Las protestas violentas en el Perú y su impacto en el personal policial

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Las protestas violentas en el Perú y su impacto en el personal policial

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DEFENSORÍA DEL POLICÍA

LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN EL PERÚ Y EL IMPACTO EN EL PERSONAL POLICIAL

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

LAS PROTESTAS VIOLENTAS EN EL PERÚ Y EL IMPACTO EN EL PERSONAL POLICIAL

Ministro del Interior Vicente Romero Fernández Defensora del Policía Rossana Di Natali Suarez

Ministerio del Interior Plaza 30 de agosto s/n Urb. Corpac, San Isidro www.mininter.gob.pe

Defensoría del Policía Sede central General Córdova N° 2580, Lince Oficina de Atención al Policía Complejo Policial “Juan Benites Luna” Jr. Los Cibeles N° 191, Rímac Oficina Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” Av. Brasil cdra. 26, Jesús María defensoriadelpolicia.mininter.gob.pe

Octubre, 2023 1

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN El 7 de diciembre de 2022, horas antes de la votación en el Congreso sobre una tercera moción de vacancia en su contra, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, dio un mensaje a la nación en el cual comunicaba la decisión de establecer un gobierno de excepción, disponiendo la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias; y, entre otras medidas, la conformación de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Ante esta situación, el Congreso de la República declaró la vacancia presidencial y dispuso que la entonces vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, asuma la presidencia en aplicación de la sucesión presidencial contemplada en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Estos hechos dieron lugar a numerosas manifestaciones y enfrentamientos violentos en contra de la nueva presidenta. Según la Defensoría del Pueblo1 entre el 07 de diciembre de 2022 y el 20 de febrero de 2023 se registraron 1,327 protestas, que incluyeron 882 movilizaciones, 240 paralizaciones, 195 concentraciones y 10 vigilias. En ese contexto, se produjeron 153 hechos de violencia, los cuales incluyeron la toma de 19 instalaciones, 79 ataques a la propiedad pública y privada y 55 enfrentamientos con las fuerzas del orden. (Defensoría del Pueblo, 2023). Como resultado de ello, lamentablemente, 66 personas perdieron la vida2 y se registraron millonarias pérdidas económicas, tanto para el sector público como el privado, que afectaron gravemente las actividades económicas y comerciales de todo el país3. En el ámbito policial, 979 policías resultaron heridos y uno perdió la vida. Entre los policías lesionados, esta Dirección General tiene registro que nueve (9) se encuentran actualmente sujetos a los alcances de la Ley N° 126334 y cuatro (4) con aptitud psicosomática código 1. De

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Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 190: Crisis política y protesta social: Balance defensorial tras tres meses de iniciado el conflicto (Del 7 de diciembre de 2022 al 6 de marzo de 2023). Primera edición: Lima, Perú, marzo de 2023. 2 Dato consignado en el Informe Defensorial N° 190, según el cual fallecieron 01 efectivo policial, 06 militares, 11 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos en carreteras y 48 civiles en los enfrentamientos. 3 Según declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas, Álex Alonso Contreras Miranda, realizadas el 18 de julio de 2023, los conflictos sociales generaron una pérdida aproximada de 4,000 millones de soles para el Perú, un costo tres veces mayor a los daños ocasionados por el ciclón Yaku. Ver:https://elperuano.pe/noticia/218389-perdidas-por-conflictos-suman-s-4000mllns#:~:text=18%2F07%2F2023%20Los%20conflictos,(MEF)%2C%20%C3%81lex%20Contreras. 4 Información actualizada al 31 de julio de 2023. La Ley N° 12633, Ley que señala la forma en que el Estado atenderá a los Jefes, Oficiales y Tropa de los Institutos Armados, Guardia Civil, Guardia Republicana y Cuerpo de Investigaciones, atacados de tuberculosis o de otras dolencias a largo plazo; y, su respectivo reglamento, el Decreto Supremo N° 009-2016-DE. Dichas normas establecen cómo se determina la Aptitud Psicosomática para la permanencia en Situación de Actividad del Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con el reglamento, la situación de “código N° 1” implica que el personal podrá continuar en el servicio activo pero con limitaciones, no pudiendo desempeñarse plenamente en labores operativas; mientras que los que se encuentren “sometidos a la ley” no podrán

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ otro lado, en cuanto a los daños materiales, se tiene registro que 41 dependencias policiales fueron atacadas, seis de las cuales resultaron incendiadas. Respecto de estas circunstancias, se han elaborado diversos informes dando cuenta de los hechos ocurridos y, a partir de los mismos, se han formulado recomendaciones a distintas instituciones del Estado. Sin embargo, poco se ha mencionado sobre las afectaciones a los derechos humanos y fundamentales del personal policial que, en cumplimiento de sus funciones, actuó para restablecer el orden interno y defender la democracia del país. Es por ello que la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior, como parte de sus competencias, ha considerado pertinente la elaboración de un Informe Defensorial que describa y analice cómo esta coyuntura excepcional, impactó en la capacidad de respuesta de la Policía Nacional del Perú, valorando en qué medida se afectaron los derechos del personal policial que actuó en cumplimiento del deber.

Justificación La Defensoría del Policía es un órgano especializado dependiente del Ministerio del Interior que está encargado de garantizar y proteger los derechos humanos del personal que presta servicios en la Policía Nacional del Perú, planteando mecanismos de solución en salvaguarda de sus derechos fundamentales, mediante la debida aplicación de las normas y reglamentos vigentes, en concordancia con las disposiciones de la Constitución y las leyes sobre la materia, así como con las normas internacionales sobre derechos humanos. De acuerdo con el artículo 158 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior5, entre sus funciones, la Defensoría del Policía interviene en defensa y protección de los derechos humanos del personal policial; propone proyectos y mejoras mediante directivas, resoluciones y modificaciones a la normativa vigente; propone los lineamientos de política en materia de protección de los derechos del personal policial; atiende peticiones, quejas y consultas formuladas por el personal policial; y, elabora informes y pronunciamientos defensoriales para solucionar situaciones identificadas en las que se exprese vulneración de los derechos humanos del personal del Sector Interior. En ese marco, impulsa acciones a favor de garantizar los derechos que protegen al personal policial en el ejercicio de sus funciones, especialmente de aquel personal que en cumplimiento de las mismas, es afectado y/o vulnerado en sus derechos. Es así que ante los acontecimientos ocurridos producto de las movilizaciones sociales y protestas violentas, que afectaron al país en el periodo comprendido entre diciembre 2022 y marzo 2023, esta Dirección General impulsó diversas acciones para verificar y asegurar, entre otras, la continuar en el servicio activo, pudiendo reincorporarse al servicio una vez superada la condición psicosomática. 5 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1520-2019.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ adecuada atención del derecho a la salud del personal policial afectado durante las intervenciones policiales. Sobre la base de las actuaciones, seguimientos, visitas y entrevistas realizadas, así como de la consulta y revisión de fuentes secundarias, es que la Defensoría del Policía ha desarrollado el presente documento.

Objetivos El presente informe se plantea los siguientes objetivos: I. Evaluar las condiciones y medios de policía (equipos e indumentaria) con los que el personal policial intervino en el contexto de las protestas violentas ocurridas a nivel nacional en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y marzo 2023. II. Visibilizar el nivel de exposición del personal policial, así como las lesiones sufridas por el personal policial y los daños ocasionados a la infraestructura de la institución policial durante las protestas violentas. III. Valorar la respuesta institucional, frente a las lesiones sufridas por el personal policial.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, el documento se divide en tres secciones: i) En la primera, se desarrolla el marco normativo conceptual y se expone una cronología de los hechos y sucesos más relevantes de las protestas violentas ocurridas a nivel nacional; ii) la segunda parte, analiza las condiciones de la intervención policial y cómo se afectaron los derechos humanos del personal policial que participó de las operaciones destinadas a restablecer el orden público e interno; y finalmente, iii) en la tercera parte, se da cuenta de las acciones efectuadas por la Defensoría del Policía, formulándose las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Base Legal o o o o o

Decreto Legislativo N° 1266, Ley Orgánica del Ministerio del Interior. Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Decreto Supremo N° 026-2017-IN, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Decreto Supremo N° 014-2019-IN, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, Resolución Ministerial que aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones, la Estructura Orgánica y el Organigrama del Ministerio del Interior.

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PRIMERA PARTE

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CONFLICTOS SOCIALES Y PROTESTAS Los conflictos sociales en el país han sido una constante en las últimas décadas de su historia reciente. Junto con Bolivia y Argentina, Perú se encontraba entre los países que registraba los números más altos de conflictividad social de la región latinoamericana, con un promedio de más de 200 por año (Calderón Gutiérrez, 2012)6. Precisamente, dos meses antes de los acontecimientos que sucedieron luego de la vacancia presidencial, la Defensoría del Pueblo alertaba que octubre de 2022 fue el mes que registró la cifra más alta de conflictos sociales de los últimos años: 2187. En respuesta a las tendencias crecientes de conflictividad social, no solo en número sino en intensidad, el Estado ha incorporado una serie de mecanismos para prevenir y gestionar estos procesos, implementando en el aparato público diversas oficinas, áreas especializadas u órganos destinados a este fin, como la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo; la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros; la Dirección de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales de la Dirección General de Orden Público del Ministerio del Interior; o, la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales del Ministerio del Ambiente. No obstante, son las fuerzas del orden las únicas capaces de intervenir cuando los conflictos están activos en su fase más crítica, habiéndose gestado protestas y/o estallidos violentos. De hecho, es la Policía Nacional del Perú la única encargada de lidiar con estas expresiones pues es responsable de restablecer el orden público del país. De ahí que su intervención siempre sea cuestionada y se encuentre bajo el escrutinio público, pues termina siendo la última cara del Estado, y la más visible, llamada a atender las manifestaciones más evidentes de estos procesos complejos y dinámicos que, como se verá más adelante, responden a causas no solamente coyunturales, sino también estructurales y de larga data. Por ello, y para los propósitos de este informe, es importante visibilizar que las manifestaciones y protestas que derivaron del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo Terrones, han sido las que mayores niveles de radicalización y violencia han registrado en los últimos años, alcanzando especial relevancia en razón a su intensidad, simultaneidad, su continuidad en el tiempo y, especialmente, debido a los daños materiales y pérdidas de vidas que significaron. El análisis de estas circunstancias, por tanto, resulta fundamental para comprender cuál fue el impacto en el personal policial que, en cumplimiento de su misión, intervino para defender la democracia, restablecer el orden público y contribuyó al mantenimiento del orden interno del país, haciendo frente a las numerosas manifestaciones que se radicalizaron mediante el 6

Calderón Gutiérrez, F. (2012). Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina. Revista CEPAL 107, Agosto 2012, 7-30. 7 Reporte de Conflictos Sociales N° 224, elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wpcontent/uploads/2022/11/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-224-Octubre-2022.pdf

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ ejercicio de violencia -violencia fuera del derecho a la protesta8- la cual se produjo de forma simultanea en diversas zonas del país. En ese orden de ideas, primero se desarrollará el marco conceptual de estos fenómenos revisando cuáles son sus orígenes y las causas que explican su gestación, así como sus diferentes expresiones y manifestaciones. A partir de esta revisión, se examinará cuál es la respuesta del Estado ante estos conflictos, específicamente cuál es el rol de la Policía Nacional del Perú y el marco normativo que regula su intervención, así como la pertinencia en la aplicación del uso de la fuerza como parte de sus funciones. Finalmente, antes de evaluar la línea de tiempo y cronología de las movilizaciones sociales y protestas violentas que ocurrieron en el país durante el periodo comprendido entre el 07 de diciembre de 2022 y el 08 de marzo de 2023, se señalará cómo fue el contexto que antecedió al gobierno de Pedro Castillo y las principales características de los 16 meses que estuvo en el poder.

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO I. Conflictos sociales, protestas y violencia 1.1. Qué son los conflictos sociales En términos generales un conflicto puede entenderse como una situación o escenario de tensión que surge como resultado de la interacción de dos o más partes que buscan satisfacer sus necesidades e intereses individuales, pero discrepan debido a la existencia de preferencias u objetivos distintos que se contraponen. Los conflictos sociales, o aquellos conflictos que transcienden lo individual, son el resultado natural de las diferencias de opinión, de intereses y necesidades de un grupo, colectivo o una sociedad en su conjunto. Estas discrepancias pueden incluir disputas o enfrentamientos relacionados con el ejercicio de derechos, la posesión de bienes, la distribución de recursos o la demanda de acceso a servicios. Su estudio se aborda desde diferentes disciplinas y, al respecto, se han desarrollado distintas teorías9 que explican sus orígenes, causas y las diversas formas en que pueden 8

Sobre el reconocimiento de este derecho, hablaremos páginas más adelante. Lorenzo Cadarso (2001) en Fundamentos Teóricos del Conflicto Social, identifica y agrupa dos grandes tipos de teorías desde las cuales se explican estos fenómenos: i) las consensualistas, que entienden los conflictos sociales como situaciones anómalas, resultado de la alteración del curso normal de la vida social; y, ii) las conflictivistas, que entienden los conflictos como inherentes a cualquier dinámica social. 9

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ manifestarse. Todas estas teorías contribuyen a analizar e interpretar cómo los conflictos sociales se vinculan con la realidad en la que se gestan y con el orden social que los enmarca. Para efectos prácticos, utilizaremos las definiciones que tanto la Defensoría del Pueblo como la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante SGDS de la PCM), entes especializados en la materia, utilizan como marco conceptual para su accionar10. Para la Defensoría del Pueblo el conflicto social se define como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia”11. Mientras que la SGDS de la PCM, entiende que los conflictos sociales son “procesos dinámicos en los que dos o más actores sociales perciben que sus intereses se contraponen generalmente por el ejercicio de un derecho fundamental o por el acceso a bienes y servicios, adoptando acciones que pueden constituir un riesgo o una amenaza a la gobernabilidad y/o al orden público. Como proceso social puede escalar hacia escenarios de violencia entre las partes involucradas, ameritando la intervención articulada del Estado, la sociedad civil y los sectores productivos.”12. Ambas definiciones, con ligeras diferencias, coinciden en señalar que los conflictos sociales son procesos en los que participan diversos actores que perciben que sus intereses son contradictorios. Así también, ambas definiciones resaltan el carácter complejo y dinámico que poseen estos fenómenos, poniendo en relevancia que se trata de procesos muchas veces difíciles de resolver, puesto que están compuestos de diversos aspectos que se contraponen unos a otros, generalmente, de manera antagónica; y que, además, podrían generar una situación violenta o que se constituya como una amenaza para el orden público. Respecto de la idea de proceso, la Defensoría del Pueblo refiere que “debe ser entendida como una sucesión de actos relacionados unos a otros que crean una secuencia narrativa no necesariamente unilineal, pero sí entretejida y de influencias recíprocas. El conflicto no es un acto en particular, ni un hecho social aislado, ni un suceso accidental. En su espacio y en su tiempo aparecen actores que lo protagonizan, problemas que lo originan, contextos que lo explican. Es esta mirada sincrónica del

Dentro de estas teorías, Cadarso destaca el Marxismo, el Funcionalismo, las teorías Volcánicas y las nuevas teorías sobre el conflicto social. 10 Es importante precisar que de la bibliografía revisada, existe un consenso en definir a los conflictos sociales como procesos de interacción contenciosa en los que intervienen diversos actores sociales con objetivos e intereses contrapuestos. Ver Lorenzo Cadarso (2001) y Calderón Gutiérrez y otros (2012). 11 Defensoría del Pueblo. Protocolo de Actuación Defensorial en Conflictos Sociales. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales Lima: Defensoría del Pueblo, 2015. 12 Hoja Informativa. El ABC de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. (2018). Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/187140/ABC_de_la_SGSD.pdf?v=1592173954

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ conflicto la que permite encontrar nexos causales y explicaciones históricas que dan forma al relato”.13 Acerca de ello, Lorenzo Cadarso en Fundamentos Teóricos del Conflicto Social14, explica que los conflictos no deben confundirse con las manifestaciones o las protestas a las que dan lugar, aun cuando éstas últimas sean de gran magnitud, pues tanto las manifestaciones como las protestas se inscriben en una sucesión lógica causal de hechos históricos que deben estudiarse en la explicación global del conflicto. En cuanto a su condición dinámica, el mismo autor señala que, en términos generales, los conflictos sociales se desarrollan supeditados a las estructuras del sistema social en el que se producen, constituyéndose, asimismo, como factores de cambio estructural. De ahí que la relación entre conflictos sociales y el sistema social en el que se gestan, siempre es dinámica. (Lorenzo Cadarso, 2001). Sobre la propiedad de complejidad, la Defensoría del Pueblo15 aclara que este aspecto de los conflictos sociales se explica en razón a la multiplicidad de actores, de causas, de expresiones de poder, de maneras de experimentar las amenazas o daños, de insertarse en la economía de mercado o quedar al margen de ella y, finalmente, de ubicarse en la historia social y política del país. Asimismo, es pertinente mencionar que estos procesos pueden categorizarse de diversas formas o tipos, dependiendo de la naturaleza de las demandas o el origen de las diferencias. Así pues, se pueden identificar conflictos territoriales, laborales, medioambientales, mineros, entre otros. Al mismo tiempo, los conflictos están relacionados con intereses económicos, sociales, políticos y culturales, y se desarrollan en diferentes ámbitos del país, como la minería, la agricultura, la pesca, la energía y el medio ambiente, entre otros. Respecto del desarrollo de estos procesos, la Defensoría del Pueblo identifica cinco fases, aunque advierte que no necesariamente se producen de manera lineal, a saber: i) temprana, ii) escalamiento, iii) crisis, iv) desescalamiento y v) diálogo. De una forma similar, aunque con otra denominación, la SGDS de la PCM, identifica cuatro etapas: i) pre conflicto, ii) conflicto, iii) crisis y iv) post-conflicto. Tanto la fases de escalamiento y de crisis; o, etapas de conflicto y crisis, según la SGDS, hacen alusión a los momentos en que se acumulan tensiones y se han manifestado las primeras expresiones de protesta, para luego desencadenarse hechos de confrontación violenta durante la crisis. Para la Defensoría del Pueblo (2015) la característica principal de la fase de crisis es la confrontación violenta contra las fuerzas del orden, o contra otros agentes del Estado 13

Defensoría del Pueblo (2012). Informe Defensorial N° 156: Violencia en los conflictos sociales. Primera edición: Lima, Perú, marzo del 2012. 14 Lorenzo Cadarso, Pedro Luis. (2001). Fundamentos Teóricos del Conflicto Social. Siglo Veintiuno de España Editores. Primera Edición, Setiembre de 2001. 15 Ibídem.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ o particulares incluso. En esta fase es común que se produzcan bloqueos, ataques a las fuerzas del orden, daños a la propiedad pública y privada, quema de vehículos y otros. En tanto que la SGDS de la PCM (2018), explica que en la etapa de crisis hay un quiebre del orden jurídico pues los actores involucrados generan desorden público mediante el uso de la violencia, afectando el acceso a bienes y servicios, y el ejercicio de los derechos de los grupos involucrados y/o de terceros16. Para los propósitos de este informe, conocer y reconocer estas fases o etapas resulta útil, pues dan cuenta de cuándo se puede actuar e intervenir con acciones de prevención o diálogo, y cuándo es necesaria la intervención para contener las manifestaciones sociales y acciones de protesta, que pudieran escalar en actos violentos. En concreto, las fases de escalamiento y crisis, son de especial relevancia para la Policía Nacional pues es cuando están llamadas a intervenir para mantener la seguridad y el orden, así como para garantizar el cumplimiento de la ley y preservar las libertades individuales. 1.2. Por qué los conflictos sociales Tradicionalmente, señala Lorenzo Cadarso (2001), para explicar las causas de los conflictos sociales se utiliza el esquema de las causas estructurales, las causas coyunturales y los detonantes. Las causas estructurales serían las razones preexistentes a los conflictos sociales vinculadas a tensiones o problemas estructurales de orden económico y social; las causas coyunturales, en cambio, serían los procesos circunstanciales, casi siempre socioeconómicos o políticos, que agravarían una determinada situación; en tanto que los detonantes, serían aquellos sucesos o hechos, como el alza de precios o un acontecimiento determinado, capaces de provocar una reacción como una protesta o manifestación. Sobre este tema Calderón Gutiérrez (2012) refiere que generalmente el análisis de los conflictos sociales, se suele centrar en la superficie, o lo que denomina episodios, éstos serían la parte más visible de los conflictos, como por ejemplo los enfrentamientos, las huelgas o los bloqueos; no obstante, las raíces de los conflictos, o aquellas que se identifican como las razones de fondo o causas estructurales, serían los denominados epicentros. Los epicentros se caracterizan por ser demandas arraigadas a nivel histórico, como la exclusión y la injusticia, y que estarían relacionados con las necesidades básicas humanas. Con relación a este último argumento, y citando a J. P. Lederach, Calderón Gutiérrez señala que “la diferenciación entre episodio y epicentro consiste en que debajo de los episodios subyacen los grandes temas pendientes que requieren ser transformados, como la exclusión, la extrema desigualdad, la violación de los derechos humanos, el desigual acceso a recursos, a la tierra, y la débil institucionalidad”17.

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Ibídem. Calderón Gutiérrez, F. coordinador. (2011). Los conflictos sociales en América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Fundación UNIR Bolivia, 2011. Página 85. 17

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ En la misma línea, y tomando en cuenta la realidad nacional, la Defensoría del Pueblo (2012) refiere que los conflictos pueden ser impulsados por causas de diverso origen, algunas de ellas inmediatas y otras estructurales; todas ellas, sujetas a los cambios en la dinámica del conflicto. Entre las causas estructurales, o aquellas que explicarían los males históricos del Perú, identifica las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, la falta de acceso a bienes y servicios, la pobreza y exclusión, la discriminación y la frágil representación política, entre otras. En este punto, resulta útil mencionar que Lorenzo Cadarso (2001), alejándose de las explicaciones tradicionales del origen de los conflictos, distingue entre los factores que explican la existencia de determinadas condiciones de la vida social, como las condiciones socioeconómicas desfavorables que actúan sobre el origen del conflicto; de los motivos reales de los conflictos o los motivos de quienes impulsan los conflictos sociales. Así, explica que las condiciones estructurales socioeconómicas, en realidad, no generan conflictos, son solo factores que condicionan los recursos disponibles de los actores del conflicto o los movimientos sociales18. Desde su perspectiva, lo que realmente genera conflictos graves, o los motiva, es la frustración de los actores sociales de mantenerse en las mismas condiciones y no lograr mejoras sustantivas. Ante esta frustración, surge la expectativa de cambio mediante la movilización19. Todas estas aportaciones contribuyen al análisis integral del origen de los conflictos sociales, el cual es complejo y multidimensional. De su revisión podemos concluir que los conflictos sociales surgen debido a una serie de factores, causas y motivos, algunos de larga data o sustanciales; y otros, más bien, coyunturales o inmediatos que se relacionan unos a otros de manera dinámica y a distintos niveles. A partir de esta conjunción de factores, causas y motivos, se generan tensiones y divisiones en la sociedad, que conllevan al surgimiento de movimientos sociales y grupos de protesta que tienen la expectativa de cambiar las estructuras sociales, reformar las políticas y, en buena cuenta, mejorar las condiciones socioeconómicas existentes. 1.3. Protestas y manifestaciones Si los conflictos sociales son procesos complejos y dinámicos que resultan de las tensiones y divisiones existentes en una sociedad determinada, las protestas se configuran como las expresiones colectivas de esos conflictos. Las protestas suelen ser las expresiones más visibles de conflictos sociales más profundos, enraizados en las

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Los movimientos sociales son actores políticos colectivos que participan de los procesos de interacción contenciosa, están conformados por agrupaciones de personas y organizaciones de base, que comparten intereses, objetivos, demandas o identidades comunes. Representan una expresión organizada, activa y movilizadora de la sociedad civil poco convencional, que se distancia de los partidos o agrupaciones políticas, ya que suelen carecer de estructura formal. Los ejemplos más emblemáticos y recientes son los movimientos que lucharon y luchan por los derechos laborales, por los derechos de las mujeres, de la población indígena y la comunidad LGTBI, así como por la preservación del medio ambiente. 19 Ibídem.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ estructuras sociales, que han llegado a un punto de quiebre por insatisfacción de la población. Se convierten en una forma de expresión colectiva para manifestar la disconformidad respecto de algo y demandar cambios a propósito de expectativas insatisfechas. Pueden adoptar diferentes formas, como marchas, pasacalles, acciones colectivas, mítines, huelgas, plantones, entre otras. Su objetivo es visibilizar una determinada problemática social, generar conciencia en la opinión pública sobre el tema y colocar en la agenda política una demanda social pendiente, ejerciendo presión sobre las autoridades, políticos y actores involucrados. Cumplen un importante rol en la conformación de la agenda política, pues cuando las demandas planteadas durante las protestas ganan visibilidad y obtienen apoyo de la opinión pública, las autoridades se ven conminadas a responder. Como resultado, se pueden generar cambios o reformas a nivel de las políticas públicas e incluso cambios en las autoridades políticas. En el Perú, las protestas han sido utilizadas como una estrategia para llamar la atención del gobierno y de la sociedad en temas como la educación, la salud, los derechos laborales, los derechos de las mujeres, entre otros. Es importante precisar, sin embargo, que no todas las protestas tienen el mismo resultado; en algunos casos, las protestas pueden generar reacciones negativas por parte de las autoridades, lo que puede conllevar a una escalada de tensión y al aumento en los niveles de crisis del conflicto. No obstante, y aun cuando las protestas no obtengan los resultados deseados, forman parte del desarrollo y ejercicio de toda sociedad democrática pues cumplen un rol primordial, ya que a través de estas acciones, la ciudadanía y la sociedad civil organizada participan activamente planteando sus demandas y ejerciendo su derecho a la libre expresión. 1.4. El derecho a la protesta pacífica Si bien la protesta no está expresamente reconocida como un derecho fundamental, se configura como tal a partir de otros derechos expresamente reconocidos, como el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento. A nivel internacional, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 196620 como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de reunión pacífica. Este derecho, según los pre citados instrumentos, sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 20

Ambos instrumentos, firmados por el Perú en 1977 y ratificados en 1978.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ Siguiendo la misma línea, nuestro ordenamiento legal establece en el inciso 12 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú que, toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. A ese respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente 0009-2018PI/TC21, ha reconocido a la protesta como un derecho fundamental. Expresamente señalando que “resulta una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento del derecho a la protesta como derecho fundamental, derecho que asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado, todo ello sobre la base de aspiraciones legítimas de quienes protestan y siempre que se respete la legalidad conforme al orden fundamental. Y es que la expresión de la crítica pública en democracia, así como el proceso de su elaboración y la construcción del pensamiento crítico son fundamentales para la comunidad política”. La misma sentencia señala que la protesta “comprende la facultad de cuestionar de manera temporal o periódica, esporádica o continua, a través del espacio público o a través de medios de difusión (materiales, eléctricos, electrónicos, virtuales y/o tecnológicos), de manera individual o colectiva, los hechos, situaciones, disposiciones o medidas (incluso normativas) por razones de tipo político, económico, social, laboral, ambiental, cultural, ideológico o de cualquier otra índole, que establezcan los poderes públicos o privados; con el objeto de obtener un cambio del status quo a nivel local, regional, nacional, internacional o global, siempre que ello se realice sobre la base de un fin legítimo según el orden público constitucional, y que en el ejercicio de la protesta se respete la legalidad que sea conforme con la Constitución”22. Las protestas pacíficas, por tanto, no deben ser criminalizadas, ni impedidas de manera arbitraria, pues se constituyen como una forma legítima y pacífica de expresar una opinión y defender los derechos de la ciudadanía; y como tales, deberán ser respetadas, protegidas y garantizadas por el Estado. Sin embargo, es importante precisar que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica, pues todo acto violento que se ejerza en el marco de las protestas, se encontraría al margen de este derecho. A pesar de que se trate de un derecho fundamental, la protesta no es un derecho ilimitado y no ampara el uso de la violencia como fin o como medio para sus fines. En cuanto a sus límites, el Tribunal Constitucional en la misma sentencia del Expediente 0009-2018-PI/TC, establece que el derecho a la protesta no es un derecho absoluto.

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Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia del Expediente N° 0009-2018-PI/TC. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo único del Decreto Legislativo 1237 que modifica el artículo 200 del Código Penal. Disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00009-2018-AI.pdf 22 Ibídem.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ Los límites de este derecho, refiere el Tribunal Constitucional, se desprenden de la prohibición de vaciar de contenido otros derechos, principios y reglas constitucionales. En tal sentido, para que la protesta sea legítima, deberá ser ejercida pacíficamente sin afectar o atentar contra la vida o los derechos de terceros, ni contra la propiedad o los bienes públicos o privados. 1.5. Radicalización y violencia en las protestas sociales Las protestas que hacen uso de la violencia son la forma más extrema de la manifestación social, capaces de deslegitimar el ejercicio democrático y válido de la población de expresar su malestar y el rechazo frente al gobierno de turno o frente a cualquier medida de índole político, económico o social. Como señala Calderón Gutiérrez (2011)23, estas acciones rompen los límites de la institucionalidad o directamente se colocan fuera de ellos, poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática. La violencia, sin embargo, no necesariamente se ejerce en la misma medida ni con el mismo propósito. A ese respecto, Lorenzo Cadarso (2001) categoriza cinco formas de violencia que, en el marco de los conflictos sociales, se pueden presentar: i) llamamientos intelectuales: a través de discursos políticos se justifica o incita al uso de la violencia por parte de los grupos movilizados; ii) amenazas, corresponden a las acciones colectivas, que no siendo violentas en sí mismas, implican una amenaza del uso futuro de la violencia; iii) actos violentos selectivos, son el resultado de un plan o estrategia, que evalúa los costos y beneficios del uso de la violencia deliberada para precipitar el logro de objetivos definidos; iv) espirales de violencia, se caracterizan por el uso desproporcionado de la violencia que genera una escalada de tensión; y, v) actos violentos individuales o de grupos descontrolados, actúan al margen de la movilización, sea por motivos personales o posicionamientos radicalizados24. Acerca de estas tres últimas formas de violencia, Calderón Gutiérrez25 explica que como parte del ciclo vital de los conflictos se puede desarrollar un proceso denominado “radicalización”, en el que gradualmente y mediante el uso de medidas de presión, normalmente impulsadas por los actores demandantes, se va deteriorando la situación. La radicalización puede incluir medidas de choque tan extremas como la toma de instalaciones públicas, la toma de rehenes, la destrucción de la propiedad pública y privada, el vandalismo, saqueos, incendios, y, por último, la confrontación y enfrentamiento con las fuerzas públicas del orden. Siguiendo la categoría que plantea Lorenzo Cadarso, estas formas de violencia más radicales pueden ser el resultado de espirales de violencia o de expresiones violentas individuales o descontroladas, que actúan al margen de la movilización; pero también, 23

Ibídem. Lorenzo Cadarso, Pedro Luis. (2001). Fundamentos Teóricos del Conflicto Social. Siglo Veintiuno de España Editores. Primera Edición, Setiembre de 2001. 25 Calderón Gutiérrez, F. coordinador. (2011). Los conflictos sociales en América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Fundación UNIR Bolivia, 2011. 24

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ de actos que responden a una estrategia deliberada que se apoya en la violencia para conseguir el logro de sus objetivos. En cualquier caso, todas las expresiones de violencia que al margen del derecho legítimo de protesta se realicen, pueden dar lugar a hechos delictivos. Concretamente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre el recurso de Casación Nº 274-2020/PUNO26, ha señalado que aquellas protestas en donde los participantes incurran en atentados contra la integridad física de otras personas y/o produzcan daños en la propiedad pública o privada tendrán el carácter de delito de disturbios. Al respecto y sobre los hechos puntuales de violencia materia de la casación citada, la Sala Penal Permanente precisó que, aun cuando las protestas cuenten con una base social de reclamo, los hechos violentos que en ese marco se produzcan, no pueden calificarse como un mero “desborde” incontrolable de determinados manifestantes y ajeno a la dirigencia, sino como una respuesta violenta organizada.27 Recientemente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia de Casación N° 1464-2021/Apurímac28 de fecha 17 de abril de 2023, ha declarado infundada una demanda interpuesta por cuatro personas que fueron condenadas en 2019 por el delito contra la seguridad pública-entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, en agravio del Estado; al bloquear la carretera hacia la mina Las Bambas, determinado que la protesta violenta resulta un delito. En dicho fallo se establece que la violencia contra las personas o las cosas y, específicamente, la toma de carreteras, vías o espacios de infraestructura de transportes públicos o privados no tiene cobertura constitucional; por tanto no pueden considerarse como una manifestación pacífica debido a que se está ante un ilícito común. 1.6. Por qué la violencia La conflictividad social y la violencia en el Perú han sido recurrentes en su historia, con orígenes y explicaciones diversas como la desigualdad económica, la exclusión social o la falta de acceso a oportunidades, bienes o servicios. Las protestas violentas, en ese contexto, se han convertido en la forma de expresión de algunos grupos y comunidades que buscan exigir sus derechos demandado un cambio social. Acerca de ello, la Defensoría del Pueblo (2012) ha señalado que cuando las

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Disponible en: https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/12/Casacion-274-2020-PunoLP.pdf 27 Sentencia de Casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Casación N° 274-2020/PUNO. Fundamentos de Derecho, página 10. 28 Sentencia de Casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Casación N° 1464-2021/Apurímac. Disponible en: https://es.scribd.com/document/647947530/Casacion-14642021-Apurimac-Peru-Legal#fullscreen&from_embed

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ causas inmediatas se montan sobre las estructurales, los conflictos pueden ser muy violentos, de larga duración y de una gran cohesión social. El uso de la violencia en las protestas, de otro lado, puede ser el resultado del fracaso de los canales formales para impulsar y lograr cambios en las condiciones socioeconómicas existentes. Las protestas violentas pueden ser consideradas como una expresión de la falta de diálogo y consenso, ya que en muchos casos se recurre a la violencia cuando todas las vías de negociación se han agotado y la población siente que no está siendo escuchada. Cuando las personas se sienten excluidas y sin voz, pueden recurrir a la violencia para hacer sentir sus demandas y requerimientos. A ese respecto, Calderón Gutiérrez (2012) en Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina29, ha señalado que en los conflictos institucionales la violencia suele escalar por falta o debilidad de marcos institucionales capaces de ofrecer soluciones y/o plataformas de negociación que canalicen las demandas de la población. El factor político, asimismo, puede configurarse como un desencadenante para el surgimiento de manifestaciones violentas en el Perú. El descrédito de la clase política y la deficiente representación, especialmente de las minorías y grupos más excluidos, pueden llevar a ciertos sectores a expresarse de manera radical. Respecto de este punto, Calderón Gutiérrez (2012) al estudiar la conflictividad social en la región latinoamericana, sostiene que el nivel de radicalización de los conflictos se puede ver influenciado negativamente por la legitimidad del sistema. Así, según advierte, la legitimidad institucional tiene un efecto claro y general sobre la cantidad de conflictos y radicalización de los mismos: mientras más grande o alto sea el apoyo al sistema, menos conflictos llegarán a niveles de enfrentamiento violento30. Finalmente, otra de las razones por las que se puede generar una situación violenta en las protestas pacíficas, es debido a la infiltración de personas o grupos que actúan al margen de la movilización y que, más bien, tienden a aprovecharse de la multitud y las circunstancias para generar caos y enfrentamientos. En el caso de los actos individuales, puede tratarse de personas que buscan notoriedad o llamar la atención con acciones violentas que carecen de respaldo o de motivaciones vinculadas a las demandas de la protesta. En el caso de grupos infiltrados, puede deberse a organizaciones o grupos criminales encubiertos que aprovechan la escalada de tensión para cometer delitos contra la propiedad pública o privada; o, tratarse de grupos organizados con agendas propias, distintas a las que originaron la movilización, que tienen el objetivo de generar inestabilidad y caos social por razones ajenas a las del conflicto y vinculadas a sus propios intereses.

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Calderón Gutiérrez, F. (2012). Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina. Revista CEPAL 107, Agosto 2012, 7-30. 30 Ibídem.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

II. Respuesta del Estado frente a las protestas sociales 2.1. Mecanismos para atender los conflictos y protestas sociales Como se ha mencionado, en el Estado se han venido implementando diversas estrategias y una serie de mecanismos para prevenir y atender la conflictividad social. Tanto la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, como la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Dirección de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales de la Dirección General de Orden Público del Ministerio del Interior, cumplen un papel fundamental en las etapas o fases previas a la tensión y crisis de los conflictos sociales, así como en las fases o etapas posteriores a ellas. Aunque la violencia no siempre se active en las protestas, al configurarse como un elemento intrínseco de los conflictos sociales, conlleva altas probabilidades de escalar en hechos hostiles y radicalizarse; especialmente cuando los mecanismos para canalizar las tensiones no han sido, ni debida ni oportunamente, activados. Por ello, a través de la coordinación y conducción de espacios y procesos de diálogo, mediación y negociación, así como de investigación y monitoreo de estos procesos, se debería impulsar una labor preventiva eficiente, indispensable para encauzar y gestionar las demandas, malestares y requerimientos de la población. Así también, dicha labor debería contribuir a la generación y construcción de alternativas de solución coordinadas, consensuadas y viables. 2.2. El rol de la Policía Nacional del Perú ante las protestas sociales En cuanto a la Policía Nacional del Perú, su rol es primordial para garantizar el libre ejercicio de la protesta pacífica, así como para controlar las protestas cuando se han radicalizado y tornado violentas. La intervención policial, en estas situaciones, debe realizarse de acuerdo a un marco legal adecuado para garantizar los derechos humanos de quienes se manifiestan. Según lo dispone el artículo 4 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, la labor policial está orientada a31:  Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana;  Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y el orden público; 31

Funciones contenidas en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 026-2017-IN, decreto que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________  

Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; Garantizar los derechos fundamentales de las personas y la protección de sus bienes, privilegiando de manera especial a la población en riesgo, vulnerabilidad y en abandono moral y material, incorporando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad en sus intervenciones; entre otras.

2.3. Marco de intervención En primer lugar, la Constitución Política del Perú establece, en su artículo 2, que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad y a reunirse pacíficamente sin armas, entre otros derechos fundamentales. Asimismo, el artículo 166 establece que la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. En el ámbito normativo policial, la Policía Nacional cuenta con diversos instrumentos que establecen y regulan su marco de intervención, de modo que las operaciones orientadas a garantizar, mantener y restablecer el orden público e interno, se realicen observando el estricto cumplimiento de la normativa nacional e internacional relativa a los derechos humanos, con especial énfasis en el derecho a la vida e integridad física, tanto de los civiles como del propio personal policial. A continuación se detallan los referidos instrumentos:  Decreto Legislativo N° 1186, Decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y su respectivo Reglamento, establecen el marco legal que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional. 

Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 952-2018-IN, cuya finalidad es facilitar información sobre los aspectos doctrinarios y normativos de los derechos humanos que guardan relación con la función policial. Asimismo, establecer procedimientos y técnicas que permitan minimizar los riesgos hacia la integridad o la vida de los participantes en una intervención policial haciendo énfasis en el uso diferenciado y proporcional de la fuerza.



Lineamientos administrativos y operativos aplicables a las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, aprobados mediante Resolución de la Comandancia General de la PNP N° 4182022-CG/EMG, cuya finalidad es garantizar que las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, se realicen observando el respeto a los derechos fundamentales con especial énfasis en la protección de la vida e integridad física de las personas (civiles y policías); y, adoptar las previsiones administrativas que permitan la oportuna asignación de 18

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ recursos para fortalecer las capacidades institucionales y posibiliten una óptima ejecución de las operaciones de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público. 

Directiva para el uso adecuado de medios de policía no letales o menos letales en operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, aprobados mediante Resolución de la Comandancia General de la PNP N° 272-2023-CG_PNP/EMG, cuya finalidad es lograr unidad doctrinaria y acción procedimental garantizando que las acciones de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público con uso de medios de policía no letales y menos letales se realicen observando el respecto de los derechos fundamentales con especial énfasis en la vida e integridad física de las personas.



Lineamientos para el fortalecimiento de las capacidades del personal policial en el uso de la fuerza orientada al mejoramiento continuo con enfoque de Derechos Humanos, aprobados mediante Resolución de la Comandancia General de la PNP N° 280-2023-CG_PNP/EMG, cuya finalidad es estandarizar los conocimiento en el uso de la fuerza en el marco de respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos aplicados a la función policial, así como aplicar la metodología práctica de enseñanza – aprendizaje en la instrucción sobre el uso de medios de policía, técnicas y procedimientos operativos policiales bajo la protección del derecho a la vida y la integridad física de todas las personas (civiles y policías).

Adicionalmente, en el ámbito internacional, se cuenta con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley32, los cuales constituyen un instrumento de referencia y orientación para la labor que realiza la Policía Nacional del Perú y han servido de base para el desarrollo de la normativa antes mencionada. Por último, es importante destacar que en la parte considerativa de dicho instrumento, se reconoce que la amenaza a la vida y a la seguridad del personal policial debe considerarse -también- como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad, pues son los encargados y responsables de hacer cumplir la ley y desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 2.4. Uso de la fuerza La prerrogativa sobre el uso de la fuerza se encuentra regulada en el Decreto Legislativo N° 1186 y su respectivo reglamento. De acuerdo a estas normas, la fuerza es el medio que, en sus diferentes niveles, usa el personal policial, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la 32

Adoptados en septiembre de 1990 por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. Su uso debe ser progresivo y diferenciado; el personal policial, en ese sentido, debe graduar y adecuar los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar. El artículo 4° del Decreto Legislativo establece que el uso de la fuerza se sustenta en el respeto a los derechos fundamentales y en los principios de: a) Legalidad; y, b) Necesidad33. Según el reglamento del Decreto Legislativo y los Lineamientos para el fortalecimiento de las capacidades del personal policial en el uso de la fuerza orientada al mejoramiento continuo con enfoque de DDHH, la legalidad implica la sujeción de la fuerza pública al mandato de la ley, por ello su uso debe orientarse al logro de un objetivo legal. En tanto que la necesidad, implica que el uso de la fuerza en el cumplimiento del deber, será necesario solo cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del objetivo legal buscado. Por lo tanto, en las operaciones de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, el uso de la fuerza es excepcional, debiendo ser planeado y limitado proporcionalmente, tras haberse agotado, previamente, todos los demás medios de control posibles y viables. En la línea de lo señalado, respecto del principio de legalidad y necesidad, los Lineamientos administrativos y operativos aplicables a las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, disponen que la evaluación sobre el uso de la fuerza debe hacerse sobre todas las circunstancias y en el contexto de los hechos, incluyendo las acciones de planeación y control bajo examen. El mismo documento señala que la planificación, organización, dirección, conducción, coordinación y ejecución de las operaciones policiales deben desarrollarse en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1186 y el Manual de DDHH aplicados a la Función Policial, con la finalidad de aplicar progresivamente el uso de la fuerza, evaluando que su empleo sea con todas las precauciones posibles en cuanto a la elección de los medios y métodos aplicados.

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Antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 31012, publicada el 28 de marzo de 2020, se incluía el principio de proporcionalidad, el cual establecía que el uso de la fuerza se aplica con un criterio diferenciado y progresivo, determinado por el nivel de cooperación, resistencia (activa o pasiva) o la agresión de la persona o personas a quienes se interviene y considerando la intensidad, peligrosidad de la amenaza, condiciones del entorno y los medios que disponga el personal policial para controlar una situación específica.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

MANIFESTACIONES Y PROTESTAS VIOLENTAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 2022 Y MARZO 2023 Antes de que Pedro Castillo Terrones asumiera la presidencia, el Perú se encontraba bajo un estado continuo de inestabilidad y crisis política. En los últimos cinco años, el país ha tenido seis presidentes de la República y congresos fragmentados con escaso apoyo y aprobación popular. A ello, se sumó la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, que durante gran parte del 2020 y todo el 2021 impactó negativamente en los sectores más vulnerables del país, poniendo en evidencia la alta precariedad laboral y la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria. En ese contexto y después de asumir funciones, Castillo Terrones enfrentó diversos escándalos y crisis políticas que le obligaron, entre otras cosas, a cambiar hasta en cinco oportunidades a su Gabinete y a designar a más de 70 ministros. Entre los escándalos y controversias que marcaron los 16 meses de su gobierno, podemos citar la influencia de personas ajenas a la gestión, las reuniones clandestinas en la Casa de Sarratea, la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos, el gabinete de asesores en la sombra, los pactos con los denominados “Niños” de Acción Popular, entre otros. Justamente la moción de vacancia que se discutiría en el Congreso de la República el 07 de diciembre de 2022, día en el que Castillo anunció el cierre del Congreso, era la tercera moción que se impulsaba para declarar la vacancia de su cargo por “permanente incapacidad moral”, en razón a las distintas acusaciones de corrupción que sobre él y miembros cercanos de su familia pesaban. Meses antes, en octubre de 2022, la Fiscal de la Nación presentó contra Castillo una denuncia constitucional por liderar una organización criminal dirigida para enriquecerse ilícitamente y obstruir los procesos de investigación iniciados en su contra. El Ministerio Público detectó que existía una presunta organización criminal en el gobierno cuya finalidad era copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes organismos del Estado con el fin de obtener ganancias ilícitas. Según la Fiscalía de la Nación, se encontraron indicios suficientes para sospechar que se cometieron delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en varios casos relacionados con la gestión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Petroperú. A esa denuncia, se le sumaban seis carpetas fiscales más, también ligadas a presuntos actos de corrupción y a la conformación de una red criminal. Todas estas circunstancias, sumadas a aquellas que responden a factores estructurales como la exclusión, la pobreza y la extrema desigualdad, darían cuenta del por qué el número de conflictos sociales ha aumentado y se ha intensificado. Así también, la falta de legitimidad en el sistema y el sentimiento de rechazo que experimenta gran parte de la población frente a los actores políticos tradicionales, especialmente en la zona sur del país donde la mayoría votó por Castillo Terrones; explicarían, en parte, por qué la radicalización de las protestas y el uso de la violencia como medio para manifestarse. 21

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

I. Cronología34 7 de diciembre

Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia y la convocatoria a elecciones constituyentes para la redacción de una nueva Constitución. El Congreso de la República declaró la vacancia presidencial y la vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia del país por sucesión constitucional. Se registraron las primeras marchas en Lima, Arequipa, Cusco y Puno, en apoyo al ya expresidente Castillo. (1)

8 de diciembre

Cientos de personas se movilizaron en Lima, Arequipa, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua, Ilo, Lambayeque, Trujillo, Jaén, Ayacucho, Cusco, Ica, Chiclayo, Andahuaylas, Huancavelica, Huancayo, Ilo, Puno y Chota, en apoyo de Pedro Castillo y en contra de Dina Boluarte. Exigían la liberación de Castillo, el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales y una asamblea constituyente. (2)

9 de diciembre

Arequipa, bloqueos en la Panamericana Sur. El tramo del Cruce La Joya amaneció bloqueado con decenas de manifestantes que se apostaron en la vía para impedir el paso absoluto de vehículos, como buses interprovinciales, carga pesada y vehículos particulares (3) Ica, se registraron bloqueos y actos de violencia en varios tramos de la carretera Panamericana Sur. (4)

10 de diciembre

Apurímac, se produjeron enfrentamientos violentos en Andahuaylas. Dos efectivos policiales fueron retenidos por manifestantes. (5)

11 de diciembre

Apurímac, enfrentamientos en el aeropuerto de Andahuaylas, se registraron daños en la pista de aterrizaje y equipos indispensables para brindar los servicios de navegación aérea, resultaron afectados. La sala de transmisores y la sala de combustible fueron incendiadas. Vándalos cercaron el perímetro del terminal aéreo, con 50 personas en su interior, entre efectivos de la Policía Nacional (PNP) y colaboradores de la empresa. (6) Un grupo de manifestantes incendió la comisaría de Huancabamba y se bloquearon las calles aledañas al aeropuerto. (7)

12 de diciembre

Apurímac, se declaró paro indefinido. Grupos de manifestantes apedrearon la comisaría de Chincheros, incendiaron la sede de la Fiscalía y secuestran a un policía, que sería golpeado y abandonado más tarde.

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Los Anexos contienen todas las referencias de los portales periodísticos que dan cuenta de los hechos que en esta cronología se incluyen.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ Otro grupo de manifestantes, lanzó artefactos pirotécnicos y explosivos contra la División Policial PNP de Andahuaylas, resultando 15 policías heridos. (8) Arequipa, un grupo de manifestantes tomó el Aeropuerto Rodríguez Ballón, destruyendo las infraestructuras e incendiando las casetas de control. Los pasajeros fueron evacuados por el personal del aeropuerto. (9). Grupos de protestantes atacaron la planta procesadora de productos lácteos del Grupo Gloria, dejándola inoperativa. (10) Ucayali, decenas de manifestantes bloquearon varios tramos de la carretera Federico Basadre con tranqueras, troncos de árboles y quema de llantas, entre Ucayali y Huánuco, afectando el tránsito de vehículos que transportan pasajeros y productos. (11) Madre de Dios, cientos de manifestantes bloquearon la carretera Interoceánica a la altura del tramo Alto Libertad - La Pampa, en Puerto Maldonado, Madre de Dios. (12) Puno, un grupo de autoridades aymaras bloquearon el puente internacional de Ilave, vía que comunica a las provincias del sur de la región, con Tacna, Moquegua y la frontera con Bolivia. (12) Ica, se registraron enfrentamientos en el piquete de El Álamo en la Panamericana Sur. Manifestantes se enfrentaron con la policía en la antigua Panamericana de San Joaquín y El Cruce, donde se registró un intento de saqueo. Efectivos de la PNP trataron de detener a los manifestantes llegando a la Urbanización San Miguel donde se generó un pánico. Diversos centros comerciales y mercados cerraron sus puertas. (12) Lima, una turba atacó las sedes de América TV, Canal N y Panamericana Televisión destruyendo el frontis de los inmuebles con palos y piedras; destruyeron un vehículo de prensa de Exitosa Noticias y apalearon al conductor. (13) La Libertad, cerca de 100 personas intentó incendiar la comisaría de Chao, en Virú. Al fracasar, incendiaron cuatro vehículos que se encontraban estacionados en exteriores del local policial. 18 efectivos policiales, resultaron heridos con lesiones en el rostro y contusiones en otras partes del cuerpo a consecuencia de las piedras u otros objetos contundentes que les fueron lanzados. Otro grupo de manifestantes, destrozó 4 ambulancias de SAMU, que se dirigían a brindar auxilio a Chao, y agredieron al personal de Salud. (14) Mediante el DS N° 139-2022-PCM se declara el Estado de Emergencia en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes del departamento de Apurímac.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ 13 de diciembre

Abancay, manifestantes atacaron sede de la Fiscalía y la Corte Superior de Justicia. Los protestantes también atacaron con palos y piedras la sede del Gobierno Regional de Apurímac. Los manifestantes incendiaron el local y también atentaron contra el inmueble de la Corte Superior de Justicia. (15) Lima, manifestantes lanzaron piedras a sede del Ministerio Público y se enfrentaron a la Policía Nacional en la Av. Abancay y plaza San Martín. Los atacantes legaron por distintos sectores al local de la Fiscalía y lanzaron los objetos, causando daños en las ventanas y el mobiliario. (16) Cusco, un grupo de aproximadamente 100 personas, pertenecientes al Centro Poblado de Kepashiato, ingresó a las instalaciones de la Planta Compresora Kámani y tomaron la planta de bombeo de gas de Camisea. Otro grupo de manifestantes atacó la Compañía de Televisión Cusqueña. (17) Ica, manifestantes alzaron una estructura de madera contra el local de la empresa agroexportadora Athos y, tras estrellarla contra la puerta de empresa, la rociaron combustible y le prendieron fuego, quemando la caseta de seguridad. (18) Arequipa, manifestantes incendiaron las sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial de la ciudad de Arequipa; otro grupo atacó la sede judicial de El Pedregal y el módulo penal de justicia de Camaná, donde destruyeron mobiliario, ventanas, puertas y prendieron fuego al interior; mientras que se reportó un saqueo de una tienda de celulares. También, saquearon las plantas de la empresa Laive y Danper. (19) Huancavelica, manifestantes quemaron la sede del Poder Judicial, de la Fiscalía y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. (20) Mediante DS N° 141-2022-PCM se declara el Estado de Emergencia en la provincia de Ica del departamento de Ica. Mediante DS N° 142-2022-PCM se declara el Estado de Emergencia en el departamento de Arequipa.

14 de diciembre

Huancavelica, al menos 400 pobladores de Colcabamba, intentaron ingresar al Complejo Hidroeléctrico del Mantaro y amenazaron con tomar la hidroeléctrica de Electroperú. (21) Con DS N° 143-2022-PCM que declara el Estado de Emergencia a nivel nacional.

15 de diciembre

Ayacucho, cientos de manifestantes intentaron tomar el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte. Algunos manifestantes portaban armas de fuego y lanzaron disparos contra los agentes. Se produjo un enfrentamiento entre manifestantes e integrantes de las fuerzas del orden. (22) Otro

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ grupo de manifestantes incendió las sedes del Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia. (23) Con DS N° 144-2022-PCM se declara inmovilización social obligatoria por la situación de conflictividad actual, se anunció el toque de queda nocturno por cinco días en 15 provincias de 8 regiones: Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho. 16 de diciembre

Ayacucho, más de mil manifestantes intentaron tomar por segunda vez el Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte. Fueron repelidos por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El enfrentamiento duró varios minutos. Otro grupo de 50 personas intentaron tomar una comisaría en Huamanga pero también fueron reducidos por las fuerzas del orden. De otro lado, vándalos prendieron fuego a la fachada de una tienda de telefonía y aprovechando el desorden, robaron celulares. (24) Junin, durante todo el día se registraron enfrentamientos violentos en Pichanaki, con manifestantes que mantenían bloqueado el puente de la ciudad, el cual conecta las provincias de Chanchamayo con Satipo, a la altura del kilómetro 74 de la Carretera Marginal de la Selva. (25)

17 de diciembre

Ucayali, enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional y manifestantes que bloqueaban el tramo de la carretera del distrito de Huipoca, provincia de Padre Abad de la región Ucayali. (26) Cusco, un grupo de manifestantes atacó con piedras la Corte Superior de Justicia de Cusco. (27) Puno, un grupo de manifestantes atacó con piedras la sede de la Corte Superior de Justicia de Yunguyo. (27) Con DS N° 146-2022-PCM se declara inmovilización social obligatoria en la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho por la situación de conflictividad actual.

18 de diciembre

Ucayali, se registró un enfrentamiento violento en el kilómetro 152 de la carretera Federico Basadre en el distrito de Aguaytia, cuando efectivos policiales intentaban liberar la carretera. (28)

19 de diciembre

Con DS N° 147-2022-PCM se suspende la medida de inmovilización social obligatoria en la provincia de Virú del departamento de La Libertad y en las provincias de Cangallo y Huamanga del departamento de Ayacucho.

24 de diciembre

Cusco, fuerzas del orden recuperaron planta de gas natural TGP en Kepashiato. La planta de TGP fue tomada el 13 de diciembre. En esa oportunidad, los manifestantes amenazaron con cerrar las válvulas o incendiar la planta de gas. (29) 25

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

2023 2 de enero

Lima, en el distrito de la Victoria, más de 100 policías desalojaron a manifestantes que se encontraban con colchones, cocinas, cartones y demás materiales en la Plaza Manco Cápac. (30)

4 de enero

Movilizaciones en Lima, Andahuaylas, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Chiclayo, Madre de Dios, Moquegua y Puno. Paralelamente los departamentos de Madre de Dios, Junín, Apurímac, Arequipa, Ica, Puno y Tacna sufrían bloqueo de carreteras. (31)

5 de enero

Puno, se registraron enfrentamientos intensos en las inmediaciones del Aeropuerto de Juliaca. (32)

6 de enero

Puno, un grupo de manifestantes intentó tomar el aeropuerto Manco Inca en Juliaca, Puno. La policía dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) anunció la suspensión de las operaciones en la terminal aeroportuaria. (33)

7 de enero

Puno, manifestantes atacaron una de las oficinas del Seguro Social, ubicada en la Plaza de Armas de Juliaca, hecho que puso en riesgo la vida de algunos trabajadores. (34)

9 de enero

Tacna, manifestantes bloquearon el control fronterizo entre Perú y Chile. (35) Puno, nuevo intento de toma del aeropuerto de Juliaca desató un violento enfrentamiento entre efectivos policiales y manifestantes que dejó más de una decenas de víctimas mortales. (36)

10 de enero

Puno, en el sector de Tambopata, de la ciudad de Juliaca, el SO3 PNP José Luis Soncco Quispe apareció sin vida al costado del patrullero PR-14648, con el 70 % de su cuerpo calcinado. (37) Huancavelica, un grupo de manifestantes incendió las instalaciones del Poder Judicial de la ciudad de Lircay y bloquearon algunas calles. (38) Cusco, un aproximado de 300 pobladores del distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, interrumpió el paso de un bus que transportaba a través del Corredor Minero del Sur a personal de la Policía Nacional. Luego de amenazar al personal policial, los manifestantes incendiaron el bus. (39) Mediante DS N° 002-2023-PCM se declara inmovilización social obligatoria en el departamento de Puno por la situación de conflictividad actual. 26

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ 11 de enero

Arequipa, los tramos 966, 968 y 969 de la Panamericana Sur fueron bloqueados por piedras y otros objetos. (40) Cusco, un grupo de manifestantes intentó tomar el Aeropuerto Internacional Velasco Astete. Se reportó que los manifestantes disponían de huaracas, palos y piedras. Se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y policías. (41) Tacna, un grupo de entre 40 y 50 personas apedrearon la comisaría de Gregorio Albarracín. Antes, ya se habían registrado actos vandálicos con el intento de saqueo de un supermercado, la quema de casetas de peajes y enfrentamientos contra agentes policiales en el cetro de la ciudad. (42)

12 de enero

Madre de Dios, los distritos de Laberinto y La Pampa de Puerto Maldonado fueron tomados mediante un paro convocado, se bloqueó la carretera Interoceánica, por lo que Puerto Maldonado perdió conexión terrestre con el resto del país. (43)

13 de enero

Puno, centenares de manifestantes llegaron hasta la Central Hidroeléctrica de San Gabán II, ubicada en la provincia de Carabaya, a fin de cerrar las compuertas de la represa, provocando el corte de energía eléctrica y afectó a tres distritos de la zona. El corte de energía se produjo por cinco horas, afectando a los distritos de Ayapata, Ollachea y San Gabán, además de los centros poblados de puerto Manoa, Quichu y Asaroma de la provincia de Carabaya. (44)

14 de enero

SUTRAN informó que 19 vías nacionales, con 121 puntos en 11 regiones del país, se encontraban con el tránsito interrumpido por las protestas sociales. (45) Mediante DS N° 009-2023-PCM se declara el estado de emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la Provincia Constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, así como en algunas carreteras de la Red Vial Nacional.

17 de enero

Amazonas, un grupo de manifestantes prendió fuego directo a la tubería del Oleoducto Norperuano, a la altura del kilómetro 389 del Tramo II, cerca de la comunidad nativa El Paraíso, ubicado en el distrito de Chiriaco, provincia de Bagua. (46) Lima, durante la noche, un grupo de universitarios de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) tomaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (47)

27

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ 18 de enero

La Libertad, en el distrito de Chao, provincia de Virú, se registraron enfrentamientos entre agentes del orden con un grupo de manifestantes, quienes los atacaron con piedras y palos. (48) Huancavelica, vándalos incendiaron parte de la casa del hermano del gobernador regional. (49) Puno, vándalos incendian comisaría y sede del Poder Judicial en Macusani. Efectivos policiales que se encontraban en la unidad policial, tuvieron que ser evacuados y auxiliados con ayuda de refuerzos provenientes de Puno. Los manifestantes también llegaron hasta el local de una cervecería de la ciudad, donde destruyeron y saquearon los productos. (50)

19 de enero

Arequipa, Cusco y Puno, grupos de manifestantes, de manera simultánea, intentaron tomar nuevamente los aeropuertos de Arequipa, Cusco y Juliaca. En Arequipa, casi tres mil personas concentradas en el puente Añashuayco quisieron tomar el aeropuerto tras romper parte del enmallado. Fueron desalojados con bombas lacrimógenas y perdigones. Sin embargo, otro grupo logró ingresar y quemó dos balizas de luces. (51)

22 de enero

Arequipa, manifestantes atacaron comisaría El Triunfo en distrito de La Joya. Durante la noche los enfrentamientos se recrudecieron, manifestantes intentaron incendiar la comisaría y atacaron a policías con pirotécnicos, dispersándolos. Un policía fue tomado como rehén. (52)

24 de enero

Lima, alrededor de 200 manifestantes bloquearon la Panamericana Sur a la altura de Cerro Azul, obstruyendo la entrada y salida a la capital. (53) Con DS N° 013-2023-PCM se prorroga la inmovilización social obligatoria en el departamento de Puno declarada mediante Decreto Supremo N° 009- 2023-PCM.

26 de enero

Junín, manifestantes bloquean Carretera Central e impiden que policías liberen la vía. El bloqueo afectó a 600 pasajeros. Efectivos policiales intentaron desbloquear la vía, pero fueron apedreados por los manifestantes desde los cerros. (54) Loreto, alrededor de 200 manifestantes awajún, tomaron las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano y advirtieron que Loreto no produciría petróleo si Boluarte no renunciaba. (55)

27 de enero

Madre de Dios, se reportaron enfrentamientos en Puerto Maldonado, un agente de la policía fue secuestrado y agredido brutalmente por una turba de aproximadamente 80 personas, que lo llevó desnudo a la fuerza desde el jirón Tacna hasta el jirón Lambayeque, en el distrito y provincia de Tambopata. (56) Un grupo de vándalos atacó la casa del gobernador

28

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ regional de Madre de Dios con piedras y otros objetos. El gobernador se defendió disparando al aire. (57) 28 de enero

Lima, se reportaron enfrentamientos violentos en el centro de Lima. Un grupo de manifestantes causó daños en la Corte Superior de Justicia de Lima. (58)

31 de enero

Callao, más de 300 manifestantes intentaron llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La policía apoyada por taxistas y trabajadores de la zona evitó mayores incidentes y los expulsaron del lugar. (59)

1 de febrero

Junín, usando tractores manifestantes bloquean puente La Breña en Huancayo. En el primer día de paro indefinido de la ciudad, manifestantes provenientes de la cuenca del Cunas, bloquearon el acceso al puente La Breña, principal vía de acceso a Huancayo por la margen derecha de la Carretera Central. (60) De otro lado, se generó pánico en mercados de Huancayo ante ingreso de manifestantes que con amenazas obligaron a cerrar puestos. (61)

2 de febrero

Junín, se bloqueó la Carretera Central, manifestantes interrumpieron el tránsito en el Km 140 en Morococha. Se impidió el pase de vehículos en el tramo Lima-La Oroya. (62)

3 de febrero

Lima, cientos de manifestantes bloquearon la Panamericana Sur a la altura del distrito de Surco, interrumpiendo el tránsito vehicular cerca al Puente Atocongo. (63)

4 de febrero

Mediante DS N° 018-2023-PCM se declara el Estado de Emergencia en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, y dictan otras disposiciones.

9 de febrero

Apurímac, la Policía Nacional desbloqueó el tramo Quillcaccasa-Izcahuaca de la vía Aymaraes-Puquio, produciéndose un enfrentamiento con los manifestantes, una facción de estos incendiaron un bus interprovincial y una caseta de control. (64) Puno, un grupo de manifestantes intentaron nuevamente tomar el Aeropuerto Internacional Manco Inca de Juliaca, registrándose enfrentamientos con la policía. (65)

11 de febrero

Lima, se declaró zona intangible el centro de Lima. (66)

29

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ 16 de febrero

Puno, rondas campesinas de San Antón, castigaron al alcalde del distrito y lo obligaron a arrodillarse y pedir perdón por viajar a Lima y reunirse con autoridades. (67)

4 de marzo

Puno, se reportaron enfrentamientos en Juli entre manifestantes y unidades policiales y militares, con un saldo de al menos 18 heridos, entre civiles y militares. Un grupo de vándalos incendió la comisaría y la sede judicial de la ciudad. (68) Lima, se reportan movilizaciones en los distritos de Santiago de Surco, Jesús María y Miraflores. Se registraron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en Surco. Unidades policiales controlaron las protestas. (69)

5 de marzo

Puno, en Ilave una patrulla del Ejército retornó a su base tras el reclamo de varios ciudadanos por su presencia en el lugar. Al cruzar el cauce del río, fallecieron 6 soldados. (70)

8 de marzo

Puno, un grupo de 200 vándalos atacó la comisaría de Pisacoma, destrozando vidrios de la dependencia policial. Efectivos policías se refugiaron en otro lugar y no se registraron heridos. (71)

30

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

II. Ataques a activos críticos nacionales35 e infraestructura del Estado Del 11 de diciembre de 2022 al 09 de febrero de 2023

AMAZONAS Oleoducto Norperuano

APURÍMAC Aeropuerto de Andahuaylas

CUSCO HUANCAVELICA

Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete

Central hidroeléctrica del Mantaro

Planta de Gas Camisea

PUNO

AYACUCHO Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte

Aeropuerto Internacional Manco Inca Central hidroeléctrica de San Gabán

AREQUIPA Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón

35

Según el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, los activos críticos son aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales o que están destinados a cumplir dicho fin. La afectación, perturbación o destrucción de dichos activos no permite soluciones alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la Nación.

31

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ TABLA N° 01 Ataques a activos críticos nacionales e infraectructura del Poder Judicial y Ministerio Público, según fecha y región del ataque.

FECHA

REGIÓN

INFRAESTRUCTURA ATACADA

11 de diciembre de 2022

Apurímac

Aeropuerto de Andahuaylas

12 de diciembre de 2022

Arequipa

Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón

13 de diciembre de 2022

Cusco

Planta Compresora de Gas Kámani.

14 de diciembre de 2022 Huancavelica

Central hidroeléctrica del Mantaro

15 de diciembre de 2022

Ayacucho

Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte

16 de diciembre de 2022

Ayacucho

Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte

9 de enero de 2023

Puno

Aeropuerto Manco Inca

11 de enero de 2023

Cusco

Aeropuerto Alejandro Velasco Astete

13 de enero de 2023

Puno

Central hidroeléctrica de San Gabán

17 de enero de 2023

Amazonas

Oleoducto Norperuano

Arequipa

Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón

Cusco

Aeropuerto Alejandro Velasco Astete

Puno

Aeropuerto Manco Inca

19 de enero de 2023

Arequipa

Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón

Cusco

Aeropuerto Alejandro Velasco Astete

Puno

Aeropuerto Manco Inca

31 de enero de 2023

Callao

Aeropuerto Jorge Chávez

9 de febrero de 2023

Puno

Aeropuerto Manco Inca

21 de enero de 2023

FECHA

REGIÓN

10 de diciembre de 2022

Ayacucho Apurímac

13 de diciembre de 2022

Arequipa Huancavelica

15 de diciembre de 2022

Ayacucho

16 de diciembre de 2022

Ayacucho Cusco Puno

17 de diciembre de 2022

INFRAESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO ATACADA36 Corte Superior de Justicia en Huamanga y la sede de El Progreso. Sede del Ministerio Público en Abancay y la Corte Superior de Justicia en Abancay. Sede judicial de El Pedregal y el módulo penal de justicia de Camaná. Sede del Poder Judicial de Huancavelica y sede del Ministerio Público. Sedes del Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia. Corte Superior de Justicia de Huamanga. Corte Superior de Justicia de Cusco. Corte Superior de Justicia sede Yunguyo.

36

El 26 de enero de 20223, el Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, señaló que un total de 4,084 expedientes judiciales fueron quemados durante los actos vandálicos perpetrados contra sedes judiciales de las Cortes Superiores de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno. Refirió que en total 14 locales del Poder Judicial fueron atacados, entre ellos, siete incendiados.

32

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

SEGUNDA PARTE

33

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PERSONAL POLICIAL Y DAÑOS A LA INSITUCIÓN POLICIAL Como se ha visto hasta ahora, las manifestaciones y protestas que impactaron al país durante el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, alcanzaron altos niveles de radicalización y violencia, adquiriendo especial relevancia en razón a su intensidad, simultaneidad, su continuidad en el tiempo y, sobre todo, por los daños materiales y las pérdidas de vidas que significaron. La Defensoría del Policía del Ministerio del Interior, en ese contexto, actuó en el marco de sus competencias impulsando el cumplimiento de los derechos humanos que protegen al personal policial. De esta forma, tomó conocimiento de diversas situaciones que impactaron directamente en el personal de la PNP que se vio afectado durante las intervenciones y operativos para restablecer el orden público. Sobre la base de esas actuaciones, así como de los seguimientos, visitas y entrevistas realizadas, se da cuenta en el presente acápite de los principales hallazgos encontrados, tanto en torno a los daños que impactaron a la institución policial, así como de las lesiones sufridas y demás afectaciones en el personal policial.

I. Daños materiales institucionales De acuerdo a información recolectada a través de reportes periodísticos, desde que iniciaron las protestas violentas durante la segunda semana de diciembre de 2022 hasta el 24 de enero de 2023, se atacaron 41 dependencias policiales37 ubicadas en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Huancavelica, La libertad, Cusco, Ayacucho, Puno y Tacna, seis de las cuales fueron incendiadas38. De estos ataques, se tiene conocimiento que 18 instalaciones policiales de Apurímac, Arequipa, Huancavelica y Puno, sufrieron graves daños materiales. En la tabla N° 02, se brinda el detalle que se elaboró con información proporcionada por la División de Infraestructura de la Dirección de Administración de la PNP.

37

Se incluyen en esta relación todas bases policiales, complejos, sedes de unidades de carreteras, emergencias y otras dependencias policiales que fueron atacadas. 38 https://elcomercio.pe/peru/veinte-comisarias-han-sido-atacadas-desde-que-iniciaron-las-protestascontra-dina-boluarte-que-se-busca-con-estas-agresiones-adelanto-de-elecciones-protestas-perucomisarias-pnp-puno-ica-regiones-noticia/ . Consultado el 18 de octubre de 2023.

34

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ TABLA N° 02 Unidades policiales que registran daños según departamento de ocurrencia de los hechos ITEM

DEPARTAMENTO

UNIDAD POLICIAL

OBSERVACIONES

1

ApurÍmac

Comisaría PNP Huancabamba

Presenta daños en el componente de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

2

ApurÍmac

Comisaría PNP Chinchero

Presenta daños en el componente de arquitecturas e instalaciones sanitarias.

3

Arequipa

Comisaría PNP de Ciudad Municipal

Daños en la fachada y ambientes interiores.

4

Arequipa

Comisaría PNP Yanahuara

Daños a la fachada.

Región Policial Huancavelica y Comisaría PNP Huancavelica

Daños a la fachada.

5

Huancavelica

6

Puno

UTSEVI PNP Juliaca

Daños a la fachada, vidrios rotos y otros.

7

Puno

Instalaciones de la X Macro región policial Puno

Daños a la fachada.

8

Puno

UNEM PNP Puno

Daños a la fachada.

9

Puno

Comisaría PNP Ilave

Daños a la fachada.

10

Puno

Comisaría PNP San Antonio de Putina

Daños a la fachada.

11

Puno

Comisaría PNP Azangaro

Daños a la fachada y ambientes interiores.

12

Puno

Posta Médica PNP Juliaca

Daños a la fachada y algunos ambientes interiores.

13

Puno

Comisaría PNP Zepita

14

Puno

Comisaría PNP Macusani

15

Puno

Comisaría PNP Pomata

Daños en el componente arquitectura.

16

Puno

PVF Kelludo

Daños en el componente arquitectura.

Requiere una nueva contrucción mediante un PI, según lo indicado por el área de infraestructura de la UE-Puno. Requiere una nueva contrucción mediante un PI, según lo indicado por el área de infraestructura de la UE-Puno.

17

Puno

PVF Kasani

Requiere una nueva contrucción mediante un PI, según lo indicado por el área de infraestructura de la UE-Puno.

18

Puno

Comisaría PNP Desaguadero

Daños en la fachada y ambientes interiores.

Fuente: División de Infraestructura de la Dirección de Administración de la PNP.

35

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ Si bien no disponemos del coste total que representaría para la PNP reparar todos los daños registrados, es posible realizar una aproximación. De acuerdo a información proveída por la División de Infraestructura, el coste aproximado de construcción de una Comisaría tipo E, incluido el equipamiento, es de 4 millones de soles, en tanto que de una Comisaría tipo D es de 4.5 millones de soles y el de una Comisaría tipo C es 7 millones39. En este caso, y solo realizando un estimación conservadora de las pérdidas de las unidades que requerirían una nueva construcción, como las Comisarías PNP de Zepita, Macusani y el PVF Kasani; la PNP habría registrado pérdidas superiores a los 12 millones de soles, sin contar los costos por las reparaciones de las demás unidades que se consignan en la tabla que antecede.

II. Lesiones personales En cuanto a las lesiones que ha sufrido el personal policial, según información proveída por la Dirección de Sanidad Policial40, uno falleció y 979 efectivos policiales resultaron heridos durante los enfrentamientos violentos comprendidos en el periodo entre el 07 de diciembre de 2022 y el 25 de marzo de 2023; 321 habrían sido heridos en diciembre de 2022 y 659 entre enero y marzo de 2023. Del total, 309 de ellos fueron hospitalizados, 670 fueron atendidos más no hospitalizados y uno (1) falleció, ver Tabla N° 03. TABLA N° 03 Efectivos policiales fallecidos y heridos entre el el 07 de diciembre de 2022 y el 25 de marzo de 2023



HOSPITALIZADOS

309

ATENDIDOS NO HOSPITALIZADOS

FALLECIDOS

TOTAL

670

01

980

Fuente: Dirección de Sanidad Policial, elaboración propia.

Respecto del lugar donde ocurrieron los hechos, en el Gráfico N° 01 se aprecian todos los departamentos donde efectivos policiales resultaron heridos. Asimismo, se observa los cinco departamentos que registraron el mayor número de efectivos policiales heridos: Lima con un total de 241 (45 en el 2022 y 196 en el 2023), 24.6% del total; seguido de Puno, con 236 heridos (7 en el 2022 y 229 en el 2023) 24% del total; luego Apurímac, con un total de 166 efectivos policiales heridos (156 en el 2022 y 10 en el 2023) 15.9% del total; Cusco, en cuarto lugar, con 91 efectivos policiales heridos (40 en el 2022 y 51 en el 2023) 9,3% del total; y en quinto lugar, Ica con un total de 69 efectivos policiales heridos (4 en el 2022 y 65 en el 2023), 7% del total.

39

Existen dos clases de comisarías, las básicas y las especializadas. Las básicas se encuentran tipificadas en A, B, C, D y E, dependiendo del número de efectivos policiales que laboren en ellas, de la densidad poblacional, los servicios requeridos y el área mínima requerida de construcción. La Comisaría tipo D, tienen una capacidad de 16 a 30 efectivos policiales, con hasta 285 m2 de área construida y una cobertura de 10,001 a 20,000 habitantes; mientras que las Comisarías PNP tipo E, tienen una capacidad de 8 a 15 efectivos policiales, con hasta 245 m2 de área construida y una cobertura de 5,000 a 10,000 habitantes. 40 Información contenida en el Oficio N° 1147-2023-DIRSAPOL-SEC-UNITRDOC, formulado por la Dirección de Sanidad de la PNP de fecha 12 de junio de 2023.

36

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ GRÁFICO N° 01 Efectivos policiales heridos entre el 07 de diciembre de 2022 y el 25 de marzo de 2023, según lugar de ocurrencia de los hechos

Número de efectivos policiales heridos

300 250 200 150

100 50 0

ANC APU ARE AYA CUS HUV HUC

Ene-mar 23

1

10

56

3

51

11

0

Dic-22

0

156

15

1

40

7

4

ICA

JUN

LAL

LIM MDD PUN TAC UCA

65

2

14

196

19

229

1

1

4

16

21

45

0

7

0

5

Fuente: Dirección de Sanidad Policial, elaboración propia.

En cuanto a la tendencia de los hechos, en el siguiente gráfico, Gráfico N° 02, se puede apreciar la gravedad de los enfrentamientos, según el número de efectivos policiales heridos y el día en el que se produjeron las lesiones. Como se aprecia, el día que registró el mayor número de efectivos policiales heridos fue el 12 de diciembre de 2022, con un total de 124, la mayoría de los casos se produjo en Apurímac. Es importante anotar que este número representa el 12.6% del total de efectivos policiales heridos durante todo el periodo de enfrentamientos; dato que grafica la gravedad y radicalidad de los enfrentamientos que tuvieron lugar en Apurímac en diciembre de 2022. GRÁFICO N° 02 Efectivos policiales heridos entre el 07 de diciembre de 2022 y el 25 de marzo de 2023, según día de afectación 140

124

120 100 70

80 57

50

60 3736

40 20

9 26

18 13

15

49

30 29 25 20 1721 2114

442

11

43

3032 3034 28 20

30 8

13

10 10 76 3731 112 13

2022

4-Mar

13-Feb

9-Feb

6-Feb

4-Feb

1-Feb

30-Ene

28-Ene

26-Ene

24-Ene

22-Ene

20-Ene

18-Ene

16-Ene

12-Ene

10-Ene

8-Ene

6-Ene

19-Dic

17-Dic

15-Dic

13-Dic

9-Dic

11-Dic

7-Dic

0

2023 Fuente: Dirección de Sanidad Policial, elaboración propia.

37

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ Luego de ello, como se aprecia, con excepción de algunos picos producidos durante enero y febrero de 2023, se registró una tendencia a la baja, según fueron disminuyendo las manifestaciones, tanto en número como en intensidad. Sobre la categoría y grado de los efectivos policiales afectados, se tiene registro que en la categoría de Suboficiales PNP, 912 resultaron heridos, es decir el 93% del total de heridos. De ellos, 464 son SO3 PNP, 219 SO2 PNP, 76 S1 PNP, 34 ST3 PNP, 29 ST2 PNP, 32 ST1, 38 SB PNP y 20 SS PNP. En la categoría de Oficiales, 67 resultaron heridos. De estos, 28 son Alfereces, 9 Tenientes, 7 Capitanes, 10 Mayores, 9 Comandantes, 3 Coroneles y 1 General PNP. En la categoría de Oficiales de Servicios, se tiene registro que un Capitán SPNP resultó herido. Respecto de los diagnósticos, en la Tabla N° 04 se aprecia el número de efectivos policiales según la situación médica identificada durante la primera atención. Como se observa, el diagnóstico más recurrente fue el de contusión, seguido de policontusión, heridas y lesiones. TABLA N° 04 Efectivos policiales heridos según diagnóstico de la lesión 41

DIAGNÓSITCO Amputacion traumática falange distal Cefalea Celulitis Contusión en distintas partes del cuerpo Corte Esguince Esquirlas por explosion leve, heridas por esquirlas Fractura Golpes Herida PAF Herida abierta en distintas partes del cuerpo Heridas en distintas partes del cuerpo Laceración en distintas partes del cuerpo Lesiones en distintas partes del cuerpo Luxación en distintas partes del cuerpo Otitis Policontuso Politraumatismo Quemadura Traumatismo Encéfalo Craneano – TEC Traumatismo Otros TOTAL

N° 1 4 2 386 8 15 19 30 5 6 11 118 6 99 4 4 162 3 7 13 43 34 980

Fuente: Dirección de Sanidad Policial, elaboración propia.

41

Debido a que los diagnósticos fueron elaborados por distintos profesionales de la salud de distintas IPRESS y en distintos momentos, la terminología utilizada es diversa.

38

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ En cuanto a la gravedad de los diagnósticos, según información proporcionada por la Dirección de Sanidad, se sabe que aproximadamente 93 efectivos policiales habrían sido heridos de gravedad y presentan actualmente secuelas. De estos, 62 fueron evacuados a Lima, desde diferentes zonas del país, para ser atendidos en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”. (Ver Tabla N° 05)

TABLA N° 05 Efectivos policiales evacuados a Lima según región de procedencia REGIÓN

APURÍMAC

HUANCAVELICA

JUNÍN

MADRE DE DIOS

PUNO

TOTAL



19

1

2

1

39

62

Fuente: Dirección de Sanidad Policial, elaboración propia

Adicionalmente, y en atención a los seguimientos que ha realizado la Defensoría del Policía, se tiene registro que nueve (9) efectivos se encuentran actualmente bajo los alcances de la Ley N° 12633, es decir debido a la gravedad de sus lesiones no están en condiciones para realizar servicio activo. Así también, se tiene conocimiento que cuatro (4) se encuentran con aptitud psicosomática código 1, o sea pueden realizar servicio activo pero con limitaciones, no pudiendo desempeñarse plenamente en labores operativas. De estos trece policías, dos (2) habrían perdido parcialmente la visión y (1) uno parcialmente la audición. No se tiene certeza aún sobre el número exacto de efectivos policiales con discapacidad permanente. De otro lado, respecto de los heridos por proyectil de arma de fuego (PAF), según información brindada por la Sanidad Policial, se trata de seis (6) efectivos policiales42. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N° 004-2023-DP/AAE “Crisis política y protesta social: Impacto en la salud individual y colectiva. Dimensión de la violencia en la salud e integridad de las personas en el marco de las movilizaciones”, consignó que fueron 27 efectivos policiales los que habrían sufrido una herida o lesión por arma de fuego. Desde esta Dirección General se solicitó a la Defensoría del Pueblo que informe al respecto, sin haber recibido respuesta alguna a la fecha de publicación de este documento. En cuanto a los 19 efectivos policiales con esquirlas por explosión, se sabe que todos fueron lesionados el día 12 de diciembre en Apurímac y, según consta en el Informe N° 01-22-DIRNICPNP/DIRANDRO-DIVMCTID-BATOPE”LS”MZ del 26 de diciembre de 2022, las esquirlas habrían sido producto de la explosión de una granada de guerra. A ese respecto, según el Informe Pericial de Balística Forense N° 22900-22915/2022, elaborado por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, se detectó que once (11) efectivos policiales que participaron de los operativos realizados en Apurímac el 12 de 42

De los seis heridos PAF que esta Dirección General tiene registro, uno (1) fue herido en Apurímac, cuatro (4) fueron heridos en Junín durante los enfrentamientos en el Puente Pichanaki y uno (1) más en Puno. Se tiene constancia que uno de ellos fue herido por una bala expansiva, conocida coloquialmente como bala “dum dum”, ya que la misma quedó alojada en su cuerpo (cerca del hígado) y fue extraída en agosto de 2023 mediante una operación quirúrgica.

39

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ diciembre de 2022, presentaron heridas con compatibles con las ocasionadas por perdigones de cartucho para escopeta y esquirlas compatibles a las ocasionadas por una granada fragmentaria. Finalmente, del análisis realizado de los efectivos lesionados con contusiones en distintas partes del cuerpo (386), se ha identificado que 205, es decir el 53% del total de efectivos diagnosticados con “contusiones”, habrían sufrido una lesión en la pierna, tobillo, pie o rodilla; o sea, en la parte del cuerpo que debería estar cubierta por una canillera antidisturbios.

III. Equipo de protección corporal y medios de policía De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1186, decreto que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, así como en los Lineamientos administrativos y operativos aplicables a las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, aprobados mediante Resolución de la Comandancia General de la PNP N° 418-2022-CG/EMG, los “Medios de Policía” son las armas, equipos, accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una amenaza o atentado contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. Según esta última norma, los equipos de protección corporal constan de: i) Bastones policiales; ii) cascos antimotín / antidisturbio; iii) Equipo antitrauma / de protección táctico antidisturbios / táctico antimotín / de autoprotección / de protección corporal / anti impactos; iv) Escudo antimotín; v) Grilletes policiales; vi) Guantes; vii) Máscaras antigás; y, viii) Overol con protección al fuego. Los equipos antitrauma, específicamente, reducen los riesgos contra las lesiones producidos por golpes con lanzamiento de objetos contundentes, armas blancas y ataques con algunas sustancias explosivas. Deben estar elaborados o confeccionados con propiedades de material resistentes al fuego, aumentando la protección a su portador. Asimismo, estos equipos deben ser capaces de proteger la masa torácica, las extremidades inferiores y superiores, las articulaciones como las rodillas y codos, los órganos genitales y la cadera. Estos equipos incluyen las canilleras que protegen las extremidades inferiores del cuerpo. Este dato es de particular importancia, pues según se ha identificado de la data proveída por la Dirección de Sanidad Policial respecto de los diagnósticos del personal policial herido, aproximadamente el 50% de las contusiones, fracturas, heridas y lesiones que afectaron al personal policial, corresponden a partes del cuerpo ubicadas en las extremidades inferiores, especialmente de la rodilla hacia abajo.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ Conforme a la información que ha recogido esta Dirección General, muchos de los efectivos policiales que participaron de las operaciones policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público, no contaban con estos equipos de forma completa. Al respecto, vale mencionar que la PNP cuenta con el “Plan Estratégico de modernización, repotenciación, renovación, reemplazo y reparación del equipo de la Policía Nacional del Perú 2021-2024” (PEME 2021-2024), aprobado por Resolución Suprema N° 122-2021-IN, de fecha 15 de julio de 2021. El citado plan incluye en la Demanda Priorizada a ser financiada por los recursos del Fondo de Defensa del “PEME 2021-2024”, un componente para equipos antimotines, por considerarse uno de los servicios más riesgosos para la vida e integridad de los efectivos policiales que participan en el control de disturbios. En dicho plan, se señala que se ha priorizado la adquisición de cascos antimotines, escudos protectores antimotines tipo b, chalecos protectores antimotines y máscaras antigás. De otro lado, se tomó conocimiento que durante el segundo semestre de 2022 se convocó a la Licitación Pública N° 02-2022-IN-OGAF-OAB-1, para la “Adquisición de canilleras antimotín contra impacto en el marco del proyecto de inversión con código único de inversiones N° 2251056”. Según el Informe de Control Concurrente N° 008-2023/OCI/0282-SCC, elaborado por la Contraloría General de la República de fecha 14 de abril de 2023, este proceso se encontraba comprendido entre las adquisiciones previstas del componente “Equipamiento de protección personal” del proyecto de inversión pública denominado “Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel nacional”, el cual fue declarado viable en junio de 2014, con un monto total de inversión de S/. 399 151653,00 y cuya unidad ejecutora es la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior. El mencionado proyecto de inversión fue declarado viable, entre otras cosas, para la adquisición de equipamiento antimotín y complementario para el personal del PNP. Así, con fecha 18 de octubre de 2022 se firmó un contrato con el postor adjudicado, Mosona de Aranibar S.R.L, por un monto de S/ 1 780 000,00 para la adquisición de 8,900 pares de canilleras antimotín contra impacto, a fin de mejorar la capacidad operativa de las unidades PNP encargadas del control de multitudes y disturbios civiles, cuyo plazo de inicio contractual fue establecido para el 19 de octubre de 2022. No obstante, y según se señala en el precitado Informe, se identificó una situación adversa pues la conformidad de las canilleras se habría otorgado con un certificado expedido por un laboratorio, Industrial Inspection Service S.A.C, que no contaba con el alcance de acreditación del Instituto Nacional del Calidad, ni con las competencias técnicas para certificar las pruebas exigidas en el contrato. Dicha situación afectó la continuidad del proceso de adquisición, y según obra en Informe de Control Concurrente N° 024-2023/OCI/0282-SCC, elaborado por la Contraloría General de la República de fecha 17 de agosto de 2023, hasta la fecha de publicado el señalado informe los 8,900 pares de canilleras antimotín se encontraban inmovilizados al no contar todavía con el certificado de control de la calidad requerido. 41

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ Realizando un seguimiento en el sistema INVIERTE.PE del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la ejecución financiera del Proyecto de Inversión Pública CUI N° 225105643 “Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel nacional”, se identificó que en el histórico de devengado por específica de gasto, correspondiente al rubro de 2.6.32.8 “Adquisición de mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la seguridad”, desde el año 2019 hasta el año 2021, se habría registrado una específica de gasto total por un monto de S/. 3, 405,498.00 (S/. 1, 503,950.00 correspondientes al año 2019; S/. 456,597.00 correspondientes al año 2020; y, S/. 1, 444,951.00 correspondientes al año 2021). En cuanto a las contrataciones para adquisición de bienes, en la Tabla N° 06 se observan las relativas a equipos de protección corporal y medios de policía realizadas desde el año 2017 a la fecha por monto total contratado de S/. 23, 865,265.00 soles.

TABLA N° 06 Adquisiciones en el marco del Proyecto de Inversión N° 2251056 SNIP N° 292189, 2017-2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

BIENES ADQUIRIDOS

MONTO CONTRATADO EN SOLES

GRILLETES DE MANOS

25/08/2017

200,000.00

CHALECOS ANTIBALA

26/10/2017

5,481,000.00

CARTUCHOS CALIBRE 12 GA CON PERDIGONES DE GOMA

11/12/2018

490,050.00

GRILLETES DE MANOS

12/12/2018

536,138.00

MASCARAS ANTIGAS

18/01/2019

3,464,000.00

TONFAS

18/12/2018

244,996.00

CARTUCHOS LACRIMÓGENOS

03/06/2019

1,489,000.00

ESCOPETAS LANZA GAS CALIBRE 37/38MM SIMPLE

04/07/2019

1,567,000.00

ESCUDOS PROTECTOR ANTIMOTIN

12/08/2019

2,175,479.00

CASCO ANTIMOTIN

26/08/2019

1,398,765.00

VALLAS DE METAL Y REJAS

10/10/2019

129,800.00

MEGÁFONOS

18/10/2019

48,397.00

BOLSAS DE DORMIR

18/11/2019

1,185,030.00

ESCOPETAS DE CAZA

16/10/2020

1,521,990.00

CANILLERAS ANTIMOTIN CONTRA IMPACTO

18/10/2022

1,780,000.00

ADQUISICION DE CORREAJE TÁCTICO

04/11/2022

1,951,120.00

GRILLETES DE SEGURIDAD

23/01/2023

202,500.00

TOTAL

23,865,265.00

Fuente: INVIERTE.PE, elaboración propia.

43

“Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel nacional”

42

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ De igual forma, se realizó una búsqueda en el sistema del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y se identificó que desde el año 2017 a la fecha, se han realizado distintas adquisiciones de equipos de protección antimotines y medios de policía por un valor total estimado de S/ 18, 078,702.95 soles (Ver Tabla N° 07): TABLA N° 07 Adquisiciones mediantes contrataciones del Estado, años 2017-2023 BIENES ADQUIRIDOS

FECHA

VALOR REFERENCIAL EN SOLES

GRILLETES DE MANO

14/06/2017

265,094.37

EQUIPOS ANTIMOTINES CON PROTECTORES

24/10/2018

399,600.00

PRENDAS POLICIALES PARA LA PROTECCIÓN

31/05/2019

258,400.00

CHALECOS ANTIMOTIN-DIROES

05/08/2019

146,250.00

CHALECOS ANTIMOTIN-DIROES

26/08/2019

146,250.00

CHALECOS ANTIMOTIN-DIROES

17/09/2019

146,250.00

CASCOS BALÍSTICOS, CHALECOS ANTIBALAS Y ESCUDO ANTIMOTIN

22/10/2019

660,358.33

CHALECOS ANTIMOTIN-DIROES

28/10/2019

146,250.00

MATERIAL LACRIMÓGENO

04/11/2019

3,140,000.00

MATERIAL ANTIDISTURBIOS

09/06/2021

4,960,160.00

CASCOS ANTIDISTURBIOS

30/06/2021

190,000.00

MATERIAL ANTIDISTURBIOS

27/05/2022

4,727,570.00

CASCOS ANTIDISTURBIOS

11/07/2022

308,000.00

CASCOS ANTIDISTURBIOS

09/08/2022

308,000.00

MATERIAL ANTIDISTURBIOS

20/12/2022

495,356.00

MATERIAL ANTIDISTURBIOS

23/12/2022

652,426.25

CHALECOS ANTI-IMPACTO, ESCUDO ANTIMOTÍON Y MÁSCARA ANTIGÁS

27/04/2023

1,128,738.00

MÁSCARA ANTIGÁS Y ESCUDO ANTIMOTÍN

07/08/2023

Sin data

GRILLETES DE LAZO

29/08/2023

Sin data

TOTAL

18,078,702.95

Fuente: OSCE, elaboración propia.

Como se aprecia, la única adquisición de “canilleras antimotín contra impacto” que registran ambos sistemas de búsqueda durante el periodo comprendido entre el 2017 y lo que va del 2023, es aquella que responde al mismo proceso observado por la Contraloría General realizado en octubre de 2022. Vale decir, que el personal policial no se habría beneficiado de esta 43

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ adquisición en razón a que el control de calidad de estos equipos no ha sido certificado, por tanto no han sido distribuidas. Por lo demás, se aprecia que de manera recurrente y constante se han venido adquiriendo grilletes, cartuchos lacrimógenos, material antidisturbio (agentes químicos y cartuchos con perdigones) chalecos y cascos antimotines, máscaras antigás y escudos antimotín.

IV. Sobre el reconocimiento de la lesión ocasionada en cumplimiento del deber Debido a la naturaleza misma de la labor policial, el personal de la PNP está constantemente expuesto a situaciones de riesgo que pudieran afectar su integridad física e incluso su vida, especialmente durante las operaciones que se realizan para el restablecimiento del orden público y el control de disturbios. Ya que se trata de uno de los servicios más riesgosos para la vida e integridad de los efectivos policiales, es indispensable contar con equipos de protección idóneos para desarrollar esa tarea. Igual de importante, si llegara a producirse una lesión durante el servicio, es contar con un informe médico que contenga el diagnóstico de las lesiones y un informe administrativo que permita a la autoridad competente establecer cuál fue el acto o suceso que originó las lesiones. En caso las lesiones conlleven a una discapacidad, la Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, establece el marco legal que asegura la atención en salud, trabajo y educación del personal con discapacidad adquirida por acción de armas, acto de servicio, como consecuencia o con ocasión del servicio. De acuerdo con la precitada norma, la discapacidad adquirida por “Acto de Servicio”, es aquella que ha sido generada de manera directa e indirecta al momento de desempeñar las labores propias de su cargo o función; la adquirida por “Consecuencia del servicio”, es aquella que no se produce de manera inmediata, sino como consecuencia de heridas, lesiones o enfermedades adquiridas en el ejercicio de su cargo o función; y, la adquirida con “Ocasión del Servicio”, es aquella que se produce por consecuencias externas que se generan como resultado de los servicios prestados con anterioridad, en cumplimiento de la misión institucional o funciones propias inherentes al cargo. En atención a ello y a los casos de efectivos policiales que la Defensoría del Policía ha acompañado con anterioridad, se ha identificado que en muchas ocasiones una lesión leve, aparentemente sin secuelas, con el paso del tiempo puede generar una condición física adversa de carácter permanente que puede conllevar a una discapacidad. Por ello, enfatizamos la importancia de registrar administrativamente todos los sucesos que en el marco de los operativos de restablecimiento del orden público ocurran, pues a partir de ese registro será

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ posible establecer el suceso que constituye el “acto invalidante”44 y su nexo causal con la discapacidad adquirida; de lo contrario, la discapacidad podría considerarse como adquirida ajena del servicio y el personal policial corre el riesgo de perder todos los beneficios y derechos establecidos en la Ley N° 29643. Así también, es importante reconocer administrativamente las lesiones adquiridas por actos vinculados al servicio, sean éstas de carácter reversible o irreversible, pues aun cuando no generen una inaptitud catalogada como “código 1” o una inaptitud que les imposibilite realizar servicio activo; es posible que las lesiones puedan generar un lesión permanente que requiera una atención médica especializada, como por ejemplo, la entrega de prótesis dentales, prótesis oculares o audífonos. Es el caso concreto de dos efectivos policiales que, producto de los enfrentamientos ocurridos en el contexto de las últimas protestas violentas, perdieron diversas piezas dentales. El primero, debido a un trauma en la cara y fractura en el maxilar inferior; y el segundo, debido a una policontusión hipertensiva y herida contusa en el labio inferior. En esos casos, en razón a que el Decreto Supremo N° 002-2015-IN, Reglamento de la Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL), establece que SALUDPOL no cubre tratamientos y/o gastos relativos a: i) prótesis dentales, implantes osteointegrados y ortodoncias con fines estéticos; ii) audífonos para sordera; iii) suministro de muletas, aparatos o equipos ortopédicos, prótesis; entre otros, -a menos que se trate de titulares lesionados en acción de armas, acto del servicio, consecuencia del servicio u ocasión del servicio- se hace necesario reconocer prontamente el origen de la lesión mediante un acto administrativo o resolución expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, a fin de solicitar la respectiva cobertura. Sobre este punto es importante recordar que el principio N° 22 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, establece que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, deben establecer procedimientos eficaces para la presentación de informes. Según este principio, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que las autoridades administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial.

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Según artículo 3 de la Ley N° 29642, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, el acto invalidante es aquel en el cual se producen los daños y/o las lesiones sufridas por el personal de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú que determinan su discapacidad. En el caso de que no se pueda determinar la fecha de inicio del acto invalidante, esta es determinada por la junta médica de especialistas de la institución a la cual pertenece el miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional del Perú.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

V. Apoyo económico Decreto de Urgencia N° 0062023 Mediante Decreto de Urgencia N° 006-2023, de fecha 21 de febrero de 2023, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia45, autorizó el otorgamiento de un apoyo económico a los deudos de las personas fallecidas y los heridos de gravedad, por hechos ocurridos en el marco de las protestas sociales, entre el 08 de diciembre de 2022 y el 10 de febrero de 2023. Con ese propósito, la Comisión Multisectorial creada mediante la Resolución Suprema Nº 2642022-JUS, estableció cuáles serían los criterios necesarios a fin de identificar a las personas heridas de gravedad beneficiarias del apoyo económico. Así, y a partir de la publicación del Decreto de Urgencia, se aprobaron y publicaron cuatro listas de personas beneficiarias del apoyo. La primera lista se publicó el 23 de febrero, la segunda el 03 de marzo, la tercera el 03 de abril y la cuarta el 25 de abril de 2023. En dichas listas se incluyeron a un total de diecisiete (17) efectivos policiales, entre los cuales figura el Suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, quien falleciera en Puno el 09 de enero de 2023. A continuación, ver Tabla N° 08, se brinda el detalle de los efectivos policiales beneficiados con el apoyo económico: TABLA N° 08 Efectivos policiales beneficiados del apoyo económico del DU N° 006-2023

LISTAS SEGÚN FECHA DE PUBLICACIÓN Efectivos policiales incluidos en el Primer listado de personas beneficiarias, publicada el 03 de marzo de 2023: Efectivos policiales incluidos en el Segundo listado de personas beneficiarias, publicada el 03 de marzo de 2023:

Efectivos policiales incluidos en el Tercer listado de personas beneficiarias publicado el 03 de abril:

NOMBRES 1. Soncco Quispe, José Luis

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Chávez Cabezas, David Damiano Oscco, José Luis Gayo Huamaní, Juan Carlos Huanca Torbisco, Elvis Roberto Lora Saavedra, Robín Paúl Marín Cárdenas, Jhus Klisman Quispe López, Víctor Raúl Añorga Colchado, Roberto Carlos Bautista Estofanero, Luis Adolfo Montañez Colque, Joel Enrique

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Resolución Suprema publicada el 31 de diciembre de 2022 que crea la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas a atender a los deudos de las personas fallecidas, así como para las personas que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones ocurridas entre el 8 y 21 de diciembre de 2022, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ 12. 13. 14. 15. Efectivos policiales incluidos en el Cuarto listado de personas beneficiarias publicado el 25 de abril:

Portal Romero, Rick Jason Quispe Yucra, William Alain Sanca Quispe, Carlos Daniel Abad Villasante Toque, Ronal

16. Ticona Mamani, Dante 17. Segura Villena, Ever Hermitanio

Fuente: Miniserio de Justicia y DDHH - Diario Oficial El Peruano, elaboración propia.

Al respecto, diversos efectivos policiales gravemente heridos, señalaron no haber sido incluidos en las listas previamente citadas. Según la constatación que hemos realizado, de los nueve (9) efectivos que se encuentran actualmente sujetos a los alcances de la Ley N° 12633, dos (2) no estarían incluidos; y, de los cuatro (4) que se encuentran actualmente con aptitud psicosomática código 1, tres (3) tampoco han recibido el apoyo económico establecido mediante Decreto de Urgencia N° 006-2023. Asimismo, tenemos conocimiento que dos efectivos policiales, en razón a la gravedad de sus lesiones, solicitaron al Ministerio de Justicia ser incluidos en las listas de personas beneficiadas del apoyo en cuestión, pero obtuvieron una respuesta negativa46.

VI. Otorgamiento de incentivos La Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP, Ley aprobada mediante el Decreto Legislativo Decreto N° 1149, establece que los incentivos son reconocimientos que otorgan los diversos niveles del comando institucional, orientados a distinguir los actos meritorios del personal, con un carácter motivador. El reglamento de la ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-IN, refiere en su artículo 53 que los incentivos son reconocimientos orientados a exaltar la conducta ejemplar del personal de la Policía Nacional del Perú, la vocación de servicio, honestidad, capacidad, profesionalismo y liderazgo, por haber efectuado trabajo intelectual o material de suma importancia y utilidad para la Institución y que excedan el normal cumplimiento de la función policial. Así también, el artículo 53 señala que el otorgamiento de incentivos es una potestad del comando institucional. Por tanto es discrecional, no constituye derecho y es inimpugnable. En ese marco y a propósito de las acciones meritorias que el personal policial desarrolló para el restablecimiento del orden público en diversas zonas del país, se emitieron las siguientes resoluciones que otorgaron los siguientes incentivos de felicitación (Ver Tabla N° 09):

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El S2 PNP Santos Gregorio Purizaca Ancajima, quien perdió el quinto distal de la última falange de la mano derecha, informó a esta Dirección General que mediante la Carta N° 43-2023-JUS/CMM-ST de fecha 05 de junio el Ministerio de Justicia, en respuesta a su solicitud para ser incluido en la lista, le contestó que no existía marco legal para el otorgamiento de subvención alguna, denegándole el apoyo.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ TABLA N° 09 Resoluciones que otorgan incentivos de felicitación al personal policial

RESOLUCIÓN Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú N° 281-2023-CG PNP/SECEJEDIRREHUM

FECHA

31 de julio de 2023

Resolución Ministerial N° 0933-2023-IN

31 de julio de 2023

Resolución Ministerial N° 0934-2023-IN

31 de julio de 2023

NÚMERO Y PROCEDENCIA DE EFECTIVOS POLICIALES FELICITADOS 3,848 efectivos policiales que prestaron apoyo que prestaron apoyo a la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima. 2,259 efectivos policiales de la División de Servicios Especiales y personal de apoyo de la Región Policial Lima. 886 efectivos policiales que prestaron servicios en la X Macro Región Policial Puno.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Carrera Policial (SIGCP), elaboración propia.

Asimismo, se tomó conocimiento que con fecha 31 de diciembre de 2022 la Comandancia General de la PNP otorgó la condecoración de Orden al Mérito de la PNP en el grado de “Caballero”, por causal de acción distinguida, a dos efectivos policiales que participaron de las operaciones desarrolladas en Andahuaylas y el Puente Pichanaki, respectivamente. Sin embargo y habiendo identificado que varios efectivos policiales gravemente heridos, los cuales prestaron apoyo a la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima, así como al Frente Policial Apurímac (Andahuaylas) y que participaron de las operaciones de liberación del Puente Pichanaki en Junín, no recibieron incentivo; la Defensoría del Policía impulsó diversas acciones a fin de reconocer a quienes también demostraron valerosamente su compromiso con la defensa de la democracia y del orden público, afectando su salud e integridad física. Así, entre los documentos que se emitieron, mediante el Oficio N° 000580-2023/IN/DP de fecha 7 de julio de 2023, se solicitó a la Comandancia General de la PNP considerar a dichos efectivos dentro del personal PNP propuesto para el otorgamiento de un incentivo. En respuesta a ello, el Departamento de Incentivos de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, mediante Informe N° 426-2023-DIRREHUM_PNP/DIVPNIBPP-DEPINC-UNICON de fecha 05 de setiembre de 2023, comunicó a esta Dirección General que dicho pedido era improcedente por carecer de sustento legal, toda vez que la propuesta de otorgamiento de incentivo de felicitación y/o condecoración debe ser generada por el Comando Policial del personal policial interviniente mediante un Informe Administrativo Único, tal como lo establece el artículo 53 del reglamento de la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP. Cabe resaltar que, sobre la base del Informe N° 38-2023/IN/DP elaborado por esta Dirección General y por impulso de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, con fecha 22 de setiembre de 2023, se emitió el Informe Administrativo Único N° 01-2023-DIRNIC-DIRANDRO PNP/DIVMCTID “LOS SINCHIS” MZ, que sustenta una propuesta de incentivo, para condecorar a 27 efectivos policiales, entre oficiales y suboficiales de la PNP, pertenecientes a la DIVMCTID “Los Sinchis”, Mazamari, por el servicio policial efectuado en la jurisdicción de la provincia de 48

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ Andahuaylas en Apurímac, en el marco de las movilizaciones sociales y alteración del orden público producidas a nivel nacional. Quedaría pendiente impulsar acciones similares, a través de la presentación de informes administrativos únicos, a fin de promover el incentivo que corresponda para todos los efectivos policiales que participaron de las operaciones policiales destinadas a restablecer el orden público, especialmente las vinculadas a la liberación del Puente Pichanaki en Junín, las cuales tuvieron lugar el 16 de diciembre de 2022 y en las que resultaron heridos por proyectil de arma de fuego tres policías.

VII. Ascensos El artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, sobre los requisitos para el ascenso hasta los grados de Coronel y Suboficial Superior, establecía como uno de las condiciones para ser declarados aptos que el personal policial debía encontrarse físicamente apto conforme al examen médico anual de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Este requisito, conforme pudo advertir la Defensoría del Policía en razón a los casos de efectivos policiales que venía monitoreando, era discriminatorio; toda vez que el personal policial sujeto a la Ley N° 12633 producto de lesiones sufridas durante movilizaciones sociales violentas que alteraron el orden público sí gozaba plenamente de su aptitud física, tanto así que fue seleccionado para ser desplazado a otras localidades a efectos de velar por el orden interno y la paz pública; y en cumplimiento de su deber, resultó gravemente herido. Por tal razón, no debía ser excluido del proceso de ascenso. Así, con fecha 14 de setiembre de 2023 se publicó la Ley N° 31873, Ley que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional del Perú; la cual derogó los alcances del artículo 50 del precitado Decreto Legislativo y, en su artículo 13, establece que el candidato declarado inapto o aquel que haya perdido la aptitud, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 12, puede interponer un recurso de reconsideración por medio de la mesa de partes virtual en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del informe de la comisión evaluadora. Dicho recurso deberá estar dirigido a la junta evaluadora, la cual deberá resolver, comunicar y publicar la resolución respectiva en el Sistema Integrado de Gestión de la Carrera Policial en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a la recepción del recurso. Finalmente, el artículo 14 de la Ley dispone que el candidato declarado inapto o aquel que haya perdido la aptitud y cuyo recurso de reconsideración fue denegado o desea presentar solo el recurso de apelación puede interponerlo contra la decisión adoptada en el plazo máximo de cinco días hábiles mediante solicitud dirigida a la junta revisora presidida por el Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien resuelve y notifica en el plazo máximo de dos días hábiles, tras lo cual se da por agotada la vía administrativa. 49

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

VIII. Defensa Legal En razón a las funciones que desarrolla la Policía Nacional del Perú, en el marco de manifestaciones sociales y protestas violentas, el personal policial se encuentra en dos frentes. Por un lado, es responsable mantener la paz, garantizando la vida y la defensa de los bienes públicos y privados; y por otro, debe lidiar con manifestantes que participan de las protestas, algunas de ellas violentas. En dicha condición, se ve expuesto no solo a ser lesionado, sino a ser denunciado penalmente por las acciones que realiza. Así, y de acuerdo a información proveída por la División de Defensa Legal de la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP, mediante Informe N° 1192-2023-SECEJE-DIRASJUR PNP/DIVDELEG de fecha 22 de setiembre de 2023, la División de Defensa Legal está brindando asesoría de manera permanente a 244 efectivos policiales que afrontan diversas denuncias que se formularon entre diciembre 2022 y marzo de 2023, siendo que a la fecha se encuentran activas veintinueve (29) Carpetas Fiscales, conforme al detalle que se aprecia en la Tabla N° 10: TABLA N° 10 Número de efectivos policiales denunciados de acuerdo a delito N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DELITO Rebelión y otros Delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado Contravención a los derechos del niño, niña y adolescente Homicidio simple y tentativa de homicidio y lesiones Homicidio simple y tentativa de homicidio y lesiones Homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones graves Homicidio, lesiones y abuso de autoridad Homicidio calificado y lesiones graves Homicidio calificado, protestas sociales en la provincia de Aymaras Apurímac Homicidio calificado, protestas sociales en la provincia de Aymaras Apurímac Lesiones y abuso de autoridad Lesiones y abuso de autoridad Homicidio - Genocidio Lesiones Delito contra la vida, el cuerpo y la salud Homicidio Abuso de autoridad y omisión de actos funcionales UNMSM Lesiones leves Homicidio y otros Abuso de autoridad y lesiones Abuso de autoridad y omisión de actos funcionales Abuso de autoridad y lesiones Homicidio calificado Lesiones leves Genocidio Abuso de autoridad Homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, violación de los DDHH Homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, violación de los DDHH Homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, violación de los DDHH

Nº DE EFECTIVOS 1 2 1 1 3 4 1 5 35 43 1 1 3 30 19 11 3 1 5 1 1 3 15 22 1 5 7 9 10

TOTAL

244 Fuente: División de Defensa Legal de la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP, elaboración propia.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

TERCERA PARTE

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

I. ACCIONES EFECTUADAS POR LA DEFENSORÍA DEL POLICÍA Como se ha mencionado, la Defensoría del Policía en el marco de sus competencias y dentro del contexto descrito, impulsó diversas acciones a fin de garantizar los derechos que protegen al personal policial que participó de las operaciones que se realizaron para el restablecimiento del orden público. El detalle del monitoreo, los seguimientos y acompañamientos realizados al personal policial, así como las visitas domiciliarias y hospitalarias; los viajes de comisión de servicios y demás acciones desarrolladas, se encuentran especificadas en los diversos informes que se presentaron a la Alta Dirección del Sector, según se puede observar en la siguiente tabla. Seguidamente, se da cuenta de toda la documentación impulsada por esta Dirección General: TABLA N° 11 Informes, memos y oficios presentados por la Defensoría del Policía INFORME N°

FECHA

DESTINATARIO

012023/IN/DP

25 de Enero de 2023

Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial

162023/IN/DP

18 de Mayo de 2023

Ministro del Interior

352023/IN/DP

27 de Junio de 2023

Ministro del Interior

382023/IN/DP

12 de Julio de 2023

Ministro del Interior

MEMO N°

FECHA

932023/IN/DP

22 de Febrero de 2023

DESTINATARIO Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial

ASUNTO SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA DEFENSORÍA DEL POLICÍA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 Y 25 DE ENERO DE 2023, EN EL MARCO DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES Y ALTERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO PRODUCIDAS A NIVEL NACIONAL. SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA DEFENSORÍA DEL POLICÍA, EN EL MARCO DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES Y ALTERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO PRODUCIDAS A NIVEL NACIONAL. INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO DE LA DEFENSORÍA DEL POLICÍA A LA CIUDADES DE AREQUIPA, HUANCAYO E IQUITOS, DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023 SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA DEFENSORÍA DEL POLICÍA, A FAVOR DEL PERSONAL POLICIAL LESIONADO EN EL MARCO DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES Y ALTERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO PRODUCIDAS A NIVEL NACIONAL. ASUNTO REMITE PROYECTO DE OFICIO PROPONIENDO ACCIONES NECESARIAS EN TORNO AL DU. N° 006-2023, QUE AUTORIZA EL OTORGAMIENTO DE UN APOYO ECONÓMICO, DE MANERA EXCEPCIONAL Y POR ÚNICA VEZ, A LOS DEUDOS

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ DE LAS PERSONAS FALLECIDAS Y HERIDOS DE GRAVEDAD, CIVILES Y POLICÍAS, EN LAS MOVILIZACIONES REALIZADAS ENTRE EL 08 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 10 DE FEBRERO DE 2023. OFICIO N°

FECHA

DESTINATARIO

1552023/IN/DP

9 de Marzo de 2023

Comandante General de la PNP

2242023/IN/DP

5 de Abril de 2023

Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

2602023/IN/DP

17 de Abril de 2023

Comandante General de la PNP

3512023/IN/DP

9 de Mayo de 2023

Comandante General de la PNP

4492023/IN/DP

7 de Junio de 2023

Director de la Dirección de Sanidad Policial

5452023/IN/DP

28 de Junio de 2023

Director de Sanidad de la PNP

5502023/IN/DP

5 de Julio de 2023

Jefe de la IX MACREPOL PNP Arequipa

5512023/IN/DP

28 de Junio de 2023

Jefe de la Región Policial Junín – VI

ASUNTO SOLICITA RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL AFECTADO EN LA SALUD DURANTE LAS PROTESTAS VIOLENTAS RESPONDE LLAMAMIENTO URGENTE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES RELATIVA A LA COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PER 1/2023 ELABORADA POR NACIONES UNIDAS SOLICITA TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADMINISTRATIVAS QUE RESULTAN NECESARIAS ADOPTAR EN PROTECCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL CON MOTIVO DE LESIONES SUFRIDAS REITERA SOLICITUD DE RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL AFECTADO EN LA SALUD DURANTE LAS PROTESTAS VIOLENTAS POR ESPECIAL ENCARGO DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, REITERA SOLICITUD DE RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL AFECTADO EN LA SALUD DURANTE LAS PROTESTAS VIOLENTAS INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN MÉDICA DEL S2 PNP JHUS KLISMAN MARÍN CÁRDENAS, Y, DEL S2 PNP LUIS ERNESTO DÁVILA UMERE, EFECTIVOS POLICIALES QUE PARTICIPARON EN ACCIONES POLICIALES DE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO DURANTE LAS PROTESTAS VIOLENTAS OCURRIDAS LUEGO DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE COMPETENCIA DE LA VI MACRO REGIÓN PNP – JUNÍN, Y, DE LA IX MACRO REGIÓN PNP – AREQUIPA, RESPECTIVAMENTE. SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADA O EN PROCESO DE FORMULAR PARA FINES DE INCENTIVAR O DISTINGUIR AL PERSONAL POLICIAL QUE PARTICIPÓ EN LAS ACCIONES POLICIALES DE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO DURANTE LAS PROTESTAS VIOLENTAS OCURRIDAS DESDE EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE COMPETENCIA DE LA IX MACRO REGIÓN PNP – AREQUIPA SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ OFICIO N°

FECHA

DESTINATARIO MACREPOL PNP JUNIN

5792023/IN/DP

7 de Julio de 2023

Gerente General del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL

5802023/IN/DP

7 de Julio de 2023

Comandante General de la PNP

5952023/IN/DP

10 de Julio de 2023

Comandante General de la PNP

5962023/IN/DP

10 de Julio de 2023

Comandante General de la PNP

5972023/IN/DP

11 de Julio de 2023

Director de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP

6142023/IN/DP

13 de Julio de 2023

Director de la Secretaría Ejecutiva de la PNP

ASUNTO FORMULADA O EN PROCESO DE FORMULAR PARA FINES DE INCENTIVAR O DISTINGUIR AL PERSONAL POLICIAL QUE PARTICIPÓ EN LAS ACCIONES POLICIALES DE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO DURANTE LAS PROTESTAS VIOLENTAS OCURRIDAS DESDE EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022, EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE COMPETENCIA DE LA VI MACRO REGIÓN PNP – JUNÍN. SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LA COBERTURA DE GASTOS RELATIVOS A PRÓTESIS DENTALES, IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS Y ORTODONCIAS DE TITULARES LESIONADOS EN ACCIÓN DE ARMAS, ACTO DEL SERVICIO, CONSECUENCIA DEL SERVICIO U OCASIÓN DEL SERVICIO. SOLICITA CONSIDERAR A EFECTIVOS POLICIALES QUE SE INDICA DENTRO DEL PERSONAL PNP PROPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONDECORACIÓN “ORDEN AL MÉRITO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ” SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EFECTIVOS POLICIALES FALLECIDOS Y LESIONADOS DURANTE LAS PROTESTAS VIOLENTAS OCURRIDAS ENTRE EL 08 DE DICIEMBRE 2022 Y EL 10 DE FEBRERO DE 2023, QUE HAYAN SIDO PROPUESTOS POR LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA COMO BENEFICIARIOS DE LOS ALCANCES DEL DECRETO DE URGENCIA N° 006-2023, QUE “AUTORIZA EL OTORGAMIENTO DE UN APOYO ECONÓMICO A LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS Y LOS HERIDOS DE GRAVEDAD, EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS SOCIALES” SITUACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL QUE HA SIDO SOMETIDO A LOS ALCANCES DE LA LEY N° 12633 COMO CONSECUENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER EN EL MARCO DE LAS RECIENTES PROTESTAS VIOLENTAS Y QUE PUEDEN SER EXCLUIDOS DEL PROCESO DE ASCENSOS 2023 - 2024. SOLICITA PRECISAR CUÁLES SON LOS CONCEPTOS DE BONIFICACIÓN QUE COMPLEMENTAN LA REMUNERACIÓN CONSOLIDA DEL PERSONAL POLICIAL. ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL POLICIAL Y SU ADECUADA ATENCIÓN A LA SALUD.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________ OFICIO N°

FECHA

DESTINATARIO

6322023/IN/DP

18 de Julio de 2023

Comandante General de la PNP

06332023/IN/DP

19 de Julio de 2023

Director de la Sanidad Policial

6352023/IN/DP

20 de Julio de 2023

Director de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP

D44-2023IN-DP

11 de agosto de 2023

Comandante General de la PNP

D65-2023IN-DP

18 de agosto de 2023

Director de la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP

D84-2023IN-DP

24 de agosto de 2023

Director de la Sanidad Policial

D84-2023IN-DP

25 de agosto de 2023

Director de la Sanidad Policial

D178-2023IN-DP

13 de setiembre

Adjunta (e) de la Adjuntía para la Administración Estatal Defensoría del Pueblo

D179-2023IN-DP

13 de setiembre

Director de la Sanidad Policial

D201-2023IN-DP

19 de Septiembre del 2023

Director de la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP

ASUNTO SE RECOMIENDA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL POLICIAL. REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINAS PARA EL HOSPITAL PNP AUGUSTO B. LEGUÍA – ABL EN EL MARCO DE LA TERCERA TOMA DE LIMA. SITUACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL QUE HA SIDO SOMETIDO A LOS ALCANCES DE LA LEY N° 12633 COMO CONSECUENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER EN EL MARCO DE LAS RECIENTES PROTESTAS VIOLENTAS Y QUE PUEDEN SER EXCLUIDOS DEL PROCESO DE ASCENSOS 2023 - 2024. SOLICITA DAR RESPUESTA A PEDIDO DEL SO2 PNP EDGAR LUIS ERNESTO DÁVILA UMERES QUIEN HABRÍA PERDIDO LA AUDICIÓN DEBIDO A LAS PROTESTAS. SOLICITA INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS PROCESOS RELATIVOS A LOS EFECTIVOS POLICIALES HERIDOS POR PAF EN EL MARCO DE LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS VIOLENTAS OCURRIDAS ENTRE EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2023. SOLICITA RELACIÓN NOMINAL DE LOS 100 EFECTIVOS POLICIALES GRAVEMENTE HERIDOS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS VIOLENTAS. ACUERDO DE ACCIONES A REALIZAR EN FAVOR DE EFECTIVOS POLICIALES GRAVEMENTE LESIONADOS EN PROTESTAS VIOLENTAS RESPECTO DE LAS REHABILITACIONES. SOLICITA RELACIÓN NOMINAL DE EFECTIVOS POLICIALES HERIDOS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN EL MARCO DE LAS MOVILIZACIONES Y PROTESTAS SOCIALES OCURRIDAS EN EL PAÍS DESDE EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA MARZO DE 2023. SOLICITA RELACIÓN NOMINAL DE EFECTIVOS POLICIALES HERIDOS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS VIOLENTAS. SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTIVOS POLICIALES QUE A NIVEL NACIONAL HAYAN SIDO DENUNCIADOS PENALMENTE POR HECHOS VINCULADOS A LAS MANIFESTACIONES SOCIALES Y PROTESTAS VIOLENTAS OCURRIDAS EN EL PAÍS ENTRE DICIEMBRE DE 2022 Y MARZO 2023.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

II. RESPUESTAS DEL COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, en respuesta a esta coyuntura, ha impulsado diversas medidas, a través de la aprobación de Directivas, lineamientos y la creación de programas, a fin de fortalecer su accionar y garantizar los derechos humanos de su personal. A continuación se brinda el detalle:















Emisión de la Directiva que regula el requerimiento, otorgamiento, pago y rendición de cuentas de viáticos por Comisión de Servicio Nacional e Internacional, asignaciones, reasignaciones y cambio de residencia para el personal de la Policía Nacional del Perú, aprobados mediante Resolución de la Comandancia General de la PNP N° 182-2023CG_PNP/EMG. Emisión de los Lineamientos para la implementación del Sistema de Planeamiento Estratégico de la Policía Nacional del Perú, aprobados mediante Resolución de la Comandancia General de la PNP N° 212-2023-CG_PNP/EMG. Emisión de la Directiva para el uso adecuado de medios de policía no letales o menos letales en operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, aprobados mediante Resolución de la Comandancia General de la PNP N° 272-2023CG_PNP/EMG. Emisión de los Lineamientos para el fortalecimiento de las capacidades del personal policial en el uso de la fuerza orientada al mejoramiento continuo con enfoque de Derechos Humanos, aprobados mediante Resolución de la Comandancia General de la PNP N° 280-2023-CG_PNP/EMG. Creación del Programa “Corazón Verde” en la Dirección de Sanidad Policial, para brindar atención preferencial personalizada al personal policial que resultó gravemente herido a consecuencia de las protestas sociales. A través de este servicio, se ha venido brindando atenciones multidisciplinarias, donde participan especialistas de psicología, asistentas sociales, enfermeras y otros profesionales de la salud, también están incluidos los familiares, especialmente esposa, hijos y padres de los efectivos que resultaron afectados. Especialmente importante ha sido el soporte psicológico que se ha brindado a los efectivos policiales lesionados. La provisión, desde la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía, de hospedaje y alimentación para los efectivos policiales lesionados y sus familiares acompañantes, que vienen a Lima para recibir atención médica y requieren permanecer en la ciudad. Se ha anunciado la creación de la Dirección en Derechos Humanos de la PNP que dependería del Estado Mayor General de la PNP y tendría a su cargo una oficina de Asesoría Jurídica y Secretaría, con cuatro divisiones: i) División de Capacitación y entrenamiento; ii) División de Administración; iii) División de Análisis y Seguimiento; y, iv) División de Planificación y Asesoramiento. Se espera que esta Dirección se integre en el organigrama de la PNP a través de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo mediante la Ley N° 31880. 56

Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

CONCLUSIONES 

Las manifestaciones y protestas que impactaron al país durante el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, alcanzaron altos niveles de radicalización y violencia, adquiriendo especial relevancia en razón a su intensidad, simultaneidad, su continuidad en el tiempo y, sobre todo, por los daños materiales y la pérdida de vidas que significaron.



En el marco de estas manifestaciones, se registraron numerosos hechos de violencia, al margen del derecho de protesta, como la utilización de proyectiles de arma de fuego, de perdigones de cartucho para escopeta, de granadas, gasolina, avellanas, armas hechizas, piedras, ondas y machetes, todas ellas dirigidas en contra del personal policial. Dichos ataques tuvieron como consecuencia el fallecimiento de un efectivo policial y que 979 efectivos fueran lesionados, 93 de los cuales registrarían actualmente secuelas. Así también, las protestas violentas incluyeron la retención y secuestro de efectivos policiales, la quema de vehículos policiales, el ataque a 41 dependencias policiales y la destrucción de tres unidades policiales.



De otro lado, en diversas zonas del país y de manera simultánea, se atacaron activos críticos nacionales como aeropuertos, carreteras, centrales hidroeléctricas e infraestructura necesaria para la prestación de servicios esenciales. Asimismo, se violentaron diversas instituciones del Estado, especialmente del sistema de justicia, destruyendo más de 4,000 expedientes judiciales. También, se registraron diversos saqueos, ataques e incendios en contra de la propiedad privada.



Ante esta difícil coyuntura, la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus funciones y atribuciones, debía garantizar, mantener y restablecer el orden interno y la seguridad ciudadana; garantizando los derechos fundamentales de las personas que protestaban pacíficamente, así como los derechos humanos de aquellas personas que se encontraban al margen de las protestas, protegiendo los bienes públicos y privados. Su rol fue fundamental para defender la democracia y restablecer la tranquilidad y la paz en el país.



Debido a la responsabilidad y el importante papel que desempeña la Policía Nacional, es necesario resaltar que, en el corazón de este accionar, se encuentran seres humanos con familias y proyectos de vida, que exponen su integridad y su vida para cumplir con esta tarea; con convicción, entrega, compromiso y coraje. Es primordial, por tanto, reconocer, proteger y garantizar su labor, generando y asegurando las mejores condiciones para el desempeño de sus funciones, durante la intervención como después de ella.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES 

A la Comandancia General de la Policía Nacional, se recomienda fortalecer al personal policial con todos los equipos y medios de policía suficientes que les permitan desempeñar sus funciones debidamente protegidos, así como fortalecer sus capacidades en el uso de la fuerza. En el caso que efectivos policiales resulten heridos o lesionados durante acciones de control de manifestaciones, se recomienda se disponga que de oficio se emitan en el más breve plazo, los informes y/o resoluciones administrativas pertinentes que reconozcan la lesión sufrida, así como el acto que originó la lesión, sea ésta de carácter transitoria o permanente.



Asimismo, se recomienda a la Comandancia General impulsar el otorgamiento de incentivos de todos los efectivos policiales que participaron de las operaciones para restablecer el orden público a nivel nacional y, de ser el caso, que dicho incentivo sea otorgado mediante una ceremonia pública de reconocimiento.



A la Dirección de Sanidad, se recomienda disponer se incorpore la uniformidad de criterios para la estandarización de los registros de diagnósticos de efectivos policiales lesionados, de modo que se pueda medir correctamente el nivel y la magnitud del menoscabo físico. A partir de ello, se podrán tomar medidas eficientes destinadas a la atención oportuna del personal, en función de sus necesidades especiales y específicas. En cuanto a la atención de los efectivos lesionados que requieran rehabilitación, se recomienda la creación de una unidad especializada que pueda dar cobertura a todos los efectivos policiales con secuelas y, cuando dicha atención no sea posible para la Sanidad Policial, se recomienda establecer convenios de cooperación con centros especializados. Finalmente, se recomienda el fortalecimiento del Programa “Corazón Verde”, a través de la difusión de sus alcances mediante canales de atención institucionales y la implementación de más oficinas a nivel nacional.



A la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior se recomienda se apersone a los procesos de investigación seguidos por los daños materiales ocasionados a las instalaciones y propiedad de la Policía Nacional del Perú, a fin de cautelar y velar por los intereses de la institución policial. A la División de Defensa Legal de la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP, se recomienda que impulse los procesos de investigación seguidos por las agresiones sufridas por el personal policial, especialmente de aquellos que fueran heridos por proyectil de arma de fuego, por perdigones de cartucho para escopeta y por granadas fragmentarias.



A la Alta Dirección del Ministerio del Interior, se recomienda la adopción de las medidas necesarias ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conducentes a lograr el reconocimiento del apoyo económico contemplado en el Decreto de Urgencia N° 006-2023, para los efectivos policiales que se encuentran sujetos a los alcances de la Ley N° 12633 y que no fueran considerados en las listas de beneficiarios.

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Las protestas violentas en el Perú y el impacto en el personal policial _____________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFÍA Calderón Gutiérrez, F. (2012). Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina. Revista CEPAL 107, Agosto 2012, 7-30. Calderón Gutiérrez, F. coordinador. (2011). Los conflictos sociales en América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Fundación UNIR Bolivia, 2011. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 23 de abril de 2023 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L) Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 004-2023-DP/AAE: Crisis política y protesta social: Impacto en la salud individual y colectiva. Dimensión de la violencia en la salud e integridad de las personas en el marco de las movilizaciones. Adjuntía para la Administración Estatal. Lima: Defensoría del Pueblo, mayo de 2023. Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 190: Crisis política y protesta social: Balance defensorial tras tres meses de iniciado el conflicto (Del 7 de diciembre de 2022 al 6 de marzo de 2023). Primera edición: Lima, Perú, marzo de 2023. Defensoría del Pueblo. Protocolo de Actuación Defensorial en Conflictos Sociales. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales Lima: Defensoría del Pueblo, 2015. Defensoría del Pueblo (2012). Informe Defensorial N° 156: Violencia en los conflictos sociales. Primera edición: Lima, Perú, marzo de 2012. Lorenzo Cadarso, Pedro Luis. (2001). Fundamentos Teóricos del Conflicto Social. Siglo Veintiuno de España Editores. Primera Edición, Setiembre de 2001.

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ANEXOS Referencias de la cronología de manifestaciones y protestas violentas: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.

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