BANCO DE PREGUNTAS LEGIS [EDITADO]

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1.

2.

La definición del derecho, considerado como integración por hechos, valores y normas, está referida a la: a.

Teoría egológica.

b.

Teoría multidimensional.

c.

Teoría tridimensional.

d.

Teoría sociológica.

Son disposiciones normativas que mandan a hacer algo: a.

3.

Normas prohibitivas.

b.

Normas permisivas.

c.

Normas preceptivas.

d.

Normas prohibitivas y preceptivas.

Establezca la afirmación correcta: a.

Si un mismo supuesto de hecho se regula por dos normas distintas, se debe aplicar la norma posterior, aun cuando sea de menor jerar­ quía.

b.

Si un mismo supuesto de hecho se regula por dos normas distintas, se debe aplicar la ley general sobre la ley especial.

c.

Si un mismo supuesto de hecho se regula por dos normas distintas se debe aplicar la ley especial sobre la ley general.

d.

En el ordenamiento jurídico jamás se presenta una situación en la cual un supuesto de hecho esté regulado por dos o más normas jurídicas.

4.

5.

6.

Establezca la afirmación correcta:

a.

Las normas jurídicas se aplican a los hechos ocurridos con anterio­ ridad a su entrada en vigencia.

b.

Las normas jurídicas se aplican a los hechos ocurridos durante el tiempo que estuvieron vigentes.

c.

Las normas jurídicas se aplican a los hechos ocurridos después del momento en que dejaron de estar vigentes.

d.

Las normas jurídicas se aplican a los hechos ocurridos con anterio­ ridad a su entrada en vigencia, así como aquellos ocurridos duran­ te el tiempo que estuvieron vigentes.

En la teoría contemporánea del derecho se suele distinguir entre enunciado normativo y norma. Esta distinción equivale a: a.

Ley y reglamento.

b.

El texto y su significado.

c.

El legislador y el juez.

d.

El juez y la jurisprudencia.

La expresión del derecho romano considera que su finalidad es dar "A cada cual lo suyo".

a.

7.

8.

Al referirse a la equidad, es plenamente válida y aplicable hoy.

b.

Es un ideal.

c.

Más que definir al derecho, define la justicia.

d.

Es una expresión demasiado sintética, para tratar de definir algo.

El derecho nace del hecho.

a.

En el derecho la principal fuente es la consuetudinaria.

b.

También de la lógica y de ideas innovadoras.

c.

Hay hechos que no tienen que generar derecho alguno.

d.

Es una afirmación simplista.

La ley es dura, pero es la ley.

a.

Para paliar esa dureza, está la equidad.

b.

No hay otra forma de hacer valer el derecho.

9.

c.

Si es dictada por el órgano competente.

d.

Siempre que haya sido conocida por todos.

Parece que en el Tahuantinsuyo no hubo escritura, en el sentido grá­ fico con que hoy se la entiende, pero sí se dio un importante desarro­ llo político y una evidente organización estatal que los historiadores del nivel de Arnold Toynbee (Estudio de la Historia), comparan con los más evolucionados del Viejo Continente. Sin embargo, como lo sostie­ ne el positivismo, el Derecho, como medio de orden y preservación de valores colectivos y sociales, evolucionó gracias a su formulación es­ crita. Esta afirmación permitiría deducir que si no hubiera escritura, no podría darse el fenómeno jurídico y, en consecuencia, tampoco podría configurarse un Estado. Dado el caso anterior, explicar la eficiente organización política y esta­ tal del Tahuantinsuyo carente de expresión normativa gráfica: a.

Las expresiones del derecho escritas gráficamente son las únicas ex­ presiones de la organización política de los pueblos; por tanto, no es posible tratar de encontrar tal organización en el Tahuantinsuyo.

b.

La costumbre de los pueblos, alrededor de valores étnicos y reli­ giosos, es una forma eficiente de orden normativo de trasmisión oral que permitió la estructuración política y su expansión, como lo evidencia el Tahuantinsuyo.

c.

La expresión positivista del derecho es deducible de la historia eu­ ropea, pero no sería aplicable a nuestro continente que desarrolló su propia normatividad consuetudinaria de trasmisión y desarrollo oral que en tal sentido sería distinta a la continental europea.

d.

Es evidente que, si no hay fuente escrita, no puede haber derecho objetivamente imponible a un pueblo de modo permanente.

Estado constitucional y argumentación

10. Respecto a la estructura de la Constitución como norma jurídica, señala la opción correcta:

a.

Es correcto que la Constitución se compone de normas que regu­ lan derechos fundamentales, y de normas que regulan la estructu­ ra y funcionamiento del Estado.

b.

Es correcto que todo texto normativo que reconozca derechos fun­ damentales tiene rango constitucional.

c.

Es correcto que la Constitución recoge únicamente derechos fun­ damentales, comprendidas como exigencias esenciales del ciuda­ dano frente al Estado.

d.

Es correcto que la Constitución es una norma de inferior jerarquía normativa respecto a los tratados internacionales.

11. Mecanismo mediante el cual todo cambio en la jurisprudencia no adquiere eficacia para el caso decidido sino para los hechos produci­ dos con posterioridad al nuevo precedente establecido. (Expediente 09084-2006-PA/TC)

a.

Vacatio sententiae.

b.

Prospective overruling.

c.

Eficacia retrospectiva.

d.

Certíorari.

Justificación de la decisión jurídica

12. Cuando un determinado argumento jurídico está justificado con bue­ nas razones y los razonamientos justificativos como razonamientos apropiados estamos ante lo que se conoce como: a.

Concepción material.

b.

Justificación externa.

c.

Justificación interna.

d.

Concepción dialéctica.

13. Con fecha 28 de diciembre de 2014, el recurrente interpone deman­ da de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objeto que se declare la nulidad de la Resolución 415-2014-JNE, de fecha 20 de noviembre de 2014, por considerar que vulnera el dere­ cho fundamental al debido proceso. Manifiesta que mediante acuerdo adoptado el 20 de octubre de 2014, el Concejo Municipal de la Muni­ cipalidad Distrital de Huanchaco La Libertad, declaró improcedente la solicitud de vacancia en el cargo de Alcaide municipal, por causal de nepotismo, formulada en su contra por un ciudadano. Refiere que en aplicación del artículo 51 de la Ley 27972 —Ley Orgánica de Munici­ palidades (LOM)—, el 20% de los miembros hábiles del Concejo solici­ taron la reconsideración del acuerdo, la cual —aduce— fue declarada improcedente mediante una Resolución de Alcaldía (sic), con lo que quedó agotada la vía administrativa. Sostiene que, en consecuencia, esta última resolución solo podía ser impugnada en un proceso con­ tencioso administrativo, a pesar de lo cual el JNE ha declarado fun­ dado un recurso de apelación interpuesto contra ella, ordenando su inmediata vacancia en el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. El Tribunal Constitucional que conoció en última y de­ finitiva instancia la resolución denegatoria de amparo, entre todos sus argumentos se pregunta ¿cómo se puede sostener que "(...) la Consti­ tución es norma jurídica vinculante y, no obstante, haber expedido el

mandato de los artículos 142 y 181 de la Constitución que establecen, respectivamente, que las resoluciones del JNE en materia electoral "no son revisables en sede judicial" y que "son dictadas en instancia final, definitiva, y, (...) contra ellas, no procede recurso alguno"?

¿Qué ha determinado el Tribunal Constitucional en este caso?

a.

La interpretación que se desprende de la Constitución es que una resolución en materia electoral expedida por el JNE, es inatacable jurisdiccionalmente.

b.

El Tribunal lo explica sosteniendo que la Constitución del Estado está plagada de disposiciones entre las que existe una "aparente" contradicción.

c.

El Tribunal Constitucional sostiene la necesidad de realizar una in­ terpretación aislada de los artículos 142 y 181 de la Constitución para auspiciar la seguridad jurídica que debe informar a todo pro­ ceso electoral.

d.

La interpretación de los artículos constitucionales bajo análisis re­ sulta manifiestamente contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución y al de corrección funcional, ya que desconoce, por un lado, el carácter jurídico vinculante de la Constitución y, por otro, la función de contralor de la constítucionalidad conferida al Tribunal Constitucional (artículo 201 de la Constitución).

14. Alberto es profesor del magisterio público y ha obtenido una plaza como titular en la provincia de Quispicanchis para el año 2016. Ro­ berto, quien quedó en segundo lugar, impugna ios resultados bajo la pauta de que el nombrado no cumplía los requisitos del caso, y la Di­ rección Regional de Educación de la localidad deja sin efecto el nom­ bramiento de Alberto, nombrando en su lugar al impugnante. Alberto, no conforme con esta decisión, interpone un proceso de amparo. El juez constitucional de primera instancia declara fundada la deman­ da de Alberto y la Dirección Regional interpone recurso de apelación. La Sala Superior evalúa el caso y en su alegato, la Dirección Regional sostiene que el año regular 2016 está próximo a concluir y, por tanto, no es posible reincorporar a Alberto en el caso de que se confirme la sentencia. Considerando que exista en el caso anotado vulneración del derecho fundamental al trabajo, ¿cuál debe ser, como regla general, la fundamentación del juez constitucional respecto ai derecho afectado?

a.

Pronunciarse por la afectación del contenido de juridicidad del de­ recho materia de discusión.

b.

Establecer los alcances del contenido de moralidad del derecho afectado.

c.

Fijar los alcances del contenido constitucionalmente protegido del derecho afectado.

d.

Determinar el contenido esencial, no esencial y adicional respecto al derecho fundamental afectado.

15. Se ha declarado en el Callao el estado de emergencia bajo el argumen­ to de confrontar la delincuencia.

Está constitucionalmente justificada la decisión del Poder Ejecutivo. a.

Sí, porque la Constitución así lo faculta.

b.

No, porque la Constitución requiere perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación y la delincuencia común no se combate con el régimen de emergencia.

c.

Es preciso evaluar los fundamentos que sustentan un régimen de excepción, la delincuencia común no es buen argumento, tanto más si existen otras ciudades donde la delincuencia es igual o peor, sin embargo, no se ha declarado otro régimen de excepción en otras ciudades.

d.

Los regímenes de excepción por su naturaleza exigen graves altera­ ciones sociales, tanto más si su implementación puede suspender la vigencia de algunos derechos fundamentales, en este caso no está justificado plenamente.

16. En Francia detuvieron a una persona musulmana por encontrarse cu­ bierta con un velo integral. Las autoridades adujeron que se ha viola­ do la prohibición vigente desde el 2011, pues la ley prohíbe llevar cual­ quier vestimenta que "disimule el rostro y por lo tanto haga imposible la identificación de la persona". Marque la afirmación incorrecta. a.

La decisión de las autoridades se encuentra fundamentada en op­ timizar el derecho a la seguridad pública frente al derecho de religión.

b.

La decisión es totalmente arbitraria pues no ha respetado el dere­ cho a la libertad de pensamiento.

c.

Se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

d.

La interferencia es legal, por ende, constitucional.

Interpretación

17. Constituye un acto de interpretación: a.

El ir más allá de un proceso mecánico de aplicación,

b.

Cuando se cumple de manera exacta con el contenido de las normas.

c.

Cuando se aplican normas mecánicamente.

d.

Cuando se modifica arbitrariamente el contenido de la Constitución.

18. Respecto a la interpretación normativa es correcto afirmar: a.

Es válido realizar una interpretación por analogía ante todo vacío normativo y en todos los campos del derecho, y se rige por la pre­ misa de que ante la misma razón debe existir la misma disposición.

b.

En aquellos supuestos en los que conviven dos normas tendientes a regular un mismo supuesto, debe primar aquella norma especial por sobre la norma que regula aquel supuesto de forma general.

c.

La interpretación teleológica toma en consideración el agente emi­ sor de la ley, independientemente de la finalidad con la que se generó la norma.

d.

La interpretación contrario sensu toma como base la existencia de dos normas sucesivas en el tiempo, siendo que la posterior solo regulará aquellos supuestos no previstos en la anterior.

19. Jorge es profesor de Teoría del Derecho. En su clase sobre la Teoría de la Interpretación Jurídica, emplea de referencia la Casación 1811-99LIMA, cuyo fundamento sexto dice: "Sexto.- Que la interpretación es la verdadera, recta y provechosa in­ teligencia de la ley, según su letra y razón, a fin de determinar su ver­ dadero sentido, la llamada intención del legislador, que en la doctrina moderna se identifica con la voluntad del Estado y que no puede ser otra que aquella que resulta al armonizar orgánica y lógicamente con el resto del orden jurídico, pues éste, aunque se produzca fragmenta­ riamente y viciado por algunos defectos, debe concebirse como una

unidad que tiende a regular las relaciones de la vida del modo más adecuado y armónico posible". Jorge reflexiona y discute arduamente con sus alumnos el contenido del fundamento del fallo en mención, identificando las siguientes pre­ misas: (i) "la interpretación es la verdadera, recta y provechosa inteli­ gencia de la ley"; (ii) tal "Inteligencia" no es gratuita: es consecuencia de "su letra y razón"; (iii) emplear la "letra y razón" de la ley tiene como propósito "determinar $u verdadero sentido"; (iv) ese "verdade­ ro sentido", no puede ser otro que "la llamada intención del legislador, que en la doctrina moderna se identifica con la voluntad del Estado". Asimismo, Jorge analiza con sus alumnos que en el tránsito del para­ digma del Estado de derecho ai Estado constitucional, este criterio de la Corte Suprema se ubica, sin duda, en uno de ellos, inclinándose a una teoría del derecho propia de esos modelos de Estado.

Desde la teoría de la interpretación j'urídica, para usted, el criterio de la Corte Suprema analizado por Jorge y sus alumnos: a.

Concibe a la interpretación de las leyes en base al privilegio de los métodos literal, ratio legis e histórico o de Indagación de la volun­ tad del legislador. En síntesis, una teoría de la interpretación propia del paradigma del Estado constitucional.

b.

Concibe a la interpretación de las leyes en base al privilegio de los métodos literal, ratio legis e histórico o de indagación de la volun­ tad del legislador. En síntesis, una teoría de la interpretación propia del paradigma del Estado de Derecho.

c.

Concibe a la interpretación de las leyes como un conjunto de mé­ todos destinados a desentrañar su único y verdadero significado, cuyo objetivo es propio del paradigma del Estado constitucional.

d.

Concibe a la interpretación de las leyes como un conjunto de mé­ todos destinados a integrar el sistema jurídico convirtiéndolo en una unidad, conforme es el objetivo del paradigma del Estado constitucional.

20. ¿Cuál de las expresiones siguientes explica la diferencia entre la analo­ gía y la interpretación extensiva? a.

La analogía busca identificar la voluntad de la ley mientras que la interpretación extensiva busca la voluntad del legislador.

b.

La analogía tiene como fundamento la voluntad presunta del legis­ lador, la interpretación extensiva se fundamenta en la búsqueda de la igualdad jurídica que debe presidir las relaciones sociales.

c.

Para la interpretación extensiva el caso a resolver no se debe en­ contrar comprendido en el texto de la norma, pero sí en el espíritu de la misma. En la analogía, el caso no se encuentra ni en el texto de la norma ni en la voluntad de la ley.

d.

Para efectuar una interpretación extensiva debe existir una norma de la misma jerarquía que pueda ser aplicada. Para la analogía no debe existir norma alguna.

21. ¿Qué es "lo correcto" en la interpretación constitucional? a.

Es aquello que es producto de un procedimiento racional.

b.

Es aquello que crea certeza.

c.

Es aquello que evita arbitrariedad.

d.

Todas son correctas.

22. Respecto a los principios de interpretación constitucional, la STC Exp. 5854-05-AA (caso Lizana Puelles) abordó principios muy importantes, a tener presentes en labor de interpretación. Uno de ellos, refiere que: La interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerar­ la como un "todo" armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto; en tanto que otro, señala: El pro­ ducto de la interpretación solo podrá ser considerado como válido, en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de estos con la sociedad. Señale la opción correcta: a.

Unidad vinculante e integración constitucional.

b.

Fuerza normativa y corrección funcional.

c.

Unidad de la constitución y función integradora.

d.

Sistemática constitucional y concordancia práctica.

23. Establezca la afirmación correcta: a.

Los principios generales del derecho permiten interpretar e inte­ grar el sistema.

b.

La interpretación de las normas permite establecer el sentido lite­ ral de un enunciado normativo.

c.

En el ordenamiento jurídico peruano no existen mecanismos que permitan integrar el sistema.

d.

Solo la ley formal es fuente del derecho.

Los principios y el test de proporcionalidad

24.

25.

Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Nos referimos a: a.

Subprincipio de idoneidad.

b.

Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto.

c.

Subprincipio de necesidad.

d.

Ninguno de los anteriores.

La verificación de una medida alternativa, satisfactoria y menos lesiva para la finalidad pretendida en el caso en concreto, corresponde a la definición del: a.

26.

Subprincipio de idoneidad.

b.

Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto.

c.

Subprincipio de necesidad.

d.

Ninguno de los anteriores.

La acreditación de una relación entre el medio adoptado y el fin pro­ puesto:

a.

Subprincipio de idoneidad.

b.

Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto.

c.

Subprincipio de necesidad.

d.

Ninguno de los anteriores.

27. El test de proporcionalidad se basa en un juicio de ponderación de bienes constitucionales. Según el Tribunal Constitucional, incluye los siguien­ tes criterios: a.

Examen de idoneidad, examen de necesidad y examen de propor­ cionalidad en sentido estricto.

b.

Examen de funcionalidad, examen de idoneidad y examen de pro­ porcionalidad en sentido lato.

c.

Examen de legalidad, examen de necesidad y examen de corres­ pondencia constitucional.

d.

Examen de funcionalidad, examen de adecuación normativa y exa­ men de necesidad.

28. El derecho a probar es un derecho fundamental que forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese sentido, si el juez advierte que una norma que debe aplicar al caso concreto restringe el derecho fundamental a probar, ¿qué debería hacer el juez?

a.

Inaplicar la norma que restringe el derecho fundamental a la prueba.

b.

Someter la norma al test de ponderación.

c.

Aplicar la norma porque los derechos fundamentales admiten res­ tricciones.

d.

Se debe verificar que la prueba sea la pertinente para el caso, a fin de determinar si la admite o no.

( CAPÍTULO 2 )

DERECHO CONSTITUCIONAL

El ordenamiento jurídico peruano

El conjunto de normas emanadas del Estado para regular la vida de los seres humanos en un lugar y momento determinados se denomina:

2.

3.

a.

Orden social.

b.

Orden político.

c.

Orden jurídico.

d.

Derecho.

Sobre la validez de los decretos leyes en el sistema jurídico peruano, marque la opción correcta:

a.

Los decretos leyes no son normas válidas en el sistema jurídico peruano.

b.

Los decretos leyes son normas con rango legal y se controlan me­ diante acción de inconstitucionalidad.

c.

Para evaluar su validez tras el restablecimiento del Estado constitu­ cional, el Tribunal Constitucional ha asumido la teoría de la caduci­ dad.

d.

Los decretos leyes son normas con rango reglamentario y se con­ trolan mediante acción popular.

Sobre la validez de los decretos de urgencia en el sistema jurídico pe­ ruano, marque la opción correcta:

a.

Siendo una norma emitida por el presidente de la República, tiene rango reglamentario.

b.

Según el Tribunal Constitucional, su vigencia no puede ser mayor a seis a meses.

4.

c.

Puede contener materia tributaria siempre que beneficie al contri­ buyente.

d.

Es expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria con carácter económico o financiero.

Norma jurídica que regula la estructura y el funcionamiento de las en­ tidades del Estado. a.

5.

6.

b.

Reglamento del Congreso.

c.

Ley Orgánica.

d.

Decreto Supremo.

No es un principio de organización del Estado peruano:

a.

Se organiza bajo el principio de separación de poderes.

b.

El Estado es único e indivisible.

c.

El gobierno es unitario, representativo y descentralizado.

d.

Su presidente se elige cada cinco años.

¿Quién se encarga de promulgar la ley? a.

7.

8.

Ley Ordinaria.

El Presidente de la República.

b.

El Presidente del Consejo de Ministros.

c.

El Presidente de la Corte Suprema.

d.

El Presidente del Tribunal Constitucional.

Órgano estatal encargado de dar leyes, modificarlas y derogarlas:

a.

Poder Ejecutivo.

b.

Poder Judicial.

c.

Poder Legislativo.

d.

Asamblea Constituyente.

La ignorancia de la ley, no exime de su cumplimiento.

a.

Salvo oscuridad en la redacción de la norma.

b.

Se presume que la ley es de conocimiento de todos a partir de su obligatoria publicación.

9.

c.

Puede presumirse el conocimiento de la ley, pero no su entendi­ miento.

d.

Si no se presume el conocimiento de la ley por todos, el derecho resulta inoperante.

En relación con la derogación de las leyes, de manera general, marque usted la respuesta correcta: a.

Cuando una ley es derogada expresa y totalmente por otra ley pos­ terior, esto significa que la ley derogada no se aplica ni se toma en cuenta para ningún caso.

b.

Si se deroga o se declara inconstitucional una ley que a su vez ha derogado expresamente a otra anterior, esto tiene como efecto que la primera ley derogada recobra vigencia.

c.

Según nuestro sistema jurídico, los efectos de la derogación y la nulidad de una ley son los mismos.

d.

Existe derogación intrínseca cuando al derogarse una ley, que a su vez había generado un reglamento, por la sola derogación de la ley, queda derogado el reglamento.

10. De las normas jurídicas mencionadas, constitucionalmente tienen ran­ go de ley: a.

Decreto Legislativo.

b.

Resolución Suprema.

c.

Decreto Supremo.

d.

Resolución Ministerial.

11. En casos especiales, el Poder Ejecutivo por delegación del Congreso puede dictar: a.

i

Decretos legislativos.

b.

Decretos provisorios.

c.

Decretos leyes.

d.

Resoluciones supremas.

12. Respecto a ia validez y eficacia normativa, es incorrecto afirmar:

a.

La validez de la norma depende de la observancia debida al proce­ dimiento necesario para la emisión de la norma.

b.

La validez de la norma depende de que el contenido de la regula­ ción respete el contenido y valores emanados de normas jerárqui­ camente superiores.

c.

Toda norma jurídica, para ostentar vigencia y validez, debe ser dic­ tada únicamente por el Poder Legislativo.

d.

Toda norma emanada de un órgano estatal incompetente carece de vigencia y por ende.de validez.

13. Sobre aplicación de las normas en el tiempo:

a.

En materia laboral se admite la aplicación retroactiva de las nor­ mas cuando favorecen al trabajador.

b.

La Constitución peruana reconoce la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos como regla general de vigencia de normas en el tiempo.

c.

La Constitución peruana reconoce la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos para el caso de pensiones del régimen público.

d.

La teoría de los derechos adquiridos solo se aplica a los contratos de trabajo de naturaleza intermitente.

14. Son los decretos que emite el Poder Ejecutivo con ia finalidad de regla­ mentar las leyes dadas por el Congreso y los decretos legislativos: a.

Decreto Directoral.

b.

Decreto Jefatural.

c.

Decreto Gerencial.

d.

Decreto Supremo.

15. Disposición legal producida y promulgada por un gobierno de facto, en virtud de reunir en sí todos los poderes del Estado:

a.

Decreto Legislativo.

b.

Decreto Ejecutivo.

c.

Decreto Ley.

d.

Decreto Supremo.

16. El presidente de la República ha declarado que solicitará en los próxi­ mos días que el Congreso de la República le otorgue facultades para legislar vía decreto legislativo en temas de lucha contra la inseguridad y también para la reforma del Poder Judicial. Con relación a los decretos legislativos, es correcto afirmar: a.

No pueden estar referidos a la reforma del Poder Judicial, pues este solo se reforma mediante leyes orgánicas.

b.

No son delegadles las cuestiones relativas a la reforma de la Cons­ titución.

c.

Si el gobierno desea modificar la Ley de Presupuesto, podría usar la fórmula de la delegación.

d.

No procede control constitucional de los decretos legislativos.

17. Si el Congreso de la República no otorgara estas facultades al Ejecuti­ vo, la Constitución prevé: a.

Se produce la crisis total del gabinete, obligando al Presidente a nombrar nuevo Consejo de Ministros.

b.

El Presidente puede disolver el Parlamento, si es que no le otorgan las facultades a dos solicitudes presentadas.

c.

El Ejecutivo puede volver a solicitarla tantas veces lo considere ne­ cesario'.

d.

La Constitución no prevé nada al respecto.

18. El principio del common law que reza Judge makes Law (el juez hace el derecho), ¿podría aplicarse en el ámbito del derecho romano germá­ nico? a.

Si el juez actuara así en nuestro sistema, podría incurrir en un delito.

b.

No es necesario, pues la jurisprudencia es el medio según el cual la judicatura adecúa el derecho al caso concreto.

c.

Sí, por cuanto no poder aplicarlo ocasiona problemas de equidad a los jueces.

d.

El dinamismo social actual justifica dotar de esa capacidad al juez.

La Constitución Política del Perú

19.

20.

La Constitución Política del Perú de 1993 entró en vigencia:

a.

El 5 de abril de 1995.

b.

El 31 de diciembre de 1993.

c.

El primero de enero de 1994.

d.

El 30 de diciembre de 1993.

Según la vigente Constitución Política del Perú, es el fin supremo de la sociedad y del Estado: a.

21.

22.

La defensa de la sociedad y la persona humana.

b.

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.

c.

La defensa de la vida y el respeto de la Constitución.

d.

La defensa de los derechos fundamentales de la persona humana.

¿Cuáles son las partes en las que se divide la Constitución Política del Perú?

a.

Preámbulo, títulos y capítulos.

b.

Normas sociales, normas morales y normas jurídicas.

c.

Dogmática y orgánica.

d.

Orgánica y reforma.

La actual Constitución (1993) fue aprobada por:

a.

El Congreso Constituyente Democrático.

b.

La Asamblea Constituyente.

c.

Referéndum.

d.

El Congreso de la República.

23.

24.

La Constitución de 1993 tiene (...) preámbulo, (...) títulos, (...) capítu­ los, (...) artículos, (...) disposiciones finales y transitorias, (...) anexo o declaración.

a.

1, 5, 28, 13, 206, 1.

b.

1, 6, 26, 14, 209, 1.

c.

1, 6, 26, 206, 16, 1.

d.

1, 6, 26, 207, 10, 1.

Es el término con el que la Constitución se refiere a la consulta al pue­ blo mediante el voto sobre una medida legislativa o de otra naturaleza: a.

25.

26.

b.

Plebiscito.

c.

Tratado.

d.

Referéndum.

El gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de: a.

Separación de poderes.

b.

Unidad.

c.

Legalidad.

d.

Constitucionalidad.

Es el organismo de rango constitucional cuya función es garantizar la legalidad de la vida en la sociedad: a.

27.

Consulta popular.

Jurado Nacional de Elecciones.

b.

Consejo Nacional de la Magistratura.

c.

Superintendencia de Banca y Seguros.

d.

Ministerio Público.

Es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a alcaldes, regidores, autoridades regionales y magistrados (juez de paz) que provengan de elección popular: a.

Referéndum.

b.

Elecciones.

c.

Revocatoria.

d.

Renovación.

28.

La existencia de gobiernos locales y regionales permite indicar que el gobierno es:

a.

29.

30.

b.

Representativo.

c.

Descentralizado.

d.

Se basa en el principio de separación de poderes.

La Constitución Política protege, prioritariamente:

a.

Todos los derechos sin excepción.

b.

Los derechos humanos.

c.

Los convenios internacionales.

d.

Los tratados multilaterales.

La descentralización de los poderes del Estado es una aspiración nacio­ nal e histórica que permite:

a.

31.

32.

Unitario.

Crear instituciones públicas en todo el país.

b.

Transformar la estructura productiva.

c.

Crear más universidades.

d.

El desarrollo integral, equilibrado y sostenido del país.

Nuestra Constitución Política vigente define a la República del Perú como un Estado:

a.

Neoliberal y socialista.

b.

Socialista y democrático.

c.

Democrático, cristiano y anárquico.

d.

Democrático, social, independiente y soberano.

No es un elemento del Estado:

a.

La soberanía.

b.

El territorio.

c.

Los tres poderes.

d.

La población.

33. Según el art. 165 de la Constitución de nuestro país, las Fuerzas Arma­ das están constituidas por: a.

Policía Nacional, Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra.

b.

Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra.

c.

Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Cuerpo de Bomberos.

d.

Presidencia de la República, Marina de Guerra, Ejército y Fuerza Aérea.

34. En setiembre del año 2005, se expide una ley por el Congreso de la República, que restringe el uso y disposición de las tierras que poseen los extranjeros dentro de los 100 y 300 kilómetros de las fronteras del sur del territorio nacional, bajo el argumento de seguridad nacional. Es constitucionalmente válida dicha norma legal, sabiendo que la pro­ hibición constitucional dispone que los extranjeros no puedan tener en propiedad ni posesión, territorios dentro de los 50 kilómetros de las fronteras.

a.

Se debe interponer acción de inconstitucionalidad contra la men­ cionada ley, pues la prohibición establece solo hasta 50 kilómetros de la frontera.

b.

Por mandato constitucional es facultad del Estado ampliar dicha prohibición por ley expresa, alegando seguridad nacional.

c.

Ninguna norma legal puede establecer reglas diferentes a las que señala la Constitución y en este caso la prohibición legal va más allá del marco constitucional.

d.

Una demanda de amparo contra dicha norma legal otorgaría a los ex­ tranjeros el pleno disfrute de sur derechos de propiedad y posesión.

Estado constitucional de derecho

35. El 5 de abril de 1992, se produjo en el Perú un golpe de Estado. Una de las consecuencias de ese acontecimiento fue dejar de lado la Consti­ tución de 1979. Un grupo de ciudadanos, civiles y militares, se reúnen clandestinamente para restaurar el Estado constitucional de derecho, sin embargo, son traicionados y, como consecuencia, se produce una intervención policial durante una de las reuniones de dicho grupo de ciudadanos, siendo arrestados alrededor de 30 personas, otros logran darse a la fuga y, finalmente, algunos eluden las consecuencias de su comportamiento.

Al día siguiente, un fiscal inicia una investigación penal contra los arrestados y una larga lista de intervinientes, siendo imputados por delito de sedición, conspiración e inclusive asociación ¡lícita para de­ linquir. Uno de los líderes de ese grupo sale del país y fija su residencia en Centroamérica. Como consecuencia de las investigaciones penales, se denuncia a 68 ciudadanos, se les abre proceso penal inclusive con mandato de deten­ ción contra muchos de ellos y algunos son considerados como testigos. El ciudadano que huye a Centroamérica al cabo de dos años pretende retornar al país, previa consulta con su abogado defensor, quien pri­ mero averigua si está comprendido dentro de los procesados penal­ mente o si está considerado como testigo. No está procesado ni está su nombre dentro de los testigos. En consecuencia, decide retornar al país, sin embargo, su abogado le dice que no es prudente que retorne, que en todo caso interpondrá un hábeas corpus por amenaza supues­ ta contra su derecho a la libertad individual.

Coincide Ud. con la prudencia del abogado, en razón de qué elementos.

a.

Porque se había declarado el Estado de Emergencia y como con­ secuencia estaba suspendido el pleno ejercicio del derecho a la libertad individual.

b.

Porque el Perú se encontraba en situación de inconstitucionalidad en consecuencia no había ninguna garantía constitucional ni dere­ chos fundamentales vigentes.

c.

Porque era mejor prever y evitar cualquier contingencia.

d.

Porque tenía en su conciencia que había intervenido en el grupo de personas que pretendía restablecer el Estado constitucional.

36. Coincide Ud. con el entusiasmo del ciudadano que pretende retornar inmediatamente. a.

Debido a que no está procesado ni mencionado siquiera como tes­ tigo en el proceso penal.

b.

Debido a que ya habían transcurrido dos años y estaban garantiza­ dos sus derechos fundamentales.

c.

Debido a que se había convocado a una asamblea constituyente para que elabore una nueva Constitución.

d.

Ninguna de las anteriores.

37. No es una característica del Estado constitucional: a.

Deja de lado los planteamientos del Estado liberal y social de dere­ cho.

b.

Recoge algunos conceptos, pero es una importante variación del Estado legal de derecho.

c.

Suele contar, aunque no de forma obligatoria, con tribunales cons­ titucionales.

d.

Supone una evolución última del clasico "Estado de derecho".

38. ¿A qué se refiere el principio de supremacía constitucional? a.

Consiste en que la Constitución esta jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de determinado país.

b.

Se refiere a que la Constitución tiene el mismo rango que las de­ más normas existentes.

c.

Tal principio postula que la Constitución está por encima de los derechos humanos y tratados internacionales.

d.

Nos da a entender que la Constitución tiene el mismo rango de ley que las resoluciones.

39. ¿La Constitución y el ordenamiento jurídico admiten zonas de inde­ fensión para la protección de los derechos y libertades? a.

Sí, pues la teoría del llamado neoconstitucionalismo admite la exis­ tencia de normas inconstitucionales en la Constitución.

b.

En un Estado constitucional de derecho y en aplicación de los prin­ cipios de unidad, supremacía, normatividad directa, corrección funcional y favor libertatis, no es posible admitir zonas de indefen­ sión a los derechos y libertades.

c.

Sí, el régimen de excepción de estado de emergencia y de sitio establecidos en la Constitución admite claras zonas de indefensión temporal a los derechos y libertades.

d.

No, el contenido de la Constitución se explica a sí mismo y, aplican­ do una interpretación literal a sus disposiciones, no se advierten posibles zonas de indefensión a los derechos y libertades.

Estado social y democrático de derecho

40. Sobre ei Estado social y democrático de derecho, marque la alternati­ va incorrecta: a.

Un acontecimiento que forjó el Estado democrático de derecho fue la Revolución Francesa 1848, por la cual se conquistó sufragio "universal" para varones mayores de edad sin importar propieda­ des y rentas. No se reconoció derecho de sufragio a las mujeres.

b.

Estado democrático reconoce el principio de soberanía popular que se funda en el pueblo.

c.

Los principios que inspiraron el Estado social de derecho, presen­ tes en la Constitución de 1979, se suprimieron con la promulga­ ción de la Constitución peruana de 1993 tras el golpe de Estado de 1992.

d.

Los antecedentes del Estado social de derecho son la constitución mexicana de 1917 y la Constitución alemana de Weimar de 1919.

Derechos fundamentales

41. Frente a una colisión de derechos fundamentales se debe observar: a.

El respeto y aplicación estricta del principio de proporcionalidad.

b.

La ponderación de derechos.

c.

Prevalece necesariamente uno de ellos por ser superior en jerar­ quía.

d.

Es posible que ambos sean aplicados simultáneamente porque sor derechos fundamentales.

42. Jorge Martínez interpone una demanda de amparo contra el Canal de Televisión "Señal Iberoamericana", representada por el señor Enri­ que Bermejo, por afectar su derecho al honor y a la buena reputación producida por informaciones inexactas respecto de su administración como alcalde del distrito de San Luis en la ciudad de Lima. Se afir­ ma que el demandado a través de su telediario, en horario estelar, ha cuestionado de modo irresponsable su gestión edil afirmando su incompetencia para culminar las obras públicas prometidas en su campaña electoral, cuando durante los últimos dos meses ha venido inaugurando obras ofrecidas a los vecinos del distrito. El demandante afirma que se ha afectado el contenido constitucional del derecho a la información. El demandante, entre todos sus argu­ mentos, cita la doctrina comparada argumentando que el artículo 53.1 de la Constitución española de 1978 establece que "los derechos y li­ bertades reconocidos en el (...) vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades"; una dispo­ sición que justifica la llamada "garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales". En consecuencia, si bien en la Constitución peruana no existe una disposición semejante a la Carta española de 1978, la protección al contenido de los derechos fundamentales es una realidad en el derecho constitucional peruano.

¿Qué significa el contenido constitucional de los derechos humanos? a.

El contenido constitucional de los derechos humanos significa el núcleo del derecho, sin el cual no sería reconocible el derecho como tal, cuya trasgresión significaría su vulneración, pero fuera de dicho núcleo es posible limitar el ejercicio de los derechos me­ diante la legislación.

b.

El contenido constitucional de los derechos humanos es un conte­ nido periférico que no'configuraría la esencia del derecho, por lo que podría ser restringido o lesionado.

c.

El contenido constitucional del derecho fundamental significa que todo él es esencial en la medida que brota de la esencia del derecho, es decir, de aquello que hace que tal derecho sea ese y no otro diferente, pues todo el contenido constitucional es limitado, ilimitable y delimitadle.

d.

El contenido constitucional de los derechos humanos que no re­ sulta esencial puede sacrificarse sólo cuando sea necesario para salvar otro derecho o bien jurídico constitucional.

43. Se sabe que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Siendo así, marque la afirmación que no es correcta: a.

Garantiza la libertad sindical.

b.

Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social.

c.

Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.

d.

La convención colectiva no tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.

44. La empresa Divina Comedia ha publicado un anuncio solicitando seño­ ritas de tez clara, estatura no menor a 1.70 cm, con buena presencia y desenvolvimiento para trabajar como secretarias. Marque la repuesta incorrecta. a.

Cualquier postulante con expectativa a cubrir el puesto de secreta­ ria podría interponer un proceso de amparo por vulnerar el dere­ cho a la igualdad.

b.

El aviso atenta contra la dignidad de las personas puesto que resul­ ta discriminatorio.

c.

En el presente caso existe discriminación positiva, por ende, válida constitucional mente.

d.

La publicidad en mención vulnera los derechos a la igualdad, digni­ dad e igual trato laboral.

45. Respecto del inciso 10 del art. 2 de la Constitución sobre la reserva e inviolabilidad de la comunicación y de los documentos privados: a.

Si alguien es sospechoso de un delito, todas sus comunicaciones pueden ser interceptadas por el servicio de inteligencia sin impor­ tar que algunos asuntos interceptados sean asuntos ajenos que motivan su examen.

b.

Se puede incautar documentos contables y administrativos de al­ guien sospechoso de un delito tributario sin necesidad de una or­ den judicial.

c.

Los documentos privados obtenidos de una persona por la autori­ dad competente sin el mandato de un juez, no tiene efecto legal.

d.

Todos tenemos derecho al secreto y la inviolabilidad de nuestras comunicaciones a menos que seamos sospechosos de un delito.

46. Respecto del inciso 12 del art. 2 de la Constitución sobre la libertad de reunión, toda persona tiene derecho: a.

A reunirse en locales privados o abiertos al público, tanto como en plazas y vías públicas sin requerir de aviso previo a la autoridad.

b.

A reunirse con o sin armas en una plaza pública sin el aviso a la autoridad siempre y cuando no se atente contra la sanidad pública.

c.

A reunirse pacíficamente sin armas.

d.

A reunirse pacíficamente con armas previo anuncio anticipado a la autoridad, la que puede solo en plazas y vías públicas prohibirlas por motivos probados de seguridad o sanidad públicas.

47. Las teorías que admiten conflictos entre derechos fundamentales, constituyen al mismo tiempo. a.

Teorías que admiten una restricción total de los derechos, con discrecionalidad del legislador.

b.

Teorías que no admiten la tesis del contenido esencial de los dere­ chos.

c.

Teorías que no admiten la aplicación del test de proporcionalidad.

d.

Teorías compatibles con el test de proporcionalidad.

48. La Constitución ha establecido una serie de excepciones al ejercicio del derecho a la información pública, las cuales han sido reiteradas por el Tribunal Constitucional. Ante ello, un ciudadano solicita infor­ mación bancaria respecto del presidente de la Asociación de Clubes Departamentales. Marque la respuesta correcta: a.

El derecho de acceso a la información pública involucra incluso da­ tos personales, aún si la intimidad es violentada.

b.

No existen excepciones' respecto del acceso a la información, en cuanto esta es absoluta.

c.

Una de las excepciones es relativa a la información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil.

d.

Cualquier persona puede solicitar información protegida por el se­ creto bancario.

49. María vive en el Callao que se encuentra declarado en emergencia desde el gobierno anterior. María acude a usted que conoce el sistema constitucional, para que le absuelva la siguiente consulta: En la víspera ella ha sido visitada por una ejecutor coactivo de la Muni­ cipalidad, que ha ingresado a realizar el cobro de una deuda tributaria pendiente, incautando todos sus enseres, sin previa notificación y sin que medie mandato judicial alguno. Cuando ha solicitado explicacio­ nes al ejecutor coactivo, este le ha manifestado que en el Callao rige el estado de excepción, por lo que no es necesario una orden de desce­ rraje, que es lo que en la práctica ha ocurrido.

¿Cuáles son los derechos que se suspenden en una declaración de emergencia según la Constitución? a.

Todos los derechos que la constitución reconoce.

b.

Solo los derechos relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

c.

Ningún derecho se puede suspender, un estado de emergencia solo restringe temporalmente los derechos de libertad de tránsito y nada más.

d.

Solo suspende la inviolabilidad del domicilio y la libertad de circu­ lación.

50. ¿Qué situaciones se presentan a partir del derecho de acceso a la in­ formación pública y el principio de legalidad?

a.

No debe haber límites para la exigencia del derecho de acceso a la información pública bajo ningún supuesto, pues es inconstitucional.

b.

La calificación de información con carácter reservado, confidencial o secreto debe estar determinada por ley de manera específica.

c.

Las normas que regulen los procedimientos de acceso a la infor­ mación están exentas de ser sujetas a demandas de inconstitucionalidad siempre.

d.

Toda ley que se emita sobre tratamiento de información debe con­ tar con el pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

51. Un ciudadano es indebidamente detenido, produciéndose la privación arbitraria e ilegal de su libertad física como consecuencia de una or­ den policial, por lo que interpone un hábeas corpus. Bajo ese supues­ to, ¿qué derecho fundamental se está transgrediendo? a.

Derecho a la libertad de residencia y circulación.

b.

Derecho a la vida, integridad físicay moral.

c.

Derecho de reunión.

d.

Derecho a la no discriminación.

52. Los procesos constitucionales proceden no sólo ante la vulneración de un derecho fundamental sino también ante la amenaza de vulnera­ ción. Al respecto es correcto decir: a.

Solo alcanza a los casos de hábeas corpus preventivo.

b.

La amenaza debe entenderse como el peligro o la advertencia.

c.

Debe considerarse la concurrencia de los presupuestos de certeza e inminencia.

d.

Necesariamente debe provenir de autoridad o agente estatal.

53. La existencia de una diferenciación debe perseguir una intencionali­ dad legítima, determinada, concreta y específica, debiéndose asentar en una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con un juicio de valor generalmente aceptado (Exp. 0261-2003-AA/TC, fundamento ju­ rídico 3.3). Esto es la: a.

Discriminación negativa.

b.

Discriminación positiva.

c.

Discriminación legal.

d.

Discriminación ¡legal.

54. Sobre los procesos constitucionales interpuestos por personas jurídi­ cas: a.

Son improcedentes de plano porque las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales.

b.

Son improcedentes porque todas sus controversias deben resol­ verse en la jurisdicción ordinaria.

c.

Pueden proceder excepcionalmente cuando son titulares de algu­ nos derechos fundamentales según su naturaleza.

d.

Las personas jurídicas sólo son titulares indirectos de derechos fundamentales.

Tribunal Constitucional

55. Según el Código Procesal Constitucional, indique cuál proceso no es de conocimiento directo del Tribunal Constitucional. a.

Proceso de inconstitucionaIidad.

b.

Proceso de acción popular.

c.

Proceso competencia!.

d.

Proceso de hábeas corpus.

56. No está facultado para interponer acción de inconstitucionalidad: a.

El Presidente de la República.

b.

El Fiscal de la Nación.

c.

El Presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

d.

El presidente de la Junta Nacional de Justicia.

57. Según la Constitución, no pueden interponer demanda de inconstitucionalidad (señale la alternativa que contiene información falsa): a.

El veinticinco por ciento del número legal de congresistas.

b.

Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Registro Na­ cional de Identificación y Estado Civil. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este por­ centaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado.

c.

Los gobernadores regionales con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.

d.

Los colegios profesionales.

58.

Sobre el Tribunal Constitucional, indique la afirmación incorrecta: a.

59.

60.

61.

Es el órgano de control de la Constitución.

b.

Es autónomo e independiente.

c.

Se compone de siete miembros.

d.

Sus miembros son elegidos por siete años.

Sobre los miembros del Tribunal Constitucional, señale la información incorrecta: a.

Para ser miembro del TC se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema.

b.

Los miembros del TC no pueden ser reelegidos.

c.

Los magistrados del TC son irrecusables.

d.

No pueden ser elegidos magistrados del TC los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con seis meses de anticipación.

Sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional, indique la afirma­ ción incorrecta: a.

Conoce, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.

b.

Conoce, en ultima y definitiva instancia, las resoluciones denegato­ rias de hábeas corpus y amparo.

c.

Conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegato­ rias de acción popular.

d.

Conoce los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

El Tribunal Constitucional aparece por primera vez regulado en la Constitución de... a.

1979.

b.

1993.

c.

1960.

d.

1933.

62.

63.

64.

Para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional se requiere el voto favorable de... a.

Las dos terceras partes del número hábil de los miembros del Con­ greso.

b.

Los dos tercios del número legal de los miembros del Congreso.

c.

La mitad más uno del número legal de los miembros del Congreso.

d.

La mayoría absoluta del número hábil de los miembros del Congreso.

El cargo de presidente del Tribunal Constitucional dura dos años. Es prorrogable, por reelección:

a.

Solo por un período más.

b.

Solo por un año más.

c.

Solo por seis meses.

d.

No hay relección.

¿Cuántas salas tiene el Tribunal Constitucional? a.

Dos salas.

b.

Tres salas.

c.

Cuatro salas.

d.

Solo tiene un Pleno.

Garantías constitucionales

65.

Son funciones de las garantías constitucionales, excepto: a.

Hacer valer la supremacía constitucional.

b.

Efectivizar el carácter normativo de la Constitución.

c.

Distribuir el poder público entre los poderes constituidos y órga­ nos constitucionalmente autónomos.

d.

Proteger los derechos fundamentales.

Derechos constitucionales

66. Es un derecho que se deriva del principio de la dignidad de la persona, del Estado democrático y social de derecho, y de la forma republicana de gobierno que tiene una dimensión colectiva, que consiste en el derecho de la nación de conocer los hechos o acontecimientos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal; y una individual, que consiste en el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, y cuya titularidad recae en las víctimas, sus familiares y allegados; circunstancias que, a su vez, el Esta­ do tiene la obligación específica de investigar y de informar. (Exp. 09592004-HD/TC)

a.

Derecho a la identidad cultural.

b.

Derecho a la autodeterminación informativa.

c.

Derecho al acceso a la información pública.

d.

Derecho a la verdad.

67. En cuanto al derecho a la libertad personal: a.

Constituye un derecho absoluto y como tal no puede ser limitado por ninguna ley o acto del poder público.

b.

La Constitución consagra la restricción y privación de la libertad personal, los que constituyen supuestos distintos.

c.

La libertad personal tiene un contenido constitucionalmente pro­ tegido más amplio que la libertad individual.

d.

Jurisprudencialmente se acepta que el arresto simple y el arresto de rigor, constituyen formas de privación de la libertad; y por lo tanto deben ser ordenadas por el juez competente.

68. Respecto a los derechos constitucionales, marque la opción correcta. a.

La doctrina española relacionada con la Constitución de 1978, se­ ñala que es irrelevante diferenciar entre las nociones de derechos constitucionales, derechos fundamentales y derechos humanos.

69.

b.

La distinción entre derechos constitucionales, derechos funda­ mentales y derechos humanos en el Perú es de suma importancia, ya que la Constitución de 1993 no extiende protección a los de­ rechos no mencionados expresamente en su texto, aunque tales atributos se deriven de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado peruano.

c.

Los derechos constitucionales son aquellos reconocidos por la Constitución y el bloque legal de constitucionalidad.

d.

Ninguna de las alternativas anteriores es correcta.

La igualdad ante la ley com^ derecho fundamental de la persona a que se contrae la disposición constitucional, alcanza al ámbito: a.

70.

b.

De la aplicación de la ley.

c.

De la vida cotidiana.

d.

Del ejercicio de la ciudadanía.

A Sara le han impedido la inscripción en la "Asociación Nuevo Cielo", puesto que es la hija extramatrimonial del secretario de dicha Asocia­ ción. Sara ha solicitado judicialmente su inscripción.

a. b.

71.

Del quehacer legislativo.

No le corresponde la inscripción toda vez que las asociaciones re­ gulan sus propios intereses, pues cuentan con autonomía para ello.

Todo aquel que ingresa a una asociación se sujeta a sus disposiciones.

c.

La autonomía de las asociaciones no las exime de adecuar sus dis­ posiciones a las normas y principios constitucionales.

d.

En el caso concreto es un error alegar la vulneración al derecho a la igualdad entre hijos.

Todas las noches en la plaza San Martín se concentra un grupo de personas a discutir diversos temas como la historia y la política; no obstante, forman un gran grupo y pese a no haber seguido el procedi­ miento establecido por ley para reunirse en espacios públicos la poli­ cía no los desaloja. Marque la opción correcta: a.

La policía no los desaloja porque se encuentran ejerciendo su de­ recho a reunirse pacíficamente y sin armas.

b.

No puede alegarse un derecho a reunión puesto que éste requiere un elemento de permanencia con un fin específico, mientras que esas reuniones son espontáneas.

c.

La policía se encuentra legitimada para disuadirlos.

d.

La policía puede disuadirlos toda vez que al no solicitar los permi­ sos correspondientes alteran el orden público.

72. Los derechos de participación ciudadana comprenden:

a.

Los derechos de propiedad, libertad de expresión e igualdad ante la ley.

b.

El derecho de elección, revocación o remoción de autoridades, iniciativa legislativa y referéndum.

c.

La identidad étnica, cultural y uso del propio idioma.

d.

La reserva de la convicción política, filosófica y religiosa.

73. Pablo Munayco interpuso una demanda de amparo contra el Estado peruano, representado en este caso por el Ministerio de Salud, solicitan­ do que se otorgue tutela a sus derechos constitucionales a la vida y a la protección integral a la salud en su condición de paciente con VIH/ SIDA, la que deberá consistir en: a) la provisión constante de medicamen­ tos necesarios para el tratamiento del VIH/SIDA, que deberá efectuarse a través del programa del Hospital Cayetano Heredia; y b) la realización de exámenes periódicos, así como las pruebas de CD4 y carga viral, ambos a so­ licitud del médico tratante y/o cuando la necesidad de urgencia lo requiera. Sostiene que desde la fecha en que se le diagnosticó que padecía VIH (año 2002), el Estado no ha cumplido con otorgarle un tratamiento integral, recetándole únicamente medicinas para tratamientos menores; asi­ mismo, que no cuenta con los recursos económicos necesarios para afrontar el alto costo del tratamiento de esta enfermedad, motivo por el que impetra al Estado para que cumpla su obligación de atender la salud de la población en general, tal como ocurre con los enfermos de tubercu­ losis, fiebre amarilla y otras enfermedades, en consonancia con el princi­ pio de respeto a la dignidad de la persona, a la protección de sus derechos a la vida y la salud, y a una atención médica integral para la enfermedad de VIH/SIDA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 26626.

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministe­ rio de Salud contestó la demanda solicitando que sea declarada impro­ cedente, argumentando que en el presente caso no se ha constatado la violación o amenaza concreta de ningún derecho. Asimismo, señala que si bien los derechos consagrados en el artículo 1 y en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución, referentes al respeto de la dignidad de la persona, así como a la vida e integridad física, constituyen derechos fundamentales

de observancia obligatoria, ello no implica una obligación por parte del Estado de prestar atención sanitaria ni facilitar medicamentos en forma gratuita al demandante ni a otra persona, siendo la única excepción el caso de las madres gestantes infectadas con el VIH y todo niño nacido de madre infectada, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Su­ premo 004-97-SA, Reglamento de la Ley 26626; añadiendo que, según los artículos 7 y 9 de la Constitución, el derecho a la salud y la política nacional de salud constituyen normas programáticas que representan un mero plan de acción para él Estado, más que un derecho concreto.

En este caso concreto y siguiendo la corriente jurisprudencial del Tri­ bunal Constitucional peruano, ¿cómo deben interpretarse los dere­ chos económicos, sociales y culturales?

74.

a.

Deben interpretarse superando su concepción programática, per­ feccionando los mandatos sociales de la Constitución, así como la obligación del Estado, en la cual se impongan metas cuantificables para garantizar la vigencia de tales derechos.

b.

Deben interpretarse asumiendo su concepción programática de eficacia mediata que se diferencian de los denominados derechos civiles y políticos de eficacia inmediata.

c.

Deben interpretarse distinguiéndolos de los derechos civiles y políticos, pues no todos los derechos humanos constituyen un complejo inte­ gral único e indivisible, con el que los diferentes derechos se encuentran necesariamente interrelacionados y son interdependientes entre sí.

d.

Deben interpretarse asumiendo su concepción programática de eficacia mediata, a pesar de su distinción con los derechos civi­ les y políticos, pues no todos los derechos humanos constituyen un complejo integral único e indivisible, con el que los diferentes derechos se encuentran necesariamente interrelacionados y son interdependientes entre sí.

Concretamente, en los casos de protección constitucional de enfermos de VIH con las características expuestas, de acuerdo con la tendencia jurisprudencial actual del Tribunal Constitucional, dicho máximo intér­ prete de la Constitución: a.

No ha concedido protección jurídica, puesto que los derechos so­ ciales, como es el caso de la salud pública, no representan presta­ ciones específicas por sí mismas, pues dependen de la disponibili­ dad de medios con que cuente el Estado.

b.

No ha concedido protección jurídica, puesto que los derechos so­ ciales, como es el caso de la salud pública, no representan presta­

ciones específicas por sí mismas, pero sí ha recomendado acciones concretas al Estado para la satisfacción de estos derechos.

c.

Ha concedido protección jurídica a un derecho social, como lo es el derecho a la salud, siempre que se trate de casos particulares en los que, como el expuesto, se presenten condiciones que así lo ameritan.

d.

Ha concedido protección jurídica, puesto que ha considerado que no interesa tener en cuenta la disponibilidad de medios con los que cuente el Estado. Su deber es atender la salud pública.

75. Sobre los derechos económicos, sociales y culturales, se puede afirmar correctamente que:

a.

Imponen obligaciones inmediatas al Estado que suponen garanti­ zar un mínimo de goce efectivo de dichos derechos, a pesar de su carácter programático.

b.

El carácter programático de los derechos económicos, sociales y culturales supone que el Estado debe garantizar los mismos solo en la medida de sus posibilidades.

c.

El carácter programático de los derechos económicos, sociales y culturales supone que el Estado debe dejar al arbitrio de los priva­ dos la garantía y goce de estos derechos.

d.

No son derechos justiciables debido a su carácter programático.

Bloque de constitucionalidad

76.

77.

Sobre el bloque de constitucionalidad, ¿cuál sería la respuesta correcta? a.

Es un concepto que alude a las fuerzas formalmente constitucio­ nales que integran el parámetro a utilizar en una acción de inconstitucionalidad.

b.

El TC peruano ha reconocido que, en nuestro ordenamiento, la re­ ferencia al bloque de constitucionalidad tiene como antecedente inmediato al artículo 170 de la Ley Orgánica del TC.

c.

Para el Tribunal Constitucional de nuestro país los conceptos de "parámetro de control constitucional" y "bloque de constituciona­ lidad" son completamente distintos.

d.

La doctrina ha identificado dos sentidos que se le podría dar al concepto del bloque de constitucionalidad: Bloque de constitucio­ nalidad stricto sensu y sentido lato sensu.

Sobre el bloque de constitucionalidad, señale lo correcto: a.

Es el conjunto de normas que sirven como parámetro para juzgar la constitucionalidad solo de las leyes ordinarias.

b.

El Tribunal Constitucional considera que los tratados sobre dere­ chos humanos ratificados por el Perú ocupan un lugar relevante, pero no forman parte del bloque de constitucionalidad.

c.

Está conformado por el conjunto de normas que sirve para juzgar los vicios de constitucionalidad de una norma.

d.

Las normas integrantes del bloque son leyes ordinarias igual que las sometidas al control constitucional.

78.

El bloque de constitucionalidad tiene sus raíces en el derecho:

a.

Español.

b.

Romano.

c.

Francés.

d.

Inglés.

79. Señale la afirmación incorrecta: a.

El bloque de constitucionalidad esta compuesto por aquellas nor­ mas y principios que,-sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del con­ trol de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido norma­ tivamente integrados a la Constitución.

b.

El bloque de constitucionalidad se refiere a las normas sobre el contenido de la regulación, las cuales por encargo del texto consti­ tucional pueden limitar su contenido.

c.

Se considera que las leyes orgánicas y aquellas otras que regulan materia constitucional integran el denominado bloque de constitucionalidad.

d.

Los derechos contenidos en los tratados de derechos humanos no conforman necesariamente el bloque de constitucionalidad.

Poder contribuyente

80. En relación con el poder constituyente y constituido, marque la opción correcta: a.

El Tribunal Constitucional ha asumido que no puede controlar la validez de reformas constitucionales.

b.

El derecho internacional no tiene ninguna clase de impacto en el poder constituyente.

c.

El poder constituyente originario es completamente ilimitado.

d.

El poder constituido puede alterar, en contextos de urgencia, la voluntad del poder constituyente.

e.

La identidad constitucional es un concepto vinculado con los lími­ tes en el proceso de reforma.

Derecho constitucional y derecho ordinario

81. Es un efecto de la vinculación entre el derecho constitucional y el de­ recho ordinario:

a.

El fenómeno de la "constitucionalización" del derecho.

b.

Interpretación del derecho de conformidad con la Constitución.

c.

El control difuso de constitucionalidad.

d.

Todas las anteriores.

La Constitución Política, fuente de instituciones.

82. Las instituciones, tanto las de derecho público como las de derecho privado, han de tener origen constitucional que luego la ley desarro­ llará en todos sus elementos. En consecuencia: a.

Cabe que exista en el sistema jurídico una institución que sea solo creada por la ley.

b.

Cabría, como hipótesis.

c.

Es difícil, cuando no imposible, concebir tal institución.

d.

Es posible, solo en vía de interpretación lógico jurídica y de necesi­ dad social.

83. En relación a la justicia ordinaria y la constitucional: a.

La justicia constitucional no debe sobrepasar los límites de la justi­ cia ordinaria en mérito al principio de separación de poderes.

b.

La justicia constitucional puede asumir función correctora respec­ to de la justicia ordinaria.

c.

Los jueces de la justicia ordinaria son últimos intérpretes de la ley ordinaria en tanto el Tribunal Constitucional lo es de la Constitución.

d.

Por excepción, existen zonas exentas de control constitucional y una de ellas es el caso de las sentencias del Poder Judicial respe­ tuosas del principio de legalidad.

Derecho internacional de los derechos humanos

84. Es el primer Tribunal Internacional creado para el juzgamiento de crí­ menes de guerra y crímenes contra la humanidad:

a.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

b.

El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.

c.

El Tribunal Militar para el lejano Oriente.

d.

La Corte Penal Internacional.

85. Antes de ser ratificados por el presidente de la República, los tratados internacionales deben ser aprobados por el: a.

Ministerio de Defensa.

b.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

c.

Tribunal Constitucional.

d.

Congreso de la República.

86. El juez puede aplicar pena de muerte en caso de: a.

Violación seguida de muerte.

b.

Secuestro agravado.

c.

Traición a la patria en una situación de guerra y terrorismo.

d.

Asesinato.

87. El gobierno por delegación de funciones decide emitir un decreto le­ gislativo que dispone que los procesos que todavía subsisten por deli­ tos de lesa humanidad deban ser sobreseídos dado que algunos llevan más de 15 años en trámite sin ningún resultado. Además, prevé que las personas involucradas en estos casos también pueden acceder a la prescripción de la acción penal, puesto que el Código Penal no con­ templa ninguna regla de imprescriptibilidad.

Sobre esta norma del Ejecutivo, corresponde señalar: a.

Es válida puesto que refuerza el que deba prevaler el principio de legalidad penal, y en estricto la garantía de ley estricta.

b.

El control constitucional en este caso sería infundado puesto que se trata de una norma ajustada a principios constitucionales de orden penal.

c.

No existen excepciones al principio de legalidad penal por razones de seguridad jurídica

d.

La norma es inválida puesto que desconoce una norma de ius cogens que dispone sancionar los actos que fueran delictivos desde los principios generales recogidos por el Derecho Internacional.

88. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad tiene como fuente: a.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

b.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

c.

La Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Los Crímenes de Lesa Humanidad.

d.

La costumbre internacional.

89. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) entiende por violencia contra la mujer a la violencia física, sexual y psicológica cuando:

a.

Sólo tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica.

b.

Tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal o la comunidad, y sea perpetrada por cualquier persona, inclusive por el Estado o sus agentes.

c.

Es perpetrada sólo por el Estado y sus agentes.

d.

Se produce sólo entre cónyuges, convivientes, ex convivientes, as­ cendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y quienes habitan en el mismo hogar y quienes hayan procreado hijos en común.

Sistemas de protección de los derechos humanos

90.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia contenciosa conforme a la Convención Americana, para conocer ca­ sos de violación de las disposiciones contenidas en este instrumento internacional, a fin de determinar la responsabilidad internacional de los siguientes sujetos:

a.

91.

De los Estados y personas en general que violen derechos humanos.

b.

De los Estados partes y jefes de los Estados partes.

c.

De los Estados partes solamente.

d.

De los Estados partes en el caso que hayan reconocido o reconoz­ can la competencia de la Corte, o por declaración especial, o por convención especial.

En la sentencia de 21 de octubre de 2016 (caso Pollo Rivera y otros vs. Perú), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, con relación al principio de legalidad, lo siguiente:

"El principio de legalidad, según el cual 'nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable' (artículo 9 de la Convención), constituye uno de ios pilares de todo Estado de derecho. Un Estado de derecho solo puede penar a alguien por lo que haya hecho, pero nunca por lo que el autor sea y, por consiguiente, el principio de lega­ lidad y la derivada irretroactividad de la ley penal desfavorable deben observarse por todos los órganos del Estado, en sus respectivas com­ petencias, particularmente cuando se trata de su poder punitivo".

¿Cuál fue el criterio que formuló la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las garantías derivadas del principio de legalidad? a.

Aun cuando el tipo penal haya sido redactado con una mala técni­ ca, es posible interpretarlo en su sentido estricto o técnico.

b.

Constituye una consecuencia lógica del principio de legalidad, el reconocimiento que el derecho penal debe ser de acto.

c.

Los tipos penales deben ser estructurados respetando la garantía de la lex stricta, esto es, el tipo penal debe describir con la mayor exactitud posible la conducta ¡lícita.

d.

La consecuencia gravosa del ejercicio del poder punitivo del Esta­ do debe excluir cualquier posibilidad de interpretación analógica.

e.

El delito de colaboración con el terrorismo, en los términos del De­ creto Ley 25475, presentaba las mismas deficiencias que el delito de traición a la patria.

92. Con relación a la conducta por la que fue condenado Pollo Rivera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó como criterio interpretativo que:

a.

El acto médico solo puede ser sancionado, conforme al principio de legalidad convencional, si constituye un acto de complicidad doloso.

b.

El acto médico importa un deber de actuar, por lo que debe ser considerado un acto atípico.

c.

El acto médico no es típico si se presta en un contexto de coacción contra la persona que lo realiza.

d.

El acto médico puede ser típico, pero no es antijurídico porque está amparado en el ejercicio de una profesión.

e.

El acto médico no supera el riesgo prohibido por la norma, por lo que no es imputable objetivamente a quien lo realiza.

93. Es posible que el Estado peruano incumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Mohamed vs. Argentina, y no haya implementado hasta el momento una res­ puesta legal para garantizar el derecho a un recurso amplio, y ante la imposibilidad de dictar sentencias exhortativas como lo hace el Tribu­ nal Constitucional, y continuar anulando las sentencias absolutorias. A los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema, en sede de casación, les corresponde realizar al momento de resolver el recurso: a.

Una labor de integración del derecho.

b.

Resolver una situación de estado de inconstitucionalidad.

c.

Evitar la impunidad con sucesivas sentencias absolutorias.

d.

Constítucionalizar la condena del absuelto.

e.

Poner de conocimiento al Congreso de la República para que re­ suelva el vacío legal.

94.

95.

En la sentencia del caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Meji­ canos, la Corte IDH precisa el contenido de los derechos políticos. De acuerdo a dicha sentencia, es correcto afirmar que los Estados tienen la obligación de garantizar a sus ciudadanos: a.

La participación en la dirección de los asuntos públicos, directa­ mente o por representantes libremente elegidos.

b.

El derecho al voto y a serelegido en elecciones periódicas auténti­ cas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores.

c.

A acceder a las funciones públicas de su país.

d.

Todas las anteriores.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la evalua­ ción del plazo razonable de duración de un proceso judicial, en el caso Valle Jaramillo vs. Colombia, introdujo un cuarto elemento de análisis, el cual es:

a.

96.

La afectación que produce el transcurso del plazo en el imputado.

b.

La afectación que produce el transcurso del plazo en el agraviado.

c.

La afectación que produce el transcurso del plazo en el órgano ju­ risdiccional.

d.

La complejidad del caso.

Señale la afirmación correcta: a.

Únicamente la parte del fallo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene naturaleza vinculante para todos los jueces de la República en materia penal.

b.

En caso de discrepancia entre una sentencia vinculante del Tribu­ nal Constitucional y otra de la misma naturaleza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe elegir la solución que mejor favorezca a los derechos fundamentales en juego.

c.

Todos y cada uno de los considerandos de las sentencias de la Cor­ te Interamericana de Derechos Humanos, independientemente de su conexión necesaria con la decisión final, tienen naturaleza vin­ culante para todos los jueces de la República en materia penal.

d.

Todas las sentencias del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante para todos los jueces de la República.

La impunidad

97. Es un supuesto de hecho que genera impunidad. a.

Leyes, decretos e instituciones impiden que ciertas personas com­ parezcan ante la justicia.

b.

Falsificación de registros públicos.

c.

Falta de regulación.

d.

Amnistía.

98. Sobre la cosa juzgada constitucional, a partir de la sentencia del caso Martin Rivas, marque la opción incorrecta: a.

Un límite de carácter formal de las leyes de amnistía consiste en el respeto de los principios constitucionales que inspiran el procedi­ miento legislativo, como los criterios de generalidad y abstracción.

b.

A diferencia del indulto, una ley de amnistía no puede comprender en sus alcances a una persona o un grupo de personas en par­ ticular, con exclusión de otras que se encuentren en los mismos supuestos que motivan su expedición.

c.

Señala el Tribunal Constitucional, que tanto la amnistía como el indulto proceden solo en casos humanitarios.

d.

Uno de los derechos que podría resultar comprometido con la ex­ pedición de una ley de amnistía, según los tratados y la jurispru­ dencia internacional, es el derecho a la verdad.

Principio de legalidad en el Estado constitucional

99.

El artículo 142 de la Constitución Política del Estado textualmente se­ ñala: "No son revisables en sede judicial las resoluciones del JNE, en materia electoral...". ¿Puede el juez constitucional resolver contra la literalidad de la norma constitucional antes mencionada? a.

Es obligación constitucional del juez acatar la Constitución, sin em­ bargo, también es su obligación interpretar. En consecuencia, la literalidad de la norma que prohíbe acudir a la vía judicial contra las resoluciones del JNE, requiere debida interpretación que no la puede contradecir.

b.

En ningún caso se puede cuestionar las decisiones del JNE en ma­ teria electoral, debido a que es claro y expreso el texto de la norma constitucional.

c.

La jerarquía normativa de las acciones de garantía constitucional tiene prioridad frente a la norma constitucional indicada, por tan­ to, se aplica la ley procesal constitucional.

d.

Cualquier vulneración de derechos fundamentales en cualquier forma procesal que deríve en una resolución consecuencia de un indebido proceso, puede ser cuestionado en la vía constitucional.

Gracia presidencial

100. Ei indulto constituye un derecho de gracia, implica la renuncia de par­ te del Estado al ejercicio del poder punitivo, fundada en razones de equi­ dad, oportunidad o conveniencia pública, en Perú es concedido por: a.

El Consejo de Ministros.

b.

El Pleno del Congreso de la República.

c.

El Tribunal Constitucional.

d.

El Presidente de la República.

101. Pedro está cumpliendo condena en un penal del interior del país, con un diagnóstico de enfermedad terminal y tiene pendiente de respuesta una solicitud de gracia presidencial. Sus familiares creen que si el presidente no firma el indulto, Pedro fallecerá de modo indubitable en la prisión:

Frente a este caso, ¿cuál es la vía judicial que correspondería?

a.

Un proceso de hábeas corpus emplazando al presidente a firmar el indulto.

b.

No existe medio judicial, la gracia es una prerrogativa no un derecho.

c.

Un proceso de amparo contra la comisión de gracias presidenciales.

d.

Un proceso de amparo por omisión, para que las autoridades co­ rrespondientes den respuesta oportuna al pedido planteado.

102. Con relación a la prerrogativa de la gracia presidencial, la Constitución establece:

a.

No existe regulación constitucional al respecto. La prerrogativa de la gracia presidencial está contenida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

b.

Solo procede respecto de procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

c.

No procede si no hay una condena firme.

d.

Es una competencia del Congreso de la República.

(

capítuloIT)

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Los principios del proceso constitucional

1.

2.

3.

Mediante la aplicación del principio de concordancia práctica de la in­ terpretación constitucional en el caso citado, el juez constitucional:

a.

Debe resolver optimizando la interpretación de la norma constitu­ cional, sin sacrificar ninguno de los valores, derechos o principios constitucionales concernidos.

b.

Al realizar su labor de interpretación, no debe desvirtuar las fun­ ciones y competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales.

c.

Debe resolver en la medida en que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de estos con la sociedad.

d.

Debe orientar su interpretación a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no solo parcialmente.

El principio de congruencia es aplicable: a.

Solo en el ámbito del derecho procesal civil.

b.

En todo el ámbito jurídico, tanto sustantivo como procesal.

c.

Sistémicamente, desde la norma constitucional, por cuanto el de­ recho es un sistema.

d.

Es equivalente al principio de concordancia.

Elena ha interpuesto una demanda de amparo contra su empleador por haberla despedido al encontrarse embarazada. En efecto, el em­ pleador corta el vínculo laboral con Elena una vez que ésta solicita, por escrito, el goce de su periodo prenatal. Sin embargo, ella alega en su

demanda de amparo hostilidad del empleador cuando en propiedad, se ha producido un acto de discriminación negativa, y, por ende, un despido nulo, dado que el propósito del empleador fue excluir de la nómina de empleados a Elena, una vez que ésta solicitó el ejercicio de sus derechos dado su estado de gravidez.

En relación al argumento de Elena respecto de la hostilidad del em­ pleador y considerando la afectación constitucional del caso en con­ creto:

4.

a.

Acarrea ello que la demanda de amparo sea declarada improce­ dente a fin de encausar la acción en la vía laboral, pues la hostili­ dad del empleador no es competencia del juez constitucional. Más aún, el juez no puede modificar la pretensión.

b.

El juez, en ejercicio del iura novit curia, puede modificar la preten­ sión de Elena en el caso en concreto y resolver la demanda como amparo por despido arbitrario.

c.

Por el principio de suplencia de queja deficiente, el juez puede estimar la pretensión, reconociendo que la verdadera pretensión tiene lugar respecto de un despido nulo, y por tanto es atendible como amparo laboral.

d.

El juez, bajo ningún concepto, puede modificar la pretensión de las partes, solo determina el derecho que corresponde en el caso en concreto.

En relación al mismo caso y respecto a los principios procesales en los procesos constitucionales:

a.

El principio de economía procesal permite al juez determinar la improcedencia I¡minar de la demanda y reconducir la pretensión a la vía laboral.

b.

El principio de socialización hace posible que el juez diferencie las condiciones entre empleador y trabajador para remitir los actua­ dos a la vía laboral, en la cual el juez de trabajo velará por los dere­ chos de la parte más débil en la relación laboral.

c.

El principio de interdicción de la arbitrariedad permite la figura de la diferenciación procesal entre trabajador y empleador.

d.

El principio de elasticidad permite adecuar las formas del proceso a los fines de los procesos constitucionales.

Tras varios años de litigio, Joaquín logra, a nivel del Tribunal Constitu­ cional y vía amparo, el reconocimiento y en vía de restitución, de un derecho económico que el gobierno central le había retirado alegando una situación de crisis económica. El Tribunal Constitucional señala que no declara ese derecho a favor de Joaquín sino simplemente lo restituye y, dada la trascendencia del caso, declara un "estado de co­ sas inconstitucional" sobre la materia. Jesús, compañero de Joaquín, se alegra por la noticia de reconocimiento del Tribunal y, dado que se encuentra en situación similar a la de Joaquín, opta por pretender acu­ dir al juez de ejecución en el caso de Joaquín, y solicita se le reconozca también ese derecho económico. Jesús invoca la figura del "estado de cosas inconstitucional" bajo el argumento de encontrarse en situación similar a la de Joaquín.

En relación al mismo caso y respecto al tema planteado. a.

El principio de congruencia procesal no admite excepciones en la fase de emplazamiento pues corresponde a una etapa formal de postulación del proceso.

b.

El principio de congruencia procesal admite excepciones bajo la figura del "estado de cosas inconstitucional".

c.

El principio de congruencia procesal exige un correcto emplaza­ miento de la demanda.

d.

El principio de congruencia procesal exige la identificación correc­ ta de las partes demandante y demandada, sin admitir desnatura­ lizaciones en su ejercicio.

Teoría del proceso constitucional

6.

7.

Es objeto de regulación por el derecho procesal constitucional: a.

Las funciones de la jurisdicción constitucional.

b.

Las competencias de la magistratura constitucional.

c.

La estructura de los procesos constitucionales, sus finalidades y efectos.

d.

Todas son correctas.

Sobre los procesos constitucionales es cierto: a.

No existe etapa probatoria toda vez que no se admiten medios probatorios.

b.

Para la interposición de la demanda se deben agotar las vía pre­ vias, salvo en los procesos de habeas corpus y habeas data.

c.

Las excepciones y defensas previas se resuelven, por regla general, conjuntamente con la emisión de la sentencia.

d.

La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata.

Sistemas de control de la Constitución

8.

9.

Ud. como fiscal, de advertir que existe un conflicto entre la norma constitucional y la normal legal, debe proceder a: a.

Efectuar control constitucional difuso.

b.

Efectuar solamente interpretación conforme a la Constitución.

c.

Efectuar interpretación conforme a la Constitución previo al con­ trol constitucional difuso.

d.

Obviar interpretación conforme a la Constitución por cuanto ello es exigióle solo a jueces.

En el Expediente 04293-2Q12-PA/TC-Loreto (Consorcio Requena), el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el precedente constitucional contenido en el Expediente 03741-2004-PA/TC-Lima (Ramón Her­ nando Salazar Yarlenque), referido a la posibilidad de que todo órgano o tribunal de la Administración Pública pueda inaplicar una disposición infraconstitucional cuando ella vulnere manifiestamente la Constitución. Como consecuencia de dicha decisión del Tribunal Constitucional, es verdadero que:

a.

Los tribunales administrativos carecen de competencia para ejercer el control difuso de constitucionalidad, pero se encuentran obligados a cumplir, entre otros, el articulo 51 de la Constitución que consagra la prevalencla de la Constitución sobre toda norma legal.

b.

El Jurado Nacional de Elecciones no se encuentra facultado a ejer­ cer control difuso de constitucionalidad.

c.

No está prohibido a los tribunales administrativos, que imparten "justicia administrativa" con carácter nacional, efectuar el control difuso de constitucionalidad, siempre que implementen una ins­ tancia de control.

d.

En ningún caso los tribunales administrativos tienen la competen­ cia o facultad para ejercer el control difuso de la constitucional!-

dad, por lo que su actuación tendrá como único límite la estricta aplicación de la ley. e.

Tratándose el caso resuelto de un recurso de agravio constitucio­ nal respecto a una demanda de amparo contra la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Con­ trataciones del Estado (OSCE), el Tribunal Constitucional, analizan­ do el caso concreto, solo ha dejado sin efecto el precedente cons­ titucional anterior en relación a la facultad de dicho Tribunal de Contrataciones para efectuar control difuso de constitucionalidad.

10. ¿Cuál de las siguientes consideraciones no fue enunciada por el Tribunal Constitucional como un fundamento para dejar sin efecto el precedente constitucional contenido en el Expediente 03741-2004PA/TC-Lima?

a.

Las reglas para el establecimiento de un precedente vinculante re­ guladas en el Expediente 0024-2003-AI/TC no fueron respetadas al fijarse el precedente contenido en el Expediente 03741-2004-PA/TC.

b.

La atribución de control difuso de constitucionalidad solo se en­ cuentra establecida para el Poder Judicial, por lo que, en el mejor de los casos, solo puede ser extensiva a todos los que desempeñen una función jurisdiccional.

c.

La aplicación práctica del control difuso de constitucionalidad por los tribunales administrativos derivada del precedente vinculante contenido en el Expediente 3741-2004-PA/TC ha conllevado a nu­ merosos excesos por parte de dichos órganos de la Administración Pública, generando grave afectación a la garantía institucional de la seguridad jurídica.

d.

No existe para el caso de las resoluciones expedidas por los tri­ bunales administrativos en los que se hubiera aplicado el control difuso de constitucionalidad un mecanismo de control para el ejercicio de esta actividad que haga las veces de la elevación en consulta prevista en el artículo 14 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

e.

Permitir que los tribunales administrativos realicen control difu­ so de constitucionalidad afecta al principio de división de poderes pues se permite que un órgano que forma parte del Poder Ejecuti­ vo controle las normas dictadas por el Poder Legislativo.

11. ¿Cuáles son todas las condiciones que deben reunirse para que los jueces pueden aplicar el control difuso de constitucionalidad? a.

Que, en el proceso constitucional, el objeto de Impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional; que la norma a inaplicarse tenga una relación di­ recta, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia; que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución.

b.

Que, en el proceso, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada constitucional; que la norma a inaplicarse tenga una relación indirecta, principal e indisoluble con la resolución del caso.

c.

Que, la norma a inaplicarse tenga una relación indirecta, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea rele­ vante en la resolución de la controversia; que la norma a inaplicar­ se resulte evidentemente incompatible con la Constitución.

d.

Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada in­ constitucional; que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, sea o no relevante en la resolución de la controversia que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución.

12. ¿Qué es control difuso? a.

Establece que la constitución es una norma jurídica suprema que debe ser aplicada por jueces. Ello contribuyó a que el poder judi­ cial se convierta en un verdadero poder capaz de controlar al legis­ lativo, pues podía negarse a aplicar sus normas ante su manifiesta inconstitucionalidad.

b.

Establece que la constitución es una norma jurídica suprema que debe ser aplicada por jueces. Ello contribuyó a que el Tribunal constitucional se convierta en un verdadero poder capaz de con­ trolar al legislativo, pues podía negarse a aplicar sus normas ante su manifiesta constitucionalidad.

c.

Es un mecanismo por el cual se garantiza la supremacía de la Cons­ titución en el ordenamiento jurídico. Así, cuando el juez al mo­ mento de resolver un momento concreto, advierta que la aplica­ ción jurídica pertinente resultaría incompatible con los principios,

reglas y valores constitucionales, debe optar por su inaplicación surtiendo efectos, sólo entre las partes que componen el litigio.

d.

Todas las anteriores.

13. El año 1989, un juzgado civil declara, mediante un auto, que no es aplicable el artículo del Código Civil que faculta el divorcio (consen­ suado) acuerdo de las partes y prefiere la Constitución que protege la unión familiar y la fortaleza de la unión matrimonial. Por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en estos casos donde se ejercita el control de constitucionalidad de las normas legales por parte de los órganos judiciales, es imperativo elevar en consulta el caso ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, obviamente porque no se trata solo de una resolución en el caso concreto, sino que tiene la trascendencia del control de constitucionalidad.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema recibió el caso y expide una resolución en los siguientes términos: "tratándose de un auto y no de una sentencia como dice la LOPJ, no corresponde ser ele­ vado a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, por tanto, declararon improcedente la elevación de la decisión a la Corte Supre­ ma, debiendo devolverse los autos al juzgado de origen.

Desde la perspectiva constitucional, ¿la decisión de la Corte Suprema tiene validez? a.

Sí, porque la LOPJ es expresa en señalar que cuando se expide una sentencia donde se aplica la constitución y se inaplica la ley deberá elevarse la decisión en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

b.

Sí, porque un auto no tiene la trascendencia de una sentencia por tanto la inaplicación de una ley por Inconstitucional en un auto no tiene la Importancia de la Inaplicación de una ley en una sentencia.

c.

No, porque es obligación de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema pronunciarse sobre el fondo del control de consti­ tucionalidad, que es la materia de consulta.

d.

No, porque si se pronuncia en un auto sobre la inconstitucionalidad de la norma estaría Infringiendo lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial.

14. Legalmente, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema no puede ir más allá de lo que dice la LOPJ. a.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema está constre­ ñida por lo que expresamente señala la LOPJ en consecuencia su decisión de declarar Improcedente la consulta es válida.

b.

Es esencial que la Sala Constitucional y Social de la Corte Supre­ ma asuma su rol de control de constitucionalidad, por tanto, su pronunciamiento sobre ia inaplicación de la norma tenía que ser sobre el fondo.

c.

Nadie puede decidir por encima de lo que la norma literalmente dispone.

d.

Como máxima instancia del PJ es su obligación dar el ejemplo en el cumplimiento textual de las normas legales.

15. La última posición asumida por el Tribunal Constitucional con relación al control difuso por parte de la Administración Pública, establece que:

a.

Solo lo aplican los órganos colegiados que imparten "justicia ad­ ministrativa" con carácter nacional, adscritos al Poder Ejecutivo, y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamenta­ les de los administrados.

b.

El control difuso por parte de la administración pública, solo puede ser realizado a pedido de parte, a diferencia del ejercido por el Poder Judicial, que es de oficio.

c.

El control difuso por parte de la Administración procede de oficio, cuando se trate de la aplicación de una disposición que vaya en contra de la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional.

d.

No procede el control difuso administrativo porque afecta el siste­ ma de control dual de la jurisdicción constitucional y por ende, el principio de separación de poderes.

Jurisdicción constitucional

16. Marque la alternativa incorrecta:

a.

En el modelo peruano la jurisdicción constitucional la ejercen el Poder Judicial (artículo 138 de la Constitución) y el Tribunal Consti­ tucional.

b.

La institución del Tribunal Constitucional nació en la Constitución de 1979. Sus orígenes se remontan a los tribunales constituciona­ les de Austria y Checoslovaquia de 1920.

c.

La facultad del Poder Judicial de tutelar la Constitución nació en Estados Unidos, a través de la emblemática sentencia de Marbury vs. Madison.

d.

Todas son correctas.

17. Después de haber sido locador de su empleador durante tres años, Carlos fue objeto de un despido incausado. Una vez que acudió a la ju­ risdicción constitucional, él obtiene sentencia favorable en un proceso de amparo laboral y ha sido restituido a sus labores habituales, por haberlo así dispuesto el decisorio de su proceso. El juez ha declarado en el fallo que hubo lesión ostensible al derecho fundamental al tra­ bajo y, dada esa circunstancia material, Carlos debe ser repuesto a sus labores.

En ejecución de sentencia, el abogado de Carlos solicita que este sea incorporado a planillas y, a su vez, el empleador solicita desestimar este pedido, pues la sentencia no se ha pronunciado en este sentido. Acota que es necesario respetar el principio de congruencia, criterio clave de todo pronunciamiento judicial. En relación al caso y respecto ai derecho fundamental al trabajo.

a.

El despido incausado debe ser conocido ineludiblemente por la justicia ordinaria en mérito del II Pleno Jurisdiccional Supremo Na­ cional en materia laboral, 2012.

b.

La justicia constitucional puede conocer la demanda de amparo laboral si la vulneración del derecho fundamental al trabajo es evi­ dente, ostensible y manifiesta.

c.

La justicia laboral es necesariamente una vía previa del amparo laboral. En todos los casos, se debe agotar la vía previa.

d

La residualidad de la justicia constitucional no es incompatible con una concepción del amparo alternativo.

Procesos constitucionales Procesos constitucionales 18. De las siguientes alternativas, es verdadero:

a.

Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.

b.

Los procesos constitucionales son de conocimiento exclusivo y úni­ co del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en su respectiva ley orgánica y en el presente Código Procesal Constitucional.

c.

Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva sólo del derecho a la vida.

d.

Los procesos constitucionales son de conocimiento exclusivo y único del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en su respectiva ley orgánica y en el Código Procesal Constitucional.

Hábeas Corpus 19.

Es una garantía constitucional que tiene todo ciudadano para defen­ der su derecho a la libertad individual. a.

Acción de cumplimento.

b.

Acción de hábeas corpus.

c.

Acción popular.

d.

Acción de hábeas data.

20. En la sentencia 6936-2005, expedida por el Tribunal Constitucional, se señala que "si bien [la figura jurídica] en su origen histórico surge como remedio contra aprehensiones ilegales, representando la defen­ sa de aquello que los antiguos romanos denominaban ius movendi et

ambulandi o los anglosajones consignaban como power of locomotion, su desarrollo posterior lo ha hecho proyectarse hacia situaciones y circunstancias que si bien son próximas a un arresto, no se identifi­ can necesariamente con él".

¿Qué tipo de proceso constitucional se puede extraer de la lectura del fragmento desarrollado en la sentencia?

21.

22.

a.

El proceso constitucional.de amparo.

b.

El proceso constitucional de hábeas corpus.

c.

Se refiere al proceso constitucional de hábeas data.

d.

Aplicación del control difuso.

El coronel del Ejército peruano Becerra Sánchez ha sido sometido a una investigación y proceso penal por más de diez años por la presunta comi­ sión del delito de tortura, sin que hasta la fecha haya sido sentenciado. Sin embargo, hasta ahora ha estado privado de libertad, sujeto a varias prolongaciones de la prisión preventiva sin una motivación suficiente y una vez vencidos los plazos legales límite. El hermano del coronel, preo­ cupado por su situación incierta, consultó a un abogado qué acciones podría tomar, sugiriendo que se interponga un hábeas corpus:

a.

Conexo.

b.

Traslativo.

c.

Correctivo.

d.

Preventivo.

A criterio del Tribunal Constitucional, el hábeas corpus se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obs­ táculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configu­ ran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, "se la limita en menor grado". Frente a ello, un ciudadano interpone un hábeas corpus soli­ citando el retiro de una reja que obstaculiza el paso en una calle poco transitada. Ante ello, marque la opción correcta: a.

En el hábeas corpus restringido siempre está de por medio una medida de detención.

b.

El Tribunal Constitucional hace únicamente mención al hábeas corpus correctivo.

c.

Se constituye hábeas corpus traslativo cuando ¡imita el traslado de las personas.

d.

Cabe la interposición de un hábeas corpus restringido ante los se­ guimientos perturbadores carentes de fundamento legal y/o pro­ venientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes.

23. Respecto al mismo caso, marque la opción correcta:

a.

En el hábeas corpus restringido siempre está de por medio una medida de detención policial.

b.

El caso hace mención al hábeas corpus correctivo.

c.

El caso hace mención al hábeas corpus restringido.

d.

El hábeas corpus será declarado improcedente.

24. Se presenta un hábeas corpus contra magistrados que conocieron o resolvieron otro hábeas corpus debido a la prolongación indebida de la detención judicial, el mismo que fuera declarado improcedente y confirmado en segunda instancia. El segundo hábeas corpus se pre­ senta por el hecho de haber omitido los magistrados resolver la ape­ lación en un plazo razonable; siendo que transcurrieron injustificada­ mente más de 50 días para resolver su recurso.

Sobre el hábeas corpus contra hábeas corpus: a.

No es posible su interposición en ningún caso, al tratarse de una competencia constitucional.

b.

Sería posible si el juez constitucional vulneró en el primer proceso de modo manifiesto solo la tutela judicial efectiva.

c.

Sería posible si el juez constitucional vulneró en el primer proceso de modo manifiesto la tutela judicial efectiva y concurrentemente la libertad.

d.

En una interpretación adecuada del Código Procesal Constitucio­ nal dicho hábeas corpus es improcedente.

25. Un ciudadano es indebidamente detenido, produciéndose la privación arbitraria e ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial, por lo que interpone un hábeas corpus. Bajo ese supuesto, ¿a qué tipo de hábeas corpus se refiere?: a.

Hábeas corpus restringido.

b.

Hábeas corpus correctivo.

c. d 26.

Hábeas corpus preventivo, Hábeas corpus reparador.

Judith García, gerente general de la empresa constructora Los Jazmi­ nes, interpone una demanda de hábeas corpus contra la Asociación de Residentes de Los Algarrobos, con el fin de que se quite la tranquera que restringe el ingreso y salida de la urbanización por la avenida Los Monos, y que los emplazados se abstengan de realizar cualquier acto que impida que la empresa, su representante, empleados y/o subor­ dinados ejerzan su derecho al libre tránsito. Al respecto, y sobre los procesos constitucionales interpuestos por personas jurídicas, marque la opción correcta:

27.

28.

a.

Son improcedentes de plano porque las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales.

b.

Son improcedentes porque todas sus controversias deben resol­ verse en la jurisdicción ordinaria.

c.

Pueden proceder excepcionalmente cuando son titulares de algu­ nos derechos fundamentales según su naturaleza.

d.

Las personas jurídicas sólo son titulares Indirectos de derechos fundamentales.

Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido. a.

Hábeas corpus traslativo.

b.

Hábeas corpus instructivo.

c.

Hábeas corpus excepcional.

d.

Hábeas corpus correctivo.

Procede el proceso constitucional de hábeas corpus ante la vulnera­ ción de los siguientes derechos: a.

El honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes.

b.

De propiedad y herencia.

c.

El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sen­ tencia firme.

d.

La seguridad social.

29. Sobre el proceso de hábeas corpus, según la jurisprudencia del Tribu­ nal Constitucional, marque la opción correcta:

a.

30.

El hábeas corpus instructivo procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o violación de la libertad personal, se solicita la inter­ vención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante.

b.

En el proceso de hábeas corpus no cabe desistimiento.

c.

Una demanda de hábeas corpus puede ser presentada verbalmente.

d.

El hábeas corpus reparador se puede utilizar en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra.

La frase de procedencia latina habeos corpus significa:

a.

Cuerpo de Cristo.

b.

Traedme el cuerpo.

c.

Llévese el cuerpo.

d.

N.A.

31. Charles Duncan viene cumpliendo condena por delito de robo agra­ vado en el centro penitenciario Virgen de Guadalupe. Sin embargo, el personal penitenciario lo amenaza de muerte e incluso ha atentado contra su vida, su integridad física y psicológica, pues ha sido golpea­ do constantemente. De manera arbitraria le restringen el derecho de visita familiar. Estos hechos configuran que Charles Duncan pueda in­ terponer un: a.

32.

Hábeas corpus reparador.

b.

Hábeas corpus restringido.

c.

Hábeas corpus correctivo.

d.

Hábeas corpus traslativo.

Mariano y Rosalía celebran un acuerdo mutuo con fecha 5 de noviem­ bre de 2005, en cuya virtud la tenencia y custodia del menor Luis, pro­ creado por ambos, queda en poder de su madre. Cuatro años después,

aprovechando que la madre debió viajar a México por razones labora­ les dejando provisionalmente la custodia a su padre, abuelo materno del menor, Mariano formuló una denuncia falsa ante la División de Personas Desaparecidas de la Dirincri y, con la ayuda de efectivos po­ liciales, logró ubicar a su hijo en un parque de diversiones del distrito de San Miguel, logrando sustraerlo para tenerlo incomunicado de su madre que había retornado de su viaje, haciendo que no asistiera al colegio Trilce en el que cursaba estudios primarios. Por ello, la madre interpuso una acción de hábeas corpus para obtener la restitución de la tenencia de su menor hijo.*

Respecto de la competencia, qué opción considera correcta. a.

Los disensos sobre tenencia, custodia y en general sobre el ejerci­ cio de la patria potestad, son de competencia exclusiva de la justi­ cia ordinaria.

b.

El Tribunal Constitucional no es competente para decidir los asun­ tos relativos a la tenencia o custodia de menores que les corres­ ponde a los jueces especializados en familia.

c.

Excepcionalmente, hay temas de relevancia constitucional en ma­ teria de tenencia y custodia, por ser el derecho a tener una familia y a no ser alejado de ella por medios ilícitos, un derecho constitu­ cional implícito con el derecho a la dignidad de la persona humana, que justificarían el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

d.

Para ejecutar acuerdos adoptados en conciliación extrajudicial o la ejecución en materias de tenencia no procede utilizar las acciones de garantía constitucional.

33. Respecto de los derechos de los menores, marque la aseveración inco­ rrecta. a.

Los derechos de los menores están regulados únicamente por el Código Civil y por el Código de los Niños y Adolescentes.

b.

Aparte de la normativa legal, los derechos de los menores también están reconocidos por la Constitución Política y por la Convención sobre los Derechos de los Niños.

c.

En toda medida concerniente al niño y el adolescente debe consi­ derarse el principio del interés superior de estos y el respeto de sus derechos.

d.

La obligación de atender al niño y al adolescente se extiende a la madre y a la familia del menor.

34.

Los magistrados, al referirse a la demora de un proceso de hábeas corpus, señalaron que esta respondía a la enorme carga procesal, por lo que: a.

Dicha situación justifica y minimiza la responsabilidad por no haber tramitado el hábeas corpus dentro de los plazos que son perento­ rios.

b.

Dicha situación no justifica o minimiza la responsabilidad, pues no se puede ignorar los fines tutelares de estos procesos.

c.

La carga procesal es un criterio que debe ser considerado para efectos de evaluar el plazo razonable del proceso.

d.

No existe ningún problema con los plazos puesto que son prorro­ gares.

35. El juez penal que conoce un hábeas corpus advierte que no sólo se ha ex­ cedido el plazo razonable de prisión preventiva, sino el plazo razonable para ser juzgado; y sobre la base de este último derecho, puede:

36.

a.

Sobreseer el proceso penal.

b.

Ordenar que se disminuya la pena cuando sea sentenciado.

c.

Otorgar un plazo perentorio y bajo responsabilidad para poner fin a dicho proceso penal.

d.

Asumir la competencia del juez penal y resolver sobre el fondo del asunto.

Pedro está cumpliendo condena en un penal del interior del país, con un diagnóstico de enfermedad terminal y tiene pendiente de respuesta una solicitud de gracia presidencial. Sus familiares creen que si el presidente no firma el indulto, Pedro fallecerá de modo indubitable en la prisión: Frente a este caso, ¿cuál es la vía judicial que correspondería?

a.

Un proceso de hábeas corpus emplazando al presidente a firmar el indulto.

b.

No existe medio judicial, la gracia es una prerrogativa no un derecho,

c.

Un proceso de amparo contra la comisión de gracias presidenciales,

d.

Un proceso de amparo por omisión, para que las autoridades co­ rrespondientes den respuesta oportuna al pedido planteado.

Amparo 37, Procede el proceso constitucional de amparo en defensa del siguiente derecho: a.

Derecho a no ser objeto de una desaparición forzada.

b.

Derecho a la integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obte­ ner declaraciones. •

c.

Derecho de la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones.

d.

Derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sen­ tencia firme.

38. El accionante plantea la demanda de amparo sosteniendo que fue despedido sin expresión de causa justa y que utilizaron el pretexto de extinción del vínculo laboral por vencimiento de contrato, por lo que se ha vulnerado su derecho al trabajo y la protección adecuada ante el despido arbitrario. Realizado un análisis desde la perspectiva objetiva y subjetiva sobre la vía idónea, la demanda de amparo debe declararse: a.

Inadmisible.

b.

Improcedente.

c.

Infundada.

d.

Fundada.

39. Durante el proceso electoral general del año 2016, el JNE descalificó a dos candidatos a la Presidencia de la República por deficiencias en la inscripción de la agrupación política y por otorgar regalos y dádivas a los electores. Los abogados de cada uno de los candidatos descalifica­ dos, interpusieron sendas acciones de amparo, contra las decisiones del JNE. Si Ud. fuera el juez constitucional competente para conocer dichas demandas:

a.

Declararía en concordancia con la constitución inadmisible la de­ manda.

b.

Admitiría la demanda y luego, de acuerdo al articulo constitucional glosado, declara improcedente.

c.

Admitiría la demanda y, si se produjo alguna violación de un de­ recho fundamental del candidato demandante, decidiría sobre el fondo del asunto.

d.

Admite la demanda y, si la decisión del JNE es injusta, declara fun­ dada la demanda.

40. Desde la perspectiva objetiva, el análisis de la vía idónea debe com­ prender: a.

Si por la estructura del proceso, estamos ante una vía urgente y eficaz.

b.

Si transitarla pone en riesgo el derecho fundamental por su irreparabilidad.

c.

La relevancia del derecho invocado.

d.

La gravedad del daño que podrá ocurrir.

41. Alberto es profesor del magisterio público y ha obtenido una plaza como titular en la provincia de Quispicanchis para el año 2016. Rober­ to, quien quedó en segundo lugar, impugna los resultados bajo la pauta de que el nombrado no cumplía los requisitos del caso, y la Dirección Re­ gional de Educación de la localidad deja sin efecto el nombramiento de Alberto, nombrando en su lugar, al impugnante. Alberto, no conforme con esta decisión, interpone un proceso de amparo. El juez constitu­ cional de primera instancia declara fundada la demanda de Alberto y la Dirección Regional interpone recurso de apelación. La Sala Superior evalúa el caso y, en su alegato, la Dirección Regional sostiene que el año regular 2016 está próximo a concluir, y por tanto, no es posible reincorporar a Alberto en el caso de que se confirme la sentencia. Considerando que exista en el caso anotado vulneración del derecho fundamental al trabajo, ¿cuál debe ser, como regia general, la fundamentación del juez constitucional respecto al derecho afectado?

a.

Pronunciarse por la afectación del contenido de juridicidad del de­ recho materia de discusión.

b.

Establecer los alcances del contenido de moralidad del derecho afectado.

c.

Fijar los alcances del contenido constitucionalmente protegido del derecho afectado.

d.

Determinar el contenido esencial, no esencial y adicional respecto al derecho fundamental afectado.

6,2. Juan Pérez interpone una demanda de amparo arbitral ante el Poder Judicial, a fin de que se decrete la nulidad del laudo arbitral que pudie­ ra haberse expedido en el Caso 110-20171 CCA, y se nulifique todo lo actuado hasta la Res. 7; pues según la asesoría legal que recibió en su momento, era muy probable que se esté cometiendo un fraude pro­ cesal en el referido arbitraje. Su demanda la dirige contra los intervinientes del arbitraje, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa y el Arbitro Único. La controversia tiene como origen la Res. 7, mediante la cual se le nptificó a Juan la existencia del arbitraje, además de adjuntarle el Acta de Instalación del Arbitraje. Sin embargo, cuando quiso apersonarse al mismo, se le denegó su pedido pues el árbi­ tro consideró que era un tercero ajeno al arbitraje (por no haber suscrito el convenio arbitral). En ese escenario, a fin de cautelar su derecho a la defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales, Juan interpu­ so su demanda de amparo arbitral para poder resguardar su derecho. Posteriormente, el juzgado, mediante Res. 1, la declaró inadmisible, exhortando, a su vez, al demandante a que adjunte el laudo arbitral bajo apercibimiento de rechazar la demanda y ordenar su archivo. De las siguientes alternativas, marque la respuesta correcta: a.

El juzgado debió declarar de plano la Improcedencia de la deman­ da puesto que la jurisdicción ordinaria es una vía más satisfactoria para la tutela de sus derechos, de conformidad con el precedente vinculante María Julia (Exp. 00142-2011-PA/TC).

b.

El juzgado debió declarar la improcedencia de la demanda, puesto que, según el principio de confidencialidad en materia arbitral, el Árbitro Único se encontraba en la imposibilidad de incorporar al proceso a Juan.

c.

El juzgado al momento de calificar la demanda debe seguir los lineamientos del precedente vinculante María Julia (Exp. 001422011-PA/TC), donde se establecen los criterios para la procedencia e improcedencia del amparo arbitral.

d.

Así Juan no pudiera intervenir en el proceso arbitral, no se encon­ traría impedido de interponer el recurso de anulación, pues esta constituye la vía idónea para la protección de sus derechos cons­ titucionales procesales, de conformidad con la Duodécima Dispo­ sición Complementaria de la Ley de Arbitraje (D. Leg. 1071), que señala que «el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenaza­ do o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo».

43. Sobre los laudos arbitrales, es correcto afirmar que: a.

Procede el amparo contra un laudo arbitral que vulnera directa­ mente los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional.

b.

Procede el amparo arbitral cuando se cuestiona la falta de un con­ venio arbitral.

c.

Procede el amparo arbitral cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las materias sobre las que ha de decidir se tienen que ver con derechos fundamentales de carácter indisponible.

d.

Los tribunales arbitrales no pueden ejercer, en ningún caso, el con­ trol difuso de constitucionalidad de las normas.

44. Con fecha 27 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 315-2004-JNE, de fecha 17 de noviembre de 2004, por considerar que vulnera el derecho fun­ damental al debido proceso. Manifiesta que mediante acuerdo adop­ tado el 20 de julio de 2004, el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Canchaque (Piura) declaró improcedente la solicitud de va­ cancia en el cargo de alcalde municipal, por causal de nepotismo, for­ mulada en su contra por un ciudadano. Refiere que en aplicación del artículo 51 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), el 20% de los miembros hábiles del Concejo solicitaron la reconsidera­ ción del acuerdo, la cual —aduce— fue declarada improcedente me­ diante una Resolución de Alcaldía (sic), con lo que quedó agotada la vía administrativa. Sostiene que, en consecuencia, esta última reso­ lución solo podía ser impugnada en un proceso contencioso adminis­ trativo, a pesar de lo cual el JNE ha declarado fundado un recurso de apelación interpuesto contra ella, ordenando su inmediata vacancia en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchaque. El procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del JNE contes­ ta la demanda manifestando que el literal u) del artículo 5 de la Ley 26486, Ley Orgánica del JNE, en desarrollo del inciso 6) del artículo 178 de la Constitución, dispone que es competencia del JNE decla­ rar la vacancia de los cargos elegidos mediante sufragio directo; que, conforme al artículo 23 de la LOM, el JNE debe resolver el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo del Concejo Municipal que declara o rechaza la vacancia solicitada; y que los actos de nepotismo que determinaron declarar vacante el cargo de alcalde que ejercía el recurrente quedaron plenamente acreditados en sede del JNE, motivo

por el cual se resolvió declarar fundado el recurso de apelación inter­ puesto. En suma —agrega—, la resolución del JNE ha sido expedida con plena observancia del derecho fundamental al debido proceso. Finalmente, sostiene que, sin perjuicio de lo expuesto, al pretenderse vía amparo dejar sin efecto una resolución emitida por el JNE, se afec­ tan los artículos 142 y 181 de la Constitución que establecen que, con­ tra las resoluciones dictadas por el JNE, no procede recurso alguno.

El Quinto Juzgado Civil de Piura, con fecha 14 de marzo de 2005, de­ claró infundada la demanda, por considerar que el JNE ha actuado de conformidad con el artículo 23 de la LOM y sin afectar el derecho al debido proceso. Añade que la decisión jurisdiccional del JNE ha respe­ tado la tutela procesal efectiva a la que hace referencia el inciso 8 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional.

El asunto controvertido en el petitorio del presente caso es que el Tri­ bunal Constitucional determine: a.

Si los artículos 142 y 181 de la Constitución instituyen a una resolu­ ción del JNE como una zona exenta de control constitucional y del proceso de amparo previsto en la Constitución.

b.

Que la Constitución es una norma política compuesta por una se­ rie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públi­ cos, y consolidar la doctrina de la soberanía parlamentaria.

c.

Que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitu­ cional no puede ser objeto de control constitucional.

d.

Que los métodos jurídicos y de argumentación constitucional bus­ can aliviar los conflictos intersubjetivos e interinstitucionales.

Considerando que exista en el caso anotado vulneración del derecho fundamental al trabajo, ¿cuál debe ser, como regla general, la fundamentación del juez constitucional respecto al derecho afectado? a.

Pronunciarse por la afectación del contenido de juridicidad del de­ recho materia de discusión.

b.

Establecer los alcances del contenido de moralidad del derecho afectado.

c.

Fijar los alcances del contenido constitucionalmente protegido del derecho afectado.

d.

Determinar el contenido esencial, no esencial y adicional respecto al derecho fundamental afectado.

46. Juana es miembro de la Junta Directiva del Mercado "San Judas Tadeo" que se dedica al comercio de ropa y zapatillas en un mercadiilo de la ciudad de Chimbóte. Debido a su exposición mediática en las últimas elecciones al Congreso y por su apoyo a uno de los postulantes al Con­ greso de la República, el pleno de los demás integrantes de la junta directiva y por unanimidad, ha decidido cancelar su participación en la junta directiva, hecho del que Juana ha tomado conocimiento en forma fortuita, a través una compañera que también forma parte de la Junta Directiva del referido mercado. Juana era la tesorera en la junta directiva antes de su destitución y al momento de enterarse de su destitución, todos sus poderes habían sido cancelados en los registros públicos sobre la base de una asam­ blea extraordinaria que así lo habría aprobado por unanimidad, aun cuando María nunca tomó conocimiento de dicha asamblea.

¿Tiene María posibilidades de acudir al proceso constitucional de am­ paro? a.

No, debido a que los acuerdos de las asociaciones se toman en el marco de la autonomía de estas organizaciones que tienen protec­ ción constitucional.

b.

No, porque para impugnar acuerdos existe una vía igualmente sa­ tisfactoria en el proceso ordinario, según lo ha ratificado el Tribu­ nal Constitucional.

c.

Existe afectación al debido proceso corporativo y el proceso de amparo protege estos supuestos.

d.

No procede el amparo entre particulares.

47. Con fecha 31 de marzo de 2008, Andrés Delgado interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), soli­ citando la inaplicación de ia Resolución 45346-2007-GO-DC-18846/ONP, de fecha 21 de febrero de 2008, que le deniega la pensión vitalicia; y que en consecuencia se le otorgue dicha pensión, por padecer de neumoconiosis, con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Ley 18846 y su reglamen­ to. Andrés Delgado presenta un certificado médico en el que se acre­ dita que padece de neumoconiosis, presenta también otro en el que se certifica que padece de un cáncer de colon avanzado. Ambos certificados médicos fueron emitidos por Salud Ocupacionai y Ambiental EIRL. El 2 de abril, el juez civil de primera instancia admite la demanda a trámite y dispone correr traslado de la misma a la demandada ONP. Esta solicita que la demanda sea declarada improcedente debido — entre otras cosas— a que el certificado médico no fue emitido por la

I

"Comisión Evaluadora de Incapacidades", del Instituto Peruano de Se­ guridad Social, única entidad competente para determinar enferme­ dades profesionales. De hecho, afirma que el Tribunal Constitucional ha establecido el criterio jurisprudencial por el cual "los certificados e informes emitidos por organismos particulares no constituyen prueba fehaciente de la existencia de una enfermedad profesional" (sentencia del Tribunal Constitucional al Exp. 10055-2006-PA/TC, fun­ damento 5).

a.

La declaración que se realiza en la demanda.

b.

El que se consigne en los documentos anexos.

c.

El del documento nacional de identidad.

d.

El lugar que fuera corroborado por la autoridad.

49. Vilma Ramírez, quien estuvo afiliada al Sistema Privado de Pensiones, quiere retornar al Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional y que se devuelvan sus aportes legales efectuados más sus intereses legales. Sobre el procedimiento de desafiliación, podemos afirmar que:

a.

Para lograr la desafiliación podemos recurrir a un proceso de am­ paro.

b.

Mediante el proceso de amparo solo se puede ordenar el inicio del procedimiento de desafiliación.

c.

En caso de declararse fundada la demanda de amparo, el juez constitucional tiene la facultad de ordenar la desafiliación automática.

d.

En caso de lograr la desafiliación administrativamente, las Admi­ nistradoras de Fondos de Pensiones no tienen la obligación de transferir a la ONP el valor del Bono de Reconocimiento.

50. Después de haber sido locador de su empleador durante tres años, Carlos fue objeto de un despido incausado. Una vez que acudió a la ju­ risdicción constitucional, él obtiene sentencia favorable en un proceso de amparo laboral y ha sido restituido a sus labores habituales, por haberlo así dispuesto el decisorio de su proceso. El juez ha declarado en el fallo que hubo lesión ostensible al derecho fundamental al tra­ bajo y dada esa circunstancia material, Carlos debe ser repuesto a sus labores.

En ejecución de sentencia, el abogado de Carlos solicita que este sea incorporado a planillas y, a su vez, el empleador solicita desestimar este pedido, pues la sentencia no se ha pronunciado en este sentido. Acota que es necesario respetar el principio de congruencia, criterio clave de todo pronunciamiento judicial. ¿Cómo debe pronunciarse el juez en relación al pedido de incorporación en planillas?

a.

Debe desestimar el pedido pues siendo Carlos locador, no le co­ rresponde sino solo ser incorporado como locador y al locador no le corresponde ser incluido en Planillas.

b.

Debe declarar improcedente el pedido pues las sentencias judicia­ les se ejecutan en sus propios términos, deviniendo exigí ble respe­ tar el principio de congruencia.

c.

Debe estimar el pedido en función del principio de prohibición de cumplimiento defectuoso de sentencia. El juez debe apreciar que ha señalado que se afectó el derecho fundamental al trabajo.

d.

El juez debe desestimar el pedido y debe indicar que una petición de esta naturaleza debe ventilarse en otra vía por no haberse in­ corporado esta precisión en el petitorio de la demanda de amparo.

Hábeas data 51. Ante la negativa de una entidad pública por brindar información de un administrado, una persona analiza lo manifestado por el Tribunal Constitucional, a efectos de determinar qué acción podría interponer para salvaguardar su derecho, encontrando la siguiente definición: «"es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Cons­ titución, que establecen, respectivamente, que "toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan por ley o por razones de seguri­ dad nacional"; y que "[...] ios servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no deben suministrar informaciones que afecten la intimidad personal y familiar"». Marque la respuesta correcta en razón del fragmento señalado:

a.

El administrado puede iniciar únicamente un proceso de amparo a través del cual se solicita cierta información relevante.

b.

El administrado podrá solicitar información íntima de cualquier ciuda­ dano en razón del derecho al acceso a la información pública.

c.

No existe acción judicial que proteja su derecho.

d.

El administrado deberá iniciar un proceso constitucional de hábeas data.

52. El Tribunal Constitucional ha manifestado que, a través del proceso constitucional de hábeas data, toda persona puede solicitar el con­ trol de la renuencia de las entidades públicas y privadas (que presten servicios al Estado) a proporcionar los datos que resguarden. En esa perspectiva, el proceso de hábeas data tutela los derechos al acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Marque la opción correcta: a.

El hábeas data tiene como objeto modificar los datos imprecisos y cambiar o borrar los falsos.

b.

El hábeas data manipulador no tiene como propósito el conocimiento de la información almacenada, sino su modificación.

c.

El hábeas data supone la exigencia jurisdiccional para acceder a los registros necesarios para obtener información, los cuales no deben estar exceptuados por la ley de transparencia y acceso a la información pública.

d.

Todas son correctas.

53. El recurrente interpone demanda de hábeas data contra el ministro y la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Telecomuni­ caciones, con la finalidad de que se le entreguen copias de la sección primera de las declaraciones juradas de los diferentes ministros y vice­ ministros que han desempeñado cargos en dicho sector. ¿De qué manera puede emplearse el hábeas data para combatir la corrupción?

a.

Interponiendo demandas que permitan conocer detalles íntimos.

b.

Fiscalizando mediante pedidos de información el movimiento eco­ nómico y bancario.

c.

Con la continua difusión de los principales precedentes vinculan­ tes que se emitan sobre los procesos de hábeas data.

d.

Conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, permitiendo que las personas accedan a las publicacio­ nes periódicas, detalladas y completas de los ingresos y rentas de los funcionarios y servidores públicos.

54. ¿Qué situaciones se presentan a partir del derecho de acceso a la in­ formación pública y el principio de legalidad? a.

No debe haber límites para la exigencia del derecho de acceso a la información pública bajo ningún supuesto, pues es inconstitucional.

b.

La calificación de información con carácter reservado, confidencial o secreto debe estar determinada por ley de manera específica.

c.

Las normas que regulen los procedimientos de acceso a la infor­ mación están exentas de ser sujetas a demandas de inconstitucionalidad siempre.

d.

Toda ley que se emita sobre tratamiento de información debe contar con el pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

55. La Constitución ha establecido una serie de excepciones al ejercicio del derecho a la información pública, las cuales han sido reiteradas por el Tri­ bunal Constitucional. Ante ello, un ciudadano solicita información banca­ da respecto del presidente de la Asociación de Clubes Departamentales. Marque la respuesta correcta: a.

El derecho de acceso a la información pública involucra incluso datos personales, aun si la intimidad es violentada.

b.

No existen excepciones respecto al acceso a la información, en cuanto esta es absoluta.

c.

Una de las excepciones es relativa a la información protegida por el se­ creto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil.

d.

Cualquier persona puede solicitar información protegida por el secre­ to bancario.

56. Un ciudadano interpone uñar demanda de hábeas data, ante un juez constitucional, contra la Presidencia del Consejo de Ministros y solicita le informe cuántos viajes realizó el presidente de la República durante su mandato constitucional, a qué destinos y cuál fue el presupuesto que en cada viaje utilizó.

Respecto al caso, marcar la opción correcta: a.

El hábeas data no permite recabar ese tipo de informaciones, porque atenta contra la privacidad y seguridad del jefe de Estado.

b.

La Constitución solo restringe información que atente contra la segu­ ridad nacional y el orden interno, por tanto, la información requerida en la demanda se le debe proporcionar.

c.

Este hábeas data sustancialmente es válido, pero formalmente está mal dirigido, puesto que la PCM no es el órgano constitucional encar­ gado de tener la información requerida.

d.

El hábeas data debe ser declarado fundado puesto que la PCM, aun si no tuviera ¡a información, debe solicitar al organismo que lo tiene y satisfacer el interés legítimo del ciudadano.

57. El hábeas data puede ser utilizado para cualquier tipo de averiguaciones. a.

Sí, porque el ciudadano tiene derecho a estar informado de toda la actividad de la administración pública, sin restricción alguna.

b.

La garantía constitucional del hábeas data, permite al ciudadano acce­ der a toda la información pública y privada que le permita desarrollar sus actividades cotidianas.

c.

La garantía constitucional de hábeas data permite que el ciudadano acceda, sin expresión de causa, a la información que obra en enti­ dades públicas. Se exceptúa la información que afecta la intimidad personal y la que expresamente se excluya por ley o por razones de seguridad nacional.

d.

Ninguna de las anteriores.

58. Vía requerimiento previo, Federico solicita al hospital de su localidad, en específico a la Junta Médica de la institución, el acceso al historial mé­ dico de su hermano Ernesto, quien sufre de problemas mentales, incluye, junto a esa primera pretensión y como segundo pedido, que se exhiba el resultado de la Junta Médica respecto a la actual situación de su herma­ no. Alega que esta información es necesaria para que no tenga lugar el Alta Médica de su hermano, y señala que este aún sufre los estragos de una severa enfermedad mental. La Junta Médica no responde integral­ mente al requerimiento de información pues no ha efectuado un diagnós­ tico actual de la situación de Ernesto. En ese sentido, Federico se ve preci­ sado a interponer un proceso de hábeas data, pues se le niega esta necesaria información que, en rigor, evitaría un alta perjudicial de su hermano. ¿Cómo debe pronunciarse el juez respecto al hábeas data? a.

Debe estimar la demanda por ambas pretensiones pues el historial médico, así como el diagnóstico actualizado, deben ser exhibidos por la Junta Médica.

b.

Debe reconvertir la demanda de hábeas data a una de amparo pues el propósito de la demanda es evitar una lesión grave al derecho a la salud de Ernesto.

c.

Debe desestimar la demanda pues se trata de pretensiones incom­ patibles una con otra. Una primera es acceso a la información pública y una segunda se relaciona con la exhibición de un documento no realizado.

d.

Debe estimar la demanda pues el acceso al historial médico forma parte del derecho a la autodeterminación informativa de Ernesto.

59. En relación al mismo caso y respecto al proceso de hábeas data:

I .

a.

El derecho a la autodeterminación informativa es objeto de protec­ ción del hábeas data y, por tanto, constituye objeto de tutela constitu­ cional.

b.

El derecho de acceso a la información pública puede ser objeto de restricciones si han transcurrido siete años y concurre un motivo de seguridad nacional.

c.

La Junta Médica, al negar la presentación de un diagnóstico actuali­ zado de la situación médica de Ernesto, lesiona ostensiblemente el derecho de acceso a la información pública.

d.

La Junta Médica ejerce regularmente su derecho como institución al denegar el acceso a una información (historial médico) si esta es in­ completa.

60. Asumiendo que las dos instancias del Poder Judicial hubieran decla­ rado improcedente la demanda, ¿se aplica a los supuestos de hábeas data las exigencias de la especial trascendencia constitucional del re­ curso de agravio (precedente en el caso Francisca Vásquez STC 9872014-PA/TC)? a.

No, pues tal precedente se estableció solo para los casos de amparo.

b.

Sí, en la medida que el referido precedente regula el recurso de agra­ vio y no un proceso es particular.

c.

No se aplica, pues el hábeas data es un proceso exclusivo del Poder Judicial.

d.

No existe especial trascendencia constitucional en un proceso de há­ beas data.

61. Carlos se ha enterado que en una notaría de su ciudad se ha celebra­ do, sin su conocimiento, la compraventa de su casa a un tercero. Ante esto, ha ¡do a la notaría a exigirle copia de los documentos de la tran­ sacción (minuta, escritura pública, etc.) para averiguar la identidad del falso vendedor y del comprador. Envió una carta notarial a la notaría, la cual no ha sido respondida pese al tiempo transcurrido. Ante ello, interpone una demanda de hábeas data.

¿Cómo debe resolver el juez? a.

Declarar improcedente la demanda porque la información solicitada no es información pública y una notaría no es una entidad pública.

b.

Declarar improcedente la demanda porque el derecho afectado es el derecho a la propiedad y no el acceso a la información, debiendo in­ terponerse un amparo.

c.

Declarar improcedente la demanda porque solo se puede recurrir al hábeas data ante la negativa de entregar la información, no ante la falta de respuesta.

d.

Declarar fundada la demanda porque los notarios ejercen función pú­ blica y la información que genera constituye información pública.

Proceso de inconstitucionalidad 62. 5001 pobladores de la provincia de Castilla interponen un proceso de inconstitucionalidad contra las ordenanzas municipales A y B, las cuales fijan un horario de atención con restricciones en determina­ das actividades comerciales en la localidad, en especial de aquellos que implican exceso de ruido. El Municipio considera que es necesa­ rio proteger el derecho de ios pobladores a un entorno acústicamente sano. El Gobierno local emplazado contesta la demanda y alega que ha ejercido autonomía en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, corresponde imponer reglas de orden en el ámbito de su jurisdicción. El Tribunal Constitucional examina el caso y prima facie, evalúa que efectivamente las ordenanzas impugnadas serían inconstitucionales. Sin embargo, constata que una acotada Ordenanza C, vinculada a las ordenanzas A y B y expedida con posterioridad a la interposición de la demanda de inconstitucionalidad, también sería inconstitucional. ¿Cuál debe ser la posición del Tribunal Constitucional en este caso?

a.

Declarar fundada la demanda contra las ordenanzas A y B, e im­ procedente contra la ordenanza C, dejando a salvo el derecho de accionar contra esta última en un nuevo proceso de inconstitucionalidad.

b.

Declarar fundada la demanda contra las ordenanzas A, B y C, por cuanto opera respecto A y C la figura de la inconstitucionalidad por conexión.

c.

Debe declarar improcedente la demanda y retrotrayendo las co­ sas a su estado procesal respectivo, requerir a los demandantes cumplir con fundamentar la inconstitucionalidad de la ordenanza C, pues ésta no se Incluyó en la demanda primigenia.

d.

Declarar fundada la demanda contra las ordenanzas A y B, e infun­ dada la demanda contra la ordenanza C, por el principio de limita­ ción constitucional, el cual Impide un pronunciamiento respecto a una ley no Impugnada, más aún si ésta goza de una presunción de constitucionalidad.

63. En relación al mismo caso y respecto al proceso de inconstitucionalidad. a.

El proceso de inconstitucionalidad solo procede contra Ordenan­ zas en su rango general más no contra Resoluciones Legislativas.

b.

El plazo de interposición de la demanda es de 5 años.

64.

65.

66.

c.

Pueden interponer proceso de inconstitucionalidad tanto el Presi­ dente del Poder Judicial como el Fiscal de la Nación.

d.

Procede proceso de inconstitucionalidad contra normas deroga­ das.

¿Cuál es la afirmación correcta en cuanto al proceso de inconstitu­ cionalidad? a.

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma im­ pugnada podrá declarar la de aquella otra a la que debe extender­ se por conexión o consecuencia, mientras sea de rango legal.

b.

La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley no con­ cede derecho a reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo los casos penales, tributarios y laborales.

c.

Por la declaración de inconstitucionalidad de una norma, recobran vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado.

d.

Procede contra las normas que tienen rango de ley.

Se expide una ley que precisa que solamente los padres que tienen hijos biológicos podrán acceder a una bonificación especial, en la que se intenta cubrir cierta parte de gastos escolares. Los padres de niños adoptados presentan una demanda de inconstitucionalidad, alegan­ do que se está discriminando a otros tipos de familia que también se encuentran protegidos por la Constitución. Así, con el propósito de declarar la inconstitucionalidad de esta ley, el TC podrá expedir una: a.

Sentencia interpretativa propiamente dicha

b.

Sentencia manipulativa-reductora

c.

Sentencia manipulativa-aditiva

d.

Sentencia manipulativa-sustitutiva

Marque la respuesta correcta:

a.

La vacatio sentientiae no es admitida por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, pues ello supondría dejar que la ley invalidada surta efectos temporales

b.

La declaración de inconstitucionalidad de normas tributarias es la única excepción a la irretroactividad de la sentencia de Inconstitu­ cionalidad.

c.

Por la presunción de constitucionalidad el Tribunal Constitucional está obligado a emplear todos los mecanismos de interpretación que permitan adecuar la norma objeto de control a los parámetros de constitucionalidad, con la finalidad de salvar su validez.

d.

Ninguna es correcta.

67. Son funciones del proceso de inconstitucionalidad, excepto:

a.

Función valorativa.

b.

Función correctora.

c.

Función pacificadora.

d.

Función ordenadora.

68. Con respecto al proceso de inconstitucionalidad, marque ia opción co­ rrecta:

a.

La declaratoria de inconstitucionalidad de una norma impugnada por vicios formales no obsta para que ésta sea demandada más por razones de fondo.

b.

Por la declaración de inconstitucionalidad de una norma, recobran vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado.

c.

La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley no con­ cede derecho a reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo en los ca­ sos de penales, tributarios y laborales.

d.

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma im­ pugnada podrá declarar la inconstitucionalidad de aquella distinta de la que debe extenderse por conexión o consecuencia, mientras sea de rango legal.

proceso de acción popular 69. Después del golpe de Estado de 1992, se interviene el Poder Judicial, habiéndose creado la Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial en lugar del Consejo Ejecutivo del PJ. Esta Secretaría asume el control y dispo­ ne, mediante resolución ejecutiva, entre otras cosas, que los señores jueces están prohibidos de recibir a los abogados y litigantes en sus despachos. La Ley Orgánicaadel PJ establece en uno de sus artículos que los jueces están obligados a recibir a los abogados y litigantes du­ rante las horas del despacho judicial. En consecuencia, se origina un conflicto de normas. Ante ese panorama, el Colegio de Abogados de Lima interpone una acción popular, mencionando que la resolución administrativa de ia Secretaría Ejecutiva colisiona con la LOPJ.

Respecto al caso, marque la alternativa correcta: a.

Estando en un Estado de tacto sin Constitución vigente, no funcionan los mecanismos de defensa ae la supremacía de la Constitución.

b.

La acción popular sirve para defender la supremacía legal y cons­ titucional; por ende, el medio de defensa interpuesto por el CAL debe proceder.

c.

Las resoluciones administrativas pueden reglamentar las leyes; en este caso, la Secretaría Ejecutiva estaría reglamentando la LOPJ, por tanto, no hay normas en contradicción.

d.

La legitimidad para obrar del CAL está en cuestión; quien podría reclamar mediante acción popular es el abogado que se ve perju­ dicado con la medida o el Poder Judicial que ve cuestionada su Ley Orgánica.

70. Marca la opción correcta sobre ia acción popular: a.

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las nor­ mas impugnadas.

b.

El plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los tres años contados desde el día siguiente de publicación de la norma.

c.

Al igual que el proceso de inconstitucionalidad, la acción popular se resuelve en instancia única.

d.

No procede solicitar una medida cautelar en ninguna etapa del proceso.

71. Sobre el desarrollo histórico de la acción popular en el Perú, marque la respuesta correcta: a.

La Constitución de 1933 incorpora, por primera vez en el Perú, el pro­ ceso de acción popular. El artículo 133 disponía que "hay acción popu­ lar ante el Poder Judicial contra los reglamentos y contra las reso­ luciones y decretos gubernativos de carácter general que infrinjan la Constitución o las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad política de los ministros. La ley establecerá el procedimiento judicial correspon­ diente". Es así que, a partir de la vigencia de esta Constitución, el proceso, de acción popular ha venido aplicándose hasta la fecha.

b.

Aunque el proceso de acción popular ya aparecía desde la Cons­ titución de 1933, no es hasta la Ley 1963, Ley Orgánica del Poder Judicial que, de manera ordenada, se lo reglamentó.

c.

Inicialmente, si en el proceso de acción popular existía un fallo estimatorio, los efectos solo se reducían al caso individual.

d.

Ninguna es correcta.

72. Marque la alternativa incorrecta: a.

La sentencia estimatoria del proceso de acción popular podrán deter­ minar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas.

b.

Los jueces están obligados a suspender el trámite del proceso de acción popular de normas respecto de las cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad.

c.

Las herramientas interpretativas del proceso de inconstitucionalidad no pueden ser extrapoladas al proceso de acción popular debido a la diferencia del operador jurídico que realiza el control constitucional de la norma impugnada.

d.

Debe declararse la improcedencia si es que la norma reglamentaria simplemente reitera lo dispuesto en una norma con rango de ley.

73. Marque la respuesta correcta:

a.

Es posible el cuestionamiento de normas que emanan de colegios profesionales o de universidades privadas, puesto que prestan ser­ vicios de naturaleza pública.

b.

Las resoluciones que emite la administración pública no pueden ser objeto de proceso de acción popular debido a su naturaleza absolutamente concreta, lo que los hace merecedoras de tal no­ menclatura.

c.

Para controlar la constituclonalidad del Reglamento del Congreso se debe recurrir al proceso de acción popular debido a su natura­ leza infra legal.

d.

En el proceso de acción popular, al igual que en el proceso de inconstitucionalidad, las normas infra legales son controladas tanto en la forma como en el fondo.

74. La ONG "Instituto de Defensa del Medio Ambiente" ha interpues­ to una demanda de acción popular contra el Decreto Supremo 001-2016-MINAM, Reglamento de la Ley General de Estudio de Im­ pacto Ambiental. Previo a la audiencia pública, el juez lee en la página web del Tribunal Constitucional que se ha admitido a trámite una de­ manda de inconstitucionaiidad contra la citada Ley General de Estudio de Impacto Ambiental. ¿Cómo debe proceder el juez en este caso? a.

Suspender el proceso hasta que el Tribunal Constitucional expida resolución definitiva.

b.

Proseguir con el proceso de acción popular porque, aunque la ley y el reglamento son normas conexas, son completamente diferen­ tes.

c.

Ordenarle al Tribunal Constitucional que suspenda el proceso de Inconstitucionaiidad hasta que se pronuncie el Poder Judicial.

d.

Remitirle los actuados del proceso de acción popular al Tribunal Constitucional para que se acumulen ambos y se resuelvan en un solo proceso.

75. Si el juez hubiera optado por esperar la sentencia del TC y este hubiera confirmado la constitucionalidad de la Ley General de Estudio de Im­ pacto Ambiental: a.

El juez declarará, sin más trámite, el rechazo de la demanda de acción popular.

b.

El juez podría no obstante declarar la ilegalidad del Reglamento si es que éste contraviniera alguna disposición legal.

c.

El juez puede declarar la inconstitucionaiidad del Reglamento, además de ¡naplicar la ley en lo que se hubiera impugnado.

d.

El juez archiva la demanda de acción popular.

Proceso de cumplimiento 76.

El recurrente interpone demanda de cumplimiento contra una Uni­ versidad Nacional solicitando el cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto. Bajo el caso expuesto, ¿cuál es la finalidad del proceso de cumplimiento?

a.

Garantizar que los funcionarios públicos cumplan sus labores y de­ beres internos.

b.

Que el acto administrativo surta sus efectos plenamente.

c.

Procurar la observancia de toda norma que regula el procedi­ miento administrativo general bajo la Ley del Procedimiento Admi­ nistrativo General.

d.

Fomentar el cumplimiento de lo previsto en resoluciones y regla­ mentos tanto en el sector público como el privado.

77. Leonardo es profesor de su localidad y solicita el pago de un derechc económico ascendente a S/ 5000, en su condición de docente activo del magisterio. Dicho beneficio ha sido reconocido mediante resolu­ ción administrativa del año 2005. Acota que viene solicitando el pago año a año a su empleador desde 2007. La Dirección Regional de Edu­ cación reconoce su obligación de pago en la vía administrativa, pero señala que una cláusula de la resolución determina, como condición, que el pago de Leonardo se efectivizará una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas determine la respectiva transferencia de fondos. En tanto, alega hay una cuestión de condicionalidad que no permite el cumplimiento efectivo del mandato objeto de requerimiento. Leonar­ do, no conforme con esta respuesta administrativa, opta por acudir a un proceso de cumplimiento. En relación al pedido de cumplimiento solicitado por el demandante. a.

No es procedente la demanda pues se fija una condición no cum­ plida. Por tanto, no es mandato incondicional.

b.

Es fundada la demanda pues se trata de una obligación del año 2006 y, por tanto, es obligación del Estado atender su pago. La condicionalidad se tiene por no puesta al exceder tantos años el Estado su obligación de pago.

c.

Es improcedente la demanda pues no se cumplen los requisitos conjuntos que fija el precedente vinculante 168-2005-PC/TC.

d.

Corresponde acudir a un proceso contencioso administrativo dada la negativa del Estado a acatar su obligación de pago.

78.

79.

En relación al mismo caso y respecto al proceso de cumplimiento. a.

Es exigióle en vía de cumplimiento un mandato cierto y claro, y no sujeto a interpretación dispar.

b.

Es exigióle en vía de cumplimiento una obligación que, a su vez, señala la necesidad de determinación de un beneficio laboral.

c.

Es exigióle en vía de cumplimiento una obligación a los dos meses de generada.

d.

Es exigióle en vía de cumplimiento un requerimiento previo de la obligación por un plazo no menor de 15 días.

Marisol es profesora en Chincha. Ella demandó al colegio donde tra­ bajaba por falta de pago y la sentencia fue declarada fundada, seña­ lando que le paguen el monto que se le adeudaba. El referido centro educativo, a pesar de la orden judicial, no le canceló el dinero adeuda­ do. Marisol solicitó mediante una carta de fecha cierta que se cumpla con la Ley 27684, que destina un porcentaje del presupuesto de los recursos ordinarios para el pago de las sentencias en calidad de cosa juzgada y que, por ende, se cumpla con la orden judicial y se le cancele el monto que le deben. El colegio responde a su comunicación negán­ dose a pagarle. Ante ello, Marisol inicia un proceso de cumplimiento.

¿Qué debe hacer el juez respecto de la admisión de la demanda? a.

Declarar improcedente la demanda, porque lo que realmente exi­ ge Marisol que se cumpla es la sentencia, no una ley, y no pro­ ceden demandas de cumplimiento contra resoluciones del Poder Judicial.

b.

En aplicación del principio iuria novit curia y suplencia de queja, adecuar el proceso de cumplimiento a un proceso de amparo y admitir la demanda.

c.

Declarar improcedente la demanda, porque Marisol debió irse a la vía administrativa correspondiente.

d.

Declarar improcedente la demanda, porque la comunicación pre­ via del demandante debe realizarse mediante carta notarial y no solo mediante carta de fecha cierta.

80. En el presente proceso de cumplimiento, si el juez la hubiera calificado admitiéndola a trámite, debe tenerse en cuenta que:

a.

No procede el desistimiento de la pretensión.

b.

La demanda debe presentarse ante la Sala de la Corte Superior correspondiente.

c.

Si el juez declara fundada la demanda en primera instancia, puede de oficio declarar la actuación inmediata de la sentencia al margen de que se encuentre impugnada la sentencia.

d.

El juez deberá emplazar también al Parlamento de la República.

81. Sobre la legitimación activa en el proceso de cumplimiento, marque la respuesta correcta: a.

Hay legitimación activa restringida cuando la ley o el reglamento está destinada a un sector de la sociedad.

b.

Hay legitimidad activa amplia para la tutela de intereses difusos y colectivos, de modo toda o cualquier persona puede incoar un proceso de cumplimiento.

c.

La intervención de la Defensoría del Pueblo es concurrente con la población para la defensa de intereses difusos y colectivos.

d.

Cualquier persona puede incoar proceso de cumplimiento para la efectividad de un acto administrativo.

proceso competencial 82.

83.

84.

Marque el enunciado incorrecto: a.

El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposi­ ciones que regulan el proceso de inconstitucionalidad.

b.

El menoscabo de atribuciones (en sentido estricto, por interferen­ cia y por omisión) son supuestos típicos de conflicto competencial.

c.

La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene ple­ nos efectos frente a todos.

d.

Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposicio­ nes, resoluciones o actos viciados de incompetencia.

Según lo dispuesto en el Código y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿cuándo no procedería una demanda competencia!?: a.

Cuando se cuestione la competencia de un órgano reconocida en una ley.

b.

Cuando haya conflictos entre el Poder Judicial y Ejecutivo.

c.

Cuando se cuestiona una competencia reconocida en un decreto supremo.

d.

Cuando haya conflictos entre organismos constitucionales autóno­ mos.

e.

En todos los supuestos se permite presentar una demanda compe­ tencial.

Sobre los subtipos de conflicto competencial por menoscabo de atri­ buciones, marque la respuesta correcta:

a.

Estos subtipos se desprenden de una interpretación teleológica del artículo 110 del Código Procesal Constitucional

b.

En el conflicto constitucional por menoscabo de omisión, las com­ petencias de los órganos constitucionales están enlazadas a tal punto que uno de ellos no puede ejercer la suya sino tiene la cooperación o la actuación de la competencia que le pertenece al otro.

c.

En el conflicto constitucional por menoscabo de interferencia, uno de los órganos omite ejercer su competencia produciéndose, como consecuencia de ello, una atrofia o imposibilidad de ejerci­ cio de la competencia del otro órgano constitucional, solo que, en este caso, la omisión funcional no es condición indispensable para

el ejercicio de la competencia o atribución del otro órgano consti­ tucional.

d.

En el conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto, cada órgano constitucional conoce perfectamente cuál es su compe­ tencia. Sin embargo, uno de ellos lleva a cabo un indebido o prohibido ejercicio de la competencia que le corresponde, lo que repercute sobre el ámbito del que es titular el otro órgano constitucional.

85. Marque la respuesta correcta: a.

Las controversias de demarcación territorial pueden dirimirse en el proceso competencia! en mérito del articulo 202, inciso 3, de la Constitución, por la cual el Tribunal Constitucional tiene la atribu­ ción de resolver los conflictos competenciales suscitados entre los gobiernos regionales y locales.

b.

La delimitación de demarcaciones territoriales no pueden ser de conocimiento del Tribunal Constitucional, por cuanto esta atribu­ ción es exclusiva del Congreso en mérito del artículo 102, inciso 7, de la Constitución, según la cual este poder del Estado aprueba mediante ley la demarcación territorial propuesta por el Poder Eje­ cutivo.

c.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional hay desarrollado al­ gunos supuestos en los cuales la demarcación territorial puede ser delimitada vía proceso de competencia; ello en aplicación del prin­ cipio de interpretación constitucional de corrección funcional y del rol pacificador del máximo intérprete de la Constitución

d.

Ninguna es correcta.

86. Marque la respuesta correcta: a.

El conflicto competencial es una de las novedades del texto consti­ tucional de 1993.

b.

El conflicto competencial ya estaba regulado en la carta funda­ mental de 1860, pero fue excluido por la de 1979.

c.

El conflicto competencial no es propiamente una garantía consti­ tucional, sino un proceso constítucionalizado.

d.

La sentencia estímatoria del proceso competencial no tiene efec­ tos anulatorios de los actos viciados con incompetencia, pues ello supondría una interferencia en los demás órganos constituciona­ les, algo que no es admitido en base al principio de separación de poderes.

Recursos

87. Se interpuso un recurso de agravio constitucional contra una senten­ cia estimatoria de hábeas corpus en un proceso de lavado de activos.

Dicho RAC fue admitido pese a que la Constitución y el Código Pro­ cesal Constitucional contemplan la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional solo por denegatorias de demandas de hábeas corpus. El fundamento de dicha decisión es: a.

Por la responsabilidad del Tribunal Constitucional de garantizar el cumplimiento de la Ley.

b.

Por una posible aplicación fraudulenta de la Constitución por las instancias inferiores.

c.

Porque la sentencia estimatoria podría ser lesiva de otros bienes de relevancia constitucional.

d.

Por la necesidad de generar doctrina jurisprudencial o criterios de interpretación de la Ley.

88. Este RAC excepcional se puede dar además en los delitos de: a.

Corrupción.

b.

Terrorismo.

c.

Asesinato.

d.

Contra la administración de justicia.

89. Con relación a las medidas cautelares, un juez señala que se garantiza el aseguramiento del cumplimiento de una sentencia estimatoria, posibili­ tando que el tiempo que toma el decurso del proceso y las incidencias de este no comporten la inejecutabilidad de la sentencia o su ejecución incompleta o insuficiente. Respecto de las medidas cautelares en los procesos constitucionales y el criterio utilizado por el juez:

a.

Son atendibles sin mayor objeción con el fin de resguardar los de­ rechos en nesgo.

b.

Resultan viables en concordancia con el derecho a la tutela judicial efectiva.

c.

Su regulación se sustenta únicamente en las disposiciones previs­ tas en el Código Civil.

d.

Son concedidas en los procesos de la libertad y en los procesos orgánicos.

90. Sobre eí control constitucional de ia medida cautelar:

a.

No es aceptable bajo ninguna circunstancia, toda vez que afectaría la finalidad de la medida y las pretensiones del demandante sobre sus derechos.

b.

Conlleva a que se realice mediante procesos de conocimiento.

c.

Es válida, por cuanto el intentar sustraerla de control sería mani­ fiestamente incongruente con los postulados básicos del Estado democrático de derecho.

d.

Se puede ejercer de forma excepcional a petición del afectado siempre y cuando se trate de procesos de amparo únicamente.

91. Respecto del recurso de agravio constitucional, se señala que solo comprende las resoluciones de segundo grado que declaran infundada o improcedente la demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, y que, por ende, solo contra ellas procede el recurso de agravio constitucional, mas no contra resoluciones estimatorias de segundo grado.

A partir de lo indicado, los recursos de agravio constitucional solo pue­ den interponerse: a.

Contra las resoluciones de segundo grado que declaran infundada o improcedente la demanda de un proceso constitucional.

b.

Solo cuando se ha vulnerado un precedente vinculante al momen­ to de resolver un caso.

c.

Frente a toda vulneración u amenaza de un derecho fundamental ante el Poder Judicial.

d.

Cuando el demandado considera que se han lesionado sus intere­ ses con la decisión final que se emitió.

92.

93.

La figura del recurso de agravio constitucional implica: a.

La revisión de la legalidad de la actuación del Poder Judicial frente a todo proceso que haya resuelto.

b.

Un proceso donde se vuelve a actuar los procedimientos y medios probatorios realizados en las instancias previas.

c.

Una actuación para el demandado en la cual puede revertir lo re­ suelto en su contra.

d.

La participación del Tribunal Constitucional en el conocimiento de una demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumpli­ miento.

En el supuesto que la demanda de amparo hubiera sido rechazada l¡minarmente en las dos instancias del Poder Judicial aplicando el prin­ cipio de residualidad del proceso de amparo, ¿qué posibilidades existe a través de un recurso de agravio cosntitucional? a.

El Tribunal Constitucional siempre suele declarar la nulidad de todo lo actuado.

b.

El Tribunal Constitucional, atendiendo a que existe una afectación al debido proceso, podría declarar fundada la demanda, siempre que se haya emplazado al demandado en algún momento con la demanda y este haya ejercido su derecho de defensa.

c.

No procede el recurso de agravio en estos supuestos.

d.

El Tribunal declarará infundada la demanda inevitablemente.

Jurisdicción internacional 94.

El gobierno, por delegación de funciones, decide emitir un decreto le­ gislativo que dispone que los procesos que todavía subsisten por deli­ tos de lesa humanidad deban ser sobreseídos dado que algunos llevan más de 15 años en trámite sin ningún resultado. Además, prevé que las personas involucradas en estos casos también pueden acceder a la prescripción de la acción penal, puesto que el Código Penal no con­ templa ninguna regla de imprescriptibilidad. Sobre esta norma del Ejecutivo, corresponde señalar: a.

Es válida puesto que refuerza el que deba prevaler el principio de legalidad penal, y en estricto la garanda de ley estricta.

b.

El control constitucional en este caso sería infundado puesto que se trata de una norma ajustada a principios constitucionales de orden penal.

c.

No existen excepciones al principio de legalidad penal por razones de seguridad jurídica.

d.

La norma es inválida puesto que desconoce una norma de ius co gens que dispone sancionar los actos que fueran delictivos desde los principios generales recogidos por el derecho internacional.

95. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad tiene como fuente: a.

Las sentencias del Tribunal Constitucional.

b.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos..

c.

La Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Los Crímenes de Lesa Humanidad.

d.

La costumbre internacional.

Los extranjeros, personas naturales o jurídicas, tienen los mismos de­ rechos que los nacionales en sus derechos a la propiedad. a.

Pueden inclusive hacer uso de protección diplomática si se les con­ culca sus derechos de propiedad.

b.

En efecto por mandato constitucional tienen la misma condición que los peruanos en el uso y disfrute de sus derechos de propie­ dad, por tanto, tienen expeditas las acciones de protección de sus derechos fundamentales, ante una ley que contradice la Constitu­ ción como en este caso.

c.

La seguridad nacional pone al Estado, restringir derechos no sólo a los extranjeros sino inclusive a los nacionales, por tanto, la norma legal no es inconstitucional y no funciona ningún mecanismo de protección.

d.

Depende en cada caso específico, para que el Juez constitucional, declare la procedencia o no de la medida de protección interpuesta.

Teoría general del derecho civil y derecho de personas 1.

2.

3.

Sobre el derecho civil.

a.

Es equivalente al derecho privado.

b.

El derecho privado es una de sus ramas.

c.

Guarda vinculación o relaciones con el derecho público.

d.

Se encuentra totalmente integrado en el Código Civil.

Sobre el abuso del derecho.

a.

Es una figura puramente civil, pues carece de alcance constitucional.

b.

Incurrir en abuso de derecho genera solo el deber de cesar el abu­ so, no de indemnizar.

c.

Es una figura puramente constitucional, pues carece de alcance civil.

d.

Es un ¡lícito sui generis, que puede dar lugar a responsabilidad civil.

Sobre el concebido. a.

Sus derechos patrimoniales no tienen ninguna restricción.

b.

Sus derechos patrimoniales tienen la restricción de encontrarse condicionados.

c.

Sus derechos patrimoniales tienen la restricción de hallarse aplazados.

d.

Sus derechos patrimoniales no tienen ninguna restricción, salvo un cargo o modo.

Sobre la persona natural, nuestro Código Civil. a.

5.

6.

7.

Consagra la teoría subjetiva del domicilio.

b.

Consagra la teoría objetiva del domicilio.

c.

Consagra la teoría mixta del domicilio.

d.

No consagra teoría alguna sobre el domicilio.

Juana tiene una relación sentimental con Juan; al terminar la relación, Juana resulta embarazada, dando a luz un hijo varón. En el Registro Ci­ vil, Juana consigna como padre de su hijo a Juan. Luego de una prueba de ADN, se tiene que Juan no es el padre del recién nacido. Al respecto:

a.

Juan debe demandar la impugnación de paternidad.

b.

Juan debe pedir la nulidad de la partida de nacimiento.

c.

Juan puede iniciar un proceso de usurpación de nombre.

d.

Juan puede iniciar un proceso de cambio de nombre contra el menor.

Carlos y Carla acuerdan que su futuro hijo se llamará Alberto. Llegado el momento del nacimiento y de la inscripción del menor ante el Re­ gistro Civil, Carla desea desconocer el acuerdo, desean que su menor hijo se llame Miguel. Ai respecto:

a.

El acuerdo para asignar el nombre es válido y eficaz.

b.

El acuerdo para asignar el nombre es inválido, pero eficaz.

c.

El acuerdo para asignar el nombre es válido, pero ineficaz.

d.

El acuerdo para asignar el nombre es nulo.

Se dice que solo el ser humano puede ser sujeto de derecho; sin em­ bargo, la historia narra que el emperador romano Calígula nombró cónsul a su caballo Incitatus (Impetuoso) y hoy muchos consideran que deben considerarse los "derechos de los animales". En relación con las premisas anteriores, la consideración de los dere­ chos de los animales es:

a.

Absurda, pues los derechos de cada sujeto tienen la característica de ser reclamadles: los animales no pueden hacerlo por sí mismos.

b.

Válida, pues se trata de seres cuya vida y salud debe ser respetada y protegida.

c.

Una atribución jurídica generosa y simbólica del ser humano a los animales, como lo hizo Calígula.

d.

Imposible, desde el punto de vista de la teoría general.

8.

9.

¿El ser humano como tal es el único sujeto de derecho que la ley reco­ noce? a.

Sí, así lo es, pues es el único ser vivo que genera derechos y obliga­ ciones.

b.

No, el derecho puede reconocer a otros.

c.

No, pues el ser humano es un sujeto biológico: el sujeto de dere­ cho que la ley reconoce es la persona humana.

d.

Sí, dado que el ser humaño es el único ser vivo que puede reclamar sus derechos.

Los señores Emilio Bustamante y Jorge Bustamante son hijos del señor Nemesio Bustamante, propietario este último de diez vehículos que los alquila para transporte público, y de seis departamentos en el dis­ trito de Miraflores, cinco de los cuales los alquila a personas naturales y jurídicas, para fines de vivienda y/o comercio. En el año 2008 los se­ ñores Emilio y Jorge notaron que su padre, el señor Nemesio, cambió su conducta por la evidente ingesta indiscriminada y constante de be­ bidas alcohólicas, lo que no pudieron cambiar a pesar de las recomen­ daciones y hasta reclamos que le efectuaron. En el año 2012, y como aparente consecuencia de los efectos de la ingesta de las mencionadas bebidas alcohólicas, que se fueron incrementando, el señor Nemesio comenzó a vender sus bienes, habiendo dispuesto en ese año de cua­ tro vehículos y un departamento, a precios que no se ajustaron a los valores regulares del mercado, por sus ínfimos valores de venta. Los señores Emilio y Jorge temen que su padre continúe vendiendo sus bienes, a precios por debajo del que dicta el mercado mobiliario e in­ mobiliario, tal vez por su aparente adicción al alcohol.

Respecto a las situaciones que se describen en el caso planteado, es posible sostener que: a.

El señor Nemesio puede ser sujeto de un proceso de interdicción civil, por incapacidad relativa.

b.

El señor Nemesio puede ser sujeto de un proceso de interdicción civil, por incapacidad absoluta.

c.

El señor Nemesio no puede ser sujeto de un proceso de interdic­ ción civil, porque ha actuado dentro de las libertades de contratar y contratación que le reconoce la ley y sin exceder su tercio de libre disposición.

d.

Los señores Emilio y Jorge pueden interponer un proceso de resci­ sión por lesión.

10. El señor Raúl Fernández es un oficial de la Policía Nacional del Perú que, en acto de servicio, desapareció en la zona del Vraem en diciem­ bre de 2010, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero, no obstante, las búsquedas desplegadas por sus familiares y por la propia institución a la que pertenece. Su cónyuge, la señora Estela Vergara, se encuentra naturalmente consternada por la desaparición de su esposo, pero además le preocupa el destino de los bienes propios que este poseía, constituidos por un inmueble y una cuenta de aho­ rros, producto de una herencia recibida del progenitor de su cónyuge. La preocupación de la señora Estela Vergara es mayor pues conoce que su esposo, el señor Raúl Fernández, otorgó un poder ilimitado a su hermano, el señor David Fernández, aún vigente, que incluía la posibi­ lidad de disponer de los ahorros y hasta vender el inmueble recibido en herencia. Si en base a ese poder el apoderado ejecuta los actos de disposición a los que se encuentra facultado, es probable que se produzca la afectación económica de los hijos nacidos dentro dei ma­ trimonio, perjudicándose ellos gravemente.

Respecto a los hechos que se desprenden del caso planteado:

a.

La competencia para conocer el proceso que se instaure a propósi­ to de la ausencia corresponde al juez del domicilio del solicitante.

b.

La posesión temporal de los bienes del ausente se ordena a favor de las personas que invoquen legítimo interés.

c.

El que posea de modo temporal bienes del ausente, extiende ese derecho a la integridad de los frutos que ellos generen.

d.

La extinción del poder otorgado por el ausente requiere de una declaración judicial de ausencia inscrita en el Registro Público res­ pectivo.

11. El nasciturus o concebido, según el Código Civil peruano, tiene la si­ guiente naturaleza jurídica:

a.

Objeto de derecho sui generis para todo en cuanto le favorece.

b.

Persona humana.

c.

Sujeto de derecho para todo cuanto le favorece.

d.

Porción y órgano de la madre mientras se encuentre en claustro materno.

12. Si una persona reside alternativamente en varios lugares, ¿en cuáles de ellos se considera domiciliado? a

La ciudad o distrito de nacimiento.

b.

Cualquiera de los domicilios.

c.

El último domicilio conocido.

d.

Solo aquel que disponga el juez competente.

13. Alex nació y vivió en Trujillo hasta que cumplió 25 años. Hace seis me­ ses, Alex se mudó a la capital, trabaja arduamente en el Callao, como juez, lugar a donde se traslada diariamente desde ei departamento que alquila en la ciudad de Lima a pedido de su esposa. A partir de ello, es correcto afirmar que: a.

b.

Alex no ostenta un domicilio puesto que, si bien su hogar se en­ cuentra en Lima, no reside habitualmente en él debido a que pasa la mayor parte del tiempo en su oficina, ubicada en el Callao. Es correcto afirmar que Alex posee dos domicilios.

c.

El único domicilio que ostenta Alex es la casa de sus padres, el cual es el domicilio que figura en su DNI.

d.

El domicilio legal de Alex solo es el ubicado en la ciudad de Lima, puesto que allí vive con su esposa.

14. Desde el momento de la muerte de una persona, se transmiten a sus sucesores: a.

Solo los bienes.

b.

Solo los bienes y derechos.

c.

Los bienes, derechos y obligaciones.

d.

Solo los contratos.

15. No son incapaces relativos.

a.

Los pródigos.

b.

Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su voluntad.

c.

Los menores de dieciséis años salvo para aquellos actos determi­ nados por la ley.

d.

Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.

16. ¿Qué proceso puede iniciarse en caso no se sepa del paradero de una persona por más de dos años cuya incomparecencia no se dio bajo ninguna circunstancia especial?

a.

Solicitar declaración de desaparición y un curador interino.

b.

Solicitar la declaración judicial de ausencia.

c.

Solicitar declaración de presunción de muerte si la persona es ma­ yor de 80 años.

d.

Ninguna de las anteriores.

17. ¿Qué criterio asume el legislador del Código Civil peruano para dirimir el caso en que no se pueda probar quién murió primero cuando dos o más personas que están obligadas a sucederse se encontraban en el mismo lugar?

a.

El criterio de la premoriencia.

b.

El criterio de trasladar la masa hereditaria a la administración de la Beneficencia Pública.

c.

El criterio de la conmoriencia.

d.

El principio del que "los muertos heredan a los vivos".

18. El señor Juan y la señora María contrajeron matrimonio civil en la ciu­ dad de Pisco. Siendo su gran anhelo tener hijos, sin embargo, luego de unos exámenes médicos tuvieron la ingrata noticia que la señora María tenía problemas de fertilidad. Así, la pareja decidió recurrir a las técnicas de reproducción asistida (TERA), como la fertilización in vitro, sometiéndose a los métodos de ovodonación (óvulo donado) y a la posterior implantación del cigoto en su útero. Luego de un tiempo, el procedimiento del óvulo donado no tuvo éxito. Tras ello, los médicos concluyeron que la única alternativa que le quedaba a la pareja era la modalidad de "vientre de alquiler".

Es así que intervino Esther, madre de María, quien aceptó llevar el embarazo de su hija según la técnica del útero subrogado. El cigoto a implantarse en Esther sería finalmente formado por los espermatozoi­ des de Juan y los óvulos de una "donante anónima". En otras palabras, Esther llevaría solamente el embarazo, pero no aportaría ninguna car­ ga genética al bebe. El 27 de enero de 2010, Esther dio a luz a un bebe varón en un Hospital del Estado. Es así, que el médico tratante inscri­ bió a Esther como madre biológica en el Certificado de Nacido Vivo del menor, pese a que ella había dicho que el embarazo era producto de una TERA y que el óvulo fecundado tampoco era suyo. Y, además, es

de señalar que el médico inscribió como padre al señor Juan (cuyo es­ perma fue utilizado para fecundar el óvulo donado). El Reniec emitió el acta registra! del bebe con ios datos señalados de Esther y de Juan, y no de María.

Dado el caso planteado, ¿este se encuentra previsto en la Ley, si toma­ mos en cuenta que, según el artículo 7 de la Ley 26842, Ley General de Salud, establece que toda persona tiene derecho a hacer uso de las técnicas de reproducción asistida "siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona"? a.

Sí se encuentra previsto en la ley dado que la norma no prohíbe los supuestos de "vientre de alquiler".

b.

Sí se encuentra previsto en la ley dado que Esther es la madre bio­ lógica de María, resultando la identidad genética y gestante exigi­ do por la norma antes acotada.

c.

El caso planteado no se encuentra previsto en la ley dado que Es­ ther no es la madre genética del bebé, siendo solamente la gestan­ te o madre incubadora del mismo.

d.

No se encuentra previsto en la ley.

19. Sobre la legitimidad del Ministerio Público para demandar la disolu­ ción de asociaciones y comités, es cierto: a.

El Ministerio Público carece de legitimidad.

b.

El Ministerio Público tiene legitimidad para demandarla disolución por cualquier causal.

c.

El Ministerio Público tiene legitimidad para demandar la disolución por fines contrarios al orden público y buenas costumbres.

d.

El Ministerio Público tiene legitimidad para demandar la disolución cuando la asociación o comité carecen de representantes.

Acto jurídico 20. Sobre el acto jurídico.

a.

El acto jurídico es una manifestación de voluntad.

b.

El acto jurídico es un evento de reconocimiento de relaciones jurí­ dicas.

c.

El acto jurídico siempre tiene naturaleza de acuerdo.

d.

El acto jurídico es un suceso donde puede o no intervenir la volun­ tad humana.

21. Sobre la forma del acto jurídico. a.

La regla general es la libertad de forma.

b.

La regla general es la formalidad.

c.

La regla general es la formalidad probatoria.

d.

La regla general es la formalidad esencial.

22. Sobre el denominado acto jurídico consigo mismo o autocontrato.

a.

23.

Es un supuesto de nulidad.

b.

Es un supuesto de ineficacia.

c.

Es un supuesto de anulabilidad.

d.

Es un supuesto de impugnabilidad.

Marque la alternativa incorrecta.

a.

El acto jurídico siempre es un hecho jurídico.

b.

La referencia al "agente capaz" se refiere a la capacidad de goce, la cual puede ser privada en ciertos casos.

c.

El requisito de validez de objeto jurídicamente posible se refiere a la posibilidad de ser comerciable.

d.

Ninguna es incorrecta.

24. Carlos tiene una deuda de un millón de soles con la empresa Alfa SAC. Al analizar sus estados financieros, advierte que no podrá cumplir con el pago de la deuda; al contrario, pagarla implicaría su descalabro eco­ nómico. Por ello, decide transferir sus bienes en favor de su antiguo socio, para así obtener liquidez y salvaguardarse de acciones legales de su acreedor.

Al respecto: a.

Alfa SAC podría plantear la denominada acción subrogatoria.

b.

Alfa SAC podría plantear la denominada acción revocatoria.

c.

Alfa SAC podría plantear una pretensiónde nulidad.

d.

Alfa SAC podría plantear una pretensiónde anulación.

25. Juan celebra un contrato valiéndose de engaños e información imprecisa, convenciendo a Miguel de que las acciones de su empresa generan una alta rentabilidad, cuando ello es inexacto. Sucede que Juan "maquilló" los estados financieros, para lograr su objetivo de venta de acciones. Al respecto: a.

La venta de acciones es nula.

b.

La venta de acciones es anulable.

c.

La venta de acciones es ineficaz.

d.

La venta de acciones es impugnable.

26. Antonio desea alquilar su casa. Para ello, nombra como representante a Jorge. Este, luego de examinar las posibilidades del mercado, decide que es mejor vender que arrendar el inmueble y adquiere el bien para sí. Antonio solicita la nulidad del acto jurídico señalando que Jorge se ha excedido de las facultades que le concedió. Juzgado y sala superior declaran nula la transferencia del bien a favor de Jorge. Con respecto al caso en cuestión: a.

El acto jurídico es ineficaz, pero genera obligaciones al representante,

b.

La venta es nula, no por lo señalado por los órganos jurisdicciona­ les, sino porque está prohibido el contrato consigo mismo.

c.

La venta es ineficaz por haberse excedido en sus facultades el re­ presentante y, además, nula porque Jorge no podía obrar como representante y como comprador del bien.

d.

Es indistinto que la venta sea nula o ineficaz. El efecto es el mismo.

27. Luis arrienda un local comercial a Jorge a fin de que lo dedique a la venta de abarrotes, por una renta mensual de mil soles, por el plazo de un año, que vence el 20 de julio de 2016, renovable por acuerdo de ambas partes. El arrendatario Jorge solicitó al arrendador Luis la renovación del contrato por un año más, ofreciéndole una renta de mil doscientos soles mensuales. Luis se negó a la renovación del contrato, debido a que el Banco X, mediante carta de fecha 18 de julio de 2016, le hizo una oferta para que le arriende dicho local, ofreciéndole una renta mensual de dos mil soles. Luis contestó al banco aceptándole arrendar el local a partir del 25 de julio de 2016, por una renta de tres mil soles mensuales. El Banco contestó que está de acuerdo con la fe­ cha de inicio del arrendamiento, pero que la renta debe ser solamente de dos mil quinientos soles mensuales. Luis, mediante carta del 24 de julio de 2016, hizo saber al Banco que la renta será de dos mil ochocientos soles y que pase al día siguiente para que ie entregue el local con sus llaves. El Banco no se presentó en la fe­ cha indicada para que entreguen el local con sus llaves. Luis demandó al Banco X con la pretensión de que le pague la suma 50 mil soles por el con­ cepto de indemnización de daños, al haber incumplido el contrato, pues no ha recibido el inmueble ni la paga de la renta, y tampoco lo puede arrendar a terceros debido al arreglo que ha llegado con el banco.

Diga si este acto jurídico es:

a.

Un contrato de arrendamiento.

b.

Una oferta de contrato.

c.

Una oferta y una aceptación.

d.

Un simple acto lícito.

28. La empresa Horizontal SA plantea una demanda de ineficacia del acto jurídico contra Raúl, respecto a un contrato de transferencia de in­ mueble que este suscribió; sin embargo, dicho inmueble también per­ tenecía a Susana (hermana de Raúl).

Puesto que Susana no fue notificada con ninguna resolución dictada en el proceso de ineficacia del acto jurídico, corresponde señalar que: Al no haberse integrado al proceso a Susana y expedida que fuera la sentencia de ineficacia del acto jurídico, corresponde:

a.

Considerar subsanado todo defecto en su emplazamiento, puesto que el proceso cumplió con su finalidad.

b.

Declarar la nulidad para que el juez renueve los actos procesales afectados.

c.

Dar por convalidado los defectos sobre el emplazamiento al tener una decisión sobre el fondo de la controversia.

d.

Otorgar validez a todo lo actuado, puesto que se trata de vicios que no tienen trascendencia.

29. Una persona privada de discernimiento utiliza los servicios de una em­ presa de transportes, cuya actividad está regulada por cláusulas gene­ rales de contratación aprobadas por la respectiva autoridad adminis­ trativa. El pasajero y la empresa no han convenido previamente el valor del pasaje; sin embargo, la empresa exige que se le pague dicho precio. El hecho jurídico antes descrito constituye:

a.

Una relación obligatoria consensual.

b.

Una conducta social típica.

c.

Una declaración unilateral de voluntad.

d.

Un contrato paritario.

30. Sobre teoría de ineficacia, es verdad:

a.

La rescisión opera por incumplimiento del pago de tres cuotas mensuales.

b.

La ineficacia estructural afecta los supuestos de nulidad y anulabilidad, también afecta los supuestos de rescisión y resolución.

c.

Es nulo el acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violán­ dolas, con relación al representado.

d.

La nulidad virtual es aquella que afecta el orden público y es incom­ patible con la nulidad expresa, como tal su acumulación en proceso judicial solo procede si es acumulación alternativa o subordinada.

31. Marque la opción correcta: a.

Mediante el plazo suspensivo se supedita los efectos del acto jurí­ dico a la realización de un evento.

b.

Mediante el plazo suspensivo se supedita los efectos del acto jurí­ dico al transcurso de un tiempo determinado.

c.

Mediante el plazo suspensivo se supedita los efectos del acto jurí­ dico a la realización de una determinada prestación por un tercero.

d.

Mediante el plazo suspensivo se supedita los efectos del acto jurí­ dico a que el deudor incremente su patrimonio para poder cumplir con su obligación.

Derecho de familia

Véase el Capítulo 6: Derecho de familia.

Derecho de sucesiones

32. Marque la alternativa incorrecta. a.

La sucesión testamentaria puede operar sin la necesidad de la muerte del causante siempre que este lo haya estipulado así en el testamento.

b.

La responsabilidad del heredero por deudas y cargas de la herencia solo alcanzan a los bienes de esta.

c.

Excepcionalmente, el heredero puede responder por las deudas y cargas de la herencia más allá de los bienes de este si, por ejemplo, oculta dolosamente los bienes hereditarios.

d.

La competencia del juez en los procesos sobre sucesiones es terri­ torial según el último domicilio del causante en territorio peruano.

33. ¿Cuál de las alternativas no corresponde a una causal de exclusión de herederos o legatarios por indignidad? a.

Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito sancionado con pena privativa de la libertad.

b.

Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.

c.

Los autores y cómplices de homicidio culposo en agravio de una o más personas.

d.

Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al cau­ sante que otorgue testamento.

34. Marque la alternativa correcta. a.

El carácter de la indignidad puede transmitirse a los descendientes del indigno hasta el primer grado de consanguineidad.

b.

La desheredación por indignidad no procede contra herederos for­ zosos.

c.

La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser esta­ blecido por sentencia constitutiva.

d.

La aceptación de la herencia puede ser también de forma tácita y no únicamente de forma expresa.

35. Respecto de la renuncia de la herencia, marque la alternativa correcta.

a.

La renuncia de herencias o legados puede ser realizada por aque­ llos que incluso no tengan la libre disposición de sus bienes.

b.

La renuncia solo puede ser realizada en escritura pública.

c.

La renuncia de la herencia puede ser impugnada si el renunciante tiene acreedores que se perjudican con ellos.

d.

El plazo de presunción de aceptación de la herencia puede inte­ rrumpirse si el heredero viaja al extranjero antes de que transcu­ rran los tres meses de plazo.

36. ¿Cuál es la diferencia entre legatario y heredero? a.

El legatario solo puede responder de las deudas hasta el valor de lo que adquiera, en cambio, el heredero no responde por las deudas del causante.

b.

El legatario adquiere a título singular un bien determinado, en cambio, el heredero adquiere a título universal todo el patrimonio del causante junto con los coherederos.

c.

El legatario solo puede adquirir especies de bienes determinados, mientras el heredero puede adquirir bienes indeterminados.

d.

El legatario no forma parte de la ascendencia o descendencia del causante, mientras el heredero mayormente es parte de la familia del causante.

37. Sobre la legítima, marque la alternativa correcta. a.

La legítima constituye la parte de la herencia de la que puede dis­ poner libremente el testador cuando no tenga herederos forzosos.

b.

El integrante supérstite de la unión de hecho puede beneficiarse de la legítima.

c.

El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge puede disponer libremente hasta la mitad de sus bienes. El que tiene solo padres u otros ascendientes puede disponer li­ bremente hasta los dos quintos de sus bienes.

d.

38. ¿Qué alternativas son correctas? I.

La desheredación y la exclusión por indignidad suponen las mis­ mas instituciones, aunque son causales distintas.

II.

En el caso de la desheredación, la causal debe ser expresamente clara en el testamento pues de lo contrario será invalida.

III.

El cónyuge no puede ser desheredado junto con los hijos matrimo­ niales.

IV.

Los incapaces menoreS de edad están exentos de la deshereda­ ción.

a.

Solo I.

b.

Solo II.

c.

I y III.

d.

II y IV.

39. Respecto de la diferencia entre la exclusión por indignidad y la deshe­ redación, marque la alternativa incorrecta. a.

La indignidad es más amplia que la desheredación, pues puede funcionar en la sucesión intestada y sociedad.

b.

La indignidad requiere de un proceso judicial, la desheredación se puede dar por la voluntad del testador.

c.

La indignidad puede afectar solo a legatarios, mientras que la des­ heredación se aplica a los herederos forzosos y legatarios.

d.

El ejercicio de la acción de la indignidad es de prescripción, mien­ tras que en la desheredación se aplica la caducidad del derecho de acción.

40. ¿Qué afirmación no corresponde a una característica de la legítima? a.

Supone una porción hereditaria que no puede ser dispuesta por el causante.

b.

En principio, el testador no puede privar de la legítima a sus here­ deros forzosos.

c.

Si el causante tiene descendientes podrá disponer hasta la mitad de sus bienes.

d.

Residualmente, es posible que el causante pueda disponer de la totalidad de sus bienes.

T

41. ¿Qué afirmación no corresponde a una característica de la colación hereditaria?

a.

Suele aplicarse en las sucesiones intestadas.

b.

Todas las donaciones hechas en vida del causante regresan a la masa hereditaria.

c.

Únicamente se aplica a los herederos forzosos.

d.

La dispensa es una excepción a la colación hereditaria.

42. ¿Qué afirmación no corresponde a una característica del daño moral? a.

El interés reclamante de quien ha sufrido daño moral nunca puede ser pecuniario.

b.

Es siempre daño extrapatrimonial.

c.

Consiste en daños al campo de la afectividad de las personas.

d.

Suele ser susceptible de producir pérdida pecuniaria, por lo que es indemnizadle.

43. Delia y Arnaldo han sostenido una relación convivencial, durante siete años, de las cuales ella tiene una hija de un compromiso anterior, y Ar­ naldo labora en una panadería contribuyendo al sostenimiento de la economía familiar. Ante una enfermedad repentina, Arnaldo fallece. Respecto de la unión de hecho y del derecho a la pensión, señale la afirmación correcta.

a.

La jurisprudencia peruana deniega el derecho a la pensión de so­ brevivencia, en aplicación de los DDLL 19990 y 20530.

b.

La jurisprudencia ha considerado que a efectos de la pensión de sobrevivencia es restrictivo para cónyuges, por las aportaciones a los sistemas de seguro social.

c.

Sólo la legislación comparada ha permitido que la conviviente supérstite perciba pensión de viudez.

d.

La legislación peruana reconoce derechos sucesorios, a la inte­ grante sobreviviente de la unión de hecho y concurre con herede­ ros de los dos primeros órdenes.

44. La familia de Ángel está compuesta por sus padres, su esposa y sus cuatro hijos, quienes conforman los tres órdenes sucesorios. Es pro­ pietario de varios bienes entre muebles e inmuebles, y otorga anticipo de herencia a favor de una de sus hijas, transfiriéndole un departa­ mento de su propiedad, pero no señala si la dispensa de colacionar. Al morir Ángel, se abre la sucesión. ¿Cómo se determina la herencia que deja el causante? a.

Haciendo un inventarióle los bienes que aparecen a nombre del causante.

b.

Haciendo un inventario solo de bienes que no están gravados.

c.

Haciendo un inventario de bienes, derechos y obligaciones de los cuales era titular al momento de su muerte.

d.

Haciendo un inventario de bienes, derechos y obligaciones de los cuales era titular Ángel, al momento de su muerte, incluyendo do­ naciones y otras liberalidades otorgadas en vida.

45. ¿Cómo se debe repartir la herencia determinada entre sus herederos? a.

Se reparte en partes ¡guales entre todos los integrantes de los tres órdenes sucesorios.

b.

A su esposa se le entrega la mitad de la herencia determinada más su cuota hereditaria.

c.

Se le entrega solamente a sus hijos por ser integrantes del primer orden.

d.

Se reparte entre sus hijos y su esposa, en partes ¡guales.

46. De haber tenido impedimento por parentesco Arnaldo, ocultado su condición de casado, y la cónyuge de Arnaldo registrara el deceso con su partida de matrimonio civil, ¿qué derecho le correspondería a Delia? a.

La legislación peruana permite que la viuda y la conviviente perci­ ban la pensión de sobrevivencia al 50%.

b.

La legislación peruana permite que la viuda y la conviviente per­ ciban la pensión de sobrevivencia correspondiente al tiempo de convivencia.

c.

La legislación peruana permite que solo la conviviente perciba la pensión de sobrevivencia, por ser la última persona que atendió los deberes de familia.

d.

La legislación peruana permite que la viuda en calidad de cónyuge perciba la pensión de sobrevivencia.

47. La sociedad conyugal, formada por don Juan y doña Victoria, es pro­ pietaria de varios bienes entre muebles e inmuebles. Tienen hijos en nú­ mero de tres, tienen también cada uno, a sus padres. Tienen nietos hijos de sus hijos, pues cada uno de estos tiene dos hijos. Es decir, la familia es numerosa. Por otro lado, tienen cada uno de ios cónyuges sus respectivos hermanos y sobrinos en números diversos. Don Juan otorga un testa­ mento e instituye como su heredero a su cónyuge y a sus tres hijos. Un tiempo después, otorga un segundo testamento en el cual deshe­ reda a su esposa por la causal de haberle negado los alimentos, y tam­ bién deshereda a sus tres hijos por la causal de haber sido condenados por delito culposo cometido en su agravio. Luego, otorga un tercer testamento en el que revoca su segundo testamento e instituye como sus herederos a sus padres. Finalmente, otorga un cuarto testamento, en el que revoca su tercer testamento e instituye como sus herederos a sus nietos. Tiempo después, en un accidente aéreo muere don Juan.

¿Cuál o cuáles de los cuatro testamentos tienen eficacia y sirven para liquidar la sucesión de don Juan?

a.

El primero y el cuarto.

b.

El segundo y el cuarto.

c.

El tercero y el cuarto.

d.

El primero, el segundo y el cuarto.

48. Los sucesores que, según la voluntad testamentaria de don Juan, de­ ben concurrir y recibir sus cuotas sucesorias son: a.

Solo los nietos.

b.

Los padres y nietos.

c.

La esposa y sus tres hijos.

d.

La esposa, sus tres hijos y sus nietos.

49. Juana fallece a los 80 años y deja como sus únicos herederos a tres nietos mayores de edad. El único patrimonio que deja a su muerte es una cuenta bancaria que tiene treinta mil soles. Las deudas que deja son los gastos del médico que la atendió durante la enfermedad por la que murió que ascienden a cinco mil soles. Además, se adeudan los gastos del funeral que ascienden a mil soles. a.

Los herederos pueden repartirse los 30 mil soles, sin reducción alguna.

b.

Los nietos no heredan a la abuela.

50.

c.

Se debe reducir, en primer término, los mil soles del funeral, luego, el pago por la atención médica.

d.

Solo se debe deducir de lo que le correspondería recibir a los here­ deros, el pago del funeral.

En su testamento por escritura pública, Ricardo entrega todos sus bie­ nes a su amiga Laura. Dos años después, suscribe un testamento ce­ rrado, repartiendo sus bienes entre Pedro y José. Posteriormente, Ri­ cardo suscribe un nuevo testamento —esta vez ológrafo— dejando sin efecto el segundo testamento. Ricardo muere en diciembre de 2014. Con respecto al caso:

51.

a.

El único testamento que surte efecto es el primero, pues habiendo sido suscrito por escritura pública solo podía ser revocado de la misma manera.

b.

El testamento que surte efecto es el segundo pues un testamento ológrafo no puede revocar uno cerrado.

c.

El testamento que surte efecto es el primero pues, habiéndose revocado el segundo por el tercero, reviven las disposiciones del primero.

d.

Ningún testamento surte efecto.

Si en el caso anterior, María hubiera tenido un hijo con Ricardo en setiembre de 2014:

a.

El testamento es nulo.

b.

El testamento es anulable.

c.

El testamento caduca y los legatarios pierden todos sus derechos.

d.

El testamento caduca y las disposiciones testamentarias que me­ noscaban la legítima se reducen.

Derechos reales 52.

Sobre la regulación general de los derechos reales. a.

Rige el principio de atipicidad.

b.

Rige el principio de tipicidad.

c.

Rige el principio de libertad de configuración interna.

d.

Rige un principio mixto, de tipicidad o atipicidad, dependiendo del caso.

53. Sobre la usucapión. a.

Requiere posesión pacífica, pública, homogénea y como propietario,

b.

Requiere posesión pacífica, continua, heterogénea y como propietario,

c.

Requiere posesión pacífica, pública, continua y como propietario,

d.

Requiere posesión pacífica, pública, útil y como propietario.

54. Sobre la reivindicación. a.

La plantea el poseedor que es propietario.

b.

La plantea el propietario que carece de posesión.

c.

La plantea el poseedor, al margen de su titularidad del derecho de propiedad.

d.

La plantea al propietario, tenga o no posesión.

55. Sobre el desalojo.

Carlos es arrendatario del inmueble de Pedro, siendo el caso que su contrato de arrendamiento venció el 20 de octubre de 2020. El monto de la renta era de 1500 soles. Con fecha 23 de marzo de 2021, Pedro requirió la entrega del inmueble. AI respecto: a.

Con la carta, Carlos devino en poseedor precario.

b.

Con la carta, Carlos devino en poseedor precario, pero legítimo.

c.

Con la carta, Carlos devino en poseedor ilegítimo, pero no precario.

d.

Con la carta, Carlos no resulta afectado en su situación posesoria, pues sigue poseyendo.

Miguel demanda a Ricardo por desalojo, siendo aquel titular registra! del inmueble objeto de la demanda. Ricardo, por su parte, alega haber adquirido por prescripción adquisitiva de dominio, sustentando una posesión que data de más de J.2 años. Al respecto:

a.

La usucapión no se puede alegar en los procesos de desalojo.

b.

El juez debe analizar los argumentos de Ricardo, pues la usucapión si puede analizarse en el proceso de desalojo.

c.

Ricardo debe alegar una usucapión "corta", pues la "larga" no se pueae analizar en los procesos de desalojo.

d.

El juez decide discrecionalmente si analiza o no los argumentos de Ricardo sobre usucapión.

57. Juan demanda el desalojo por ocupación precaria a su arrendatario Pedro, para que desocupe el inmueble de su propiedad ubicado en calle Los Sauces 665, Surquillo, Lima, el cual lo arrendó por plazo que venció el 31 de enero de 2017. El demandante Juan alega ser propie­ tario de dicho inmueble, y que ha requerido al demandado Pedro, me­ diante carta notarial de fecha 10 de febrero de 2017, la devolución de dicho bien, documento que presenta como prueba.

El demandado Juan contesta la demanda alegando que el propieta­ rio del inmueble es él y no el demandante, por haberlo adquirido por herencia de su difunto padre Alfredo; que el título que presenta el demandante adolece de nulidad manifiesta, porque se trata.de una donación hecha por Alfredo, padre del demandado, mediante minuta con firmas legalizadas notarialmente, y porque en el momento en que aparece firmada dicha minuta Alfredo se encontraba en París, como lo acredita con el respectivo certificado de migraciones.

Vencido el plazo del contrato de arrendamiento y requerido el arren­ datario para que devuelva el bien y no lo hace, su calidad es de: a.

Arrendatario porque el contrato continúa en sus mismos términos.

b.

Poseedor precario.

c.

Arrendatario a plazo indeterminado,

d.

Poseedor clandestino.

58. Si en ei trámite del proceso el juez advierte la nulidad evidente del título posesorio.

59.

a.

No debe pronunciarse sobre la nulidad.

b.

Solo analizará la nulidad en la parte considerativa de a sentencia.

c.

Declarará la nulidad en la parte resolutiva de la sentencia.

d.

Emitirá sentencia inhibitoria.

La empresa Babaria SA interpone demanda de desalojo por posesión precaria contra Gilberto Rosas Cuadrado, con la finalidad de que el de­ mandado desaloje el predio sub litis. La empresa demandante señala que es propietaria del inmueble materia del proceso de un área total de 3900 metros cuadrados, y cuya propiedad quedó registrada en el asiento 005, de fojas 201, del tomo 24 del Registro de la Propiedad Inmueble de lea. El demandado manifiesta que no es un poseedor precario, por cuanto cuenta con títulos de propiedad y, además, ha realizado construccio­ nes, conforme se acredita en la minuta de compraventa; y si bien no está inscrito, ello no es una exigencia; sin embargo, dichos cuestionamientos no se han efectuado a través de los mecanismos procesales idóneos y pertinentes.

En el caso propuesto, es correcto afirmar:

a.

En el proceso de desalojo es materia de controversia discernir la validez o no de dicho acto jurídico presentado por el demandado.

b.

La validez del titulo ofrecido por el demandado no es objeto del desalojo.

c.

Se podrá acumular la pretensión procesal de declaración de pro­ piedad.

d.

El cuestionamiento de la propiedad no debe ser objeto de análisis en otro tipo de proceso, sino en un proceso de desalojo por pose­ sión precaria.

60. Respecto al objeto de la pretensión procesal del proceso de desalojo por posesión precaria:

a.

Debe ser determinada o resuelta en forma definitiva en el proceso de desalojo por posesión precaria.

b.

La validez de la restitución posesoria con base en un título legítimo y suficiente que la justifique.

c.

La existencia de título justificativo de la posesión por parte del ocu­ pante.

d.

El desalojo, por cualquier causal que fuese, incluyendo el precario, protege la propiedad, no la posesión.

61. En un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, la parte demanda­ da alega que, por la remisión de cartas notariales o el inicio de procesos judiciales, se ha afectado el requisito de pacificidad, aportando prueba al respecto. Sin embargo, ellos no constituyen actos de violencia física o moral que supongan que el inmueble se retiene por la fuerza. Tales actos deben calificarse como sigue: a.

Perjudican la pacificidad, por lo que la demanda deviene en impro­ cedente.

b.

Perjudican la pacificidad, por lo que la demanda resulta infundada.

c.

No perjudican la pacificidad; son en cambio, actos de interrupción de la prescripción adquisitiva de dominio.

d.

Determinan que el demandante no cumple con el presupuesto esencial del animas domini, es decir, que la posesión se ejerza como propietario.

62. La prescripción adquisitiva de dominio es un hecho jurídico voluntario orientado al ejercicio de los poderes de la propiedad de manera conti­ nua, pacífica y pública. Sin embargo, la demanda resulta improceden­ te en el supuesto siguiente: a.

Si el demandante es propietario del inmueble, en virtud de un con­ trato de compraventa.

b.

Cuando la pretensión procesal de prescripción adquisitiva de do­ minio es declarativa.

c.

Si el principal efecto de la prescripción adquisitiva de dominio es convertir al poseedor en propietario.

d.

Si durante el plazo para usucapir se recibe demanda de reivindica­ ción, el plazo se interrumpe.

63. La privación de la propiedad mediante la expropiación no es solo una limitación, sino también la anulación de ese derecho. El Estado puede privar coactivamente al particular o a un grupo de ellos de la titulari­ dad de un determinado bien. Al afectar el núcleo duro del derecho de propiedad tiene como efecto el pago de una indemnización.

Sobre la expropiación, señale lo incorrecto: a.

Dicha medida obedece a exigencias de seguridad nacional o nece­ sidad pública.

b.

Está sujeta al principio de reserva legal.

c.

Supone la obligación del Estado de pagar en cualquier momento una indemnización justipreciada.

d.

La indemnización justipreciada comprende el valor objetivo del bien o bienes y la reparación al afectado.

64. Los hermanos Luis, Oscar, Laura y Nancy Hernández, a través de una sucesión intestada, heredaron un edificio ubicado en el distrito de Mirafíores. En 1992, la sociedad conyugal conformada por Luis (he­ redero) y su esposa adquirieron las acciones y derechos de la parte perteneciente a Oscar. En 1999, el matrimonio de Luis se disuelve por causal de abandono injustificado y adulterio. En 2003, Laura —una de las herederas— solicita la división y partición del inmueble.

Respecto de la copropiedad, de manera general, marque la respuesta correcta:

a.

La copropiedad es un régimen indivisible por naturaleza y para su partición requiere acuerdo previo de todos los copropietarios.

b.

La copropiedad autoriza a cualquier propietario al uso parcial o to­ tal del bien común sin obligación alguna de indemnizar a los demás copropietarios por dicho uso.

c.

La partición de una copropiedad exige acuerdo previo de todos los copropietarios y no procede a solicitud de uno solo de ellos.

d.

Las cuotas de la copropiedad siempre se presumen iguales, salvo prueba en contrario.

65. En un proceso abreviado por expropiación, no procede: a.

Deducir excepciones y defensas previas.

b.

Reconvenciones.

c.

Admitir la intervención de un tercero, salvo que el derecho de este conste registrado para el caso de bienes inscritos.

d.

Formular tachas u oposiciones.

66.

Carla celebra con el Banco KFC un contrato (por escritura pública) de mutuo con garantía hipotecaria, en el cual la primera aparece como mutuataria y la segunda como mutuante. Por este acto jurídico Carla recibe del banco la suma de US$ 20.000.00 dólares americanos. Por el préstamo otorgado Caria constituye primera y preferente hipoteca a favor del banco ya que el inmueble ubicado Calle Los Cóndores 165, Callao, se encuentra inscrito a su nombre en el Registro. Sin embargo, Caria oculta al banco su condición de casada, porque en su DNI apare­ ce como soltera, pese a que és casada con Pietro. Si el Banco KFC presenta la demanda de ejecución de hipoteca contra Carla para que pague lo adeudado o de lo contrario se ejecute la hipo­ teca, entonces:

67.

68.

a.

El Banco KFC debería citar con la demanda a Pietro por ser casado con Carla.

b.

Pietro tendría en este proceso la condición de litisconsorte necesa­ rio y debe ser incorporado en el proceso en esta condición.

c.

Es correcto solo demandar a Carla, ya que la relación jurídica ma­ terial solo fue entre el Banco KFC y Carla, Pietro es un tercero en ella.

d.

Es correcto solo demandar a Carla, ya que la relación jurídica ma­ terial solo fue entre el Banco KFC y Carla, Pietro es un tercero en ella. Además, porque en el Registro el inmueble hipotecado solo aparecía registrado a nombre de Carla.

En materia de derechos reales: a.

Los herederos de los poseedores primigenios pueden adicionar a su plazo posesorio el de sus causantes, siempre que efectivamente se encuentren en la posesión del predio.

c.

El poseedor no puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien.

c.

Cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamen­ te, cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios aunque signifique la exclusión de los demás.

d.

La posesión se pierde ante circunstancias que imposibiliten su ejercicio por hechos de naturaleza pasajera.

Marque la respuesta correcta. Cuando se exige que los medios proba­ torios estén referidos, exclusivamente, a probar la posesión y el acto desposesorio realizado por el demandado; es decir, que el demandan­ te acredite que estuvo en posesión del bien hasta el momento del des-

pojo y fue la parte demandada quien lo despojó de la posesión total o parcial del bien; en tanto que a la parte demandada le corresponde acreditar la ausencia del hecho de la posesión por parte del deman­ dante o la ausencia del despojo, estamos refiriéndonos a:

a.

Interdicto de retener.

b.

Interdicto de recobrar.

c.

Indistintamente al interdicto de retener y recobrar, pues lo que está en discusión es el derecho de posesión.

d.

Defensa posesoria extrajudicial.

69. Para la procedencia de la prescripción adquisitiva de dominio "larga" o "extraordinaria" se necesita que la posesión reúna ciertos requisi­ tos que deben concurrir de manera copulativa. Elija la alternativa que contiene tales requisitos:

a.

Continua, pacífica, pública, justo título.

b.

Continua, pacífica, pública, como propietario.

c.

Continua, pacífica, como propietario, justo título.

d.

Continua, pacífica, pública, como propietario, justo título.

70. A enajena un inmueble a B mediante escritura pública, haciéndole efectiva entrega del mismo. Posteriormente, el mismo bien es ena­ jenado por A (que sigue figurando como titular registra!) a favor de C quien, desconociendo la enajenación anterior, inscribe su adquisición en Registros Públicos. Frente al conflicto de intereses que se suscitará entre B y C, maque la alternativa que corresponda. a.

B iniciará un proceso de reivindicación.

b.

C iniciará un proceso de mejor derecho de propiedad.

c.

C iniciará un proceso de desalojo.

d.

B iniciará un proceso de mejor derecho de propiedad.

Derecho de obligaciones

71. Sobre la obligación. a.

La obligación se caracteriza por la patrimonialidad de la prestación,

b.

La obligación se caracteriza por la patrimonialidad de los sujetos.

c.

La obligación se caracteriza por la patrimonialidad de los intereses,

d.

La obligación se caracteriza por la patrimonialidad de la fuente.

72. Sobre las fuentes de las obligaciones.

a.

Las fuentes son los efectos de las obligaciones.

b.

Las fuentes son los hechos jurídicos generadores de obligaciones.

c.

Las fuentes de las obligaciones son el acreedor y el deudor.

d.

Las fuentes de las obligaciones son las prestaciones.

73. Sobre la transacción. a.

Es de forma libre.

b.

Está sometida a una formalidad ad probationem.

c.

Está sometida a una formalidad adsolemnitatem.

d.

Dependiendo de la cuantía, aplicará una formalidad ad probatiomen.

74. Sobre la concurrencia de acreedores.

Juan se obliga a entregar a Miguel un libro de colección, el 25 de octubre de 2020; el mismo libro, se obliga a entregarlo a Carlos, el 30 de octubre de 2020. El libro es finalmente entregado a Carlos. Miguel protesta porque alega que su título es anterior y, por ende, debe ser preferido. a.

Miguel tiene la razón, pues la antigüedad del título determina la opon ibilidad.

b.

Miguel no tiene la razón, pues la preferencia se determina por la entrega en este caso.

c.

Miguel no tiene la razón, pues el título de Carlos es posterior y, por ende, deja sin efecto al título más antiguo de Miguel.

d.

Miguel tiene la razón, siempre que acredite la fecha cierta de su título, al margen de la entrega.

75. Sobre la cesión de derechos. Carlos es acreedor de Miguel. Por algunos problemas de liquidez, Car­ los decide ceder su crédito en favor de Alberto. Es el caso que Miguel está disconforme con esta cesión, pues no tiene buenas relaciones co­ merciales con Alberto. Ai respecto:

a.

La cesión debía contar con el asentimiento de Miguel.

b.

La cesión, para ser válida, debía notificarse a Miguel.

c.

La cesión será eficaz, frente a Miguel, solo desde que se le notifica a este.

d.

La cesión es un acuerdo bilateral y podía celebrarse solo mediante un acuerdo verbal entre Carlos y Alberto.

76. El 10 de marzo de 2016, A vende una casa a B por el precio de un millón de soles. Ambas partes acuerdan que el 6 de junio de 2016, la vendedora entregará la casa a la compradora y esta pagará el precio total contra la entrega de la casa. El 30 de junio del 2016, A, sin haber entregado la casa, demanda a B con la pretensión de que se le ordene pagar el precio adeudado. Diga si la demandada B puede:

a.

Deducir la excepción de incumplimiento.

b.

Reconvenir la escisión del contrato.

c.

Deducir la excepción de caducidad del plazo.

d.

Alegar la extinción de la obligación por incumplimiento de ambas partes.

77. El 6 de junio de 2016 es: a.

i

Un plazo resolutorio.

b.

Un plazo suspensivo en beneficio de la vendedora.

c.

Un plazo del acto jurídico.

d.

Un plazo de cumplimiento.

78. El 3 de enero de 2001, Juan Carlos vendió un inmueble a Pedro y María por la suma de S/ 200 000. Se dispuso en el contrato que Pedro y Ma­ ría podían cancelar su obligación con el pago de dinero, entregando 100 sillas o construyendo una edificación. Pedro y María no cancela­ ron el dinero pactado y transfirieron el bien a José y Juan el 15 de julio de 2001. La venta fue realizada de manera verbal. El precio fue de $/ 300 000. El mismo día, Pedro y María hicieron entrega de la casa a sus compradores. Como a Juan Carlos no le habían cancelado el precio, vende el bien a Jorge el 15 dé agosto de 2001, quien compra asistido con la buena fe registral. Jorge inscribe la venta. Sobre el caso en cuestión:

a.

La venta de Juan Carlos a Jorge es nula porque el bien era de Pedro y María.

b.

El mejor derecho de propiedad lo tiene Jorge porque inscribió la transferencia y está asistido con la buena fe.

c.

Si Jorge no tuviera buena fe, igualmente el mejor derecho de pro­ piedad le correspondería por haber inscrito la transferencia.

d.

El mejor derecho de propiedad lo tienen José y Juan porque adqui­ rieron el bien antes de Jorge.

79. Sobre las obligaciones: a.

La obligación de pago de José y Juan es solidaria y no mancomunada,

b.

La obligación que tenían Pedro y María con Juan Carlos era una facultativa porque existiendo diversas prestaciones solo se debía cumplir por completo una de ellas.

c.

La obligación que tenían Pedro y María con Juan Carlos era una alternativa porque se determinaba solo por la prestación principal que forma el objeto de ella.

d.

En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por facultativa.

80. El 23 de enero de 2016, el señor Ernesto Castañeda Vivaldi entrega en arrendamiento un inmueble de su propiedad al señor Aurelio Roncada Araníbar, por el plazo de dos años, para uso de casa-habitación, según lo estipulado en el contrato de arrendamiento respectivo. No obstante ello, el arrendatario a partir del quinto mes otorga al bien un uso comercial, sin autorización del arrendador, instalando y ope­ rando una empresa de publicidad de su propiedad, la cual se encuen­ tra inscrita como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el

Registro de Sociedades Mercantiles de los Registros Públicos y para la que se fija además como domicilio fiscal en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la del inmueble arrendado.

Sobre el arrendamiento y los actos jurídicos que se pueden derivar de él, se puede afirmar que: a.

El plazo del arrendamiento de duración determinada, como el del caso planteado, puede exceder de diez años, si así lo acuerdan las partes dentro de su libertad contractual.

b.

A falta de acuerdo expreso sobre el plazo del contrato de arrenda­ miento, se entiende que este tiene como duración el máximo que prevé la ley.

c.

A la conclusión del arrendamiento se extinguen los subarrenda­ mientos cuyos plazos han vencido.

d.

El subarrendamiento no concluye si el arrendamiento cesa por consolidación en la persona del arrendatario y del arrendador.

81. En relación al caso planteado puede afirmarse que: a.

Se ha producido un subarrendamiento total del bien arrendado.

b.

Se ha generado una obligación solidaria entre Aurelio Roncalla Araníbar y la empresa de publicidad, respecto a las obligaciones asumidas por el arrendatario frente al arrendador.

c.

Se ha generado una causal de resolución del contrato de arrenda­ miento.

d.

Se ha producido la cesión del arrendamiento.

82. En 1999, Luis falleció producto de un incendio en un reconocido centro comercial. Los padres de Luis inician una demanda por indemnización de daños y perjuicios contra los Gerentes Generales del Centro Comer­ cial, la Municipalidad del distrito y la compañía de seguros. En 2004, se celebra una transacción extrajudicial entre los demandantes y uno de los gerentes del centro comercial, la misma que es homologada por el juez de primera instancia. En esta actuación se dispone declarar concluido el proceso respecto de todos los codemandados, procedién­ dose al archivo definitivo.

Respecto de la transacción de las obligaciones solidarias, marque la respuesta correcta: a.

Cuando existen varios deudores solidariamente responsables, la transacción que se celebra con uno de los deudores solidarios res-

pecto de su parte proporcional que le correspondería genera la ex­ tinción de la totalidad de la acción y libera a los demás coautores.

83.

84.

b.

La transacción de las obligaciones solidarias por uno de los coa­ creedores solidarios sobre su parte que le corresponde en la obli­ gación original extingue la deuda frente a los demás coacreedores solidarios.

c.

La transacción en obligaciones solidarias solo está autorizada so­ bre el total de la obligación y no se admite de manera proporcional para cada deudor o acreedor solidario.

d.

La transacción en las obligaciones solidarias cuando se hubiera li­ mitado a una parte de la obligación y realizado con uno solo de los deudores, no libera a los demás codeudores de su obligación respecto de la parte no transigida.

En relación con el caso en particular, marque la respuesta correcta: a.

No resulta válida la transacción efectuada por los acreedores res­ pecto de un monto parcial de la obligación demandada y con algu­ nos de los deudores solidarios.

b.

En el presente caso, la validez de la transacción parcial en el monto de la obligación demandada, necesariamente exige la participa­ ción de todos los demandados.

c.

Es válida, la transacción parcial en cuanto al monto y llevada a cabo con solo alguno de los demandados. Por tanto, ello importa una renuncia total a la obligación liberando a los demás deudores soli­ darios.

d.

La transacción parcial respecto al monto realizado con alguno de los deudores solidarios, solo extingue la responsabilidad de estos mas no la de los demás deudores solidarios respecto de los cuales queda vigente la demanda por la diferencia de la pretensión que resulta del total del monto demandado menos el monto transigido.

Christian es un ambicioso apostador que decide vender su casa regis­ trada en Lima a fin de poder pagar una elevada deuda que le impide seguir siendo partícipe de los juegos de azar. Sin embargo, luego de haber celebrado con Rubén un contrato de compraventa (en el cual se obligaba a entregarle su casa después de tres meses de la fecha de celebración y entrega del dinero ya antes debía realizar mejoras nece­ sarias en el inmueble), se le ocurre volver a vender su casa múltiples veces a otras personas con la intención de obtener un monto mayor y desaparecer de la ciudad con el dinero acumulado. Así, celebra tam-

bien de forma sucesiva con Geraldine, Camilo y José, quienes creyeron que eran ios únicos compradores. Rubén, en un principio, redacta un documento privado donde Christian firma y figura como comprador y se compromete a entregar el inmueble.

Geraldine, por su parte, decide ir con Christian a la notaría a elevar el contrato a escritura pública, pero adicionalmente va al Registro de Propiedad Inmueble de Lima. Posteriormente, José decidió contratar mediante documento de firma legalizada. Finalmente, la última que contrató con Christian, Claudia, quien es abogada, le pide a Christian inscribir el título en el Registro para lo cual el segundo se las ingenia a fin de poder inscribir una partida a favor de la primera sin problemas. ¿Cuál de los compradores deberá ser, según derecho, el acreedor pre­ ferido del inmueble?

a.

Rubén.

b.

Geraldine.

c.

Camilo.

d.

Claudia.

85. ¿Qué hubiera ocurrido si Geraldine hubiera inscrito su título en el Re­ gistro?

86.

a.

Se hubiera convertido en la acreedora preferida.

b.

Por temporalidad sería superada por al menos otro acreedor.

c.

La situación sería la misma al ya constar con un documento de fecha cierta.

d.

Estaría en la misma situación que Camilo y Claudia.

En el supuesto que el bien sea un automóvil, ¿qué hubiera ocurrido si Christian le hubiera hecho la tradición del bien a Rubén desde un inicio? a.

No hubiera ocurrido nada puesto que su contrato no se celebró me­ diante documento de fecha ni mucho menos se encontraba inscrito.

b.

Camilo se encontraría, seguido por Camila, como el acreedor pre­ ferido porque sí inscribió.

c.

Rubén sería el acreedor preferido y mantendría la propiedad por la entrega.

d.

Tendría que devolver el bien debido a que no tiene ningún docu­ mento que acredite fehacientemente la temporalidad del bien y existen otros acreedores que si lo pueden acreditar.

87. La Corte Casatoria en diversas resoluciones judiciales ha establecido como criterio jurisprudencial el contenido de la causal de inexigibilidad de la obligación en el sentido que esta se configura cuando: a.

Está presente una condición de plazo, tiempo o modo de la obliga­ ción que la hace inexigible.

b.

Se han realizado pagos parciales que la hacen inexigible parcial­ mente.

c.

Se puede alegar esta causal cuando la firma de alguna de las partes ha sido falsificada.

d.

Se ha pagado el total de la obligación.

Contratos 88. Enrique vende a Helena una casa mediante documento privado de fe­ cha 15 de marzo de 2016, contrato que se elevó a escritura pública el 15 de marzo de 2017. En el contrato se mencionó que la casa está hipotecada a favor del banco X, pero no se hizo referencia al embargo inscrito trabado por el banco Z.

Para los efectos de registrarse el contrato de compraventa en los regis­ tros públicos, se considera fecha cierta: a.

El día de la presentación de los partes a la Oficina Registra!.

b.

El 15 de marzo de 2016.

c.

El 15 de marzo de 2017.

d.

La fecha en que se inscribió la hipoteca.

89. Para inscribir el contrato de compraventa de un bien inmueble es ne­ cesario que en el contrato: a.

Se indique quiénes son los favorecidos con los gravámenes.

b.

Conste si los gravámenes son reales o personales.

c.

Consten todos los gravámenes.

d.

No es necesario que se haga referencia a todos los gravámenes inscrito.

90. Marco presta a Francisco cien mil soles, con un interés del 2% mensual, por el plazo de dos años. Francisco, en garantía de su deuda, entrega a Marco una casa en anticresis. El contrato de mutuo garantizado con anticresis se celebró mediante documento privado con firmas legalizadas. El contrato de anticresis es:

a.

Ineficaz.

b.

Anulable.

c.

Inoponible.

d.

Nulo.

91.

92.

93.

Diga si Marco puede demandar a su deudor Francisco con la preten­ sión de que se ordene:

a.

El otorgamiento de la escritura pública de anticresis.

b.

La nulidad del contrato de mutuo anticrético por no haberse eleva­ do a escritura pública.

c.

La resolución del mutuo anticrético, por incumplimiento de Fran­ cisco con su obligación de otorgar la escritura pública.

d.

No puede compeler a Francisco a otorgar la escritura pública de anticresis.

Si el padre del menor afectado actúa en representación de este, en­ tonces estamos ante la figura de: a.

Un apoderado judicial con facultades generales y especiales de re­ presentación,

b.

Un representante por mandato judicial.

c.

Una forma de representación legal.

d.

Un curador procesal al tratarse de un incapaz.

Sotelo celebró un contrato de mutuo con Javier y Pilar, estos últimos se obligaron, de forma solidaria a pagar la suma de cien mil soles. Al vencimiento de la obligación, Sotelo interpone demanda de obligación de dar suma de dinero solo contra Javier exigiendo que le pague la suma total del mutuo.

Sobre el caso, marque la opción correcta: a.

La relación jurídica procesal será válida solo si se hubiera deman­ dado a Javier y Pilar.

b.

La relación jurídica procesal es válida, aunque se haya demandado solo a Javier.

c.

Pilar no puede ser incorporada al proceso como litisconsorte cuasi necesario.

d.

Javier no puede pedir que Pilar sea incorporada al proceso, para el aseguramiento de su pretensión futura.

94. En relación al caso propuesto, si el juez considera que la demanda es inadmisible porque se debió emplazar de forma conjunta a los deudo­ res solidarios, ¿cómo se subsanaría esta inadmisibilidad? Indique la opción correcta: a.

Indicando que Javier y Pilar son litisconsortes cuasinecesarios, pese a ser deudores solidarios.

b.

Señalando que Javier y Pilar son litisconsortes necesarios, por te­ ner la calidad de deudores solidarios.

c.

Expresando que Javier y Pilar generan una intervención litisconsorcial.

d.

Mencionando que Pilar solo podría ser una tercera coadyuvante.

95. Un colegio establece como "derecho de inscripción" la suma de S/ 50. Según este concepto, al momento de ingresar al colegio los menores serán evaluados tanto en el ámbito académico como en el psicoló­ gico (este "derecho de inscripción" sería la contraprestación por un servicio de evaluación previa a que el menor ingrese al colegio). Este cobro trajo como consecuencia que el colegio fuera denunciado ante Indecopi ya que se trataría de una cuota extraordinaria no autorizada por el Ministerio de Educación. La Constitución Política recoge el principio de autonomía de voluntad, que en este caso se estaría afectando en relación a:

a.

La imposibilidad de perfeccionar negocios jurídicos que son con­ trarios al orden público y a las buenas costumbres.

b.

La facultad de conclusión de un contrato, en tanto se decida con quién se contrata.

c.

La formalidad que debe tener todo actojurídico solemne para pro­ ducir sus efectos.

d.

La libertad de configuración interna de un contrato, en tanto capa­ cidad de autodeterminación del objeto de regulación contractual.

e.

La vigilancia de contenidos contractuales lícitos y que se establez­ can en armonía con el orden interno.

96. Ricardo celebra un contrato de arrendamiento con Luis, este último en calidad de arrendatario. Ricardo conoce que el inmueble será dedica­ do a fines ¡lícitos, pues allí se fabricará moneda falsa. a.

El contrato es anulable.

b.

El contrato es nulo.

c. d. 97.

99.

El contrato es anulable por error esencial.

La lesión en los contratos da lugar a la figura jurídica de:

a.

98.

El contrato es anulable por causa de dolo.

Resolución.

b.

Nulidad.

c.

Rescisión.

d.

Revocatoria.

Juan acude a un establecimiento comercial a comprar una bicicleta moderna, la cual recibe de buena fe y como propietario, pero la per­ sona que le vendió ya no era propietaria ni estaba autorizada para este acto, puesto que la bicicleta había sido vendida con anterioridad a Pedro, pero este nunca la había recogido de dicha tienda. Por tanto: a.

La compraventa es nula por falta de voluntad expresada de su pro­ pietario.

b.

Juan no adquiere la propiedad de la bicicleta moderna por haberse entregado un bien de tercero.

c.

Pedro puede reivindicar la bicicleta moderna, siempre que Juan no esté amparado con una factura o boleta de venta.

d.

Juan estaría obligado a devolver a la tienda la bicicleta moderna y a cambio pedir que se le devuelva su dinero más los gastos de mantenimiento del bien.

Primus, para encargarle a su cónyuge la venta de algunos bienes de la sociedad de gananciales, celebra con ella un contrato de mandato sin representación elevado a escritura pública. El contrato de compraven­ ta que, sobre la base de dicho mandato celebre la cónyuge de Primus, será:

a.

Válido, y con plenos efectos por haberse cumplido la formalidad prescrita por la ley.

b.

Nulo, porque el contrato de mandato no tiene valor alguno, por tanto los actos celebrados por la esposa no tienen valor.

c.

Ineficaz, por la presentarse la figura del falso procurador.

d.

Anulable, por tratarse de un error presentado al momento de la celebración del contrato de mandato.

100. A pacta con B la compraventa de un terreno, para lo cual se ponen de acuerdo respecto del precio, incluso se paga el 50% del precio como adelanto y se firma un documento privado. Sin embargo, el día en que debían acudir al notario, A no se presenta. ¿Para otorgar la escritura pública es necesario cancelar el precio?

a.

Se trata de un acto jurídico válido, no siendo necesario que el com­ prador cancele el precio del bien, pues el vendedor mantiene su potestad de reclamar su pago o plantear la resolución de contrato.

b.

El documento privado que contiene el contrato de compraventa por el cual se transfiere la propiedad de un bien no es suficiente para amparar la demanda de otorgamiento de escritura pública, pues no llegó a pagarse el 50% restante.

c.

Cuando el artículo 1549 del Código Civil establece que es obliga­ ción esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la pro­ piedad del bien materia de la venta, se entiende que la transferen­ cia del dominio se ha realizado plenamente y, en el caso planteado no se llegó a perfeccionar por faltar el pago del 50%.

d.

La falta de pago completo del precio del bien materia del contrato de compraventa impide que el comprador solicite que su contra­ parte formalice el acto jurídico celebrado, pues no es seguro que se le vaya a pagar el 50% faltante.

101. Marco Aldave, un joven empresario, aprovechándose de la angustiosa situación económica de Pedro Silva, ofrece comprarle un terreno de su propiedad por un precio que no guarda proporción con el valor del mismo. Ante la desesperación del señor Silva, este acepta vendérselo por un precio ínfimo. Posteriormente, se percata que el monto pagado por el terreno no es el que corresponde. ¿Qué acción puede interpo­ ner el vendedor afectado? a.

Al haberse vendido el terreno a un precio que no corresponde al valor del mismo, el contrato de compraventa resulta inválido, por lo que procede solicitar la anulabil¡dad del mismo.

b.

Procede interponer la acción de rescisión del contrato por lesión, puesto que existe una excesiva desproporción en la prestación.

c.

No procede interponer ninguna acción puesto que el contrato re­ sulta ser válido.

d.

Al existir una excesiva desproporción en la prestación procede la nulidad del contrato.

102. En cuanto a la transferencia de propiedad de bienes inmuebles, es acertado señalar que: a.

Aun cuando medie un pacto de retroventa, opera con la inscrip­ ción del contrato que le sirve de título.

b.

Opera con la sola existencia de la relación jurídica que tiene por objeto la transferencia del dominio, salvo el pato de reserva de propiedad y otros pactos para diferir la transferencia de dominio.

c.

Se materializa con la entrega jurídica del bien al acreedor.

d.

Únicamente se origina del contrato de compraventa.

103. Con respecto a las reglas generales del contrato de arrendamiento, es verdad que: a.

El administrador puede arrendar los bienes que administra solo si el contrato de arrendamiento es elevado a escritura pública.

b.

El arrendador no puede realizar en el bien, innovaciones que dis­ minuyan el uso por parte del arrendatario.

c.

El arrendatario puede oponerse a todas las reparaciones que efec­ túe el propietario alegando abuso de derecho de este.

d.

El arrendatario se encuentra obligado a efectuar las reparaciones necesarias, las mismas que serán consideradas como mejoras ne­ cesarias:

104. Una persona sube a un medio de transporte público sin que previa­ mente haya contratado con el chofer o cobrador de dicho medio de transporte. Se puede afirmar que:

a.

No puede haberse formado una relación contractual válida porque no hubo manifestación de voluntad de ninguno.

b.

Estamos ante actos autónomos autosuficientes que expresan una declaración de voluntad tácita, pues los actos son concluyentes para determinar que el pasajero quiere asumir un contrato de transporte, el cual es aceptado por el transportista.

c.

El silencio de ambos es vinculante, en razón a que la ley determina que en tal supuesto se configura un contrato de transporte.

d.

Todas son correctas.

105. En el arrendamiento de duración determinada, si el arrendatario per­ manece en uso del bien una vez vencido el plazo, ¿se configura la con­ tinuación de la relación contractual?

a.

No, una vez vencido el contrato de arrendamiento en el plazo fija­ do, el arrendatario deberá desocupar el inmueble.

b.

No, en este caso las partes deberán firmar la renovación del con­ trato de arrendamiento, dándose una nueva relación contractual.

c.

Sí, se configura la continuación de la relación contractual, bajo las mismas condiciones, hasta que el arrendador solicite su devolu­ ción, la cual puede pedir en cualquier momento.

d.

Si, se configura la continuación de la relación contractual de dura­ ción determinada hasta por el plazo máximo de un año.

Responsabilidad extracontractual

106. Un perro de raza dóberman, cuyo propietario era Lázaro, se escapó, entró en la finca colindante y vecina, de propiedad de Juan y María, y comenzó a pelear con el perro de estos. Tras forcejear para sepa­ rarlos, Juan sufrió un paro cardiaco que le provocó la muerte. Juan, conocedor de su enfermedad, procedió a separar a los perros y, como consecuencia, murió. Su viuda demandó a Lázaro y solicitó una indem­ nización de un millón de soles. Señale la alternativa correcta.

a.

La responsabilidad civil de Lázaro es subjetiva a título de culpa.

b.

La responsabilidad civil de Lázaro es subjetiva a título de dolo.

c.

La responsabilidad civil de Lázaro es objetiva.

d.

La víctima conocedora de su enfermedad concurrió a la produc­ ción del daño, por tanto, Lázaro no es responsable de los daños.

107. De existir responsabilidad civil de Lázaro, indique la teoría sobre la relación de causalidad adoptada por nuestro ordenamiento jurídico para casos como el presente. a.

Teoría de la causa próxima.

b.

Teoría de la causa preponderante.

c.

Teoría de la equivalencia de las condiciones.

d.

Teoría de la causa adecuada.

108. Rosario ha interpuesto demanda de indemnización por daños y per­ juicios contra Juana. Argumenta lo siguiente: i) El ómnibus de Juana chocó contra su vehículo, que le causó daños por S/ 100 000. El fun­ damento jurídico invocado por Rosario se encuentra contenido en el artículo 1321 del Código Civil, es decir, responsabilidad civil contrac­ tual. El juez, al momento de sentenciar, advierte que no se trata de una responsabilidad civil contractual sino de una responsabilidad civil

extracontractual, cuya regulación se encuentra contenida en el artí­ culo 1969 del citado código, emite sentencia declarando fundada la demanda por esta última responsabilidad. Es correcta la decisión del juez:

a.

En aplicación del principio de impulso de oficio.

b.

En aplicación del principio de congruencia procesal.

c.

En aplicación del principio iura novit curia.

d.

En aplicación del principio de tutela jurisdiccional efectiva.

109. El señor Carlos Idrogo demanda por indemnización de daños y perjui­ cios al exalcalde Sixto Moreno y a la municipalidad distrital de Condemayo, para que solidariamente le paguen la suma de un millón de so­ les por daño a la persona y daño moral, alegando que el citado alcalde en el año 2014 lo denunció penalmente por el delito de malversación de fondos y colusión desleal, delitos de los cuales fue absuelto ya que no se probó su responsabilidad penal como ingeniero supervisor del Proyecto de Mejoramiento de Agua "El Álamo". Que la denuncia se interpuso a sabiendas que el proyecto culminó sa­ tisfactoriamente y que está abasteciendo de agua potable a la ciudad, y en el acta de culminación de obra de fecha 16 de junio de 2016 se especifica que la obra se ha realizado siguiendo las especificaciones técnicas y a cargo de una empresa con experiencia de varios años en la ejecución de dichas obras. Que el proceso penal le ha causado daño moral, personal y profesio­ nal, habiendo sufrido menoscabo en dignidad personal y familiar. Que al haber sido absuelto la denuncia resulta calumniosa.

Los demandados sostienen que el órgano de control interno ha encon­ trado responsabilidad civil y penal del demandante, razón por la que se denunció al demandante cumpliendo con el inciso 23 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Diga si se incurre en responsabilidad civil por denuncia calumniosa:

a.

Cuando el denunciado es absuelto del delito que se le imputa.

b.

Cuando la denuncia penal es equivocada.

c.

Cuando se denuncia a sabiendas de la falsedad de la imputación.

d.

Cuando hay motivo razonable para denunciar.

110.

111.

Marque la opción correcta. La fractura del nexo causal es un concepto propio de:

a.

La medicina legal.

b.

La filosofía del derecho.

c.

La teoría general del derecho.

d.

La teoría de la responsabilidad civil.

Cuando hablamos de la lesión a la integridad física o biológica del su­ jeto, por ejemplo, la pérdida de un brazo, una lesión severa, etc., esta­ mos hablando de:

a.

Daño emergente.

b.

Daño moral.

c.

Daño a la persona.

d.

Daño patrimonial.

Derecho internacional privado y plenos civiles

112. La menor Rosella, hija de sus padres Hans (de nacionalidad alemana) y Karla (peruana), nacida en Alemania e inscrita en el Consulado Gene­ ral del Perú en ese país, viajó al Perú en compañía de su madre y con la autorización de su padre, el 20 de octubre de 2009 para retornar el 30 de diciembre de ese mismo año. Vencida la fecha fue retenida por la madre en la ciudad de Sultana donde vivía la familia materna. Frente a la demanda de restitución para que retorne a su país de origen y lugar de su residencia, la demandada alega que la menor se ha adaptado a su actual entorno familiar y sigue su educación temprana en un Centro de Educación Inicial de Sultana y que el retorno de la menor que tiene también nacionalidad peruana implicaría desarraigarla que su actual entorno. Respecto de la naturaleza del caso, ¿qué aseveración considera la co­ rrecta? a.

No hay secuestro, sustracción de menor o retención indebida, pues Rosella vive en compañía de la madre que es de nacionalidad peruana que ha considerado la conveniencia de radicar en su ciu­ dad natal Sullana en compañía de su familia materna.

b.

Es un caso de sustracción internacional de menores, pues Rosella fue trasladada de manera temporal para una visita familiar y es retenida indebidamente contra la voluntad del padre en lugar dis­ tinto al de su residencia habitual.

c.

Habiéndose adaptado Rosella a su familia materna con la que permanece más de dos años y siguiendo su educación temprana en un Centro de Educación Inicial, por el interés superior del niño debe garantizarse su permanencia en el país.

d.

Los jueces y tribunales peruanos son los competentes para deci­ dir la tenencia o custodia de la menor dada la nacionalidad de la menor que si bien es alemana es también peruana por haber sido inscrita en el Consulado General del Perú en Alemania.

113. Respecto de la patria potestad y la tenencia de los padres, marque la aseveración que considera incorrecta: a.

La patria potestad confiere una serie de facultades a los padres para que puedan ejercitar la autoridad paterna y materna como un derecho que tienen sobre sus hijos menores.

b.

La patria potestad y la tenencia no son figuras autónomas, la te­ nencia es uno de los atributos de la patria potestad.

c.

La patria potestad confiere facultades a los padres para que pue­ dan cumplir sus deberes dirigidos al cuidado personal de sus hijos, a la defensa de sus intereses y a su representación legal.

d.

Ambos padres de manera compartida detentan la titularidad en cuanto a la patria potestad, independientemente de la existencia o inexistencia del matrimonio entre los padres.

114. El señor Raúl Espichón Interpone una demanda de declaración de bien propio, respecto de un inmueble ubicado en el distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, contra la señora María Li­ nares. El señor Raúl Espichón sostiene que el 20 de diciembre de 2003 contrajo matrimonio civil con la demandada en el distrito de Jesús María de la ciudad de Lima y que el 16 de enero de 2008 un juzgado del estado de Pensilvania de los Estados Unidos de Norteamérica dictó sentencia de divorcio, declarando la disolución del vínculo matrimo­ nial contraído por ambas partes, la cual ha sido reconocida vía exequá­ tur en el Perú. El demandante sostiene que se encuentra legalmente divorciado de la señora María Linares desde el 16 de enero de 2008, feneciendo entonces la sociedad conyugal y que en esa situación el 23 de febrero de 2010 adquirió el inmueble sujeto a materia, inscribiendo la transferencia en el Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Lima y que la adquisición se produjo dos años y un mes después de haberse divorciado, por lo que el citado bien es uno pro­ pio del demandante. La señora María Linares sostiene, por su parte, que la sentencia dictada en el extranjero fue reconocida en el Perú vía exequátur recién el 12 de agosto de 2011, con inscripción posterior en los Registros Públicos y en la partida de matrimonio celebrada en Lima, por lo que para el derecho peruano es a partir de esta fecha en la que legalmente se ha producido el divorcio, constituyendo en con­ secuencia el bien adquirido por el demandante una de propiedad de la sociedad conyugal. En relación al reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbi­ trales extranjeros, es posible sostener que:

a.

Es un caso de reciprocidad negativa aquel vinculado con el recono­ cimiento de una sentencia dictada en un país donde las sentencias peruanas son revisadas en su forma.

b.

Si se solicita el reconocimiento de una sentencia extranjera direc­ tamente vinculada con un proceso pendiente en el Perú seguido entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, procede el exe­ quátur, con disposición adicional de conclusión del proceso pen­ diente en el Perú, al haber operado la cosa juzgada.

c.

En el caso del reconocimiento en el Perú de una sentencia extran­ jera de quiebra, el juez peruano procederá de acuerdo a la ley ex­ tranjera en cuanto a la-liquidación de la masa en el Perú.

d.

Las sentencias extranjeras legalizadas tienen valor probatorio de instrumento público en el Perú, sin necesidad de exequátur.

115. Respecto a los hechos detallados en el caso planteado, será posible afirmar que:

a.

La sentencia extranjera objeto de reconocimiento y el exequátur generan dos pronunciamientos jurisdiccionales distintos, por lo que la ejecutabilidad del divorcio dictado en los Estados Unidos de Norteamérica sólo opera a partir de su homologación en el Perú.

b.

El exequátur importa un nuevo proceso y permite una nueva va­ loración de los hechos por el tribunal nacional, es resguardo del orden público, por lo que la decisión nacional no tiene efectos re­ troactivos.

c.

El exequátur, como reconocimiento u homologación, reconoce fuerza ejecutiva a lo decidido por el juez extranjero, pero solo ge­ nera efectos en el Perú desde el momento en que se dicta el reco­ nocimiento por un juez nacional.

d.

El exequátur, como reconocimiento u homologación, otorga fuerza ejecutiva a lo decidido por el juez extranjero, retrotrayéndose sus efectos a la fecha en que se ha expedido el fallo objeto de reconocimiento.

116. Ricardo (peruano), pese a ser casado en el Perú, contrajo matrimonio con Elena (alemana), el 18 de agosto de 2009, en México, donde se encontraban gozando de una beca de estudios para posteriormente residir en Canadá. AI regresar al Perú, el 4 de diciembre de 2016, Elena se entera por una vecina que Ricardo era casado acá y, por tanto, el matrimonio que celebró es nulo, por lo que, encontrándose residien­ do en el Perú, presenta su demanda ante el juez de familia, de la ciu­ dad de Chincha, donde ahora reside.

¿Qué ley deberá aplicar el juez de familia que está conociendo la causa?

117.

118.

119.

120.

a.

La ley peruana.

b.

La ley mexicana.

c.

La ley alemana.

d.

La ley canadiense.

¿Cuál es el plazo que tiene Elena para interponer la acción de nulidad? a.

Un año a partir de que tuvo conocimiento del matrimonio anterior.

b.

Dos años a partir de que contrajo matrimonio.

c.

Cuatro años a partir de la fecha en que llegó al Perú.

d.

D'ez años luego de celebrado el matrimonio.

En el proceso de otorgamiento de la escritura pública que ampara la excepción de incumplimiento, el juez declarará: a.

Improcedente la demanda por falta de interés para obrar.

b.

Fundada la demanda.

c.

La resolución del contrato por incumplimiento.

d.

Infundada la demanda.

Diga si en el proceso de otorgamiento de escritura pública el juez, en la sentencia:

a.

No puede analizar la resolución extrajudicial del contrato.

b.

Analiza la resolución en la parte considerativa.

c.

Puede declarar la resolución en el fallo.

d.

Si concurren los requisitos para la resolución declarara improce­ dente la demanda de otorgamiento de escritura pública, pronun­ ciándose sobre la resolución.

Marque la alternativa incorrecta sobre las disposiciones generales de este libro. a.

Las prohibiciones y limitaciones no son comunes entre peruanos y extranjeros.

b.

Los derechos aplicables para regular relaciones jurídicas vincula­ das con ordenamientos extranjeros se basan en acuerdos ratifica­ dos por el Perú.

c.

Las disposiciones de la ley extranjera pertinente según las normas pe­ ruanas de Derecho Internacional Privado no pueden ser excluidas.

d.

Todo derecho adquirido en el extranjero tendrá la misma eficacia en el Perú solo si es compatible con el orden público internacional y las buenas costumbres.

121. Marque la alternativa incorrecta sobre competencia jurisdiccional.

a.

Se somete tácitamente a una jurisdicción quien se apersona en el juicio sin hacer reserva.

b.

Los tribunales peruanos solo pueden tener competencia sobre acciones patrimoniales contra personas domiciliadas en domicilio extranjero.

c.

Los actos procesales encaminados a oponerse a un tribunal no im­ plican ni sumisión ni prórroga.

d.

La elección de un tribunal extranjero para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial puede ser reconocida salvo excepciones.

122. ¿Qué afirmación es incorrecta? a.

La unidad del foro consiste en que si un tribunal peruano conoce de la demanda también será competente para conocer de la re­ convención.

b.

En caso de Iitispendencia la resolución del tribunal peruano tendrá prioridad frente a la jurisdicción extranjera.

c.

Los tribunales peruanos carecen de competencia para conocer de las acciones.

d.

Relativas a derechos reales en predios en el extranjero.

e.

Los tribunales peruanos carecen de competencia para conocer de las acciones relativas al estado y capacidad de las personas natura­ les si la causa no se vincula con el territorio peruano.

123. Respecto de la ley aplicable marque la alternativa correcta

I

a.

Si un incapaz peruano se encuentra en territorio extranjero la tu­ tela y demás instituciones que lo protegen se regirán por la ley extranjera.

b.

Las personas jurídicas extranjeras de Derecho Público pueden con­ traer obligaciones en el Perú.

c.

La existencia y la capacidad de las personas jurídicas de Derecho Privado se rigen por la del país en el que se encuentren.

d.

La capacidad reconocida a las personas jurídicas extranjeras debe ser menor que la concedida por ley peruana a las nacionales.

124. Marque la alternativa incorrecta respecto de la responsabilidad extra­ contractual regulada por el derecho internacional privado: a.

Se regula por la ley del país donde domicilie el presunto responsable.

b.

Si se trata de responsabilidad por omisión, es aplicable la ley del país donde domicilie el presunto responsable que debió haber ac­ tuado.

c.

Si hay incompatibilidad en considerar responsable al agente en­ tre la ley del lugar donde se produjo el perjuicio y la ley del lugar donde se produjo la actividad que provoco el perjuicio prima la primera si el agente debió prever el daño.

d.

El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al presunto res­ ponsable.

125. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye regla o característica relacionada con la adopción a nivel del derecho internacional privado? a.

Se requiere que al menos esté permitida por la ley del domicilio del adoptado.

b.

A la ley del domicilio del adoptante le corresponde regular la auto­ rización al menor para salir del país.

c.

A la ley del domicilio del adoptado le corresponde regular el con­ sentimiento eventual del cónyuge del adoptante.

d.

La regulación de la adopción internacional del libro X del código civil se aplica solo para menores de edad.

126. ¿Qué afirmación es incorrecta respecto del exequátur?

a.

Uno de sus requisitos es que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de las leyes del lugar del proceso.

b.

Es un procedimiento judicial para la homologación y sentencias ex­ tra njeras.

c.

Mediante el exequátur se obtiene que los tribunales peruanos ten­ gan la misma fuerza legal que las sentencias del tribunal extranjero.

d.

Tiene como uno de sus objetos el examen del análisis del proceso.

127.

El tema central del V Pleno Casatorio Civil versó sobre:

a.

Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabili­ dad extracontractual.

b.

Prescripción adquisitiva de dominio.

c.

Nulidad de acto jurídico.

d.

Desalojo por ocupación precaria.

( CAPÍTULOS )

DERECHO PROCESAL

CIVIL

Teoría del conflicto, el proceso civil, . el hecho y acto procesal 1.

1

2.

3.

¿Qué sujetos no pueden ser parte material de un proceso civil?

a.

Sociedad conyugal.

b.

Persona jurídica.

c.

Órganos constitucionales autónomos.

d.

Todas las anteriores pueden ser parte.

De las siguientes alternativas, ¿cuál no guarda relación respecto del tiempo en los actos procesales? a.

Las actuaciones judiciales se practican en días hábiles y no calen­ darios.

b.

De oficio o a pedido de parte el juez puede habilitar días y horas en ciertos casos.

c.

Los plazos previstos en el CPC son prorrogadles por las partes.

d.

El plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolución sin contarse días inhábiles.

¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una característica de la forma de los actos procesales? a.

Las palabras y frases equivocadas deberán borrarse.

b.

Se puede subsidiariamente extrapolar o yuxtaponer palabras o frases.

c.

Las fechas y cantidades se escriben con letras.

d.

Debido a la extensión de las resoluciones y actuaciones judiciales se puede emplear abreviaturas.

4.

5.

El principio de congruencia es aplicable:

a.

Solo en el ámbito del derecho procesal civil.

b.

En todo el ámbito jurídico, tanto sustantivo como procesal.

c.

Sistémicamente, desde la norma constitucional, por cuanto el de­ recho es un sistema.

d.

Es equivalente al principio de concordancia.

Si el recaudo sustentatorio de una demanda adolece de nulidad for­ mal evidente:

a.

Solo puede ser admitida, si se subsana ese vicio.

b.

Si no se hizo valer esa nulidad en la etapa postulatoria, la demanda puede ser declarada fundada.

c.

El derecho prevé la nulidad de la sentencia que la declara fundada, luego de ejecutada, como un acto jurídico fraudulento.

d.

El proceso, a partir de la nulidad de los recaudos, nunca tiene vida propia.

La jurisdicción y derecho a la tutela jurisdiccional 6.

7.

8.

9.

En un proceso abreviado por expropiación, no procede: a.

Deducir excepciones y defensas previas.

b.

Reconvenir.

c.

Admitir la intervención de un tercero, salvo que el derecho de este conste registrado para el caso de bienes inscritos.

d.

Formular tachas u oposiciones.

Diga si en un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública: a.

No se puede verificar la eficacia del acto que se quiere formalizar.

b.

Se puede verificar si la obligación a formalizar resulta exigióle.

c.

No se puede analizar la nulidad manifiesta.

d.

Se puede analizar la nulidad y la anulabilidad.

De las siguientes alternativas, ¿cuál considera que no es una facultad del juez que corresponda a su disciplina?

a.

Expulsar de las actuaciones a quienes alteren su desarrollo.

b.

Aplicar sanciones disciplinarias.

c.

Disponer la detención de quien resiste su mandato sin justificación produciendo agravio a la parte o al servicio de justicia.

d.

Ordenar que se suprima la frase expresada o redactada en térmi­ nos ofensivos.

Marque la alternativa correcta que guarde relación con los oficios y exhortos.

a.

Mediante el exhorto los jueces se dirigen a los funcionarios públi­ cos que no sean parte del proceso.

b.

El exhorto contiene el escrito en que se solicita, la resolución que lo ordena, las piezas necesarias para la actuación judicial y el oficio respectivo.

c.

Los oficios al exterior constituyen exhortos.

d.

Los exhortos se tramitan y devuelven a través del correo oficial o en su defecto, facsímil oficial.

10. Conforme a ias reglas actuales del Código Procesal Civil en materia de competencia territorial:

11.

a.

La incompetencia territorial prorrogable e improrrogable puede ser cuestionada únicamente mediante excepción.

b.

La incompetencia territorial prorrogable puede ser cuestionada únicamente mediante excepción.

c.

La incompetencia territorial prorrogable puede ser invocada excluyentemente como excepción o como contienda de competencia.

d.

La incompetencia territorial prorrogable e improrrogable puede ser invocada excluyentemente como excepción o como contienda de competencia.

Liz Benites interpone demanda, en el distrito judicial de Chiclayo, con­ tra Juan Alberto, quien domicilia en la ciudad de Lima, a fin de que este último cumpla con entregar cinco camionetas, según contrato firmado notarialmente un mes antes, en la ciudad de Chiclayo, para que la obligación se cumpla en Chiclayo. Sin embargo, al demorarse el juzgado en notificar, la demandante decide interponer nueva deman­ da con la misma pretensión, por el mismo hecho y contra el mismo sujeto, en el distrito judicial de Lima.

En relación con la competencia de ios jueces, ¿quién es competente para conocer la causa, si solo se hubiera interpuesto la primera de­ manda? a.

Es competente para conocer la causa, solo el juez de Chiclayo, por­ que allí debió cumplirse con la obligación.

b.

Es competente para conocer la causa, solo el juez de Lima, porque allí domicilia el demandado.

c.

Es competente, para conocer la causa, cualquiera de los dosjueces a elección del demandante.

d.

Es competente cualquiera de los jueces, pero a elección del de­ mandado.

12. De las siguientes alternativas, marque la que no es una característica del derecho a la tutela jurisdiccional. a.

El titular de ese derecho que sea emplazado obtiene el derecho de contradicción.

b.

Este derecho no exime del cumplimiento de los presupuestos pro­ cesales y las condiciones de la acción.

c.

El concepto de debido proceso solo permite acceder al proceso ejercitando al derecho de acción de la parte.

d.

Concluido un proceso declarado infundado, si el demandado con­ sidera que hubo un ejercicio irregular del derecho de acción puede exigir resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos al litigante malicioso.

13. Marque la afirmación incorrecta respecto de la competencia civil.

a.

El juez civil puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye.

b.

El fuero civil común puede ser competente para asuntos penales.

c.

Solo puede ser establecida por la ley.

d.

No puede renunciarse ni modificarse.

14. ¿Cuál de las siguientes alternativas no guarda relación con los tipos de competencia? a.

La competencia por cuantía se determina de acuerdo al valor eco­ nómico del petitorio.

b.

La competencia por materia se determina por la naturaleza de la pretensión.

c.

La competencia facultativa permite a un accionante demandar ante un juez distinto al del lugar del domicilio del demandado.

d.

La competencia territorial impide a las partes que puedan some­ terse a la competencia de un juez distinto al correspondiente.

15. Se celebra un contrato de compraventa de un inmueble entre la em­ presa Los Amigos de la Corte SAC, como vendedora, y la empresa Los Usuarios SAC, como compradora. La vendedora en el contrato fijó su domicilio en la ciudad de Lima y la compradora lo fijó en Arequipa. El pago del precio se pactó en seis cuotas mensuales ¡guales. La compra­ dora no paga la quinta y sexta cuotas, motivo por el cual la empresa

vendedora le remite una carta notarial resolutoria, en aplicación de la cláusula establecida en el contrato.

Luego de ello, la vendedora decide demandar a la compradora para que le restituya el inmueble, y en la demanda señala como domicilio de la demandada una dirección en Lima, es decir, una dirección dis­ tinta de la que se fijó en el contrato. El juzgado de Lima, al calificar la demanda, decide declarar improcedente la demanda por razón de incom­ petencia territorial, ai considerar que el juez competente es el de Arequipa, lugar donde, según el contrato, domicilia la compradora. Por tanto, decide remitir los autos al juez de Arequipa para los fines de ley.

En este caso: a.

Es correcto que al calificar la demanda se declare limlnarmente improcedente la demanda por razón de territorio.

b.

La competencia territorial que el juez ha advertido es improrrogable.

c.

La competencia territorial improrrogable solo puede ser cuestio­ nada mediante la excepción de incompetencia que debe proponer el demandado.

d.

Es incorrecto el rechazo liminar de la demanda porque la compe­ tencia territorial que ha advertido el juzgado es prorrogable.

16. Carmen postula demanda de otorgamiento de escritura pública contra Pedro, ante el Noveno Juzgado Civil de Lima, señalando como pretensio­ nes: i) que el demandado otorgue la escritura pública de compraventa del inmueble ubicado en el Jr. Santa Fe 222, Cercado de Lima; ii) inscrip­ ción de la sentencia que ordena el otorgamiento de escritura pública. Si el inmueble materia del proceso de otorgamiento de escritura públi­ ca se ubica en el Cercado de Lima, entonces qué problema puede presen­ tarse con la competencia por razón del territorio: a.

El juez del Noveno Juzgado Civil de Lima debe declarar improce­ dente la demanda por incompetencia.

b.

El juez del Noveno Juzgado Civil de Lima puede pronunciarse de oficio sobre la competencia y decidir si le corresponde conocer el caso.

c.

Ningún problema porgue el juez del Noveno Juzgado Civil de Lima debe admitir la demanda y dejar que el demandado postule la ex­ cepción de incompetencia.

d.

El Juzgado de Lima Norte es el competente y por ello el juez del No­ veno Juzgado Civil de Lima debe declarar improcedente la demanda.

17.

Rogelio y Sara, después de haber contraído nupcias, el 12 de febrero de 2015, deciden separarse convencionalmente, para cuyo efecto re­ curren al juzgado de su jurisdicción para interponer su demanda.

¿En qué vía procesal deberá tramitarse dicha separación convencional?

18.

a.

En vía de proceso de conocimiento.

b.

En vía de proceso sumarísimo.

c.

En vía de proceso de ejecución.

d.

En vía de proceso cautelar.

El artículo 546 del Código Procesal Civil señala que:

"Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos: 1. Alimentos;

2.

separación convencional y divorcio ulterior;

3.

interdicción;

4.

desalojo;

5.

interdictos;

6.

los que no tienen una vía procedimental propia, son inaprecia­ bles en dinero o hay dudad sobre su monto o, porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el juez considere atendible su empleo;

7.

aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de cien Uni­ dades de Referencia Procesal; y,

8.

los demás que la ley señale".

Entonces, la separación convencional se tramita en vía de proceso suma­ rísimo. Si es competente el juez civil o mixto del lugar donde se produ­ ce la vulneración o donde domicilia el afectado, el elemento determi­ nante para establecer el domicilio es:

a.

19.

La declaración que se realiza en la demanda.

b.

El que se consigne en los documentos anexos.

c.

El del documento nacional de identidad.

d.

El lugar que fuera corroborado por la autoridad.

Juez que proviene de elección popular, no es abogado sino un ciuda­ dano que goce de prestigio. a.

Procurador público.

b.

Juez de paz.

c.

Defensor del Pueblo.

d.

Juez de paz letrado.

20. Javier domicilia en Miraflores y es demandado por Pablo, para que le devuelva unas obras de arte valorizadas en S/ 800 000 que le había prestado hace un año y que Javier se negaba en devolvérselas. Pablo había interpuesto su demanda ante el Juzgado Especializado en lo Civil de Lima; sin embargo, algunos meses después de iniciado el proceso, el juzgado concluye que las obras de arte valían a lo mucho S/ 50 000; además, Javier varió su domicilio a la ciudad de lea. Señale el enuncia­ do correcto:

a.

La variación del valor de los bienes determina que el juez ya no sea competente para conocer la pretensión demandada.

b.

El cambio de domicilio del demandado determina que el juez ya no sea competente por razón de territorio.

c.

La variación de las circunstancias no modifica la competencia del juez.

d.

El Juez debería remitir todo lo actuado al juez de lea.

21. Marque la opción correcta. En la jurisdicción y competencia: a.

La jurisdicción es el género y la competencia es la especie.

b.

La competencia es la jurisdicción.

c.

La jurisdicción es la competencia.

d.

No tienen nada que ver la una con la otra.

Sistemas procesales, principios del proceso y del procedimiento, el tiempo en el proceso, la norma procesal y los actos de comunicación procesal

22. ¿Qué afirmación corresponde a los principios del título preliminar del Código Procesal Civil? a.

El principio de iniciativa de parte está relacionado con la legitimi­ dad para obrar.

b.

El principio de impulso del proceso está a cargo de la parte que debe promoverlo.

c.

El fin de la integración de la norma procesal supone que el juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones per­ sonales afecte el desarrollo o resultado del proceso.

d.

El principio de vinculación supone que las normas procesales son de carácter dispositivo.

23. "La actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez encar­ gado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta manera se garanti­ za que exista un contacto directo entre el juzgador y los medios de prueba aportados al proceso, que permitirá a este ponderarlos en forma debida y plasmar sus conclusiones en forma suficiente y razonada al momento de emitir sentencia". La presente definición alude al siguiente principio: a.

Concentración.

b.

Celeridad.

c.

Economía procesal por razón de esfuerzo.

d.

Inmediación.

I

24. Marta y David se casan y tienen dos hijos, Daniela y Rómulo, ambos menores de edad. En un paseo familiar sufren un accidente al ser im­ pactado su automóvil por un camión conducido por Esteban. Marta, David, Daniela y Rómulo desean iniciar un proceso para que se les indemnice por los daños y perjuicios sufridos. Todos contratan a un mismo abogado y señalan un mismo domicilio procesal. Se dicta la sentencia declarando fundadas las pretensiones de David y Marta, pero improcedente la demanda respecto de las pretensiones planteadas por ellos en representación de sus hijos. Sin embargo, solo se notifica al domicilio procesal común la cédula dirigida a David y Marta, mas no la cédula dirigida a ellos en representación de sus hijos, lo que sí ha ocurrido con todas las demás notificaciones del proceso. En atención a ello:

a.

David y Marta no pueden impugnar la sentencia hasta que les lle­ gue la cédula dirigida a ellos en representación de sus hijos.

b.

La notificación a David y Marta es nula porque les debió llegar a todos la sentencia.

c.

David y Marta pueden darse por notificados e impugnar la senten­ cia en representación de sus hijos.

d.

Si David y Marta apelasen la sentencia, el superior que conoce del recurso de apelación debe declarar la nulidad del concesorio de la apelación por el defecto insubsanable de la notificación de la sentencia.

25. Los principios de la nulidad procesal constituyen: a.

Medios idóneos para conservar la validez de los actos procesales subsanables.

b.

Medios ¡dóneos para conservar la validez de los actos procesales insubsanables.

c.

Medios idóneos para conservar la validez de los actos procesales subsanables e insubsanables.

d.

Medios ¡dóneos para interpretar la norma jurídica y hacer respetar la formalidad de los actos procesales.

26. En el contexto de un proceso de conocimiento, con fecha 30 de no­ viembre de 2016, se notifica la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2016, que desestima parcialmente la demanda interpuesta por José López. Al no estar de acuerdo con la decisión, este decide impugnarla,

I

presentando un recurso de apelación el noveno día del plazo de diez días dispuesto en el Código Procesal Civil. Posteriormente, José López se da con la sorpresa de que el juez declaró improcedente el recurso inter­ puesto, por haberse presentado extemporáneamente, refiriendo que de acuerdo con la Ley 66666 de reforma del Código Procesal Civil, publicada el 1 de diciembre de 2016, el plazo para la interposición del recurso de apela­ ción es de ocho días, modificando así el plazo anterior de diez días. A la luz del principio de aplicación inmediata de las normas procesa­ les, marque usted la respuesta correcta: a.

En función al principio de aplicación inmediata de la ley procesal (tempus regit actum) regulado en el CPC, la norma aplicable es la Ley 66666, toda vez que las normas se aplican desde que entran en vigencia sin excepción alguna.

b.

La aplicación del principio de aplicación inmeoiata de la norma procesal (tempus regit actum) regulado en el CPC, tiene como ex­ cepción los supuestos en los que los pazos ya se han iniciado, razón por la cual, bajo esta premisa el plazo aplicable es el de diez días.

c.

La norma aplicable es la Ley 66666 toda vez que resulta ser una ley de reforma que patentiza el principio de celeridad procesal, y cuya aplicación por ser procesal es de aplicación inmediata.

d.

El principio de aplicación inmediata de la norma procesal (tempus regit actum) regulado en el CPC, establece que a los procesos inicia­ dos bajo una determinada norma no se les puede aplicar otra que entre en vigencia posteriormente, razón por la cual en el caso concre­ to es aplicable el plazo de diez días previsto en la norma anterior.

27. En caso de vacío o defecto en las disposiciones del Código Procesa) Civil, se deberá recurrir a:

a.

Los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y ju­ risprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.

b.

Los principios generales del derecho procesal y jurisprudencia co­ rrespondientes, en atención a las circunstancias del caso.

c.

Los principios generales del derecho procesal, en atención a las circunstancias del caso.

d.

Los principios generales del derecho procesal y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.

I

Presupuestos procesales y condiciones de la acción

28. "El derecho de acción es un derecho subjetivo, autónomo, abstracto y público; posibilita el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, actualmente goza de reconocimiento constitucional y tiene el status de derecho fundamental". La autonomía del derecho de acción, según la doctrina actual tiene tal atributo porque:

a.

No está supeditada a la autoridad judicial.

b.

Porque su existencia no está supeditada al devenir de la pretensión.

c.

Porque es la garantía de protección de los demás derechos.

d.

Porque no está subordinado a la función jurisdiccional ni al proceso.

29. El derecho de acción es de carácter público, porque: a.

Las audiencias deben realizarse con la presencia de los sujetos del proceso y del público.

b.

El interés controvertido trasciende el ámbito privado para consti­ tuirse en uno de interés público.

c.

Se ejercita siempre ante un funcionario público como órgano de estado.

d.

Se impone el interés público sobre el privado.

30. Lalo y Dora celebran un contrato de compraventa de un inmueble, habiéndose pactado el precio con el pago de una inicial y en 50 cuotas mensuales el saldo del precio. En una de las cláusulas del contrato (cláu­ sula resolutoria expresa), las partes acordaron que el vendedor tiene el derecho de resolver de pleno derecho y con una comunicación escrita re­ mitida al comprador, el contrato de compraventa. Esta cláusula debe ejercerse siempre que el comprador haya dejado de pagar una cuota de las 50 pactadas en el mismo como saldo del precio. Dora, haciendo uso de

la cláusula resolutoria expresa por el Incumplimiento del vendedor en la entrega de los planos dentro del plazo, decide resolver el contrato. Tomando en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, si usted de­ fendiera a Lalo qué tipo de defensa haría para cuestionar la resolución del contrato:

a.

Se postularía la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante.

b.

Se postularía como medio de defensa de fondo, que la resolución de contrato no se hizo de forma adecuada y conforme al pacto, siendo la misma ineficaz.

c.

Se postularía la excepción de falta de interés para obrar, debido a que se trata de una resolución de contrato ineficaz.

d.

Se postularía como reconvención la ineficacia de la resolución de contrato.

31. Se produce un accidente de tránsito entre el vehículo de propiedad de la empresa Caminos SAC y el vehículo de propiedad de Raúl. Como consecuencia de ese accidente, resultan heridos dos peatones, Rosa y Raquel. Dos días después del accidente fallece Raquel, quien tiene como sucesores a su cónyuge Roberto y a su hijo mayor de edad Pedro.

Rosa y los sucesores de Raquel se ponen de acuerdo para iniciar una demanda indemnizatoria, llegando a presentar su demanda contra la empresa Caminos SAC, la misma que ejerce su defensa formulando de­ nuncia civil contra Raúl, pues a su juicio este último es el responsable de los daños que han sufrido las víctimas. El juzgado admite la denuncia civil y ordena emplazar a Raúl en calidad de litisconsorte necesario. En este caso:

a.

Rosa y los sucesores de Raquel tienen legitimidad para obrar ordi­ naria.

b.

Rosa tiene legitimidad para obrar ordinaria y los sucesores de Ra­ quel tiene legitimidad para obrar extraordinaria.

c.

Rosa tiene legitimidad para obrar ordinaria y los sucesores de Ra­ quel tiene legitimidad para obrar derivada.

d.

Los propietarios de los vehículos y Rosa tienen legitimidad para obrar extraordinaria, y los sucesores de Raquel tienen legitimidad para obrar derivada.

32. "LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, en la causa vista en audiencia pública de la fecha; con el acompañado; emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada Johana Margarita Zapata Mendoza, contra la sentencia de vista de fojas doscientos sesenta y dos, su fecha veintiséis de abril del dos mil seis, que confirmando en un extremo y revocando en otro la apelada de fojas doscientos, fechada el tres de octubre del dos mil cinco, declara Infundada la demanda y Fundada en Parte la Reconvención; en los se­ guidos por José Vicente Gil Chanamé contra Johana Margarita Zapata Mendoza sobre Divorcio por Causal." Identifique la alternativa que contiene una afirmación cierta respecto a la sentencia apelada. a.

Fue desestimado el derecho de acción y estimada en parte la con­ tradicción.

b.

Fue desestimada la pretensión del demandante, mas no su ejerci­ cio del derecho de acción.

c.

La pretensión del demandante y la postulada por el demandado vía reconvención fueron amparadas por el juez de primera instancia.

d.

El ejercicio del derecho de acción de las partes fue cuestionado por la Sala Civil Transitoria.

Postulación del proceso 33. De las siguientes alternativas, ¿cuál no es una característica de la de­ manda?

a.

No en todos los casos debe establecerse el monto del petitorio.

b.

Constituye la pretensión procesal.

c.

Es un acto procesal postulatorio.

d.

Siempre la acompañan anexos, aunque varíe la cantidad y el tipo de ellos.

34. Alejandra le vende a Víctor un automóvil por S/ 80 000. Víctor tenía que pagar el precio en ocho cuotas mensuales ¡guales. Víctor paga las dos primeras y la cuarta y la quinta, pero no las demás. Alejandra ini­ cia un proceso en el que plantea como pretensión la resolución del contrato de compraventa.

Alejandra alega como hechos: (i) que se celebró el contrato; (¡i) que le entregó el bien; (iii) que pagaron las cuotas 1,2,4 y 5 y (iv) que no pagaron las cuotas 3 y restantes. Víctor alega como hechos: (i) que se celebró el contrato, (¡i) que no recibió el auto y (iii) que sí pagó la cuota 3, mas no las demás. Asimismo, señala que envió una carta formulando la excepción de incumplimiento del contrato, hasta que no se le entregue el auto. El juez está por dictar sentencia. Establezca la afirmación correcta:

a.

El hecho consistente en la celebración del contrato es un hecho controvertido al ser alegado por las partes, en cuyo caso corres­ ponde la carga de la prueba a quien lo alego.

b.

El hecho consistente en el incumplimiento del pago de las cuotas im­ pagas le corresponde a la demandante por ser un hecho alegado por ella.

c.

El hecho consistente en la entrega del auto es un hecho controvertido. La carga de probarlo le corresponde a la demandante al ser un hecho afirmado por ella y, además, por tratarse de una prestación que la demandante afirma haber cumplido.

d.

La exigibilidad o no de la prestación consistente en el pago del precio a consecuencia del ejercicio de la excepción de incumplí-

miento debe ser acreditada por la demandante, puesto que en tal condición le corresponden probar todos los hechos en los que se sustenta su pretensión. 35. El juez está por dictar sentencia. Establezca la afirmación correcta.

36.

a.

El pago del precio solo puede ser acreditado con una prueba docu­ mental, por ello, si quien tiene la carga de la prueba no ofrece un documento, el juez debe darle la razón al demandado.

b.

Como no es un hecho controvertido el pago de las cuotas 1, 2, 4 y 5, pero sí el pago de la cuota 3, se presume que al haberse pagado las cuotas 4 y 5 se ha pagado la 3, por lo que el demandante no puede ofrecer medio probatorio en contra.

c.

El solo hecho que las dos partes hayan afirmado que el contrato fue celebrado, convierte a dicho hecho en un hecho no controvertido.

d.

La declaración de testigos es inidónea para acreditar la celebración de un contrato.

Cuando el bien con vicios ocultos todavía es apto para cumplir la finali­ dad para la cual fue adquirido, la ley le otorga al adquirente la facultad de demandar que se le pague lo que el bien vale de menos en el mo­ mento de ejercer la acción de pago; pudiendo acumular a su demanda la indemnización de daños y perjuicios cuando ei transferente ha ac­ tuado con dolo o culpa respecto de la existencia de los vicios ocultos. A esta acción se le denomina:

a.

Resolutoria.

b.

Subsanatoria.

c.

Redhibitoria.

d.

Estimatoria.

37. De acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, en lo que respec­ ta al proceso sumarísimo, es correcto afirmar: A.

Al proponerse las excepciones, solamente se pueden ofrecer prue­ bas instrumentales y pericias de parte.

b.

Se admite la reconvención siempre que la pretensión pueda trami­ tarse en la misma vía procedimental.

c.

La sentencia debe dictarse en el acto de audiencia bajo sanción de nulidad.

d.

Es improcedente el ofrecimiento de medios probatorios en segun­ da instancia.

Acumulación, litisconsorcio 38.

39.

Sobre la acumulación de pretensiones condicionales, marque la op­ ción correcta:

a.

Se presenta cuando existe una primera pretensión principal, pero en el caso que el órgano jurisdiccional no la ampare deberá pro­ nunciarse respecto a la pretensión accesoria.

b.

Se presenta cuando existen dos pretensiones principales y contra­ dictorias entre sí, tienen consecuencias distintas.

c.

Se presenta cuando el sujeto titular de las pretensiones identifica a una de ellas como pretensión principal y a una o más como acce­ sorias, y se caracteriza por la dependencia que tienen las preten­ siones accesorias sobre la pretensión principal.

d.

Se presenta cuando el demandante propone una pretensión como principal o condicional y otra (u otras) como condicionadas a la principal.

Sobre la acumulación de pretensiones condicionales, marque la op­ ción correcta:

a.

Se presenta cuando existe una primera pretensión principal, pero en el caso que el órgano jurisdiccional no la ampare deberá pro­ nunciarse respecto a la pretensión accesoria.

b.

Se presenta cuando existen dos pretensiones principales y contra­ dictorias entre sí, tienen consecuencias distintas.

c.

Se presenta cuando el sujeto titular de las pretensiones identifica a una de ellas como pretensión principal y a una o más como acce­ sorias, y se caracteriza por la dependencia que tienen las preten­ siones accesorias sobre la pretensión principal.

d.

Se presenta cuando la pretensión autónoma o principal se convier­ te en presupuestos necesarios, pero no suficientes para amparar la pretensión condicional.

40. Sobre las clases de acumulación: a.

La acumulación sucesiva requiere que las pretensiones sean pre­ sentadas en la misma demanda.

b.

La acumulación alternativa se presenta en la demanda y no en la reconvención.

c.

La acumulación originaria es aquella cuyas pretensiones son plan­ teadas luego de interpuesta la demanda.

d.

Tanto la acumulación originaria como la acumulación sucesiva se proponen en cualquier estado del proceso.

41. Carmen postula demanda de otorgamiento de escritura pública contra Pedro ante el Noveno Juzgado Civil de Lima, señalando como pretensio­ nes: i) que el demandado otorgue la escritura pública de compraventa del inmueble ubicado en el Jr. Santa Fe 222, Cercado de Lima; i¡) inscripción de la sentencia que ordena el otorgamiento de escritura pública. Con relación a la acumulación, qué tipo de situación se puede presen­ tar en este caso. Indique la premisa correcta:

a.

La acumulación debe plantearse como subordinada, no como ac­ cesoria.

b.

Las pretensiones postuladas no son acumuladles, porque la segun­ da pretensión desnaturaliza el proceso de otorgamiento de escri­ tura pública.

c.

En los procesos de otorgamiento de escritura pública se pueden acu­ mular varias pretensiones, sobre todo con una acumulación accesoria.

d.

La acumulación en este caso es de pretensiones autónomas.

42. Sotelo celebró un contrato de mutuo con Javier y Pilar, estos últimos se obligaron, de forma solidaria, a pagar la suma de S/100 000. Al vencimiento de la obligación, Sotelo interpone demanda de obligación de dar suma de dinero solo contra Javier exigiendo que le pague la suma total del mutuo. En relación al caso propuesto, si el juez considera que la demanda es inadmisible porque se debió emplazar de forma conjunta a los deudo­ res solidarios, ¿cómo se subsanaría esta inadmisibilidad? Indique la opción correcta: a.

Indicando que Javier y Pilar son litisconsortes cuasinecesarios, pese a ser deudores solidarios.

b.

Señalando que Javier y Pilar son litisconsortes necesarios, por te­ ner la calidad de deudores solidarios.

43.

c.

Expresando que Javier y Pilar generan una intervención litisconsorciaI.

d.

Mencionando que Pilar solo podría ser una tercera coadyuvante.

Se produce un accidente de tránsito entre el vehículo de propiedad de la empresa Caminos SAC y el vehículo de propiedad de Raúl. Como consecuencia de ese accidente, resultan heridos dos peatones, Rosa y Raquel. Dos días después del accidente fallece Raquel, quien tiene como sucesores a su cónyuge Roberto y a su hijo mayor de edad Pedro. Rosa y los sucesores de Raquel se ponen de acuerdo para iniciar una demanda indemnizatoria, llegando a presentar su demanda contra la empresa Caminos SAC, la misma que ejerce su defensa formulando de­ nuncia civil contra Raúl, pues a su juicio este último es el responsable de los daños que han sufrido las víctimas. El juzgado admite la denuncia civil y ordena emplazar a Raúl en calidad de litisconsorte necesario.

En este caso:

44.

a.

Raúl es litisconsorte necesario y, por tanto, es correcto que el juz­ gado haya admitido la denuncia civil.

b.

Raúl no es litisconsorte necesario y, por tanto, no es correcto que el juzgado haya admitido la denuncia civil.

c.

Raúl es un tercero en el proceso y, en todo caso, a pedido de parte, puede ser incorporado como coadyuvante de la empresa.

d.

Raúl es un tercero en el proceso y, en todo caso, de oficio, puede ser incorporado como coadyuvante de la empresa.

José Campos interpone demanda de desalojo contra Mario Cubas, para que desocupe el bien de su propiedad sito en Av. Zarumilla 543, La Perla (Callao), y a quien se notifica conforme a ley. El demandado, al contestar la demanda, señala que es casado con doña Lupe Celestino Gómez. El juez convoca a doña Lupe Celestino Gómez para que participe en el proceso toda vez que integra un litisconsorcio necesario con su esposo Cubas. ¿Se genera un litisconsorcio necesario entre los miembros de una so­ ciedad conyugal?

a.

Sí, porque sobre ambos va a recaer las consecuencias de la cosa juzgada.

b.

Sí, porque cuando se trata de pluralidad de sujetos y estos deben ser emplazados necesariamente para que participen del proceso.

c.

No, porque la sociedad conyugal es un sujeto de derecho, y solo la representación debe ser ejercida por ambos.

d.

Sí, porque ambos representan a la sociedad conyugal.

45. ¿Se genera algún otro tipo de litisconsorcio, toda vez que tienen que ser demandados los dos? a.

Se genera un litisconsorcio cuasinecesario.

b.

No se genera ningún tipo de litisconsorcio por cuanto ellos actúan en representación de un sujeto: la sociedad conyugal.

c.

Se genera un litisconsorcio voluntario.

d.

Se genera un litisconsorcio necesario porque ambos en conjunto representan a la sociedad conyugal.

46. Doña Clara Aguinaga, soltera, es propietaria de un lote de terreno urbano sin construir, ubicado frente a la calle Alfonso Ugarte, en el distrito de Puerto Eten, provincia de Chidayo, el mismo que adquirió por haber sido declarada única y universal heredera de sus padres. La Municipalidad Distrital de Puerto Eten, por intermedio de su alcalde, procedió a vender dicho inmueble —aprovechando que no estaba cir­ culado— a los hermanos Pedro y José Pérez, quienes inmediatamente tomaron posesión del mismo y edificaron en él una casa-habitación de un piso. Doña Clara Aguinaga primero interpone demanda sobre nulidad de compraventa, y luego interpone otra demanda sobre ad­ quisición de lo edificado de mala fe y reivindicación. ¿Qué clase de litisconsorcio se generaría entre todos los involucrados en el caso? a.

La demanda sobre pretensiones de adquisición de lo edificado de mala fe y reivindicación, debe dirigirse contra la Municipalidad Dis­ trital de Puerto Eten y los hermanos Pedro y José Pérez, por ser litisconsortes voluntarios.

b.

La demanda sobre pretensión de nulidad de contrato de compra­ venta también debe dirigirse contra la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, y contra los hermanos Pedro y José Pérez, por tener legitimidad extraordinaria e Interés difuso.

c.

Si la demanda sobre pretensión de nulidad de compraventa se di­ rige solo contra la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, el juez puede integrar la relación procesal emplazando a los hermanos Pedro y José Pérez, como litisconsortes necesarios.

d.

Tras el pedido de acumulación del proceso sobre adquisición de lo edificado de mala fe y reivindicación, con el proceso sobre nulidad de contrato de compraventa, subyace una modalidad de interven­ ción litisconsorcial coadyuvante.

Kj. Sobre el litisconsorcio necesario y en relación al caso concreto, pode­ mos afirmar lo siguiente: a.

El litisconsorcio necesario se configura como consecuencia de la rela­ ción jurídica sustancial, y en la que necesariamente deben ser compren­ didos en el proceso toda la pluralidad de sujetos que la conforman.

b.

El litisconsorcio necesario se configura cuando dos o más sujetos deciden voluntariamente participar en un proceso, no siendo obli­ gatoria su participación.'

c.

No existe diferencia alguna entre el litisconsorcio necesario y el cuasi necesario.

d.

En el litisconsorcio necesario uno solo de ellos puede intervenir y lo que haga en el proceso debe ser asumido por los demás.

48. La empresa Horizontal SA plantea una demanda de ineficacia del acto jurídico contra Raúl, respecto a un contrato de transferencia de in­ mueble que éste suscribió; sin embargo, dicho inmueble también per­ tenecía a Susana (hermana de Raúl). Puesto que Susana no fue notificada con ninguna resolución dictada en el proceso de ineficacia del acto jurídico, corresponde señalar que: a.

Su presencia en el proceso no era imprescindible y, por lo tanto, el que no haya sido emplazada no produce mayores efectos.

b.

La falta de un litisconsorte necesario como Susana no afecta la va­ lidez de la decisión de fondo.

c.

Susana debía ser integrada al proceso, puesto que su presencia es necesaria para emitir un pronunciamiento válido de fondo.

d.

Susana tiene la condición de litisconsorte activo facultativo.

49. La compañía inmobiliaria Las Garzas SA ha iniciado la construcción de un edificio de 15 pisos. Pone en venta a futuro los departamentos y Pe­ dro Quispe compra un departamento ubicado en el tercer piso, com­ prometiéndose la inmobiliaria en hacer entrega del mismo, en el plazo de cuatro meses. El comprador, Pedro Quispe, cumple con cancelar el departamento, pero pasan 12 meses y la inmobiliaria no cumple con hacerle entrega del mismo. Ocurre que, la inmobiliaria Las Garzas SA, había contratado, para que le instalen las puertas y ventanas de todo el edificio a la empresa Puertas y Ventanas SA y esta empresa no cum­ ple con el referido contrato.

LP • PASIÓN POR EL DERECHO

201

Pedro Quispe interpone una demanda de entrega del bien contrata­ do, más indemnización por daños y perjuicios contra Las Garzas SA. Al contestar la demanda, la inmobiliaria Las Garzas SA solicita la inter­ vención de Puertas y Ventanas SA, a efectos de que el juez se pronun­ cie sobre la indemnización por daños y perjuicios que les ha ocasio­ nado esta última empresa, ante la eventualidad de que el fallo de la demanda interpuesta por Pedro Quispe les sea desfavorable.

¿Qué tipo de acumulación se habría generado? a.

Solo se trataría de un caso de acumulación objetiva.

b.

Solo se trataría de un caso de acumulación subjetiva.

c.

Se trataría de un caso de acumulación objetiva y subjetiva.

d.

No se trataría de un caso de acumulación subjetiva ni objetiva.

50. La Sra. Castillo demanda ai Sr. Alejandro para que judicialmente se de­ clare la resolución del contrato de compraventa de un inmueble, debido a que el Sr. Alejandro, como comprador, no cumplió con pagar las cinco cuo­ tas consecutivas que debía pagar como parte del precio. La Sra. Castillo postula como pretensiones en la demanda: i) que se declare la resolución del contrato de compraventa por no haber pagado el precio, conforme a lo pactado; ¡i) se restituya la posesión del inmueble materia de com­ praventa, ocupado por el demandado; iii) se le indemnice por el daño producido, por haber sufrido daño emergente y lucro cesante. Con relación al caso, sobre la acumulación, indique la opción correcta:

a.

La acumulación entre la pretensión i y ¡i es de pretensión principal y pretensión subordinada.

b.

La acumulación entre la pretensión i y ¡i es de pretensión principal y pretensión alternativa.

c.

La acumulación entre la pretensión i y iii es de pretensión principal y pretensión condicional.

d.

La acumulación entre la pretensión i y iii es de pretensión principal y pretensión accesoria.

51. Si en el caso propuesto, la pretensión ¡i) se hubiera referido al cum­ plimiento del contrato, es decir, a que se obligue al demandado a que pague la cuotas adeudadas para regularizar los pagos que tenía que realizar. Entonces la acumulación sería: a.

La acumulación entre la pretensión i y ¡i sería de pretensión princi­ pal y pretensión accesoria.

b.

La acumulación entre la pretensión i y ¡i sería de pretensión princi­ pal y pretensión alternativa.

c.

La acumulación entre la pretensión i y ¡i sería de pretensión princi­ pal y pretensión condicional.

d.

La acumulación entre la pretensión i y ¡i sería de pretensión princi­ pal y pretensión subordinada.

52. Juan presenta demanda de reivindicación de inmueble y pide que el demandado, Pedro, le restituya la casa habitación que ¡legalmente po­ see y, para ello, presenta la partida registral que demuestra su título de propiedad, consistente en la escritura pública 987 inscrita en el asiento A00005 de la partida registral 1312112. Al contestar la demanda, Pedro la contradice en todos sus extremos; formula la reconvención sobre nulidad de la escritura pública 987 de Juan, y nulidad del asiento A00005 de la partida registral 1312112, donde se encuentra inscrita.

Respecto a la acumulación, es correcto afirmar que en el presente caso: a.

Existe acumulación objetiva y sucesiva.

b.

Existe acumulación originaria, subjetiva y objetiva en sus formas alternativa y accesoria.

c.

Existe acumulación originaria, objetiva, subjetiva y sucesiva.

d.

Existe acumulación originaria, objetiva, subordinada y accesoria.

53. Sergio Gómez Alcántara decide demandar la resolución del contrato de compraventa suscrito con Miguel Oviedo Rubio, debido a que Mi­ guel no cumplió con pagar el precio pactado. Además, decide deman­ dar indemnización por daños que dicho incumplimiento le originó y la devolución del inmueble. Sobre la acumulación marque la opción correcta:

a.

La pretensión de resolución es principal, la de indemnización de daños es condicional y la restitución del bien es accesoria.

b.

La pretensión de resolución es principal, la de indemnización de daños y perjuicios es subordinada y la restitución del bien es accesoria.

c.

La pretensión de resolución es principal, la de indemnización de daños y perjuicios es subordinada y la restitución del bien es alter­ nativa.

d.

Todas las pretensiones son principales autónomas.

54. Félix Víichez, Víctor Dávila y Gustavo Frías trabajan en la empresa El Sol de Oro, y mantienen un vínculo laboral a plazo indeterminado. Luego de cumplido tres años laborando para dicha empresa, por más que solicitaron hacer uso de su derecho al descanso vacacional confor­ me a ley, la empresa no programó dichas vacaciones. Por ello, los tres trabajadores decidieron demandar a la empresa a fin de solicitar el pago correspondiente al trabajo que realizaron más la indemnización. ¿Qué tipo de litisconsorcio se da en el presente caso?

a.

Necesario, toda vez que se verían afectados sus derechos.

b.

Facultativo, ya que cada uno tiene un derecho propio, no es nece­ sario que todos acudan al proceso.

c.

Sucesivo, ya que la pluralidad de sujetos aparece desde la inicia­ ción del proceso.

d.

Mixto, porque son varios demandantes.

55. Con relación a las clases de litisconsorte: a.

Por su naturaleza puede ser principal o accesorio.

b.

Por su naturaleza puede ser ordinario o derivado.

c.

Por su naturaleza puede ser voluntario (o facultativo), necesario (o especial).

d.

Por su naturaleza puede ser originario o sucesivo.

Intervención de terceros 56. De las siguientes alternativas, ¿cuál considera que es incorrecta y no guarda relación con la representación procesal?

a.

Puede ser legal, judicial o voluntaria.

b.

Las personas jurídicas siempre tienen representante legal, se le nombrará curador procesal.

c.

Si un incapaz demanda a su representante legal, se le nombrará curador procesal.

d.

En un patrimonio autónomo conyugal la parte demandada recae en cualquiera de los conyugues.

57. La compañía inmobiliaria Las Garzas SA ha iniciado la construcción de un edificio de 15 pisos. Pone en venta a futuro los departamentos y Pe­ dro Quispe compra un departamento ubicado en el tercer piso, com­ prometiéndose la inmobiliaria en hacer entrega del mismo, en el plazo de cuatro meses. El comprador, Pedro Quispe, cumple con cancelar el departamento, pero pasan 12 meses y la inmobiliaria no cumple con hacerle entrega del mismo. Ocurre que, la inmobiliaria Las Garzas SA, había contratado, para que le instalen las puertas y ventanas de todo el edificio a la empresa Puertas y Ventanas SA y esta empresa no cum­ ple con el referido contrato. Pedro Quispe interpone una demanda de entrega del bien contrata­ do, más indemnización por daños y perjuicios contra Las Garzas SA. Al contestar la demanda, la inmobiliaria Las Garzas SA solicita la inter­ vención de Puertas y Ventanas SA, a efectos de que el juez se pronun­ cie sobre la indemnización por daños y perjuicios que les ha ocasio­ nado esta última empresa, ante la eventualidad de que el fallo de la demanda interpuesta por Pedro Quispe les sea desfavorable.

¿Qué tipo de intervención de tercero es la que se presenta en el caso? a.

Estamos frente a un típico caso de intervención de terceros deno minado aseguramiento de pretensión futura.

b.

Es un caso típico de denuncia civil.

c.

Es un caso de intervención litisconsorcial.

d.

Es un caso de intervención coadyuvante.

58. Se produce un accidente de tránsito entre dos unidades vehiculares. El primero de propiedad de Juan y el segundo de Mario. El vehículo de Mario en el momento del accidente era conducido por Roberto, quien era su chofer. Al no llegar a acuerdo extrajudicial alguno, y luego de efec­ tuarse la conciliación previa, Juan decide demandar a Mario para que le pague por los daños y perjuicios que le ocasionó a su vehículo. Enterado de la demanda, y consciente de la responsabilidad solidaria derivada del accidente de tránsito, Roberto decide participar en el proceso. Roberto debe intervenir en el proceso en calidad de:

a.

Codeudor solidario demandado.

b.

Tercero coadyuvante.

c.

Litisconsorte necesario.

d.

Intervención litisconsorcial.

59. Diego le debe a Nicolás dos mil soles por la compra de su motocicle­ ta. Un tercero a dicha relación interpone una demanda contra Diego discutiendo la propiedad del único bien inscrito a nombre de Diego. Nicolás quiere intervenir en este último proceso. ¿Qué tipo de intervención debería ser admitida por el juez? a.

Intervención coadyuvante.

b.

Excluyente de propiedad.

c.

Intervención litisconsorcial.

d.

Excluyente principal.

60. Marque la respuesta correcta. Cuando el dictamen emitido por el Mi­ nisterio Público, en caso que el emplazado haya sido declarado rebel­ de, fuera contrario a la pretensión demandada y la sentencia que de­ clara fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio no fuese apelada, procede: a.

Elevar en consulta, a solicitud del demandado, pese haber sido de­ clarado rebelde.

b.

Declarar consentida la sentencia a solicitud de parte, por cuanto esta no fue apelada.

c. d. 61.

Elevar en consulta a la instancia superior. Elevar en consulta a solicitud de cualquiera de las partes.

Con respecto a la intervención del Ministerio Público en el proceso judicial de prescripción adquisitiva, es correcto señalar: a.

Interviene siempre que se trate de predios urbanos.

b.

Interviene siempre que-se trate de terrenos que son de propiedad del Estado.

c.

Interviene cuando el emplazado haya sido declarado en rebeldía.

d.

En ningún caso se requiere la intervención del Ministerio Público.

Derecho a la prueba

62. Según las reglas del artículo 374 del Código Procesal Civil, en la apela­ ción puede ofrecerse medios de prueba siempre que:

a.

Se refieran a hechos relevantes para el interés o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa postulatoria.

b.

Se refieran a hechos relevantes para el interés o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa probatoria.

c.

Se refieran a hechos relevantes para el interés o interés discutido, pero acaecidos después de admitidos los medios de prueba del proceso.

d.

Se trate de documentos solicitados antes de iniciarse el proceso, pero expedidos con posterioridad a dicho inicio.

63. Con relación al derecho a la prueba es válido sostener que:

a.

Es un derecho constitucional contemplado expresamente en la Constitución y, como tal, informa el desarrollo de toda la actividad probatoria del proceso.

b.

El contenido esencial del derecho a la prueba comprende el derecho a ofrecer medios de prueba, el derecho a que se actúen los medios de prueba y el derecho a que se valoren los medios de prueba.

c.

Es un derecho de configuración legal y, como tal, informa el desa­ rrollo de toda la actividad probatoria del proceso.

d.

El contenido esencial del derecho a la prueba comprende el dere­ cho al ofrecimiento de medios de prueba, a su admisión o rechazo motivado, a su actuación, a su valoración y a su conservación vía prueba anticipada.

64. Al presentar su demanda, Rosa manifiesta que en virtud del principia probatorio de comunidad de la prueba ofrece medios probatorios de carácter documental. A su turno, María en su calidad de demandada indica que en virtud del principio probatorio de publicidad ofrece me­ dios probatorios documentales y la declaración de la demandante.

En este caso:

a.

Los principios invocados por Rosa y María son correctos, al corres­ ponder a la etapa postulatoria del proceso.

b.

Los principios invocados por Rosa y María son incorrectos, pues el ofrecimiento de medios de prueba se corresponde con el principio de eventualidad.

c.

Solo el principio invocado por Rosa es correcto.

d.

Solo el principio invocado por María es correcto.

65. En primera instancia se dicta sentencia desfavorable al demandante. Esta parte apela la sentencia y, en base a las reglas del artículo 374 del Código Procesal Civil, ofrece medios probatorios. Dice el apelante que la sentencia yerra al haber aplicado de manera errónea el artículo 1250 del Código Civil para resolver la controversia. Corrido traslado de la apelación, la parte demandada también ofrece medios de prueba de conformidad con las reglas del artículo 374 del Código Procesal Ci­ vil. Los medios de prueba de la apelación y del traslado de la apelación han sido admitidos por la segunda instancia. Luego de la vista de la causa, la segunda instancia revoca la sentencia y declara fundada la demanda, en aplicación del artículo 1318 del Código Civil. En este caso: a.

No es factible ofrecer medios de prueba en segunda instancia, al prohibirlo el Código Procesal Civil.

b.

La segunda instancia debió anular la sentencia apelada al haberse ofrecido y admitido más medios de prueba del apelante y de la parte demandada, a fin de garantizar el doble grado.

c.

Hizo bien la segunda instancia en absolver el grado, porque las par­ tes han cumplido con las reglas que la ley procesal contempla.

d

Hizo mal la segunda instancia al haber aplicado el artículo 1318 del Código Civil cuando el mismo apelante no lo había invocado.

66. Sobre el derecho a la prueba, marque la respuesta correcta: a.

El principio de pertinencia supone que todas las pruebas ofrecidas deben admitirse.

b.

El principio de idoneidad supone que deben admitirse.

c.

El principio de inmediación permite que el mismo juez que actuó las pruebas pueda emitir una sentencia válida.

d.

El principio de licitud supone que todas las pruebas deben ser va­ loradas, independientemente del hecho que se hubieran obtenido ¡legalmente.

67. Se puede interponer tachas en contra de: a.

Declaración de parte.

b.

Testigos.

c.

Inspección Judicial.

d.

Ninguna de las anteriores.

68. Carlos interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero contra Juan, ofreciendo como medio de prueba para demostrar la existencia de su acreencia, el contrato, de mutuo firmado entre am­ bos con fe notarial de entrega de dinero. Por su parte, Juan contestó la demanda manifestando haber cancelado la deuda, pero sin ofrecer medio de prueba alguno. Luego, cuando el juez se disponía a emitir sentencia, Juan recién presenta un recibo simple supuestamente fir­ mado por Carlos, dando por cancelada la deuda en fecha anterior a la interposición de la demanda, señalando que no lo presentó antes por habérsele extraviado. ¿Debe admitir el juez dicho medio de prueba? a.

Sí, pues independientemente de que no se haya ofrecido en su oportunidad, el juez debe privilegiar la necesidad de resolver la causa conforme a la verdad y con justicia, debiendo contar para ello con todos los elementos de prueba que puedan aportar las partes.

b.

No, porque los medios probatorios extemporáneos, solo pueden ofrecerse por las partes y admitise excepcionalmente por el juez, cuando estén referidos a hechos nuevos.

c.

No, porque no se trata de un medio de prueba trascendente para resolver la causa.

d.

Sí, pero no como medio de prueba extemporáneo, sino de oficio, a lo cual estará obligado el juez, pues será determinante para reso ver la causa con acierto.

69. Marque la alternativa correcta. ¿Qué es lo que no se prueba en el pro­ ceso?

a.

Las máximas de la experiencia y las leyes naturales.

b.

La norma jurídica y aquello que es objeto de cosa juzgada.

c.

Lo imposible y lo notorio.

d.

Todas son correctas.

—

La prueba de oficio, la prueba ilícita y las etapas de la actividad probatoria 70.

Según las reglas del Código Procesal Civil, en materia de pruebas de oficio: a.

La segunda instancia no puede ordenar pruebas de oficio. Si la se­ gunda instancia advierte que se requieren pruebas de oficio debe anular la sentencia para que las actúe el juez de primera instancia.

b.

Cuando se ordena pruebas de oficio no debe observarse los princi­ pios de la prueba, pues ellos solo guían la actividad probatoria de las partes.

c.

Las pruebas de oficio solo se ordenan si la fuente de prueba ha sido citada por las partes.

d.

La resolución que ordena pruebas de oficio es inimpugnable, aun cuando con ella se afecte el principio de pertinencia de la prueba.

71. Las partes del proceso ofrecen diversos medios de prueba al momento de demandar y al momento de contestar la demanda. Luego de fijarse los puntos controvertidos, el juez de oficio ordena la actuación de una declaración testimonial y una pericia grafotécnica. En la sentencia se indica que la resolución del conflicto de intereses se ha determinado en base a los medios de prueba aportados por las partes, mas no a los ordenados de oficio, al no referirse a los puntos controvertidos. En este caso: a.

Es correcto que el juez ordene pruebas de oficio aun cuando no se relacionen con los puntos controvertidos, pues lo relevante son sus poderes probatorios.

b.

Las partes pudieron cuestionar u oponerse a los medios de prueba que ordenó de oficio el juez.

c.

Si la pericia y la declaración testimonial no fueron útiles para resol­ ver la controversia, el juez debió excluirlos del proceso mediante una resolución previa y anterior a la sentencia.

d.

Los poderes probatorios del juez no se rigen por los principios del derecho probatorio, sino por los principios relativos a la tutela ju­ risdiccional efectiva.

72. En relación a las pruebas de oficio, es válido sostener: a.

Los principios del derecho probatorio informan a los poderes pro­ batorios del juez y, por tanto, también en uso de estos poderes deben ordenarse medios de prueba pertinentes.

b.

La decisión de ordenar pruebas de oficio es inimpugnable, aun cuando no se haya respetado los principios del derecho probatorio.

c.

Las partes controlan los medios de prueba que ellas ofrecen me­ diante el derecho de contradicción de la prueba, pero este dere­ cho no es aplicable tratándose de pruebas de oficio.

d.

Aun cuando las partes no hayan cumplido con su carga de probar, el juez debe ordenar pruebas de oficio, pues lo relevante es que se llegue a la verdad material.

73. El vehículo de María colisiona con tres vehículos estacionados en la vía pública de propiedad de Jorge, Rosa y Manuel, respectivamente. Los tres afectados se ponen de acuerdo para presentar una sola demanda y exigir que María los indemnice por los daños causados. Admitida la demanda, se notifica a María, quien no contesta, motivo por el cual es declarada rebelde. No obstante, María llega a un acuerdo con Manuel para pagarle los daños y este decide desistirse de su pretensión.

En este caso:

a.

No hay fuente de prueba.

b.

Hay fuente de prueba, la misma que está constituida por los me­ dios de prueba ofrecidos por las partes.

c.

Hay fuente de prueba, la misma que está constituida por las per­ sonas y cosas que han intervenido en la negociación y celebración del contrato, lo que incluye a Marcos y al hijo de María.

d.

Hay fuente de prueba, la misma que está constituida por las per­ sonas y cosas que han intervenido en la celebración del contrato, pero ello no incluye a Marcos y al hijo de María.

74.

75.

Si usted fuera el juez:

a.

Ordenaría de oficio la declaración de Marcos por haber sido el co­ rredor inmobiliario.

b.

Ordenaría de oficio la declaración de Marcos siempre que hubiera sido citado o mencionado por las partes en el proceso.

c.

Ordenaría de oficio la declaración de Marcos porque el juez Pene por mandato legal plenos poderes probatorios.

d.

Ordenaría de oficio la declaración de Marcos solo si es ofrecida por una de las partes en la demanda o en la contestación.

A través del saneamiento probatorio, el juez determina qué medios probatorios ofrecidos por las partes son admitidos o rechazados, pro­ curando que los que se admitan sean conducentes, o sea pertinen­ tes y útiles para resolver el caso planteado. En dicho contexto, el juez también debe resolver tachas y oposiciones formuladas por las partes contra medios probatorios de la parte contraria. Al respecto, señale usted, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del caso particular de tacha de documento? a.

Lo que se pretende con esta cuestión probatoria, es desvirtuar el mérito probatorio del documento tachado.

b.

Una vez formulada la tacha, automáticamente el juez debe extraer el medio probatorio cuestionado del material que le servirá para resolver la causa.

c.

La tacha da lugar a que el juez pueda pronunciarse sobre la inva­ lidez del documento cuestionado y, de ser así, el oferente ya no podrá utilizarlo en ningún Proceso.

d.

En caso de declararse fundada la tacha, se configura la ineficacia del medio probatorio que impide utilizarlo para resolver la causa, lo que solo puede darse por causales de nulidad formal o falsedad de los documentos cuestionados.

I

Medios probatorios típicos, sucedáneos, cuestiones probatorias y prueba anticipada 76. Raúl emite un pagaré a favor del banco XXX. En el título valor inter­ viene como fiadora solidaria Rocío. Sustentándose en ese pagaré, el banco presenta una demanda ejecutiva contra Rocío a fin de que le pague la suma adeudada. Rocío formula contradicción proponiendo la excepción de falta de le­ gitimidad pasiva, pues según ella debe demandarse a Raúl y, si este no paga, entonces recién debe demandarse a ella. De otro lado, sostiene que la obligación es inexigible, porque el pagaré fue emitido en forma incompleta, habiendo el banco completado de manera contraria a los acuerdos adoptados. Por este motivo, ofrece una pericia grafotécnica para demostrar que el pagaré fue emitido incompleto. Absolviendo la contradicción, el banco reconoce que el pagaré fue emitido incomple­ to, pero señala que lo ha completado como se acordó.

En este caso:

214

a.

Rocío ha propuesto el beneficio de excusión y/o de fianza.

b.

Cuando se alega que el título valor ha sido completado contraria­ mente a los acuerdos, la pericia grafotécnica es pertinente y condu­ cente para demostrar que el pagaré ha sido emitido en forma incom­ pleta.

c.

Conforme a la Ley de Títulos Valores, cuando se alega que el títu­ lo valor ha sido completado contrariamente a los acuerdos, debe acompañarse el documento donde consten los acuerdos transgre­ didos por el demandante.

d.

Debe admitirse y actuarse la pericia grafotécnica a pesar del reco­ nocimiento del banco de que el pagaré se emitió incompleto.

LP • PASIÓN POR EL DERECHO

De las alternativas, ¿cuál no es un medio probatorio típico del proceso civil?

a.

La pericia grafotécnica.

b.

La inspección judicial.

c.

Prueba de ADN.

d.

Libros contables.

78. De las siguientes alternativas, ¿cuál guarda relación con las caracterís­ ticas de los medios probatorios?

a.

Los medios probatorios son valorados por el juez de forma su­ cesiva.

b.

En la resolución son expresadas todas las valoraciones a fin de sus­ tentar según todo lo alegado.

c.

El defecto de forma en el ofrecimiento de un medio probatorio lo torna como inválido.

d.

Las pruebas obtenidas en un proceso pueden tener eficacia en otro proceso.

79. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no guarda relación con respecto a la declaración testimonial?

a.

La declaración de los testigos se realiza de forma individual y sepa­ rada.

b.

Los testigos solo pueden ser interrogados únicamente respecto de los hechos controvertidos especificados por el proponente.

c.

Ambas partes pueden proponer un mismo testigo al que se le inte­ rrogará empezando por las preguntas del demandante.

d.

Los gastos que ocasione la comparecencia del testigo forman parte de las costas.

80. De las siguientes alternativas, marque la que guarde relación con los medios de prueba documentales. a.

Un documento elevado a escritura pública no obtiene carácter de documento público.

b.

La copia de un correo electrónico no puede constituir medio docu­ mental.

c.

La legalización de un documento privado no lo convierte en docu­ mental.

d.

No es posible ofrecer como medio probatorio expedientes admi­ nistrativos o judiciales en trámite ni mediante copias certificadas de este.

81. De las siguientes alternativas, ¿cuál guarda relación respecto de la pericia? a.

Los peritos pueden ser presentados tanto por las partes como ser nombrados de oficio por el juez.

b.

En todos los procesos es necesaria la participación de un perito.

c.

Cuando la pericia es de oficio los gastos de los honorarios son asu­ midos por la administración de justicia.

d.

Los peritos siempre deberán emitir un solo dictamen y excepcio­ nalmente pueden ser fundamentados en audiencia especial.

82. De las siguientes alternativas, ¿cuál no guarda relación con la inspec­ ción judicial? a.

Este medio probatorio puede actuarse conjuntamente con los pe­ ritos y testigos.

b.

Los indicios no pueden conducir al juez a la certeza bajo ninguna circunstancia al no constituir tales medios de prueba en sí mismos.

c.

La conclusión que la ley da por cierta y que es opuesta a la natura­ leza o realidad de los hechos, no permite prueba en contrario.

d.

El razonamiento lógico-crítico que lleva al juez a la certeza del he­ cho investigado o presunción puede ser legal o judicial.

83. De las alternativas, ¿cuál no guarda relación con los medios probatorios? a.

Producen certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos.

b.

Es un derecho subjetivo de las partes para demostrar la razón de sus alegatos.

c.

Los jueces están facultados para declarar la improcedencia de una prueba a su criterio.

d.

Si se presenta como medio de prueba a un hecho afirmado por una de las partes y admitido por la otra parte deberá ser declarada improcedente por el juez.

84. De las siguientes alternativas, marque la que guarde relación con la prueba anticipada.

a.

Es un proceso contencioso.

b.

Consiste en la solicitud de actuación de medio de prueba antes o durante el inicio del proceso.

c.

Para su actuación solo se debe expresar la razón que justifica su actuación anticipada y expresar la pretensión genérica que va a reclamarse.

d.

Normalmente no se le cursa notificación al futuro demandado.

Formas especiales de conclusión del proceso

85.

86.

Las formas especiales de conclusión de un proceso según el Código Procesal Civil son:

a.

Conciliación, arbitraje y transacción, desistimiento, allanamiento.

b.

Transacción, conciliación, allanamiento y reconocimiento.

c.

Conciliación, allanamiento y reconocimiento y abandono.

d.

Conciliación, allanamiento y reconocimiento, abandono, transac­ ción y desistimiento.

¿Cuál es la institución jurídica conocida por la intervención de un ter­ cero entre ios portadores de dos intereses en conflicto, para pretender resolver sus diferencias antes de llegar al litigio? a.

87.

Allanamiento.

b.

Reconocimiento.

c.

Conciliación.

d.

Abandono.

Grecia realiza una demanda de alimentos contra Pipa. El proceso de alimentos se mantiene en primera instancia; sin embargo, Grecia, por asuntos laborales, descuida el proceso por cuatro meses sin realizar acto que lo impulse.

En este caso nos encontramos ante la figura de: a.

Abandono.

b.

Conciliación.

c.

En alimentos no hay abandono.

d.

Desistimiento.

88.

¿Cuál es la institución jurídica en la que el demandado acepta las pre­ tensiones señalando su conformidad respecto de los hechos expues­ tos por el demandante? a.

89.

b.

Abandono.

c.

Allanamiento y reconocimiento.

d.

Transacción judicial.

¿En qué momento se puede presentar la transacción judicial? a.

90.

Conciliación.

Al inicio del proceso.

b.

Al finalizar el proceso.

c.

En cualquier etapa del proceso.

d.

Solo a y b.

En 1999, Luis falleció producto de un incendio en un reconocido centro comercial. Los padres de Luis inician una demanda por indemnización de daños y perjuicios contra los gerentes generales del Centro Comer­ cial, la Municipalidad del distrito y la compañía de seguros. En 2004, se celebra una transacción extrajudicial entre los demandantes y uno de los gerentes del centro comercial, la misma que es homologada por el juez de primera instancia. En esta actuación, se dispone declarar concluido el proceso respecto de todos los codemandados, procedién­ dose al archivo definitivo. Respecto de la transacción de las obligaciones solidarias, marque la respuesta correcta: a.

Cuando existen varios deudores solidariamente responsables, la transacción que se celebra con uno de los deudores solidarios, res­ pecto de su parte proporcional que le correspondería, genera la ex­ tinción de la totalidad de la acción y libera a los demás coautores.

b.

La transacción de las obligaciones solidarias por uno de los coa­ creedores solidarios sobre su parte que le corresponde en la obli­ gación original extingue la deuda frente a los demás coacreedores solidarios.

c.

La transacción en obligaciones solidarias solo está autorizada so­ bre el total de la obligación y no se admite de manera proporcional para cada deudor o acreedor solidario.

d.

La transacción en las obligaciones solidarias cuando se hubiera li­ mitado a una parte de la obligación y realizado con uno solo de

los deudores, no libera a los demás codeudores de su obligación respecto de la parte no transigida.

91. En relación al caso en particular, marque la respuesta correcta:

92.

a.

No resulta válida la transacción efectuada por los acreedores res­ pecto de un monto parcial de la obligación demandada y con algu­ nos de los deudores solidarios.

b.

En el presente caso, la validez de la transacción parcial en el monto de la obligación demandada, necesariamente exige la participa­ ción de todos los demandados.

c.

Es válida la transacción parcial en cuanto al monto y llevada a cabo con solo alguno de los demandados. Por tanto, ello importa una renuncia total a la obligación liberando a los demás deudores soli­ darios.

d.

La transacción parcial respecto al monto realizado con alguno de los deudores solidarios solo extingue la responsabilidad de estos, mas no la de los demás deudores solidarios respecto de los cuales queda vigente la demanda por la diferencia de la pretensión que re­ sulta del total del monto demandado menos el monto transigido.

Ismael inicia proceso de interdicción civil a favor de su hermano Paulo y la dirige en contra de sus hermanos Adriano y Juana. Luego de notifi­ cada la contestación de la demanda al demandante, el proceso queda paralizado por cinco meses, dentro de los cuales está la huelga del per­ sonal del Poder Judicial por un lapso de treinta días. Posteriormente, Adriano solicita la declaración de abandono de proceso. Usted como juez declara: a.

Improcedente el abandono por ser un proceso no contencioso.

b.

Fundado el abandono por haber transcurrido el plazo de cuatro meses sin impulso de parte del demandante.

c.

Improcedente el abandono por que la huelga del personal del Po­ der Judicial no se cuenta en el cómputo del plazo para que opere el abandono.

d.

Improcedente el abandono por tratarse de una pretensión impres­ criptible.

Teoría de la impugnación

93. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no guarda relación con la apelación? a.

Se presenta ante el mismo órgano jurisdiccional que expidió sen­ tencia de primera instancia.

b.

El órgano superior jerárquico al que expidió sentencia es aquel que resuelve la apelación, por ello se le conoce como recurso de alza­ da.

c.

No existe relación entre la apelación y la institución de la nulidad.

d.

a y c son correctas.

94. De las siguientes alternativas, marque la que guarde relación con la reposición. . a.

Es aquel medio impugnatorio que procede contra los decretos a fin de que los revoque.

b.

Como en todo medio impugnatorio, el juez no puede prescindir de realizar el trámite de inadmisibilidad o improcedencia.

c.

Es posible impugnar el auto que resuelve el recurso de reposición.

d.

a y b son correctas.

95. Marque verdadero o falso respecto a los medios impugnatorios. Su finalidad es cuestionar la validez de un acto procesal presunta­ mente afectado por vicio o error.

Los dos recursos previstos en nuestro sistema son la reposición y apelación.

Eventualmente una parte puede interponer dos recursos contra una misma resolución.

Durante el transcurso del proceso, el derecho de Interponer recurso contra las resoluciones que le pongan fin a fondo es irrenunciable.

a.

VVFV

b.

VFFV

c.

VFVF

d.

VFFV

96. Tratándose del recurso de apelación, es válido sostener:

a.

La segunda instancia aplica el iura novit curia restringido.

b.

La apelación es un nuevo juicio cuando se ofrecen medios de prue­ ba en la apelación.

c.

La apelación es solo revisión de lo actuado en primera instancia.

d.

La congruencia de la primera instancia no se extiende a la segunda instancia.

97. Tratándose del recurso de casación, es válido sostener:

a.

Corresponde a la sala superior calificar el cumplimiento de los re­ quisitos de admisibilidad.

b.

La casación discrecional procede cuando no se cumple con algún requisito de procedencia, siempre que con ello se pueda cumplir con alguna de las finalidades de la casación.

c.

Las partes pueden ofrecer medios de prueba sobre hechos nuevos y relevantes para resolver la controversia.

d.

El recurrente puede cuestionar el juicio de hecho y de derecho de la resolución impugnada.

98. La nulidad procesal es un medio impugnatorio muy particular, en algu­ nos casos será un remedio y en otros un recurso. ¿En qué circunstan­ cias la nulidad asume el papel de un recurso?

a.

Cuando se postula solicitando se anule una notificación.

b.

Cuando se postula solicitando se anule una sentencia.

c.

Cuando se tacha de un documento por falsedad.

d.

Cuando se postula solicitando se anule una audiencia de pruebas.

99. Sobre los medios impugnatorios en el proceso civil es correcto indicar: a.

Los recursos se interponen ante la instancia superior a la que expi­ dió el acto procesal y los remedios ante la misma instancia que los emitió.

b.

Cualquier persona está facultada a interponer recursos aunque no sea parte o tercero legitimado en el proceso.

c.

Los remedios se interponen contra actos no contenidos en resolu­ ciones, en tanto que los recursos se emiten contra actos procesa­ les contenidos en resoluciones.

d.

Una misma resolución puede ser objeto de interposición de un re­ medio y/o un recurso en forma simultánea.

Recurso de apelación y recurso de casación

100. Se presenta una demanda en la vía civil ofreciéndose medios proba­ torios de carácter documental, el demandado contesta la demanda y también ofrece medios probatorios documentales. Continuando con el trámite del proceso, el juez dicta sentencia declarando fundada la demanda. El demandado formula apelación de la sentencia y ofrece medios de prueba, ante lo cual el demandante formuló oposición a su admisión por considerar que no se encuentra en ninguno de los su­ puestos del artículo 374 del Código Procesal Civil que permite ofrecer medios de prueba en la apelación. La sala superior declara fundada la oposición del demandante, pero ordena que dichos medios de prueba se incorporen de oficio.

Según las reglas del artículo 374 del Código Procesal Civil, en la apela­ ción puede ofrecerse medios de prueba siempre que:

a.

Se refieran a hechos relevantes para el interés o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa postulatoria.

b.

Se refieran a hechos relevantes para el interés o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa probatoria.

c.

Se refieran a hechos relevantes para el interés o interés discutido, pero acaecidos después de admitidos los medios de prueba del proceso.

d.

Se trate de documentos solicitados antes de iniciarse el proceso, pero expedidos con posterioridad a dicho inicio.

101. El principio tantum devolutum quantum appellatum significa: a.

El tribunal de apelaciones puede pronunciarse sobre hechos no alegados por las partes.

b.

El tribunal de mérito puede fundamentar su fallo en temas que no han sido materia de contradictorio.

c.

El tribunal de apelación puede pronunciarse sobre hechos que no hayan sido alegados por las partes, cuando estos se hayan presen­ tado de manera extemporánea.

d.

Los agravios expresados en los recursos impugnatorios van a defi­ nir y limitar el pronunciamiento del tribunal revisor, siempre que hayan sido planteados de manera oportuna.

102. En un proceso, la parte demandada propone la excepción de cosa juz­ gada, la misma que es declarada fundada. Esta decisión ha sido confir­ mada en segunda instancia, motivando que el demandante presente recurso de casación por infracción normativa de una norma procesal, solicitando que se revoque la resolución impugnada. En este caso:

a.

El demandante debió haber invocado la infracción de una norma de derecho material, pues al declararse fundada la excepción de cosa juzgada el proceso ha concluido.

b.

El demandante debió presentar su recurso de casación para que se anule la resolución impugnada.

c.

Ha hecho bien el demandante en presentar su recurso con una finalidad revocatoria.

d.

El demandante debió pedir como pretensión impugnatoria princi­ pal la anulación de la resolución, y como pretensión alternativa la revocatoria.

El recurso de reposición, recurso de queja' sucedáneos y nulidades procesales

103. Verónica alega que no fue notificada con el auto de saneamiento pro­ cesal en un proceso de obligación de dar suma de dinero que promo­ vió por la suma de S/ 30 900. Dicho proceso correspondía a los montos adeudados por su inquilino en razón al arrendamiento de un inmueble de su propiedad. Verónica pretende que se declare la nulidad de todo lo actuado y se retrotraiga hasta el estado en que se produce el vicio. Señale qué afirmación es correcta sobre la nulidad de actos procesales:

a.

La declaración de nulidad de un acto procesal requiere de la pre­ sencia de cualquier vicio formal o sustancial en el proceso.

b.

Para la nulidad de un acto procesal se requerirá la presencia de un vicio que no necesariamente incide en la regularidad del proceso.

c.

La declaratoria de nulidad de un acto procesal viciado únicamente procederá como ultima ratio.

d.

Aun cuando el acto viciado haya desplegado los efectos para el cual fue emitido, podrá declararse la nulidad del mismo.

104. Si ei pedido de nulidad es declarado infundado, ¿cuál de los siguientes fundamentos sería válido? a.

Es ¡rrelevante si la omisión en la notificación de la resolución de saneamiento procesal que la recurrente alude haya generado para ella una situación de indefensión.

b.

La petición de la recurrente se formuló en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo.

c.

No se ha advertido ninguna deficiencia o defecto en la relación jurídica procesal.

d.

En autos no se encuentra probada la violación del derecho de de­ fensa.

105- De las siguientes alternativas marque la que guarde relación con la nulidad de los actos procesales. a.

Se da cuando carece alguno de los elementos constitutivos para la finalidad del acto procesal.

b.

La nulidad procesal no se puede convalidar si se trata de vicios en la notificación.

c.

La utilización de este remedio no debe ser restrictivo sino inmedia­ to y principal.

d.

El juez puede integrar una resolución solo hasta antes de su notifi­ cación.

106. La demanda contiene dos pretensiones principales y una accesoria. A su tumo, la reconvención contiene una sola pretensión principal. El juez dicta sentencia pronunciándose en la parte decisoria sobre las pretensiones de la demanda mas no sobre la pretensión de la recon­ vención. No obstante, en la parte considerativa aparece el análisis y la evaluación de hecho y de derecho sobre la pretensión de la reconven­ ción. La sentencia ha sido apelada por la parte reconviniente, quien pide la nulidad de la misma por la omisión antes señalada. La omisión aludida genera:

a.

La nulidad de la sentencia por no haber pronunciamiento en la parte decisoria sobre la pretensión de la reconvención.

b.

La conservación de la sentencia en base al principio de subsanación de la nulidad procesal que debe hacer la segunda instancia.

c.

La conservación de la sentencia en base al principio de integración que debe hacer la segunda instancia.

d.

La nulidad de la sentencia por haberse afectado el principio de congruencia y el debido proceso legal.

107. El recurso de reposición, en nuestra legislación: a.

Es un recurso propio ordinario.

b.

Es un recurso impropio ordinario.

c.

Es un recurso propio extraordinario.

d.

Es un recurso impropio extraordinario.

Cosa juzgada y revisión civil

108. María y Carmen sostienen un litigio que demora alrededor de dos años y finalmente se determina una obligación económica de la primera a favor de la segunda por el valor de S/10 000. Carmen ejecuta la sentencia y el proceso se archiva. Tiempo después, María se entera, por medio de su abogado, que un precedente vinculante constitucional especifi­ ca una delimitación que el juez de la causa no ha tenido en cuenta al momento de resolver y, por tanto, se ha inaplicado ese precedente.

En ese sentido, María pide la reapertura del caso y corrido traslado de este pedido a Carmen, la defensa de esta alega que, por el principio de cosa juzgada, la decisión adoptada por la justicia ordinaria en este caso es inamovible.

En relación a la seguridad jurídica que la defensa de Carmen invoca: a.

Es un argumento válido pues el proceso ya concluyó y se ejecutó en sus propios términos. Bajo esta pauta, existe seguridad jurídica, así como cosa juzgada formal y material.

b.

La reapertura de un caso está sujeta a restricciones clausus, como el caso del recurso de revisión en materia penal, supuesto que no se configura en este caso. Al respecto, la inamovilidad de la cosa juzgada material es concluyente.

c.

Debe estimarse el argumento de la defensa de Carmen, pues el juez de la causa no ha tenido en cuenta la aplicación necesaria de un precedente vinculante y, por tanto, en el proceso entre María y Carmen no hay cosa juzgada constitucional.

d.

Por seguridad jurídica, debe desestimarse el pedido, pues existe la vía indemnizatoria para que Carmen ejerza su derecho de acción contra María.

109 Bruno y María demandan a la inmobiliaria Sarita SA por nulidad de acto jurídico y cancelación de asiento registra! sobre la base de que la compra­ venta por la cual la inmobiliaria adquiere un bien inmueble es nula ("pri­ mer proceso"). Asimismo, tiempo después, Bruno y María interpusieron demanda de desalojo contra la inmobiliaria a fin de obtener la pose­ sión del bien ("segundo proceso"), aduciendo que el título por el cual ios demandados están poseyendo es nulo y que, por tanto, el derecho de propiedad de los demandantes mantiene plena vigencia.

Mientras que se tramitan ambos procesos, el primero culmina con la resolución de la Corte Suprema que declara improcedente el recurso de casación que formuló Bruno y María contra la sentencia de vista que declaró infundada la demanda (al declarar que no es nulo el dere­ cho de propiedad de la inmobiliaria). De otro lado, en el segundo pro­ ceso, acaba de emitirse la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda. La inmobiliaria decide ofrecer en su escrito de apelación, como medio probatorio, la sentencia de segunda instancia que declara infundada la demanda del primer proceso.

De las siguientes alternativas, marque la respuesta correcta: a.

La prueba ofrecida por la inmobiliaria no debe ser incorporada, pues no ha sido producida en el ínterin del proceso de desalojo.

b.

La sentencia de segunda instancia tiene calidad de medio proba­ torio, pues al haber adquirido la calidad de cosa juzgada contiene hechos que vinculan al juez del segundo proceso (al declarar que no es nulo el derecho de propiedad de la inmobiliaria), debido a que se abordan hechos materia del segundo proceso y, por tanto, la inmobiliaria sí cuenta con título para poseer el bien.

c.

No se debe incluir como medio probatorio, pues vulnera el prin­ cipio de independencia del juez del segundo proceso, de rango constitucional.

d.

La sentencia de segunda instancia que adquirió la calidad de cosa juzgada tiene calidad de medio probatorio referencial, pues debe­ rá ser valorada conjuntamente con los demás medios probatorios aportados en el segundo proceso.

110. De las siguientes alternativas, marque la respuesta correcta respecto a los efectos de la cosa juzgada:

a.

La eficacia negativa de la cosa juzgada consiste en que, entre el pri­ mer y el segundo proceso, existen elementos comunes que al ser resueltos por el primero con la calidad de cosa juzgada, vinculan al órgano jurisdiccional del segundo proceso.

b.

La eficacia positiva de la cosa juzgada, o conocida también como la garantía ne bis in ídem, es de usual aplicación en los procesos penales.

c.

Para la configuración de la eficacia positiva de la cosa juzgada se exige la existencia de identidad de procesos, requisitos que no se presentan entre el primer y segundo proceso.

d.

La eficacia positiva de la cosa juzgada consiste en que, entre el pri­ mer y el segundo proceso, existen elementos comunes que al ser resueltos por el primero con la calidad de cosa juzgada, vinculan a la sala en el segundo proceso; por tanto, en el segundo proceso no podría resolverse en contra de lo que se resolvió en el primer proceso, siempre y cuando conste en el expediente la sentencia de vista que declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico.

111. El proceso de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva tiene por objeto exclusivo la revisión de la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite. Es competente:

a.

El juez especializado en lo civil.

b.

El juez especializado en lo contencioso administrativo.

c.

Las salas de la corte superior.

d.

Las salas de la corte suprema.

La tutela cautelar

112. En el marco de un proceso contencioso administrativo, Juan Castillo solicitó una medida cautelar con el objeto de suspender una sanción administrativa. Ante ello, el juez la declaró Improcedente por no ha­ ber acreditado la verosimilitud del derecho y el peligro en la demo­ ra. Producto del recurso de apelación presentado por Juan Castillo, la sala se pronuncia confirmando la improcedencia. Posteriormente, las circunstancias varían brindándole a Juan la posibilidad de presentar nuevos elementos de juicio para acreditar el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho. Al respecto, marque la alternativa correcta: a.

La nueva solicitud presentada por Juan sería declarada improce­ dente, puesto que ya hubo un pronunciamiento jurisdiccional en primera y última instancia, lo que impide que se reabran debates judiciales con resoluciones firmes, de acuerdo al principio de cosa juzgada.

b.

De acuerdo al CPC los nuevos elementos de juicio incorporados en el marco de un procedimiento cautelar solo permitirían variar la medida cautelar, esto es, ampliándola o reduciéndola o dejarla sin efecto, razón por la cual la nueva solicitud cautelar sería declarada improcedente.

c.

La alteración o variación en las circunstancias que llevaron a que se declare improcedente la solicitud cautelar, comportan la aplica­ ción de la cláusula rebus sicstantibus, que presupone la imposibili­ dad de que las resoluciones emitidas en el procedimiento cautelar puedan tener la calidad de cosa juzgada, razón por la cual la nueva solicitud de Juan podrá ser evaluada.

d.

La nueva solicitud cautelar de Juan puede ser evaluada por el juez, ya que el juez, por ser el director del proceso, puede incorporar y actuar pruebas de oficio no ofrecidas por las partes, con la finali­ dad de alcanzar la verdad material y así garantizar la eficacia de la sentencia.

113. ¿En qué momento se puede interponer la medida cautelar? a.

Antes de iniciar el proceso.

b.

Antes de concluir el proceso.

c.

Antes del proceso y luego de iniciado este.

d.

a y c son falsas.

114. Juan y María contraen matrimonio civil y, por incompatibilidad de ca­ racteres, deciden poner fin al vínculo matrimonial después de transcu­ rrido un año de celebrado. Al no ponerse de acuerdo en la propuesta de convenio, María decide interponer la demanda de separación de cuerpos por causal.

Sobre la separación de cuerpos por causal: a.

Su trámite corresponde a la vía procedimental del proceso conten­ cioso.

b.

Procede la acumulación objetiva de pretensiones, tenencia, régi­ men de visitas, alimentos, liquidación de sociedad de gananciales, por tratarse de pretensiones que se tramitan en la misma vía pro­ cedimental.

c.

El trámite solo procede por impulso del proceso de oficio.

d.

Su trámite corresponde a la vía procedimental del proceso de co­ nocimiento.

115. Al momento de dictar una medida cautelar, el juez debe apreciar: a.

La verosimilitud del derecho invocado, la razonabilidad de la medi­ da y la necesidad de la emisión de una decisión preventiva.

b.

La verosimilitud del derecho invocado y la irrazonabilidad de la medida.

c.

La razonabilidad de la medida y la necesidad de la emisión de una decisión preventiva.

d.

La verosimilitud del derecho invocado y la necesidad de la emisión de una decisión preventiva.

Medidas cautelares para futura ejecución forzada 116. Juanita sufre un accidente de tránsito cuando manejaba con su bicicle­ ta por una céntrica calle del distrito de Miraflores, siendo atropellada por el vehículo conducido por Pepito. Producto de este accidente, Juanita sufre la amputación de los dos brazos, por lo cual demandó a Pepi­ to por indemnización por daños y perjuicios, acumulando las siguientes pretensiones: i) pago de lucro cesante en la suma de S/100 000; ii) daño emergente en la suma de S/ 200 000; ¡ii) daño moral por la suma de S/ 1 000 000; iv) se le proporcione prótesis para ambos brazos y un tratamiento de terapia hasta que se adapte bien a las prótesis. Si el demandante en este proceso solicita que, en tanto se discute el pro­ ceso principal y no haya sentencia firme, el demandado cumpla con pro­ porcionarle bajo su costo las prótesis para sus brazos y el tratamiento de terapias, ¿a qué tipo de pedido podrá acceder el demandante?

a.

Se trata de un pedido de medida cautelar, ya que asegura el cum­ plimiento de la decisión final.

b.

Se trata de una medida cautelar de innovar, para cambiar el statu quo que se presenta.

c.

Se trata de una medida anticipada, porque va a concederse antici­ padamente lo que se decidirá en la sentencia futura.

d.

Es un supuesto de ejecución provisional.

117. En cambio, si el demandante pretende afectar un bien inmueble de propiedad de Pepito cuando en el proceso judicial ya tiene sentencia firme y se le concedió a su favor determinadas sumas de dinero, en­ tonces, nos encontramos frente a una: a.

Medida cautelar.

b.

Medida de ejecución.

c.

Medida anticipada.

d.

Medida provisional.

118. Carlos Gómez, socio del Club Social y Deportivo Majestic, es suspendido en sus derechos, justo cuando se disponía a postular a un cargo directivo en las elecciones, convocadas por el citado club. Ante esta situación, consulta con su abogado y acude ante el juez civil solicitando una medida cautelar a través de la cual se disponga la restitución de sus derechos de socio y, así, poder postular en el proceso eleccionario, en tanto se discuta la validez de la sanción en el proceso de nulidad de acuerdos que ha entablado.

¿Qué tipo de medida cautelar aceptaría usted como juez?

a.

Accedería a tal petición por considerarla una medida cautelar de no innovar.

b.

Accedería a tal petición por considerarla una medida cautelar in­ novad va.

c.

Rechazaría la petición por considerar que no existe conexión entre la pretensión procesal y el derecho material señalado como pre­ tensión genérica a demandar.

d.

Rechazaría la petición por considerar que no existe peligro en la demora.

119. Sobre las medidas cautelares de innovar y no innovar. a.

Estas medidas cautelares, por lo drásticas que son, no requieren que exista verosimilitud del derecho invocado.

b.

La medida cautelar de innovar implica una medida que deja las cosas en el statu quo que se encuentran.

c.

La medida cautelar de no innovar implica que la medida cambia la situación de hecho que se viene produciendo.

d.

Ambas medidas requieren que se cumpla con los requisitos de ve­ rosimilitud del derecho invocado y del peligro en la demora.

120. De las siguientes alternativas, ¿cuál no guarda relación con el proceso cautelar?

a.

El juez competente para dictar las medidas cautelares debe ser el mismo que conoce la demanda.

b.

Las medidas cautelares fenecen si el proceso principal es desesti­ mado.

c.

Todas las medidas cautelares fuera del proceso que aseguran una misma pretensión deben solicitarse ante el mismo juez.

d.

La caución juratoria es aquella contracautela solicitada por la parte demandada.

121. José Miguel entregó una suma de dinero a María y José, quienes no cumplieron con devolver la suma de 5/ 5000 llegando la fecha pac­ tada. Por ello, luego de agotar el proceso conciliatorio, decide iniciar demanda. Los citados deudores son propietarios de un terreno agrí­ cola en Barranca, pero se encuentra inscrito a nombre de Nicanor Sulca, respecto al cual se le solicita se dicte medida de embargo de bien inmueble adjuntando copia de la escritura pública de compra venta extendida a favor de los demandados. Usted debe decidir: a.

Declarar improcedente la medida cautelar.

b.

Declarar procedente la medida anticipada.

c.

Declarar procedente la medida cautelar.

d.

Declarar improcedente la medida anticipada.

122. Los bienes que se encuentran en el domicilio de Pedro van a ser mate­ ria de una medida cautelar en forma de secuestro y hasta por la suma de 3000 dólares americanos, como consecuencia de la ejecución de una pretensión dinerada por parte de Alejandro. Pedro considera que tal medida no es justa porque él ha cumplido con pagar el íntegro de la deuda que se reclama; sin embargo, en este momento no tiene me­ dios para demostrar el pago. Como Pedro no quiere que se proceda al secuestro de sus bienes, decide en el momento de la ejecución entre­ gar en efectivo los 3000 dólares, suma que es depositada en el Banco de la Nación por el secretario del juzgado. Ante el caso propuesto, señale qué característica de la medida caute­ lar ha operado.

a.

E\ fumas boni uiris.

b.

La fianza o contracautela.

c.

El periculum in mora.

d.

N. A.

Otras medidas cautelares típicas

123.

124.

La medida cautelar puede recaer en bien de terceros:

a.

Cuando esta solo acredite su relación principal.

b.

Cuando esta acredite su relación o interés con la pretensión principal.

c.

Cuando esta no acredite la pretensión principal.

d.

a y b son falsas.

¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a las medidas cau­ telares típicas? a.

Embargo.

b.

Asignación anticipada de alimentos.

c.

Innovativas y de no innovar.

d.

Asunto de familia y menores.

Teoría de la ejecución

125. De las alternativas, marque la que no guarda relación con los tipos de resolución. a.

Directiva.

b.

Decreto.

c.

Auto.

d.

Sentencia.

126. De las siguientes alternativas, ¿cuál guarda relación con las notificacio­ nes? a.

La notificación por cédula se puede realizar en las resoluciones ju­ diciales de la Corte Suprema.

b.

La notificación por edictos es aquella que se realiza a quien domi­ cilia fuera de la competencia territorial del exhorto.

c.

La notificación por comisión es aquella que procede cuando se tra­ te de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore.

d.

La notificación del traslado de la demanda puede ser realizada me­ diante correo electrónico.

127. El Sr. Soto interpuso demanda de desalojo por ocupante precario a la Sra. Montoya, a fin de que le restituya la posesión que tiene sobre el inmueble de su propiedad ubicado en la calle Los Manzanos 889, Sur­ co, por haberse producido la resolución del contrato de compraventa que habían celebrado las partes y que se resolvió debido al incumpli­ miento en las cuotas asumidas por el comprador. Respecto del caso, indique la respuesta correcta:

a.

El demandado puede exigir dentro del proceso que el actor le pa­ gue las construcciones que se hubieran realizado en el inmueble sub litis.

b.

El demandado puede postular reconvención pidiendo que se revi­ se que la resolución extrajudicial no se hizo con las formalidades exigidas por el Código Civil.

c.

El demandado no puede postular ninguna de las excepciones pro­ cesales, previstas en el articulo 446 del Código Procesal Civil.

d.

La resolución extrajudicial del contrato de compraventa celebrado entre las partes convierte en precario al demandado, por el feneci­ miento del título con el que justificaba su posesión.

.2

El proceso de ejecución en el Código Procesal Civil

128. De las siguientes alternativas, ¿cuál guarda relación con el remate judicial? a.

Los gravámenes y cargas de los bienes inmuebles rematados se dejan sin efecto al transferirse la propiedad.

b.

La tasación judicial siempre es necesaria y anterior a la ejecución del remate.

c.

Para ser postor previamente se requiere un depósito de no menos del 10% del valor de tasación del bien o bienes a rematar. Existen personas exceptuadas a esta obligación.

d.

Antes de cerrar el acta en remate de bien mueble el juez ordenará que el adjudicatario deposite el saldo del precio dentro del tercer día.

129. Marque la respuesta correcta: a.

El juzgado competente ante el que se debe tramitar el proceso de ejecución que se ha iniciado es un Juzgado Especializado en lo Civil o Mixto.

b.

El juzgado competente ante el que se debe tramitar el proceso de ejecución que se ha iniciado es un Juzgado de Paz Letrado.

c.

Una vez admitida la demanda por el Juzgado competente, el de­ mandado puede contestar la demanda sustentando su defensa con cualquier argumento y cualquier medio probatorio que consi­ dere relevante a efectos de garantizar su derecho a la defensa de forma ilimitada.

d.

Si el demandado/ejecutado no formula ninguna defensa, el juzga­ do competente debe sanear el proceso, fijar puntos controverti­ dos y proceder a emitir sentencia.

130. En un proceso de obligación de dar suma de dinero, en ejecución de sentencia, el juez aprueba en parte la liquidación y fija los costos del proceso que son los honorarios del abogado de la parte vencedora.

Sobre la fijación de los costos del proceso, marque la opción correcta: a.

Debe el juzgador aprobarlo en forma irrestricta, estando a la acre­ ditación de su pago.

b.

Deben ser determinados de acuerdo al documento indubitable de fecha cierta y pago de tributos.

c.

Si bien la ley procesal exige documento indubitable de fecha cierta y el pago de tributos, los costos se fijan atendiendo a las inciden­ cias del proceso.

d.

El legislador ha adoptado la teoría objetiva, atendiendo a los docu­ mentos presentados, el juez aprobará el monto automáticamente.

131. De acuerdo con la interpretación sistemática de las normas procesales previstas en el Código Procesal Civil, en materia de costos del proceso, marque la opción correcta:

a.

La regulación de costos del proceso requiere de una interpretación/aplicación, donde opera la medición entre el carácter general del texto normativo y su aplicación particular.

b.

El juez debe regular los alcances de la condena en costos, indepen­ dientemente de la duración del proceso.

c.

El juez debe regular los alcances de la condena en costos, indepen­ dientemente de la complejidad del proceso.

d.

El juez debe regular los alcances de la condena en costos, indepen­ dientemente de la complejidad del proceso y el monto del petitorio.

132. María ha suscrito un acta de conciliación extrajudicial con la empresa Camiones SAC, en la que se obliga a pagar a esta última una suma de S/ 10 000 en diez cuotas de S/ 1000 mensuales todos los días 1 de cada mes. Se ha estipulado en el acta de conciliación extrajudicial que el incumplimiento en el pago de una cuota da derecho a la empresa Camiones SAC a dar por vencidas todas las demás cuotas y solicitar el pago del íntegro del remanente. María cumplió con el pago de cinco cuotas, sin embargo, no cumplió con el pago de la sexta cuota. Ante ello, la empresa Camiones SAC ha interpuesto una demanda de ejecución solicitando el pago de S/ 5000.

Sobre la base del caso, marque la respuesta correcta: a.

La demanda es improcedente porque debió iniciarse en la vía del proceso de conocimiento.

b.

A pesar de que el acta de conciliación extrajudicial es un título eje­ cutivo de acuerdo a ley, el proceso de ejecución que se ha iniciado deberá necesariamente tener una estación probatoria para garan­ tizar el derecho de María.

c.

El juzgado debe emitir un mandato ejecutivo exigiendo el pago y bajo apercibimiento de iniciar ejecución forzada en contra de María.

d.

Al intentar la obtención de un mandato ejecutivo, la empresa Ca­ miones SAC necesariamente debe actuar por medio de su gerente general; en los demás casos, bastaría un representante con facul­ tades generales.

133. En un proceso de desalojo, la orden judicial de lanzamiento contra quien (es) se ejecuta? a.

Contra el demandado.

b.

Contra todos los que ocupen el predio siempre que hayan partici­ pado en el proceso.

c.

Contra todos los que ocupen el predio aunque no hayan participa­ do en el proceso.

d.

Contra el demandado y los familiares de éste.

134. Demandada la nulidad de cosa juzgada fraudulenta respecto de una sentencia que quedó ejecutoriada en anterior proceso con resultado desfavorable al hoy accionante, tercero ajeno al proceso que se consi­ dera directamente agraviado, el nuevo proceso civil se seguirá válida­ mente: a.

Con el vencedor del anterior proceso civil.

b.

Con el vencido en el anterior proceso civil.

c.

Con ninguna de las partes procesales del anterior proceso por constituir el nuevo proceso uno de puro derecho.

d.

Con el vencedor y el vencido del anterior proceso civil.

Familia y derecho de familia

1.

Sobre el derecho de familia, es incorrecto afirmar que:

a.

Es aquella rama del derecho que se encarga de normar las relacio­ nes existentes entre padres e hijos.

b.

En cualquier caso, tiene preferencia sobre la madre que el padre.

c.

Atiende principalmente a las relaciones patrimoniales y extrapatri­ moniales.

d.

Todas son correctas.

La protección a la familia y la promoción del matrimonio nacieron en la Constitución de:

3.

a.

1979.

b.

1977.

c.

1989.

d.

1993.

Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres, los padres tienen el deber y el derecho a:

a.

Solo alimentar a los hijos.

b.

Alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos.

c.

Alimentar y dar seguridad, porque la educación la da el Estado.

d.

Seguridad económicamente a sus hijos.

4.

5.

Del Código del Niño y del Adolescente se desprende que:

a.

Se considerará el principio de la posición más privilegiada del niño y del adolescente.

b.

Se considerará el principio de patria potestad en favor del niño y del adolescente.

c.

Se considerará el principio de interés superior del niño y del ado­ lescente.

d.

Se considerará el principio interpretativo en favor del niño y del adolescente.

Sobre los hijos extramatrimoniales, es cierto que: a.

6.

Todos los hijos tienen los mismos derechos.

b.

Tienen menos derechos que los matrimoniales.

c.

No figuran en la ley.

d.

Deben ser repudiados.

En la sentencia recaída en el Expediente 6572-2006-PA/TC-Piura (Janet Rosas Domínguez), el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre una demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Provisional, demanda en la que solicitó el otorgamiento de una pensión de viudez, en la que la recurrente alegaba tener una declaración judicial de unión de hecho. En la sentencia, el Tribunal Constitucional estableció algunas características y requisitos de la unión de hecho.

Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente 4493-2008-PA/TC-Lima (Leny de la Cruz Flores), el Tribunal Constitucional trató el tema de la existencia de un deber familiar entre los convivientes.

Teniendo en cuenta lo expresado en dichas sentencias, responda la siguiente pregunta: La unión de hecho tiene regulación constitucional (artículo 5 de la Constitución) como legal (artículo 326 del Código Civil). Conforme a ello, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a.

No obstante la protección constitucional de la familia, nuestro orde­ namiento constitucional ha incorporado el principio de libre ruptura.

b.

Entre los convivientes no solo existen relaciones patrimoniales, sino que existen ciertas obligaciones no patrimoniales, entre las que se encuentra el deber de fidelidad, lo que se desprende del término "hogar de hecho" utilizado en el texto constitucional.

7.

c.

La unión de hecho se basa en compartir habitación, lecho y techo, pero no requiere la existencia de exclusividad, por lo que podría darse el caso que una misma persona tuviera más de una unión de hecho.

d.

No obstante que el texto constitucional vigente, a diferencia de la Constitución de 1979, no ha establecido que sea la Ley la que fije el plazo mínimo para que la unión de hecho genere una comuni­ dad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto le sea aplicable, al utilizar el término "estable" debe impli­ car permanencia, por lo que el plazo mínimo de dos años a que se refiere el artículo 326 del Código Civil es plenamente concordante con lo regulado constítucionalmente.

e.

No sería una interpretación correcta de la Constitución que en la unión de hecho no existan obligaciones de cooperación o de tipo alimentario, siendo evidente que ella genera una dinámica en la que se originan dependencias entre los convivientes, incluyendo un deber de asistencia mutua.

Edelmira mantuvo una relación de convivencia con Ricardo desde el año 2003. Dentro de dicha unión han procreado dos hijos y adquirido un inmueble. La relación terminó abruptamente en agosto de 2014, al encontrar Edelmira a su pareja en actos de infidelidad con la empleada del hogar, motivando que Ricardo abandonara el hogar concubinario.

Respecto al reconocimiento de la existencia del concubinato, ¿qué afirmación considera correcta? a.

Para reclamar efectos derivados del concubinato no se requiere re­ conocimiento alguno, pues se trata de una unión puramente táctica.

b.

Para reclamar efectos derivados del concubinato es necesario el previo reconocimiento judicial de su existencia siempre que exista un principio de prueba escrita.

c.

El reconocimiento formal de la existencia del concubinato puede obtenerse por sentencia judicial o por escritura pública notarial, en este último caso a solicitud y con intervención de los concubinos.

d.

El reconocimiento de la existencia del concubinato solo se efectúa dentro del mismo proceso en el que se reclame uno de los efectos derivados de ella.

8.

Obtenido el reconocimiento de la existencia de la unión concubinaria ¿qué derechos se pueden reclamar?

a.

Los de la sociedad de gananciales, la posibilidad de adoptar en pareja, derechos hereditarios y prestaciones asistenciales de EsSalud.

b.

Únicamente los relativos a los de la sociedad de gananciales en cuanto le sea aplicable-

c.

Los de la sociedad de gananciales, alimentos, indemnización por enriquecimiento sin causa, y derechos hereditarios.

d.

Los derivados de la sociedad de gananciales, alimentos durante la vigencia de la relación, y la posibilidad de adoptar.

Matrimonio y divorcio

9.

10.

11.

No es un requisito para contraer matrimonio. a.

Declaración oral o escrita ante el alcalde pertinente.

b.

Copia certificada de las partidas de nacimiento de ambas partes.

c.

La prueba del domicilio.

d.

Todos son requisitos.

Marque la alternativa que no corresponda a un impedimento absoluto para contraer matrimonio. a.

Los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y el ter­ cer grado.

b.

Los que ya se encuentren casados, reafirmando la prohibición de la bigamia en nuestro ordenamiento.

c.

Los que adolecieren de enfermedad crónica, contagiosa y transmi­ sible por herencia que constituya peligro para la prole.

d.

Ser menor de dieciséis años.

¿Cuál no es una formalidad y/o requisito para la celebración del matrimonio civil? a.

Declaración oral o escrita al alcalde provincial o distrital del domi­ cilio de cualquiera de ellos.

b.

Entrega de copias certificadas de las partidas de nacimiento, prue­ ba del domicilio y certificado médico de los novios.

c.

Presentar los testigos mayores de edad necesarios.

d.

Todas las anteriores son requisitos.

12.

Acerca del matrimonio, no corresponde a la disolución:

a.

13.

14.

b.

Separación de cuerpos.

c.

Divorcio.

d.

Todas son correctas.

No es deber de los cónyuges:

a.

La cohabitación.

b.

La asistencia mutua.

c.

El débito sexual.

d.

La fidelidad.

Sobre la separación de cuerpos, señale lo incorrecto: a.

15.

16.

Muerte legal de uno de los cónyuges.

Los cónyuges pueden heredar entre sí.

b.

Si una de las partes fallece la otra puede pedir pensión por viudez.

c.

El deber de asistencia no se mantiene.

d.

Los bienes adquiridos luego de la separación son bienes propios.

Señale la alternativa incorrecta: a.

El indigente debe ser socorrido por su excónyuge, aunque hubiese dado motivos para el divorcio.

b.

Los cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre sí.

c.

Todas las causales de separación de cuerpos pueden ser invocadas como hecho propio.

d.

Ante un pedido de divorcio, el juez puede declarar la separación, si parece probable que los cónyuges se reconcilien.

No es una causal de divorcio.

a.

Agresión física hacia el cónyuge, en donde resulte herido de grave­ dad.

b.

Haber contraído una ETS después de celebrado el matrimonio, por hecho propio.

c.

Atentado contra la vida del cónyuge.

d.

Por error sobre la Identidad física del otro cónyuge.

I

17. Marque lo incorrecto:

a.

En el divorcio sanción, el cónyuge inocente es el que interpone el divorcio.

b.

En el divorcio sanción, el cónyuge culpable puede pedir el divorcio si es en bien de un hijo extramatrimonial.

c.

En el divorcio remedio, el cónyuge que resulte más perjudicado puede pedir una indemnización.

d.

En el divorcio remedio, si la causal es la separación de hecho, tiene más importancia el tiempo de separación de los cónyuges.

18. Sobre los efectos del divorcio, señale lo correcto:

a.

Cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer, excepto en casos de indigencia.

b.

Los divorciados pueden heredar entre sí durante dos años después de producido el divorcio.

c.

Los excónyuges no pueden volver a contraer matrimonio entre ellos.

d.

La tenencia de hijos es determinada solo por un juez.

19. Bernardo contrajo matrimonio con Margarita, su prima hermana, por lo que, enterados los padres de ella, se oponen, manifestando que son familiares muy cercanos. Ambos acaban de tener dos hijos gemelos y les preocupa que sus padres pretendan anular su matrimonio.

Si los padres plantean la demanda de nulidad de matrimonio, ¿cree Ud. que el juez les dará la razón?, ¿por qué? a.

Sí, porque son parientes de segundo grado de consanguinidad en línea colateral.

b.

Sí, porque son parientes por afinidad en segundo grado en línea colateral.

c.

No, porque no están impedidos legalmente de contraer matrimo­ nio los parientes de cuarto grado de consanguinidad.

d.

Sí, porque son parientes de primer grado de consanguinidad en línea recta.

20. ¿Debieron solicitar dispensa judicial de parentesco?, ¿a quién? a.

Al juez especializado en lo civil.

b.

Al juez especializado en lo penal.

c.

Al alcalde de la jurisdicción donde se desearon contraer matrimonio.

d.

A ninguna autoridad porque es legal dicho matrimonio.

21. Rodolfo interpone demanda de nulidad de matrimonio contra su espo­ sa Sara, por las causales de fin ilícito y simulación absoluta. Señala que contrajo matrimonio en la Municipalidad de Lima, el 18 de noviembre de 2010 y que, luego la demandada se rehusó a cumplir con el débito se­ xual pese a sus súplicas, alegando que no podía intimar por prescripción médica. Así, indica que hubo simulación, que el matrimonio no había cumplido sus fines, y que el único propósito de la demandada fue benefi­ ciarse con la pensión de jubilación de la que es titular el demandante.

Respecto de la causal invocada para demandar la nulidad del matri­ monio, marque la proposición que considera incorrecta: a.

Por el principio de especialidad solo puede invalidarse un matri­ monio por las causales específicas de nulidad y anulabil¡dad taxati­ vamente enumeradas en el Libro de Familia del Código Civil.

b.

No existe causal de nulidad o anuIabiI¡dad de matrimonio ipso jure, cualquiera sea el vicio de que adolezca, nunca se invalida de pleno derecho, requiere de una decisión judicial que así lo declare.

c.

Siendo el matrimonio un acto jurídico, le son aplicables las causa­ les de nulidad de acto jurídico tales como las de fin ¡lícito y simula­ ción absoluta, por lo que la demanda debe ser admitida a fin de no afectar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

d.

Siendo las causales de nulidad de matrimonio taxativas y no es­ tando prevista en ellas las de fin ¡lícito y simulación absoluta, la demanda debe ser rechazada de modo liminar por improcedente.

22. Respecto de los efectos del matrimonio invalidado, marque la propo­ sición que considera correcta: a.

Una vez declarada la invalidez del matrimonio, por regla general deben retrotraerse las cosas al estado anterior a su celebración, pues lo nulo no puede producir efectos.

b.

Basta que haya mediado la buena fe de uno o de ambos cónyuges, el matrimonio invalidado produce efectos civiles respecto de los cónyu­ ges e hijos, como si fuera un matrimonio válido disuelto por divorcio.

c.

Siendo el matrimonio un acto jurídico le son aplicables también las reglas generales sobre invalidez de los actos jurídicos que hace retrotraer los efectos de la declaratoria de invalidez a la fecha de su celebración.

d.

Tanto la buena fe como la mala fe de los cónyuges requiere ser alegada y probada en el juicio de invalidez del matrimonio.

23. Vladimiro adolece de una enfermedad mental, pese a ello se casa con Agripina, que ignora dicha enfermedad. El matrimonio se celebró el 18 de mayo de 2009 y, a los pocos meses de casados, Agripina se da cuenta del mal que sufre su marido, luego de que este entró en crisis y tuvo que ser internado en un sanatorio para enfermedades mentales el 26 de setiembre de 2009, recuperándose luego de ser dado de alta el 15 de octubre del año 2012. Vuelve a recaer el 13 de julio de 2014, permaneciendo así hasta el 2 de enero de 2015, por lo que Agripina decide plantear la demanda de nulidad absoluta de matrimonio el 6 de febrero de 2015, habiendo sido declarada su demanda improce­ dente, en primera y segunda instancia. Respecto al impedimento matrimonial, marque la opción correcta.

a.

El matrimonio celebrado por Agripina es válido.

b.

El matrimonio celebrado por ambos es anulable.

c.

El demandante, si conocía la enfermedad mental del cónyuge an­ tes de contraer nupcias, pudo interponer la acción de nulidad ab­ soluta, por esa causal.

d.

El matrimonio celebrado deviene en nulo absolutamente.

24. Respecto ai plazo para interponer la acción de nulidad absoluta por dicha causal, señale la respuesta correcta. a.

El plazo para interponer la demanda de nulidad absoluta por en­ fermedad mental, aunque haya intervalo de lucidez, es de un año a partir de que el cónyuge afectado se enteró de ello.

b.

El plazo para interponer la demanda es de un año a partir del día en que el enfermo mental recuperó su capacidad de discernimien­ to, caso contrario resulta improcedente.

c.

Si el cónyuge tiene intervalos de lucidez no procede la acción de nulidad absoluta por dicha causa.

d.

El año que se computa constituye un plazo de prescripción.

25. Francisco, casado con Vilma, decidió unirse con Teresa, el 18 de se­ tiembre del año 2001, terminando su relación de convivencia con aquella el 14 de marzo de 2013 en que optó por retirarse del hogar dejándola con dos hijos, Juan y Maribel. Mientras duró su unión convivencial adquirieron, como bienes de fortuna, una casa avalua­ da en S/ 280 000 y un automóvil Ford cuyo precio fue de S/ 18 000 los mismos que fueron comprados con la herencia de S/ 350 000 que recibió Francisco al morir su señora madre. Teresa, quien manifiesta tener derecho a la mitad de todo lo adquirido, decide demandar judi­ cialmente a Francisco. ¿Teresa puede solicitar el reconocimiento de su unión concubinaria con Francisco?, ¿por qué? a.

No, porque él es casado.

b.

Sí, porque tienen más de dos años de concubinos.

c.

Sí, porque se trata de un concubinato perfecto.

d.

No, porque se requieren más de 15 años de concubinato.

Régimen patrimonial 26.

27.

28.

29.

Sobre los regímenes patrimoniales, señale la afirmación correcta.

a.

En el Perú existen más de dos regímenes patrimoniales.

b.

Durante el matrimonio se puede cambiar de régimen ¡limitada­ mente.

c.

En la sociedad de gananciales solo existen bienes sociales.

d.

La unión de hecho solo puede someterse al régimen de separación de patrimonio.

La sociedad de gananciales es un régimen patrimonial que se obtiene por: a.

El matrimonio, cuando los cónyuges hacen la debida solicitud ante el juez.

b.

El matrimonio, a menos que los cónyuges acuerden lo contrario.

c.

Vía legal ante la municipalidad donde contrajeron matrimonio.

d.

Vía legal, ya que no es necesario contraer matrimonio para obte­ nerlo.

No es un bien propio.

a.

El sueldo fruto del trabajo de uno de los cónyuges.

b.

Los derechos de autor e inventor de uno de los cónyuges.

c.

La donación a favor de uno de los cónyuges.

d.

Las condecoraciones y la correspondencia de uno de los cónyuges.

No es un bien social. a.

Departamento adquirido durante el matrimonio.

b.

Bienes heredados durante el matrimonio.

c.

Automóvil adquirido durante el matrimonio por uno de los cónyuges.

d.

Frutos de los bienes propios de uno de los cónyuges.

30.

31.

32.

Sobre ios bienes sociales, señale lo correcto: a.

Para renunciar a una herencia recibida durante el matrimonio se necesita el consentimiento de ambos cónyuges.

b.

Para disponer de los bienes sociales se requiere solo la interven­ ción de uno de los cónyuges.

c.

La responsabilidad extracontractual de un cónyuge puede afectar los bienes propios del otro cónyuge.

d.

Para adquirir bienes inmuebles no es necesario la intervención de ambos cónyuges.

Sobre la administración de ios bienes sociales: a.

Corresponde al cabeza de la familia sea hombre o mujer.

b.

Corresponde a quien pertenece el bien social.

c.

Corresponde a ambos y solo pueden ejercerla de manera conjunta.

d.

Corresponde a los dos, cualquiera puede facultar al otro para que asuma dicha administración.

Sobre los bienes propios del cónyuge, señale lo incorrecto: a.

33.

34.

Se necesita la autorización del otro cónyuge para disponer del bien.

b.

Los frutos se constituyen como bienes sociales.

c.

El otro cónyuge puede administrarlo en situaciones que impidan al verdadero titular.

d.

Cuando el cónyuge titular lo permita el otro podrá administrar el bien.

La sociedad de gananciales no fenece por: a.

Muerte de uno de los cónyuges.

b.

Declaración judicial de ausencia de uno de los cónyuges.

c.

Infidelidad comprobada de uno de los cónyuges.

d.

Cambio de régimen patrimonial.

¿Cuál de los siguientes no es un procedimiento para liquidar la socie­ dad de gananciales: a.

Inventario de los pasivos y activos.

b.

Pago de las deudas propias del cónyuge deudor.

c.

Se devuelven los bienes propios.

d.

El saldo activo que quede se distribuye entre los cónyuges o entre el que de ellos sobreviva.

En el caso del régimen de separación de patrimonio, este termina: a.

Por muerte de uno de los cónyuges.

b.

Por cambio del régimen patrimonial.

c.

Por divorcio.

d.

Las alternativas anteriores son correctas.

36. ¿Cuál de los siguientes bienes no es propio de cada cónyuge? a.

Los edificios construidos a costa del caudal social en el suelo pro­ pio de uno de los cónyuges.

b.

Los que se aporten al iniciarse el régimen de sociedad de ganancia­ les.

c.

Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito,

d.

La indemnización por accidentes o seguros de vida.

37. Marque la alternativa correcta. a.

Los bienes propios de uno de los cónyuges responden de las deu­ das personales del otro.

b.

La responsabilidad extracontractual de un cónyuge puede afectar e patrimonio personal del otro cónyuge.

c.

Ninguno de los cónyuges puede renunciar a una herencia o legado sin el consentimiento del otro.

d.

Si un cónyuge desea disponer de un bien propio necesita el con­ sentimiento del otro cónyuge, aunque el beneficio sea personal.

38. Hugo y Máxima, peruanos que contrajeron matrimonio en los EE. UU., retornaron a radicar al Perú, procreando dos hijos de esa relación y adquiriendo el lote 3 de la mz. K, urb. Monterrico, distrito de Surco.

Pero como el marido actuaba con dolo en la administración de los bienes, la esposa le interpuso demanda de separación de bienes con fecha 5 de mayo de 1985, que fue declarada fundada por sentencia firme, ordenando que ambos mantuvieran la titularidad del inmueble en un 50% de derechos y acciones para cada cónyuge.

Posteriormente, ante el abandono de sus obligaciones, la esposa le interpone demanda de alimentos en cuyo proceso se decretó el im­ pedimento de salida; por lo que Hugo, para volver a los EE. UU., se ve precisado a celebrar un acuerdo de liquidación de bienes por el cual, en pago de sus obligaciones alimenticias devengadas, le cedió y trans­ firió a su esposa el íntegro de los derechos y acciones de los que era titular sobre el inmueble.

Así, la esposa en el año 2009 sanea la propiedad únicamente a su fa­ vor por prescripción adquisitiva de dominio, cuya nulidad demanda el esposo alegando el despojo de su derecho a gananciales. En cuanto al fenecimiento de la sociedad de gananciales, marque la opción correcta. a.

La sociedad de gananciales se considera fenecida cuando la sentencia de separación de bienes se inscribe en el Registro Personal.

b.

No se puede dar por fenecida la sociedad de gananciales en caso de mantenerse la vigencia del matrimonio por ser este acto jurídi­ co su causa eficiente.

c.

La sociedad de gananciales se encuentra fenecida para los cón­ yuges en la fecha de notificación de la demanda de separación de bienes.

d.

La conversión de la sociedad de gananciales a separación de patri­ monios solo cabe ser efectuada por escritura pública.

39. En cuanto a la validez del acuerdo de liquidación de bienes, marque la opción correcta.

a.

Carece de validez, pues los cónyuges se encuentran prohibidos de celebrar contratos entre sí respecto de los bienes sociales.

b.

El convenio de liquidación, cuando existan inmuebles, debe cele­ brarse por escritura pública, bajo sanción de nulidad.

c.

No rige la copropiedad aun cuando se ponga fin a la sociedad de gananciales por sentencia, mientras no se concluya con la liquida­ ción de bienes en ejecución de sentencia.

d.

Es válido el convenio de liquidación de bienes y adjudicación de derechos y acciones en pago de obligaciones alimenticias deven­ gadas, pues ya regía el régimen de separación de patrimonios por sentencia.

40. Patricia interpone demanda de divorcio por la causal de adulterio con­ tra su esposo Enrique, refiriendo que hizo abandono del hogar con­ yugal el 8 de agosto de 2001. A raíz de un proceso de alimentos que siguieron, llegó a enterarse que, pese a estar casado, mantuvo rela­ ciones extramatrimoniales procreando como fruto de esa relación a Alexa, nacida el 2 de junio de 2006. Solicita acumulativamente que se declare la pérdida de las gananciales respecto del departamento y el automóvil que adquirieron en el año 2003; contra la cual el demanda­ do reconviene solicitando se declare el divorcio por la causal de sepa­ ración de hecho y que se considere que la sociedad de gananciales ha fenecido desde la fecha en que se produjo la separación de hecho.

Respecto del fenecimiento de la sociedad de gananciales, marque la proposición que considera incorrecta: a.

La sociedad de gananciales fenece en todos los casos en los que se produce la disolución del vínculo matrimonial que es su causa eficiente.

b.

La sociedad de gananciales también fenece por otras causas que no impliquen necesariamente la disolución del matrimonio.

c.

En todos los casos de separación de hecho o puramente táctica de los cónyuges sin autorización judicial da lugar al fenecimiento de la sociedad de gananciales, por no existir vida en comunidad que le da el soporte vital.

d.

En el matrimonio no puede existir sociedad de gananciales sin la vigencia del matrimonio que le dé el soporte respectivo.

41. Respecto de las relaciones del divorcio sanción y el divorcio remedio, con relación a los bienes, marque la aseveración correcta:

a.

De declararse fundada la demanda de divorcio por la causal de adulterio, automáticamente el demandado pierde su participación en los bienes gananciales que pasan a ser de exclusiva propiedad de la demandante.

b.

De ampararse la demanda de divorcio por la causal de adulterio, el demandado Enrique no pierde su participación en los bienes adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, únicamente pierde los gananciales que provienen de los bienes propios de la demandante.

c.

En todos los casos en los que se declare fundada la demanda o la reconvención por la causal de separación de hecho por tiempo prolongado, el juez debe fijar la indemnización por daño moral que corresponde al cónyuge perjudicado.

d.

Si.se declara fundada la demanda por la causal de adulterio qUe corresponde al sistema de divorcio sanción ya no puede declarar­ se disuelto el matrimonio por la causal remedio de separación de hecho por tiempo prolongado.

42. Jorge contrajo matrimonio con Elsa el 17 de febrero del año 1995 en Ayacucho. Antes de contraer nupcias, no se pusieron de acuerdo bajo qué régimen patrimonial se casarían; sin embargo, durante su vida matrimonial han adquirido como bienes de fortuna: una casa que Jor­ ge compró con el producto de su trabajo solo a su nombre, y ella reci­ bió como herencia un terreno de 15 hectáreas. Estando Jorge urgido de dinero, decide vender la casa que compró sin contar con la aproba­ ción de Elsa, que se opone a ello. ¿Puede vender Jorge la casa que compró durante su matrimonio?, ¿por qué?

a.

Sí, porque es un bien propio.

b.

No, porque es un bien social.

c.

No, porque su esposa se opone.

d.

No, porque debe reservar el bien para sus hijos.

43. ¿Bajo qué régimen patrimonial se casaron Jorge y Elsa? a.

Bajo el régimen de comunidad de gananciales.

b.

Bajo el régimen de separación absoluta de bienes.

c.

Bajo el régimen de sociedad de gananciales.

d.

Bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales.

44. Una pareja de distinto sexo formó un hogar de hecho cumpliendo fines similares al matrimonio. Incluso procrearon dos hijos de esa relación, que terminó abruptamente luego de más de diez años de convivencia. Esto ocurrió por decisión unilateral del concubino, luego de sostener una fuerte discusión con su pareja que le recriminó por el hecho de haber des­ cubierto el intercambio de mensajes con su anterior esposa con quien había seguido un proceso de divorcio que fue declarado en abandono. Respecto de los efectos patrimoniales que corresponden a la exconcu­ bina, marque la opción correcta.

a.

La concubina abandonada puede demandar el pago de una indem­ nización por daños y una pensión de alimentos.

b.

La exconcubina puede demandar solamente indemnización por enriquecimiento indebido.

c.

La exconcubina puede demandar la liquidación de los gananciales e indemnización por daño moral.

d.

La concubina abandonada puede demandar acumulativamente su participación por gananciales, alimentos e indemnización por daño moral.

Filiación

45.

46.

47.

Marque la alternativa incorrecta. a.

La acción negatoria se interpone alternativamente contra el hijo o la madre.

b.

Otros descendientes pueden contestar la paternidad correspon­ diente a su padre.

c.

El hijo incapaz reconocido puede negar el reconocimiento dentro del año siguiente de la cesación de su incapacidad.

d.

La acción para declarar la filiación extramatrimonial no caduca.

Sobre la filiación, marque la alternativa correcta:

a.

Aun si no existe un vínculo legal, la ley debe ser aplicable en bene­ ficio de los vínculos biológicos.

b.

El ADN es la única forma de acreditar la filiación, no existen pre­ sunciones.

c.

La adopción produce filiación, pero la relación biológica preexiste por lo que el adoptado aun pertenece a su familia consanguínea.

d.

Se puede impugnar el reconocimiento de paternidad siempre que exista legítimo interés.

Sobre la filiación matrimonial, marque la alternativa incorrecta: a.

Se presume que el hijo de una mujer embarazada es hijo del marido.

b.

Nadie puede contravenir la voluntad de los cónyuges para desvir­ tuar la calidad de hijo, ni siquiera el padre biológico.

c.

El hijo nacido dentro del matrimonio que conoce no es hijo del marido, puede impugnar la filiación.

d.

La maternidad puede ser impugnada en los casos de parto supues­ to o de suplantación del hijo.

48

Marque la alternativa correcta: a.

La cónyuge tiene la facultad de cuestionar la presunción de pater­ nidad.

b.

Los hijos nacidos fuera del matrimonio no pueden ser reconocidos mediante escritura pública.

c.

La unión de hecho tiene la misma presunción de paternidad que la filiación matrimonial.

d.

Solo a través de una declaración judicial se puede obtener la filia­ ción extramatrimonial.

49. Marque la alternativa Incorrecta:

a.

El reconocimiento de los hijos es un acto irrevocable, a excepción del reconocimiento por testamento.

b.

El hijo se presume matrimonial, aunque la madre declare que no es de su marido o sea condenada como adúltera.

c.

No se puede negar la paternidad del hijo matrimonial que aún no nace.

d.

El hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos si el padre fallece.

50. Marque lo correcto:

a.

Dentro de la demanda de declaración judicial de filiación extrama­ trimonial se puede incluir la de alimentos, además de régimen de visitas.

b.

Para eliminar el reconocimiento de paternidad de alguien más, el que lo requiere deberá determinar quién es el verdadero padre.

c.

Si el reconocimiento es hecho por el marido de mujer casada, este tiene un plazo de dos años para revocar su reconocimiento.

d.

La mujer que, conociendo al verdadero padre de su hijo, alegase que es de otro, comete un delito contra la integridad moral del hijo.

51. Marque la opción incorrecta:

a.

Aun después de la disolución del matrimonio se presume hijo ma­ trimonial si este nace dentro de los 300 días siguientes.

b.

El juez encargado de ver la negación de paternidad es el juez espe­ cializado en materia de familia del domicilio del menor.

c.

Para el proceso de declaración judicial de filiación extramatrimo­ nial no existe pago de cédula de notificaciones y aranceles para ninguna de las partes, pues es un proceso de familia.

d.

El pago de la prueba de ADN recae sobre el demandado.

52. Sobre la filiación extramatrimonial, señale lo incorrecto:

a.

El supuesto padre solo puede oponerse a la filiación presentando una prueba de ADN, no hay otra opción.

b.

Si el supuesto padre no se presenta al procedimiento, el juez decla­ ra la demanda fundada y por tanto el hijo es suyo.

c.

La prueba de ADN no puede realizarse fuera del procedimiento, aun si el resultado fuese en beneficio de la madre y el hijo

d.

La filiación extramatrimonial solo se aplica en los hijos vivos, no se admite ninguna excepción.

53. Marque lo incorrecto: a.

Puede reconocerse al hijo que ha muerto dejando descendientes.

b.

El hijo de mujer casada puede ser reconocido después de que el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable.

c.

El hijo extramatrimonial reconocido por uno de los cónyuges, ne­ cesita de la aprobación del otro para vivir en la casa conyugal.

d.

Sobre los hijos mayores de edad, estos no pueden ser reconocidos al haber alcanzado la mayoría de edad legal.

54. Sobre la declaración judicial de filiación extramatrimonial, señale lo incorrecto:

a.

La demanda puede darse antes del nacimiento del niño.

b.

La acción se interpone contra el padre o los herederos si hubiese muerto.

c.

La acción puede caducar.

d.

La sentencia no confiere al padre o madre derecho sucesorio o alimentario.

55. Rocío es una menor de 14 años que, luego de dar a luz a su hijo, tenido de una relación extramatrimonial con Jorge menor de 17 años, el cual se niega a reconocerlo, decide ser ella quien lo haga. ¿Está capacitada legalmente Rocío para inscribir a su hijo?

a.

No, porque adolece de incapacidad absoluta.

b.

No, porque es menor de edad.

c.

Sí, porque de acuerdo a ley cesa la incapacidad a partir del naci­ miento del hijo.

d.

Sí, porque ya es mayor de edad.

56. Si Jorge se negara a reconocer a su hijo tenido con Rocío, según el Código Civil, ¿dentro de qué plazo el hijo llegado a su mayoría de edad podría reclamar la filiación a su presunto padre? a.

20 años.

b.

4 años.

c.

10 años.

d.

No caduca.

57. Desde la perspectiva de los derechos del menor, en el presente caso, marque la respuesta correcta: a.

El reconocimiento efectuado por quien no es padre del menor debe prevalecer en beneficio del menor y de su derecho al nombre.

b.

El interés superior del niño exige que se le tome su manifestación respecto a decidir quién quiere que sea su padre.

c.

El interés superior del niño exige que el juez determine la pater­ nidad que le corresponde al menor en base a quien puede pro­ porcionarle las mejores condiciones para su desarrollo personal, escogiendo entre quien lo ha reconocido (manteniendo el reco­ nocimiento) o el verdadero padre biológico (anulando el anterior reconocimiento y declarando la paternidad de este).

d.

El interés superior del niño exige la declaración en favor de su real identidad, es decir, se reconozca al padre biológico, declarándose la nulidad del reconocimiento efectuado por quien por error lo ha efectuado.

58. Producto de una relación amorosa, que nunca se formalizó en una re­ lación convivencia!, Lucía y Joaquín procrean a José. Joaquín reconoce como suyo al menor; sin embargo, luego de diez años, y al haberse realizado una prueba de ADN, se determina que Joaquín no es el pa­ dre del menor. Muy indignado, Joaquín presenta una demanda de contestación de paternidad y exclusión de nombre. Lucía contesta la demanda adu­ ciendo que, en efecto, Joaquín no es el padre biológico de José; no obstante, al haberse producido el reconocimiento, esta situación debe mantenerse.

Teniendo en cuenta los datos del caso y en relación a la postulación de la demanda, cuál respuesta es correcta. a.

La acción contestataria prevista en el articulo 364 del Código Civil solo está autorizada para los maridos, es decir, aquellos que osten­ tan vínculo matrimonial. Por ello, al no tener Joaquín tal condición, no procede la acción.

b.

Al no proceder la acción contestataria por no ostentar la calidad de marido, para dejar sin efecto el reconocimiento de paternidad pre­ viamente efectuado, la acción correspondiente sería la exclusión de nombre conforme al articulo 28 del Código Civil.

c.

Habiéndose determinado científicamente que Joaquín no es el pa­ dre del menor y además se ha reconocido por la demanda que el padre es persona distinta, pese a ello y al haberse vencido el plazo para impugnar el reconocimiento de hijo extramatrimo­ nial, previsto en el artículo 400 del Código Civil, la demanda es improcedente.

d.

En el presente caso, conforme a los hechos y a las normas del Código Civil, para limitar la acción de impugnación, se debe tener en cuenta que existen derechos fundamentales de orden constitu­ cional como el derecho a la identidad que habilita el ejercicio de la acción.

59. Los esposos Armando y María procrearon una hija dentro del matri­ monio llamada Lorena, y luego de disuelto ese matrimonio por di­ vorcio, Armando contrajo nuevo matrimonio con Rosa, hermana de María, que a su vez tenía una hija Camila, procreada de un anterior matrimonio disuelto a su vez por divorcio.

En cuanto a las relaciones de parentesco, marque la opción correcta:

a.

Armando y Rosa devienen en parientes por afinidad por la celebra­ ción del nuevo matrimonio.

b.

Lorena y Camila tienen parentesco por afinidad por ser integrantes de una familia ensamblada y cohabitar en el mismo hogar familiar.

c.

No existe ningún tipo de parentesco entre Lorena y Camila, ni por consanguinidad, afinidad ni por parentesco civil.

d.

Lorena y Camila se convierten en hermanastras por el matrimonio de sus padres, que es un tipo de parentesco político.

60. Marque la alternativa correcta.

■

a.

La adopción es fuente de efectos jurídicos, pero no de parentesco al no haber consanguineidad.

b.

La ruptura de esponsales no produce indemnización alguna a favor del promitente, salvo que este haya sido afectado por la culpa ex­ clusiva del prometido que haya generado daños y perjuicios.

c.

La acción de indemnización debe interponerse en un plazo de seis meses a partir de la ruptura de promesa.

d.

Las donaciones realizadas entre los prometidos en razón del ma­ trimonio proyectado no pueden ser revocados al ser actos válidos siempre que cumplan con la formalidad prescrita.

Adopción 61.

62.

63.

64.

Sobre la adopción, señale lo correcto: a.

Los mayores de edad no pueden ser adoptados.

b.

Si se requiere adoptar a un menor en específico se debe hacer a través de la adopción judicial.

c.

Los adoptados no pueden heredar como los hijos consanguíneos.

d.

La adopción notarial se utiliza para adoptar a un menor en estado de desprotección familiar.

Marque lo incorrecto:

a.

Para la adopción se debe observar la diferencia de edades, la capa­ cidad moral y la capacidad económica.

b.

Para adoptar no se debe tener denuncia alguna por actos de vio­ lencia a menores de edad u otras personas.

c.

A la adopción judicial también se le denomina adopción por excep­ ción.

d.

Los menores de edad adoptados deben permanecer con el apelli­ do de sus padres biológicos.

Marque lo correcto:

a.

Los abuelos biológicos pueden adoptar al nieto.

b.

El hijo adoptado no puede heredar de sus padres adoptivos.

c.

En todos los casos de adopción se deben demostrar el apego y la cercanía.

d.

La adopción se puede revocar en cualquier momento.

Marque lo incorrecto:

a.

El adoptado tiene que dar su consentimiento si es mayor de 10 años, así sea menor de edad.

65.

b.

Los que no convivan o no estén casados pueden adoptar en con­ junto con otras personas.

c.

Se prefiere un adoptante con secundaria completa para adoptar a un menor en estado de abandono.

d.

La edad del adoptante debe ser, por lo menos, igual a la suma de la mayoría de edad y la del hijo a adoptar.

Para adoptar a un menor de edad, declarado judicialmente en estado de desprotección familiar, no es cierto que: a.

Se tiene prioridad sobre parejas que se encuentren dispuestos a adoptar a hermanos.

b.

Se divide en tres etapas: preadoptiva, adoptiva y postadoptiva.

c.

Uno de los documentos que se necesita presentar son fotografías actualizadas de la familia y el hogar.

d.

Se debe hacer una visita a los niños para elegir al que se desea adoptar.

66. Marque lo correcto: a.

La adopción está sujeta a un plazo si la relación entre el adoptado y el adoptante no funciona.

b.

Si la persona a quien se quiere adoptar tiene bienes, estos pasan al patrimonio del adoptante.

c.

Tras la firma de la nueva partida de nacimiento queda inscrito el menor, siendo la adopción pública y sujeta de mención.

d.

En el caso de la adopción judicial, la parte demandante es el adoptante y la parte demandada son los padres biológicos, madre y padre.

67. Sobre la adopción judicial, señale lo incorrecto: a.

No siempre se necesita una declaración judicial de desprotección familiar.

b.

Procede a favor del que posea vínculo matrimonial con el padre o madre del menor a adoptar, así no haya convivido con el menor.

c.

Puede solicitarlo aquel que ha convivido con el menor por un pe­ riodo no menor de dos años.

d.

Se debe demostrar que existe un sentimiento de preocupación por el bienestar del menor a adoptar.

68. Marque lo incorrecto:

a.

Los padres biológicos deben dar su consentimiento al tratarse de adopción de mayores de edad.

b.

La patria potestad de los padres biológicos se ve interrumpida y no la recuperan así los adoptantes mueran.

c.

La pareja de la unión de hecho no puede adoptar, puesto que solo es posible para los cónyuges dentro del matrimonio.

d.

El adoptado adquiere una nueva partida de nacimiento, la anterior carece de valor salvo lo referido al impedimento matrimonial.

69. Sobre las adopciones internacionales, marque lo correcto:

a.

Están exceptuadas de los procedimientos establecidos en el Codi­ go de los Niños y Adolescentes.

b.

Cualquier extranjero, sin importar su país de origen, puede solici­ tar la adopción de algún menor peruano.

c.

El país de residencia del adoptante tiene que haber suscrito vigen­ te sobre la materia con el Perú.

d.

Los divorciados no pueden adoptar.

70. Marque lo incorrecto: a.

El adoptante que sea casado puede adoptar sin el consentimiento de su cónyuge, en ese caso el menor llevará solo el apellido del adoptante.

b.

El tutor puede adoptar a su pupilo después de aprobadas las cuen­ tas de su administración y satisfecho el alcance que resulte de ellas.

c.

El menor que haya sido adoptado puede pedir aue se deje sin efec­ to la adopción dentro del año siguiente a su mayoría.

d.

El adoptado adquiere los apellidos de los nuevos padres, a menos que sea hijo de uno de los adoptantes.

71. Zenaida Castro, con el consentimiento de su concubino Frank Palomino, procrea una hija inseminada artificialmente con semen de persona distin­ ta de su pareja, que nació el 26 de diciembre de 2006, figurando ambos con­ cubinos como padres y declarantes de la menor Liz Palomino Castro.

A los nueve días de nacida, estos entregan la menor a la tía paterna del concubino varón doña Dina Palomino y al esposo de esta Cario Sanso-

ne que aportó los genes para la inseminación artificial según prueba del ADN al que se sometió, quienes otorgaron compensación econó­ mica por el embarazo y el parto, y después de más de dos años que la menor creció a su cuidado, estos últimos interpusieron demanda de adopción por excepción ante el Juzgado de Familia, invocando relación de parentesco y prohijamiento mayor a dos años. Respecto de la demanda de adopción, ¿cuál de las proposiciones con­ sidera la correcta?

a.

Carlos Sansone no puede adoptar a la menor Liz Palomino Castro por ser su padre biológico según la prueba del ADN.

b.

Si Frank Palomino no es el verdadero padre biológico de Liz Palomino Castro, su tía paterna Dina Palomino no puede solicitar la adopción por excepción fundada en una relación de parentesco que no existe.

c.

Los demandantes no pueden obtener la adopción por excepción, pues es requisito de la adopción que asientan los padres de la adoptada así no estén bajo su patria potestad, y los demandados se oponen a la adopción.

d.

La demanda debe ser amparada pues no existe relación afectiva entre la menor y sus padres figurativos, y estos han procedido por un móvil lucrativo.

Respecto del procedimiento de adopción, marque la aseveración co­ rrecta:

a.

La adopción es el acto jurídico por el cual una persona, ambos cónyuges o los concubinos formalmente reconocidos toman como hijo a quien no lo es por naturaleza, mediante sentencia judicial.

b.

La adopción es el acto jurídico formal y constitutivo que se esta­ blece entre adoptante o adoptantes y el adoptado, por sentencia, resolución administrativa o escritura pública notarial.

c.

No hay una sola vía para tramitar las adopciones. Hay tres formas: administrativa, judicial o notarial, que son alternativas a elección de los interesados en constituir dicho vínculo adoptivo.

d.

La adopción judicial, por excepción, es para los menores de edad declarados en abandono moral y material.

Patria potestad

73. Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Señale lo incorrecto. a.

Se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matri­ monio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo.

b.

En caso de separación de cuerpos la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos, el otro queda suspendido de su ejercicio.

c.

En caso el hijo fuese extramatrimonial se ejerce por el padre o por la madre que los ha reconocido.

d.

En caso el hijo tuviese bienes, los padres pueden administrarlos, pero no incurrir en el usufructo.

74. Son derechos y deberes de los padres que ejercen la patria potestad: a.

Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estu­ viesen sin su permiso.

b.

Representar a los hijos en los actos de la vida civil.

c.

Dirigir el proceso educativo de los hijos.

d.

Todos los anteriores.

75. Marque lo incorrecto:

a.

Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad.

b.

El testador no puede evitar que el bien legado a un menor sea administrado por sus padres.

c.

Es un deber de los padres dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes.

d.

La patria potestad es tanto un deber como un derecho.

76,

Marque lo correcto: a.

77.

78.

79.

80.

La patria potestad es exclusiva de los padres.

b.

La patria potestad se puede delegar a otros parientes.

c.

La patria potestad puede mantenerse más allá de la mayoría de edad si el hijo así lo quisiese.

d.

La patria potestad es renunciadle siempre que los padres sigan el proceso indicado para taJ caso.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: a.

Solo a la madre le corresponde la representación legal del hijo.

b.

La patria potestad se suspende si es que el padre o madre no cum­ ple con la obligación de pasar alimentos.

c.

La patria potestad es suspendida para el padre que no tenga la tenencia de los hijos en el caso de separación de cuerpos.

d.

De no ser posible corregir a los hijos, los padres pueden acudir a la autoridad competente.

Sobre la patria potestad, marque la afirmación incorrecta: a.

La patria potestad está protegida por la Constitución, por lo que goza de rango constitucional.

b.

En el caso de la separación de hecho, el hijo siempre se quedará - con la madre.

c.

El dinero del menor puede ser invertido por los padres sin necesi­ dad de autorización judicial en predios o cédulas hipotecarias.

d.

Todas son incorrectas.

¿Cuál no es una causa de la extinción de la patria potestad? a.

Porque el adolescente adquiere la mayoría de edad.

b.

Por la adopción del menor por otros padres.

c.

Por declaración judicial de desprotección familiar.

d.

Todas son causas de extinción.

No es una causal de suspensión de la patria potestad:

a.

Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre.

b.

Por interdicción del padre o la madre.

c.

Por negarse a prestarles alimentos.

d.

Por muerte de los padres o el hijo.

81. En los casos de suspensión de la patria potestad, marque lo verdadero.

a.

La patria potestad no puede volverse a ejercer al menos hasta que se tome en cuenta la opinión del niño con respecto a su padre o madre.

b.

La patria potestad puede volverse a ejercer cuando cesen los actos que le dieron lugar, pero depende exclusivamente del juez de fami­ lia.

c.

La patria potestad no puede volver a ejercerse en ningún caso, pues debe primar el interés superior del niño.

d.

La patria potestad puede volverse a ejercer en cualquier momento que el juez lo decida, aun si las causales de suspensión persistan.

82. Señale cuál no sería una causal de privación de la patria potestad. a.

Que el padre o madre se dedique a la microcomercialización de droga.

b.

Que el padre o madre concurra en la explotación infantil.

c.

Que el padre o madre sea infiel con consecuente divorcio.

d.

Que el padre o madre inflija castigos físicos contra el hijo.

83. Roberto y Antonia tienen una niña de cuatro años. Roberto cumple con la pensión de alimentos, paga el colegio y procura el bienestar de su niña, pero tras un divorcio largo y relaciones conflictivas, la madre perturba el régimen de visitas dispuesto en el proceso judicial. De acuerdo al Tribunal Constitucional, ¿qué derecho se vulnera cuan­ do uno de los progenitores impide el contacto con el otro e impide la realización del régimen de visitas?

a.

Se vulnera el derecho a tener una familia, a no ser separado de ella, y a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material.

b.

Se vulnera el derecho a la patria potestad y al libre desarrollo de la personalidad.

c.

Se vulnera el derecho a la tenencia compartida y el derecho de opinión del niño.

d.

Se vulnera el interés superior del niño y su integridad emocional.

84.

Si ia madre dejara a la niña encargada a otros familiares, por motivos laborales, y Roberto se encontrara en mejores condiciones del cuida­ do de la niña, qué acción podría adoptar:

a.

Solicitar la variación de tenencia al órgano jurisdiccional.

b.

Acudir al Ministerio de la Mujer para interponer un presunto aban­ dono por la progenitora.

c.

Acudir al Ministerio Público para que interponga una contravención.

d.

Solicitar al centro de conciliación una variación del régimen de visitas.

Amparo familiar (alimentos, tutela, cúra­ tela, Consejo de Familia v patrimonio familiar)

85. Sobre alimentos, señale lo incorrecto:

a.

El conviviente abandonado puede pedir alimentos al conviviente que abandonó el hogar mutuo.

b.

El estado de necesidad del hijo mayor no necesita ser probado.

c.

La obligación alimentaria es establecida por sentencia o conciliación.

d.

Se requiere estar al día de las pensiones para poder hacer una re­ ducción o exoneración.

86. Sobre los alimentos, señale lo incorrecto:

a.

Los hijos tienen la obligación de dar alimentos al padre mayor de 65 años en estado de necesidad.

b.

Se puede pedir alimentos hasta el 60% del salario del deudor.

c.

El prorrateo de alimentos puede ser solicitado solo por la madre en representación del menor.

d.

En determinados casos, los abuelos del menor también son sus­ ceptibles de una demanda por alimentos.

87. Sobre la tutela, marque lo incorrecto:

a.

Los menores de edad no pueden ser tutores, así hayan sido nom­ brados, sin embargo, ejercerán el cargo cuando lleguen a la mayo­ ría de edad.

b.

El tutor se encarga de cuidar del menor (pupilo) y, si fuera el caso, su patrimonio a fin de garantizar su normal desarrollo hasta que pueda valerse por sí mismo.

c.

De no existir nombramiento del tutor se harán cargo los abuelos del menor y demás ascendientes, a menos que se trate de hijos extramatrimoniales.

d.

El cargo de tutor es obligatorio, no se puede excusar por ninguna causal.

88. Sobre la tutela, marque lo incorrecto:

a.

La persona que se encargue de los negocios de un menor, será responsable como si fuera tutor.

b.

Si el menor carece de bienes o estos no sean suficientes, el tutor demandará el pago de una pensión alimenticia.

c.

Se necesita autorización del juez para pagar cualquier deuda que el menor tuviese, no importa la cuantía.

d.

El tutor está obligado a dar cuenta de su administración anualmen­ te o al acabar la tutela o cesar en el cargo.

89. Sobre la cúratela, señale lo incorrecto:

90.

a.

Se puede otorgar cúratela sobre los toxicómanos, pero no sobre los ebrios habituales.

b.

Pueden pedir la interdicción del ebrio habitual su cónyuge, sus pa­ rientes y el Ministerio Público.

c.

Los sujetos a cúratela no pueden ejercer tutoría.

d.

Todas son incorrectas.

Sobre la cúratela, señale lo incorrecto:

a.

Los penados también son sujetos a la cúratela, el fiscal es quien pedirá el nombramiento del curador para el penado.

b.

El curador puede internar al incapaz en un establecimiento espe­ cial sin necesidad de autorización alguna.

c.

La cúratela de los bienes del concebido cesa por su nacimiento o por su muerte.

d.

Todas son incorrectas.

91. Sobre el Consejo de Familia, señale lo incorrecto. a.

Ni el tutor ni el curador pueden ser miembros del Consejo de Fa­ milia.

b.

Cuando los padres no tienen la administración de los bienes de sus hijos, serán miembros natos del Consejo que se conforme.

c.

El Consejo de Familia para un hijo extramatrimonial lo integran los parientes del padre o la madre, así no lo hubieran reconocido.

d.

El cargo es inexcusable.

92. Sobre el Consejo de Familia, marque lo incorrecto: a.

No habrá Consejo de Familia para un hijo extramatrimonial, cuan­ do el padre o la madre lo hayan prohibido en su testamento o por escritura pública.

b.

El cargo de miembro del Consejo termina por muerte, declaración de quiebra o renuncia de cualquier tipo.

c.

Cada vez que algún miembro presente en el lugar deje de asistir a reunión del Consejo sin causa legítima, el juez le impondrá una multa.

d.

El sujeto a tutela que sea mayor de catorce años puede asistir a las reuniones del Consejo, con voz pero sin voto.

93. El patrimonio familiar tiene como finalidad brindar seguridad jurídica mediante la afectación de determinados bienes del constituyente. Se­ ñale cuál no es una característica: a.

Inembargable.

b.

Inalienable.

c.

Constituyente.

d.

Transmisibible por herencia.

94. Señale cuál de los siguientes no puede constituir patrimonio familiar: a.

Cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su propiedad.

b.

El padre o madre solteros sobre bienes de su propiedad.

c.

El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre sus bienes propios.

d.

Todos pueden constituir patrimonio familiar.

95.

Gustavo se ha propuesto interponer demanda contra su hija Doris, para dejar de acudirle con una pensión alimenticia mensual fijada por sentencia de un juez de paz letrado, pues su citada hija ha llegado a la mayoría de edad y no sigue con éxito ninguna profesión u oficio. Citada a una audiencia de conciliación, ella aduce que viene cursando el segundo año de secundaria y que necesita la asistencia de su padre para concluir dichos estudios y valerse por sí misma. Respecto de la acción pertinente a ser interpuesta por Gustavo, mar­ que la opción correcta.

96.

a.

La acción pertinente es pedir la reducción de la pensión alimenti­ cia, pues al ser esta obligación reajustable al haber llegado la ali­ mentista a la mayoría de edad ha disminuido su estado de necesidad.

b.

No puede solicitar la exoneración de la obligación alimenticia, pues ella está prevista únicamente para los casos en que disminuyan los ingresos del demandado de modo que no pueda satisfacerlas sin poner en riesgo su propia subsistencia.

c.

Gustavo no requiere ejercitar acción alguna, pues al haber alcanza­ do Doris la mayoría de edad se produce el cese de la obligación ali­ mentaria, lo que opera de manera automática de pleno derecho.

d.

Corresponde solicitar la exoneración de la obligación alimentaria por haber desaparecido el estado de necesidad de la alimentista que solo se mantiene para los mayores de edad en casos de incapacidad física o mental o por seguir con éxito una profesión u oficio.

Respecto de la existencia de la obligación alimentaria, marque la op­ ción correcta. a.

Los concubinos se deben alimentos entre sí estando vigente la re­ lación concubinaria por una obligación natural y moral, pues for­ man una unión familiar similar al matrimonio.

b.

Si los beneficiarios de la relación alimentaria son mayores de edad, se deben recíprocamente alimentos los cónyuges, los ascendien­ tes, los descendientes y los hermanos.

c.

Existe obligación alimentaria recíproca entre los cónyuges, ascen­ dientes y descendientes y los parientes colaterales por consangui­ nidad hasta el cuarto grado.

d.

La obligación alimentaria vincula en forma más amplia que las re­ laciones conyugales y las paterno-filiales, pues se extiende a los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado.

( CAPÍTULO? )

DERECHO

PENAL

Principio de legalidad

1.

2.

¿Quién formuló el enunciado latino del principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine proevia ¡ege penaie)? a.

Von Feuerbach.

b.

Cesare Beccaria.

c.

Von Beling.

d.

Inmanuel Kant.

No es una manifestación del principio de legalidad: a.

3.

Lexscripta.

b.

Lex certa.

c.

Lex praevia.

d.

Lex genera lis.

Considera que la ley es la fuente directa de derecho penal; mientras que la costumbre, la jurisprudencia y los principios ayudan a interpre­ tarla.

a.

Lexscripta.

b.

Lex certa.

c.

Lex praevia.

d.

Lex estricta.

4.

5.

En el Perú, conforme a la reserva de ley, señale la afirmación incorrecta

a.

Los delitos solo pueden fijarse mediante ley dictada por el Congreso

b.

Los delitos solo pueden fijarse mediante ley dictada por el Ejecutivo.

c.

El Congreso puede delegar en el Ejecutivo la facultad de determi­ nar qué conductas son delictivas.

d.

Cuando el Parlamento determina conductas delictivas lo hace a través de resoluciones legislativas.

Según el artículo 149 de la Constitución, las autoridades de las comunida­ des campesinas y nativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Esta permisión flexibiliza el principio de legalidad en su manifestación de: a.

6.

7.

b.

Lex stricta.

c.

Lexscripta.

d.

Lex certa.

La prohibición de analogía ¡n malam partem es un mandato de la...

a.

Lex praevia.

b.

Lex stricta.

c.

Lexscripta.

d.

Lex certa.

La Constitución señala que «nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente ca­ lificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley». ¿A qué mani­ festación del principio de legalidad alude la palabra «inequívoca»?

a.

8.

Lex praevia.

Lex praevia.

b.

Lex stricta.

c.

Lexscripta.

d.

Lex certa.

Apelar a leyes extrapenales flexibiliza el principio de legalidad en su manifestación de... a.

Lex certa.

I

g.

10.

11.

b.

Lexstricta.

c.

Lexscripta.

d.

Lexpraevia.

Impone a! legislador el deber de precisar en la ley los presupuestos de la conducta delictiva y la pena aplicable:

a.

Lex praevia.

b.

Lex certa.

c

Lexscripta.

d.

Lexstricta.

El Código Penal de 1991 fue aprobado mediante: a.

Ley.

b.

Decreto Ley.

c.

Decreto Legislativo.

d.

Resolución Legislativa.

Pablo es denunciado por el delito de adulterio, que no se encuentra tipificado en el actual Código Penal. ¿Qué principio del Derecho Penal podría utilizar el abogado de Pablo para que este no sea sancionado penalmente? a.

12.

Principio de legalidad.

b.

Principio de prohibición deanalogía.

c.

Principio de proporcionalidad de la pena.

d.

Principio de lesividad.

¿Cuál de las siguientes es una consecuencia del principio de legalidad? a.

Prohibición de penalizar conductas humanas generadas por una "fuerza mayor".

b.

Proporcionalidad y razonabilidad de las penas.

c.

Prohibición de la analogía in malam partem.

d.

La sanción de conductas que pongan en peligro bienes jurídicos protegidos.

Acción

13.

Cuándo existe ausencia de acción o comportamiento humano:

a.

14.

15.

La conducta tiene que ser sancionada penalmente.

b.

Existe voluntad humana.

c.

No existe voluntad humana.

d.

La conducta constituirá un injusto.

Tipos de omisión:

a.

Omisión propia-omisión común.

b.

Omisión común-omisión especial.

c.

Omisión típica-omisión ati'pica.

d.

Omisión propia-omisión impropia

Federico conduce su vehículo por una avenida muy transitada. En una intersección de la vía es impactado por el auto de un taxista impru­ dente que se pasa la luz roja, generando que Federico atropelle a dos personas que se encontraban en un paradero ¿Qué caso de ausencia de acción se podría aplicar?

a.

Fuerza física irresistible.

b.

Movimientos reflejos.

c.

Estados de inconsciencia.

d.

Actio libera in causa.

Concepto, funciones, clasificación y elementos estructu* rales del tipo penal

16.

17.

18.

La tipicidad:

a.

Consiste en verificar la coincidencia entre una conducta con lo re­ gulado en la ley penal.

b.

Constituye la base de la culpabilidad penal.

c.

Es un elemento de la acción o conducta humana.

d.

Es la descripción del ilícito penal.

¿Cuál es la naturaleza jurídica del error de tipo? a.

Caso de ausencia de acción.

b.

Causa de justificación.

c.

Caso de ausencia de dolo.

d.

Causa de inculpabilidad.

Un sujeto desconocido arrebata su mochila a Wilfredo, quien espera­ ba el transporte público en un paradero. Este persigue al ladrón, coge una piedra y se la lanza, pero ¡mpacta en un transeúnte y no en el asaltante. ¿Qué tipo de error accidental se habría producido? a.

Error in persona.

b.

Aberratío ictus.

c.

Dolus generalis.

d.

Error de prohibición.

19. Delitos en los que la simple ejecución de la conducta, específicamente determinada como tal, es constitutiva de la realización del tipo:

a.

Delitos de mera actividad.

b.

Delitos de resultado.

c.

Delitos de peligro.

d.

Delitos de lesión.

20. Elemento del tipo en el que el autor debe hacer una valoración de las circunstancias en las que actúa, ajustando esta al término medio de la sociedad. a.

Elemento descriptivo.

b.

Elemento normativo de valoración jurídica.

c.

Elemento normativo de valoración empírico cultural.

d.

Elemento accidental.

21. El error de tipo se analiza en:

a.

El injusto penal.

b.

El tipo objetivo.

c.

El tipo subjetivo.

d.

La antijuricidad.

22. El delito de cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva, tipificado en el artículo 296-A del Código Penal, es un:

a.

Delito mutilado en dos actos.

b.

Delito permanente.

c.

Delito de preparación.

d.

Delito de peligro concreto.

23. Una tarde del 4 de abril, con motivo del deslinde de una finca, se pro­ movió una disputa entre Manuel y el procesado Ricardo, durante la cual, sacando este un arma corta de fuego hizo varios disparos para matar a Manuel, causándole una lesión en la zona izquierda de la pa­ rótida, que dañó la tiroides e hizo urgente una intervención quirúrgica, practicándole a las pocas horas la traqueotomía en la posta médica de la localidad, que la tuvo que hacer un interno de medicina sin mayor experiencia, con el material quirúrgico que había en el establecimien-

to de salud, que no estaba suficientemente esterilizado porque el es­ terilizador fue remitido a la capital para arreglarlo hacía más de cuatro meses. Sobrevino más tarde una bronconeumonía de naturaleza infecciosa ocasionada por no hallarse en la debida asepsia ese material quirúrgi­ co y que determinó el fallecimiento, ocurrido al día siete siguiente.

Marque ia alternativa correcta: a.

Hay relación de causalidad, conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, entre la conducta de Ricardo y la muerte de Manuel.

b.

Hay relación de causalidad entre la conducta de Ricardo y la muer­ te de Manuel según la teoría de la causalidad adecuada.

c.

Ricardo incrementó el riesgo y generó el resultado de muerte.

d.

La muerte se no debe a Ricardo.

24. Marque la alternativa correcta:

a.

El interno de medicina causó la muerte de Manuel.

b.

El interno de medicina obró en cumplimiento de un deber.

c.

El interno de medicina obró en esta de necesidad justificante.

d.

El interno de medicina nunca debió asumir el riesgo de la interven­ ción quirúrgica sin los elementos adecuados.

25. Ángel Bueno es estudiante universitario y no tiene trabajo. Ángel Bueno le propone a su vecina Candy Gato, quien acaba de cumplir 17 años de edad, ser modelo profesional y trabajar como "chica reality" en televisión aduciendo ser parte del equipo de producción de dichos programas. Bajo dicha artimaña, Ángel Bueno le pide una sesión de fotos desnuda a Candy Gato, quien acepta gustosamente con el afán de cumplir sus sueños. Pocos días después, Candy Gato le exige a Án­ gel Bueno ingresar a trabajar como "chica reality", pero este le indica que tiene a varias adolescentes en espera y le muestra fotografías de algunas jovencitas desnudas quienes también tienen 17 años. La conducta de Ángel Bueno:

a.

Es atípica.

b.

Es constitutiva del delito de pornografía infantil.

c.

Es constitutiva del delito de proposiciones sexuales.

d.

Constituye un concurso real de delitos (pornografía infantil y pro. posiciones sexuales).

26. Si Ángel Bueno fuese suboficial de la Policía Nacional del Perú:

a.

Estaría inmerso en el delito de abuso de autoridad.

b.

Se deberá aumentar la pena a imponer, puesto que el sujeto activo estaría incurso en una circunstancia agravante de la responsabili­ dad penal.

c.

Constituye una circunstancia de agravación puesto que la víctima es una adolescente.

d.

La pena abstracta a imponer será la misma que en el caso de un particular.

27. Un grupo de jóvenes que se encontraban haciendo una manifestación por una causa ecológica, de pronto empezaron a lanzar piedras contra los vehículos policiales, y fueron detenidos y fuertemente golpeados por dos policías. Posteriormente, fueron subidos a un vehículo policial cerrado en cuyo interior los agentes arrojaron una bomba lacrimóge­ na, cerrando la puerta. Ante esta situación, un grupo de ciudadanos, algunos de ellos padres de los jóvenes (que vieron lo ocurrido) ata­ caron a los dos policías rociándoles gasolina extraída de uno de los vehículos de los ciudadanos y luego les prendieron fuego. Uno de los policías resultó con quemaduras de tercer grado en diversas partes del cuerpo y el otro falleció a causa de las heridas.

Marque la alternativa correcta: a.

En el caso en cuestión, no existe una agresión ilegítima por par­ te de los dos policías a los jóvenes manifestantes, en tanto estos causaban disturbios que alteraban el buen orden y la tranquilidad pública.

b.

En el caso en cuestión, los jóvenes perpetraron delito de violencia contra la autoridad.

c.

La actuación defensiva de los dos policías se encontraba ajustada a la ley.

d.

Los ciudadanos (entre ellos, los padres de los jóvenes) son respon­ sables penalmente por el delito de homicidio simple y lesiones gra­ ves, respectivamente, en agravio de los policías.

2g. Marque la alternativa correcta:

a.

Los policías obraron justificadamente para reducir a los revoltosos,

b.

Hubo un exceso de orden disciplinario en el proceder de los poli­ cías.

c.

Los policías perpetraron tentativa de homicidio agravado contra los jóvenes manifestantes.

d.

Los padres obraron en estado de necesidad exculpante.

29. El Recurso de Nulidad 3112-2014, Cajamarca, del 01/10/2015, señala que "el delito de secuestro previsto y sancionado por el artículo 152 del Código Penal, atenta contra la libertad ambulatoria de las perso­ nas, es decir, presupone ir contra la voluntad del sujeto pasivo, Iden­ tificándose diversos medios comisivos, no determinados por la Ley, pero que, desde una perspectiva criminalística, son por lo general i-r-

En atención a ello, señale usted cuáles son los medios comisivos del delito de secuestro desde una perspectiva criminalística: a.

La voluntad, el engaño y la libertad ambulatoria.

b.

La amenaza, el daño ocasionado y el engaño.

c.

La voluntad, la amenaza y la libertad.

d.

La violencia, la amenaza y el engaño.

30. En la Casación 335-2015, Del Santa, de 01/06/2016, se establecen de­ terminados criterios al momento de determinar judicialmente la pena en casos de delito de violación sexual de menores. Señale usted la alternativa que corresponde a un criterio incorrecto: a.

Ausencia de violencia o amenaza para acceder al acto sexual.

b.

Proximidad de la edad del sujeto pasivo a los catorce años.

c.

Ausencia de afectación emocional del sujeto pasivo al acceder al acto sexual.

d.

Diferencia etárea entre el sujeto activo y pasivo.

31.

Son aquellos delitos en los que la lesión del deber especial fundamen­ ta la responsabilidad del agente: a.

Delitos comunes.

b.

Delitos especiales propios.

c.

Delitos especiales impropios.

d.

Delitos de mera actividad.

Imputación objetiva

32. Constituye un elemento del juicio de imputación objetiva en delitos de peligro:

a.

La existencia de una relación de causalidad entre la acción y el riesgo.

b.

El desvalor del resultado determinado por la causalidad.

c.

El resultado debe ser la expresión de un riesgo desaprobado implí­ cito en la acción.

d.

La existencia de control sobre el nexo causal.

33. El juicio de imputación objetiva, desde un punto de vista normativo, comprende: a.

Atribuir un resultado a determinadas conductas.

b.

Determinar si una causa es eficiente para la producción de un re­ sultado.

c.

Verificar si es causa de un resultado toda condición interviniente en su producción.

d.

Determinar si el vínculo entre la acción y el resultado le interesan al Derecho Penal.

34. Fernando le causa lesiones en el ojo a José por un golpe con un objeto contundente. Dicha agresión le causa la pérdida de la vista, pero no como consecuencia de la agresión, sino por la falta de cuidado de José, quien no atendió sus heridas como le había recomendado el médico oftalmólogo. En este caso, ¿qué criterio de imputación objetiva se po­ dría aplicar? a.

Principio de confianza.

b.

Principio de prohibición de regreso.

c.

Ámbito de protección de la norma.

d.

Autopuesta en peligro de la víctima.

35. Un chofer es contratado para realizar el transporte interprovincial de una carga de madera. Mientras realizaba dicha actividad es interveni­ do por la Policía, que revisa la carga y se percata de la existencia de clorhidrato de cocaína debidamente acondicionada. El chofer señaló que desconocía que dentro de su carga había droga y que solo cum­ plía con su trabajo de transportista, ejercido por más de 15 años, por lo que procede a colaborar con las autoridades presentando la docu­ mentación relacionada con la carga y señala las circunstancias de con­ tratación. En este caso, ¿qué criterio de imputación objetiva se podría aplicar? a.

Principio de confianza.

b.

Principio de prohibición de regreso.

c.

Ámbito de protección de la norma.

d.

Autopuesta de peligro de la víctima.

36. Un chofer conduce su vehículo respetando las reglas de tránsito, pero un imprudente peatón se le cruza y genera su propio atropellamiento y muerte. Esta circunstancia excluiría la imputación al tipo objetivo porque: a.

Nos encontramos ante un riesgo permitido

b.

Existió una disminución del riesgo.

c.

Se produjo un aumento del riesgo.

d.

No ha existido dolo.

37. Se organiza un festival de rock con autorización de la autoridad com­ petente, mediando un puente colgante como vía de acceso al tránsito. Sin embargo, los asistentes decidieron usar dicho puente como una plataforma bailable, hecho que motivó el colapso de dicho puente, ocasionando la muerte de quienes se encontraban ahí. Respecto de la responsabilidad penal del agente organizador del festival, ¿qué crite­ rio objetivo corresponde invocar? a.

Principio de confianza.

b.

Principio de prohibición de regreso.

c.

Ámbito de protección de la norma.

d.

Autopuesta de peligro de la víctima.

38- ¿Cuál es el instituto de la imputación objetiva que se aplica en aque­ llos casos de emprendimiento conjunto de tareas de carácter comple­ jo y que requieren, por tanto, de la división de roles para que todas las prestaciones conduzcan a la meta planificada? a.

Riesgo permitido.

b.

Confianza especial.

c.

Principio de confianza.

d.

Prohibición de regreso.

39. Juan es chofer de una "minivan", mediante la cual realiza servicio de taxi en la ciudad de Arequipa. Estando en sus labores es contratado por un grupo de sujetos, entre hombres y mujeres, para que los trasla­ de a la ciudad de Camaná. Al llevarlos a su destino, hace una parada en el camino a efectos de abastecer de combustible su vehículo, circuns­ tancias en que uno de los pasajeros esconde un paquete envuelto con una frazada azul en la canastilla del vehículo.

Al retomar su labor se dirige a su destino, sin percatarse del paquete escondido y, habiendo recorrido la mitad de camino, son intervenidos por personal policial a razón de un operativo en la zona, procedién­ dose con el registro del vehículo y encontrándose en la canastilla del ve­ hículo el paquete envuelto con una frazada azul y, en su interior, 6 kg de pasta básica de cocaína, por lo que son detenidos y puestos a dis­ posición del Ministerio Público de turno, que luego de las diligencias preliminares procede a formalizar investigación preparatoria contra los ocupantes del vehículo, así como contra Juan por haber desempe­ ñado el rol de chofer del vehículo "minivan" donde se transportaba la droga.

Juan señaló en presencia del fiscal y de su abogado que desconocía de la existencia de la droga y que solo procedió a hacer el servicio de taxi a sus coimputados, labor que viene realizando desde hace cinco años. Desde la perspectiva de la imputación objetiva, la conducta de Juan se encuadra dentro de: a.

La autopuesta en peligro, ya que no verificó la identidad de sus pasajeros y el contenido de los paquetes que llevaban cada uno de ellos, asumiendo su propio riesgo.

b.

La superación de un riesgo permitido, ya que obró sin extrali­ mitarse a los deberes inherentes a su rol social, en la medida que sólo se limitó a conducir el vehículo que transportaba a los pasajeros.

c.

Una conducta neutral, por cuanto Juan se mantuvo en su rol de chofer, en la medida que solo se limitó a conducir el vehículo que transportaba pasajeros.

d.

Creación de un riesgo no permitido, toda vez que es consciente del riesgo de la labor que desempeña, transportando a sujetos desco­ nocidos.

40. La respuesta anterior, responde al principio de: a.

Confianza.

b.

Ausencia de relación de-causalidad.

c.

Ámbito de responsabilidad de la propia víctima.

d.

Prohibición de regreso.

41. Joaquín vive solo en su mansión y, por ser un cliente premium de un centro comercial, recibe como regalo un viaje de vacaciones a la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, con cinco días de alojamiento en un exótico hotel y todo completamente gratis. Joaquín no lo piensa dos veces y opta por viajar, para lo cual deja su mansión bien asegura­ da. El cerco eléctrico queda en buen estado de funcionamiento, coloca candado en todas las puertas interiores, lo que hace muy difícil que algún ladrón pueda ingresar a su domicilio y hurtar los valiosos bienes que posee, junto a una galería de obras de arte originales de la pintura cusqueña. Joaquín, además, introduce un poderoso veneno dentro de unas botellas de Coca Cola, que deja en el refrigerador de la cocina. Él piensa para sí: "si algún ladrón ingresa a mi casa y quiere beber esta gaseosa, ojalá muera como un perro envenenado". Justamente, en el cuarto día de ausencia de Joaquín, tres sujetos des­ conocidos fuerzan todos los mecanismos de seguridad de la mansión, penetran un camión hacia el patio interior con la finalidad de vaciar por completo la casa. Sustraen absolutamente todos los bienes de va­ lor. Como quiera que dicho trabajo los dejó cansados, buscan refres­ carse con alguna bebida, para lo cual abren el refrigerador de la cocina y se reparten las botellas de Coca Cola existentes allí. A su regreso de viaje, Joaquín encuentra a los tres ladrones muertos, tirados sobre el piso de la cocina, pues habían bebido la gaseosa envenenada.

La muerte de los tres ladrones: a.

Le es imputable objetivamente a Joaquín, pues superó el riesgo permitido.

b.

No le es imputable a Joaquín, pues no superó el riesgo permitido.

c.

No le es imputable a Joaquín, pues rige la imputación a la víctima,

d.

No le es imputable a Joaquín, pues rige la prohibición de regreso.

42. El director de una fábrica de pinceles, confeccionados con pelos de oveja, suministra su producto en una escuela de Lima. Sin embargo, en los últimos meses, debido a una falla en su máquina de desinfección, dichos pinceles eran elaborados sin llevar a cabo la desinfección pres­ crita en la normatividad administrativa. Debido a ello, cuatro niños se infectan con microorganismos provenientes de las ovejas y fallecen. Una investigación posterior establece que el desinfectante prescrito hubiera sido ineficaz contra ese microorganismo, no reconocido hasta ese momento en el Perú. Es correcto afirmar que: a.

No es posible atribuir responsabilidad penal al director por falta de imputación objetiva.

b.

Es posible atribuir al director el delito de homicidio culposo, dado que ha creado el riesgo no permitido.

c.

Es posible atribuirle al director la comisión del delito de homicidio culposo en grado de tentativa.

d.

Es posible atribuir responsabilidad penal al director, dado que se ha creado el riesgo no permitido.

Naturaleza y estructura del injusto típico

43. El traslado del dolo y la imprudencia de la categoría de la culpabilidad a la tipicidad fue realizado en ei: a.

Sistema neoclásico.

b.

Sistema causalista.

c.

Sistema funcionalista.

d.

Sistema finalista.

44. R es un excelente piloto de avión perteneciente a la Fuerza Aérea peruana. Cierto día, mientras pilotaba una nave de combate Mig-29, advierte que un avión comercial que volaba cerca, había perdido el control y se dirigía contra un edificio que se encontraba en construc­ ción y desocupado. En ese preciso momento, R observa que el avión aún podía maniobrar y aterrizar en una pista cercana sino fuera por el edificio que se interponía. Así, con la finalidad de evitar que el avión comercial se estrelle y mueran cientos de personas, usa su avión de combate para disparar misiles contra el edificio, destruyéndolo com­ pletamente y evitando que el avión comercial colisione. Desde el análisis de las causas de justificación, marque la respuesta correcta.

a.

R es responsable del delito de daños, pues destruyó completa­ mente el edificio.

b.

La conducta de R realizo el riesgo no permitido de lesión al patri­ monio privado, por lo que responde penalmente.

c.

La conducta de R, si bien causó la destrucción del edificio, se en­ cuentra justificada pues evitó la muerte de cientos de personas (estado de necesidad justificante).

d.

Se trata de un supuesto de legítima defensa en defensa de un ter­ cero.

45. Desde un análisis de la teoría del delito, la conducta de R es: a.

Atípica.

b.

Típica y antijurídica.

c.

Típica y no antijurídica.

d.

Típica, antijurídica y culpable.

46. A es un entrenador de karate que diariamente enseña a las perso­ nas la técnica de la defensa personal. Cierto día divisa a su alumno B siendo víctima de robo a mano armada por diez delincuentes (bajo la modalidad del "cogoteo") por lo que se apresura a defenderlo. Apli­ cando sus técnicas de karate, A logra reducir al único delincuente que portaba arma de fuego, mientras B era golpeado por los demás. En ese momento, preso de la impotencia de ver a su alumno golpeado y del cansancio, A decide coger el arma del delincuente reducido y dispa­ ra contra los otros delincuentes, causando la muerte de uno de ellos, mientras los otros logran huir.

Desde un análisis de la teoría del delito, la conducta de A: a.

Es típica y antijurídica: injusto penal de homicidio.

b.

No es típica, pero sí antijurídica.

c.

Es típica pero no antijurídica: tipo penal de homicidio.

d.

Es típica, antijurídica y culpable.

47. Desde un análisis de la antijuricidad, la conducta de A configura: a.

El delito de homicidio, por tanto, merecedor de pena.

b.

Una actuación en legítima defensa.

c.

Un estado de necesidad justificante.

d.

Una actuación en cumplimiento de un deber o en ejercicio legíti mo de un derecho.

48. Sobre la legítima defensa señale la alternativa que no corresponde: a.

Se presenta cuando existe una agresión real e ¡legítima.

b.

Debe de existir una falta de provocación suficiente que justifique la reacción.

c.

Opera siempre y cuando se trate de un peligro actual no evitable de otro modo.

d.

A diferencia de otras causas de justificación tiene reconocimiento constitucional.

49. Por lo general, Eduardo suele regresar a casa a las 8 a. m., después de culminar sus labores habituales de guardián de una fábrica. Pero cierto día, convino con su compañero del siguiente turno para que viniera un poco antes y lo reemplace, a fin de poder llegar más temprano a casa y darle una romántica sorpresa a Janet, su esposa. En el trayecto se detuvo en una tienda, compró un ramo de rosas y se dirigió a su casa. Al ingresar a la misma, escuchó unos gritos de Janet que provenían del dormitorio ubi­ cado en el segundo piso, sin poder distinguir de qué clase de gritos se trataba. Subió la escalera sigilosamente y, al acercarse Eduardo, provocó un ruido con su zapato, ante lo cual Janet, al verse descubier­ ta, gritó: "¡Auxilio, me violan!". Eduardo cogió el arma de fuego que llevaba consigo, pues se había olvidado dejarla en la fábrica; irrumpió abruptamente en la habitación, encontrando a un desconocido tendido sobre su esposa. Ambos estaban desnudos, pero ella no paraba de gritar: "¡Auxilio, me violan!". Eduardo no lo pensó más, disparó al desconocido, matándolo en el acto. Respecto de la intervención de Eduardo en los hechos: a.

Puede invocar una legítima defensa de terceros.

b.

Responde categóricamente como autor del delito de homicidio.

c.

Responde como cómplice psíquico del delito de homicidio.

d.

Su conducta es atípica, pues no supera el riesgo permitido.

50. Los hechos ocurren en un barrio sumamente violento de la ciudad. So­ bre las 20 horas del 16 de mayo de 2011, los jóvenes Juan y otros ami­ gos suyos, incluyendo a José, acudieron a la discoteca Bailetón, encon­ trando en la barra a Aurelio, dirigiéndose a este y agarrándolo por el cuello lo sacaron entre todos de forma agresiva y violenta fuera de la discoteca. Una vez en el exterior tuvo lugar un altercado. Aurelio sacó una navaja de su chaleco y la abrió para exhibirla a José, con el objeto de disuadirlo de continuar el ataque, pero José persistió al blandir otra navaja. Se produjo un forcejeo de ambos jóvenes armados, en que Aurelio introdujo la navaja a José, produciéndole la muerte.

Ante la presencia policial, los acompañantes de José huyeron. Lleva­ das a cabo las diligencias de ley, se concluyó que la herida que tenía el acusado a la altura de la ceja izquierda se la produjo el fallecido José; y la herida del difunto en la región occipital (parte trasera de la cabeza) se produjo al tropezar y caer hacia atrás, después de haberle clavado

la navaja el acusado. Se supo, además, que con anterioridad al día en que ocurrieron los hechos, Aurelio (ahora acusado) había sido objeto de amenazas verbales de muerte, públicamente vertidas por parte de Juan y su grupo, incluso José le mostraba la hoja de una navaja; todo ello debido al color de su piel. Igualmente, resultó probado que Aure­ lio carecía de motivos para agredir a José.

Identifique la clase de responsabilidad penal de Aurelio: a.

Aurelio debe responderpenalmente como autor del delito de ho­ micidio simple en contra de José.

b.

La conducta de Aurelio está amparada por el estado de necesidad exculpante.

c.

La conducta de Aurelio está amparada por la legítima defensa.

d.

La conducta de Aurelio está amparada por el obrar en ejercicio legítimo de un derecho.

51. Sobre la conducta de Aurelio en el caso citado, se desprende que: a.

La conducta de Aurelio es típica y antijurídica y, además, su obrar fue culpable.

b.

La conducta de Aurelio carece de antijuridicidad.

c.

La conducta de Aurelio es típica y antijurídica, mas no culpable.

d.

La conducta de Aurelio debe calificarse únicamente como culpable.

52. Carlos conduce su vehículo por una avenida desolada. Cuando se esta­ ciona en luz roja se le acercan cuatro sujetos armados con la finalidad de asaltarlo, por lo que decide acelerar, atropellando a uno de los de­ lincuentes, quien muere en el acto. ¿Qué eximente de responsabilidad penal se podría aplicar? a.

Legítima defensa.

b.

Estado de necesidad justificante.

c.

Estado de necesidad exculpante.

d.

Fuerza física irresistible.

Imputación subjetiva

53.

54.

55.

56.

El sistema de incriminación de los comportamientos culposos o impru­ dentes en el Código Penal es:

a.

Numerus apertus.

b.

Numerus clausus.

c.

Sistema de tipificación abierta.

d.

Sistema de tipificación general.

Los delitos culposos o imprudentes son: a.

Conductas en las que la finalidad del agente y el resultado produ­ cido coinciden.

b.

Conductas humanas no lesivas para los bienes jurídicos.

c.

Conductas en las que no existe ánimo lesionar los bienes jurídicos.

d.

Conductas descuidadas con ánimo de vulnerar los bienes jurídicos.

El deber de cuidado no está integrado por:

a.

El deber de reconocimiento del peligro para el bien jurídico.

b.

El deber de abstenerse de las medidas cautelosas.

c.

La posición de garante del agente.

d.

Los deberes de preparación e información previa.

Antonia, embarazada con ocho meses de gestación, discute con su ve­ cina y se agreden mutuamente. Producto de las lesiones recibidas se genera su aborto. Con relación a este hecho se habría producido un:

a.

Delito doloso.

b.

Delito culposo.

c.

Delito preterintencional.

d.

Delito en el que se aplicaría un error de tipo.

5T, Joaquín vive solo en su mansión y, por ser un cliente premium de un centro comercial, recibe como regalo un viaje de vacaciones a la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, con cinco días de alojamiento en un exótico hotel y todo completamente gratis. Joaquín no lo piensa dos veces y opta por viajar, para lo cual deja su mansión bien asegura­ da. El cerco eléctrico queda en buen estado de funcionamiento, coloca candado en todas las puertas interiores, lo que hace muy difícil que algún ladrón pueda ingresar a su domicilio y hurtar los valiosos bienes que posee, junto a una galería de obras de arte originales de la pintura cusqueña. Joaquín, además, introduce un poderoso veneno dentro de unas botellas de Coca Cola, que deja en el refrigerador de la cocina. Él piensa para sí: "si algún ladrón ingresa a mi casa y quiere beber esta gaseosa, ojalá muera como un perro envenenado".

Justamente, en el cuarto día de ausencia de Joaquín, tres sujetos des­ conocidos fuerzan todos los mecanismos de seguridad de la mansión, penetran un camión hacia el patio interior con la finalidad de vaciar por completo la casa. Sustraen absolutamente todos los bienes de va­ lor. Como quiera que dicho trabajo les dejó cansados, buscan refres­ carse con alguna bebida, para lo cual abren el refrigerador de la cocina y se reparten las botellas de Coca Cola existentes allí. A su regreso de viaje, Joaquín encuentra a los tres ladrones muertos, tirados sobre el piso de la cocina, pues habían bebido la gaseosa envenenada.

En lo que respecta al lado subjetivo del hecho: a.

Joaquín es autor de homicidio calificado por haber obrado con dolo directo.

b.

Joaquín es autor de homicidio calificado por haber obrado con dolo eventual.

c.

Joaquín responde como autor de homicidio culposo al haber obra­ do con culpa consciente.

d.

No existe una imputación subjetiva contra Joaquín.

58. Juanita es una joven abogada que tiene mucho ímpetu para defen­ der y ganar todos sus casos. Un día, en una conferencia de lavado de activos, conoce al fiscal F, quien estaba a cargo de su caso en la Fis­ calía. Inmediatamente ella entabla una comunicación constante con el magistrado, quien le ofreció ver su caso y, eventualmente, atender sus argumentos de defensa. Juanita, en un arrebato de entusiasmo, le ofrece al fiscal F pagarle la suma de S/ 50 000 si su caso es resuelto de manera positiva en una semana. Ante ello, el fiscal F reacciona de manera negativa, dado que él simplemente intentó atender su pedi­ do conforme lo establece su reglamento interno: escuchando sus ar-

gum entos de defensa. Finalmente, pese a que se resolvió el caso de manera favorable para Juanita, la indignación del magistrado por la propuesta de la abogada hizo que denuncie los hechos ante el Minis­ terio Público. Respecto del aspecto subjetivo del comportamiento de Juanita, se tra­ ta de un caso: a.

De dolo directo.

b.

De dolo eventual.

c.

De culpa consciente.

d.

Donde hubo conocimiento, pero no voluntad.

59. Carlos, un estudiante de derecho, decide comprarle a Benito, su com­ pañero de clases, una computadora personal que este venía ofrecién­ dole. El precio de la computadora en el mercado era de 4000 soles; sin embargo, Benito ofrecía el artefacto por 1000 soles. Benito le dijo a Carlos que la computadora era suya y que necesitaba dinero para asis­ tir a un congreso de derecho penal. Tiempo después, Carlos fue citado por la Policía Nacional por haberse instaurado contra él una investiga­ ción por delito de receptación. Resulta que, luego de una investigación previa, se determinó que Benito había hurtado la computadora perso­ nal a un amigo suyo.

Es correcto afirmar que: a.

Carlos cometió el delito de receptación pues actuó con dolo.

b.

Carlos actuó culposamente.

c.

Benito actuó con dolo eventual.

d.

Carlos no cometió el delito de receptación, pues no actuó dolosa­ mente.

60. Es correcto afirmar que:

a.

Benito está exento de responsabilidad penal pues concurre un es­ tado de necesidad justificante.

b.

Benito está exento de responsabilidad penal pues concurre un es­ tado de necesidad exculpante.

c.

Benito es responsable pues actuó con dolo eventual.

d.

Benito es responsable pues actuó con dolo directo.

61.

Sobre los delitos imprudentes, es correcto afirmar que: a.

Las meras realizaciones de riesgo determinan la responsabilidad penal.

b.

Las meras realizaciones de riesgo no determinan la responsabili­ dad penal del agente.

c.

No es posible la tentativa.

d.

No importa el resultado iesivo.

Iter criminis 62.

Fase en la que el autor selecciona los medios con miras a realizar el delito. De manera excepcional, puede ser punible cuando el legislador los considera peligrosos y los tipifica:

a.

63.

b.

Actos preparatorios.

c.

Ejecución.

d.

Consumación

Implica no proseguir con los actos de consumación del delito o impedir voluntariamente que se produzca el resultado; sin embargo, los actos practicados por el agente, que sean punibles, serán sancionados:

a.

64.

•-4Í.I

Tentativa.

b.

Tentativa inidónea.

c.

Agotamiento del delito.

d.

Desistimiento.

El agente da inicio a la ejecución del delito que decidió cometer, sin consumarlo, Es una forma imperfecta de realización del delito;

a.

65.

Ideación.

Tentativa.

b.

Tentativa inidónea.

c.

Agotamiento del delito.

d.

Desistimiento.

Alberto tiene en su poder fotos comprometedoras de Viviana en ple­ nas relaciones íntimas con su amante, por lo que decide chantajearla con publicarlas en internet. Le envía un mensaje a su teléfono, pero una avería en el aparato no permitió que Viviana escuche el mensaje amenazador. ¿A qué etapa del iter criminis habría llegado Alberto?

a.

Ideación.

b.

Actos preparatorios.

c.

Ejecución,

d.

Consumación.

66. Filomeno quiere matar a su esposa. Antes de hacerlo decide drogaría y le aplica morfina para que no pueda defenderse. Sin embargo, al verla inconsciente se arrepiente de realizar el parricidio. ¿A qué etapa del itercriminis habría llegado Filomeno? a.

Ideación.

b.

Actos preparatorios.

c.

Ejecución.

d.

Consumación.

67. Jonás tiene fotos comprometedoras de Susana con su amante en ple­ nas relaciones íntimas. Decide chantajearla con enseñarlas a su mari­ do y publicarlas por internet. Entonces, se consigue su número telefó­ nico y averigua su rutina diaria. La liama, pero no se percata de que la frase "aló..." que escuchó es lo único que por error grabó Susana en su contestadora automática. Así, se apresura a decirle de las foto­ grafías que tiene, cuánto pide por no publicarlas, dónde y cuándo se efectuaría el pago, todo en términos soeces. Para incrementar la ame­ naza, cree que sería ideal no dejarla contestar a los requerimientos, por lo que apenas acabó de hablar colgó la llamada. No obstante, el teléfono de Susana tiene una avería y no puede escuchar los mensajes recibidos. Además, la esposa de Jonás encuentra las fotos y, como no conoce a Susana, piensa que él está viendo pornografía, motivo por el cual las quema en el acto. Indique la opción correcta: a.

Comenzaron los actos ejecutivos del delito de chantaje.

b.

Los hechos quedaron en grado de preparación de chantaje.

c.

Se trata de una tentativa acabada de chantaje.

d.

Es el caso de una tentativa inidónea del delito de extorsión que perpetra Jonás.

68. Marque la alternativa correcta: a.

La esposa de Jonás incurre en encubrimiento real.

b.

Susana comete delito de adulterio.

c.

Se consumó el chantaje de Jonás.

d.

Jonás ha lesionado el derecho a la intimidad de Susana.