fiable, corroborada y suficiente - que son elementos in­ sustituibles para cumplir con esta garantía derecho fundamental-, el juez está en la obligación de dictar sentencia absolutoria.”

22 .En ese sentido, la Corte Suprema indica los presupuestos mate­ riales de la evidencia delictiva, marque la respuesta correcta: a. Flagrancia delictiva, confesión y delito evidente. b. Flagrancia delictiva, complejidad probatoria y conducción en estado de ebriedad. c. Flagrancia delictiva, complejidad probatoria y delito evidente. d. Flagrancia delictiva, delito evidente y omisión a la asistencia familiar

Respuesta: a

23 .Respecto a los supuestos de aplicación del proceso inmediato: a. Se exceptúa en los delitos de conducción en estado de ebriedad y delitos complejos. b. Se puede aplicar en los casos de evidencia delictiva incluyendo el delito de conducción en estado de ebriedad y omisión a la asistencia familiar.

_________________________________________________________ 745

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VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

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c. Se exceptúa el delito de omisión a la asistencia familiar, por cuanto no es aplicable la flagrancia. d. Se puede aplicar a cualquier delito, sin importar su compleji­ dad.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 24 .Se considera la Convención Interamericana para Prevenir, San­ cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belem do Pará” la Carta Magna de las Mujeres Americanas, por­ que:

a. Define la violencia física, sexual y psicológica, el ámbito de apli­ cación y sus derechos protegidos. b. Es la Convención a la cual han adherido más países en el mun­ do. c. Tiene un Mecanismo de Seguimiento o MESECVI. d. Posee Mecanismos internacionales de protección.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

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25.En línea y consonancia con la jurisprudencia de la Corte Europea, la Corte Interamericana ha construido sus propios criterios juris­ prudenciales sobre el deber de prevención y son: a. Un Estado es responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. b. Los Estados están obligados a establecer políticas generales de orden público que protejan a toda la población de la violencia delincuencia!. c. Conocer de una situación de riesgo real e inmediato; un in­ dividuo o grupo de individuos determinado, y posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. d. Ante un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquel no es automáticamente atribuible al Estado. 746

PRUEBA O

Respuesta: c En el Caso Luna López Vs. Honduras, la CIDDHH ha señalado: “117. La Corte ha expresado que el derecho a la vida juega un papel fun­ damental en la Convención Americana por su carácter esencial para la protección de todos los demás derechos consagrados en la misma. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención (...), no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que ade­ más requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. 120. La obligación de garantía se proyecta más allá de la relación entre los agentes estatales y las personas sometidas a su jurisdicción, abar­ cando asimismo el deber de prevenir, en la esfera privada, que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos. (...) En efecto, las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una res­ ponsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inme­ diato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posi­ bilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo (...). 121. De la prueba aportada al presente caso se advierte que al momento de los hechos se presentaba en Honduras una situación de conflictividad y riesgo en perjuicio de las personas que laboraban en la protección del medio ambiente, situación que se agravó en los años posteriores a la muerte del señor Luna López (...). 122. (...) [L}a Corte considera que la calidad de defensor de derechos humanos radica en la labor que se realiza, con independencia de que la persona que lo haga sea un particular o un funcionario público. Para efectos del análisis del presente caso, la Corte constata que luego de ser elegido como Regidor Municipal en 1998, el señor Luna López continuó trabajando en la defensa del medio ambiente, esta vez desde sus funciones públicas de Comisionado de Medio Ambiente de la Municipalidad y Jefe de la Unidad Ambiental de Catacamas (...). 123. Esta Corte recuerda que existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos __________________________________________________________________________________________ 747

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y que el “reconocimiento del trabajo realizado por la defensa del medio ambiente y su relación con los derechos humanos cobra mayor vigencia en los países de la región, éri los que se observa un número creciente de denuncias de amenazas, actos de violencia y asesinatos de ambientalistas con motivo de su labor”. En este sentido, la Corte considera que los Es­ tados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y ra­ zonables para garantizar el derecho a la vida de aquellas personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga “cono­ cimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo”. A su vez, los Estados deben facilitar los me­ dios necesarios para que las personas defensoras de derechos humanos o que cumplan una función pública respecto de la cual se encuentren amenazados o en situación de riesgo o denuncien violaciones a dere­ chos humanos, puedan realizar “libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; generar las condiciones para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la im­ punidad”. 127. Respecto de las medidas adoptadas por el Estado, la Corte consi­ dera necesario recordar que corresponde a las autoridades estatales que toman conocimiento de una situación de riesgo especial, identificar o valorar si la persona objeto de amenazas y hostigamientos requiere de medidas de protección o remitir el asunto a la autoridad competente para hacerlo, así como ofrecer a la persona en riesgo información opor­ tuna sobre las medidas disponibles. La valoración sobre si una persona requiere medidas de protección y cuáles son las medidas adecuadas es una obligación que corresponde al Estado y no puede restringirse a que la propia víctima lo solicite a “las autoridades competentes”, ni que co­ nozca con exactitud cuál es la autoridad en mejor capacidad de atender su situación, ya que corresponde al Estado establecer medidas de coor­ dinación entre sus entidades y funcionarios para tal fin (...). 137. En consideración de los criterios que definen la obligación positiva del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, el Estado tenía el deber de actuar con diligencia ante la situación de riesgo especial del señor Luna López, tomando en cuenta que en el caso específico exis­ tían razones suficientes para concluir que el motivo de la amenaza en su 748

PRUEBA O

contra guardaba relación con sus actuaciones como funcionario público en defensa del medio ambiente. El Estado no cumplió con su deber de prevenir la vulneración de sus derechos a través de la adopción de me­ didas oportunas y necesarias de protección. La Corte resalta que, ante la amenaza de muerte sufrida por el señor Luna López, el Estado debió maximizar esfuerzos y utilizar todos los recursos disponibles y pertinen­ tes para preservar su vida, entre otros, a través del otorgamiento de me­ didas de seguridad y protección personal para continuar desarrollando su trabajo, así como realizar las gestiones necesarias para investigar de manera inmediata y efectiva todas las amenazas recibidas. Lo anterior acredita que el Fiscal del Ministerio Público sabía de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato contra la vida del señor Luna López, y que no adoptó las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones para prevenir o evitar ese riesgo. La subsiguiente ejecución demuestra las falencias de las actuaciones del Estado en el sentido de brindar pro­ tección a su vida. 138. (...) [L]a Corte considera que, en el presente caso, se verificó la exis­ tencia de una situación de especial riesgo para los defensores del medio ambiente en la época de los hechos. (...). Finalmente, el Estado no demos­ tró haber realizado una investigación seria y exhaustiva del hecho de ame­ naza de muerte denunciado, el cual antecedió a la privación de su vida.” 26.La Corte Interamericana de Derechos Humanos; En el caso Cas­ tro Castro, el Estado peruano (56) “efectuó un allanamiento y re­ conocimiento parcial de responsabilidad internacional por deter­ minadas violaciones alegadas por la Comisión”. En caso Campo Algodonero (20) el Estado mexicano “realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional” bajo algunos términos y (31) “alegó la incompetencia de la Corte para “determinar viola­ ciones” a la Convención Belém do Pará”. Para resolver las contro­ versias sobre la interpretación de las normas, la Corte invocó: La Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres. La Convención Belém do Pará. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Respuesta: c La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. __________________________________________________________________________________________ 749

LEGALES EDICIONES

a. b. c. d.

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LEGALES EDICIONES

Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en la capital aus­ tríaca sobre la base de un proyecto preparado durante más de quince años de trabajo por la Comisión de Derecho internacional de las Naciones Uni­ das, y cuyo fin fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y, además, desarrollarlo progresivamente, también ius cogens. El artículo segundo de dicha Convención define al tratado como un «acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular». Por tanto, sus disposiciones son aplicables sólo a tratados por escrito entre Estados; quedan excluidos de la definición antes descrita, aquellos que no constan por escrito y los acuerdos entre un Estado y otros sujetos de derecho internacional (como las organizaciones internacionales) o entre esos otros sujetos de derecho internacional. No obstante, la misma Convención precisa que el hecho de que no se aplique en tales casos, no afecta el valor jurídico de tales acuerdos, la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en ella a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de la Conven­ ción y la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados en­ tre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional. La Convención, en cuanto tal no posee efecto retroactivo, pues sólo se aplica a los tratados celebrados después de su entrada en vigor y no a los celebrados con anterioridad (sin perjuicio de la aplicación de cualquier norma enunciada en ella a las que estén sometidos los tratados en vir­ tud del derecho internacional independientemente de la Convención). Cuando las Naciones Unidas firmaron la Convención de Viena previe­ ron que era importante hacer valer los derechos que contiene, por lo que en varios artículos difusos (es decir que no hay un capítulo que los con­ tenga en orden), establecen las acciones, los recursos ante juez o árbitro.

27.La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha claramente establecido que el principio de igualdad y no discriminación no sufre lesión o merma cuando se brinda trato diferente a personas cuya situación lo justifica, precisamente para colocarlas en posi­ ción de ejercer verdaderamente los derechos y aprovechar autén­ ticamente la garantías que la ley reconoce a todas las personas. ¿Cuál es el principio que tiene raíz en el trato igual para todos? a. El principio de igualdad. b. El principio de juricidad. 750

PRUEBA O

c. El principio de legalidad. d. El principio de proporcionalidad.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 25 DELA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 28. En el caso Campo Algodonero la Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la prime­ ra etapa de las investigaciones que no fueron subsanadas en la segunda etapa. Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investiga­ ciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las tres víctimas y la inexistencia de investiga­ ciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protec­ ción judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Concluye la Corte:

a. En el presente caso hubo negligencia y responsabilidad que se subsano ante el compromiso del Estado de garantizar una in­ vestigación seria y adecuada. b. En el presente caso, sin embargo, no se precisa el impacto espe­ cífico que cada negación o dilación haya tenido en el ejercicio de sus derechos. c. En el presente caso existe impunidad y que las medidas de de­ recho interno adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. d. En el presente caso existe incumplimiento estatal que fue subsa­ nado a través de una inmediata investigación seria y adecuada.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 29. En Campo Algodonero, la Comisión señaló que [e]s esencial entender el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la discriminación que la perpetua, para apreciar el alcance del deber de debida diligencia en el presente caso” y que “actitudes discriminatorias contra las mujeres por parte de funcionarios estatales ¿ influenciaron en la investigación de estos asesinatos”. El Estado 751

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

mexicano señaló que “en las investigaciones por la desaparición y los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos no se han encontrado elementos que permitan suponer [...] discrimina­ ción”. Sin embargo, reconoció ante la Corte que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez se encuentran influenciados por:

a. b. c. d.

"Una cultura de violencia contra la mujer". "Una cultura de discriminación contra la mujer". "Una cultura de desigualdad de trato contra la mujer". "Una cultura de marginación contra la mujer".

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

El Caso González y otras vs. México, conocido también como “Campo Algodonero”, cuya sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 16 de noviembre de 2009, represen­ ta un antes y un después para el Estado mexicano cuando hablamos del tema de violencia de género. La sentencia de la Corte IDH condena al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. La Comisión manifestó que los cuerpos de las jóvenes fueron objeto de un particu­ lar ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. Se añadió que “la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”. Asimismo, la Corte IDH estipuló en su decisión los parámetros para de­ terminar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. Es decir, estableció directrices para identificar cuando estamos frente a casos cuyo móvil es la violencia de género. Por otro lado, la Corte realizó un marco jurídico. En cuanto a los instru­ mentos internacionales, mencionó a la Convención Americana de Dere­ chos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Con­ vención Belém do Pará, y la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Lo anterior, con la finalidad de hacer frente a la violencia de género desde una perspectiva preventiva y punitiva. Ahora, es importante conocer los eventos que dieron lugar a la mencio­ nada sentencia. Los hechos del caso sucedieron en ciudad Juárez, lugar donde se desarrollan diversas formas de delincuencia organizada. Des­ de el año de 1993 existe un aumento de homicidios de mujeres. Laura 752

PRUEBA O

Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de setiembre de 2001. Claudia Ivette González, trabajadora en una empre­ sa maquilladora, de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familiares presen­ taron las debidas denuncias de desaparición, pero lamentablemente no se iniciaron investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de decla­ raciones. Días después, el 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Lau­ ra Berenice Ramos Monárrez: presentaban signos de agresión sexual. A pesar de los recursos interpuestos por sus parientes, no se investigó ni sancionó a los responsables. En consecuencia, el 6 de marzo de 2002 se presentó ante la Comisión la petición inicial del caso. Después, la Corte presentó un informe donde realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano; este último se comprometió a adoptarlas, y en un primer in­ forme reportó su cumplimiento parcial, argumentando que para poder cumplirlas en su totalidad era necesario que la Comisión IDH le au­ mentara el plazo para dar resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al ver la disposición del Estado mexicano, tomó la decisión de otorgarle dos meses más. Sin embargo, durante este periodo el Gobierno de México se preocupó muy poco por cumplir en su totalidad con las recomendaciones realizadas por la Comisión IDH.

30 .El CEDAW ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer [i] porque es mujer o [ii] que la afecta en forma desproporcionada”. El CEDAW también ha seña­ lado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma:

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA K - CONVOCATORIA 102021-SN/JNJ 753

LEGALES EDICIONES

a. De segregación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. b. De discriminación que impide gravemente que goce de dere­ chos y libertades en pie de igualdad con el hombre. c. De marginación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. d. De exclusión que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

31 .“Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los inte­ grantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas vícti­ mas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.” El citado texto corresponde al princi­ pio de:

a. b. c. d.

Informalismo. Intervención inmediata y oportuna. Sencillez y oralidad. Debida diligencia.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 32 .EI siguiente texto: “Reconoce la existencia de circunstancias asi­ métricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas so­ bre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres”. ¿A qué enfoque pertenece dentro de la legislación para erradicar la vio­ lencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar?

a. b. c. d.

Derechos humanos. Género. Igualdad. Integralidad.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 27 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ No es una forma de violencia contra las mujeres.

33 . Marque la opción correcta:

a. La que tiene lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor com­ parta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abu­ so sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 754

PRUEBA O

secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en insti­ tuciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra. d. La que ocurre en el ámbito laboral manifestada en actos de hostilización laboral por parte del empleador.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 20 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

34 . Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede cau­ sar daños psíquicos”. Según la Ley N° 30364. ¿qué tipo de violencia es?

a. b. c. d.

Psicológica. Psiquiátrica. Mental. Verbal.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 21 DELA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

35 .Es una manifestación de la violencia económica o patrimonial:

3 Respuesta: d VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 755

LEGALES EDICIONES

a. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. b. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos per­ sonales, bienes, valores y derechos patrimoniales. c. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. d. Todas son correctas

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

3 6.Son derechos de las mujeres y del grupo familiar que integran el contenido del derecho a la asistencia y protección integral:

a. Derecho a una vida libre de violencia, no discriminación, ni estigmatización. b. Acceso a la información y atención social. c. Asistencia jurídica, defensa pública y a la educación. d. Promoción, prevención, atención de salud y a no sufrir despido por causas relacionadas a actos de violencia.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 23 DELA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 37 .El enunciado contenido en el artículo 102 del Código Procesal Ci­ vil: “El demandado que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el de­ recho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domici­ lio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso”. Se refiere a:

a. b. c. d.

Intervención coadyuvante. Intervención litisconsorcial. Denuncia civil. Llamamiento posesorio.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

38 .Apelada una sentencia (Marque la respuesta correcta):

a. La violación de una norma procesal puede generar que una sen­ tencia sea revocada. b. La violación de una norma procesal solo puede originar revoca­ ción de una sentencia. c. La violación de una norma material tiene como consecuencia la anulación de una sentencia. d. La violación de una norma procesal tiene como consecuencia la nulidad de la sentencia o del procedimiento, dependiendo donde se detecte el vicio.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 756

PRUEBA O

39 .¿Cuál es la finalidad del proceso? a. Resolver conflictos de intereses e incertidumbres, pero cuando tengan relevancia jurídica. b. Resolver conflictos de intereses que se desprendan de las rela­ ciones jurídicas materiales. c. Proporcionar una declaración de certeza con autoridad de cosa juzgada frente a un conflicto de intereses. d. Reparar los daños ocasionados por un ilícito civil a través de una actuación judicial.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

40 .Los efectos de las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y de cosa juzgada son, respectivamente: a. b. c. d.

Dilatoria y perentoria simple. Perentoria simple y perentoria compleja. Perentoria simple para ambas. Dilatoria y perentoria compleja.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 17 DE LA PR UEBA F - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

757

FISCAL ADJUNTO SUPERIOR MIXTO 1. El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 5854-2005PA/TC, dijo: “ El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposicio­ nes orientadoras de la labor de los poderes públicos, para conso­ lidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. Sobre su significado:

Marque la respuesta incorrecta: a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejer­ cer control difuso, cuando encuentren que hay incompatibilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la primera. d. Dotar a las resoluciones en materia electoral, dictadas en última instancia, por el jurado nacional de elecciones, de firmeza. Son inatacables jurisdiccionalmente

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 13 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

Marque el principio: a. b. c. d.

Teleológico. Ratio legis. Concordancia Práctica. Histórico. 759

LEGALES EDICIONES

2. La labor de interpretación de la Constitución, no se agota en los métodos clásicos de interpretación, se realiza observando crite­ rios y principios.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: c En virtud del principio de concordancia práctica toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta «op­ timizando» su interpretación, es decir, sin «sacrificar» ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, se encuentra reconduci­ do a la protección de los derechos fundamentales, como manifestacio­ nes del principio-derecho de dignidad humana (FJ. 12. b - 5854-2005PA/TC)

3. El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos an­ teriores al dictar sentencia en el Exp. 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razo­ nes o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una deter­ minada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”.

LEGALES EDICIONES

Marque la alternativa correcta. a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 4. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 0024-2003AI/TC, señaló:” [...] el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla ge­ 760

PRUEBA P

neral; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homologa”. Tenien­ do en cuenta este concepto señale cuando procede la aplicación del precedente vinculante:

a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente d. Cuando existe una duda sobre los hechos planteados de tal ma­ nera que se utiliza el precedente para poder resolver el caso.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 5. El contenido negativo de la garantía Constitucional de la Defensa no se agota en la sola consideración de su perspectiva “positiva”, adquiere también una importancia fundamental el aspecto “ne­ gativo”, esto es la prohibición de la indefensión.

Marque la respuesta correcta:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 8 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

6. El artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para de­ clarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221° las causales para declarar la de anulabilidad del acto jurídico, siendo diferentes sus efectos. 761

LEGALES EDICIONES

a. La indefensión se producirá por falta de diligencia del deman­ dado o imputado. b. La indefensión se producirá cuando el juzgador no le ha atri­ buido al mérito probatorio que la parte pretendía a la prueba actuada en el proceso. c. La indefensión se producirá como efecto de la violación del de­ recho de defensa. d. El derecho de defensa no admite límites.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Marque la respuesta correcta: a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado. c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la senten­ cia Caso Yatama vs. Nicaragua señala que el principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discrimina­ ción constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia internacionales. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discri­ minación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. ¿De qué clase de Principio se trata?

LEGALES EDICIONES

a. Principio de Derecho Internacional. b. Principio que asegura la efectiva Igualdad ante la Ley de todas las personas. c. Principio de Derecho Imperativo. d. Principio Anti-Discriminación.

Respuesta: c lus cogens o, menos frecuentemente, jus cogens, es una locución lati­ na empleada en el ámbito del Derecho internacional público para hacer referencia a aquellas normas de Derecho imperativo o perentorio, esto es, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo (son las únicas normas que tienen una jerarquía superior a las otras). Con el ius cogens se pretende amparar los intereses colectivos fundamentales del grupo social, por lo que se explica que esta clase de 762

PRUEBA P

normas se encuentren en una posición jerárquica superior con respecto al resto de disposiciones del ordenamiento. Se contraponen a las normas de derecho dispositivo {ius dispositivurn). Por su parte, en el artículo 53 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, al mismo tiempo que declara la nulidad de cualquier tratado contrario a una norma imperativa, se codifica por vez primera la noción de ius cogens desde la perspectiva de la relación entre el Estado y la norma misma. Incluso en el artículo 64 del mismo cuerpo legal se vuelve a reafirmar el carácter supremo del derecho imperativo con respecto a la norma convencional. Si bien, en la norma convencional no se expresa un catálogo de normas de ius cogens, sino que esta determinación se deja a la práctica y a la jurisprudencia internacional.

8. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. N° 25792003-HD/TC acogió por primera vez la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el estado de cosas in­ constitucional. ¿Cuáles fueron los efectos de acoger esa doctrina?

a. Acumular todos los procesos seguidos entre las mismas partes, b. Extender los alcances de su sentencia a personas que no habían sido parte en el proceso. c. Cualquier órgano jurisdiccional, en un proceso ordinario, de­ clarando un estado de cosas inconstitucionales, podía extender los efectos de una sentencia a quienes no habían sido parte en el proceso. d. A que toda sentencia dictada, cuyo criterio era contraria a ese pronunciamiento: era nula.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

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m 9. El artículo 200 numeral 2 de la Constitución señala: que el amparo no procede “contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular”. El Tribunal Constitucional ha precisado los alcances de la expresión “proceso regular”.

¿Cuáles son los supuestos que debe darse para que se considere que el proceso es irregular? Marque la opción incorrecta: 763

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V

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

a. No se han observado las formalidades procesales exigidas por ley. b. Debe ser de tal magnitud que comprometa la tutela judicial efectiva. c. Impide o restringe el ejercicio pleno del derecho al debido pro­ ceso. d. Ha rechazado un pedido de nulidad de actuados, oportuna­ mente planteado por una de las partes.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d Se ha señalado en el Exp. 5194-2005-PA/TC: “La tesis según la cual el amparo contra resoluciones judiciales procede únicamente por violación del derecho al debido proceso o a la tutela ju­ risdiccional, confirma la vinculatoriedad de dichos derechos en relación con los órganos que forman parte del Poder Judicial. Pero constituye una negación inaceptable en el marco de un Estado constitucional de dere­ cho, sobre la vinculariedad de los «otros» derechos fundamentales que no tengan la naturaleza de derechos fundamentales procesales, así como la exigencia de respeto, tutela y promoción ínsitos en cada uno de ellos. Se señala que la interpretación del segundo párrafo del inciso 2) del artí­ culo 200 de la Constitución bajo los alcances del principio de unidad de la Constitución, no puede concluir sino con la afirmación de que la com­ petencia ratione materiae del amparo contra resoluciones judiciales com­ prende a todos y cada uno de los derechos fundamentales que se puedan encontrar reconocidos, expresa o implícitamente, por la Norma Suprema. La variación de una jurisprudencia, no tiene por efecto inmediato el cambio de algunos criterios consolidados jurisprudencialmente en tor­ no a los alcances del control constitucional de las resoluciones judiciales. Particularmente, de aquellos en los que se afirmó: a) Que el objeto de este proceso constitucional es la protección de dere­ chos constitucionales y no el de constituir un remedio procesal que se superponga o sustituya al recurso de casación. b) Que se utilice como un mecanismo donde pueda volverse a repro­ ducir una controversia resuelta por las instancias de la jurisdicción ordinaria. El Tribunal Constitucional establece el canon interpretativo bajo el cual realizará el control constitucional de las resoluciones judiciales, el cual se encuentra compuesto en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

PRUEBA P

(a) Examen de razonabilidad.- Por el examen de razonabilidad, el Tri­ bunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judi­ cial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado. (b) Examen de coherencia.- El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio. (c) Examen de suficiencia.- Mediante el examen de suficiencia, el Tri­ bunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado (FJ 5-24).” 10 .El artículo 749° del Código Procesal Civil, contiene un listado de asuntos que se pueden tramitar en procesos no contenciosos, en­ tre ellos la Administración judicial de bienes, señalándose en los artículos 769° quienes pueden solicitarlo y en el artículo 770° cual es el objeto de este proceso, marque la respuesta incorrecta:

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 11 .El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimien­ to Administrativo General, en su artículo 213° faculta a la autori­ dad a declarar de Oficio la nulidad de los Actos Administrativos, cuando se de algunos de los siguientes supuestos. 765

LEGALES EDICIONES

a. Se designa administración judicial para que cuide los bienes de personas naturales (menores, personas con capacidad restringi­ da, etc.). b. Lo pueden solicitar los padres, tutores, curadores. c. También lo puede solicitar el o los copropietarios del bien. d. Se puede solicitar la designación de administrador judicial para que administre los bienes de una persona jurídica.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Marque la respuesta correcta:

a. Se ha incurrido en error numérico. b. El funcionario que lo expidió advierta que aplicó una norma que no correspondía. c. No haya quedado firme la resolución. d. Si habiendo quedado firme agravia el interés público o lesiona derechos fundamentales.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 38 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

12 .Los artículos 10° y 11° del TUO de la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso, Administrativo, establecen la competen­ cia territorial y funcional de los órganos jurisdiccionales. Marque la respuesta correcta:

LEGALES EDICIONES

a. La demanda solo puede presentarse ante los juzgados especia­ lizados en lo contencioso administrativo. b. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, resuelve los recursos de apelación y de casa­ ción. c. La Sala Civil de la Corte Suprema conoce en primera instan­ cia cuando el objeto de la demanda versa sobre actuaciones del Banco Central de Reserva del Perú. d. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, resuelve los recursos de casación en el caso de procesos en los que sean demandados la SBS, la SMV o el BCR, luego de emitida la resolución de apelación por la Sala Civil de la Corte Suprema.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 20 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

13 . En la Teoría General del Derecho, los criterios para resolver anti­ nomias son (Marque la opción correcta): a. Jerárquico, cronológico, de especialidad y de competencia. b. Jerárquico, cronológico, consecuente y a distancia. 766 _________________________________________________________

PRUEBA P

c. Superioridad, intermedio, determinado y cronológico. d. Profundo, de especialidad, interpretativo y cronológico.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ La empresa La Poderosa está encargada de la ejecución de una ca­ rretera, en virtud al contrato suscrito con una entidad estatal, al haber obtenido la buena pro en el proceso de licitación pública. Concluido el plazo contractual, la empresa pretende se le apruebe valorizacio­ nes por montos indebidos que lo beneficiarían en la liquidación de la obra, valorizaciones que fueron cuestionadas por el supervisor de la obra y no aprobadas por la entidad, por lo que el representante de la empresa decide recurrir a la vía arbitral. Estando en trámite el proceso arbitral, acuerda con el titular de la entidad el beneficio de la empresa en todas sus pretensiones, para lo cual arriban a una conciliación en dicho proceso arbitral en la que participan personas distintas en representación de la entidad y la em­ presa constructora en virtud a la designación efectuada, emitiéndose el correspondiente laudo arbitral.

1 4.Sobre los hechos descritos, señale la respuesta correcta:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 4 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 15 .Respecto al mismo caso, sobre la participación del titular de la entidad y el representante de la empresa:

a. Su conducta resulta atípica en tanto no han participado de la conciliación en el proceso arbitral. _________________________________________________________ 767

LEGALES EDICIONES

a. Los hechos resultan atípicos, en tanto el acuerdo defraudatorio para el Estado se ha dado en el marco de un proceso arbitral y no de un proceso de contratación pública. b. El laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada y por tanto no puede ser materia de cuestionamiento. c. Los hechos son típicos de colusión agravada, constituyendo el proceso arbitral el medio empleado para lograr la defraudación al Estado. d. Los hechos resultan atípicos, en tanto ya concluyó el plazo con­ tractual.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. Su conducta es típica del delito de colusión agravada, respon­ diendo el titular de la entidad en calidad de coautor, mientras que el representante de la empresa, en calidad de cómplice pri­ mario. c. Su conducta resulta atípica, en tanto los acuerdos se han adop­ tado en un proceso arbitral. d. Su conducta es típica de colusión agravada, respondiendo am­ bos en calidad de cómplices primarios.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 5 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 16 .El señor Fiscal Superior sostiene que el procesado Valentino man­ tuvo una relación de convivencia con la agraviada Mireya, resi­ diendo ambos durante varios años en un departamento de Lima; en ese contexto, precisa que el día 04 de junio de 2019, a las quin­ ce horas con treinta minutos aproximadamente, dicho procesado la atacó con golpes de puño y mordeduras, causándole diversas lesiones corporales y produciéndole la fractura de los huesos na­ sales, conforme a los Certificados Médico Legales correspondien­ tes. Las lesiones dejaron huellas permanentes y visibles; además, se verificó pérdida de la armonía y alteración de la mímica facial. Finalmente, se constató la deformación del rostro. Estos hechos, afectaron la imagen de la agraviada en su desempeño laboral como animadora de eventos sociales. Un Juez declaró probada la comisión de un delito, así como la responsabilidad penal del procesado.

LEGALES EDICIONES

Marque la opción correcta:

a. Valentino cometió el delito de lesiones graves. b. Valentino cometió delito de lesiones graves por violencia fa­ miliar. c. Valentino no cometió delito de lesiones graves por violencia fa­ miliar porque no era esposo de la agraviada. d. Valentino cometió delito de Homicidio en el grado de Tenta­ tiva.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 6 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 768

PRUEBA P

17 .El Juzgado además condenó al procesado al pago de una repara­ ción civil, por lo que es correcto afirmar: a. La reparación civil solo comprende el pago de una indemniza­ ción por daños y perjuicios. b. La reparación civil solo se fija aplicando el Código Penal. c. La reparación civil solo se fija aplicando la jurisprudencia na­ cional e internacional. d. La reparación civil se fija aplicando el código penal así como supletoriamente las normas del código civil.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 7 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 18 .Es un rasgo de una organización criminal que la diferencia de las bandas criminales:

a. b. c. d.

Se dedica a activar y mantener negocios o economías ilegales. Posee una estructura. Se encuentra asociado a actos de despojo artesanal y violento, Todas son correctas.

Respuesta: a En términos penales, una organización criminal es una agrupación de más de dos personas que cuenta con una estructura organizada y estable y se constituye para cometer delitos. Los miembros están organizados a través de roles y jerarquías, repartiéndose de manera formal las tareas ejecutivas.

Id.Rodrigo, de 58 años de edad, decide renunciar al trabajo que te­ nía como chofer de maquinaria pesada en una empresa minera de la ciudad de Cajamarca. Rodrigo toma esa decisión por problemas sentimentales ya que su pareja lo había abandonado y además que se encontraba delicado de salud al haber contraído una enfermedad terminal que le producía dolores intensos y extremos. Es así que consciente de toda su situación sentimental y de salud, así como también de que en cualquier momento puede morir, le solicita expresamente a Javier (su mejor amigo y a la vez compadre) que ponga fin a sus intensos dolores de salud, implorándole expresamente al punto de decirle que grabe con su x celular su expreso consentimiento a fin de que no tenga proble___________________________________________________________________________________________ 769

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SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

mas judiciales. Javier procede a su pedido al ver el estado crítico de su amigo. Como debe calificarse la conducta de Javier:

a. Javier responde por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente el delito de homicidio piadoso. b. Javier no responde por existir una causa de justificación consis­ tente en el consentimiento de la víctima. c. La conducta de Javier es atípica. d. Javier responde por el delito de instigación al suicidio.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 20. En relación al delito de suicidio, marque la alternativa incorrecta:

a. Responde penalmente aquella persona que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, si es que el suicidio se ha con­ sumado o intentado. b. Solo responde penalmente aquella persona que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, siempre y cuando se haya consumado mas no intentado. c. La agravante constituye cuando el agente actúa por un móvil egoísta. d. Es un delito común ya que puede ser cometido por cualquier persona.

Respuesta: b

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 10 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

El Ministerio Público recibe una denuncia en la que se le pone en conocimiento que los principales funcionarios de una entidad públi­ ca Uefe de administración, jefe de logística y tesorero) exigen a los partícipes de los procesos de selección el pago de sumas de dinero a fin de obtener la buena pro. Para facilitar ello, dichos funcionarios, de acuerdo a las funciones que desempeñan en la entidad, de forma concertada se encargan de redactar las bases del proceso de selec­ ción incorporando condiciones que solo cumplen las empresas con las que tienen los acuerdos colusorios para otorgarles la buena pro; estos funcionarios participan como miembros del Comité Especial 770 _________________________________________________________

PRUEBA P

aprobando las ampliaciones de plazo y valorizaciones en perjuicio de la entidad, siendo el jefe de logística quien acuerda con los parti­ culares y asigna los roles que asumirán los demás funcionarios. Esta actividad ilícita la vienen desarrollando a lo largo de los dos últimos ejercicios anuales de la entidad, habiéndose evidenciado su partici­ pación en 15 procesos de selección. El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. A efectos de hacer eficiente su investigación y evidenciar los hechos investi­ gados decide crear una persona jurídica a fin de que participe en los procesos de selección a convocar por la entidad pública antes citada, designando como accionista y representante de la misma a una per­ sona encubierta.

21. Respecto al caso planteado, sobre la imputación por el delito de organización criminal, señale la respuesta correcta:

a. La conducta resulta atípica, en tanto no es posible la existencia de una asociación ilícita al interior de una entidad pública. b. La conducta es atípica, en tanto los funcionarios solo habrían cometido una clase de delito (colusión). c. La conducta resulta atípica, en tanto las conductas desplegadas por los funcionarios son parte de sus funciones. d. La conducta resulta típica, en tanto existe una pluralidad de personas, distribución de roles, actuación concertada, vocación de permanencia y estructura interna.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

a. Resulta ilegal la creación de una persona jurídica ficticia por el Ministerio Público. b. La creación de la persona jurídica debe ser inscrita en un regis­ tro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto, requiriéndose la confirmatoria judicial. c. El Ministerio Público no se encuentra facultado para la creación de una persona jurídica. d. La creación de la persona jurídica por el Ministerio Público, re­ quiere previa autorización judicial. 771

LEGALES EDICIONES

22. En el mismo caso, sobre la investigación diseñada por el Ministe­ rio Público, señale la respuesta correcta:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 12 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 2 3.Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el plazo máximo de duración para las diligencias preliminares en investi­ gaciones vinculadas a organizaciones criminales es de:

a. b. c. d.

60 días. 8 meses. 3 años. 6 años.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

El plazo máximo de las diligencias preliminares en los casos de organi­ zación criminal no debe superar los treinta y seis meses. Esto es así por­ que las diligencias preliminares orientadas a establecer la ocurrencia de los hechos y la delictuosidad de los mismos en una organización crimi­ nal (lo que advierte una infracción de especial gravedad) requieren para sus fines un plazo más lato y razonable, pues uno reducido o limitado impediría su adecuada conclusión. De esta manera, una interpretación sistemática de los incisos i y 2 del artículo 5 de la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, habi­ lita, en investigaciones de crimen organizado, un plazo mayor para las “diligencias preliminares”, ello en función de su propósito objetivo: los hechos de investigación. Así lo ha señalado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al re­ solver la Casación N° 599-2018-Lima, en su sentencia emitida el 11 de octubre de 2018, mediante el cual declaró infundado el recurso inter­ puesto por el partido político Fuerza Popular. Por ello, la Corte concluyó que siguiendo las líneas interpretativas expre­ sadas en las Cas. N°s. 2-2008-La Libertad y 144-2012-Áncash, respecto a considerar como baremo el plazo máximo fijado en la investigación preparatoria, “en el marco de una investigación a una organización cri­ minal, el plazo máximo de las diligencias preliminares no debe superar los treinta y seis meses”. Igualmente, agregó que tal plazo se justifica en atención a que una orga­ nización criminal, dado la dinámica de las conductas derivadas, puede requerir mayor plazo al previsto para las indagaciones de casos comu­ nes o complejos. “Se exige una mayor inversión de recursos personales, 772

PRUEBA P

logísticos, demanda un tiempo superior para investigarla, procesarla y juzgarla, a diferencia de otros procesos y es necesario potenciar la efica­ cia de la persecución penal y no limitar la operatividad fiscal, en tanto es posible que decida técnicas especiales de investigación”, añadió la Sala. Cabe señalar que la Corte también precisó que su argumentación no puede determinar que el plazo máximo de treinta y seis meses deba ser utilizado en su integridad, pues en función del interés investigativo el fiscal puede optar por un plazo menor, siendo que la disposición que dicte el fiscal debe justificar la necesidad del plazo y la razonabilidad de las diligencias ordenadas. “El grado de discrecionalidad del que está investido el fiscal para que lleve a cabo su investigación debe estar pre­ cedido del principio de interdicción de la arbitrariedad, pues su incum­ plimiento legitima que el investigado acuda al juez de investigación pre­ paratoria instando su pronunciamiento”, acotó la Suprema.

24 .Respecto al delito de lavado de activos, señale la afirmación inco­ rrecta: a. Es un delito autónomo, tanto en su configuración material como para los efectos de su persecución procesal. b. Para iniciar diligencias preliminares solo se exige elementos de convicción que sostenga una sospecha inicial simple. c. El artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo 1249, es una disposición meramente decla­ rativa y de reconocimiento. d. Todas son correctas.

Respuesta: d

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LEGALES EDICIONES

Sobre la base del contenido del texto legal se puede definir el delito de lavado de activos de la siguiente manera: El delito de lavado de activos es todo acto, ejecutado por cualquier per­ sona, para convertir, transferir, ocultar, tener, transportar activos con­ sistentes en dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito y que la persona que realiza tal acto conoce o debía presumir este origen ilícito, lo que ejecuta con la finalidad de evitar la identificación de su proceden­ cia, su incautación o decomiso por parte de la justicia. Estas conductas son drásticamente penalizadas. Cualquier persona que cometa estos actos de convertir, transferir y/u ocultar activos ilícitos, es pasible de ser sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y adicionalmente la pena de multa con­ sistente en 20 a 350 días multa.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

En la doctrina penal, la legislación penal de otros países y la jurispru­ dencia, las expresiones “lavado”, “blanqueo”, “reciclaje” o incluso “legi­ timación” son utilizadas indistintamente para referirse a un mismo fe­ nómeno, que puede definirse desde la óptica de la doctrina; siguiendo al tratadista Miguel Bajo Fernández, como “el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultantes de ac­ tividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integra en el sistema económico y financiero”. El bien jurídico que se protege con el delito de lavado de activos es múl­ tiple por lo que se señala que tiene carácter pluriofensivo, según un am­ plio sector de la doctrina y la jurisprudencia, se protege la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico-financiero o el orden socio económico, la seguridad del tráfico comercial y la libre competen­ cia, conjuntamente con la eficacia del sistema de justicia, aT impedir la identificación de los activos dándole una apariencia legal frustrando su incautación y decomiso. 25 . No es una técnica especial de investigación utilizada para organi­ zaciones criminales, de conformidad con la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado:

a. b. c. d.

Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. Pericia técnico contable. Agente encubierto.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

Las técnicas especiales que esta ley autoriza son: agente encubierto, acciones de seguimiento y vigilancia, circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, interceptación postal e intervención de las comunica­ ciones. 26 .Es la consecuencia jurídico patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, ins­ trumento o efectos o ganancias de actividades ¡lícitas a través de una sentencia emitida respetando el debido proceso, sin in­ demnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o terceros.

a. Incautación. b. Extinción de dominio. 774

PRUEBA P

c. Decomiso. d. Embargo.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 32 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 8-2021SN/JNJ

27 .Es el encargado de llevar a cabo la etapa de indagación patrimo­ nial dentro del proceso de extinción de dominio: a. b. c. d.

Juez especializado con competencia de extinción de dominio. Procuraduría General del Estado. Contraloría General de la República. Fiscal especializado.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 8-2021SN/JNJ 28 .Señale la afirmación que no corresponde a la flagrancia:

a. La flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, y está vincu­ lada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaría. b. Un tipo de flagrancia se da cuando la persona es intervenida por la existencia de datos que permiten intuir su intervención en el hecho delictivo (todos los elementos necesarios para evidenciar la comisión del delito se encuentran presentes en el lugar de la detención y son recabados durante la captura). c. Es un supuesto válido para incoar un procedimiento inmediato, d. Todas son correctas.

Un delito flagrante o delito in fraganti es el delito que se comete cuando el autor es sorprendido en el momento de cometer la infracción. Por lo tanto, no cabe duda de la culpa. Además, también se considera delito flagrante cuando el autor es dete­ nido o perseguido inmediatamente después de haberlo consumado o cuando se sorprende al infractor justo después de cometer un delito con efectos, instrumentos o vestigios que puedan llevar a sospechar de su participación en la comisión del delito. 775

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

29.En el Exp. 2970-2019-PHC/TC-Madre de Dios, doña Marcelina Ru­ das Valer y doña Jhojana Rudas Guedes, interpusieron demanda de habeas corpus a favor de esta última y la dirigieron contra el jefe del Registro Nacional de Identificación y Servicio Civil (RENIEC) a fin de que a Jhojana se le emita el documento Nacional de Identidad (DNI) anteponiendo el apellido materno al paterno. Señalan que no respetar su voluntad vulnera el derecho a la iden­ tidad.

El Tribunal Constitucional al expedir sentencia por mayoría seña­ lo (marque la respuesta incorrecta): a. b. c. d.

El nombre provee de información base para la emisión del DNI. El nombre es imprescriptible. El nombre es comercial. El nombre hace posible el ejercicio de derechos.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 21 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 30 .El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp.018492017-PA7TC, señaló:

LEGALES EDICIONES

“La doctrina, por su parte, ha señalado que la realidad social cam­ biante ha ido modificando la composición de la familia generan­ do diferentes tipos. Así, diversos autores han señalado que “La caída de las nupcialidad y el ascenso de la tasa de divorcios ha causado una eclosión de nuevas formas de familia, tales como: familias unipersonales (de solteros, divorciados o viudos); monoparentales o matrifocales (madres sin pareja con hijos a su cargo, sean solteras o separadas); reconstituidas (parejas de segundas o ulteriores nupcias, a cargos de hijos procedentes de uniones an­ teriores); familias de cohabitantes, uniones informales de parejas sin legalizar, tengan o no hijos a su cargo, etc.”.

Se considera familia reconstituida, a aquellas en que (marque la respuesta incorrecta): a. En las cuales uno o ambos de sus integrantes tienen hijos prove­ nientes de una relación previa, generándose un parentesco por afinidad. b. No se requiere que habiten y compartan vida con cierta estabi­ lidad, publicidad y reconocimiento.

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PRUEBA P

c. Las relaciones familiares se desarrollan en un ámbito de afecti­ vidad. d. La familia ensamblada es merecedora de tutela constitucional.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 22 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

31 .El artículo 20° del Código Civil señala: “Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre” de acuerdo a lo que por mayoría resolvió el Tribunal Constitucional en la sentencia ya citada, en la composición de los apellidos debe observarse (marque la respuesta correcta): a. La normatividad vigente. b. Los padres pueden determinar el orden de los apellidos. c. La costumbre. d. El registrador puede determinar el orden de los apellidos.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 32 .Gustavo Adolfo en calidad de padre demanda a Noelia a fin de que permita visitar a su menor hijo. Noelia (madre) contesta la demanda expresando que Gustavo Adolfo (padre) no cumple con los alimentos a favor de su hijo. El hijo al conferenciar con el Juez de Familia expresa que desea que su padre lo visite. Gustavo Adolfo desesperado interpone una medida cautelar temporal so­ bre el fondo y solicita al Juez la ejecución anticipada de la futura decisión final.

a. El Código Procesal Civil prescribe que no procede la ejecución anticipada de la futura decisión final porque en los procesos de régimen de vistas debe esperarse la decisión final. b. El Código Procesal Civil prescribe que si procede la ejecución anticipada de la futura decisión final, atendiendo preferente­ mente al interés del niño y porque la pretensión principal versa sobre el régimen de vistas que son asuntos de familia. 777

LEGALES EDICIONES

Precise si el Código Procesal Civil regula medidas cautelares para pretensiones donde se discute el régimen de visitas:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

c. El Código Procesal Civil prescribe que no procede la ejecución anticipada de la futura decisión final porque nuestro Código Procesal Civil no regula esta medida cautelar dentro de las me­ didas temporales sobre el fondo. d. El Código Procesal Civil prescribe que si procede la medida cautelar, pero como una medida cautelar genérica.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

Ricardo Arauja es propietario de un inmueble ubicado en Las Delicias, distrito de Los Frutales. La panadería El Crujido busca nuevo local a fin de que sus empleados puedan desarrollar su labor en mejores condi­ ciones. En esa línea, inicia las negociaciones para el arrendamiento del inmueble, suscribiendo el contrato de arrendamiento el 15 de no­ viembre de 2020, por un plazo de 3 años y una renta mensual de US$ 7,000.00 dólares americanos. El 20 de noviembre llegó un comunicado de la Municipalidad de Los Frutales señalando que la zonificación no permitía el establecimiento de una panadería y que por tal razón no podía funcionar. Ante dicho comunicado, el 15 de diciembre el gerente de El Crujido decidió resolver el contrato de arrendamiento, debido a la imposibilidad de llevar a cabo su finalidad. El 27 de diciembre Ricar­ do Arauja presentó demanda de indemnización por daños y perjuicios, argumentando que la negligencia de la empresa en evaluar la zonifica­ ción y las posibilidades de llevar adelante el proyecto solo le es imputa­ ble a ella, y que con la resolución del contrato se le ha generado un gra­ ve perjuicio económico, debido a que ya no recibirá lo correspondiente a los meses pendientes de pago por concepto de renta (lucro cesante). 33 . Marque la respuesta correcta: La resolución del contrato por parte de El Crujido no puede ser cuestionada por Ricardo Arauja porque el objeto del arrenda­ miento es jurídicamente imposible. b. Ricardo Arauja debería indemnizar a El Crujido por haberle ocultado lo relativo a la zonificación. c. Ricardo Arauja indujo a error a El Crujido. d. Ricardo Araujo puede demandar la ineficacia de la resolución extrajudicial realizada por el Crujido.

LEGALES EDICIONES

a.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

778 ________________________________________

PRUEBA P

34 .Marque la respuesta correcta: a. La demanda de indemnización de daños y perjuicios de Ricar­ do Arauja solo puede prosperar si prueba que la Municipalidad modificó la zonificación con posterioridad a la firma del con­ trato. b. El Crujido puede alegar dolo recíproco. c. El juez puede declarar la nulidad del acto jurídico de oficio. d. La demanda de indemnización de daños y perjuicios de Ri­ cardo Araujo puede prosperar si prueba que El Crujido no le indicó cuál era el motivo determinante para celebrar el acto jurídico.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ En uno de los ríos de la Selva peruana se hunde un pequeño bote con motor fuera de borda, donde iban dos personas, que desapare­ cen y no se sabe nada de ellos. Jorge es uno de los desaparecidos. Sus familiares no saben qué hacer, pues Jorge es dueño de bienes consistentes en tierras de cultivo, ganado vacuno, vehículos y otros bienes, que representan una fortuna. Un año antes de su desapari­ ción, otorgó un testamento en el que instituyó como sus herederos a sus padres y como sus legatarios a sus dos hermanos. Hasta la fecha han transcurrido cinco años desde que despareció Jorge y su acompañante.

35 .¿Qué deben hacer sus familiares para acreditar la muerte de Jor­ ge e iniciar la sucesión?

d. Solicitarán y obtendrán la declaración de muerte presunta de Jorge.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA I- CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ ____________________________________________________ ______________________________________ 779

LEGALES EDICIONES

a. Pedirán que se haga una investigación sobre la causa de su muerte. b. Solicitarán y obtendrán la declaración de ausencia de Jorge. c. Solicitarán y obtendrán la declaración de desaparición de Jorge,

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

36 .Ab¡erta la sucesión de Jorge, ¿cómo se distribuirá la herencia en­ tre las personas instituidas en el testamento? a. Se dividirá la herencia entre todos en partes iguales. b. Los padres recibirán las dos terceras partes. c. Concurrirán solamente los padres excluyendo a los hermanos de Jorge. d. Los padres recibirán la mitad y los hermanos la otra mitad.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ A es acreedor de B por 1,000 mil soles, y deudor de X también por 1,000 soles. A acuerda con X que lo sustituya en el crédito contra B, extinguiendo su crédito contra B y haciendo nacer un nuevo crédito a favor de X.

37 . Esta operación constituye: a. b. c. d.

una cesión de créditos. una novación objetiva. una novación subjetiva pasiva. una novación subjetiva activa.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

38 .El acuerdo entre A y X requiere: a. b. c. d.

El asentimiento del deudor B. Ser celebrado por escritura pública. La sustitución del deudor. Basta el acuerdo entre el acreedor que sustituye y sustituido.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 30 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

39 .La argumentación jurídica permite: a. Descubrir la verdad de los hechos. b. Tener una visión autoritativa del Derecho. 780

PRUEBA P

c. Llegar a conclusiones por medio de afirmaciones lógicas que están fundamentadas en razones aceptadas desde el campo de la aplicación de los textos normativos y el punto de vista juris­ prudencial. d. Las respuestas a) y b) son correctas.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 36 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

40 .El fiscal durante el procedimiento preventivo podrá: ¿Cuál de las siguientes alternativas es incorrecta?

a. Realizar operativos de prevención del delito. b. Solicitar informes a instituciones públicas o entidades privadas. c. Disponer el cumplimiento de una actuación a la Policía Nacio­ nal o instituciones públicas o entidades privadas. d. Asumir competencia en materia penal si advirtiera la existencia de indicios de delito.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 29 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 6-2021SN/JNJ

LEGALES EDICIONES

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PRUEBA Q

FISCAL PROVINCIAL MIXTO 1. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Expediente 0024-2003-AI/TC, señaló:” [...] el precedente constitucional vincu­ lante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga”.

Siendo este el concepto, señale cuando procede la aplicación del precedente vinculante: a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma. b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma. c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente. d. Cuando una de las partes solicita formalmente la aplicación del precedente vinculante que considera pertinente.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 16 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 2. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC acogió por primera vez la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el estado de cosas inconstitucional.

Cuáles fueron los efectos de acoger esa doctrina.

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LEGALES EDICIONES

a. Acumular todos los procesos seguidos entre las mismas partes. b. Extender los alcances de su sentencia a personas que no habían sido parte en el proceso. c. Cualquier órgano jurisdiccional, en un proceso ordinario, de­ clarando un estado de cosas inconstitucionales, podía extender los efectos de_ una sentencia a quienes no habían sido parte en el proceso. d. A que toda sentencia dictada, cuyo criterio era contraria a ese pronunciamiento: era nula.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 3 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Expediente N° 5854-2005-PA/TC, dijo: “ El tránsito del Estado Legal de Derecho al Es­ tado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientado­ ras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”. Significó: 3. Marque la respuesta incorrecta

a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento. b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompati­ bilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la pri­ mera. d. Las resoluciones en materia electoral, dictadas en última ins­ tancia, por el Jurado Nacional de Elecciones, son inatacables jurisdiccionalmente.

Respuesta: d

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VER PREGUNTA N° 13 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 4. El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos anteriores al dictar sentencia en el Expediente 01908-2013-PA/TC, señaló: “Así pues, el derecho a la debida motivación de las resolu­ ciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una de­ terminada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. 784

PRUEBA Q

Marque la alternativa correcta:

a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación. b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de me­ dios probatorios. c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por de­ ficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución. d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 15 DELA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 5. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Jazmines es inves­ tigado por el delito de abuso de autoridad por presuntamente ha­ ber realizado diversos actos arbitrarios en agravio de varios tra­ bajadores municipales. Durante la investigación preparatoria el fiscal decide requerir una medida coercitiva con fines de preven­ ción dada la reiteración delictiva. Sobre la posibilidad de requerir la suspensión preventiva de derechos, señalar la alternativa co­ rrecta:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 785

LEGALES EDICIONES

a. El fiscal puede solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo, por un plazo no mayor de la mitad de la mitad del tiempo pre­ visto para la pena de inhabilitación para el delito de abuso de autoridad. b. El fiscal podrá solicitar la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo no mayor de 4 meses. c. El fiscal no podrá solicitar la suspensión preventiva de derechos pues el imputado ostenta un cargo que proviene de elección po­ pular. d. El fiscal podrá solicitar la suspensión temporal del cargo previa autorización del Congreso de la República.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

6. Para imponer una medida de suspensión preventiva de derechos, se requiere:

LEGALES EDICIONES

a. Graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor y partícipe del mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la ver­ dad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. b. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las es­ pecíficas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. c. Graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor y partícipe del mismo y peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. d. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo y pe­ ligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, permita colegir razonablemente que tratará de elu­ dir la acción de la justicia o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 10 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

Juan, jefe de logística del Ministerio de Transportes y Comunicacio­ nes, encargado de las licitaciones en dicha entidad, abusando de su cargo incrementa ilícitamente el patrimonio de su hermano Arman­ do, a nombre de quien figuran todos los bienes y el dinero; sin embar­ go, de facto ejerce el pleno dominio sobre dichos activos. 786

PRUEBA Q

7. En atención al caso planteado, sobre la imputación a efectuar contra Juan. Señale la respuesta correcta: a. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento Ilícito, en calidad de autor, dado que en realidad ha incrementado su pa­ trimonio sirviéndose de un testaferro. b. Su conducta no resulta punible, puesto que no ha incrementado su patrimonio, como exige el tipo penal, sino el patrimonio de su hermano. c. Corresponde imputarle el delito de lavado de activos en cali­ dad de autor. d. Corresponde imputarle el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice de su hermano Armando.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 8. En el mismo caso, ¿cuál sería la imputación contra Armado?

a. Responde como coautor del delito de enriquecimiento ilícito. b. Su conducta no resulta punible, dada la incomunicabilidad de circunstancias. c. Responde como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. d. Responde por un delito común, dado que no ostenta la calidad de funcionario público exigido por el tipo penal.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 12 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

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LEGALES EDICIONES

El director de una entidad estatal acuerda con el representante de la empresa M&J Inversiones, llamado Fermín, que los procesos de se­ lección a convocar durante el presente ejercicio anual serían otor­ gados a la referida empresa, para lo cual esta entrega a aquél una fuerte suma de dinero como adelanto de la comisión acordada por los procesos de selección. Para concretar los acuerdos, Fermín se encarga de elaborar -extraoficialmente- la bases del futuro proceso de selección, a fin de manipular las condiciones del mismo, mien­ tras que el director designa como miembros del Comité Especial a personas afines, a quienes pone al tanto de lo sucedido, quienes

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aceptan y se comprometen en que al momento de efectuar la ca­ lificación entregarían la buena pro a la empresa antes citada, aun cuando no sostienen reunión alguna con Fermín; posteriormente, después de aprobadas las bases preparadas por Fermín, las cuel­ gan en el SEACE.

Habiendo tomado conocimiento de que la Contraloría General de la República había acreditado una comisión auditora en la enti­ dad, el director y los miembros del Comité Especial decidieron anular el proceso de selección, previo a la presentación de pro­ puestas técnicas y económicas, aduciendo la existencia de defec­ tos administrativos, con la finalidad de evitar que los hechos sean descubiertos por el órgano de control; situación que incomodó a Fermín, quien decidió poner los hechos en conocimiento del Minis­ terio Público. 9. De acuerdo al caso planteado, respecto a la imputación contra el director de la entidad, señale la respuesta correcta:

a. Se le imputará el delito de colusión, en calidad de autor. b. Su conducta resulta atípica de colusión, en tanto no se otorgó la buena pro, al declararse nulo el proceso de selección. c. Su conducta resulta atípica, en tanto no tiene participación di­ recta en el proceso de selección, ya que no es quien elabora las bases ni otorga la buena pro, correspondiendo dicha labor al Comité Especial. d. Su conducta resulta atípica, en tanto no existe perjuicio al patri­ monio del Estado.

Respuesta: a

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 8-2021SN/JNJ 10. Respecto a la participación de los miembros del Comité Especial, señale la respuesta correcta: a. Su conducta resulta atípica, en tanto se declaró la nulidad del proceso de selección. b. Se les imputará el delito de colusión simple, en calidad de auto­ res. c. Su conducta resulta atípica, en tanto no sostuvieron reunión al­ guna con Fermín y por ende no habría acuerdo colusorio en este caso. 788

PRUEBA Q

d. Se les imputará el delito de colusión simple, en calidad de cóm­ plices primarios.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA B - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ El Ministerio Público recibe una denuncia en la que se le pone en conocimiento que los principales funcionarios de una entidad públi­ ca Jefe de administración, jefe de logística y tesorero) exigen a los partícipes de los procesos de selección el pago de sumas de dinero a fin de obtener la buena pro. Para facilitar ello, dichos funcionarios, de acuerdo a las funciones que desempeñan en la entidad, de forma concertada se encargan de redactar las bases del proceso de selec­ ción incorporando condiciones que solo cumplen las empresas con las que tienen los acuerdos colusorios para otorgarles la buena pro; estos funcionarios participan como miembros del Comité Especial aprobando las ampliaciones de plazo y valorizaciones en perjuicio de la entidad, siendo el jefe de logística quien acuerda con los parti­ culares y asigna los roles que asumirán los demás funcionarios. Esta actividad ilícita la vienen desarrollando a lo largo de los dos últimos ejercicios anuales de la entidad, habiéndose evidenciado su partici­ pación en 15 procesos de selección. El Ministerio Público lleva adelante una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. A efectos de hacer eficiente su investigación y evidenciar los hechos investi­ gados decide crear una persona jurídica a fin de que participe en los procesos de selección a convocar por la entidad pública antes citada, designando como accionista y representante de la misma a una per­ sona encubierta.

11. Respecto al caso planteado, sobre la imputación por el delito de organización criminal, señale la respuesta correcta:

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LEGALES EDICIONES

a. La conducta resulta atípica, en tanto no es posible la existencia de una asociación ilícita al interior de una entidad pública. b. La conducta es atípica, en tanto los funcionarios solo habrían cometido una clase de delito (colusión). c. La conducta resulta atípica, en tanto las conductas desplegadas por los funcionarios son parte de sus funciones. d. La conducta resulta típica, en tanto existe una pluralidad de personas, distribución de roles, actuación concertada, vocación de permanencia y estructura interna.

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Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

12. En el mismo caso, sobre la investigación diseñada por el Ministe­ rio Público, señale la respuesta correcta: a. Resulta ilegal la creación de una persona jurídica ficticia por el Ministerio Público. b. La creación de la persona jurídica debe ser inscrita en un regis­ tro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto, requiriéndose la confirmatoria judicial. c. El Ministerio Público no se encuentra facultado para la creación de una persona jurídica. d. La creación de la persona jurídica por el Ministerio Público, re­ quiere previa autorización judicial.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 12 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 13.Sobre los criterios previstos en el Código Civil de 1984 en rela­ ción a la interpretación del acto jurídico, en el supuesto de las “expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto”, corres­ ponde a:

a. Interpretación objetiva b. Interpretación sistemática c. Interpretación integral LEGALES EDICIONES

d. Interpretación literal

Respuesta: c La interpretación jurídica (o del derecho) es una actividad que con­ siste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamien­ to jurídico y que no son normas, como por ejemplo, los principios. En consecuencia, hablar de interpretación del derecho es igual a re­ ferirse a una actividad que comprende a todas las normas jurídicas, y no únicamente a las normas legales que produce el órgano legislativo. 790

PRUEBA Q

De ahí que la interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica. De partida, la interpretación de un orden jurídico puede asumir una de estas dos modalidades: puede ser auténtica o no auténtica. La interpretación es una actividad que tiene lugar cuando el lenguaje en que se expresa el derecho (Constitución, ley, etc.) es interpretado por los órganos encargados de su creación a fin de crear los materiales jurídicos que los completen. Esto es lo que se conoce como interpretación auténtica. En otras palabras, en esta clase de interpretación el mismo órgano que se encarga de crear la norma jurídica va a determinar su alcance o sentido. La interpretación auténtica se realiza sobre una “norma genérica”. En el caso de aplicación del Derecho, el órgano que aplica la norma al caso concreto también realiza una interpretación, caso de una decisión administrativa tratándose de una autoridad o una sentencia en el caso de un tribunal. En contraste, la interpretación no auténtica es aquella realizada por per­ sonas u órganos que no tienen la posibilidad de aplicar el Derecho que interpreta. Aquí, nuevamente es posible hacer una distinción entre la interpretación que llevan a cabo los juristas, a quienes corresponde so­ lamente identificar y describir el Derecho con fines de conocimiento o difusión (doctrina); y la que realizan los propios sujetos normativos, que pueden establecer el significado de las normas jurídicas que regulan su comportamiento.

14.El artículo 219° del Código Civil desarrolla las causales para de­ clarar la nulidad absoluta del acto jurídico y el artículo 221 ° las causales para declarar la de anulabilidad del acto jurídico. Siendo diferentes sus efectos.

Marque la respuesta correcta:

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 791

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a. El acto jurídico anulable nace sin vida, no produce efectos jurí­ dicos. b. El acto jurídico nulo puede ser confirmado c. El acto jurídico nulo teniendo todos los aspectos de su estructu­ ra tiene un contenido ilícito. d. La sentencia que declara la anulabilidad de un acto jurídico, es simplemente declarativa.

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15.La disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación volun­ taria, principalmente contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. Siendo requisitos comunes a la responsabilidad: Marque la respuesta incorrecta.

a. b. c. d.

Antijuricidad. Tipicidad. Relación de causalidad. Factores de atribución.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA H- CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

16.La culpa es el fundamento del sistema subjetivo de responsabili­ dad civil. La ausencia de culpa, a quien corresponde probarla: a. b. c. d.

A la victima. Al juez. Al autor. Al tercero perjudicado.

Respuesta: c

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VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ Ricardo Arauja es propietario de un inmueble ubicado en Las Deli­ cias, distrito de Los Frutales. La panadería El Crujido busca nuevo lo­ cal a fin de que sus empleados puedan desarrollar su labor en mejo­ res condiciones.

En esa línea, inicia las negociaciones para el arrendamiento del in­ mueble, suscribiendo el contrato de arrendamiento el 15 de noviem­ bre de 2020, por un plazo de 3 años y una renta mensual de US$ 7,000.00 dólares americanos. El 20 de noviembre llegó un comunica­ do de la Municipalidad de Los Frutales señalando que la zonificación no permitía el establecimiento de una panadería y que por tal razón 792

PRUEBA Q

no podía funcionar. Ante dicho comunicado, el 15 de diciembre el ge­ rente de El Crujido decidió resolver el contrato de arrendamiento, de­ bido a la imposibilidad de llevar a cabo su finalidad. El 27 de diciembre Ricardo Arauja presentó demanda de indemniza­ ción por daños y perjuicios, argumentando que la negligencia de la empresa en evaluar la zonificación y las posibilidades de llevar ade­ lante el proyecto solo le es imputable a ella, y que con la resolución del contrato se le ha generado un grave perjuicio económico, debido a que ya no recibirá lo correspondiente a los meses pendientes de pago por concepto de renta (lucro cesante).

17. Marque la respuesta correcta: a. La resolución del contrato por parte de El Crujido no puede ser cuestionada por Ricardo Arauja porque el objeto del arrenda­ miento es jurídicamente imposible. b. Ricardo Arauja debería indemnizar a El Crujido por haberle ocultado lo relativo a la zonificación. c. Ricardo Arauja indujo a error a El Crujido. d. Ricardo Araujo puede demandar la ineficacia de la resolución extrajudicial realizada por El Crujido.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 25 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 18. Marque la respuesta correcta:

a. La demanda de indemnización de daños y perjuicios de Ricar­ do Arauja solo puede prosperar si prueba que la Municipalidad modificó la zonificación con posterioridad a la firma del con­ trato. b. El Crujido puede alegar dolo recíproco. c. El juez puede declarar la nulidad del acto jurídico de oficio. d. La demanda de indemnización de daños y perjuicios de Ricardo Araujo puede prosperar si prueba que El Crujido no le indicó cuál era el motivo determinante para celebrar el acto jurídico.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 26 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 793

q

g O Q

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

19 .En uno de los ríos de la Selva peruana se hunde un pequeño bote con motor fuera de borda, donde iban dos personas, que desa­ parecen y no se sabe nada de ellos. Jorge es uno de los desapa­ recidos. Sus familiares no saben qué hacer, pues Jorge es dueño de bienes consistentes en tierras de cultivo, ganado vacuno, ve­ hículos y otros bienes, que representan una fortuna. Un año an­ tes de su desaparición, otorgó un testamento en el que instituyó como sus herederos a sus padres y como sus legatarios a sus dos hermanos. Hasta la fecha han transcurrido cinco años desde que despareció Jorge y su acompañante. Abierta la sucesión de Jor­ ge, ¿cómo se distribuirá la herencia entre las personas instituidas en el testamento?

a. Se dividirá la herencia entre todos en partes iguales. b. Los padres recibirán las dos terceras partes. c. Concurrirán solamente los padres excluyendo a los hermanos de Jorge. d. Los padres recibirán la mitad y los hermanos la otra mitad.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA I - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

20 .De acuerdo a la doctrina jurisprudencial, cuáles son los alcan­ ces y contenidos de la garantía de la “presunción de inocen­ cia”:

LEGALES EDICIONES

Marque la respuesta incorrecta:

a. b. c. d.

Principio informador del proceso penal. Como regla de tratamiento del imputado. Como límite de la función jurisdiccional. Como regla en el ámbito de la prueba.

Respuesta: c Se considera que por esta presunción iuris tantum, a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva (FJ 20, 21 y 22 - Exp. 006182005-HC). 794 __________________________________________________________________________________________

PRUEBA Q

21 .En relación al proceso inmediato, no es correcto: a. Se encuentra previsto para los casos en que exista detención policial, a cuyo término el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato al juez de investigación preparatoria. b. El juez lleva a cabo la audiencia única entro de las 48 horas de formulado el requerimiento fiscal y resuelve en la misma au­ diencia, sin posibilidad alguna de postergación. c. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del pro­ ceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso: Primero, sobre la procedencia de la incoa­ ción del proceso inmediato; luego, sobre la procedencia del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada; y, finalmente, sobre la procedencia de la medida coercitiva. d. Pronunciada la decisión judicial que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal procede a emitir formalmente la disposición de inicio de la investigación preparatoria, prescin­ diendo de llevar a cabo las diligencias preliminares.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 22 DELA PRUEBA H- CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

22 . Respecto a la terminación anticipada, no es correcto:

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LEGALES EDICIONES

a. La audiencia de terminación anticipada se lleva a cabo en au­ diencia pública, de conformidad con el principio de publicidad de las audiencias. b. La audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su abogado de­ fensor, siendo facultativa la concurrencia de los demás sujetos procesales. c. En la audiencia de terminación anticipada el juez debe explicar al procesado los alcances y consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa la posibilidad de controvertir su responsabilidad. d. El imputado que se acoja al proceso de terminación anticipa­ da recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte.

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 23 DE LA PRUEBA H - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 23 .En relación al plazo máximo que puede alcanzar la etapa de dili­ gencias preliminares, se puede señalar lo siguiente:

a. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, no podría ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria. b. Al no estar previsto en la ley, el extremo máximo debe ser fijado por el fiscal, con la única limitación de atender a la complejidad de la causa. c. El plazo máximo es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. d. El plazo máximo debe ser fijado por el juez de la investigación preparatoria, en la audiencia de control de plazos.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 25 DELA PRUEBA H- CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 24 . De acuerdo a las normas previstas en el Código Procesal Civil en rigor, el deber de evitar, durante el proceso, de situaciones de in­ equidad o desigualdad entre las personas, corresponde al:

a. b. c. d.

Principio de Inmediación procesal. Principio de democratización del proceso. Principio de justicia procesal. Principio de socialización del proceso.

LEGALES EDICIONES

Respuesta: d El principio de socialización procesal, recogido también en el artículo VI CPC, exige del juez la capacidad de saber intervenir a fin de que las desigualdades materiales que siempre acompañan a los litigantes, no en­ torpezcan la labor de llegar a una solución justa. 25 .El artículo 749° del Código Procesal Civil, contiene un listado de asuntos que se pueden tramitar en procesos no contenciosos, en­ tre ellos la Administración judicial de bienes, señalándose en los artículos 769° quienes pueden solicitarlo y en el artículo 770° cual es el objeto de este proceso:

796 _________________________________________________________

PRUEBA Q

Marque la respuesta incorrecta:

a. Se designa administración judicial para que cuide los bienes de personas naturales (menores, personas con capacidad restringi­ da, etc.) b. Lo pueden solicitar los padres, tutores, curadores. c. También lo puede solicitar el o los copropietarios del bien. d. Se puede solicitar la designación de administrador judicial para que administre los bienes de una persona jurídica.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 19 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 26 .Apelada una sentencia. Marque la respuesta correcta:

a. La violación de una norma procesal puede generar que una sen­ tencia sea revocada. b. La violación de una norma procesal solo puede originar revoca­ ción de una sentencia. c. La violación de una norma material tiene como consecuencia la anulación de una sentencia. d. La violación de una norma procesal tiene como consecuencia la nulidad de la sentencia o del procedimiento, dependiendo donde se detecte el vicio.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 39 DE LA PRUEBA E - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

a. Resolver conflictos de intereses e incertidumbres, pero cuando tengan relevancia jurídica. b. Resolver conflictos de intereses que se desprendan de las rela­ ciones jurídicas materiales. c. Proporcionar una declaración de certeza con autoridad de cosa juzgada frente a un conflicto de intereses. d. Reparar los daños ocasionados por un ilícito civil a través de una actuación judicial. ______________________________________ 797

LEGALES EDICIONES

27 .De acuerdo a los principios rectores del Código Procesal Civil ¿cuál es la finalidad del proceso?

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 14 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 28 .Marque la afirmación correcta sobre el recurso de casación:

a. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una nor­ ma procesal, la sala deberá revocar la sentencia de segundo grado. b. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una nor­ ma procesal, la sala deberá anular la sentencia de segundo grado. c. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma procesal, la sala podrá anular o revocar la sentencia según sea el caso. d. Si se declara fundado el recurso por la infracción de una norma material, la sala deberá anular la sentencia de segundo grado.

Respuesta: c

LEGALES EDICIONES

VER PREGUNTA N° 18 DE LA PRUEBA F - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

29 .Si bien Perú ha avanzado en su compromiso para combatir la violencia contra las mujeres, la Comisión Interamericana de De­ rechos Humanos observa con preocupación los registros oficia­ les que indican que en el 2021 se atendieron 140.833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que repre­ senta un incremento del 43% en comparación con 2020. Asimis­ mo, se tuvo noticias de que altos funcionarios del Estado cali­ ficaron las denuncias de violencia familiar contra funcionarios públicos como temas personales. Comentarios de tal naturaleza robustecen la noción equivocada de que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto privado cuya injeren­ cia escapa de la competencia del Estado, y envían un mensaje social de tolerancia a la violencia. La Comisión recuerda al Go­ bierno peruano: a. Que el Estado tiene la obligación de erradicar la cultura del machismo y patriarcalismo. b. Que el Estado debe llamar la atención a sus ministros y altos funcionarios. 798

PRUEBA Q

c. Que el Estado debe velar por la ciudadanía. d. Que el Estado peruano no debe discriminar a las mujeres.

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 33 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 30 .El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 000318- 2020-P-CSJMO-PJ su fecha 08 de se­ tiembre de 2020, aprobó la Directiva N° 007.2020- CE-PJ “Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niña, Niño y Adolescente” que, priorizando el interés superior del niño, desa­ rrolla siete principios a respetarse en el desarrollo del proceso.

Marque la respuesta correcta: a. El juez por razones de excesiva carga laboral u otras, puede delegar en el Especialista o Asistente la realización de la Au­ diencia Única. b. La niña, niño o adolescente tienen el derecho a ser escuchados en el proceso en atención a su edad y grado de madurez. c. Ante la inconcurrencia de las partes, procede el archivo del pro­ ceso, pese a existir todos los medios probatorios. d. No es admisible la prueba indiciaría para acreditar el nivel de vida del alimentante.

Respuesta: b VER PREGUNTA N° 9 DE LA PRUEBA G - CONVOCATORIA 9-2021SN/INI

Marque la respuesta incorrecta: a. El derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren ne­ cesarios. b. que estos sean valorados de manera adecuada y con la motiva­ ción debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. c. Que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios. _________________________________________________________ 799

LEGALES EDICIONES

31 . De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el derecho a la prueba es un derecho de estructura compleja cuyo contenido está compuesto por:

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

d. Que estos sean valorados de manera adecuada y sin motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia.

Respuesta: d El derecho a la prueba es un derecho de estructura compleja cuyo con­ tenido está “(...) compuesto por [a)] el derecho a ofrecer medios pro­ batorios que se consideren necesarios, [b)] a que estos sean admitidos, [c)] adecuadamente actuados, [d)] que se asegure la producción o con­ servación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y [e)] que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente moti­ vada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado”. (STC. Exp. 6712-2005-HC/TC. Caso Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana, fundamento jurídico 15).

32 .En lo relativo a la función jurisdiccional, cual es la relación de la Corte Interamericana con la Comisión Interamericana de Dere­ chos Humanos.

Seleccione la respuesta correcta.

LEGALES EDICIONES

a. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerá como órgano auxiliar ante la Corte. b. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerá como observador ante la Corte. c. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerá como órgano consultivo ante la Corte. d. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerá y será tenida como parte ante la Corte.

compare­ compare­ compare­ compare­

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 34 DE LA PRUEBA H-CONVOCATORIA 8-2021SN/JNJ

33 . De acuerdo con Hans Kelsen, la “unidad del sistema jurídico” ven­ dría determinada Marque la opción correcta: a. Por el juego combinado de reglas primarias y reglas secunda­ rias. 800

PRUEBA Q

b. Por la vinculación entre las reglas y los principios. c. Por la existencia de la regla de reconocimiento. d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 35 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 34 .Es necesario argumentar, en el ámbito jurídico, porque una im­ portante cantidad de disposiciones normativas contenidas en los textos legales:

a. Tienen una enorme cantidad de alcances interpretativos. b. Deben lograr una mayor transparencia en las decisiones.

c. Debe asegurar una mayor certeza en las decisiones. d. Tienen una textura abierta (producto de la ambigüedad, va­ guedad, lagunas, contradicciones del lenguaje jurídico o por las diversas lecturas ideológicas permitidas por los propios textos) que pueden producir diferencias legítimas, y en consecuencia disputas.

Respuesta: d Es necesario argumentar, en materia jurídica, porque una importan­ te cantidad de disposiciones normativas contenidas en los textos le­ gales tienen una textura abierta (producto de la ambigüedad, vague­ dad, lagunas, contradicciones del lenguaje jurídico o por las diversas lecturas ideológicas permitidas por los propios textos) que pueden producir diferencias legítimas, y en consecuencia disputas. Si se frac­ cionan cada una de las afirmaciones anteriores, las razones que res­ ponden a la pregunta por qué es necesario argumentar son las siguien­ tes: la textura abierta de los textos legales y las diferencias legítimas y disputas. 35 . En la Teoría General del Derecho, los criterios para resolver anti­ nomias son: Marque la opción correcta:

a. Jerárquico, cronológico, de especialidad y de competencia.

b. Jerárquico, cronológico, consecuente y a distancia. c. Superioridad, intermedio, determinado y cronológico. d. Profundo, de especialidad, interpretativo y cronológico __________________________________________________________________________________________ 801

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Respuesta: a VER PREGUNTA N° 40 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ 36 .De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la prueba tiene una faz subjetiva y otra objetiva. Según la dimensión subjetiva del derecho a la prueba implica que:

a. El deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la senten­ cia. b. Las pruebas de parte tienen un tratamiento especial. c. Las pruebas deben apoyarse en evidencias. d. Las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedi­ miento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.

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Respuesta: d El derecho a la prueba tiene una faz subjetiva y otra objetiva. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero legi­ timado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. En su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia. Esto es así por cuanto el proceso penal no sólo constituye un instrumento que debe garantizar los derechos fundamentales de los procesados, sino también debe hacer efectiva la responsabilidad jurídico-penal de las personas que sean halladas culpables dentro de un proceso penal. (STC. Exp. 1014-2007-PHC/ TC. Caso Luis Federico Salas Guevara Schultz, fundamentos jurídicos 10 y 11). 37.Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a. Un argumento es lógicamente válido cuando la conclusión se infiere (se deduce) necesariamente de las premisas, de tal 802

PRUEBA Q

manera que si las premisas son verdaderas la conclusión nece­ sariamente será también verdadera. b. El silogismo judicial representa la decisión judicial como una operación lógica o deductiva en la que a partir de una premisa mayor (una norma general y abstracta) y de una premisa menor (unos hechos que caen en el supuesto de hecho de la norma an­ terior) se llega necesariamente a una conclusión que constituye el fallo de la sentencia. c. La lógica del Derecho analiza los razonamientos empleados por los operadores jurídicos. d. El silogismo hipotético parte de varios Juicios basados en hipó­ tesis y acaba extrayendo una conclusión válida al relacionarlos entre sí.

Respuesta: c VER PREGUNTA N° 37 DE LA PRUEBA A - CONVOCATORIA 9-2021SN/JNJ

38 .Las teorías de la argumentación jurídica ...

Seleccione una: a. Defienden que el método jurídico tradicional (lógica formal) es suficiente para dar cuenta del razonamiento jurídico. b. Se enfrentan al determinismo, pero no al decisionismo al consi­ derar que el Derecho no se puede conocer hasta que el órgano encargado de aplicarlo no decide sobre la base de sus emocio­ nes, sentimientos, etc. c. Defienden que es posible encontrar parámetros de racionalidad para el control de las decisiones judiciales más allá de la lógica. d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

VER PREGUNTA N° 24 DE LA PRUEBA C - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

39 .En relación a la Justificación Interna, seleccione una: a. Es una cuestión de lógica deductiva que se refiere a la validez de la inferencia a partir de unas premisas dadas, pero no a la justificación de las propias premisas. 803

LEGALES EDICIONES

Respuesta: c

SOLUCIONARIO DEL BANCO DE PREGUNTAS

b. Debe ser completada, al menos en algunos casos, con la justifica­ ción externa que se refiere a la fundamentación de las premisas y que va más allá de la lógica deductiva. c. Se refiere a la elección y fundamentación de las premisas del silogismo judicial. d. Las opciones a) y b) son correctas.

Respuesta: d VER PREGUNTA N° 11 DELA PRUEBA D - CONVOCATORIA 5-2021SN/JNJ

40 .De acuerdo a las nomas del título preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que: “las deci­ siones de la autoridad administrativa, cuando creen obligacio­ nes, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida propor­ ción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. Esta disposición normativa co­ rresponde al: a. b. c. d.

Principio de legalidad. Principio de informalismo. Principio de razonabilidad. Principio de presunción de veracidad.

Respuesta: c

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Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligacio­ nes, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restric­ ciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Es cono­ cido como proporcionalidad. Sobre las Modificaciones al principio de razonabilidad, la Exposición de Motivos del D. Leg. 1272, cuyo artículo 2 modifica el articulado de la LPAG, expresa: “Pasando a especificar algo más a lo vinculado con el principio de razonabilidad, expresión del denominado debido proceso sustantivo -o la expresión sustantiva’ del derecho a un debi­ do proceso- se precisan mejor los criterios a utilizarse para graduar 804

PRUEBA Q

sanciones, especificándose mejor los ya previstos e incorporando a un tercero. Ahora se habla, con mayor rigurosidad, del beneficio ilícito resultante por la comisión de infracción -y no del más genérico y difuso ‘beneficio ilegalmente obtenido’-, toda vez que si lo que se desea es determinar que la sanción impuesta o por imponer es o no arbitraria, entonces debe definirse con claridad la situación sobre la cual se estableció el examen de proporcionalidad correspondiente, y que ahora sí se encuentra debi­ damente especificada en el texto de la norma”.

LEGALES EDICIONES

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Solucionario Desarrollado del Banco de Preguntas del Concurso público PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES, TOMO 2,

se terminó de imprimir en la ciudad de Lima, en los talleres de Servicios Gráficos Legales E.I.R.L., Jr. Azángaro 1075, Int. 201 - Lima.