Independencias, repúblicas y espacios regionales: América latina en el siglo XIX 9783968692883

Table of contents :
Índice
Presentación
I Introducción
El siglo XIX latinoamericano desde la historia regional
II El Cono Sur
Independencia de Brasil y pueblos indígenas: historias, identidades y memorias
Territorio, autogobierno y democracia: reformulaciones conceptuales de la “cuestión provincial” en el siglo xix chileno
Actores intermedios y nuevo ordenamiento político desde un enfoque interescalar. Río de La Plata, siglo XIX
III El sur andino y el Alto Perú
“Recobrar la nacionalidad”. Independencia, revolución y liberalismo en el congreso boliviano de 1839
Disputas y negociaciones políticas en el proceso revolucionario. La provincia de Salta y el Alto Perú (1820-1826)
Estado republicano, liberalismo y sociedad rural en Ayacucho (Perú) en el siglo xix
El proceso de independencia en la región Surandina: una historia más allá de las fronteras nacionales (1809-1815)
IV El norte de Perú, las provincias venezolanas y el Caribe colombiano
El drama de las independencias: el norte del Perú entre la libertad y la violencia
Las provincias monárquicas y la República Confederada de Venezuela (1777-1819)
La multiplicación de los espejos. Raza, región y nación en el Caribe colombiano en el siglo XIX
V Centroamérica, el Caribe y Norteamérica
La Habana necesaria para un imperio: los debates sobre la trata esclava en las Cortes de Cádiz
Independencia, disputas conceptuales e identidades en el trópico. Centroamérica, 1800-1870
Las municipalidades y su influencia en la formación del Estado en El Salvador y Guatemala, 1821-1890
La nación mexicana entre la centralidad y los poderes de provincias, estados y departamentos. Primera mitad del siglo XIX
VI La visión sobre la(s) América(s) posindependiente(s) desde España
Territorialidad y nostalgia imperial en las visiones españolas de Hispanoamérica (1824-1850)
Sobre los editores y los autores

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Luis Castro Castro Antonio Escobar Ohmstede (coords. y eds.)

INDEPENDENCIAS, REPÚBLICAS Y ESPACIOS REGIONALES AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XIX

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Tiempo Emulado Historia de América y España 83 La cita de Cervantes que convierte a la historia en “madre de la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir”, cita que Borges reproduce para ejemplificar la reescritura polémica de su “Pierre Menard, autor del Quijote”, nos sirve para dar nombre a esta colección de estudios históricos de uno y otro lado del Atlántico, en la seguridad de que son complementarias, que se precisan, se estimulan y se explican mutuamente las historias paralelas de América y España. Consejo editorial de la colección: Walther L. Bernecker (Universität Erlangen-Nürnberg) Arndt Brendecke (Ludwig-Maximilians-Universität, München) Jorge Cañizares Esguerra (The University of Texas at Austin) Jaime Contreras (Universidad de Alcalá de Henares) Pedro Guibovich Pérez (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima) Elena Hernández Sandoica (Universidad Complutense de Madrid) Clara E. Lida (El Colegio de México, México D. F.) Rosa María Martínez de Codes (Universidad Complutense de Madrid) Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá de Henares) Jean Piel (Université Paris VII) Barbara Potthast (Universität zu Köln) Hilda Sabato (Universidad de Buenos Aires)

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Luis Castro Castro Antonio Escobar Ohmstede (coords. y eds.)

INDEPENDENCIAS, REPÚBLICAS Y ESPACIOS REGIONALES AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XIX

Iberoamericana - Vervuert - 2022

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Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Derechos reservados © Iberoamericana, 2022 Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid Tel.: +34 91 429 35 22 Fax: +34 91 429 53 97 © Vervuert, 2022 Elisabethenstr. 3-9 – D-60594 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 597 46 17 Fax: +49 69 597 87 43 [email protected] www.iberoamericana-vervuert.es ISBN 978-84-9192-278-0 (Iberoamericana) ISBN 978-3-96869-287-6 (Vervuert) ISBN 978-3-96869-288-3 (eBook) Depósito Legal: M-22309-2022 Impreso en España Diseño de cubierta: Rubén Salgueiros Ilustración de cubierta: Batalla de Ayacucho, Martín Tovar y Tovar, Galería de Arte Nacional, Caracas. Este libro está impreso íntegramente en papel ecológico sin cloro.

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Índice

Presentación................................................................................................. 9 I. Introducción El siglo xix latinoamericano desde la historia regional Luis Castro Castro/Antonio Escobar Ohmstede...................................... 13 II. El Cono Sur Independencia de Brasil y pueblos indígenas: historias, identidades y memorias Maria Regina Celestino de Almeida/Vânia Maria Losada Moreira......................................................................................................... 33 Territorio, autogobierno y democracia: reformulaciones conceptuales de la “cuestión provincial” en el siglo xix chileno Gabriel Cid.................................................................................................. 67 Actores intermedios y nuevo ordenamiento político desde un enfoque interescalar. Río de la Plata, siglo xix Sol Lanteri/Flavia Macías........................................................................... 99 III. El sur andino y el Alto Perú “Recobrar la nacionalidad”. Independencia, revolución y liberalismo en el Congreso boliviano de 1839 Marta Irurozqui.......................................................................................... 139 Disputas y negociaciones políticas en el proceso revolucionario. La provincia de Salta y el Alto Perú (1820-1826) Sara Emilia Mata......................................................................................... 177 Estado republicano, liberalismo y sociedad rural en Ayacucho (Perú) en el siglo xix Nelson E. Pereyra Chávez.......................................................................... 211

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El proceso de independencia en la región surandina: una historia más allá de las fronteras nacionales (1809-1815) María Luisa Soux........................................................................................ 243 IV. El norte del Perú, las provincias venezolanas y el Caribe colombiano El drama de las independencias: el norte del Perú entre la libertad y la violencia Susana Aldana Rivera................................................................................. 277 Las provincias monárquicas y la República Confederada de Venezuela (1777-1819) Edda O. Samudio Aizpurúa....................................................................... 313 La multiplicación de los espejos. Raza, región y nación en el Caribe colombiano en el siglo xix Sergio Paolo Solano/Roicer Flórez Bolívar/Muriel Vanegas Beltrán...... 333 V. Centroamérica, el Caribe y Norteamérica La Habana necesaria para un imperio: los debates sobre la trata esclava en las Cortes de Cádiz Izaskun Álvarez Cuartero.......................................................................... 373 Independencia, disputas conceptuales e identidades en el trópico. Centroamérica, 1800-1870 David Díaz Arias........................................................................................ 405 Las municipalidades y su influencia en la formación del Estado en El Salvador y Guatemala, 1821-1890 Armando Méndez Zárate........................................................................... 437 La nación mexicana entre la centralidad y los poderes de provincias, estados y departamentos. Primera mitad del siglo xix María del Carmen Salinas Sandoval......................................................... 463 VI. La visión sobre la(s) América(s) posindependiente(s) desde España Territorialidad y nostalgia imperial en las visiones españolas de Hispanoamérica (1824-1850) Rodrigo Escribano Roca/Rebeca Viñuela Pérez....................................... 499 Sobre los editores y los autores.................................................................. 533

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Presentación

La gestación de este libro se dio por la confluencia de dos circunstancias. Uno, la realización de un taller en el verano de 2020 en la ciudad de Iquique, ubicada al extremo norte de Chile, por varios proyectos FONDECYT (adscritos a las universidades de Chile, Tarapacá y Católica del Norte) dedicados a indagar la historia de la macrozona llamada Norte Grande, un espacio transfronterizo que limita con el sur del Perú, el oeste de Bolivia y el noroeste de Argentina. Esta reunión de investigación delató, en tanto problema historiográfico, dos aspectos: 1) replantear los alcances de la llamada historia regional; 2) la necesidad de volcar la mirada al siglo xix, renovando las perspectivas de análisis mediante una inflexión crítica desde lo regional, para observar a contrapelo tanto la fuerza centrípeta de lo estatal-nacional como de otras centralidades con aspiraciones hegemónicas y/o de homogeneidad. Dos, el perfil que adquirió la articulación académica de quienes asumimos el rol de editores, que nos llevó a coincidir en la posibilidad, a partir de miradas críticas compartidas, de aglutinar un conjunto de trabajos que abordaran el siglo xix latinoamericano desde las regiones, aprovechando el ciclo conmemorativo de los bicentenarios de las independencias aún vigente. De este modo, lo que en un comienzo se circunscribió a un espacio transfronterizo acotado, derivó en el requerimiento de abrir el diálogo a nivel continental con la finalidad de contrastar y observar distintas miradas de lo que se está entendiendo como historia regional o historia con enfoque regional.

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INDEPENDENCIAS, REPÚBLICAS Y ESPACIOS REGIONALES

Los diversos capítulos que contiene este libro buscan, por una parte, tanto replantear viejas premisas como abrir nuevas perspectivas cuya consideración, en un contexto de crisis e incertidumbres como el actual, se hace más que necesaria, ya que una de las trazas en conflicto es precisamente la legitimidad de los proyectos políticos estatal-nacionales iniciados en el siglo xix, más aún cuando se han sostenido en dinámicas centralizadoras y hegemónicas. Por otro lado, los distintos capítulos analizan el proceso de independencia como el de la formación de las repúblicas desde las regiones, con la intención de generar un contrapunto con las miradas Estado-céntricas regularmente dominantes, contrapunto que, además, se sitúa en la complejidad de las relaciones de poder, en las distintas y difíciles transiciones que experimentaron las élites diseminadas a lo largo y ancho de los parajes que pasaron a conformar los territorios nacionales, en la tensión entre los imaginarios nacionales que se comenzaron a impulsar por la razón o la fuerza y los imaginarios plurales afincados en espacialidades diversas, así como en la configuración misma de lo regional bajo la demanda compulsiva de los aparatos estatales de homogeneidad y hegemonía. No podemos terminar esta presentación, sin dejar de mencionar que la materialización de este libro forma parte de los resultados académicos de los proyectos FONDECYT 1140159 y 1170066, financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile. Arica y Ciudad de México, mayo de 2021.

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I Introducción

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El siglo xix latinoamericano desde la historia regional Luis Castro Castro Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas. Universidad de Tarapacá, Chile Antonio Escobar Ohmstede Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Ciudad de México

Tiempos de crisis, revisiones necesarias Hace una década, algunos países latinoamericanos festejaron como parte de la historia nacional los inicios de sus guerras de independencia1. El 2021 debería ser un nuevo periodo de reflexiones y conmemoraciones variadas en torno a los llamados bicentenarios de nuestras independencias decimonónicas, el surgimiento de las repúblicas y la tensión entre el Estado y la nación, un ciclo enmarcado tanto por la crisis de la política, que se ha traducido en un descenso estructural de legitimidad y representatividad de las instituciones que han moldeado las actuales democracias, como por el cuestionamiento del Estado-nación como contenedor de la diversidad étnica, social, cultural, política y económica, lo que ha generado un incremento de demandas por reconocimiento y autodeterminación impulsadas por diversos sectores sociales organizados a distinta escala. Al amparo de este escenario de crisis y coyunturas, pero también de reflexión analítica para entender la complejidad de los alcances que están ocurriendo en el contexto de una realidad en ebullición que a diario se expresa, al menos, en disconformidad, frustración y rabia, no podemos dejar de lado el hecho de que lo que gestó en gran parte el siglo xix ha sido cosechado, con sus variantes, modificaciones y ajustes, 1.

Consúltese Frasquet y Siemian, 2009.

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en el transcurso de la segunda mitad del siglo xx y las primeras décadas del siglo xxi, periodos en que se ha debatido profundamente sobre los orígenes y el accionar de los Estados y naciones en América Latina2, sobre todo a partir de los largos procesos de transformación continental, nacional y regional que se han vivido y en donde los ajustes e impulsos neoliberales han llevado a políticas estructurales que han impactado negativamente en el bienestar de las poblaciones, ocasionando, en muchas situaciones, un fracaso del Estado-gobierno. Sin duda, los efectos del llamado neoliberalismo han sido, por un lado, el incremento de los niveles de pobreza de los grupos más vulnerables, así como la irrefutable evidencia de la fragilidad de la llamada clase media, es decir, del sector llamado a mostrar nada menos que el “éxito” del modelo, y, por el otro, importantes crisis políticas-económicas a pesar de grandes inversiones llevadas a cabo en muchos países, como México, Argentina, Brasil y Chile, mostrando de paso el rotundo fracaso de la premisa de que priorizando la macroeconomía se produciría, fruto del crecimiento, un rebalse o chorreo hacia la microeconomía. En este contexto, el repensar el siglo xix latinoamericano, así como los diversos momentos de los procesos históricos, es un requerimiento que debe de realizarse desde el presente, incentivando renovadas revisiones de cómo las guerras independentistas pueden ser percibidas no solo como un producto de los “nacionalismos/regionalismos” emergentes y la “aparición” de los ulteriores Estados nacionales, en tanto entes en “construcción”, sino también como campos de fuerza en donde se dirimieron múltiples proyectos y propuestas de cómo elaborar lo “nacional”. Debemos poner en entredicho tanto los procesos como las narrativas que presentan homogeneidades, como bien lo muestran los casos que analizan Aldana (Perú), Samudio (Venezue2. Véase un provocador diálogo sobre si América Latina puede o no ser aún considerada una categoría de análisis útil para los diversos estudios en Moya, 2016: 13-59, quien, al tomar las diversas posibles variantes de raza, colonialismo, genero, globalización y poscolonialismo, afirma su validez como una categoría histórica, poniendo el concepto en contexto de la conformación de un espacio social tan amplio conformado por factores externos. Por su parte, Gobat, 2016: 61-108 lo percibe más como una oposición al imperialismo, básicamente al norteamericano, aunque igualmente válida. Ambos autores coinciden en lo externo para hablar de su conformación conceptual. Aspecto que no estaría muy alejado a como se fue definiendo lo “americano” a mediados del siglo xix, en el sentido de contraponerse a lo anglosajón en Centroamérica. Véase el texto de Díaz Arias en este volumen.

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la), Mata (Salta y Alto Perú), Díaz Arias (Centroamérica), Irurozqui (Bolivia) y Soux (sur andino) en el presente volumen. Sin embargo, en los mismos términos, no debemos dejar de considerar que no solo se dieron formas de caudillismo (como lo tratado por Pereyra en referencia a Ayacucho para la sierra central del Perú), guerras de recursos y batallas, sino también una serie de cambios económicos que las nuevas naciones heredaron3. Con relación al proceso independentista, las nuevas propuestas historiográficas han tendido a situar los acontecimientos en una historia global sustentada tanto en la crisis monárquica como imperial, poniendo de relieve que este complejo acontecimiento estuvo lejos de ser resultado exclusivo de factores endógenos y desconectados, y cargados posteriormente con cierta nostalgia, como bien lo muestran Álvarez para Cuba y Escribano y Viñuela para Hispanoamérica. Desde la perspectiva de la construcción de las naciones y los Estados, el énfasis se ha puesto en reconocer la invención de una tradición desde la centralidad de una historia nacional oficial y hegemónica que ha instalado una periodización lineal negadora, entre otras, de agencialidades regionales y locales, y en donde quizá la suma de los regionalismos y la lucha de estos frente a la centralización política, jurídica y administrativa, con sus respectivas tensiones, llevaron a la conformación de naciones y Estados con acuerdos diferenciados (véanse, como ejemplos en este volumen, lo realizado por Cid para Chile, Irurozqui para Bolivia, Salinas en relación a México, además de Lanteri y Macías sobre Argentina). Lo anterior, sin dejar de tomar en cuenta la revisión de las representaciones republicanas y las ideas políticas que presentaron los diversos sectores sociales4, étnicos, económicos, culturales y políticos que conformaron las sociedades latinoamericanas posterior a la fragmentación de los reinos y virreinatos en América, como se percibe en los textos de Irurozqui (Bolivia), Salinas (México), Méndez (Guatemala y El Salvador), Cid (Chile), Díaz Arias (Centroamérica), así como Lanteri y Macías (Argentina)5. En la última década, nuevos problemas y aproximaciones, y en consecuencia diferentes revisionismos, han inundado el campo histo3. 4. 5.

Véase Fradkin, 2010. Para el caso de México, véase Connaughton, 2001. Véanse para Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala y México los trabajos reunidos en Frasquet y Slemian, 2009.

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riográfico latinoamericano y latinoamericanista sobre el siglo xix fertilizándolo —como bien comenta Irurozqui en su texto, en el sentido de que paulatinamente se han ido dejando de circunscribirse las independencias al espacio nacional actual—, especialmente en conexión con las llamadas historia global, historia transnacional, historia de la circulación, historia de los conceptos, historia conectada, entre otras; sin embargo, debemos comentar que, en general, se ha considerado un componente analítico situado en las centralidades, por lo que el campo de las historias regional y local sigue siendo un espacio fértil a explorar, más aún con el desarrollo metodológico y teórico que ha tenido en el último tiempo. Aspecto central en que la mayoría de las y los autoras(es) que cobija este volumen aceptaron como reto analítico, reto que se complementa con propuestas de periodización que consideran aspectos de continuidades, pero también de disrupciones y cambios tanto en lo que implicaban los llamados grupos de poder como quienes se encontraban a “ras del suelo”. Siguiendo el hilo conductor de lo que ocasionó el fraccionamiento del imperio español en la actual América Latina, y el surgimiento de diversas nacionalidades y entidades político-administrativas que las comenzaron a cobijar, no podemos negar los esfuerzos y sistematizaciones que se han realizado para comprender y explicar las explosiones sociales6, los discursos políticos, los enconos a favor o en contra de separarse de la monarquía española, así como la movilidad de los actores sociales desde el río Bravo hasta la Patagonia7. Las guerras y los procesos que llevaron a las independencias de los diversos países y naciones que hoy conforman América Latina han sido profusamente estudiadas durante décadas8. Como comentamos

6. 7.

Un excelente ejemplo es el texto de Tella, 1978: 201-247. Consúltense, entre otros, los trabajos compilados en Rodríguez, 2005 y Álvarez y Sánchez, 2003, así como los estudios que reunieron Chust y Serrano, 2007, donde se encuentran revisiones sobre Argentina, México, Uruguay, Perú, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador y Bolivia, Venezuela, Guatemala y El Salvador. En relación a Cuba, Puerto Rico, Río de Janeiro, México, Nueva Granada y Perú, véase Chust y Frasquet, 2009. Asimismo, con una tendencia diferente, en el sentido de que son estudios de caso sobre las diversas independencias, léase Cardozo Galué y Urdaneta, 2005. Una compilación reciente que se centra en México y Perú, puede consultarse en Ibarra y O’Phelan, 2019. 8. Véanse los trabajos citados en las notas 7 y 9, además de Chust y Serrano, 2007: 9-25.

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anteriormente, paulatinamente se dejaron modelos de la historia nacional y se buscaron explicaciones en lo “regional” y en el accionar de ciertos sectores sociales que fueron conformando las fuerzas en beligerancia, teniendo como marco los procesos generales de las independencias, tanto en términos políticos, como económicos y sociales. Pero, aun cuando la historiografía actual se ha enfocado en vislumbrar los procesos regionales con el fin de ir comprendiendo de mejor manera los procesos generales que se dieron, en ocasiones se peca de “localismo” y se dejan de lado los factores externos a esas localidades que llevaron a participar a favor o en contra de las insurgencias e independencias, o ser partícipes de uno u otro proyecto político republicano ulteriores, es decir, se pierde el contexto del porqué en ciertos espacios sociales se desarrollaron acciones y movilizaciones en pro o en contra de las insurgencias e independencias, de determinados caudillos o de los imaginarios republicanos conservadores y liberales. No debemos dejar de lado, que las estructuras mentales de aquellos actores sociales que vivieron, al menos, las primeras tres décadas del siglo xix habían sido formadas durante el periodo colonial tardío, y aunque fueron sensibles a los cambios de la época, a las concepciones de la realidad o de las realidades, inclusive a los discursos patrióticos, en lo medular tuvieron procederes poco cambiantes, sobre todo al resguardar intereses, como lo observan Álvarez para Cuba, Solano, Roicer y Vanegas para Colombia y Celestino y Losada para Brasil; inclusive desde España se construyó una “nostalgia imperial” impulsada por pensadores conservadores, como muestran Escribano y Viñuelas9. Las insurgencias no solo implicaron batallas, escaramuzas, elevación de prohombres o sus caídas, sino también un proceso político que fue modificando el accionar de los actores sociales. El acceso a puestos político-administrativos, tanto en el momento en que se extendió la Constitución emanada de las Cortes de Cádiz de 1812 en muchos espacios socio-políticos de la entonces Hispanoamérica10 o con las elecciones a congresos, diputaciones y ayuntamientos decimonónicos (por ejemplo, los estudios de Cid sobre Chile, Irurozqui sobre Bolivia, Méndez sobre Guatemala y El Salvador o el de Díaz 9. Para el caso de México en relación a la “identidad patriótica”, véase Connaughton, 2001. 10. Véanse varios de los trabajos contenidos en Álvarez y Sánchez, 2007, así como Chust, 1999.

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Arias sobre Centroamérica), no fue una conclusión de una cultura política en formación, como quizá sí lo fue el reacomodo de fuerzas sociales y culturales en las zonas rurales que vieron espacios para diferenciarse de los demás miembros de las sociedades pueblerinas, ya no solamente a través de la idea de “raza”, sino a través del paulatino control de las relaciones sociales de poder (ejemplo de esto lo vemos en los estudios de Brasil, Colombia, Cuba, Centroamérica y la “región” surandina compartida por Argentina, Bolivia y Perú presentes en este volumen)11. La cuestión, de este modo, es ¿quiénes accedieron?, ¿cómo se beneficiaron? y a ¿quiénes les interesaba? Una primera respuesta es que sería a los “notables” de los pueblos y ciudades, pero entonces ¿la cultura política se construyó en una selectiva y pequeña élite pueblerina y “regional”? Y al resto de los habitantes ¿poco o nada les competía lo político? Por lo tanto, ¿los ayuntamientos que se crearon en las zonas rurales y urbanas fueron objeto “del deseo” de esta élite o su imposición les permitió beneficios que no percibieron a corto plazo? Preguntas que se encuentran parcialmente discutidas en el texto de Menéndez sobre Guatemala y El Salvador, Salinas sobre México, y que Aldana y Soux observan (sobre el norte del Perú y la región surandina, respectivamente) a través de la movilidad espacial en tiempos de la insurgencia, o lo que se presentó como propuesta en 1826 en Chile que, a decir de Cid, pretendía crear una “federación de municipios” como una forma de otorgar atribuciones a los pueblos. La insurgencia deja la “mesa preparada” para la homogeneización-centralización frente al “regionalismo” A pesar de la complejidad de los procesos y momentos que cada entidad latinoamericana enfrentó en las décadas que se presentaron las insurgencias, existieron intentos y políticas compartidos entre las bases fundadoras de estas naciones, inclusive los grupos de poder reorganizaron sus identidades y propusieron y difundieron ideas de soberanía nacional y regional, como bien lo apuntan Cid para Chile, Celestino y Losada para el Brasil, y Méndez para Guatemala y El Salvador. 11. Véase también Sala, 1996 y 2009: 221-262.

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Lo que podemos apreciar en aquellas naciones que emergieron del imperio español y lusitano en América es que resaltó la aspiración de ir homogeneizando a las diversas poblaciones, sobre todo a los indígenas, con los ideales “civilizatorios” imperantes12. En este volumen, mediante la comparación de varias historias “nacionales”, como es el caso de Centroamérica, Brasil, Cuba, Colombia y Perú, podemos contrastar las estrategias con que se buscó la anhelada homogenización sintetizadas en las propuestas de igualdad jurídica y la construcción de la ciudadanía o la colonización, como en Brasil y México, o la idea de lo “americano” en Centroamérica, o la “racialización” de la geografía regional como se dio en Colombia. También, en contrapartida, las resistencias asociadas13, tal como ocurrió con la eliminación o el mantenimiento del tributo14, determinación que provocó respuestas diversas a estos intentos por parte de los indígenas y de los otros sectores populares afectados, inclusive formando parte de los ejércitos políticos beligerantes. A la par de la paulatina desaparición de ciertas instancias intermediadoras coloniales, la cuestión del tributo llevó al resquebrajamiento de las estructuras socio-étnicas. Las variantes fueron muchas, así como los resultados, ya que, por más que sus portavoces lo pretendieran, nunca la realidad se ajustó al discurso y al proyecto integrador y homogeneizador, aun cuando desde la ex metrópoli se seguían construyendo discursos ideologizados sobre el “viejo imperio español”, como lo resaltan Escribano y Viñuela. Dos aspectos son centrales en el proceso que vamos describiendo. Por un lado, el proceso mediante el cual, a partir de Hispanoamérica, se construyeron diversas naciones basadas en una misma “nacionalidad”, es decir, pasar de españoles a bolivianos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, venezolanos, etc., implicó un tránsito complicado de reconstrucción de identidades, símbolos y memoria. Como nos muestra Samudio, la dimensión espacial que se manejaba en el periodo colonial llevó a la 12. Quijada, 2000: 15-56. Consúltense los trabajos reunidos en Chust y Frasquet, 2009 y Figueroa, 2008 y 2011. 13. Un caso que refleja esta resistencia es la demanda de ciudadanía por parte de los trabajadores afrodescendientes e indígenas de la mina de plata de Huantaya en 1822, ubicada en aquel entonces en el límite sur del virreinato del Perú (actualmente extremo norte de Chile) abordada en Castro, 2018: 378-380. 14. Peralta, 1991.

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paulatina concepción territorial como un arma geopolítica en la dominación del espacio, lo que, a su vez, consideramos, llevó a la creación de las nacionalidades quizá como parte del sustento de las nuevas identidades que se fueron conformando en el periodo insurgente. Aunque, si consideramos lo mencionado por Soux para el espacio surandino, tendríamos que tomar en cuenta que el republicanismo decimonónico quebró antiguas “regiones” culturales y económicas. El segundo aspecto, en tanto, fue lograr constituir naciones que, en la mayoría de los casos, no correspondían a comunidades humanas dotadas de una fuerte identidad cultural (Colombia y Venezuela bajo la idea del panamericanismo de Simón Bolívar)15, como algunas que habían avanzado en ese tenor durante el siglo xviii, como sería la Nueva España (México) y Perú, espacios en donde la lealtad a la Corona española fue más intensa. En el siglo xviii el uso de nación era sinónimo de Estado16, y surgió una nueva idea de nación al hablarse de la conformación política de una comunidad. Observar la conformación del Estado-nación bajo las ideas antes expuestas, nos permite explicar cómo la nación es un fenómeno que irrumpe en la historia a partir del siglo xviii, una especie de mezcla de antiguo y de novedad. Dada la heterogeneidad étnica, cultural y social, los funcionarios, intelectuales y en general los grupos de poder del siglo xix no pretendían construir, en un primer momento, un Estado-nación con criterios étnicos o culturales, sino una “nación de ciudadanos”, con lo cual se creaba el efecto de unidad, en el sentido de que la posible igualdad daría dicho sentimiento, así como el acceso a los derechos políticos y sociales emanados de tal categoría17, como se aprecia en los estudios que se encuentran en este volumen sobre Centroamérica, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y México. A través de la igualdad jurídica se 15. Chiaramonte, 2004: 165. 16. La idea de “nación” se utilizó a lo largo del periodo colonial para designar de manera individual a los distintos grupos que convivían bajo el gobierno común de la Corona española. Ernest Gellner, 1991 considera que un elemento importante para hablar de “nacionalismo” es la existencia de unidades políticamente centralizadas con un entorno político-moral, esto es, el nacionalismo no surge en sociedades “desestatizadas”; sin embargo, algunos países latinoamericanos no mostraron totalmente esta tendencia, pero sí intenciones de soberanía. 17. Más arraigada que la idea de unidad estaba la de patria en los siglos xvi y xvii, con lo que se marcaban dos espacios restringidos: el pueblo o ciudad de origen; y la provincia o reino en que se había nacido; véase Herzog 2003: capítulos 3, 4 y 8.

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esperaba superar las tensiones resultantes de la heterogeneidad étnica, además que sería la base y el origen del poder político de una pretendida sociedad sustentada en el liberalismo18. Así, se pretendía construir una personalidad interna y duradera, presente en cada individuo y en el común, preservada por unas fronteras extensas y supuestamente delimitadas, pero a la vez difusas, al menos hasta los últimos años decimonónicos, que actúan como protección y proyección de la nación. En este sentido, pensemos en lo que menciona Samudio, en relación a que se puede considerar que lo que une a “la República”, más que sus semejanzas, es la capacidad de articular sus diferencias. En los siglos xvii y xviii, principalmente en este último, es cuando la idea de nación se fue conformando paulatinamente. Estudios diversos han considerado que los orígenes y la genealogía de la “nación” tiene sus particularidades en las raíces étnicas19. En este sentido, las raíces de las naciones deberían de buscarse en un modelo de comunidad étnica que puede y debe de estar presente a lo largo de la historia (por ejemplo, catalanes, sajones, francos, armenios, judíos, aymaras, quechuas, mapuches, nahuas, mayas, zapotecas…), convirtiéndose, de esta manera, en un acto de legitimidad para los actuales Estados (por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú); voluntad reflejada en la instrumentalización y difusión de pautas culturales y lingüísticas, mitos de origen y un conjunto de símbolos tendientes a la consolidación de una identidad colectiva, y que aparece como uno de los elementos centrales en los programas de los grupos de poder en los procesos de configuración de los Estados nacionales en el siglo xix. Resaltamos la idea de Pereyra, en este volumen, sobre cómo, para los liberales, los indígenas eran extraños a la nación, pero cómo, al mismo tiempo, formaban parte de ella, aunque no se superaran los patrones etnocéntricos20. Esta concepción de una especie de nación “cultural” difiere de la que se ha considerado como cívica, ya que esta define poblaciones que viven en territorios delimitados, con una economía común y que se mueven en un único territorio, que cuentan con leyes comunes y deberes legales idénticos basados en una ideología cívica21. Sin embar18. 19. 20. 21.

Escobar Ohmstede, 2004: 21-36. Smith, 1996. Véanse también los trabajos reunidos en Jong y Escobar Ohmstede, 2016. Smith, 1988:1-26.

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go, también debe considerarse que el criterio étnico de nación servía para definir conjuntos o comunidades humanas por algunos rasgos sustanciales en su conformación, fuese de origen común, en términos de la religión, o del lenguaje. Es por esta razón que durante el siglo xix encontramos la constante mención sobre la “nación comanche”, la “nación yaqui”, la “nación mapuche”, etc. Pero, para entender la nación, no es tan importante determinar si una u otra comunidad humana cumple con los mínimos requisitos y criterios que permitan considerarla como nación, sino analizar si esas comunidades humanas adoptan o no el modelo nacional, en el sentido de cuándo, porqué, bajo qué forma. De esta manera, podemos tratar de ver si en la realidad se logró plasmar una parte del discurso homogeneizador, de qué manera respondieron los indígenas y otros sectores sociales subalternos a estos intentos y si desarrollaron alternativas viables utilizando el mismo discurso de los grupos de poder22. Pensemos en los casos de Brasil y Colombia en este volumen. Desde luego que para aquilatar los intentos de homogenización, no solo de la población, sino también lo que implican los conflictos entre los centros y periferias de las nuevas naciones latinoamericanas, hay que completar la perspectiva ideológica y de imágenes con las políticas concretas, muchas veces, de guerras de conquista23, colonización interna y división de tierras comunales y corporativas-individualización24. Fue con ellas que se pretendió dominar o eliminar al no civilizado (el indígena, los afros, la plebe, es decir, el “bajo pueblo” en su variopinta conformación), que era visto como obstáculo en la conformación política y militar (como los casos de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, México abordados en este volumen), ideal que compartieron todos los grupos de poder latinoamericanos. Entre las políticas de asimilación sobresalen la educación25, la justicia, la ciudadanía, la inclusión en el ejército26, el aspecto fiscal y la economía como elementos que des-

22. Véanse como ejemplo los trabajos reunidos en Jong y Escobar Ohmstede, 2016, así como los que se reúnen en Escolar y Rodríguez, 2019. 23. Del Río, 2005: capítulo I. 24. Lopes y Gutiérrez, 2007: 321-350; Barragán, 2007: 351-394; Escobar Ohmstede, Falcón y Sánchez, 2017; Gundermann, 2018. 25. Flores y Azócar, 2006: 75-87; Traffano, 2007: 69-90. 26. Contreras, 2020: 153-177; Falcón, 2007: 123-150; Guzmán y De Lourdes Ghidoli, 2020; Thibaud, 2005: 157-164.

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empeñan un papel importante dentro de la concepción discursiva y conformación de territorios de los Estados-nación27, tanto hacia fuera como hacia adentro. Otro de los puntales que guía los capítulos que conforman este volumen es la caracterización del Estado, en especial su proceso de conformación en el siglo xix, tan ligado al de la nación y el nacionalismo. Como queda claro en las diversas contribuciones, a este no es posible entenderlo como un cuerpo homogéneo, donde todas sus instituciones y autoridades se mueven a la par y hacia un fin específico. En este sentido, no podemos concebir el Estado como una entidad, un agente o una relación por encima de la sociedad, que simplemente pueda llevar a la práctica sus proyectos y coronar sus pretensiones legitimadoras entre los diversos grupos que la conforman. Varios investigadores han resaltado que estudiar el Estado y los aparatos gubernamentales ateniéndose a su propio discurso, instituciones, leyes y rituales del poder, conduce a un profundo desequilibrio en la perspectiva de sobredimensionar exageradamente su alcance28, es decir, la instalación de una “estadolatría” que tantos estragos ha hecho en los estudios latinoamericanistas29. Lo que percibimos en el siglo xix es una multiplicidad de prácticas e instituciones de gobierno, así como una idea proyectada del Estado y de su legitimidad que, hasta cierto punto, es aceptada por los diversos grupos sociales, pero solo después de una serie de profundas adaptaciones y negociaciones, como lo podemos apreciar para Argentina en este volumen, en donde la provincia de Buenos Aires se fue configurando a partir de redes formales e informales en el establecimiento de instituciones. De la intensidad de estas transacciones y entendimientos entre todos los nódulos del tejido social da cuenta el estudio de Celestino y Losada sobre Brasil, también los textos de Solano, Roicer y Vanegas con respecto a Colombia, de Aldana para el norte del Perú, de Mata sobre la provincia de Salta y el Alto Perú, de Soux sobre el espacio surandino y el de Díaz Arias sobre Centroamérica, una muestra de cómo los diversos sectores sociales y grupos de poder intentaron apropiarse de partes de la retórica política, ideológica, discursiva y del imaginario,

27. Jáuregui, 2006: 9-45; Fradkin y Garavaglia, 2004. 28. Abrams, 1988: 58-75. 29. Boron, 2003: capítulo VIII; Modonesi, 2020.

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cada vez de una forma distinta30. Con el fin de mejorar su posición, los diversos grupos socio-económicos, en los variados regímenes que les tocó vivir —desde el periodo colonial hasta el republicano— hicieron uso, con efectividad, de la retórica y los “símbolos del poder”. Pero ni siquiera eso implicaba que se legitimase automáticamente al sistema político y sus gobernantes, como lo muestra Irurozqui para Bolivia. Por el contrario, al recurrir a esta parafernalia propia del Estado y de la nación, emplearon los símbolos para sus propios objetivos, lo que implicó, además, cambiar y matizar su significado31. De esta manera, esta publicación, además de mostrar en cada uno de sus capítulos los acontecimientos y los procesos que hemos venido comentando, propone la necesidad de evitar el considerar y circunscribirse únicamente a los espacios nacionales actuales para analizar el siglo xix. En efecto, el cómo se van definiendo “fronteras” externas e internas no solo dependió de los grupos de poder que tomaron las riendas de las nuevas naciones y Estados, sino de importantes negociaciones y fracturas que se mostraron tanto en la etapa insurgente, siendo dicho periodo el catalizador de procesos que se venían dando en el periodo colonial, como en las múltiples crisis políticas desatadas en el contexto de la formación de las repúblicas. Proponemos, en consecuencia, la necesidad de ubicar los momentos históricos en importantes procesos que nos lleven a diluir las fechas marcadas por las historias nacionales, así como seguir rescatando desde lo “regional” la manera de ir comprendiendo de mejor manera a lo que se enfrentaron los diversos actores sociales. Pretendemos que sea una llamada de atención a repensar críticamente, y quizá de manera comparativa, los momentos y los procesos históricos que enfrentaron nuestros países, sin dejar de tomar en cuenta los factores externos y los contextos en que se dieron. Asimismo, un aspecto central dentro de las insurgencias es comprender lo que fue la “gue30. Respecto a la tensión entre lo real y lo imaginario derivado a partir de la estadolatría o estatolatría, véase Bartra, 2007 y 2010. 31. Un caso que pone en evidencia este ejercicio agencial de apropiación simbólica por parte de grupos subalternos de las estructuras de poder estatales para sus propios intereses es la larga disputa (todo el siglo xix y primera mitad del xx) entre los agricultores-ganaderos aymaras de la frontera peruano-boliviana primero, más tarde chileno-boliviana, por las tierras de pastoreo y cultivos en la zona altiplánica compartida por la provincia de Tarapacá (Perú-Chile) y el departamento de Lípez (Bolivia). Véase Castro, 2016: 114-143.

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rra de recursos”32, lo que implica considerar los aspectos políticos, como el surgimiento del caudillismo en muchas partes del continente, aspectos que se resaltan en varios de los trabajos de este volumen. Bibliografía Abrams, Philip. 1998. “Notes on the Difficulty of Studying the State”. Journal of Historical Sociology, vol. I, n° 1, 58-89. London: Wiley-Blackwell Álvarez, Izaskun y Julio Sánchez (eds.). 2003. Visiones y revisiones de la independencia americana. Salamanca: Universidad de Salamanca. — (eds.). 2007. Visiones y revisiones de la independencia americana. La independencia de América: la Constitución de Cádiz y las Constituciones iberoamericanas. Salamanca: Universidad de Salamanca. Barragán, Rossana. 2007. “De la reforma a la guerra. ¿Desvincular o componer tierras? La discusión sobre las tierras comunitarias en Bolivia entre 1850 y 1880”. En Sara Otelli y Cuauhtémoc Hernández, América en la época de Juárez: la consolidación del liberalismo, procesos sociales, políticos y económicos. 1854-1872, 351-394. Ciudad de México/Oaxaca: UAM/UABJO. Bartra, Roger. 2007. Territorio del terror y la otredad. Valencia: PreTextos. — 2010. Las redes imaginarias del poder político. Valencia: PreTextos. Boron, Atilio. 2003. Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO. Cardozo Galué, Germán y Arlene Urdaneta (comps.). 2005. Colectivos sociales y participación popular en la independencia Hispanoamericana. Maracaibo/Ciudad de México/Zamora: Universidad del Zulia/INAH/COLMICH. Connaughton, Brian F. 2001. “Dimensiones de la identidad patriótica. Religión, política y regiones en México. Siglo xix”. Ciudad de México: UAM-I/Porrúa. Chiaramonte, José Carlos. 2004. Nación y estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias. Buenos Aires: Sudamericana. 32. Véase como un excelente ejemplo Fradkin, 2010: 167-214.

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pectivas plurales. Ciudad de México/Zamora: COLMEX/COLMICH/CIESAS. Escolar, Diego y Lorena B. Rodríguez (comps.). 2019. Más allá de la extinción. Identidades indígenas en la Argentina criolla, siglos xviii-xix y una reseña comparativa con Bolivia, Paraguay, Chile y México. Buenos Aires: Paradigma Indicial SB. Falcón, Romana. 2007. “Indígenas y justicia durante la era juarista. El costo social de la ‘contribución de sangre’ en el Estado de México”. En Antonio Escobar Ohmstede (coord.), Los pueblos indios en los tiempos de Benito Juárez, 123-150. Ciudad de México/Oaxaca: UAM/UABJO. Figueroa, Carolina. 2008. “Continuidad y cambio: la institución del cacicazgo y la problemática de la ciudadanía en Tarapacá (norte de Chile), desde el período Tardo Colonial hasta 1837”. Revista Andina, n.º 46, 61-84. Cuzco: CBC. — 2011. “Cartografiando el Progreso: espacios de civilización y barbarie en la provincia de Tarapacá, norte de Chile (1825-1884)”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XV, n.º 370, s/p. Barcelona: Universidad de Barcelona. Flores, Jaime y Alonso Azócar. 2006. “Fotografía de capuchinos y anglicanos a principios del siglo xix: la escuela como instrumento de cristianización y chilenización”. Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, n° 14, 75-87. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Fradkin, Raúl. 2010. “Las formas de hacer la guerra en el litoral rioplatense”. En Susana Bandieri (comp.), La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana. 167-214. Buenos Aires: AAHE/Prometeo. — (ed.). 2010. Conflictos, negociaciones y comercio durante las guerras de independencia latinoamericanas. Piscataway: Gorgias Press LLC. Fradkin, Raúl y Juan Carlos Garavaglia (eds.). 2004. En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865. Buenos Aires: Prometeo. Frasquet, Ivana y Andréa Siemian (eds.). 2009. De las independencias iberoamericanas a los estados nacionales (1810-1850). 200 años de historia. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert. García Canclini, Néstor. 2016. “Más allá de la jaula estatal”. Alteridades, vol. 26, n.º 51, 125-128. Ciudad de México: UAM-Iztapalapa.

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Independencia de Brasil y pueblos indígenas: historias, identidades y memorias1 Maria Regina Celestino de Almeida Universidade Federal Fluminense Vânia Maria Losada Moreira Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Introducción En la historiografía, es ampliamente reconocido el perfil conservador del proceso de emancipación política de Brasil y, de modo más general, del propio régimen monárquico-constitucional instituido a lo largo del siglo xix, pues se mantuvo la dinastía de los Braganza en el poder y se creó un aparato de Estado y un sistema político visceralmente comprometido con los intereses de la oligarquía rural esclavista. A pesar de ello, el debate sobre la independencia, concretada en 1822, y sobre sus efectos revolucionarios, reformistas y/o conservadores sobre el proceso de formación del Estado y de la sociedad brasileña sigue teniendo relevancia hasta la actualidad2. En ese debate, que involucra diferentes generaciones de historiadores, salta a la vista que los pueblos nativos, tanto los autónomos como las comunidades indígenas resocializadas, siguen siendo un punto ciego de la reflexión sobre la independencia y la formación del Estado imperial, aun en obras colectivas publicadas más recientemente y cuyo objetivo fundamental es presentar el estado actual de la discusión incorporando

1. Agradecemos al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil por su apoyo a la investigación. Versión en español de Adriana Carina Camacho Álvarez (LectturaTraduções). 2. Pimenta, 2009.

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los avances de las investigaciones históricas3. El objetivo de este capítulo es discutir algunos aspectos del proceso de independencia y de construcción de historias, memorias e identidades nacionales a la luz de la presencia de los indígenas y de sus experiencias históricas en ese proceso. Se ha vuelto una especie de consenso analizar la emancipación política brasileña considerándose una temporalidad más larga, situando 1808 como uno de los hitos centrales del proceso. Se subraya que a la invasión de Portugal por las tropas napoleónicas y a la fuga de la corte hacia Río de Janeiro le siguió la inmediata implantación de varias medidas, que, tomadas en conjunto, abrieron nuevas perspectivas económicas y políticas para Brasil. Maria Odila Dias recalcó, por ejemplo, que el establecimiento de la corte en Río de Janeiro fue central para el enraizamiento de los intereses económicos y políticos metropolitanos en el centro-sur del territorio colonial y para el gradual proceso de emancipación política, de carácter mucho más conservador que propiamente revolucionario4. De hecho, varias decisiones del príncipe regente D. João tenían una índole liberalizadora y permitieron que la colonia se librara de las amarras coloniales, como la apertura de los puertos al comercio directo con el extranjero, la autorización del libre establecimiento de fábricas y manufacturas y, pocos años después, en 1815, la elevación de Brasil a la categoría de reino. La Revolución Liberal de Porto, en 1820, modificó totalmente el statu quo. Para salir de la crisis política, se reunió a las Cortes en Lisboa con el propósito de elaborar una Constitución para la monarquía hasta entonces absolutista. Pero, en función de los intentos políticos de recolonizar el Brasil, el proceso constituyente terminó enemistando a los representantes de Brasil con sus pares de Portugal, poniendo fin a la unidad política. Alberto da Costa e Silva es tajante en su análisis acerca de ese momento histórico: la ruptura ocurrió por iniciativa de Portugal, que deseaba restaurar su hegemonía económica y política y no brasileña5. Hombres de la élite que hasta las vísperas de la independencia se consideraban portugueses nacidos en Brasil, empezaron a reorganizar sus identidades6. Eso dio lugar a un proceso político, 3. 4. 5. 6.

Véanse, por ejemplo, Carvalho, 2007; Carvalho y Neves, 2009; Silva, 2011. Dias, 1972. Silva, 2011: 28. István y Pimenta, 2000: 173.

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ideológico, intelectual e identitario más amplio, que terminó valorizando las raíces indígenas de Brasil y las de su élite gobernante para demarcar las diferencias y distancias con respecto a Portugal y a los portugueses. En el plano más inmediato, la valorización de las raíces indígenas fue motivada por la búsqueda de una ancestralidad nativa, emprendida por hombres de la élite que estaban conduciendo el proceso de separación y emancipación. Como lo observa Silva, “...muchos salieron en busca de sus antepasados indígenas y, cuando no los tenían, los inventaban”7. Un caso ejemplar es el de Francisco Gê de Acaiabae Montezuma, también conocido como el vizconde de Jequitinhonha, que, entre otras actividades de prestigio, ejerció las funciones de constituyente en 1823, ministro de Justicia durante la regencia de Feijó, diputado provincial por Río de Janeiro y senador por la provincia de Bahía. Nació en Salvador, el 23 de marzo de 1794 y su nombre de bautismo fue Francisco Gomes Brandão. Se graduó en Medicina en Bahía y, tras recibirse, partió hacia Portugal, donde cursó Derecho en la Universidad de Coímbra, graduándose en 1820. Allá recibió de sus compañeros el apodo de Montezuma y, al volver a Brasil, en 1821, ya traía el sobrenombre incorporado a su nombre de bautismo. En Bahía participó en las luchas por la independencia y, como prueba de brasilidad, modificó nuevamente su nombre, agregándole “Gê” (que, según la grafía portuguesa actualizada, sería “Jê”) en alusión a los grupos indígenas de los sertões8 del Brasil central, y “Acaiaba”, nombre de un árbol nativo9. José Bonifácio de Andrade e Silva, figura clave del proceso de independencia y conocido en la historiografía patriótica como el “Patriarca de la Independencia”, no modificó su nombre, pero, junto a su hermano, fundó el periódico O Tamoyo, utilizando en el título de la publicación uno de los etnónimos asignados a los pueblos tupí que vivían en la costa atlántica, entre São Paulo y Cabo Frio. Los tamoios entraron a los anales de la historia colonial como una confederación de diferentes pueblos indígenas que se enfrentaron a los portugueses en las guerras de conquista de Río de Janeiro, entre 1554 y 1567, mientras O Tamo7. Silva, 2011: 31. 8. En los documentos coloniales se define a los sertões como regiones no ocupadas por la administración portuguesa. Sobre el tema, véase Mäder, 1995. 9. Guimarães, 2002: 291.

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yo fue utilizado para divulgar las opiniones políticas de los hermanos Andrade durante la vigencia de la Asamblea Constituyente de 1823. El improvisado nativismo10 inicial del período de la independencia generó, no obstante, movimientos más profundos, complejos y de larga duración en el proceso de formación del Estado imperial y de la nación brasileña. Al analizar la profusión de lenguas indígenas y africanas que circulaba por el Brasil decimonónico, Ivana Stolze Lima recuerda el acalorado debate sobre lengua y literatura nacional en el período posterior a la independencia, en el que, finalmente, se estableció que la lengua hablada en la nueva nación era “portuguesa”, pero que la literatura era “brasileña”, a pesar de servirse de la lengua portuguesa como medio de comunicación y de creación estética11. Ahora bien, la literatura brasileña por excelencia de ese período y de todo el siglo xix, en Brasil, fue el Romanticismo y, en particular, su vertiente indianista12; y, como lo señaló oportunamente Afrânio Coutinho, el Romanticismo fue “un arma de acción política y social, desde la Independencia”, un movimiento que asumió un “carácter muy propio”, representado por el indianismo13. En el plano más superficial de análisis, el indianismo asoció la idea y la imagen del buen salvaje de Rousseau con las tendencias políticas contrarias a la hegemonía lusitana de la generación de la independencia, valorizando al indio para simbolizar el nativismo brasileño en términos de “independencia espiritual, política, social y literaria”14. Sin embargo, el uso del indígena para simbolizar valores, proyectos políticos y nuevas identidades de la oligarquía rural esclavista se desdobla en varias facetas más complejas y, además, ha planteado problemas y retos para la interpretación histórica sobre el lugar y la participación de los diferentes pueblos y comunidades indígenas en el proceso de independencia y de formación de la nación brasileña, como se verá a continuación. 10. N. de la T.: En este contexto, “nativismo” se refiere a la recuperación de las raíces indígenas. 11. Lima, 2009: 487. 12. N. de la T.: El indianismo fue, “en el Romanticismo brasileño, la valorización del indio como un elemento diferenciador de la identidad nacional [de Brasil] y, de su pasado, como el sucedáneo de un período histórico legendario que el país no tuvo” (Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0). 13. Coutinho, 2002: 24. 14. Coutinho, 2002: 24.

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Los indígenas en la memoria y en la historia nacional A semejanza de lo que ocurrió en otros países de América, la independencia en Brasil impuso al nuevo Estado la necesidad de instituir una unidad territorial política e ideológica, creando una memoria colectiva que le confiriese una identidad histórica y cultural inexistente hasta ese momento. La descentralización política, la diversidad cultural y las dificultades de comunicación dentro del vasto territorio eran serios obstáculos para la formación de una conciencia nacional o aun capitanial, en los términos de Capistrano de Abreu15. La ideología que cimentó la organización del Estado brasileño y la construcción de la memoria nacional se basaba en los valores europeos de modernización, progreso y superioridad del hombre blanco. Además, de acuerdo con el paradigma del siglo xix, a cada Estado le debía corresponder una nación, un pueblo, una cultura y una lengua. Las élites políticas e intelectuales del nuevo Estado se encontraron, entonces, ante un gran desafío: construir una nación de blancos en una sociedad repleta de indios y negros, que, esclavizados o no, imponían retos a las políticas dirigidas a ellos. Homogeneizar los diferentes pueblos presentes en los sertões, aldeas y ciudades del vasto territorio que se debía unificar como Estado brasileño era, así, una tarea difícil que solo podría tomar forma en el plano de las ideas y los discursos. La política indigenista del siglo xix mantuvo y acentuó la propuesta asimilacionista que había lanzado Pombal a mediados del siglo xviii: extinguir antiguas aldeas e incorporar a los llamados “salvajes” eran los objetivos del Imperio brasileño, donde no había espacio para la pluralidad étnica y cultural. Se estimulaba, entonces, el proceso de extinción de las identidades indígenas y de los derechos colectivos asociados a ellas. No obstante, los diferentes pueblos indígenas habitantes de las varias regiones de las provincias en formación no estaban dispuestos a renunciar a sus identidades, tierras y derechos conquistados. Mientras los discursos intelectuales y políticos afirmaban la extinción de los indios, estos actuaban en diversas regiones de Brasil, respondiendo de formas variadas a las propuestas políticas dirigidas a ellos. La complejidad e importancia de la cuestión indígena en el siglo xix se ponía de manifiesto en los incontables debates políticos e intelec15. Abreu, 1976: 212-213.

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tuales sobre el tema, frecuente en las revistas del Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (RIHGB) y en las innumerables discusiones de las Asambleas Legislativas y de las Cámaras Municipales. La extrema diversidad de situaciones en las que vivían las varias poblaciones indígenas en las diferentes regiones del país, situaciones que variaban desde los extremos del Río de Janeiro de la corte a las fronteras del Imperio, con sus frentes de expansión agrícola y pastoril, imposibilitaba el establecimiento de una política indígena general y de una única imagen de indio para el Imperio. Si, en el caso de la corte, los indios, grosso modo, ya no representaban un obstáculo para la colonización ni tampoco una fuerza de trabajo básica para el crecimiento económico, lo mismo no sucedía en las regiones más lejanas, lo que volvía la cuestión sumamente compleja. En una época de consolidación de fronteras, centralización de poder, apaciguamiento de rebeliones locales, intensos conflictos por cuestiones de tierra y de trabajo, las poblaciones indígenas, sobre todo en áreas de expansión, surgían como una amenaza que se debía combatir. Las numerosas rebeliones populares que estallaron en las diversas provincias del Estado en el período posterior a la independencia y que contaron en sus fuerzas de lucha con grandes contingentes de negros, indios y mestizos fueron frecuentemente presentadas por las autoridades militares y políticas como levantamientos raciales, lo que servía para justificar una política de represión racial e incluso de exterminio físico de gran parte de las poblaciones indígenas, como ocurrió en el episodio conocido como Cabanagem. Soares d’Andrea, presidente de la provincia de Grão-Pará y uno de los principales represores de ese movimiento, se refería a él como “guerra racial, en la cual indios, negros y mestizos estarían unidos en pacto secreto para terminar con todo lo que es blanco”16. La expansión de la producción cafetera en el sudeste de Brasil intensificaba los conflictos de tierras. Además, la mano de obra indígena aún era bastante utilizada y disputada en muchas regiones de Brasil, sobre todo en áreas de expansión de fronteras internas17. En la segunda mitad del siglo, la política de inmigración impulsaba el establecimiento de colonos extranjeros en zonas indígenas, incrementando significativamente la violencia contra los pueblos de 16. Moreira Neto, 1988: 61-72. 17. Cunha, 1992a.

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los sertões, sobre todo en la región sur de Brasil18. En regiones de colonización antigua, como en las provincias de Río de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará y otras, un gran contingente de indios aldeanos enfrentaban procesos de avance de la usurpación de sus tierras colectivas e intentos de extinción de sus aldeas fundados en el discurso de que ellos ya estaban mezclados y civilizados, condición que, de acuerdo a la legislación, posibilitaba la extinción oficial de sus aldeas19. Todos esos indios representaban serios desafíos para el Imperio y dificultaban la creación de políticas e imágenes únicas y alineadas a los ideales de la nueva nación. Desde el punto de vista político, la propuesta asimilacionista, introducida a mediados del siglo xviii con las reformas pombalinas, se mantendría y acentuaría mediante procedimientos diversos, como ya venía ocurriendo: para los indios del sertão, a los que se llamaba salvajes, se proponían las aldeas o las guerras; para los de las antiguas aldeas coloniales, la asimilación con la extinción de las tierras colectivas. Desde el punto de vista ideológico, se discutía la posibilidad de convertir al indio en un símbolo nacional, lo que se concretó con la construcción de la imagen idealizada de los indios del pasado, mientras se demonizaba o invisibilizaba a los verdaderos habitantes del Imperio. Para estos se construían las imágenes de salvajismo y degradación y a ellos se dirigían las políticas asimilacionistas del Imperio, que, aunque se orientaran por el principio general de civilizar a los indios e incorporarlos al Estado en la condición de ciudadanos, variaban bastante de acuerdo a las situaciones y necesidades20. Se discutía, básicamente, cómo integrarlas, visto que, como ya se ha mencionado, las variadas situaciones de los grupos indígenas en las diferentes regiones con situaciones económico-sociales diversas y diferentes niveles de inserción en las sociedades envolventes imposibilitaban una acción política única. Además, las concepciones ideológicas sobre los indios también variaban, retomándose la discusión sobre su humanidad, tema que, en el siglo xix, había sido objeto de intensos debates con tendencia a priorizar teorías racistas y discriminatorias. Predominaban las ideas que afirmaban la inferioridad de los indígenas; sin embargo, había divergencias en cuanto a su potencial para alcanzar la civilización21. 18. 19. 20. 21.

Wittman, 2007. Almeida, 2007; Moreira, 2002; Silva, 1996; Cunha, 1992a. Almeida, 2012. Schwarcz, 2001.

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A esas concepciones se vinculaban las propuestas de incorporarlos de forma pacífica o violenta, lo que dividían las opiniones de intelectuales y políticos del siglo xix. José Bonifácio y Varnhagen, por ejemplo, se posicionaban en campos opuestos en cuanto a esa cuestión. El primero defendía la humanidad de los indios y su integración por medios blandos, mientras Varnhagen, por considerarlos indomables, proponía que se los sometiera por medio de la guerra y el exterminio. El proyecto de José Bonifácio en la Constituyente de 1823 afirmaba la humanidad de los indios y la necesidad de integrarlos con métodos humanistas a “un pueblo que se desea crear”, defendiendo la política asimilacionista para incorporarlos como ciudadanos con la consecuente pérdida del derecho a la tierra colectiva de las aldeas. Su postura de justicia hacia los indios, de acuerdo a Cunha, proponía la compra de sus tierras en vez de la usurpación directa22. A pesar de haberse aprobado, este proyecto no llegó a ser implantado y la Constitución de 1824 ni siquiera mencionó la cuestión indígena, que, tras el llamado Ato Adicional (1834), pasó a ser competencia de las Asambleas Legislativas Provinciales, habiendo prevalecido el interés de las oligarquías locales23. La política indigenista del Imperio se caracterizó, así, por la descentralización; y los indios, divididos una vez más en las categorías de mansos y bravíos, tenían la posibilidad de elegir entre la “civilización” o el “exterminio”, o sea, entre una sumisión pacífica o violenta24. En el discurso oficial, no obstante, desde la propuesta de Bonifácio, prevaleció la recomendación del uso de medios pacíficos y persuasivos, recomendándose la violencia para los que se rehusasen a colaborar25. Guerras violentas de exterminio, creación de nuevas aldeas y extinción de antiguas aldeas fueron prácticas que coexistieron y se sucedieron en el Imperio, todas apuntando a un mismo fin: la ocupación de las tierras indígenas y la transformación de sus habitantes en ciudadanos, o sea, eficientes trabajadores para servir al nuevo Estado. No obstante, los disímiles pueblos indígenas en las varias provincias del Imperio respondían de formas diferenciadas a las propuestas políticas dirigidas a ellos, imponiendo desafíos al nuevo Estado. 22. 23. 24. 25.

Cunha, 1992a: 137. Cunha, 1992a. Cunha, 1992a: 134. Cunha, 1992a: 137.

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Como ya se ha señalado, construir la memoria colectiva y una identidad nacional que marcara el momento de emancipación, diferenciando a los brasileños de los portugueses, era esencial; y la imagen del indio debería, como lo recordó Guimarães, ser incorporada de forma coherente con los ideales de progreso y superioridades europeas. Para eso, era esencial “...pensar el lugar de las poblaciones indígenas en el proceso en construcción, definiendo el saber sobre esos grupos para que se convirtiera en memoria que se pudiera fijar y transmitirse”26. La historia de Brasil (que se estaba construyendo en ese momento), la literatura y las artes cumplirían esa función, componiendo imágenes idealizadas y estereotipadas de indios que no tenían nada que ver con los pueblos vivos y que actuaban en el siglo xix. El indio inexistente, idealizado por el Romanticismo, se podía convertir en símbolo nacional, como sucedió también en otros países de América, pero los que luchaban en los sertões eran “salvajes” que la civilización blanca debía combatir y/o someter; al mismo tiempo en que los habitantes de las antiguas aldeas coloniales que llegaron al siglo xix identificándose como indios y esforzándose por garantizar sus derechos colectivos eran descritos como mezclados, civilizados y desaparecidos. Aunque construidas en el plano del imaginario, esas representaciones no se apartaban de las realidades socioeconómicas y políticas del siglo xix, pues artistas e intelectuales, responsables por ellas, así como los viajeros, cuyas descripciones contribuían a reforzarlas, no vivían ajenos a las discusiones sobre los indios y compartían, grosso modo, las ideas de asimilarlos y transformarlos en eficientes trabajadores del Estado27. Sus discursos y representaciones eran coherentes con la política indigenista del siglo xix, con la cual muchos se involucraban directamente en virtud de las funciones políticas que ejercían. La memoria colectiva es un elemento importante para dar cohesión al grupo social y, como lo afirma Moses Finley, es selectiva, construida y nunca determinada por factores inconscientes. Su función es orientar el comportamiento social y, en ese sentido, se convierte en un importante instrumento de poder y manipulación28. En todas las épocas asistimos a una vinculación entre el poder público y el dominio de

26. Guimarães, 1988: 20. 27. Treece, 2008. 28. Finley, 1981: 32.

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la memoria colectiva. En el Brasil del siglo xix, de acuerdo con Guimarães, ese vínculo se concretó por medio de la actuación del Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), creado en 1838 con el proyecto de definir la nación brasileña, buscando homogeneizar cierta visión de Brasil congruente con la de las élites económico-sociales29. La historia, que se configuraba allí como disciplina, coherente con los ideales de su tiempo, se fundamentaba en las ideas de civilización y progreso. Para historiadores y antropólogos, que poco dialogaban, los “pueblos primitivos” eran vistos como antepasados de la humanidad cuyo destino sería la rápida desaparición. Conocerlos era importante para civilizar los sertões y garantizar trabajadores para el Imperio. Para estudiarlos se creó la sección de etnografía y arqueología en el IHGB30. Se buscaban los orígenes del hombre americano para, como se ha expuesto, enaltecerlo como forma de construir una imagen positiva de los antepasados. El lugar de los indios en esa historia solo podría estar en el pasado, pues Brasil debía ser un país “[...] civilizado, monárquico, blanco y europeo, diverso en todo de sus vecinos, entregados a la barbarie, al atraso y a la inestabilidad crónica de sus regímenes políticos”31. Al IHGB, institución de carácter elitista y oficial, cabía, así, construir una memoria nacional, definir la nación en los moldes mencionados anteriormente, lo que significaba, en última instancia, contribuir a legitimar el orden esclavista e imperial del nuevo Estado y a mantener la exclusión de los grupos sociales que ocupaban los estratos inferiores de la sociedad. Escribir la historia de Brasil era esencial en ese proyecto, pero, como lo afirma Guimarães, una historiografía pragmática y lineal, de acuerdo con las concepciones iluministas del Instituto, que, en 1840, lanzó un premio para el mejor trabajo que apuntara las líneas maestras de una historia de Brasil. La obra vencedora de Carl Friedrich Philipp Von Martius, que sentó las bases del mito de la democracia racial, es reveladora de las principales cuestiones de ese momento histórico. El autor aconsejaba más estudios sobre el indio por la posibilidad de convertirlo en un símbolo nacional, al mismo tiempo en que exaltaba al blanco como elemento civilizador, a los integrantes

29. Guimarães, 1988: 8. 30. Kodama, 2009; Turim, 2006. 31. Moreira Neto, 1988.

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de las bandeiras32 (bandeirantes) y a los jesuitas. Al final de artículo, expresaba el carácter político de su discurso histórico, congruente con la visión del Instituto. Afirmaba la “...idea de la historia nacional como forma de unir, de transmitir un conjunto único y articulado de interpretaciones del pasado, como posibilidad de actuar sobre el presente y el futuro”33. Interesados en construir una identidad nativa, americana (o sea, distinta de Europa), pero animados por ideas discriminatorias y prejuiciosas que servían al propósito de mantener las profundas desigualdades socioeconómicas de los Estados recién formados, los intelectuales americanos tendían a mezclar teorías diversas, buscando construir imágenes positivas y optimistas en cuanto al futuro de sus países de acuerdo con los ideales de progreso y superioridad blancos y europeos34. Con respecto a los indios, el problema que se planteaba era complejo: ¿cómo construir una identidad nacional americana que valorara a los indígenas como valerosos antepasados nativos de América en un contexto ideológico que afirmaba la degeneración de los mestizos, concepción que los propios intelectuales compartían en buena parte? El problema se dirimió, como lo sostiene Schwarcz, mediante la combinación de ideas evolucionistas con la doctrina católica, lo que permitía condenar y, al mismo tiempo, proponer soluciones. Instruidos y sometidos al trabajo, los indios se podrían volver útiles para el país35. Cobraban fuerza, entonces, las teorías evolucionistas que afirmaban las jerarquías de las razas y la inferioridad de los indios, a los que, no obstante, se los consideraba redimibles “...mediante la catequesis, que los retiraría de su situación ‘bárbara y errante’ para introducirlos en el interior de la civilización, entendida por el instituto como proceso eminentemente blanco”36. La propuesta de Von Martius para la historia de Brasil vinculaba el desarrollo del país al perfeccionamiento de las tres razas, a cada una de las cuales correspondían características y papeles 32. N. de la T.: Las bandeiras eran expediciones particulares u oficiales de penetración del territorio brasileño en la época colonial (siglos xvi a xviii) que, generalmente, partían de la capitanía de São Vicente (actual São Paulo, SP) teniendo como objetivos fundamentales la captura de indígenas y la detección de yacimientos de piedras y metales preciosos (Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0). 33. Guimarães, 1988: 17-18. 34. Schwarcz, 2001. 35. Schwarcz, 2001: 111-112. 36. Schwarcz, 2001: 112.

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propios, debidamente jerarquizados: el blanco era el agente civilizador que debería ayudar al indio a rescatar su dignidad original por medio de la civilización, mientras el negro era rebajado y visto como un obstáculo para el progreso37. La propuesta con respecto a los indios estaba perfectamente de acuerdo con la política indigenista del Imperio. También son consistentes con esa política las tres imágenes de indios presentes en los discursos históricos, literarios y políticos del siglo xix: los “idealizados del pasado”, los “bárbaros de los sertões” y los “degradados” de las antiguas aldeas coloniales38. Los del primer grupo, enaltecidos en la literatura, en la música, en la pintura y en nuestra historia nacional, correspondían al “indio muerto”39. Como se ha visto, el indianismo descolló en el Romanticismo brasileño, sobre todo en su primera fase, caracterizada por el nacionalismo, la exaltación a la naturaleza y la idealización del indio. Alcanzó su auge en la segunda mitad del siglo xix, con Gonçalves Dias y José de Alencar, quienes, en sus poemas (I-Juca-Pirama, 1857; Os Timbiras, 1853) y novelas (O guarani, 1857; Iracema, 1865, Ubirajara, 1874), enaltecían al guerrero nativo, con su coraje, pureza, lealtad y espíritu de sacrificio, virtudes brasileñas que correspondían a los sentimientos nativistas generados por la independencia40. Sin embargo, los héroes indígenas construidos por ellos se diferenciaban significativamente en cuanto a la relación que mantenían con los portugueses. Mientras Gonçalves Dias pone de relieve la violencia de los colonizadores contra los indios y exalta el heroísmo de esos últimos en las guerras de resistencia contra los primeros; el héroe indígena de Alencar es el fiel aliado de los portugueses y junto a ellos combate a los indios salvajes. Las diferencias se explican, según Bosi y Treece, por los diferentes contextos vividos por los autores en cuanto al proceso de consolidación de la independencia. Gonçalves Dias había presenciado un período más turbulento de rebeliones e inestabilidad política y de eso resulta su postura nativista, que valoriza más al brasileño con respecto al portugués; mientras, en el tiempo de Alencar, la emancipación consolidada ya había alejado la amenaza portuguesa41. 37. 38. 39. 40. 41.

Guimarães, 1988:7; Schwarcz, 2001: 112. Almeida, 2012. Cunha, 1992a. Bosi, 1992: 176-193. Bosi, 1992; Treece, 2008.

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Los héroes indígenas de Alencar aparecen desprovistos de cualquier actitud de rebeldía o enfrentamiento con respecto a los portugueses, a los cuales dedican devoción y lealtad. La adopción de nombres y costumbres portugueses, el amor romántico entre indígenas y portugueses, el mestizaje así generado y tan importante para los proyectos de civilización y blanqueamiento de la población brasileña, que cobra fuerza más hacia el final de siglo, son temas valorizados en las varias obras del autor. Es sorprendente observar cómo los héroes indígenas de nuestra historia se asemejan a los personajes de esos autores. Araribóia y Felipe Camarão, por ejemplo, se parecen a Peri, el valiente guerrero de O Guarani. Así como él, aparecen destituidos de intereses propios, actuando solo como fieles aliados de los portugueses en el combate a los invasores extranjeros y, sobre todo, a los indios salvajes. La actual mirada histórico-antropológica sobre los documentos autoriza a interpretaciones diversas: los indígenas colaboraron con los portugueses, pero movidos por intereses propios relacionados a la dinámica de sus sociedades; y su lealtad era bastante discutible, pues, a menudo, cambiaban de aliados42. El espíritu de sacrificio del indígena y su muerte gloriosa por causas nobles fueron temas especialmente valorizados en el movimiento indianista, cuyos representantes, grosso modo, compartían los ideales del Imperio brasileño, elaborando obras que borraban las identidades de los indios contemporáneos mientras enaltecían al indio muerto. Esa imagen que representaba la inevitabilidad de la desaparición de los indígenas en el siglo xix fue significativamente reforzada con las pinturas de la segunda mitad del siglo. Ejemplos paradigmáticos son Último Tamoio (Rodolpho Amoedo, 1883) y Moema (Victor Meirelles, 1866), entre otros43. Para esos indios que, presentes en la sociedad brasileña, imponían desafíos al Estado, se construirían otras imágenes. A ellos se dirigían las políticas asimilacionistas, que, orientadas por el principio general de civilizar a los indios e incorporarlos al Estado, variaban de acuerdo a las situaciones. A algunos se los debía combatir; a otros, asimilar. Los de los sertões, que resistían a la ocupación de sus tierras, eran representados como salvajes amenazadores. En la literatura de Alencar 42. Almeida, 2003; Monteiro, 1994b. 43. Pacheco de Oliveira, 2016.

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aparecen como los aimorés “feroces” y “diabólicos”. En el Brasil decimonónico, se presentan en la figura de los aguerridos botocudos y de otros “salvajes”, contra los cuales se dirigían violentas campañas militares. Los indios “degradados” eran aquellos pertenecientes a las antiguas aldeas y que, tras un largo tiempo integrados a las sociedades coloniales, eran considerados mezclados, miserables y haraganes. A pesar de los esfuerzos para asimilarlos desde las reformas pombalinas, llegaron al siglo xix identificándose aun como indios y esforzándose por garantizar sus derechos. A ellos se dirigían los discursos políticos e intelectuales que, buscando transformarlos en civilizados ciudadanos del naciente Estado brasileño, acabaron por invisibilizarlos, extinguiendo sus aldeas, consideradas decadentes y obstáculos para el progreso44. El discurso de la decadencia, no obstante, no se restringía a los políticos. Intelectuales que simpatizaban con los indios también consideraban la necesidad de integrarlos y defendían esa postura no solo en beneficio de la nación, sino también de los propios indios. En su concepción, las condiciones de miserabilidad y explotación en las cuales vivían los indios de las aldeas solo podían traerles perjuicios. La tierra colectiva y la correlativa posibilidad de vida comunitaria, tan caras a los grupos indígenas, no eran, en absoluto, valorizadas por intelectuales que defendían la lógica del progreso y de la civilización. La “Memória Histórica e Documentada das Aldeias de Índios da Província do Rio de Janeiro”, escrita por Joaquim Norberto de Souza Silva, se sitúa en ese contexto. A pesar de la simpatía con la que el autor trató a los indios, demostrando preocupación por su suerte y supervivencia, en su texto destacó la decadencia y miserabilidad de las aldeas, que debían, según él, avanzar hacia su extinción45. Sin negar que las descripciones sobre la decadencia podían contener una gran parte de verdad, sobre todo desde el punto de vista de las autoridades en busca de la “civilización” y del desarrollo económico y social en los moldes europeos, así como de los viajeros extranjeros, es fundamental que consideremos la contrapartida de esa situación que se expresa en la persistencia de esos “grupos diminutos y miserables” que se obstinaban en seguir existiendo y reivindicando derechos a 44. Almeida, 2012. 45. Silva, 1854.

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pesar de todas las presiones y discriminaciones que sufrían, como lo comprueban muchos documentos del siglo xix. Es interesante notar que, a pesar de irrisorios, mal administrados, sujetos a usurpaciones e insuficientes para cubrir los gastos de las aldeas y la asistencia a los indios necesitados, como fueron descritos por los jueces de huérfanos, los recursos económicos de las aldeas eran disputadísimos y los indios lograron mantenerlos durante varias décadas del siglo xix, hasta la efectiva extinción de las aldeas46. Razones políticas, ideológicas y socioeconómicas se articulaban, por ende, en la construcción de discursos políticos e imágenes sobre los indios que contribuyeron a hacerlos desaparecer de las varias regiones de Brasil y volverlos invisibles como sujetos históricos. La existencia de una agenda y de una agencia indígena capaz de influir en el proceso de formación y desarrollo de la nación y del Estado brasileño fue, como se ha visto, descuidada por la historiografía y eso se extendió hasta las últimas décadas del siglo xx. En el IHGB prevaleció la convicción de que los pueblos originarios eran objeto de la etnografía y no de la “Historia Nacional” y, como máximo, podrían considerarse parte del pasado más remoto, de la prehistoria de Brasil, como lo argumentó el mariscal Raimundo José da Cunha Matos47, indicando que la historia propiamente dicha empezaba en el período colonial, con los portugueses, y seguía con los brasileños o lusobrasileños después de la independencia. En la primera mitad del siglo xx, se propusieron renovaciones importantes en los cuadros interpretativos sobre Brasil, pero no se cambió nada esencial con respecto a la convicción sobre la falta de importancia de los indígenas para la comprensión de la nacionalidad. Gilberto Freyre argumentó, por ejemplo, que el colonialismo desarticuló y corrompió su campo cultural y normativo, volviéndolos no solo incapaces de dar dirección y significado a sus propias vidas, sino también de hacer cualquier aporte significativo a la cultura y a la sociedad nacional, pues sus culturas habían perdido el “potencial”, el “ímpetu”, el “ritmo”, en fin, “la capacidad constructora”48. En la vertiente marxista, Caio Prado Júnior formuló una perspectiva semejante

46. Almeida, 2007. 47. Kodama, 2009: 66. 48. Freyre, 2005: 177.

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al señalar que los indígenas ya eran una fuerza demográfica, social y económica irrelevante al final del siglo xviii49. Se generalizó, a partir de entonces, la fábula de las tres razas formadoras del pueblo brasileño (o sea, blancos, negros e indios) y la interpretación sociohistórica de que el aporte más visible de los pueblos indígenas a Brasil era genético, pues eran la “protocélula” del pueblo mestizo brasileño, como lo resumió Darcy Ribeiro50. También prosperó la tesis sobre la destrucción de los mundos y de los pueblos indígenas, que pasaron a figurar en la historiografía fundamentalmente como pueblos vencidos y víctimas de la colonización. La idea de que los indios en contacto con sociedades envolventes caminaban inevitablemente hacia la asimilación predominaba incluso entre los mayores defensores de las causas y derechos indígenas. En sus concepciones funcionalistas, entendían el contacto y, sobre todo, la inserción en sociedades envolventes como procesos irreversibles de pérdidas culturales continuas que los conducirían a la pérdida de las identidades indígenas. Florestan Fernandes51, por ejemplo, estudió la sociedad tupinambá en profundidad y destacó el protagonismo indígena, limitándolo, empero, a las acciones dirigidas a la preservación de sus sociedades y culturas originales, ya sea por medio de la guerra, rebelión o fuga. Valorizó la resistencia de los indígenas al colonizador, analizándola a partir de la lógica de sus organizaciones sociales y contribuyó a deconstruir algunas visiones equivocadas de la historiografía. Sin embargo, en su concepción, los pueblos vencidos se sometían al nuevo orden colonial porque no se les daba posibilidad de elección y actuación. Por lo tanto, solo podrían experimentar derrota y aculturación. En la misma línea interpretativa, Eduardo Hoornaert evaluó que la Iglesia participó activamente en el proceso de colonización, transformando la evangelización en un fenómeno socio-religioso “estructuralmente agresivo” por no tener en cuenta el derecho de autodeterminación de los nativos52. Desde el punto de vista del autor, las aldeas y misiones coloniales “destruyeron” la vida tribal de los indígenas, por lo cual concluye que la historia indígena del período colonial 49. 50. 51. 52.

Moreira, 2019: 29. Ribeiro, 1970: 244. Fernandes, 1989 [1949]. Hoornaert, 2008: 26.

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fue la historia de “su eliminación en las regiones ocupadas por los blancos”53. Agendas indígenas y revisiones historiográficas: ciudadanía, genocidio y memorias A pesar de reconocer la violencia y la agresividad de los poderes coloniales, la nueva historia indígena ha revisado sistemáticamente tanto la tesis de la desaparición de los indígenas como la del sobredimensionamiento de la anomia indígena frente al avance de la colonización. En una de las más emblemáticas obras que marcan la emergencia de un nuevo abordaje sobre la historia de los indios en Brasil, la cuestión del protagonismo indígena es abiertamente tratada como tema central y estructurador del campo. De acuerdo con Manuela Carneiro da Cunha, la “percepción de una política y de una conciencia histórica en las que los indios son sujetos y no solo víctimas solo es nueva eventualmente para nosotros. Para los indios, parece ser habitual”54. El reconocimiento de que los indígenas eran capaces de actuar y de dar respuestas a nuevas circunstancias nacidas con la colonización y de ocupar el lugar de agentes sociales y políticos en sus contextos históricos permitió que las investigaciones fueran más allá de la cuestión de la destrucción de los indígenas por el proceso colonial, pues abrió un abanico variado de discusión sobre sus agendas y estrategias en diferentes procesos de negociación, adaptación y transformación sociocultural55. Esas nuevas lecturas fueron posibles a partir del diálogo entre historia y antropología, que, cada vez más intenso, llevó a la complejización de algunos conceptos básicos para comprender de forma más amplia y compleja las relaciones de contacto entre los indígenas y las sociedades envolventes. Culturas e identidades entendidas como productos históricos56 que continuamente se transforman en las interacciones y experiencias de vida entre los pueblos nos permiten percibir cómo diferentes pueblos indígenas mezclados entre sí y con otros actores 53. 54. 55. 56.

Hoornaert, 2008: 57. Cunha, 1992a: 18. Almeida, 2003. Sobre este tema, ver: Thompson, 1981; Barth, 2000; Mintz, 2010; Hill, 1996.

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sociales y étnicos en aldeas, villas y ciudades coloniales no necesariamente dejaron de ser indios. En efecto, muchos se resocializaron, se evangelizaron, reelaboraron culturas e identidades y llegaron al siglo xix bastante transformados pero actuando políticamente en busca de mejores posibilidades de supervivencia, como muchas investigaciones lo están revelando57. La superación de la creencia de que los indios desaparecieron de la historia caminó a la par de otro movimiento historiográfico importante, representado por la publicación de guías y catálogos de fuentes para la historia indígena, como los organizados por John Monteiro, aun en la década de 1990 y, más recientemente, el dirigido por Juciene Ricarte Cardoso58. Con la publicación de los catálogos y la emergencia de nuevas investigaciones, se volvió claro que es válido para la historia de los indios en Brasil lo que Eric Hobsbawm escribió acerca de las fuentes que informan sobre la “historia de la gente común”59. O sea, en el difuso y variado universo documental existente, son el interés, las preguntas del investigador y la búsqueda de medios y metodologías para obtener respuestas los que permiten la identificación de las fuentes e información tanto en archivos y documentos ya conocidos e investigados como en nuevos acervos documentales. Sin embargo, hace muy poco tiempo que los historiadores han empezado a preguntarse cuál era el lugar y las expectativas de los indios en el proceso de independencia y de construcción de la sociedad nacional y, por ende, a investigar las fuentes para obtener respuestas. En líneas generales, la agenda indígena que aparece en las fuentes sobre la independencia y el siglo xix, analizada por diferentes investigadores, es una reñida lucha tanto de los pueblos autónomos como de los resocializados por la propia vida, por la de sus familias y la de sus sociedades o comunidades; una lucha por la libertad y, al fin y al cabo, por tierras donde pudieran vivir y, de preferencia, con la mayor autonomía posible, en una coyuntura marcada por guerras, conquista territorial e imposición de formas variadas de trabajo forzado. La cuestión de la libertad, por ejemplo, aparece como eje estructurante de la participación armada de los indios de Ceará en las luchas de

57. Almeida, 2007; Moreira, 2002; Silva, 1996. 58. Monteiro, 1994; Cardoso, 2016. Ver también Silva, 2017. 59. Hobsbawm, 1998: 220.

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independencia y, poco después, en los conflictos engendrados en la llamada Confederación del Ecuador, en 1824. Como argumentó João Paulo Peixoto Costa, lucharon, al principio, apoyando a las fuerzas reales contra los independentistas por creer que el monarca portugués era el más efectivo fiador de su libertad ante las élites locales, que demostraban tener poco aprecio y respeto por la libertad que les habían garantizado las leyes coloniales. Después, se juntaron a las tropas confederadas, luchando contra la centralización política de Río de Janeiro, encabezada por Don Pedro I, por interpretar que las tendencias autoritarias significaban, en aquella nueva coyuntura, el retorno de los proyectos de reesclavización de los indígenas60. La manutención u obtención de tierras es otro eje estructurante de la acción indígena de ese período y esta agenda aparece cuando se analiza más detalladamente la inserción de los indígenas en las rebeliones armadas del período, procurando identificar sus propias motivaciones al apoyar, de forma variada y alternativa, los diferentes partidos y facciones políticas enfrentados. Es lo que Mariana Dantas constata en su investigación sobre la presencia indígena en cuatro levantamientos armados que estallaron en Pernambuco: la Insurrección de 1817, la Confederación del Ecuador de 1824, la Guerra dos Cabanos (1832-1835) y la Insurrección Praieira de 1848 a 184961. Años después, los indígenas de Pernambuco lograron crear una nueva aldea, llamada Riacho, a contrapelo de la política oficial del Imperio, que, desde la promulgación de la Ley de Tierras de 1850, mantenía una sistemática política de erradicación de antiguas aldeas y tierras colectivas pertenecientes a los indígenas. Como lo observó Mariana Dantas, la aldea do Riacho era un desdoblamiento de la participación de los indígenas en las rebeliones del período y resultado de su protagonismo social y político62. Cabe recordar, como lo ponen de manifiesto esas investigaciones situadas, que los diferentes pueblos indígenas (aldeanos o no) del Brasil decimonónico no se pueden considerar bloques monolíticos que actuaban siempre en conformidad. A menudo cambiaban sus relaciones de alianza y enemistad entre sí y con los no indígenas, pudiendo, incluso, dividirse en facciones dentro

60. Costa, 2017; Costa, 2018. 61. Dantas, 2018. 62. Dantas, 2017; Dantas, 2018.

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de una misma aldea, apoyando, de forma intermitente, a los políticos regionales en disputa63. Algunos grupos indígenas también se mostraron muy rápidos y capaces de incorporar a su praxis social y política el vocabulario liberal, político y constitucional de la época y eso sugiere la necesidad de que la historiografía ampliara su aun tradicional manera de abordar la cuestión de la ciudadanía durante el siglo xix. A fin de cuentas, la ciudadanía es más que un estatus político jurídicamente establecido por la Constitución; es también una “práctica social”, como lo argumenta Marta Irurozqui64. De ese modo, no cabe seguir discutiendo si los indígenas eran o no considerados ciudadanos del Imperio, analizando exclusivamente textos legales o únicamente el punto de vista de las élites intelectuales y políticas, que, en su mayoría, no reconocía a los indígenas como ciudadanos ni tampoco como iguales, diseminando teorías y argumentos sobre su inferioridad moral, racial y civilizatoria. Los testimonios dejados por algunos grupos indígenas de las provincias de Río de Janeiro y Espírito Santo muestran, no obstante, que la ciudadanía fue un tema que también interesó a los indios65. En 1824, Don Pedro I promulgó la Constitución del Imperio y, en ella, los indígenas no se mencionan, hecho que la historiografía ha interpretado de diferentes modos. Naud, por ejemplo, considera que, no habiendo disposiciones específicas sobre los indígenas, ellos quedaban regidos por las leyes generales de Brasil66. Slemian y Sposito, al contrario, consideran que hubo una exclusión de los indígenas del pacto político de la independencia porque no fueron considerados ni ciudadanos ni brasileños67. La tendencia interpretativa más consolidada sigue los pasos de Moreira Neto y Cunha, que trazan una línea de continuidad entre la colonia y el Imperio en términos de leyes, métodos y prácticas indigenistas68. Más allá del debate en curso, el hecho es que Don Pedro I mandó que las leyes generales del Imperio se aplicaran a los indios de Itaguaí, en la provincia de Río de Janeiro, que, por ser “ciudadanos”, deberían 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Costa, 2018; Dantas, 2018; Almeida, 2003. Irurozqui, 2012. Moreira, 2010; Marinato, 2007. Naud, 1967: 238. Slemian, 2005; Sposito, 2012. Moreira Neto, 2005; Cunha, 1992a.

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pagar canon por las tierras que usaban. Al mismo tiempo, sancionó un reglamento específico para la reunión en aldeas y civilización de los indios botocudos de la provincia de Espírito Santo, entonces considerados “bravíos”, reproduciendo normativas y prácticas indigenistas que venían del período colonial69. De ese modo, aunque el horizonte y el deseo del régimen fuera la total y rápida asimilación de los indígenas, imponiéndoles las leyes y normas generales del Imperio, la práctica y la política indigenista del período tenía que lidiar con realidades muy diversas —la de los pueblos autónomos (indios bravíos/salvajes) y la de los pueblos resocializados (indios mansos/civilizados)—, lo que exigía flexibilidad y variedad de prácticas y de legislaciones. Cerca de dos años después del despacho de Don Pedro I, eran los propios indios de Itaguaí los que se apropiaban de la categoría de “ciudadanos” y reclamaban libertad y el fin de la explotación de su fuerza de trabajo bajo el régimen de tutela, ejercido entonces por el capitán mayor según las normas y conductas vigentes durante el régimen colonial70. De modo análogo, en Espírito Santo, en un documento firmado por varios indígenas fechado en 1830 y dirigido al gobernante de la provincia, se manifestaba el rechazo por el sistema de explotación de su fuerza de trabajo y se reivindicaba que se respetaran sus “derechos ofendidos”, ya que ellos tenían el “honor de autodenominarse = ciudadanos brasileños”71. Lo que ambos ejemplos muestran es que los indios interpretaban los hechos y las nuevas leyes a partir de sus propios problemas y lugares social y político. Entendieron, muy racionalmente, que, de acuerdo a la Constitución del Imperio, era improcedente querer imponerles el trabajo forzado, que, antes, en el antiguo sistema colonial, realizaban en la condición de indios cristianos y súbditos de la Corona portuguesa. Desde la perspectiva de las agendas y del protagonismo de los indígenas, la ciudadanía fue un proceso de lucha por la vida, la libertad y la tierra. Se trata, empero, de una historia compleja y polifacética que varió enormemente en las diferentes regiones y temporalidades, pues dependió de la profundidad y radicalidad de los conflictos en los que estaban involucrados; de las negociaciones y acuerdos que fueron

69. Moreira, 2010. 70. Moreira, 2010: 133-134. 71. Marinato, 2007: 15.

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capaces de lograr y establecer; de las alianzas que entablaron o no entablaron con otros sectores sociales; en fin, de la correlación de fuerzas en la que estaban involucrados. Así, vistos desde el ángulo de las nuevas investigaciones, los indígenas no estaban extintos en el momento de la independencia y de la formación de la sociedad nacional decimonónica, ni tampoco sometidos a irremediables estados de perplejidad y de anomia. A pesar de ello, es importante considerar que su participación en el proceso histórico caminó lado a lado con amenazas muy reales y contundentes de guerras, matanzas y crímenes variados, que, tomados en conjunto, volvían el exterminio y la extinción no solo una amenaza cotidiana, sino también un hecho consumado en varios lugares y circunstancias que afectaba a diferentes pueblos y grupos étnicos. La antesala de la independencia, representada por el gobierno joanino, fue sumamente violenta en lo que se refiere a los pueblos indígenas, especialmente con respecto a los pueblos autónomos que vivían en las regiones de expansión de la sociedad y de la economía colonial, que fueron objeto de varias guerras ofensivas (guerra justa). Aunque haya oficializado una práctica que nunca había dejado de ocurrir, la Carta Regia del 13 de mayo de 1808 acentuó significativamente el proceso de violencia contra los indígenas, pues mandó movilizar una guerra de exterminio contra los botocudos del río Doce y permitió el cautiverio de los sobrevivientes72. Se profundizó con la Carta Regia del 5 de noviembre de 1808, que autorizó la guerra ofensiva contra los indios en otro frente de expansión de la economía colonial: los campos de Curitiba y Guarapuava, donde vivían los kaingang73. Se perfeccionó con la Carta Regia del 2 de diciembre del mismo año, que autorizó la distribución de los territorios indígenas conquistados en el río Doce a los nuevos colonos74; y con la Carta Regia del 1º de abril de 1809, en la que el monarca sostenía que no formaba parte de sus principios religiosos y políticos “extirpar” a las “razas indígenas” para establecer la soberanía sobre los Campos de Guarapuava y territorios adyacentes, pero autorizó la continuidad de la guerra y del cautiverio 72. Carta Régia de 13 de maio de 1808 —Ao governador e capitão general da capitania de Minas Gerais— sobre a Guerra a os Índios. Botocudo, Cunha, 1992b: 57-60. 73. Carta Régia de 5 de novembro de 1808 sobre os Índios Botocudos, cultura e povoação dos campos geraes de Coritiba e Guarapuava, Cunha, 1992b: 62-64. 74. Carta Régia de 2 de dezembro de 1808 sobre a civilisação dos Indios, a sua educação religiosa, navegação dos rios e cultura dos terrenos, Cunha, 1992b: 66-69.

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por 15 años. También aclaró que, en el caso de los niños, el tiempo de cautiverio empezaba a contar a partir de los 12 años para las niñas y de los 15, para los varones75. Por último, la guerra se generalizó en todos los frentes de expansión de la economía de aquel período, al editarse la Carta Regia del 5 de setiembre de 1811, que versaba sobre la comunicación y el comercio entre Pará y Goiás, autorizando las mismas “gracias y privilegios” de la Carta Regia del 13 de mayo de 1808, o sea, matar y hacer cautivos, permitiendo el uso de la “fuerza armada” contra las naciones kanajá (karajá), apinajé, xavante, xerente y canoeiro76. La política indigenista del período joanino confirma la tesis de Mbembe de que “la expresión máxima de soberanía radica, en gran medida, en el poder y la capacidad de dictar quiénes pueden vivir y quiénes deben morir”77. Sin embargo, un mismo documento que autoriza la guerra y el cautiverio también permite la reunión en aldeas y, a pesar de que su gobierno fue esencialmente “anti-indígena”, como lo resaltó Moreira Neto78, también implantó algunas políticas favorables a los indígenas. De ese modo, la política indigenista joanina, si bien asumió la realización máxima del necro poder, que es el genocidio, también buscó medios de controlarlo y mitigarlo en las estructuras del Estado y de la sociedad, instituyendo formas de resocialización que permitieran no solo la continuidad de la vida de los indígenas, sino también su reproducción sociocultural por medio de procesos de territorialización, como las aldeas y los presidios militares. Las guerras joaninas generaron desdoblamientos y efectos duraderos en todos los lugares en los que ocurrieron. La historiografía es unánime en registrar la continuidad de un gran número de crímenes contra los indígenas, como matanzas, bandeiras, esclavizaciones ilegales, tráfico de mujeres y niños y otras modalidades de violencias en esas regiones79. Pero hay en Brasil una clara dificultad (si no directamente rechazo) en discutirse el genocidio indígena de forma más 75. Carta Régia de 1 de abril de 1809 aprova o plano de povoar os Campos de Garapuava e de Civilisar os índios barbaros que infesta ma que le território, Cunha, 1992b: 69-72. 76. Carta Régia de 5 de setembro de 1811 approva o plano de uma Sociedade de commercio entre as Capitanias de Goyas e Pará e concede isenções e privilégios em favor da mesma sociedade, Cunha, 1992b: 79-80. 77. Mbembe, 2020: 5. 78. Moreira Neto, 2005. 79. Entre otros, véanse Moreira, 2020; Leite, 2008; Dornelles, 2018; Mota, 2017.

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abierta, literalmente reprimiéndose el problema o relegándolo a algún tiempo o lugar del pasado lejano. En ese sentido, la “desaparición” de los indígenas se trata como una especie de mito o fábula en la que el tiempo, el lugar de los hechos y los personajes son imprecisos, aunque la moraleja de la historia sea más o menos la misma, apuntando a la desaparición de los pueblos nativos. La literatura indianista del siglo xix situó el problema del exterminio sobre todo en el comienzo de la colonización. Además, en su principal vertiente, representada por la obra alencariana, creó una convincente narrativa de que los indígenas, especialmente los diferentes pueblos tupíes voluntariamente se sacrificaron por los portugueses en el proceso de colonización80, disponiéndose a matar pueblos enemigos y también a sus propios parientes para defender a los portugueses. Por el hecho de buscar adornar y justificar diferentes modalidades de horror y violencia, Antônio Paulo Graça definió el indianismo como una “poética del genocidio”, demostrando que la narrativa indianista generalmente pone en la cuenta de los indígenas buena parte de la responsabilidad de su propia destrucción y desaparición, siendo, además, muy hábil en instituir la superioridad moral del blanco (o sea, de Occidente) con relación a los indígenas81. La narrativa de José de Alencar informa, por ejemplo, que Iracema traicionó a su grupo y se dispuso a asesinar a su propio hermano para que su amado Martim no se ensuciara las manos con la sangre de su familia: Martim posó en el rostro de la virgen ojos de horror: —¿Iracema matará a su hermano? —Iracema prefiere que la sangre de Caubi tiña su mano que la tuya: porque los ojos de Iracema te ven a ti, no a ella82.

Como lo señaló Graça, el amor romántico no lo justifica todo en la obra de José de Alencar, pues, si así fuera, Martim no miraría a Iracema con “ojos de horror”83. En la misma época, las teorías racistas, que se difundían y popularizaban entre la élite política e intelectual del país, también pusieron sobre los hombros de los indígenas la respon80. 81. 82. 83.

Bosi, 1992. Graça, 1998. Graça, 1998: 49. Graça, 1998: 47.

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sabilidad por su extinción. Un buen ejemplo es la narrativa de Teófilo Otoni, que, con riqueza de detalles, dio varios testimonios sobre las violentas bandeiras de exterminio realizadas contra diferentes grupos borum (botocudos), dejando registros también sobre trabajo forzado y el tráfico de mujeres y de niños que estaban ocurriendo en las provincias de Minas Gerais, Espírito Santo y partes de Bahía84. Otoni conocía bien la región y los grupos indígenas que allí residían porque, desde 1847, había adquirido una concesión del gobierno de Minas Gerais para fundar la Companhia de Navegação e Comércio do Vale do Mucuri85, que actuaba también en el área de la colonización. Su narrativa fue publicada por primera vez en 1859, en la Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (RIHGB). Era una larga carta escrita a Joaquim Manuel de Macedo —poeta, novelista romántico y miembro del IHGB—, quien le había solicitado personalmente la empresa de escribir sobre los indígenas ribereños de los ríos Mucuri, Jequitinhonha, São Mateus y Doce. Para Otoni, los botocudos no eran los descendientes decimonónicos de los legendarios aimorés, encontrados y descritos por los cronistas de los siglos xvi y xvii, como lo sostenían nombres de peso de la época, como el ya citado Carl Friedrich Philipp Von Martius y el historiador Robert Southey86. De acuerdo con Otoni, la “inteligencia varonil” de los aimorés era incongruente con la “barbaridad”, “estupidez” e “ineptitud para civilizarse” de los botocudos que él había conocido y observado87. La convicción de Otoni de que los botocudos eran incapaces de civilizarse se amparaba en la ciencia racista de la época, que atribuyó a ese pueblo el título de mejor prototipo del llamado indio bravío de Brasil del siglo xix. Los cráneos y cuerpos de estos indios fueron medidos, dibujados y fotografiados por la ciencia racista de la época88. En su narrativa, la aniquilación de los botocudos es presentada como una colección de casos aislados e inevitables debido a la ausencia de perfectibilidad de los indígenas frente al proceso de desarrollo de la época. Además, Otoni fue totalmente condescendiente con los blancos involucrados en actos de atrocidad contra los indígenas, pues aquellos 84. 85. 86. 87. 88.

Moreira, 2020. Duarte, 2002: 13. Emmerich y Monserrat, 1975: 8. Otoni, 2002: 60. Morel, 2018.

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son presentados como un puñado de militares, soldados y habitantes locales que no eran personas verdaderamente malas si se las situaba en otras circunstancias sociales. Este era el caso de un militar, cuyo nombre se rehusó a revelar para no ofender a su numerosa familia. Al fin y al cabo, el hombre ya tenía “canas” y era una “persona estimable en otros aspectos”. Esto no le impidió al militar en cuestión llegar a la ciudad de São Mateus con el “asqueroso despojo de 300 orejas” de indígenas para comprobar la matanza perpetrada89. En todas las regiones del Imperio, especialmente donde ocurrieron las guerras joaninas, el genocidio indígena se perpetuó, incluso en el siglo xx. Además, las diferentes modalidades de violencia practicadas contra los indios crearon un foso en la conciencia histórica de indígenas y no indígenas, como lo demuestra el caso estudiado por Grazieli Eurich, que exploró memorias de indígenas kaingang y de habitantes regionales sobre un conflicto ocurrido en 1923 en la villa de Pitanga, en el estado de Paraná, que resultó en la muerte de tres colonos alemanes y en la masacre de más de 80 indígenas90. Como lo explica el intelectual indígena Ailton Krenak, para los indios, la guerra nunca terminó: “La tradición oral, que llegó hasta mi generación, dice que la guerra nunca cesó. Solo disminuyó porque uno de los lados no tenía más contingente para combatir. Pero los ‘botocudos’ siguieron siendo desangrados como gallinas a lo largo de todo el siglo xx”91. Consideraciones finales Historias, memorias e identidades de los pueblos indígenas en Brasil fueron, a lo largo del tiempo, silenciadas por la historiografía brasileña con significativo refuerzo de la literatura, de las artes plásticas y de los discursos políticos e intelectuales de los siglos xix y xx. Las intensas y variadas participaciones de los diferentes pueblos, tanto aldeanos como autónomos, que actuaban y reaccionaban a las propuestas políticas dirigidas a ellos, a pesar de ampliamente documentadas en los más diversos registros históricos, no despertaban la atención de los historiadores, que, hasta muy recientemente, desconsideraban su 89. Otoni, 2002: 48. 90. Eurich, 2019. 91. Krenak, 2009: 197.

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presencia e intervención en los procesos de emancipación política y formación del Estado brasileño. En este capítulo, hemos puesto de manifiesto la falacia implicada en esas ideas a partir de investigaciones recientes, que, adoptando una perspectiva interdisciplinaria, han demostrado cómo los diversos pueblos indígenas en Brasil actuaron en la condición de sujetos históricos. Interactuaban social y políticamente con los más diversos agentes sociales en busca de mejores posibilidades de supervivencia que pasaban, sobre todo, por la garantía de sus tierras colectivas y del derecho a la libertad, aun cuando fuera bastante precaria dados los límites impuestos por las leyes y realidades socioeconómicas y políticas de la sociedad decimonónica. Si, por mucho tiempo se creyó que ellos actuaban como carne de cañón de políticos conservadores o liberales, esas ideas ya no se sostienen. Estudios situados sobre pueblos, espacios y tiempos definidos ponen de manifiesto cómo las acciones y luchas de los pueblos indígenas eran motivadas por intereses propios que continuamente se modificaban en la dinámica de sus interacciones. El siglo xix fue un período particularmente violento para los pueblos indígenas. Además de la inmensa mortalidad, sumamente acentuada por las guerras justas oficializadas por la política joanina, ese siglo fue, por excelencia, el de la desaparición de un sinfín de pueblos que, todavía muy vivos y actuando en diferentes regiones del Imperio, fueron declarados extintos, mezclados y civilizados en los discursos de políticos e intelectuales que adherían a la política indigenista del Imperio, que pretendía asimilarlos. Al valorizar a los indios del pasado e ignorar la presencia de los varios pueblos coevos, que, vivos y actuando en los sertões, villas y ciudades, imponían desafíos al Estado imperial, la historiografía, que se construía en ese momento, contribuyó bastante a invisibilizar la presencia y actuación indígena en la historia brasileña y en la memoria nacional. Se trató, así, de una doble violencia contra los pueblos indígenas, pues, mientras la historia realidad les trajo guerras, esclavizaciones, enfermedades, trabajos forzados, usurpación de tierras, etc.; la historia disciplina les retiró la condición de sujetos históricos. Fue, en efecto, un “historicidio”, en las palabras de Hill, con efectos avasalladores sobre la autoestima de los pueblos92. 92. Cunha, 1992; Hill, 1996.

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En nuestros días, aunque aun lentamente, asistimos a un movimiento inverso que tiende a valorizar la presencia y la actuación indígena en la historia de Brasil. Además de investigadores no indígenas, ese movimiento ha tenido como protagonistas también a los propios pueblos originarios, que, cada vez más presentes en las universidades, escriben sus propias historias y memorias. De esa forma, contribuyen a deconstruir ideas prejuiciosas y equivocadas sobre ellos, por tanto, tiempo predominante en el imaginario de la población brasileña, y estimulan nuevas revisiones historiográficas. Como lo recordó acertadamente John Monteiro, se deberán reescribir páginas enteras de la historia de Brasil cuando se tenga en cuenta la actuación de los pueblos indígenas como sujetos históricos93. Bibliografía Abreu, Capistrano de. 1976. Capítulos da História da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Almeida, Maria Regina Celestino. 2003. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. — 2007. “Política Indigenista e Etnicidade: estratégias indígenas no processo de extinção das aldeias do Rio de Janeiro-século xix”. Anuario del IEHS, Suplemento 1, 219-233. Tandil: IEHS. — 2012. “Os índios na História do Brasil no século xix: da invisibilidade ao protagonismo”. História Hoje, vol. 1, n.º 2, 21-39. São Paulo: Associação Nacional de História. Barth, Frederick. 1992. “Um Mito Sacrificial: o indianismo de Alencar”. En Alfredo Bosi, Dialética Da Colonização, 176-193. São Paulo: Companhia das Letras. — 2000. “Os Grupos Étnicos e suas Fronteiras”. En Frederick Bartht [Tomke Lask organizador], O Guru, o iniciador e outras variações antropológicas, 25-67. Rio de Janeiro: Contra Capa. Bosi, Alfredo. 1992. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras. Cardoso, Juciene Ricarte. 2016. Catálogo geral dos manuscritos avulsos e em códices referentes à história indígena no Brasil

93. Monteiro, 1995.

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existentes no Arquivo Histórico Ultramarino. Campina Grande: Eduepb. Carvalho, José Murilo de (org.). 2007. Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Carvalho, José Murilo de y Lúcia Maria B. P. Neves (orgs.). 2009. Repensando o Brasil do Oitocentos. Cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Costa, João Paulo Peixoto. 2017. “Os índios do Ceará na Confederação do Equador”. Revista Brasileira de História, vol. 37, n.º 75, 145-167. São Paulo: Associação Nacional de História. — 2018. Na lei e na guerra. Teresina: EDUFPI. Coutinho, Afrânio. 2002. A literatura no Brasil. Era romântica. São Paulo: Global (6ª ed.). Cunha, Manuela Carneiro da (org.). 1992a. História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras (2ª ed.). — 1992b. Legislação indigenista no século xix. Uma compilação (18081889). São Paulo: Edusp. Dantas, Mariana Albuquerque. 2017. “Do aldeamento do Riacho do Mato à Colônia Socorro: defesa de terras e aprendizado político dos indígenas de Pernambuco (1860-1880)”. Revista Brasileira de História, vol. 37, n.º 75, 81-102. São Paulo: Associação Nacional de História. — 2018. Dimensões da participação política. Estado nacional e revoltas em Pernambuco e Alagoas, 1817-1848. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. Dias, Maria Odila da Silva. 1972. “A interiorização da metrópole (1808-1853)”. En Carlos Guilherme Mota (org.), 1822: Dimensões, 160-184. São Paulo: Perspectiva. Dornelles, Soraia Sales. 2018. “Trabalho compulsório e escravidão indígena no Brasil imperial: reflexões a partir da provincial paulista”. Revista Brasileira de História, vol. 38, n° 79, 87-108. São Paulo: Associação Nacional de História. Duarte, Regina Horta Duarte (org.). 2002. Notícias sobre os selvagens do Mucuri. Belo Horizonte: UFMG. Emmerich, Charlotte y Ruth Monserrat. 1975. “Sobre os aimorés, krens e botocudos. Notas linguísticas”. Boletim do Museu do Índio. Antropologia, n.º 3, 5-42. Rio de Janeiro: Fundação Nacional do Índio. Eurich, Grazieli. 2019. “A fé que move os indígenas: o monge São João Maria e os ‘ecos’ do Contestado naluta Kaingang pela terra

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Territorio, autogobierno y democracia: reformulaciones conceptuales de la “cuestión provincial” en el siglo xix chileno1 Gabriel Cid Instituto de Historia, Universidad San Sebastián, Chile

Introducción: democracia, autogobierno y territorio en el debate historiográfico Es un tópico recurrente en la literatura histórica chilena insistir en el peso irrecusable de la tradición centralista del país, un hecho consolidado institucionalmente tras la sanción de la Constitución de 1833. La persistencia de ese lugar común ha implicado que el problema historiográfico del regionalismo y el federalismo en el siglo xix, en tanto proyectos que cuestionaron esta narrativa, hayan sido relegados o bien a un plano anecdótico, a la obsesión de un personaje, en síntesis, como una anomalía propia de un momento de volatilidad política como la década de 1820, consignada tradicionalmente bajo el rótulo de “anarquía”2. En otros términos, el relato centralista terminó naturalizándose en la historiografía, transformando lo que fue un proceso abierto, tensionado, contingente y sujeto al reacomodo de intereses económicos y políticos concretos, en destino inexorable. Afortunadamente, los trabajos de la nueva historia política relativos al proceso de independencia en el caso chileno han contribuido no solo a desestimar dichos prejuicios —fundados en el desconocimiento

1. Esta investigación se realizó en el marco del proyecto FONDECYT Iniciación 11160298. 2. Etchepare, 1996.

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de las realidades locales—, sino a enriquecer la discusión mediante la reconstrucción del problema provincial en tiempos de las revoluciones hispánicas desde la historia política de lo regional o, como sugiere un autor, desde un “enfoque provincial de la organización del Estado”3. Dialogando con estos trabajos, aunque desde una perspectiva de historia intelectual y conceptual, este artículo busca no solo remarcar la importancia del problema provincial en tiempos de la independencia, sino también su pervivencia a lo largo del siglo xix. Porque el problema fue persistente, así como significativa la capacidad de los actores locales y regionales por actualizar los discursos políticos con los cuales impugnaron el proceso de centralización del poder. Frente a la noción de que la derrota del proyecto federal hacia 1833 habría significado su erradicación del concepto en el debate público chileno, este trabajo indaga en el proceso de reformulación de los lenguajes políticos con los cuales se expresa el debate en torno al rol de las provincias en la formación estatal, las razones políticas que movilizan dichos discursos, así como los marcos de comprensión territorial sobre los cuales se asientan dichas reflexiones. Así, en estas páginas busco dar cuenta de la conflictiva y cambiante relación entre territorio y democracia que puede descubrirse en el debate público del siglo xix, un problema instalado desde los inicios dada la reasunción de la soberanía por las comunidades locales, es decir, por los “pueblos” y cabildos. Dicha relación, subrayada por la literatura contemporánea por la relevancia del autogobierno para la vitalidad de las instituciones democráticas4, tiene raíces históricas mucho más profundas de lo que la bibliografía para el caso chileno ha examinado, en especial porque en estos prevalece una perspectiva temporal reciente donde el pasado se utiliza, en el mejor de los casos, como un antecedente5. Este trabajo se propone reconstituir el espesor histórico de esa discusión en el siglo xix, primero mediante una perspectiva de larga duración que sobrepase la década de 1820 —o la figura de José Manuel Infante— perspectivas que tradicionalmente han monopolizado la discusión, y que terminan no solamente distorsionando el problema, 3. 4. 5.

Cartes, 2010 y 2014; Aravena, 2017; López, 2016; Zúñiga, 2018. La expresión en el reciente trabajo colectivo de Cartes, 2020: 36. Grindle, 2007. Montecinos, 2005.

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sino que también lo invisibilizan, al relegarlo solamente a un momento circunstancial del siglo6, como si las discusiones sobre la viabilidad del federalismo se hubiesen agotado tras 1833. Del mismo modo, utilizando herramientas de la historia intelectual me enfocaré en los cruces y tensiones políticas entre las categorías de territorio, autogobierno y democracia presentes tanto en los debates parlamentarios, ensayos, panfletos y, sobre todo, prensa provincial del período, una fuente inestimable para reconstruir los discursos emanados desde la periferia del Estado-nacional. De este modo, se podrán evaluar las controversias en torno a los usos y alcances de estas categorías en la discusión política, y rastrear la dimensión intelectual de este fenómeno, aspecto muchas veces ignorado en la discusión historiográfica mucho más interesada en los aspectos institucionales7. Las herramientas analíticas de la historia conceptual, por otro lado, nos permiten revisitar y cuestionar algunas interpretaciones existentes sobre las relaciones conceptuales exploradas en este trabajo. En efecto, el vínculo entre autogobierno territorial y democracia ha sido explorado por la denominada “nueva historia social”8, haciendo notorio un problema político hasta entonces periférico en la tradición historiográfica local. Con todo, el presentismo inherente en tales perspectivas, les impide ponderar adecuadamente la semántica y los usos que los actores le daban al concepto democracia —concepto que tanto Illanes como Salazar conciben de manera excesivamente normativa, sin atención a la semántica histórica—, y les dificulta comprender las reformulaciones del problema a lo largo del siglo, entendiéndolo de manera lineal, no percatándose de los giros discursivos e ideológicos de la discusión, como si siempre remitiera a los mismos actores, los mismos territorios y los mismos lenguajes políticos. Desde la retroversión de la soberanía a los “pueblos” que acompañó el proceso del quiebre de la monarquía hispánica en la década de 1810 en Chile, hasta la expansión territorial del Estado en la década de 1880 —que implicó casi cuadruplicar su extensión original—, se puede constatar que, a la par del proceso de centralización territorial que caracterizó la experiencia chilena respecto al escenario continen-

6. 7. 8.

Delgado, 2014; Escobar, 2009. Saldaña, 2010. Illanes, 2003; Salazar, 2005.

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tal, también es necesario visibilizar aquellas propuestas que, parapetadas frente a este proceso, defendieron la autonomía de las regiones históricas de Chile. Este proceso, que en ocasiones desembocó en guerras civiles, también implicó un activo trabajo intelectual de actualización de los lenguajes políticos que permitieran resguardar espacios de soberanía y autonomía territorial, transitando desde el lenguaje tradicional de los “pueblos” hacia el discurso más moderno del “autogobierno” como materialización de la democracia representativa liberal. En términos de ordenamiento de este argumento, el trabajo indaga en tres momentos históricos que poseen especificidades en torno a la articulación de este problema. En una primera parte, analizo el problema de la retroversión de la soberanía a los pueblos, las discusiones en torno a la representación de las provincias y el auge y caída del federalismo. En un segundo momento, examino el proceso de consolidación del régimen centralista en el país con la dictación de la Ley de Régimen Interior del Estado (1844) y la Ley Orgánica de Municipalidades (1854), y las respuestas y críticas que estas suscitaron, especialmente desde los sectores provinciales, cuestionamientos que desembocaron en la guerra civil de 1859. Finalmente, indago en la reflexión posterior al conflicto armado, en discusiones que recuperan la relevancia del diseño institucional del federalismo para el funcionamiento de una democracia representativa moderna, en una actualización del concepto, proceso tributario del arribo del discurso positivista en la década de 1870. El lenguaje de los ‘pueblos’: auge y ocaso, 1808-1833 La singularidad de la crisis monárquica iniciada en Bayona en 1808 dotó al problema territorial tanto de una importancia como de una complejidad impensada décadas antes, pues implicó que estructuras político-territoriales idealmente pensadas en el siglo xviii para gestionar el poder monárquico devinieran en focos de poder soberano. En efecto, aunque la implementación del régimen de intendencias y la política de fundación de ciudades buscaba afianzar el control del territorio y centralizar la administración9, en cierto sentido tuvo un efecto 9.

Cobos, 1978; Lorenzo y Urbina, 1978.

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paradójico en el momento de la crisis monárquica, pues el proceso de fragmentación territorial de la soberanía descansó sobre ellas10. La vacatio regis dio lugar a lo que Chust llama la eclosión juntera del mundo hispánico11. Dicho proceso impactó las dinámicas de las villas, cabildos y provincias, cuyo primer intento de recomposición del orden territorial tuvo como propósito la articulación de estas soberanías fragmentadas en torno a tres referentes territoriales mayores, las regiones históricas identificables durante la independencia: la zona minera y árida de Coquimbo en el norte del país; la capital, Santiago, en el centro; y Concepción en la frontera sur del, como núcleo agropecuario y bastión militar del Reino de Chile. La reasunción de la soberanía por los pueblos operada en septiembre de 1810 permitió establecer provisionalmente un gobierno autónomo en tanto durase la vacatio regis. La justificación del proceso en clave pactista, que enfatizaba el carácter compuesto de la monarquía, así como la igualdad de sus partes integrantes, había permitido defender para el caso americano la implementación de juntas a semejanza de lo que había ocurrido en la península. No obstante, el lenguaje político pactista no quedó circunscrito a la relación entre América y España, pues una vez que el juntismo resolvió tentativamente el problema del lugar legítimo de la soberanía, este reapareció en la dimensión doméstica de cada reino. El problema de la soberanía se criollizó. En efecto, puesto que el titular de la soberanía reasumida era plural —los “pueblos”—12 el desafío inmediato que se perfiló en el horizonte fue como representar adecuadamente esta pluralidad de soberanías territoriales que se imaginaban a sí mismas como iguales en derechos y prerrogativas. La fragmentación territorial de la soberanía multiplicó súbitamente el número de focos de poder soberano. De ahí que la formación de las juntas como depositarias de dicho poder fuese solo una solución provisoria, pues provocó casi de inmediato una dinámica de tensiones políticas entre las distintas ciudades del Reino, ocasionando un pro10. Alemparte, 1966. 11. Chust, 2007. 12. El concepto “pueblos” remitía en la discusión del período a una conceptualización plural, local y territorial de la soberanía —encarnada en los cabildos, ayuntamientos y provincias— en contraposición a versiones monistas, desterritorializadas y abstractas de la soberanía.

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gresivo resquebrajamiento de los vínculos verticales y jerárquicos que habían existido entre las ciudades por medio de una extensa fragmentación horizontal de las soberanías locales. De este modo, la construcción de la representación operaría así como un proceso agregativo de soberanías territoriales imaginadas a sí mismas como equivalentes13. Este problema se vio reflejado prontamente en la convocatoria para el Congreso Nacional de diciembre de 1810, que debió lidiar con los reclamos en torno a la proporcionalidad de la representación de las provincias y la hegemonía política de Santiago en dicha instancia, escenario en el cual, como señaló el diputado Manuel de Salas, los pueblos quedarían “sujetos al capricho de la capital y reducidos a una inferioridad degradante”14. El inicio de las tensiones entre Concepción y Santiago durante aquellos años —que llevaron a la representación penquista a retirarse del Congreso Nacional, formar en 1811 una junta provincial autónoma y, a inicios de 1812, incluso a movilizar tropas para un eventual enfrentamiento— descansó sobre el problema de la representación igualitaria, dilema que fue extremado en la medida que dicha condición equitativa no se circunscribió al ámbito del Congreso. El mismo ejecutivo debía ser tripartito para representar adecuadamente las soberanías territoriales del Reino: Coquimbo, Santiago y Concepción. Como señala Armando Cartes15, la lógica del “triunvirato” era planteada como la solución representativa a un país “tricéntrico”. Así, durante el período conocido historiográficamente como “Patria Vieja” (1810-1814), uno de los problemas políticos internos clave fue el intento de acordar una representación que diese cuenta de la pluralidad de soberanías en disputa, cuyo caso más visible fue la pugna entre Concepción y Santiago, que de hecho estuvieron a punto de dirimir las diferencias por las armas. El problema de la articulación de un régimen representativo adecuado para las aspiraciones provinciales y que institucionalizase el imaginario igualitario que estaba en la base de estas reapareció tras la declaración de la independencia en 1818, ahora en el marco de la construcción político-legal en el nuevo Estado chileno. Aunque la guerra contra los españoles contuvo por algún tiempo el debate, la caída de O’Higgins en

13. Chiaramonte, 2004. 14. Salas, 1910-1914, II: 233. 15. Cartes, 2014: 248-250.

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1823 reactivó la discusión sobre el lugar de las regiones en la institucionalidad —en buena medida porque los actores colectivos que provocaron su caída fueron tanto Concepción como Coquimbo—, pero con un lenguaje político significativamente diferente al de la primera etapa, pues la discusión se asentó en el clivaje federalismo y unidad. En particular, en este capítulo, más que examinar los intensos debates a propósito de la viabilidad del modelo federal en Chile16, me interesa indagar en cómo el discurso político emanado desde las regiones defendió el empoderamiento de sus territorios, especialmente en 1825, cuando tanto Concepción como Coquimbo retiraron su representación en el Congreso y establecieron asambleas provinciales en su territorio, autónomas de facto del poder central y en un escenario de vacancia constitucional. La aspiración federalista en ese escenario adquiría una potencia inesperada. El nuevo dilema abierto por la reasunción de la soberanía en las provincias se relacionó con la resistencia de las provincias a formar el nuevo Congreso para dictar una nueva constitución. La Asamblea penquista reparó en la hegemonía que tendría Santiago en esta nueva instancia, de seguirse las directrices de su convocatoria: “Concepción no quiere dar la ley, pero no quiere tampoco que se la de un pueblo semejante e igual en derechos”17. En un mismo tono, la Asamblea de Coquimbo, basando su argumentación en la “inviolable igualdad” de las provincias, rechazó su participación en la instancia legislativa pues no estaban dadas las condiciones que asegurasen esa equidad, señalando: “Preferiremos cualquier estado de existencia política a la ignominiosa degradación de vernos esclavos del insano capricho de ese odioso nombre de capital”18. Estas discusiones se asentaban en la dificultad para establecer una representación provincial que reflejase la igualdad de las provincias —reclamo justificado en clave iusnaturalista— y que garantizase un equilibrio entre las mismas. Dicho equilibrio solo podía concretarse, como lo propuso la Asamblea de Concepción, con el reemplazo del Congreso por “un Senado Legislativo compuesto de nueve individuos nombrados tres por cada departamento; Santiago, Concepción y Coquimbo”, que elabo-

16. Cid, 2019: 150-183. 17. Letelier, 1887-1908, XI: 316-317. 18. Letelier, 1887-1908, XI: 320.

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raría la Constitución, que sería ratificada por las asambleas provinciales19. La respuesta de la Junta Gubernativa (solo compuesta por la provincia de Santiago), refleja un aspecto central para comprender los choques entre las provincias, y que remite a una disímil comprensión de la representación. En efecto, la representación, en la lógica penquista y coquimbana debía pensarse como el reflejo de la igualdad consustancial de las provincias, con independencia de su población y riqueza. El pacto social se pensaba como la suma de estas soberanías provinciales, equivalentes entre sí, de ahí que la representación nacional, para ser legítima, debía corresponder a esta igualdad de derechos. Por el contrario, la Junta Gubernativa conceptualizaba la representación en una proporcionalidad derivada de criterios demográficos. La soberanía se entendía en clave nacional, como un agregado de individuos. Por esto, para ser legítima, la representación no podía fundarse bajo criterios de igualdades territoriales sino en términos de sus poblaciones, como le recordó la Asamblea de Santiago a su símil de Concepción20. En medio de este escenario, la expedición del general Ramón Freire a Chiloé abrió un contexto de oportunidad para que el consejo directivo en el cual delegó el poder en su ausencia, liderado por José Miguel Infante, institucionalizase el federalismo de facto de aquel momento. Las sesiones del congreso constituyente de 1826 son un fiel reflejo de la intensidad del debate, especialmente del discurso anticentralista que lo movilizó. Para sus defensores, el federalismo era el único régimen que aseguraría la justicia distributiva de los ingresos generados por las provincias21. Infante, 19. Letelier, 1887-1908, XI: 267. 20. Letelier, 1887-1908, XI: 318. 21. El factor económico en el debate federalista de mediados de la década de 1820 fue clave tanto para justificar la implementación del régimen federal como para desecharlo debido a lo oneroso que sería el autogobierno para las provincias del sur, cuyas economías se encontraban deterioradas al ser el teatro de operaciones de la guerra de independencia. Así, en noviembre de 1826 la Asamblea Provincial de Valdivia renegó del federalismo porque el “estado indigente” de sus recursos le impedía sostener la administración de su territorio. “Si el sistema federal había de obligar a que cada provincia subsistiese con sus fondos, siendo estos ninguno en Valdivia, claro está que sus habitantes pronto se verían envueltos en la ruina”, afirmaba. Unas semanas después, la Asamblea Provincial de Concepción llegaba a la misma conclusión. Era inviable que las provincias “en medio de sus miserias y después de las calamidades de una guerra asoladora, tengan que crear fondos provinciales, cargándose de pechos que no pueden sufrir, porque se hallan en el estado de nulidad de sus recursos”. Los oficios se reproducen en Letelier, 1887-1908, XIII: 352-355.

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por ejemplo, afirmaría que “el sistema unitario” negaba a las provincias sus derechos fundamentales, “y las condenaba a sufrir el gravamen de tener que ocurrir necesariamente a la capital”22. Sin la federación, afirmaba el diputado por Coquimbo Juan Fariñas, las provincias continuarían siendo “pequeños arroyos” que alimentaban el poderío de la capital, acaparando todos los recursos mientras las provincias eran “hijos bastardos de la familia chilena”23. La paradoja de la sanción del proyecto federal de 1826 fue la pronta desafección de la que fue objeto, incluso en las mismas provincias que fomentaron su aprobación. Tanto Concepción como Valdivia invocaron dificultades de tipo económico para su implementación. Básicamente Coquimbo se mantuvo como defensor del federalismo, aunque no por mucho tiempo. Hacia 1827 era evidente la situación de crisis política, de modo que Freire decretó la suspensión del reglamento provisorio que regía en la administración provincial y disolvió el congreso constituyente. Durante ese momento se discutieron diversas fórmulas transaccionales entre federalismo y unitarismo. Una particularmente interesante, y que no ha sido lo suficientemente examinada por la historiografía, fue la idea de reenfocar el problema desde las prerrogativas de las provincias a las atribuciones de los municipios. La propuesta pionera en esta dirección fue planteada en las páginas de La Estrella de Chile, cuando se opusieron a la Asamblea de Concepción y su rechazo al federalismo por su inviabilidad. Según expusieron los editores, sí había un modo de otorgar atribuciones a los pueblos que difería del federalismo, y era centrarse en los municipios. Era lo que el medio llamó “federación municipal”24. En una línea similar estuvo Melchor José Ramos en su defensa de lo que denominó “federalismo municipal”. Según la visión del editor del Cometa, tanto el centralismo como el federalismo presentaban problemas insalvables. El primero, porque si bien aseguraba estabilidad, “a vuelta de poco tiempo de establecido degenera en el más temible de cuantos [regímenes] se conocen, el oligárquico”; el segundo, por cierto, por su tradicional vinculación con el desgobierno y la anarquía. Frente a ese dilema, lo conveniente

22. Letelier, 1887-1908, XII: 90-91. 23. Letelier, 1887-1908, XII: 106 24. La Estrella de Chile, Santiago de Chile 14/10/1826.

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“es adoptar un término medio”, el “federalismo municipal”, definido como “aquella en que subordinadas las autoridades provinciales en todo lo que diga relación a negocios gubernativos, se les permite no obstante obrar por sí en todo aquello que conceptúen útil a la felicidad de su provincia”25. Pese a las apariencias, la noción de “federalismo municipal” no buscaba reivindicar el lenguaje de los “pueblos” y a los cabildos como encarnación de una soberanía territorialmente plural. Por el contrario, el concepto, tributario de las reflexiones que Benjamín Constant elaboró en su Curso de política constitucional, suponía una visión abstracta de la soberanía y perseguía, mediante un ejercicio de ingeniería política, neutralizar, con el apoyo del poder municipal, tanto al regionalismo como al centralismo como fuerzas disruptivas en la organización estatal26. El congreso constituyente de 1828 intentó mediar entre las posturas unitarias y federalistas, ensayando una manera de conciliar los extremos. Es sintomática de esto la propuesta que la Comisión de Constitución presentó al congreso en marzo de 1828, afirmando que el proyecto debía redactarse “sobre la base popular representativa republicana”, dado que esta fórmula “concilia las opiniones y las ventajas de las diferentes formas, sin los inconvenientes que ellas presentan en nuestro actual estado político, tomadas cada una rigurosamente”27. De esta forma, la carta de 1828 estableció una especie de término medio entre las ambiciones federalistas con las aspiraciones centralistas, al inclinarse por el centralismo, pero institucionalizando a las asambleas provinciales como concesión al federalismo. En este sentido, pocos comentarios fueron más asertivos sobre la intencionalidad de la carta de 1828 que el que expresó El Mercurio en agosto: “Ella no es federal en toda la extensión de la palabra, pero está confirmada en un medio que concilie al unitario con aquel”28. Paradójicamente, lo que fue la gran virtud política de la carta de 1828 fue también su gran debilidad, al ganarse la oposición tanto de los centralistas como de federalistas. La guerra civil de 1829 implicó la derrota política del federalismo y del liberalismo pipiolo liderado por las figuras de Ramón Freire y Francisco Antonio Pinto, y el ascenso 25. 26. 27. 28.

El Cometa, Santiago de Chile 16/5/1827. Cid, 2019: 180-181. Letelier, 1887-1908, XV: 299-300. Mercurio de Valparaíso, Valparaíso 13/8/1828.

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al poder de sectores autoritarios y centralistas, que pronto señalaron la necesidad de emprender un radical proceso de reforma constitucional29. Las deliberaciones que confluyeron en la sanción del código fundamental de 1833 insistieron en que uno de los elementos que de manera más urgente requería modificaciones eran las atribuciones que se había delegado en las provincias. El mecanismo consensual ensayado por los constituyentes de 1828, al prescindir de la adjetivación federal o unitaria de la república fue prontamente impugnada por los constituyentes de 1831, al afirmar en su memoria crítica de dicha carta que esta “no expresa si es unitaria o federal; así es que, abundando en la segunda, no adopta las garantías respectivas que, por otra parte, resiste la constitución natural misma del país; de lo que necesariamente ha resultado la desorganización que nos redujo a la guerra civil”30. El debate periodístico sobre este punto intentó en su mayoría apoyar el diagnóstico de la nueva coalición gobernante. El lenguaje político defendido por los medios afines al gobierno insistía en que las instituciones debían adaptarse a las necesidades, dentro de las cuales mantener el orden, como precondición para el goce efectivo de la libertad, resultaba ser la prioridad de la nueva coalición dirigente. Para cumplir estos propósitos, y desengañados de la experiencia nacional y continental, El Araucano aseguraba haberse “demostrado tiempo hace que el central es el más convenientes para Chile porque solo bajo esa forma puede asegurarse la tranquilidad de la república entera”, agregando “ya sobre esto no hay cuestión; ya todos los partidarios de buena fe de ese ruinoso sistema de dividir la república en trozos para reunirlos después por medio de unas zurciduras tan débiles como perjudiciales”, que era lo que proponía el federalismo31. Desde la nortina ciudad de La Serena esta visión fue apoyada, centrando sus críticas en la ineficacia de las Asambleas provinciales y la necesidad de eliminarlas, por tratarse de un ejercicio de contemporización con el federalismo. Por eso la permanencia de las asambleas provinciales resultaba “una verdadera irrisión” en un diseño que no era ni federal ni centralista. De ahí que “las asambleas provinciales son los inválidos de la federación en su estado actual”: ni poseían todas las

29. Cid, 2017. 30. Letelier, 1887-1908, XXI: 10. 31. El Araucano, Santiago de Chile 30/3/1831.

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atribuciones para cumplir adecuadamente sus funciones, como teóricamente —y solo teóricamente— ocurría en el diseño federal, ni tampoco permitía al gobierno central desplegar toda la actividad requerida para mantener el orden público. Así, su ambigüedad constitutiva las volvía prescindibles32. Perfilado así el escenario, la discusión legislativa buscó puntualizar algunos aspectos que justificaran una decisión —la erradicación de huellas institucionales del pasado federal— que ya estaba tomada. De ahí que los discursos antifederales de ese período insistieran en tópicos de probada eficacia retórica, como la distinción entre la teoría federalista con los resultados concretos a los que había dado lugar en Hispanoamérica y, sobre todo, revitalizar el viejo argumento de cuño culturalista sobre que al éxito de Estados Unidos se debía, más que al modelo, a las costumbres del pueblo norteamericano. Por eso no debe extrañar que los constituyentes de 1833 desmantelasen sin mayor debate la única institución que podía remitir todavía al imaginario federal, las asambleas provinciales, disgregando sus atribuciones entre la figura del intendente y los cabildos. Andrés Bello justificó este fundamental cambio en su comentario sobre la nueva constitución. Las asambleas provinciales habían sido eliminadas porque su papel en la designación de los intendentes obstaculizaba “aquella dependencia sucesiva y continuada por la cual el Jefe de la República puede hacer efectiva la responsabilidad de todos los agentes de la administración”. En el nuevo escenario político abierto tras 1829 no valía la pena conservar aquellas instituciones “que fueron creadas en aquel tiempo como un calmante de los restos de la fiebre federal que en los tiempos anteriores hubo de devoramos”, porque habían deambulado entre dos extremos nefastos para el país: “cuando dejaban de ser fantasmas, el de servir de hincapié a las revoluciones”33. De este modo, el ciclo político inicial abierto por la crisis de la monarquía hispánica que le proporcionó una importancia central a las comunidades territoriales como cabildos y provincias terminaba paradójicamente clausurando su relevancia política, al someterlas a la autoridad no solo de la capital, sino también de la figura del presidente. Esto fue lo que hizo la carta de 1833 al suprimir las asambleas provin32. La Bandera Tricolor, La Serena 17/11/1831. 33. El Araucano, Santiago de Chile 1/6/1833.

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ciales y decretar la nominación directa de los intendentes y gobernadores por parte del poder ejecutivo, quienes fungirían como “agentes naturales e inmediatos”34. La reemergencia provincial: actualización del debate, crítica anticentralista y la guerra civil de 1859 Aunque el problema provincial pareció haberse zanjado por el momento constituyente de 1833 y su énfasis en un régimen centralista, lo cierto es que esa fue la primera de una serie de medidas tendientes a afianzar esta lógica de concentración del poder en manos del ejecutivo a expensas de las regiones. A la Constitución de 1833 se añadieron la sanción de la Ley de Régimen Interior del Estado (1844) y, una década después, la promulgación de la Ley de Municipalidades de 1854. Estos cuerpos normativos terminaron perfeccionando la institucionalidad centralista, operando en un doble sentido, aumentando las atribuciones de los intendentes y restringiendo la autonomía de los municipios. En ese contexto, las referencias al federalismo tendieron a quedar relegadas básicamente a las impresiones del periódico El Valdiviano Federal, mordazmente tildado por un medio de la capital como “un periódico fósil por su título, por su tema, sus ideas y aún por su tipo”35. Con todo, el hecho de que el federalismo se haya descartado momentáneamente como régimen político y que el discurso centralizador haya alcanzado una posición dominante en la esfera política no significa la ausencia de críticas frente al diseño institucional que regulaba el autogobierno territorial. Paradójicamente, el triunfo del centralismo fue también uno de los elementos que posibilitaba su crítica, en buena medida por el carácter extremo que adquirió en las décadas de 1840 y 1850, incluso entre quienes renegaban del federalismo. Los cuestionamientos fueron diversos. El Progreso, por ejemplo, reparó en que, si bien en términos de neutralización del regionalismo el diseño institucional del régimen conservador era adecuado, no lo era al momento de abordar el problema de los municipios, el espacio natural del autogobierno territorial. Porque los municipios, aclaraba

34. Enríquez, 2017. 35. El Progreso, Santiago de Chile 20/12/1842.

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el diario capitalino, no solamente antecedían a la nación, sino que eran “el primer poder social”, “el gobierno natural del pueblo”, habiendo conformado “la civilización, la democracia y la libertad de la época presente”. Era a estos espacios de autogobierno a los cuales Estados Unidos debían la vitalidad de su formación republicana, pues “toda la organización democrática de aquella nación nace principalmente del predominio de la municipalidad como poder administrativo”. El caso chileno reproducía el fenómeno inverso, pues a las municipalidades el centralismo las “ha anonadado completamente, haciéndola impotente”, limitando así no solamente las libertades de los ciudadanos, sino que, por lo mismo, incentivaba la apatía cívica36. En el caso del espacio territorial mayor de las provincias, las críticas también se hicieron notar, especialmente en el contexto de la discusión de la Ley de Régimen Interior del Estado, donde tímidamente el concepto de federación volvió a aparecer. El Telégrafo de Concepción abogó por la necesidad de crear tribunales de justicia en cada provincia del país, de modo de satisfacer una demanda clara para el autogobierno. Esta y otras medidas en esa dirección les permitirían a las provincias “salir de la abyección en que se hallan, mientras no haya en ellas asambleas provinciales que constituyan su fuerza y felicidad, mientras que los cabildos no tengan las facultades de poder disponer de sus fondos en provecho de los pueblos”37. Dicha idea fue prontamente cuestionada por El Mercurio, periódico que, si bien concedió que la concesión de mayores facultades en los cuerpos provinciales era una actitud “democrática”, sostuvo que esto era contraproducente en aquellos momentos. El punto era cultivar la virtud cívica entre los ciudadanos, no democratizar las instituciones; porque el problema del país, a diferencia de lo que creían sus interlocutores penquistas, no residía en el espacio institucional, sino en el de las costumbres: “No necesitamos más formas democráticas, sino más democracia. No necesitamos de farsas, sino de realidades”38. La elección de Manuel Montt en 1851 significó abandonar el clima de apertura a la discusión que habría caracterizado a la década previa39, polarizar el campo político y reforzar el esquema autoritario del 36. 37. 38. 39.

El Progreso, Santiago de Chile 19/4/1843. El Telégrafo, Concepción 11/10/1843. Mercurio de Valparaíso, Valparaíso 16/11/1843. Stuven, 2000.

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mandato presidencial. Su mismo ascenso al poder había sido resistido por las provincias de Coquimbo, Concepción y Aconcagua, las cuales impugnaron su elección, defendieron la candidatura del general José María de la Cruz, e invocando el antiguo lenguaje político de los “pueblos”, que reasumían para sí la soberanía, se rebelaron militarmente contra la capital40. Aunque la guerra civil de 1851 terminó con la derrota de las provincias, actualizó la discusión sobre el vínculo entre territorio, autogobierno y democracia. La reflexión del joven abogado Epifanio del Canto, en su memoria universitaria realizada al calor del fin de la guerra, es ilustrativa. Para el oriundo de los Andes, el reciente conflicto político-militar ponía en evidencia que las ideas federalistas no estaban del todo erradicadas del país, y que la llamada “cuestión provincial” distaba de estar zanjada. Si bien Del Canto se oponía abiertamente al federalismo —“solo nos traería la anarquía, la debilidad y acaso el despotismo”—, reconocía que la “excesiva centralización” ponía “algunas veces en conflicto la libertad de los pueblos”. Una solución institucional que permitiría descomprimir el tensionado ambiente político y responder a los reclamos de las provincias era transitar hacia un régimen que confiriera mayores atribuciones a lo que llamó el “poder municipal”, brindándoles autonomía en la gestión de sus recursos y en la administración local41. Sin embargo, el gobierno de Manuel Montt operó en un sentido contrario, como lo reflejó la sanción de la Ley de Municipalidades de 1854, que volvió más rígida y vertical la cadena de mando entre Santiago y las unidades territoriales más básicas, como los municipios. Dicha legislación fue objeto de fuertes y sistemáticos cuestionamientos, pues incidía en la autonomía financiera y de gestión de dichos cuerpos. Sin esta capacidad, como confesó un periódico de Valparaíso, las virtudes cívicas que podían emanar de una activa vida del gobierno local “no serían sino pura palabrería y una reseña irónica de importantes deberes”42. La crítica no fue aislada. Al conocer la ley, un medio pen40. Por ejemplo, el acta revolucionaria de La Serena, de septiembre de 1851, junto con denunciar el sistema como “antidemocrático”, afirmaba que ante la violación por parte del gobierno del “pacto social”, “los pueblos se hallaban en el caso de defender su derecho soberano, la libertad, porque habían derramado su sangre”. Vicuña Mackenna, 1862: 95-96. 41. Del Canto, 1852: 523-528. 42. El Diario, Valparaíso 3/11/1854

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quista impugnó la dirección política que estaba tomando el gobierno sobre este asunto, pues en lugar de ir en la dirección que demarcaría la modernidad en términos de ampliación de los marcos de ejercicio del autogobierno territorial, se iba en la opuesta, al limitar el poder municipal. Porque “la centralización absoluta es la muerte de las provincias, la nulidad del poder local, la inercia de las instituciones, el escollo del progreso industrial; y más que eso, es el gran pretexto, o la gran razón del descontento de los pueblos, que ha producido ya graves conflictos, y que pudiera producirlos mayores en adelante”43. Las declaraciones del Correo del Sur tuvieron un tinte profético. En efecto, la segunda parte del decenio de Montt estuvo signado por el espiral ascendente de críticas hacia el autoritarismo de su mandato y la necesidad de derogar la carta de 1833, en tanto era el marco institucional que afianzaba el vínculo entre autoritarismo y centralismo. En este escenario, las críticas más sistemáticas provinieron desde el norte del país, específicamente en la región de Copiapó, que devendría en el núcleo de la rebelión anticentralista de 1859 como lo muestra el excelente trabajo de Joaquín Fernández44. La “centralización administrativa” fue llamada “el vicio capital de que adolece nuestro sistema administrativo” por El Copiapino45. El verticalismo del mandato capitalino era tan fuerte que podía decirse que “en Chile no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Supremo mandatario”. Tal era la concentración de poder en manos del ejecutivo que hacía peligrar “las libertades públicas y los derechos del ciudadano”, insistiendo en que de no variar la institucionalidad del país, Chile sería similar a países donde “rige la doctrina política de que el mandatario es el dueño absoluto y la nación el rebaño que aquel puede devorar a su antojo”46. Pese a la convergencia de las críticas ante el excesivo centralismo del modelo político chileno, hubo también diferencias significativas tanto en los lenguajes políticos utilizados para explicar el fenómeno, como las unidades territoriales que deberían ser objeto de una transformación significativa en su conceptualización como en su institucionalidad: mientras que para algunos el problema debía enfocarse en lo que en la época se llamó la “cuestión municipal”, para otros la reso43. 44. 45. 46.

El Correo del Sur, Concepción 2/9/1854. Fernández, 2016. El Copiapino, Copiapó 31/3/1857. El Copiapino, Copiapó 4/101858.

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lución pasaba a nivel provincial, lo que deslizaba la discusión hacia la pertinencia del régimen federal. En torno a la “cuestión municipal” se mezclaron argumentos que remitían a la antigua tradición cabildante, con un imaginario corporativo de fueros y privilegios, formulado en ocasiones en la lógica de los “pueblos”, con el discurso más contemporáneo del autogobierno territorial como expresión de la democracia. Para un medio copiapino, la institucionalidad existente atentaba contra la independencia de los cabildos, anulando así su aporte histórico a la realización del autogobierno. Porque “el poder municipal, genuina representación del pueblo, que en todas las épocas ha sido el primero y más heroico defensor de los fueros y libertades”, en Chile no era sino “una especie de pantalla irrisoria tras las que aparece el ejecutivo dirigiendo y dominándolo todo”47. La “cuestión municipal”, sin embargo, podía ser pensada como la expresión del autogobierno, o como una forma intermedia de canalizar las demandas políticas de las provincias, conjurando así la tentación federalista. Esto fue la postura del historiador y periodista Benjamin Vicuña Mackenna, quien si bien apoyó las demandas del movimiento anticentralista de 1858-1859, sostuvo que la solución no pasaba por recuperar instituciones claves en el ideario del federalismo histórico chileno como las asambleas provinciales, sino por restituir el poder municipal, un proceso que leyó como una recuperación del poder que habían desempeñado históricamente los cabildos: “Lo que queremos es que se restituya a los cabildos su antiguo poder, ese poder que es la verdadera soberanía popular, que es la realización única posible de la República, porque los cabildos son el pueblo mismo constituido en ley y en autoridad”48. Isidoro Errázuriz, otro líder del movimiento constituyente de Santiago, apoyó en parte esta noción, aunque modernizando el lenguaje político en el que se expresaba y estableciendo un matiz territorial importante, al relevar no solo la importancia del poder municipal, sino también de instancias intermedias como los departamentos, “la primera expresión de la vida social”. Porque más que un ejercicio de recuperación del poder de los antiguos cabildos, de lo que se trataba era de traducir dicha institucionalidad en un registro 47. El Copiapino, Copiapó 18/11/1858. 48. La Asamblea Constituyente, Santiago de Chile 8/11/1858.

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más contemporáneo y acorde a la democracia representativa y al autogobierno. Así, para Errázuriz se trataba no de instaurar un modelo federal, sino de recuperar “la autonomía local”, definida como “la primera y más inmediata palpitación de la soberanía del pueblo, el principio del self government hacia el cual deben marchar incesantemente las naciones constituidas en repúblicas”49. Para otros críticos del centralismo, más allá de la noción de recuperar la autonomía del poder municipal, se trataba de instituir un marco legal mayor que fuese capaz no solo de mantener en el tiempo dicha independencia, sino también incentivarla. Así, para algunos, de lo que se trataba era de recuperar el ideario federalista en tanto expresión política del regionalismo, entendido, siguiendo a Van Young, como “la identificación consciente, cultural, política y sentimental, que grandes grupos de personas desarrollan con ciertos espacios a través del tiempo”50. El discurso federalista pivotaba sobre dicha expresión de sentimientos, que no solo valoraban la identidad regional, sino que también expresaban un fuerte sentimiento anticentralista. La imagen que un periódico coquimbano presentó de las relaciones entre la capital y las provincias fue ampliamente compartida en los reclamos de la época. Para El Cosmopolita, Santiago respecto de las regiones era como “un jefe avaro, que pretende abarcarlo todo en un solo punto, sin alarmarse absolutamente del desamparo en que quedan sumergidas las demás, cuando tienen el mismo derecho de participar del bien general”51. Así, algunos periódicos abogaron por la reinstauración del modelo federal. Desde el sur del país, El Amigo del Pueblo hizo un llamado a recuperar el legado histórico del federalismo de la década de 1820, reivindicando incluso a la figura de José Miguel Infante, pues sus aprehensiones respecto a la pérdida de libertad que implicaba la centralización territorial del poder se habían cumplido en la década de 1850. Por eso sostenía que la federación “es una acusación en contra de los males que nos aquejan, es una fórmula que reúne los deseos del país; es tal vez el triste estandarte que se enarbolará por las revoluciones que nos prepara el porvenir”52. Desde el norte El Copiapino, aunque 49. 50. 51. 52.

La Asamblea Constituyente, Santiago de Chile 13/11/1858. Van Young, 1987: 258. El Cosmopolita, Coquimbo 9/11/1858. El Amigo del Pueblo, Concepción 12/5/1858.

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no de manera sistemática, defendió la idea de que la mejor traducción institucional de su demanda por mayor “independencia de las provincias” era el régimen federativo, no solo porque la mayor autonomía en términos de gestión redundaría en adelantos materiales para las provincias, sino también porque de este modo “aseguraría la libertad y los derechos de los ciudadanos”. “La centralización es el atraso, la federación el adelanto. Pueblos, entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, elegid”, concluía53. La discusión no solo se expresó en la prensa regional, sino que también se dio en el seno de los constitucionalistas. Esto fue inevitable, porque la mayoría de las críticas se centraron en el diseño institucional propuesto por la Constitución de 1833, acusada como un medio de sofocar “el espíritu democrático”54. Por eso, el movimiento regionalista y antiautoritario incubado desde 1858 se agrupó en torno a la necesidad de sancionar una nueva carta fundamental a través de una Asamblea Constituyente, la que permitiría rediseñar la institucionalidad portaliana, que tal como estaba diseñada mantenía “la esclavitud de las provincias, entregadas al régimen irresponsable de los procónsules del ejecutivo; sin vida y sin acción propias, y pereciendo por el abandono, la inacción y el aniquilamiento”55. En el marco del debate de los constitucionalistas, las propuestas fueron mucho menos radicales que las surgidas del movimiento constituyente. Así, para Melchor de Santiago Concha, de lo que se trataba era de establecer un punto intermedio entre el centralismo y la autonomía completa de las provincias, para lo cual la experiencia constitucional histórica del país suministraba un modelo: la carta de 1828. Por eso, en su proyecto de reforma constitucional el diputado por Melipilla sugirió recuperar la fórmula transaccional ensayada por dicha Constitución: los intendentes serían nombrados por el ejecutivo, pero de una terna de nombres propuestos por las municipalidades de provincia; mientras que el gobernador lo sería en base a una terna de la municipalidad del departamento56. Otros, como el jurista Manuel Carrasco Albano fueron más pesimistas respecto a las posibilidades del cambio constitucional. Porque 53. 54. 55. 56.

El Copiapino, Copiapó 2/12/1858. El Copiapino, Copiapó 26/9/1857. El Amigo del Pueblo, Concepción 4/8/1858. Concha, 1860: 26.

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el problema regional, en su lectura, no era consecuencia de un mal diseño institucional, sino que el problema del centralismo chileno poseía raíces más profundas. Actualizando el debate culturalista a propósito de las disímiles experiencias que el federalismo había tenido en Estados Unidos y en Hispanoamérica, Carrasco Albano hizo descansar el centralismo chileno en una herencia racial. “Toda la cuestión es una cuestión de razas”, afirmaba. Mientras la “raza sajona” poseía una “tendencia a la autonomía local, que es característico a la raza y es conspicuo a la historia de sus instituciones”, la “raza latina” poseía una inclinación natural hacia el “principio de centralización”. Por eso quienes defendían el federalismo en el continente debían luchar, también, “contra los antecedentes de su raza, de su nación, de su pasado de miles de años”. Así, más que una reforma institucional importante, se trataba de defender una reforma política gradual y, sobre todo cultural en la población: “inyectarles gradualmente el elemento sajón”57. Este conjunto de reclamos se insertó en un espiral de conflictos políticos que sentó las condiciones para que las demandas regionales se expresasen por medios violentos y extra-institucionales, culminando con la guerra civil de 1859, conflicto que puso en conflicto estas visiones divergentes sobre el autogobierno de las provincias durante este momento y que culminó, paradójicamente, con la derrota militar de las mismas y el triunfo de Santiago58. Democracia y federalismo en el lenguaje político positivista de la década de 1870 El último momento histórico que examino en este trabajo se inaugura con la derrota militar de las provincias en 1859, en lo que fue el último esfuerzo armado realizado en el siglo xix para contrarrestar el ingente poderío de Santiago. Tras dicha experiencia, incluso las mismas dirigencias regionalistas del momento previo fueron cooptadas por la capital59. Tras el conflicto comienza un período de recomposición política, caracterizado por el énfasis en la conciliación de los intereses partidistas opuestos al autoritarismo, plasmado por ejemplo 57. Carrasco Albano, 1858: 14-16. 58. Fernández, 2016; Figueroa, 1889. 59. Ortiz y Valenzuela, 2014.

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en el gobierno de la Fusión Liberal-Conservadora60. En dicho período los sectores del ala radical del liberalismo fueron moderando sus expectativas de cambio político, evitando realizar estos cambios por canales diferentes a los institucionales. Este “liberalismo moderado”61, más pragmático —fruto de las experiencias de las derrotas de 1851 y 1859— y con un ethos consensual incidirá en las nuevas dimensiones que adquirirá el concepto de democracia, claves para entender la reactualización de la “cuestión provincial”. Desde la década de 1860 las reflexiones sobre la democracia pivotarán sobre los mecanismos de perfeccionamiento del régimen representativo, todo esto en el marco del proceso de reforma constitucional de la carta de 1833. Estas dimensiones de la democracia debatidas en aquel período la aproximan al modelo de la “democracia protectora” típica de la democracia liberal62, caracterizada por la función preservadora de las libertades civiles asignada a la Constitución, en la estricta separación de poderes, por el cuidado en los procesos electorales, y en el diseño institucional de mecanismos tendientes a evitar la concentración de poder en el Estado, impidiendo así que el exceso de atribuciones termine socavando la convivencia democrática. Lo más significativo de este proceso —para los propósitos del argumento que aquí se despliega— es que el problema del autogobierno en función del territorio no quedó concluido tras el conflicto de 1859, sino que se reformuló de manera significativa. Y lo hizo de dos modos sugerentes. Por una parte, el eje central de estas discusiones será el municipio, concebido como el espacio de realización por antonomasia del autogobierno democrático, desplazando de la discusión a la región como marco de comprensión territorial del problema. Es un cambio territorial de las escalas de discusión decisivo de este período. Del mismo modo, la derrota constituyente de 1859 incidió no solo en el eclipse de la región en términos de horizonte espacial, sino también en su desplazamiento en términos de los lenguajes políticos en los cuales se piensa el problema del autogobierno. En efecto, el lenguaje político se articuló desde otros referentes, más próximos a la democracia liberal, en el registro de autores como Tocqueville.

60. Collier, 2005: 291-317. 61. Jocelyn-Holt, 1999. 62. Held, 2007: 93-124.

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Ya en agosto 1867, en el contexto del inicio del proceso de reforma constitucional, un grupo de diputados del Partido Radical planteó en el Congreso la necesidad de una nueva ley de municipalidades, con el objetivo de limitar “la monstruosa suma de facultades que la Constitución del Estado aglomera en el poder ejecutivo”63. Aunque la moción no prosperó, sí puso nuevamente en la agenda de discusión política de la época el problema provincial. Quien le dio más consistencia teórica a estos planteamientos fue José Victorino Lastarria, quien articuló la tradición liberal con el discurso positivista para responder a este desafío. La misma noción de autogobierno —selfgovernment— fue reelaborada y traducida por el intelectual como semecracia, en tanto desarrollo histórico y científico de la tradición democrática. La expresión institucional de la semecracia, en esta clave de lectura, era la articulación entre una liberalización del “poder municipal” en el marco de una federación, entendida como “la república semecrática en su forma definitiva”64. Un lustro después, Lastarria profundizaría esta noción, radicalizando también el enfoque positivista que lo subyacía, sentando las nociones sobre las cuales descansará el discurso de la descentralización y la federación en aquel momento. En sus Lecciones de política positiva, por ejemplo, sostuvo que “si la base del gobierno semecrático es la independencia de todas las actividades individuales y sociales”, entonces el estímulo del gobierno local representado por las municipalidades era una necesidad científica del gobierno. Pero el marco constitucional donde debía entenderse dicha actividad, para ser plena, solo podía ser el “régimen federal”, a la usanza de Estados Unidos. Dicho proceso de cambio político, fundamentado en la aplicación de “las leyes racionales de la naturaleza humana” podía revertir incluso el impacto que sobre las costumbres nacionales y la vitalidad cívica republicana había supuesto la centralización65. La reflexión de Lastarria fue parte de un debate mayor, que contextualizó las propuestas de reelaboración del proyecto federalista en el Chile de los 1870. La predilección por el federalismo como régimen de gobierno fue un aspecto importante en el círculo filo-positivista

63. Cámara de Diputados, 3/8/1867: 39. 64. Lastarria, 1868: 10-13. 65. Lastarria, 1874: 295-298, 475-504.

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de la época, con fuertes influencias del krausismo y del federalismo español del llamado “Sexenio Democrático”66. El publicista talquino Emilio Corvalán y el intelectual puertorriqueño Eugenio María de Hostos fueron algunos de ellos. Cercanos al ala más radical e igualitarista del discurso democrático de aquellos años, las propuestas federalistas de estos escritores deben ser entendidas como una manera clara de preeminencia del argumento liberal del autogobierno en clave federal antes que como la expresión institucional de una demanda de tipo regionalista. Sintomáticamente este fue el argumento que desarrolló Corvalán en La democracia moderna o sea los derechos del pueblo. Allí, el publicista talquino insistió en que “la causa de todas las tiranías, de todos los privilegios, de todo lo malo, de todo lo indigno se halla en la centralización”. De ahí que señalase: “Mientras las municipalidades y los mandatarios de provincia no sean independientes y elegidos por medio del sufragio en el seno de sus mismos pueblos, tendremos el mismo régimen, las mismas tiranías, la misma esclavitud”. En dicho escenario, la solución para el país remitía a la implementación del régimen federal, en tanto versión radical del republicanismo, “el único sistema republicano que se halla en armonía con el cristianismo y la democracia”. Puesto que era entendido como una radicalización del republicanismo, el federalismo era también una profundización institucional del principio de la soberanía popular. Así, en lugar de la imposición de mandatarios desde el poder central, el periodista defendía la elección popular de estos cargos como la expresión del mandato del pueblo. En dicho régimen “los pueblos son libres y libres deben elegir sus gobernantes, como eligen el cuerpo municipal y legislativo”. Movilizando la temporalización que adquirió el concepto de democracia en el período en el pensamiento político occidental, señaló que si “el espíritu del siglo” demandaba “la absoluta libertad de todos los derechos individuales”, solo el régimen federal aseguraba estos beneficios67. Tal diagnóstico fue ampliamente compartido por Hostos, quien insistiría en el vínculo entre descentralización, libertad y positivismo, cuya traducción institucional sería una nueva forma de federalismo, sustancialmente diferente del de inicios del siglo xix, y que sistemati66. Hentschke, 2012; Hurtado, 2009; Suárez Cortina, 2004. 67. Corvalán, 1870: 67-75.

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zaría en textos como Lecciones de derecho constitucional68. En una carta de despedida a Corvalán antes de partir hacia Buenos Aires, fechada en septiembre de 1873, el intelectual puertorriqueño coincidió con la visión de su colega, aunque amplió la discusión hacia una dimensión sociológica del problema. El centralismo en Chile afectaba la “salud orgánica” de la nación, apagando el “espíritu social”. Porque tal vez la gran victoria del centralismo no había sido solamente en el campo de batalla y en el marco constitucional: lo era también desde una perspectiva sociológica. “El provinciano es transeúnte en su provincia, y si trabaja, piensa y prospera en la provincia, lo hace para apresurar el codiciado día en que ha de ir a buscar en la capital de la nación el lucimiento del oro”, sostenía. La solución en este sentido debía ser política, pero no en el sentido partidista de la lucha facciosa, sino más bien en términos de implementación técnica de las leyes de la “ciencia política”. Desde dicha perspectiva, imbuida de la corriente positivista, el federalismo era la solución, en tanto era “la última consecuencia racional del principio democrático y de su forma de gobierno, la Republica”. Había que instaurar lo que llamó “federalismo científico”, que se desenvolvía a través de “la acción saludable del municipalismo”. Por este medio “de una república unitaria y centralista, trataría de hacer una república municipal. A la voraz unidad de la primera, opondría la vigorosa unidad de la segunda. A la enfermiza centralización de la primera opondría la saludable descentralización de la segunda”69. Que el vínculo entre democracia y federalismo pasó a ser una central en el discurso positivista de la década de 1870 da cuenta la tesis de grado que en 1875 realizó Valentín Letelier, otro frecuente de la Academia de Bellas Letras, institución político-literaria que bajo el alero de Lastarria sirvió a la difusión del ideario positivista70. La tesis de Letelier, titulada “El poder municipal o la descentralización administrativa”, publicada en el medio copiapino El Atacama, insistió —aunque sin éxito— en la necesidad de incluir dentro del paquete de reformas constitucionales la cuestión provincial. Inspirado tanto en las categorías de Lastarria como influido por la visión de Édouard Laboulaye que presentaba a Estados Unidos como el epítome de las democracias

68. Arpini, 2002. 69. Hostos, 2000: 101-104. 70. Araneda Bravo, 1973; Galdames, 1937: 44-46.

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contemporáneas debido a su constitución federal71, Letelier defendió las cualidades democráticas de las instituciones federales y del municipalismo norteamericano, pues incentivaban la vitalidad cívica de las comunidades locales y favorecían el despliegue de la libertad. Allí, sostenía, “cada ciudadano es arbitro y soberano, y no una vez cada tres años; sino todos los días”72. En ese registro, Chile, “país que aspira a la democracia”, debía implementar un poder municipal libre del poder central y con amplias atribuciones. Porque “en una democracia mientras más pura sea, esto es, mientras más intervenga el pueblo en el manejo de sus intereses, es más conforme al ideal de un buen gobierno”73. De este modo, contrariando los resquemores tradicionales que veían al federalismo como un impulsor de la anarquía —tildados por Letelier de “profetas de desgracia, caracoles aferrados a la roca inmóvil del pasado”— el abogado se declaró partidario de la “escuela empírica”, que defendía la necesidad histórica y evolutiva del despliegue de la libertad en todos los espacios políticos y sociales, contexto en el cual se tornaba necesaria la descentralización administrativa74. De manera sintomática, dicho discurso se extendió más allá del campo del liberalismo de raigambre positivista. El mismo conservadurismo chileno de los 1870 apeló a estrategias similares, defendiendo la descentralización como un mecanismo de neutralización institucional ante lo que ellos percibían como un peligroso incremente del poder estatal. En la Convención Conservadora de 1878, por ejemplo, el problema de la descentralización administrativa y el ensanchamiento de las atribuciones municipales fueron ampliamente debatidos, aunque marcándose distancias con el modelo federal. Quien más insistió sobre este aspecto, una verdadera transformación del pensamiento conservador, que tradicionalmente había defendido la centralización, fue Carlos Walker Martínez cuando señaló que la “libertad municipal” y la “descentralización administrativa” eran “el cimiento más sólido de la constitución de un pueblo libre”, agregando que “no puede existir la república sin ella”, pues se erigía como una “trinchera inexpugnable de los ciudadanos”75. 71. 72. 73. 74. 75.

Gray, 1994. El Atacama, Copiapó 1/7/1875. El Atacama, Copiapó 26/6/1875. El Atacama, Copiapó 18/6/1875. Walker Martínez, 1878: 58-59.

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Reflexiones finales La perspectiva de larga duración que he desarrollado en estas páginas permite entender transformaciones importantes en el marco del debate político en torno al vínculo entre territorio, autogobierno y democracia en el siglo xix chileno. Como lo he mostrado, la transformación más profunda y clara tuvo que ver con la transición desde el vínculo tradicional entre soberanía y regionalismo, al más moderno de autogobierno y democracia. Dicho cambio puede rastrearse solo desde una perspectiva diacrónica de análisis y prestando atención a los lenguajes políticos utilizados por los actores para referirse al problema de la gestión política del territorio en un marco republicano. En este nivel puede evidenciarse otra transformación significativa, que es la extinción del imaginario de fueros, privilegios y prerrogativas asociadas al cabildo, y su reemplazo por la noción de poder municipal vinculada al liberalismo. Ese declive de los cabildos no fue un proceso inevitable, sino que obedeció a una política centralizadora y homogeneizadora de implementación de un poder central, incluso por el peso de las armas. La actualización del debate municipal obedeció a la necesidad de parte de los actores locales de legitimar mediante el discurso de la democracia moderna demandas de larga data, permitiéndoles cuestionar desde otras lógicas la institucionalidad centralista. El liberalismo y el positivismo proporcionaron los insumos ideológicos para defender la “libertad municipal”, lenguajes que fueron compartidos incluso en por el conservadurismo, en su convención partidista de 1878. Ese lenguaje remitía a la necesidad de conservar la autonomía de estos cuerpos políticos centrales en un diseño institucional que buscaba, ante todo, contener el proceso de expansión y concentración del poder estatal. A fines del período aquí estudiado dicha noción fue compartida en un espectro mucho más amplio del campo político de lo que la historiografía ha mostrado, pues incluso el Partido Democrático incorporó el federalismo como parte de su programa político, en tanto expresión institucional del ideal democrático76. Un proceso similar ocurrió con el federalismo, en tanto su justificación ya no re76. Concha, 1905. El Partido Radical, en su convención de 1888, afirmó la necesidad de transitar al “gobierno del municipio por el municipio, y de la provincia por la provincia”, sin que esto “importe el deseo de establecer el sistema federal en contraposición al unitario que nos rige”.

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mitía a la necesidad de un diseño institucional que se hiciera cargo de la igualdad esencial de las provincias, como fue en un primer momento del siglo; sino más bien como una forma de gobierno adecuada para contener el autoritarismo, idea en consonancia con el eje central de la agenda política de este momento. Se trataba de una reformulación del lenguaje federal vinculado al ideario contemporáneo del self-government, antes que de un reclamo impulsado desde el regionalismo. En síntesis, el problema de la articulación política del territorio en un contexto republicano de formación estatal no puede ser entendido meramente como una rémora del pasado, o de la agenda privada de intelectuales seducidos únicamente por el encanto del modelo norteamericano, o la expresión de las estrechas miras del provincialismo, perspectivas implícitas o explícitas en el análisis historiográfico de este tipo de problemas. Se trató, por el contrario, de un problema político de mayor calado, situado en el origen mismo del proceso de independencia y que fue la construcción de una soberanía nacional. Fue un proyecto complejo, tensionado y persistente en el tiempo, y cuya resolución no estaba inscrita ex ante por alguna forma de unidad esencialista de la nación. En este trabajo he intentado dar cuenta de la recurrencia del problema durante el siglo xix, de las distintas posturas que suscitó y como el trabajo intelectual desplegado por los actores de la época fue capaz de dotar de permanente actualidad a un problema antiguo, pero que siempre podía revestirse ideológicamente de contemporaneidad. Parafraseando el aforismo bíblico, se trataba de “vino viejo” (el problema provincial) en “odres nuevos” (el lenguaje de la democracia liberal). Bibliografía Alemparte, Julio. 1966. El cabildo en Chile colonial. Orígenes municipales de las repúblicas hispanoamericanas. Santiago de Chile: Andrés Bello. Araneda Bravo, Fidel. 1973. “José Victorino Lastarria y la Academia de Bellas Letras”. Boletín de la Academia Chilena correspondiente de la Real Española, n° 63, 115-134. Santiago de Chile: Academia Chilena de la Lengua. — 2017. Chiloé 1826. El proceso de incorporación de Chiloé a la república de Chile, 1813-183. Santiago de Chile: Ediciones 1826.

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Actores intermedios y nuevo ordenamiento político desde un enfoque interescalar. Río de La Plata, siglo xix1 Sol Lanteri CONICET/Universidad Nacional de Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Argentina/ Universidad de Alcalá, España Flavia Macías CONICET/Universidad Nacional de Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Argentina Introducción Este capítulo reflexiona sobre la larga y controvertida experimentación política derivada de la construcción de un nuevo orden republicano en el Río de la Plata posrevolucionario. En particular, examina los modos en que determinados actores —comandantes y sus milicias, entre otros— consolidaron posiciones de intermediación entre “pueblo” (en su más amplia acepción) y gobierno, en el marco de las nuevas unidades políticas de referencia, las provincias2. Abordamos el estudio desde una óptica analítica “a ras del suelo” e interescalar que articula escenarios regionales (el norte, la región del Litoral) y locales (ciudades, distritos de campaña y de frontera) con los diferentes ensayos institucionales que reunieron a las provincias durante el siglo xix (la Confederación, la nación). La indagación interactiva de dichas escalas y sus actores permite observar la diversidad, complejidad y contingencia de agentes e instituciones involucrados en diferentes momentos y entramados vinculares 1. 2.

Este texto está respaldo por los subsidios PIP CONICET 11220150100304, PICT 2016-0219, FONCYT, ANPCyT y PUE CONICET 229201701000057CO. Una vez derrotado el poder central del Directorio (1819), las provincias se erigieron en nuevos sujetos de imputación soberana con potestad para manejar sus bases fiscales, monetarias, políticas, jurídicas y militares (Chiaramonte, 1997). Sobre el concepto de “pueblo” en el Río de la Plata durante la revolución y el siglo xix, véase Goldman y Di Meglio, 2008: 131-143.

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de la experimentación republicana y resignificar las modalidades operativas de una amplia variedad de sujetos. El estudio que proponemos se ubica, por tanto, en los lineamientos de la renovación historiográfica política y rural —reenfocados “de la periferia al centro”— y discute el referente teórico del Estado nación que, sustentado en un enfoque lineal, centralista y teleológico, ha contribuido a invisibilizar escenarios y actores nodales del ordenamiento político del siglo xix3. Desde la óptica planteada, este capítulo retoma nuestros estudios sobre Tucumán —en el norte argentino— y la frontera sur de Buenos Aires, en la región del Litoral4. En el primer caso, nos enfrentamos a una provincia fuertemente militarizada que creció y se consolidó en un marco regional que también construyó sus relaciones políticas a través de las armas. En la Confederación, establecida con el Pacto de 1831, las provincias, constituidas formalmente en estados autónomos y soberanos5, negociaron sus lazos con la poderosa provincia de Buenos Aires, pero también entre ellas estableciéndose mecanismos de vinculación supra-provinciales cuyo liderazgo fue, muchas veces, motivo de disputa. Esta lógica de funcionamiento regional dio lugar a la emergencia —con más o menos éxito— de proyectos políticos y económicos alternativos en todo el territorio confederado. En un marco institucional tan laxo como duradero (1832-1852), la región terminó por constituir un referente geopolítico central que albergó dispositivos que articularon —y también enfrentaron— a las provincias vecinas6. Enfocadas en Tucumán y el norte, analizaremos los múltiples escenarios y mecanismos que hicieron de los comandantes de milicias agentes del gobernador provincial pero también activos operadores político-partidarios. Examinaremos su lugar —flexible y cambiante— en la organización y funcionamiento de la provincia —antes y después de Caseros— y su impronta en el diseño de las tramas del poder, las instituciones y las prácticas7. 3. Véanse las obras referenciales de Bragoni y Míguez, 2010; Sabato, 2018. 4. Véanse Lanteri, 2011; Macías, 2014 y estudios posteriores. 5. A las atribuciones referidas en la nota 2 se sumó la potestad de declarar la guerra unas a las otras (Chiaramonte, 1991). 6. Macías, 2014: 21. Tucumán lindaba con las provincias de Salta, Santiago del Estero y Catamarca, y mantenía estrechos vínculos con La Rioja (al sur de Catamarca) y Jujuy (al norte de Salta). Véase mapa adjunto. 7. La batalla de Caseros (1852) puso fin al sistema confederal y dio paso a una república representativa y federal instituida mediante la sanción de una Constitución

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En el segundo caso, concentraremos la atención en Buenos Aires, que debido a la posición geoestratégica de su puerto y su potente aduana se constituyó en la provincia más rica y poderosa de la región del Litoral8. Durante el período confederal, el manejo de las relaciones exteriores por parte de su gobernador Juan Manuel de Rosas, junto a la toma de medidas significativas —entre ellas, las transferencias de dinero a la provincia de Santa Fe—, terminaron por consolidar su potente liderazgo en todo el territorio rioplatense. En este marco, los avances y gestiones bonaerenses en torno a su frontera austral constituyeron una variable central. Como hace tiempo señaló Tulio Halperín, su constante expansión al sur del río Salado —límite natural aunque permeable con el territorio indígena independiente— conjugó medidas oficiales con el avance espontáneo de la población incorporando dos recursos, “tierra” y “población”, al paradigmático proceso bonaerense de crecimiento ganadero9. Analizaremos a continuación los entramados vinculares de actores y autoridades de la frontera sur, haciendo hincapié en los modos en que milicias, comandantes, indios y gobiernos locales y provinciales operaron en la configuración de redes formales e informales, en el establecimiento de instituciones y en el funcionamiento político provincial y local, tanto en tiempos de la confederación como durante la secesión del estado de Buenos Aires del proyecto nacional (1854-1862)10. Ambos casos de estudio reflejan con elocuencia las diversas formas en que las provincias tramitaron la herencia militarista y la opción por la república11. En ese marco, el universo de las armas y sus actores ocuparon un lugar central. La experiencia de la revolución y la guerra por la independencia modificó, como señaló Halperín, los modos de con-

nacional (1853). Esta Constitución reformuló las potestades provinciales y estableció la organización de un poder central. Véase Sabato, 2012. 8. Principalmente comprendida por las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Véase mapa adjunto. 9. Halperín, 1963. 10. Buenos Aires no se adhirió a la Constitución nacional argumentando la puesta en juego de sus potestades, pero, sobre todo, de sus libertades. Se declaró como república independiente con su propia Constitución (1854), cuyas bases fueron similares a la nacional sancionada en 1853. 11. Para una mirada general sobre militarización y república en el Río de la Plata, véanse Fradkin, 2010; Rabinovich, 2013; Sabato y Ternavasio, 2015; así como la obra pionera de Halperín, 2002.

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vivencia de la sociedad colonial rioplatense y dio lugar a la emergencia de nuevos actores que luego de tan larga y dramática experiencia, pugnaron por insertarse en las nuevas estructuras de poder12. ComanMapa 1. Ubicación de Tucumán y Buenos Aires en la Confederación

Fuente: elaboración propia en base a Martin de Moussy, 1873. 12. La “militarización” a la que refiere Halperín alude al capital social y político de los oficiales, al impacto político de las carreras militares, a la organización social y política sobre la base del modelo castrense y a la extensión del servicio armado a diversos sectores sociales.

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dantes, milicias y batallones residuales de los ejércitos revolucionarios gestionaron de muy diversos modos su incorporación al nuevo escenario republicano —en sus múltiples escalas— y fueron funcionales a las negociaciones y coexistencia con actores cruciales de la frontera. La guerra tuvo, en todos los casos, un papel fundamental, pero también se destacaron las transacciones y acuerdos que involucraron tierras, protección, escalafones y lealtades políticas. De este modo, este capítulo abre una discusión que pone a prueba la asociación entre experiencias regionales lejanas, pero insertas en un desafío político común. Asimismo, pondera similitudes y contrapuntos en el marco de una importante casuística que se observa tanto dentro como fuera de una misma provincia o región. En palabras de Fradkin: “...sólo la reconstrucción precisa de esas formas de gobierno local puede permitir identificar con mayor precisión las bases sociales y regionales de las nuevas entidades estatales, sus mecanismos de funcionamiento y su estilo efectivo de gobierno”13. De agentes del gobernador a operadores político-partidarios. Los comandantes de milicias en la construcción del orden provincial (Tucumán 1830-1860) La Confederación instituida con la firma del Pacto de 1831 se estableció luego de una larga y violenta puja entre proyectos centralistas (“unitarios”) y federales liderados por fracciones de la joven dirigencia rioplatense posrevolucionaria. Suspendidas momentáneamente las legislaturas provinciales como consecuencia de los enfrentamientos armados, fueron los gobernadores quienes, durante la inmediata posguerra, encabezaron el reordenamiento de sus provincias. Este reordenamiento se asoció con el control de la violencia, la reunión de las fracciones disidentes y, en lo posible, el aniquilamiento de la oposición política. ¿Cómo lograr estos objetivos al amparo del mencionado pacto y sin alterar el rumbo republicano consensuado en 1816? El poder ejecutivo provincial, los ejércitos provinciales y, en especial, sus comandantes, ocuparon un lugar central. 13. Fradkin, 2010: 297.

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Una vez terminado el conflicto, los jefes militares de las fuerzas federales dieron paso a la reconstrucción institucional provincial. En Tucumán, Facundo Quiroga —líder de dichas fuerzas en las regiones del norte y Cuyo— convocó al “pueblo y la campaña para nombrar libre y espontáneamente al gobernador propietario y demás autoridades”14. Luego de la elección de Alejandro Heredia como primer mandatario, la Sala de Representantes tardó un año más en reinstalarse15. Mientras tanto, rigieron el poder ejecutivo y las autoridades judiciales nombradas por la referida asamblea. Ante la ausencia de la legislatura, el gobernador recurrió a los decretos como herramienta institucional para ordenar la provincia. A su vez, instaló una amplia red de comandantes facultados para desactivar células unitarias refugiadas en la campaña y sofocar las amenazas de “emigrados” (exiliados por razones políticas) en la frontera. Las medidas dictaminadas frente a los avances de los unitarios Ángel y Javier López junto a sus aliados desde la provincia de Salta constituyen un interesante ejemplo. Heredia decretó la prohibición a todo tucumano de trasladarse a la mencionada provincia con el castigo de la “expatriación perpetua”, amenazando con penas de “azotes” o multas a aquellos que refugiaran o dieran armas, caballos o dinero a “tucumanos traidores”. Para hacer efectivo el cumplimiento instaló a comandantes de su círculo a la cabeza de los departamentos limítrofes con la provincia de Salta a cambio de su lealtad; los mismos fueron facultados para juzgar militarmente al habitante que resultare “reo por traidor de las leyes de la provincia”16. En el marco de este 14. AHT, SA, vol. 49, fj. 157. La práctica asambleísta constituyó una forma de participación política con ejercicio directo de la soberanía vigente desde la década revolucionaria. Milicias y comandantes encabezaban su convocatoria. Funcionaron como espacios de deliberación o bien como instancias plebiscitarias destinadas a investir a un gobernador o proclamar un pronunciamiento sin invalidar el funcionamiento de las Legislaturas. Véanse Sabato y Ternavasio, 2011; Di Meglio, 2008; Macías, 2014. 15. La Sala de Representantes se configuró sobre la base de iniciativas provenientes de la incorporación del principio republicano de la división de poderes. Era la depositaria de la soberanía provincial, sus diputados eran elegidos de forma directa y eran ellos quienes elegían al gobernador. 16. AHT, SA, vol. 41, Tucumán 21/8/1833, fj. 420-421. El capital político y militar de Heredia procede de su exitosa carrera en ambas escalas. Fue representante de la provincia de Salta en el Congreso de 1824. En tanto manifiesto opositor a la declaración de una Constitución para las provincias rioplatenses por no encontrase aún las “condiciones necesarias”, fue comisionado por Rosas para llevar estos principios a las provincias del norte. Fue uno de los líderes regionales del Ejército Federal.

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proceso de reconstrucción provincial, los comandantes incorporaron amplias facultades. Sumadas a las antes referidas, se establecieron las de capturar desertores, levantar inventarios, ejecutar confiscaciones de bienes, confeccionar información sumaria, emitir pasaportes y ejecutar penas que podían disponer los jueces o ellos mismos. En Tucumán, todas ellas —a las que se añadió su participación en las mesas electorales una vez restituidos los comicios en el año 1833— no estaban previstas por un reglamento, sino que provenían de decretos del gobernador y en muchos casos se superponían a las propias de jueces y policías. A pesar de que en casos excepcionales los comandantes llegaron a ocupar puestos en la Sala o en la primera magistratura provincial —como fue, más tarde, el caso de Celedonio Gutiérrez, los mismos cultivaron cuidadosamente su lugar de agentes de intermediación política a escala local—17. Analicemos brevemente quiénes fueron estos actores, en qué consistió su carrera militar y cuál era su perfil socio-ocupacional. La carrera militar de los comandantes tucumanos se desarrolló, en general, en el marco de los cuerpos de milicias locales que integraron tanto las fuerzas revolucionarias como los posteriores ejércitos “unitarios” y “federales”; su experiencia como milicianos durante la independencia constituyó un capital militar y político nodal. Allí, no solo se desempeñaron como soldados con rápidas carreras en ascenso; también participaron de prácticas políticas de ejercicio directo de la soberanía —asambleas populares y pronunciamientos militares— que los vincularon de modo estrecho con el convulsionado proceso revolucionario. Concluida la revolución, los jefes militares y sus tropas buscaron posicionarse en el nuevo escenario provincial. La proyección de la guerra y de la violencia como mecanismos de intervención política, la centralidad de las milicias y la organización de instituciones republicanas de destacada impronta militar como el poder ejecutivo provincial canalizaron sus expectativas y demandas políticas y militares18. Por otra parte, si se examina el perfil de estos individuos se refuerza la hipótesis de la participación de sectores medios y bajos en el con17. Véase Parolo y Macías, 2010. Celedonio Gutiérrez fue soldado raso del Ejército del Norte, ascendió a comandante en 1823 y combatió al mando de Heredia en la guerra contra la Confederación Peruano-boliviana. Fue comandante de Medinas (1838); se postuló para diputado y ofició de escrutador. 18. Véanse Macías y Parolo, 2010; Tío Vallejo, 2000; Halperín, 2002; Rabinovich, 2013.

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vulsionado mundo de la política provincial de las primeras décadas del siglo xix19. En Tucumán, por ejemplo, al no tratarse de funciones rentables —al menos en lo económico, aunque probablemente sí en el manejo de los resortes del poder— se infiere que los comandantes asentaban su subsistencia en otras actividades. El análisis desagregado del perfil socio-económico de los comandantes que desarrolla en detalle María Paula Parolo20, arroja una clara diferenciación en la extracción social y en la posición económica que ocuparon estos y otros actores intermedios como los jueces locales. Los representantes de la justicia provenían del segmento medio-alto de las sociedades locales, respaldados económicamente por un patrimonio asentado en bienes raíces, ganado y comercio. Los comandantes, en cambio, eran —en términos generales— pequeños y medianos labradores y criadores que, en su mayoría, asentaban sus escasas riquezas en la posesión de ganado y se ubicaban entre los segmentos medios de las poblaciones de los departamentos a su cargo. Sus puestos clave tanto en la milicia como en la administración provincial reformuló su situación social, pero, ante todo, los reposicionó políticamente. La configuración de una constelación de comandantes afines con amplias facultades locales permitió a Heredia centralizar la administración tucumana, pacificar la campaña y materializar uno de sus legados más duraderos: la organización del ejército provincial21. Las milicias constituyeron, sin lugar a dudas, su sistema defensivo referencial. La reorganización militar, a cargo de uno de sus comandantes más fieles, tomó como primera medida el alistamiento de jóvenes de 16 hasta 50 años quedando exceptuados los capataces de hacienda, los hijos únicos de madre viuda y los que por enfermedades habituales no tengan aptitudes para el servicio. El decreto de enrolamiento afirmaba que “el que por intriga y de mala fe opusiese obstáculos a la ejecución del alistamiento, justificado sumariamente el crimen, será castigado severamente según las más o menos malicias que se le justifiquen”22. Dichas “malicias” quedaban a criterio, naturalmente, de los comandantes. En virtud del decreto, el ejército provincial quedó compuesto por cuerpos cívicos —integrados por vecinos de organización esporá19. 20. 21. 22.

Parolo, 2008. Parolo, 2008. Macías, 2014. AHT, SA, vol. 41, Tucumán 5/2/1832, fj. 62.

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dica y residentes en centros urbanos— y por los regimientos departamentales o de campaña. Estos últimos constituían cuerpos de servicio permanente que, organizados en cada distrito de la provincia, estaban bajo el mando del correspondiente comandante departamental. A su vez, los integraban los habitantes —domiciliados— en cada uno de ellos23. Más allá de la fragmentada información, puede estimarse una composición aproximada de 200 a 300 individuos por regimiento en cada año, combinándose caballería e infantería. A esta fuerza se agregó la organización de cuatro escuadrones en las líneas de frontera y para garantizar el control de la fuerza en la campaña, se incrementó el número de departamentos de seis a ocho24. Si bien el sistema de mando militar confluía en el gobernador, Heredia dejó en manos de los comandantes una tarea crucial: el enrolamiento. Su ejercicio impactó tanto en el terreno militar como político25. El enrolamiento involucraba a domiciliados en la provincia que no solo actuaban como milicianos, sino también como electores. En las provincias rioplatenses, los criterios de definición del electorado, al igual que en el resto de Latinoamérica, fueron relativamente amplios constituyéndose el nacimiento, el sexo (masculino), la mayoría de edad y el domicilio en requisitos esenciales. La normativa tucumana de 1826 estableció, además, la necesidad de poseer “oficio útil y lucrativo o propiedad conocida” para poder votar26. Sin embargo, se descartó la explícita exclusión de “domésticos y asalariados” a la que se refería el Estatuto del año 1815, por lo que varias elecciones, en las que votaron largas filas de jornaleros, fueron consideradas del todo legítimas27. Las 23. Durante la primera mitad del siglo, la categoría de “habitante” no se refiere específicamente a ningún tipo de derecho político o estatus social, solo remite al individuo domiciliado de modo permanente o coyuntural. 24. Cada escuadrón poseía dos compañías de 62 individuos cada una y al mando de un comandante de cuerpo, un sargento mayor y un ayudante; cada compañía se componía de un capitán, dos tenientes, un alférez, cinco sargentos y ocho cabos. AHT, SA, vol. 41, Tucumán 5/2/1832, fj. 62. 25. Macías, 2010; Macías y Sábato 2013. 26. Esto contrasta con la normativa provincial bonaerense de 1821, que no especificó tales requisitos. 27. Uno de los tantos ejemplos lo constituye el departamento de campaña de Burruyacu en las elecciones desarrolladas en 1836. En el caso señalado y en el marco de una vida política en la que el peso de la campaña era llamativo, la participación fue de un 30% —unos 200 votantes— y de ese grupo, alrededor del 40% fueron jornaleros, capataces y artesanos. Véase Macías y Parolo, 2010.

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milicias funcionaron como vía de movilización de votantes y los comandantes, como sus reclutadores —quienes interpretaron, según el caso, al ambiguo y flexible reglamento—28. La consolidación de este proyecto militar permitió a Heredia controlar la legislatura. Su variada composición política luego de su reinstalación en diciembre de 1833 —al parecer, a modo de estrategia implantada por el propio gobernador— se convirtió rápidamente en un arma de doble filo. En 1834, frente al conflicto impositivo con los sectores mercantiles vinculados al comercio atlántico29, la Sala se fraccionó y un sector opositor, ante la imposibilidad de resolver sus diferencias en el recinto, se levantó en armas30. La lealtad de los comandantes de campaña permitió a Heredia controlar la propagación de un alzamiento que había reunido a los sectores más diversos de la población. Luego de esta experiencia su vínculo con la Sala cambió: la legislatura terminó por eclipsarse al influjo del ejecutivo, quien se encargó de la eliminación de agentes opositores —catalogados como “traidores”— y de un estricto control de las elecciones a diputados provinciales a nivel departamental. En paralelo, la Sala le otorgó “facultades extraordinarias” de modo reiterado y lo reeligió dos períodos más31. Las escalas provincial y local-departamental fueron cruciales en la construcción del poder de los gobernadores tucumanos, como lo demostramos a través del ejemplo de Heredia y como se repitió en el caso de sus sucesores, luego de su asesinato en 1838. Pero también lo fue la dimensión regional, es decir, el referente territorial supra-provincial definido por los vínculos consolidados entre la provincia y sus vecinas. En el marco de un sistema tan laxo como el confederal, la influencia sobre las situaciones provinciales circundantes garantizaba a cada gobernador el control sobre su propia jurisdicción. En ese sentido, la capacidad de ejecutivos para interceder como agentes diplomáticos, disponer

28. Como señalaremos más adelante, la directa relación entre enrolamiento miliciano y derecho a voto se define institucionalmente en Argentina en 1863. Véase Macías, 2016. 29. Sobre la política económica de Heredia y sus conflictos, véase Pavoni, 1981, t. 2. 30. Terán, 1981; Abbate, 2004; Macías, 2010. 31. En general, el gobernador de cada provincia podía ser reelecto por varios períodos consecutivos y asumir tanto facultades extraordinarias como la suma del poder público. En Tucumán, la selección del primer mandatario ocurría cada dos años.

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o accionar sobre enfrentamientos entre las provincias de la región o bien modificar procesos electorales vecinos fue nodal en la construcción y sustento de su poder. Para hacer efectivo el control regional, los gobernadores activaron una herramienta central, la declaración de la guerra interprovincial, y se respaldaron, nuevamente, en la figura del comandante. El Pacto de 1831 selló la formal incorporación de la guerra al instrumental jurídico del que dispusieron las provincias para accionar frente a cualquier actor que pusiese en peligro tanto su soberanía como sus instituciones republicanas32. Sobre la base de este principio se generalizó el uso de las armas para resolver discrepancias y conflictos políticos a nivel local, regional y confederativo. En esta instancia de consolidación del poder ejecutivo, los comandantes ocuparon un lugar central. Volvamos al ejemplo de Heredia. Durante su gobierno, se desató un conflicto en la provincia de Catamarca que terminó por posicionarlo a la cabeza de la región del norte. En esta zona, se habían levantado en armas el comandante del departamento de Antofagasta y los de Santa María, Belén, Tinogasta y Andalgalá, en alianza con el líder emigrado Javier López33. Con el consentimiento del gobernador de la provincia en crisis, Heredia accionó militarmente en los departamentos rebeldes, destituyó a sus líderes y nombró a comandantes de su confianza. Con reticencias, los nombramientos fueron aceptados por el mandatario de Catamarca dada la magnitud del conflicto y su incapacidad para resolverlo. Así, Heredia impuso los jefes militares de la provincia vecina y amplió su control sobre la región. El correlato institucional fue la firma de un convenio de amistad y protección mutua con Catamarca, liderado, como era de esperarse, por Alejandro Heredia. Este esquema, generalizado durante los casi veinte años de la unión confederal tuvo un interregno entre 1838 y 1841. Luego del asesinato de Heredia, la Sala se erigió en sede de unitarios y emigrados, quienes regresaron y lideraron en la región una decisiva oposición a Rosas cristalizada en la “Coalición del Norte”34. Desatada la guerra entre las provincias coaligadas y las fuerzas federales prorrosistas lideradas por el general Oribe, el apoyo militar tucumano a la liga no hizo más que 32. Macías, 2019. 33. Según Juan B. Terán, 1980, II: 62, este fue un movimiento vinculado como un plan unitario encabezado por Alvarado desde Bolivia. 34. El objetivo era desbancar el liderazgo rosista y garantizar la declaración de una constitución nacional, según establecía una de las cláusulas del Pacto de 1831.

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languidecer. Más allá de los exhaustivos preparativos para la guerra, el gobernador de turno, Bernabé Piedrabuena, solo logró el apoyo de las milicias urbanas. Los comandantes departamentales mantuvieron su respaldo a las fuerzas federales o bien, con el tiempo, aquellos reclutados por la Coalición traicionaron la liga —como fue el caso del comandante y futuro gobernador, Celedonio Gutiérrez—. Luego del fin de la guerra y de su designación como primer mandatario, Gutiérrez fue reelecto por la Sala de modo ininterrumpido hasta 1852. Con la firma del pacto nacional constitutivo de 1853, las implicancias del nuevo vínculo provincia-nación estuvieron en permanente puja y negociación, en particular, las incumbencias militares —es decir, la facultad de organizar y movilizar fuerzas— que ahora también disputaba el naciente poder central35. Así, los ejecutivos provinciales —ya afectados por la prohibición explícita de su reelección y del otorgamiento de facultades extraordinarias— lograron conservar algunas atribuciones: el nuevo Ejército Nacional se configuró sobre la base de un esquema de fuerzas armadas descentralizadas y un sistema de potestades militares compartidas entre provincia y nación que permitió a los mandatarios provinciales nombrar jefaturas milicianas locales y de la Guardia Nacional —organizada en cada provincia a partir de un decreto presidencial—, así como movilizarlas “en caso de peligro que no admita dilación”36. A su vez, para mantener la adhesión de los mandatarios, el flamante presidente Justo J. de Urquiza procuró no inmiscuirse demasiado en los asuntos políticos provinciales, siempre que los mismos no conllevaran impugnaciones al nuevo orden. En paralelo, trató de moderar el uso de la violencia por parte de partidos y autoridades provinciales promoviendo tanto acciones diplomáticas regionales como consignas que marcaban pautas deseables de comportamiento político, entre ellas, la “fusión de los partidos”, el “olvido de los agravios” y “buen trato al vencido”. Los referidos parámetros de funcionamiento nacional en clave militar dieron cierto margen a los gobernadores para tramitar sus nuevas agendas y bases de poder a escala provincial y local. En Tucumán, la nueva dirigencia reunida en torno a los llamados “liberales” —muchos 35. Véanse las notas 8 y 9. Sobre las disputas por las incumbencias militares, Macías y Sabato, 2013; Macías, 2018. 36. Macías, 2018. Sobre la administración de Justo José de Urquiza, véanse Sabato, 2012; Macías, 2014; Lanteri, 2015.

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de ellos antiguos exiliados— no dudó en poner en juego todas las herramientas institucionales, políticas y militares para reposicionarse en la provincia y destituir —para siempre— los círculos partidarios del gobernador Gutiérrez —quien aún se mantenía como mandatario respaldado en el origen electoral de su cargo y la política de tolerancia encabezada por Urquiza37. En el marco de los enfrentamientos legislativos y sucesivas revueltas protagonizadas por uno y otro bando para ganar bancas, comicios y comandancias militares, Gutiérrez perdió la primera magistratura y los “gutierristas” quedaron marginados dentro de la Sala. A su vez, su red de jefaturas departamentales se resquebrajó frente a un nuevo círculo de líderes militares que, procedentes de fuerzas comandadas por antiguos emigrados —ahora militares “liberales”— se instalaron en la provincia. En articulación con este proceso, emergieron células milicianas urbanas anti-gutierristas como las de la ciudad de Monteros, autodenominados “el terror de la Mashorca”. Con todo este escenario a favor, los “liberales” tucumanos lograron, en 1854, controlar la legislatura y la gobernación, recaída finalmente en José María del Campo. Se abrió aquí una década difícil pautada por los conflictos y divisiones al interior de la dirigencia “liberal” provincial. Los fraccionamientos combinaron diversos orígenes, por una parte, las tensiones entre grupos tolerantes y otros intransigentes respecto del mantenimiento de representantes del “gutierrismo” en la Sala; por la otra, el inminente enfrentamiento armado entre la provincia secesionada, Buenos Aires, y la llamada “Confederación Argentina”. A estas cuestiones se sumó el estilo político del gobernador Campo, quien intentó reproducir algunos de los rasgos típicos del pasado confederal para estabilizar y proyectar su poder en la provincia. De un lado, se aseguró la adhesión de diputados clave, trabando íntimas y duraderas relaciones con los miembros de la familia Posse38. Del otro, puso en movimiento sus 37. Los “liberales” tucumanos incluyeron a actores provenientes de redes tejidas tímidamente en la legislatura —en el marco de reapertura de la Sala tucumana hacia algunos miembros del “unitarismo” entre 1848-1850—, junto a exiliados reintegrados a la política provincial luego de 1852. Todos compartían “la causa por la organización nacional” y participaron del posterior derrocamiento de Gutiérrez. 38. Desde el siglo xviii, los miembros de la familia Posse desarrollaron una amplia red comercial hacia el Alto Perú y el puerto de Buenos Aires. Sus capitales e inversiones no dejaron de diversificarse hasta avanzado el siglo xix. En el marco del llamado “partido liberal” constituyeron un círculo de ambiciones exclusivistas ampliamente resistidas por el resto de los dirigentes de la agrupación. Véase Gutiérrez, 2004.

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dotes militares locales cultivadas con especial cuidado en los últimos años39. Al mismo tiempo, encabezó una estratégica reforma militar cuyos objetivos fueron reunir a los comandantes departamentales en torno a su figura, pero, en este caso, con menor poder en escala local, y mediatizados por la organización de la nueva milicia, la Guardia Nacional. Analicemos brevemente esta reforma y sus alcances. La campaña estuvo en el eje de la reorganización militar provincial dado las revueltas y enfrenamientos ocurridos para desbancar a Gutiérrez y la consecuente dispersión de “gutierristas” dentro y fuera de Tucumán. Departamentos clave como los ubicados en el centrooeste de la provincia —Famaillá y Monteros— merecieron especial atención: ambos lindaban con Catamarca (donde se habían refugiado varios “gutierristas”) y constituían los enclaves con más población y porcentajes de participación electoral40. A su vez, conformaban un límite territorial frente a dos enclaves “gutierristas” residuales, los departamentos del sur Río Chico y Chicligasta. En consecuencia y como primera medida, ubicó a dos militares de experiencia en los máximos escalafones de los regimientos de Monteros y Famaillá: Silvestre Álvarez y Dionisio Andrade, respectivamente41. Además, en las jefaturas restantes, instaló a sus aliados políticos, los Posse42. Esta recomposición de jefaturas incluyó, a su vez, un importante recorte en las atribuciones de los comandantes, entre ellas, la de castigar y destituir empleados, intervenir en los juzgados de departamentos, en las actividades de los jueces y en el área eclesiástica, así como la requisa de ganado a la población. Asimismo, Campo decretó que la cooperación militar con las provincias de la región sería una decisión 39. A sus redes y lealtades locales configuradas a partir de su investidura religiosa (cura párroco) y su escalafón de jefe miliciano local, se sumó luego de 1854 una larga trayectoria política desarrollada, sobre todo, a escala provincial. Fue parte de una dirigencia caracterizada por operar de modo combinado entre la Sala y las fuerzas armadas. Véase Macías y Navajas, 2020. 40. Macías y Navajas, 2012. 41. Dionisio Andrade se había desempeñado como coronel y Silvestre Álvarez, como teniente coronel de la fuerza que hizo la campaña contra Celedonio Gutiérrez en la batalla de Los Laureles. 42. José, quien se desempeñaba como ministro de Gobierno, fue nombrado teniente coronel del regimiento n.º 8 de Famaillá; José Ciriaco, comandante de La Reducción; Benjamín, comandante del escuadrón n.º 1 de Monteros; Ramón, comandante del distrito de Lules (Famaillá) y segundo capitán del regimiento n.º 5 de Trancas.

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exclusiva del gobernador. Igualmente, los comandantes mantuvieron otras prerrogativas como el enrolamiento y su rol de agentes centrales en la organización de los comicios: debían garantizar los procesos electorales, la asistencia de los votantes y su ordenado desarrollo. Para esto podían disponer de sus funciones de policía, así como de su capacidad para influir y controlar a quienes formaban parte del cuerpo a su mando. La organización de la Guardia, por su parte, incluía un nuevo enrolamiento bajo las pautas impuestas por el poder central —“todos los considerados ciudadanos según la Constitución nacional y la ley de ciudadanía de 1857 a partir de los 16 años debían enrolarse en la Guardia Nacional”— y la designación, por parte del gobernador, de sus jefaturas43. Campo llegó a organizar batallones de la Guardia solo en la ciudad capital y tuvo que mantener en la campaña la antigua organización de regimientos de milicias departamentales sin poder establecer nuevos enrolamientos bajo las pautas nacionales. En el caso de Monteros, donde se ubicaba el otro centro urbano de la provincia, la Guardia no pudo organizarse por férrea y manifiesta oposición de sus tradicionales cuerpos cívicos. Las estrategias y negociaciones que puso en juego Campo para lograr reunir la milicia provincial y sus comandantes en torno a la nueva dirigencia, pero, sobre todo, en torno a él y su círculo, gozaron de éxito relativo. Si bien pudo obturar las influencias militares y políticas “gutierristas” y frenar el regreso de Gutiérrez como nuevo candidato a la gobernación en las elecciones de 1856, no logró hacer efectivo un nuevo enrolamiento provincial bajo las pautas y reglamentos de la Guardia y tampoco controlar la sucesión. Luego de una complicada negociación al interior de la Sala, la primera magistratura quedó en manos de Anselmo Rojo44. Una vez Rojo en el poder, Silvestre Álvarez, en concordancia con lo ocurrido en la Sala, dispuso cambios

43. Teóricamente, los altos mandos eran elegidos por el gobernador y el resto, por sus pares. Sin embargo, en Tucumán, no se encuentran más de dos testimonios de este tipo de elecciones internas. 44. Macías y Navajas 2015. Rojo representaba a círculos más conciliadores de la política provincial y constituía, a juicio de los liberales, un freno a la vocación de control manifestada por el círculo Campo-Posse. Contaba con amplia trayectoria militar e importantes vínculos con las élites de la región. Era coronel de la circunscripción del norte del Ejército de Línea y afín a los lineamientos de Urquiza.

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en las jefaturas del regimiento de Monteros. Estos cambios afectaban directamente a los Posse en el marco de su propio enclave. Dicha decisión se esgrimió como justificativo para organizar una revuelta que, liderada por el desafortunado círculo, fue sofocada por la Guardia y dio lugar a una experiencia inédita en Tucumán: el juicio y castigo a sus líderes45. El sucesor de Rojo, Agustín Justo de la Vega, avanzó en la institucionalización de Tucumán con la sanción de la Constitución provincial (1856). A su vez, estabilizó los ánimos internos de la dirigencia, luego de la fractura provocada por el círculo Campo-Posse. Estos últimos, exiliados de la política y de sus jefaturas militares, regresaron a la vida pública tucumana de modo muy paulatino, en el marco de políticas fusionistas y tolerantes sostenidas tanto por Vega como por su sucesor, Marcos Paz. Pero volvamos por un momento a la administración de Vega y pongamos atención en un frustrado levantamiento con base de operaciones en Trancas, al norte de la provincia. El referido hecho demuestra el resquebrajamiento casi irreversible del ya lejano experimento militar de Heredia y, a su vez, una milicia provincial que con frecuencia se hacía eco de los fraccionamientos de la dirigencia. En 1858, Isidoro y Tiburcio López, miembros de aquella tradicional familia de políticos unitarios, encabezaron la organización de una rebelión dado que su reinserción en la vida pública tucumana luego de 1852 no hacía justicia de su destacada trayectoria previa a Caseros46. Ubicadas sus influencias en el departamento de Trancas (poseían a un miembro de la familia como diputado en la Sala y detentaban escalafones militares), lograron extender sus planes más allá del contorno local, consiguiendo adhesiones incluso en los enclaves residuales “gutierristas” de Río Chico y Chicligasta, (deseosos, por cierto, de destituir a los “liberales”). Silvestre Álvarez, quien había sido depuesto por Vega de la comandancia de Monteros por oponerse a la organización del batallón “Fidelidad” de guardias nacionales, constituyó otro aliado estratégico. Los esfuerzos de Vega en relación con la organización de la Guardia no alcanzaron los departamentos de la frontera norte 45. Los alcances políticos de las estrategias parentales y militares implementadas por la dupla Campo-Posse generaron una importante oposición al interior de los “liberales”. El freno no solo se puso en este caso sino años después, durante el gobierno de Wenceslao Posse. Véase Macías y Navajas, 2015. 46. Esta conspiración es analizada en detalle en Macías y Navajas, 2012.

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y este fue otro elemento a favor. A esta ventaja se sumaron sus vínculos con el sector carretero y comercial de la ciudad y sus influencias en algunos guardias urbanos. El levantamiento era casi un hecho cuando otro referente de la milicia, Dionisio Andrade, se les adelantó. La denuncia del comandante antigutierrista de Famaillá desbarató los planes revolucionarios: el gobernador fue advertido mediante un comunicado formal que dio lugar a un largo proceso sumario. El estilo confrontativo del sucesor presidencial de Urquiza, Santiago Derqui, desestabilizó, nuevamente la política tucumana, en particular, los acuerdos entre las élites y la depuración de las fuerzas armadas logrados por el sucesor de Vega, Marcos Paz. Una nueva amenaza de Gutiérrez desde Salta, esta vez con la misión “nacional” de “desliberalizar el norte” puso en jaque las acciones pacificadoras regionales encabezadas por el siguiente gobernador, Salustiano Zavalía. La tensión “diplomacia vs. confrontación armada” volvió a fracturar a la dirigencia tucumana y esto tuvo su correlato militar, esta vez, en la Guardia Nacional47. La Guardia, que hasta el momento parecía alejada de los avatares de la vida pública se faccionalizó y, al influjo del nuevo clima de disputa e inminente guerra civil, se transformó en nueva instancia de confrontación política, de movilización de electores y de negociación de lealtades: el gobernador mira con desagrado que se hiciera uso de la fuerza para inducir a ningún individuo de la Guardia Nacional a votar por una lista o abstenerse de votar por otra en los comicios electorales... esto no impide que pueda usarse la insinuación amistosa y el convencimiento que son medios de influencia con la libertad individual...48.

Esta dinámica interna inaugurada durante los conflictos provinciales y regionales desarrollados entre 1860 y 1862, se intensificó luego de que, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, se sancionara una reforma electoral nacional. En la misma, se incluyó un artículo que especificaba que para poder votar cada ciudadano debía acreditar enrolamiento en la Guardia Nacional. El empoderamiento de sus comandantes en tanto expendedores de dicha papeleta terminó por constituirlos en 47. Sobre esta etapa de la política tucumana, véanse Bravo, 2003; Macías, 2014: 114-133. 48. Gobernador Zavalía a comandante de Campaña, en Eco del Norte, Tucumán 17/1/1860.

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actores cruciales del proceso electoral, quienes negociaron permanentemente su apoyo —y el de su tropa— sin garantías de subordinación. Los jefes de la Guardia Nacional urbana y rural, quienes convivieron por largos años con regimientos residuales departamentales en Tucumán, se reposicionaron como operadores clave en el diseño de candidaturas, en la organización de los procesos electorales y de levantamientos armados que muchas veces desafiaron sus resultados49. El inestable control de las comandancias locales, pero, sobre todo, de los comandantes de las guardias nacionales fue, a partir de aquí, un signo característico de la política provincial. Entre las políticas oficiales y la praxis social: comandantes, intermediarios y contraprestaciones en la construcción del orden provincial en la frontera sur de Buenos Aires El proceso de expansión territorial del Estado provincial en la frontera sur de Buenos Aires sobre territorio indígena fue paralelo al de “expansión ganadera” y de extensión de la ciudadanía política en el ámbito rural, implicando la necesidad de incorporar y controlar recursos como las tierras y la población mediante la fundación de fuertes, pueblos y otras estructuras de poder institucional, como la militarmiliciana, la judicial-policial y la eclesiástica50. En este marco, al asentamiento espontáneo de población se sumó la implementación de políticas oficiales51, como la singular colonización de la frontera de Azul, caracterizada por la implementación de una serie de donaciones condicionadas de “suertes de estancia”52 por parte del gobierno de Rosas a pobladores criollos, que para obtener la propiedad formal de los terrenos debían cumplir con las condiciones de poblamiento y defensa de la frontera estipuladas en los decretos de 1829 y 1832. En el ítem 12° del primero se establecía que: “Quedan 49. La Guardia Nacional se sustentaba en el principio de ciudadanía en armas y uno de sus pilares fundamentales era el “derecho ciudadano de levantarse en armas frente a cualquier gobierno que pusiera en peligro la república y sus leyes”. Véanse Sabato, 2018; Irurozqui, 2018. 50. Barral y Fradkin, 2005. 51. Banzato y Lanteri, 2007. 52. Superficies de 2.025 hectáreas cada una, de tamaño mediano, según parámetros coetáneos.

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esentos el poblador, su familia y peones de todo servicio militar, que no sea para la defensa de la frontera en que se halle poblado”53, es decir, se creaba una estructura de poblamiento y defensa de la frontera que recayó en los vecinos-milicianos que se asentaran en ella, que no estaban obligados a cumplir con el servicio militar provincial. Esto implicó el predominio de las fuerzas de milicias por sobre las regulares en la región, teniendo sede en Azul y Tapalqué gran parte de las fuerzas de los regimientos n° 5 y n° 6 de milicias de campaña y sus guarniciones regulares, así como también del regimiento n° 354. De hecho, como comprobaron estudios renovados sobre el aspecto militar, el poderoso ejército de línea que tenía la provincia de Buenos Aires frente a otros estados provinciales se canalizó principalmente hacia conflictos interprovinciales e internacionales, en tanto en la campaña y la frontera bonaerense las milicias criollas y las fuerzas auxiliares indígenas fueron predominantes, como veremos a continuación55. El proceso de poblamiento y puesta en producción de las tierras impulsado por las donaciones de Rosas fue exitoso e implicó además el establecimiento en la región de grandes contingentes de “indios amigos”, como las tribus de los caciques Catriel y Cachul, junto a otros caciques menores, que migraron del establecimiento “Los Cerrillos” del gobernador en el partido de Monte y levantaron sus tolderías (asentamientos) a pocas leguas de Azul, en Tapalqué durante muchos años56. La numerosa población indígena del lugar generó una estructura demográfica de cierto desbalance y predominio de esta por sobre la criolla. El censo provincial de 1854 estableció, por ejemplo, una población de “6.000 indios” en el partido de Tapalqué, frente a solo 515 criollos57.

53. Decreto del 19/9/1829, Buenos Aires, en Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, Imprenta del Estado, pp. 17-21. 54. Lanteri, 2011. 55. Un resumen en Gelman y Lanteri, 2010. 56. Los “indios amigos” fueron poblaciones que se asentaron en las inmediaciones de los fuertes y pueblos fronterizos y brindaban distintos servicios al gobierno provincial a cambio de su manutención y otros, a diferencia de los “indios aliados” y “enemigos”. Con el tiempo la principal actividad de aquéllos fue el auxilio militar (Ratto, 2003). 57. Primer Censo de la República Argentina. Verificado en los días 15, 16 17 de Setiembre de 1869. Bajo la dirección de Diego de la Fuente, Superintendente del Censo. Buenos Aires: Imprenta del Porvenir, 1872, p. 18.

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En un contexto de frontera signado por esta importante presencia de “indios amigos”, de crecimiento demográfico, expansión territorial y económica y de guerras y conflictos constantes, las autoridades locales constituyeron figuras medulares en tanto nexos entre el gobierno provincial y la sociedad vernácula —compleja y multiétnica—, encargados de disciplinar y controlar recursos humanos y de fomentar hábitos y afección al régimen. El análisis del elenco local de autoridades se refiere a la importancia de las relaciones personales en la articulación del poder local, pues Rosas designó a parientes cercanos o personas de su extrema confianza para ejercer el control; a una gran continuidad del repertorio de autoridades políticas, religiosas, militares y milicianas a lo largo del tiempo58 y a la existencia de reciprocidades entre Rosas y estas autoridades y entre estas y la sociedad local, al ser los responsables de asignar las donaciones de tierras a los pobladores, siendo agraciadas con terrenos también por Rosas. ¿Quiénes fueron las principales autoridades del lugar y qué perfil presentaron? Se destaca Pedro Rosas y Belgrano, hijo político de Rosas, que fue juez de paz59 y comandante interino de Azul en 1837 y de 1840 a 1852 y el cura párroco Clemente Ramón de la Sota (1835c. 1854), en tanto en Tapalqué el primer juez de paz fue designado recién en 1846, siendo Bernardo Echeverría el comandante militar de línea durante 1831-1852. La mayoría del elenco político examinado (jueces de paz y auxiliares como alcaldes y tenientes alcaldes) provenía de Buenos Aires u otras regiones de la provincia o la Confederación, era de edad avanzada, casados, propietarios medios, letrados y habían servido a la causa federal rosista con su persona o bienes en ocasiones relevantes. Habían sido receptores de “suertes de estancia” a partir de 1832, salvo Echeverría por ser de línea. 58. Esto es contrastante con lo destacado para el resto de la campaña de Buenos Aires, donde se planteó que solo el 11,4% de los jueces de paz estuvo más de cinco años en ejercicio, aunque concentrando el 36,4% del total de los cargos anuales durante el lapso de 1822 a 1856, notándose una mayor continuidad de los mismos a partir de 1838 (Gelman, 2000). 59. Era una carga pública, aunque desde 1835 los jueces que además eran comisarios de policía percibían un salario de 160 pesos mensuales, relativamente pequeño, equivalente al sueldo de un capataz en las estancias del gobernador a mediados de la década de 1840 o lo acumulable por un “peón por día” en solo ocho días de trabajo (Gelman, 2000).

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Pero no todo era continuidad en el cargo y reciprocidades, pues la construcción y mantenimiento de un orden estable en la frontera fue un proceso arduo y signado por tensiones, vaivenes y disputas jurisdiccionales y de atribuciones entre autoridades, típicos de un proceso de construcción estatal. Durante los primeros años de colonización, en 1837, el juez de Azul José Antonio Capdevila le trasmitía al gobernador Rosas el estado de anarquía en que se encontraba el 5° escuadrón de milicia y además que la parte política de todo el Partido, y la defensa del Pueblo contando para ello con los vecinos mas inmediatos, corresponde al que firma. El celo del campo y operaciones militares al Sor Coronel. Sucede frecuentemente. que estos vecinos mas inmediatos como se reunen con mas prontitud, son llamados por dicho Señor y destinados á recorrer el campo60.

Le comentaba, así, las disputas jurisdiccionales y de poder que tenía con el propio Prudencio Rosas, hermano mayor de Juan Manuel y su superior en el regimiento. Unos años luego, en 1846 Rosas mandó a apresar en Santos Lugares al comandante Echeverría por no cobrar ni enviar a Buenos Aires los registros de la Contribución Directa en Tapalqué desde 1840, nombrándose en el ínterin al primer juez de paz, G. Barragán, supeditado a la figura de Pedro Rosas en Azul. Una vez liberado y reincorporado a sus funciones, Echeverría se disculpó y prometió compensar su falta, pero al año siguiente el encargado de la colecturía escribió al ministro de Hacienda que seguía “faltando unicamente los de Tapalque desde 1840 hasta el presente inclusive” y que …diríjase […] el presente decreto al Juez de Paz de Tapalque á quien se apercibe muy seria y muy formalmente por su escandalosa inaudita conducta en las repetidas y graves faltas que ha cometido; y por ultima vez se le hace altamente responsable del cumplimiento que debe dar inmediatamente á la terminante orden que por este Decreto se le dá para que remita los registros de Contribución Directa desde 1840 hasta el presente inclusive61.

Los pocos establecimientos criollos y la mayoría de población indígena seguramente debieron influir en esta repetida conducta del 60. Lanteri, 2001: 261. 61. Lanteri, 2011: 195-196.

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comandante de no cobrar un impuesto, que denota que molestó al gobierno más por su inconducta que por la relevancia impositiva al fisco, pues nunca superó alrededor del 3% de los ingresos provinciales62. Los jueces de paz y sus auxiliares, jefes y oficiales militares y milicianos, curas y vecinos federales participaban regularmente junto a los caciques “amigos” y sus tribus de los festejos y ceremonias republicanas y federales, además de estar encargados del control de las elecciones anuales para representantes de la Sala, que elegía al gobernador provincial cada cinco años. Las autoridades locales realizaban el empadronamiento de las personas “habilitadas” para votar, el reparto de las boletas con las listas de candidatos escogidos por el gobierno que se enviaban desde Buenos Aires y la recolección de los votos el día de los comicios, como integrantes de las mesas escrutadoras. Para los años con datos, hemos registrado que la composición de dichas mesas estuvo presidida por el juez de paz y el cura párroco del pueblo, quienes intervinieron en todos los años. Además, por comandantes de milicias y de la plana regular y el médico de la tropa Manuel Ramos en 1840, que aparte de curar decidía quién debía cumplir o no el servicio armado en base a la aptitud física de los pobladores. El importante índice de participación electoral en la frontera superó a los vecinos formalmente habilitados por la ley de 182163, incluyendo a indígenas y dependientes, lo que refiere a la laxitud de la normativa y su implementación discrecional por parte de las mesas escrutadoras, que como mencionamos, representaban a toda la urdimbre socio-étnica, política y militar-miliciana local64. Detengámonos finalmente en el perfil de la oficialidad y las fuerzas militar-milicianas. Los seis regimientos de caballería de milicias de campaña fueron creados a partir de las reformas de 1821 y se componían por cuatro escuadrones cada uno y cada escuadrón por dos com62. Gelman y Santilli, 2006. 63. Todos los hombres libres mayores de veinte años, naturales del país o avecindados sin requisitos de propiedad, instrucción o profesión. 64. Lanteri, 2008; Lanteri y Santilli, 2010. Azul y Tapalqué representaron el 10,2% del total de votos de la campaña en 1838 y el 7,8% en 1842; en 1840 el 54,8% de los votantes siguieron apoyando al régimen rosista desde 1838. Este año constatamos que el 36,6% de la población general participó en las elecciones, habiéndolo hecho el 47% del total de cabezas de unidad censal. En 1838 más del 45% de los donatarios de tierras participaron de los comicios, haciéndolo cerca del 40% en 1842, luego de la crítica coyuntura de 1838-1840 (Lanteri, 2011).

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pañías, con una plana regular y otra miliciana con sus respectivos jefes y oficiales. El regimiento 5 con jurisdicción en el partido de Monsalvo fue creado en 1826 y el regimiento 6 tenía jurisdicción en los partidos más australes conforme la expansión fronteriza, y su plana mayor residía en Azul, comandada por Prudencio Rosas. De hecho, fue éste quien se encargó de reorganizar estos regimientos y de nombrar y disciplinar a sus oficiales, luego de la depuración de los cuadros que realizó su hermano Juan Manuel a partir de la crisis producida al interior del federalismo porteño y la campaña al río Colorado de 18331834. En un marco de guerras y conflictos regulares y de movilidad y heterogeneidad socio-étnica, las autoridades militares y milicianas cumplieron un importante papel en el control de la población rural y la canalización de recursos para la causa, contribuyendo a mantener el orden en ciertas coyunturas críticas frente a tribus no aliadas al gobierno, luchas faccionales, etc. La oficialidad con jurisdicción local y regional mantuvo una gran regularidad en sus funciones durante todo el período rosista, no siendo sustituidos ni con los cambios efectuados a partir de 1835 con el comienzo de su segunda gobernación, ni luego de 1839-1840, y participó en las principales coyunturas críticas que atravesó el régimen, desde el levantamiento de 1829 que llevó a la gobernación provincial a Rosas hasta la batalla de Caseros que lo derribó en 1852, como los malones de 1836-37 y la rebelión de los “Libres del Sud” en 183965. Al estar arraigados en la frontera pudieron establecer una relación cara a cara con la población, cristalizada en una “obediencia personalizada” entre los oficiales y la tropa66, que evidentemente fue exitosa junto a otras compensaciones e incentivos materiales y simbólicos como ascensos militares, medallas, entrega de tierras, exenciones impositivas, trato deferencial a milicianos por sobre regulares y penas más severas a éstos, etc., a juzgar por la gran cantidad de enrolados

65. Lanteri, 2011. Este suceso, según Gelman (2002) fue “la expresión más dramática de una coyuntura de crisis de las bases de sustentación del poder de Rosas” y junto a la invasión de Lavalle en 1840 pusieron de manifiesto que la capacidad de coerción militar del gobierno residía más en los apoyos sociales que en un cuerpo separado sujeto a aquél o al Estado, destacando el relevante accionar que las tropas de Prudencio Rosas y los “indios amigos” de Azul y Tapalqué tuvieron en la defensa de la causa federal. Véase Gelman y Lanteri (2010). 66. Míguez, 2003.

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en el servicio de armas, su participación regular, la poca deserción registrada y la entrega de sus vidas a la causa, que fue destacado como la forma de adhesión más extrema de un individuo hacia el régimen67. En los preparativos de la batalla de Caseros, a inicios de febrero de 1852, se pudo comprobar que, en el campamento del Potrerillo, la División Azul, al mando de Pedro Rosas y Belgrano, logró aunar la importante cifra de 1.086 individuos, que representaría cerca del 32% de hombres del partido y el 10% del total de fuerzas rosistas estimadas en dicha batalla. Además del piquete de indios de esta división, varios capitanejos y sus indios de pelea provenientes de distintos lugares se congregaron, como los del cacique Maicá68. El análisis de la plana mayor y la oficialidad de la División Azul indicó que muchos oficiales habían sido agraciados con suertes de estancia y otros incentivos materiales y honores como contraprestaciones a sus servicios, como tierras fiscales en otros lugares de la provincia, medallas, ascensos, exenciones impositivas, etc., refiriendo a la importancia de los intermediarios y las reciprocidades y contraprestaciones de bienes por servicios públicos como nodo articulador del orden socio-político en la frontera69. La caída del régimen rosista en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852 dio inicio a un período de enfrentamientos que se agravó con el sitio que Hilario Lagos, bajo las órdenes de Urquiza, hizo a la ciudad de Buenos Aires entre diciembre de 1852 y julio de 1853, que repercutió en la campaña bonaerense70. Luego de su derrota, Buenos Aires se separó del resto de las provincias confederadas y, como antes referimos, no firmó la Constitución nacional de 1853, constituyéndose en Estado independiente con su propia Constitución (1854). La gobernación bonaerense de Pastor Obligado (1853-1857) dio inicio a una coyuntura de enorme conflictividad interétnica en la frontera de Buenos Aires, que hostigada por Calfucurá (aliado de la Confederación) sumaba otro frente de conflicto. Las nuevas autoridades porteñas iniciaron una reorganización de la campaña a fin de 67. Salvatore, 2003. 68. Estos habían venido desde Tapalqué y revistaban un total de 45 personas, entre capitanes y soldados, congregándose en el campamento de Santos Lugares de Rosas (partido de San José de Flores) a mediados de enero de 1852 (Lanteri, 2011). 69. Lanteri, 2011. 70. Barcos, 2017. Véanse los distintos estudios del dosier compilado por Lanteri y Canciani, 2020.

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disciplinarla, modificando la política con los indígenas, que durante el rosismo había generado una paz relativa, hacia otra más coercitiva. Se suprimió el racionamiento oficial, se cambiaron las autoridades fronterizas con quienes los caciques y sus tribus habían generado vínculos directos por años y se planificó la formación de nuevos pueblos sobre el territorio que desde hacía más de veinte años ocupaban los indios catrieleros71. Así, en diciembre de 1853 se decretó la fundación de fuerte Esperanza (general Alvear) y el 2 de marzo de 1855 se dispuso el traslado del cantón Tapalqué y la fundación del nuevo pueblo en las tierras de los “indios amigos”, junto a otras medidas que desmontaron la red de alianzas y el “negocio pacífico” cimentado anteriormente72. El territorio fronterizo fue dividió en tres comandancias: Norte (desde San Nicolás a fuerte Federación), Centro (desde este a fuerte Esperanza) y Sur (desde este hasta Bahía Blanca) al mando de Wenceslao Paunero, sucedido por Julián Martínez y luego, por Emilio Mitre73. La situación descripta produjo el descontento de muchas agrupaciones indígenas “amigas”, como las de Catriel y Cachul, y su alineamiento eventual con Calfucurá y sus huestes, quienes malonearon la frontera sur con particular violencia durante 1853-1855, robando ganado, tomando cautivos y saqueando e incendiando poblaciones. Como resultado de este ciclo de alta conflictividad, la frontera fue despoblada y los límites estatales presentaron un gran retroceso, hasta contornos prerrosistas. Las tribus de dichos caciques se trasladaron de su hábitat regular en Azul y Tapalqué hacia la zona del Sauce Grande, en el suroeste provincial74. Como fue indicado, en América Latina, el período 1824-1860 se caracterizó por ser de “superioridad militar indígena”75 y en este marco el gobierno porteño fue objeto de múltiples y contundentes derrotas. En una misiva enviada por Emilio Mitre a su hermano Bartolomé en 1855, se quejaba de los robos en haciendas y demás a manos de los indios y del accionar de las fuerzas de frontera: “por desgracia para el país, la mayor parte de nuestros oficiales de caballería no son capaces 71. 72. 73. 74. 75.

Ratto, 2006. Lanteri y Pedrotta, 2012. Belloni, 2015: 143. Lanteri y Pedrotta, 2012. Langer, 2003.

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de cuidar una gallina”76. Al día siguiente, volvía a insistir con otros recados: “Querido hermano: Me olvidaba pedirte dos cosas: primera es que todas las semanas mandes un paquete de diarios con la posta, porque aquí estamos viviendo como en el limbo; segundo, es un mapa de la provincia, que me hace una notable falta”77. Esto evidencia el grado de precariedad y de temor vivido en la frontera en ese momento, a la vez que el gran desconocimiento del territorio que tenían las fuerzas oficiales que se adentraban en territorio indígena. Luego de varios enfrentamientos y derrotas oficiales por las fuerzas indígenas confederadas —como Sierra Chica (31/05/55) y San Jacinto (29/10/55)— el gobierno porteño entendió la necesidad de realizar un cambio en su política ofensiva, intentando pacificar la frontera mediante acuerdos de paz, en los cuales los comandantes militares tuvieron un rol crucial. A fines de febrero de 1856 y por más de dos meses, el propio gobernador provincial Pastor Obligado se apersonó en Azul “para ir a auxiliar al ejército como pueda” dada la crítica situación coetánea en la frontera sur, que había ocasionado la renuncia del comandante Hornos. En junio de ese año, este fue reemplazado por Manuel Escalada como comandante de la Frontera Sud, quien tuvo la pacificación como misión principal. Junto a este se sumó a la comitiva diplomática el coronel Ignacio Rivas, dos vecinos y una escolta de soldados veteranos que fue a las tolderías del río Sauce Grande, a entrevistarse y parlamentar con las tribus sublevadas78. Las negociaciones entre ambas partes fueron arduas y largas, culminado luego de varios meses —y con la anuencia de Calfucurá— con tratados de paz en 1856 y 1857 con los caciques Catriel, Cachul y Yanquetruz, respectivamente. El 26 de octubre de 1856 se firmó el tratado de paz entre Manuel Escalada —en representación del estado de Buenos Aires— y los caciques Juan Catriel y Juan Manuel Cachul —alineados con Juan Calfucurá y la Confederación durante 18531855— mediante el cual el gobierno otorgó a los indios nombramien76. Carta de Emilio Mitre a Bartolomé Mitre, Campamento, 12 de septiembre de 1855, Archivo del General Mitre, Cartas confidenciales de varios sobre diversos asuntos, Años 1854-57, Tomo XV. Buenos Aires: Biblioteca de la Nación, 1912, p. 128. 77. Carta de Emilio Mitre a Bartolomé Mitre, 13 de septiembre de 1855, Archivo del General Mitre, Cartas confidenciales de varios sobre diversos asuntos, Años 185457, Tomo XV. Buenos Aires: Biblioteca de la Nación, 1912, pp. 128-129. 78. Del Valle, 1926: 221-222.

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tos militares con sus remuneraciones, les reasignó raciones, “vicios de costumbre”, restableció el comercio interétnico y otras cuestiones definidas en sus distintos artículos79. Pero como ha sido señalado, fueron las tierras el principal eje articulador del mismo, como habían sido también la principal causa de la conflictividad posrrosista80. De este modo, este acuerdo fue el primer tratado de paz escrito (que llegó hasta hoy) durante el período independiente en donde el gobierno de Buenos Aires reconoció en “legítima propiedad” a un grupo indígena una enorme extensión de territorio, de aproximadamente 20 leguas cuadradas (54.000 hectáreas), al oeste del arroyo Tapalqué —coincidentes con sus asentamientos desde 1830— cuyos límites precisos serían establecidos y deslindados luego81. A partir de entonces, el grupo se reinstaló entre el arroyo Nievas y aquél, incrementándose el abastecimiento y comercio. Posteriormente, las tribus “pampas” de Lucio López, su hijo Chipitruz y otros caciques menores se instalaron en Tapalqué82. Las negociaciones de paz incluyeron asimismo la asignación de solares a indios en la aparte oeste de la traza del pueblo de Azul, arroyo de por medio. De este modo, el general Escalada, en representación del estado de Buenos Aires, compró a la flamante Corporación Municipal 100 solares de 2.500 varas cuadradas cada uno (1.875 m2), a 100 pesos el metro cuadrado, destinando 40 pesos de ellos para gastos de mensura y escritura y 60 para la construcción de un nuevo templo. Los indios recibían los predios de forma gratuita, sin tener que pagar al fisco por el recurso, ni eventualmente por la mensura y escritura. A principios del mes de noviembre de 1856 la institución comenzó la distribución de los solares y el registro de las transferencias, mediante la modalidad de “propiedad condicionada” a título individual-familiar, según la cual los receptores estaban obligados a cumplir con su poblamiento, introducción de mejoras y no enajenación del recurso a otros sino “para sí sus herederos y sucesores”, 79. Levaggi, 2000. 80. Lanteri y Pedrotta, 2012 y 2018. 81. Esto fue objeto de disputa, pues los indígenas aducían que el Gobierno les había reconocido una extensión de 400 leguas cuadradas entre las sierras de Baracuyá y Curamalal, en tanto el gobierno refería a una extensión mucho menor, de 20 leguas cuadradas. 82. Lanteri y Pedrotta, 2012.

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intentando fomentar la sedentarización social en este emplazamiento urbano indígena83. Los primeros beneficiarios del reparto original de solares en “Villa Fidelidad” fueron soldados y viudas de la tribu del cacique Maicá, quien ya vimos que estaba asentado en la región austral de la frontera y brindaba servicio armado regular. De hecho, según se indicó, la división de lanceros indígenas a las órdenes de Maicá constituía en 1855 la principal milicia de “indios amigos” de la frontera sur (considerando los partidos de Azul, Tapalqué y Bahía Blanca), junto a los de Collinao, Cayupulqui y Teuque y la única si solo se considera la primera localidad, comenzando a revistar como un cuerpo auxiliar estable84. La noción flexible de territorialidad de los “indios amigos” en esta coyuntura y la territorialidad considerada como una herramienta de negociación con el Estado —vinculada al servicio armado y la política coetánea— fue destacada, como se mencionó en el caso de los catrieleros y de la parcialidad de Maicá, incluso a nivel simbólico al considerarse indios y criollos como “hermanos” hijos de la misma tierra, aunados y cómplices ante potenciales amenazas externas en una época convulsa85. La parcialidad de Maicá tuvo un uso del espacio diferente a otras agrupaciones indígenas e incluso a sus patrones previos, pues recibía racionamiento independiente y según un coronel coetáneo, estaba agregada al regimiento de coraceros n.° 2 y vivía “con sus familias en el campamento del Ejército”86. La entrega de terrenos fue realizada como contraprestación a su servicio armado y premio a su fidelidad militar con el gobierno de Buenos Aires en los múltiples enfrentamientos armados coetáneos, especialmente en la crítica coyuntura de 1853-1855 descripta et supra87. Según el coronel Del Valle: Los indios de Maicá pelearon siempre en las filas de los soldados del gobierno. Estaban perfectamente regimentados y organizados. […] Cuando la sublevación de Juan Catriel aliado a Calfucurá; los indios de Maicá pelearon contra los invasores en “Sierra Chica”, en “Dos Hermanas”, y

83. 84. 85. 86. 87.

Lanteri, 2017. Ratto, 2012: 367. Lanteri y Pedrotta, 2012 y 2018. Barbará, 1856: 46. Lanteri y Pedrotta, 2018.

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“en el entonces campamento de Olavarría. Fueron siempre fieles al Gobierno y amigos de los cristianos88.

Aun luego de la pacificación lograda arduamente en la frontera, durante el recrudecimiento del enfrentamiento entre el bando porteño y confederado entre las batallas de Cepeda y Pavón, los indios de Maicá siguieron brindando su apoyo militar regularmente a Buenos Aires, dando aviso de posibles invasiones de indios no aliados y ayudando a la defensa del sitio al pueblo de Azul realizado conjuntamente por Pedro Rosas y Belgrano, y Calfucurá a inicios de noviembre de 1859, unos días luego del combate de Cepeda. Debido al accionar en este episodio, Mariano Maicá, uno de los hijos del cacique principal, fue ascendido a grado de sargento mayor por los comandantes encargados de la defensa del pueblo, sorteando los canales institucionales de los nombramientos militares, que estaban a cargo del presidente de la nación mediante el Ministerio de Guerra y Marina89. Luego de la muerte de Mariano, su viuda solicitó la pensión militar y los comandantes Pedro Escalada, Ignacio Rivas y Álvaro Barros, máximas autoridades de la frontera bonaerense de entonces, contribuyeron a reunir las pruebas necesarias mediante su declaración testimonial, donde certificaron el grado y los servicios militares de Mariano y la tribu, ayudando a la concesión de la pensión90. Tiempo después de su nombramiento y habiendo acreditado su patente, en 1861 Mariano solicitó tres “suertes de estancia” en Azul a título individual, para sí como “Sargento Mayor en actual servicio en el Ejército que guarece este punto”, su padre, cacique principal de la tribu y su lenguaraz, a través de su apoderado, el sargento mayor Juan Cornell91. Es dable subrayar cómo en una coyuntura de “ordenamiento legal” posrosista de corte liberal, el estado de Buenos Aires por un lado 88. Del Valle, 1926: 327. 89. A diferencia de otras provincias como Tucumán, el carácter electivo de la oficialidad de la Guardia Nacional de la campaña y la frontera de Buenos Aires por parte de la tropa se produjo en los primeros años de su “arreglo”, cambiándose luego por la recomendación del jefe de los regimientos para la designación de la oficialidad por el gobernador provincial. En el Ejército de Línea la recomendación del superior también fue una instancia clave para lograr un ascenso, el mando de un regimiento, batallón o escuadrón (Canciani, 2017). 90. Lanteri y Pedrotta, 2022. 91. Pedrotta y Lanteri, 2022.

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intenta crear un nuevo corpus normativo en materia de tierras y otras cuestiones que anulara los “premios a la fidelidad militar” y otras disposiciones arbitrarias del período anterior a fin de centralizar y uniformar, pero por otro lado, en la frontera continúa con prácticas de índole clientelar, como la entrega de tierras comunales o individuales, rurales o urbanas y concesiones (eventualmente discrecionales y contingentes), como ascensos militares, pagas regulares, entrega de raciones, etc. a ciertas agrupaciones indígenas para fortalecer su base social y apaciguar la frontera en una época convulsa y signada por alianzas interétnicas volátiles y cambiantes92. Lo que muestra, una vez más, la tensión entre normativa y práctica, la importancia de las contraprestaciones de bienes por servicios públicos y de los intermediarios en el forjamiento del orden fronterizo, así como la necesidad y relevancia del auxilio indígena, en un contexto, como ha sido señalado, de gran militarización de la población rural bonaerense93. Reflexiones finales El vacío de poder centralizado que supuso la ruptura del orden colonial en la actual Latinoamérica implicó el desarrollo de un nuevo orden político, que en la mayoría de los nuevos Estados (salvo en el Brasil temprano y en algunas coyunturas de México) se erigió sobre las bases de un sistema republicano basado en los conceptos de soberanía popular y representación política. En el caso rioplatense, la primera junta de gobierno de 1810 y la independencia proclamada en 1816 dieron lugar a distintos ensayos de organización políticoinstitucional, de corte centralista o no, donde convivieron múltiples escalas territoriales y distintos tipos de órdenes —complejos y contingentes— que no fueron incompatibles con la violencia y la conflictividad social.

92. Lanteri, 2017. 93. Garavaglia, 2003; Literas, 2020. Algunos autores han destacado la importancia de Maicá en la cooptación de las fuerzas indígenas no alineadas con Buenos Aires para el triunfo porteño en la batalla de Pavón, a la vez que las concesiones de tierras efectuadas por la Legislatura Provincial una vez unificado el Estado en la década de 1860 a otros caciques como Coliqueo y Raninqueo, por su auxilio militar en este episodio (Allende, 1958).

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En este marco, centramos el análisis en el proceso de militarización, medular y generalizado durante el período abordado, que articuló distintas variables, instituciones y actores como los agentes intermedios, que permiten iluminar la construcción de distintos órdenes imbricados en diversos niveles territoriales, vislumbrar la trama de relaciones sociales y ponderar las lógicas locales, contribuyendo a restituir el accionar y agencia social en el marco de las contingencias y dinámicas coetáneas. Una primera cuestión que surge de nuestro análisis —que intentó vincular las renovadas lecturas de la historia política y rural— es la importancia de los sectores intermedios en la construcción de los nuevos regímenes provinciales, especialmente de los comandantes militares y las milicias provinciales, que fueron fundamentales a modo de defensa en los distritos de campaña de Tucumán y en la frontera de Buenos Aires. Como demostramos, estos agentes no formaban parte de la élite provincial y lograron articular a sectores medios y subalternos de distinta naturaleza, procedencia y etnicidad, centrales para la operatividad de dos aspectos nodales de la república: el servicio armado y las elecciones. En el caso de Buenos Aires, vale destacar la rápida incorporación formal al servicio armado provincial de los “indios amigos” desde la época de Rosas, en el marco de contraprestaciones —dinámicas, particularizadas y cambiantes— establecidas entre las agrupaciones y los distintos gobiernos provinciales. ¿Pueden estos indios regimentados ser considerados “ciudadanos armados”? Si bien la respuesta a este interrogante excede los objetivos de nuestro trabajo y necesita mayor profundización, coincidimos con los planteos que sostienen que prácticas asociadas al bien común y la vecindad como el servicio armado constituyeron una de las vías de acceso a la ciudadanía cívica de parte de este colectivo étnico durante las primeras fases de construcción republicana94. En segundo lugar, tanto en Tucumán como en Buenos Aires, observamos que, a diferencia de un orden relativamente organizado y estable durante el período de la Confederación hegemonizado por 94. Quijada, 2011. Este tema está siendo revisado en el marco del proyecto “Propiedad, servicio armado y prácticas políticas en Iberoamérica. La frontera sur de Buenos Aires durante la modernización liberal”, financiado por el CONICET, Argentina.

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Rosas, su caída en 1852 produjo una abrupta y profunda ruptura del orden preexistente, dando lugar, entre otras cuestiones, a un reemplazo y discontinuidad del elenco de intermediarios políticos (civiles, militares, milicianos, religiosos). El retorno de exiliados políticos, de opositores al régimen, sumado a una competencia y rotación de cargos antes inexistente y la sanción de la Carta Magna en 1853 se proyectó al ámbito militar, dando lugar a revoluciones y levantamientos armados con repercusión en los ámbitos urbanos, rurales y fronterizos, con realineamientos de fuerzas, facciones y grupos que querían restituir o no el orden preexistente. En este marco, la asignación de recursos, el otorgamiento de bienes materiales como contraprestación de servicios públicos, la negociación y concesiones a distintos grupos socioétnicos fueron nodales como forma de cooptación social en una época convulsa y signada por alianzas volátiles y cambiantes. Creemos haber mostrado, mediante la restitución de la escala local y regional, los distintos esquemas de funcionamiento institucional y la praxis social de diversos actores en las regiones abordadas dentro del contexto político general, cuestionando el proceso lineal, centralista y teleológico de formación del Estado nacional en pos de la validación de las dinámicas y contingencias coetáneas implicadas en la construcción de un nuevo orden político poscolonial, signado por la experiencia, intereses y recursos disponibles que atravesaron y moldearon las experiencias republicanas decimonónicas en cada región particular. Bibliografía Abbate, 2004. Unanimismo y cultura política. Tucumán en tiempos de Alejandro Heredia (1832-1838), tesis de Licenciatura en Historia. Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. Allende, Andrés. 1958. “La campaña de Pavón”. Trabajos y Comunicaciones, n.º 7, 7-37. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Banzato, Guillermo y Sol Lanteri. 2007. “Forjando la frontera. Políticas públicas y estrategias privadas en el Río de la Plata, 17801860”. Historia Agraria, n.º 43, 435-458. Murcia: SEHA. Barcos, Fernanda. 2017. “Tratos, batallas y malones. El accionar indígena en la frontera sur durante el Sitio a la ciudad de Buenos Aires”. Corpus, vol. 7, n.º 1, 1-30. Mendoza: CONICET-Centro Científico Tecnológico/Universidad Nacional de Cuyo.

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III El sur andino y el Alto Perú

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“Recobrar la nacionalidad”. Independencia, revolución y liberalismo en el congreso boliviano de 18391 Marta Irurozqui Instituto de Historia (GEA-IH), CSIC, España

Introducción La visión teleológica iniciada por los publicistas nacionales del siglo xix y prorrogada en la centuria siguiente desde diversas posiciones historiográficas e ideológicas interpretó las independencias hispanoamericanas como gestas de liberación inevitables y prefijadas, en su realización y en su desenlace, bajo el supuesto de la preexistencia de una comunidad con personalidad nacional que hacía ver en toda manifestación identitaria colonial los orígenes de la ruptura entre España y los territorios americanos. En contrapartida, investigaciones revisionistas desarrolladas desde la década de 1990 han combatido ese enfoque2. 1.

2.

“Recobrar la nacionalidad” está tomado de El Restaurador, Chuquisaca 27/3/1839. Este texto se inscribe en el proyecto de investigación I+D+i PID2020-113099GBI00/AEI/10.13039/501100011033, y constituye una versión revisada y adaptada de Irurozqui, 2018. Además del texto pionero de Netty Lee Benson y los posteriores trabajos de Jaime E. Rodríguez, Françoise-Xavier Guerra, Antonio Annino o Manuel Chust, pongo como ejemplos las monografías, coordinaciones y artículos de Gabriel Di Meglio, Marcela Ternavasio, Noemí Goldman, Genevieve Verdó, Gabriel Entín o Alejandro Rabinovich para Argentina; de José Luis Roca, María Luisa Soux o Esther Aillón para Bolivia; Joao Pimenta o Andréa Slemian para Brasil; de Jordana Dym o Xiomara Avendaño para Centroamérica; de Juan Luis Ossa, Elvira López o Lucrecia Enríquez para Chile; de Marcela Echeverri, Clément Thibaud, Daniel Gutiérrez o María Teresa Calderón para Colombia; de Federica Morelli o Ahmed de la Torre para Ecuador; de Ivana Frasquet, Roberto Breña, Alfredo Ávila, José Antonio Se-

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Desde perspectivas en ocasiones encontradas3, el desarrollo emancipador se ha inscrito en el contexto de la crisis de la monarquía española y la revolución del mundo hispánico que activó las tensiones existentes entre España y sus territorios de ultramar. Esa lectura ha incidido en comprender de modo amplio, relacional e interconectado los conflictos locales, regionales y continentales ocurridos entre 1806 y 1825. Mediante la atención a esas dinámicas transfronterizas4, las distintas independencias han dejado de circunscribirse al espacio nacional actual y a estudiarse en relación a un espacio regional ampliado y multiforme en el que los distintos ensayos políticos, jurisdiccionales y militares se asumen de forma conjunta e interdependiente. Esa visión, lejos de abandonar el estudio de lo local, vive de su vitalidad experimental, al tiempo que lo potencia y sobredimensiona al ponerlo geográficamente en interacción con dinámicas globales que lo afectan y a las que afecta5. Esa experiencia y experimento mancomunados que son las independencias no se acabaron tras una única fundación republicana, sino que, justamente por no responder a la personería de Estados protonacionales y estar sujetas a las dinámicas de la territorialidad de la monarquía española y del mismo proceso internacional emancipador, se reiteraron bajo el aval constitucional6 en diversos formatos y solucio-

3.

4. 5.

6.

rrano o Juan Ortiz para México; de Víctor Peralta, Ascensión Martínez, Núria Sala i Vila, Dionisio de Haro o Natalia Sobrevilla para Perú; de Inés Quintero o Veronique Hébrard para Venezuela; de Ana Frega o Laura Martínez Renau para Uruguay. Sin negar la trascendencia de la Constitución de 1812 en los procesos independentistas, mientras el Grupo de Historia Constitucional de España de la UAM (Marta Lorente o Carlos Garriga) incide en su continuidad con el constitucionalismo de Antiguo Régimen basándose solo en un análisis jurídico de la misma, los integrantes del Seminario de Historia Constitucional Martínez Marina de la Universidad de Oviedo (Joaquín Varela, José María Portillo o Ignacio Fernández) sostienen que sí supuso un cambio revolucionario (mayor información en Chust, 2014). En dicha tarea de revaloración se inserta también Iberconceptos, proyecto dirigido por Javier Fernández Sebastián de la Universidad del País Vasco. El concepto ha sido tomado de Peralta y de Haro, 2019: 81. Sobre los aportes de la historia regional consúltense los pioneros y renovadores trabajos de Susana Aldana (por ejemplo 2013: 225-240). Un esfuerzo por profundizar en esa perspectiva fue el Coloquio Internacional Las Independencias antes de la Independencia (Congreso de la República del Perú, PUCP, IFEA), celebrado en Lima, 7-8 de agosto de 2014 y coordinado por Cecilia Méndez y Juan Carlos Estenssoro. Sobre el carácter matricial que los contemporáneos concedían a las constituciones como gestantes y gestoras de una nueva sociedad, véanse García Monerris, 2003: 52-53; Quijada, Bernard y Schenider, 2001; Portillo 2009: 307-324.

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“RECOBRAR LA NACIONALIDAD”

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nes. Las disputas fronterizas, las injerencias territoriales, los circuitos mercantiles, las redes familiares o la activa circulación de saberes administrativos, fiscales e ideológicos desarrollados durante las primeras décadas republicanas han mostrado la dificultad de encasillar en un único y definitivo desenlace nacional la formulación independentista. A través del caso de Bolivia, este texto incide en la contingente conformación nacional mediante el estudio del congreso constituyente de 1839 resultante de la Revolución Restauradora del 9 de febrero que dio fin a la Confederación Perú-Boliviana del presidente boliviano Andrés de Santa Cruz (1832-1839). Su elección responde a que esta entidad, por un lado, puso en marcha la Restauración o la vuelta al modelo territorial de nación establecido por la Asamblea General de Diputados del Alto Perú del 10 de julio de 18257; y, por otro, al dirigir la organización constitucional y sofocar los actos sediciosos de los partidos crucista y ballivianista contra la presidencia interina del general José María Velasco (1839-1841), propició un contexto de unión coyuntural entre facciones rivales que, bajo el liderazgo militar de José Ballivián, acabaría con las ambiciones anexionistas del presidente peruano Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi en 18418. Lo ocurrido tras ese acontecimiento bélico fue interpretado por sus actores (y también por parte de la historiografía) como la materialización de la segunda independencia boliviana9. El esfuerzo de los constituyentes de “recobrar la nacionalidad” de Bolivia se sustentó en el principio de combatir la sinrazón del abso7.

La Asamblea fue convocada por el mariscal Antonio José de Sucre el 19 de febrero de 1825 y se reunió en Chuquisaca el 23 de junio de dicho año. Los asambleístas discutieron tres soluciones nacionales: 1) la anexión de las cinco provincias del territorio de la Real Audiencia de Charcas a la República del Perú; 2) su anexión al gobierno de Buenos Aires; y 3) la creación de una nueva república independiente de las dos unidades anteriores. La primera opción no obtuvo ningún voto y la segunda dos, siendo ganadora la tercera. El 6 de agosto de 1825 se firmó la independencia de la República de Bolívar, llamada Bolivia a partir del 3 de octubre de 1825 y ratificada constitucionalmente como tal el 18 de noviembre de 1826. El 3 de octubre de 1826 la provincia de Tarija, procedente de las Provincias Unidas del Río de La Plata, se anexó a Bolivia y el 23 de noviembre fue adscrita al arzobispado de Charcas. 8. Esa política anexionista había tenido otro episodio semejante tras el exilo de Antonio José de Sucre y la presidencia tutelada de Pedro Blanco por el presidente peruano en 1828 (Peralta e Irurozqui, 2000: 111-112). 9. Un ejemplo en Kieffer, 1996.

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lutismo; que, en su parecer, no solo estaba representado por España o por cualquier otro poder que retrotrajera al país al pasado territorial de los antiguos virreinatos del Perú y de Buenos Aires, sino también por la forma de gobierno autócrata o cesarista. Dado que en la época muchos veían en el liberalismo10 un aval político para que la humanidad superara el oscurantismo del Antiguo Régimen, este texto se va interrogar sobre cómo contribuyó el mencionado congreso nacional a conformar sus plásticos, polisémicos e incluso encontrados contenidos y la comprensión social de los mismos. Debido a que en otros trabajos se ha afrontado la movilización armada y partidaria de la población por parte del congreso11, el objetivo central de este trabajo es estudiar los debates políticos en que se enmarcó la Constitución de 183912 para establecer, de una parte, qué se entendía por liberal, ideario liberal y/o liberalismo; y, de otra, cómo esa doctrina podía ayudar a consolidar a Bolivia como nación en un contexto geopolítico concreto de revolución, sobre todo porque el acto violento se asumía como un ejercicio del derecho o un poder con fines jurídicos, destinado tanto a conservar la legalidad establecida tras la independencia, como a crear una nueva13. El texto se organiza en tres acápites. En el primero se argumenta sobre la responsabilidad del legislativo en la gestión de la revolución. En el segundo se redunda en la caracterización del liberalismo a través de las discusiones aledañas al debate constitucional que, de un lado, reforzaban la conversión del legislativo en el legítimo sujeto dispensador/árbitro del ejercicio de la violencia merced a su uso de una revolución sostenida en la ciudadanía armada, y, de otro, deslegitimaban a los rivales políticos mediante su asociación con comportamientos despóticos y arcaicos. Por último, en el tercero se analiza la dimensión liberal de la Constitución misma, dando prioridad a los artículos tendentes a frenar el avance del despotismo a partir de los principios de

10. Además de los textos revisionistas de Charles Hale, David Bushnell, Frank Safford, Natalio Botana o Jeremy Adelman, véanse últimas publicaciones colectivas como Chust, y Frasquet, 2004; Jaksic y Posada-Carbó, 2011; Monerris, Frasquet y Monerris, 2016; Tabanera y Bonaudo, 2016; Frasquet y Monerris, 2018. 11. Irurozqui, 2015: 61-90. 12. Trigo, 1958: 247-274; Abecia, 1996: 127-134. 13. Desarrollo de esa tesis en: Irurozqui, 2018a.

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seguridad y de independencia de poderes. Los tres acápites subrayan la trascendencia política y social de la tarea asamblearia, así como la magnitud de la experiencia liberal hispanoamericana en el desarrollo internacional del liberalismo14. Los redactores de la Constitución de 1839 Concluida la Revolución Restauradora y una vez reunidas las distintas actas populares de expresión de la soberana voluntad nacional, José María Velasco recibió la autorización popular para asumir la reorganización de la República, siendo nombrado “presidente provisorio” el 10 de marzo de 1839. Como tal, sujetó su actuación política al procedimiento constitucional de 1831, que reconducía la excepcionalidad bélica por la vía representativa, y fijó la reunión de un congreso constituyente con miembros elegidos tras la celebración de juntas parroquiales, provinciales y departamentales, entre cuyos cometidos estaba redactar una nueva Constitución15. El 26 de agosto de 1839 el congreso dio inicio en la ciudad de Sucre a su sesión cincuenta. Con ella comenzaba la discusión en detalle del proyecto constitucional, destinado a ratificar a la Revolución Restauradora como “el pronunciamiento general y simultáneo de la República” contra el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana y a declarar insubsistente la Carta promulgada en 1834 bajo la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz16. La Constitución de 1839 fue sancionada y promulgada el 26 de octubre por Velasco. El proceso de su redacción tuvo lugar en un contexto de efervescencia revolucionaria que obligó a los diputados a simultanearla con la resolución de dos asuntos de naturaleza partidaria. De un lado, se defenestró a la administración crucista mediante la anulación de sus medidas gubernativas y legislativas, el castigo judicial a sus principales representantes y la asociación discursiva de sus actos al absolutismo. De otro, se deslegitimaron las sublevaciones contra la Restauración mediante su presentación como contrarias a la voluntad 14. Ese mismo argumento en: Carmagnani, 2003; Guerra 2004: 10; Jaksic y PosadaCarbó, 2011: 11, 26 y 29; Fernández Sebastián, 2009: 695-731; Irurozqui, 2020. 15. Discurso del presidente del Congreso José María Serrano del 16 de junio de 1839, en Morales, 1925: 261. 16. Redactor 1839, II, 1921: 64.

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popular encarnada en la representación nacional y la vinculación de sus líderes con prácticas déspotas. Si bien la Constitución de 1839 suele tildarse de liberal17, son muy pocas las consideraciones historiográficas acerca de lo que este término significaba en la época y menos las relativas a la dinámica elaboración temporal del mismo a partir de un hecho violento como fueron las guerras internacionales ligadas a la Confederación Perú-Boliviana y a la Revolución Restauradora. En este acápite se va a reflexionar sobre su significado a partir de las razones que tuvieron sus redactores para hacer posible la Restauración. La Restauración y sus actores han sido presa de dos tópicos historiográficos. De una parte, el hecho revolucionario se ha reducido a una gesta militar acompañada de un refrendo popular convenido, que dio lugar a un gobierno de igual índole, siendo subrayado el protagonismo marcial de los generales Velasco y José Ballivián. De otra, la acción política del Legislativo se ha desestimado por interpretarse que la verborrea leguleya y superflua de los “doctores de dos caras” convirtió a las Cámaras18 en un escenario donde solo se representaban intereses particulares de grupos y regiones en su pugna por el poder19. En contraste, este texto ofrece otra interpretación. Aunque la Revolución Restauradora pudo tener ingredientes de revuelta de cuartel por estar sus líderes resentidos por no haber obtenido los honores militares que 17. Sus autores la definieron así recalcando que justamente “por su liberalismo” no podía compararse con la del Constitución de 1834 (Redactor 1839, II, 1921: 571; Trigo, 1959: 86-87). Asimismo, contrapusieron el término liberal al de protectoral, aludiendo este segundo a los partidarios del crucismo cuya conducta denotaba hábitos déspotas/serviles propios de la colonia y probados en la defensa para Bolivia de una soberanía parcial o incompleta en tanto estado de la Confederación PerúBoliviana. 18. Recuérdese que Gabriel René-Moreno era simpatizante del gobierno de Santa Cruz y como tal definió al congreso de 1839 como “el cenáculo de Chuquisaca” o “cenáculo restaurador dueño de las influencias electorales”, “plumarios” o “clases superiores amedrentadas” (René-Moreno, 1975: 108, 118, 122-123), achacando la acción de los revolucionarios a su ambición de sueldos o empleomanía (Crespo, 1986: 135). 19. Agradezco al texto de Roberto Pareja (2014: 34-43) el haberme hecho consciente de la permanencia del tópico de “los doctores dos caras”, o el antimodelo del revolucionario patriota, en la política boliviana y permitirme complejizar la contraposición entre presidencialismo y equilibro entre los tres poderes y entenderla dentro de una tradición historiográfica que eleva al “hombre fuerte” y denosta al parlamentario a través de la herencia colonial.

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creían merecer y hasta ser una conspiración internacional y contar con apoyo de Chile20, no hubiera trascendido a nivel nacional si el Congreso boliviano no hubiese ejercido una directa intervención en la misma en lo relativo a su concepción, organización y desarrollo. El liderazgo de los diputados no fue un hecho coyuntural. Fue una acción política institucional en pos del equilibrio entre los tres poderes a partir de la invocación a dos principios no necesariamente liberales pero que se percibían asociados a dicha doctrina: el de independencia nacional y el de seguridad nacional. El vínculo entre independencia y liberalismo no fue claro durante la etapa de 1808-1825, sobre todo porque este último fue abanderado y desarrollado por los realistas españoles. Sin embargo, el posterior relato histórico sobre la gesta emancipadora asentó como cierto ese binomio; de manera que cualquier coacción de las nuevas libertades adquiridas fue percibida como un ataque al origen y a la existencia nacionales y, por tanto, como un atentado contra la seguridad física de la República y sus habitantes. La representación nacional de 1839 optó por resolver esa amenaza de despotismo a través de la autonomía del legislativo. Esa decisión mostraba que, para los diputados, la seguridad no equivalía al mantenimiento del orden, sino a la preservación de la libertad. La materialización de tal propósito a través del control de la violencia revolucionaria fue lo que convirtió al congreso en un espacio de desarrollo de una discusión racional de los problemas nacionales y de innovación gubernamental a través de la misma, ya que conservaba la conciencia de las fuerzas revolucionarias a las que debía su existencia o el sentido de la violencia creadora de derecho que representaba21. A continuación, se aportan tres argumentos sobre la tutoría del legislativo en la revolución relativos a la acción de los diputados contrarios al Pacto de Tacna; la despectiva calificación hecha por los opositores al gobierno de Velasco sobre los miembros de congreso constituyente; y el autorreconocimiento de los diputados de la importancia de su actuación revolucionaria. Respecto al primer testimonio, la responsabilidad de los legisladores en la revolución no estaba en contradicción con el hecho de que 20. Parkerson, 1984: 298. 21. Aunque se suscribe lo dicho por Walter Benjamin (1921) sobre que no hay existencia de la violencia por fuera del derecho, con el ejemplo del congreso de 1839 se rebate su lectura sobre la actuación del legislativo.

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la misma fuera ejecutada por el Ejército Restaurador (anteriormente fuerzas del Ejército del Centro y Ejército del Sur de la Confederación). A través de la modalidad pretoriana del ciudadano en armas22, sus mandos se asumieron como portavoces de la soberanía popular gracias a que su capacidad de organización de las fuerzas de combate les hacía responsables de la reconquista de la independencia de Bolivia, vulnerada tanto por el proyecto confederado de Santa Cruz como por los extranjeros chilenos, argentinos y peruanos “invasores de su territorio y de sus derechos”23. Sin embargo, la importancia del Ejército Restaurador en el triunfo de la Restauración no significaba que esta fuese una empresa militar. A juzgar por las acusaciones contra Santa Cruz, referentes a que este había gobernado mediante decretos que disminuían las funciones del legislativo24 y había terminado convertido en usurpador de los poderes constitucionales por las facultades extraordinarias adquiridas para enfrentar la guerra25, la revolución buscaba algo más que el orden territorial independiente logrado por la Real Audiencia de Charcas. Perseguía ante todo que la Representación Nacional recobrase la autoridad que le correspondía en el sistema representativo nacido de la fundación republicana. Ese propósito mostraba que la Restauración, aunque conseguida formalmente por los cuerpos militares pronunciados, había sido orquestada en comunidad con una mayoría de la representación boliviana desafecta a la Carta Provisional de la Confederación o Pacto de Tacna, resultante del congreso realizado en dicha localidad en mayo de 1837. La oposición a la Carta se había concentrado en Chuquisaca con apoyos en Oruro y La Paz y señalaba al congreso como el principal 22. En otros trabajos la ciudadanía armada se ha tipificado como: pretoriana/militarista y popular. Mientras la primera estaba unida a la acción profesional del ejército de línea y solo podían ser considerados ciudadanos armados los militares sublevados que gracias a defender un orden originario vulnerado se convertían en los depositarios de las garantías del pueblo; la segunda estaba asociada a la acción de los civiles que, como la mayoría sublevada del país, apelaban al derecho de resistencia del pueblo frente al despotismo para restaurar por la fuerza un orden legal pervertido por el abuso de autoridad (Irurozqui, 2018a). 23. El Restaurador, La Paz, 27/3/1839, p. X. 24. Aunque la Constitución de 1834 fijaba que el congreso debía reunirse al año de 60 a 90 días, durante el mandato de Santa Cruz como protector de la Confederación, el congreso extraordinario de 1835 se reunió 10 días, el de 1836 8 días, el de 1837 45 días y el de 1838 13 días (Abecia, 1996: 121). 25. Constitución de 1834, art. 73, en: Trigo, 1959: 235; Abecia 1996: 118.

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contendiente de Santa Cruz. Esto no comportaba que todos los diputados se opusieran inicialmente a su presidencia, sino a la forma autocrática que esta había adquirido y a sus consecuencias en el reparto del ejercicio de la autoridad entre los tres poderes. De los oficios del vicepresidente Mariano Calvo a Santa Cruz en septiembre y octubre de 1837 relativos a explicarle qué quería el pueblo de Chuquisaca26, se infiere que la Representación Nacional estaba dividida en dos sectores. De un lado, un grupo al que Calvo tildaba de “minoritario” y “bochinchero”, del que eran representantes los diputados Fernando Valverde, Pedro Buitrago, Manuel Molina, José Manuel Loza, Rafael Valentín Baldivieso, Quiroga y Calle. Acusaba a este “club revolucionario, ramificado con otros de fuera de la Capital”, de organizar desde el Congreso una revolución de carácter institucional consistente en la recuperación del equilibrio entre poderes, y de ser proclives a movilizar en un pronunciamiento revolucionario a líderes militares y a “los pueblos” si el ejecutivo persistía en sus formas tiránicas. De otro (y también en opinión de Calvo), estaba una mayoría adepta al “gobierno, al orden público y a la conservación de la administración”, encabezada por los diputados Francisco María Sempértegui, Andrés María Torrico, Miguel María Aguirre, José Mariano Serrano, José Ignacio de Sanjinés e Hilarión Fernández. Apostaban por un presidencialismo moderado en el que Santa Cruz escuchara sus consejos relativos a primar el gobierno de Bolivia antes que la Confederación. Ello no evitaba que temieran la capacidad del ejecutivo de disolver el congreso ante una amenaza al orden interno, algo que terminó sucediendo a raíz de la sublevación del 25 de septiembre de 1837 de una guarnición en Oruro27 y que permitió a Santa Cruz declarar la ley marcial. Pese a sus diferencias, ambos grupos de diputados coincidían en ser contrarios al Pacto, figurando entre sus argumentos los poderes ilimi26. Los datos expuestos en este acápite relativos a la reacción de los diputados al Pacto de Tacna han sido tomados de Querejazu, 1996: 288 y 318-330; Parkerson, 1984: 139-147. 27. Estuvo encabezada por el sargento mayor Narciso Núñez y el capitán Francisco de Paula Carretero, posiblemente en conveniencia con los chilenos. Fue desarmada por la Guardia Nacional de Oruro el 1 de octubre (Parkerson, 1984: 235). Parece que como consecuencia de la misma fueron encarcelados “los señores (diputados) López, Urcullo, Fernández, Cabero, Tardio, Ruiz y Molina”. El presidente Velasco reconoció en 1839 su acción como precursora de la Restauración al conceder a las viudas el goce del montepío militar (Aranzaes, 1992: 26).

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tados del protector, cuyo derecho a nombrar a los presidentes de los estados y funcionarios principales constituía una prueba de despotismo y tiranía porque allanaba el paso a una monarquía. Esa concurrencia ideológica manifestaba que, aunque la mayoría de los miembros del congreso defendía la libertad como un valor central para asegurar los derechos individuales o la no interferencia del poder en las decisiones individuales, coexistían dos maneras partidarias de hacerlo o de ser liberales. La diferencia radicaba en la velocidad en que esperaban que se concretase el cambio histórico y en la dirección que debía tomar el mismo: una facción abogaba por el camino del autogobierno y otra apostaba por el de la reforma. Dichas diferencias, expresadas en una lectura diversa de la división de poderes, era posible que encerrasen luchas por el poder entre facciones enfrentadas de la misma élite por estar su reconfiguración grupal en plena efervescencia dada la movilidad social que supuso la guerra. Sin embargo, ello no evitaba que en ambos casos lo liberal se definiera ante todo como un conjunto de ideas opuestas a la servidumbre y a los poderes fuertes u “hombres fuertes” que la permitían. A estos se les calificaba de absolutistas o arbitrarios en la medida en que el autoritarismo que ejercían no respetaba el desiderandum constitucional sobre el consentimiento de los gobernados, la división de poderes y la defensa de derechos y libertades. Esa percepción sobre los poderes fuertes u “hombres fuertes” no solo mostraba un rechazo al momento militar de la independencia prorrogado en el proyecto de la Confederación que bajo una visión mayestática del poder invocaba al orden para la realización de la unidad nacional. También ponía en tela de juicio el espíritu unanimista o voluntad de unanimidad que lo sostenía y que había caracterizado las primeras presidencias republicanas. La lógica de la acción independentista de ver toda confrontación de opiniones como atentatoria contra la seguridad pública de la República había convertido en partidos legítimos solo a aquellas formaciones que se creaban de modo circunstancial y espontáneo en torno a una cuestión específica. Toda organización más permanente o facción era considerada perversa por contaminar los debates con adhesiones estables que impedían la formación del interés general. Si bien esa concepción provenía de interpretar la independencia como el primer principio de felicidad y de llevar el ideal deliberativo a sus premisas fundamentales, el autoritarismo de Santa Cruz sobre el legislativo favoreció que la autodeterminación

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soberana de los sujetos chocara con el unanimismo, posibilitando el principio liberal de no coerción la compatibilidad entre el interés general y una oposición entre partidos28. A partir de las disidencias en los dos estados peruanos y la no ratificación del Tratado de Paucarpata con Chile del 17 de noviembre de 1837, el descontento general de los diputados por “el liberticidio y la guerra” que atentaban contra la felicidad de la independencia les llevó, en virtud de los derechos soberanos de los individuos que representaban, a retirar su adhesión a los poderes públicos establecidos y a amparar una conspiración revolucionaria. Esta tuvo lugar antes de que fuera conocida la derrota de las fuerzas crucistas por los chilenos en la batalla de Yungay29. En este sentido, la guerra resultante de la implantación del proyecto de la Confederación contribuyó a reforzar la distinción entre oposición legítima y oposición facciosa, arrogándose el legislativo la potestad de identificarlas. Respecto al segundo argumento, la autoría de la Restauración por parte de los diputados desafectos al Pacto de Tacna fue posteriormente confirmada por opositores a la presidencia de Velasco, como el general Ballivián. Con el apoyo de diferentes unidades del ejército acantonadas en La Paz, Oruro y Cochabamba, este se sublevó el 7 de julio de 1839. Tras declarase presidente de la República, presentó su asonada como la única salida para acabar con la facción que a nombre de Velasco se había apoderado del gobierno. En su opinión, ese grupo no constituía la mayoría del congreso reunido para redactar una nueva constitución, sino una minoría culpable de coartar la voluntad del resto. A los diputados que la conformaban los tildaba de “cuatro intrigantes”, “cuatro favoritos del autómata”, “charlatanes inicuos” o “un despreciable club de modernos jacobinos”. Acusaba a esa “facción de los descamisados” con “hablacerías de los Doctores”, de vender a la patria a los extranjeros por las negociaciones políticas con Perú y por las felicitaciones hechas al ejército chileno vencedor en Yungay; impedir que se expresase la “voluntad general de los Pueblos” por coartar las libertades públicas en las elecciones; y amenazar, desterrar y perseguir a los ciudadanos que se opusieran. Ante esa sumatoria de despropósitos, Ballivián asumía el deber de intervenir militarmente para 28. Peralta e Irurozqui, 2000; Ternavasio, 2007; Palti, 2005. 29. Parkerson, 1984: 289-303.

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salvar al ejecutivo del congreso y al congreso de sí mismo: el primero carecía de protección para su independencia, ya que era provisorio y producto de una asamblea en la que el voto de los representantes era venal, mientras los miembros del segundo tampoco obraban de modo autónomo porque eran objeto de coerción interna30. La solución radicaba, entonces, en la anulación del legislativo y en la colocación al frente del gobierno de un líder providencial que, como “hombre necesario”, ejerciera una autoridad tutelar. Los diputados contrarrestaron la amenaza del gobierno “cuasimonárquico” de Ballivián y sus acusaciones de sectarismo mediante el refrendo de la centralidad institucional del congreso en el organigrama de poderes nacido de la gesta revolucionaria del 9 de febrero. Aunque coincidían con el general en que la administración del país debía ser confiada a expertos, consideraban que estos ya formaban la Representación Nacional. A su juicio, Ballivián no se había sublevado y promovido una sustitución presidencial porque estuviese preocupado por la dictadura del pueblo. Lo había hecho porque pretendía un cambio en la relación de fuerzas entre el ejecutivo y el legislativo que le permitiese ejercer el poder de modo omnipotente y arbitrario. Se trataba de una sublevación contra el congreso que hacía de Ballivián ejemplo del modelo autoritario de gobierno fuerte que retrotraía la República a la intolerancia y el abuso coloniales. Por ese motivo, los asamblearios asumieron la agresión del general a su recobrada independencia y autoridad corporativas como una ocasión de autoafirmación institucional en su función de “representantes del pueblo”. Como ello pasaba por asumir el liderazgo de la resolución del conflicto ocasionado por Ballivián, se responsabilizaron de establecer el protocolo de actuaciones y el reparto de las funciones a ejecutar por cada instancia política. En consonancia con esto, legislaron sobre el primero e invistieron al ejecutivo de Velasco de poderes extraordinarios para que lo cumpliera. Pero no se le daba autoridad a la manera de la tomada por Santa Cruz. Se le reafirmaba como el brazo ejecutor del legislativo para que la actividad presidencial quedase supervisada y dirigida por este en todo momento. Esa experiencia de gestión colegiada entre los dos poderes daba cuenta de la dinámica y conflictiva construcción de un equilibrio 30. Proclama de “El general en Jefe José Ballivián al ejército boliviano” del 6 de julio de 1839, en Redactor 1839, I, 1920: 205-206, 236-237.

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de autoridad entre ambos que en agosto quedaría resuelto en la Constitución de 183931. Por último, respecto al tercer argumento, la legalización hecha por el congreso constituyente de los diversos pronunciamientos del febrero por los que se decía que Bolivia había reconquistado su independencia también redundaba en la responsabilidad revolucionaria del legislativo. Para demostrar que la revolución había sido hecha conforme a derecho el órgano de los representantes debía admitir que desde 1837 esta había sido premeditada en su búsqueda de “la paz y la libertad”, que su organización “para perfeccionar el cambio” había implicado múltiples y complejas acciones de coordinación entre diversos actores, y que había sido ejecutada con el apoyo de toda la nación, en vez de ser obra de “anarquistas o revoltosos”32. En las sesiones celebradas en Sucre en agosto de 1839, el Congreso estableció sancionar tal esfuerzo colectivo a través de un reconocimiento público de los implicados, debiendo ser este refrendado con agradecimientos y premios. Ello originó una discusión entre los asamblearios sobre la identificación de los líderes de esa gesta colectiva y sobre la finalidad de la premiación. Como se verá a continuación, el debate no solo ahondó en la tipificación de una gran parte de los miembros del legislativo como responsables de orquestar la Revolución Restauradora, sino que también sancionó la potestad de este cuerpo a refrendarse legalmente a sí mismo. La premisa de los diputados favorables a reconocer los pronunciamientos de febrero como un movimiento unísono de toda la nación, sin destacar a “los ilustres caudillos”, era no despopularizar la Restauración. Opinaban que se fomentaría el patriotismo y se estimularía el compromiso popular, a la vez que la no limitación de la gloria “a unos pocos” evitaría que la Representación Nacional cometiera el acto poco decoroso de congratular únicamente a sus miembros. En el congreso se hallaban “muchos de los colaboradores y tal vez los principales agentes de cambio”, cuyas buenas acciones y hechos heroicos tenían su origen en su deber como representantes del pueblo y no para ser acreedores de consideraciones y distinciones públicas especiales. Ante todo debía reconocerse “el mérito de las masas y perpetuar de este modo el mérito de su patriotismo”, siendo la designación de los 31. Redactor 1839, I, 1920: 253-258. 32. Redactor 1839, II, 1921: 22-23 y 33.

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autores o agentes principales innecesaria ante la opinión pública, ya que “sus nombres estaban inscritos en las actas de los pronunciamientos de todos los departamentos”33. En contrapartida, otros diputados cuestionaban lo vago de dar las gracias a la nación en masa por reconquistar su libertad e independencia. Preferían vindicar a los revolucionarios que “habían obrado con más eficacia” y no creían que ello despopularizara el pronunciamiento de febrero. No negaban que el mérito de la Restauración les correspondiese a todos sus participantes, pero “unos habían trabajado más que otros”, de manera que la recompensa debía de estar en relación con ese esfuerzo. En este sentido, abogaban por reconocer la tarea de dirigencia de “los individuos que obraron como motores del cambio”. Y si bien era cierto que en el seno de la Representación Nacional estaban algunos de los principales colaboradores de la Restauración, la obligación representativa de su cargo no les restaba mérito; sobre todo porque en el éxito de la revolución había sido fundamental su trabajo de concertación de fuerzas para lograr “la simultaneidad de los pronunciamientos”. Por ello distinguían entre los “autores de la Restauración” y la nación en masa: a los primeros no solo se les debía el pronunciamiento y puesta en acción de la segunda, sino también resolver el problema de “hacerse una revolución sin derramar sangre u otras desgracias que se tienen por inevitables”34. Finalmente, el congreso decidió agradecer a todos los que habían concurrido “eficazmente” en el pronunciamiento, sin consignar ningún nombre, y se declaró día de fiesta nacional el 9 de febrero35. Sin embargo, aunque no prosperaran las distinciones específicas, la discusión entre los diputados dejaba en evidencia dos temas relativos a la capitalización de las ganancias revolucionarias. Mientras uno era de índole económico-social y hacía alusión a la provisión de empleos por parte del ejecutivo en virtud de los méritos contraídos en los pronunciamientos, el otro era de naturaleza política y afectaba al legislativo. El reconocimiento de la labor de los diputados en el renacimiento de 33. Como prueba del “decidido pronunciamiento de la opinión en todas partes a favor de la independencia del país”, los periódicos El Restaurador, El Cóndor de Bolivia, El Cóndor Restaurado y El Constitucional recogieron y divulgaron los bandos hechos a lo largo de mes de febrero de 1839 a “los ciudadanos de todas las clases”. 34. Redactor 1839, II, 1921: 24-36. 35. Sobre fiestas véase Martínez, 2005: 180-217.

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Bolivia equivalía a reconocer también que para perfeccionar el cambio colectivo de la Restauración se necesitaban conductores y agentes principales que dirigiesen la empresa y distribuyesen los trabajos entre “la masa”. La no consignación de nombre alguno estuvo destinada, entonces, a la aceptación del liderazgo institucional del congreso frente al de individuos concretos. La Representación Nacional como conjunto sería la responsable tanto de premiar los esfuerzos patrióticos, como de liderar la causa de la Restauración. Con ello no solo se subrayaba el principio colectivo frente al de los personalismos políticos. También se reafirmaba la voluntad de que, en el nuevo orden, el legislativo no quedara supeditado al ejecutivo, gracias precisamente a la unísona actuación revolucionaria de sus miembros. De los tres argumentos sobre la tutoría del legislativo en la revolución se desprende que, a través del liderazgo de la revolución, el congreso había dirimido a su favor el contencioso de autoridad mantenido con el ejecutivo durante el gobierno de Santa Cruz. Con ello había roto con una lógica de gobierno que, al hacer al ejecutivo heredero del poder militar fundante de la independencia, no solo privilegiaba el establecimiento de un nuevo modelo administrativo de gobierno fuerte para contrarrestar el riesgo de la pluralidad de soberanías, sino que al hacerlo favorecía la subordinación del legislativo a una presidencia autocrática. Esa acción rupturista entroncaba con la centralidad legislativa de la Real Audiencia de Charcas y las asambleas que se sucedieron en Bolivia desde su declaración de independencia. Pero los diputados de 1839 no fueron un trasunto de los doctores de la Academia Carolina, de los oidores y de los primeros asamblearios (asamblea deliberante o Asamblea General de Diputados del Alto Perú del 10 de julio de 1825 y asamblea constituyente del 12 de julio de 1826), aunque algunos de ellos hubieran ejercido como tales36. Hubo una suerte de tradición y continuidad institucionales procedentes de compartir ambos cuerpos una experiencia de defensa corporativa en contextos de guerra. La razón de la misma, ya fuese por la crisis de la monarquía española, por las injerencias colombianas, por las amenazas anexionistas de Perú o por el ataque bélico de Chile, radicaba en una merma de sus 36. Estos fueron: Guzmán Callejo, Andrés María Torrico, José Cabero, Mariano Enrique Calvo, Casimiro Olañeta, Mariano Serrano, Manuel José de Antequera, José María de Llosa, Manuel María Urcullu, Mariano Guzmán, Manuel Sánchez de Velasco, Ángel Mariano Moscoso o Baltasar Alquiza.

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potestades representativas y en una subordinación de sus capacidades legislativas ante las que la única respuesta posible era defender el ejercicio autónomo (no tutelado) de sus funciones. A tenor de lo expuesto, la experiencia de violación constitucional en un régimen representativo por parte del ejecutivo hacía que el liberalismo encarnado por los constituyentes no se redujese a vaguedades filosóficas y formales relativas a la libertad y los derechos, sino que conllevara sentidos y actuaciones concretas y contingentes sujetas a historicidad. Dado que el legislativo se había convertido en el principal actor de la revolución y de su materialización nacional por ser capaz de hacer equivalente el restablecimiento de la independencia de la República con el restablecimiento de su propia independencia institucional37, el liberalismo significaba ante todo una doctrina del autogobierno y de los derechos al autogobierno. En la misma, la autoridad popular solo se asumía asegurada contra los avances autocráticos —representados por el ejecutivo crucista o por cualquier otra fuerza mayestática contraria a la nacionalidad boliviana— mediante el asentamiento del equilibrio entre los tres poderes38. Como ese era uno de los legítimos cometidos de la revolución, el modelo de división de poderes defendido por los diputados revelaba la lógica de un gobierno de asamblea más que de un régimen parlamentario, ya que en él la primacía de la ley, como expresión de la voluntad general, llevaba a la preponderancia política del órgano legislativo, el congreso. Eso significaba que el ejecutivo y el judicial, y fundamentalmente el primero, eran considerados como poderes subordinados o como autoridades delegadas del legislativo, de acuerdo a la máxima de “quien formaba la ley mandaba y quien la ejecutaba obedecía”39. Esa autoconcedida centralidad del legislativo explicaba porque, para este, el proceso revolucionario solo concluía cuando la delegación provisional de soberanía hecha al ejército, en tanto brazo armado del pueblo, se retrotraía a la Representación Nacional en un acto solemne en el que los pueblos recobraban sus derechos, quedando la dispensación del ejercicio de la violencia popular bajo su potestad. Además, en la medida en que el congreso actuaba como la institución responsable de corregir una 37. Discurso del presidente del Congreso José María Serrano del 16 de junio de 1839 (Morales, 1925: 261). 38. Redactor Congreso 1839, II, 1921: 571 39. Marcuello y Pérez Ledesma, 1996: 17-38.

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política autoritaria mediante un control centralizado del cambio revolucionario, se convertía también en una instancia capaz de situarse equidistante de la anarquía y del despotismo. Y esa postura ponderada, que informaba de la capacidad de los legisladores de gobernarse a sí mismos por disciplinar sus pasiones personales y grupales, en el sentido de particularismos y privilegios propios del Antiguo Régimen, les tornaba en los mejor capacitados para el gobierno de los otros40. La cara y la cruz del liberalismo Desde el comienzo de las sesiones, el principal objetivo del congreso fue ejecutar una pacificación o reconducción institucional de la Revolución Restauradora autorreconociéndose como el legítimo sujeto dispensador/árbitro del ejercicio de la violencia contra la tiranía merced al recurso de una revolución sostenida en la ciudadanía armada. Teniendo como trasfondo ese contexto, este acápite contiene una caracterización del liberalismo organizada en dos preguntas sobre la independencia nacional boliviana. De una parte, la referente a qué o quiénes encarnaban discursivamente la emancipación de Bolivia se ilustra a partir del debate en torno a la declaración de Chuquisaca como capital propietaria de la República con el nombre de Sucre. De otra, la relativa a quiénes constituían la negación de dicha independencia se determina mediante las narrativas de deslegitimación hechas contra Santa Cruz y Ballivián sobre su asociación con la tiranía. La capital boliviana recibió el nombre de Sucre en reconocimiento al mariscal Antonio José de Sucre como “fundador y padre de Bolivia” por la asamblea deliberante de 182541. Ese nombramiento no contó con el apoyo unánime de los representantes por preferir muchos de ellos el término de Chuquisaca, ya que, en su opinión, el nombre de la sede de la Real Audiencia de Charcas significaba “patriotismo”, era contrario a la “esclavitud” y expresaba el sufrimiento de todos aquellos que desde 1809 habían perdido “caudales y sangre”. En contraste, 40. Pueden verse expresiones de todo ello en: El Restaurador, Chuquisaca, 27/3/1839, 31/3/1839, 4/4/1839 y 14/4/1839; El Cóndor de Bolivia, Chuquisaca, 21/2/1839, 17/3/1839 y 31/3/1839; El Constitucional, La Paz, 19/2/1839, 21/2/1839, 26/2/1839, 1/3/1839, 5/3/1839, 9/3/1839, 5/4/1839, 4/5/1839. 41. Morales, 1925:18; Redactor 1939, II, 1921: 175-180.

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la elección de una Chuquisaca ahora trasmutada en Sucre como capital propietaria sí obtuvo los votos de todos los diputados. Las razones de esa votación fueron más allá de dar estabilidad “a las instituciones patrias” y terminar con la precariedad que conllevaba la provisionalidad. Expresaron ante todo un gesto de reafirmación institucional sustentado en la premisa de que “solo la Nación o sus Representantes podían disponer de las cosas públicas”42, y, a través del mismo, hicieron equivalente la consolidación capitalina de la antigua sede de los oidores con la legitima centralidad nacional del congreso. La narrativa que tornaba a la ciudad en un trasunto de la cámara estuvo articulada a través de cuatro argumentos: su ilustre pasado institucional e intelectual; constituir el espacio donde se gestó por vez primera la independencia frente a España; encarnar el liderazgo de la segunda independencia de Bolivia con el rechazo a la Carta provisional de la Confederación o Pacto de Tacna; y asegurar un equilibrio de poder entre ciudades. Estas tesis fueron defendidas fundamentalmente por los diputados José Mariano Serrano, Mariano Reyes Cardona, Juan de la Cruz Cisneros, José María Linares, Evaristo Valle, Miguel María Aguirre, Ángel María Moscoso, Santos Porcel, Manuel Escobar y Manuel José Castro. El primer argumento señalaba que Chuquisaca, fundada en 1539, era la ciudad más antigua de Bolivia, asiento de la Real Audiencia de Charcas, sede del arzobispo metropolitano y, “en lo espiritual”, la capital de todo el virreinato de Buenos Aires, porque había contenido la Universidad de San Francisco Javier, la Academia Carolina de Derecho y dos colegios, en donde se habían formado los primeros “agentes de la causa sagrada de la independencia”43 y también “las ilustres víctimas arrastradas a los calabozos de Oruro” en 1837. El segundo insistía en que por los méritos anteriores Chuquisaca había podido hacer “desaparecer las tinieblas” coloniales y convertirse en una tierra apta para “la fructificación de los cimientos de la libertad e independencia” que luego se habían expandido a otras partes para su cabal desarrollo. Además de dar a luz a héroes como Padilla y Camargo, había sido el lugar donde se reunieron los representantes del pueblo boliviano para sancionar su independencia y consagrar su soberanía en la primera 42. Redactor 1939, II, 1921: 180. 43. Irurozqui, 2020: 107-130.

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constitución. El tercer argumento mostraba a Chuquisaca como un espacio en el que no era consentido el abuso de poderes; razón por la que Santa Cruz había evitado que “los gobiernos se reuniesen” en ella, haciéndolo en otros puntos que no contaban con “el entusiasmo patriótico del pueblo” que alentase “la fidelidad de algunos diputados honrados”, o con “una barra ilustrada y numerosa que pudiese contener los desvíos de otros”. Sin embargo, su “despótica administración” acabó cuando “por inspiración del Dios de la Libertad” se celebró en Chuquisaca el congreso de 1837 y su energía “derramó la chispa eléctrica que ha inquietado a toda la República hasta conducirla a su restauración”, siendo así posible volver a dar a los bolivianos “nuevas instituciones liberales” que afianzarían para el porvenir todo lo conquistado en 1825. El último argumento desmentía que Chuquisaca amenazase desde su condición de capital la libertad y prosperidad de otros departamentos. Al contrario, al tener poca población y no ser opulenta como La Paz, Potosí o Cochabamba nunca podría convertirse en un “Pueblo Rey” que absorbiese como una “nueva Roma” a todas las ciudades de la República. Por tanto, era muy apta para generar la armonía regional propia de un país republicano: “no acrecentar el poder del fuerte y sí sostener y vigorizar al débil para constituir un equilibrio entre todos y levantar diques al abuso de la prepotencia”. El cumplimiento de esa máxima política suponía también acabar con los celos entre departamentos de los que los tiranos se habían valido diestramente para gobernar. La causa de la independencia de Bolivia frente a España y a Santa Cruz había sido una empresa regional colectiva en la que todos los departamentos y ciudades habían hecho “cuanto han podido”, siendo su recompensa” una nación independiente y soberana”44. Consecuencia de los cuatro considerandos fue basar la elección de Chuquisaca como capital en su reconocimiento como una tierra inductora de independencias lideradas por un legislativo histórico. La conservación e irradiación de esa potencialidad tornaba al Congreso en el centinela de las libertades ganadas, encargado de construir las barreras contra los posibles avances tiránicos del ejecutivo y de despertar militarmente a los pueblos cuando las leyes de la República fueran vulneradas. En este sentido y tal como se ha señalado en el primer 44. Redactor 1939, II, 1921: 163-164, 166-167, 172-177.

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apartado, el liberalismo se leía equivalente a la defensa permanente del principio de independencia nacional y a la actuación del legislativo como su salvaguarda mediante el principio de seguridad expresado en la dirección y el control de las revoluciones. En lo concerniente a la pregunta de quiénes amenazaban la independencia de Bolivia, el congreso constituyente consideraba que el retorno del pasado absolutista lo encarnaban los enemigos de la Restauración: los rivales políticos crucistas y ballivianistas. Respecto a los primeros, no bastaba con anular su gestión gubernamental y castigarles mediante sentencias judiciales. El éxito de la revolución y su legalidad constitucional requerían la construcción por parte del congreso de una narrativa sobre la ilegitimidad gubernamental del contrario. En el caso de los crucistas, esta se materializó en un discurso acerca de que el mayor delito de Santa Cruz contra la nación y el orden constitucional había sido su transformación en un tirano. Pero ¿qué tipo de tirano era? La tiranía de Santa Cruz se revelaba en tres imágenes que en opinión de los legisladores implicaban un retroceso “civilizatorio” o un regreso al Antiguo Régimen: Santa Cruz monarca, Santa Cruz cacique indio y Santa Cruz virrey peruano. Respecto a la primera se argüía que su aspiración a tornarse rey le había llevado a ejercer de legislador45, y como tal a usurpar las facultades del legislativo y a otorgar a los tradicionales cuerpos intermedios —los cabildos— facultades políticas que suponían el renacimiento de prácticas coloniales a las que ya se había opuesto Sucre46. Respecto a la segunda imagen se dijo que el proceder autocrático de Santa Cruz provenía de su linaje de cacique de Guarina47, significando su gobierno no solo una pérdida de los derechos que la gesta criolla contra España había conquistado para la población nativa, sino también la conversión en indios de todos los habitantes de la 45. Recuérdese que en el Antiguo Régimen el máximo atributo real era la impartición de justicia, siendo el acto de gobernar sinónimo de la misma. 46. El 15 de abril de 1839 se suprimieron los concejos municipales de departamentos y de provincias y sus fondos útiles pasaron a las tesorerías prefecturales, pero habría que contrastar los efectos de esa decisión con el posterior reconocimiento que hace la Constitución de 1839 de los municipios. 47. La madre de Santa Cruz fue Juana Bacilicia Calahumana y Salazar, hija del curaca aymara de Huarina (Omasuyos, La Paz) y descendiente por línea materna de la realeza inca. Esto hecho ha llevado a afirmaciones que equiparan el proyecto confederal con la restauración del Tawantinsuyu.

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nación. La contraposición de las dos tradiciones autoritarias —la española y la prehispánica— al principio republicano representado por la hazaña emancipadora revelaba a Santa Cruz como traidor a la misma. Al hacerse heredero de monarcas y caciques había despertado hábitos públicos contrarios a la virtud ciudadana como “la embriaguez y la pereza” de la colonia y, con esa vuelta al pasado, impedido que en Bolivia pudiesen desarrollarse instituciones apropiadas para alcanzar las promesas de prosperidad y civilización. Por último, respecto a la imagen de Santa Cruz como virrey, la Confederación se veía como un trasunto del virreinato del Perú que había sofocado las legales y legítimas ansias autonomistas de la Real Audiencia de Charcas48. La ley marcial de 1837 había sido un nuevo instrumento para el mismo fin: despojar a los bolivianos de su nacionalidad y, por tanto, de su capacidad de darse leyes para gobernarse, retrotrayéndolos al periodo prenacional de sumisión al Perú. Esas tres imágenes de Santa Cruz como monarca, cacique y virrey quedaban probadas en la parafernalia de tratamientos, honores, medallas, ropajes y bastones propia del Antiguo Régimen con que había gobernado y premiado. En opinión de los diputados, a través de todo ello no solo halagaba y adornaba a una suerte de aristocracia que constituía su corte, sino que también expresaba su deseo de tutelar al pueblo mediante el boato y tornarlo en un conjunto de vasallos. Su sed de poder a través de la ostentación de signos cortesanos o atributos absolutistas le mostraba como un individuo que no había podido purgarse de las herencias española e indígena, basadas en la coerción y el impacto inmediato de los sentidos. Esa fantasía visual, en la que se hacía gala de costumbres y prácticas de sociedades caducas sobre una ya trascendida por el acto independentista, mostraba a Santa Cruz incapaz de gobernar. La ausencia en el mariscal de la austeridad propia del sujeto republicano era contraria al autogobierno (o represión de pasiones y apetitos), y sin esa cualidad, gobernar solo podía reducirse a despotismo. Además, el gusto del mariscal por insignias, vestimenta, peinados, gestos y retórica realistas impedía a Bolivia cumplir con su razón de nacimiento: era “la hija del liber-

48. El Restaurador, Chuquisaca 11/4/1839, 18/4/1839, 25/4/1839, 2/5/1839, 14/11/1839; El Constitucional, La Paz 26/2/1826, 5/3/1839, 4/5/1839, 20/11/1839; Redactor 1839, I, 1920: 160-174.

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tador” Bolívar, y como tal debía gozar libremente de su nombre y nacionalidad49. En el caso del ballivianismo, su líder, Ballivián, era responsabilizado de atentar contra la Revolución Restauradora, de la que había formado parte como general, mediante la discordia civil. Constituía un ejemplo del despotismo militar que había anclado a la Real Audiencia de Charcas a Bolivia a la servidumbre por someterla a las autoridades militares del virreinato del Perú o que había reducido el gobierno de Sucre al de sus edecanes colombianos. Con sus ansias de reeditar el momento militar de la independencia había desafiado a la Representación Nacional y, por tanto, vilipendiado la voluntad popular. Ante ello y para mostrar que las sublevaciones de Ballivián no eran una revolución constitucionalmente ilegítima, los diputados esgrimieron tres argumentaciones. La primera buscaba distanciar su asonada de otros actos rebeldes como el ocurrido en Oruro en 1837. La gesta de Ballivián no podía igualársela porque se había alzado contra el Legislativo, autor de la Restauración, y contra el presidente electo por los pueblos. La segunda asociaba la conducta de Ballivián con el regreso a la esclavitud: actuaba como discípulo de los virreyes peruanos y también como cómplice de Santa Cruz por interpretarse sus revueltas hechas en confabulación con los protectorales50. Con esa conducta, Ballivián se agregaba a la constelación de los opresores coloniales, sin que su cesarismo tuviera las virtudes del César histórico. Aunque tampoco las había demostrado Santa Cruz, el delito de Ballivián era mayor que el de este porque, además de buscar la tiranía como fin, con su acción rebelde de desprecio de la opinión y las leyes había previamente engendrado la anarquía mediante dos acciones de difamación: una contra la Representación Nacional al decir que en ella una minoría sofocaba los votos de la mayoría; y otra contra el departamento de La Paz al señalar que sus habitantes preferían sus filiaciones locales a su compromiso republicano. Por último, la tercera argumentación identificaba a las fuerzas lideradas por el presidente Velasco bajo la dirección del Congreso animadas por “el fuego sagrado” del 25 de mayo del 180951 y reencarnación de las que se opusieron al despotismo español. Asi-

49. Redactor 1840, 1922: 19, 140 y 145. 50. Redactor 1839, I, 1920: 240. 51. Redactor 1839, I, 1920: 184, 231-234.

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mismo, la asunción por parte del congreso de un poder autorregulado para la represión de la fuerza militar de Ballivián hacía a esta institución equiparable a las Cortes españolas en su “heroica resistencia al formidable poder de Francia”52. La narrativa de vilipendio conjunto de Santa Cruz y Ballivián no se limitaba a reafirmar la independencia nacional de Bolivia frente al virreinato peruano, a España y a la República del Perú. También convertía al congreso en el heredero de la tradición constitucionalista y liberal española, entroncando así con la vanguardia política europea que había terminado con el absolutismo y, en consecuencia, concediéndose un lugar principal en dicho proceso civilizatorio. Asimismo, el juego retórico que hacía de Santa Cruz y Ballivián resabios de un pasado servil informaba de que la mayor parte de los diputados se veían a sí mismos como agentes del futuro y providenciales representantes del progreso. Como tales, era su obligación histórica derrocar a sus opositores por retrógrados que perseguían el retroceso de la sociedad a la oscuridad vasallática del Antiguo Régimen. Con sus actos voluntaristas contra el despotismo creían ir en la dirección correcta de los tiempos, estando por tanto inscrito el liberalismo que encarnaban en una filosofía proyectista (pero no finalista) de la historia a favor de la marcha ascendente de la humanidad. Ello denotaba un cambio en la noción de destino histórico en la medida en que la mítica edad de oro dejaba de concebirse ubicada en un pasado ideal para hacerlo “en un futuro desconocido pero esperanzador, al que se llegaría por un camino de perfección material y moral”53. En ese contexto ideológico de avance voluntarista, el proceso de llevar a cabo un cambio en la distribución de la autoridad en el Estado (de cesarista a colegiada) y en el ejercicio del gobierno (de autocrático a constitucional) identificaba el centralismo militarista como una suerte de antiliberalismo porque generaba despotismo. En opinión de los diputados, Santa Cruz y Ballivián se habían servido de la guerra para legitimar que el ejército pudiera encarnar la soberanía delegada del pueblo, impidiendo así que ésta fuese expresada por la asamblea, tal como se preveía en un régimen representativo. Como ello había ido acompañado de una descalificación del legislativo como faccio52. Redactor 1839, I, 1920: 235 y 242. 53. Santirso, 2014.

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so, la supeditación del pueblo al ejército implicaba una clara apuesta por un patrón autoritario de gobierno. Era, así, obligación de los diputados, como miembros de una institución fuente de derecho y como representantes de la nación, utilizar el escenario bélico en que estaba inmersa Bolivia para: primero, desautorizar la actuación de los soldados rebeldes de arrogarse la voluntad soberana de la nación y de ejercerla mediante el uso de la fuerza; y, segundo, llamar a toda la población, bajo su responsabilidad y tutela, a las armas54. Ese acto de conversión de cada ciudadano en “un centinela de las libertades públicas y un defensor de la Representación Nacional”, bajo el supuesto de que la protección y la promoción del bien común eran el objetivo fundamental de la autoridad, mostraba una interpretación liberal del republicanismo en la que el poder armado para fundar el Estado hacía posible también un buen gobierno basado en la división de poderes, no dejando una revolución hecha por y para su causa espacio para una dictadura militar. La Constitución de 1839 La Restauración ilustraba un liberalismo elaborado en un contexto de revolución, que nunca fungió de ideología monolítica, ya que se renovó doctrinalmente a través de la incorporación de los lenguajes limítrofes del iusnaturalismo, constitucionalismo, el republicanismo o la democracia. Respecto a esta última, las discusiones de los asambleístas en torno a la nueva constitución mostraban que éstos extraían de las premisas liberales conclusiones democráticas hasta el punto de reescribir el liberalismo como democracia. Esta afirmación se va a exponer a partir del análisis de la respuesta constitucional que los diputados dieron para frenar el avance del despotismo en lo relativo a dos temas: la consagración del principio de seguridad o de asociación para la seguridad, y la división e independencia de poderes. La forma de gobierno consignada en el texto constitucional de 183955 se definió como “popular representativa”, produciéndose una 54. Morales, 1925: 269-272; Paredes, 1909: 531-581; El Restaurador, Chuquisaca 2/6/1839, 18/6/1839; 10/9/1839, 13/9/1839, 5/12/1839, 13/1/1840, 5/3/1840; El Constitucional, La Paz 30/6/1839, 3/8/1839, 3/9/1839. 55. Sobre el debate de la constitución véase Redactor 1839, II, 1921: 64-633.

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intensa discusión relativa a agregar el adjetivo democrático por considerarse que subrayaba la autoridad del pueblo. Si bien no se aprobó por entenderse redundante56, el peso de la intencionalidad implícita en la propuesta se mantuvo en el resto de artículos. Una muestra de ello fue el debate en torno al artículo 7º concerniente a los deberes de los bolivianos, en concreto, a sus puntos 3 y 4: “velar por la conservación de las libertades públicas” y “servir y defender a la patria, haciéndole el sacrificio de la vida misma, si fuere necesario”. En ambos casos estaba en discusión el alcance y naturaleza de la acción popular para prevenir y contener los avances del poder en un contexto en el que se daba por “absolutamente cierto que la Nación no ha delegado a sus representantes la soberanía ilimitada o de modo absoluto”57. Esa aseveración denotaba que democracia o gobierno del pueblo remitía a un sistema representativo en el que la titularidad del poder y el ejercicio del mismo no se percibían divididos como hoy en día, aunque se admitiese que funcionarios electos a través de comicios periódicos asumieran la representación de sus intereses y/u opiniones en el marco del imperio de la ley. Pero la conservación de los derechos soberanos por parte de los individuos y su facultad de retirar su adhesión a los poderes públicos establecidos podían dar lugar a la anarquía y, a través de ella al despotismo. Para evitar ese escenario, el ejercicio popular de la fuerza debía quedar encarnado y organizado constitucionalmente en la ciudadanía armada58. En consonancia con lo anterior, dado que la comisión de diputados encargada de la redacción del artículo 7º buscaba establecer a través del mismo un equilibrio entre gobernados y gobernantes, consideró conveniente para ello que el primero pudiera refrenar mediante la ley las infracciones y arbitrariedades del segundo, entendiendo que la mejor forma de lograrlo residía en el “deber de vigilar sobre la conservación de las libertades públicas”. Sin esa garantía nacida “del pacto de asociación” para sostener “el edificio social” el cuerpo político sería un cadáver y la nación carecería de libertad. El encargo constitucional de la vigilancia de las libertades públicas a todos y a cada uno de los ciudadanos contenido en la frase “era necesario poner tantos vigilan-

56. Redactor 1839, II, 1921: 65-67. 57. Redactor 1839, II, 1921: 83 58. Irurozqui, 2018a.

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tes cuantos ciudadanos comp[usiesen] la República” estaría entonces destinada a: contener a los funcionarios públicos en el círculo de sus atribuciones; a evitar que las autoridades abusaran de su puesto; y a lograr que los magistrados se circunscribiesen a sus atribuciones, pudiendo unos y otros ser acusados cuando atacasen “aquellas libertades”. Como al no darse una representación absoluta los diputados no podían expresar de modo categórico e ilimitado la voz de la nación entera, al menos su capacidad de diseñar y supervisar normativamente la participación popular armada estaba orientada a suavizar la tensión entre el poder constituido y el poder constituyente. La respuesta del resto de diputados a lo ejecutado por la comisión fue positiva y a través de ella expresaron cuatro inquietudes: distinguir esa vigilancia popular tanto del derecho de petición, como del de libertad de imprenta, a través de los cuales todo ciudadano podía quejarse y acusar a los funcionarios públicos por la infracción de sus libertades públicas; trasmutar la “conservación de las libertades públicas” de deber a derecho; evitar hacer un juez de cada ciudadano; y alertar del peligro de generar revoluciones. De las cuatro, las tres últimas necesitaron un mayor nivel de aclaración. Se señaló que el encargo de la vigilancia de las libertades públicas a todos los ciudadanos no los convertía en jueces, sobre todo porque facultar a los bolivianos para contener un desorden o prender a un malhechor estaba presente en los Códigos. Lo relevante era “hacer más expedito el derecho de acusación” cuanto que por él se limitaban los avances del poder y se hacía “efectiva la resistencia legal” en aquellos casos en los que el ejecutivo u otras autoridades hubiesen conculcado las libertades. La importancia de esa acción reafirmaba su concepción como deber y no como derecho, ya que este último podía ser renunciado, pero el otro era obligatorio. Y ante el peligro de que obligar a “velar por la conservación de las libertades públicas” hiciese que la acción popular concluyera en guerra civil o entorpeciese los actos jurisdiccionales se dijo que los bolivianos estaban sometidos a las leyes y por ellas obligados a respetar y obedecer a las autoridades. Delinquirían si hiciesen un mal uso del deber que les imponía el caso en cuestión, ya que no sancionaba “un principio anárquico sino un principio protector de garantías y que [era] el mejor baluarte de las instituciones sociales”59. 59. Redactor 1839, II, 1921: 94-103.

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Si la vigilancia de las libertades públicas ponía en ejercicio la autoridad popular, la siguiente discusión sobre las calidades del ciudadano incidía en la voluntad de los representes de evitar la hegemonía del ejecutivo mediante la vía electoral. Además de implantarse las elecciones directas y la prohibición de que los empleados públicos pudieran ser representantes, se ratificó el sufragio censitario o capacitado (renta, independencia y capacidad). Debido a que en trabajos anteriores se ha insistido en este tema60, ahora solo se va a reiterar que la sanción de dicha modalidad de sufragio únicamente impedía el derecho al voto a los individuos que no cumplieran con sus requisitos, no que no pudiesen ejercer de ciudadanos de otros modos61. La razón estribaba en que, al ser los comicios el medio de selección del gobierno, solo aquellos individuos que hubiesen logrado autogobernarse podrían decidir sobre el gobierno de los otros. Y el autogobierno no tenía que ver con lo económico, aunque ello sirviera de expresión, sino con una relación del yo consigo mismo en lo referente a la ausencia de venalidad en las decisiones públicas o en el debate racional sobre los negocios del 60. Aunque el sufragio censitario, capacitado o restringido se consignó desde la Constitución de 1826, su exigencia quedó pospuesta a través de otras leyes anexas y mientras estuvo vigente el sistema de votación indirecto. Véanse en extenso Irurozqui, 2000; Irurozqui, 2019; Irurozqui, 2008: 7-92; Barragán, 2005: 93-123. 61. La mayor parte de la discusión se centró en los efectos que la sanción del sufragio restringido tendría en la disminución del número de votantes. Unos diputados se mostraron preocupados porque su reducción era contraria “al precepto de la más rigurosa justicia” que exigía que los goces de los derechos sociales fuesen en proporción a las cargas sobrellevadas. Partiendo de ese principio señalaban que entre quienes mayores sacrificios hacían a favor de la sociedad estaban los indígenas contribuyentes: pagaban tributos, “desempeñan las tandas más gravosas”, prestaban servicios personales “y de entre ellos salían también los soldados”. Justamente esas cargas eran las que habían permitido al gobierno anterior a través de la Constitución de 1834 denominarles como “la clase más importante del Estado” y les había puesto en posesión del derecho de sufragio “que lo conservan en todo su vigor y despojarles de él es una injusticia”. Pero no solo estaba la exclusión de los indios por pensarse en su mayoría analfabetos, también de los hijos de familia de más de 21 años y de los menestrales con la renta inferior a 200 pesos, con la consecuente contracción del cuerpo de votantes. Sin embargo, otros diputados defendieron que debían primar los principios de tener y saber, siendo preferible frente a una muchedumbre de ignorantes un corto número de habitantes que supiese elegir con algún acierto, que tuviera algo que perder si no lo hacía y que gozase de libertad para obrar. A eso añadían que nadie prohibía votar a los indios siempre que reuniesen calidades y requisitos por “los inconvenientes de conceder ese derecho a una multitud ciega e ignorante” (Redactor 1839, II, 1921: 105-140).

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Estado; algo que difícilmente podía suceder si mediaba una situación de dependencia del orden que fuera. Sin embargo, la limitación al voto no imposibilitaba a los individuos ser capaces de representar de otros modos la soberanía de la comunidad política y, por lo tanto, ser capaces de ejercer como sujetos políticos A juzgar por lo debatido en el ya comentado artículo 7º, ello lo constaban otras actividades, como el deber de velar por la conservación de las instituciones protectoras de la sociedad. De esa afirmación se infiere que, en la época, el pueblo no se asumía compuesto solo por los sufragantes ni la ciudadanía se reducía al voto, pudiendo aquellos que no votaban ejercer como ciudadanos a través del cumplimiento de sus deberes de vigilancia de la seguridad nacional62. Esa tendencia venía corroborada por los artículos destinados a las guardias nacionales. Al ser esta una de las instituciones a través de la que se preveía que los civiles se comprometiesen en la defensa del país, los diputados demostraron un extremo interés en que se redactase con premura su reglamento. Consideraban que teniendo una naturaleza “más bien civil que militar” su formalización reglamentada reforzaría la capacidad del pueblo en la defensa de las libertades públicas: algo primordial si se tenía en cuenta que el objeto de la guardia nacional frente al de las tropas de línea era mirar el orden interior en vez del exterior, y por tanto “sofocar las revoluciones” de los cuarteles e impedir la formación de un partido militar. Esa diferencia entre las dos instituciones armadas no excluía su colaboración, sino todo lo contrario. Al estar formada la guardia nacional por “hombres que salen de sus talleres y sus hogares poco o nada acostumbrados al estrépito de las armas” era “buena para hacer montoneras” que ayudasen a la acción del ejército, pudiendo “en tiempos de guerra están sujetas al fuero militar”63. La discusión sobre las calidades del ciudadano mostraba que la modalidad democrática consagrada en la Constitución de 1839, además de no ceder a los elegidos/facciones/partidos una representación plena debido al ejercicio popular de los principios de deliberación y vigilancia permanentes de los asuntos públicos y del derecho de petición ejecutado colectiva e individualmente, también comportaba otros dos elementos básicos. Primero, no se limitada al voto y, segundo, recono62. Redactor 1839, II, 1921: 105. 63. Redactor 1839, II, 1921: 199, 490-491, 494, 501-502.

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cía el recurso del pueblo a la revolución en caso de abuso de autoridad, violación o perversión del orden legal y del texto constitucional que lo sostenía, estando esto último personificado en la acción del ciudadano armado. Esa concepción tipificada a la democracia de dos modos: “democracia pacífica y democracia armada”. Mientras una estaba referida a las transformaciones del orden político por parte de la sociedad a través de los comicios populares, las asociaciones, la prensa o los escritos de petición; la otra hacía mención al poder marcial desplegado por el pueblo cuando la ley en tanto expresión de su voluntad soberana era vulnerada64. La voluntad de los diputados de frenar los avances del despotismo volvió a manifestarse en la discusión sobre la división e independencia de poderes. Se reglamentó con especial cuidado la relación entre el ejecutivo y el legislativo, abogándose por una constitución en la que ambas instancias se velaran recíprocamente y no generasen hegemonías. Para lograrlo se optó por aclarar, fortalecer y aumentar las funciones del legislativo al considerarse este el único camino que evitaría volver a recaer en las “tres centurias” de servidumbre65. Ello se tradujo en dos series de medidas fundamentales. De un lado, se estableció que el ejecutivo no pudiera disolver las cámaras ni suspender sus sesiones, que la elección de los miembros del Consejo de Estado recayera en el congreso de una lista presentada por cada uno de los departamentos en que se dividía el país y que el fiscal fuese nombrado por el Senado a propuesta de la cámara de diputados contra su anterior elección por el ejecutivo. A lo que se añadió una remodelación de las facultades extraordinarias de este último. Parte de los legisladores fueron partidarios de eliminarlas completamente por considerar que el ejecutivo había sido ya recubierto “del poder necesario para resistir intrigas, prevenir conspiraciones secretas [y] acabar con ese funesto sistema de las sordas maquinaciones que ha progresado tanto entre nosotros”. Declararon que gracias a la Revolución Restauradora el gobierno reunía “fuerzas, caudales y todo el poder de la Nación” y, en consecuencia, carecía de debilidad para tener que recurrir a medidas extraordinarias, pudiéndose juzgar los alzamientos militares por sus ordenanzas y los golpes populares contenidos o castigados 64. Irurozqui, 2018a. 65. Redactor 1839, II, 1921: 508-509.

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por las leyes. A ello añadían que las capacidades extraordinarias en vez de haber evitado las revoluciones las habían creado porque el pueblo se conjuraba “más fácilmente contra el poder que lo amenaza[ba] que contra el poder que lo proteg[ía]”, de manera que cuando veían al ejecutivo investido con ellas “o le hu[ían] como a una fiera armada de garras o le asesta[ban] unidos para destruirlo”. Concluían, así, que las facultades extraordinarias eran “el azote de las garantías sociales, el poder más tremendo y el origen de nuestros males”. No solo no tenía sentido consignarlas en una constitución liberal, sino que hacerlo sería contrario a la Restauración y podría interpretarse como una contrarrevolución66. Aunque el resto de los diputados tampoco simpatizaba con las capacidades extraordinarias porque recordaban “a la monarquía”, se llegó finalmente a una postura más moderada en la que primó el principio de que si era “un bien muy grande mantener a un hombre en seguridad”, mayor lo era la seguridad general y debía sacrificarse el bien particular por el general. En consecuencia, se legisló que solo en los casos de grave peligro por causa de conmoción interior o invasión exterior que amenazase la seguridad de la República, el ejecutivo pediría al congreso que le concediese bajo su responsabilidad la potestad de aumentar el ejército permanente, de llamar al servicio a la guardia nacional y de negociar la anticipación de un monto monetario suficiente para afrontar tales esfuerzos. Según el artículo 79º, estas competencias se limitarían únicamente al tiempo indispensablemente necesario para restablecer la tranquilidad y seguridad de la República “y del uso que se hubiera hecho de ellas habría que dar cuenta al Congreso”67. De otro lado, se afianzó el carácter colegiado e independiente de los representantes frente a otras instancias de poder eliminándose el mandato imperativo. Quedó determinado que éstos tenían el carácter de tales por la nación y no por las provincias, departamentos o cualquier otra institución que representaran. Por el artículo 44º no podían recibir órdenes ni instrucciones de las asambleas electorales ni de ninguna corporación, no siendo en consecuencia responsables, ante ninguna autoridad, por las opiniones que vertieran mientras ejerciesen sus funciones. Asimismo, para que la independencia de poderes quedase garantizada los representantes tampoco debían ocupar empleos 66. Redactor 1839, II, 1921: 510-527. 67. Redactor 1839, II, 1921: 128, 376-386, 510, 527, 531, 543-547, 555, 577, 594-595.

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públicos (a sueldo fijo o eventual). También se estableció que quienes ejercieran cargos en el poder judicial no participasen de otros poderes y que los ministros de la Corte Suprema de Justicia no admitieran pensión ni gracia alguna del ejecutivo. La finalidad era que los miembros de ambos cuerpos pudieran ser juzgados y que el equilibrio entre los tres poderes no se viese alterado con el ejercicio por parte de un individuo de más de una función68. Como resultado de lo anterior los tres poderes quedaron definidos por su vocación de servicio a la nación boliviana, siendo el legislativo confirmado como la representación de la misma y el ejecutivo como el “vigilante custodio” de la Constitución. Con esa determinación, los diputados no solo buscaban acabar con los peligros de un gobierno fuerte o del poder casi absoluto del ejecutivo, sino también con los desligados de la pluralidad partidaria —división y conflicto— y de la maleabilidad de la población —corrupción—69. Esto último se consideraba solucionable gracias al rescate o conservación en el liberalismo del valor de la comunidad, por entenderse que solo mediante la supeditación de la voluntad individual a una voluntad colectiva, expresada en leyes comunes para todos, podría quedar mitigada la accidentalidad derivada de la voluble voluntad humana y aceptarse el poder político como una autodisposición consensuada de la sociedad. Si bien la voluntad declarada de preservar la libertad de los individuos frente a las asechanzas del poder era sustancial en el liberalismo, su imbricación con una doctrina como la democracia, que contemplaba los derechos colectivos e insistía en el acatamiento de la voluntad de la mayoría, permitía esa comprensión no esencial del individualismo relativa a que los individuos solo existían en sociedad. Como esta concepción no presuponía ahistóricamente —como hace la historiografía basada en las teorías de Max Weber o Hans Kensel— que el único Estado moderno posible era el monista y la única soberanía moderna posible era la unitaria, absoluta y homogénea, la convivencia entre liberalismo y corporativismo se aceptaba siempre que repensar la nueva comunidad nacional no implicase ningún retorno a la jerarquía estamental70. Lo corporativo no se percibía, entonces, contrario al universalismo

68. Redactor 1839, II, 1921: 159-190, 423, 427-489, 597; Abecia, 1996: 129. 69. Irurozqui, 2020: 179-212. 70. Santirso, 2014: 17, 21, 166 y 211.

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implícito en el liberalismo siempre y cuando los portadores de intereses especiales de naturaleza sectorial —instituciones y grupos— los ostentaran para el beneficio general de la sociedad. Es más, tanto el orden gubernamental, como un pueblo públicamente ejercitado en sus potestades soberanas exigían una supeditación de la voluntad individual al bien público, con lo que el liberalismo de las primeras décadas del siglo xix resolvía el dilema de la supremacía entre el individuo y la sociedad a favor de la segunda, reforzando con ello los objetivos del bien común del republicanismo clásico. Los derechos individuales quedaban preservadas gracias justamente a priorizar el bienestar de la sociedad mediante la ley. A modo de conclusión Aunque el constitucionalismo gaditano había establecido que el rey carecía de toda garantía trascendental para gobernar, ya que la legitimidad para hacerlo provenía ahora de la voluntad de los sujetos encarnados en el pueblo, la emancipación de la Real Audiencia de Charcas, trasmutada en Bolivia, de la monarquía española vinculó esa transferencia a las nuevas autoridades republicanas. El hecho independentista se convirtió en la garantía de la soberanía nacional boliviana, mientras que el ejercicio popular de dicha soberanía se tornó en la salvaguarda de la preservación territorial de la República. Las palabras del diputado Manuel Escobar sobre que “nunca está demás [que] se tomen las precauciones posibles contra los avances del poder”71 identificaban al autoritarismo —absolutista, despótico o militar dictatorial— como la principal amenaza contra la integridad nacional alcanzada y tornaban como reto fundamental de las autoridades popularmente electas el procurar no derivar sus gobiernos en regímenes autocráticos que violasen el orden independiente y retrotrajeran a la nación a un estado de servidumbre. El presente texto ha tratado de mostrar que en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana esa vuelta a los orígenes fundacionales de la República fue liderada por los legisladores bolivianos mediante la Revolución Restauradora de 1839 —o Restauración— que dio lu71. Redactor 1839, II, 1921: 594

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gar a la Constitución de la misma fecha. El estudio de sus debates ha expuesto que dicho liderazgo convirtió al congreso constituyente no solo en un lugar de deliberación y de decisión legislativas capaz de generar derecho, sino también en una entidad de acción revolucionaria y gubernativa para gestionar las controversias políticas. Como los congresales habían sido elegidos para proceder a la redacción de un nuevo texto constitucional y para legislar sobre todas las materias de interés general, en inicio el debate debía quedar dentro del campo de la representación. Pero dado que el pueblo se sentía titular originario de la soberanía y por lo tanto autorizado en todo momento a ejercerla reapropiándosela, la producción de voluntad general fue una empresa colectiva públicamente publicitada que salió de los lugares formales de la representación gracias a la acción, y a la vez amenaza, revolucionarias. En las argumentaciones públicas desarrolladas para justificar tanto el recurso a la violencia en la preservación de la nacionalidad de Bolivia, como la ilegitimidad de hacerlo contra la Restauración, el liberalismo ayudó a combatir, a través de los principios de no coerción y de limitación del poder, una reaparición camuflada de comportamientos autoritarios tildados por los coetáneos como propios del Antiguo Régimen o del momento militar de la independencia. Más allá de las percepciones e intereses partidarios, esa operación mostraba que el desarrollo doctrinal del liberalismo fue esencialmente histórico e historizable. En el presente caso, estuvo ligado a la disputa política sobre el liderazgo y el control de la revolución y se formalizó a través de discusiones asamblearias en torno a la nación, la nacionalidad y el ejercicio popular de la violencia que trascendieron el hemiciclo y generaron un debate público que ayudó a irradiar sus contenidos en la sociedad. Esa disputa socialmente divulgada y ejecutada puso de manifiesto que para los actores de la época no se trataba de una noción histórica relativa al pasado, sino de “un concepto esencialmente dinámico”72, una mixtura teorizante y práctica en ebullición 72. Fernández Sebastián, 2009: 703. Cito a este autor porque desde la historia político-intelectual recoge y sintetiza el esfuerzo acometido desde la década de 1990 por muchos americanistas, en diversas áreas y a través de diferentes temas, de historizar o reconceptualizar históricamente las categorías analíticas, para no solo combatir los encorsetamientos a los que conducen definiciones apriorísticas y prescriptivas, sino también para subrayar la precocidad, efervescencia y trascendencia internacionales de las experiencias políticas y republicanas hispanoamericanas.

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que integraba, repotenciaba o marginaba de forma creativa y ecléctica elementos de otros “ismos” en un activo escenario de experimentación política y constitucional73. Bibliografía Abecia Baldivieso, Valentín. 1996. Historia del Parlamento. La Paz: Congreso Nacional. Aldana, Susana. 2013. “La región, hay que pensarla y no solo sentirla”. Revista Archivo General de la Nación, n.º 28, 225-240. Lima. Aranzaes, Nicanor. 1992. Las revoluciones en Bolivia. La Paz: Juventud. Barragán, Rossana. 2005. “Los elegidos: en torno a la representación territorial y la reunión de los poderes en Bolivia entre 1825 y 1840”. En Marta Irurozqui (ed.), La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo xix. 93-123. Madrid: CSIC. Benjamin, Walter. 1921. Para una crítica de la violencia. Santiago de Chile: Escuela de Filosofía Universidad ARCIS (Edición electrónica de www. philosophia.cl/). Carmagnani, Marcelo. 2003. L’altro Occidente. L’America Latina dall’ invasione europea al nuevo milenio. Torino: Einaudi. Chust, Manuel. 2014. La tribuna revolucionaria. La constitución de 1812 en ambos hemisferios. Madrid: Ed. Sílex. Chust, Manuel e Ivana Frasquet (eds.). 2004. La transcendencia del liberalismo doceañista en España y América. Valencia: Generalitat Valenciana. Crespo, Alberto. 1986. “Ballivián y Velasco en la Restauración. Un manuscrito inédito de Gabriel René-Moreno”. Historia y Cultura vol. 10. La Paz. Fernández Sebastián, Javier. 2009. “Liberalismos nacientes en el Atlántico Iberoamericano: Liberal como concepto y como identidad política, 1750-1850”. En Javier Fernández Sebastián (dir.), Iberconceptos I. Diccionario político y social del mundo Iberoamericano. Madrid: FC/SECC/CEPC. 73. Sobre esa actividad de experimentación constitucional véase Ternavasio y Aninno, 2012.

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Disputas y negociaciones políticas en el proceso revolucionario. La provincia de Salta y el Alto Perú (1820-1826)1 Sara Emilia Mata Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas (ICSOH) CONICET, Universidad Nacional de Salta, Argentina

Introducción Hoy se admiten al Congreso los diputados de Tarija. Así, pues, las relaciones entre las dos Repúblicas se pondrán mal, y aún quizás se suspenderán las de comercio, etc. Yo me alegraré porque dentro de cada pieza de Bretaña, etc. nos trae cada argentino un principio de desorden, una idea anárquica y un daño a este país2.

Con estas palabras, demostrativas de su hostilidad hacia Buenos Aires, Antonio José de Sucre informaba a Simón Bolívar la incorporación al congreso reunido en Chuquisaca de los diputados de Tarija, paso previo e indispensable para su incorporación a Bolivia. Concluía de este modo una disputa territorial iniciada con la provincia de Salta en 1825, una vez finalizada la guerra e independizado el Alto Perú. Si la construcción de los Estados nacionales en el siglo xix disparó un largo proceso político y militar que involucró cruentas disputas territoriales, en el caso particular de la provincia de Salta estas disputas estuvieron atra1. Esta investigación se ha realizado en el marco de los proyectos PIP 112 y PUE 0056CO financiados por el CONICET. 2. “Carta de Antonio José de Sucre al General Simón Bolívar”, Chuquisaca, 4/10/1826, en O’Leary, 1980, I: 400.

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vesadas por la militarización experimentada en su jurisdicción durante el transcurso de la guerra y su inclusión en el espacio andino meridional. Por su estratégica ubicación entre el litoral rioplatense y el Alto Perú fue, entre los años de 1810 y 1825, vanguardia y retaguardia tanto del Ejército Auxiliar del Perú, organizado por Buenos Aires, como del Ejército Real del Perú. En esta encrucijada bélica, la emergencia de liderazgos militares propició la construcción de identidades políticas y territoriales que fomentaron conflictos facciosos alentados por jefaturas locales. En este contexto nos interesa plantear, en un contexto regional e internacional extremadamente complejo, estas disputas políticas y también territoriales durante el Trienio Liberal español de 18201823 y la importancia de las negociaciones entabladas con España en la resolución de aquellas que tuvieran lugar posteriormente, entre la provincia de Salta y el Estado de Bolivia, por el reconocimiento de derechos jurisdiccionales sobre el partido de Atacama y la villa de Tarija. Los antecedentes Comprender el desenlace de estos conflictos políticos y jurisdiccionales requiere también remontarse a la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776. La provincia de Charcas con la denominación de Alto Perú, subdividida en intendencias, pasó a integrar el nuevo virreinato alterando su estrecha vinculación con Cuzco y Lima. El cambio de dependencia jurisdiccional generó oposiciones. Los resquemores de las provincias alto peruanas con Buenos Aires se manifestaron claramente en 1806, al destituir el cabildo de Buenos Aires al virrey Sobremonte y designar en su reemplazo a don Santiago de Liniers, protagonista de la reconquista de la ciudad de Buenos Aires cuando esta fuera invadida por Inglaterra. En esa oportunidad el cabildo de Potosí cuestionó los derechos de la ciudad de Buenos Aires para destituir un virrey y designar otro, asumiendo la representación de todo el virreinato. También puso reparos, en una clara manifestación de rebeldía a la autoridad de Buenos Aires, al pedido de una contribución monetaria destinada a fortalecer la defensa de Buenos Aires ante una nueva invasión inglesa3.

3.

“Libro de Acuerdos del Cabildo de Potosí”, Potosí, 1807, en Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia (en adelante ABNB), CPLA 60, fs. 5v, 7-8, 16, 19v, 20v.

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No es de extrañar entonces que la respuesta de las provincias del Alto Perú en 1810, a la formación de una junta de gobierno en la capital del virreinato del Río de la Plata, fuese desconocer a la mencionada junta y solicitar la reincorporación al virreinato del Perú, del cual habían formado parte hasta 17764. Con absoluta coherencia Pedro Vicente Cañete5 señalaba, a fines de 1810, la contradicción entre la proclamada retroversión de la soberanía en caso de ausencia del rey, esgrimida por la Junta porteña como fuente de legitimidad política, y el afán de Buenos Aires por ejercer su autoridad y ser reconocido y obedecido por las demás ciudades del virreinato del Río de la Plata6. A las diferencias y los recelos con Buenos Aires por parte de las provincias del Alto Perú, existentes desde la creación del virreinato del Rio de la Plata, se sumaron a partir de 1810 las diferencias políticas entre quienes apoyaban la regencia como representación del rey en Cádiz, y por ende reconocían al virrey del Perú como legítima autoridad, y quienes reconocían a la junta de gobierno instaurada en Buenos Aires. Los resquemores y disputas jurisdiccionales, agudizadas con la creación del virreinato, no afectaron solo a la jurisdicción de Charcas sino también a la gobernación del Tucumán. La implementación del sistema de intendencias en 1784 la dividió en dos gobernaciones: la intendencia de Salta del Tucumán y la de Córdoba del Tucumán, siendo designadas las ciudades de Salta y de Córdoba capitales de las mencionadas intendencias. Los conflictos derivados por esta circunstancia, particularmente entre la élite tucumana con la de Salta, se recrudecieron en el transcurso de la guerra, fortaleciendo poderes locales que incidieron en el proceso revolucionario. Como era de esperarse fueron las ciudades de Tucumán y Jujuy las que ofrecieron las primeras manifestaciones de autonomía con respecto a la capital de la intendencia. Mientras Jujuy, a través de Juan Ignacio de Gorriti, planteaba en 1811 los derechos al autogobierno apelando a la retroversión de la soberanía en los pueblos7, Tucumán disputaba con Salta el envío de los fondos fiscales alegando las necesidades locales de sostenimien4. 5. 6. 7.

Roca, 2011: 199. Jurista de destacada y polémica actuación en Potosí y La Plata, y ardiente defensor de los derechos de la monarquía en América. “Proclama a los soldados del Perú”, Tacna, 13/12/1810, Pedro Vicente Cañete, en Archivo General de Indias (en adelante AGI), Charcas 584, documento 375. Paz, 2004; Marchionni, 2008; Abbate y Burgos, 2020.

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to del ejército8. En este contexto, la derrota del Ejército Auxiliar del Perú en 1813, con la posterior invasión del general realista Joaquín de la Pezuela a Salta, y la decisión de José de San Martín en febrero de 1814 de implementar, en territorio salto-jujeño, la guerra de recursos que se desarrollaba en las provincias alto peruanas9 dio lugar al proceso de construcción de poder político y militar de Martín Miguel de Güemes, a quien había designado como jefe de vanguardia con la finalidad de concretarla. El poder ascendente de Güemes quien, luego de ser designado gobernador por el cabildo de Salta en mayo de 1815, reorganizó las milicias de Salta y creó cuerpos de línea contrariando las órdenes de las autoridades porteñas, fue observado con recelo por las autoridades de Buenos Aires. La decisión del director supremo de crear, el 8 de octubre de 1814, las provincias de Salta y de Tucumán fracturando la intendencia de Salta respondió, entre otras razones10, a los temores que despertaba su liderazgo en momentos en que el poder militar de José Gervasio de Artigas, en la Banda Oriental, desafiaba a Buenos Aires y se afianzaban los proyectos confederales de organización estatal11. El decreto de Gervasio de Posadas de 1814 establecía en su artículo 2°: Las Ciudades de Salta, Jujuy, Oran, Tarija y Santa María, formarán desde hoy una Provincia del Estado, conservando la misma denominación de Provincia de Salta con que era conocida antes de ser desmembrada y teniendo por límites las jurisdicciones respectivas de los mismos pueblos que la integraron12.

Se reconocía así la inclusión de Tarija en la provincia de Salta, la cual tan solo siete años antes, por real cédula, había sido separada de la 8.

“Salta reclama a Tucumán devolución de recaudación por el Ramo de Sisa”. Salta, abril de 1813, en Archivo y Biblioteca Histórico de Salta (en adelante ABHS), Caja 30C, Fondo de Gobierno. 9. Mata de López, 2002. 10. La fragmentación de la intendencia respondió también a sentidos de pertenencia y relaciones de poder, explícitamente manifestadas en el contexto revolucionario, sin desconocer la gravitación de una estrategia militar que hacía de Tucumán el centro de operaciones del Ejército Auxiliar del Perú. 11. Ternavasio, 2007; Herrero, 2009. 12. “Decreto de creación de las provincias de Salta y de Tucumán”, Buenos Aires, 8/10/1814, en https://es.m.wikisource.org/wiki/Decreto_de_creacion_de_la_ Provincia_del_Tucuman.

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intendencia de Potosí e incorporado a la de Salta. Pocos días después, el 30 de octubre de 1814 y a pesar de las sospechas que recaían sobre Güemes, José Rondeau, jefe del Ejército Auxiliar del Perú, dispuso que estuviesen sujetos al mando del “comandante general de avanzadas coronel don Martín Güemes” el partido de Cinti y el de Tarija13. Luego de superar sus desavenencias con José Rondeau, jefe del Ejército Auxiliar del Perú, Güemes se sumó al proyecto sanmartiniano impulsado por el congreso reunido en Tucumán en 1816 y mantuvo, con ese fin, estrechas relaciones con Manuel Belgrano y con Juan Martín de Pueyrredón como jefe del Ejército Auxiliar del Perú el primero y como director supremo el segundo, designados ambos por el mencionado congreso ese mismo año. El alineamiento de Güemes con Buenos Aires, luego de haber accedido al gobierno de la provincia de Salta y haberse enfrentado a Rondeau con el apoyo de los grupos federales, que operaban en Salta, supuso un quiebre importante que habría de contribuir a debilitarle política y militarmente14. Como jefe de la vanguardia del Ejército Auxiliar, cargo en el cual fue ratificado por Manuel Belgrano, Güemes fortaleció las relaciones entabladas con los jefes insurgentes altoperuanos, favorecidas por la presencia de algunos de ellos entre sus cuerpos de línea15, y cuando estos sufrieron fuertes derrotas en 1816 mantuvo estrechas vinculaciones con los líderes que en Ayopaya reorganizaron la insurgencia en el Alto Perú16. Guerra y territorialidad. Los partidos de Atacama y Tarija Si la dinámica revolucionaria favoreció la fragmentación de las jurisdicciones coloniales, tal como sucedió con la intendencia de Salta, también 13. “Oficio de José Rondeau a Juan Antonio Álvarez de Arenales”, Jujuy 30/10/1814, en Güemes, 1979, 2: 250. 14. Mata, 2017. 15. Entre los integrantes de las milicias altoperuanas que permanecieron en Salta se encontraba José Miguel Lanza, quien luego tendría un papel protagónico, luego de la muerte de Güemes, en el Alto Perú. Como jefe de la División de los Valles de Ayopaya se alió con el jefe del Ejército Real, que bajo las órdenes de Pedro Antonio de Olañeta enfrentaba al virrey La Serna, contribuyendo de esta manera al triunfo de José de Sucre en Ayacucho. 16. Mata, 2008.

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propició la reconfiguración de nuevas territorialidades, entendiendo que la territorialidad se construye socialmente, es un componente necesario de toda relación de poder y presupone apropiación e identidad. El partido de Atacama constituye un ejemplo interesante para observar, en la dinámica de la guerra, la importancia del sentido de pertenencia y de identidad. En 1816 milicias salteñas se posicionaron en Atacama y en esas circunstancias los gobernadores de naturales de San Pedro de Atacama solicitaron al congreso reunido en Tucumán la designación, como comandante de Frontera y subdelegado, de un jefe de esas milicias organizadas por Güemes. Esta petición puede ser interpretada como el reconocimiento a un congreso general del cual participaban diputados de las provincias del Alto Perú, pero también permite intuir que buscaban posicionar la autoridad de Martín Miguel de Güemes, como jefe de la vanguardia del Ejército Auxiliar, frente al ascendente poder militar y político de Gaspar Aramayo en Atacama, quien mantenía una estrecha relación con Manuel Belgrano, a la sazón ya designado nuevamente jefe del Ejército Auxiliar del Perú. Natural de Talina, en el partido de Chichas, localidad del sur de la intendencia de Potosí y próxima a Atacama, Gaspar Aramayo se había incorporado en 1810 al Ejercito Auxiliar del Perú, participando a las órdenes de Manuel Belgrano en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma con el grado de capitán17. Si bien la solicitud formulada en 1816 fue admitida por el congreso y Martín Rodríguez, capitán de Gauchos del valle Calchaquí, fue designado comandante en Atacama, en 1818 Gaspar Aramayo, con el apoyo de Belgrano, fue nombrado subdelegado de Atacama, cargo en el que permanecería hasta 1820. Entre 1818 y 1820 Aramayo recibió órdenes de Manuel Belgrano, en su condición de oficial del Ejercito Auxiliar. Mantuvo asimismo correspondencia con Martín Miguel de Güemes, jefe de la vanguardia, a quien informaba acerca de los sucesos militares que tenían lugar en Atacama. La relación con ambos se limitaba estrictamente a la esfera militar. En 1820, con el retiro del Ejercito Auxiliar de Tucumán18, y sin el apoyo de Belgrano, su autoridad fue cuestionada por los gobernadores 17. Cutolo, 1968, I: 184. 18. La crisis política en Buenos Aires culminó con la deposición de Pueyrredón como director supremo, quien previo a ello había solicitado el retiro del Ejercito Auxiliar de Tucumán para enfrentar a los disidentes de la región del Litoral que se enfrentaban a Buenos Aires. En enero de 1820, el Ejercito se sublevó en Arequito, disolviéndose.

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de naturales de Atacama con el apoyo de los vecinos de San Pedro de Atacama, cabecera del partido. Con la finalidad de no perder el control sobre Atacama, Martín Miguel de Güemes ordenó su retiro y designó como subdelegado a su cuñado Román Tejada en abril de 1820. Los conflictos continuaron y entre 1820 y 1823 disputaron el control político y militar facciones que se adherían a las autoridades realistas del Alto Perú con aquellas que apoyaban al proyecto revolucionario. Entre ellas, algunas respondían al gobierno de Salta mientras otras lo desconocían19. Será recién en 1824, durante el gobierno de Juan Antonio Álvarez de Arenales, cuando el gobierno de la provincia de Salta nombrará un subdelegado en Atacama que gobernaría de acuerdo con las instrucciones y normativas emanadas por la Honorable Junta Provincial de Salta. La dependencia política del partido de Atacama a la provincia de Salta se fortaleció ese año, dando lugar al reclamo posterior de Arenales ante el gobierno del general Sucre en Bolivia. Tarija, a diferencia del partido de Atacama había sido incluida a la intendencia de Salta en 1807 por disposición de la Corona, a pesar de la frustrada resistencia del cabildo de la villa. Por el contrario, una real cédula de 1811 incluyó al partido de Chichas a Tarija y, por ende, a la jurisdicción de la intendencia de Salta20. En 1811, Tarija, por intermedio de José Julián Pérez de Echalar diputado electo para la Junta Grande, elevó un petitorio a la Junta Gubernativa de Buenos Aires, solicitando se declarase a Tarija libre e independiente del gobierno de Salta. Solicitud que tampoco recibiría respuesta21. De cualquier modo y más allá de la incorporación de Tarija a la intendencia de Salta, y la improbablemente efectiva o reconocida de Chichas, interesa destacar la activa participación y coordinación de los grupos insurgentes que colaboraron con el Ejercito Auxiliar del Perú y a partir de 1814 con Martín Miguel de Güemes, quien extendió su poder militar en ambos partidos. El ascendente militar de Güemes en Tarija se inició en 1810, al comandar las milicias tarijeñas en la batalla de Suipacha, y se fortaleció luego del desastre de Huaqui al reunirse en Tarija, con los jefes de la resistencia patriota, con la finalidad de crear allí un cuartel general para impedir el avance realista. A partir

19. Mata, 2019. 20. Trigo O’Connor d’Arlach, 2011: 31. 21. Trigo O’Connor d’Arlach, 2011: 32-33.

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de 1812 operaron en Tarija grupos insurgentes cuyos líderes fueron, entre otros Ramón Rojas, Eustaquio Méndez, José de Olivera y Fermín Vaca. Todos ellos, desde 1815, reconocieron la autoridad militar de Martín Miguel de Güemes. Una clara demostración, por parte de Güemes, de la autoridad política de la provincia de Salta sobre Tarija fue designar como teniente de gobierno en 1816 a Francisco de Uriondo, quien precisamente no era tarijeño22. Si las milicias y grupos insurgentes en Tarija actuaron reconociendo el mando político y militar de Martín Miguel de Güemes, entre los líderes tarijeños desempeñó un rol importante Eustaquio Méndez. En 1818, luego del avance de Pedro Antonio de Olañeta sobre Tarija, Eustaquio Méndez pasará a apoyar a las fuerzas realistas. Este hecho será considerado, por los jefes del Ejercito Real del Perú, como una rendición de Méndez, quien espontáneamente se ofreció con sus hombres a integrar las fuerzas fidelistas23. Esta interpretación es matizada por algunos historiadores que consideran que Méndez fue tomado prisionero por Olañeta, quien le obligó a incorporarse a su ejército24. Una versión interesante señala, en cambio, que Méndez propuso levantar el sitio “en que tenía a los españoles en Tarija y los dejaría salir de la plaza” con la condición de que las autoridades realistas abolieran el tributo, quitaran la obligación de prestar servicios a los arrendatarios y colonos, y dejaran de exigirse contribuciones de guerra en Tarija25. Si esto fue así, contribuiría a explicar el ascendente de Méndez sobre la población rural y por ende su capacidad para movilizar a los grupos insurgentes tarijeños que, con su dirección, colaboraron a partir de 1822, al igual que Lanza y otros líderes insurgentes del Alto Perú, con el general Realista Pedro Antonio de Olañeta en su confrontación con el general La Serna, último virrey del Perú, instalado en Cuzco. Entre la crisis política y las negociaciones con España La historiografía argentina ha enfatizado acerca de la importancia de la crisis política que, entre 1819 y 1820, sacudió no solo a Buenos Ai22. 23. 24. 25.

Cutolo, 1978, V: 340. García Camba, 1916: 387-388. Trigo O’Connor d’Arlach, 2011: 211-213. Trigo O’Connor d’Arlach, 2011: 214.

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res, sino a las irónicamente llamadas “provincias desunidas” del Río de la Plata. El ensayo frustrado de la Constitución de 1819, que no solo centralizaba el poder en Buenos Aires, sino que también posibilitaba el acceso a un proyecto de gobierno monárquico; el conflicto armado en el litoral santafecino; la destitución de Juan Martín de Pueyrredón y la dispersión del Ejército Auxiliar, luego del motín en Arequito (Santa Fe), a comienzos de 1820 configuraron un escenario de extrema inestabilidad política. Una de sus consecuencias más relevantes fue, tanto para San Martín como para Güemes carecer de apoyo económico, político y militar para sostener la guerra en la que ambos se hallaban comprometidos. Su designación, en mayo de 1820, por parte de San Martín como jefe de un ejército de observación es un claro indicio de la crisis política que atravesaba Buenos Aires, donde ya no se referenciaba un poder centralizado26. Los esfuerzos para organizar el mencionado ejército con el cual debía avanzar hacia el Alto Perú, operando conjuntamente con la insurgencia de Ayopaya, para sumarse a las fuerzas que desde la costa del Perú enviaba San Martín, fracasaron. Infructuosamente buscó apoyo de los gobernadores de las provincias vecinas y la imposición de nuevas contribuciones económicas aumentó el malestar hacia su gobierno entre aquellos sectores de la élite que cuestionaban fuertemente la persistencia de la guerra, alentados por la restauración liberal de la monarquía española, que intentaba llegar a una resolución del conflicto recuperando los territorios “insurrectos” de América del Sur27. Al envío de emisarios destinados a negociar los términos del reconocimiento a la monarquía se sumaban los contactos que se intentaron con quienes ejercían cargos públicos. Así Juan Francisco Pacheco escribía desde España en julio de 1820 a Manuel de Sarratea, gobernador de Buenos Aires, proponiéndole la reconciliación de “esas provincias con la metrópoli. La España libre oy no es la que U. conoció esclava: todos gozamos de una livertad civil que envidian las demas naciones: todos españoles con igualdad de derechos”28. Argumentos que po26. Rabinovich, 2012: 220-221. 27. Los tratados de Miraflores (octubre de 1820) y Punchauca (mayo de 1821), de los cuales participarían José de San Martín y los generales Joaquín de la Pezuela y José de la Serna, fueron los resultados más notables de un primer intento de negociación ensayado por España (Martínez Riaza y Moreno Cebrián, 2014). 28. “Carta de Juan Francisco Pacheco a Manuel de Sarratea”, Puerto de Santa María, 25/7/1820, AGI, Buenos Aires 156.

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siblemente serían bien recibidos por algunas facciones políticas. En agosto de 1820, el conde de Casa Flores escribía desde Río de Janeiro al secretario del Despacho de la Gobernación de Ultramar informando que había recibido correspondencia de Buenos Aires que le aseguraba la existencia en esa ciudad de un partido: …bastante considerable a favor de la reunión con la Madre Patria bajo el sistema constitucional. Una de las dichas añade que en Jujuy y en Salta habían proclamado la Constitución y entrado en comunicación con el General Ramírez que manda el ejército del Alto Perú, el cual avanzaba hacía el Tucumán29.

Si bien esta última noticia no era exacta, en cuanto a la proclamación de la Constitución española, si nos atenemos a lo que habría de acontecer un año más tarde es lícito suponer que el general realista contaba con interlocutores en Salta. Las sospechas sobre tratos con las fuerzas realistas se convertían en acusaciones cruzadas que no fueron nunca fehacientemente comprobadas e involucraban por igual a Güemes como a facciones contrarias a él. El envío de comisionados a Buenos Aires y la decisión de las Cortes de despachar otros a Lima “ante la sospecha de que las provincias del Alto Perú prefieran conferenciar por separado”30, resulta indicativo del papel central que para España tenían en estas negociaciones los líderes de la insurgencia altoperuana y la escasa o inexistente autoridad del gobierno de Buenos Aires sobre estos territorios. Es por ello que el virrey del Perú dio instrucciones a “D. Pedro Antonio Olañeta General de la Vanguardia del Ejercito Nacional y a don Guillermo Marquiegui Jefe del Estado Mayor de aquella división para principiar a tratar con los disidentes de aquella parte”31, y unos meses después, en octubre de 1820, al designar a los comisionados que deberían tratar con los insurgentes del Alto Perú disponía que 29. “Carta del Conde de Casa Flores al Excmo. Sr. Antonio Porcel, Secretario del Despacho de la Gobernación de Ultramar”, Río de Janeiro, 20/8/1820, AGI, Buenos Aires 156. El énfasis es nuestro. 30. “Instrucciones para la pacificación de las provincias disidentes de ultramar”, Madrid, 18/4/1820, AGI, Indiferente General 1568. 31. “Carta del Conde de Casa Flores al Excmo. Sr. Antonio Porcel, Secretario del Despacho de la Gobernación de Ultramar”, Río de Janeiro, 7/11/1820, AGI, Buenos Aires 156.

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…sobre todo tratarán de ganar por todos los medios posibles al Gefe de la Provincia de Salta D. Martin de Güemes pues la incorporación de este en nuestro sistema, acarrearía ventajas incalculables por su rango y por el gran influjo que ha adquirido sobre los pueblos de su mando.32

Se reconocía así el liderazgo que Güemes tenía en la insurgencia altoperuana a pesar de lo cual su autoridad, como gobernador de la provincia de Salta, estaba seriamente erosionada por la oposición que operaba en sintonía con el gobernador de Tucumán y con el ejército realista que con la anuencia de parte importante de la élite y la complicidad de algunos de los jefes de milicias y de los cuerpos de líneas que operaban bajo su mando, propiciaron el ingreso de una partida realista que logró sorprenderlo y herirlo de muerte en junio de 1821. Luego de tormentosas discusiones finalmente fue designado gobernador de la provincia de Salta José Antonino Fernández Cornejo, representante de la oposición a Güemes desde que este fuera nombrado gobernador en 1815. Fue Fernández Cornejo quien negociaría, con los diputados designados por él y por Olañeta, un armisticio por el cual se suspendían las acciones bélicas por el termino de cuatro meses a partir del 20 de agosto de 1821, se limitaban los territorios que quedarían bajo el control de Salta y del Ejercito del Alto Perú y se restituían las comunicaciones y el comercio entre Salta y el Alto Perú33. El ingreso de una partida realista y la firma del armisticio ofrecen la posibilidad de considerar la presencia, tal como afirmaba el conde de Casa Flores, de miembros de las élites en Salta y en Jujuy dispuestos a aceptar la conciliación con España. ¿Era Fernández Cornejo uno de ellos? Si bien no es posible afirmarlo, de acuerdo a la opinión de Pedro Antonio de Planeta, en Salta se sospechaba “de su buena disposición para reconocer la autoridad española”34. Y el armisticio, si bien cues32. “Instrucciones a que deberán arreglarse los Señores Comisionados nombrados en cumplimiento de la Real Orden reservada del once de abril de este año, para tratar con los Gobiernos de las Provincias del Río de la Plata”, Lima, 5/10/1820, Joaquín de la Pezuela, AGI, Indiferente General 1570. 33. “Celebre Armisticio hecho en esta provincia de Salta por su Gobierno con el General Olañeta y diputados suscriptos”, Salta, 20/8/1821, AGN, Sala VII, Fondo Juan Antonio de Arenales, Documento 2555. 34. “Oficio del Comandante General de Vanguardia, Brigadier Don Pedro Antonio de Planeta”, Tupiza, 22/9/1821, AGI, Indiferente General 1570.

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tionado por el virrey del Perú35, se dio en el marco de las disposiciones arbitradas por España en su proyecto de pacificación y reconocimiento de la constitución liberal en los territorios disidentes de América del Sur y por lo mismo se lo consideró “preparatorio para arreglar el definitivo”36. Las disputas políticas en Salta, que se sucedieron a la muerte de Güemes, obligaron a Fernández Cornejo a renunciar a fines de septiembre de 1821. El nuevo gobernador, más próximo a sectores simpatizantes de Güemes, respondió a las comunicaciones de los comisionados que no admitirían negociaciones de paz “sino sobre la base de reconocerse su independencia de la Monarquía Española”37. Sin embargo, tanto el armisticio como la muerte de Güemes, planeada en connivencia con Olañeta, paralizaron las acciones militares coordinadas con los líderes de la insurgencia en Ayopaya, y particularmente con José Miguel Lanza quien había sido enviado por Güemes para reorganizar la División de los Valles que allí operaba38. Las tratativas por alcanzar un acuerdo por parte de España con las provincias disidentes de América del Sur continuaron. En 1822 nuevos comisionados arribaron vía Río de Janeiro a Buenos Aires gobernada por Martín Rodríguez y cuyo ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores era Bernardino Rivadavia39. Las negociaciones con el gobierno de Buenos Aires concluyeron con la firma de una convención preliminar de paz, en julio de 1823, que debía ser refrendada por las demás provincias. En la provincia de Salta, la convención firmada por Bernardino Rivadavia en Buenos Aires fue presentada a fines de ese año por el general Juan Gregorio de las Heras al jefe realista Espartero, comisionado por La Serna para negociar su aceptación al cese

35. Figueroa Solá, 2014. 36. “Oficio a los Señores Diputados de la Comisión para tratar con los disidentes”, Cuartel General de Arequipa, 30/9/1821, AGI, Indiferente General 1570. 37. “Comunicación de los Señores Comisionados al Señor Comandante General de Vanguardia Don Pedro Antonio de Planeta”, Tupiza, 27/11/1821, AGI, Indiferente General 1570. 38. Mata, 2008. 39. Bernardino Rivadavia fue uno de los más celosos defensores de un gobierno centralizado y monárquico. En 1821, cuando la facción unitaria asumió el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue nombrado ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores y luego, en 1826, presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cutolo, 1983, VI: 172-184.

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de hostilidades pactado en la convención preliminar. Tal como señala Martínez Riaza las negociaciones entre Las Heras y Espartero en Salta fueron infructuosas a pesar de resultar de especial importancia para efectivizar lo acordado en Buenos Aires40. No obstante ello, y como bien observaban los comisionados en Buenos Aires: …cualquiera circunstancia que suspendiese los movimientos del enemigo y diese treguas a recibir instrucciones o auxilios de la metrópoli podía ser muy plausible al Capitán General del Perú. No le será poco agradable la seguridad que le ofrece este convenio de no ser distraído por retaguardia41.

La única fuerza a rechazar sería entonces la de Simón Bolívar, de quien sospechaban no habría de aceptar la convención preliminar por su desmedida ambición, mientras que el ejército español aumentaría “con la considerable división del General Olañeta, que ya no tendrá que obrar sobre las provincias de Salta y abierto el tráfico de mulas del Tucumán adquiere una movilidad de que carecerá el ejército de Bolívar”42. Efectivamente, si bien la convención preliminar de paz no sería refrendada y los comisionados cesarían en sus funciones con el retorno del absolutismo en España, el objetivo mencionado por los comisionados en el informe anteriormente citado se había logrado. Entre 1821, con la firma del armisticio en Salta con el general Planeta y hasta fines de 1823 en que tuvieron lugar las negociaciones con Buenos Aires, la expedición al Alto Perú proyectada por San Martín no se concretó. La muerte de Güemes en 1821 obligó a San Martín a reemplazarlo por José María Pérez de Urdininea, un oficial de origen alto peruano, quien le había acompañado en la expedición a Chile y Perú43. En 40. Martínez Riaza, 2014: 141-143. 41. “Información enviada a España al Excmo, Sr. Secretario del Despacho de Ultramar por los Comisionados en Buenos Aires, sobre la guerra en el Perú” Buenos Aires, 7/7/1823, AGI, Indiferente General 1571, Documento n° 1. 42. “Información enviada a España al Excmo. Sr. Secretario del Despacho de Ultramar por los Comisionados en Buenos Aires, sobre la guerra en el Perú”, Buenos Aires, 7/7/1823, AGI, Indiferente General 1571, Documento n° 1. 43. José María Pérez de Urdininea era natural de La Paz y se sumó al Ejército Auxiliar en 1811. A las órdenes de Belgrano combatió en la batalla de Tucumán (1812) y de Salta (1813) y continuó en el Ejército Auxiliar a las órdenes de Rondeau. En 1816 y 1817 fue jefe de la retaguardia del Ejército Auxiliar en la quebrada de Humahuaca. Luego del retiro del general La Serna hacia el Alto Perú, se alejó del Ejército Auxiliar para sumarse al Ejército de los Andes (Cutolo, 1978, V: 440).

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el marco de las negociaciones con los comisionados españoles Buenos Aires negó apoyo económico al ejército que debía avanzar hacia el Alto Perú y tanto Salta como las demás provincias escatimaron su ayuda. A pesar de ello, Urdininea formó un contingente que permaneció entre 1822 y 1824 en el valle Calchaquí y en la quebrada de Humahuaca, en la jurisdicción de la provincia de Salta44. La proyectada y demorada expedición al Alto Perú se concretó a fines de 1824, al mando del gobernador de la provincia de Salta, Juan Antonio Álvarez de Arenales, junto con Urdininea con quien había participado en el Ejército de los Andes bajo la jefatura de José de San Martín. El arribo tardío de la anteriormente reclamada expedición del Río de la Plata programada en 1820 restó protagonismo a Álvarez de Arenales en el desenlace de la guerra. Tal como evaluaban los comisionados españoles, las negociaciones y la convención preliminar de paz firmada en Buenos Aires fueron observadas con cautela por Simón Bolívar, quien, a pesar de desconfiar de Bernardino Rivadavia, a quien no estimaba, sopesaba no obstante la posibilidad de obtener alguna ventaja45. Al resentimiento con Buenos Aires por parte de Simón Bolívar y José Antonio de Sucre, que se haría evidente al finalizar la guerra, consideramos también interesante considerar la importancia del armisticio firmado en 1821, que al clausurar la vinculación militar de Salta con los líderes de la insurgencia altoperuana optaron por apoyar a Olañeta46, en una probable oposición a las negociaciones dispuestas por el liberalismo español y como alternativa para derrotar al virrey del Perú. El enfrentamiento entre Olañeta y La Serna debilitó la resistencia realista en la región47, contribuyendo así no solo a la derrota de La Serna en Ayacucho en diciembre de 1824,

44. Acerca de las dificultades económicas y políticas del Ejercito de Observación y los esfuerzos de Urdininea por abastecerlo y organizarlo para poder concretar la expedición al Alto Perú, véase Figueroa Solá, 2014. 45. Roca, 2007: 510-511. 46. Entre ellos, José Miguel Lanza, quien, desconociendo el triunfo de Sucre en Ayacucho, firmó con Pedro Antonio de Olañeta, el 13 de diciembre de 1824, el Convenio de Cavari para “hacer la guerra a los constitucionalistas” con la condición de que en caso de triunfar Simón Bolívar el “Señor General Olañeta tratará por todos los medios de concluir la guerra” (Convenio de Cavari, Cavari, 13/12/1824, en Roca, 2011: 611-612). 47. Las disidencias en el seno del Ejército Real del Perú entre liberales y absolutistas contribuyeron a debilitarlo e incidieron en el derrotero de la guerra (Mazzeo, 2009).

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sino también a la construcción de una identidad política que habría de incidir en la definición de las comunidades políticas al finalizar la guerra48. La provincia de Salta y las disputas territoriales con el Alto Perú El 2 de abril de 1825, luego de la muerte de Pedro Antonio de Olañeta en Tumusla, concluía la guerra de independencia en América del Sur. La presencia del gobernador de Salta en el Alto Perú era militarmente irrelevante y su alineamiento político con Buenos Aires despertaba recelos a pesar de lo cual su entrevista con José de Sucre transcurrió en un tono cordial y diplomático. El mariscal Sucre, vencedor de Ayacucho al ingresar, a comienzos del mes de febrero de 1825, con su ejército a las provincias del Alto Perú, había admitido la solicitud de las élites charqueñas de reunir un congreso general para decidir su destino al observar la resistencia, de gran parte de la élite boliviana, a continuar formando parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y justificó ante Bolívar su decisión en no saber “qué hacer sin presentarme con un aire aborrecible al pueblo”49. Si bien Simón Bolívar desde Lima se resistió a la decisión de Sucre, finalmente consintió, no solo por comprender las dificultades políticas que este afrontaba, sino también por tomar conocimiento de la decisión del Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires que otorgaba a las provincias del Alto Perú libertad para decidir su destino. Semejante pronunciamiento tuvo el congreso reunido en Lima. La asamblea inició sus reuniones el 10 de julio de 1825 en la ciudad de Chuquisaca, declarando el 6 de agosto de 1825 la independencia de las provincias del Alto Perú. En honor a Simón Bolívar, el nuevo Estado pasó a llamarse Bolivia. La mayoría de quienes, en su

48. José Luis Roca sostiene que quienes “se habían distinguido como bravos combatientes contra el poder español en lugares como Santa Cruz, Tomina, Cinti, Chichas y Tarija, ahora eran amigos y aliados de sus antiguos represores. Los unía la convicción de que Charcas, una vez segregada de Buenos Aires, debía también separarse de Lima y diseñar su destino por su propia cuenta” (Roca, 2011: 678). 49. “Carta de Antonio José de Sucre al General Simón Bolívar”, Potosí, 4/4/1825, en O´Leary, 1980, I: 245-246.

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condición de diputados en la asamblea, declararon la independencia habían apoyado al general realista Pedro Antonio de Olañeta e integraban una logia en Chuquisaca que se proponía alcanzar la independencia de las provincias del Alto Perú50. Es probable que al ingresar a las provincias del Alto Perú José Antonio de Sucre conociera esta intención de la élite altoperuana que, apoyando a Olañeta, colaboró con el ejército de la Gran Colombia en la guerra contra el virrey La Serna51. El decreto de José Antonio de Sucre, fechado el 9 de febrero, convocando a esta Asamblea General Deliberante, disponía la elección de representantes por cada una de las provincias del Alto Perú. A la provincia de Potosí le correspondieron catorce representantes, de los cuales uno era por Atacama52. Por esta razón, el general Miller, presidente del departamento de Potosí, solicitó al partido de Atacama el envío de un diputado para participar de la misma, informando al gobierno de la provincia de Salta, por oficio del 29 de abril de 1825 que el departamento de Potosí: …jamás había renunciado los derechos de la Unión que íntimamente ligan estos pueblos. En este supuesto ya es llegado el caso de que dicha Provincia debe restituirse al seno de su Departamento y no dudo que el gobierno generoso de Salta se servirá dictar las providencias que sean conducentes a este fin, respecto a que las circunstancias de la guerra, le dieron una posesión precaria de ella. El Congreso que ha de fijar la suerte de estos Departamentos está próximo a instalarse y sería sensible que Atacama careciese de Representación en la Asamblea53.

Aun cuando no contamos, al menos por el momento, con información acerca de la recepción por parte del vecindario de San Pedro de Atacama y de los gobernadores de naturales de la solicitud de elegir y enviar representantes a la asamblea, ni sobre cuál fue la reacción del subdelegado nombrado por el gobierno de Salta, es indudable que, entre las facciones que disputaban el poder en Atacama entre 1820 y 1823, prevaleció aquella que anhelaba reincorporarse a Potosí, puesto 50. 51. 52. 53.

Roca, 2011: 574-576; Beltrán Ávila, 1948. Mata de López-Figueroa Solá: 2005: 144. “Decreto del 9 de Febrero de 1825”, en Villarroel Triveño, 1981: 60. “Presidencia del Departamento de Potosí, al Sr. Gobernador de Salta”, Potosí, 29/4/1825, en Restelli, 1927: 51.

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que, de hecho, cesó allí el reconocimiento al gobierno de la provincia de Salta54. La respuesta del gobernador de Salta, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales resulta de gran interés, por cuanto permite comparar los argumentos allí vertidos con los que luego se reiterarán en repetidas oportunidades en los reclamos de derechos jurisdiccionales sobre Atacama y Tarija, tanto de parte de la provincia de Salta como del gobierno de Buenos Aires. Allí, luego de lamentar la demorada recepción del oficio enviado por Miller, Arenales consideraba que Atacama se …incorporó espontáneamente a la Provincia de Salta por el voto libre de sus habitantes el año de 1816, desde cuyo tiempo a los sacrificios de esta Provincia en todo respecto ha debido exclusivamente la conservación del orden de su libertad e independencia del dominio de los españoles…55.

Ambas razones, la libre determinación y el sacrificio de la provincia de Salta para conservar su libertad …le dan mejor derecho a la posesión del Partido de Atacama, que el que alega el Señor Presidente Interino del Departamento de Potosí, fundado en haberle pertenecido allá, en tiempo en que el voto, el interés y los derechos de los pueblos no eran escuchados, ni se consultaba otra voluntad que la del déspota que los dominaba…56.

Estos mismos razonamientos serán esgrimidos por el general Sucre cuando se plantee la incorporación de Tarija al Estado boliviano. Así, las negociaciones se fundamentarán en el derecho que otorgaría el haber libertado el territorio, en el reconocimiento de las jurisdicciones territoriales previas a la revolución o en la libre y espontánea voluntad de los pueblos, aplicados de acuerdo a las circunstancias y las conveniencias. 54. Mata, 2019. 55. “Oficio del Sr. Gobernador de la Provincia de Salta al Señor Presidente Interino del Departamento de Potosí”, Salta, 6/8/1825, en Restelli, 1927: 52. 56. “Oficio del Sr. Gobernador de la Provincia de Salta al Señor Presidente Interino del Departamento de Potosí”, Salta, 6/8/1825, en Restelli, 1927: 52. El énfasis es nuestro.

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Si bien en 1824 Atacama se encontraba dependiendo política y administrativamente de la provincia de Salta, en 1816 su sujeción fue a la autoridad militar de Martín Miguel de Güemes y, luego, entre 1818 y 1820, Gaspar Aramayo respondió como comandante militar a Manuel Belgrano, jefe del Ejército Auxiliar del Perú. Los años siguientes fueron caóticos y todo parece indicar que la sujeción política y administrativa a la provincia de Salta solo se hizo efectiva en 1824. La influencia de Aramayo en la región persistió, y su relación con Belgrano y luego con Güemes fue estrictamente militar, lo cual demostraría su posicionamiento a favor de que Atacama se reintegrara a Potosí al finalizar la guerra. Esta presunción se confirmaría con su designación en 1826 como gobernador de Atacama57. Pero la disputa territorial no se limitó tan solo a Atacama. En julio de 1825, al reunirse la Asamblea General en Chuquisaca, Tarija intentó enviar representantes que no fueron admitidos. José de Sucre trataba de evitar mayores discordias, tanto con Arenales como con las autoridades de Buenos Aires. A los reclamos de Arenales por Atacama, respondía Sucre el 29 de agosto de 1825 “que si el Partido de Atacama quiso en el año 16 reunirse provisionalmente, en razón de hallarse ésta bajo las banderas de la Independencia, es también incontestable que apenas ocuparon nuestras armas a Potosí, cuando Atacama se reunió a su antiguo Departamento”58. Al reconocer los derechos de Potosí sobre Atacama, en razón de que formaba parte de esa provincia al momento de la revolución, le recordaba a Arenales que Cuando V.E. solicitó la reunión del Cantón de Tarija a Salta, mi conducta fue un poco diversa de la que se ha observado en el presente caso y mis respetos fueron los más delicados hacia la autoridad de V.E. A pesar del pronunciamiento de Tarija voluntario y absoluto de reunirse a Potosí de que poco ha dependía, no me atreví a resolver en su solicitud sino defiriendo el negocio a S. E. el Libertador…59.

Los reclamos de Arenales por Atacama, y luego del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata a través de sus ministros pleni57. Mata, 2019. 58. “Ejército Libertador. Cuartel General de La Paz, 29/8/1825. Al Excmo. Sor. Gobernador y Capitán General de Salta”, en Restelli, 1927: 54. 59. “Oficio de José Antonio de Sucre al Señor Gobernador de la Provincia de Salta”, Palacio de Gobierno, Potosí, 29/8/1825, en Restelli, 1927: 54. El énfasis es nuestro.

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potenciarios, no prosperaron. Los argumentos utilizados para conservar Tarija, que había sido incorporada a la jurisdicción de la intendencia de Salta antes de la revolución, obligaron a admitir la pertenencia de Atacama a la jurisdicción de Potosí. Pero si el iut possedetis iure fue aplicado y aceptado, para resolver las diferencias con Atacama, la disputa por Tarija pondrá en evidencia la importancia de los liderazgos locales, las vinculaciones políticas tanto en Salta como en Bolivia, las conflictivas relaciones previas a la revolución de Buenos Aires con el Alto Perú y también de Tarija con Salta, profundizadas en el transcurso de la guerra y abiertamente manifiestas al finalizar esta en un contexto que sumaba a las diferencias políticas las enemistades personales. En efecto, Salta podía alegar a su favor para conservar en su jurisdicción a Tarija que la misma pertenecía a la provincia desde 1807, es decir, antes de la revolución, y también el encontrarse los grupos insurgentes de Tarija bajo las órdenes de Martín Miguel de Güemes hasta 1818, año en que pasó a estar bajo el poder realista con la defección de Eustaquio Méndez, quien hasta ese año había sido uno de los principales jefes de los grupos insurgentes60. Desde Tarija, Méndez mantuvo una fluida comunicación con Gabino Ibáñez61, natural de Tarija y residente en Salta desde 1822, cuando procedente de Buenos Aires condujo un cargamento de armas destinadas a esa villa. Gabino Ibáñez, al igual que Gaspar Aramayo, había construido su carrera militar en el Ejército Auxiliar del Perú y contado con el apoyo y estima de Manuel Belgrano62. Mientras Antonio José de Sucre cruzaba el Desaguadero y se internaba en el Alto Perú a entrevistarse con Pedro Antonio de Olañeta, el ejército organizado por las Provincias Unidas del Río de la Plata había iniciado el avance hacia el Alto Perú. Ante esta novedad, Eustaquio Méndez encabezó, el 14 de marzo de 1825, un levantamiento en Tarija que destituyó al gobernador realista Gaspar Olañeta, hermano del general Olañeta, y proclamó su independencia. Los sucesos de Tarija fueron informados por el mismo Méndez a José María Pérez de Ur60. Eustaquio Méndez permaneció, a partir de 1818, en su propiedad rural en el partido de San Lorenzo, con el grado de teniente coronel y jefe del Escuadrón de San Lorenzo otorgado por Pedro Antonio Planeta (García Camba, 1916, I: 387). 61. “Correspondencia de Eustaquio Méndez a Gabino Ibáñez”, San Lorenzo, 11/9/1823, ABHS, Fondo de Gobierno, Caja 51, Carpeta 1593. 62. Cutolo, 1971, III: 633.

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dininea, comandante general de vanguardia, a quien le aseguraba que Tarija lo auxiliaría “con toda clase de aprestos a saber gente, víveres y lo demás que se pueda. Lo que yo necesito por ahora son armas y municiones, y estas a la brevedad posible”63, y al día siguiente le escribía a Arenales, en su condición de gobernador político y militar y capitán general de la provincia de Salta, que Por comunicación oficial que hice al señor General D. José María Pérez de Urdininea ya estará impuesto V.S de haber tomado esta plaza con gente de mi mando. El segundo paso fue congregar todo el pueblo en la Sala Capitular, y que francamente eligiese un gobernador político y militar para establecer el orden y mejor gobierno64.

El accionar de Méndez muestra los indicios de una autonomía que no tardaría en manifestarse francamente segregacionista de la provincia de Salta. Así debe interpretarse la designación de un gobernador sin esperar que Salta asumiera el derecho de nombrarlo, y reconocer a Urdininea como jefe militar soslayando la autoridad de Arenales, quien ejercía el mando del ejército. Puede argumentarse que Urdininea era quien había ejercido la jefatura del ejército que debía realizar la expedición al Alto Perú por mandato de San Martín y quien, además, se dirigía hacia Tupiza, próximo a Tarija, pero, de cualquier modo, es evidente que Méndez escribió a Arenales solo para hacerle saber que ya Tarija tenía gobernador por voluntad y voto del “pueblo” reunido en el cabildo. De cualquier manera, Arenales enviará las armas solicitadas por Méndez con el teniente coronel Gabino Arias, quien integraba el ejército de Arenales que marchaba al Alto Perú. Resulta, sin embargo, interesante considerar que el Dr. José Felipe Echazú, gobernador elegido por el cabildo de Tarija, había ocupado anteriormente ese cargo nombrado por Martín Miguel de Güemes. Luego de varios años de encontrarse Tarija bajo poder realista y conocedor de las desinteligencias que habían caracterizado la relación entre Arenales y Güemes, todo parece indicar que Echazú formaba todavía parte de la facción que en Tarija sostenía la decisión política de formar parte de la provincia de Salta. En este sentido, es preciso reconocer a Eustaquio Méndez sagacidad política, ya que, con la 63. Trigo O’Connor d’Arlach, 2011: 221. 64. Trigo O’Connor d’Arlach, 2011: 222. El énfasis es nuestro.

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elección de Echazú, buscó no generar suspicacias en momentos en que Arenales avanzaba con fuerzas militares hacia el Alto Perú. La presencia de quienes proponían separarse de Salta y convertirse en una provincia argentina y de aquellos que porfiaban por incorporarse a Bolivia dio lugar a importantes controversias en el seno del cabildo de Tarija. Incluso por unos meses, en julio de 1826, la facción política proclive a mantenerse en la jurisdicción de Salta envió representantes a la Junta Provincial de Salta65. Los vaivenes políticos que tuvieron lugar en Tarija, los años 1825 y 1826, propiciaron en agosto de 1826 la decisión de Tarija de incorporarse a Bolivia66 y su posterior aceptación, en octubre de 1826, por el congreso reunido en Chuquisaca. Consideramos importante atender en este desenlace al protagonismo, entre otros, de Eustaquio Méndez, Ciriaco Díaz Vélez67 y Francisco Burdett O’Connor68, y en particular de Antonio José de Sucre, contextualizándolo en el proceso político y militar que involucró a los territorios hispanos de América del Sur en estas primeras décadas del siglo xix. Relaciones complejas: diplomacia, acción militar y liderazgos políticos Cuando el 6 de mayo de 1825 el Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires decidió otorgar libertad a las cuatro provincias del Alto Perú para disponer sobre su destino, dispuso también enviar …una Legación bastantemente caracterizada, que en nombre de la Nación Argentina felicite al benemérito Libertador, Presidente de la República de Colombia y Encargado del Mando Supremo de la del Perú por los altos y

65. Marchionni, 2019: 117. 66. Ubeira, 1980. 67. Ciriaco Díaz Vélez era hijo del ministro plenipotenciario José Miguel Díaz Vélez y acompañó como edecán al general Alvear en su misión diplomática al Alto Perú (Cutolo, 1969, II: 563-564). 68. Francisco Burdett O’Connor, de origen Irlandés, se incorporó al ejército de Bolívar en 1818. Hombre de confianza de Antonio José de Sucre, colaboró activamente con su gobierno en Bolivia. En 1827 contrajo matrimonio en Tarija, donde se radicó de manera definitiva (Cutolo, 1978, V: 109).

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distinguidos servicios que ha prestado a la causa del nuevo mundo, cuya libertad e independencia acaba de afianzar…69.

Pocos días después, el gobierno de Buenos Aires, encargado del gobierno nacional, designó como ministros plenipotenciarios y enviados extraordinarios a Carlos de Alvear y José Miguel Díaz Vélez, cuya misión más importante era conseguir el apoyo de Bolívar para recuperar la Banda Oriental ocupada por el Brasil. La legación arribó al Alto Perú a principios de octubre de 1825, dónde se entrevistó con Bolívar en Potosí. Los argumentos esgrimidos por el general Arenales sobre los derechos de la provincia de Salta sobre Tarija fueron asumidos por la legación, que incorporó entre sus tareas respaldar los reclamos de Arenales, a solicitud del gobierno de Buenos Aires. Entre tanto, en Tarija, la disputa entre quienes pugnaban por mantenerse en la jurisdicción de la provincia de Salta o incorporarse al Estado de Bolivia se habían intensificado. El accionar de Eustaquio Méndez, al propiciar la elección de un gobernador en marzo de 1825, demuestra que Tarija contaba con una facción liderada por él, integrada entre otros por Bernardo Trigo y Gabino Ibáñez, que trataba afanosamente desconocer a la provincia de Salta. Si bien José Felipe Echazú, el gobernador surgido de la elección del cabildo en el mes de marzo, buscó mediar y mantener a Tarija en la jurisdicción de Salta, sus esfuerzos no fueron suficientes. El 25 de abril Echazú informaba a Arenales del interés de algunos de separarse de Salta atribuyendo esta postura a los destrozos causados por Uriondo, Oliveras, Rojas, es decir, los cabecillas de los grupos insurgentes que habían reconocido el mando militar de Güemes, pero que siendo el gobernador de Salta “un hombre virtuoso, un señor Arenales” nada debía temerse. Hacía saber también que “Eustaquio Méndez solicita reconocimiento de sueldo y él también”70. Simultáneamente, quienes querían unirse a Bolivia se comunicaron con Sucre para manifestar su disconformidad con el gobernador Echazú. El envío de Burdett O’Connor con una partida militar a Tarija alentó en el cabildo a la facción que impulsaba 69. “El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata”, Buenos Aires, 7/5/1825, en Restelli, 1927: 2. 70. “José Felipe Echazu, Gobernador Político y Militar de Tarija al Sr. Gobernador de la Provincia de Salta Dn. José Antonio de Arenales”, Tarija, 25/4/1825, ABHS, Fondo de Gobierno, Caja 51, Carpeta 1593.

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la incorporación de Tarija a Bolivia, el cual depuso en julio de 1825 a Echazú y nombró gobernador a Bernardo Trigo, amigo de Méndez. Se eligió también a los diputados para incorporarse a la asamblea general que se reuniría en Chuquisaca. Esta intervención de Sucre revela su profunda animadversión para con el gobierno de Buenos Aires71, con el cual políticamente se encontraba alineado Juan Antonio Álvarez de Arenales. A pesar de ello, tal como expresa al responder a los reclamos de Arenales sobre Atacama, no admitió la incorporación de los representantes por Tarija a la asamblea y delegó toda decisión sobre Tarija a Simón Bolívar. Es decir, que prevaleció, aun cuando manifestó sus dudas, el iut possedetis juri, en su decisión de no innovar respecto de Tarija. En el mes de octubre de 1825, los ministros plenipotenciarios se entrevistaron con Bolívar. En la reunión, Sucre retomó el argumento utilizado por Arenales, en ocasión de reclamar Atacama como partido integrante de la provincia de Salta, para avalar las pretensiones de incorporación de Tarija al Alto Perú sosteniendo que …el General Arenales como delegado del Gobierno de las Provincias Unidas había sentado el principio de que la voluntad de los Pueblos debía servir de guía para incorporarse al Estado que quisiesen, y que este principio establecido por aquel General daba un derecho al Perú para admitir la incorporación de Tarija…72.

La respuesta de Alvear fue categórica al considerar que “nada sería tan impolítico […] que fuesen cual fuese el defecto de las líneas de demarcación establecidas antes de la emancipación de los nuevos estados era más prudente partir de esa base”. En esa ocasión, Sucre alertó acerca de la amenaza para el Alto Perú de que Tarija pertenecie-

71. Basándose en los editoriales del Argos de Buenos Aires escribe a Bolívar el 6 de Junio de 1825 “Ellos temen que Ud. vaya a conquistarlos, y es la canalla que más merece su castigo por su imbecilidad e inutilidad en nuestra guerra, su orgullo miserable y su nulidad para toda cosa que no sea hablar simplezas y ser ingratos. No en balde los aborrecen en estas Provincias tanto como a los españoles” (O’Leary, 1980, I: 265). 72. “Tercera conferencia tenida entre SSEE el Libertador Presidente de Colombia y el Gran Mariscal de Ayacucho por una parte y los Ministros Plenipotenciarios y Enviados Extraordinarios de la República Argentina por otra sobre los negocios de Tarija”, Potosí, 27/10/1825, en Restelli, 1927: 200.

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ra a las Provincias Unidas “porque haciendo un ángulo entrante en el corazón del Perú, un Ejército que se formase allí amagaba a un mismo tiempo a Chuquisaca, y a Potosí lo mismo que a Cinti, y a Chichas”73, manifestando claramente su desconfianza y enemistad con el gobierno de Buenos Aires. El informe elevado por Alvear y Díaz Vélez al gobierno de Buenos Aires dio cuenta del apoyo con el que contaban en Jujuy quienes quieren incorporar Tarija a Bolivia, y posiblemente también en Salta, en el contexto de una fuerte confrontación con Buenos Aires y el proyecto político unitario74. Esta presunción parece reafirmarse en la carta que Sucre enviara a Bolívar en julio de 1825, confesándole que …si sus cartas no me hubieran azorado tanto sobre estos negocios del Río de la Plata, les hubiéramos hecho una burla graciosa a esos escritores insolentes y partidarios groseros del Gobierno de Buenos Aires; esta burla era no más que hacerles separar las provincias y unirlas a estas, dejando aislado al tal Buenos Aires, sin comprometernos nosotros en nada. Salta y Tucumán están bien dispuestos porque sus disgustos no se concilian con la capital; Córdoba con una palabra ardía, pues existen resentimientos, de Mendoza no sé cómo está; las demás provincias no valen la pena75.

Casualmente, Manuel Dorrego76, férreo opositor de Rivadavia, viajó en julio de ese año al Alto Perú. Enfrentado con el gobierno de Buenos Aires, Dorrego apoyaba con entusiasmo la reunión del Congreso de Panamá y la formación de un gobierno confederal para América propuesto por Bolívar77. Las relaciones de Dorrego con quienes adherían a la fac73. “Tercera conferencia tenida entre SSEE el Libertador Presidente de Colombia y el Gran Mariscal de Ayacucho por una parte y los Ministros Plenipotenciarios y Enviados Extraordinarios de la República Argentina por otra sobre los negocios de Tarija”, Potosí, 27/10/1825, en Restelli, 1927: 200. 74. Quartaruolo, 1982. 75. “Carta de Antonio José de Sucre al General Simón Bolívar”, Cochabamba, 11/6/1825, en O’Leary, 1980, 1: 278. 76. Manuel Dorrego fue un activo protagonista en la guerra de independencia habiendo actuado a favor de la revolución desde un primer momento. Oficial del Ejército Auxiliar del Perú se destacó por su valentía y decisión en la segunda expedición hacia el Alto Perú. Su enfrentamiento con Pueyrredón lo llevó al destierro de donde regresó en 1820, liderando a la facción federal de Buenos Aires (Cutolo, 1969, 2: 594-597). 77. Drago, 1970.

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ción federal en Salta78 y Jujuy, permiten suponer que Sucre, en su misiva a Bolívar se basaba en información proporcionada por los referentes federales del Río de la Plata. De cualquier modo, Simón Bolívar, a pesar de la decidida opinión de José de Sucre por la inclusión de Tarija en Bolivia, concluyó la conferencia con Alvear y Díaz Vélez diciendo: “Mariscal: es preciso que el Perú se desprenda de sus pretensiones sobre Tarija: de aquí a cien años las moverán los Gobiernos si lo tuvieren por conveniente”79. Se impuso de tal manera en esta instancia, por sobre la libre determinación de los pueblos, que a juicio tanto de la legación argentina como de Simón Bolívar podía derivar en la anarquía, el derecho de posesión territorial al momento de la revolución. Tarija fue reconocida parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y, a cambio, Sucre solicitó al gobierno de Buenos Aires que reconociera a Atacama integrante del departamento de Potosí. Los ministros plenipotenciarios, al observar los resquemores de Bolívar hacia Arenales y su preocupación por que este pudiera tomar represalias sobre aquellos vecinos de Tarija que impulsaban la incorporación de Tarija a Bolivia, decidieron en diciembre de 1825 enviar …a tomar posesión de aquel Pueblo, a una persona que estuviese libre de las impresiones que producen los partidos, que saliendo de la inmediación de la legación, llevase consigo los sentimientos de lenidad que ésta le inspirase, y que pudiendo por todo, calmar allí más fácilmente los ánimos, avisase oportunamente al Señor Gobernador de Salta, para que nombre la persona que debe encargarse de su Gobierno…80.

El designado para tomar posesión de Tarija fue Ciriaco Díaz Vélez, quien llevaba la orden de Bolívar para que Burdett O’Connor entre78. En el mes de agosto de 1825 Manuel Dorrego se encontraba en Salta como agente de un grupo de inversionistas interesados en concesiones mineras (Andrews, 1920: 135-135). Si bien su viaje al Alto Perú era por negocios no debe descartarse que también persiguiera fines políticos (Quartaruolo, 1982). 79. “Tercera conferencia tenida entre SSEE el Libertador Presidente de Colombia y el Gran Mariscal de Ayacucho por una parte y los Ministros Plenipotenciarios y Enviados Extraordinarios de la República Argentina por otra sobre los negocios de Tarija”, Potosí, 27/10/1825, en Restelli, 1927: 202. 80. “Los Plenipotenciarios informan al Señor Ministro de Relaciones Exteriores sobre los motivos que ha tenido la Legación para confiar al Ayudante de la misma la misión de tomar posesión del mando de Tarija”, Chuquisaca, 3/12/1825, en Restelli, 1927: 179-180.

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gase el territorio, y luego de posesionado de Tarija solicitara al gobernador de la provincia de Salta el envío de quien debía hacerse cargo del gobierno en esa villa. Los meses siguientes estarán signados por las ambiciones de Ciriaco Díaz Vélez, las intrigas de Burdett O’Connor y los infructuosos intentos de Mariano Gordaliza, designado por Arenales en el cargo de teniente de gobernador, por sostener la dependencia de Tarija a la provincia de Salta. El resultado de todo ello podría resumirse en la amenaza de Bernardo Trigo de solicitar a Burdett O’Connor auxilio militar si Ciriaco Díaz Vélez dejaba Tarija, ante la promesa de éste de solicitar al gobierno de Buenos Aires se declarase a Tarija parte de las Provincias Unidas, sustrayéndola de la dependencia de la provincia de Salta. De esta manera la facción segregacionista sumaba a sus fines a quienes en 1811 habían solicitado a Buenos Aires ser reconocida como provincia del Río de la Plata. De acuerdo a las conversaciones de Ciriaco Díaz Vélez con Bernardo Trigo, una vez independientes podrían decidir si permanecer en las Provincias Unidas o incorporarse a Bolivia. Burdett O’Connor, a pesar de negarse a reconocer su participación en la política tarijeña, jugó un importante papel apoyando a la facción que pugnaba con unirse a Bolivia mientas que el torpe manejo político de Ciriaco Díaz Vélez la favoreció81. En tales circunstancia, Arenales designó teniente de Gobernador a Mariano Gordaliza82, quien, luego de desplazar a Ciriaco Díaz Vélez, dispuso el reclutamiento de hombres destinados a incorporarse al ejército que organizaba Buenos Aires para la guerra contra Brasil, que ocupaba la Banda Oriental. La presencia y las medidas adoptadas por Gordaliza aumentaron la tensión política. Principalmente provocó malestar en el ámbito rural, afectado mayoritariamente por esta disposición, que hasta ese momento se había conservado al margen de la controversia agitada mayoritariamente por los vecinos de Tarija en el cabildo. El apoyo de Eustaquio Méndez, por su ascendente sobre las milicias rurales, 81. “Oficio de Juan Antonio Álvarez de Arenales al Ministro de Gobierno en Buenos Aires”, Salta, 22/6/1826, AGN, Sala X, 5.8.1. 82. Mariano de Gordaliza fue miembro del cabildo de Jujuy y luego, teniente de gobernador. Enfrentado políticamente con Güemes formó parte de la oposición a su gobierno. A la muerte de Güemes integró en 1821 la Honorable Junta de Representantes de la provincia de Salta y en 1825 fue designado por Álvarez de Arenales teniente gobernador de Tarija (Cutolo, 1971, III: 398-399).

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resultó decisivo. Su estrecha vinculación con Bernardo Trigo y Francisco Burdett O’Connor, y en particular con Gabino Ibáñez, precipitó los acontecimientos. Ante la difusión en la villa por parte de Ibáñez del “oficio del Soberano Congreso en que trataba del derecho que tenía [Bolivia] de reclamar a Tarija”83, Arenales ordenó a Gordaliza su arresto y la de su amigo Eustaquio Méndez, disponiendo el envío de ambos a Salta. Estas medidas desencadenaron un levantamiento militar liderado por Bernardo Trigo que definió la inclusión de Tarija en Bolivia en agosto de 1826. En el informe que Bernardo Trigo envió a Sucre le comunicaba: …haber reunido una fuerza considerable asociado del coronel Méndez… y otros muchos comandantes más de partidos, a que se agregaron varios otros oficiales y vecinos y comandando la fuerza hicimos rendir la guarnición de esta plaza… e inmediatamente se decidió por aclamación unánime su reunión a la Republica Boliviana… Fui aclamado por la ilustre municipalidad, honrados vecinos, populacho y por toda la división, por Gobernador Intendente de la provincia a pesar de mis excusas y renuncias84.

Juan Antonio Álvarez de Arenales, con fecha 8 de septiembre, al informar sobre lo acontecido en Tarija al señor ministro de la legación de la República Argentina, denunciaba que, debido a “las intrigas y sugerencias de un oficial venido del Alto Perú han marchado tropas de Potosí a ocupar Tupiza o Moxo”, en obvia referencia a Burdett O’Connor, lo cual “confirma el aserto del mismo Ibáñez y de los ejecutores de tan criminal y escandaloso trastorno, que el Gobierno de Bolivia ha impulsado tal movimiento para agregar aquel cantón a su territorio quitándolo al de esta república”85. No se equivocaba. El 20 de septiembre Sucre escribía a Bolívar: …anteayer han llegado los diputados de Tarija y no sé si los admitirán al Congreso. Creo que sí, pues están estos señores resueltos a impedir 83. “Bernardo Trigo al Excelentísimo Señor Gran Mariscal, Presidente de la República Boliviana Antonio José de Sucre”, 29/8/1826, en El Cóndor de Bolivia, Chuquisaca, n.º 40, 10/9/1826. 84. “Bernardo Trigo al Excelentísimo Señor Gran Mariscal, Presidente de la República Boliviana Antonio José de Sucre”, 29/8/1826, en El Cóndor de Bolivia, Chuquisaca, n.º 40, 10/9/1826. 85. “Oficio de Juan Antonio Álvarez de Arenales al Señor Ministro de la Legación de la República Argentina en la de Bolivia para informar el oficio que envía al Excmo. Señor Presidente de Bolivia”, Salta, 8/9/1826, en AGN, Sala X, 5.8.1.

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la desmembración de Tarija, en lo cual no solo tienen justicia, sino que mil razones lo exigen. Yo no le he dicho mis opiniones al Congreso, pero si fuese menester le aconsejaré a todo trance quede Tarija de Bolivia, puesto que es Alto Perú, porque cada día tengo más datos de la mala fe de los argentinos con este país y de sus miras torcidas, pérfidas y hostiles86.

Epílogo Las complejas relaciones de Buenos Aires con las provincias del Alto Perú, presentes desde la creación del virreinato del Río de la Plata, y la creación de una junta de gobierno en Buenos Aires desconociendo la regencia en España, provocó la reincorporación de estas al virreinato del Perú. La organización de un ejército en Buenos Aires, destinado a disciplinar y sujetar a su autoridad a las provincias díscolas del interior del virreinato, dio inicio a un proceso bélico cuyo principal escenario fueron las provincias del Alto Perú y de Salta. Buenos Aires enfrentó, desde un primer momento, resistencia en la Banda Oriental (actualmente Uruguay) y las provincias del litoral lideradas por José de Artigas que, si bien se adherían a la junta gubernativa de Buenos Aires, pugnaban por conservar autonomía política. El conflicto entre quienes bregaban por establecer un sistema político centralista y otros que lo hacía a favor de una confederación se manifestó sin ambages en 1815 y eclosionó definitivamente en 1820. La crisis política aniquiló el Ejército Auxiliar del Perú creado en 1810, el cual, a pesar de enfrentar tres derrotas consecutivas en el Alto Perú, logró mantener vinculaciones militares con la insurgencia de Charcas por intermediación de Martín Miguel de Güemes, gobernador de la provincia de Salta y jefe de la vanguardia del Ejército Auxiliar. Estas disputas políticas entre centralistas y confederados, presentes también en Salta, se expresaron finalmente junto con otras circunstancias en una conspiración, entre un sector mayoritario de la élite y el ejército realista, que culminó con la muerte de Güemes en 1821 y posibilitó la firma de un armisticio con Pedro Antonio de Olañeta, jefe del Ejército Real del Perú, en el marco de las tratativas de paz implementadas por España a partir de 86. “Carta de Antonio José de Sucre al General Simón Bolívar”, Chuquisaca, 20/9/1826, en O’Leary, 1980, 1: 382-393.

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1820, al restablecerse la Constitución liberal de 1812. La consecuencia más inmediata del armisticio fue restituir el comercio, especialmente de mulas, de estratégica importancia para la movilidad en la escarpada geografía de los Andes. Pero también significó la postergación de la reclamada expedición de un ejército de observación creado por San Martín y cuya jefatura había recaído primero en Güemes y luego de su muerte en José María Pérez de Urdininea, quien entre 1822 y 1823 enfrentó grandes dificultades para organizarlo por la falta de apoyo de Buenos Aires, dónde Bernardino Rivadavia como secretario de Relaciones Exteriores negociaba una convención preliminar de paz con los comisionados españoles. De esta manera, entre 1821 y 1824, tanto Buenos Aires como la provincia de Salta se desvincularon de la guerra que, con tenacidad, sacudía al Alto Perú. En esas circunstancias, Pedro Antonio de Olañeta, jefe del Ejército Real en el Alto Perú, contó con el apoyo de los grupos insurgentes altoperuanos en su enfrentamiento con el virrey del Perú José de la Serna, establecido en el Cuzco. Por todo ello, resulta interesante preguntarse acerca de la importancia que tuvo este proceso político y militar y las negociaciones con España en la conformación de identidades políticas y en la construcción de poderes locales que luego, una vez finalizada la guerra, se expresaron en disputas territoriales. Es desde esta perspectiva que nos pareció interesante presentar los esfuerzos de Arenales por conservar los territorios de Atacama y de Tarija bajo la jurisdicción de Salta. Territorios sobre los cuales el ejercicio de autoridad por parte del Gobierno de la provincia de Salta derivaba de circunstancias totalmente diferentes. Mientras que la sujeción de Atacama a Salta fue muy breve y resultado de la guerra, en Tarija la provincia de Salta contaba a su favor el derecho jurisdiccional previo a 1810, aun cuando no suficiente para construir un sentido de pertenencia sólido. En el caso de Tarija es preciso también considerar otras razones. Una de ellas fue el intento de Álvarez de Arenales por reclutar hombres para enviar al ejército que organizaba Buenos Aires. El informe de Bernardo Trigo a Antonio José de Sucre hace explícita referencia al malestar generado por la recluta de soldados asegurando que “Este y otros muchos atentados impulsan a esta Provincia digna de mejor suerte para realizar sus constantes ansias por ser de

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Bolivia”87. Por otra parte, los recelos y animadversión de Antonio José de Sucre hacia el gobierno instalado en Buenos Aires resultaron fundamentales. Esa enemistad puede atribuirse a diferentes motivos, entre los cuales podríamos mencionar las tratativas de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia con los comisionados españoles en 1823. Asimismo, contribuía a esa enemistad la reticencia de Buenos Aires a enviar un representante al Congreso de Panamá convocado por Simón Bolívar, con el fin de concretar una confederación de países americanos, por sospechar que Bolívar albergaba intenciones de avanzar sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por su parte, Antonio José de Sucre desconfiaba del gobierno porteño, atribuyéndole ambiciones sobre Bolivia, y consideraba por lo mismo peligroso para Bolivia la integración de Tarija a la provincia de Salta o a la República Argentina. El reclutamiento, que con dificultades realizaba Arenales en la provincia de Salta, destinado a la guerra que Buenos Aires sostenía en la Banda Oriental, generaba sus sospechas, pues temía que el mismo tuviera como objetivo avanzar sobre Tarija y Bolivia. A estos recelos mutuos se sumaba el conflicto abierto de los grupos federales, tanto de Buenos Aires como de otras provincias, y particularmente la relación de estos con Bolívar y Sucre, cual es el caso de Gregorio Funes y de Manuel Dorrego88. El fracaso de Arenales y la legación argentina para conservar los derechos de iut possedetis juri sobre el territorio de Tarija, reconocido por Bolívar y aceptado por la legación argentina, exitosamente contemplado en el partido de Atacama, permite avizorar la compleja trama política que involucró a grupos de poder local y regional con España en el contexto de la guerra sostenida en los andes meridionales contra las fuerzas realistas. Bibliografía Abbate, Georgina y Luis Alejandro Burgos. 2020. “De la ciudad a la provincia. El caso de la “independencia” de Jujuy en el Río de la 87. “Bernardo Trigo al Excelentísimo Señor Gran Mariscal, Presidente de la República Boliviana Antonio José de Sucre”, 29/8/1826, en El Cóndor de Bolivia, Chuquisaca, n.º 40, 10/9/1826. 88. Quartaruolo, 1982.

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Estado republicano, liberalismo y sociedad rural en Ayacucho (Perú) en el siglo xix Nelson E. Pereyra Chávez Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú

Introducción En tiempos actuales, los pobladores indígenas todavía son considerados como ajenos a las ideas y acciones políticas. Así, al estudiar la independencia y las guerras caudillistas del siglo xix, se recurre a los argumentos del localismo y la manipulación para explicar su participación en estos acontecimientos1. Con este tipo de argumentos se sintetizan equívocamente relaciones de alteridad y poder, que en el fondo son resultados de luchas y procesos históricos protagonizados por los mismos indígenas en continua relación con el Estado y la sociedad nacional. Una muestra de esta visión esencialista es la famosa tesis del pacto tributario, que alude a la relación entre Estado e indígenas: estos pagaban el tributo y en contrapartida, recibían la protección estatal de su propiedad comunal y capacidad contributiva2. Sin bien esta propuesta resalta la particularidad del intercambio andino dependiente de un orden tradicional, también recrea una imagen esencialista de su comportamiento económico y una relación dicotómica entre ayllus tradicionales y Estado. Esta tesis es innovadora y ha influenciado en los estudios sobre la contribución indígena en la sierra perua1. 2.

Husson, 1992; Bonilla, 2007: 141-143. Platt, 1982.

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na3; sin embargo, no deja de reforzar —sin proponérselo— ciertos estereotipos: “la idea de que la noción de ayllu es incompatible con ideologías liberales y que el campesinado andino existe en un nivel ‘exterior’ y opuesto al Estado”4. Aunque la historia social peruana ha presentado una imagen más política de los pobladores indígenas del siglo xix, no se halla todavía propuesta alguna que los considere como portadores de una ideología liberal, salvo los trabajos de Cecilia Méndez y Nils Jacobsen, entre otros pocos5. Es más, continúan reproduciéndose las dicotomías entre Estado/liberalismo e indígenas/pensamiento andino. Por ejemplo, John Lynch señala que la conciencia nacional existió exclusivamente entre criollos y “de ningún modo se dio entre indios y negros”6. Marie-Danielle Demélas afirma que en la “democracia a medias” que los criollos implantaron luego de la independencia, los indígenas quedaron atrapados en el universo de las comunidades y de las venganzas étnicas y que el liberalismo intentó destruir estas comunidades mediante la supresión de la propiedad colectiva, ocasionando el rechazo de la población indígena7. A diferencia de los citados autores, el presente trabajo estudia el liberalismo peruano del siglo xix, que apareció en medio del caudillismo, marcando la organización del Estado peruano y llegando a la sociedad rural, a partir de las disputas judiciales que formaron parte del marco de normas y rituales implementado por el Estado para relacionarse con la población. Postula que, pese a las revoluciones militares, el Estado fue organizado a partir de ciertos principios liberales que fueron propagados entre la población indígena por los liberales provincianos y sirvieron para las disputas judiciales por la propiedad de la tierra. 3. Véanse Contreras, 1989; Peralta, 1991; Vega 1992. 4. Méndez, 2011: 69. 5. Cecilia Méndez esboza la tesis de una ideología pro monárquica entre los campesinos de las alturas de Huanta, pero con fuerte contenido liberal, que los llevó a sublevarse contra el Estado en 1827 y luego a pactar con caudillos liberales como Orbegoso y Santa Cruz. Por su lado, Nils Jacobsen y Nicanor Domínguez estudian las ideas liberales de Juan Bustamante, líder de la sublevación indígena de Puno de 1866-1868. Véanse Méndez, 2005a; Jacobsen y Domínguez, 2011. 6. Lynch, 1984: 198. 7. Demélas, 2003.

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Los juicios estudiados fueron protagonizados por indígenas y provienen de la zona rural de Ayacucho. Esta es una región ubicada en los Andes peruanos. En la primera mitad del siglo xix, Ayacucho ocupaba un territorio de 44.000 km2 dividido en seis provincias: Huanta, Huamanga, Cangallo, Lucanas, Parinacochas y Andahuaylas. Hacia 1850 contaba con un total de 130.070 habitantes, siendo más del 60% población indígena8. Caudillos y liberalismo En sus primeros 25 años de vida independiente, el Perú atravesó por una inestabilidad política debido al estallido de revoluciones protagonizadas por caudillos militares que buscaban tomar o conservar el poder. Luego de la salida de Bolívar en 1826, se desató la guerra civil entre bandos, liderados por excombatientes de la guerra de la independencia (José de La Mar, Agustín Gamarra, Pedro P. Bermúdez, Luis José de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry), hasta que en 1836 el líder boliviano Andrés de Santa Cruz impuso su proyecto de Estado confederado. Sin embargo, la Confederación Perú-Boliviana tuvo una duración efímera. Tras su caída, el general Agustín Gamarra reasumió el poder y declaró la guerra a Bolivia, encontrando la muerte en 1841, en el campo de batalla. A la sazón, sobrevino una etapa de anarquía, en la que tres militares (Juan Crisóstomo Torrico, Francisco de Vidal, Manuel Ignacio de Vivanco) y dos civiles (Manuel Menéndez, Justo Figuerola) gobernaron en tres años. La anarquía culminó con la victoria de Ramón Castilla sobre el Directorio de Vivanco y con las elecciones de 1845. Este organizó un Estado militar y patrimonialista, logrando la estabilidad política en una época providencial: cuando las exportaciones de guano enriquecían la hacienda nacional. Según John Lynch, los caudillos del siglo xix, que representaron una base de poder regional, fueron un obstáculo muy fuerte para el Estado-nación9. Natalia Sobrevilla señala que el resultado de las pugnas caudillistas fue la ausencia de un modelo político hegemónico y de

8. 9.

Pereyra, 2020. Lynch, 1984: 198.

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un marco legal estable; tan es así que entre 1821 y 1850 se promulgaron hasta seis constituciones con distintas orientaciones doctrinarias: liberales (1823, 1828, 1834), conservadoras (1839), federativas (1836) y bolivariana (1826)10. Ambas posturas son algo maniqueas, ya que el caudillismo fue un fenómeno más complejo, en el que el republicanismo y el liberalismo aparecieron y reaparecieron detrás del caudillo de turno. Jorge Basadre señala que este era asesorado por válidos y fustigado por censores; por ejemplo, los sacerdotes liberales Francisco Javier de Luna Pizarro y Juan Gualberto Valdivia fueron los válidos de caudillos como José de La Mar, Luis José de Orbegoso o Domingo Nieto11. Cristóbal Aljovín afirma que los caudillos apelaron al lenguaje republicano y al constitucionalismo para legitimar un gobierno surgido de la violencia; una vez en el poder, convocaron al congreso para promulgar una nueva Constitución, llegando a delinear un Estado moderno basado en la razón y en los derechos constitucionales12. En efecto, el Estado caudillista adoptó principios republicanos y liberales incluso cuando fue dirigido por caudillos conservadores como Gamarra. En su segundo gobierno promulgó la Constitución conservadora de 1839, que reconoció la representatividad política, la división de poderes, la igualdad ciudadana y derechos como la libertad de imprenta, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad13. No en vano, un estudioso sostiene que el liberalismo dominó todo el siglo xix14. La frase es exagerada, pero sirve para constatar su importante presencia en el Estado y en la cultura política peruana, con ideas relacionadas con el republicanismo inicial y las revoluciones europeas de 1848. Mientras el republicanismo planteaba el rechazo a la monarquía, el autogobierno ciudadano, la supremacía del ámbito comunitario y la intervención del Estado para preservar la libertad y la democracia15, el liberalismo postulaba el origen popular de la soberanía; esta resi10. 11. 12. 13.

Sobrevilla, 2019: 211. Basadre Grohman, 2001: 72-73. Aljovín, 2000: 263. Sin embargo, esta Constitución concentró el poder en el ejecutivo y en el Consejo de Estado en desmedro del legislativo; estableció un fuerte centralismo al suprimir las municipalidades elegidas por voto popular y no restituir las juntas departamentales; e instituyó una ciudadanía de tipo censitaria. Por todo ello, ha sido considerada conservadora. 14. Garavito, 1989. 15. García, 2009: 33.

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día en el pueblo, que la delegaba a sus representantes, reservándose el derecho de ejercer la crítica y la oposición a través de la prensa16. La soberanía se asentaba en el principio del pacto social entre individuos, cuya reunión constituía el pueblo o comunidad de ciudadanos fundada en el ejercicio de derechos políticos, como el derecho de sufragio17. El liberalismo defendía la libertad como una cualidad fundamental del derecho natural y consideraba que de ella se desprendían otros derechos, como el de la propiedad, la protección individual y la libertad de imprenta18. Inspirados por estos enunciados, algunos caudillos expidieron normas para liquidar los privilegios de las tierras y las obligaciones serviles y fomentar la propiedad privada. Así, entre 1824 y 1825, el libertador Simón Bolívar —quien fue nominado como “suprema autoridad” por el congreso peruano— dispuso la venta de las tierras del Estado, la distribución de las tierras comunales entre los indígenas que no tuviesen parcelas y la venta de las tierras comunales excedentes19. Tres años después, el presidente José de La Mar —un caudillo que gobernó entre 1827 y 1829— mandó la conversión de mestizos e indígenas en propietarios de los predios que ocupaban y la distribución de la propiedad colectiva entre aquellos que supiesen leer y escribir. Sobre los indígenas, que a mediados de siglo eran más de la mitad de la población peruana, las tesis liberales se evidenciaron en el debate de 1849 en torno al sufragio de los indígenas analfabetos. En confrontación con las ideas del conservador sacerdote Bartolomé Herrera, el diputado Pedro Gálvez sostuvo que para poder votar no era necesario saber leer y escribir y privar de tal derecho a los indígenas significaba anteponer un requisito ficticio, tiránico y opresor. La nación era una comunidad de ciudadanos fundada en el derecho al sufragio, donde la dimensión institucional estaba sobre la diversidad cultural. Al votar, los indígenas simplemente formaban parte de la nación20. Sin embargo, para los liberales, los indígenas también necesitaban benevolencia y protección; por ello, su integración a la nación fue 16. Incluso algunos liberales, como Benito Laso, creían en el derecho de rebelión del pueblo cuando el gobernante buscaba el bien propio en vez del común. Katayama, 2005: 314. 17. Chiaramonti, 2005: 353. 18. Trazegnies, 1987: 113. 19. Favre, 1986: 207. 20. Chiaramonte, 2005: 354.

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pensada como gradual, jerarquizada y condicionada por el requisito de la instrucción. Benito Laso afirmaba que la ciudadanía no podía extenderse a los indígenas porque les faltaban las virtudes cívicas y la ilustración21. En tal sentido, los liberales desarrollaron un discurso ambiguo: los indios eran extraños a la nación y al mismo tiempo formaban parte de ella, al no poder superar los patrones etnocéntricos implícitos en la intención de ilustrarlos o “civilizarlos” y las distintas versiones del paternalismo político22. Este liberalismo no fue único ni homogéneo; al contrario, presenta matices e interpretaciones distintas porque fue modificado según los reacomodos y negociaciones de sus portadores, o porque fue reinterpretado en el interior del país23. Es el caso de Ayacucho, donde en 1862 hacendados como Estanislao Morote, abogados como Pedro Castilla, comerciantes como Luis Petricapi y magistrados como Pedro José Flores formaron una Sociedad Liberal. Ellos profesaron un liberalismo económico, que demandaba la eliminación de aranceles y la exportación de las manufacturas locales. Asimismo, proclamaron un liberalismo político que rescataba la idea del contrato social para forjar una comunidad nacional de criollos, mestizos e indígenas, de la que emanaba la soberanía política y que se confrontaba con el individualismo. Sin embargo y a diferencia de sus pares de Lima, que actuaban como válidos de algunos gobiernos caudillistas, cuestionaron el militarismo por encarnar antivalores opuestos a la libertad y al progreso. “En el Perú todo es para los militares: las contribuciones, el presupuesto, los destinos, los mejores sueldos, los privilegios, los bordados, los bastones; todo, todo lo engullen y lo devoran”, escribió en 1850 un anónimo columnista del período La Alforja24. A medida que el militarismo se fue agotando en la segunda mitad de siglo, el anticaudillismo de los liberales ayacuchanos se exacerbó y se convirtió en una desesperada exigencia por la democracia: 21. Aljovín, 2000: 123. 22. Rojas, 2009: 74. 23. Escobar Ohmstede, 2015: 75. El citado autor distingue un liberalismo económico, que buscaba hacer desaparecer los vínculos corporativos heredados de la sociedad colonial, de un liberalismo político, que pugnaba por crear una sociedad regulada por el derecho en la que las prácticas corporativas eran viables. 24. La Alforja, n.º 78, Ayacucho, 27/8/1850.

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En oposición a los gobiernos militares naturalmente absolutistas y despóticos, con muy raras excepciones, es menester también constituir gobiernos de ciudadanos que representen ideas contrarias en la administración: las ideas de libertad y de progreso que forman la bandera del partido democrático […] es necesario constituir gobiernos de ciudadanos que inspirándose en el culto de la justicia y del bien público sirvan y protejan igualmente todas las clases de la sociedad, respeten e impulsen todos los intereses legítimos de ella sin parcialidad con los unos ni prevención para los otros25.

Sobre los indígenas, los liberales ayacuchanos también negaron su capacidad de expresión autónoma y autorrepresentación y demandaron su educación para que descubriesen la libertad y se incorporasen a la nación. “Sin las precisas luces para conocer y no traspasar sus deberes, el abuso es su suerte y se abalanzan al ocio que les es connatural, a vicios y a una peligrosa desobediencia”, sentenciaba otra nota de La Alforja26. No obstante, algunos liberales se atrevieron a denunciar la dominación de los hacendados y gamonales sobre los indígenas, utilizando frases y figuras compuestas que mucho después serán popularizadas por los indigenistas del siglo xx: ¿Hasta cuándo se insulta a la humanidad? ¿Hasta cuándo se considerará como idiotas a estos seres privilegiados del Perú? No se duda que esto será hasta que se entienda la civilización y sean acatados los derechos del hombre. Cuando llegue ese día feliz, temblad déspotas y arbitrarios que obligáis al indígena a servicios forzados, encarcelando muchas veces para estos fines, cuidando con el abuso de la fuerza porque ya los sencillos labradores que llamáis indios estúpidos van abriendo los ojos y conociendo los límites de la obediencia en proporción a sus garantías27.

Este tipo de notas escaseaba en la prensa local, pues aludía a hacendados que formaban parte del grupo liberal. Lo que los liberales exigían eran un buen trato a los indígenas, además de la desamortización de las tierras de la Iglesia y de las comunidades en concordancia con el derecho de propiedad que defendían. Pero, se olvidaron del paternalismo y la benevolencia cuando optaron por mecanismos compulsivos 25. El Sufragio, n.º 2, Ayacucho, 23/7/1871. 26. La Alforja, n.º 35, Ayacucho, 9/10/1849. 27. Patriota de Ayacucho, n.º 28, Ayacucho, 28/1/1860.

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como el enganche a fin de conseguir mano de obra indígena para la producción de las haciendas28. Este liberalismo local fue difundido por los abogados entre los indígenas de Ayacucho al asumir su defensa en los juicios por la propiedad de las tierras, como veremos más adelante. Antes, debemos centrarnos en el Estado republicano y en la forma como se conectó con estos pobladores. La presencia discursiva y jurídica del Estado republicano Las pugnas caudillistas y la inestabilidad política contribuyen a representar una imagen sombría del Estado peruano: una organización precaria que no suma voluntades individuales ni regenta la cosa pública al carecer de la centralización política necesaria y depender de las potencias extranjeras29. Es más, se sugiere que el Estado propició una “república a medias” al instituir prácticas patrimonialistas y una ciudadanía corporativa que reconocía los derechos e identidades de estamentos y comunidades heredadas de la colonia30. Sin embargo, dicha imagen queda desdibujada cuando la cultura política decimonónica revela la figura de un Estado en construcción, con problemas y posibilidades, tal como demuestran las investigaciones de Paul Gootenberg sobre el nacionalismo de las élites31, o de Cecilia Méndez sobre los pactos entre caudillos y campesinos32. Considerando la compleja y hasta contradictoria situación de un Estado republicano en construcción, cabe buscar otros signos que decantan dicha edificación estatal, abandonando momentáneamente las definiciones que correlacionan al Estado como una asociación que monopoliza el uso de la violencia y ejerce dominación hacia los ciu28. Es el caso del propietario del cañaveral de Pomanccay en Huanta, José María Cárdenas, quien como liberal exigía la libre circulación de mercancías, pero como hacendado fiaba textiles a los indígenas a fin de endeudarlos y comprometerlos a trabajar en su hacienda. En: “Matrícula de Contribución Predial Rústica de los distritos de Huamanguilla, Huanta y Luricocha”, Huanta 1862-1902, en Archivo Regional de Ayacucho (en adelante ARAy), Municipalidad, leg. 134. 29. Véanse Bonilla, 1974; Cotler, 1998. 30. Aljovín, 2000; Démelas, 2003; Del Águila, 2013. 31. Gootenberg, 1997. 32. Méndez, 2005a: 125-153; Méndez, 2013: 379-421.

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dadanos, para recurrir a otra teoría que considera la organización estatal como objeto ilusorio o proyecto ideológico. Dice Philip Abrams que el Estado intenta obtener apoyo o tolerancia para hacer que lo insoportable aparezca como algo tolerable, legítimo y desinteresado33. En tal orden, emerge como una regulación moral que busca unificar y borrar las diferencias existentes, para representar y totalizar a los seres humanos como integrantes de una comunidad nacional y para individualizar a las personas como ciudadanos, padres de familia, consumidores, propietarios y contribuyentes34. Es decir, aparece como un marco discursivo que contiene un lenguaje articulado, signos, relaciones sociales concretas, rituales y hasta rutinas, que deben ser asumidos y reproducidos por los ciudadanos a fin de que tomen como aceptable y natural la dominación estatal35. Dicho marco es construido a partir de formas y tradiciones históricas apropiadas por el Estado para hablar “en nombre de todos”. Al ser socializado entre los gobernados, se topa con sus expectativas, intereses y formas culturales y puede ser adaptado o simplemente rechazado. Los medios adecuados para que el Estado socialice su lenguaje, discursos, símbolos y rituales son la educación y los medios de comunicación. Sin embargo, en el siglo xix, estos eran prácticamente inexistentes en el interior del país; entonces, apareció la justicia como el efímero vínculo entre Estado y población mediante un ritual jurídico, que debía ser cumplido a cabalidad, e interminables procedimientos y papeleos, siempre inconclusos, que circulaban por diferentes instancias del sistema judicial36. El Estado republicano se preocupó de los tribunales y regular los rituales y procedimientos judiciales, ya sea durante los conflictos caudillistas o en la etapa de estabilidad política y económica de Castilla. Así, al iniciarse la república, en Ayacucho existieron hasta cuatro juzgados de primera instancia dependientes de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ejercían jurisdicción en toda la región y en el vecino departamento de Huancavelica. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho fue creada en 1832, aunque recién empezó a funcionar en 1844, con una sala con tres vocales (Pedro José Flores, Pedro José Montes y 33. 34. 35. 36.

Abrams, 2017: 47. Corrigan y Sayer, 2017: 115. Nugent y Alonso, 2002: 176. Das y Poole, 2017: 194.

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Gervasio Álvarez) y un fiscal (Pablo José Ruiz)37. El funcionamiento ininterrumpido de la Corte y de los juzgados en el siglo xix facilitó el acceso de los habitantes del departamento a la justicia estatal, incluidos los indígenas, aunque con la mediación de un abogado o “agente de pleitos” versado en la lengua española. A inicios de la era republicana, los juicios se basaban aún en las compilaciones de leyes coloniales, como las Siete Partidas del siglo xiii o la Recopilación de las Leyes de Indias de 168038. Durante la Confederación Perú-Boliviana se adoptaron el código civil boliviano de 1830 (que era una copia del napoleónico de 1804) y el código procesal boliviano de 1833 para los casos civiles. Tras la caída de la Confederación, se retomó la legislación española hasta 1850, año en que se elaboró el primer código civil y el código de enjuiciamiento civil, que fueron promulgados en 1852. Esta última norma estipulaba las etapas del proceso civil: la presentación de la demanda, la respuesta escrita de la parte demandada, las réplicas y dúplicas, la audiencia en la que se ofrecían las pruebas, los alegatos, el auto del magistrado que preparaba la sentencia y la apelación39. De este modo, con actos que conformaban un proceso sancionado por un código, el Estado cumplió una función pedagógica al socializar rituales y prácticas judiciales con las cuales las personas debían de aprender los discursos y símbolos oficiales para imaginarse como integrantes de la nación40. Dichas prácticas estaban relacionadas con las nociones de representatividad y con los derechos contemplados en la Constitución. Veamos a continuación cómo funcionó dicha pedagogía en la zona rural de Ayacucho, a través de dos juicios civiles protagonizados por indígenas y relacionados con el derecho de propiedad. Procesos judiciales y comunes de indios La independencia golpeó la economía de Ayacucho, pues al ser la región escenario de los enfrentamientos entre realistas e insurgentes 37. 38. 39. 40.

Álvarez, 1944. Aljovín, 2000: 85-86. Basadre Ayulo, 1977: 263. Das y Poole 2017: 194.

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entre 1814 y 1824, amaneció en el alba republicana con las haciendas descapitalizadas, su producción apropiada y los circuitos mercantiles interrumpidos. A mediados del siglo xix, el comercio de ganado con la costa central y la producción de trigo y aguardiente de caña se convirtieron en actividades rentables debido a la alta demanda de ciudades como Lima, estimulada por el aumento de circulante proveniente de la tasa de retorno del guano41. Asimismo, en el siglo xix, ocurrió un leve incremento demográfico en la región; entre 1795 y 1827, la población registró una tasa de crecimiento anual de 0,3% y entre 1850 y 1876, de 1,7%42. Como resultado del auge agropecuario y del aumento demográfico, la propiedad rural entró en reestructuración, con la aparición de haciendas especialmente en valles, quebradas y mesetas altoandinas, zonas propicias para la producción de trigo y aguardiente, o para la crianza de ganado. El censo de 1876 consigna 294 haciendas en la región; a estas se agregan las numerosas fincas, chacras y hatos que registran los padrones fiscales y de contribuyentes. Por ejemplo, la matrícula de indígenas de 1830 consigna 99 haciendas en la provincia de Huamanga, de las cuales 21 —una cifra elevada— estaban ubicadas en el distrito de Quinua43. Igualmente, el padrón de contribuyentes de 1869-1879 revela la existencia de 246 propiedades en el valle de Huanta, más algunas haciendas localizadas en la puna de esta provincia44. Frente a las haciendas, se hallaban los comunes de indios que congregaban a indígenas y mestizos que se dedicaban a la agricultura y ganadería, y combinaban dichas actividades con el comercio, el arrieraje y la elaboración de artesanías. Los comunes poseían tierras de repartimiento ubicadas alrededor de los pueblos y conferidas por la Corona para el sostenimiento de las familias campesinas y el pago del tributo. Además de estas tierras, los indígenas posesionaban tierras privadas, compuestas por la administración colonial a cambio de una cantidad de dinero, y usufructuaban tierras realengas concedidas mediante venta o gracia real. Tal como ocurrió en México, en Ayacucho los indíge41. Quispe, 2010. 42. Pereyra, 2000: 70. 43. “Matrícula de indígenas de Huamanga”, 1830, en Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Contribuciones, H-4-1652, s/f. 44. “Padrón de contribuyentes de la provincia de Huanta”, Ayacucho 1869-1879, en ARAy, Municipalidad, leg. 131, s/f.

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nas tenían acceso a los recursos y contaban con derechos individuales; además, en la segunda mitad del siglo xix establecieron un tipo de organización comunal que les permitió enfrentar las demandas internas y externas y ejercer jurisdicción territorial45. No obstante, en el siglo xix los indígenas todavía no habían asegurado su acceso a la tierra. Debido al crecimiento demográfico que ocasionó una mayor presión sobre los recursos y al amparo de las normas agrarias liberarles dadas por Bolívar y La Mar, estallaron en Ayacucho numerosas disputas entre hacendados e indígenas por las antiguas tierras realengas que se hallaban en los límites de las haciendas y de los predios comunales. Jaime Urrutia revela que entre 1833 y 1855 se incrementó la curva de los conflictos judiciales que involucraba a la población indígena, para luego caer abruptamente y recuperarse a mediados de la década de 1880. Entre los juicios registrados figuran pleitos intercomunales por tierras, quejas por el abuso de autoridades, litigios entre haciendas y comunes, entre indígenas y curas y denuncias por abigeato46. Los siguientes juicios revelan la participación de los indígenas en el marco discursivo y ritual del Estado republicano, más algunos detalles del despliegue del liberalismo en la zona rural de la región. Los pobladores de Quinua versus Isabel Aedo El distrito de Quinua, en la provincia de Huamanga, es muy conocido porque ahí se realizó en 1824 la célebre batalla de Ayacucho, que culminó la guerra de la independencia peruana. Pero, pocos saben que el pueblo fue establecido en la colonia en un territorio ocupado por los indios anta, un grupo de mitimaes instalado por los incas en el siglo xv. Sus descendientes fueron congregados por los españoles en un repartimiento dividido en dos mitades o parcialidades: Anansayocc y Lurinsayocc. Posteriormente, el pueblo fue transformado en cabeza de doctrina y contó con un cabildo de indígenas, asignándosele las tierras de Ahuaccollay, Huacaurara, Churucana y Sayhuapata, entre otras47. 45. Véanse Diez, 1998 para la sierra de Piura; Thurner, 2006 para el departamento de Ancash; Pereyra, 2020 para la región de Ayacucho. Para México, Escobar Ohmstede, 2012. 46. Urrutia, 2014: 214-215. 47. Ver Espinoza, 2014.

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En algún momento del siglo xvii, las tierras mencionadas fueron utilizadas por los indígenas para implantar un censo enfitéutico por tiempo indeterminado y recibir un rédito anual equivalente al 5% del valor del predio, que debía de servir para el cumplimiento de ciertas obligaciones como la contribución indígena o la mita faltriquera48. Así, al finalizar la citada centuria, Diego Alarcón se convirtió en usufructuario de Ahuaccollay a cambio de un canon de 150 pesos anuales. En 1738, dicho censo fue heredado por Tomás Alarcón, hijo del censatario anterior, y luego, por sus descendientes Hermenegildo Alarcón, Isabel Alarcón y Juan Rojas. Tras la muerte de este último, tierras y censo pasaron a manos de su albacea Pedro Castro y Coronado al iniciarse el siglo xix, quien a su vez las transmitió a su esposa y albacea Isabel Aedo cuando falleció. No obstante, para este momento el canon conductivo del censo se había reducido a 30 pesos anuales. En 1850, los indígenas de Quinua decidieron acudir al Juzgado de Primera Instancia de Huanta, Huamanga y Cangallo al notar que el censo enfitéutico había sido desvirtuado por la censataria, demandando, a través de su apoderado Cipriano de Valdivia, la restitución de la posesión del predio y el pago de 900 pesos por los réditos no sufragados en un tiempo de 30 años. Al conocer la demanda, la posesionaria de las tierras de Ahuaccollay, Isabel Aedo, nombró a su hermano Ambrosio de Rivero como su “agente de pleitos”, quien inmediatamente cuestionó a los apoderados de los indígenas. Entonces, Valdivia intervino en los siguientes términos: Señor Juez de Primera Instancia […] U en justicia y ella mediante se ha de servir fallar declarando que las tierras de Ahuaccollay pertenecen en dominio i propiedad a mis partes, las que doña Isabel Aedo debe dejarlas libres i desembargadas a favor de mis comitentes, satisfaciéndoles además la cantidad de novecientos pesos adeudados por razón del canon que ha dejado de pagar, por ser conforme a las leyes i al mérito que arrojan los autos […] La comunidad de Quinua […] interpuso la respectivamente demanda contra la testamentaria del usurpador don Pedro Coronado. Instruida de ella su albacea, doña Isabel Aedo, urdió después de la derrota en varios artículos impertinentes, que causaron no pocos gastos y perjuicios 48. En la colonia el censo enfitéutico fue un derecho real limitativo del dominio, mediante el cual “el propietario entregaba un bien inmueble, sin venderlo, a cambio de percibir una renta o canon. El enfiteuta quedaba en posesión del bien por varias vidas o perpetuamente” (Chocano, 2010: 48).

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a dicha comunidad las especies de haber a que estas tierras [han] sido compradas a censo reservativo por los ascendientes de derecho su instituyente i que el canon está exactamente pagado. Ha debido por consiguiente la señora Aedo probar la existencia del censo reservativo i la satisfacción exacta de sus réditos. Los medios ordinarios naturales e indispensables […] de que debió la señora Aedo valerse para la justificación de sus peregrinas excepciones debieron ser la escritura pública que acredite la imposición del censo reservativo i los recibos que evidencien el pago del adeudo por los devengados. Mas nada de esto se ha presentado por parte de la señora Aedo i a falta absoluta de este género de pruebas esenciales, se ha limitado a la única que estaba a su alcance, procesando por todos los medios que comúnmente adopta el litigante perdido i con ella es como se ha arrojado a presentarse ante los tribunales sin temor a su justicia i sin respeto a la opinión i sin miramiento a la severidad de las leyes49.

Iniciado el proceso, la demandada intentó demostrar que sus ancestros habían logrado el censo reservativo de las tierras, convirtiéndose en propietarios y usufructuarios de Ahuaccollay. Para probar su aseveración, exhibió el testamento de su finado esposo, con el que supuestamente le dejaba la propiedad50. Para el apoderado de la comunidad dicho instrumento no legaba propiedad alguna y, al contrario, ratificaba la posesión indígena de las tierras y la condición de enfiteutas de Aedo, su esposo y ascendientes. En la etapa de exhibición de pruebas y testigos, el abogado de la demandada presentó algunos deponentes, quienes afirmaron que Pedro Castro y Coronado fue dueño de Ahuacollay en virtud de unos documentos desaparecidos. En los alegatos, el apoderado de los indígenas desbarato esta versión y acusó a los testigos de haber sido instruidos por la demandada. El abogado de Isabel Aedo replicó y dijo que las tierras en disputa habían sido legadas por Pedro Castro y Coronado a su sobrino Francisco Coronado. Discutidos los alegatos, el juez de primera instancia emitió su sentencia: dispuso que Isabel Aedo restituya las tierras a la comunidad y 49. “Los comuneros de Quinua contra Isabel Aedo”, Ayacucho 1850-1862, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Causas Civiles, leg. 17, ff. 48r-49r. 50. A diferencia del censo enfitéutico, el censo reservativo era una forma de venta de un predio: el propietario transfería los derechos de propiedad y de uso al censatario, a cambio de una pensión o renta anual. Así, el propietario se convertía en beneficiario solo de un rédito, calculado sobre el monto del capital que valía el predio. Chocano, 2010: 48.

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cancele la deuda con el pago anual de 30 pesos. Su decisión provocó la apelación del abogado de la demandada, quien dijo que era contradictoria porque admitía la propiedad y usufructo de los indígenas al mismo tiempo, pese a que ellos habían instituido un censo reservativo, tal como figuraba en el testamento de Pedro Castro y Coronado. Para el letrado era claro que este, su esposa Isabel Aedo y su sobrino Francisco Coronado eran los legítimos propietarios del predio: “La pura verdad es que Ahuaccollay pertenece a Quinua en razón de sus censos, pero el dominio y propiedad pertenecía a don Pedro Castro y Coronado [y] su sobrino. De ahí, no hay para qué devanarse los sesos”51. En la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el nuevo abogado de Aedo, Tomas García, advirtió algunos vicios en el proceso anterior y propuso aplicar el criterio de prescripción positiva para conferir la propiedad a su patrocinada. Estos argumentos fueron replicados por el “agente de pleito” de los indígenas, Manuel Gálvez, quien afirmó que no se podía emplear la legislación agraria de 1828 para beneficiar a Aedo porque otorgaba la propiedad de la tierra a aquellos que la posesionaban históricamente y no por razones de oficio, ni la prescripción positiva porque Ahuaccollay era un bien de la comunidad y la familia de la demandada no había actuado con franqueza: Esta credencial o buena fe jamás pudo alegar don Pedro Castro y Coronado, menos las personas que con la herencia de este han recogido sin sentimientos, puesto que aquel, después de haber ingresado en las tierras de la disputa en calidad de arrendatario, concibió quedarse en ellas a la espaciosidad de habérselas dado en censo reservativo y para cohonestar la falta de escritura del caso, parodió la relacionada información que en la época que se instituyó podía haber alcanzado miles de estas informaciones52.

Esta recusación originó una nueva contienda en la Corte Superior, en la que ambas partes exhibieron documentos históricos para probar que eran propietarias, posesionarias o censatarias de Ahuaccollay. En 1858, el tribunal declaró que la comunidad era propietaria de las tierras y dispuso que Aedo devuelva la posesión y cancele la deuda 51. “Los comuneros de Quinua contra Isabel Aedo”, Ayacucho, 1850-1862, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Causas Civiles, leg. 17, f. 143r. 52. “Los comuneros de Quinua contra Isabel Aedo”, Ayacucho 1850-1862, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Causas Civiles, leg. 17, f. 58v.

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de 150 pesos. Entonces, su abogado recurrió a una argucia: objetó la actuación de los magistrados y logró que el caso retorne al Juzgado de Primera Instancia de Huanta, Huamanga y Cangallo. El juzgado reconoció a Francisco Coronado como legatario de Pedro Castro y Coronado y aceptó que entregue el dominio de Ahuaccollay a su tía Isabel Aedo; pero, dicha cesión fue observada por el apoderado de los indígenas, Marcos Carrera, porque las tierras estaban en litigio. En febrero de 1859, la Municipalidad de Quinua le exigió a Isabel Aedo la cancelación de los réditos adeudados por el censo de Ahuaccollay. Esta no solo se opuso al pago de la deuda, sino arguyó que el juicio había sido promovido por ciertos individuos, como los hermanos María, Francisca y José Ayme, con quienes sostenía otro pleito por la propiedad de unas parcelas ubicadas en las tierras del común. El abogado de los indígenas, Bartolomé Galván, dijo que este alegato era una patraña urdida por el gobernador Martín Velarde, quien era arrendatario de Aedo. Su abogado, Tomás García, recusó al apoderado de los indígenas, Marcos Carrera, y logró que el juez acepte tal recusación y concluya el proceso, confirmando a Francisco Coronado e Isabel Aedo como propietarios de Ahuaccollay. El abogado de los indígenas, Bartolomé Galván, interpuso un recurso de nulidad y consiguió trasladar el caso a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que anuló el auto del juez de primera instancia. Entonces, el abogado García objeto la designación de Galván como apoderado de los indígenas, mencionando que debió ser nombrado por la Municipalidad. Este último recusó al presidente del tribunal, Pedro Flores, por ser amigo de José María León, hermano de Isabel Aedo. La sala fue completada con los magistrados Pedro Ignacio Ruiz y Blas Huguet y emitió sentencia el 28 de junio de 1861, declarando a Aedo como dueña de las tierras de Ahuaccollay. Como era de esperar, el abogado de los indígenas interpuso un recurso de nulidad y el caso retornó, por tercera vez, al Juzgado de Primera Instancia, donde Isabel Aedo impugnó al juez por haber emitido una sentencia que fue anulada por la Corte Superior, como vimos antes. Entonces, Bartolomé Galván optó por otra estrategia para ir al fondo del asunto: interpuso una nueva demanda contra la hacendada por la usurpación de Ahuaccollay y la deuda de 900 pesos, exigiendo la adjudicación de las tierras a la comunidad.

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Como se habrá notado, el proceso se prolongó por más de diez años, se ahogó en vericuetos y osciló entre el juzgado de primera instancia y la Corte Superior debido a las apelaciones, recusaciones y hasta amaños de los abogados para lograr la aquiescencia de los magistrados. Solamente pudo resolverse cuando el letrado Bartolomé Galván y el hijo de Isabel Aedo, Ambrosio Aedo, lograron conciliar el 7 de agosto de 1862 y acordaron: …que continuase poseyendo la parte demandada los fundos litigados de Ahuaccollay con solo la condición de saldar los censos devengados, liquidándose la deuda con el último recibo. Que por lo que hace a los otros terrenos de Antayccacca y Usvicancha, se siga el juicio hasta orillarse de un modo legal, conciliándose tan solamente con respecto a Ahuaccollay como se lleva dicho53.

Asimismo, en la conciliación se reconoció una deuda de 204 pesos por los réditos impagos, más un interés de 25 pesos y 1½ reales que Ambrosio Aedo se comprometió a cancelar. Por su parte, Isabel Aedo reconoció la propiedad indígena de Ahuaccollay y la deuda; pero, se negó a sufragar los intereses. Mariano Palomino y Francisco Aguilar versus Mariano Apanccoray y los Huachaca Los pobladores indígenas de las alturas de Huanta, que pertenecían al ayllu Ccocha, habían formado pueblos que ejercían jurisdicción sobre tierras vacas o tierras realengas transformadas en posesión comunal a través de las composiciones de tierras de la época colonial. Con los productos de dicha posesión pagaban la contribución indígena y sostenían a las familias de los mitayos. Además, habían adjudicado parcelas a otras personas sin establecer censo alguno, llegando a instituir pequeñas haciendas de propiedad privada en la hostil geografía de la puna. Precisamente ello sucedió en 1625, cuando los curacas de la parcialidad de Macachacra, Juan Mayor Guachos y Juan Sullca Guachos, 53. “Los comuneros de Quinua contra Isabel Aedo”, Ayacucho 1850-1862, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Causas Civiles, leg. 34, f. 21r. Las parcelas de Antayccacca y Uviscancha estaban en litigio entre Isabel Aedo y los hermanos María, Francisca y José Ayme.

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traspasaron al indígena sora Juan Guamán dos topos de tierra en Culluchaca, que habían sido compuestas por el juez visitador Antonio de Oré. Poco después, los curacas nuevamente vendieron otras parcelas de Culluchaca llamadas Illicapata, Ityapampa, Orccoguasi y Sonccoguillca a María Yacchi, esposa de Juan Guamán; dichas tierras habían sido compuestas por otro juez visitador de la administración colonial: Gabriel Solano de Figueroa54. Estos últimos predios fueron trasferidos por Juan Guamán al platero español Juan García Sotelo en 1670. El nuevo dueño legalizó su posesión con un decreto emitido por el virrey Melchor Portocarrero Laso de la Vega en 1690, sin antes no haber batallado con los indígenas que invadieron su predio55. En 1734, los nietos de Juan García Sotelo, Domingo, Ventura, María, Juan, Carlos y Ana Lezana, pidieron al corregidor de Huanta la posesión de las tierras que su abuelo les había heredado, para frenar el interés del curaca del ayllu Ccocha Diego Benítez en ellas. Este decía que los indígenas sembraban de facto en dichos predios porque habían sido compuestas por el rey para el pago de diezmos. Mucho tiempo después, en abril de 1807, Blas Aguilar, hijo de Ana Lezana y nieto de Juan García Sotelo, presentó ante el juez subdelegado del partido de Huanta un recurso contra Lorenzo Guerrero, vecino de Huamanga, por el despojo de las tierras de Culluchaca y Orccoguasi. El demandante señaló que el imputado le había dicho a la viuda de su hermano que él también “era dueño del sitio de Uchuraccay y Rodeopampa […] previniéndole a dicha viuda que después de esta Octava de Corpus volvería a dichas punas a despojarnos violentamente sin que fuéramos oídos, por duelo y derecho vencidos”56. Cuando el magistrado notificó la pretensión a Guerrero, los indígenas del pueblo de Ninaquiro intervinieron inmediatamente, arguyendo que eran posesionarios de Illacapata y que las tierras habían sido usurpadas por 54. “Mariano Palomino y Francisco Aguilar contra Mariano Apanccoray, Mariano Huachaca y Santos Huachaca”, Huanta 1849, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huanta, leg. 36, f. 15r. 55. “Mariano Palomino y Francisco Aguilar contra Mariano Apanccoray, Mariano Huachaca y Santos Huachaca”, Huanta 1849, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huanta, leg. 36, f. 20v. 56. “Mariano Palomino y Francisco Aguilar contra Mariano Apanccoray, Mariano Huachaca y Santos Huachaca”, Huanta 1849, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huanta, leg. 36, f. 44v.

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los españoles Pedro y Blas Aguilar. Este último replicó, indicando que eran los indígenas los verdaderos usurpadores. El subdelegado de Huanta convocó a los indígenas a un deslinde de tierras; al no acudir, los declaró rebeldes, dio la razón a Aguilar y ordenó que desocupen el predio. Poco después del lanzamiento, los indígenas volvieron a ocupar las tierras de Culluchaca, Illicapata y Orccoguasi. En 1814, el alcalde ordinario del cabildo indígena de Ccano, Félix Aguilar, demandó ante el juez subdelegado de Huanta a Francisco Aguilar, hermano de Blas Aguilar, por intento de despojo. Pese a la demanda, el 17 de junio el juez visitador José Jorge de Aguilar y Vílchez desalojó a los indígenas de las tierras de Culluchaca y Orccoguasi y se las entregó a Blas Aguilar. No obstante, el acto no fue nada grato, pues los indígenas se negaron a participar del ritual posesionario y sus descendientes alargaron el juicio hasta mediados del siglo xix, en un intento por conseguir el beneficio de la justicia republicana. En 1849, Mariano Palomino y Francisco Aguilar demandaron ante el juez de paz de Huanta, Tomás Vega, a Mariano Apanccoray y a los hermanos Mariano y Santos Huachaca por usurpar una parte de su predio de Orccoguasi. En su pretensión, mencionaban que los imputados habían ocupado las tierras en disputa “respaldándose a las revoluciones pasadas, sin más derecho que rebeldes, gozando de los favorcillos de aquel tiempo hasta el presente”57. Con esta frase, aludían a la sublevación de los campesinos de la puna de Huanta en 1827 y a la formación del “gobierno de Uchuraccay” que luego del levantamiento se dedicó a reunir el diezmo, administrar la justicia, movilizar fuerza laboral, reparar caminos y puentes y regular el orden público58. Aceptada la demanda, el juez convocó a un deslinde en el mismo Orccoguasi; pero, el acto se frustró por la inasistencia de los demandados. Los peticionarios insistieron en su pretensión y agregaron que los Huachaca se habían metido en su propiedad con el argumento que las tierras eran de mita. Entonces, el juez decidió entrevistar a las personas de mayor edad; en el pueblo de Iquicha reunió a José Guillén, José Rimache, Mariano Cahuana y José y Buenaventura Lizana, quie57. “Mariano Palomino y Francisco Aguilar contra Mariano Apanccoray, Mariano Huachaca y Santos Huachaca”, Huanta, 1849, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huanta, leg. 36, f. 44v. 58. Méndez, 2005b.

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nes aseguraron tener entre 70 y 100 años de edad. Todos, al unísono, dijeron que …primitivamente poseyeron [las tierras] los Aguilares, pero desde el tiempo de las revoluciones, prevalidos de unas autoridades que ya no tienen voces como explicar se han apoderado intereses ajenos [los Huachaca], titulándolos patriotas por haber prestado sus servicios en alguna manera a la nación, quitando vidas si se oponían a esta revolución y que son tierras mitayas. Y por el recelo de que les corra detrimento en sus vidas, han guardado silencio hasta el tiempo pacífico como el presente, con la confianza de que, según sus papeles poderosos, la sentencia declarada por el señor Juez Subdelegado doctor don Bernardino Esteban de Cevallos […] habían de ser restituidos59.

Con tal testimonio que evocaba la revolución de 1827 y el “gobierno de Uchuraccay”, Apanccoray y los Huachaca lograron que el juez de paz les confiera la posesión. Sin embargo, los demandantes apelaron a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Aquí, el magistrado Cárdenas detectó vicios procesales y ordenó al juez Vega que llame a juicio oral con las partes y sus testigos. En la audiencia, el apoderado de los Huachaca, Melchor Vivanco, señaló que sus patrocinados eran los dueños de las tierras de Orccoguasi y que Palomino y Aguilar eran usurpadores porque su ascendiente, Juan García Sotelo, se había apropiado de unas tierras del repartimiento de los indígenas. A partir de los instrumentos que los demandantes exhibieron en el juicio, el magistrado confirió la propiedad del predio a Palomino y Aguilar, por considerar a la tierra como realengo, pero convertida en propiedad privada debido a una transferencia acordada por los curacas en el siglo xvii. Por supuesto que los Huachaca desobedecieron la decisión del juez. Dos años después de la sentencia, la viuda de Francisco Aguilar, Basilisa Cárdenas, acudió nuevamente al tribunal para exigir que los indígenas desocupen las tierras de Culluchaca, Illicapata y Orccoguasi. Entonces, el abogado de los indígenas, Melchor Vivanco, recusó la sentencia al dudar del entroncamiento entre García Sotelo, un español del siglo xvii, y Francisco Aguilar, un personaje del siglo xix, cuestionando así el origen del derecho de sucesión. El abogado de Basili59. “Mariano Palomino y Francisco Aguilar contra Mariano Apanccoray, Mariano Huachaca y Santos Huachaca”, Huanta 1849, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huanta, leg. 36, f. 44v.

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sa Cárdenas, José María Bendezú, objetó la recusación y evitó que el caso pase a la Corte Superior. Finalmente, la sentencia fue considerada como cosa juzgada. Ritualidad judicial y propiedad La comparación de los casos permite identificar diferencias y coincidencias. En el primer caso, los indígenas de Quinua fueron las víctimas de una familia de hacendados que pretendió apropiarse de unas tierras reclamadas como colectivas; en el segundo caso, los demandados e indígenas que actuaban a sus espaldas fueron quienes usurparon el predio, mientras que sus legítimos posesionarios sobrevinieron en víctimas. Así, cada caso emergió como un enfrentamiento entre diferentes tipos de actores sociales: mientras que el primer caso fue una disputa entre una comunidad y una familia, el segundo caso apareció primero como un conflicto entre la parcialidad de un ayllu e individuos, para luego devenir en un juicio entre particulares. Igualmente, las razones de la disputa fueron distintas. En Quinua, el conflicto reposó en el tipo de censo que las partes exigían para lograr la posesión adecuada de las tierras: censo enfitéutico versus censo reservativo. Al contrario, en Huanta la disputa giró en torno a la propiedad de la tierra, sancionada en un momento histórico por la justicia del “gobierno de Uchuraccay”. Por ello, a partir de 1849, los argumentos del juzgado y de las partes se centraron en validar o no las decisiones adoptadas por la efímera “República Plebeya” de los pobladores de las alturas de Huanta60. Estas diferencias nos remiten al tema de fondo que enfrentó a indígenas con hacendados, o a mestizos con indígenas: la propiedad de la tierra, concepto introducido por las reformas borbónicas y la Ilustración del siglo xviii, adoptado por el liberalismo decimonónico y utilizado por los indígenas para denunciar a los hacendados y reclamar su “derecho a una estancia”61. 60. El término de “República Plebeya” fue acuñado por Cecilia Méndez para designar al orden político que los indígenas instauraron en la puna de Huanta en la década de 1830 para gobernar la zona, bajo el mando de los líderes de la rebelión de 1827. Véase Méndez, 2005b. 61. Jacobsen, 2013: 210.

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Ello se relaciona con el desarrollo del proceso judicial, que fue extendido por las constantes apelaciones y recusaciones de las partes en conflicto y el uso de las normas coloniales y republicanas para lograr el refrendo del tribunal y una sentencia favorable. Tanto indígenas como mestizos y hacendados participaron como agentes en las diferentes etapas del juicio, llegando a cumplir la ritualidad establecida por el Estado. Cabe precisar que ambos juicios fueron iniciados a mitad de siglo, cuando los primeros códigos civil y de enjuiciamiento civil, de factura peruana, no estaban promulgados ni habían entrado en vigencia, como vimos antes; por ello, es probable que se haya recurrido a la tradición jurídica procesal española. Sin embargo, demandantes y demandados emplearon la legislación temprano-republicana (las normas agrarias de Bolívar y La Mar) para conseguir justicia. En medio de procesos hieráticos, amalgamaron dichas normas con los enunciados de la Constitución liberal de 1812 y con las antiguas Leyes de Indias, tal como sucedió en la puna de Huanta en 1814, cuando el alcalde del pueblo de Ccano mencionó esta carta magna para lograr la propiedad de las tierras de Illicapata: Félix Aguilar, alcalde ordinario de naturales del pueblo de Ccano, en voz y nombre del común de mi cargo ante U como más haya lugar en derecho, digo que Francisco Aguilar, de casta español, pretende despojarnos de las tierras nombradas de Illicapata sobre que se ha seguido autos y están presentados recibos de los curacas antiguos, que entre yndios son equivalentes a títulos y respecto a que la nueva Constitución nacional previene que a los de nuestra naturaleza se les den tierras a proporción quando estas no las hubiésemos poseído de tiempo inmemorial, se nos debía adjudicar y devolverse al citado Aguilar lo que costaron en composición con el juez revisitador según lo prevenido por real cédula de su majestad62.

La cita expresa que el concepto de propiedad había calado entre los pobladores de las alturas de Huanta. Se puede sostener que la autoridad indígena empleaba una simple retórica para impactar en el subdelegado de Huanta y torcer la decisión a su favor; sin embargo, la mención de la carta magna decanta acciones más complejas de 62. “Mariano Palomino y Francisco Aguilar contra Mariano Apanccoray, Mariano Huachaca y Santos Huachaca”, Huanta 1849, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Expedientes Civiles de Huanta, leg. 36, f. 61.

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acercamiento al Estado y de utilización y cumplimiento de la norma liberal. Asimismo, revela que la Constitución fue muy conocida por los habitantes de pueblos distantes y aparentemente aislados como Culluchaca, Ccano o Uchuraccay. Cecilia Méndez señala que la norma llegó a estas localidades en el equipaje de comerciantes y arrieros que acudían a la zona para intercambiar bienes agrícolas, tejidos y manufacturas con coca. Agrega que, con el liberalismo gaditano asociado a la imagen del rey, se fraguó una ideología campesina, que motivó a los pobladores de la puna a sublevarse contra la república en 1827 y apoyar a caudillos liberales como Orbegoso y Santa Cruz en el siguiente decenio63. Asimismo, los operadores de la justicia republicana combinaron las normas liberales con la legislación jurídica colonial para resolver las disputas. Es el caso del magistrado del Juzgado de Primera Instancia de Huanta, Huamanga y Cangallo, quien en su sentencia de 1850 optó por un criterio ecléctico y combinó perspicazmente las antiguas Leyes de Indias (que amparaban a los indígenas en la posesión de las tierras de repartimiento con fines principalmente fiscales) con la legislación agraria liberal de 1828: Tercero, que la constitución de censo reservativo requiere propiedad y pleno dominio del que lo constituye y las comunidades de los pueblos, ni por las Leyes de Indias, ni por las ordenanzas del Perú, han tenido esa propiedad y pleno dominio en las tierras de la naturaleza de Ahuaccollay, resultando inoficiosas y negatorias las pruebas producidas por la demanda, por recibos que no han tenido ni han podido tener existencia […] ante la Ley patria de veintisiete de marzo de mil ochocientos veintiocho, que declara propiedad de indios y mestizos de las tierras que entonces alegaban por repartos o sin contradicciones, exceptúa de este derecho a los que ocupaban tierras por razones de oficio. Cuarto, que, por lo expuesto, siendo las comunidades meras usufructuarias de las tierras que ocupaban, no han podido transferir más que esta regalía precaria a don Pedro Castro Coronado o sus ascendientes. Quinto, que el canon conducticio de las tierras disputadas tampoco ha debido estar sujeto a las alteraciones de los censos, sino que ha debido pagarse tal cual se pagaba al principio en razón del convenio originario. Sexto, que la condonación por diez años del pago de contribuciones a los indígenas del pueblo de Quinua no exonera a los pensionistas a favor de dichos indígenas del cumplimiento de sus obligaciones, como ha pretendido la demandada, confesando no 63. Méndez, 2005b: 100.

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haberse pagado las pensiones de Ahuaccollay por los expresados diez años64.

En su auto, el magistrado reconoció a los indígenas de Quinua como posesionarios de Ahuaccollay y el censo enfitéutico sobre dichas tierras. De este modo, admitió el antiguo estatuto de las tierras de Ahuaccollay (tierras de repartimiento acensuadas), poniendo el énfasis en la vigencia de las antiguas Leyes de Indias en tiempos republicanos, o pensando tal vez en la contribución indígena que se pagaba con los réditos de los censos, ahora que había sido reimplantada en el Perú desde 1826. De esta forma, indígenas, mestizos, hacendados y magistrados que administraban justicia en la zona rural de Ayacucho asimilaron la moldura estatal, al aceptar los rituales y normas que forman parte de dicho marco. Pero, al mismo tiempo, acudieron a las normas y tradiciones del interregno liberal o del antiguo régimen para afrontar y conciliar aquel molde. Al establecer esta relación dialéctica para con sus gobernados, el Estado republicano se reprodujo cotidianamente en el escenario rural. Al respecto, Fernando de Trazegnies menciona la persistencia de elementos tradicionales en el derecho peruano del siglo xix. Precisa que los juristas y abogados de la época recurrieron al isunaturalismo jurídico para controlar la modernización, ordenar la sociedad y conciliar la libertad individual con la configuración social de origen colonial65. Sin embargo, para indígenas, abogados y magistrados de la zona rural de Ayacucho, el derecho decimonónico no fue un instrumento para garantizar el orden social, sino un concepto legal para asegurar una cualidad fundamental proveniente del derecho natural y consagrada por el liberalismo: el derecho de propiedad66. En tal sentido, estos no usaron una estrategia de “modernización tradicionalista”, sino aplicaron en la vida cotidiana las normas y rituales de un Estado en construcción. En el contexto de las disputas judiciales, los indígenas también desarrollaron otras nociones relacionadas con el republicanismo y el liberalis64. “Los comuneros de Quinua contra Isabel Aedo”, Ayacucho 1850, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Causas Civiles, leg. 17, ff. 61v-62r. 65. Trazegnies, 1987: 112-113. 66. Trazegnies, 1987: 113; Serulnikov, 2006: 80.

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mo decimonónicos. Dichas nociones fueron las de consenso y representatividad, que se adaptaron a las circunstancias cambiantes de la cultura política y del orden estatal en construcción. Tampoco formaron parte de una “modernización tradicionalista” e instrumental que asegurase una vieja estructura social; al contrario, constituyeron los medios adecuados para conseguir una decisión unitaria y nominar al apoderado, al síndico o al “agente de pleitos” como representante legal de la comunidad. Efectivamente, para participar de un proceso judicial, los indígenas primero organizaron sus puntos de vista y contrastaron las distintas voces que se manifestaban desde el interior de la comunidad. A continuación, acallaron aquellas opiniones discrepantes mediante el silenciamiento o la censura, para finalmente lograr un consenso legítimo con una decisión única, que intentase reflejar una comunidad compacta y que devino en un resultado hegemónico67. Con dicho resultado, nominaron a un apoderado o contrataron los servicios de un “agente de pleitos”; para ello contaban con los censos de sus tierras. Con el apoderado o letrado, reunieron los medios probatorios revisando los archivos comunales y de las escribanías, contactaron a los testigos, diseñaron la estrategia más adecuada para el pleito y presentaron la pretensión o respondieron a los querellantes. Ello sucedió precisamente con los pobladores de Quinua. En el juicio por las tierras de Ahuaccollay, aparecieron aquellas fisuras que agrietaban el resultado hegemónico, transformando la comunidad monolítica en un colectivo fracturado. En efecto, en 1859, cuando la Municipalidad reclamaba a Isabel Aedo la cancelación de la deuda del censo enfitéutico, algunos indígenas de la parcialidad de Anansayocc cuestionaron la designación del “agente de pleitos” Marcos Carrera como apoderado de la comunidad. Los críticos señalaban que los de Lurinsayocc habían “tomado el nombre del pueblo, por cuyo motivo los del ayllo de Anansayocc sufren aún el perjuicio de que doña Isabel Aedo patrona de dicha hacienda ha respondido de [no] pagar los censos pertenecientes al dicho ayllo”68. Aunque el abogado Bartolomé 67. La noción de resultado hegemónico sirve para designar a aquellos parámetros comunes elaborados por los indígenas, que resuelven los conflictos que estallan al interior de sus comunidades y sirven para resistir y enfrentar la dominación, o acomodarse a ella. Mallon, 2003. 68. “Los comuneros de Quinua contra Isabel Aedo”, Ayacucho 1858, en ARAy, Corte Superior de Justicia, Causas Civiles, leg. 28, f. 38v.

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Galván regañó dicha mención y afirmó que se trataba de una treta maliciosamente elaborada por la demandada, la crítica de los pobladores de Anansayocc debilitó aquella unidad que los indígenas habían logrado para iniciar el proceso. Por supuesto que el abogado de Isabel Aedo utilizó sagazmente esta fisura del resultado hegemónico para insinuar que el pleito era motivado por intereses particulares y no por una decisión comunal. La participación de los indígenas en los procesos judiciales, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por el Estado, forma parte del proceso de ruralización de lo político, estudiado por Antonio Annino, que empezó con el primer interregno liberal, continuó con la guerra de independencia y prosiguió en tiempos republicanos69. Señala el citado autor que la Constitución gaditana y los conflictos por la emancipación generaron la transferencia de recursos y poderes del gobierno virreinal a las provincias y zonas rurales, puesto que estas tuvieron que mover recursos y hombres para la guerra. Incluso, las autoridades comunales se convirtieron en jefes militares y de guerrillas. Asimismo, con la carta magna el mundo rural se llenó de cabildos y los alcaldes asumieron las funciones judiciales dando cuenta de sus actos a la comunidad70. Pero, en la era republicana las funciones judiciales fueron concentradas por los juzgados de paz de las provincias, cuyos magistrados —en algunos casos— se habían desempañado como guerrilleros en la independencia y ahora resolvían las disputas por derechos y propiedad. Es el caso de algunos líderes de las guerrillas de Pampa Cangallo, en Ayacucho, que se convirtieron en autoridades rurales por haber combatido al lado de los patriotas. También de Pedro José Gutiérrez, propietario de una estancia en la zona de Cangallo, quien se transformó en juez de paz durante la rebelión de 1814 y mantuvo el cargo hasta mediados del siglo xix71. Al mediar en los conflictos entre indígenas, mestizos y hacendados, estos jueces reprodujeron el ejercicio de poder y se volvieron en agentes claves para reproducir las normas y rituales estatales. Más, junto con estos magistrados, las mismas comunidades alcanzaron empoderamiento, pues decidieron acudir ante los jueces para plantear una acción judicial

69. Annino, 2010: 235-283. 70. Annino, 2014. 71. Igue, 2008; Pereyra, 2016: 339-361.

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y defender su propiedad colectiva. Como dice Max Weber, esta masa de pobladores rurales expresó una nueva racionalidad y nuevas formas de solidaridad72. Epílogo En medio de la inestabilidad política ocasionada por el caudillismo, los caudillos recurrieron al lenguaje republicano y constitucional para legitimar sus orígenes y actos. Incluso, algunos de estos gobiernos, como el de Bolívar y La Mar, promulgaron disposiciones liberales para lograr la propiedad individual de la tierra, llegando a configurar un marco discursivo de Estado, que contenía y socializaba discursos, normas y rituales a través de la ritualidad judicial a fin de conseguir la dominación estatal en la cotidianeidad. Asimismo, en medio del caudillismo, apareció en el país un liberalismo que proclamaba la soberanía, la representación política, los derechos a la libertad, la propiedad y el sufragio y una ciudadanía ambigua que incluía y excluía a los indígenas al mismo tiempo. Dichos enunciados surgieron en Lima, pero también en localidades del interior del país como Ayacucho, donde los seguidores del liberalismo fueron hacendados, abogados, comerciantes y magistrados. Las normas y rituales jurídicos del Estado, el derecho a la propiedad y la crítica a los hacendados reelaborada por los liberales locales, fueron difundidos por magistrados y “agentes de pleitos” en la zona rural de Ayacucho. Sirvieron para que indígenas de pueblos como Quinua y Huanta resolvieran sus disputas internas, adoptaran una posición común, diseñaran una estrategia y acudieran a los tribunales del Estado para reclamar la propiedad de sus tierras. En el mismo escenario de la justicia estatal, los indígenas incluso enriquecieron sus nociones de liberalismo decimonónico, al participar de las diferentes etapas del largo y engorroso proceso en el que estaban involucrados. Este liberalismo rural, más el marco discursivo y ritual del Estado, constituyen la cara y envés de una misma moneda: la de un Estado en formación que, en medio del caudillismo, encara las expectativas, intereses y formas culturales de los gobernados y los incluye en una 72. Citado en Annino, 2014: 66.

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ritualidad jurídica, con el propósito de que estos asuman la dominación estatal. En esta trama de relaciones entre Estado, justicia e ideología, indígenas como los de Quinua o Huanta terminaron dialogando con un liberalismo que les ofrecía la propiedad de la tierra y al mismo tiempo, estuvieron conectados con un molde de Estado republicano con el que podían alcanzar tal meta para finalmente convertirse en ciudadanos de la nación. Bibliografía Abrams, Philip. 2017. “Sobre las dificultades de estudiar al Estado”. En Pablo Sandoval (ed.), Las máscaras del poder. Estado, etnicidad y nacionalismo, 19-60. Lima: IEP. Águila, Alicia del. 2013. La ciudadanía corporativa. Política, constituciones y sufragio en el Perú. Lima: IEP. Aljovín, Cristóbal. 2000. Caudillos y Constituciones. Perú: 18211845. Lima: FCE/PUCP/Instituto Riva Agüero. Álvarez, Gervasio. 1944. Guía histórica, cronológica, política y eclesiástica del departamento de Ayacucho para el año 1847. Ayacucho: Imprenta González. Annino, Antonio. 2010. “La ruralización de lo político”. En Antonio Annino (ed.), La revolución novohispana, 1808-1821, 235-283. Ciudad de México: FCE. — 2014. Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia/Taurus. Basadre Ayulo, Jorge. 1977. Historia del derecho peruano. Lima: San Marcos. Basadre Grohman, Jorge. 2001. Perú: problema y posibilidad. Lima: Fundación M. J. Bustamante de la Fuente. Bonilla, Heraclio. 1974. Guano y burguesía en el Perú. Lima: IEP. — 2007. “La oposición de los campesinos indios a la República: Iquicha, 1827”. En Metáfora y realidad de la independencia en el Perú, 133-150. Lima: Pedagógico San Marcos. Chiaramonte, Gabriella. 2005. “A propósito del debate HerreraGálvez de 1849. Breves reflexiones sobre el sufragio de los indios analfabetos”. En Cristóbal Aljovín y Sinesio López (eds.), Historia de las elecciones en el Perú, 325-358. Lima: IEP. Chocano, Magdalena. 2010. “Población, producción agraria y mercado interno, 1700-1824”. En Carlos Contreras (ed.), Compendio

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El proceso de independencia en la región surandina: una historia más allá de las fronteras nacionales (1809-1815) María Luisa Soux Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia

Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria… (Proclama de la Junta Tuitiva de La Paz. 1809)

Introducción ¿Cuál es la patria? ¿Dónde empieza y dónde termina? Esta fue quizás una de las mayores preocupaciones del bando insurgente y es que la percepción de cada actor acerca de lo que era “su” patria no quedaba claro. Desde la perspectiva continental en la cual la patria estaba constituida por el conjunto de territorios americanos, hasta esa “patria chica” que no iba más allá del terreno que pisaban como el de los guerrilleros de Ayopaya, el problema se presenta hoy también en la historiografía, a pesar de que las historias patrias fijaron claramente este concepto relacionándolo con el Estado-nación. El proceso de independencia, por los resultados surgidos, se ha constituido en cada país como el fundamento de su historia patria, destacado por libros, catecismos cívicos, monumentos y una memoria oficial que se repite cada año en las fiestas cívicas. Al mismo tiempo, al menos en el caso boliviano, pero también en otros países, este proceso ha sido también la base de las luchas regionales, estableciéndose no solo las fiestas cívicas regionales, sino también la lucha por la capitalidad entre Sucre y La Paz, poniendo con argumento de haber dado “el primer grito libertario” y, a pesar de que los últimos estudios han demostrado que los hechos de 1809 fueron parte de un mismo proceso coordinado, subsiste este falso debate en la memoria oficial y cívica.

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Los estudios surgidos en el marco de los bicentenarios, han profundizado los estudios regionales desde una nueva perspectiva, la de la articulación de los mismos y la relación existente entre las tensiones locales y los nuevos proyectos1. De la misma manera, pero con un concepto diferente sobre región, se han presentado otros estudios que tienen en común el quiebre de las jurisdicciones republicanas que marcaron la historiografía anterior, pero que se diferencia de los estudios locales en que, en lugar de establecer espacios de estudio más pequeños, plantea la necesidad de ampliar los espacios, pero no como una sumatoria de historias regionales sino con la conceptualización de otros espacios que no se relacionan con las fronteras surgidas posteriormente y como resultado de la formación de las diversas repúblicas. Tampoco se trata de una historia de fronteras, porque en muchos casos, los espacios trabajados van más allá de ellas; en realidad son estudios que rescatan las antiguas regiones culturales y económicas previas al mismo proceso de independencia2. Nuestro trabajo se desarrolla en esta última perspectiva de análisis y toma como espacio de estudio la región surandina, un espacio geográfico que comparte elementos económicos, étnicos y culturales desde la etapa prehispánica; una región cuyo centro prehispánico fue el eje lacustre del lago Titicaca y el Poopó en medio del altiplano y que durante la etapa colonial trasladó su centro económico a Potosí, en lo que Carlos Sempat Assadourian ha llamado el “espacio económico potosino”3. Luego de la independencia, la región pasó a formar parte de tres países y luego, de cuatro: Argentina, Bolivia, Perú y, tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), Chile; a pesar de ello, se mantuvieron hasta hoy

1. Entre ellos es importante citar el libro de Barragán et al., 2012. En él se presenta en cada capítulo un análisis historiográfico y luego, una propuesta de historia regional sobre el proceso de independencia en La Paz, Oruro, Santa Cruz, el sur de Charcas y la región de Ayopaya. También es importante citar las publicaciones realizadas por jóvenes investigadores sobre la independencia en lugares específicos como Mizque, Porco, Tarija, Ayopaya, Cinti o Larecaja, que articulan sobre todo el llamado sistema de guerrillas. 2. Varios son los autores que han trabajado con esta propuesta en los últimos años, entre ellos podemos citar a Glave (2008, 2013 y 2020) que lo hace desde la perspectiva cuzqueña y Mata que mira desde Salta (2004, 2008, 2019). A ellos se suman otros autores como Sobrevilla (2010, 2012) y Davio (2018, 2019), entre otros. 3. Assadourian, 1982.

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elementos culturales y económicos como la presencia de población aymara y quechua, y los elementos de su cultura, la persistencia de un comercio regional y, sobre todo la persistencia de una identidad compartida. La historia del proceso de independencia en este espacio geográfico abarca diversas perspectivas de análisis, desde la historia militar, con el paso constante de ejércitos y la constitución de grupos irregulares de lucha, pasando por la historia de las ideas, con la circulación permanente de panfletos y manifiestos, hasta la historia política y las tensiones al momento de constituir las nuevas fronteras. Mi estudio seguirá otra perspectiva, que es la de analizar algunos actores que, a través de sus historias individuales y grupales nos llevarán por un recorrido por toda esta región, articulando valles y mesetas, costa y cordillera, cruzando de manera permanente las jurisdicciones que habían quebrado la región. El espacio surandino como región geográfica, económica y cultural Al optar por realizar el estudio en una región dada, se hace fundamental establecer los elementos que llevan a ese espacio geográfico a ser considerado una región, ya que no se trata únicamente de la extensión del mismo, sino de varios otros factores, entre los que son importantes para nuestro análisis, en primer lugar, las características geográficas comunes, descritas ya por varios geógrafos como Karl Troll y Oliver Dollfus en sus estudios sobre los Andes4, y, en segundo lugar, la presencia de una población que comparte una historia y una cultura de larga duración, mostrada de forma abundante por los estudios de arqueología, historia y antropología. Desde el punto de vista geográfico, José A. Salaverry Llosa en su obra Macro-ecología de los Andes peruanos5, ubica la región de estudio como la de los Andes secos, que abarca desde el Nudo de Vilcanota, a 14º de latitud sur hasta el norte de Chile a 24º. La región se divide en dos subregiones: los Andes altiplánicos, con alturas superiores a

4. 5.

Troll, 1958; Dollfus, 1980. Salaverry, 2006.

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los 3.800 metros sobre el nivel del mar y que abarca las franjas del altiplano y las vertientes húmedas del lado oriental, y los Andes desérticos, delimitada por la cadena volcánica de la cordillera occidental y la cadena costanera, con el valle intercordillerano de la costa que va desde el sur del Perú hacia los desiertos de Tarapacá y Atacama en el norte de Chile. Histórica y culturalmente, esta región se halla cruzada de forma longitudinal y transversal por dos elementos culturales prehispánicos fundamentales. Las franjas longitudinales del altiplano y las de las vertientes oriental y occidental de la cordillera de los Andes fueron recorridas desde la etapa prehispánica por una red de caminos que fueron unificados por los incas, conocida por el Qapac Ñan; por el lado de las franjas transversales, estas formaron parte de las rutas por las cuales se desarrollaba el control vertical de pisos ecológicos que articulaba los grandes señoríos del altiplano con las tierras cálidas de los valles y yungas en la vertiente oriental y con la costa desértica en la vertiente occidental6. La movilidad espacial fue una de las características más importantes del tiempo de guerra. Los hombres en armas, los agentes secretos, los diplomáticos, pero también las viudas o perseguidas con sus niños y criados se movieron a lo largo de la geografía de nuestro espacio de estudio empujados por las circunstancias. A partir de la reconstrucción de algunas de las historias donde se vieron involucrados trataremos de reconstruir la forma como la defensa de una posición política, la obediencia a las autoridades, las redes familiares y sociales, el afán de aventuras o la misma violencia que se ensañó con la población llevó a constituir un espacio de gran movilidad, de Cuzco hasta Salta, de La Paz a Tarapacá, de Chuquisaca a Tucumán o de Arequipa a Potosí. Estos “viajeros” podían moverse solos o en grupos, de forma voluntaria u obligatoria, ser realistas, patriotas o no comulgar con ninguna de estas posiciones; podían estar movidos por una esperanza o escapar de una tragedia. A partir de sus recorridos y sus vivencias nos transmitirán parte de la complejidad del proceso de independencia dentro de un determinado territorio y es que, más allá de las posturas ideológicas diversas, la guerra por la independencia fue también una 6.

Murra, 1975.

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guerra territorial, en este caso por el control del espacio surandino, más allá de las fronteras. La movilidad territorial de los caudillos de la sublevación indígena En enero de 1810 se reunieron en La Plata varios conspiradores. El primero era Andrés Jiménez de León y Mancocápac, prebendado de la catedral y que acababa de llegar pocos meses antes de la metrópoli, donde había ido a que le reconocieran tanto la nobleza de su familia como su cargo dentro del cabildo eclesiástico como prebendado7. El segundo era el escribano Juan Manuel de Cáceres, natural del pueblo de Ancoraimes y posiblemente mestizo, quien además de haber ejercido como escribano de la Junta Tuitiva de La Paz en 1809, había dirigido toda la insurgencia indígena que acompañó a la revolución paceña. Iba acompañado por algunas autoridades locales del altiplano paceño, entre ellos el subdelegado insurgente de Pacajes, Gabino Estrada8. El tercero procedía de la región de Oruro, se trataba del cacique Manuel Victoriano Aguilario de Titichoca, quien había promovido en noviembre del año anterior un intento de rebelión en el pueblo de Toledo debido al no reconocimiento por parte de las autoridades de su cargo de cacique recaudador. El origen diverso de los cabecillas de la conspiración nos muestra ya las redes de comunicación que se habían establecido en Charcas desde el año anterior y que posiblemente se relacionaban con las establecidas por los insurgentes criollos de La Plata y La Paz. La conspiración generó una serie de documentos que mostraban no solamente un proyecto político dirigido por los indios, sino también las formas de comunicación estratégica que se deberían seguir en un amplio territorio que contemplaba desde la región de Puno hasta Porco9. Al parecer, el proyecto contemplaba la reunión de muchos indígenas en la Villa Imperial, aprovechando la llegada de los mitayos. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo, ya que la conspiración fue descubierta a mediados de 1810. Con excepción de Cáceres, que fue apresado, los cabecillas tuvieron que huir y lo hicieron a diversos 7. Etchepareborda, 1967. 8. Barragán et al., 2019. 9. Soux, 2018.

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lugares donde podían refugiarse. Así, de acuerdo a lo que sostenían las autoridades, Titichoca huyó hacia Tarapacá, donde vivían algunos de sus parientes, mientras que Jiménez de Mancocápac se dirigió hacia el sur para encontrarse con Juan José Castelli —que para ese momento ya subía con su ejército desde las provincias de abajo—, logrando se le nombrase capellán del ejército auxiliar. El triunfo de Suipacha modificó la situación de la insurgencia indígena y los cabecillas se reorganizaron nuevamente. Titichoca organizó el trabajo de recolección de alimentos e insumos en parte del partido de Oruro y los valles de Sicaya para el ejército auxiliar y su envío al frente; Cáceres, que fue liberado, acompañó al ejército y reorganizó el proyecto indígena aliado esta vez a los porteños; finalmente, Mancocápac se mantuvo en el ejército auxiliar, a pesar de las quejas de algunos oficiales acerca de la radicalidad de su proyecto, que implicaba en última instancia el retorno de los incas. La derrota de Guaqui, en junio de 1811, no logró desarticular la insurgencia indígena, que se mantuvo en tres regiones: la ciudad de La Paz, donde las comunidades altiplánicas organizaron un nuevo cerco a la ciudad, semejante al de 1781, y en el cual reconocían como caudillo a Juan Manuel de Cáceres, esta vez aliado con los cochabambinos; el altiplano de Pacajes y Lupacas, que se extendía prácticamente hasta Puno y, finalmente, el altiplano orureño y el norte de Potosí, donde los indígenas cercaron a las tropas de Goyeneche tratando de impedir la llegada de refuerzos para el Ejército Real desde la costa. Se puede decir que, para ese momento, la insurgencia indígena se había ampliado a nuevos territorios de lucha y de refugio, como muestran los informes de Manuel Quimper, intendente de Puno, que obligaron a las autoridades del virreinato del Perú a convocar a los ejércitos de naturales del Cuzco y de Azángaro, dirigidas por Mateo Pumacahua y Manuel Choquehuanca, respectivamente. A fines de 1811 el bando del rey logró desarticular el proyecto indígena rompiendo el cerco a La Paz e impidiendo la toma por parte de los indios de la villa de Oruro10. No se conoce mucho más sobre la vida posterior de los cabecillas de la insurgencia. Las fuentes del archivo de Poopó nos dicen que Victoriano Titichoca murió en el pueblo de Llica en 181311, lo que nos 10. Soux, 2010. 11. Soux, 2016.

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muestra una vez más la ampliación de espacio de insurgencia hacia la región de los salares; a Jiménez de León y Mancocápac lo encontramos en 1814 en Tucumán, donde seguía con su proyecto inca. En el caso de Juan Manuel de Cáceres, no se sabe con exactitud cuándo muere, pero sus huellas desaparecen en las fuentes. A partir de esta historia se muestra la forma como, desde la perspectiva indígena, se reconstruyó un espacio regional de insurgencia que abarcaba el altiplano de Puno y la vertiente occidental de Tarapacá, ambos pertenecientes al virreinato peruano; el altiplano y los valles de Charcas y las regiones de Salta y Tucumán dependientes del virreinato del Río de La Plata. Es importante recordar en este punto que esa fue precisamente la misma región que se sublevó en 1780-1781, lo que nos remite a la importancia que tuvo en ambos movimientos indígenas las especificidades culturales de la región, así como el rol que desempeñó en la rebelión de 1810 a 1812 la memoria de la sublevación general de indios del siglo xviii. Un ejército surperuano en el virreinato del Río de la Plata A fines de 1808, un militar arequipeño llegó a la ciudad de La Plata, capital de la audiencia, como emisario de la Junta de Sevilla para lograr el apoyo a la misma en ausencia de Fernando VII, pero también con la misión de entregar unas cartas de la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando y esposa del príncipe de Portugal, que se hallaba refugiada en Río de Janeiro para que se la reconociera como regente. Se inició de esta manera la presencia en la región de Juan Manuel de Goyeneche y del ejército que comandó hasta 1813. José Manuel de Goyeneche y Barreda era un criollo nacido en Arequipa, hijo de un navarro, miembro de la burocracia local y de una rica heredera criolla con importantes tierras en la región12. Al igual que muchos otros jóvenes del sur peruano, fue educado en España, donde abrazó la carrera militar. Su retorno a América marcó para siempre su vida, y pensamos que ni el mismo Goyeneche esperaba que su misión marcaría el inicio de una larga guerra. No profundizaremos acá acerca del terremoto que sacudió a la ciudad con la llegada de ambas pro12. Sobrevilla, 2010.

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puestas, tema abordado por autores como Estanislao Just y Marta Irurozqui, solo señalaremos que fue esta situación la que provocó finalmente el estallido de una insurrección en la ciudad en mayo de 180913. Mientras ello ocurría en La Plata, Goyeneche siguió su camino hacia el virreinato del Perú, donde fue nombrado casi de inmediato presidente de la audiencia e intendente interino del Cuzco. Al enterase de la insurrección en La Paz, en julio de 1809, el virrey Fernando de Abascal ordenó a Goyeneche organizar las milicias de su audiencia y fue este el origen del llamado Ejército Real del Perú. La primera incursión del ejército de Goyeneche en Charcas se dio como consecuencia del estallido de la insurgencia en la intendencia de La Paz, y es que Goyeneche recibió la orden de avanzar hasta la frontera del Titicaca con el fin de evitar que la rebelión cruzara al territorio del virreinato del Perú. La radicalización del movimiento paceño y el peligro de la participación indígena en el mismo llevaron finalmente al virrey del Río de la Plata, Baltazar Hidalgo de Cisneros, a solicitar a Goyeneche que cruzara con su ejército el límite para reprimir la revolución. El Ejército Real ingresó por Copacabana y avanzó hasta la ciudad en cuya cabecera de Chacaltaya se enfrentó a los insurrectos. Posteriormente el ejército, dirigido por Domingo Tristán, primo de Goyeneche, se dirigió a los Yungas, donde los cabecillas más radicales habían organizado una resistencia con la participación de indígenas y negros esclavos14. El Ejército Real derrotó a las tropas paceñas en varias escaramuzas y apresó a los principales cabecillas. De acuerdo con Natalia Sobrevilla15, el Ejército Real estaba formado por miembros de las milicias urbanas o rurales que solo se juntaban a hacer ejercicios en fechas particulares, gozando del derecho a usar uniforme y del fuero militar; dice la autora: “con la excepción de los 600 soldados de descendencia africana que habían sido enviados desde Lima, sus tropas eran de origen andino y, para conseguir que se enlistaran más indios en sus fuerzas, dio a todo el que lo hiciera una excepción del pago del tributo”16. 13. Véanse sobre este tema, entro otros, Just, 1994; Irurozqui, 2007; Soux, 2010. 14. Sobre la rebelión en Yungas de 1809 es fundamental el trabajo de Barragán et al., 2019. El mismo analiza el tema a partir de más de 10.000 fojas de documentación que se hallan en el Archivo General de la Nación, en Buenos Aires, Argentina. 15. Sobrevilla, 2010. 16. Sobrevilla, 2010.

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Al año siguiente, luego de la Revolución de Mayo en Buenos Aires y la formación de la Junta de Gobierno, Abascal ordenó reorganizar nuevamente el Ejército Real y avanzar hacia Charcas; entonces Goyeneche, con un ejército de unos 4.000 hombres, llegó hasta el Desaguadero y, luego de que su vanguardia, dirigida por Picoaga fuera derrotada por los cochabambinos y orureños en las pampas de Aroma, concentró sus tropas en Zepita esperando el avance del Ejército Auxiliar del Perú dirigido por Balcarce y Castelli, que había vencido en noviembre de 1810 a las tropas de Vicente Nieto. El 20 de junio de 1811, entre el Desaguadero y Guaqui, a orillas del Titicaca, se dio el enfrentamiento entre ambos ejércitos, formados por soldados regulares, milicias y el apoyo de miles de auxiliares indígenas. Alejandro Rabinovich, quien analiza profundamente todos los aspectos de la batalla, señala las ventajas estratégicas del Ejército Real, logradas en gran parte por la formación y la capacidad estratégica de Goyeneche y sus oficiales procedentes la gran mayoría del sur del Perú17. Luego del triunfo, Goyeneche y gran parte de su ejército avanzaron hacia Potosí en persecución de los soldados del Ejército Auxiliar, pero su situación era difícil debido a que en la retaguardia se reorganizó la sublevación indígena aliada a los cochabambinos que se extendió por todo el altiplano. Fue entonces cuando, por pedido del intendente de Puno, Fernando de Abascal, solicitó el ingreso a Charcas de los ejércitos de naturales del Cuzco y Azángaro, comandados por los caciques Pumacagua y Choqueguanca, quienes “pacificaron” la región altiplánica. Mientras tanto, el grueso del ejército dirigido por Goyeneche se dirigió al valle de Cochabamba donde derrotó, el 27 de mayo de 1812, a las pocas fuerzas insurgentes que quedaban en la ciudad. Goyeneche, seguro de su triunfo, decidió adelantar la posición de su ejército y envió a la vanguardia, dirigida por su primo Pío Tristán, hacia las provincias de abajo; sin embargo, la misma fue derrotada primero en la ciudad de Tucumán y luego en Salta, donde sus oficiales fueron obligados a firmar una capitulación en febrero de 1813. Por la misma todos los firmantes se comprometían a no tomar las armas nuevamente contra los ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estos oficiales, la gran mayoría procedentes del sur peruano fueron conocidos como los “juramentados de Salta”. 17. Rabinovich, 2017.

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Al conocer la derrota y la capitulación, Goyeneche replegó sus fuerzas a Potosí y luego, a Oruro, donde concentró sus tropas a la espera del avance del segundo ejército auxiliar. Este retiro táctico no fue bien visto por el virrey Abascal, quien veía con mucho recelo a los “juramentados de Salta” y al mismo Goyeneche, a quien consideraba como un líder regional del sur peruano que podía poner en peligro la unidad y el reconocimiento de las autoridades de Lima. Siguiendo el consejo de sus asesores, Abascal presionó para que Goyeneche presentara su renuncia a la dirección del ejército. De acuerdo con los papeles de Abascal que se hallan en el Archivo General de Indias18, Goyeneche informó al virrey que había tomado la plaza de Oruro y señalándole lo siguiente: “Mi estado actual no me permite dar cuenta de la gravedad de los ocurrimientos, no tengo cabeza para seguir mandando”19, lo que significaba que la situación habría afectado su ánimo. Sin embargo, este comentario ocultaba el hecho de que la derrota de Salta había provocado una profunda crisis en el Ejército Real, con la deserción de parte de la tropa, sobre todo de los paceños. La salida de Goyeneche del mando del Ejército Real y la crisis en el mismo, estuvo lleno de tensiones que involucraron a los más importantes miembros del gobierno virreinal20. Por un lado, una junta de guerra que se hallaba en Oruro, trató de explicar que la retirada desde Potosí había sido estratégica y que, además, era fundamental “tener en sujeción aquellas provincias y conservar la comunicación con el virreinato, que no podían pasar el mando a otra persona que la del sr. general en jefe José Manuel Goyeneche. Que era inevitable la disolución del ejército si se separaba a Goyeneche del mando”21. A pesar de ello el virrey aceptó la renuncia del arequipeño y decidió enviar como jefe militar a Joaquín de la Pezuela. Finalmente, los miembros de la junta de guerra tuvieron que obedecer al virrey, así que señalaron oficialmente que el estado de salud de Goyeneche era deplorable y que a causa de un ataque de nervios había entregado el mando a su segundo Juan Ramírez. 18. Archivo General de Indias (en adelante AGI), Papeles de Abascal, Diversos 3, año 1813, n.º 2 D8. 19. AGI, Papeles de Abascal, Diversos 6 BIS, año 1813, n.º 5. 20. Soux, 2010: 82. 21. AGI, Papeles de Abascal, Diversos 6, año 1813, n.º 5.

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Lo que se percibe al analizar estos hechos es que la capitulación de Salta y la retirada de Potosí fueron utilizadas políticamente por el bando del virrey en Lima para modificar el orden jerárquico en el Ejército del Sur; deshacerse de Goyeneche en quien no confiaban porque “es hombre del país y tenía en la cabeza de los batallones a caballeros de las provincias limítrofes muy adictos a su persona”22 y nombrar en su lugar a Pezuela, hombre del virrey. Aun así, para evitar la deserción de gran parte de la tropa, que ya se había manifestado que solo obedecerían a su jefe, se preparó cuidadosamente la retirada de Goyeneche; quien tuvo que salir de Oruro en medio de la noche y en secreto, aunque con esto no se pudo impedir que parte de su gente se retirara también del ejército retornando a sus lugares de origen. Las acciones del Ejército Real del Perú, bajo la dirección de José Manuel de Goyeneche, nos muestran la organización de una fuerza militar regional cuyo centro fue el sur peruano, más específicamente, el espacio de la recién creada audiencia del Cuzco. Su recorrido por toda la región surandina, desde Cuzco a Tucumán, nos permite ver nuevamente la existencia de una amplia región que ya se había visto convulsionada con las sublevaciones de Túpac Amaru y Túpac Katari a fines del siglo xviii; por otro lado, se percibe la tensión existente entre las autoridades de Lima y los oficiales del Ejército Real, que eran leales a Goyeneche no tanto por razones ideológicas sino de afinidad. De esta manera, la salida de Goyeneche facilitó la transformación del ejército de uno basado en las milicias y el poder local a otro más institucionalizado en el cual los oficiales procedentes de la metrópoli llegarían a tener mayor presencia. El proyecto regional de Juan José Castelli y el sur peruano El 25 de mayo de 1810, un año después de la insurrección en la ciudad de La Plata, se produjo la revolución en Buenos Aires. Cisneros fue obligado a renunciar y se creó una Junta Provisional Gubernativa, bajo el principio de la retroversión de la soberanía en el pueblo. Esta decisión asumida en la capital del virreinato implicó también la necesidad de mantener la jerarquía, es decir, que la posición de la capital 22. AGI, Papeles de Abascal, Diversos 6, año 1813, n.º 5.

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debía también ser asumida por el resto de las ciudades subalternas. Consciente de esta situación se vio necesario expandir el movimiento a partir del envío una expedición a las provincias interiores del virreinato para impedir un movimiento contrarrevolucionario. Se organizó así un ejército formado por soldados regulares y milicias dirigido inicialmente por Francisco Antonio Ortiz de Ocampo y luego, por González Balcarce como jefe militar y Juan José Castelli como jefe político23. El ejército marchó hacia el norte, y luego de pasar por Córdoba, donde se apresó y ejecutó al ex virrey Liniers, siguió su camino hacia las tierras altas. Al mismo se fueron uniendo hombres de armas de Salta, Tarija y Tupiza. Luego de una derrota en Cotagaita, la expedición logró un triunfo en Suipacha en noviembre de 1810 y, luego de pasar por Potosí, ingresó a fines de ese año a la capital de la audiencia. Castelli asumió varias medidas políticas, además de organizar un gran contingente para enfrentarse al Ejército Real del Perú. Varios de sus manifiestos y discursos se dirigían a los “Habitantes del Perú”, pero no como sinónimo de altoperuanos, sino que su proyecto de revolución militar y política tenía un horizonte mucho más amplio, que abarcaba al menos Charcas y el sur del virreinato del Perú. Este amplio proyecto político hizo que Castelli enviara a Mariano de Argandoña como agente secreto a varias ciudades y villas del sur peruano con el objetivo de establecer contacto con otros posibles insurgentes24. Se le instruía para tomar contacto con los vecinos y averiguar la conducta de las autoridades, además de mandar emisarios a los indios para que les explicaran en su idioma los alcances de la expedición. El informe que presentó Argandoña lleva como título “Plan exacto e individual de observación que yo el subscrito he puntualizado de toda la carrera conforme a la instrucción, tengo verificada y extraída desde el día 17 de diciembre del año pasado de 810 que salí de la 23. Sobre la formación de la expedición y sus pormenores con relación a la región de estudio, especialmente al Alto Perú o Charcas, véase Bidondo, 1989, quien destaca la situación en Charcas donde luego del juicio a los cabecillas de la revolución paceña y su ejecución, había quedado como intendente Domingo Tristán, primo de Goyeneche, lo que implicaba que, a pesar de la presencia de Nieto en Chuquisaca, en realidad era Goyeneche y, por lo tanto, el virreinato del Perú, el que controlaba gran parte del territorio. 24. Archivo General de la Nación, Argentina (en adelante AGN), Colección Juan Ángel Farini, Documentación de Juan José Castelli, Expedición Auxiliadora al Alto Perú, 1809/1811, Sala VII, leg. 290, f. 65.

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Villa de Potosí hasta mi regreso a la Villa de Oruro”25 y fue entregado a Castelli el 20 de febrero de 1811. De acuerdo al informe, la primera ciudad visitada por Argandoña fue Tacna, región con una antigua tradición de contactos con el altiplano paceño y que, consideraba Castelli, podría ser un punto estratégico de apoyo a la posición de la junta. Argandoña llegó a Tacna el 23 de diciembre de 1810, alojándose en casa de don Luis Barrios, considerado uno de los mejores patriotas. El informe dice: …debí observar que la general opinión del vecindario era muy adicta al sistema de nuestra amada Capital: advertí la opresión en que se hallan y la violencia con que sufre el yugo despótico esperando sólo la aproximación del Ejército Auxiliar para abrazar sus máximas, unirse íntimamente y ayuda con cuanto pueda la Expedición. Conocí también que están todos bien enterados de los derechos de la Patria y los adelantamientos que por tan justa causa les resulta.26

Luego de describir la potencialidad en hombres y armas que podrían apoyar a la causa en Tacna, pasó a comentar que mucha gente se escapaba para evitar el alistamiento por parte del Ejército Real. Nombró también a los posibles insurgentes, entre ellos cita a Francisco Zela, balanzario de la Real Caja Natural de Lima, Clemente Isurza, Jacinto Gardeazábal, Gavino y Alejo Barrios, Francisco Marina y otros. Aunque podría pensarse que el informe hubiera sido exagerado sobre el apoyo en Tacna a la Junta de Buenos Aires, es importante señalar que la actuación posterior de Francisco de Zela y su intento de sublevación en junio de 1811, confirmaría el hecho de que existía una posición bastante fuerte en su favor. El informe de Argandoña continúa con el puerto de Arica, donde la población se oponía también a la conscripción. Más adelante llegó Argandoña al valle de Locumba, donde pudo conocer y escuchar quejas sobre la opresión y la hostilidad que sufría la población “por no haber salido al referido auxilio del tirano”. El agente secreto pasó luego por Moquegua donde llegó el 29 de diciembre y se hospedó en una “chocilla de extramuros”. Allí, de

25. AGN. Colección Juan Ángel Farini, Documentación de Juan José Castelli, Expedición al Alto Perú, 1809/1811, Sala VII, leg. 290, f. 115. 26. AGN, Sala VII, leg. 290, f. 115.

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acuerdo a su informe pudo observar que la plebe y el vecindario se hallaban a favor de la insurgencia, siendo los que se distinguían José María Arguedas, José Ordóñez y el doctor Tapia, quienes estaban en contra de varios europeos que habían migrado en 1809 de Potosí y La Paz. El 3 de enero de 1811, Argandoña llegó a Arequipa. De acuerdo con el informante, allí también observó “grande entusiasmo y desenvoltura hacia nuestra causa, de tal modo que me llené de asombro y satisfacciones”. Para Argandoña, todos se hallaban a favor de Buenos Aires e inclusive se habían formado algunos cabildos públicos donde habían resuelto apoyar a la Junta de Buenos Aires y para ello solo esperaban que el ejército insurgente se acercara al Desaguadero. Es interesante señalar que para Argandoña gran parte de la élite de la ciudad se hallaba a favor de Buenos Aires, entre ellos, el regidor Hurtado, sus hijos y su familia, la casa del señor Tristán, el doctor Guerra, el doctor Salamanca y su familia y otros. Finalmente, indica en su informe que la noche anterior a su partida había difundido la siguiente proclama: Muy noble ciudad de Arequipa, escogida porción de la América del Sur, un compatriota tiene el honor de anunciaros que las tropas auxiliares de la Capital de Buenos Aires, se acercan hacia este alto Perú con los más felices progresos, que la mano del Altísimo favorece su causa sensiblemente por los prodigios que con ellas ha obrado y se han visto que las perfidias, y maquiavelismo descubiertos no hallan donde ocultares pues aún en los abismos no encuentran asilo. Avivad y puntualidad nuestras ideas confiados del justo derecho, no perdáis tiempo de uniros quanto antes a aquellos famosos campeones que con indecible constancia caminan sufriendo las fatigas y los trabajos solo por libertar la Patria, y hacerla prosperar por todos medios.27

Cuatro días después, partió Argandoña con dos arrieros y, por la ruta de Lampa, llegó al Cuzco; lo hizo disfrazado de indio, pero se quedó en una hacienda cercana porque recibió el informe de que la ciudad se hallaba controlada por los hombres del virrey y nadie quería pronunciarse por temor. En su informe destacó que para poder comunicarse con la población le sirvió mucho su conocimiento del quechua,

27. AGN, Sala VII, leg. 290, f. 116.

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idioma en el que pudo explicar a muchos las razones del levantamiento de Buenos Aires y la expedición al interior. Veía Argandoña que la población cuzqueña era menos proclive a la rebelión debido a la presencia de muchos vecinos con títulos y los frailes que tenían mucha influencia en “el estado femenil”; a pesar de ello informaba que algunos le han comentado que su comandante Picoaga (que se hallaba en ese momento en el Ejército Real del Perú junto con Goyeneche) era uno de los mejores patriotas. El agente se enteró por medio de cuatro indios amigos que en la ciudad se hallaban buscando a un “indio picado de viruela, racionalote, que días antes estaba sembrando las iniquidades de Buenos Aires”28. Comprendiendo que ya conocían sobre su presencia y lo estaban persiguiendo, escapó con la ayuda de sus aliados indios, pasando por los altos de Paruro y otros caminos poco transitados, informando en cada pueblo de indios que pasaba las ventajas de apoyar a la junta. Para su viaje de retorno siguió la ruta de Azángaro y Huancané. Finalmente, luego de quedarse unos días en la ciudad de La Paz, se dirigió hacia Oruro, donde llegó el 7 de febrero de 1811. Argandoña concluía su informe recomendando que en cuanto el Ejército Auxiliar avanzara hasta Sicasica, se enviase nuevamente un agente a Tacna para coordinar con los insurrectos y “quantos impresos se puedan”. El periplo realizado por Mariano de Argandoña es una muestra más del interés por parte de Castelli y quizás por la misma Junta de Buenos Aires de incluir en la revolución al sur peruano. Desde nuestro punto de vista, el mismo tuvo un doble impacto, el primero en el mismo Castelli, quien decidió enviar varios manifiestos dirigidos a los habitantes del sur peruano y, el segundo en las ciudades y regiones visitadas, lo que provocaría quizás no solo la conspiración develada de Tacna, organizada por el balanzario Francisco José de Zela, sino también la imagen mítica del mismo Castelli presentado un año después en la sublevación de Huánuco, cuando fue identificado por la población indígena como el rey Castell o el inca Castell29. 28. AGN, Sala VII, leg. 290, f. 117. 29. Sobre la conspiración de Tacna véanse, entre otros, los trabajos de Seiner, 1995 y Quispe, 2009; sobre la sublevación de Huánuco, el trabajo de Espinosa, 2011: 181212 y Bazán, 2018.

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La articulación de los insurgentes en 1814 Luego de las derrotas del Segundo Ejército Auxiliar en Vilcapujio y Ayohuma y antes de retirarse a las provincias de abajo, Manuel Belgrano dejó, como parte de su ejército, a un grupo de hombres en armas que asumirían lo que Emilio Bidondo llama una guerra de recursos. Se trataba de grupos formados fundamentalmente por hombres de las milicias de cívicos e indígenas, además del apoyo de las comunidades indígenas cuyo objetivo principal era hostilizar a las tropas del Ejército Real en lugares donde podían beneficiarse de las condiciones geográficas y demográficas. De esta manera se crearon a lo largo de la vertiente oriental y los valles los grupos conocidos como guerrilleros, teniendo en cuenta sus estrategias de lucha. El jefe y comandante general de este sistema de guerrilla fue Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien logró articular actividades coordinadas, pero manteniendo bastante autonomía de gestión y movimiento30. Los grupos de guerrilla más importantes fueron el de Sicasica y Ayopaya, en los valles que conectaban La Paz, Oruro y Cochabamba31; el de Porco o Pilima, en los valles entre Potosí y Chuquisaca32; el de La Laguna, en los valles cercanos a la ciudad de La Plata33; y el de Cinti, en los valles al sur de la capital de la audiencia, que se relacionaban con las montoneras que empezaron a organizarse en Tarija y Salta. En la región oriental de Charcas quedaron también dos ejércitos regulares dependientes del Ejército Auxiliar rioplatense, uno ubicado inicialmente en Cochabamba y luego en Mizque y Vallegrande, dirigido personalmente por Juan Antonio Álvarez de Arenales, y el otro, comandado por Ignacio Warnes en Santa Cruz. A diferencia de los grupos de guerrilla, estos hombres en armas formaban parte del cuerpo regular del ejército y sus comandantes no solo eran oficiales del mismo, sino que ejercían también cargos de gobierno.

30. Soux, 2010. 31. Este grupo guerrillero es el más conocido gracias al diario escrito por José Santos Vargas, tambor mayor de la guerrilla. Sobre su organización, véanse a Demelas, 2009 y Mamani, 2010. 32. Sobre su desarrollo y participación, Nicolas, 2018. 33. Este fue el grupo guerrillero dirigido por Manuel Asencio Padilla y Juana Azurduy. Existen numerosos estudios al respecto. Entre los más actuales se puede citar el de Torres, 2015.

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Un tercer punto de conflicto e insurgencia surgió a mediados de 1814 en el norte de la región surandina, esta vez en la misma ciudad de Cuzco. Sus líderes, entre los que hallaban los hermanos Angulo, el cura Ildefonso de las Muñecas, José Manuel Pinelo y el cacique Mateo Pumacahua, buscaron expandir la insurgencia hacia el surandino ocupando Huamanga, Arequipa y La Paz, además de avances hacia las regiones de Arica y Tarapacá. Finalmente, en las Provincias Unidas se empezó a reorganizar nuevamente una nueva campaña del Ejército Auxiliar del Perú, en medio de tensiones políticas y conflictos internos entre intereses de Buenos Aires y de las diversas provincias. En las historias nacionales estos movimientos insurreccionales fueron analizados de forma separada, teniendo en cuenta las fronteras posteriores y, en algunos casos, no fueron objeto de mayores estudios. Así, por ejemplo, no se han tenido en cuenta en la historiografía boliviana las acciones coordinadas de los grupos guerrilleros y la dirección de Arenales, destacando más bien el carácter local de cada uno de ellos y más aún, enfatizando su independencia y los conflictos con las autoridades nombradas desde Buenos Aires; de la misma manera, la historiografía peruana ha tratado las conspiraciones e insurrecciones de Tacna y Huánuco, y la sublevación del Cuzco, como movimientos precursores de la independencia peruana, sin profundizar mayormente en su articulación. En el caso de Tarapacá y Atacama, se ha estudiado sus movimientos como parte de una historia local, mientras que en los casos de Jujuy, Salta y Tucumán su participación ha sido vista como una lucha por resguardar su frontera norte, sin tener en cuenta que el antiguo virreinato se prolongaba hasta Charcas. Esta percepción ha ido cambiando en los últimos años con estudios que han empezado a abordar una historia regional de contactos y relaciones. Estos trabajos muestran una articulación entre estos movimientos y una percepción diferente del espacio de insurgencia. Desde esta perspectiva de análisis, nos concentraremos en un año clave, 1814, cuando, desde nuestra visión, se organizó y desarrolló un proyecto de insurgencia conjunto que abarcó desde Cuzco hasta Salta y desde la costa del Pacífico hasta Santa Cruz y el Chaco. En este gran proyecto se entremezclaron muchos insurgentes, ya sea en el movimiento de ejércitos regulares, las acciones permanentes de grupos de guerra irregular, los levantamientos locales y un ambiente general de insurrec-

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ción frente a un enemigo común, representado por el Ejército Real del Perú, dirigido por Joaquín de la Pezuela. Con el objetivo de ilustrar esta coordinación tomaremos en cuenta algunos hechos puntuales relatados por los propios actores. Desde la perspectiva del bando del rey, Joaquín de la Pezuela, comandante del Ejército Real del Perú relató en su memoria acerca de algunas acciones ocurridas en febrero de 1814: Las tropas ligeras que perseguían a Belgrano y reliquias de su ejército consistían en los batallones de Partidarios y Cazadores, un escuadrón de Dragones y una compañía de Cazadores montada a la orden del Coronel Saturnino de Castro, que era un traidor encubierto, como se verá después; y estas, habiendo tenido ligeros encuentros con la retaguardia de Belgrano entraron en Jujuy y Salta en fines del mes de enero y primeros de febrero; y mi segundo Ramírez el 29 del mismo enero. Yo me detuve en Tupisa para arreglar la guerra que dejaba a la espalda y reforzar el ejército, así que me llegasen los reclutas de las provincias del Cuzco y Puno que desde Ayohuma fue a buscar el General Picoaga; pero como esta medida produjo poco fruto, sin embargo de mis instancias y clamores a los Jefes de aquéllas, y cabildos entonces constitucionales y nada afectos al objeto de la guerra, me vi en la necesidad de echar mano de los hombres de los partidos de Chichas, Cinti y Tarija, sin embargo de haber hecho ver la experiencia a mi antecesor el Señor Goyeneche que eran opuestos a la milicia, adictos a la criminar deserción y con ninguna voluntad de ocuparse en la defensa de la causa del Rey34.

A partir de este relato escrito desde el bando del rey, se puede percibir la concepción del territorio en guerra por parte de los realistas. Con tropas provenientes del sur del Perú, Pezuela adelantó su ejército con el objetivo de avanzar la vanguardia hasta Salta y Jujuy; sin embargo, como señala el mismo general, debía reforzar el ejército en la retaguardia y para ello envió al general Picoaga hasta Cuzco y Puno para conseguir tropas leales, sin embargo, los cabildos constitucionales le negaron el apoyo, por lo que tuvo que acudir a la población de los alrededores de su cuartel general, aunque sabía que no era de fiar. Como se puede observar, Pezuela describe en estos párrafos el espacio central en el que asentaba a su ejército, que se ubicaba precisamente en la franja longitudinal de las tierras altas, que iba desde el altiplano sur 34. Pezuela, 2011: 35.

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peruano hasta la puna de Jujuy y los valles de Tupiza, Jujuy y Salta, a lo largo de estos años, esta será la franja de dominio del bando del rey desde donde Pezuela enviará batallones tanto hacia el sur como hacia los valles orientales. El hecho de que Pezuela enviara a su vanguardia a Salta y Jujuy y que realizara un reclutamiento en Tarija muestra claramente que los límites entre los virreinatos, ya modificados en 1810 cuando Charcas pasó de forma poco legal a depender del virreinato del Perú, ya no tenía vigencia para 1814, ya que lo que tenía valor era la ocupación militar. Desde el lado insurgente, veremos la forma como se expandió la insurgencia generada en el Cuzco en 1814. En este caso nos ocuparemos del avance hacia La Paz. Al respecto relata José Santos Vargas en su célebre Diario: A fines de octubre (de 1814) llegaron varios emigrados de La Paz por la retirada de las tropas de la Patria para el Cusco, siendo la tropa de aquel país con el comandante Pinelo; llegaron al punto de Machaca entre los que fueron un don Mariano Pradel, doctor don Tomás Castro, don Paulo Linares Castro con un moreno, y en compañía de estos señores don Pedro Flores vecino de Sicasica. Luego se pasaron a Huallipaya que es una hacienda a la media legua algo menos de Machaca (perteneciente a don José Buenaventura Zárate, teniente coronel de la Patria, natural de la ciudad de Lima, hijo de uno de los marqueses, este del de Montimira)…35.

Analizando la composición del Diario de Vargas, este texto es el primer párrafo en el cual se inicia la narración como diario36. De acuerdo al mismo, el grupo guerrillero habría empezado su accionar con la llegada de los emigrados a la región de Ayopaya que huyeron de La Paz luego del fracaso de la sublevación de los cuzqueños. Estos se habrían reunido posteriormente en una hacienda de Zárate, un noble limeño. La movilidad territorial se hace aún mayor si tenemos en cuenta que además se hallaban en esta hacienda Eusebio Lira, del pueblo de Mohoza, Pedro Zerda, de Oruro, Julián Tancara, indio de Curahuara 35. Santos Vargas, 2016: 151. 36. De acuerdo al análisis del Diario de José Santos Vargas elaborado por Marie Danielle Démèlas, el mismo se estructura en dos partes, una primera, que llega hasta 1814, y que se trata de una memoria redactada muchos años después, y una segunda que se escribe a modo de diario de forma contemporánea a los hechos relatados. Véase sobre el tema Démèlas, 2009.

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en Pacajes, Andrés Simón y Miguel Mamani, ambos de Sicasica, Damián Díaz de Bolaños, de Quillacollo, José Manuel Arana, de Chulumani y varios otros más. Lo que unía a este grupo de tan diversos orígenes geográficos y sociales, era que la gran mayoría de ellos habían sido emigrados en Salta, es decir, que se habían retirado hasta Salta junto a la salida del primer ejército auxiliar en 1811. Con este relato se puede percibir cómo la guerra dio lugar a un movimiento permanente de personas que, más allá de su origen, tenían un objetivo común que lo habrían compartido cuando se hallaban como refugiados en Salta. Se ha visto en los casos anteriores tanto el movimiento de ejércitos como el de personas individuales o grupos en toda la región surandina, así como la coordinación de proyectos amplios tanto en el bando insurgente como en el del rey. Veamos en este último caso el movimiento de noticias y comunicaciones que fueron, en última instancia, el medio por el cual se pudo articular las acciones de la guerra. Lo que se ve es que en 1814 hubo un movimiento constante de comunicaciones oficiales y secretas que cruzaban todo el espacio surandino; comunicaciones que podían ser escritas u orales. En el ejemplo que se muestra se trata de una declaración del subteniente de cazadores Fermín Aguirre, tomada por orden de Güemes en la ciudad de Jujuy a 12 de septiembre de 1814 y que describe y explica varios hechos ocurrido en 1814. En la declaración, Aguirre informa que en Cuzco se habría reunido con el doctor Muñecas, y varios otros insurgentes procedentes de Cochabamba, Potosí y Tucumán, entre otros lugares. Que en esta reunión supo que había llegado una carta a Muñecas desde Lima donde se le informaba que el regimiento de Talavera no iría a la sierra a reprimir el movimiento, ya que se dirigía a Chile; además, pudo conocer también que en el plan de insurgencia se hallaban varios oficiales juramentados de Salta. Señalaba también Aguirre que como “era preciso mandar un chasque al señor general de la patria impartiendo la noticia de la unión del Cuzco a las provincias del Río de la Plata”, decidió partir del Cuzco y esperar en Oruro a este “chasque que debían mandar a sólo avisar al administrador de correos de Puno, don Miguel José de Rojas, el día de la revolución, si había salido bien o mal el plan predicho”. Prosiguió informando que con la noticia del estallido de la sublevación pasó por Potosí, Puna, La Palca, Cinti, el río San Juan, Cosquina, Livilivi, Tojo y Yavi. Aquí, de acuerdo con Aguirre, se encontró con un tal Gardel,

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de tendencia realista, a quien dio noticia sobre lo ocurrido en el Cuzco. Añadió que cuando Gardel le preguntó sobre lo que ocurría con Arenales, Warnes y Cárdenas le contestó …que los tres en La Paz, Oruro y Potosí, andaban reunidos; que la fuerza que tenían alcanzaba a 4.003 hombres, los mil de fusil y los demás de lanza y flecha, con seis piezas de artillería; que a la sazón (Arenales) se hallaba en el punto de Chilón entre Santa Cruz y Valle Grande; que se decía dirigía sus marchas a Cochabamba, en donde no alcanzaba su guarnición a cien hombres; que aunque antes hubo más número, pero que habían despachado la gente a Chuquisaca que se hallaba amenazado por el comandante Padilla que estaba a distancia de ocho lenguas, con cinco mil indios, los cientos de fusil y el resto de lanza, flecha y honda; y por Pomabamba estaban reunidos cerca de quinientos indios, quienes en Turuchipa mataron cuatro oficiales y un capellán dominico, que iban en descubierta persiguiendo a los indios derrotados en la acción de Miculpaya. […] Que Arenales habiendo sido perseguido por el capitán Blanco tiró para Santa Cruz, y, reunido con Warnes entró Blanco a atacarlos: ellos dejaron libre la plaza, y se retiraron al Monte Redondo, en donde se pusieron una emboscada de la que no escapó sino un oficial que lo despachó Arenales a que contase el cuento en Cochabamba; y con esta acción se reforzó Arenales de fusiles y municiones, y que fue ganando otras partidas cortas que salían. Que el Cumbai tuvo también su acción con Benavente de Chuquisaca en la Laguna, que quedó indecisa porque herido Benavente en los pulmones, de una flecha, se retiraron ambos, trayendo Benavente casi toda su gente herida, y tomando el Cumbai como veinticinco fusiles37.

Varios son los puntos importantes en esta declaración. En primer lugar el interés de los insurrectos del Cuzco por informar al “Señor General de la Patria”, que no era Martín Miguel de Güemes sino el jefe del Ejército Auxiliar del Perú, es decir, Manuel Belgrano; en segundo lugar, el planteamiento de que si triunfaba la insurgencia planificada, el Cuzco se uniría a las Provincias Unidas; posteriormente, el periplo de Aguirre que siguió de cerca la ruta que controlaba el ejército del rey, lo que muestra que ese era el camino más seguro y más transitado, sin embargo, trató de no encontrarse con ellos; finalmente, el movimiento de información y noticias que circulaba por todo el espacio surandino, lo que se muestra con el amplio conocimiento por parte del informante de lo que ocurría en toda la región. De esta manera se puede percibir 37. Güemes, 1979: 204-206.

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no solo las rutas de tránsito de ambos bandos, sino también los caminos por donde circulaban las noticias. La insurgencia en la vertiente occidental: Mariano Díaz y Julián Peñaranda La vertiente occidental de los Andes fue también un espacio que vivió el proceso independentista como parte de la región surandina y en estrecha relación con lo que ocurría en el altiplano y los valles. Desde Tacna hasta Atacama y desde la cordillera a la costa, este espacio fue recorrido por varios caudillos insurgentes, algunos procedentes de las tierras altas del altiplano de Charcas y otros de la región de Arequipa y Tacna. Una primera incursión fue la del caudillo insurgente Mariano Díaz. Este caudillo formó parte del movimiento insurgente organizado desde 1812 por Baltazar Cárdenas y José Miguel Lanza, que cubrió un amplio espacio del altiplano de Charcas, desde Sicasica hasta Lípez, aunque posteriormente se independizó y siguió su propia ruta insurgente. Mariano Díaz era natural de Cinti (valle ubicado al sur de Chuquisaca) y tenía lazos familiares en la región de Lípez. De acuerdo a su testimonio, luego de sumarse al movimiento insurgente recorrió los pueblos de San Pablo, San Cristóbal y Esmoraca de Lípez, siguiendo hacia el norte por Chichas, Condocondo y Challapata, en el altiplano de Oruro. Luego de la disolución del movimiento insurgente, Díaz se retiró con su gente nuevamente hacia Lípez, donde estableció el centro de su organización38. Mariano Díaz, ya independiente, prosiguió su itinerario hacia Atacama, donde trató de conformar un ejército indígena, aunque sin resultado. Posteriormente fue nombrado comandante militar de Atacama por parte del Ejército Auxiliar del Norte, con el objetivo de impedir que el Ejército Real desembarcara en los puertos de la región. No se conoce muy bien las razones por las que llegó a Salta, donde fue apresado por los realistas a inicios de 1813, cuando la vanguardia del Ejército Real, dirigida por Pío Tristán avanzó hacia las provincias de

38. AGI, Diversos 3, A1813 R1, n.º 3, Papeles de Abascal, Confesión de Mariano Díaz y testimonio de Martín de Jáuregui, citado en Soux, 2010: 264.

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abajo. Luego de la derrota en la batalla de Salta, ya como prisionero, Díaz fue llevado a Potosí y luego, a Oruro, donde fue juzgado y condenado a muerte por alta traición. A pesar de la sentencia, el debilitamiento de la posición de Goyeneche en Charcas hizo que los realistas no se animaran a cumplirla por la cercanía de las tropas de Belgrano que ya habían avanzado hacia Potosí, así que se decidió enviar al prisionero a Arica, donde desembarcaría Pezuela. El prisionero tampoco fue ejecutado en el puerto, y se lo embarcó en un barco con destino al Callao donde fue finalmente ejecutado. La figura y la historia de Mariano Díaz nos muestra de manera muy clara la relación existente entre el altiplano y los valles del sur de Charcas, los valles de Salta y Jujuy y los pueblos de la vertiente occidental. Su periplo por el altiplano meridional y central, por la vertiente occidental y el valle de Salta como caudillo insurgente, y ya como prisionero, por Potosí, Oruro y Arica, así como su muerte en la costa, es un ejemplo del movimiento y recorridos de los llamados caudillos insurgentes por esta amplia región del surandino. Al mismo tiempo, nos muestra también la articulación entre los caudillos y los comandantes de los ejércitos, tanto el Auxiliar del Norte como el Real del Perú en el manejo y la estrategia en todo este amplio espacio. Acerca del otro caudillo insurgente, Julián Peñaranda, se puede señalar que fue un luchador de larga data, ya que participó en 1809 en el movimiento insurgente de La Paz y, sobre todo en los hechos que se sucedieron en los Yungas paceños a fines de ese año. Si bien Luis Miguel Glave señala que Peñaranda nació posiblemente en el Cuzco39, donde habría conocido a Manuel Victorio García Lanza, líder de la rebelión en Yungas, la documentación referente a los acontecimientos en Charcas en 1809 que se hallan en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires y trabajados por Rossana Barragán y otros investigadores, además del testimonio de Gregoria Batallanos en 1815, trabajado por Esther Aillón nos da una información diferente. Los primeros señalan que el cacique de Irupana que era aliado de los insurgentes paceños también se apellidaba Peñaranda, lo que nos lleva a pensar que existía ya una relación anterior del caudillo insurgente con la región de Yungas40; por su parte, el testimonio de Batallanos señala que Julián 39. Glave, 2020: 29-45. 40. Barragán et al., 2019.

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Peñaranda tenía un hermano, don Toribio Peñaranda residente en el pueblo de Irupana, provincia de La Paz41, información que nos lleva a proponer que Julián Peñaranda era oriundo de los Yungas y era parte de la familia cacical de Irupana. De acuerdo con Rossana Barragán, en su trabajo sobre la insurgencia de 180942, Julián Peñaranda fue nombrado en 1809 capitán de indios43, mientras que el testigo Domingo Laviña señaló que Peñaranda era el amanuense de Lanza44 y don Clemente Espínola testificó que Julián Peñaranda, alias el “Güichinca”, era uno de los cabecillas de la insurgencia en Yungas junto a Tomás de Orrantía y otros45; finalmente, varios otros testigos destacaron la actuación de Julián Peñaranda como consejero de Lanza. De una forma u otra se puede ver que su actuación giró en torno al manejo de la población indígena, pero también en la toma de decisiones. El hecho es que Julián Peñaranda fue juzgado y condenado al socavón del Cerro Rico y a destierro perpetuo, sin embargo, la sentencia no se cumplió debido a que mientras tanto había huido, aparentemente a las tierras adentro de los Yungas. De acuerdo con Glave, Peñaranda se habría contactado con el Ejército Auxiliar, más específicamente, con Belgrano y posteriormente con Rondeau46. Así como la conspiración del balanzario Zela se relacionó con el avance del primer ejército auxiliar rioplatense en 1811, dos años después, un nuevo movimiento conspirativo se desarrolló en Tacna, esta vez dirigido por Enrique Paillardelle, relacionado con el nuevo avance del ejército insurgente dirigido por Manuel Belgrano. Julián Peñaranda, de acuerdo con Paulo Lanas y Luis Miguel Glave47, participó en este proyecto insurgente, del cual trata en una carta dirigida por Peñaranda a Belgrano, aunque al momento de producirse el intento de insurrección en Tacna, Peñaranda no se hallaba allí, sino 41. Aillón, 2010: 89. 42. Barragán et al., 2019. 43. AGN, Sala IX 9-01-09, Libro Revolución de La Paz, 13-14-15, n.º 13, Autos Obrados en el Partido de Yungas relativo a informaciones de Apolinar Jaén, Figueroa, y Crispín Media, con sus respectivas pruebas. 44. AGN, Sala IX 9 01 09, Doc. cit. Testimonio de Domingo Laviña, f. 5v. 45. AGN, Sala IX 9 01 09, Doc. cit. Testimonio de Clemente Espínola, f. 7. 46. Glave, 2020, toma esta información del libro de Nicolás Aranzaes, Diccionario Histórico de La Paz. 47. Lanas, 2016; Glave, 2020.

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en Potosí, desde donde debería partir por la vía de Tarapacá hacia Tacna. La presencia de Peñaranda en Potosí, a fines de 1813, es confirmada por otro juicio, el levantado contra Gregoria Batallanos, que ha sido analizado por Esther Aillón en 2010. El testimonio de la Batallanos, amante de Peñaranda y acusada en 1816 de participar en las aventuras insurgentes de su amante un año antes, señala al respecto que ella habría conocido al caudillo en Potosí y que lo siguió porque le habría ofrecido matrimonio48. Al parecer, Peñaranda siguió el plan de ir a Tacna por la vía de Tarapacá. Sobre este intento de sublevación en Tarapacá, Paulo Lanas destaca su relación con la de Enrique Paillardelle en Tacna quien, de acuerdo con el autor, intentó prolongar la influencia política de la Junta de Buenos Aires hasta la costa pacífica49. De esta manera, el autor señala, citando a M. Mendiburo (1874), que se envió “a un cuzqueño de nombre Julián Peñaranda, siendo este el encargado de sublevar a las poblaciones de Arica y Tarapacá”50. Desde esta fuente, Peñaranda habría sido nombrado por Paillardelle representante de las costas occidentales del Bajo Perú y debía conspirar y buscar apoyo a la causa patriota en pueblos y parroquias como Camiña, Pica o San Lorenzo de Tarapacá; así, Julián Peñaranda habría participado ya en 1813 tratando de levantar a los pueblos de Tarapacá. Siguiendo la historia de Julián Peñaranda, Glave indica que, luego del fracaso del intento de sublevación en Tacna, nuestro actor prosiguió viaje al Cuzco, donde contactó con los conspiradores que preparaban la sublevación. El hecho es que, a principios de 1814, Julián Peñaranda fue capturado en el Cuzco y enviado a Lima engrillado, aunque logró escapar51. Reapareció en el altiplano en 1815. De acuerdo con el interrogatorio a Gregoria Batallanos, ella se habría encontrado con Julián Peñaranda en Tomahave, cerca de Potosí, y de allí, junto a todo su grupo insurgente, se fueron a Opoco, Coroma, 48. Centro Bibliográfico Documental Histórico de Chuquisaca, Expedientes Coloniales: “El Escribano Público de Cavildo y Gobierno Mariano de Urey. Despacho cometido su cumplimiento a las Justicias”, Potosí, 2/5/1816, citado en Aillón, 2010: 88. 49. Lanas, 2016: 411. 50. Lanas, 2016: 418. 51. AGI, Lima 749, n.º 51, citado por Glave, 2020.

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Quillacas, Aullagas y Andamarca, de donde volvió a Ullaguitas, llegaron a Salinas y de allí pasaron hasta Llica de donde se dirigieron hasta Tarapacá, entrando de paso a los pueblitos de tránsito. Al parecer su objetivo era entrar a los pueblos ya citados para expropiar los bienes de sus habitantes a favor de la Patria, objetivo que tenían también varios otros grupos de caudillos insurgentes, como Blas Ari y el mismo Mariano Díaz52. De esta manera, la joven Batallanos, que tenía en ese momento 19 años, fue acusada posteriormente de complicidad en el robo de los bienes de don Pedro José Funes, cura y vicario de la doctrina de Andamarca. Al parecer, las joyas y otros bienes robados en Andamarca habían sido depositados donde el cura de Llica, el doctor don Pedro José Saavedra. A partir de este juicio se conoce que Julián Peñaranda, Gregoria Batallanos y varios otros insurgentes pasaron por Andamarca posiblemente en los primeros meses de 1815, lo que se corrobora con otro documento, esta vez levantado en la audiencia de Charcas contra el cacique de Andamarca, acusado de haber dado muerte a un mulato que formaba parte del grupo del caudillo Peñaranda que había pasado por el pueblo con el objetivo de “alucinar a los indios”53. De una forma u otra, se puede ver que las personas de confianza de Peñaranda eran, además de la Goyta, su segundo Manuel Choque y el cura de Llica, Pedro José Saavedra, con quienes llegó a Tarapacá a mediados de 1815. Se produjo de esta manera la llamada sublevación de Tarapacá, dirigida por nuestro ya conocido caudillo, Julián Peñaranda, junto a José Choquehuanca. De acuerdo con Luis Castro, esta insurrección estaba relacionada esta vez con el avance realizado por José Rondeau a Charcas junto a la tercera expedición del Ejército Auxiliar del Norte. Señala Castro lo siguiente: Fue esta atmósfera insurreccional que hizo fértil la decisión del general rioplatense José Rondeau de enviar desde el pueblo de Llica a Tarapacá al teniente coronel Julián Peñaranda y al indígena José Choquehuanca con el objetivo de que aglutinaran a los patriotas de este partido y comenzaran un alzamiento en un zona que, de controlarla, posibilitaba el acceso directo a las costas del Pacífico, condicionando con ello ventajas relevantes en

52. Soux, 2010. 53. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (en adelante ABNB), Serie Emancipación, 1818.

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lo logístico a efecto de sostener los levantamientos revolucionarios que Julián Peñaranda había organizado en los pueblos altiplánicos de Toledo, Cuñuri, Carangas, Andamarca, Corque, Llanquera, San Miguel, Guaillamarca, Curaguara y Tarco (Turco) con “partidas de naturales y algunos veteranos armados”54.

La insurrección contó con el apoyo de las tropas realistas del lugar, que se cambiaron de bando, mientras que los rumores señalaban que en los pueblos de Pica y Camiña se hallaban cien porteños. Una vez tomado el control de Tarapacá, Peñaranda convocó a un cabildo para elegir nuevas autoridades. En él participaron no solo vecinos de la capital, sino también de Pica, Camiña y Huantajaya; se eligió un nuevo subdelegado y comandante militar, y se reorganizó el cabildo nombrándose un nuevo alcalde, regidores y síndico procurador. Además, se nombró al mismo Julián Peñaranda como comandante general, lo que permitió, de acuerdo con Castro, reclutar nuevos combatientes y mandar llamar a mil quinientos hombres con sus oficiales desde las guarniciones que había dejado instaladas en el altiplano entre La Paz y Oruro y pedir a Rondeau que le enviara doscientos soldados para marchar hacia el norte y enfrentar a los realistas. Los pedidos no tuvieron eco y la sublevación fracasó fundamentalmente por la derrota de las tropas de Rondeau que se produjo en Sipesipe (Cochabamba) en noviembre de 1815 y por la defección de las tropas que se habían pasado a la revolución y, al ver que su bando no ganaría, decidieron volver al bando del rey. Frente a ello, gran parte de los insurgentes huyeron hacia la cordillera para pasar a Charcas y sumarse a las tropas derrotadas de Rondeau que se retiraban a Tucumán. Los principales cabecillas, Julián Peñaranda y José Choquehuanca fueron juzgados y fusilados “el 16 de febrero de 1816, el primero en Tacna y el segundo en Arica”55. La historia y el itinerario seguido por Julián Peñaranda nos permiten reforzar la idea de una sublevación general en el área andina por parte del bando insurgente entre 1809 y 1815, incluyendo la vertiente occidental del espacio surandino. Se percibe también la existencia de 54. “Carta de Peñaranda a Rondeau”, Tarapacá, 29/10/1815, en AGN, Sala X, leg. 4-1-2, s/f; Gazeta de Buenos Aires, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1815, 143, citado por Castro, 2018: 371. 55. Castro, 2018: 347.

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lazos entre el altiplano de Charcas, sobre todo en la región de Carangas y sus pueblos, con el accionar del principal caudillo insurgente, Julián Peñaranda, itinerario que seguía, a grandes rasgos, las rutas caravaneras que articularon estas regiones desde la época prehispánica. En resumen, las acciones en el largo espacio de la vertiente occidental desde Tacna hasta Atacama, que se ha seguido a través de las historias de Mariano Díaz y de Julián del Castillo, nos muestran una vez más la profunda articulación de esta franja longitudinal de los Andes con las otras franjas del altiplano y los valles, articulación que llevó a que se establecieran proyectos insurgentes en las costas del Pacífico y en las tierras del desierto de Atacama y Tarapacá. Conclusiones El presente capítulo ha seguido, a partir de las acciones de diferentes actores individuales y colectivos, la articulación de un espacio regional insurgente entre 1809 y 1815, espacio que coincide con la región geográfica y cultural del surandino. Al parecer, el quiebre de esta unidad territorial producida con la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776 no logró desarticular las profundas relaciones sociales y étnicas que se remontaban inclusive a la etapa prehispánica, de tal manera que, cuando los grandes centros virreinales se vieron en crisis a partir de 1808, la insurgencia volvió a rearticular la región de diversas maneras: a través de proyectos conjuntos, como los que se muestran en la sublevación indígena de 1810-1812 o el accionar de los caudillos insurgentes, como Mariano Díaz y Julián Peñaranda, o mediante la articulación de movimientos insurgentes locales como ocurrió con el sistema de guerrillas dirigido por Juan Antonio Álvarez de Arenales. Desde la antigua capital de Buenos Aires también se buscó rearticular esta antigua región, como ocurrió con el proyecto de Juan José Castelli, mientras que, en el bando realista, el proyecto principal, llevado a cabo por José Manuel de Goyeneche, fue el de recrear nuevamente el antiguo territorio del virreinato del Perú, al menos en la región surandina que incluía el sur peruano con su espacio de costa, el territorio de Charcas y las provincias de abajo de Salta y Tucumán. A partir de fines de 1815, luego de la derrota patriota en Sipesipe y la organización del Ejército de los Andes, esta antigua región se irá debilitando, impo-

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niéndose los límites jurisdiccionales por encima de la historia común de larga duración, lo que daría lugar, finalmente, a la consolidación de los nuevos países que dividieron la región. Fuentes y bibliografía Fuentes primarias Archivo General de Indias (AGI), Papeles de Abascal, Diversos 3. Archivo General de la Nación Argentina (AGN), Colección Juan Ángel Farini, Documentación de Juan José Castelli, Expedición Auxiliadora al Alto Perú, 1809/1811, Sala VII, leg. 290, f. 65. Archivo General de la Nación Argentina (AGN), Sala IX 9-0109, Libro Revolución de La Paz, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Serie Emancipación. Fuentes publicadas Guemes, Luis. 1979. Güemes Documentado. Tomos 1 y 2. Buenos Aires: Plus Ultra. Pezuela, Joaquín de la. 2011. Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus provincias (1813-1816). Edición de Pablo Ortenberg y Natalia Sobrevilla Perea. Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario. Santos Vargas, José. [1852] 2016. Diario de un comandante de la Guerra de la Independencia. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, 1814-1825. Edición. La Paz: Biblioteca del Bicentenario de Bolivia/CIS, 4.ª edición. Bibliografía Aillón Soria, Esther. 2010. “Gregoria Batallanos, la Goyta: Mujeres en el campo de batalla en la independencia de Bolivia”. En Sara Beatriz Guardia (ed.), Las mujeres en la Independencia de América Latina, 85-96. Lima: CEMHAL. Assadourian, Carlos Sempat. 1982. El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. Lima: IEP.

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IV El norte de Perú, las provincias venezolanas y el Caribe colombiano

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El drama de las independencias: el norte del Perú entre la libertad y la violencia Susana Aldana Rivera Pontificia Universidad Católica del Perú

Introducción Al menos en el caso del Perú y en la coyuntura actual en la segunda década del siglo xxi, uno de los temas más trabajado es el de la independencia. Las líneas de análisis, sin embargo, profundizan y reiteran las posiciones y los supuestos construidos sobre el momento fundacional de la república desde un exitoso discurso nacional identitario. Listar los estudios realizados y, sobre todo, combinar y coordinar los valiosos aportes de tantos y tantas estudiosas, sería una misión inacabable. Las posiciones sobre la independencia del discurso histórico nacional construido de 1900 en adelante, como un metarrelato cerrado, simplemente se profundizan, se ahondan y se mantienen como elementos explicativos de la nación. Las nuevas líneas de análisis de la visión1 han llevado al entendimiento de las independencias del siglo xix, hispanoamericanas, americanas e incluso española, como un proceso histórico análogo, semejante en sus improntas y comparable en sus realizaciones2. Una visión que ha impulsado un gran número de 1. 2.

No está de más señalar que hay estudios que presentan la realidad histórica hispanoamericana como conjunto, pero no necesariamente entrelazadas, como hoy se está intentando. Véase, por ejemplo: Basadre, 1948; Halperín Donghi, 1990. Si, por ejemplo, seguimos los trabajos del especialista en independencia ecuatoriana Jaime Rodríguez podemos percibir lo dicho. Después de su trabajo sobra la independencia de la América española (Rodríguez, 2006), publicó un pequeño texto donde

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estudios de Hispanoamérica como conjunto e, incluso, transitando a España3. Pero si bien se han buscado las relaciones y las comparaciones de los países de la América española, analizando las fuerzas de cambio supranacionales, poco, muy poco, se ha buscado entender la vitalidad intranacional de las naciones. Al menos en el caso del Perú, exitosamente centralizado, homogéneo en su visión y exclusivo y excluyente en su nacionalidad, donde tradicionalmente se ha establecido que Lima es el Perú y, por tanto, la historia de la capital prácticamente resume la historia del país4. No se puede negar los importantes trabajos que han matizado el discurso desde diferentes perspectivas, pero, por lo común, bajo la percepción de una homogeneidad de comportamiento nacional sociopolítico ante la independencia y posterior república. Una visión que deja de lado la riqueza de la construcción de esa homogeneidad porque no recupera la diversidad sociocultural peruana. El tema no es nuevo, pues sentar las bases de las diferencias regionales es un asunto de larga discusión5. Más aún con la celebración del Bicencomparó las independencias de México, Estados Unidos y los países hispanoamericanos (Rodríguez, 2008), para, finalmente, hacer una interpretación general de las independencias a partir del análisis de la independencia mexicana (Rodríguez, 2010). 3. En el marco del VII Coloquio Internacional “Hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú” (Lima, noviembre 9-10 de 2015), José María Portillo (Universidad del País Vasco) señaló justamente la importancia de romper la separación historiográfica de España para el estudio de la monarquía hispánica que gobernaba un territorio que cruzaba de la península ibérica hacia Hispanoamérica. Punto que es posible percibir en sus siguientes textos: Portillo, 2006 y 2012. Una ojeada a todos los trabajos de Manuel Chust confirma lo dicho por José María Portillo. Véase Chust y Rosas, 2018. 4. Para la historia nacional, los procesos históricos son generales y comunes a todo el espacio ahora peruano. Así, la independencia es el momento fundante de la república, donde se encuentran las corrientes libertadoras del sur y del norte de Sudamérica y se propicia un discurso histórico político-militar ampliamente conocido. Mariano Felipe Paz Soldán con su Historia del Perú independiente (1869) establece el discurso base, que se concreta en los años de 1920 a 1930 con Jorge Guillermo Leguía y Martínez y su Historia de la emancipación del Perú (escrita hacia 1914, aunque inédita hasta 1972) Pero también con Jorge Basadre con La iniciación de la república: contribución al estudio de la evolución política y social del Perú de 1929. 5. En el caso del Perú, el estudio histórico de la región remite a los esfuerzos pioneros del historiador Alberto Flores Galindo (Arequipa y el sur andino, Lima, 1976). Pero la historia regional no es una perspectiva bien entendida; muchas veces se la utiliza más en términos de una historia de los antiguos departamentos de la república del Perú, llamados regiones desde 2002.

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tenario de la independencia en el caso del Perú, en el que se comienza a establecer como consenso, amplio y general, que la historia debe rescatar que la diversidad de pueblos, etnias y reinos que se hundían en lo profundo del mundo andino antiguo y que se vieron progresiva, pero no menos exitosamente, reconvertidos en jurisdicciones administrativas de un virreinato y luego partícipes de la república6. Desde lo dicho, este pequeño trabajo es tan solo una gota de agua en el mar de importantes estudios sobre la independencia. En el caso del Perú, el análisis de la historia regional recupera un territorio dado, en el marco de una geografía particular, cohesionada y vitalizada por un conjunto de vínculos humanos, sobre todo familiares, pero también amicales —tan típicos de una sociedad tradicional como el mundo andino—,7 que constituyen una red socioeconómica en diversos grados de densidad y que se concreta en una serie de localidades que forman una región. La diversidad geográfica y humana sustenta estas regiones; una de ella es el norte del Perú. El drama de la independencia supone considerar a sus actores sociales que vivieron y sintieron el proceso al igual que la capital, no solo como agentes de revoluciones políticas y de batallas sociales —que también hubo—, sino desde un cotidiano de vida, de relaciones, de intercambios, de comercio, con su propio mundo de representaciones y percepciones que cuajaba en un primer nivel regional y que sobrepasaba el espacio hoy peruano porque se trataba del imperio español. Los ahora norteños peruanos resintieron las medidas de modernización del imperio español como cortapisas al mundo que habían construido y, lento, pero en velocidad creciente, abren la puerta a la separación.

6. Baste ver la vitalidad de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú y sus 25 Comisiones Bicentenario Regionales dedicadas a celebrar los doscientos años de independencia. Véase al respecto, https://bicentenario.gob.pe/ y sobre todo el éxito de los discursos históricos regionales. Tómese, por ejemplo, el caso de la Comisión del Bicentenario, sección La Libertad, https://www.facebook.com/BicentenariodeLaLibertad/. 7. Aunque hoy se discute fuertemente la división sociedad tradicional y moderna, resultan categorías interesantes para pensar una realidad donde hay dos culturas igualmente exitosas de realización. El tema sobrepasa este texto y nos remite, no solo a América Latina, sino a muchas partes del mundo. Un texto interesante y que da luces al respecto, es la entrevista que Gabriel Andrade le hace a Alan Macfarlane. Véase Andrade, 2004.

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Un cotidiano que se plasma en una región conformada a plenitud para 1800, con múltiples relaciones y vínculos entre activos mercaderes, que cruzan todo el espectro social, que se desazonaban por los cambios políticos, que no están contentos con las reformas económicas y que resienten el maltrato de las nuevas autoridades. Las noticias de España, de Lima, pero también de Quito y Nueva Granada generan una creciente incertidumbre que se profundiza entre 1800 y 1820 con la Constitución de Cádiz, la violencia social de negros y de indios, las noticias de ejércitos, la militarización de la zona, la llegada ya no de comerciantes sino de militares ingleses y, finalmente, de San Martín con su ejército negro. El guion de esta obra de teatro vital está definido, pues interesa establecer ese descontento desde donde se concretó la opción insurgente y separatista del norte peruano. Un espacio que se concretó como la Intendencia de Trujillo, la más grande del virreinato peruano y que se nos abre como un primer escenario, pleno de matices y colores, que revisa el territorio y lo entrecruza con comercio. Escenario que se completa con esas relaciones con otra audiencia, Quito, y con otro virreinato, Nueva Granada, y quizás, hasta la Capitanía General de Venezuela. La región se construye en sí misma y se explaya en el virreinato de Lima, pero también en las relaciones para con el gran norte del subcontinente. Es decir, un espacio que desde 1800 progresivamente se volcó desde el Caribe hasta el Pacífico, como desde Guayaquil y Paita hasta Trujillo y Lima. Finalmente, el marco era un imperio diverso, múltiple y variopinto. Un segundo escenario nos remite a esos actores sociales, comerciantes, peninsulares y criollos, indios y negros, que estructuraron un statu quo fundado en un descontento creciente: son los fuertes cambios establecidos entre 1780 y 1812 merced a las reformas borbónicas, el aumento demográfico regional y a la presencia de ese otro, extranjero, en el territorio norteño. Los cambios establecidos impactaron en ese cotidiano vivir que vinculó a los hombres, los productos y las ideas, y que, desde la militarización de la región en 1815, sino antes, precipitaron una voluntad de ser autónomo, de emanciparse. Considérese que la respuesta social norteña fue profundizar las redes de contrabando; pocos fueron los eventos de violencia y muy circunscritos. Pero ciertamente, la idea de libertad fue cuajando. Por eso, un tercer escenario remite a los impactos directos en el norte peruano de la presencia de Napoleón Bonaparte en España. Tan-

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to con la Constitución de Cádiz (1812), pero particularmente desde 1815 con la fuerte militarización local y regional producto de los militares sin oficio luego de la caída del invasor francés en la península. En la región se siente un miedo social que se instala en general entre la gente norteña por la violencia de la libertad y del otro, y que se expresa desde el romanticismo que la envuelve y que se concreta en el “movimiento de Trujillo”. El primer escenario: el norte como región y la libertad como sustrato cotidiano En el pasado, el tiempo era bastante más lento que lo que estamos acostumbrados hoy. Los norteños, en general, pero sobre todo los comerciantes y los arrieros se movían por la región de pueblo en pueblo caminando, a mula y algunos pocos a caballo; se visitaba parientes, amigos y conocidos; se participaba de fiestas patronales y también se aprovechaba para vender y comprar. De a poco, se tejió una red de relaciones humanas que se convirtió en una tupida red virreinal que se sirvió de cuatro grandes entradas transversales de subida a la sierra y que, a su vez, formaban tres grandes ejes de articulación longitudinal. La primera gran entrada salía de Trujillo y llegaba hasta Huamachuco, donde todavía dobla hacia la sierra norte y Cajamarca. La segunda, que se tomaba por San Pedro de Lloc, siguiendo el curso de río Jequetepeque por Tembladera, y llegaba hasta Cajamarca. Una tercera entrada, que fue perdiendo importancia conforme se desenvolvió el virreinato, subía por Saña hasta Niepos, cabeza y buena entrada a la ceja de selva. Finalmente, una imbatible cuarta entrada, y que es la ruta que hasta hoy sube por Lambayeque hacia Jaén, pudiendo también subirse por el valle medio chiclayano hasta Cajamarca. En cuanto a los ejes transversales, el uso de la geografía permitió una articulación longitudinal por la ceja de selva, por la sierra y por la costa, formando una gruesa red de contactos humanos y locales. Desde nuestra percepción —que no necesariamente es la de la época—, la “ruta de valles” era la del comercio y de intercambio, más visible y rica porque se desenvolvía por la costa y permitía movilizar la producción del espacio que iba desde el norte de Trujillo, en particular Lambayeque, hasta prácticamente Piura por Motupe y Olmos,

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es decir, por el “camino del rodeo” y no cruzando desiertos. Una ruta, parte de una de mucho mayor envergadura: la carrera de Quito; esa larga ruta de comercio terrestre que llevaba y traía productos por tieMapa 1.

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rra desde Lima y Trujillo, se movía a lo largo de la costa norte peruana y que, a la altura de Lambayeque y Piura, subía hacia Loja y Cuenca, donde el páramo y la depresión de Huancabamba enganchaba con el páramo del Azuay, en camino a Riobamba y la ruta hacia Quito. Por supuesto, el panorama no estaría completo si no se mirara el mar, a esa gran ruta de comercio que iba de Lima a Panamá8, a cuya sombra se encuentran otras rutas de caleteo o puertos, como Paita, que de esta manera podían insertar productos regionales en otras tierras. Aquí, además, hay un activo cuanto soterrado tráfico de balsillas y pequeñas lanchas que iban de caleta a caleta por gran parte de la costa trujillana, pero sobre todo de la de Lambayeque, engarzando con los Sechuranos hasta por lo menos el Realejo, en Nicaragua9. Son muchos los productos que circularon por estas rutas; y si bien ninguno predominó, todos ayudaron a concretar la tupida red de relaciones socioeconómicas. Por la costa fue el azúcar, el arroz y el algodón tejido en tocuyos y velas10. Pero también circularon productos de pan llevar, como frejoles, maíz, poco trigo y frutas, que se movían hacia y desde la sierra. El ganado también se enseñoreó en esta zona, y más que la carne lo importante fue el sebo para el jabón destinado a los obrajes de Cajamarca, Trujillo, Ayacucho y, sobre todo, de Quito; además de los cueros y cordobanes que, a fines del siglo xviii, pasaron a ser las mercancías más importantes derivadas de la ganadería, ya que permitían empetacar, acondicionar y mover los productos de fuerte demanda. También tuvieron relevancia el tabaco lambayecano y, particularmente, el tabaco de Bracamoro consumido en la Capitanía General de Chile; además, desde fines del siglo xviii el producto bandera pasó a ser la cascarilla o quinina que transitó por Trujillo y que fue monopolio de la Botica Real de Madrid. Hubo oro y ciertamente plata: momentánea como con Hualgayoc, exhumada de las huacas como con las de Trujillo y pequeñas minas de corta producción como en Chota y de lavado de río como por Hua8. Sin lugar a duda, los trabajos de Margarita Suárez sobre el comercio de Lima a Panamá son muy importantes en el tema. Entre sus múltiples trabajos, señalo uno que resume en algo sus posiciones: Suarez, 2008. 9. Aldana, 1997: 29. 10. En el caso del algodón hay que tener presente que fue cultivado tardíamente, para la segunda mitad del siglo xviii.

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machuco11. La gran diferencia con el sur fue que los metales no fueron productos articuladores del norte en cuanto tal. No es que no hubiera metales; ciudades como Logroño de los Caballeros y Zaruma del Oro, tempranamente abandonadas, son una muestra de que sí había, pero también de que la tecnología de la época todavía no era de suficiente nivel como para explotar estos yacimientos. Un solo ejemplo, de los muchos que podríamos tomar, sintetiza lo que decimos12, y que ya ha sido estudiado: don Gregorio Espinoza de los Monteros montó un imperio mercantil desde Piura, extendiéndose a Cuenca, con su cuñado don Miguel de Arméstar; además, con su sobrino político, don Juan de Larraondo, se relacionó con Chiclayo, y con su otro cuñado, De la Guerra, se vinculó con Trujillo. Por cierto, su conexión en Lima era el gran almacenero don Antonio de Elizalde. También podríamos tomar a otros personajes, como don Vicente Valdivieso y Torres, que llegó a ser un importante hacendado cuya familia se asentó entre la sierra de Piura y Loja dedicándose activamente al comercio. Para 1802 otorgó un poder notarial a José de la Piedra —ciertamente chiclayano— para que le cobrara la nada despreciable cantidad para la época de 20.000 pesos a don Bautista de Gárate, cónsul y prior del Tribunal del Consulado en Lima en 1793 y en 1807, además de otra deuda con otro comerciante capitalino como don Agustín y Bartolomé Vivanco por 16.000 pesos13. Los indígenas, por su parte, estuvieron participando activamente en el sistema y, ciertamente, mantuvieron el propio. Los pescadores, con sus balsillas, traficaron en el circuito por mar. Los arrieros, en 11. En Trujillo, capital de norte peruano, se quintaba oro para el erario virreinal que provenía de las huacas de los alrededores. El tema y la huaca Toledo en particular, viene siendo estudiado por el arqueólogo Jorge Meneses, y sus conclusiones están en prensa. Por el momento, copio una de sus citas: “…y por el año de mil quinientos noventa y dos, dio de quintos veinte y siete mil y veinte castellanos de oro en diferentes figuras de pezes, y animales, que también extraxo del mismo lugar; y es tradición en estos Lugares, que fue excesivamente mayor el caudal, que el que corresponde a los quintos”. La información la toma de una conocida relación, Relación descriptiva de la ciudad y provincia de Trujillo del Perú escrita por el doctor don Miguel Feijóo de Sosa. Entre los arqueólogos y estudiosos norteños el tema es muy conocido. 12. El norte es una región eminentemente mercantil, de allí, que siempre haya una referencia a esta actividad y los vínculos familiares que los potencia. Baste ver, entre otros: Aldana, 1999 y 2002; Diez, 1998; Reyes, 1991; Hernández, 2008 y 2011. 13. Reyes, 1991; Aldana, 1999.

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tanto, fueron los que trasladaron los productos, como la mano de obra productiva. Por último, los pequeños productores fueron los que abastecieron el comercio local y regional con productos tales como la cascarilla, que tuvo una alta demanda, y la quinina, cuyo comercio, a cargo de la Botica Real, se incrementó a partir de 1760 y se disparó para 1780, con lo cual se dio una mayor presión para su consecución al punto de prácticamente eliminar la quina de mejor calidad que era la de los montes de Uritsinga en Loja14. A pesar de que algunos curas abusaban de su poder, se excedían con los indios, los extorsionaban y violaban constantemente, la ley protegía a los indios de los españoles15, la negociación se mantuvo más o menos en una misma línea: los indios se encargaron de la producción, enzurronando y empetacando la quina, sirviéndose de los curas de la zona para poder relacionarse y colocar su producción con los comerciantes medianos. La tupida red de relaciones fue probada por la presionante demanda del cambio y de la demanda en incremento. El lojano don Pedro Javier de Valdivieso —pariente del mencionado Pedro Valdivieso—, Miguel de Arméstar o don Josef de la Carrera acopiaban la cascarilla en pueblos como Cuenca o Cajamarca. Desde aquí se abastecía a los grandes comerciantes del producto, como el piurano Gregorio Espinoza de los Monteros, quien la enviaba por mar hacia Panamá o Cartagena para que finalmente fuera reembarcada hacia España y la Botica Real de Madrid. A la sombra de este tráfico, algunos crecían, como Arméstar, cuñado como se ha dicho de Espinoza de los Monteros, porque creaban sus propios circuitos de salida; en este caso desde Cuenca, saliendo en pequeñas cantidades por Guayaquil. Otros, como don Toribio de Urquiaga, hacendado, obrajero y comerciante, no solo manejaría los clásicos circuitos norteños mencionados, también optaría por un comercio más hacia el sur, generando vínculos con los Lynch de la Capitanía General de Chile y, desde allí, hacia el virreinato de Buenos Aires16. Ciertamente, la meca seguía siendo el Caribe. Las reformas borbónicas fueron un intento de modernizar las administraciones del imperio y por tanto, implicaron cambios en el 14. Aldana, 2018: 32 y ss. 15. Hernández, 2011: 599. 16. Recuperando la riqueza regional, Frank Díaz Pretell ha estudiado a este personaje en las diferentes facetas de su vida. Resulta interesante su accionar durante la independencia, véase, por ejemplo, Díaz Pretell, [2014] 2018: capítulo 4.

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marco virreinal que incidieron en estas realidades17. La creación de la intendencia de Trujillo fue un fuerte golpe al statu quo, no tanto por el impacto territorial como por establecer otro tipo de pensamiento, el borbónico, y una realización muy distinta a lo conocido. La respuesta institucionalizada en el norte no pasó por la violencia abierta, sino por una resistencia oculta, el contrabando; pero ciertamente hubo posiciones distintas entre los grupos indígenas crecientemente aislados o las poblaciones criollas lejanas o periféricas a la densa red de relaciones. Por eso, los verdaderos problemas que desembocarían en la independencia saltarían en los inicios del siglo xix. La segunda parte de este primer escenario nos remite al espacio en que la región se vinculó comercialmente, el gran norte del subcontinente. Rutas norteñas de la intendencia de Trujillo, como las de Loja y Cuenca, que se volcaban en la carrera de Quito que, a su vez, salía por el virreinato de Nueva Granada hacia el mar Caribe y Jamaica. Rutas y vinculaciones que, dicho sea de paso, no eran nuevas, sino que simplemente se habían visto vivificadas y potenciadas desde finales del siglo xvii y, sobre todo, en el xviii a raíz del creciente mercado y las mayores necesidades originadas por el incremento del volumen demográfico, además de la generalización del comercio más allá del circuito de metales preciosos hacia España. Una realidad, poco comprendida: los estudios siempre han buscado encontrar las grandes negociaciones y dan poca importancia a la densidad y solidez humana mercantil presentes. Si dejamos de lado nuestra percepción de la distancia y nos imbuimos del tipo de negociación realizada en la época, las rutas regionales de comercio entre el gran norte y el norte establecen una suerte de media luna donde Trujillo es el punto final o de entrada de circuitos que cruzan del Pacífico al Atlántico. Difícil de entender hasta en la época, pues ni Humboldt captó, por ejemplo, la fuerza del comercio guayaquileño18. Por mar, el comercio y sus relaciones son fáciles de imaginar. La ruta mercantil que iba desde Lima-El Callao-Panamá19, contuvo en sí rutas secundarias que remiten a la fuerza regional y la participación de diferentes actores, entre ellos los grandes comerciantes peninsulares, los 17. Diez, 1998; Espinoza, 2017. 18. Miño Grijalva, 2009: 2-8, establece la importancia del comercio entre el puerto de Guayaquil y el virreinato de Nueva España. 19. Respecto a esta ruta y la importancia del Caribe y sus relaciones con los diferentes países en su entorno, véanse Suárez, 2008; Bassi, 2017; Miño-Grijalva, 2008.

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criollos y los limeños, quienes desarrollaron trazados en paralelo a los mercaderes regionales, además de los indígenas que fueron caleteando. Desde Huanchaco (Trujillo), se pasaba por Etén, Paita, Guayaquil, Manta, Panamá y se llega hasta el Realejo, al parecer el punto final del camino en el que más que posiblemente se visitaran algunas otras radas, menos accesible a barcos con calado y si accesible a las grandes balsillas que utilizaban los indígenas. De este modo, los numerosos movimientos y traslados de productos comerciados de manera constante y continúa a escala media y pequeña, terminaron por convertir a muchos puntos costeros en puertos intermedios. Este espacio económico, inicialmente liderado por los indígenas, pescadores por lo común, acostumbrados al mar y a un intercambio milenario, que luego fue reestructurado por los mercaderes criollos bajo la visión económica española, tuvo en Guayaquil un núcleo importante al transformarse en el gran astillero del Pacifico sur20, no obstante, lo difícil que era llegar a este destino tanto por mar como por tierra. Quizás por esta dificultad es que se impulsó al puerto de Paita, que también fue un punto de salida-entrada de los productos norteños convirtiéndose, de alguna manera, en su cara visible y marítima. Y no se debe olvidar la importancia de las relaciones construidas desde Guayaquil hacia el Pacífico norte por México a raíz del mercado sobe todo del cacao21, punto importante porque potenció a este puerto como gozne entre dos virreinatos. Regionalmente, la vitalidad creciente del comercio impulsó múltiples rutas, aleatorias y humanamente vinculadas, que iban cual contracorriente marina costeña en paralelo al gran comercio virreinal. El comercio regional tenía a Panamá y el Caribe como punto de llegada, la meta del comerciante local. Pero para fines del siglo xviii, lento, pero sin pausa, el sentido del comercio comenzó a invertirse y se hicieron cada vez más visibles y presentes en el Pacífico sur mercaderes

20. Como se señala en los trabajos de Clayton, 1878; León Sáenz, 2009 y Laviana Cuetos, 2001, el tema de los astilleros remite particularmente a Guayaquil. A pesar de su acceso al mercado mexicano, su área de influencia como astillero se centró en el océano Pacífico. La competencia real estuvo medianamente centrada en el naciente astillero del El Realejo (1769) que, desde siempre, fue punto de llegada de los indios sechuranos del extremo norte del Perú. Recuperado: https://www.iberlibro.com/Astilleros-puerto-Realejo-1769-Se%C3%B1or-gran/20635863669/bd. 21. Miño-Grijalva, 2009.

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que venían desde el Caribe y más allá. Para 1800, los balleneros norteamericanos llegaron a ser la presencia común en los mares norteños, en particular en el puerto de Paita22. Junto con ellos, aparecieron múltiples mercaderes cubanos y hasta jamaiquinos. Baste un ejemplo, el ya mencionado comerciante Vicente Valdivieso. Para 1809, entregó algodón piurano al capitán y comerciante panameño don José Lequina, dueño del bergantín La Única, para que lo vendiera en Lima. Supuestamente por “mal tiempo”, Lequina debió desembarcar en Pacasmayo donde nadie le compró y debió dejar al fiado a locales como Vicente Goyburo, el suegro del mismo y a otros de Trujillo. La idea era que le pagaran en el mes de enero cuando pasaría nuevamente con carga de madera de Guayaquil para Trujillo por cuanto tenía contrato con Miguel de Olavarría. Aunque no podemos hablar de la estrategia mercantil del panameño, se puede suponer una inexperiencia de Lequina en estas tierras porque los trujillanos no necesariamente compraban algodón en fibra; al fin y al cabo Trujillo tiene obrajes por la sierra23, pero sobre todo los de Lima, donde algunos, excurso aparte, estuvieron intentando generar producción textil de algodón. Pudiera ser que reflejara un corto tiempo en el comercio costero de la intendencia y de allí su accionar. En todo caso, Valdivieso lo persiguió para cobrarle 960 pesos, valor del algodón y, para ello, nombró como apoderado al comerciante, también panameño, José Prieto para que ejecutará a Lequina. Sin embargo, este capitán no abandonó la ruta de comercio entre Panamá, Guayaquil, Paita, Pacasmayo y Lima; como en otros casos, probablemente pagó su deuda y hasta siguió negociando con Valdivieso. Quizás estamos ante un comerciante creando redes de comercio norteño; quizás, de esta manera, logró establecer algunos puntos humanos de apoyo mercantil en la ruta. Porque hay que recordar que, en este comercio virreinal norteño, perdía quien no tenía redes sociales de apoyo en su ruta de comercio, y si un comerciante no tenía vínculos ciertamente era rechazado. Tómese en cuenta que Lequina se sirvió de un comerciante y su red parental. Finalmente, es un comercio que para inicio del siglo xix es sumamente fuerte. Como bien señala Nicolás Rebaza, “era la ocupación

22. Sobre los balleneros está el extenso estudio de Lofstrom, 2002, sobre la presencia de estos personajes durante su apogeo al inicio de la república. 23. Díaz Pretell, 2011.

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dominante y altamente lucrativa en los hijos de Lambayeque. Y es más, los viajes a Jamaica y el Caribe era la tónica cotidiana”24. En efecto, esto fue lo que hicieron comerciantes lambayecanos como Leguía e Iturregui, pero también comerciantes piuranos como los León y los Seminario y trujillanos como Urquiaga. Finalmente, podemos hacer eco de la desesperación del vista de Aduana en Paita, quien solicitó que se nombrara a otro aduanero y se le cambiara a otra zona debido a que los vecinos entraban por Amotape y el Arenal de esos viajes que a cada instante hacían a Panamá y Jamaica “y sus efectos los expenden ocultos por donde me persuado sean de contravando”25. Si bien Guayaquil, gracias al cacao y su demanda26, supuso una suerte de competencia con la cabeza norteña por excelencia, Trujillo, no cabe duda que este último punto arrastró, de manera lenta pero constante, buena parte del comercio del norte del Perú, entre ellos el de Piura por Paita como el de Lambayeque por Chiclayo. Así, para 1800 Trujillo es un espacio de comercio complementario de la intendencia, más aún cuando en esta ciudad, señora y cabeza de los reinos del norte del Perú, por una parte, confluían rutas de comercio repotenciadas, tales como la de la saca y negociación de la cascarilla, y, por otra, cobijaba esa densa red de contactos humano-mercantiles que, desde el norte, enganchaba con Cuenca y el camino hacia Quito y más allá. No está de más recordar que los guayaquileños fueron personajes establecidos en la Lima republicana temprana27. Una ruta sumamente larga para nada práctica y que cruzó espacios desconocidos desde nuestra perspectiva actual28, pero que en su época 24. Rebaza, 1898: 178. 25. Archivo Regional de Piura (en adelante ARP), Judicial, Real Hacienda, 1814, leg. 146, exp. 808. 26. En cuanto a producción e impacto local, véase Contreras, 1990. En lo relativo a sus vínculos mercantiles de larga distancia e importancia para con México, al norte, en la etapa final virreinal, Miño-Grijalva, 2009. 27. Hay algunas referencias, pero no estudios. Simplemente basta con visitar el Presbítero Maestro, el cementerio general de Lima virreinal y republicana, donde a la vista hay las tumbas de un muy grande número de guayaquileños establecidos y muertos en Lima. 28. Señalo “desde nuestra perspectiva actual” porque cabe consignar la necesidad de reconocer que en aquella época los comerciantes respondían a otra manera de pensar, donde no importaba lo especifico de la distancia sino las formas de relacionarse socialmente. Por ello es interesante notar que muchos de estos circuitos no han sido visibles por un esquema nacional que, en el caso del Perú, observa desde Lima. Pero en la región, las rutas y los contactos pueden estar aún presentes,

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fue fuertemente integrada y recorrida, fue la de Cartagena-PopayánQuito-Norte del Perú. De hecho, no es una ruta nueva, sino que, por el contrario, se remonta a los inicios del virreinato si no antes. Para el siglo xvii se traficaba con esclavos desde Cartagena hasta el río Magdalena; de aquí, subían por la confluencia del río Cauca y tomaban el camino que los llevaba hasta Santa Fe de Antioquia. De allí se seguía hacia la villa de Timana en el corregimiento de Mariquita y se pasaba a la gobernación de Popayán para, desde aquí, llegar al mercado final, los reinos del Perú: “Era el camino real para Quito, que continuaba por el valle de Neiva, Popayán, Pasto y Quito, travesía forzosa para quienes se dirigían al Perú por esta vía”29. La ruta fue una realidad tan presente en el espacio norte del subcontinente que hasta Humboldt, en cuyos planes originalmente estaba tan sólo la visita y conocimiento de la Nueva España (México) y el Caribe, llevó a cabo este viaje no necesariamente planificado30. El sabio decidió entrar y tomar esta ruta hasta sus orígenes en el territorio peruano: subiendo por el Magdalena, pasando por Bogotá, continuó hacia Popayán y Quito, se fascinó con Riobamba, pasó por Cuenca y Loja para salir por el Perú en 1802. Poco más de cien días se quedó en estas tierras, que es lo que le tomó salir desde la sierra norte hasta Trujillo y Lima y, sin mayor interés por la costa hoy peruana y la capital virreinal, se embarcó desde el Callao hacia Guayaquil y Acapulco. En paralelo, el comercio no cesó. Para 1810, don Juan Carrasco, piurano, dio poder a Simón Vergara para actuar como “colector de diezmos de la ciudad de Quito”, y en 1818, el comerciante guayaquileño Bernardino Codesido, residente por motivos de negocios en Piura, otorgó un amplio poder a Pedro Morla, ministro tesorero de las Cajas Reales de Guayaquil, para que defendiera sus intereses. recortados pero muy activos. Sirva como caso de ejemplo, el norte y la ceja de selva en torno al Marañón, la depresión de Huancabamba, Jaén y particularmente Maynas, señalados por lo común, como alejados del país, pero en realidad, de tráfico cotidiano para los norteños hasta hoy (Aldana, 2019). 29. Al respecto es interesante revisar Navarrete, 2005: 126. 30. Para Zúñiga, 1975: 517, Alexander Humboldt no tenía previsto realizar este viaje porque no aparece en el plan de su Diario. Orrego, 1997: 70, en tanto, señala que su interés se debió a la combinación de la presencia del sabio Nicolás Baudin en el Callao tras dar la vuelta por el cabo de Hornos y el deseo de medir el pase de Mercurio frente al Sol.

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Mapa 2. El norte y sus redes de comercio en Sudamérica.

El segundo escenario: el norte y el descontento de los pueblos Nuestro teatro vital del norte en las independencias nos remite del escenario, región norte del virreinato de Lima y sur de la audiencia de Quito, a otro donde hay un número de cambios estructurales que terminan por cuajar a fines del siglo xviii y que generan fuerte descontento social porque alteran el statu quo. De un lado, las reformas borbónicas, pero también el constante y continuo incremento demográfico, todo lo cual, finalmente, se combina con la presencia creciente de extranjeros, criollos de otras tierras, pero, sobre todo, no españoles.

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Las reformas borbónicas son un tema muy conocido, pues son el efecto directo del cambio dinástico y la voluntad de los Borbones por controlar sus nuevos reinos; el descontento generalizado será la situación que creará un caldo de cultivo para la voluntad primero reformista y luego insurgente. Sobre todo, en un espacio articulado por el comercio de productos agropecuarios: el tratado de libre comercio, por el cobro de impuestos, pero, en especial, la nueva jurisdicción jurídico-administrativa de la intendencia, que supone, localmente, un mayor control sobre las actividades y particularmente el nombramiento de autoridades con una muy particular y despreciativa percepción del mundo local. Si los efectos del tratado de libre comercio se han dejado sentir fuertemente en el norte del Perú por el exceso de colocaciones31, los impuestos son tema sensible. Como los norteños y su comercio de mediana y pequeña producción agro-ganadera estuvieron fuera de la línea de interés y presión de la Corona, centrada en la producción de oro y plata del sur, no pagaban más que por elementos puntuales como el pontazgo (cruzar el río Jequetepeque, el Chicama). Mientras que, en el sur, la respuesta a estos cambios pasa por ciclos de revueltas, en el norte pasa por la expansión del contrabando comercial. Hay revueltas, pero pocas y localizadas: en un exceso, Clemente Anto es llamado el tupamaro norteño y hay revueltas por la sierra del extremo norte hacia la década de 180032. Pero se trata más bien de batallas legales y localizadas, por abuso de poder, por linderos y límites, porque ya algunas situaciones se desenvolvieron en el tiempo y fueron establecidas de facto, como cuando se establecieron los cabildos en pueblos como Cumbicus y Sóndor, por cuanto “en ese momento, la autonomía de los cabildos parecía posible”33. El tema de los tributos es laxo. Son pagados por los hacendados y es enfrentado más por el señor que por el indio, que muchas veces escabullen la situación por una característica biológica general a la sierra norte: los indios son mayoritariamente blancos y de ojos zarcos34. 31. Aldana, 1999. 32. La revuelta efectiva se realiza para 1804. Al respecto, véase Ramírez, 2002. También el trabajo de los historiadores locales Figueroa e Idrogo Cubas, 2004. 33. Díez, 1998: 36-37. 34. Un tema poco considerado y mucho menos estudiado: el biologicismo del siglo xix. Para un peruano, ser indio implica ser quechua hablante y vivir en la sierra

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Los intereses borbónicos afectaron al norte del virreinato del Perú para 1800; en particular porque la modernización que suponen implican un creciente interés por los productos de la tierra. Recordemos que la Corona ya está interesada en ellos y que, entre otros, envían a Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1740) para aprender la riqueza de estas tierras y luego al obispo Martínez de Compañón que, de Trujillo (1780), terminará en Colombia. Este obispo reorganiza y recompone el sistema español: veinte son las ciudades que funda en el norte del Perú (Seminario, 1990) y con ello se tiene que reestructurar lo local. Por ejemplo, en el caso de la sierra de Piura se establecen unas ocho doctrinas donde había cuatro curatos. Junto con las ciudades y sus cabildos, se logró un mejor control de la numerosa población allí asentada35. Aunque la aceptación de este reordenamiento jurídico local es progresiva, no llama la atención el éxito de la jura de la Constitución de Cádiz para 1814. Pero el pensamiento borbónico se refleja en la creación de la intendencia: para 1784, el antiguo territorio del obispado de Trujillo es recortado y solo se dejan siete partidos como parte de la intendencia, reformulados internamente: Piura (incluye Tumbes), Saña o Lambayeque, Huambos o Chota, Luya y Chillaos, Chachapoyas, Trujillo, Huamachuco y Cajamarquilla o Pataz; fuera quedan Jaén y todas las zonas de la ceja de selva alta y las conversiones de Hibitos y Cholones. El final dramático de esta sección de la pieza teatral y que afectará directamente al norte será la última reforma territorial. Con la real cédula de 1802, se crea el Gobierno y Comandancia General de Maynas y, con ello, el territorio que fuera segregado para 1740 retorna al virreinato del Perú bajo el título de Comandancia General de Maynas y Gobierno de Quijos. Finalmente, se buscaba una nueva organización civil y militar cuyo objetivo es defender la región amazónica de la rampante voracidad lusitana. No es casual, por tanto que, lograda la

centro-sur. No se considera otras posibilidades como la del norte peruano en que hay una conocida despoblación (95% en el extremo norte) y que facilita que los españoles que llegan en el siglo xvi se queden en los ricos reinos agrícolas norteños, que se aindian para sobrevivir al aislamiento de seis a ocho meses de lluvia constante. Siempre se ha establecido que es un espacio mestizo sin asumir la vital impronta indígena que aún existe en la zona. 35. Estas fueron Ayabaca, Frías, Huancabamba y Huarmaca, Cumbicus, Sóndor, Chalaco, Congoña y Salitral. Véase Díez 1998: 36.

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independencia, para 1822, Jaén fuera uno de los espacios que primero envió representante al gobierno del naciente Perú36. El final será la incorporación militar de la Gobernación de Guayaquil al virreinato peruano que, oficializará jurídicamente la realización económica y los vínculos humanos del espacio a caballo entre el sur de la audiencia de Quito y norte del virreinato. El motivo, igual que el anterior, era la protección de la monarquía de la presencia de europeos no españoles, ingleses principalmente. Pero también, como se ha visto antes, el cacao, producto bandera de este puerto, implicó fuertes relaciones para con el virreinato de la Nueva España37. Con todo y a pesar de ello, Trujillo y el norte del Perú fueron un atractivo muy importante para este puerto fluvial; quizás porque, conseguida la independencia, los norteños serán los que tendrán el problemático control del Estado peruano. En todo caso, hubo importante presencia guayaquileña en Lima hasta muy entrado el siglo xix. Pero el mayor impacto en la región se remite particularmente a las autoridades nombradas, recién llegados que imponen las nuevas normas españolas sin entender ni respetar el statu quo local. Los indígenas rechazan ser dejados de lado y litigan. Como con el diputado de comercio, don Joaquín de Helguero, entroncado con la alta sociedad piurana colonial tardía y reconocido miembro de la misma, estuvo encargado de realizar el informe económico de Piura38. Helguero se enfrenta con los indios de Paita por unos almacenes de comercio del puerto en 1808 y desesperado porque nunca se presentan al juicio, señala que son “unos rústicos invesiles que necesitando para sus particulares contratos la asistencia de un protector español”39. Pero cuando el juzgado de Piura está a punto de fallar a favor del diputado de comercio, simplemente presentan una real provisión, tramitada directamente en Lima mientras hacían demorar el juicio y firmada 36. Uno de los estudiosos clásicos sobre el tema fue Juan Miguel Bákula, en particular su trabajo sobre la real cédula de 1802: Bákula, 1996: 338. Más contemporáneo, es el estudio sobre Maynas de: Hernández García, 2019. 37. Miño-Grijalva, 2009. Un punto poco estudiado son las voluntades de los comerciantes de la época de la independencia por vincularse oficialmente con el mercado que les interesa. Así, Miño explica cómo y por qué Guayaquil tiene interés en vincularse al virreinato de la Nueva España más que al de la Nueva Granada. En la misma medida que Panamá plantea vincularse al virreinato del Perú. 38. Helguero, 1984; Espinoza, 2017. 39. ARP, Intendencia, Composiciones, leg. 50, exp. 890, 1808.

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ni más ni menos que por don José de Abascal, marqués de San Juan Nepomuceno y virrey del Perú. En 1813 el juicio es retomado por doña Josefa Carrión y Merodio, esposa de Helguero —quien había perdido la combatividad— y los indígenas hacen gala del conocimiento del momento, pasando a la ofensiva: resaltan lo ilegal de las disposiciones tomadas por el cabildo, pues se debe optar por el rey y desmontar las medidas liberales creadas en el tiempo de las Cortes40. De hecho, queda claro que, si los indígenas llegaban al rey o al virrey, obtenían el reconocimiento de su causa; recordemos que la justicia era discrecional más que solo legal. Por tanto, la manera de mantener el statu quo señalado en nuestro primer escenario y frenar el impacto de las autoridades y su imposición de normas era claramente la opción por el rey. Pero en la sierra, la realidad fue otra. Más de una vez y bajo la nueva percepción que va calando, el cambio de dueños o de mayordomos de la hacienda causaban problemas y se potenciaba el sentimiento de descontento. Como con el caso de Antonio Cortes por Ayabaca, el del mayordomo de Cachiaco41; en general, los indígenas se quejan: los de Olleros, Diosan, Jambalca y Quinjalca localizados en la ceja de selva cajamarquina resistieron a los nuevos acopiadores porque rompían las costumbres establecidas, no pagaban más que 2 reales diarios cuando lo habitual era 4. En paralelo, los de Chillaos, Bagua, señalaban cómo ellos eran los dueños desplazados de las “manchas de cascarilla” por un licitador foráneo. En efecto, las quejas son para 1809 y señalan que el capitán trujillano don Julián de la Vega y Cáceres se apropia subrepticiamente de estas tierras; a pesar de que los indios buscan a su negociador tradicional, el cura local, el licitador no lo reconoce en absoluto y ante la amenaza de dejar de trabajar, De la Vega de inmediato manda llamar a trabajadores negros de la costa. El descontento era latente. Los comerciantes criollos se vieron afectados en su negociación y los indios continuamente desplazados, los ánimos no eran los mejores para el inicio del siglo xix; los reacomodos políticos-económicos locales no contaban con muchos adeptos. Además, recordemos que el volumen poblacional del norte va aumentando. Más allá de la gran epidemia (1718 y 1723) y la visita gene40. Aldana, 1996. 41. Díez 1998: 59.

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ral para readecuar el tributo a la realidad demográfica42, es conocido que para la década de 1730 comenzó una recuperación demográfica de las Indias sudamericanas que, como cualquier proceso de este tipo, combina crecimiento vegetativo y por migración. De los blancos, podemos decir que hay una conocida oleada de peninsulares que llegan desde mediados del siglo xviii, muchos a colocarse en pueblos y ciudades donde tenían conocidos. De los criollos, sabemos que el volumen poblacional era respetable, cerca de 140.000 blancos y 230.000 mestizos. Los indios eran siempre y naturalmente los más numerosos y del cálculo establecido, cerca del 22,7%, corresponde al obispado de Trujillo43. La población negra, que se discute más abajo, es también importante, cerca de 8.400. Además, para 1800, la presencia de extranjeros es crecientemente significativa. Mientras que nuestro segundo escenario, las relaciones entre el norte y el gran norte fue siempre de sur (Trujillo) a norte (Cartagena y el Caribe), para los inicios del siglo xix el volumen de comerciantes extranjeros era enorme en los puertos del norte: balleneros norteamericanos, ingleses y jamaiquinos, franceses, negros bozales y libertos44. Aunque no son del todo aceptados, es más fácil entender su presencia por la costa, pero también comienzan a circular dentro del norte, tema mucho más difícil. Como señalaba Felipe Cunayapa para fines de la década de 1790 y por la zona se hallaba un hombre europeo, don Juan de Larrea, que “vino de las Provincias de Lima a este Pueblo [La Laguna], del que ha oído decir trajo bastante plata así labrada como sellada, y que receloso de que supiese el Señor Gobernador el interés que traía de pasar a los Dominios del Portugal, tuvo a bien el regresar de este Pueblo, sin que de nada de esto hasta hoy tenga noticia el expresado Señor Gobernador”45. Sin oficio ni beneficio, quizás era un comerciante tratando de expandir sus negocios más allá de la ruta de valles y carrera de Quito; finalmente para 1815, Larrea estaba esta42. Chocano, 2010: 21. 43. Chocano, 2010: 24, establece un cuadro en que señala los problemas de análisis de la demografía en el censo de 1792 contraponiendo varias versiones. En base a Vollmer, señala que el total poblacional de la intendencia fue de 1.149.807 personas. Más o menos semejante, García Vera, 1989: 37, establece que fue de 1.186.669 habitantes. De ellos, 278.339 personas pertenecían al obispado de Trujillo. El tema también esta presentado en Aldana, 2019: 59. 44. Aldana, 2019: 63. 45. Reyes, 1991.

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blecido en Lambayeque y quizás sea el mismo Larrea que es autoridad en Lima a inicios de la república. La región y las independencias, entre la libertad y la violencia Nuestro drama nos ubica en un escenario complejo regional y sudamericano virreinal donde se entrecruzan las relaciones entre el norte y el gran norte y los momentos coyunturales centrales de la independencia. Napoleón y la invasión de España que realmente impactó en el imperio, primero con el proceso de independencia español, luego con la Constitución de Cádiz en 1812 y, finalmente, a su caída, con la militarización del espacio virreinal amplia y general desde 1812 y 181546. Recordemos que la vuelta del “Deseado”, Fernando VII, supuso para América los varios intentos de reconquista y las amenazas de envío de hombres. Se señala que entre 1810 y 1818 se perdieron 500 millones de reales mandando a América cerca de 35.000 hombres47. La militarización entroncó con el miedo al hombre negro, pues muchos de los soldados que llegaron eran de este grupo humano. Además, mencionemos brevemente, que el ambiente estuvo cargado de un naciente romanticismo, exuberante en las declaraciones, proclamas y juras de independencia. En la percepción legal de la época no bastaba con una jura general del virreinato, cada ciudad, villa y pueblo tenía que hacerlo y confirmar su opción por dicha situación48. Para el caso del norte, es muy importante considerar a la población negra. Primero porque es real su incremento y su visibilización social en la región; para 1800 y gracias a la activa comercialización, se dio un proceso de mesocratización y un número de gente de color había llegado a tener una posición bastante holgada. Segundo, porque su 46. Kramer, 2016: 373. 47. La información me ha sido compartido por la doctora Milagros Martínez-Flener, de pronta publicación. Por el momento, cito su charla: Martínez-Flener, Milagros, 2020. 48. Uno de los puntos poco conocidos es la manera de pensar —y no solo legal— de los reinos en el Antiguo Régimen. Según Ángel Delgado, jurista e historiador, las percepciones eran bastante diferentes, pues no se pensaba una igualdad, sino en términos de fueros y espacios de negociación diferenciados (comunicación personal, agosto 2020).

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presencia, a pesar del largo tiempo que tenían asentados en la localidad y la región, generó una suerte de miedo; finalmente resonaban las noticias de su violencia en el gran norte del subcontinente. En efecto, los negros, zambos y pardos estaban en las haciendas cañeras y algodoneras y en las ciudades, donde realizaban trabajos en las casas de los señores o en las casas-tinas, además de ser albañiles. Recordemos que la esclavitud supuso una violencia estructural de la sociedad, pues la población negra aumentó por la liberalización del tráfico negrero y no vegetativamente. Por ejemplo, entre 1770 y 1801 se calcula que entraron 8.400 esclavos49, una cantidad oficial que probablemente es bastante inferior a la real, sobre todo en el norte del Perú, donde para 1793 solo en Piura había 5.203 pardos y 884 negros50. Además, considérese el espacio donde los negros, esclavos y libertos se localizaron: los barrios marginales y populares como Vichalla, en Piura, habitado por gente de casta zamba o negra y que, como señaló Joaquín de Helguero a inicios del siglo xix, se componía de habitaciones que estaban ocupadas por tres, cuatro o más individuos plebeyos. Albergues que eran mantenidos por mujeres, zambas o negras, que cocinaban carne del capado, con su misma grasura y sazonada con ají rabioso, que por medio real, y desde el inicio de la mañana, los peones y los jornaleros consumían hasta embriagarse con chicha51. A partir de espacios de contacto popular, donde llegaban los peones que acompañaban el trafago de productos, comenzó a esparcirse el miedo al negro, una pavura tanto a estos lugares como a las noticias del Caribe que comenzaron a circular luego de la Revolución francesa, la violencia en los llanos y, sobre todo, tras la creación de la república negra en Haití52. El miedo a los insurgentes se combinó con la violencia cotidiana y con lo que se escuchaba. Si para muchos los insurgentes eran una suer49. 50. 51. 52.

Chocano, 2010: 32-33. Gutiérrez, 2004: 320. Espinoza, 2017: 120. Baste mencionar el trabajo de Chust y Rosas, 2019, sobre el gran miedo que genera la población negra en todo el gran norte del continente y, por contagio, en el norte peruano. Hay que resaltar que el reducto negro del Perú es justamente el norte peruano, simplemente por la necesidad de mano de obra en las haciendas cañeras. La violencia de los llanos venezolanos es bastante conocida y de allí, la violencia presente en el proceso de independencia de este país. Muy interesante resulta al respecto la ya clásica novela de Uslar Pietri, Las lanzas coloradas.

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te de demonios, hay que imaginar el temor que representaron las tropas que San Martín envió como ayuda al marqués de Torre Tagle para que enfrentara el proceso de independencia del norte. Puntualmente, dos compañías veteranas del batallón del Río de la Plata, con un total de 600 hombres, vencedores en Chacabuco y Maipú, que llegaron bajo el mando de Santa Cruz, pero que, por su color, fueron apodados cócoros53. El miedo se reflejó en el término, cual cucos o fantasmas, porque eran soldados, extranjeros y, sobre todo, negros. Es importante recordar que el marco general del pensamiento y los sentimientos se enmarcaban en un naciente romanticismo. Basta ver la narración de los hechos, las proclamas y las juras de independencia de la época para percibir la exuberancia de la emoción. Se comienza a construir el amor a una patria homogénea, aunque en esos años iniciales la gente no tuviera muy claro lo que ello significaba. La plebe se congregó en los momentos de la jura de independencia, llegaron convocados por el chisme y el “se dice”, tan típico del Perú. Como señala José María Arellano, “el pueblo […] sin plan y sin cabeza […] el populacho gritaba espontáneamente, sin ser consejadas, por las ventanas del cuartel, improbando a los soldados que sin duda les pertenecía, su conducta de estar adheridos a los españoles”54. Actitudes hostiles, bravatas; a veces, un borracho, uno de mal vivir que viva por el rey o algún niño que se lleva y al que se le hace vivar la independencia. El romanticismo, ese movimiento artístico que inflama la sensibilidad de la gente con declaraciones de amor patrio, exacerba los ánimos. La plebe responde a la emoción del momento y esos sectores populares citadinos, indecisos frente a lo desconocido, se definen y se señalan independentistas acérrimos. Si seguimos al mencionado Arellano, vemos cómo son los que presionan y amenazan a las autoridades para que se rindan y se jure la independencia. La presencia de Napoleón es fundamental. No solo por los conocidos eventos que desencadenaron los procesos de las independencias en España y sobre todo en América55. Como bien señala el embajador austriaco: “Desde ayer, una nueva época ha comenzada para España; verdaderamente, desde ayer comenzó la revolución con la reunión de

53. Según Rebaza, 1898: 9. 54. Citado en Seminario, 1994: 95-98. 55. Kramer, 2016.

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las Cortes generales y extraordinarias de este antigua Monarquía”56. Napoleón y los múltiples sucesos que desencadenaron la Guerra de Independencia de España, tuvieron resonantes impactos en América y en el Perú a pesar de que, como señala Víctor Peralta57, se trabajaron empecinadamente las historias nacionales, desconectando procesos. Precisamente esto evidencia el cordón sanitario que estableció el virrey Abascal en el virreinato para evitar la contaminación ideológica de la Revolución de Mayo de 1810 llevada a cabo en Buenos Aires; así, estableció que cada partido de la intendencia de Trujillo tuviese 100 hombres acantonados a la orden de cuatro oficiales, lo cual fue rápidamente aceptado en dicha ciudad58. Finalmente, en 1808, los trujillanos habían apoyado al rey decididamente y en 1811 rechazaron la invitación de Castelli para unirse a la revolución del Río de la Plata. En realidad, hay una primera militarización de la región más visible en el sur y que remite, por un lado, a los problemas generados por la voluntad de la reina Carlota en tomar a su cargo el reino de su hermano y, por otro, a las respuestas del virreinato peruano de rechazar la rebeldía insurgente con el envío de Goyeneche, militar difícil y bastante autónomo en su accionar. La fuerza de los cabildos y la Constitución de Cádiz es visible, aunque haya aún muy someros estudios al respecto en la región norte del Perú. No falta quien cuestiona si realmente esta Constitución y su jura fue causa de la independencia más allá de México y Perú por cuanto hubo juntas y movimientos políticos importantes para 1810 en el espacio colonial español americano59. Un tema interesante para pensar considerando que las leyes decretadas por la junta de Santa Fe de Bogotá en 1810, aunque fueron estipuladas para la Nueva Granada, 56. Información compartida por la doctora Milagros Martínez-Flener, especialista en el tema y en los archivos austríacos: “Dès hier une nouvelle époque a commencé pour l’Espagne; c’est vraiment dès hier qu’aura commencé la révolution avec la réunion des Cortes générales et extraordinaires de cette ancienne Monarchie” (AT-OeStA/HHStA StAbt Spanien, Diplomatische Korrespondenz 141.1. Genotte a Metternich, n° 222, Gibraltar 25.9.1810). Su traducción es la que coloco en el texto. 57. Peralta, 2019: 81-82, viene trabajando los vínculos de los actores de la independencia a lo largo y ancho de la América del Sur. El grueso de los trabajos de historia rescata particularmente —y como se ha dicho— los límites nacionales peruanos. 58. Chigne, 2020: 90. 59. El artículo también tiene como autora a Elizabeth Hernández, especialista en independencia de Piura y el norte. Véase Dedieu et al., 2013.

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tuvieron una gran aceptación e impacto tanto en Piura como en el norte, y que la jura de las Cortes de Cádiz de 1812 resaltó la esperanza por el nombramiento de una nueva autoridad que desplazara al intendente60. Falta mucho por indagar considerando únicamente que el entramado de intereses entretejió a la región en sí y fuera de sí. Solo hay dos años de diferencia entre los eventos mencionados, por ello puede señalarse que fueron paralelos considerando la época y las características del norte. En todo caso, reafirmo lo que aquí se sostiene, que la región debe entenderse en términos del virreinato del Perú, pero también como se proyectó hacia el gran norte de la monarquía hispánica en América. Finalmente, las ciudades fundadas en el norte a fines del siglo xviii implicaron un mayor número de cabildos, organizadores de los espacios locales, y donde se juró la Constitución, siguiendo la costumbre de época de que todos los pueblos, grandes o pequeños, tenían que replicar (o rechazar) la normativa imperial. Su aceptación o rechazo demuestra una suerte de sentimiento en favor de la separación que no necesariamente implica afanes de independencia. El año de 1815, por tanto, resulta clave para el naciente Occidente. Napoleón es finalmente defenestrado y con ello muchos militares europeos, y también españoles, se encontraron de pronto sin oficio ni beneficio, prestos a servir al mejor postor61, y sus efectos se sintieron hasta esta región. Nicolás Rebaza, el cronista historiador de la independencia norteña, lo tiene muy presente al reconocer la importancia militar de Napoleón y cómo con 20.000 hombres le ganaron al ejército austriaco de 60.00062. Recordemos, además, que para 1815 Fernando VII ya había regresado y estaba buscando la “reconquista” de las colonias americanas, aunque terminó por impulsar el proceso. Hubo varios intentos de en60. El artículo de César Espinoza Claudio es sumamente motivador en esta temática, pues establece un panorama general de las Cortes de Cádiz (9/11/1812) y su relación con las leyes de la junta de Santa Fe (24/9/1810); puntualmente señala: “En efecto, entre 1808 y 1821 se producirán grandes movilizaciones del pueblo de Piura para elegir a los diputados en las Cortes en Cádiz y a los representantes de la nueva Junta de Gobierno (enero de 1821) que reemplazaría al Intendente de turno” (Espinoza, 2008: 238). Sobre el tema, también son interesantes los dos volúmenes de Prendes Guardiola y Velezmoro Montes, 2013. 61. Kramer, 2016. 62. Rebaza, 1989: 92.

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viar soldados para la reconquista de América, como el de Pablo Morilla y sus 150.000 hombres, que causaron un desastre en las fuerzas insurgentes del gran norte sudamericano. Para 1817 se preparó una nueva expedición que no llegó a cuajar porque las condiciones económicas de la Corona eran críticas; sin embargo, no fue la última, es muy conocida la expedición de Riego que finalmente se pronunció contra la misma monarquía63. Ciertamente, uno puede preguntarse si a las personas, comunes y corrientes, se le habría podido ocurrir que pudiera darse una invasión al poderoso virreinato del Perú desde la Capitanía General de Chile, una región que para nadie era desconocido y que conformaba, en la práctica, una suerte de subcolonia peruana, controlada por el comercio del azúcar norteño y marcada por la representación socioeconómica de los del norte. Al fin y al cabo, era punto común lo señalado un siglo antes por el virrey duque de la Palata en orden a que “la guerra es la que hace soldados y no el estar alistados en los libros del Rey”64. En efecto, sin mayores guerras ni enfrentamiento bélicos más que al término del período virreinal, los norteños y los del virreinato peruano no estuvieron mentalmente preparados para esta militarización. La tendencia a esta militarización estuvo presente porque desde fines del siglo xviii se naturalizaron las milicias y los grados militares vinieron a ser una suerte de títulos que se utilizaron en la vida cotidiana. Algo que comenzó casi como un juego de representaciones y de simbolismos locales de poder y espacio social expresado en las milicias y que terminó convirtiéndose en verdaderos ejércitos. Por todo el territorio hubo grupos de 50, 100, 300 y hasta 600 hombres en milicias al mando de algún conspicuo personaje, como, por ejemplo, en Piura, don Francisco Xavier Fernández de Paredes, comandante de Dragones de Amotape y Tumbes.

63. Hay múltiples eventos que impactan de manera diferenciada en el virreinato del Perú. Establecido sobre una sociedad basada en la diferencia, lo que le sucede al sur no tiene necesariamente el mismo impacto en el norte; no es una sociedad nacional. Por el contrario, los sucesos de la metrópoli sí afectan al norte por cuanto forma parte del imperio y agitan sus redes mercantiles. La situación peninsular era muy precaria si seguimos los estudios de la mencionada doctora Milagros Martínez anteriormente mencionada. 64. La cita en Fuentes, 1859, 2: 267.

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La violencia militar directa no fue más que el lógico colofón al incremento de la violencia general. Tanto San Martín como Bolívar tuvieron como expectativa llegar a Trujillo. Incluso es posible que San Martín, tras su apoyo al nombramiento de Bernardo O’Higgins como presidente de Chile tras Chacabuco (1818) y Maipú (1819), buscara contacto con los del norte; al fin y al cabo, O’Higgins había estudiado en el convictorio de San Carlos ni más ni menos con el marqués de Torre Tagle, manteniendo en el tiempo estrechos vínculos de amistad y trato social. Tema totalmente a estudiar. El mundo de la época fue muy peligroso y cambiante. Se puede entender el sentimiento y la gran preocupación de doña Catalina Aguilarte Vélez por su hijo, don Juan Manuel Iturregui, quien a pesar de haber recibido la mejor educación en el convictorio de San Carlos, y haber sido tan responsable como para hacerse cargo de la hacienda y de la casa-tina de la familia, Santa Rita de Pololó, poco después de la muerte de su padre (1817), tras sus viajes a Jamaica, y sobre todo por influencia de los amigos y otras juntas, se convirtió en un “rematado insurgente”. La juventud se imponía y quizás no comprendía que, entre los jóvenes del convictorio, bajo la hégira de Sánchez Carrión, se discutía con vehemencia la idea de la independencia; y que, como otros, se inició en la masonería bajo el rito escocés y que con amigos como Pascual Saco Oliveros impulsó la logia White Star en Lambayeque. El horror debió se mayor al enterarse de que, con su propio dinero, compró armas y que, tras desembarcarlas en la caleta de San José, las enterró en su casa-tina65. Un personaje de entre varios posibles, como don Luis José de Orbegoso, cuya opción independentista fue claramente conocida, llegó a ser presidente del Perú66. Pero no solo los patriotas adquirieron presencia, también ocurrió lo mismo con los realistas. Es así que en 1820 el marqués de Torre Tagle tuvo que lidiar en Trujillo con la presencia de los realistas Tolrá y Valdez, quienes, el 26 de diciembre, intentaron dar un contragolpe y capturarlo67. A esto se suma que la sierra no tuvo clara la opción independentista. Huamachuco, Cajabamba y Otuzco fueron más bien realistas68. De este modo, el norte siguió la tónica general del virreina65. 66. 67. 68.

Rebaza, 1898: 20-21, 180. Díaz Pretel, 2020. Rebaza, 1898: 19. Rebaza, 1898: 128.

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to, es decir, la sierra norteña se inclinó por la fidelidad mientras que la costa y la ceja de selva optaron por la separación69. Muchas ciudades se enfrentaron, como Chachapoyas y Moyobamba. La primera soportó la insurgencia; la segunda, la fidelidad. El asunto se precipitó con la llegada de San Martín y sus fuerzas militares. Seiscientos hombres fueron enviados para apoyar a Torre Tagle, veteranos de las guerras de Chile y del sur. Dos batallas, la de Higos Urcos (5 de junio de 1821) y la de Chachapoyas (segunda de Higos Urcos, septiembre de 1822) suponen una oposición a las ideas libertarias; un signo de los múltiples intereses que cruzaron la región. Higos Urco sancionó la independencia del norte y, con ello, la del Perú. Un juego de voluntades separatistas como la de los Rodríguez de Mendoza (José Fabián, el padre, y sus hijos José Mariano y Toribio) y la del comerciante Pedro Pascacio Noriega, pero también de fidelidades, como la de Moyobamba con el coronel José María Mato, apoyado por el coronel Fernández Álvarez desde Maynas y Mariano Castro desde Cajamarca y Cajabamba70. Moyobamba, ubicada estratégicamente entre el espacio de sierra y más hacia la ceja de selva, pareció ser una contradicción. Pero es un espacio-tránsito porque contó con vínculos hacia el sur, hacia Huánuco, percibidos, pero no estudiados. Lo interesante de Huaylas (Ancash) es que se vuelca hacia la sierra central (Jauja) y, sobre todo, hacia la ceja de selva71.

69. La selva central y sus vínculos con la sierra ayacuchana, los proyectos separatistas y construcción republicana, así como la imposición de las ideas de sus grupos de poder conforman el interés de este importante aporte de Nuria Sala, 2001. Con todo, faltan más estudios que trabajen los vínculos con la ceja de selva; por ejemplo, cómo llegan las ideas de Castelli a Huánuco, selva central del Perú y termina impulsando la famosa rebelión del mismo nombre (1815); un estado de la cuestión en Bazán, 2018. 70. Alvarado, 2020. 71. El intendente José Gonzáles Prada le envía un oficio al virrey Joaquín de la Pezuela señalándole las medidas que se venían tomando en dicha intendencia para asegurar y defender las gargantas de entrada, en los términos de Huarmey, Santa y Caraz porque se esperaba un probable desembarco de tropas insurgentes por la costa intermedia comprendida entre los ríos de Barranca y Santa; medidas que cruzaban desde la costa hasta la ceja de selva. Recordemos todos los problemas que hay para 1815 en esta zona de Huánuco. Véase, por ejemplo, Archivo General de la Nación, Superior Gobierno, Oficios al virrey, Tarma, 30/8/1820, Go-2, leg. 2-14, Cuad. 45-43.

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Con Higos Urco, el marqués de Torre Tagle recibió un espaldarazo político-militar, lo suficiente como para amenazar a quienes no quisieran alinearse definitivamente por la causa, como el puerto de Paita. Además, envió a los cazadores de Piura y al batallón Trujillo a la batalla de Pichincha para asegurar la libertad del norte y su tupida red de relaciones72, atacando el tradicional eje realista Cuenca-RiobambaQuito. En todo caso, la opción por la libertad se concretó y San Martín pudo conseguir fuentes seguras de abastecimiento. Porque recordemos que llegaron múltiples hombres, soldados extranjeros, percibidos con sorpresa y también incomodidad. Cerca de 4.500 argentinos y chilenos desembarcaron en 1820. Muchos más llegaron, entre 1822 y 1823, con Sucre y Bolívar, específicamente 12.000 venezolanos y colombianos que se acantonaron en estas tierras73. A manera de conclusión: el efecto dominó El rumor, en un mundo marcado por el naciente romanticismo en una sociedad tradicional del Antiguo Régimen, es un marco fundamental para entender el cómo y por qué se puso en funcionamiento la tupida red de relaciones que soportó el drama de la independencia. Los hombres, los productos y las ideas circularon con la misma facilidad: los comerciantes se vincularon por redes familiares y de amistad; no fue un mercado de desconocidos, sino una sociedad bullente de relaciones donde se discutía lo que se vivía, y donde las noticias circularon muy rápidamente de boca en boca. Si el grueso de la población era ágrafa, también es cierto que contó con estructuras de reproducción social que se hundían en lo más profundo del tiempo, que se habían readecuado con el virreinato, por lo que las noticias, a pesar de todo, sabían repetirse, transmitirse oralmente, permitiendo que las personas captaran su sentido y su importancia y posicionándose frente a ellas. El escenario geográfico fue fundamental, porque la región soportó una diversidad longitudinal y transversal que reflejó formas sociales de organización con profundas diferencias de origen, las cuales fueron

72. Rebaza, 1898: 102-103. 73. Véase, al respecto, la información y anécdotas que presenta Alva Castro, 2004.

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medianamente homogenizadas por el mundo español. La población aumentó decididamente y los miedos se dispararon porque se conocían los hechos y porque se vincularon a sectores populares que, en el caso del norte, pasó por la piel negra. Desde fines del siglo xviii, la incomodidad se fue asentando en la región. Los cambios establecidos por las reformas borbónicas no fueron pura retórica, sino que realmente los locales los sintieron. En esto influyeron sin duda los cambios en la economía, pero quizás más la presión del incremento poblacional, los recortes territoriales, la modernización de las estructuras sociopolíticas y, lo más importante, el hecho de que las autoridades tuvieran un pensamiento diferente, si no ilustrado, de razón aplicada que establecía la norma sin atender a las razones de los locales; una situación que estos sufrieron como signo de menosprecio e invisibilización. Desde esta etapa se fue montando una progresiva incomodidad y descontento que cruzó todos los sectores sociales: los señores porque se les recortaron sus actividades mercantiles y la autonomía relativa a sus negociaciones; los sectores medios porque se les afectó con presiones de distinta índole (impuestos, aduanas, etc.) que recortaron sus capacidad de acción y, finalmente, los sectores populares, indios en particular, porque fueron progresivamente sometidos y controlados, a la vez que eran crecientemente despreciados e, incluso, se les puso un salario al que no estaban acostumbrados. La llegada de San Martin a tierras peruanas en setiembre de 1820 no hizo más que catapultar los procesos de separación y, finalmente, de independencia que soterradamente se vivían en la región. Del proceso participaron los grupos de poder, nobles como Orbegoso y grandes comerciantes como Iturregui, pero, sobre todo, esa suerte de medianos y pequeños comerciantes que, de a poco y por el volumen creciente de intercambios mercantiles, construyeron la región. Una batalla como la de Chachapoyas (Higos-Urcos), en confrontación con Moyobamba, en pequeño, reflejó la divergencia de intereses de un Trujillo libre y una Cuenca realista. De esta manera, Trujillo, por completo insurgente y cabeza de una región con fuertes vínculos hacia el gran norte, intervino decididamente en la opción militar de la batalla del Pichincha, asegurando la libertad de Cuenca. Los “Libres de Trujillo” participaron de la batalla de Pichincha consolidando la libertad del norte peruano y de su ruta de comercio hacia el gran norte del continente. Jamaica y el Caribe, tan aparentemente lejano, fueron

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un atractivo imperioso para una economía creciente que se realizó por mar y por tierra. El drama ha sido bien llevado. La intendencia de Trujillo y sus áreas de influencia habían conformado un escenario geográfico-mercantil muy particular pues sus vínculos y relaciones económicas eran sumamente amplias. Las escenas pasaron de debatirse entre los temores a los cambios y las revueltas y batallas a la felicidad por lo logrado y tan anhelado, la patria. En resumen, durante las independencias, la región y su gente se debatieron entre la libertad y la violencia. Bibliografía Alva Castro, Luis. 2004. Bolívar en la libertad. Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar. Aldana Rivera, Susana. 1996. “‘Malos vecinos’: competencia mercantil en la sociedad norteña colonial (Paita, década 1810)”. CLAHR, vol. 5, n.º 3, 261-286. Alburquerque: Universidad de Nuevo México. — 1997. “No por la honra sino por el interés. Piratas y comerciantes a fines del siglo xvii”. BIRA, n.º. 24, 15-44. Lima: PUCP-IRA. — 1999. Poderes de una región de frontera. Comercio y familia en el norte (Piura, 1700-1830). Lima: Panaca. — 2013. “La región hay que pensarla y no sólo sentirla”. Revista del Archivo General de la Nación, vol. 28, 225-240. Lima: Archivo General de la Nación. — 2018. “De llave de reino y frontera a límite. Un ensayo sobre la Transversal de Huancabamba y su construcción como región entre dos países”. Bulletin de l’IFEA, tomo 41, n.º 1, 19-39. Lima: IFEA. — 2020. “Un norte y un Gran Norte para el Bicentenario. Reflexiones en torno a la independencia nacional desde la región”. En Francisco San Martín y Victoria Diéguez (eds.), Trujillo, capital de la independencia del Perú, 27-86. Trujillo: Comisión Regional del Bicentenario La Libertad. Alvarado Santillán, Alejandro. 2020. “La participación de Chachapoyas en la independencia del Perú”. Conferencia, Lima 18 de junio, Comisión Bicentenario de La Libertad (vía Zoom). Andrade, Gabriel. 2004. “Entre el mundo moderno y la sociedad tradicional. Entrevista a Alan Macfarlane”. Utopía y Praxis Latinoamericana, año 9, n.º 26, 113-118. Maracaibo: Universidad del Zulia.

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Las provincias monárquicas y la República Confederada de Venezuela (1777-1819)1 Edda O. Samudio Aizpurúa Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela

“Estudiar una región significa penetrar en un mar de relaciones, formas, funciones, organizaciones, estructuras, etc. con sus más diversos niveles de interacción y contradicción”. (Milton Santos, Metamorfosis del espacio habitado, 1996)

Introducción El presente trabajo constituye una reflexión en torno a la importancia y vigencia que, fundamentalmente en lo relativo a la historia de Venezuela2, tiene el enfoque geohistórico para dilucidar los entramados procesos de la historia hispanoamericana3. Abordamos el papel que en la construcción del proyecto republicano desempeñaron las provincias monárquicas, las cuales sufrieron un proceso de cambios trascendentales entre 1777 y 1819, sentando las bases del ámbito geográfico que conformaría la República de Venezuela4. Esta experiencia investigativa ha incorporado aportes relacionados con la formación histórica del Estado en América Latina y la formación del Estado nacional, el cual permite volver sobre las historias regionales y locales desde una perspectiva más actual, articulada y explicativa5. 1. Mi agradecimiento particular al Sistema Nacional de Investigación del SENACYT de Panamá, por el invalorable apoyo que me ha dado como Miembro Distinguido del sistema, el cual ha hecho posible la realización de este trabajo. 2. Apelamos a la importante revisión de Lucena Giraldo, 1997: 215-216. 3. En varias de nuestras publicaciones hemos abordado este tema debido a su trascendencia para la historiografía venezolana. 4. Brice, 1959. 5. Samudio, 2004.

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Los enfoques geohistóricos se constituyen hoy en un campo fecundo que aporta significativos elementos para la investigación histórica contemporánea y para otros campos de las ciencias sociales6. Además, permite considerar el rol de las identidades regionales venezolanas a partir de una concepción geográfica incipiente y compleja, propia de un proceso histórico que pujaba por darle un contorno al Estado nacional venezolano7. No se puede entender la acción política si no se considera primero el contexto espacial que la contiene, ya que los procesos ocurren de forma encadenada en el tiempo, sin rupturas abruptas, y atienden en gran medida a estas dos variables. De esta manera, en este capítulo se examina el vínculo y significación de las entidades regionales a partir de una reflexión geohistórica que busca revalidar los cimientos del Estado-nación, entendiéndolo como un proceso en construcción social inacabado, pero que en su momento significó la formación y representación cartográfica de una idea: Venezuela como país. En este marco, se desarrolló un proceso de interrelación de las diversidades étnicas y sociales de sus miembros con profundas proyecciones políticas, económicas, sociales y culturales. Sin duda, las relaciones comerciales con su hinterland y con el exterior, en un contexto de condiciones cambiantes, constituyen un problema geohistórico que delinea los intereses políticos de la clases dominantes, cuyos cambios y reconfiguraciones dieron paso a una nueva identidad y otra representatividad afianzada en el control territorial y una nueva lectura del espacio8. En concordancia, este estudio abarca las últimas décadas del dominio español, el hecho independentista a partir del movimiento juntista y, consecuentemente, las luchas por la liquidación del vínculo monárquico. Esto se hace a través del tamiz de la concepción del espacio habitado. En consecuencia, se establece una pregunta orientadora: ¿qué elementos de la concepción hispanoamericana de finales del siglo xviii influyeron en la consagración legítima de la unificación del espacio republicano venezolano en el siglo xix? Esta interrogante no solo atiende el papel que tuvieron las provincias monárquicas, sino la concepción geopolítica dominante que influyó en la élite que impulsó la

6. 7. 8.

Tovar, 1986. Brewer-Carías, 1996. Samudio, 2004:128.

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conformación de una república confederada. Por tal motivo, se considera cómo la cartografía colonial dio paso a una cartografía republicana en amplio desafío con la reorganización administrativa llevada a cabo por el reformismo borbónico. Este hecho se llevó a cabo no por simple erudición, sino como consecuencia directa de los aspectos contextuales vigentes, lo que incluye la conformación de regiones históricas autonómicas en el marco de las independencias hispanoamericanas, generando así una redefinición de las provincias coloniales e impulsando una “metamorfosis” territorial que será, en definitiva, el asiento de las ideas republicanas de la cual se derivan las condiciones territoriales actuales. Esta interrogante busca reconocer el alcance del principio de uti possidetis iuris, no solo como una definición jurídica y política sobre el territorio, sino en cuanto a principio rector dentro de la ecuación republicana, necesaria por demás para definir y delimitar espacialmente, el marco de la lucha emancipadora. De la cartografía colonial al territorio republicano: aspectos contextuales No cabe duda de que las bases para la formación de los Estados nacionales hispanoamericanos se encuentran en los procesos de independencia de los antiguos territorios coloniales. Sin embargo, no basta con señalar a grandes rasgos su accionar político-económico, por el contrario, requiere abordar las bases políticas e institucionales de la realidad espacial de las regiones que dieron forma al “cuerpo de la patria”. Al contexto revolucionario y bélico de las independencias lo precedió el del fin del régimen colonial, una estructura compleja y articulada sobre la cual se levantó la arquitectura republicana. Por ende, resulta fundamental analizar el contexto político-económico y sociocultural de aquel momento a través de una retrospectiva historiográfica sobre los procesos de independencia, tomando como caso a Venezuela, con el fin de redimensionar la valoración del espacio regional y su rol a la hora de comprender cómo se pasa “de las independencias iberoamericanas a los Estados nacionales”9. 9.

Frasquet y Slemian, 2009.

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En este sentido, resulta primordial resaltar tres puntos fundamentales: el desarrollo desigual del espacio regional representado en las provincias; la concepción territorial como arma geopolítica en la dominación del espacio en pugna y la redefinición del espacio en cuanto a producto social que se integra al proyecto político y sobre el cual se ejerce dominio. Estos tres aspectos enmarcan una realidad que tiene como enfoque la geohistoria; es decir, la relación entre la geografía (espacio) y la historia (tiempo), cuya base de convergencia es la dinámica humana. Lo geográfico se torna así en materia esencial para actuar y delinear la vida de la nación, por lo que su consecuencia directa, la representación cartográfica, se ve transformada, se pasa así de una cartografía colonial a una cartografía republicana que no solo establece contornos, sino que ilustra y educa al nuevo ciudadano, ya que sobre la “imagen” de la nación se establecen los elementos contextuales que forman parte de ese proceso histórico. De tal forma, lo espacial y lo temporal se apuntan como las dos coordenadas que marcan el rumbo del Estado nacional10. En palabras más sencillas: no hay república sin un (re)conocimiento del espacio geográfico y las regiones que lo conforman. Cabe acotar que a partir de 1777 comienza un proceso interno de reafirmación territorial impulsado por los Borbones que incluye una dinámica colonial particular, distinta a la de los Habsburgos. Esta nueva reafirmación político-administrativa tomó en cuenta la heterogeneidad de las provincias y su diversidad territorial, es decir, de los desequilibrios espaciales intrínsecos del imperio español en América11. De esta forma, la geografía desempeñó un papel de avanzada ante los acontecimientos y las condiciones históricas en el último tercio del siglo xviii y a lo largo de siglo xix ante una organización ya diferenciada y poco funcional del espacio tal como estaba estructurado para 1777, concebido además como asiento para la organización del poder y, en consecuencia, para el dominio de la sociedad12. De esta manera, se puede advertir que en este proceso de transición del régimen colonial al republicano se planteó un cuerpo de enunciados que permitieron gradualmente la construcción de una “espaciali-

10. Franceschi, 1994. 11. Samudio, 2009: 195-215. 12. Moreno, 1960.

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dad venezolana”, donde se inscriben los aspectos relacionados con la estructura geoeconómica que heredaría la república. De esta forma, queda claro que no hubo repúblicas en Hispanoamérica sin un manejo de la dimensión espacial y, más específicamente, regional. Por tanto, sería muy difícil acercarse a la comprensión del proceso emancipador sin considerar las distintas regiones y las sociedades que dieron forma a la idea republicana13. Así, la conformación del espacio venezolano fue (y sigue siendo) el resultado de una dinámica determinada por múltiples factores que permitieron la estructuración del espacio geográfico como producto de una realidad político-social que le dio forma y contenido, en el tiempo. Por ello, decimos que la región histórica no es estática, es dinámica e integrada, y fundamentalmente heterogénea en sí misma. Su análisis tiene vigencia y permite detectar ciertos elementos de la formación del espacio venezolano entre 1777 y 1819. Tómese por caso las estructuras espaciales dominantes, los intereses de las élites, la capacidad productiva, la interrelación social y, sobre todo, la autodefinición en el concierto de las naciones emergentes. En ese momento, el espacio de la Venezuela en pugna se perfila por su producción, una estructura espacial regionalizada que abarca la fase colonial, independentista y republicana y, por ende, responde a las relaciones históricas, económicas y sociales que la preceden en el marco de las revoluciones americanas y que va a tener como expresión de posibilidad la cercanía con la Nueva Granada14. Así, lo geográfico permite además localizar en el espacio aquellos rubros que al tener un mercado y generar ingresos determinaron la condición de las élites que llevaron adelante el proceso de independencia; como el caso del cacao15. Para el periodo en estudio, la estructura espacial dominante era la región, es decir, había un “mosaico” espacial dominado por la producción agrícola como elementos estructuradores de la ocupación territorial, en relación con el mercado europeo a partir de las regiones, y a raíz de esta realidad segmentada se establece una articulación que comienza a dar forma al país. En definitiva, lo que une a la república, más que sus semejanzas, es la capacidad de articular sus diferencias.

13. Codazzi, [1840] 1960. 14. Bermúdez, 2009: 181-194. 15. Fundación John Boulton, 1992.

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El asunto de la región, como unidad diferenciada, crea una nueva concepción de la vida social. No hay duda de que la sociedad requiere satisfacer necesidades para lograr su desarrollo, por ello necesita del conocimiento del territorio y de su control. En cada periodo histórico emergen nuevas maneras de precisar las relaciones hombre-medio, destacando una concepción económica que influye en la política, la ideología, la vida social y cultural de los pueblos. La expresión más representativa de este proceso es la cartografía, la cual cumple una función práctica y formativa, ya que reconstruye de forma simplificada la estructura dinámica de la espacialidad de un lugar, en este caso de un país integrado por distintas regiones; es, en definitiva, una derivación de la realidad. La cartografía es reflexiva en cuanto a orden y contenido, promueve una aproximación de lo dado y lo diferencia; podría considerarse un instrumento político, bélico, social y de defensa en la lucha por posicionarse en el contexto internacional. Inclusive, al día de hoy es posible a partir de esta herramienta realizar análisis históricos acerca de la organización del espacio en Venezuela16. La cartografía de la época distinguió, pero a la vez, fortaleció cuatro elementos o ámbitos substanciales (lo local; lo regional; lo nacional y lo internacional), cuya interrelación generó un primer producto integral: los mapas. De esta forma, el espacio contiene a la sociedad y esta, a las estructuras políticas. La política decide sobre la conformación del territorio y concibe sus beneficios económicos, promueve una visión de totalidad que no es estática, sino progresiva e interconectada con otros espacios diferenciables sobre los cuales se desenvuelven las relaciones sociales17. Sin duda, uno de los acontecimientos más relevantes para el estudio de la historia de Venezuela es la transformación de la cartografía del siglo xviii al siglo xix, ya que significó un arduo esfuerzo por representar el territorio del país como conjunto bajo una nueva égida de principios y valoraciones. La aparición de una nueva cartografía provincial en el siglo xix se elevó como un trazado general de una geografía física aun por reconocer de manera profunda. La concepción

16. Cunill, 1987, t. I. 17. Codazzi, [1840] 1960; Ríos y Carvallo, 2000. Para este aspecto, véase Presidencia de la República, 1977.

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de los límites de los Estados vecinos y su división interna fue toda una empresa que ayudó a mirar y a diferenciar lo propio de lo ajeno. Esto sirvió también para reflexionar sobre la creación, el nacimiento o la instauración de algo nuevo, lo que pasaría a ser posteriormente uno de los principales símbolos del naciente Estado: el mapa nacional (véase mapa 1)18. Mapa 1. Atlas de la historia cartográfica de Venezuela

Fuente: González Oropeza, 1987.

Vigencia de la región en los estudios históricos hispanoamericanos En el contexto de las conmemoraciones bicentenarias, los estudios históricos hispanoamericanos actuales están abriendo el compás de interpretación de los acontecimientos que determinaron el proceso independentista y la conformación de las repúblicas en América Hispana durante el siglo xix. Si bien nos hemos referido a ello en trabajos

18. Codazzi, [1840] 1960.

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anteriores19, ante el hecho de que Venezuela conmemoró en junio de 2021 el bicentenario de una de las batallas más representativas de este periodo, la de Carabobo (1821-2021), se hace necesario revisar este escenario a la luz de los aportes de las historias regionales y locales, en un intento por repensar el proceso emancipador en Hispanoamérica20. A propósito, se saca a colación el análisis del proceso constitutivo de la Junta Superior Gubernativa Conservadora de los Derechos de Fernando VII, con base al conocimiento de la provincia venezolana de Mérida, con sus peculiaridades y el significativo proceso de la adhesión de ciudades, villas y pueblos, expresión de región histórica; acogiéndonos a la noción del geógrafo parisino Olivier Dollfus, para quien la región histórica es el resultado de un proceso de larga duración, de vivencias en común por una colectividad en un territorio definido: Durante varias generaciones los pobladores de una determinada área territorial experimentaron las mismas vicisitudes históricas, afrontaron los mismos desafíos, tuvieron los mismos líderes y se guiaron por modelos de valores semejantes: de aquí el surgimiento de un estilo de vida peculiar y, a veces, de una voluntad de vivir colectiva que confiere su identidad a la colectividad considerada.21

Las provincias que se adhirieron al movimiento juntista, en sus inicios, no manifestaron el propósito de independizarse del imperio español debido a su convicción de fidelidad al rey22, aunque esta puede interpretarse como expresión quizá contradictoria del fuerte anhelo de que hubiera cambios mayores en la relación con las metrópolis, como luego, pero ya tarde, se verá en las Cortes de Cádiz. Sin embargo, en este escenario se formuló la ruptura con la Corona española, se llevaron a cabo los objetivos primordiales de la institucionalización de la junta y se preservaron los dominios. De esta forma se cristalizó la tendencia autonomista frente a las autoridades españolas a la que se mantenían subordinados, legitimando la constitución del autogobierno, del gobierno local y del provincial, hasta que se desencadenó una

19. 20. 21. 22.

Samudio, 2010: 19-31. Dollfus, 1984. Dollfus, 1984. Samudio, 2010: 35-53.

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radical disposición independentista. Esta interpretación deja ver una dinámica antrópica del espacio. De esta manera, se puede prever que el espacio no es solo nacional, sino también regional y local; por lo que el tiempo histórico de corta, mediana y larga duración23 enmarca un contexto que da forma al entorno en el cual se desenvuelven los procesos de orden político, económico, social y militar. Realizar lecturas renovadas sobre este proceso no es nuevo, pero ahora lo hacemos para repensar las revoluciones independentistas incorporando reflexiones renovadas acerca de categorías fundamentales como la de región histórica, y todos los factores sociales, culturales, simbólicos y sensibles que entraman la relación espacio-tiempo en Venezuela24. Sin lugar a dudas, ello explicaría, igualmente, la postura autonómica promonárquica que, ante la convocatoria de Caracas el 19 de abril de 1810, tomaron las provincias de Guayana, la ciudad de Coro y Maracaibo, al final sometidas militarmente en los años 1817, 1822 y 1823, cuando sus territorios pasaron definitivamente a ser parte del proyecto emancipador25. En concordancia, es posible asumir el proceso independentista como un periodo entrelazado con aspectos locales, regionales, nacionales, continentales y globales, más allá de las miradas descriptivas y heroicas de la historia, un discurso simplista y nacionalista promovido en Venezuela durante muchos años y ahora nuevamente por historiografía oficialista. El hecho de que las nuevas generaciones consideren el estudio de las naciones y los Estados, es un tema que requiere de una amplitud de miras que deben reflexionar los estudios regionales, sobre todo porque una de las falacias del Estado nacional fue asumir la unicidad de la “nación”. No se trata ya de volver sobre una historia nacional oficial y hegemónica, sino de una historia que atiende a los cambios socioeconómicos, militares, políticos, intelectuales y cultuales que han incidido en el proceso de conformación de la sociedad venezolana en su largo devenir. Algunos factores regionales que están presentes en este proceso de articulación tienen que ver con la distancia, la centralidad y la gestión. El 8 de septiembre de 1777, por real cédula se definió formalmente la

23. Braudel, 2001. 24. Lombardi, 1985. 25. Al respecto, véase Cardozo, 2010: 1-3.

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territorialidad venezolana, al determinar la agregación en lo gubernativo y militar de las provincias circunvenidas de oriente, occidente, llanos y sur a Caracas, en el marco de la Capitanía General de Venezuela (1777). Precisamente, ese espacio, conformado precariamente por regiones diversas con sus propias historias, con particularidades socioeconómicas y sin aparente relacionamiento sirvió de marco para que se sentaran los cimientos republicanos. Pero la reflexión acerca de la vigencia de la región histórica en los estudios históricos latinoamericanos va más allá de lo político y lo económico, dialogando de manera sincera con la sociedad y cultura. De hecho, los paisajes culturales son retomados como experiencias fundamentales para una renovación dialógica entre la geografía y la historia, con lo que se enfatizan aspectos determinantes para el estudio del pasado. Como lo señaló Carl Sauer: “La reconstrucción de paisajes culturales clave del pasado exige: a) conocer el funcionamiento de conjunto de la cultura en cuestión; b) el control de todas las evidencias contemporáneas, que pueden ser de tipo muy diverso, y c) la más íntima familiaridad con el terreno que ocupaba la cultura en cuestión”26. De igual manera, coincidimos con Ramón Tovar en un llamado sobre la vigencia de la región histórica, una visión integradora de la unidad científica dentro de una concepción filosófica. La preocupación por entender y comprender la acción social organizativa del hombre en determinado territorio es un aspecto que exhorta a profundizar en cada uno de los aspectos de la geografía histórica y, dentro de ella, lo relacionado con la región27. Como señala Tovar: “no se puede hacer geografía sin una profunda cultura histórica”28. Desde esta visión, compartimos la idea de que la interdisciplinariedad desempeña un rol esencial para la comprensión de los hechos humanos. Esa necesaria vinculación entre la historia y la geografía, vistas como dimensiones temporales y espaciales, no han perdido vigor; por el contrario, permite aumentar la preocupación acerca de los significados que tienen las relaciones existentes entre la sociedad y la naturaleza a partir de una comprensión amplia de la historia, de un análisis integrado y no fragmentario, una visión de síntesis del problema en cuestión.

26. Sauer, 1941. 27. Santaella, 2005: 5-20. 28. Citado por Santalella, 2005: 9.

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Las provincias coloniales y la metamorfosis republicana (1777-1817) Un hecho fundamental dentro del tema estudiado y que no debe pasar inadvertido en la conformación definitiva del territorio venezolano —entendido como producto social— es la creación de la Capitanía General, decisión monárquica que dispuso que ese espacio septentrional sudamericano, con historias distintas y peculiaridades, se integrara definitivamente después de más de doscientos años de existencia neogranadina. La provincia de Mérida de Maracaibo, que permaneció, durante ese lapso, ajena a la provincia de Venezuela, fue separada definitivamente del Nuevo Reino de Granada y anexada a la naciente Capitanía General de Venezuela29. Treinta y dos años más tarde, en 1810, esas provincias que eran una serie de mosaicos aislados de la cabecera gubernamental y entre sí, fueron convocadas por Caracas a formar parte del movimiento juntista, defensor de los derechos de Fernando VII30. Por su parte, Santiago de León de Caracas, ciudad fundada en 1567 en las márgenes del río Guaire y cerca del mar, se enseñoreó como capitalidad. Desde entonces, la sede del poder central se hizo de un extenso territorio con algunas ciudades sufragáneas y, en la cual, se ubicaron las principales autoridades monárquicas provinciales. El arribo de los Borbones a la Corona española en 1701, trajo consigo una serie de reformas políticas, administrativas y económicas de inspiración francesa que lograron su mayor expresión con Carlos III (1759-1788). Entre ellas, la reorganización administrativa y las reformas económicas, motivaron la creación de instituciones que tuvieron funciones centralizadoras respecto a la administración de justicia, hacienda, militar y del comercio; impulsando así una nueva perspectiva política y económica que tendrá profundas repercusiones para Venezuela31. Ciertamente, las relaciones de Carlos III, distintas a las que impusieron los Austrias, tuvieron su expresión en las conocidas medidas destinadas a mejorar la administración y estimular la expansión de la economía colonial, a objeto de que fuesen productoras y proveedoras

29. Consúltese Presidencia, 1977. 30. Véase Carrera Damas, 2002. 31. Arellano, 1960.

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de materias primas y, a su vez, mercado para las manufacturas españolas. Este carácter dependiente de las provincias de ultramar, subordinó sus características socioeconómicas y espaciales, limitó y supeditó su desarrollo a los intereses de España y otros países europeos. Tal y como lo hemos destacado en trabajos anteriores, la política intervencionista borbónica buscaba dar solución a los problemas que aquejaban a España, en pos de su recuperación económica, para alcanzar el ritmo de desarrollo logrado por Inglaterra en primera instancia y luego por Francia. De hecho, esa política, influida por las ideas y prácticas del colonialismo francés, consideró provechoso aunar esfuerzos hacia el logro de los máximos rendimientos económicos. Por tanto, las esferas de la administración local y las actividades propias de los vecinos no escaparon del intervencionismo borbónico, el cual encontró en los cabildos la oposición de los vecinos, para quienes eran el instrumento a través del cual lograban el autogobierno local y provincial, circunstancia que evidenció un conjunto de desacuerdos testimoniados en las actas del cabildo y los bandos de buen gobierno, al igual que en diferentes escrituras de los ayuntamientos32. Como se señaló anteriormente, con la creación de la Capitanía General de Venezuela, por real cédula de Carlos III, el 8 de septiembre de 1777, se fortaleció la centralidad de Caracas y amplió significativamente su territorio, pero también estimuló la oposición a su condición de sede del poder central; medida justificada con la necesidad de garantizar la defensa de los territorios que se encontraban distantes de la capital del virreinato. Con su establecimiento, se buscó separar absoluta y definitivamente las “Provincias de Cumaná, Guayana, Maracaibo e islas de Margarita y Trinidad del Virreinato y Capitanía General del Nuevo Reino de Granada y agregarlas en lo gubernativo y militar a la Capitanía General de Venezuela”33. Con la creación de dicha Capitanía General se subscribía otro escenario: colocarlas también en lo respectivo al manejo de la Real Hacienda y a la nueva Intendencia erigida en dicha provincia o ciudad de Caracas. De hecho, unos meses antes, el 8 de diciembre de 1776, se había establecido la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, la cual creó la nueva estructura económica-política en los territorios que la 32. Samudio y Robinson, 2009. 33. Morón, 1977: 88-90.

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conformaron, con jurisdicción en los mismos territorios que un año más tarde formarían parte de ella34. Sin embargo, en cuanto a las funciones de justicia, los factores de distancia y las barreras naturales, en ocasiones insuperables, y la necesidad de organizar los nuevos espacios de la administración borbónica, debieron definir la separación de las provincias de Maracaibo y Guayana de la Audiencia de Santa Fe y determinar su agregación a la de Santo Domingo, tal como lo estaban la de Cumaná, Margarita y Trinidad. Así, por real decreto del 6 de julio de 1786 se dispuso la creación de la Real Audiencia de Caracas35, y aquella unidad territorial se fortalecía al ejercer una misma administración de justicia, función rectora de esta institución. De este modo, las entidades provinciales que dependían de la Audiencia de Santo Domingo o de la virreinal de Santa Fe, como lo fue la marabina, de la que formaron parte Mérida y San Cristóbal, se consolidaron en torno a la jurisdicción de índole judicial. Sin embargo, la Audiencia de Caracas ejerció atribuciones en todas las esferas de la administración colonial; asumió las facultades gubernamentales que tuvieron las antiguas audiencias. A propósito, el establecimiento de esta institución fue esencial en el proceso de unificación del territorio venezolano, al acoger el uti possidetis iuris36, instrumento legal definitorio de sus límites territoriales, acogiendo geográfica e históricamente los establecidos por la Corona y vigentes el momento de independizarse. En la década siguiente, el 3 de junio de 1793 fue promulgada la real cédula que sancionaba la creación del Consulado de Caracas, organismo de fomento industrial y tribunal de justicia mercantil con jurisdicción en la Gobernación y Capitanía General de Venezuela y uno de sus diputados asistía en Maracaibo. Si con el establecimiento del Consulado se consumó la unidad provincial en el orden civil, la de índole religioso o espiritual se concretó en la última década del dominio hispánico, el 24 de diciembre de 1803, con la elevación de obispado de Caracas a arzobispado, mediante la bula In Universali Eclesiae Regimine del papa Pío VII, en Santa María la Mayor de Roma37, documento pontificio que además dispuso la anexión de la diócesis de Mérida 34. 35. 36. 37.

Donís, 2001. Vila, 1991. Fundación Polar, 1998. Fundación Polar, 1998.

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y Guayana a la nueva arquidiócesis metropolitana. Finalmente, la real cédula del 16 de julio de 1804, sella plenamente la anexión de las provincias venezolanas. En ese escenario destaca el papel que desempeñaron las cabeceras provinciales de aquellos territorios adosados a la Capitanía General de Venezuela, sedes fundamentales del poder local en la conformación de sus paisajes tanto urbano como rural o de su área jurisdiccional; baluartes de los intereses del liderazgo local. Sin lugar a dudas, aquellos núcleos urbanos, modeladores de los espacios socio-económicos de las provincias y representadas por las élites capitulares, se esforzaron en conservar sus cuotas de poder, conquistar otras y promover su autogestión, rasgo revelador de ese espíritu autonómico en su administración, contexto que motivó frecuentes divergencias ante la oposición del gobierno central, pero también en momentos en que por decisión monárquica pasaron a ser ciudades sufragáneas38. Ciertamente, las medidas fiscales, monopolizadoras y las arbitrariedades de sus funcionarios, al crear malestar en los vecinos, fortalecieron su sentimiento de arraigo a la tierra, un apego eminentemente localista y regionalista que condicionó su capacidad autonómica como mecanismo de defensa de sus intereses. En este marco, se suscitaron una serie de protestas protagonizadas por el cabildo, mientras otras tuvieron carácter reivindicativo. A propósito de ese espíritu autonómico, se destaca cómo en ocasiones la élite edilicia, a través del organismo que representaba y afectada por las disposiciones de la Intendencia, buscó fortalecerse internamente a través de una serie de proyectos en los que proponían impulsar las actividades económicas en su hinterland y fortalecer sus relaciones intra y extrarregionales. En ese sentido, planteaban abrir nuevos caminos y mejorar los existentes para incrementar los vínculos con su hinterland y el exterior39. Asimismo, la eliminación de los regidores en el ayuntamiento por la intendencia y, sobre todo, a su interferencia en las funciones del cabildo —particularmente en el campo financiero— se atribuye el antagonismo creciente con los miembros capitulares, circunstancia que propiciaron el fortalecimiento de crio-

38. Ejemplos de ellos se dieron entre Mérida y Maracaibo a lo largo de las centurias hispánicas. Véase, entre otros, Samudio, 2002. 39. Lombardi, 1985.

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llidad y estimularon su capacidad autonómica frente a las discrepancias de intereses con el poder central. Esta realidad se vio manifiesta cuando les correspondió mostrar su voluntad de regular sus intereses mediante normas propias, plasmado en las constituciones provinciales de 1811 y 1812, consagrado en la primera carta magna de Venezuela y en la cartografía de la época. Cabe aclarar que estas actuaciones de orden político, no se realizaron fuera del conocimiento del escenario geohistórico vigente. Por el contrario, la cartografía colonial sirvió de base para la consolidación de una nueva concepción del territorio, la cual, a su vez, sirvió de asiento para la república en ciernes. De esta forma, se comenzó un proceso de concepción del “territorio nacional” cimentado en las regiones históricas, las cuales separadas y autónomas, se mostraban débiles pero que en la unificación geoespacial encontraban su fortaleza y su prospección política. De esta manera, se fue fraguando un proceso dinámico de integración donde no solo iba a funcionar el accionar del poder, sino una articulación institucional en un contexto diferente, con aspectos económicos y socioculturales diversos, pero con una identidad y una representación común frente a las naciones emergentes de América. Estos, a pesar de ser cambiantes, se inclinaban por la conjunción de elementos geográficos bajo la figura del Estado-nación moderno más allá de la ortodoxia geográfica colonial40. Se trata de un proceso lento, inherente al devenir histórico que experimentaron los pueblos hispanoamericanos una vez culminada su gesta emancipadora. En todo caso, no se trata de la determinación del territorio sobre la acción humana, sino de la revaloración que hicieron las comunidades humanas asentadas sobre el espacio que ocupaban y su papel dentro de los proyectos republicanos; es decir de una concepción y filiación al lugar al que se pertenecía41. Cabe recordar que estos espacios, desde sus orígenes, fueron explorados, conquistados y ocupados afectivamente, luego redescubiertos, reconquistados e intervenidos, lo cual dio forma a una nueva realidad social que renombró los territorios y los sometió a una nueva administración dominante y usufructuaria, basada en la figura de la provincia. De hecho, en 1811, siete de las nueve provincias estuvieron 40. Corssman, 1941. 41. Consúltese Twan, 2007.

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representadas en el congreso constituyente de aquel año y el 5 de julio declararon su independencia definitiva de España. Es más, el 21 de diciembre de ese mismo año se sancionó la efímera Constitución Federal de los Estados de Venezuela, cuyo impacto fue indicador para el curso de la vida republicana bajo la Confederación Americana de Venezuela. A partir de este momento y hasta la consolidación temporal del proyecto bolivariano conocido historiográficamente como la Gran Colombia, se va a generar una reconfiguración del espacio territorial que va a tener una incidencia directa en la historia del Ecuador, Colombia y Venezuela a partir de 1819, 1821 y 183042. La idea geoestratégica de Bolívar de la “Gran Colombia”43 viene a representar una propuesta geopolítica que tiene en sus dos momentos (1819 y 1821) la posibilidad de reunir dos unidades territoriales antes coloniales y luego republicanas: Venezuela y la Nueva Granada, a la que luego se adhirieron Panamá (1821), Quito y Guayaquil (1822). Esta república existió en la cartografía de la época y jurídicamente entre 1821 y 1831 pero sus entidades administrativas (virreinato de la Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, Real Audiencia de Quito y Gobierno de Guayaquil), tenían la carga de la metamorfosis territorial. La República de Colombia (Gran Colombia) era por mucho el proyecto de país hispanoamericano con mayor denotación internacional debido a que estaba aunada a la figura de Bolívar, quien defendió hasta su muerte (1830) la unión territorial. Aunque el país se disolvería en 1830, motivado por las desavenencias políticas entre federalistas y centralistas, las concepciones regionales que intrínsecamente se encontraban en su estructura, acercó a los pueblos y a sus modos de vida. Fue, sin duda, un intento de unificación regional heterogéneo que trascendería en la conciencia y en los imaginarios de los pueblos de América. Conclusiones Los enfoques geohistóricos constituyen hoy un campo prolífico que aporta elementos para la investigación histórica y a las ciencias so-

42. Ríos y Carvallo, 2000. 43. Concepto historiográfico que denota la República de Colombia entre 1819-1830.

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ciales. Permite reflexionar sobre el rol de las identidades regionales venezolanas a partir de una concepción geográfica que entiende el devenir como un proceso histórico complejo. En este escenario la acción política se engrana con el contexto espacio-temporal para dar forma a la nación. No cabe duda de que las bases para la formación de los Estados nacionales hispanoamericanos se encuentran en esos procesos de transformación, una verdadera metamorfosis que tiene como protagonistas a las regiones y a las provincias. Por ello, se requiere abordar las bases políticas e institucionales de la época a razón de la realidad espacial de las regiones que dieron forma al país. En consecuencia, el enfoque geohistórico es ineludible y se encuentra vigente. No se puede entender lo que es el país hoy, si no se reconoce el proceso de transición de lo colonial a lo republicano durante el periodo señalado, ya que ahí se plantearon enunciados que permitieron la creación de una espacialidad venezolana con profundas implicaciones para nuestro desarrollo como sociedad. Sin duda, no hubo en Hispanoamérica un solo proceso emancipador que no tocara la importancia de la dimensión espacial, y más específicamente, la regional. Por tal motivo, es difícil comprender el proceso emancipador sin considerar las regiones y las sociedades que dieron forma a la idea republicana. En concordancia con lo expuesto, señalamos que la vigencia de la región histórica va más allá de lo político y lo económico, ya que se enlaza con lo social y lo cultural en un ejercicio dialógico con la geografía y la historia. Bibliografía Arellano Moreno, A. 1960. Orígenes de la economía venezolana. Caracas: EDIME. Brice, Ángel Francisco. 1959. Constituciones provinciales. Caracas: Academia Nacional de la Historia. Cardozo Galué, Germán. 2010. “Regiones históricas, independencia y construcción de la nación venezolana”. Académica, vol. 2, n.° 3, 1-35. Maracaibo: Universidad del Zulia. Codazzi, Agustín. [1840] 1960. “Resumen de Geografía de Venezuela”. En Obras Escogidas. Caracas: Biblioteca Venezolana de Cultura (2 vols.)

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La multiplicación de los espejos. Raza, región y nación en el Caribe colombiano en el siglo xix Sergio Paolo Solano Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena, Colombia Roicer Flórez Bolívar Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena, Colombia Muriel Vanegas Beltrán Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena, Colombia

Introducción El Bicentenario de las independencias ha producido gran cantidad de estudios sobre la crisis y disgregación del imperio español, el surgimiento de repúblicas independientes y las culturas políticas que inspiraron a los diversos sectores sociales y políticos que participaron en esa coyuntura de crisis. Al colocar los estudios sobre las independencias en una dimensión imperial, y al desprenderse de la camisa de fuerza que concebía al liberalismo hispanoamericano como una derivación anómala del modelo clásico de la Europa del Atlántico Norte, los análisis sobre la crisis del imperio español y de las independencias1 abrieron paso a las investigaciones sobre la formación y desarrollo inicial de la república liberal como forma de organización político-administrativa, que alcanzó en las Américas su mayor esplendor. También se han abordado temas propios de esas transiciones como la fase inicial de la república, y el paso a preocupaciones sobre la construcción de la nación y las funciones que competían a los diversos sectores sociales en esta formación2.

1. Guerra, 1992; Annino, 2003: 399-430; Annino y Guerra, 2003; Rodríguez, 1996; 2005; Pani y Salmerón, 2004; Chartier, Darnton, Fernández y Young, 2010. 2. Young, 2006; Guardino, 2010; Mallo y Telesca, 2010; Múnera, 1998; Gutiérrez, 2007; Echeverri, 2018.

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Asimismo, los estudios acerca de la nación han transitado de una primera fase que la concibió como unos actos fundacionales derivados del triunfo de las independencias, a otra etapa en la que se les periodiza de mejor forma, y se les concibe como unos procesos conflictivos, tanto por la reversión de las soberanías a las autoridades locales3, por los lugares que el poder asignó a los diferentes grupos socio-raciales y las funciones que estos reclamaron en la construcción de las naciones4, por las relaciones entre distintos espacios (a los que se les asignaron adscripciones socio-raciales) cuyos habitantes se fueron autoidentificando como regiones diferenciadas, como también por el juego conflictivo entre las identidades construidas y/o proyectadas desde los centros de poder sobre aquellas5. Se trató, como ya se ha señalado, de procesos coetáneos y conflictivos6, marcados por diferencias en cada país, en los que, como es el caso de Colombia, la geografía aislaba. Esto, sumado a las disparidades socio-étnicas dieron origen a diversas formaciones sociales, con sus propias identidades y disímiles juegos de imaginarios sobre las mismas, lo que se expresaba en el terreno de la política y en las distintas formas de concebir las relaciones entre los intereses locales y regionales con los del Estado central. En el caso de Colombia varios estudios se han interesado en develar las relaciones conflictivas entre el Estado central, al que se concibe como representante de los intereses de las regiones andinas, y las regiones costeras del Caribe y del Pacífico colombiano7. Pero además de reconocer la existencia de una diversidad espacial y socio-cultural en la base de la formación y de la existencia de la nación y los conflictos entre el Estado central y las regiones, los estudios también reconocen que estas no son homogéneas debido a sus diversidades geográficas, las formas como se ocuparon sus ecosistemas y los grupos humanos que han hecho presencia en estos. En esos medios surgió una diversidad de pueblos con sus características sociales y étnicas y con sus expresiones culturales

3. Chust, 2008; Chust y Serrano, 2007; Corona, Frasquet y Fernández, 2009. 4. Saether, 2005; Conde, 2009; Helg, 2011; Lasso, 2013; Escobar Ohmstede, 2007; Jong y Escobar Ohmstede, 2016. 5. Arias, 2007; Múnera, 2005; Rappaport, 2000; Appelbaum, 2016 6. Colmenares, 1998: 143-168. 7. Posada, 1988: 49-67; Posada, 2003a: 121-138; 2003b: 139-165; Posada, 2006: 97145; Múnera, 1998; Wade, 2002; Abello, 2006; Meisel, 2009; Meisel, 2020; Flórez Bolívar y Flórez Bolívar, 2020.

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singulares8. También se reconoce que los principales centros urbanos y sus élites desempeñan funciones de primer orden en la construcción de identidades colectivas regionales, las que tienden a brindar una imagen homogénea para negociar con el Estado central. En consecuencia, es obligatorio preguntarnos acerca de los procesos que dieron origen a esa imagen homogénea y sobre las relaciones entre ese imaginario homogéneo colectivo y los diversos sectores sociales al interior del espacio regional caribeño colombiano, y las implicaciones políticas que ello ha tenido en la vida de los diferentes grupos sociales y étnicos que lo ocupan. En este capítulo abordamos el anterior interrogante en función de las relaciones entre la construcción de la región Caribe y los imaginarios colectivos sobre grupos indígenas que ocupaban territorios en esta9. Nuestro argumento emplea la metáfora de la multiplicación de los espejos para señalar que los imaginarios de las relaciones de otredad construidos durante el siglo xix entre el Estado central y las élites que lo controlaban y la región Caribe, a su vez fueron el resultado de imágenes construidas durante el periodo colonial entre los diversos grupos socio-raciales y el poder al interior de sus provincias. Luego esa imagen fue reforzada por los conflictos relacionales con el mundo andino, al que se asoció con lo indio y con lo mestizo, recibiendo en respuesta la imagen que los andinos se dijeron de las costas caribe y pacífica asociadas solo con lo negro, y las consiguientes simplificaciones de discriminación y exclusión que produjo. En otros términos, esos imaginarios provenían de las experiencias que habían acumulado las élites de las principales poblaciones de ambos espacios en sus relaciones con esos grupos socio-raciales. Las élites andinas con sus esclavos, pero sobre todo con el espacio del valle del río Magdalena y con las poblaciones caribeñas que recorrían en sus desplazamientos, ya fuese hacia el exterior, o desde Cartagena y Santa Marta hacia el interior andino. Y las élites caribeñas en sus relaciones tanto con los pueblos de indios situados en los alrededores de los principales centros urbanos, como en sus relaciones con los comerciantes y funcionarios andinos, y con con8. 9.

Fals, 1979-1986; Mapa cultural del Caribe Colombiano, 1993. Los habitantes del bajo curso del río Sinú, de poblaciones del partido de Tierradentro, del bajo curso del río Magdalena y de las sabanas centrales de la colonial provincia de Cartagena, se identifican por sus ascendientes indígenas y poco toleran la mirada hegemónica de las mencionadas ciudades letradas que tienden a identificarlos como negros y mulatos. Díaz, 1935; Mendoza, 1939; Fals, 1986b; Garcés, 2002.

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tingentes de labriegos del mundo andino que eran reclutados en zonas mestizas e indígenas (los “lanudos” les llamaban) y que se destinaban a prestar el servicio militar en el Regimiento Fijo de Cartagena. Sobre este sustrato se sobrepusieron otros aspectos que durante el siglo xix sometieron a las identidades de los indígenas de la región Caribe a una continua tensión que en el largo plazo la fue deteriorando. Por una parte, se encontraba la conjunción de cuatro elementos: la ideología del mestizaje de la que se pretendió hacer el fundamento de la nación; la presión que ejercía el discurso liberal de la ciudadanía por encima de otras identidades; los intereses de las élites y de otros sectores sociales en suprimirlos, y por último las ambivalencias de las autoridades frente a la existencia de los resguardos. Por otra parte, se encontraba el doble interés desarrollado por los indígenas que reclamaban que se les siguiera reconociendo esa condición étnica, y al mismo tiempo se veían obligados a acudir a la identidad de ciudadanos para reclamar sus derechos. En medio de esa tensión el Estado republicano desempeñó un papel de primer orden en la definición de la identidad indígena al igual que lo había hecho el Estado colonial, debido a que le tocó lidiar con una relación de naturaleza étnica que tenía implicaciones institucionales. Los indígenas participaron y sacaron provecho de los conflictos políticos entre los sectores dirigentes10, negociando, por vía de sus mediadores y apoderados, la salvaguarda de sus intereses. La negociación permitió que se revivieran algunos criterios del siglo xviii para establecer la identidad, y a que se introdujera como el reconocimiento de su condición étnica definida desde la autopercepción colectiva y las relaciones de otredad, las que tuvieron efectos jurídicos y políticos muy importantes para finales del siglo xix. En consecuencia, la identidad de los indígenas también fue el resultado de una reelaboración que estos hicieron aprovechando las normas de la república para expresar sus puntos de vista. Para ello argumentaron razones históricas tanto coloniales como republicanas, compararon el trato recibido durante la colonia con el que les daba la república, arguyeron derechos ancestrales y títulos primordiales, desarrollaron rituales de posesión de las tierras, promovieron acciones legales por medio de sus apoderados, mostraron los contratos de arrendamiento de sus tierras, y emprendieron acciones de hecho contra otros sectores sociales. 10. Fals, 1986a: 163B-181B; Flórez Bolívar, 2009: 75-97.

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Los indígenas en la región caribe colombiana Durante los dos siglos de la república, un significativo sector de la población del Caribe colombiano ha reivindicado ser indígena o tener ascendientes de esa condición. Su invisibilización por parte de los discursos hegemónicos tanto nacional como de las ciudades letradas de la región (las ciudades capitales de los departamentos), ha tenido una importante función en la construcción de las alteridades interregionales y los procesos de racialización de la geografía regional colombiana11. Por un lado, porque en algunas ocasiones esta área del Caribe es definida como exclusivamente mestiza, y en otras como de mayoría negra y mulata. Por otra parte, porque las relaciones entre los indígenas y otros grupos socio-raciales del Caribe han desempeñado un papel central a la hora de definir las formas como los habitantes de esta región asocian al mundo andino con lo indígena. Frente a la identificación del Caribe como un espacio y una sociedad no apto para la civilización debido al clima y por estar habitada por negros y mulatos, sus habitantes respondieron identificando al mundo andino con los indígenas y con valoraciones despectivas (hipocresía, estupidez, ausencia de viveza, sumisión, cuerpos carentes de elegancia, desaseados, relaciones sexuales marcadas por la parquedad). Ese imaginario sobre lo andino en muchos aspectos constituye una prolongación del acuñado por los conquistadores, las autoridades coloniales y los habitantes de las ciudades y otras poblaciones caribeñas sobre las comunidades indígenas de la región, tanto sometida como rebeldes. En la provincia de Cartagena el sustrato de las actitudes ante los indígenas estaba constituido por la mentalidad española de los primeros años de la conquista que concibió las relaciones con los indios como un vínculo entre conquistadores y conquistados12. Luego, estos 11. Bajo la república se elaboraron nuevas formas de concebir, ordenar, clasificar y jerarquizar la realidad social y natural, originando ideas que marcaron las relaciones entre los grupos de poder, los sectores subordinados y los espacios geográficos, racializando la geografía de este país. Castro-Gómez, 2005: 227-303; Arias, 2005: 94-112, 128-137; Pedraza, 2004: 184-199; Castaño, Nieto y Ojeda, 2005: 114-125; Múnera, 2005: 66-88; Villegas y Castrillón, 2006: 94-117; Serna, 2006: 421-449. 12. Alrededor de Barranquilla estaban los pueblos indígenas de Malambo, Tubará, Galapa y Baranoa. Al noroccidente y occidente de Sabanalarga estaban Piojó y Usiacurí. Cartagena estuvo rodeada por Turbaco y Turbana. Próximos a El Carmen estaban Zambrano y Tetón. Mompox estaba rodeado por Tacaloa, Talaigua,

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elementos se deslizaron hacia la dicotomía gente de razón y gente irracional, la que distinguía a los españoles y criollos de los indios, y en muchas ocasiones también servía para hacer distinciones entre indios reducidos e indios salvajes13.

Fuente: Elaboración de los autores con base en Ausdal, 2009: 49.

Esta mentalidad alimentó, y a la vez se vio reforzada, por dos experiencias vividas por muchas poblaciones de la colonial provincia de Cartagena. Por un lado, las guerras de la segunda mitad del siglo xviii Menchiquejo y Chilloa. Magangué por Yatí, Jegua y Guazo. Sincelejo y Corozal por Tolúviejo, Morroa, Colosó, Sincé y Sampués. Lorica por San Nicolás de Bari y Cereté, y Chinú por los pueblos indígenas de Chinú y San Andrés de Sotavento. 13. Rengifo, 2007; Castañeda, 2007: 123-142; Marín, 2008.

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contra los indios chimilas de la provincia de Santa Marta y contra los cunas y emberá en la zona del Darién. En la primera guerra participaron habitantes de las poblaciones de esa provincia situadas en el margen occidental del bajo curso del río Magdalena14. En la segunda se vieron involucrados habitantes del área de las sabanas y de las riberas del río Sinú15. Ambas guerras estuvieron precedidas por una confrontación simbólica unidireccional en la que esos nativos eran presentados como la personificación del salvajismo. La otra experiencia fue el continuo conflicto entre los indígenas reducidos y las poblaciones circunvecinas16, pues las principales ciudades del Bolívar Grande surgieron en el centro de áreas de asentamientos indígenas, con los que convivieron casi que hasta finales del siglo xix. Pese a que en ese siglo se abolió la separación entre la repúblicas de blancos e indios, erigiéndose muchos pueblos de estos últimos a la condición de distritos, y a que para los efectos formales la ubicación de ese sector socio-racial con relación a la nación no podía darse con base en la discriminación como si sucedía en la colonia, se siguió considerando al indígena como incapaz por su propia condición racial, y merecedor del paternalismo de las autoridades hasta tanto perdiera esa condición, se convirtiera en ciudadano y en pequeño propietario de los lotes resultantes de la división de las tierras de los resguardos. En otros términos, hubo una articulación problemática entre el discurso de la ciudadanía y la igualdad ante la ley y unas relaciones socio-raciales marcadas por conflictos y discriminaciones. Por eso, la idea de la inferioridad de los indígenas continuó siendo moneda corriente entre los dirigentes políticos y las gentes del común del Bolívar Grande del siglo xix. Por ejemplo, en 1845, Andrés Jiménez, abastecedor de carnes, se negó a aceptar el nombramiento de juez tercero parroquial de la villa de Barranquilla aduciendo que su condición social y su oficio no era acorde con el cargo. Luego, remataba que para esa villa era una deshonra pues, “¿No sería envilecer la reputación de esta tierra constituyéndola en el rango del más infeliz pueblo de indígenas?”17. En 1861 el gobernador de la provincia de Sincelejo ano14. 15. 16. 17.

Herrera, 2001: 29-105; Herrera, 2007: 281-346. Werner, 2000; Baquero y Vidal, 2004. González, 1993; Blanco, 1995. “Carta”, en Archivo Concejo Municipal de Barranquilla (en adelante ACMB), Libro de 1845. Oficios, Baranquilla 20/12/1845, s/f.

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taba que la ignorancia y los vicios de los indígenas los convertían en presa fácil de los explotadores18. Pocos años más tarde, el gobernador de la provincia de Sabanalarga, en la que estaban situados los resguardos de Piojó y Usiacurí (véase mapa 1), propuso “…acabar de una vez con los mentados privilegios de los indios, porque… eran y creo que son y serán siempre robados, por la misma razón de ser indios”19. Un lustro después el gobernador de la provincia de Barranquilla se refería a los indígenas como una “…clase infeliz i desvalida de nuestra sociedad…”20. En 1876, otro gobernador de esta provincia hacía alusión al distrito de Tubará, conformado en su mayoría por los indígenas del resguardo del mismo nombre, en los siguientes términos: Allí hay mas personal, acaso, que en cualquiera de los otros distritos; pero es el caso que no hay quienes se presten a desempeñar cumplidamente los puestos públicos. Es que, o no hay allí hombres de buena voluntad para servir al actual Gobierno, o no tienen esos hombres ideas de sus deberes como ciudadanos. Yo me inclino a afirmar lo primero, sin dudar mucho de lo último. Pero es lo cierto, que encontré la mayor parte de las oficinas en estado deplorable de desgreño21.

Al año siguiente, el gobernador de la provincia de Barranquilla acusó a los indígenas de los alrededores de esta ciudad de privilegiados, ignorantes, indolentes, arbitrarios y de estar gozando de unos derechos ilegítimos22. El inventario de las calificaciones de la inferioridad de los indígenas vinculaba el fenotipo con sus actitudes morales y sociales para concluir que eran inferiores. Esto fue posible porque en la segunda mitad del siglo xix, la visión tradicional de algunos grupos indígenas como “bárbaros” o “salvajes” se solapó con algunos con18. “Informe del gobernador de la provincia de Sincelejo, que produce en conformidad del inciso 29 del artículo 7 de la lei sobre rejimen político”, en Biblioteca Luís Ángel Arango-Colección de Prensa Microfilmada (en adelante BLAA-CPM), Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 17/11/1861. 19. “Informe del Gobernador de la Provincia de Sabanalarga”, en BLAA-CPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 10/4/1865. 20. “Informe anual del gobernador de la provincia de Barranquilla”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 28/8/1870. 21. “Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla”, en BLAA-CPM, Diario de Bolívar, Cartagena 11/8/1876. 22. “Informe del Gobernador de la Provincia de Barranquilla”, en BLAA-CPM, Diario de Bolívar, Cartagena 3/9/1877.

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ceptos claves acuñados y profusamente utilizados por el pensamiento occidental decimonónico en su relación con la diversidad humana que estructuraba en una rígida escala, medida en términos tanto físicos como culturales. Algunos de los estereotipos consideraron al indígena como un ser perezoso, borracho, vicioso, sodomita, violento, tendente a la barbarie y a la rebelión. Al iniciarse el último cuarto del siglo, el pesimismo antropológico que condenaba a los indígenas a la extinción por la ley fatal de la evolución se hallaba sólidamente afianzado en el imaginario de las élites23. Así las cosas, la población blanca, mestiza, mulata y negros libres, tenía una mirada pendular sobre los indígenas tanto “salvajes” como reducidos, la que oscilaba entre el total rechazo y la aplicación de políticas de exterminio, pasando por convivencias y terminando en conflictos internos que se dirimían de distintas formas incluyendo la violencia física. Por eso, durante el primer siglo de la república la mentalidad de quienes defendían la existencia de los resguardos como de quienes demandaban su abolición, coincidían en ver a los indígenas como unos seres incapaces de insertarse por sus propios medios y de manera satisfactoria en el proyecto civilizador de la época24. El dilema tendió a resolverse, como lo veremos más adelante, mediante dos discursos que alcanzaron sus mayores enfrentamientos después de promulgada la constitución de 1863. Pero pese a las divergencias es fácil percatarse de que tanto el diseño de una política indigenista paternalista por parte de la facción de Juan José Nieto que dirigía el estado de Bolívar a comienzos del decenio de 1860, como también las actitudes de sus detractores partidarios de abolir los resguardos, se fundaban en distintas variedades de la doctrina liberal que negaban la capacidad a los indígenas para regir satisfactoriamente sus propios destinos. Así lo hizo la junta de gobierno de la provincia de Cartagena, la que, previo a las determinaciones asumidas por las Cortes de Cádiz para poner fin a algunas expresiones de la atávica discriminación ejercida sobre la población indígena, en mayo de 1811, acordó que debía estimularse que en los términos de las poblaciones de indios se establecieran personas de otras condiciones socio-raciales, exonerando del pago de terraje a los libres que se casaran con indias y vivieran en los resguardos. Y el 23. Quijada, 2000: 57-92; Urias, 2005: 335-374. 24. Safford, 1991: 1-33.

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liberalismo de los inicios de la república intentó integrar a los indígenas y les concedió el derecho al voto para elegir, al igual que el resto de los hombres, excepto los negros libres y esclavos25. Élites y autoridades y los criterios de la identidad indígena en el siglo xix Estos factores contribuyeron para que la república mantuviera actitudes ambivalentes frente al indígena, constituyéndose su existencia en un tema de continuas discusiones al guardar una relación directa con la institucionalidad política que definía normas especiales que los regían, como también a una normatividad jurídica relacionada con una de las formas de propiedad territorial, el resguardo, que, a su vez, estaba vinculada a la condición racial. No perdamos de vista que la propiedad estaba lejos de ser un principio abstracto y universal, pues dependía de quienes la poseyeran, quienes la reclamaran y qué instituciones la reconocieran. Por eso, élites, autoridades, políticos e intelectuales se enfrentaron a una situación paradójica que demandó, entre otras cosas, establecer qué era un indígena bajo la república. Este interrogante cobraba más fuerza en aquellas áreas que, como el Caribe colombiano, desde la colonia temprana se había avanzado en la integración de los indígenas a la sociedad mayor. Para algunos historiadores en el siglo xix el indígena se transformó en simple labriego, término de naturaleza socioeconómica que solo relaciona a los habitantes del campo con las condiciones de producción, en especial con la tierra. El empleo de esta categoría implica aceptar que los liberales avanzaron en su interés tanto de transformar las formas de propiedad como en la creación de un nuevo sujeto en el campo: el productor independiente o campesino, lo que es apenas una verdad a medias, pues fue más el resultado del proceso de mestizaje que de las iniciativas oficiales. Ese concepto desconoce las especificidades étnicas y culturales, como también la existencia de una normatividad jurídica que siguió concediendo un estatus especial a los indígenas bajo la 25. “Edicto”, en BLAA-CPM, El Argos Americano, Cartagena 13/5/1811; “Bando impreso dirigido a todos los estantes y habitantes de la provincia de Cartagena por el presidente de la Junta de Cartagena, José María García Toledo, 9 de noviembre de 1810”, en Gutiérrez y Martínez, 2008: 78-85.

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república. Esos elementos diferenciadores se expresaban en formas de propiedad inmueble, racionalidad económica, instituciones administrativas, relaciones de alteridades que generaban unas demandas muy específicas y diferenciadoras con relación al resto de la población del campo. En otro sentido, la pertinencia de la categoría indígena tenía su énfasis más en lo cultural que en lo socioeconómico. En un ensayo sobre los indígenas de los alrededores de Santa Marta, Steinar Saether sostuvo que con los cambios introducidos por la república en el ordenamiento político-territorial (la igualación de los pueblos de indios a la condición de las demás poblaciones) y con el otorgamiento de la ciudadanía, esa identidad perdió sentido. En otros términos, se dio una renuncia a la indianidad, la que se reemplazó por la ciudadanía debido a la pérdida de relevancia de la primera en un contexto en el que la segunda definía la adscripción a la nación26. Sin embargo, la información de los archivos y los estudios sobre el tema muestran que la identidad indígena continuó siendo un elemento clave para las comunidades que se reivindicaban como tales, debido a que los discursos republicanos aumentaron el arsenal de argumentos para reclamar su disolución. En efecto, la definición de lo que era un indígena bajo la república ocupó un lugar central en las discusiones políticas, constituyéndose en asunto crucial para muchos sectores de la población colombiana por las implicaciones que tenía en los proyectos de construcción de la nación, en el ordenamiento legal y en la distribución y jerarquía político-administrativa del territorio. Se trató de un debate medular para las élites y otros sectores sociales que relacionaban esos asuntos con las condiciones raciales y morales de sus habitantes, y a estas con las características del clima y de la geografía, con la herencia colonial y por último con los propósitos económicos agroexportadores27. La controversia articuló una diversidad de aspectos (ciudadanía, controles sociales, cuerpo, raza, mestizaje, salud, trabajo, enfermedad y la geografía), originando nuevas formas de concebir, ordenar, clasificar y jerarquizar la realidad social y natural, y marcando las relaciones entre los grupos de poder, los sectores subordinados y los espacios geográficos28.

26. Saether, 2005: 61, 75-76, 79. 27. Castro-Gómez, 2005: 227-303; Arias, 2005: 94-112, 128-137; Múnera, 2005: 66-88. 28. Castro-Gómez, 2004: 52-103; Pedraza, 2004: 184-199.

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Las medidas gubernamentales originadas en ese contexto y las acciones emprendidas por los indígenas en el marco de la república, replantearon la condición de estos en varias direcciones. Se abolieron algunos de los elementos centrales que habían definido esa identidad bajo la dominación española, como era la separación entre los pueblos y ciudades, villas y parroquias de vecinos libres. La condición de súbdito (una de las bases del pacto colonial) fue reemplazada por la de ciudadano, dando paso a un discurso que reclamó la igualdad frente a la ley y en las contribuciones fiscales. No obstante, diversos motivos como la debilidad del Estado, el temor suscitado por el favoritismo por la causa realista de los indígenas en algunas áreas del Nuevo Reino de Granada (Pasto, Santa Marta, las sabanas centrales de la provincia de Cartagena y en el bajo curso del río Sinú), como también las dificultades entre sectores de las élites para establecer un consenso hegemónico, llevaron a la república a mantener algunos elementos de la identidad institucionalizada29. Desde comienzos de la vida independiente se emitió y se mantuvo una legislación de transición que los protegiera mientras se disolvían los resguardos y se distribuía las tierras en pequeñas propiedades. Este propósito se fue aplazando por las dificultades relacionadas con los títulos primigenios, el levantamiento de planos de las tierras de los resguardos y la consiguiente distribución de las mismas30, las resistencias de comunidades indígenas, entre muchas otras razones. También se conservaron los pequeños cabildos para administrar los bienes de la comunidad y para organizar diversas labores31. Asimismo, a diferencia de algunos países latinoamericanos (por ejemplo, México), en Colombia se permitió que elevaran representaciones colectivas ante las autoridades32. En consecuencia, el Estado del siglo xix tuvo que continuar interviniendo para definir qué era un indígena, suscitando presiones por parte de distintos sectores de la sociedad que pretendían que a los nativos solo se les reconociera la condición de ciudadanos. Estas presiones sometieron las políticas del Estado a continuas ambivalencias que llevaron a 29. Echeverri, 2018. 30. Castillo, 2006: 68-93. 31. “Ordenanza XXIII (de 25 de octubre de 1852) Sobre resguardos de indígenas”, en Biblioteca Nacional de Colombia (en adelante BNC), La Regeneración de Sabanilla, Barranquilla 9/12/1852; Friede, 1976: 103-104. 32. Sanders, 2003: 56-85.

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los indígenas a emprender acciones con el fin de conservar la condición étnica, lo que redundaba en, por una parte, el beneficio de continuar usufructuando los resguardo, y, por otro lado, poder jugar con las ambivalencias de poner en escena la identidad política de ciudadano o la étnica de indígenas de acuerdo a los contextos. De ahí que esa identidad estuvo sometida a una constante tensión, danto pie a recurrentes discusiones sobre las condiciones a tener en cuenta para establecerla. Un aspecto que refleja esa tirantez fue el debate en torno al tributo, que hasta los albores de la república había servido para marcar una línea divisoria entre los indios y las demás personas de condición libre, constituyéndose en un elemento central de la identidad imputada a los primeros33. Además, el pacto colonial con el rey implicaba que el tributo otorgaba a los indios súbditos el derecho a usufructuar la tierra. Fue la crisis de la monarquía y el surgimiento del liberalismo gaditano (1808-1812) los que colocaron el tributo indígena en el centro de las discusiones, las que inmediatamente se deslizaron a temas relacionados como el de la ciudadanía, la igualdad, las necesidades fiscales del Estado y la identidad indígena. Cuando las Cortes de Cádiz abordaron el punto de la ciudadanía para los sectores americanos, en especial para los indios, se pensó que el tributo estaba en contravía con el principio de la igualdad en las cargas fiscales. Pero la discusión también estaba relacionada con las implicaciones de la ciudadanía en ciertas formas del pacto colonial que, como en el caso a que venimos refiriéndonos, había permitido como contrapartida que la monarquía española emitiera una legislación especial para los indígenas, concediéndoles un estatus jurídico-político que los había convertido en un cuerpo político dentro de la sociedad colonial. Aunque pudo existir acuerdo en los términos señalados, un sector de las Cortes de Cádiz y de las autoridades coloniales pensaba que era imposible abolir esa contribución fiscal por su alta representatividad porcentual en los ingresos del Estado colonial34. Esas discusiones las heredaron las repúblicas latinoamericanas al tener que resolver problemas como la ubicación de los indígenas en la nación imaginada, la cobertura de la ciudadanía, la estructura administrativa de los Estados y sus necesidades fiscales, y las formas de propiedad de bienes inmuebles. En especial porque la condición de tributario, ya 33. Gutiérrez, 2007: 117-128. 34. Escobar Ohmstede, 2010: 43-45.

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fuese presente o por ascendencia, fue central para determinar las políticas del Estado frente a las tierras de los resguardos. Las decisiones normativas siguieron cursos distintos acordes con las particularidades de las regiones y de los distintos países. En algunos lugares se logró abolir el tributo como fue el caso de México, mientras que en Perú, Bolivia y Ecuador fue rápidamente restablecido35. En otros sitios fue sometido a una renegociación por el interés mostrado por los indígenas en mantenerlo como condición para que se les siguiera reconociendo un estatus especial, como sucedió en Bolivia, donde los indígenas lucharon por mantener el tributo para conservar sus propiedades colectivas36. Ahora bien, la fragmentaria información de archivos consultada no permite conocer con alguna certeza los avatares sufridos por el tributo en las distintas regiones colombianas donde existían indígenas. Considerado por la junta de gobierno de Cartagena de Indias como una carga onerosa que había favorecido a los corregidores de indios y a los curas doctrineros, fue suprimido en mayo de 1811 siguiendo los dictámenes de las Cortes de Cádiz. Luego fue restablecido por la reconquista española de 181537. Consolidada la república, lo que siguió fue una serie de ambivalencias sobre esta materia. En 1827 Simón Bolívar, en calidad de presidente de la Gran Colombia, firmó un decreto aboliendo el tributo indígena38. La legislación de los años 1830 lo reemplazó por la llamada contribución personal indígena39, y normas legales del decenio siguiente lo restablecieron. Años después, cuando

35. Escobar Ohmstede, 2010: 50; Guarisco, 1995. 36. Platt, 1982; Guarisco, 1995; Mendieta, 2005: 131-154; Irurozqui, 1999: 705-740; 2006: 35-66; Soux, 2008: 18-48; Escobar Ohmstede, 2010: 41-57. Una crítica a las tesis de Platt, en Pollack, 2016. 37. “Visitas, Gobernación de Cartagena, 1660-1673, n.° 2. Visita de la encomienda de Tubará, propiedad de Francisco de Ledesma por Lope de Ceballos Barreda. 1660-1673”, Archivo General de Indias, Escribanía 644-A, f. 6-267; “Edicto”, en BLAA-CPM, El Argos Americano, Cartagena 13/5/1811; Cuño, 2008: 202, 256. 38. Archivo General de la Nación (Colombia), Sección República, fondo Indios, leg. 1, doc. 13, ff. 036-037. 39. Acerca de la legislación de la primera mitad del siglo xix sobre los indígenas, véase “Lei 1. Octubre 11 de 1821. Sobre la abolicion del tributo, i repartimiento de los resguardos de indíjenas”, “Lei 2. Marzo 6 de 1832. Sobre repartimiento de los resguardos de indígenas” y “Lei 3. Junio 2 de 1834. Adicional a las leyes sobre repartimiento de los resguardos de indígenas”, en Pombo, 1845: 100-103. Véase también el “Decreto de 1820 (mayo 20) que ordena devolver a los naturales los resguardos”, en Roldán, 1990: 11-25.

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el Estado se propuso repartir las tierras de los resguardos entre indígenas y grupos de otras condiciones socio-raciales, se consideró que la categoría de tributario era la única que permitía establecer una línea divisoria entre indígenas y las demás personas de otras condiciones étnicas avecindadas en las poblaciones de aquellos40. Normas de los años 1850 consagraron que esa condición podía estar presente o por ascendencia genealógica. En 1852 la cámara de la provincia de Sabanilla (con capital en Barranquilla), con base en la ley de 22 de junio de 1850 expidió la ordenanza XXIII “Sobre resguardos de indígenas”, norma que se propuso repartir las tierras entre estos, obligando a los pequeños cabildos a levantar un censo de las familias de esa condición teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1. Los indígenas tributarios y sus familias, aunque sus mujeres sean vecinas [es decir, no indígenas]. 2. Los indígenas que no hayan pagado tributo, y cuyo padre fue tributario. 3. Las indígenas solteras que tengan hijos, y estos mismos hijos, siempre que aquellas sean hijas de tributario o naturales de soltera. 4. Las indígenas casadas con vecinos, siempre que sean hijas de tributario o naturales de soltera, y los hijos que hubieren tenido estando solteras. 5. Los indígenas que no hayan tributado por haber obtenido los empleos del cabildo de indígenas41.

Sin embargo, en términos de los mismos indígenas el tributo era cosa del pasado. En 1867 los procuradores de los distritos de Usiacurí y Piojó que tenían funciones protectoras sobre los resguardos homónimos, protocolizaron en la notaría de Sabanalarga unos documentos judiciales que contenían declaraciones de personas notables sobre las 40. “Lei 3. Junio 2 de 1834. Adicional a las leyes sobre repartimiento de los resguardos de indígenas”, en Pombo, 1845: 101-102. En especial, véase el parágrafo único del artículo 3°. 41. “Ordenanza XXIII (de 25 de octubre de 1852) Sobre resguardos de indígenas”, en BNC, La Regeneración de Sabanilla, Barranquilla 9/12/1852, s/f. El propósito de esta norma era facilitar la repartición de las tierras de los resguardos, lo que al parecer tuvo acogida entre algunos sectores que, como en caso del resguardo de Galapa otorgaron poder a abogados para que adelantaran las diligencias pertinentes. Al respecto, véase: “Poder especial. Remigio de la Hoz a favor de José Gravier, apoderado de los indígenas de Galapa”, en Archivo Histórico del Departamento del Atlántico (en adelante AHDA), Fondo notarial, Sección 1ª, Notaria Primera de Barranquilla, Libro de 1854, escritura n° 38, 31/1/1854, ff. 44v-45v; “Poder especial. Varios vecinos del resguardo indígena de Galapa, a favor de José Gravier”, en AHDA, Sección 1ª, Notaría Primera de Barranquilla, Libro de 1859, escritura n° 14, 21/1/1859, ff. 15-17.

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poblaciones de indígenas de dichos distritos. Lo importante de esas declaraciones para el punto que estamos dilucidando fue que los testigos tenían que dar fe sobre la condición indígena de esas poblaciones sobre temas como: 1) las relaciones de alteridades con las poblaciones circunvecinas; 2) el fenotipo; 3) la tradición oral de los más ancianos; 4) la condición de los antecesores de tributario al rey de España; 5) la existencia del pequeño cabildo, y 6) el arriendo de tierras a personas no indígenas42. En estas declaraciones no se adujo el tributo como una condición presente. Pocos años antes el gobernador de la provincia de Nieto elevó una consulta al poder ejecutivo del estado de Bolívar acerca de si se debía “…exigir que la calidad de tributario se compruebe formalmente”. También señalaba que implementar el padrón de los indígenas tributarios y recaudar el tributo sería un problema y motivo de “…intrigas, vejaciones y extorsiones”43. Las dificultades para reconocer a la población indígena del país con base en el tributo llevaron a algunas legislaciones regionales como la del Gran Cauca y la del Bolívar Grande a establecer criterios de identidad como el fenotipo y la genealogía ligada a ascendientes que hubieran sido tributarios. Es decir, la condición de tributario se convirtió en unas características de los antecesores que servía para indicar que se descendía de indígenas44. Estas disposiciones originaron enfrentamientos entre distintas vertientes políticas de inspiración liberal en torno a las relaciones entre la ciudadanía, la identidad étnica y ciertos derechos devenidos de esta última. La discusión tocaba de manera directa a los 42. “Protocolización de una diligencia que acredita la propiedad de los Indígenas del pueblo de Usiacurí”, en AHDA, sección 1ª, Fondo notarial: Notaria Única del Circuito de Sabanalarga, Libro de 1867-1869, tomo único, escritura n° 16, ff. 1v-13r; “Protocolización de unas diligencias que acredita la propiedad de los indígenas de Piojó, sobre los terrenos de sus respetivos resguardos”, en AHDA, sección 1ª, Fondo notarial: Notaria Única del Circuito de Sabanalarga, Libro de 1867-1869, tomo único, escritura n° 12, ff. 20v-26r. 43. “Consulta del gobernador de la provincia de Nieto, de varios puntos de la ley de 31 de julio último sobre administración de los resguardos de indígenas” e “Informe del gobernador de la provincia de Nieto”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 20/3/1864 y 27/3/1864. 44. El estado del Cauca bajo la presidencia de Tomás C. de Mosquera expidió la ley 90 de 1859 “Sobre protección de indígenas” (Sanders, 2004: 18-99 y 125-183), convertida en el formato de buena parte de la legislación del estado de Bolívar bajo la administración de Juan José Nieto, y luego en el fundamento de la ley 89 de 1890, la que en parte aún sigue rigiendo a los resguardos indígenas.

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indígenas en la medida en que la condición de ciudadano podía utilizarse para negar su existencia y/o para demandar de las autoridades la supresión de cualquier normatividad que los protegiera por encima del resto de los habitantes. En la base de esa ambivalencia que originó corrientes abolicionistas y conservacionistas de los resguardos, estaba una imagen del indígena como un ser incapaz de insertarse por sus propios medios y de manera satisfactoria en el proyecto civilizador de la época. Según el gobernador de la provincia de Nieto, en la que hallaba situado el resguardo indígena de Cereté bajo el orden republicano los resguardos eran inconcebibles pues mantenían una línea de clasificación social basada en la raza45. Pero también podía emplearse en vía contraria por los indígenas, para defender sus derechos46. Discusiones entre liberales sobre qué hacer con los indígenas Hubo un sector liberal que por encima de las normas constitucionales que consagraban la igualdad, la propiedad individual y la libre circulación de la tierra, prefirió proteger los derechos de los indígenas. Razones doctrinales y de conveniencia política explican esa actitud. Las razones políticas se debieron a que en la guerra civil de 18591861 contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez, originó un interés en ganar el apoyo de la población indígena. En el Gran Cauca los indígenas se inclinaron por un conservadurismo popular que intentaba sacar provecho de respaldar la preservación de los resguardos ante los ataques privatizadores de los liberales quienes los consideraban una rémora de privilegios especiales reñidos con la igualdad jurídica. Deseaban ser ciudadanos de una república que respetara sus tierras originarias y su organización autónoma. Su apoyo al partido conservador surgía de su respeto a la comunidad, la autoridad patriarcal y la religión47. Por un lado, también existía un sector del liberalismo que basaba su acción gubernamental en la política del bien común, y que concebía la función del gobierno como un punto de equilibrio entre los distintos sectores de la sociedad y como la pro45. “Informe del gobernador de la provincia de Nieto”, en BLAA-CPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 27/3/1864; Safford, 1991: 1-33. 46. Sanders, 2003: 56-85. 47. Sanders, 2004: 18-99 y 125-183.

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tección de ciertos derechos de los sectores más débiles. En el estado soberano de Bolívar el caso más destacado de este liberalismo fue el presidente Juan José Nieto (1859-1864), quien ante las continuas oposiciones a las normas que promulgó defendiendo los resguardos señaló a la asamblea legislativa que El objeto primordial de los gobiernos es proteger a los débiles de los fuertes, a los ignorantes de los medio-ilustrados, a los buenos de los malos, estableciendo el equilibrio entre todos los individuos de la sociedad. Dejar abandonada a una clase desgraciada [los indígenas], arrebatarle en beneficio de unos pocos el único pedazo de tierra que los conquistadores de estos pueblos, a pesar de bárbaros y ambiciosos, les señalaron, sería una iniquidad que no podría justificarse con la constitución48.

Pero razones de interés político también explican esta actitud. Desde 1863 Juan José Nieto, presidente del estado de Bolívar, empezó a afrontar la oposición de sectores de comerciantes de las provincia de El Carmen, Lorica y Barranquilla, por las medidas que tomó para destinar buena parte de los recursos del estado para mejorar la navegación por el canal del Dique que unía a Cartagena con el cauce principal del río Magdalena, a la altura del puerto fluvial de Calamar, en detrimento de la vía del tabaco que se exportaba por Barranquilla49. Como muchos de estos comerciantes eran también hacendados ganaderos que tenían problemas con los indígenas por motivo de las tierras resguardadas, Nieto emitió una legislación protectora para ganarse el apoyo de los últimos. A comienzos de 1863, solicitó a los gobernadores provinciales recabar informes detallados sobre los resguardos existentes en las áreas bajo sus jurisdicciones, censar a los indígenas especificando edades, estado civil, tributarios, a los no indígenas que vivían dentro de los términos de los resguardos, sus cultivos, crías, casas y administración del tributo. Con esta información se buscaba “…poner remedio a los abusos que se cometen en los resguardos de indígenas y de arreglar la administración de estos y la inversión de sus productos de una manera

48. “Informe que el Presidente Constitucional del Estado Soberano de Bolívar dirige a la Asamblea Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1864”, en BLAA-CPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 3/4/1864. 49. Fals, 1986b: 164B-167B.

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conveniente a los sagrados títulos con que los poseen aquella clase de la sociedad…”50. Meses más tarde, la asamblea legislativa del estado soberano de Bolívar emitió una ley que ofreció parecida solución para saber quieres eran indígenas. El centro de esta ley era la reconstrucción de las genealogías, es decir, demostrar que los ascendientes de las personas catalogadas como tal poseían esa condición. Se trataba de una solución sencilla y de uso corriente, pues la lectura de la condición étnica de las personas partía, tal como sigue sucediendo actualmente, de reconocer los rasgos físicos. Esta ley insistió en la necesidad de empadronar a las familias de los nativos con derecho a los resguardos, a protocolizar o reconstruir los títulos de propiedad, averiguar sobre los terrenos usurpados a los resguardos, declarando nulo cualquier contrato que los menoscabara, establecía el valor del arrendamiento de las tierras y nombraba como representante de los indígenas al procurador general del estado. Sumado a la genealogía y el fenotipo intervenían otros factores para establecer esa condición como era el caso de la geografía, el lugar de origen caracterizado a lo largo de la historia como zona de poblamiento indígena. También ayudaba, como en el caso de Tubará, la existencia de yacimientos arqueológicos a flor de tierra, y las expresiones culturales tales como el trabajo de artesanías con el algodón, al que se le reconocía un largo ancestro precolombino. Todos estos elementos se combinaban de distintas maneras en el imaginario común y corriente de la época para definir los atributos étnicos de las personas. Como se trataba de indígenas reducidos desde la temprana colonia, que habían perdido el idioma, buena parte de las creencias religiosas y sus formas de organización social y política, para las gentes de los alrededores la caracterización étnica de aquellos no estaba en función de los elementos perdidos51. En el marco de esta ley el poder ejecutivo dispuso que los alcaldes distritales adelantaran censos de las poblaciones de indígenas situadas en sus jurisdicciones, incluyendo los indígenas que vivieran en otros lugares. Para esto último se aconsejó acudir a los indios más ancianos y honrados. El censo pretendía establecer la existencia o no de indíge50. “Circular pidiendo ciertos datos sobre resguardos indígenas”, en BLAA-CPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 8/3/1863. 51. “Ley sobre administración y aplicación del producto de los resguardos de indígenas”, en BLAA-CPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 9/8/1863; Nieto, 1993: 173.

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nas, para así poder disponer de los terrenos donde los nativos hubiesen desaparecidos. Respecto a la posesión y propiedad de las tierras de los resguardos el decreto ejecutivo dispuso ratificar que era propiedad de los indios las tierras otorgadas por la Corona española. El decreto también consagró que los resguardos podían tener una extensión mayor a la estipulada en las leyes de Indias (una circunferencia de una legua castellana de radio). Asimismo, señaló que los alcaldes distritales debían recoger información sobre los títulos de propiedad, informaciones al respecto, sentencias judiciales, diligencias de posesión para remitirlas a las notarías. En caso de que los títulos no existieran debía nombrarse un agrimensor, quien a partir de las informaciones de los ancianos hiciera la mesura para establecer la propiedad con base en las leyes de Indias. Decretó que los terrenos de los resguardos eran inalienables e imprescriptibles, y que se …tendrán por nulos, de ningún valor ni efecto todos los títulos, contratos, escrituras y demás documentos, públicos o privados, de cualquier naturaleza que sean, en cuanto cercenen o menos caben la posesión legal o libre uso de los resguardos, en cuya posesión quedan los interesados restituidos Ipso jure desde la publicación del presente decreto…52.

Frente a las objeciones y ataques a la ley sobre administración de resguardos y al decreto de 10 de octubre de 1863 que la reglamentaba, las autoridades centrales del estado de Bolívar la defendieron con el argumento de que ante cualquier duda para determinar quiénes eran 52. “Decreto de 10 de octubre de 1863, sobre administración y aplicación del producto de los resguardos de indígenas”, en BLAA-CPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 11/10/1863. Al año siguiente se llevaron a cabo las diligencias de deslinde de los resguardos de Toluviejo, Colosó, San Nicolás de Bari: “Extracto del título supletorio de los terrenos de los indígenas del distrito de Toluviejo que se publica de conformidad con el artículo 7º del Decreto de 10 de octubre de 1863” y “Extracto del título supletorio de los terrenos de los indígenas del distrito de Colosó”, en BLAA-CPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 6/3/1864; “Extracto del título supletorio de los terrenos de los indígenas del distrito de San Nicolás de Bari”, en BLAACPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 1/5/1864. Piojó y Usiacurí protocolizaron los títulos de las tierras de sus resguardos en 1868: “Índice cronológico de la Notaría de la provincia de Sabanalarga 1868”, en BLAACPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 13/6/1869. San Andrés de Sotavento lo hizo en 1870: “Copia del índice cronológico de la Notaría de la Provincia de Chinú año de 1870”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 13/1/1871.

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indígenas, debía solucionarse recabando pruebas y testigos con ayuda de la tradición oral. En el caso de posibles litigios al delimitar los términos de los resguardos, las autoridades fueron tajantes en el propósito de reponer los linderos originales: “Aunque los indígenas tengan alguna posesión judicial de sus terrenos, si esa no es toda la porción que les pertenece, los gobernadores deben cumplir con lo prevenido en el artículo 8º del citado decreto, sin tener para qué tocar con el personero o el fiscal, pues no se trata de un procedimiento judicial, sino gubernativo”. Ante una posible contradicción entre la obligación de los no indígenas de pagar derecho de terraje, y la ley que declaraba libre el terreno en que estaba asentada la cabecera distrital, se aclaró que esta norma se refería a los distritos situados en terrenos de particulares y no a los resguardos53. Como se puede colegir, la legislación de Nieto colocó en manos de los indígenas decidir quiénes poseían esta condición étnica y cuáles eran las tierras que les pertenecían. Para otro sector del liberalismo del Bolívar Grande las identidades distintas a la de la ciudadanía, como era el caso de la indígena, implicaban ciertos privilegios que estaban en contravía con el principio de la igualdad, porque conllevaban unos derechos como el de tener tierras resguardadas, cobrar terraje a otros que utilizaran esas tierras y una protección por parte de las leyes que los diferenciaban del resto de la población. Además, sostenía que la propiedad colectiva sobre las tierras contravenía el principio constitucional de la propiedad individual y la libre circulación comercial de los bienes inmuebles54. La norma constitucional de 1863 para los Estados Unidos de Colombia, también fue consagrada por la constitución del estado de Bolívar de ese mismo año 1863, la que en sus artículos 81 a 83 prohibía que la Iglesia se convirtiera en propietaria, y cualquier forma de vínculo sobre la propiedad territorial que la sacara de la circulación comercial55. Dos años después, el estado de Bolívar se dotó de una nueva Constitución que 53. “Resolución”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 20/3/1864. 54. “Informe del gobernador de la provincia de Nieto”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 27/3/1864; “Informe del gobernador de la provincia de Sabanalarga”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 10/4/1864; “Informe del gobernador de la provincia de Lorica” e “Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 22/5/1864. 55. “Constitución política del Estado”, en BLAA-CPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 12/7/1863.

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estipulaba el derecho a la igualdad, “…y en consecuencia no es lícito conceder privilegios o distinciones legales que cedan en puro favor o beneficio de los agraciados, ni imponer obligaciones especiales que hagan a los individuos sujetos a ellas, de peor condición que a los demás”, la libertad de industrias, la inviolabilidad de la propiedad, y en el artículo 73 que “en el Estado de Bolívar las comunidades, corporaciones, asociaciones y entidades religiosas son inhábiles para adquirir bienes raíces”56. Para los años de 1860 los abolicionistas habían rechazado los criterios del fenotipo, la genealogía y la autoidentificación para establecer quiénes eran indígenas, considerando que el mestizaje había avanzado a tal grado que era imposible determinar con certeza quienes poseían esa condición étnica, e insistieron más en los aspectos de la cultura aborigen perdida para negar la existencia de aquellos, como también en la supuesta ilegalidad de las normas coloniales que dieron origen a los resguardos. Esa tensión se pronunció por nuevos elementos que fueron surgiendo a lo largo de la primera centuria republicana. Uno de estos fue el establecimiento de contrastes entre los indígenas reducidos desde tiempos coloniales y considerados caídos en desgracia, y los indígenas “salvajes”, pues los procesos de colonización de las tierras calientes llevados a cabo desde la segunda mitad del siglo xix obligaron a pensar el territorio y sus habitantes y a construir interpretaciones sobre extensas áreas del país controladas por la segunda clase de indígenas Al convertirse en un punto de comparación, se abrió la posibilidad de que los interesados en las tierras de los resguardos demandaran que las autoridades identificaran a los indígenas como de condición mestiza, y, por tanto, que abolieran cualquier legislación que los protegiera. Por eso, mientras que sobre los “salvajes” se legisló para buscar la forma de reducirlos, frente a los que desde la colonia habían avanzado en su integración a la sociedad mayor la legislación guardó una dualidad entre su protección hasta que se transformaran en pequeños campesinos propietarios, y así lograr abolir cualquier forma de vida basada en la condición étnica57. 56. Para el caso de la constitución del estado de Bolívar en 1865, véase Compilación de leyes del Estado Soberano de Bolívar 1857-1875, pp. xx y xxvii. 57. Langebaek, 2009, 1: 246-251, 265-271; Ariza, 2009: 202-212. En el Compendio de Jeografía Jeneral de Tomás Cipriano de Mosquera (1866: 121) la población indígena aparece reducida a la no sometida por parte de las autoridades, calculando, para el caso de Bolívar, 2.000 indios que no habían sido reducidos.

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En 1864 el juez de la recién creada provincia de Nieto, en la que estaba situado el resguardo de Cereté, planteó sus objeciones frente al trabajo de censar a los indígenas, considerando que un padrón elaborado con base en la información proporcionada por estos carecía de objetividad58. Al final se mostraba partidario de disolver los resguardos en razón de: 1) que establecían distinciones raciales que eran contrarias a los principios de la constitución y de las leyes. 2) Que representaban un privilegio tanto por los beneficios que recibían los indígenas, como porque les permitía imponer a los extraños a las comunidades radicados en sus tierras unas cargas que hacían de los individuos a ellas sujetos, “de peor condición que los demás”. 3) Que como forma de propiedad comunitaria y proindivisa violaban la norma constitucional que rezaba, “…la propiedad raíz no puede adquirirse con otro carácter que el de enajenable y divisible a voluntad exclusiva del propietario…”, y también porque estaba en contradicción con las normas que prohibían sustraer la propiedad raíz de la libre circulación comercial, y que era un “contrasentido en el actual progreso”. 4) Que era anticonstitucional el privilegio de los resguardos porque la mayoría de sus habitantes no eran indígenas y tenían que pagar impuestos a éstos. 5) Que el recaudo de los tributos y del impuesto de terraje era motivo de “intrigas, vejaciones y extorsiones”. Y 6) que las cargas fiscales producirían la migración de los no indios. Luego concluía: “Por todo lo expuesto opino que la ley debe suprimir los resguardos, concediendo a todos los distritos un ejido para sus crías y labores más o menos grande según la población, donde todos puedan trabajar sin ningún gravamen”59. En este tipo de razonamientos coincidía buena parte de los hacendados y políticos de la región60. El gobernador de la provincia de Sabanalarga, en la que estaban situados los resguardos de Piojó y Usiacurí, 58. “Consulta del gobernador de la provincia de Nieto, de varios puntos de la ley de 31 de julio último sobre administración de los resguardos de indígenas” y “Registro que lleva el juez de la provincia de Nieto, de los vacíos e inconvenientes que en su concepto presentan las leyes y decretos del Estado”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 13/3/1864 y 20/3/1864. 59. “Informe del gobernador de la provincia de Nieto”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 27/3/1864. Las cursivas son del texto original. 60. Sobre el ascenso de los ganaderos en el estado de Bolívar y los controles que ejercieron sobre el poder, véase Solano, Flórez Bolívar y Malkún, 2010: 5-42.

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también informaba sobre las dificultades en la aplicación de la mencionada ley, dando como solución …acabar de una vez con los mentados privilegios de los indios, porque… los indios eran y creo que son y serán siempre robados, por la misma razón de ser indios. La ley debía declarar propiedad de los distritos los terrenos denominados resguardos de indígenas y disponer que los Concejos no pudieran imponer ninguna contribución a los indígenas que trabajaran en los terrenos cedidos61.

El gobernador de la provincia de Lorica, que contenía a los indígenas de San Andrés de Sotavento, señalaba que habiendo estos “…desde la independencia del país adquirido iguales derechos a los demás granadinos, han debido perder el privilegio que los reyes de España les concedieron”62. Manuel Ezequiel Corrales, gobernador de la provincia de Barranquilla, informaba que estaba enterado “… que la generalidad mira con repugnancia dicha ley por varias causas”: 1) al mezclarse los indígenas era difícil averiguar y censar a los verdaderos indígenas y se juzgaba, por consiguiente, “…que ha caducado el derecho que tenían a los resguardos de tierras, a no ser que se conceda a todos los que componen el vecindario”. 2) “Otros consideran injusta la conservación del derecho que se da a los indígenas sobre los resguardos, si él tiene por fundamento el pago de los tributos y de la contribución personal que ingresaban al erario público conforme a las leyes de Indias y al decreto del libertador Simón Bolívar de 15 de octubre de 1828, porque todos los asociados tuvieron y tienen el deber de contribuir para los gastos públicos, sin otra compensación que la de gozar individualmente de las garantías constitucionales”. 3) “El resguardo tuvo su razón de ser en la colonia por las políticas de reducción y concentración de los indios en pueblos para evitar la dispersión. Con ese motivo se les asignó ejidos para cría y labor, buscando que no se salieran de sus reducciones, al tiempo que se prohibió que quienes no fueran indígenas se avecindaran en los territorios de los nativos, de suerte que con semejante aislamiento o

61. “Informe del Gobernador de la Provincia de Sabanalarga”, en BLAA-CPM, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena 10/4/1864. 62. “Informe del gobernador de la provincia de Lorica”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 22/5/1864.

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concentración hubo necesidad de proveerlos de terrenos suficientes para evitar la comunicación con las otras razas”. 4) “…ahora no existen tales prohibiciones. Los que tienen descendencia de indios gozan de libertad para establecerse y trabajar donde quieran, y esto indica que esas cuestiones de resguardos deben terminar, así como ha sido casi extinguida aquella raza, con el constante y sucesivo trato con las demás”63. Después de la caída de Nieto (diciembre de 1864) ascendió al poder del estado de Bolívar el grupo liberal dirigido por Ramón Santodomingo Vila y los hermanos González Carazo, representantes de los emergentes sectores de hacendados interesados en derogar la legislación protectora de los indígenas64. Durante la segunda mitad del decenio de 1860 se acentuó la desprotección de estos por parte de las autoridades bajo el argumento de que no se podía brindar amparo por vía ejecutiva, pues el derecho de igualdad que consagraba la Constitución de 1863 consideraba ilegal, “…conceder privilegios o distinciones legales que cedan en puro favor o beneficio de los agraciados, y que por consiguiente los indígenas quedan equiparados a los demás habitantes del Estado y sin derecho por consiguiente a la protección especial que las leyes anteriores les acordaron…”65. La ciudadanía y la

63. “Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 22/5/1864. 64. Es abundante la información sobre iniciativas legislativas para abolir los resguardos o para que sus tierras fueran administradas por los distritos en que estaban ubicados, como también las disposiciones ejecutivas y judiciales rechazando esas pretensiones. Véanse “Asamblea Legislativa del Estado. Sesión del día 9 de octubre de 1867”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 3/11/1867; “Memorial de varios vecinos del extinguido distrito de Malambo y resolución”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 28/1/1869; “Administración de justicia. Autos”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 15/5/1870; “Asamblea Legislativa, Proyecto de ley sobre administración de los resguardos indígenas”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 5/10/1871 y 8/10/1871; “Poder Ejecutivo del Estado. Decretos”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 15/8/1873; “Representación de varios indígenas de Toluviejo y resolución”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 20/9/1873; “Proyecto de ley que manda repartir los resguardos de indígenas”, en BLAA-CPM, Diario de Bolívar, Cartagena 19/10/1875; “Proyecto de ley sobre resguardos indígenas” e “Informe de la comisión”, en BLAA-CPM, Diario de Bolívar, Cartagena 2/10/1877. 65. “Memorial del señor Victoriano Peña solicitando se ampare a los indígenas de Toluviejo en la posesión de su resguardo”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 20/6/1869. Véase también “Representación del señor Luís José Gaviria

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igualdad se constituyeron en los argumentos centrales para desconocer la existencia de los derechos de los indígenas66. Desde la igualdad se atacó la legislación sobre resguardo por considerar que estimulaba la división de la sociedad en razas67. Esos ataques también se hicieron desde la ideología del mestizaje, que permitía afirmar que los indígenas se habían mezclado y desaparecido, como sucedió con el caso del resguardo de Tubará, declarado bien vacante en 1886 por las autoridades judiciales de Barranquilla amparadas en ese argumento68. En 1899 el apoderado del distrito de Soledad, en juicio contra los indígenas de Malambo para lograr que se declarara bien vacante las tierras de ese resguardo, nuevamente aducía que era imposible determinar quiénes eran descendientes de indígenas. Conclusiones Los indígenas diseñaron diversos recursos para defender su condición y el derecho a la tierra. Entre los medios de defensa resaltan el arpara que no se establezcan otros pajares en el distrito de San Andrés”, en BLAACPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 27/6/1869; “Informe del gobernador de Sincelejo”, en BLAA-CPM, Diario de Bolívar, Cartagena 9/8/1875; “Memorial de varios vecinos del distrito de Montería, solicitando la protección del gobierno contra varios ataques a sus ganados”, en BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena 25/7/1869; “Memorial de varios vecinos del extinguido distrito de Malambo y resolución”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 28/1/1869. 66. “Administración de Justicia. Acuerdos”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 17/3/1867; “Administración de Justicia. Juzgado de la provincia de Sincelejo”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 20/10/1867; “Administración de Justicia”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 7/6/1868; “Memorial de varios vecinos del extinguido distrito de Malambo y resolución”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 28/1/1869; “Denuncio dado por el Señor Felipe B. Sampayo de unos terrenos baldíos”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 6/6/1869; “Memorial del Señor Victoriano Peña solicitando se ampare a los indígenas de Toluviejo en la posesión de su resguardo”, en BLAACPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 20/6/1869; “Representación del Señor Luís José Gaviria para que no se establezcan otros parajes en el distrito de San Andrés”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 27/6/1869; “Administración de Justicia. Autos. Diligencias criminales practicadas por el Tribunal de Justicia del Estado de Bolívar”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 15/5/1870. 67. “Informe del gobernador de la provincia de Nieto”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 27/3/1864. 68. Manotas, 1899: 8.

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gumento de la no incompatibilidad entre la identidad política de la ciudadanía con la condición étnica, el reflejo de esta condición en el fenotipo, el lugar de residencia, la genealogía, las relaciones de alteridades, y el deber de la república de protegerlos69. José Ignacio Corrales, gobernador de la provincia de Lorica —pese a que en su informe objetó algunos aspectos sobre la conservación de los resguardos, desde la lógica jurídica contradiciendo a quienes consideraban esas entidades territoriales como un privilegio ilegal por haber salido de la administración española—, pensaba que las formas de propiedad individual emanaban de títulos otorgados por la Corona como única propietaria del suelo gracias al derecho de conquista, entregados posteriormente en calidad de usufructo, lo que lo llevaba a concluir que “…si hay el deber de reputar a esos particulares como legítimos dueños de los terrenos cedidos, ¿con qué fundamento, basado en qué principios se les niegan a los indígenas la propiedad de sus resguardos?”. Frente a los intentos de declarar ilegal cualquier disposición emanada del Estado colonial70, los indígenas basaron sus peticiones en la legislación republicana, en especial en la Recopilación Granadina a la que erigieron en la norma fundacional de sus derechos71. Emplearon así la historia de acuerdo con sus intereses. El pasado colonial se convirtió en un referente para medir los tratos recibidos bajo la República72. Y el pasado inmediato, en concreto la lucha por la república, se constituyó en un referente para reclamar una posición en la nación acorde con sus contribuciones73. 69. “Diligencia de apeo del resguardo de indígenas de Malambo”, en AHDA, Sección 1, Notaria Primera de Barranquilla, Libro 1838-1839, tomo único, ff. 144r-207r; “Diligencia de deslinde i posesion de tierra correspondiente a los naturales de Galapa i Paluato [1837]”, Archivo Histórico de Cartagena, Notaria Segunda, Libro de 1944, tomo 2, ff. 4208r-4214v. 70. “Informe del gobernador de la provincia de Lorica”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 22/5/1864. 71. “Lei 4. Junio 23 de 1843. Sobre proteccion a los indíjenas”, en Pombo, 1845: 100-103. 72. “Memorial de varios vecinos del extinguido distrito de Malambo y resolución”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 28/1/1869; “Memorial del señor Victoriano Peña solicitando se ampare a los indígenas de Toluviejo en la posesión de su resguardo”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 20/6/1869; “Representación de varios indígenas de Toluviejo y resolución”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 20/9/1873. 73. “Memorial de varios vecinos del extinguido distrito de Malambo y resolución”, en BLAA-CPM, Gaceta de Bolívar, Cartagena 28/1/1869; “Protocolización de

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Los logros de estas estrategias dependieron de la no existencia de homogeneidad en las actitudes de las élites y de las autoridades, lo que se reflejó en las disposiciones legales emitidas para atacarlos o para defenderlos. Los indígenas se adaptaron de manera precaria a los cambios republicanos y jugaron con una diversidad identitaria (indígenas, mestizos y ciudadanos) en concordancia con sus intereses, apropiándose del discurso liberal republicano los elementos que les permitían retroalimentar sus puntos de vista sobre los problemas que los aquejaban, en especial en sus relaciones con otros sectores sociales, los partidos políticos y las autoridades. Y esta poli-identidad en ciertas circunstancias fue un arma eficaz para la defensa de sus intereses, pues cuando a lo largo del primer siglo de la república la negación de esa condición étnica fue el argumento esgrimido por los interesados en echar mano de las tierras de los resguardos, las comunidades de indígenas podían actuar en varios planos, y buscaban alianzas con sectores políticos para capear las arremetidas de sus enemigos y defender sus intereses. Así, por ejemplo, en 1873 los indígenas de Guazo se organizaron en una sociedad basada en los principios modernos de la ciudadanía, crearon una junta directiva y cada miembro expresó su voluntad de defender las tierras de la comunidad. El paso inmediato que dieron fue elevar representaciones a las autoridades de la región pidiendo protección para sus derechos, y a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Colombia solicitando la derogación de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar que iban en contravía con sus intereses. Pero también decidieron reconstituir el pequeño cabildo indígena y solicitaron a las autoridades judiciales de la provincia de Magangué el deslindamiento de las tierras del resguardo para evitar las usurpaciones a que estaban sometidos desde tiempo atrás. Años después, en 1899, el tribunal de justicia del departamento de Bolívar acogía los argumentos de Manuel Zenón de la Espriella, abouna diligencia que acredita la propiedad de los Indíjenas del pueblo de Usiacurí”, en AHDA, Sección 1ª, Fondo notarial: Notaria Única del Circuito de Sabanalarga, Libro de 1867-1869, tomo único, escritura n.º 16, ff. 1v-13r; “Protocolización de unas diligencias que acredita la propiedad de los indíjenas de Piojó, sobre los terrenos de sus respetivos resguardos”, en AHDA, Sección 1ª, Fondo notarial: Notaria Única del Circuito de Sabanalarga, Libro de 1867-1869, escritura n.º 12, ff. 20v.-26r.

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gado defensor de los indígenas de Malambo, quien arguyó que eran indígenas porque existía una serie de hechos (demandas, alinderar las tierras, pequeños cabildos, arrendamientos de tierras y relaciones de alteridades con otros sectores) en donde se autorreconocían y eran reconocidos por las autoridades y otros grupos como de esa condición racial74, lo que sin duda representaba un criterio avanzado para la época. Fuentes y bibliografía Fuentes Archivo del Concejo Municipal de Barranquilla (Colombia): Libro de 1845. Oficios. Archivo General de Indias (Sevilla, España): Escribanía 644 A. Archivo General de la Nación (Colombia): Sección República, fondo Indios, legajo 1, documento 13, ff. 036-037. Archivo Histórico del Departamento del Atlántico (AHDA) (Barranquilla, Colombia): Sección 1ª, Fondo notarial: Notaria Primera de Barranquilla: Libro 1838-1839, tomo único; Libro de 1854, tomo único; Libro de 1859, tomo único; Sección 1ª, fondo notarial: Notaria Única del Circuito de Sabanalarga: Libro de 1867-1869, tomo único. Archivo Histórico de Cartagena (Colombia): Fondo notarial: Notaria Segunda, Libro de 1944, tomo 2. Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) (Bogotá, Colombia): Diario de Bolívar, Cartagena, 1875, 1877, 1878; El Argos Americano, Cartagena, 1811; Gaceta de Bolívar, Cartagena, 1864, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1875; Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, 1863, 1864. Biblioteca Nacional de Colombia [BN] (Bogotá, Colombia): La Regeneración de Sabanilla, Barranquilla, 1852. Bando impreso dirigido a todos los estantes y habitantes de la provincia de Cartagena por el presidente de la Junta de Cartagena, José María García Toledo, 9 de noviembre de 1810. En Jairo Gutiérrez y Armando Martínez (eds.), La visión del Nuevo Reino de Granada 74. Manuel Zenón de la Espriella era hijo de Juan Antonio de la Espriella, mano derecha de Juan José Nieto y uno de los artífices de la política en defensa de los indígenas entre 1863 y 1865. En Manotas, 1899.

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V Centroamérica, el Caribe y Norteamérica

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La Habana necesaria para un imperio: los debates sobre la trata esclava en las Cortes de Cádiz1 Izaskun Álvarez Cuartero Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, España

Introducción. La negra política, el opresor universal y la candorosa ingenuidad de la política exterior española El conde de Floridablanca, como presidente interino de la Junta Central Suprema, firmó un decreto que podría tomarse por uno de los más excepcionales ejemplos de ingenuidad política de la historia contemporánea española. El texto, que formalmente era la declaración de guerra a Francia, fue redactado en noviembre de 1808, siete meses después de la entrada de las tropas francesas en la península. Instaba a continuar la guerra explicando pormenorizadamente las circunstancias que habían conducido a la situación desesperada en la que se encontraban sus instituciones, sobre todo su monarquía, debilitada por los enfrentamientos familiares y retenida por el invasor en territorio enemigo2. Los ocho folios del decreto hacen un repaso a las decisiones 1. El presente trabajo ha sido elaborado en el marco de las ayudas a grupos de investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León con el proyecto titulado “Nostalgia de la patria. Exiliados y expatriados en torno a las independencias del mundo hispano (siglos xviii-xx)” [SA013G18]. 2. Real Provisión del Consejo, para que se guarde y cumpla un Real Decreto de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reyno, por el qual se manda continuar la guerra contra el Emperador de los franceses y rey de Italia, y contra sus estados y súbditos mientras sirvan a los designios del opresor universal, en los términos y con las declaraciones que se expresan. Madrid: Imprenta Real, 1808, en Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad Complutense, BHDER 19940.

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tomadas desde la firma del Tratado de Basilea en 1795, que ponía fin a la Guerra de la Convención, traicionando a Gran Bretaña y aliándose con Francia, con la que firmaría un año después el Tratado de San Ildefonso, en un intento de bloquear la amenaza británica en el Atlántico. Atrás quedaban el Tratado de Aranjuez firmado por el príncipe de la Paz y el barón de St. Helens, que convertía a España y Gran Bretaña en defensores de la monarquía frente a los regicidas del Directorio o la Paz de Amiens, que zanjaba la guerra franco-española contra Gran Bretaña en 1802 y que adelantaba la futura dinámica internacional de intercambio de territorios como si de cromos se tratara. El lamento del gobierno español se expresaba en los siguientes términos: En todas las mutaciones del Gobierno Francés, que ha cambiado su nombre sin alterar la esencia de su ambicioso y destructor sistema, así baxo el Directorio, como durante el Consulado y el Imperio, la España ha respetado y reconocido los derechos de una Nación independiente; y su alianza ha facilitado las glorias de la Francia, siempre con la esperanza de vencer con un procedimiento tan generoso la ambición desmesurada del Gabinete Francés, ó de que llegase el momento, suspirado de toda la humanidad, en que se estableciese en aquel país un Gobierno menos turbulento3.

Y tachaba de “prepotencia y falta de justa reciprocidad con que ha sido correspondida la condescendencia inalterable del Gobierno español”, hacia la vecina Francia, es decir, los errores de cálculo de Manuel Godoy se resumían en una fraternal permisividad4. Precisamente, el favorito odioso, “el infame autor del tratado de mil setecientos noventa y seis”, sería el chivo expiatorio de la ceguera general por la ausencia de una política coordinada entre los consejeros del rey y el hervidero de intrigas de la Casa Real5. Esta aciaga circunstancia se sumaba a la insaciable avidez conquistadora de Napoleón, los términos en los que se expresó la Junta Suprema no dejaba lugar a ambigüedades: “la negra política, la desoladora e insaciable ambición del emperador Napoleón vio con placer el abatimiento de la España, que era obra de sus manos, y los absurdos manejos del despótico Privado”6. La firma de la paz con el enemigo quedaba supeditada a la restitución del trono al “jo3. 4. 5. 6.

Real Provisión del Consejo…, pp. 3-4. Real Provisión del Consejo…, p. 4. Real Provisión del Consejo…, p. 5. Real Provisión del Consejo…, pp. 5-6.

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ven y adorado rey” Fernando VII, “sin que se estimule por primera condición la absoluta integridad de España y de sus Américas sin la desmembración de la más pequeña aldea”7. La invasión de la península representó una más de las acciones tentaculares emprendidas por Francia como consecuencia de las Guerras de Coalición, un conflicto que se podría considerar el primer episodio de guerra global en la época moderna. Sin duda, Napoleón revolucionó la forma tradicional de concebir la guerra y las relaciones entre países. Con sus descaradas incursiones en la política europea, se incorporaron tácticas de combate desconocidas hasta entonces y lideradas por una oficialía profesional formada en la École Militaire de Saint-Cyr; se mantenían abiertos varios frentes en lugares distantes; el traslado de tropas de una posición a otra se disponía en tiempo récord; la aparición de la población civil como un elemento de resistencia fue un arma de guerra novedosa y, en el caso de España, el surgimiento de la guerrilla supuso un antes y un después en el ámbito internacional de lo que debía ser la resistencia ciudadana ante la ocupación de un territorio. A estas transformaciones en el arte de la guerra se sumaban otras de carácter estructural que marcarían las posteriores contiendas mundiales, como fueron la organización de los aliados en bandos coordinados y mandos únicos —que ofrecían sus insumos, sus tácticas, tropas e información para la causa común—; el despliegue diplomático y las negociaciones entre beligerantes también tuvieron su plena inserción en la futura dinámica de las relaciones exteriores. A estas aportaciones hay que sumar la irrupción del espionaje y el contraespionaje como arma de información e inteligencia para los estados. La construcción del “enemigo interno” tiene en el caso español y con los afrancesados un ejemplo ilustrador de cómo esta figura se iría fraguando a partir de este momento y terminaría siendo una consecuencia habitual en las contiendas bélicas futuras: “no puede perder de vista la seguridad interior del Estado, ni dexar de perseguir con igual zelo á los enemigos que abriga en su seno, y cuyas armas son tanto más temibles, quanto se mueven en la obscuridad, y son dirigidas por el interés ó la perfidia”8. 7. 8.

Real Provisión del Consejo…, p. 9. Real Provisión del 26 de octubre de 1808 del Consejo en que se manda guardar y cumplir el Reglamento del Tribunal extraordinario y temporal de vigilancia y protección creado por la Junta Suprema Gubernativa del Reyno. Madrid: En la Imprenta Real, 1808, p. 1. Sobre este tema, véanse especialmente: Artola, 1989 y Rújula, 2014.

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Por último, cabe añadir que la circulación global de noticias —el seguimiento de los partes de guerra en los distintos frentes por una gran masa de lectores a lo largo y ancho del mundo— favoreció la instalación y fortalecimiento del print capitalism. Este concepto, definido por Benedict Anderson, es fundamental para comprender la gestación de las construcciones simbólicas nacionales americanas9. Es asimismo básico para comprender el comportamiento de la población ante la recepción de noticias en regiones distantes de los centros de poder y de enunciación de los discursos patrióticos. Del mismo modo, resulta interesante evidenciar que la crisis dinástica diera lugar en Cuba a una producción poética de loas a la familia real sin precedentes, publicadas en periódicos y folletos de todo tipo, estimulando la “conciencia ‘patriótica’ de los leales vasallos”10. Este fenómeno de veneración real es general en todos los virreinatos y, como indica Víctor Mínguez, “participa de ciertos rasgos mesiánicos, y sorprendentemente fue una actitud innegable tanto en el bando realista como entre las filas insurgentes”11. Por primera vez en Europa se extendía el teatro bélico a los territorios ultramarinos cobrando especial importancia la vigilancia sobre el inmenso y proceloso Atlántico, donde las armadas de los contendientes podían medir sus fuerzas en el control de las rutas comerciales que proveían mercancías y caudales para el sostenimiento de los ejércitos. Es en este contexto donde La Habana desempeñará un papel crucial, no solo como puerto estratégico dentro de la organización de la monarquía hispánica en un momento de profunda crisis institucional y económica, sino también por las fuerzas centrífugas propias de la isla y las circunstancias políticas delimitadas por un desarrollo regional singular de las Antillas. A mediados del siglo xviii, la mitad de la población de Cuba vivía en “el país de La Habana” y sus alrededores, integrando una variada producción en hatos, potreros y vegas de tabaco, además de latifundios de azúcar que mudaron el horizonte de la región a una velocidad sorprendente12. 9. Véase Anderson, 1983. Sobre el concepto de print capitalism y una aproximación crítica a las tesis de Anderson, Chiaramonte, 2004: 161-165. 10. Véase Figueredo Cabrera, 2014: 103, 161-183. 11. Mínguez, 2005: 193. Para un acercamiento a la guerra en el Caribe, GonzálezRipoll, 2010: 59-83. 12. Torres-Cuevas, 1998: 51-70.

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Las guerras de liberación nacional de los inclusivos reinos de Indias —término que a mi parecer obedece a una ficción política— solo dejarían bajo el paraguas de la administración española a Cuba y Puerto Rico, que no materializaron su ruptura hasta los albores del siglo xx. La participación de los Estados Unidos de Norteamérica en la lucha precipitó el desenlace, el coloso daba pasos de gigante en la injerencia en los asuntos internos de otros países, siendo el Caribe, como lo había sido México, un cercano campo de experimentación para aventuras futuras. Este escenario se resume en las certeras palabras de David Armitage: “en esta época surgió un mundo de Estados a partir de un mundo de imperios”13. Este trabajo pretende analizar los debates sobre la representación de los esclavos y la abolición de la trata que se produjeron en las Cortes de Cádiz para comprender en toda su extensión la posición de la élite criolla habanera ante la posibilidad de ver cerrada la entrada de mano de obra para sus ingenios azucareros. También trataré de construir una nueva mirada sobre un tema que constituyó, en un principio, un asunto de interés general en un momento de conmoción política, pero que no llegó a materializarse en un artículo más de la primera carta magna que se dieron los habitantes de ambos hemisferios. Lo local en lo global Volviendo a la singularidad de Cuba y tras más de diez años de producción historiográfica, fruto de conmemoraciones y aniversarios, hemos ido desvelando los entresijos de las independencias en miles de páginas y con abordajes heterogéneos que abarcan lo particular, lo conectado y lo comparado, pudiendo retomar la idea liminar que John Lynch apuntaba a principios de la década de los 1970 sobre las revoluciones hispanoamericanas: “compartieron un común origen y un común objetivo, pero difirieron unas de otras por su organización militar y política; prisioneras de su medio particular, no consiguieron sincronizar sus esfuerzos contra España”14. Estas palabras me permiten encuadrar la evolución en solitario de Cuba y el liderazgo de La Habana en un contexto continental a todas luces ingrato. Cuba quedó fuera del ciclo revolucionario his-

13. Armitage, 2012: 86. 14. Lynch, 1985: 329.

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pánico que se cruzaría, como señalaba Antonio Annino, con el francés y el anglosajón “pero con especificidades propias y originales”15. Avanzar a contracorriente implicó un desgaste ingente que solo las sinergias económicas que demandaba el azúcar hicieron posible. La llamada a Cortes otorgaba la soberanía al pueblo, impulsando la redacción de una Constitución que, obviamente, pretendía la unidad territorial y la representación de sus habitantes, pero que condujo a todo lo contrario de lo esperado a pesar de las intenciones inclusivas del gobierno peninsular, como queda de manifiesto con esta afirmación: “Los vastos y preciados dominios que España posee en las Indias”, se afirmaba, “no son propiamente Colonias o Factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española”16. La voluntad fue buena pero, en opinión de Portillo Valdés, el intento de “crear una monarquía refundada sobre la idea de la soberanía nacional y con las dimensiones previstas en 1812 resultó en un rotundo fracaso”17. La incorporación a Cortes de los representantes americanos supuso la inclusión en el debate político de las preocupaciones regionales; es el caso de los diputados insulares que habían recibido instrucciones claras sobre cómo actuar para contrarrestar una posible abolición de la trata y la esclavitud. Este documento, redactado por Francisco de Arango y Parreño, la famosa Representación, fue un encargo colegiado de las instituciones fácticas de la ciudad: el ayuntamiento, el Consulado y la Sociedad Económica de Amigos del País18. El texto manifestaba una abierta defensa del régimen esclavista porque “se trata de nuestras vidas, de toda nuestra fortuna, y de la de nuestros descendientes”19. Alegato dramático, que a todas luces pretendió involucrar en los asuntos cubanos al resto de las 15. Aninno, 2014: 139. 16. “Real orden de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino organizando la representación de los dominios de las Indias en ella”. Sevilla, 20 de enero de 1809. 17. Portillo Valdés, 2006: 30. 18. “Representación de la ciudad de La Habana a las Cortes, el 20 de julio de 1811, con motivo de las proposiciones hechas por D. José Miguel Guridi Alcocer y D. Agustín de Argüelles, sobre el tráfico y esclavitud de los negros; extendida por el Alférez Mayor de la Ciudad, D. Francisco de Arango, por encargo del Ayuntamiento, Consulado y Sociedad Patriótica de La Habana recogida en Arango y Parreño, Francisco. 1888”. En Obras del Exmo. Señor Don Francisco Arango y Parreño, 1888, II: 175-227. 19. “Representación…”. En Obras del Exmo. Señor Don Francisco Arango y Parreño, 1888, II: 175-176.

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provincias de la monarquía apelando a las consecuencias que podría comportar de ruina económica y social en las Antillas, este folleto fue uno de tantos que surgieron de la pluma de Arango referidos a estas temáticas y que sirvieron como base intelectual para sostener la esclavitud y servir de apoyo a sus defensores. La Representación tuvo como finalidad contestar a las propuestas elevadas el 2 abril de 1811 por José Miguel Guridi Alcocer, diputado por Tlaxcala, sobre la abolición de la esclavitud y la de Agustín de Argüelles Álvarez, por Asturias, sobre el fin de la trata. Este último fue quien realmente luchó por derogar la trata y el que más activamente participó en los debates, a pesar de que historiográficamente la fama se la llevó Guridi. La Representación no llegó a ser deliberada en el pleno y la intervención de Andrés de Jáuregui, delegado por La Habana, fue aparentemente decepcionante. Es necesario aclarar que lo que se discutió en esta sesión de abril no fue la abolición de la esclavitud, sino de la trata. Guridi había presentado en marzo, en sesión secreta, una proposición para la suspensión de la esclavitud que finalmente se leyó en comparecencia pública el mismo día que la de Arguelles, pero la que se debatió en una única sesión y con pocas intervenciones de los parlamentarios fue la iniciativa del asturiano; no se entró a considerar un asunto que se temía espinoso y que se propuso fuera discutido en una comisión especial20. El diputado asturiano —anglófilo convencido y admirador de su sistema parlamentario— pretendía que las Cortes suprimiesen el tráfico de esclavos, materia que el Parlamento británico había sostenido con extraordinaria vehemencia y sesudas intervenciones cuatro años antes. La defensa sobre la petición del fin del comercio de esclavos, que, por cierto, tenía detrás a un orador brillante, tuvo como objetivo que los diputados se sumaran a la Act for the Abolition of the Slave Trade, aprobada por los británicos en 1807. La propuesta de Argüelles era avalada por los recién inaugurados aliados y todos los esfuerzos eran pocos para complacerles, más teniendo en cuenta que contaban con la voz de un diputado progresista y amigo de Gran Bretaña como lo era Argüelles21. La esclavitud y la trata eran asuntos que atañían en mayor o menor grado a las provincias americanas, pero 20. Labra, 1914: 128-130. 21. La bibliografía sobre ambos personajes es abundante, véanse Tomás y Valiente, 1996; Suárez Verdeguer, 1982; San Miguel, 1852; Tenorio Adame, 2009; García Sánchez y Núñez Bermúdez, 2012.

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eran un asunto tangencial para los diputados peninsulares, en apariencia más preocupados por la coyuntura cercana, repleta de dramatismo y dependiente de las fuerzas aliadas más que de las soluciones domésticas. La realidad española padecía, además, de una doble vacatio regis borbónica, convirtiendo a la monarquía hispánica en un reino de tres monarcas —el abdicado Carlos IV, “el más ambicioso y capaz de los monarcas Borbones”22, el deseado Fernando VII y el hermano de Napoleón, José I—. A esta inflación real había que sumar el descontento del pueblo llano, que expresaba mediante revueltas una mezcla del disgusto por las malas decisiones de su gobierno y el rechazo al ejército de ocupación y, por último, la ausencia de una estructura institucional capaz de hacer frente a la crisis. La situación reflejaba que existían problemas más urgentes que examinar el engranaje que sustentaba la esclavitud, pero no fue así. En este sentido, las palabras de Guerra permiten comprender que el frustrante contexto que atravesaba el gobierno de “las Españas” no eximía de que “los asuntos locales no contaran, pero sí que estos asuntos eran contemplados y definidos con relación al conjunto de la monarquía”23. A continuación, analizaré los componentes en los que se fundamenta la estrategia habanera en las Cortes de Cádiz para defender la trata esclava. Las discusiones sobre la representatividad de los esclavos y luego la propuesta de Argüelles y Guridi para la supresión del comercio negrero. La oratoria y los fundamentos teóricos que se desplegaron son cruciales para comprender el engranaje político insular y el liderazgo económico e intelectual de la sacarocracia habanera para preservar la plantación en este periodo de independencias. El azúcar necesita esclavos “La posibilidad no llega al grado de la probabilidad, y esta tampoco al de la brevedad con que el socorro urgía”24. En estos términos se

22. Kuethe y Marchena Fernández, 2005: 21. 23. Guerra, 1992: 117. 24. “Confession del gefe de esquadra Marqués de Real Transporte, Comandante General, que fue de la esquadra de S.M. que se halló en el sitio de la Habana, como tambien de todas las fuerzas maritimas de la America, empezada en 27 de julio de 1763, [s. l.] 29 de agosto de 1763”, Biblioteca Nacional de España, R/39724, p. 48.

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formuló la pregunta número doscientos del interrogatorio al marqués del Real Transporte, Gutierre de Hevia, comandante de la escuadra española en La Habana con motivo del consejo de guerra al que fue sometido a su regreso a España, después de capitular la plaza ante la armada británica de George Keppel, el tercer conde de Albermale. En efecto, la ayuda francesa no llegó al auxilio de las tropas y de la armada española, provocando la entrega del puerto y el astillero más importante del Caribe al enemigo. La capitulación de La Habana puso de manifiesto la debilidad española en el mar, unida a la errónea toma de decisiones, la falta de recursos económicos para modernizar un enclave estratégico o los graves errores tácticos. Por ejemplo, Hevia olvidó quemar la flota ante la inminente rendición, lo que hizo que el botín de guerra fuera del todo excesivo. Las consecuencias, tanto para el gobernador y capitán general, Juan de Prado Malleza y Portocarrero, condenado a muerte y luego conmutada la pena por prisión, como para Hevia fueron ejemplarizantes. Ambos pagaron con su honor los errores de otros, perdieron sus empleos y sufrieron por diez años el destierro de la corte, un trato injusto que ocultaba la ineficacia del gobierno en los asuntos ultramarinos, las deficientes reformas emprendidas y la manifiesta superioridad de la flota británica frente a los efectivos españoles, acantonados en el inoperante cinturón de fortalezas de la bahía. Este descalabro estuvo a punto de reproducirse en 1808 ante un inminente ataque británico que no llegó a producirse25. La presencia inglesa en la ciudad fue efímera, ya que fue canjeada por la Florida once meses después, pero fue suficiente para que la oligarquía azucarera “recordara siempre el año de dominio inglés como un fúlgido destello de libertad”26. Estado de una isla casi inculta y despoblada El sistema de plantación quedó instaurado definitivamente en la isla de Cuba y, sobre todo, la necesidad de poseer esclavos en la cantidad 25. Para una visión general de las reformas borbónicas en América, véase: Kuethe y Andrien, 2014. Sobre los preparativos para la defensa de la isla de Cuba ante un ataque británico en 1808, consúltese Vázquez Cienfuegos, 2013: 7-100. 26. Moreno Fraginals, 1978, I: 35. La situación de La Habana a principios de siglo y hasta la invasión inglesa puede consultarse en McNeill, 1985.

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suficiente para hacer despegar el negocio. Según indica Moreno Fraginals, los británicos los vendieron directamente a los titulares de los ingenios, sin intermediarios, sin el monopolio y la burocracia metropolitanos. En poco tiempo, los plantadores criollos fueron capaces de aprender que la única forma de enriquecerse era a través de la entrada ágil de esclavos: “los ingleses introdujeron en Cuba el número de negros que normalmente hubieran entrado en varios años dentro del régimen español”27. La demanda de azúcar en los mercados internacionales crecía exponencialmente; la región de La Habana —el puerto más importante y la sede política de la capitanía— contaba con 88 ingenios, un número considerable que permitió durante un tiempo atender a las exigencias de la exportación. Esta coyuntura de crecimiento conllevó la alteración del paisaje agrícola, que tuvo que hacer frente al incremento de la población con la expansión de los cultivos de subsistencia y la aparición de potreros para el ganado28. A partir de la salida de los ingleses asistimos a un proceso de aceleración económica que puso en funcionamiento en toda su extensión el binomio plantaciónesclavitud. Esto no significó que las causas externas, es decir, la llegada de los ingleses y posteriormente las consecuencias de la Revolución de Haití, fueran los únicos argumentos para dicho despegue. Durante el siglo xvii, la experiencia en la utilización de la fuerza esclava y el conocimiento tecnológico de la fabricación del azúcar eran una realidad, eso sí, en mucha menor medida que en el siglo xix29. El marqués de Esquilache sería el responsable de reformar el monopolio comercial con América; la derrota en La Habana hizo mella en el orgullo de Carlos III, que no descartaba un nuevo enfrentamiento con Inglaterra. Esto llevó a plantear reformas militares y un aumento de la fiscalidad para hacerles frente30. La carga impositiva era rechazada por las élites insulares que pretendían que “México y Madrid costearan los gastos a no ser, por supuesto, que se produjeran concesiones en las leyes comerciales en beneficio de la naciente industria azucarera”31. 27. 28. 29. 30.

Moreno Fraginals, 1978, I: 35. Le Riverend, 1974: 152. Fuente, 1991: 37-67. Sobre las reformas fiscales del conde de Ricla, el nuevo capitán general que sustituyó al defenestrado Portocarrero, véase Amores Carredano y Serrano Álvarez, 2007, I: 385-404. 31. Inglis y Kuethe, 1985, I: 84.

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A pesar de la oposición del Consulado de Cádiz, el Decreto de Libre Comercio fue aprobado en 1765 con una ventaja añadida, la de neutralizar el contrabando incontrolado que se producía en las costas del este y del sur. La escasez de suministros “legales” hizo posible el comercio con las vecinas Santo Domingo, Jamaica, Luisiana y otros enclaves norteamericanos. Para Nikolaus Böttcher, hasta mediados del siglo xviii los comerciantes locales “actuaban como agentes clandestinos y testaferros de comerciantes británicos ubicados en Jamaica, quienes tenían el asiento de esclavos para Hispanoamérica, desde la paz de Utrecht de 1713”32. No obstante, el problema venía de lejos; en 1690 el que fuera gobernador de Cuba, Severino de Manzaneda, escribía al rey respecto a la libertad con que se ejercía el tráfico ilegal de mercancías en Puerto Príncipe y Bayamo, “pues no conocen Señor, en la obediencia, tratando y contratando en Jamaica con la mayor disolución que es ponderable sin temer el castigo que merecen refugiándose en el monte cuando se ha intentado”33. Podemos apuntar que la cercana región de Trinidad —un territorio que gozaba de cierto aislamiento dentro del interior insular y que, al mismo tiempo, estaba abierto a otras áreas caribeñas, amparando el comercio de ganado, tabaco, maderas y esclavos— quedó relativamente apartada al no ser beneficiada de los grandes impulsos económicos del aparato colonial, como supuso la Flota de Indias para el puerto de La Habana. Este hecho propició el contrabando en la zona y la acumulación del capital necesario para emprender el negocio azucarero, que pasó de 26 ingenios a finales del siglo xviii a duplicar la cifra hasta los 56 en 182734. Con el Reglamento para el comercio libre de 1778, Carlos III culminó junto con José de Gálvez —el flamante secretario de Estado del Despacho Universal de Indias— las ansiadas reformas económicas35. El Reglamento permitía abrir el comercio a varios puertos cubanos: La Habana, Santiago de Cuba y Batabanó podían comerciar con doce puertos españoles. Con Gálvez a la cabeza, que era buen conocedor 32. Böttcher, 2011: 211. 33. “Carta del gobernador Severino de Manzaneda a S. M. acerca del contrabando en Trinidad, Sancti Spiritus, Bayamo y Puerto Príncipe y otros particulares. Havana, 25 de marzo de 1690”. Recogido en Pichardo, 1981: 145. 34. Véase Chaviano Pérez, 2014. Para el caso matancero, véase Bergad, 1990. 35. Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias de 12 de octubre de 1778. Madrid: Imprenta de Pedro Marín.

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de la realidad novohispana y americana, la profunda reestructuración de la administración indiana estaba en marcha. El gobierno de Gálvez promovió la generalización de las intendencias en toda América, que tuvieron en la Capitanía General de Cuba el primer antecedente de este tipo de figura administrativa. Ideadas por Esquilache y puestas en funcionamiento por el conde de Ricla en octubre de 1764, no dejó de ser una medida relámpago, acaso precipitada, tras la salida de los ingleses. Su objetivo prioritario era el reforzamiento del ejército y el control de los asuntos hacendísticos. Para Luis Navarro, su creación obedecía a un ensayo tímido más que a un plan preconcebido, con vistas a “la reocupación de la Isla antillana”36. Las intendencias acaparaban muchas funciones y no solo la mejora fiscal; entre sus cometidos estaban fomentar la agricultura, la industria, las obras públicas, la policía, redactar estadísticas y cumplir las órdenes administrativas dimanadas de Madrid37. Su instalación se generalizó para mermar el omnímodo poder virreinal y vigilar estrechamente los movimientos del cada vez más empoderado sector criollo. Tal como he indicado, serían precisamente estos criollos los artífices de un férreo entramado económico capaz de controlar, no solo el negocio azucarero, sino cualquier disensión política entre las filas de sus pares. La disconformidad era sofocada con una inusitada rapidez, la más leve sospecha de hacer peligrar el gran negocio del azúcar era silenciada inmediatamente. Los últimas tres décadas del siglo xviii sirvieron para afianzar la plantación azucarera, y todos los productos derivados de ella, como único recurso económico de la isla. Las élites letradas, reunidas en torno a la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana y al Real Consulado, tejieron dos relatos sólidos y eficaces en torno a la economía del azúcar38. El primero relacionado con el irreductible requisito de mano de obra esclava para alcanzar sus planes, de ahí que la narrativa del comercio negrero fuera lo suficientemente sólida para que no hubiese fisuras ante el más mínimo ataque de los abolicionistas. El segundo discurso se vincula con los imperativos desarrollistas que el auge de cultivos e ingenios demandaba de otros 36. Navarro García, 1959: 19. 37. Los estudios sobre el sistema de intendencias en América son muy numerosos, para tener una visión panorámica del mismo y de los debates que siguen suscitándose, véase Andreo García, 1994-1997: 238. 38. Álvarez Cuartero, 2000 y 2017: 457-482.

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ramos, como los sectores agrícola, ganadero e industrial. El Discurso sobre la agricultura de La Habana y medios de fomentarla (1792), de Francisco Arango, se transformó en el texto programático del selecto club de terratenientes39. Las dos instituciones mencionadas se convirtieron en centros de investigación sobre la caña y los vehículos más activos de las vindicaciones políticas necesarias para aumentar su comercio. En una reunión del Consulado de 1796, ante el “estado de una Isla casi inculta y despoblada, desconocida en gran parte hasta de sus propietarios” se instaba a emprender viajes de estudios a los miembros más jóvenes para conocer el estado de otros países y colonias y se recomendaba como urgente la construcción de buenos caminos y puentes en la Jurisdicción de la Havana; la del canal de Güines; la de la limpia de este Puerto; el viage dé algunos jóvenes a las Colonias vecinas, para que nos comunicasen lo que fuese más útil en ellas; una obra en que se tratase completamente de la mejor cultura de nuestros frutos; algún establecimiento para enseñar en la Havana las ciencias naturales; una caxa de descuento para socorrer a los hacendados, que entretanto se aumentase hasta el diez por ciento el interés legal en esta Isla; que se derogase el privilegio que tienen los ingenios para no ser rematados por deudas; que el Consulado decidiera todos los pleitos que sobre frutos de extracción ocurrieran entre Hacendados y comerciantes: que como una contribución de agricultura y comercio se administrase por la Junta la que se hace para el Vestuario; que se libertase de derechos el azúcar que los Vasallos del Rey extrangeren de esta Isla para puertos extranjeros; que se estudiase los medios de aumentar la introducción y de disminuir el precio de los Negros; que se estableciesen reglas más seguras y más justas sobre los esclavos prófugos; que se examinase y enmendase los inconvenientes que el trae el sistema que hoy gobierna sobre demolición de Haciendas y corta de Maderas; que particularmente se viese el perjuicio que esto causa al aumento de Colmenas; que cesase el gravamen de la pesa de Ganado; que si fuese posible se disminuyese el número de los días Festivos para los labradores; que se reformase la doble alcabala que hoy se cobra a los labradores en el repartimiento de tierra a ceso redimible40.

39. “Francisco Arango y Parreño, 1792, Discurso sobre la agricultura de la Habana y medios de fomentarla”. En Obras del Exmo. Señor Don Francisco Arango y Parreño, 1888, I: 53-100. 40. Acuerdo de la Junta de Gobierno del Real Consulado de Agricultura y Comercio en la celebrada el día 21 de diciembre de 1796. Havana: Imprenta de la Capitanía General, en Biblioteca Nacional de España, Signatura VE/1233/16, pp. 8-11.

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Aunque la cita es extensa, ofrece un resumen sustancial de las pretensiones del lobby azucarero que se pueden sintetizar en cinco premisas: optimizar las infraestructuras, aumentar la importación de esclavos y disminuir su precio, endurecer el castigo para los fugados, intensificar la producción de la clase campesina y mejorar la fiscalidad. El apunte sobre la compra de esclavos necesita una breve reflexión para contextualizar posteriormente el debate surgido en las Cortes. El éranos esclavista En 1809, Joaquín José de Muro y Vidaurreta, capitán general de Cuba, recibió una carta de su homologo yucateco, Benito Pérez de Valdelomar, solicitándole informes del desembarco en Campeche de dos negros franceses procedentes de La Habana. La respuesta del marqués de Someruelos fue lacónica, ambos individuos habían sido apresados en Santo Domingo y despachados lejos de Cuba para evitar “ que no pudiesen huirse y quedarse en la ciudad o desparramarse por los campos, a fin de evitar los gravísimos perjuicios que podrían ocasionar en cuanto a alterar la guerra de los negros”41. Esta fue la razón por la que se les traslada a la península de Yucatán, donde no eran potencialmente tan peligrosos como en la isla42. La condición de negros y franceses les imprimía una doble peligrosidad. La Revolución de Haití de 1791 estigmatizó a los negros provenientes de La Española por su posible contacto con las ideas jacobinas que terminaron por abolir la esclavitud en Saint-Domingue43. Los sucesos haitianos sirvieron para construir un relato de miedo y de eficaz control colonial sobre la población blanca y de color en Cuba. Las diferencias entre las dos

41. “Cartas entre el marqués de Someruelos y Benito Pérez Valdelomar” Mérida-La Habana, 18 de marzo-23 de abril de 1809” incluidas en la correspondencia dirigida al marqués de Someruelos por el capitán general de Guatemala, el comandante de Omoa, el capitán general de Yucatán y el comandante general de Canarias (17991815), en Archivo General de Indias, Papeles de Cuba, legajo 1715. Sobre el gobierno de Someruelos, véase Vázquez Cienfuegos, 2008. 42. Para una visión de las insurrecciones esclavas a partir de 1808, véase: Barcia, 2008. 43. La bibliografía sobre este tema es abundante; véanse los trabajos de Ferrer, 2014, 2003: 675-694, 2009: 223-247. VV.AA., 2010. En este volumen se incluye también un capítulo de la misma autora titulado “Cuba en la sombra de Haití: noticias, sociedad y esclavitud”, 2010: 179-231.

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colonias eran evidentes por la falta, en el caso de Saint-Domingue, de “sectores mediadores (blancos metropolitanos y mulatos criollos)”. A partir de la experiencia haitiana, se invocó “un discurso criollo fundamentado en el habitante blanco católico” frente a una Haití de origen esclavo y animista, tal como señala González-Ripoll44. La destrucción de las plantaciones benefició la producción cubana por varias razones, no solo por la llegada de miles de exiliados que huían de la isla y que se asentaron en la región con sus conocimientos técnicos sobre el cultivo de la caña y la química de azucares y melazas, sino también por el alza de los precios y la libre importación de esclavos de 1790 a 180045. Este periodo de prosperidad también favoreció a las Antillas inglesas, sus más directos competidores y paradójicamente se constató una deflación ya que “hacia 1800, un exceso de producción deprimió y desmoralizó el mercado”46. Pero ¿cuáles eran las cifras de esclavos en Cuba para temer una revolución? Las cantidades que proporcionan los distintos especialistas no coinciden, como es lógico, debido a la inexactitud de los registros documentales y a la divergencia de las fuentes consultadas por los autores. Tras un breve repaso a la historiografía más representativa, contemplamos una variedad de datos muy significativo47. Moreno Fraginals afirma que se desconoce la cifra exacta de esclavos llegados a la isla, pero calcula que entre 1765 y 1790 la media anual era de aproximadamente 2.000 africanos48. Cantidades muy por debajo de las suministradas por Juan Pérez de la Riva, que estima en 8.528 los llegados a La Habana en 1792, que en una década llegaron hasta 13.832, cifras que disminuyeron durante los primeros años de la guerra, llegando a descender a 1.607 en 1808 y a 1.162 en 1809, para aumentar de nuevo en 1810 con 6.672, para luego mantenerse en torno a los 4.000 hasta finalizar la guerra49. Utilizando a Aimes y Humboldt como fuentes, Curtin eleva el número de importados a 119.000 para el periodo de 1775-180750.

44. 45. 46. 47.

González-Ripoll, 2004: 14. Sobre este asunto, véase Belmonte Postigo, 2019: 1-14. Guerra, 1976: 63. Sobre el problema de las fuentes, véanse Joda Esteve, 2015: 107-130; Piqueras, 2011: 193-230. 48. Moreno Fraginals, 1978, vol. I: 50. 49. Pérez de la Riva, 1977: 12-13. 50. Curtin, 1969: 31.

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En 1791 se calculaba que número total de esclavos en los ingenios era de 84.59051; Klein aporta un volumen total inferior para toda la isla: unos 65.000 en 1790, con una producción de 14.500 toneladas por año utilizando para su extracción a unos 25.000 hombres52. Los censos oficiales de 1792 arrojan las siguientes cifras correspondientes al departamento occidental: 78.301 (51,81%) de población blanca, 58.853 de negros (38,94), 13.976 de mulatos (9,24%), 99.105 (65,57%) de población libre y 52.025 de esclavos (34,42%)53. En 1792, el total de habitantes en Cuba era de 273.979 y en 1817, de 553.033, llegando casi a doblarla54. La población esclava no era nada despreciable para los 237 ingenios a pleno rendimiento de la zona habanera. Esta coyuntura influyó en las políticas de blanqueamiento poblacional y en la creación de la Real Junta de Fomento de la Población Blanca55. La institución se impuso como objetivo, por un lado, neutralizar una hipotética rebelión en masa y por otro, conseguir una mano de obra asalariada de colonos blancos que trabajaran en el ingenio. Lamentablemente, el negocio de la colonización no fue nada rentable porque el obrero que llegaba a la isla se establecía como campesino o como artesano y exigía un salario muy elevado para trabajar en la finca azucarera, lo que suponía una inversión del doble que la de un esclavo56. El precio del esclavo rondaba entre los 400 y 600 pesos, pero su valor dependía de otros factores (tales como nación, sexo, edad, si eran criollos o no), así como de la fluctuación de su coste, basado en la oferta y la demanda, y la situación de guerra o paz, condiciones necesarias para que el middle passage funcionase con normalidad. Entre 1790 y 1820 se calcula que el 70% de los esclavos que entraron en La Habana fueron hombres57. El segmento social que controló el negocio no superaba las quinientas familias, constituidas por unas cuatro mil personas. Junto a los propie51. Barcia, 1987: 177-179. Naranjo Orovio maneja una cifra de 84.496 muy similar a la de Barcia, véase: Naranjo Orovio, 2005: 88. 52. Klein, 1986: 64. 53. Los datos de los departamentos central y oriental son muy similares, puede consultarse todo el censo en Pérez Murillo, 1988: 41. 54. Naranjo Orovio, 2017: 52. 55. Sobre esta cuestión, véase Naranjo Orovio, 2004: 83-177. 56. Moreno Fraginals, 1978, vol. I: 260. 57. Sobre el mercado de esclavos en La Habana: Bergad, Iglesias García y Barcia, 1995: 85-92. Para mediados del siglo xix, véase Moreno Fraginals, Klein y Engerman, 1983: 97-120.

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tarios de la tierra y los ingenios, los comerciantes eran el otro grupo decisivo para extraer los frutos fuera de la isla, las casas comerciales a principios del siglo xix eran cincuenta, con movimientos de capital en torno a los veinte millones de pesos58. La trata negrera se apoyó en la Sociedad Económica de Amigos del País, el Real Consulado y el ayuntamiento como lobbies para organizar su defensa y brindar una batería de informes, estudios técnicos y justificaciones históricas que la sustentaran. Los argumentos para justificar en las Cortes su continuidad obligaban a desplegar todas las armas intelectuales a su alcance, de ahí que Francisco de Arango y Parreño, su más astuto representante, fuera el encargado de redactar la Representación59. Asimismo, es oportuno introducir el concepto de la “soledad del hacendado criollo”. Acuño esta expresión porque la metrópoli nunca acompañó con medidas estructurales, de calado, el gran negocio que iba a suponer la plantación azucarera en el primer ciclo de formación de las fortunas de la élite antillana60. Negocio en el que participó y del que se benefició la oligarquía metropolitana entrado el siglo xix. En palabras de Pablo Tornero, “los ideólogos del nuevo orden cubano” eran los únicos actores capaces de hacer valer el sistema61. Esta soledad les facultó para argumentar en las Cortes con unas herramientas discursivas muy convincentes. Desde que en La Habana se tuvieron noticias de los sucesos que acontecían en la metrópoli, el marqués de la Gratitud redactó un manifiesto de apoyo a la Junta Suprema y a Fernando “el adorado”, justificando la no creación de una junta provincial “pues siempre se habían gobernado bajo del mismo sistema, por las propias leyes y por la misma clase de autoridades y magistrados”62. Se justificaba la decisión por creer que su formación pudiese alimentar divisiones y “su recelo, al ver la desfachatez y arrojo con que la espesa turba de ignorantes y malignos desnaturalizaba los hechos, confundía toda verdad, y abusaba como siempre de la credulidad de una muchedumbre alarmada”63. 58. 59. 60. 61. 62.

Torres-Cuevas y Reyes, 1986: 80. Sobre la figura de Arango, González-Ripoll y Álvarez Cuartero, 2010. Bahamonde y Cayuela, 1992. Tornero Tinajero, 1996: 152. “Manifiesto del Ayuntamiento de la Habana a la Suprema Junta Central, antes de recibir de oficio la noticia de su instalación”. En Obras del Exmo. Señor Don Francisco Arango y Parreño, 1888, II: 133. 63. “Manifiesto del Ayuntamiento de la Habana a la Suprema Junta Central, antes de recibir de oficio la noticia de su instalación”. En Obras del Exmo. Señor Don

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Una vez que quedó clara la fidelidad al orden marcado por la Junta Suprema y fue confirmado como diputado el plantador y comerciante de esclavos Andrés de Jáuregui, los poderes fácticos se atrevieron a redactar una serie de Cuestiones que necesariamente deben decidir las Cortes, antes que pueda llegar a ella el diputado de esta provincia64. Este memorándum plasmaba el liderazgo de una mente preclara como la de Arango, así como la cohesión del grupo y la claridad de objetivos que la élite pretendía de las Cortes para respaldar la industria del azúcar y renovar el pacto colonial. La primera de las disposiciones acordadas se refería a la recaudación de donativos para las tropas en España. En noviembre de 1808, las remesas estaban preparadas para embarcarse rumbo a Sevilla en el navío San Lorenzo. La cuantiosa donación recaudada por el ayuntamiento ascendió a 93.178 pesos y 6 reales acompañados de alhajas de oro y plata, 1.599 cajas de azúcar blanco y quebrado. Engrosaron la lista de poderosos y generosos contribuyentes, entre otros, Tomás de Jáuregui, el padre del diputado, que entregó 60 cajas de azúcar blanco y 40 de quebrado en nombre propio y de sus hijos, junto con Rafael O’Farrill, Juan Bautista Galaynena, el conde de Casa Bayona o el marqués de Villalta65. A esta medida de gran importancia, pues con ella Cuba pretendía demostrar su fidelidad incondicional, se sumaba la solicitud de no discutir en la cámara sobre el comercio ultramarino mientras no llegara a la península su representante, hasta ese punto llegaban los temores del círculo de hacendados sobre lo que podía o no decidirse en las Cortes. En el resto del documento se rogaban oraciones para que se tomaran las decisiones oportunas, evitar la “malignidad de Napoleón” y que “la silla del Imperio se estableciese en tal caso en la ciudad de Méjico, digna por

Francisco Arango y Parreño, 1888, X: 134. La Junta de La Habana fue una de las primeras en proponerse, aunque no llega a materializarse el proyecto por los ya mencionados intereses de los hacendados; véase Vázquez Cienfuegos, 2013. 64. “Cuestiones que necesariamente deben decidir las Cortes, antes que pueda llegar a ella el diputado de esta provincia”. En Obras del Exmo. Señor Don Francisco Arango y Parreño, 1888, II: 167-173. 65. Se formó una comisión integrada por Juan Crisóstomo Peñalver, el conde de Santa María de Loreto y Tomás de la Cruz. Véase “Relación de donativos hechos por el Ayuntamiento, los habitantes de la Isla de Cuba, de las dos Floridas y el vecindario de la Habana a fin de cooperar a la gloriosa, y difícil empresa en que está empeñada la Nación”, Sevilla, 27/1/1809, en Gazeta del Gobierno, n.º 5, pp. 77-80 [boe.es].

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tantas razones de tan grande preferencia”, demostrando una extraordinaria intuición sobre la deriva independentista que se barruntaba en la vecina Nueva España66. Evitar mil desastres: las polémicas sobre la esclavitud en las Cortes de Cádiz Sobre la representación En la sesión del 25 de enero de 1811, José Miguel Guridi se refería a las tres clases de habitantes que poblaban América: “primera, negros y mulatos que descienden de ellos; segunda, indios, que son los naturales del país; tercera, españoles, cuyo mayor número es de los oriundos de este suelo, y nacidos en aquel hemisferio”, y señalaba los derechos de los africanos criollos, pues “aunque por una parte los esclavos no tengan cabeza, según derecho, esto es, no tengan persona para optar a los empleos públicos (…) no puede dudarse que son vecinos nacidos allí, lo que funda algún derecho, a lo menos para la voz activa”. De esta forma reclamaba la atención del resto de los diputados hacia un asunto recurrente para los intereses americanos que era la representatividad67. La polémica sobre quiénes podían gozar de representación en Cádiz supuso la primera cuestión de calado a la que se enfrentaban los comisionados americanos. Meses antes habían exigido “igualdad de derechos con los españoles europeos”, que no solo implicaba una representación igualitaria, sino que también llevaba implícitos los debates de su legítimo interés68. El problema de la representación de los negros hizo despertar a la discusión a diputados tan alejados de esta materia

66. “Cuestiones que necesariamente deben decidir las Cortes, antes que pueda llegar a ella el diputado de esta provincia”. En Obras del Exmo. Señor Don Francisco Arango y Parreño, 1888, II: 167-173. 67. Sesión del 25 de enero de 1811, p. 433. El Archivo del Congreso de los Diputados ha volcado en red el Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias del período gaditano. Las referencias documentales se anotarán refiriéndome al día, mes y año de celebración de la sesión y el número de página para abreviar el contenido de las notas. El Diario de Sesiones puede consultarse en https://app. congreso.es/est_sesiones/http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/ Congreso/Hist_Normas/200. 68. Sesión del 25 de septiembre de 1810, p. 6.

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como al delegado por Lugo, Domingo García Quintana, que ante la propuesta de que se eligiese un diputado por cada cincuenta mil almas, expuso que “los mulatos tengan voz activa, no pasiva. Tengan también aquí los esclavos uno que represente por ellos, no como diputado, sino como apoderado que exponga sus derechos”69. El intercambio de pareceres encontró en la voz del Divino Agustín de Argüelles una réplica inapelable, aceptada por asentimiento por todos los comparecientes: aunque es cierto que a todas las clases se deben considerar iguales, no se ha creído conveniente que todos gozasen el derecho de ciudadanos, como son los negros y otros, que están reducidos a la durísima suerte de sufrir el pesado trabajo que se les impone: y por razones de política los mismos señores americanos exigieron que fuesen excluidos nominalmente todos estos individuos del ejercicio activo de los derechos de ciudadano70.

La discusión continuó con la intervención del diputado peruano Vicente Morales Duárez de la Quadra, que apeló al Decreto sobre igualdad de derechos entre españoles europeos y ultramarinos para aclarar que “cuando [se] iguala a los criollos, españoles e indios, [se] habla de los oriundos; y los negros no son oriundos, son unos africanos: por tanto, quedan excluidos en la proposición, así como se excluyen los mulatos”71. Domingo García Quintana demostró ser tenaz en sus convicciones y volvió a insistir en la necesidad de abolir la esclavitud y conceder a los esclavos un representante: Se pensará, mediante planes juiciosos, que eviten perjuicios, en desterrar para siempre hasta la memoria de la esclavitud, afrentosa infinitamente más al que la causa que al que la sufre; y mientras esto se verifica, los esclavos tendrán un apoderado en el Congreso, que en sus negocios privativos hable por ellos en derechura a la soberanía, y este poder le tendrá uno de los representantes europeos, que le representará con separación

69. El liberal Evaristo Pérez de Castro, diputado por Valladolid hizo la propuesta a la que respondió de inmediato Domingo García; véase Sesión del 23 de enero de 1811, p. 420. 70. Sesión del 23 de enero de 1811, p. 421. 71. Sesión del 23 de enero de 1811, p. 420. El decreto se leyó y quedo aprobado definitivamente en la sesión secreta del 15 de octubre de 1810. Morales Duárez, en la sesión, también secreta, del 11 de octubre no quiso que se igualasen “las castas pardas con los demás súbditos de América”; véase Actas de las Sesiones Secretas del 11 y 15 de octubre de 1810, pp. 16, 20.

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del nacional. Los esclavos se juntarán para elegir el que haya de ser de los representantes europeos nombrados72.

El diputado por Caracas, Esteban de Palacios y Blanco, zanjaba la polémica de la representatividad de los esclavos con una frase elocuente: “en cuanto a que se destierre la esclavitud, lo apruebo como amante de la humanidad; pero como amante del orden político lo repruebo”73. Resulta sorprendente que en estas deliberaciones los diputados electos por Cuba no pudiesen participar, y más penoso fue el silencio de los diputados suplentes sobre un asunto que les concernía directamente74. Tanto Andrés de Jáuregui, nombrado por la ciudad de La Habana, como Juan Bernardo O’Gavan, por Santiago de Cuba, no llegaron a estas primeras jornadas de las Cortes, como no lo lograron otros muchos diputados ultramarinos75. La premura de la convocatoria, la resolución de las elecciones y las dificultades sobrevenidas de un desplazamiento desde el otro lado del Atlántico obligaron a instaurar la figura de los diputados suplentes, individuos originarios de América, pero residentes en España76. Andrés de Jáuregui juró su cargo en febrero de 1811, siendo sustituido en ausencia por el suplente Joaquín de Santa Cruz y Chacón77. O’Gavan en cambio llegaría al final de la redacción de la Constitución y juraba su cargo el 15 de marzo de 1812, durante este periodo actuó como diputado suplente Juan Clemente Núñez del Castillo, marqués de San Felipe y Santiago78. 72. Sesión del 9 de enero de 1811, p. 327. 73. Sesión del 9 de enero de 1811, p. 328. 74. Sobre la dinámica de las elecciones, la actividad y participación en los debates de los diputados cubanos, véase Bernal Gómez, 2013: 181-192. 75. VV.AA. 2010. y García León, 2012, vol. I: Convocatoria, practica electoral, composición, funcionamiento y reglamentación de las Cortes. Tipología de los diputados y vol. II: Relación alfabética de los diputados. 76. La dinámica de la elección de los diputados cubanos puede seguirse en Arango y Parreño, 1888, II: 129-173. 77. Sobre la convocatoria a Cortes, véase Suárez Verdaguer, 1982. 78. La representación por Santiago sufrió varias sustituciones. Anteriormente habían sido propuestos Tomás del Monte y Mesa y Francisco Antonio Bravo que renunciaron. En el momento de la incorporación de Jáuregui a su escaño y en vista de que el diputado por Santiago no había llegado se sorteó entre los dos suplentes, Núñez del Castillo y Joaquín de Santa Cruz, quién debía ocupar el puesto del diputado ausente por Cuba, siendo el elegido el marqués de San Felipe que sustituyó a O’Gavan en su ausencia. Sobre este asunto, véase Iglesias Cruz, 2010: 74-89. Sobre las tareas de O’Gavan en los dos períodos parlamentarios, véase Portuondo Zúñiga, 2008.

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Latet anguis in herba: sobre el comercio negrero El Trienio Liberal llevó de nuevo a Juan Bernardo O’Gavan a representar a Santiago de Cuba en las Cortes. Tal como hemos comentado, su participación en las primeras sesiones pasaron inadvertidas, muy al contrario de la actividad que desplegó en 1821 en defensa de la trata, incluso publicó un opúsculo titulado Observaciones sobre la suerte de los negros del África, una entusiasta defensa del comercio esclavo repleta de referencias a su inferioridad mental y moral y a las posibilidades de redención laboral que supone ser llevados a Cuba “en fin, estos hombres, que en el África serían unas fieras indomables, conocen entre nosotros y practican las máxima de la religión de paz, amor y dulzura, y se hacen miembros de la gran sociedad evangélica”79. Las reflexiones del presbítero reflejaron línea tras línea la sensación de honda traición por parte de Fernando VII a los intereses de la sacarocracia habanera, que percibió que a la suspensión de la trata seguiría el fin de la esclavitud. El acuerdo respecto a la trata había entrado en vigor en 1820, aprobado por el Congreso del Trienio Liberal. A pesar del bloqueo antiabolicionista de las primeras Cortes gaditanas, el fin del tráfico se hizo al fin efectivo gracias, en opinión de O’Gavan, a las quiméricas arengas de hombres fascinados por documentos y doctrinas seductores, o empeñados en arruinar nuestras ricas provincias ultramarinas presentado a los ojos de los incautos como horrorosa e inhumana la adopción en ellas de los negros africanos. A todas esas pomposas declamaciones, tomadas de obras inglesas se puede contestar latet anguis in herba80.

Es decir, se acusaba los diputados de haber sucumbido finalmente a las presiones británicas; habían pasado nueve años desde aquella proposición de Agustín de Argüelles en Cádiz. Pero ¿cómo se desarrolló el primer debate sobre el fin de la trata en las Cortes constituyentes? En la sesión pública del 2 abril de 1811, Argüelles presentó dos iniciativas que tenían por objeto era abolir la tortura y la trata negrera, “tan infame tráfico”, en las “posesiones que componen la monarquía en ambos hemisferios (…) aun cuando se adquieran directamente de 79. O’Gavan, 1821: 9. Sobre este texto, véase González-Ripoll, 2018: 10-27. 80. O’Gavan, 1821: 7-8.

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alguna potencia de Europa o América”, apelando al “gran objeto que se ha propuesto la Nación inglesa en el célebre bill de la abolición del comercio de esclavos”81. Acto seguido, los diputados se enzarzaron en una discusión sobre la tortura que pasó a la Comisión de Justicia para después valorar la pertinencia de la segunda proposición. Abrió el debate el diputado ecuatoriano José Mejía Lequerica, que defendió su aprobación, distinguiendo entre esclavitud y tráfico; argumentaba que la alianza entre Gran Bretaña y Portugal incluía un artículo sobre la supresión, afirmando irónicamente “aguardaremos a que nuestros aliados nos lo vengan a enseñar y exigir”82. Llama la atención la ingenuidad de José Mejía al defender que, como el proyecto de Guridi se había trasladado a la Comisión de la Constitución, que “era obra larga”, era necesario señalar un día para evaluar con urgencia la supresión del comercio. También era patente la repercusión de los debates parlamentarios británicos en los diputados gaditanos y más aún cuando la supervivencia de la nación española estaba en sus manos. Argüelles fue contundente en el uso de la palabra para razonar que “comerciar con la sangre de nuestros hermanos es horrendo, es atroz, es inhumano, y no puede el Congreso nacional vacilar un momento entre comprometer sus sublimes principios o los intereses de algunos particulares”, palabras que suponían un ataque directo a la oligarquía habanera83. Su exposición recogió alguno de los argumentos expuestos en el Parlamento inglés como que, al suspender la trata, los amos de esclavos se verían impelidos a cuidarlos y proteger su reproducción. Para Argüelles la suspensión solo podría traer beneficios, como incrementar la producción agrícola con métodos que no fueran la mano de obra esclava. La influencia del parlamentarismo inglés en Argüelles es palpable: el 5 de febrero de 1807 había asistido a la aprobación de la ley de abolición de la trata en la Cámara de los Lores, incluso anunció a los demás diputados la idea de algunos abolicionistas de crear una asociación para “indemnizar a las naciones de África del ultrage y vejamen que han sufrido con semejante trato”84. Con toda seguridad, la estrecha amistad que mantenía con lord Holland facilitaba su estrecho contacto con los políticos británicos y con las ideas más progresistas del momento. Pro81. 82. 83. 84.

Sesión del 2 de abril de 1811, pp. 809-810. Sesión del 2 de abril de 1811, p. 811. Sesión del 2 de abril de 1811, p. 811. Sesión del 2 de abril de 1811, p. 812.

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yectos que explica a los asistentes a la sesión, como el de fundar instituciones científicas y artísticas en los puertos de embarque africanos para llevar “toda especie de cultura y civilización”, pero sin la presencia de evangelizadores cristianos, para evitar los abusos que en otras ocasiones se habían perpetrado; en fin, liberalismo en estado puro. Como es lógico, la intervención de Jáuregui fue inmediata, tal como recoge el Diario de Sesiones. El diputado habanero era conocido por el resto de parlamentarios por su puesto como vicepresidente de las Cortes, cargo que seguramente le sirvió para adquirir experiencia en la dinámica de las sesiones y familiarizarse con las camarillas políticas gaditanas. Pero lo que tal vez fuese más relevante es que pudo beneficiarse de la sabiduría del liberal Diego Muñoz-Torrero, el presidente en marzo de 1811, uno de los diputados más inteligentes de esta etapa y que había sido rector de la Universidad de Salamanca. El cinismo de Jáuregui quedó manifiesto en las primeras palabras de su discurso: “No es, Señor, el interés privado el que me hace hablar en tan grave asunto”; como era sabido, su padre era propietario de los ingenios Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de la Soledad, y él mismo actuaba de testaferro de Arango y Parreño para los negocios del azúcar y de la trata. Arango, a su vez, era propietario, junto con José Pablo Valiente, el intendente de Hacienda, del ingenio La Ninfa. Este ingenio fue uno de los grandes centros productores de la región, con una dotación de 350 esclavos adquiridos, como indica Moreno Fraginals, “con el robo de los dineros públicos” del prócer Arango y del burócrata Valiente85. Andrés de Jáuregui solicitó con una sutil amenaza que el tema se tratase en sesión secreta porque A la isla de Cuba, y en especial á la Habana, á quien represento, es á quien más interesa este punto: todo aquel vasto territorio goza hoy de profunda tranquilidad. Con la noticia de que de esto se trata sin que le acompañe una resolución que concilie tantos intereses como en sí encierra este asunto, puede comprometerse el sosiego que felizmente reina en una posesión tan interesante bajo todos aspectos86.

De esta forma, el hábil delfín de Arango distraía de la opinión pública y del resto de las sesiones abiertas un debate de esa envergadura, 85. Moreno Fraginals, 1978, I: 52, 58 y 108. 86. Sesión del 2 de abril de 1811, p. 812.

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aunque Juan Nicasio Gallego Clarico se opuso a ello. Otro diputado, Evaristo Pérez de Castro, argumentó que, como la trata no estaba en manos de comerciantes españoles, su supresión no perjudicaría a sus intereses. El debate ganó altura y perspectiva con la intervención del liberal Manuel Antonio García-Herreros, magistrado y secretario de las Cortes, quien propuso declarar libres a los hijos nacidos de esclavos, adelantándose varios años a la ley de libertad de vientres de Segismundo Moret de 1870. El diputado por Cataluña, Felipe Aner de Esteve, vio necesaria la búsqueda de una solución para sustituir paulatinamente la mano de obra esclava por otros trabajadores. Guridi y Alcocer también participó brevemente con un sorprendente tono conciliador: Mis proposiciones se reducen á que se suavice la esclavitud sin perjuicio de nadie, y sin que de ello pueda resultar trastorno alguno. La primera proposición es para que se circunscriba el comercio y se acabe la esclavitud; porque no habiendo comercio de esclavos, se ha de acabar la esclavitud, aunque sea de aquí á cien años87.

Las proposiciones de Argüelles y de Guridi fueron admitidas y se solicitó pasar la discusión a una comisión creada ad hoc. La ponencia de Guridi leída al final de las actas de la sesión es el único texto sobre la posibilidad de abolir la esclavitud que se conserva de este primer periodo constitucional español. Como puede deducirse, ambos asuntos no llegaron a tratarse en ninguna comisión especial. A modo de epílogo Tal vez una de las grandes ausencias de aquella Constitución, y que la hubieran convertido en auténticamente revolucionaria, hubiera sido incluir un artículo suprimiendo la trata y la esclavitud en todas sus formas y que los esclavos, una vez conseguida la libertad, pudiesen votar a sus representantes. Su no inclusión en la Constitución fue una batalla ganada por Andrés de Jáuregui, probablemente desplegando todas sus cualidades para convencer a los diputados de que no se tramitara el asunto. Jáuregui maniobró en la sombra para contrarrestar cualquier 87. Sesión del 2 de abril de 1811, p. 813.

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estrategia que pretendiese acabar con la estructura capitalista que se estaba forjando, y a la que auguraban pingües beneficios en el futuro. De la misma forma que desactivó la formación de la comisión, nunca llegó a presentar el proyecto de gobierno autonómico que le entregó José Agustín Caballero para ser debatido en las Cortes88. Pero uno de los grandes triunfos de la agenda secreta que Jáuregui tenía encomendada fue el Decreto de Libertad de Montes y Maderas, que otorgó luz verde a la deforestación de la isla por la necesidad de talar madera para la combustión de los ingenios89. La falta de un entusiasta acompañamiento a sus peticiones de mejoras fiscales para el periodo que va de 1763 a 1808 y su tímido enfrentamiento durante las sesiones “esclavistas” a la bancada liberal no resulto impactante, pero eso no significó que no fuese de gran eficacia su trabajo en la sombra. Hay que tener en cuenta que la oligarquía insular sería capaz de generar un capital jugoso a un imperio a punto de desmoronarse. En el sentir de los dueños del azúcar, se ponía en evidencia la cortedad y falta de previsión de su amada patria si se comparaba con las políticas económicas que los británicos habían desplegado en sus sugar islands. Bien es verdad que, una vez pasado el aprieto de los debates en las Cortes, ese aparente laissez faire, laissez passer de lo que acontecía en la isla, vigilada estrechamente por los sucesivos capitanes generales, reportaría la tranquilidad de poseer un territorio cautivo en el Caribe y más, tras el descalabro que supusieron los procesos de independencia continentales. La sacarocracia, con una inteligencia brillante propia de unos financial wizard más acordes a un siglo xxi que a finales del siglo xviii, supo comprar la confianza de las grandes fortunas españolas invitándolas a participar en el dulce pastel de los beneficios del azúcar90. Bibliografía Álvarez Cuartero, Izaskun. 2017. “Las Sociedades Económicas de Amigos del País en Cuba. ¿Lobbies para el progreso?”. En Javier Alvarado Planas (dir. y coord..), La administración de Cuba en los 88. Caballero, [1811] 1999: 214-236. 89. Sesión del 2 de septiembre de 1813, pp. 6103-6104. 90. Sobre esta cuestión, véase Cayuela Fernández, 1993.

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Independencia, disputas conceptuales e identidades en el trópico. Centroamérica, 1800-1870 David Díaz Arias Centro de Investigaciones Históricas de América Central, Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica

Introducción Entre 1800 y 1870, las provincias del antiguo reino de Guatemala experimentaron una profundización en los cambios en el lenguaje político, el sentido de los conceptos y la celebración de ritos vinculados con el poder, llevando esta región, a veces de forma intempestiva, a las discusiones de la modernidad. Las discusiones políticas que se acentuaron con la independencia política (1821) tuvieron un papel fundamental tanto como narrativa explicativa como por su poder de imaginación del futuro y definición de la comunidad política en Centroamérica en la era de sus revoluciones independentistas. Por doquier, grupos de políticos, intelectuales y revolucionarios utilizaron la palabra como arma e instrumento para enfrentar al enemigo (cualquiera que este fuera) y produjeron en ese enfrentamiento una avalancha de textos que se constituyeron desde entonces, o después, tanto en fuentes de las que bebió el proceso independentista como en reflexiones que se recuperaron en diversas etapas de la vida republicana para evaluar el pasado y el presente. Este trabajo recupera una buena parte de esa guerra de conceptos y creación de sentidos de identidad política que se produjeron en Centroamérica entre 1800 y se extendieron hasta el periodo inmediatamente anterior a la revolución liberal (1870), para descifrar qué tipo de discursos sobre la identidad, el pasado, el presente y el futuro se

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proyectó en esos textos. Los textos que se utilizan deambularon en forma de discurso, acta municipal, bando, artículo de periódico, constitución, libro, ensayo político y memoria y en ellos se advierten formas de narración sobre el pasado, el presente y el futuro que luego se repetirán durante todo el siglo xix y hasta el xxi. Este trabajo utiliza la historia conceptual1 para visualizar la forma en que se construyó una identidad americana en los textos de esta región y cómo se transformó esa identidad en una versión más regional que etiquetó como centroamericanos a quienes habitaban lo que había constituido el antiguo reino de Guatemala (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). En ese mismo sentido, se explora la manera en que intelectuales y políticos, que evaluaron la actividad política en Centroamérica durante esos años, intentaron construir un patriotismo que se asociara con la entidad política que había formado la República Federal de Centroamérica (1825-1839). Luego, se le sigue la pista a cómo esa identidad logró sobrevivir en otros discursos en las décadas de 1840 y fue fundamental para la definición del concepto de “raza” que apareció al final de la década de 1850 en Centroamérica. Identidades y futuros Varios investigadores se han acercado en el pasado a la historización de algunos de los rasgos identitarios que se produjeron en relación con la Federación Centroamericana durante el periodo de su existencia (18241839) y el origen del nombre de la región2, pero casi ninguno se ha referido a la construcción del concepto político de América y americano en Centroamérica hacia la época de la independencia y la relación entre ese concepto y los procesos de construcción de identidad política. ¿Qué significaba ser americano en Centroamérica antes de la independencia? Muy probablemente, lo mismo que se podía avistar en los diccionarios de la lengua que se editaron en la península española desde el siglo xviii. En 1770 el Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española de forma sumaria definió la voz “americano” simplemente como: “El natural de América, ó lo que pertenece 1. Koselleck, 2002 y 2004; Fernández Sebastián et al., 2002. 2. Acuña, 2002; Taracena, 1995; Dachner; 2000; Kinloch, 1999; Cuenin; 2010; Silva, 2008.

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á ella”3. Esa definición, tal cual, no varió en ninguna de las siguientes ediciones de ese Diccionario que se hicieron durante el final del siglo xviii y en el transcurso de toda la primera mitad del siglo xix y todavía aparecía de forma idéntica en la edición de 18694. Desde esa perspectiva, “americano” significaba un grupo étnico, es decir los aborígenes, y también era un adjetivo que aludía a todo lo procedente del continente llamado América. Estas visiones, como lo prueba un documento de 1778 referido a Costa Rica, estaban enraizadas en la definición de americano que deambulaba en el reino de Guatemala de la misma forma en que lo hacía en la península ibérica desde finales del siglo xviii. Así, en ese documento sobre Costa Rica, se habla de “los Dominios de Europa Americanos” para referirse al territorio habitado por miskitos en el Caribe centroamericano5. En ese sentido, americano era lo perteneciente a América, no importaba a qué se refiriera: una región geográfica, una etnia, un individuo. En la Constitución de Cádiz (1812), América apareció mencionada como territorio que era parte de “las Españas”6. En 1808, Domingo Juarros, al escribir una historia de Guatemala, entendía como “americano” al continente7, mientras que en ese mismo año en Guatemala, al celebrar a Fernando VII, se hicieron votos por “la unidad de sentimientos del vasto y florido continente americano” y también se nombró “la unión de los imperios Español y Americano”8. En los apuntamientos que hizo el diputado por Guatemala a las Cortes de Cádiz, Antonio Larrazábal, América se mencionó siguiendo con la toponimia: la de nombrar así al continente y también se utilizó el término “americanos” para aludir a los habitantes, en general, del continente: “quantos [sic] habitamos América”9. En una petición que hizo la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica en 1814, se hablaba de “América Meridional” como una forma de insistir en una de las dos partes de América: la del Norte y la del Sur10.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

RAE, 1770: 222. RAE, 1869: 46. Fernández, 1907: 60. Oficial, 1812: 5. Juarros, 1808: 131. Sicilia y Montoya, 1809: 5 y 62. Larrazábal, 1811: 6, 103, 117, 124, 131, 141 y 146. Fernández, 1907: 456.

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En síntesis, antes de la independencia, en Centroamérica, la voz América era sinónimo de un continente dividido en dos grandes áreas y la voz americano se refería a cualquier cosa o persona proveniente de ese espacio geográfico. En ese sentido, era un término tan impreciso que daba pocas claves sobre una identidad en ciernes y sobre su utilización política. Pero la independencia abriría esa clave pues, como ha indicado Guerra, en una primera época, variable según los países, América entera fue considerada como una nación: una “nación americana” en lucha contra una “nación española”. La identidad americana es designada en esa etapa como una oposición amigo-enemigo en el que los americanos ocupaban el primer puesto y los habitantes de España eran encajonados en el otro11. ¿Se produjo un movimiento así en Centroamérica? La definición del término americano tomó aire durante el proceso independentista en Centroamérica. En ese contexto, José Cecilio del Valle utilizó el concepto con constancia en las páginas de su periódico El Amigo de la Patria. En su avance por el término americano, Valle primero definió a la tierra en la que habitaba y la comparó con otras tierras. Casi un año antes de la independencia de Guatemala (1821), Valle se refirió a América como “nuevo mundo”, con “playas cubiertas de cocodrilos” y “bosques poblados de tigres”; como un “inmenso continente” que era una “bella mitad de la tierra”12. Luego, en junio de 1821 Valle insistió en su definición de América como un continente poco explorado, lleno de riquezas para el comercio internacional, con diferentes tipos de clima y de vegetación13. Un mes después, Valle aseguró que “Oro, plata, América son palabras que significan una misma cosa”. Junto a esa afirmación, Valle identificó a América como el “continente digno donde hemos nacido”, lo que lo llevó a suspirar: “O cara patria!” y a nombrarla como “superior a Europa”14, al tiempo en que identificó a Guatemala como una “parte hermosa de la América”15. En esencia, Valle definió a América a partir de sus particularidades geográficas y de flora y fauna. Luego del 15 de septiembre de 1821, Valle llevó la discusión sobre América como continente a un anhelo por lo que el futuro le podría 11. 12. 13. 14. 15.

Guerra, 1992: 348. El Amigo de la Patria, Guatemala 16/10/1820. El Amigo de la Patria, Guatemala 9/10/1821. El Amigo de la Patria, Guatemala 16/7/1821. El Amigo de la Patria, Guatemala 26/7/1821.

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deparar a este continente. En un ensayo que publicó a finales de noviembre de 1821, Valle reconoció que su deseo era visualizar el pasado con miras a lanzarse “a lo futuro”16. Ese texto de Valle constituye un repaso por el choque entre la historia de España y la de América desde la conquista, que Valle realizó con el fin de justificar la independencia de la segunda17. Valle apostó por el triunfo político de América después de la emancipación18. Americanos serán para Valle los habitantes del territorio antes de la llegada de los europeos y por eso la palabra es inicialmente sinónimo de indígena. Pero luego de la colonia, el americano fue definido como el habitante del continente, no indígena ni afroamericano, sino como descendiente de los españoles que ahora se enfrentaban con España por su independencia. Valle subrayó: No odio a los españoles, ni me gozo en su mal. Españoles eran los que me comunicaron la vida: los que me enseñaron la religión santa que profeso, los que me dieron el idioma hermoso de Castilla: los que formaron el patrimonio que asegura mi conservación: los que engendraron a la que es objeto de mis amores y madre de mis hijos… Pero los deberes de la filiación no son contrarios a las obligaciones del patriotismo. En América me engendrasteis. La América es mi patria, y todo ciudadano debe amar la que se tenga. Si el Castellano no ofende a sus hijos sosteniendo la causa de Castilla, el Americano no agravia a sus padres defendiendo la causa de América: Debo sostener la de este caro continente; pero no violentaré jamás la naturaleza de Americano. Que haya en Francia Robespierres sanguinarios. El carácter de un Americano es la dulzura: la sensibilidad pintada en su cara, expresa en sus acentos. No seamos perseguidores injustos. Amemos a todos los que respeten el orden y confiesen la justicia de nuestra causa19.

Valle, como se ve, tomó posición en contra de la “leyenda negra” de la conquista, al usar argumentos en favor de España y los justos títulos desarrollados por pensadores como Ginés de Sepúlveda, que agradecían a los conquistadores la “cultura” impuesta a las poblaciones originarias de América, el cristianismo y la civilización y, con ello, 16. El Amigo de la Patria, Guatemala 30/11/1821. 17. Valle seguía así una tradición interpretativa que se estaba construyendo en América Latina al final del siglo xviii. Véase Brading, 1991: 465-674. 18. El Amigo de la Patria, Guatemala 30/11/1821. 19. El Amigo de la Patria, Guatemala 30/11/1821.

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el supuesto cese del canibalismo, los sacrificios humanos y otro tipo de comportamientos bárbaros atribuidos a los indígenas20. De esa forma, Valle definió al americano como diferente al castellano o español (usó ambos gentilicios como sinónimos), no en términos culturales, ya que de este había heredado lengua, religión y familia, sino en términos de carácter. La diferencia para Valle residía en la perspectiva del futuro. Según Valle, en el futuro americano, “la riqueza distribuida sabiamente por la libertad”, permitiría que la población se multiplicara: “No habrá desiertos sin vida, ni campos sin verdor”. La población, además, se alimentaría de migrantes europeos, de quienes el americano primero imitaría su “genio”, y, luego, se liberaría para crear por sí mismo. Además, la división producida por la sociedad colonial, cuyo profundo mestizaje Valle a propósito olvidó mencionar21, sería revertida en el futuro en donde sí habría un cruce entre “los indios y ladinos con los españoles y suizos, los alemanes e ingleses” que serviría para poblar América, acabando con “las castas, división sensible de los pueblos: será homogénea la población: habrá unidad en las sociedades: serán unos los elementos que las compongan”22. Ciertamente, Valle tenía en mente un proyecto de nación basado en los procesos europeos que se habían desencadenado al final del siglo xviii con las revoluciones burguesas y se comenzaron a decantar en el siglo xix23. Valle, como queda en evidencia, no mencionó otras regiones del mundo en esa llegada masiva de inmigrantes al continente. Para él, el ingenio y el trabajo vendrían de Europa. Incluso, en un momento anotó que ya no llegarían “negros a las costas de América”, indicando que la independencia y felicidad del Nuevo Mundo evitarían la esclavitud de los africanos. Así, Valle no daba espacio para los afrodescendientes en el sueño futuro continental, ni en su definición de americano. Aun así, un elemento central que conviene destacar en ese futuro imaginado, era la creencia en que el mestizaje produciría una uniformidad y que esa homogeneidad daría como fruto la estabilidad. Se trata de una evidencia temprana de una asociación muy fuerte que pervivirá en la mente de los liberales centroamericanos durante todo el siglo xix: la que planteaba que la manera de evitar la guerra civil, y particularmente 20. 21. 22. 23.

Wolfgang, 2012: 255. Soto y Díaz, 2007. El Amigo de la Patria, Guatemala 30/11/1821. Hobsbawm, 2012: 14-45.

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la “lucha de castas”, era que el futuro debía impulsar el contacto y la reproducción entre los diversos grupos que habían salido de la época colonial24. Desde la posición de Valle, el desarrollo económico produciría un fuerte contacto cultural entre Europa y América que daría como resultado el reconocimiento mutuo de cada continente. Además, Valle insistió en el carácter como forma de identificación del americano. En el futuro feliz que le imaginó, la competencia por el progreso de las ciencias sería ganada por América frente a Europa. Valle no dudaba que la “lengua Castellana” iba a transformarse hasta formar muchos dialectos en el Nuevo Mundo y que, al mismo tiempo, una vez que dejaran de ser oprimidos y cayera “el muro de la separación que los ha dividido de los ladinos y españoles”, los indígenas abandonarían sus lenguajes y hablarían un solo idioma que sería el “de todos”. Es en ese nivel que Valle creía que se alcanzaría esa sociedad mejor, unida, con progreso, ilustrada e igualitaria en términos políticos: Ilustrados con las luces de las ciencias: restituidos al goce de sus derechos: libres bajo un gobierno protector: iguales en una legislación justa e imparcial: sin reglamentos en la elección de trabajo, ni opresión en el goce de sus productos: ricos con el desarrollo progresivo de gérmenes nuevos de prosperidad, los Americanos conocerán al fin que son hombres: sentirán toda la dignidad de su ser: sabrán que el rico y el pobre, el sabio y el ignorante, el título y quien no lo tenga, Newton y el indio son hijos de una familia, individuos de una especie25.

En efecto, Valle imaginó la igualdad del futuro en términos de una integración social igualitaria y del acceso a los derechos políticos, pero no en términos económicos. Es decir, la nivelación social se alcanzaría por medio de estos derechos políticos, puesto que, desde su mirada, la ley sería el instrumento para la homologación de los habitantes de América. Así lo demarcó: “Habrá ricos y pobres, ignorantes y sabios… Pero el pobre y el millonario: el ignorante y el sabio serán iguales ante la ley”. Como lo ha planteado García Giráldez26, al estudiar la concepción de nación y de indígena en Valle, su proyecto de integra-

24. Díaz Arias, 2010: 135-168. 25. El Amigo de la Patria, Guatemala 30/11/1821, pp. 186-187. 26. García Giráldez, 1996 y 2009.

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ción partía de las bases liberales de unificación de la heterogeneidad a partir de la existencia de una nación con ciudadanos libres que caminaban hacia el progreso. O como lo dice Víctor Hugo Acuña27, para los liberales centroamericanos de la época de la independencia, cuyo pensamiento igualitario compartía Valle aunque fuera identificado como parte del partido servil28, la igualdad era básicamente concebida en términos de ley. La imaginación sobre ese futuro dichoso y parcialmente igualitario, incluso mudaría la fisonomía de los americanos, no solamente por el mestizaje predicho por Valle, sino porque la igualdad y la ciencia transformarían a los habitantes de la región: “Esos americanos tristes, y desmedrados que solo hablan ayes y suspiros se tornarán en hombres alegres, altos y hermosos como los sentimientos que darán vida a su ser. No serán humildes como los esclavos. Tendrán la fisonomía noble del hombre libre”29. Y ese cambio de humor y fisonomía, según Valle, harían desaparecer el crimen y harían “nacer la moral”. Con todos esos cambios, como ya se anunciaba en varias partes del ensayo de Valle, América se tornaría en el centro del comercio y la cultura mundial. Así resumió Valle su visión del futuro del continente después de la emancipación: La América será por último lo que debe ser. Colocada en la posición geográfica mas feliz: dueña de tierras mas vastas y fecundas que las de Europa: señora de minerales mas ricos: poblada con la multiplicación de medios mas abundantes de existencia; ilustrada con todos los descubrimientos del europeo, y los que estos mismos descubrimientos facilitarán al americano: llena de hombres, de luces, de riquezas y de poder, será en la tierra la primera parte de ella: dará opiniones, usos y costumbres a las demás naciones: llegará a dominar por su ilustración y riqueza: será en lo futuro en toda la extensión del globo lo que es al presente en Europa la rica y pensadora Albión [antigua forma de llamar a Gran Bretaña]30.

El elogio a un futuro deseado y aparentemente real fue una expresión idealista de lo que significó el proceso de independencia para individuos como Valle. Seguramente, muchos de sus contemporáneos 27. 28. 29. 30.

Acuña, 2012. Woodward, 1974. El Amigo de la Patria, Guatemala 30/11/1821, p. 189. El Amigo de la Patria, Guatemala 30/11/1821, p. 189.

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que tenían una posición social similar a la suya, compartían esa representación del futuro. Así, en ese marco, la independencia política inauguró un deseo general por destruir las diferencias sociales coloniales, al menos las jurídicas, para construir sociedades “mejores”. La idea era que un gobierno republicano fundaría las bases para que creciera una sociedad que fuese inclusiva e igualitaria en términos políticos, sociales y, en menor medida, económicos. No obstante, como es evidente en lo escrito por Valle, la perspectiva de ese futuro deseado partía de una unidad geográfica grande que fundiera, como en el régimen colonial, todos los territorios americanos que se separaban del imperio español. En su ensayo, y en los discursos que se produjeron en la coyuntura de la independencia, aparece con claridad ese deseo por la unidad continental americana. El cura Dr. José María Castilla lo expresó así en un sermón que dio el 23 de septiembre de 1821 en la catedral metropolitana de Guatemala: Si queréis que se prolongue este dichoso estado: si queréis que nuestros hijos pronuncien con ternura nuestros nombres bajo el frondoso árbol de la libertad, sofoquemos todo lo que pueda disolver nuestra unión: descansemos con seguridad en las manos de los gobernantes que dirigen nuestra nave política. No hay distinción entre ladino o indio, entre negro y blanco, entre europeo y americano: que la fraternidad y la paz, hijas predilectas de la libertad, estrechen más y más nuestros vínculos, y formen de todos nosotros un solo corazón, un solo deseo, una sola alma31.

Como se ve en este sermón, el deseo por la unidad partía de la idea de que no debía haber cambios políticos y de que debía haber una transición hacia un gobierno independiente sin alterar la paz (elemento central del discurso de Castilla) que había caracterizado el proceso de separación de Guatemala del imperio español. Esta apreciación hacía un aporte político importante, puesto que sobre esa paz relativa se construiría el orden que, fundamentado en la ley, pondría límites al conflicto, aunque no así a las desigualdades. Así, allí, en medio de ese deseo de unidad, radicaba también la otra cara del futuro, es decir, la de que no sucediera lo predicho y ocurriese lo contrario. Desde esa perspectiva, el futuro más que halagüeño podía volverse negro y no 31. Meléndez, 1971: 303-304.

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deseable si no se lograba el ideal de unidad, o bien si se alteraba la jerarquía política que se arrastraba del pasado colonial. Esa imagen del futuro no deseado, apareció por eso atada a la del futuro soñado, aunque fuera de forma obligada y marginal. Y si se revisan algunas reacciones que se desarrollaron en Centroamérica entre septiembre y octubre de 1821, por efecto de la independencia de la ciudad de Guatemala, es posible visualizar tanto el ideal del futuro mejor, como el que pedía cuidado con el camino que se tomaría. Es en las actas municipales, textos cotidianos que en este contexto independentista se convirtieron en minas políticas donde se apuntaron deliberaciones fundamentales sobre el futuro, en donde podemos encontrar esos intentos de ensayo oral sobre la identidad y sobre la posteridad. En ese sentido, la visión sobre el futuro estaba ya implícita al inicio del acta de Guatemala del 15 de septiembre, cuando justifica la emancipación para “prevenir las consecuencias q. serían temibles en el caso de q. la proclamase de hecho el mismo pueblo”32. Este acta fijó, asimismo, el ideal de unidad futura al pedir a las provincias elegir y enviar diputados para formar un Congreso que se encargaría de decidir el tipo de gobierno y ley (bases de las que hablaría Valle en su artículo de noviembre de 1821) que debían regir en el futuro. Pero ese ideal de unidad también se expuso en la forma en que el acta reiteró que no habrían cambios políticos hasta que el Congreso determinara “lo q. sea mas justo y benéfico” para el territorio, en la medida que decretaba que la religión católica seguiría siendo profesada como lo había sido en “los Siglos anteriores” y en el ruego a los prelados de “las comunidades religiosas” para que cooperaran con la “paz y sosiego”, exhortando “a la fraternidad y la concordia” de forma que pudieran sofocar las “pasiones individuales que dividen los ánimos, y producen funestas consecuencias”. Dos días después, ante el temor de que el futuro no fuera esa unidad, Gabino Gaínza publicó un bando en que, ya no como deseo sino como advertencia, indicó que toda aquella persona que intentara dividir “de palabra, o de hecho”, sería tratado como “perturbador público con arreglo a las leyes”33. El futuro imaginado, de repente, podía ser peligroso y en eso otra vez los protagonistas de la independencia en Centroamérica comparaban el presente-futuro con 32. Meléndez, 1971: 242. 33. Meléndez, 1971: 253.

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el pasado y buscaban en él ejemplos de cómo las transiciones o cambios habían llevado a la anarquía34. El temor a la desunión fue confirmado por el acta de la Diputación Provincial de León de Nicaragua. De hecho, el primer punto de ese documento confirma la “absoluta y total independencia de Guatemala”. No obstante, en dicha acta también se insistió en la continuidad de las autoridades35. Pero el miedo a la separación futura era todavía más profundo y en esto, el caso costarricense puede dar varias pistas. El 14 de octubre de 1821 se reunió en San José un cabildo extraordinario, teniendo como invitado al gobernador de Cartago, Juan Manuel de Cañas quien presentó a los concurrentes las noticias sobre la independencia de Guatemala y la resolución de las autoridades de la Diputación Provincial de León de esperar a que se aclarasen los nublados del día. Cañas pidió entonces que se votase nominalmente qué camino político seguiría la ciudad de San José, al tiempo en que él ratificaba la posición que había tenido un día antes en Cartago, es decir: “Que se mantenga esta provincia unida a la de León de Nicaragua en cuya Excelentísima Diputación Provincial existen sus representantes con todos los poderes amplios que previene la Constitución”. Luego, el alcalde primero de San José, Rafael Gallegos, razonó su votó y dejó ver en su alocución una preocupación por el futuro político del territorio que decidía sobre su emancipación. Gallegos dijo: Que supuesto Goatemala [sic] siendo un Gobierno Provincial como el de Nicaragua ha proclamado la independencia del Gobierno de España sin determinar una potestad suprema y que por consiguiente se trasluce intenta reasumirla en sí misma como estado absoluto independiente, debiendo considerar que esto no es conveniente al interés general del Reino por la extensión de su terreno, su despoblación y pobreza, circunstancias todas que lo expondrían en tal caso a ser presa de más extranjeros o de aventureros y que por estas razones impuesta la independencia general, su posición y circunstancias llaman a la provincias de todo el Reino para su seguridad y buena administración a incorporarse como miembros del Estado mexicano, entre tanto la suerte de los sucesos decide la futura de esta provincia tan remota y aislada y exhausta de recursos y relaciones, debe ésta adherirse al sistema adoptado por la Excelentísima Diputación Provincial de León y conformarse con sus disposiciones con tanta más

34. Véase Dym, 2008, 2013a y 2013b. 35. Meléndez, 1971: 274.

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razón que es la corporación de que depende inmediatamente y en cuyo seno tiene sus representantes y lo firma36.

Gallegos, como lo deja ver el razonamiento de su voto, pensó en el futuro a partir de una comparación con la situación del presente que vivía y enmarcado en la cultura política hispanoamericana de principios del siglo xix. Para Gallegos, en el futuro, un territorio como el del antiguo reino de Guatemala no podía intentar siquiera construir un país. En ese sentido, Gallegos podía pensar igual que Valle, al imaginar como única salida la unidad territorial como salvadora del futuro. De hecho, al concentrarse solamente en el antiguo reino de Guatemala, las características que Gallegos enumeró la presentaban en desventaja frente a cualquier posibilidad de volver real la independencia: extensión del territorio, falta de población, pobreza, posición remota y aislada, sin recursos que explotar y sin relaciones reconocidas con alguna otra nación. Esa desazón con respecto al futuro, en caso de decidir una independencia absoluta, quedó mejor expuesta en la carta que Gallegos, como alcalde primero de San José, le envió al Muy Noble y Muy Leal Ayuntamiento de Cartago comunicándole lo acordado en aquella sesión. En esa misiva se recupera el razonar del voto de Gallegos, pero luego de apuntar las características del territorio centroamericano, el Alcalde agregó: “circunstancias todas que lo expondrían en tal caso a ser presa de naciones extranjeras, o de aventureros…”37. O como lo apuntó el acta del cabildo de Alajuela del 16 de octubre de 1821, cuando sus miembros decidieron tomar nota de las actas de independencia de Guatemala y León, pero sin realizar ellos ninguna novedad y no plegándose al plan de San José de convocar a una junta gubernativa: “porque si la ciudad de León ha tenido a error el que Guatemala siendo la más vasta, se haya querido separar de México, qué se diría de Costarrica siendo la más débil, con quererse separar de todas con unos procedimientos que no tiene jurisdicción”38. Así, el temor a la independencia absoluta procedía del miedo a la pequeñez, territorial, política y político-administrativa, que eventual36. “Actas municipales de San José. 1820-1821”, Revista del Archivo Nacional, 1975: 210-211. 37. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia de Centroamérica, 1972: 119. 38. Iglesias, 1899: 22.

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mente atraería a cuerpos políticos más fuertes que intentarían aprovechar la debilidad de la región para conquistarla. Era un temor fundado por un futuro independiente, que quizás se había expresado el 13 de octubre en Cartago al recibir la documentación de Guatemala y León cuando el cabildo pidió al gobernador Cañas: “se sirva tener la bondad de adoptar sus providencias sabias, y justas que sirvan de tranquilizar los espíritus, que en una época tan crítica a todos nos tiene consternados”39. El temor que provocaba el futuro en 1821 era el de la orfandad política. Pero, al mismo tiempo, ese temor sobre lo que vendría involucraba un posicionamiento político presente que avistara las posibilidades de sostener o construir unidades políticas. En el caso centroamericano, la rueda del futuro de integración pasaba por dos veredas: la de unirse al imperio mexicano y la de construirse como entidad federal centroamericana. El acta del 15 de septiembre de Guatemala, proponía en cierta medida la segunda, al hablar de la celebración de un congreso. Pero la presencia de México al norte, obligaba a considerar la unidad con ese ente en la medida en que era posible una invasión de tropas mexicanas que integrarían a Centroamérica a su vecino a la fuerza. El futuro político que se imaginaba, en ese sentido, estaba muy condicionado a esas dos visiones y eso provocó la división política frente a lo que se debía hacer una vez lograda la independencia. La división política, así, aumentó el temor por el futuro y provocó nuevas visiones al respecto. El mismo Valle, soñador del futuro integracionista y feliz, divisó el problema del futuro divisionista en un ensayo que publicó en marzo de 1822 y en el que insistió en tratar de evitar el rompimiento de las antiguas colonias en estados pequeños: Volvamos los ojos a lo futuro. Ya está proclamada la independencia en casi toda la América: ya llegamos a esa altura importante de nuestra marcha política: ya es acorde en el punto primero la voluntad de los americanos. Pero esta identidad de sentimientos no producirá los efectos de que es capaz, si continuaran aisladas las provincias de América sin acercar sus relaciones, y apretar los vínculos que deben unirlas40.

39. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia de Centroamérica, 1972: 111. 40. El Amigo de la Patria, Guatemala 1/3/1822, p. 234.

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Aun así, Valle seguía imaginando lo mejor y seguía esperanzado en la unidad e identidad americana. Centroamericanos En vista de que el proyecto político que se inauguró en Centroamérica después de 1824 no era una propuesta continental, sino regional, se vislumbra un deseo explícito por definir mejor lo que sería la República Federal y al centroamericano que al americano. La Constitución Federal de 1824, al definir el territorio lo hizo demarcando el área que ocupaba en el continente y visualizándola como el centro de América. No hay por eso mayor mención al americano, más que en su reconocimiento de que todo aquel nacido en una república americana podía naturalizarse simplemente manifestando ese deseo, o la indicación de que para ocupar algunos puestos oficiales (como secretario de despacho o parte de la Suprema Corte) era necesario ser americano de nacimiento41. Así, la característica de americano comenzó a designar reconocimientos político-ciudadanos y se convirtió en un criterio selectivo para ciertos puestos públicos42. En el caso centroamericano, la creación del concepto América Central (insistentemente utilizado después de 1824) significó además el intento por construir una tercera sección para dividir a América, hasta entonces pensada como dos Américas (la Septentrional y la Meridional)43. El 29 de junio de 1823 se instaló el Congreso o Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica que se encargaría de producir la constitución federal que enmarcaría la dichosa ley de unidad con la que soñaba Valle en 1821 para América entera. Este texto, el constitucional, es otro de los lugares en donde se definirá con constancia lo político y lo identitario, no solo en su materialización, sino en las discusiones que lo produjeron. Como podía presumirse, el temor al futuro de una entidad federal en el istmo se presentó junto con los diputados a las sesiones, pero pronto se le enfrentó para justificar la nueva asociación política. Así, en la sesión del 30 de junio 41. Oficial, 1825: 5, 29-30. 42. Dym, 2008. 43. “Sistema político. Guatemala”, en El Archivista General, Ciudad de México 10/4/1824, pp. 278-279.

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de 1823 se presentó un dictamen de una comisión especial que se refería al estado del territorio y que resumió los miedos por el futuro, pero también los contestó: ¿Millón y medio de habitantes situados en esta extensión de terreno de 250.000 leguas cuadradas, es número competente para poder formar una nación? La Comisión juzga que para tanta tierra es muy corto el número de hombres que la habitan; pero hasta ahora jamás ha visto en ninguna estadística sujetarlo a cálculo, el que bastaría para formar un Gobierno independiente. Todos los hombres han nacido libres, y un puñado de ellos en sociedad íntima entre sí, y sin sujeción alguna a otra sociedad, pudiera llamarse en concepto de los que forman una nación: tendría un régimen de Gobierno: subsistiría de lo que la tierra le diere: se multiplicaría: inventaría medios de satisfacer sus necesidades; y llegaría a ser grande y opulenta con tal que un enemigo poderoso no viniese a exterminarla o sujetarla a la esclavitud. Esta idea tomada de la misma naturaleza, representa el origen de todas las naciones, pequeñas en sus principios, y grandes con el tiempo, si no han sido exterminadas por otras. Debería, pues, calcularse el número de individuos que pueden formar un pueblo independiente, no en razón precisamente de sus fuerzas, o recursos para subsistir aislado, sino en razón de los riesgos que le rodean por parte de otros pueblos, contra los cuales tendría que defenderse. Supongo que no existe ningún riesgo, y entonces en nada influye el número de habitantes, o la extensión de terreno en que viven, para que puedan ser libres, y formar de suyo una nación44.

Como se puede ver, hacia mediados de 1823, el futuro imaginado seguía siendo dividido en dos partes: el de la posibilidad de crear una nación “grande y opulenta”, pero, al mismo tiempo, el que podía presagiar la venida de “un enemigo poderoso” que diera al traste con el sueño. Los diputados constituyentes de 1823 apostaron por imaginar el primer futuro y dejar el segundo como una posibilidad que debía contemplarse, pero nunca como una barrera que debiera impedir la unidad federal. Ahora bien, el riesgo imaginado, tal y como se razonó en el informe de la comisión especial, era de ubicación geográfica. Así, los diputados previnieron que Guatemala (refiriéndose por tal a todo el territorio del antiguo reino) confinaba con Colombia y Méxi44. Citado por Townsend Ezcurra, 1973: 127. Las actas de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1823 están publicadas en: Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América. Año 1823. Ciudad de Guatemala: Editorial Ejército, 1971. No obstante, se requiere una nueva edición con una mejor calidad y organización.

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co, pero que no temía “la invasión de estas naciones” y que, si bien era posible una invasión por las costas, una posible unidad con México no sanaría ese temor. Es más, evaluando el pasado para prevenir el futuro, la comisión insistió en que una unidad con México sería un error para la región. Por lo tanto, el dictamen finalizó apuntando: “¿Podremos constituirnos? Intentémoslo”45. Con esa convicción, en julio de 1823, se decretó la independencia absoluta de Centroamérica46. El futuro, al menos el imaginado, dependió entonces de llevar a cabo tal intento. La creación de la Federación Centroamericana fue celebrada por quienes pensaban que el federalismo representaba el futuro. El mismo Valle, americanista y centralista en 1821-1822, comenzó a plantear el proyecto ya en términos centroamericanos en lugar de continentales47. El imperio mexicano ya no era opción; era la hora de soñar a partir de lo ístmico48. Y Valle presentó el proyecto federal en mayo de 1824 como el que realizaría por fin el milagro anunciado por la independencia, pero que dependía de las elecciones de “hombres” que pudieran asegurar el buen gobierno: Elegid hombres penetrados de la necesidad de ser independientes de las dos Españas, antigua y nueva, si queréis serlo en lo sucesivo; elegid a aquéllos que hayan dado pruebas inequívocas de adhesión a vuestra independencia absoluta si queréis consolidarla; elegid a aquéllos que amen a este suelo si queréis su cultivo y riqueza; elegid a aquéllos que llenos de consejo y prudencia puedan guiaros con ella a igual distancia de la licencia que olvida los deberes y el despotismo que destruye los derechos; elegid a aquéllos que tienen energía bastante para elevarse sobre los intereses mezquinos de individuos o cuerpos y decretar leyes que tiendan al mayor bien posible del mayor número posible; elegid a aquéllos que siendo rectos como la línea que tira el geómetra sin inclinación a un lado ni otro, puedan administraros justicia con igualdad rectitud; elegid a aquéllos que hayan aprendido la ciencia difícil del gobierno y la experiencia aun más dificultosa de saberla aplicar al momento y circunstancias en que se halla la nación …Obrando de este modo las naciones extranjeras reconocerán la independencia absoluta de ésta; y consolidada como es justo, planteando el nuevo gobierno y dedicada la atención a las fuentes de riqueza, estos

45. Ezcurra, 1973: 130. 46. “Decreto de la independencia absoluta de las Provincias del Centro de América”, 1967: 21-25. 47. García Giráldez, 1996 y 2009. 48. Silva, 2008.

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estados serán en la América, el centro de la paz y felicidad al mismo tiempo que las convulsiones agitan desgraciadamente al norte y al mediodía49.

De esta forma, Valle presentó una imagen que tendería a repetirse en el futuro: la de Centroamérica como centro de progreso y felicidad50. Su quimera era ahora la Federación Centroamericana. Era el sueño por el futuro que comenzaba en 1824, pero que, por efecto de las desavenencias entre algunos Estados y el gobierno Federal, además de las intrigas y luchas internas entre los partidos que se habían construido al calor de los primeros años de la independencia, terminó siendo un sueño imposible. En el tomo primero de su Bosquejo histórico de las revoluciones en Centroamérica (1837), Alejandro Marure tendió a repetir la visión de americano que tenía Valle. Por eso, dividió la definición de americano entre aquel que vivía en la “barbarie y la esclavitud” antes de la independencia en contraste con el americano emancipado que conocía la “dignidad”, el “poder” y que tenía “derechos”51. No obstante, una vez que se acercó al estudio de la época posterior a la independencia, Marure, en sintonía con el proyecto político regional, dejó de referirse al americano y comenzó a definir al centroamericano. Junto a esas escasas referencias, se debe anotar que en los primeros textos que encontramos que se definen a sí mismas como memorias de importantes actores políticos, la identidad americana no tuvo un lugar importante. Así, ni en las memorias de Manuel José Arce (publicadas en 1830) ni en las de Manuel Montúfar y Coronado (impresas en 1832) hay referencias que permitan determinar si alguno de los dos pudo haber conceptualizado el término americano de manera distinta a la que anotó Marure52. Estas omisiones dan testimonio de que el concepto no era importante en un momento en que la política se definía entre dos proyectos claros: el de la constitución de un centro común federal y el que aspiraba por la construcción de estados. Lo que sí se definía como importante en esos textos políticos, era la cuestión centroamericana y un cierto discurso patriótico en ese sentido. 49. 50. 51. 52.

Meléndez Chaverri, 1988: 133-134. Acuña, 2000; Silva, 2008; Cuenin, 2010. Marure, 1877: 9 y 20 Arce, 1830; Montúfar y Coronado, 1934.

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Quizás el hombre político que mejor desarrolló un discurso sobre Centroamérica y se mostró deseoso por exponer un patriotismo centroamericano fue Juan José de Aycinena. En el conjunto de ensayos denominados El Toro Amarillo (tres folletos publicados en conjunto en 1834), Aycinena desarrolló un análisis crítico de la historia de la Federación Centroamericana, comparándola con los Estados Unidos, y especialmente de la Constitución de 1824 y los problemas del federalismo en Centroamérica, incluyendo un análisis de la guerra civil federal53. En ese menester, Aycinena identificó los problemas de construir una república federal sin visualizar las bases sobre las que se podría edificar. Su tesis principal en esos ensayos es que las instituciones federales fueron impuestas y no construidas y eso generó un gobierno federal tirano54. Lo otro es el lenguaje patriota que construyó Aycinena, que lo llevó a presentar sus reflexiones como las de un “compatriota” que deseaba para su “país” libertad, orden y la eliminación de “todos los errores y abusos que han sido causa de nuestras pasadas desdichas”. Así, el avance de la denominación Centroamérica, aunque precario en lograr una institucionalidad que durara, sí había producido deseos porque sobreviviera a la posteridad55. Tal cosa ocurrió en lucha con la denominación americanos, que sin embargo siguió apareciendo en varios textos políticos. De esa forma, hacia 1833, en el periódico costarricense el Noticioso Universal se hizo una asociación casi directa entre América y el sistema republicano, al catalogarse como tal todo el continente, excepto Brasil56. En ese sentido, el término América, junto con el de americano, remitía a un reconocimiento republicano y, con ello, a derechos políticos. Otro ejemplo lo constata; un año después, en el periódico costarricense La Tertulia en un extenso artículo que recordaba el 15 de septiembre de 1821, un autor llamado “Un Josefino” recuperó la visión del pasado construida al calor de la emancipación: la de una América subyugada por España y ahora liberada. En ese ensayo, los indígenas precolombinos ya no eran sinónimos de americanos, sino que aparecieron mencionados como “naturales de América”. Asimismo, el concepto americano apareció 53. 54. 55. 56.

Chandler, 1988; Sullivan-González, 1998. Aycinena, 1980. Dachner, 2000; Solano, 2008; Karnes, 1961. “América”, en Noticioso Universal, San José (Costa Rica) 29/3/1833, p. 99.

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en la argumentación justo cuando el autor se refirió a la convocatoria a la Cortes de Cádiz y reconoció a los diputados del continente como “americanos”, como “hijos de este santo suelo” y los opuso a los “europeos”57. De esa forma, el término americano había madurado para la década de 1830 siguiendo los parámetros esbozados hacia la independencia: era una palabra que involucraba a un grupo no español, pero tampoco indígena, se correspondía con derechos políticos y ciudadanos y se vinculaba con una historia de libertad sellada con sangre. Para la década de 1840 esa definición se sostenía, al tiempo en que se definió a los Estados Unidos como una América anglosajona o una Norteamérica58. Así, en 1841 el Mentor Nicaragüense afirmó que el continente estaba compuesto por varias secciones, refiriéndose con eso no solo a regiones, sino, especialmente, a una visión política que visualizaba a México fuera de América Central, particularizaba en esta segunda como un espacio definido y miraba hacia el sur como otra porción del continente59. Un año antes, el periódico salvadoreño La Miscelánea llamó a esa sección como las “naciones sud-americanas”, al tiempo en que identificó a todos los miembros de ese continente como “americanos”60. En un enfrentamiento con el representante británico Frederick Chatfield61, ese periódico también opuso a los europeos con los americanos, identificando a los primeros como arrogantes y revoltosos62. Así, si bien se particularizaba a América como un espacio dividido en tres áreas, también se recuperaba la identificación de gentilicio para referirse por igual a todos los que componían el continente, solamente excluyendo a los Estados Unidos como una América diferente por anglosajona. El periódico salvadoreño La Unión resumió bien el significado de esas diferencias regionales y sus articulaciones continentales ante los 57. “Comunicado”, en La Tertulia, San José (Costa Rica) 25/4/1834, pp. 47-48. 58. Por ejemplo, véase Mentor Nicaragüense, Granada (Nicaragua) 27/11/1841, p. 80 y “Estados Unidos y Méjico”, en El Costarricense, San José, Costa Rica 22/5/1847, p. 112. 59. “Legislación”, en Mentor Nicaragüense, Granada (Nicaragua) 27/11/1841, p. 94. 60. “Empréstitos forzosos”, en La Miscelánea, San Salvador (El Salvador) 16/2/1840, pp. 26-27. 61. Rodríguez, 1964. 62. “Reclamación del Sr. Chatfield”, en La Miscelánea, San Salvador (El Salvador) 21/2/1840, p. 29.

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procesos de construcción de proyectos federalistas o centralistas, en un artículo que publicó en 1849. En ese texto se indicó: Cuando vemos citarse las otras secciones de América, ¡cuánto diéramos porque se conociese la historia de las revoluciones de ellas por los que dirijen [sic] nuestra cosa pública! No hay duda de que hemos sido idénticos con ellas, tanto en la diversidad de opiniones sobre formas de gobierno, como en que, cuando han sucumbido los partidos dominantes en ellas, han caído las instituciones bajo que gobernaban63.

Como se observa, la definición de América y americano partía en Centroamérica hacia finales de la década de 1840 de una comparación con el europeo, pero también de una exposición de similitudes y diferencias entre Norte y Suramérica comparadas con América Central. En el artículo de La Unión, se insistía en mirar historias comunes, pero también en subrayar diferencias en el comercio entre las diversas secciones de América. No obstante, en una identificación continental, se insistía en lograr la unidad de los países americanos que alguna vez fueron colonias españolas, aunque de una forma menos vehemente y menos articulada que la manera en que ese proyecto fue visto por Valle en 1821. Contra la América anglosajona En los inicios de 1850, el término americano no había variado mucho con respecto a la manera en que ya se le conceptuaba en las décadas anteriores. En el Bosquejo de la República de Costa Rica, publicado en 1851, Felipe Molina utilizó el concepto para referirse al continente y como un adjetivo para la flora y la fauna originaria o presente en estas tierras64. Pero pronto el concepto, antes opuesto a lo europeo, comenzó a experimentar una oposición directa con la otra América: la anglosajona. El contexto en que eso ocurrió fue el de la expansión estadounidense hacia el oeste y hacia el sur, a costa de México y por influencia de la doctrina del Destino Manifiesto65.

63. “Nacionalidad”, en La Unión, San Salvador (El Salvador) 1/9/1849, p. 21. 64. Molina, 1851: 10, 79 y 81. 65. Pratt, 1927: 795-798; Weinberg, 1935; Merk, 1963; May, 2002.

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En enero de 1856, el diario oficial costarricense Boletín Oficial comenzó a explorar la posibilidad del avance de la América anglosajona sobre las otras secciones del continente66. En ese contexto, se acentuó la visión de la división de las dos Américas y con eso se subrayó las diferencias que definían el concepto de americano de ambas hasta concebirlas como “razas”67. Así, se indicó: ¿Qué condiciones de asimilación puede haber entre la raza española, católica, de origen greco-latino, marcada todavía por las virtudes y por las imperfecciones que parecen serle peculiares, y la raza de origen germánico, dividida en multitud de sectas, con cualidades y defectos que le son esencialmente propios?68

Ese discurso de caracterización se acentuó una vez que se inició la guerra contra los filibusteros de William Walker. A partir de marzo de 1856, el Boletín Oficial de Costa Rica identificó a los filibusteros como “enemigos de nuestra raza y existencia política” y, en cuanto a lo que nos ocupa, definió por primera vez en la documentación revisada a la América no anglosajona como “la gran familia Hispanoamericana amenazada en los archipiélagos y en el continente por las heces corrompidas de Europa y de los Estados Unidos que, huyendo de la patria del virtuoso Washington, corren a saciar sus maléficas pasiones, a robar y adquirir, por cuantos medios pueden, por bárbaros que sean, los bienes que ansían y que en vano esperarían obtener por medio del trabajo y de la virtud que desconocen y aborrecen”69. Pero fue en septiembre de 1856 cuando se definió mejor el enfrentamiento entre las dos Américas y con ello se brindaron mejores pistas sobre el contenido cultural que se le estaba dando entonces al término “americano” en Centroamérica70. En un artículo titulado “La cuestión americana”, que el Boletín Oficial costarricense reprodujo del “Neogranadino” y publicó el 13 de septiembre de 1856 y que fue escrito por el intelectual colombiana Justo Arosemena71, se argumentó que “Sucesos de Nicaragua”, en Boletín Oficial, San José (Costa Rica) 16/1/1856, p. 327. Véanse McGuinness, 2003; Fallas, 2010; Wolfe, 2010. “Sucesos de Nicaragua II”, en Boletín Oficial, San José (Costa Rica) 26/1/1856, p. 335. “El ejército expedicionario”, en Boletín Oficial, San José (Costa Rica) 8/3/1856, p. 380. 70. Fallas, 2010: 75-76. 71. Méndez Pereira, 1919: 205-206. 66. 67. 68. 69.

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América era una “rejión [sic] dividida en Repúblicas y llamada a destinos muy trascendentales en el porvenir”. Asimismo, se hablaba de una “civilización americana”, compuesta por una “raza latina” que era definida heredera de “una raza eminentemente espiritual, heroica y caballeresca” (refiriéndose a España) y que estaba amenazada por otra “raza, enteramente distinta” que necesitaba de “un imperio nuevo”. Según el articulista: Tal es la historia de las dos razas que pueblan el continente americano. La una de origen latino, no ha comenzado a fundar su civilización sino en la Democracia, teniendo que emprender simultáneamente todas las tareas —la política y social— y por eso es débil todavía. La otra, la sajona, empezó su marcha triunfal desde su aparición en América, y la civilización materialista que ha fundado, aunque nueva todavía relativamente, es ya robusta y poderosa, y será irresistible si los pueblos latinos no entran en la cruzada defensiva con resolución, perseverancia y energía72.

El problema de la “raza latina”, según el ensayo, era que se tuvo que constituir sobre la “demolición del pasado”, pero era una “raza noble y sentimental por excelencia”. Unos días después, esa “raza” fue definida como la “América española”, integrada por “pueblos latinos” e “individuos hispano-americanos”, que debían aspirar a una unidad73. Así, en correspondencia con lo que varios intelectuales latinoamericanos de mediados del siglo xix estaban haciendo74, en Centroamérica se afirmó la división de las dos “razas” que habitaban en el continente y se apostó por una competencia entre ellas que se materializaba en el enfrentamiento con los filibusteros en Nicaragua. En El Salvador, el contexto del conflicto en suelo nicaragüense contra los filibusteros también motivó la definición de una Hispanoamérica. En este caso, la “raza” fue identificada como un resultado de una mezcla de sangre “de los conquistadores con la [sangre] de la nación conquistada”, que, a su vez, definió una reunión de “cualidades”: 72. “La cuestión americana”, en Boletín Oficial, San José (Costa Rica) 13/9/1856, pp. 529-530. Véanse también Méndez Pereira, 1919: 206; McGuinness, 2003: 99-100; Wolfe, 2010: 133-134 y Fallas, 2010: 78 y 80. 73. “Congreso Hispano-Americano”, en Boletín Oficial, San José (Costa Rica) 20/9/1856, p. 537. 74. Mignolo, 2005: 75-116.

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…encontramos reunidas por decirlo así la imaginación ardiente y vaporosa de la gente blanca de los climas tropicales, con la indolencia y sumisión de la raza asiática; pues aunque hai [sic] multitud de familias que han conservado pura y sin mescla la sangre castellana, estas familias identificadas por intereses, hábitos y relaciones de nacionalidad con los aborígenes, mestizos y mulatos, han adquirido en cierto modo los defectos de estos, sin olvidar empero aquellos rasgos de hidalguía y patriotismo tan remarcables en el español: rasgos de que también se han visto bellos ejemplos entre las demás razas que poblan [sic] estas regiones75.

Junto a esa visión, en algunas oportunidades la palabra “americano” se utilizó para referirse a los “estadounidenses”76. En ese mismo sentido, hacia mayo de 1856 el periódico nicaragüense Boletín Oficial usó la palabra “americanos” para referirse a las tropas filibusteras de Walker afincadas en Nicaragua77. Luego, tres meses después habló de una “raza Centro americana”78. No obstante, América seguía siendo, en esencia, el nombre del continente entero79. No habrá cambios en la concepción que se tenía en la Centroamérica de la década de 1860 sobre los términos América, americano, anglo-americano e hispanoamericano. Así, América era el continente80, se continuaba señalando a las repúblicas abajo del Río Bravo como “países hispano-americanos”81, mientras que la palabra “americano” se utilizaba en ocasiones como sinónimo de estadounidense82. Americano también era una palabra que se podía utilizar para designar a los aborígenes de América. De esa manera la utilizó Francisco Gavarrete en su Catecismo de Geografía de Guatemala para uso de las escuelas de primeras letras de la República, publicado en 1860. En ese texto, Gavarrete mencionó a la “raza” americana e indicó: “La raza Americana comprende todas las tribus de América, con excepción de los 75. Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central, San Salvador (El Salvador)17/1/1856, p. 2. 76. “Nicaragua”, en Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central, San Salvador (El Salvador) 28/2/1856, p. 3. 77. “Como andan las cosas”, en Boletín Oficial, León (Nicaragua) 22/5/1856, p. 6. 78. “No oficial”, en Boletín Oficial, León (Nicaragua) 16/8/1856, p. 57. 79. “Revista de Europa y América”, en Gaceta del Salvador, San Salvador 15/1/1859, p. 2. 80. “América”, en El Constitucional, San Salvador 10/1/1867, p. 3 81. “Nuestras exigencias”, en El Porvenir de Nicaragua, Managua 5/12/1868, p. 1. 82. “A última hora”, en El Porvenir de Nicaragua, Managua 7/2/1867, p. 1.

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Esquimales, y cuenta con 10 millones de personas”83. Es muy probable, por lo apuntado, que la revolución liberal que sucederá en Centroamérica después de 1870 no cambiara los significados de América y americano que se diseñaron y establecieron en el periodo indicado. Pero es importante indicar que, a esa altura del siglo xix, americano todavía era en Centroamérica una palabra para denominar, en general, a los habitantes del continente84. Ciertamente, esa identificación entre dos Américas y la particularidad de la definición de una raza centroamericana, no ocurrió de forma homogénea en los países del istmo. De hecho, en su interior, los Estados que nacieron de la Federación Centroamericana comenzaron a esbozar ideas sobre su posible particularidad como repúblicas y algunas, como Costa Rica, lograron concretar discursos protonacionales que inspirarían ensayos políticos liberales sobre una nación diferente en el contexto centroamericano85. La era liberal, fue por definición, la era de la invención de las naciones en Centroamérica86. Conclusión Este ensayo ha intentado recuperar las formas de definición de América y Centroamérica en la región centroamericana durante una coyuntura que, a grandes rasgos, he identificado como la era de la independencia. Para hacerlo, ha echado mano de un conjunto variopinto y heterogéneo de ensayos políticos que aparecieron en el istmo por cien años (1770-1870) con la intención de advertir los cambios en las definiciones de las palabras y cómo esos cambios se conectaron con contextos políticos específicos. En esa búsqueda, se ha tratado de visualizar la comunidad política a la que referían los 83. Gavarrete, 1860: 29. 84. “No oficial”, en La Gaceta, n.º 37, San José (Costa Rica) 16/9/1871, pp. 3-4; “Otra grande obra americana”, en El Costarricense, San José (Costa Rica)16/7/1873, p. 1; Díaz Arias, 2002: 287-323. 85. En el caso de Costa Rica, esos protonacionalismos se expusieron en las primeras definiciones del costarricense (trabajador), del país (pacífico y destinado al progreso), y de la sociedad (pequeña propiedad, legalista y no violenta, con inclinación a la educación, con vocación democrática); véanse Acuña, 2000 y 2002. 86. Díaz Arias, 2013.

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políticos que escribieron y las identidades a las que apelaban. En ese empeño, también se ha intentado abrir una discusión sobre algunas percepciones sobre el pasado, el presente y el futuro de quienes vivieron aquellos años. El resultado es importante: en el ensayo político centroamericano del periodo estudiado se construyeron criterios regionales que sirvieron para dar sentido político a las palabras y para definir una metanarrativa acerca de cómo explicar el pasado y el futuro de cara a la conceptualización de las comunidades políticas que se construían y deconstruían después de la independencia. Ese avance pasó de definiciones meramente indicativas del lugar geográfico, a nociones más culturales que terminaron en un concepto de raza, ciertamente impreciso, pero determinante en la función que tendría en los años siguientes para la definición nacional que realizarían los liberales. Bibliografía y fuentes Fuentes Boletín Oficial (San José, Costa Rica), 16 de enero de 1856, 26 de enero de 1856, 8 de marzo de 1856, 13 de septiembre de 1856, 20 de septiembre de 1856. Boletín Oficial (León, Nicaragua), 22 de mayo de 1856, 16 de agosto de 1856. El Amigo de la Patria (Ciudad de Guatemala), 16 de octubre de 1820, 9 de junio de 1821, 16 de julio de 1821, 26 de julio de 1821, 30 de noviembre de 1821, 1 de marzo de 1822. El Archivista General (Ciudad de México), 10 de abril de 1824. El Constitucional (El Salvador), 10 de enero de 1867. El Costarricense, 22 de mayo de 1847, 16 de julio de 1873. El Porvenir de Nicaragua, 7 de febrero de 1867, 5 de diciembre de 1868. Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central, 17 de enero de 1856, 28 de febrero de 1856. Gaceta del Salvador, 15 de enero de 1859. La Gaceta (Costa Rica), n.º 37, 16 de setiembre de 1871. La Miscelánea, 16 de febrero de 1840, 21 de febrero de 1840. La Tertulia, 25 de abril de 1834. La Unión, 1 de septiembre de 1849.

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Las municipalidades y su influencia en la formación del Estado en El Salvador y Guatemala, 1821-1890 Armando Méndez Zárate1 Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), México

Introducción Este trabajo tiene el objetivo de analizar la contribución de las municipalidades de Guatemala y El Salvador en el proceso de formación del Estado. Los países centroamericanos comparten una historia en común, sin embargo, se necesita describir las características regionales de esas instituciones. Después de la independencia en 1821, los gobiernos nacionales se distinguieron por la inestabilidad política, las guerras civiles y las crisis económicas. No obstante, las municipalidades permanecieron como base de la organización territorial y administrativa en el nivel local. La historiografía centroamericana ha abordado frecuentemente las causas del fallido intento de constituir un Estado. En 1824 se formó la República Federal de Centro América, pero en 1839 se disolvió y se constituyeron cinco países (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica). Posteriormente, a finales del siglo xix y principios del xx, hubo otros intentos unionistas, los cuales buscaron restablecer la federación, pero no tuvieron éxito. Mi propuesta de estudiar las municipalidades de Guatemala y El Salvador considera conocer la legislación, integración y funciones de gobierno de esas instituciones, además de reflexionar sobre las prácti1.

Asesorado por la doctora Dolores Camacho Velázquez.

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cas administrativas de esas instancias, las cuales influyeron en la configuración del Estado. En este sentido, es preciso puntualizar que las leyes, a veces llegaban a reglamentar una práctica considerada como normal, por ejemplo: la elección de alcaldes, la recaudación de impuestos y el manejo de las tierras y aguas comunales. Por lo tanto, resalto el interés de conocer las dinámicas locales en momentos de definiciones estructurales y políticas. De esta forma, el trabajo se organiza en cuatro apartados. En el primero, establezco los puntos de partida para reflexionar sobre una historia comparada entre los países centroamericanos, especialmente para el periodo correspondiente al siglo xix. El segundo y tercer apartado están dedicados a analizar la legislación que los Estados nacionales emitieron para reglamentar las actividades de gobierno y administrativas de las municipalidades. En cada caso, resalto las características de los decretos gubernamentales guatemaltecos y salvadoreños. Además, de contextualizar los alcances que tuvieron los reglamentos de esas instituciones en el nivel intermedio y nacional. Finalmente, discutiré la contribución de las municipalidades al proceso de formación del Estado. Los puntos de partida de una historia común En el reino de Guatemala el proceso de independencia no fue la consecuencia de un movimiento armado, tampoco fue el producto de la actividad conspirativa de las élites criollas. Las autoridades del reino de Guatemala, encabezados por el capitán general José de Bustamante, mantuvieron un control férreo sobre las ciudades y pueblos del reino, tratando de evitar cualquier pronunciamiento, como los sucedidos en San Salvador, León y Granada en 1811 y la desarticulación de la conspiración de Belén, ocurrida en la Ciudad de Guatemala en 18132. La emancipación centroamericana también careció de un sustento institucional, similar a las juntas formadas entre 1810 y 1811 en Buenos Aires o Nueva Granada3. En su lugar, los ayuntamientos fueron los primeros en pronunciarse a favor de la independencia,

2. 3.

Dym, 2007; Herrera Mena, 2010. Dym, 2007.

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como ocurrió en 1821 en Comitán, San José y Ciudad de Guatemala4. No obstante, el sentimiento autonomista centroamericano tardaría en fraguarse hasta la formación de las Provincias Unidas del Centro de América en 1823, en “un acto de adquisición de estado propio”5. En este punto, es posible identificar la relevancia de los ayuntamientos, a partir de la idea de autonomía local, en lugar de ser un proceso vertical orquestado desde un centro de poder político regional. Así, el proceso de independencia en Centroamérica se fue fragmentando en diferentes enfoques nacionales. Las críticas a esas miradas radican en que no permiten establecer parámetros comparativos, toda vez que están centrados en los “estados individuales”6. De esta forma, se pierden otros aspectos principales que ayudan a explicar y comparar las dinámicas regionales, presentando los procesos de independencia como casos únicos y aislados. En la década de 1990 Arturo Taracena y Jean Piel hicieron un llamado a reconsiderar las miradas regionales comparativas7. Ese aporte a la historiografía centroamericana radicó en reconsiderar los aspectos de la formación del Estado, no aisladamente, sino priorizando la observación regional de los fenómenos que habían marcado el istmo centroamericano. En este contexto, se puede ubicar la cuestión de las municipalidades como un elemento comparativo, y punto de análisis de la formación de los Estados nacionales desde Guatemala hasta Costa Rica. Por consiguiente, destaco la propuesta de este trabajo de observar las dinámicas locales, desde las municipalidades, las cuales contribuyeron a consolidar los Estados nacionales en Guatemala y El Salvador en el siglo xix. En un texto considerado clásico, Pinto Soria señaló que los movimientos que tuvieron un viso emancipador en Centroamérica estaban “desvinculados entre sí”8. De esta forma, las manifestaciones independentistas, tuvieron distintos pronunciamientos regionales, exhibiendo la disidencia hacia un centro de poder9. Especialmente, en lugares 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Valle, 1970. Portillo Valdés, 2016: 52. Woodward, 1986: 57. Taracena y Piel, 1995. Pinto Soria, 1989: 131. Palacios y Moraga, 2003: 221-224.

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como San Salvador, Nicaragua y Ciudad Real10. Los liderazgos regionales fueron una característica de la independencia en Centroamérica. No obstante, también será el punto de ruptura de los proyectos unionistas surgidos a partir de 1821. Primero, después de la separación del Imperio mexicano de Agustín de Iturbide en 1823 y posteriormente, con la fallida República Federal de Centro América. De esta forma, se fueron vinculando diversos mecanismos de negociación y presión surgidas desde las municipalidades, ubicadas en las regiones del reino de Guatemala. A través de las municipalidades se pueden apreciar esos procesos de consolidación de los centros políticos locales, entre los que destacaré los casos de Guatemala y El Salvador. Por tanto, resulta relevante conocer las transformaciones y continuidades de las municipalidades, así como su reglamentación y práctica. Además, permitirá entender la participación de las municipalidades en la construcción del Estado nación, para establecer rasgos comparativos con otros territorios en Latinoamérica con características en común. La organización de las municipalidades en Guatemala 1825-1891 En Guatemala las primeras disposiciones legales sobre la organización de las municipalidades, estuvieron reguladas por la Constitución estatal de Guatemala de 1825, desde el artículo 161 al 169. A pesar de la independencia, las municipalidades guatemaltecas conservaron varias características de la época colonial. Por ejemplo, estuvieron integradas por alcaldes, dos o más regidores y un procurador síndico. En cualquier caso, una municipalidad no podía exceder de tres alcaldes, diez regidores y dos síndicos. Los miembros de la municipalidad debían ser electos anualmente por los habitantes y solamente renovados por mitad, en caso que fueran más de dos alcaldes. Los cambios políticos después de la independencia, abrieron la posibilidad para que se organizaran nuevas municipalidades, siempre y cuando el lugar que solicitaba la creación de una municipalidad sobrepasara los doscientos habitantes. 10. Actualmente es el estado mexicano de Chiapas.

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Durante el periodo que Guatemala permaneció como parte de la República Federal de Centro América (1824-1839), la formación y funcionamiento de las municipalidades se mantuvo de acuerdo al texto constitucional guatemalteco de 1825. No obstante, a la par que Guatemala se fue retirando de la federación, el gobierno de Guatemala promulgó el Decreto Número 50 que consistió en una extensa reforma administrativa de los gobiernos locales e intermedios. Por ejemplo, las jefaturas políticas fueron restructuradas como corregimientos departamentales y las municipalidades tuvieron que retomar el sistema administrativo vigente en 182411. A partir de 1839, los pueblos que quisieran formar nuevas municipalidades deberían de contar con un informe aprobatorio del corregidor departamental. Pues, los corregidores tenían la decisión final para suprimir, agregar y crear municipalidades en los departamentos a su cargo. No obstante, los pueblos adquirían responsabilidades administrativas al conformar una municipalidad, como la atención de la limpieza de las calles, mercados y plazas, además del abasto del agua y la impartición de justicia. También, era su obligación formar el censo de población y establecer escuelas de primeras letras. A cambio de ese trabajo, los alcaldes, regidores y síndicos se comprometían a prestar sus servicios gratuitamente y una vez electos, era obligatorio desempeñar su cargo. Las municipalidades también tuvieron que ceder una parte de su gobierno local ante las instancias intermedias del gobierno guatemalteco, especialmente con el dinero que administraban. Los llamados fondos propios pasaron a ser controlados directamente por el corregidor departamental y las municipalidades estaban obligadas a reportar sus ingresos y en caso de ser necesario, poner a disposición del corregidor todos sus fondos. Este asunto era muy delicado para algunos pueblos, pues el funcionamiento de la municipalidad y los pagos por los servicios que atendían eran cubiertos con esos recursos12. De hecho, hasta la época actual sigue siendo un factor clave para el funcionamiento de los servicios de las municipalidades. 11. “Reglamento para el Gobierno Político de los Departamentos, Decreto Legislativo Número 50”, Guatemala, 2/10/1839, en Benson Latin American Collection, Austin, Texas (en adelante BLAC), Taracena Flores Collection, Caja 9, D. 9990. 12. Von Hoegen, 1990.

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Algunos pueblos, trataron de esquivar las responsabilidades institucionales de una municipalidad. Una forma de resistir el control de las autoridades intermedias como los corregidores, fue mediante la implementación de las “medias municipalidades”. ¿Cuáles fueron las características de las medias municipalidades? Estas figuras administrativas, replicaban la estructura de una municipalidad, esto es, contaban con alcaldes, regidores y síndicos, pero no estaban facultados para tener fondos propios, pues los debían de enterar a la municipalidad a la cual pertenecían. En ese tránsito de recursos, los pueblos podían omitir la entrega de los fondos propios, librándose del control del corregidor y manteniendo un fondo discreto, para gastarlo de la forma que les fuera más ventajosa. Los corregidores, cuando realizaban las visitas a las municipalidades de su respectivo departamento, se percataban de las medias municipalidades y las calificaban como una expresión de “vulgaridad política” de los pueblos13, pero toleraban su existencia. Las medias municipalidades fueron espacios para el gobierno local en los pueblos, sin tener las obligaciones de una municipalidad. De esta forma, podemos entender a las municipalidades como espacios de resistencia cotidiana de los habitantes frente a las autoridades constituidas en el nivel intermedio y nacional. Los corregidores podían prescindir de la estructura municipal —alcaldes, regidores y síndicos— cuando lo creyeran conveniente o cuando les convenía hacer a un lado a las autoridades municipales. En esos casos, los corregidores apelaban a la figura jurídica de las “comisiones políticas municipales”. La comisión se componía de tres personas: una nombrada por el corregidor, quien adquiría el título de comisionado municipal, y dos elegidas por la comunidad: un síndico y un juez de policía14. Los integrantes de la comisión se hacían cargo de las labores administrativas y de impartir justicia a los habitantes de la municipalidad. El conflicto entre autoridades municipales e intermedias radica en la fiscalización de los recursos económicos y el control administrativo de los pueblos. No obstante, habrá que cuestionarse más allá de esas 13. “Apuntamientos estadísticos”, en Gaceta de Guatemala, Ciudad de Guatemala, 11/6/1866, T. XV, n.º 18, p. 147. 14. “Apuntamiento del régimen municipal”, en Gaceta de Guatemala, Ciudad de Guatemala, 11/9/1866, T. XV, n.º 26, pp. 218-219.

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dos premisas, pues existen otros recursos que no están reglamentados completamente por la legislación, pero están disputados. En este sentido, ¿cuáles recursos disputaban las autoridades de las municipalidades? y ¿a quién o quiénes beneficiaba la organización de una “media municipalidad” o una “comisión municipal” en un pueblo? Por ejemplo, la mano de obra de los pueblos que era empleada para la construcción de caminos y obras públicas, también podía representar una fuente de ingreso para la municipalidad y las autoridades, siempre y cuando consiguieran obligar a los vecinos, por lo general indígenas, a trabajar en determinadas obras15. Otro de los recursos disputados consistía en la administración de los propios de las municipalidades, particularmente las tierras de uso comunal. Esas tierras fueron objeto de enfrentamiento constante entre habitantes, autoridades municipales y otros actores sociales, las cuales terminarían vendidas y fraccionadas conforme avanzó el siglo xix16. Las municipalidades fueron una pieza clave de la estructura del Estado guatemalteco, al menos desde la independencia. En el nivel local controlaron las actividades más relevantes para la población, al tiempo que se conformaban las estructuras administrativas nacionales, las cuales se caracterizaron por los cambios constantes y la inestabilidad de los proyectos de gobierno que se fueron alternando desde 1821. De cualquier forma, la legislación que reglamentaba el funcionamiento de las municipalidades en Guatemala, se mantuvo con cambios pequeños, al menos hasta la década de 1870. La legislación sobre las municipalidades se modificó radicalmente en 1879, inspirada por las reformas legales y administrativas impulsadas por la “revolución liberal” de 1871. La reforma liberal guatemalteca fue un programa político que ocurrió después de un periodo considerado conservador, encabezados por los gobiernos del general Rafael Carrera (1847-1865) y Vicente Cerna (1865-1871). Las reformas liberales buscaron separar las actividades de la Iglesia católica de las decisiones del gobierno, fomentar la agricultura y la industria, mejorar la infraestructura del país y consolidar las estructuras del Estado como piezas clave para alcanzar el desarrollo económico y social17.

15. Barrios, 1998: 48-50. 16. Palma et al., 2004. 17. García Laguardia, 1972; González-Izás, 2014.

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Precisamente, en el programa de gobierno liberal contemplaba la intervención de las municipalidades y sus recursos, los cuales no eran menores, considerando la capacidad de sus propios como las tierras comunales, los fondos municipales y la mano de obra que podría ser empleada para los planes de infraestructura y agricultura. Así, en septiembre de 1879 la Asamblea legislativa de Guatemala18, aprobó dos decretos para regular el gobierno de las municipalidades. Los decretos formaban parte de las leyes reglamentarias emanadas del nuevo texto constitucional de la República de Guatemala de 1879. La primera fue el Decreto Número 241, que contenía la Ley orgánica del Gobierno Político de los Departamentos, con un capítulo específico sobre el gobierno de las municipalidades, además del Decreto Número 242 bajo el título de Ley para las Municipalidades de la República de Guatemala19. El Decreto Número 242, de 1879, es el compendio legal más detallado sobre las atribuciones de las municipalidades. En él se definió a la municipalidad como “el conjunto de personas que representan legalmente los intereses del municipio”20. Este es un cambio importante, pues la municipalidad adquirió un carácter jurídico de representación ante el Estado. De esa manera, los habitantes de los pueblos debían de encausar los problemas de la cotidianidad y los conflictos legales, a través de las municipalidades. La composición de las municipalidades en las cabeceras departamentales se integraría por tres alcaldes, dos síndicos y seis regidores, en el resto de los pueblos serían dos alcaldes, un síndico y cuatro regidores, electos de forma directa. Igualmente, se establecieron nuevas disposiciones para la elección y sustitución de los miembros municipales, incorporando prácticas que se realizaban en los pueblos indígenas como el “depósito de vara”21, donde un regidor reemplazaba a un alcalde en caso de ausencia22. Los puestos de secretarios y tesoreros fueron formalizados dentro de la estructura administrativa de las municipalidades, esos puestos son importantes para el funcionamiento 18. Poder legislativo unicameral de Guatemala. 19. “Ley para las municipalidades de la República de Guatemala”, Ciudad de Guatemala, 1895, en BLAC, Rare Books, JS 2171 A9 A248. 20. Artículo 3, Ley para las Municipalidades de la República de Guatemala, 1879. 21. Artículo 49, Ley para las Municipalidades de la República de Guatemala, 1879. 22. Dym, 2006.

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jurídico y operativo de los pueblos. Incluso, el puesto de los secretarios es una temática pendiente para el análisis histórico, pues los secretarios llegaron a acumular poderes políticos, debido a su capacidad de gestionar y conocer el funcionamiento de las municipalidades. No obstante, una de las características principales de la ley de 1879 fue reconocer la existencia de varios tipos de alcaldes. Por ejemplo, el alcalde de aldea, alcalde de finca y los alcaldes auxiliares. El primero era designado por una municipalidad y dependía totalmente de aquella a la cual estaba adscrita. Por su parte, el alcalde de finca era nombrado por los dueños o el administrador de la finca donde trabajaba, previa consulta de la municipalidad a la que pertenecía administrativamente la finca y podía ser reemplazado en cualquier momento por los propietarios de la finca. El alcalde auxiliar tenía la obligación de apoyar al alcalde de finca y su función estaba destinada a las labores de policía dentro de la finca, pues le correspondía vigilar que los mozos y colonos cumplieran con su trabajo, perseguir a los vagos y cuidar que no se elaborara ni vendiera aguardiente o licores clandestinamente dentro de la finca. La existencia de los alcaldes auxiliares estaba condicionada a que en la finca hubiera más de diez familias23. ¿Por qué recobró tanta importancia las dinámicas de gobierno en una finca y dónde quedaron las atribuciones de los alcaldes, regidores y síndicos en las municipalidades de los pueblos? Los alcaldes de las fincas surgieron de la necesidad de controlar a los mozos que trabajaban en esos lugares, la modernización capitalista impulsada por las reformas liberales, cobijaron a un modelo económico agroexportador cafetalero desde la década de 1870. De esta forma, ocurrió una reorganización territorial privilegiando un sistema finquero. Este análisis a los reglamentos sobre las municipalidades de Guatemala, destaca por tres puntos: la permanencia de los gobiernos locales, a pesar de los vaivenes administrativos, políticos y económicos; la organización institucional contemplada por las leyes y aquellas que se constituían al margen de la misma, y finalmente, la capacidad de transformarse para seguir controlando los recursos comunales, incorporando prácticas de los pueblos indígenas con elementos de organización “modernos” impulsados por la revolución liberal de Guatemala de 1871. 23. Artículos 119-123, Ley para las Municipalidades de la República de Guatemala, 1879.

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Los reglamentos y leyes muestran a grandes rasgos la evolución jurídica de las municipalidades. Pero ¿qué sucedió en el nivel municipal?, ¿cómo adaptaron toda esa legislación a sus necesidades y realidades? En el caso de Santa Lucía Cotzumalguapa se dispone de un reglamento para el gobierno interior de la municipalidad, el cual fue aprobado después de ser revisado por el jefe político de Escuintla en 189124. El reglamento de la municipalidad constaba de 54 artículos que seguían la lógica de las disposiciones de la ley para las municipalidades de la República de Guatemala de 1879. Santa Lucía Cotzumalguapa no era una cabecera departamental, pero contaba con una municipalidad lo suficientemente influyente y con recursos para mantener la estructura de gobierno local. Anteriormente, en 1880 había aprobado un Bando de Policía y Buen Gobierno sobre el cual se regían. Hasta que los miembros de la municipalidad impulsaron el nuevo reglamento de 1891, donde la figura del jefe político retomó una notoriedad importante en la toma de decisiones de la municipalidad y se reorganizó la forma en que se deliberaban las sesiones, así como los métodos de elección, las funciones de las comisiones, del tesorero, síndico y secretarios. Todo en arreglo con la Ley de Municipalidades de 1879. Sin embargo, el reglamento municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa resultaba un tanto escueto comparado con los de otras municipalidades como el de Tecpán, el cual fue aprobado en septiembre de 1889 con 89 artículos25. También siguió el esquema de organización que tiene la Ley de Municipalidades de 1879, aunque hace más énfasis en la forma en que se celebran las sesiones y deliberaciones por parte de los miembros de la municipalidad. Reglamentación de las municipalidades de El Salvador, 1825-1894 En El Salvador la organización de las municipalidades obedeció a la necesidad de controlar los gobiernos regionales y asegurar la 24. “Reglamento para el gobierno interior de la municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa”, Ciudad de Guatemala, 1891, en BLAC, Taracena Flores Collection. 25. “Reglamento del Gobierno Interior de la Municipalidad de Tecpam”, Ciudad de Guatemala, 1889, en BLAC, Taracena Flores Collection.

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recaudación local. La primera disposición salvadoreña que ampara la existencia de las municipalidades de la época independiente, consistió en unas cuantas líneas del artículo 73 de la Constitución Política del Estado de El Salvador de 1824. La disposición consistía en conservar las municipalidades en los pueblos indígenas de más de quinientos habitantes. Por su parte, el sistema de elección de los miembros de las municipalidades no fue contemplada, en su lugar, se otorgó la facultad para que la asamblea local determinara la forma de elección. Sin embargo, el Congreso Federal y la asamblea legislativa no realizaron un cuerpo de leyes municipales, en parte por la inestabilidad política y económica de los años de la federación centroamericana. Aunque de manera aislada, la asamblea salvadoreña aprobó en julio de 1840 un decreto que confirmaba las atribuciones fiscales, de recaudación principalmente, que tenían las municipalidades. Igualmente, el decreto quitaba a las municipalidades la facultad para determinar la impartición de justicia. Después del ocaso de la federación centroamericana, El Salvador emprendió una vía independiente entre 1841 y 1842. El Estado salvadoreño ahora debería llenar los vacíos legales que décadas de conflictos políticos y militares, impidieron cualquier generación y aplicación de leyes. Las primeras acciones de los políticos salvadoreños fue la redacción de un nuevo texto constitucional. En 1841 la Constitución Política de El Salvador retomó en los artículos 62 y 63 las líneas generales que debían de ser observadas para organizar a las municipalidades. En la Constitución se definió que una municipalidad era el conjunto de vecinos que ejercen sus derechos como ciudadanos, con la obligación de contribuir a la conservación, progreso, salubridad, policía, ornato y manejo de sus fondos comunitarios. Pero se mantuvo la prohibición de encargarse de cualquier ramo del poder judicial que estaba vigente desde un año atrás. Esto implicaba que las municipalidades y alcaldes no debían atender los casos de justicia criminales o fiscales mayores. Solamente tenían atribuciones de aplicar justicia cotidiana, siempre y cuando no pasaran de doscientos pesos las demandas, o cuando se tratara de “resolver injurias o faltas leves”26. Sin embargo, como se revisará en seguida, ésta 26. Menéndez, 1855: 279.

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fue una de las características administrativas de las municipalidades salvadoreñas durante el siglo xix. Las municipalidades salvadoreñas fueron un reflejo de la inestabilidad de los gobiernos nacionales. Hasta mediados del siglo xix, el ejecutivo nacional y la Asamblea Legislativa no habían legislado o decretado, leyes reglamentarias sobre las municipalidades. Esta situación agravó el desorden administrativo en las municipalidades, generando algunas tensiones que terminaron en pronunciamientos relevantes como el de Nonualco en 1832 e Izalco27. Los pueblos demandaron tener más control de la administración y una regulación puntual, para determinar las atribuciones de los miembros de las municipalidades. Los legisladores salvadoreños intentaron intervenir en el descontento de las municipalidades, y propusieron la reducción en el número de municipalidades, distribuir las atribuciones de los alcaldes, designando sólo un alcalde por municipalidad, y no permitir que los habitantes eligieran a los alcaldes. También, en los sitios donde se suprimieran las municipalidades tendrían que funcionar gobiernos con alcaldes auxiliares. Sin embargo, solo debían ejecutar las órdenes ejecutivas y revisar que se cumplieran las leyes económicas y políticas. De esta forma, estos cuerpos podrían integrarse por un alcalde y dos o tres concejales nombrados por el gobierno y solamente el síndico sería elegido por los habitantes de la comunidad28. En consecuencia, el gobierno de El Salvador emitió un decreto en 185429, donde disponía la reducción de las municipalidades. Ese decreto fue de los primeros en detallar la composición, atribuciones y obligaciones para todos los miembros de una municipalidad. Por ejemplo, se designó que los alcaldes solo atenderían asuntos de gobierno local y vigilarían el uso de los recursos de la comunidad. Además de crear la figura institucional de los jueces de paz, para que atendieran los asuntos contenciosos dentro de los límites municipales. El Decreto de 1854 introdujo un rediseño de la composición de las municipalidades. En su artículo 1 dispuso que, en poblaciones mayores a diez mil habitantes, estaría compuesta por un alcalde, cinco regidores y un síndico; si tenía entre tres y diez mil habitantes serían un 27. Lauria-Santiago, 1999: 500-501; López Bernal, 2008: 26-27. 28. “Exterior”, en Gaceta de Guatemala, Ciudad de Guatemala, 22/12/1854, T. VII, n.º 35, pp. 6-7. 29. Menéndez, 1855: 176-177.

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alcalde, tres regidores y un síndico; en aquellas que no llegaran a tres mil habitantes quedaría integrada solamente por un alcalde, regidor y síndico. En cualquier caso, cada municipalidad tendría un alcalde y un síndico. Esta estructura administrativa básica pretendía agilizar la ejecución de las órdenes de gobierno local y evitar confrontaciones entre los miembros de una municipalidad, pues el caos administrativo y los malos manejos financieros, eran atribuidos al exceso de alcaldes y síndicos existentes en algunas municipalidades. En este contexto de descontrol administrativo, la medida que dispuso la legislación de la década de 1840 de quitar a las municipalidades las funciones de justicia, relegando las funciones de las municipalidades a la organización económica y la ejecución de las leyes en la comunidad. Se realizó pensando que, al eliminar las atribuciones de los alcaldes para impartir justicia, también se librarían de los vicios y abusos del asesoramiento de los “tinterillos” o “leguleyos”, los cuales se aprovechaban del desconocimiento que tenían los alcaldes de las leyes para dirigir los procesos ellos mismos y actuar a favor de sus intereses o de quien pudiera pagarles30. De ahí la insistencia remarcada por los decretos y la propia Constitución de 1841, de que los alcaldes deban ocuparse solo de ejecutarlas y velar por el crecimiento económico de sus demarcaciones. Esta situación también se extendió a las denuncias por el manejo inadecuado de los recursos propios de las municipalidades. En consecuencia, el gobierno de El Salvador aprobó en octubre de 1855 un decreto para arreglar las tesorerías municipales, concentrándose en el establecimiento de una clavería municipal que rindiera cuentas anualmente de los gastos y cuentas generales que hubiera tenido la municipalidad. Los cambios dispuestos por el decreto de gobierno de 1854 se mantuvieron como elementos centrales de la organización de las municipalidades salvadoreñas. El decreto fue pocas veces reformado, incluso fue respetado por las múltiples Constituciones que fueron redactadas en El Salvador durante el siglo xix. Al grado que el artículo constitucional que disponía de la organización de las municipalidades se mantuvo sin cambios desde la Constitución desde 1864 hasta 1886. De ma30. El Iris Salvadoreño, San Vicente, 6/11/1836, n.º 7, f. 34; “Las causas judiciales”, en Gaceta de Guatemala, Ciudad de Guatemala, 23/6/1866, T. XV, n.º 19, p. 155.

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nera que el gobierno de las municipalidades se condujo bajo el modelo de una única autoridad, supeditada a los gobernadores departamentales, con atribuciones en el gobierno económico y administrativo, pero segregado de las cuestiones judiciales y la impartición de justicia. A diferencia de las disposiciones legales de Guatemala sobre las municipalidades, en donde se pudo observar la formación de municipalidades al margen de las leyes, en El Salvador no logré identificar este tipo de variantes, aunque no las descarto. En su lugar, existe una presión constante en los pueblos para formar una municipalidad con base en el perfil étnico, tal como ocurrió en Izalco, donde se tuvo que formar una municipalidad para los indígenas y otra para los ladinos de la comunidad, evitando enfrentamientos y discusiones sobre la manera de organizarse31. Además, estas fueron afectadas al unificar la figura del alcalde en todas las municipalidades salvadoreñas a partir de 185432. Esta medida pudo restringir el ingreso de otros actores sociales a las estructuras administrativas de las municipalidades. Además, la legislación que reguló las municipalidades surgió desde los textos constitucionales salvadoreños, sin tanto énfasis en reconocerlas como la base de la estructura administrativa estatal, salvo en la Constitución de 1841, que entendió la municipalidad como un espacio donde los ciudadanos podían ejercer sus derechos; los conceptos de ciudadanía y participación activa en los asuntos del gobierno desaparecieron en el lenguaje de las Constituciones posteriores, para ser remplazados por indicaciones administrativas y económicas puntuales. El Estado en Centroamérica Por otra parte, desde el aspecto jurídico el concepto de Estado, fue plasmado en los artículos constitucionales de los estados federales centroamericanos. La Constitución guatemalteca de 1825, en el artículo 2, especificaba que el “Estado”, era “la asociación de los pueblos de Guatemala reunidos en un solo cuerpo”. La Constitución de El Salvador de 1824, en su artículo 6, identificó al Estado como el territorio que había ocupado la intendencia de San Salvador. Los textos constitucio-

31. Herrera Mena, 2017: 185-186. 32. Menéndez, 1855.

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nales muestran el interés de relacionar el Estado con el territorio, pero, sobre todo, la función que tiene el gobierno para ejercer su autoridad sobre ese territorio. Aunque si hay una clara diferencia entre la definición de Estado desde el ámbito constitucional, entre Guatemala y El Salvador, al resaltar el primero a la sociedad y el segundo a la geografía. La formación del Estado centroamericano y en particular las entidades políticas que surgieron de la fragmentación territorial de Centroamérica, no es un tema acabado. Las aristas de análisis han seguido diversos caminos de interpretación, como la fiscalidad, la política, la etnicidad, la ideología y la guerra33. No obstante, la discusión va más allá del espacio centroamericano e incluye al resto de los países latinoamericanos. Mónica Quijada propone reflexionar sobre cómo entendemos y reflexionamos los gobiernos en Latinoamérica durante el siglo xix, cuestionando qué tipo de Estado y cuáles naciones34 son objeto de análisis. La pertinencia del debate sobre el Estado para los casos de El Salvador y Guatemala, radica en la necesidad de encontrar explicaciones sólidas sobre la inestabilidad política y económica, durante el tránsito del dominio colonial hispano a la formación de los primeros gobiernos independientes a partir de 1823. En El Salvador y Guatemala los ayuntamientos se mantuvieron a pesar de los cambios políticos de la transición de la colonia a la independencia. Además, se constituyeron en instituciones puente, posibilitando la puesta en práctica de los diferentes “experimentos” de gobiernos nacionales. Especialmente, los que resultaron más inestables de la década de 1820, cuando los paradigmas políticos y administrativos se trasformaron a raíz de la declaración de independencia. De esta forma, propongo que los análisis de la construcción del Estado en Centroamérica deben de partir de lo local y de los cuerpos regionales de gobierno intermedios, como los ayuntamientos y las jefaturas políticas, aunque los primeros resultan de mayor interés de análisis. Recientemente, Clara Pérez Fabregat ha explorado este camino reflexionando la construcción del Estado salvadoreño, a partir del estudio de las élites añileras en el oriente salvadoreño35. Además, de Sajid 33. Herrera Mena, 2005; Gudmundson y Lindo-Fuentes, 1995; Pérez Fabregat, 2018; Taracena y Piel, 1995; Taracena Arriola, 2002. 34. Quijada, 2003. 35. Pérez Fabregat, 2018.

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Herrera que se ha centrado en el activismo político de los grupos de poder en la capital de San Salvador36. Sin dejar de omitir, la historiografía clásica salvadoreña que analiza la construcción desde la economía37. A pesar de la relevancia de los ayuntamientos como una base de la estructura política de las nuevas naciones centroamericanas, los estudios a detalle de estos cuerpos políticos no han sido tan abundantes. De esta forma, es posible delinear un análisis que reconsidere el papel de los ayuntamientos, como expresiones políticas de los individuos en los pueblos y ciudades. Toda vez que se ha construido una historiografía que privilegia el desarrollo de las instituciones federales y posteriormente las nacionales en El Salvador y Guatemala, pero se sigue enfatizando en las historias nacionales. En Sudamérica, los estudios de historia política y social sobre la primera mitad del siglo xix han insistido en descolocar el discurso político que envuelve los procesos de independencia y formación del Estado, para reenfocarlos en los análisis que abarquen a los procesos locales, donde el pueblo y los movimientos sociales, como expresiones de reivindicaciones políticas estén más presentes38. Este podría ser un buen punto de partida para los estudios de la formación del Estado, desde los procesos locales. Los ayuntamientos permiten tener una ventana de interpretación de los fenómenos políticos “nacionales” de la primera mitad del siglo xix, tanto en El Salvador como en Guatemala. Además, las fuentes primarias para hacer estas historias locales, cada vez están más disponibles, a través de la consulta de los archivos municipales centroamericanos. Las actas de cabildo, los bandos y los pronunciamientos que elevaban los ayuntamientos resultan ser herramientas fundamentales para la historia política, en momentos que se cuestiona la relevancia del conocimiento de las estructuras del poder político en Centroamérica durante la primera mitad del siglo xix. En suma, se trata de revisitar a los ayuntamientos como elementos base de la conformación del Estado y como fuente de origen de parte de la legislación local. Los conflictos militares y políticos impidieron que se desarrollara un sistema jurídico sólido. Por ejemplo, la aplicación de la Constitu-

36. Herrera Mena, 2013. 37. Acosta, 2013; Lauria-Santiago, 2003. 38. Fradkin, 2008.

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ción federal centroamericana y las particulares de cada estado federado, quedaron en suspenso debido a la primera guerra civil (1829-1827) y la crisis de la presidencia federal de Francisco Morazán a partir de 1835 hasta la disolución de la federación en 1841. La doctrina de las leyes, reglamentos y disposiciones de gobierno que fueron promulgadas en el periodo federal, estaban inspiradas en el liberalismo político y económico que partía del movimiento constitucionalista de Cádiz en 1812, bastante similar a la ruta emprendida en México durante ese mismo periodo39. Las luchas por los poderes locales también expusieron la confrontación social y las tensiones entre grupos como los criollos y los ladinos, los cuales dominaban ciertos sectores administrativos como los ayuntamientos y económicos, con el añil como importante generador de ingresos fiscales y comerciales. Aunque este tema resulta muy complejo de diferenciar, debido a las diferencias regionales y culturales que existen en Centroamérica para identificar a los ladinos. No obstante, si es un buen objeto de análisis como pieza clave en la conformación de los Estados centroamericanos. Especialmente, los ladinos de Guatemala y El Salvador que obtuvieron un peso relevante en la administración local y en el área comercial40. Al margen de las trasformaciones administrativas a nivel local, los debates que se esgrimieron en las asambleas legislativas de Guatemala y El Salvador se fueron centrando en la promoción de leyes, decretos y reglamentos que reivindicaban el concepto de soberanía de cada gobierno a disponer de sus recursos naturales, fiscales y militares41. En Guatemala y El Salvador los gobiernos locales fueron transformando el lenguaje y la doctrina jurídica, desde un sistema colonial hacia el tránsito de conceptos como el de soberanía basado en la idea del derecho común, a la “revolución liberal” de la primera mitad del siglo xix, inaugurado con la crisis de 1808 y la experiencia gaditana de 181242, la cual repercutió en el constitucionalismo centroamericano. Los cambios permiten reflexionar sobre la velocidad con que ocurrió la readecuación de la organización gubernamental, jurídica y fiscal en Guatemala y El Salvador, la cual no fue instantánea en 1821; an39. 40. 41. 42.

Escobar Ohmstede, Medina y Trejo, 2015. Reeves, 2006; Taracena, 1999. Chiaramonte, 2016. Cruz Barney, 2013: 29; Pérez Brignoli, 1989.

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tes bien respondió a una gradualidad administrativa que a mi parecer inicia después de la desintegración de la República Federal de Centro América entre 1839 y 1841. Sin embargo, los ímpetus de reforma administrativa promovidos por los actores sociales en Guatemala y El Salvador continuaron su proyección vertical sobre las estructuras administrativas, fiscales y militares. Así, los reclamos de los pueblos y los grupos regionales dejaron entrever una crisis política agudizada por las élites que no residían en la Ciudad de Guatemala. De esta forma, la élite política de San Salvador, San Miguel y San Vicente tomó el control administrativo de municipalidades y de otras esferas sociales influyentes en la sociedad (religión y comercio)43. Lo cierto es que después de la conformación de la República Federal de Centro América en 1824, tampoco las instituciones federales llegaron a controlar efectivamente el territorio, y mucho menos logró congregar en consenso los intereses de los grupos regionales. Antes bien, surgieron en las asambleas locales movimientos que reivindicaban la soberanía para controlar sus recursos fiscales y territoriales, como anteriormente se había comentado. De esta forma, el modelo unionista y federalista inspirado en los Estados Unidos de América44, y que tanto entusiasmo había creado entre los asambleístas centroamericanos por su “perfección”45, parecía no avanzar en los estados federados centroamericanos. Al respecto, valdría la pena apuntar que el surgimiento de las primeras repúblicas federales en Latinoamérica (Argentina, México y Nueva Granada) entre 1820 y 1840, se fundamentó en la experiencia de organización política de las colonias norteamericanas y en el esfuerzo para construir confederaciones como forma de gobierno46. En este contexto, Centroamérica no fue un caso aislado en el fracaso de implementar ese sistema de gobierno; antes bien, nos ofrece un punto de comparación que valdría la pena explorar, por el dinamismo con que las fuerzas políticas y económicas fueron segmentando el territorio; reforzando con esto la hipótesis de la influencia de los factores geográficos y naturales como elementos clave que potenciaban la incapacidad de un gobierno para integrar y mantener una nación. 43. 44. 45. 46.

Pérez Fabregat, 2018. Woodward, 1996: 77-78. Asamblea Nacional Constituyente, 1824: 3. Chiaramonte, 2016.

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De esta forma, en la conformación de los primeros gobiernos en Centroamérica, subrayo tres momentos: el primero en 1821 con la independencia de Guatemala y su adhesión mediante el Plan de Iguala al primer Imperio mexicano de Agustín de Iturbide, el cual duraría efímeramente hasta 1823. En este punto destaco el segundo momento, que abarca escasos meses entre 1823 y 1824 con las Provincias Unidas del Centro América, finalizando con la separación del Imperio mexicano y el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente que agrupó a todas las provincias centroamericanas, con excepción de Chiapas, que optó por mantenerse en México. Finalmente, el tercer momento se inicia con la República Federal de Centro América en 1824, el cual es un punto de inflexión en la organización política y económica centroamericana. Sin embargo, durante esas tres coyunturas ¿en qué momento es posible situar la génesis del Estado-nación en Guatemala, El Salvador y México? En este sentido ¿es suficiente considerar toda la legislación emitida desde 1821 hasta 1839 como el elemento formativo fundamental de un Estado? Además, el lenguaje utilizado por la Constitución Federal de Centro América de 1824 y los decretos guatemaltecos y salvadoreños entre 1823 y 1824, empleó y sancionó otras formas de apelar a las personas gobernadas, como el concepto de ciudadanía. Por lo tanto ¿quién empleaba esos recursos conceptuales?, ¿realmente tuvieron una aplicación efectiva en el territorio?, o ¿cuál fue la idea de nación del siglo xviii que pervivió en las estructuras mentales, discursos y acciones de los actores políticos? Aunque considero que se ha tratado de explicar la formación del Estado partiendo de la concepción actual que tenemos de gobierno y administración local, esta idea, recogida por la historiografía centroamericana y mexicana, nos ha llevado a insistir constantemente en el fracaso “estatal” de los gobiernos de Guatemala, México y El Salvador durante el siglo xix, cuando en realidad podríamos estar frente a gobiernos en formación carentes de una aplicación efectiva de sus propias normas legales y que atravesaron por momentos serios de depresión económica47. No obstante, valdría la pena cuestionar el por qué seguir insistiendo en observar un “Estado”, considerando el contexto político, social y económico de Guatemala, El Salvador y México durante el siglo xix. 47. Taracena y Piel, 1995.

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Quizás en esta reflexión se pueda encontrar una vía que también nos permita explicar la inestabilidad y crisis institucional crónica de las naciones centroamericanas durante el siglo xix. Igualmente, la historia total que caracterizó a la historiografía latinoamericana durante ese siglo puede darnos una pista acerca de por qué observamos esos procesos, sin considerar las particularidades de cada caso. Al respecto, las historias locales que han surgido en Guatemala48, muestran los indicios de la acción de la sociedad en diversos escenarios y temporalidades que están en constante cambio y readecuación, frente a un “Estado” que se impone totalizante en su legislación y política. Consideraciones finales La municipalidad es la base para entender la organización y formación de los Estados centroamericanos. Sin embargo, se debe identificar cada caso, pues a pesar de llevar el mismo nombre, no son instituciones políticas y administrativas homogéneas para todos los países de la región. Es por tanto que, en Guatemala y El Salvador distinguí sus fundamentos jurídicos, para ahondar en las prácticas políticas que tuvieron una continuidad, heredada de la época colonial, y posteriormente, recalcar las transformaciones institucionales ocurridas después de la independencia en 1821. En esta revisión, un elemento que me quedó pendiente de análisis, es la relación de las instancias de poder intermedio —como los corregimientos y las jefaturas políticas— con las municipalidades. Esas instituciones, que estuvieron mediando entre el poder nacional y el local, fueron clave para los actores sociales y políticos, pues les permitió negociar y presionar a las autoridades nacionales. A pesar de esa agencia, los estudios centrados en los jefes políticos y corregidores son escasos en Guatemala y El Salvador49. Las instituciones locales tuvieron una tradición jurídica arraigada en el derecho castellano e indiano. En la época colonial fueron parte del andamiaje administrativo que sustentó el gobierno hispano en el reino de Guatemala. Así pues, en Centroamérica después de la in-

48. Pollack, 2018; Sarazúa Pérez, 2013. 49. Avendaño Rojas, 2019.

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dependencia los gobiernos nacionales requirieron otra organización política y administrativa. Las municipalidades se mantuvieron como base de la estructura de los nuevos gobiernos, pues no cambiaron de nombre, y apenas tuvieron cambios en su composición. Fuentes y bibliografía Fuentes Archivo General de la Nación de El Salvador (AGNES). Benson Latin American Collection, Austin, Texas (BLAC). El Iris Salvadoreño, San Vicente, El Salvador, 6/11/1836, 27/11/1836. El Salvador Rejenerado, San Salvador, El Salvador, 1/4/1846. Gaceta de Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 22/12/1854, 11/6/1866, 23/6/1866, 11/9/1866. Bibliografía Acosta, Antonio. 2013. Los orígenes de la burguesía de El Salvador: el control sobre el café y el Estado, 1848-1890. Sevilla: Aconcagua Libros. Asamblea Nacional Constituyente. 1824. Proyecto de bases constitucionales para las Provincias Unidas del Centro de América, presentado a la Asamblea Nacional Constituyente por la comisión de Constitución. Ciudad de México: Oficina del ciudadano Alejandro Valdés. Avendaño Rojas, Xiomara. 2013. Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno: Institucionalidad, ciudadanía y representación política, 1810-1838. Castellón: Universitat Jaume I. — 2019. “La figura del jefe político departamental en Guatemala, El Salvador y Nicaragua durante la primera mitad del siglo xix”. Rubrica Contemporánea, vol. VIII, n.º 15, 45-66. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona/REDI. Ayala Benítez, Luis Ernesto. 2007. La iglesia y la independencia política de Centro América: “El caso del Estado de El Salvador” (1808-1833). Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana. Barrios, Lina. 1998. La alcaldía indígena en Guatemala: de 1821 a la Revolución de 1944. Ciudad de Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

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La nación mexicana entre la centralidad y los poderes de provincias, estados y departamentos. Primera mitad del siglo xix María del Carmen Salinas Sandoval El Colegio Mexiquense, A. C., México

Introducción La conmemoración del bicentenario de la consumación de la Independencia de México, nos permite reflexionar sobre la formación de la nación mexicana, en las primeras décadas de vida independiente; primero bajo un gobierno imperial y después bajo una república. Surgió como principal problema la construcción de la nación mexicana, donde los grupos de élite política propusieron la creación de la nación como un pacto; ya que los grupos inmersos en la lucha de poder respondían a intereses locales y regionales, localizados en provincias durante la monarquía de Agustín de Iturbide, estados en la república federal y departamentos en la república central. Las reformas modernizadoras de los Borbones, en el último tercio del siglo xviii, propusieron un reordenamiento territorial y administrativo, que se dirigía a poner a los territorios bajo el control de la Corona, a través del sistema de intendencias, para terminar con el poder de las élites locales; para ello se crearon 12 intendencias (Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) en Nueva España. Sin embargo, de acuerdo con Carmagnani, “el poder que podía ejercer directamente la administración colonial en las regiones novohispanas no se expandió”; lo cual provocó “una consolidación a nivel local y regional de formas de autogobierno”, con poderes sociales y políti-

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cos formales e informales1. No hubo unidad del imperio español, lo que se presentó fue el desarrollo de una conciencia con particularidad provincial entre los grupos de poder. Adoptaron los ideales de la Ilustración europea, particularmente en lo referente al mejoramiento económico de la Nueva España haciendo un uso racional de la riqueza natural, de los ingresos y del comercio; así como una administración pública eficaz2. Debido a la crisis de la monarquía española, a los sucesos militares y políticos de Europa, y al vacío de poder en las colonias, los alcaldes, regidores, subdelegados y comandantes militares tuvieron la oportunidad de actuar con autonomía en las provincias, entre 1808 y 1810. Se fue acentuando la desunión frente al gobierno de la Corona española, y en la mayoría de las colonias americanas comenzaron las guerras de independencia. El proceso de independencia en Nueva España fue una etapa de 11 años de luchas armadas, con consecuencias nefastas para la economía y las finanzas, con escasos cambios sociales. Los dirigentes concentraron su lucha en lograr la libertad política al interior de su territorio y la autodeterminación frente a otros países. Sus ideales liberales se basaron en los principios de la Constitución gaditana, que promovía una sociedad moderna, donde los ciudadanos eran iguales ante la ley y tenían derechos políticos como la participación en el sufragio; la división de poderes (en manos de grupos de élite) y la residencia de la soberanía en la nación3. Todos estos principios políticos fueron esenciales en el México independiente. El reconocimiento de los ciudadanos, como actores políticos, significó dejar fuera la sociedad tradicional conformada por actores colectivos. La actuación de los ciudadanos tuvo un fundamento político, construyendo su integración social, económica y cultural paulatinamente, durante varias décadas; durante las cuales, el modelo político dirigido a reducir el poder local y regional en favor de una reconstrucción del 1. Carmagnani, 1994: 53. 2. König, 1998: 12-16. 3. La Constitución de Cádiz trata de “La Nación española y de los españoles” y en el capítulo I define “la Nación española” de la siguiente manera: “La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. Tena, 1998: 60.

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poder central, emulando las normas gaditanas, mostró diversas realidades en México. El poder local y regional se reconfiguró pasando de provincia a entidad federativa y después a departamento, tratando de mantener y adaptar su organización política interna, de acuerdo a las relaciones sociales y políticas de los actores. Entre ellos no hubo un sistema unificado derivado de las disposiciones del gobierno central; hubo una diversidad en las maneras de proceder en las negociaciones con el nivel nacional o con el nivel municipal, y en la forma de enfrentar problemas como los hacendarios, los de representación ciudadana, de legitimidad de sus instituciones políticas y la intervención extranjera4. La formación del nuevo país, políticamente independiente desde el 28 de septiembre de 1821, marcó el inicio de un arduo proceso de desarrollo de la nación mexicana. De acuerdo con König, la nación surgida a principios del siglo xix no representó una entidad preestablecida y primordial, sino un proyecto político de desarrollo perseguido por ciertos grupos sociales y políticos5. Este proyecto estaba basado en una ideología del liberalismo político, que buscaba una “nación de ciudadanos”6, con la que se construiría el efecto de unidad política. La categoría de ciudadano aludía a los derechos individuales de participación en la vida de una comunidad, que eclipsaría la heterogeneidad racial y cultural7. Por tanto, consideramos aquí el estudio de la nación política a partir del tránsito de ciudadanos españoles a ciudadanos mexicanos, en los años que siguieron a la independencia de Nueva España; sin pretender incluir la nación cultural, que aún los grupos políticos no pretendían construir. Sin duda, considerar, como explica Antonio Escobar Ohmstede “el accionar de las élites, los grupos de poder, las “clases populares”, los grupos subalternos, etc., en 4. Salinas, Birrichaga y Escobar Ohmstede, 2011: 12-13. 5. König, 2005: 18. 6. “El estudio del concepto de ciudadanía a lo largo del proceso de constitución de las naciones americanas revela aspectos importantes de ellas. La ciudadanía, en tanto sistema de integración y de exclusión, es un indicador de los rasgos dominantes de una cultura política” (Anrup y Oieni, 1999: 13). “El concepto de ciudadano no solo se refería a una relación constitucional, este no denotaba únicamente una libertad política, sino también un nuevo orden económico que pronosticaba la supresión de todos los privilegios y las leyes que daban pie a la desigualdad” (Anrup y Oieni, 1999: 29). 7. Escobar Ohmstede, Medina y Trejo, 2015: 15-16; Escobar Ohmstede, 2010: 44.

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ese devenir histórico” sería más completo el abordaje sobre el papel de la nación8. Al terminar la Guerra de Independencia, Agustín de Iturbide y los demás gobernantes, perseguían un objetivo: construir una nación política que centralizara el poder disperso en las provincias. Una primera alternativa fue el gobierno monárquico acompañado por un ideal de constitucionalismo liberal, como herencia del constitucionalismo liberal español de 1812 y 1820. Se pretendía fundar el nuevo orden político recuperando el poder existente, que se encontraba disperso en el país. Esto prevenía una lucha entre la tendencia hacia al centralismo del poder y las diversas fuerzas autonomistas de élites provinciales. No solo reivindicaron el autogobierno, sino también la soberanía, para posteriormente dar paso a la creación de estados soberanos9. En el efímero Imperio de Agustín de Iturbide (19 de mayo de 1822 a 19 de marzo de 1823) hubo un acuerdo inicial entre monárquicos, iturbidistas y republicanos; acuerdo que no prosperó. Se dio paso a las repúblicas, primero con un complicado pacto federal (1824-1835), que se desarrolló en una constante tensión entre federación y estados, por el reparto de soberanía y por las medidas fiscales; y segundo con las dos repúblicas centralistas (1835-1846). Durante esos 25 años se puso en duda la eficacia del sistema político mexicano, como la institución garante de formar una nación, debido a la existencia de pluralidad de intereses y a la competencia entre proyectos nacionales de diferentes grupos políticos, que se expresaron en pronunciamientos militares y civiles. La centralidad pretendida por los gobiernos federal y central no llegó a opacar la fuerza de las provincias, estados y departamentos. La actuación de los ciudadanos, de los ayuntamientos, de los prefectos en los distritos, de las autoridades que encabezaban el poder en la provincias, estados y departamentos, tomaron gran relevancia, porque tuvieron la capacidad de sostener la nación. En 1846, cuando se pretendía darle fortaleza a la segunda república central, se inició la penetración del ejército estadounidense al territorio nacional; dando inició a la guerra entre aquel ejército y el mexicano. Se hizo evidente la debilidad gubernativa del país, que se acentuó con el cambio de gobierno de la república central a la federal. 8. 9.

Escobar Ohmstede, 2010: 48. Carmagnani, 1994: 70-71.

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No hubo una defensa integral del territorio mexicano. La federación luchó (1846-1848) a su vez contra los extranjeros, utilizando las armas, y contra los grupos gobernantes de cada entidad federativa, apelando al peligro que corría la integridad política y económica del país; sin embargo, la colaboración de los estados fue limitada dando preferencia a la defensa de su espacio territorial. Los proyectos de nación construidos desde 1821 no habían logrado que las diferentes élites de las provincias del país pensaran en los límites nacionales, que estaban siendo disputados por Estados Unidos. La lucha constante, entre 1821 y 1848, por construir un gobierno unido por sus provincias en un extenso territorio, no produjo frutos. En la débil y desarticulada defensa contra los planes de expansión territorial estadounidense quedó claro que aún no existía la unidad política entre las entidades federativas y la federación; que trajo como consecuencia la pérdida de la guerra disminuyendo a la mitad del territorio mexicano e incrementando la controversia entre los grupos dominantes y gobernantes, que buscaban explicaciones ante el tipo de nación que se tenía. El objetivo de este capítulo es mostrar la continuidad del poder interno de las provincias, estados o departamentos frente a los gobiernos nacionales, que pretendían centralizar el poder para formar la nación mexicana; entre 1821 y 1848. Con la premisa de que las instituciones políticas de las provincias, entidades federativas y departamentos mantuvieron su fortaleza lo suficiente para mantener la elemental unidad política del país, desdibujada por la guerra con el ejército estadounidense. La pregunta que guía el texto es ¿qué consecuencias tuvo la fuerza de las provincias, estados y departamentos en la construcción de la nación mexicana que pretendía centralizar su poder, entre 1821 y 1848? Entendemos las instituciones políticas como aquellas instituciones formales que tuvieron su origen en las constituciones políticas expedidas durante el periodo de estudio. Las cuales establecieron instancias que integraban el gobierno y representaban el poder de los ciudadanos como individuos con “la capacidad de participar en la elaboración de las decisiones que todos estaban obligados a obedecer”10. La ciudadanía era un concepto que homogenizaba políticamente a la población, 10. Anrup y Oieni: 1999: 5.

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eliminando las diferencias étnicas y sociales11. Los ciudadanos participaron a través del proceso electoral indirecto definiendo el tipo de gobierno; influyeron en la conformación de los poderes gubernativos federales, estatales y municipales; por tanto, influían en la legislación, en su aplicación y ejecución. Las instituciones formales eran las leyes jurídicas de una sociedad y se crearon, mantuvieron y modificaron a través de la política; requerían, para su cumplimiento, de la fuerza legítima del sistema de gobierno y de cierto grado de aceptación por parte de la sociedad, de una cultura de la legalidad, para que tal cumplimiento fuera efectivo en el mediano y largo plazos12. Las constituciones políticas expedidas en el país organizaron la división política del territorio (en provincias, entidades federativas o departamentos) y manifestaron las normas que fijaron las relaciones entre los poderes nacionales y esas partes político-administrativas en que se dividió el territorio, estableciéndose en un primer momento un pacto político y social. En el periodo de estudio, estuvieron vigentes cuatro constituciones: Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la central llamada Leyes Constitucionales de 1836 y la segunda central denominada Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843. Es imprescindible sumar a las principales normas que sistematizaron la relación de la federación con los estados, el Acta de Reformas de 1847, que reformó la Constitución de 1824. Cada una de ellas, tenía inmerso el proyecto nacional de los grupos políticos presentes en los poderes nacionales, particularmente en el legislativo. De acuerdo con el ideario del liberalismo político, cada proyecto contenía el imaginario nacional, según su visión de nación política y sus necesidades para alcanzarla. Manteniendo diversos valores: “la autonomía individual, la dignidad de la persona, la libertad y la igualdad”, que generan una serie de exigencias respecto a la legitimidad del poder político13. Estuvieron presentes los siguientes sistemas de gobierno: Regencia (1821-1822), primer Imperio (1822-1823), Supremo Poder Ejecutivo (1823-1824), Primera República Federal (1824-1835), Primera República Central (1835-1841), primera dictadura de Santa Anna (1841-

11. Escobar Ohmstede, 2010: 44. 12. Lucas, 1957: 25-44. 13. Escobar Ohmstede, Medina y Trejo, 2015: 12.

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1843), Segunda República Central (1844-1846), Segunda República Federal (1846-1853). El texto está dividido en cuatro apartados que corresponden a las principales etapas de gobierno, donde el poder provincial, estatal y departamental estuvieron presentes minando la centralización del poder nacional: el imperio de Iturbide, el primer federalismo, las repúblicas centralistas y finalmente el retorno del federalismo en medio de la guerra entre México y Estados Unidos de América. El Imperio de Iturbide y la participación decisiva de las provincias El movimiento de independencia y su culminación se lograron por las autonomías en las provincias promovidas por las Cortés de Cádiz y la Constitución de 181214. La importancia de las diputaciones provinciales en ese proceso y en la construcción de la nación mexicana fue evidente, por su gobierno dentro del ámbito provincial. De acuerdo con Nattie Lee Benson “la Diputación provincial de México desempeñó un papel importante, pues llevó la autonomía a las provincias de México y contribuyó a la legitimación del movimiento de independencia de Iturbide”15. La Diputación Provincial de Nueva España fue uno de los principales apoyos a Iturbide. Cuando México consiguió su Independencia política de España en 1821, incluía mucho del territorio de lo que había sido el virreinato de Nueva España, menos el Caribe y las Filipinas. Comprendía desde California y lo que es hoy el suroeste de los Estados Unidos en el norte y toda la América Central, excepto Panamá. La región conocida como América Central se separó de México en 1823 con la caída del imperio de Agustín de Iturbide. Sin embargo, México mantuvo en su territorio al actual estado sureño de Chiapas. El 24 de septiembre de 1821, Iturbide proclamó la Soberana Junta Provisional Gubernativa, integrada por 38 personas, quienes asumieron los poderes antes ejercidos por las Cortes de España. Su tarea principal era organizar las elecciones de diputados a las Cortes Cons-

14. Frasquet, 2010: 121. 15. Benson, 1994: 19.

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tituyentes o Congreso. Fue elegido Iturbide como presidente de esta Junta. Esta constituyó la Regencia del Imperio Mexicano, que ejercía el poder ejecutivo16. Desde el 28 de septiembre de ese año, Iturbide tenía la pretensión de que el Congreso dotara a la nación mexicana de una Constitución del Imperio Mexicano; mientras se elaboraba se aprobó la vigencia provisional de la Constitución de Cádiz, en tanto no fuera contraria a los planteamientos del Plan de Iguala, que consolidó la consumación de la independencia. En este Plan se había expresado que el gobierno del imperio sería una monarquía moderada con arreglo a la Constitución de Cádiz, considerando que ella podía garantizar la unión del imperio, los principios liberales de ciudadanía, la propiedad privada, la seguridad y la libertad. Con lo cual quedó plasmado que Iturbide adoptó el sistema liberal17. Las teorías liberales heredadas de las Cortés de Cádiz estuvieron en los ideales del congreso constituyente mexicano en 1822, al igual que en las diputaciones provinciales cuando ejercían el poder en su jurisdicción. El Plan de Iguala dictaba que México independiente tendría un gobierno monárquico moderado, cuya corona sería otorgada al rey español Fernando VII o en su falta algún otro infante de España. Como esta propuesta fue rechazada, el 19 de mayo de 1822 el Congreso se reunió presionado por el pueblo que proclamó a Iturbide emperador. Diez meses duró el Imperio de Iturbide, porque empezaron a surgir movimientos sediciosos de militares (José Antonio Echávarri y Antonio López de Santa Anna) y autoridades civiles (Congreso y algunas diputaciones provinciales como la de Veracruz) que rechazaban los intentos centralizadores del emperador. En agosto de 1822, Iturbide disolvió el Congreso y arrestó a 50 diputados bajo la acusación de apoyar un movimiento republicano. Este acto inició el desencadenamiento de su gobierno. En la provincia de Nuevo Santander estalló una rebelión apoyada por la diputación provincial, el ayuntamiento y los electores provinciales. Antonio López de Santa Anna, comandante general de la provincia de Veracruz, publicó una proclama el 2 de diciembre de 1822 atacando a Iturbide por la disolución arbitraria del Congreso, asegurando que las provincias se habían declarado en favor 16. Benson, 1994: 94-95. 17. Arenal, 2002: 141-147.

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de una república y él secundaba esta forma de gobierno, teniendo el apoyo de la diputación provincial de Veracruz. En febrero de 1823, se proclamó el Plan de Casa Mata por el general José Antonio de Echávarri, que extendió rápidamente sus adhesiones. Echávarri difundió el plan entre todas las diputaciones provinciales de México, los ayuntamientos de las capitales de provincia y los jefes militares. Las diputaciones se fueron adhiriendo al plan (Yucatán, Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Santander, Veracruz), aun la de México, donde se establecía la capital del imperio y era más complicado su apoyo directo18. Apeló a los principales poderes de la nación mexicana: las diputaciones provinciales y los jefes militares. Con la adopción del Plan de Casa Mata por casi todas las provincias; estas asumían el dominio sobre sus asuntos internos, y todas reconocían formar parte de la nación mexicana. La diputación provincial de México, como otras provincias, recomendó a Iturbide la instalación del Congreso, para que cumpliera sus funciones o bien convocara las elecciones para un nuevo Congreso, como estipulaba el Plan de Casa Mata. Iturbide, de acuerdo con su Consejo de Estado, convocó al Congreso el 4 de marzo de 1823. Unos días después, 19 de marzo, Iturbide abdicó de la corona; por lo cual, el Congreso recién reinstaurado, se encargó de dictaminar sobre el nuevo poder ejecutivo. La propuesta fue una “junta gubernativa”, que quedó integrada por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Juraron que reconocían que la soberanía residía en la nación y, por lo tanto, en el Congreso que la representaba. Ante ello, las provincias rechazaron que el Congreso tuviera la legitimidad necesaria para representar a la nación19. Por la actitud autonomista de las provincias, el Congreso opinó que el territorio estaba en peligro de fragmentarse. En diciembre de 1823, el Congreso autorizó las elecciones de los integrantes de las diputaciones provinciales de 23 provincias de México y su instalación20. 18. Benson, 1994: 117-124. 19. Frasquet, 2010: 305. 20. Las 23 provincias existentes en diciembre de 1823 era: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo México, Nuevo León, Nuevo Santander (más tarde Tamaulipas), Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Texas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Véase Benson, 1994: 113-114.

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De acuerdo con Benson: “Desde su instauración como parte de las instituciones creadas por la Constitución de 1812, las diputaciones provinciales habían ido más lejos en sus atribuciones, asumiendo plenos poderes como gobierno local autónomo”21. No había un reconocimiento de un gobierno a nivel nacional, porque el Congreso restaurado no logró responder a las aspiraciones ni de monarquistas ni de republicanos; el poder gubernativo se concentró al interior de cada provincia en las diputaciones provinciales. Llegaron a demostrar su poderío cuatro de ellas; las provincias de Oaxaca, Yucatán, Zacatecas y Nueva Galicia (la diputación provincial tenía su sede en Guadalajara), que se propusieron avanzar en la transformación del gobierno en federación; en cambio, hubo otras como la de México que prefirió actuar con mesura22. El poder político de las diputaciones provinciales había colaborado en el derrocamiento del Imperio de Iturbide, y a partir del Plan de Casa Mata estas mostraron su capacidad para autoadministrarse, fortaleciendo el dominio de sus provincias e impulsando el nuevo proyecto de nación con la república federal23. Después de la independencia y sobre todo tras la caída de Iturbide, que dejó México sin poder central, fueron las provincias las que sostenían el poder en cada uno de sus territorios. Las provincias presionaron para que se instituyera el federalismo como forma de gobierno. “Se trataba de reglamentar las relaciones entre poderes regionales de muy fuerte coherencia y el poder central”24. La primera República federal y el poder de los estados El pacto federal en México, convenido en 1824, fue una forma de organización política, administrativa y territorial que acompañó la creación de la República Mexicana, con un campo de acción constitucional

21. Benson, 1994: 114. 22. Benson, 1994: 190. 23. Según Marcello Carmagnani, 1994: 39, “Por auto administrarse debe entenderse la capacidad de los diferentes grupos de interés existentes a nivel local y provincial para encontrar los mecanismos que eviten el desorden en el gobierno, la justicia, la policía y las finanzas”. 24. Guerra, 1988, I: 42 y 45.

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propio y con la interrelación de dos niveles de gobierno (federal y estatal). La característica distintiva del sistema federal fue que cada uno de sus niveles tenía una porción de soberanía, es decir, que tenía la posibilidad de mantener y salvaguardar un interés propio. La cuestión vital del primer federalismo mexicano (1824-1835) fue la integración de esos niveles bajo una misma estructura política, con el objetivo de integrar la nación mexicana. Sus áreas operativas de gobierno fueron la base para la distribución del poder. En sus orígenes legales y en el pensamiento de los diputados constituyentes, el federalismo se concibió como una relación extrema entre federación y entidades federativas; estas tenían la facultad de organizar y administrar su gobierno interior con autonomía, por lo cual quedaban los ayuntamientos supeditados legalmente a su esfera. El ideal de federación mexicana se alimentó con los principios de unificación y de libertad nacional propios del pensamiento liberal aprendido en las Cortes de Cádiz y de Madrid. Ideales políticos que perduraron por varias décadas del siglo xix. El congreso constituyente de 1823-1824 confirió al gobierno de la federación una mínima base de poder a través de la Constitución, necesaria para mantener una incipiente unidad política y económica de México; para lograr la seguridad nacional frente a las naciones extranjeras salvaguardando sus fronteras y para resolver los conflictos existentes entre los estados federados. El resto de las atribuciones quedó en manos de los estados, para ser ejercidas dentro de su territorio. El principio del sistema federal fue la alianza y el pacto entre los estados, que se encontraban en proceso de formación. Ante el regionalismo imperante en el país, el establecimiento del federalismo era la opción adecuada para proponer la unidad nacional; de esta manera cada estado tuvo un desarrollo diferente. El primer intento legal para instituir el régimen federal lo constituyó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, del 31 de enero de 1824, que pretendía estructurar el país sobre la base de la división de poderes y la adscripción al sistema federal. Con el fin de evitar el abuso y la concentración del poder, el federalismo y la división de poderes se implementaron constitucionalmente; aunque hubo un dominio político del legislativo. El Acta Constitutiva exponía “La nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato llamado an-

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tes Nueva España, en el que se decía capitanía general de Yucatán, y en el de las comandancias generales de provincias internas de Oriente y Occidente”; y en el quinto “La nación adopta para su gobierno la forma de República representativa popular federal”25. La nación se concebía como la delimitación de su territorio, reconociendo que la nación existía antes de la conformación de los estados26. Por ello, era importante precisar los estados que constituirían la república, cuya territorialidad era similar a la de las provincias en el imperio de Iturbide27. Se prescribía como tema esencial de la república federal la soberanía, que residía en el conjunto de la nación. Sus partes integrantes eran los estados, a quienes se les concedió independencia, libertad y soberanía “exclusivamente” en su administración y gobierno interior; se impuso la posición intermedia de los federalistas, la soberanía no residía esencialmente en la nación, ni tampoco que la soberanía correspondía a cada uno de los estados. Se aprobó la doble soberanía, que provocó diferentes interpretaciones de los gobernantes en los niveles de gobierno28. El principio federal de gobierno daba cabida a diferentes actores sociales: insurgentes, milicia civil, jefes militares que se convirtieron en caudillos (Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Juan Álvarez), líderes de la masonería, clero, comerciantes y hacendados; que influyeron directamente en los diferentes niveles del gobierno e indirectamente

25. Tena, 1998: 154. 26. Frasquet, 2010: 358. 27. Se establecía en el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana de 1824: “Artículo 7º.- Los estados de la federación son por ahora los siguientes: el de Guanajuato; el interno de Occidente, compuesto de las provincias Sonora y Sinaloa; el interno de Oriente, compuesto de las provincias Coahuila, Nuevo-León y los Tejas; el interno del Norte, compuesto de las provincias Chihuahua, Durango, y Nuevo México; el de México; el de Michoacán; el de Oajaca; el de Puebla de los Ángeles (el de Tlaxcala); el de Querétaro; el de San Luis Potosí; el Nuevo Santander que se llamará de las Tamaulipas; el de Tabasco; el de Veracruz; el de Xalisco; el de Yucatán; el de los Zacatecas. Las Californias y el partido de Colima (sin el pueblo de Tonila, que seguirá unido a Xalisco) serán por ahora territorios de la federación, sujetos inmediatamente a los supremos poderes de ella. Los partidos y pueblos que componían la provincia del Istmo de Huazacoalco, volverán a las que antes han pertenecido. La Laguna de Términos corresponderá al Estado de Yucatán” (Tena, 1998: 154-155). 28. Sordo, 2003: 133.

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como grupos de oposición. Los guardianes del destino nacional, los militares, anularon la credibilidad y legalidad en el proceso de representación con sus medidas anticonstitucionales que desconocían las autoridades legalmente elegidas durante la década federalista; se apoyaron en hacendados, ayuntamientos, prefectos, subprefectos y otros actores sociales, para proclamar planes políticos alterando la paz pública. Los acuerdos de unidad política federal que los diputados de las entidades federativas acordaron en el Congreso de la Unión, en 1824, se pasaron por alto en varias ocasiones, entre 1824 y 1835. Se hicieron alianzas que se expresaron en pronunciamientos y levantamientos sociales, que constantemente revirtieron el gobierno constitucional29. La Constitución federal de 1824 representó un compromiso entre el centro y los estados. Cada uno afrontó de manera específica la relación con la federación y la organización de su política interna. El acontecer de cada entidad federativa dependió de su posición geográfica, del poder que conservaban los antiguos caudillos insurgentes, de la tendencia política de las autoridades que encabezaban los poderes estatales (centralistas o federalistas), de la aplicación de las disposiciones liberales que se habían dado con la Constitución de Cádiz de 1812, de la cantidad de población y de las condiciones de sus finanzas públicas. La Constitución abrió la brecha para la construcción de una federación, con poderes generales con escasas competencias y con limitada capacidad de ejercicio; favoreciendo la fuerza de las entidades federativas30. A partir de la constitución federal, fueron promulgándose las constituciones estatales entre 1825 (entre las primeras la de Jalisco, Zacatecas y Oaxaca) y 1827 (las últimas las del estado de México y Coahuila y Texas). Cada entidad reorganizó su espacio político, fortaleciendo los intereses de los grupos internos, incrementando la tensión existente entre los poderes federales y estatales. Hubo matices entre la posición política y económica que tomaron los estados: los del centro del país (estado de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Michoacán) defendían su “descentralización”, algunos se asumían como “confederalistas moderados” (Zacatecas, Coahuila, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Nuevo 29. Salinas, 2014: 11-12. 30. Carmagnani, 1993: 136.

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León), y los menos como “conferedaristas radicales” (Yucatán, Sonora, Baja California y Tamaulipas)31. El gobierno federal trató de imponer la autoridad desde la federación a todo el territorio del país; pero no fue posible por los constantes pronunciamientos de facciones políticas y militares desatadas y el poder interno de los estados, particularmente en la organización de sus finanzas públicas32. Con la instauración del sistema federal en 1824, las finanzas públicas tuvieron un cambio notable, ya que se creó la hacienda pública del gobierno federal y la de cada entidad federativa, facultadas para administrar, usufructuar, eliminar y crear nuevos impuestos. Se estipuló que la federación percibiera el contingente fiscal de los estados, que era el pago que debía pagar cada estado para el mantenimiento de la federación, los derechos de exportación e importación, la acuñación de monedas, el monopolio de la sal, el derecho sobre los bienes nacionales, y la producción, venta y distribución del tabaco en rama. Los estados se encargaban de recaudar las alcabalas, los derechos sobre el oro y la plata, las contribuciones directas, los impuestos sobre el pulque y las peleas de gallos, 2/9 de los diezmos, y la manufactura del tabaco y la venta de cigarros y puros. El contingente fiscal y la renta del tabaco provocaron desavenencias entre la federación y los estados33. De acuerdo con Serrano: “las legislaturas de los estados consideraron como un elemento básico en la defensa de sus ‘libertades’ y en la ampliación de la base fiscal de las tesorerías estatales la fracción del estanco del tabaco que les había asignado la ley de agosto de 1824”34. Esta organización fiscal provocó que los estados la interpretaran como una confederación fiscal; ya que el gobierno nacional dependía de las contribuciones de los estados y no de las de los ciudadanos35. De acuerdo con Serrano: A raíz de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, se desarrolló la tensión entre un gobierno nacional en proceso de organización que intentaba ampliar su base de poder militar y político-administrativo

31. 32. 33. 34. 35.

Vázquez, 1993: 27. Hamnett, 1994: 99. Serrano, 2012: 135-136. Serrano, 2012: 137. Vázquez, 2012: 39.

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a todo el territorio nacional a través de un aumento sustancial de sus ingresos fiscales, y las oligarquías regionales que, a través de los gobiernos y legislaturas estatales, demandaban recaudar la mayor cantidad de impuestos y tasas generadas en sus regiones con el fin de mantener y fortificar su autonomía política y militar36.

Además de los asuntos de hacienda, hubo varias causas por las cuales se enfrentaron los estados y la federación: una de ellas fue la existencia de las comandancias militares, como parte del ejército federal en los estados, porque ejercían su poder en las localidades en nombre de los intereses de la federación y requerían su financiamiento. En contraposición se encontraba la milicia cívica a cargo de los gobernadores para la defensa del territorio por parte de los ciudadanos, destacando la del estado de Zacatecas37. Otras temáticas esenciales para el funcionamiento del federalismo que provocaron oposición de los estados, porque afectaban su soberanía, fueron: la creación del Distrito Federal con territorio del estado de México; las facultades extraordinarias al poder ejecutivo cuando se presentaron levantamientos militares y cuando hubo amenazas de ataque de tropas españolas en el Golfo de México (1824, 1826, 1832); la extinción de las logias masónicas; la anulación de las elecciones de legislaturas estatales con la justificación de fraude electoral (estado de México y Durango en 1827); conflicto de intereses entre las élites estatales y las nacionales, los diferentes proyectos de expulsión de españoles tomando la delantera las legislaturas estatales con el disgusto del Congreso nacional que se atribuía esa prerrogativa38. A pesar de la debilidad de la unidad política nacional frente a la autonomía de los estados, se estaba dando en el país un proceso de institucionalización inspirado en la ideología liberal. Se atendía la necesidad de tener una ley fundamental, a nivel nacional, acorde con la forma de gobierno federal, el rechazo de un sistema de gobierno autoritario considerando la división de poderes, la aceptación de la representatividad popular por medio del proceso electoral39. 36. 37. 38. 39.

Serrano, 1998: 203. Vázquez, 2012: 19-20. Sordo, 2012: 84-95. Sordo, 1994; 138-189.

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Las bases del federalismo se atropellaron con la primera sucesión presidencial. A partir de 1828, se presentó un gobierno ilegítimo con el presidente Vicente Guerrero; con ello se agudizó la división política, se multiplicaron los pronunciamientos, y se fue desprestigiando el sistema federal, porque pasaba por alto la soberanía de los estados; ya que el Congreso federal descalificó la decisión de las legislaturas locales que habían elegido al general Gómez Pedraza como presidente, poniendo en su lugar a Guerrero40. Se sumaron otros hechos que influyeron en la caída de la primera república federal. En 1833, las reformas de un federalismo radical en el poder, unas impuestas en la federación y otras en cada entidad federativa, crearon descontento de los grupos moderados y de los conservadores; al igual que la inconformidad provocada por la independencia de Texas41. La situación de la República federal fue insostenible; al grado que los grupos federalistas moderados y los de tendencia centralista propiciaron el cambio de sistema de gobierno a la República central. En 1834, el presidente Antonio López de Santa Anna disolvió el Congreso federal que había hecho las reformas de los federalistas radicales, justificando que se instalaría otro; el cual en octubre de 1835 hizo el cambio al régimen centralista42. Ante la disolución del Congreso, varios estados mostraron su oposición: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Yucatán, Jalisco y Chiapas; Zacatecas y Durango se quedaron a la expectativa. Todos ellos estaban a favor del federalismo y contra el gobierno nacional que buscaba el cambio de gobierno; en contraposición estaban otros estados, como el de México, con clara 40. Sordo, 2012: 100-101. 41. El programa de gobierno del vice presidente Valentín Gómez Farías comprendía los siguientes cambios de un liberalismo radical: “1) libertad de opinión de imprenta; 2) abolición de los privilegios del clero y de la milicia; 3) supresión de las órdenes monásticas; 4) reconocimiento, clasificación y consolidación de la deuda pública; 5) medidas para hacer cesar y reparar la bancarrota de la propiedad territorial; 6) destruir el monopolio del clero en la educación; 7) abolir la pena capital; y 8) crear colonias para garantizar la integridad territorial” (Sordo, 2012: 123). 42. Antonio López de Santa Anna fue nombrado para ocupar la presidencia de la República siete veces: la primera de 1833 a 1835 durante el cambio de federalismo a centralismo, la segunda en 1839 como presidente interino en la República centralista, la tercera entre 1841-1842, también durante el centralismo, la cuarta en 1843 y la quinta en 1844, ambas en la época centralista, la sexta entre 1846-1847, al renovarse el federalismo, y la última entre 1853 y 1855 en el último periodo centralista.

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tendencia al centralismo, que había sido la cuna del Plan de Cuernavaca, que desencadenó el descontento por las reformas liberales. A partir de publicarse este Plan, los ayuntamientos de algunos estados tuvieron un papel activo en favor del cambio de gobierno; principalmente los del estado de México, y en menor medida en los estados de Michoacán, Puebla, Tamaulipas43. El centralismo fue una realidad al finalizar 1835, con una nueva organización político-territorial orientada a la centralización de los poderes estatales, bajo el mismo interés nacional44. Objetivo similar al de los federalistas cuando llegaron al poder en 1824, pero los centralistas planearon cambios en la distribución del poder y en la participación de los ciudadanos en los procesos electorales de diputados en el Congreso nacional y en los vocales en los departamentos. La disolución de las entidades federales para ser sustituidas por departamentos tenía la pretensión de restar la fuerza de los estados, que habían mostrado durante el federalismo. El centralismo se convirtió en un atentado a las autonomías estatales y municipales45. El atentado se hizo particularmente disminuyendo el número de ayuntamientos en el país46, teniendo como modelo los existentes antes de la Constitución de Cádiz, y articulando el poder ejecutivo central con las funciones y atribuciones de los gobernadores de los departamentos; ya que éstos eran nombrados por aquél y sus actos administrativos estaban supervisados por el presidente. Las divisiones territoriales (antes estados) se denominaron departamentos, a los cuales se pretendió uniformar legalmente, porque eran conformados más por una necesidad administrativa, que por una estructuración político-social. Las repúblicas centralistas y la dinámica de los departamentos Después de una serie de revueltas promovidas por los militares y respaldada por las autoridades civiles (prefectos, subprefectos, ayunta-

43. 44. 45. 46.

Sordo, 1993: 180. Sordo, 1993: 67 y 95. Carmagnani, 1993: 138. Los ayuntamientos que principalmente conservaron los centralistas fueron los que se situaban en las ciudades capitales (México, Puebla y Guadalajara), ciudades medias (Salamanca, Querétaro y Acapulco) y en villas (Xalapa, Atlixco y De los Valles).

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mientos), aquellos que favorecían una república centralizadora tomaron el control del gobierno en 1835. El gobierno centralista (1835-1846) propuso la creación de un sistema de gobierno con eficacia en la administración, expansión de funcionarios, control de la hacienda pública y deterioro de la autonomía de las entidades federativas; con el fin de facilitar el predominio de la voluntad o interés del grupo gobernante situado en la cúpula del poder, desde donde quiso implantar su proyecto de nación, sobre los variados intereses (particularmente los de los federalistas radicales) y las contrastantes voluntades de las localidades. En este sistema, los poderes estatales y municipales tenían que renunciar a su autonomía fomentada en la década anterior, en favor de una autoridad común localizada en un organismo central, de donde emanaban las políticas a seguir en toda la pirámide del gobierno. En diciembre de 1835 se expidieron las Bases Constitucionales, que establecían que la nación mexicana era “una, soberana e independiente”, con un sistema gubernativo republicano, representativo y popular. Los representantes de la nación residían en el congreso47. La primera constitución centralista (diciembre de 1836), conocida como las “Siete Leyes”, fue un proyecto político liberal centralizador, con el objetivo de evitar los problemas que tuvo el país durante el federalismo para consolidar una nación; su cuidada propuesta de administración dejó huella en los siguientes gobiernos con tendencia al centralismo mexicano. Impuso el voto censitario (los ciudadanos debían tener 100 pesos de capital anual producto de su trabajo o bienes), por primera vez se expusieron en una constitución algunos derechos de los ciudadanos, la reducción de ayuntamientos sustituidos por numeroso grupo de jueces de paz, mantuvo la división de poderes (aumentando el Supremo Poder Conservador), conservó la representación popular limitada al ingreso económico y a la propiedad, y posibilitó un “espacio de autonomía administrativa y hasta política de los departamentos”48. A pesar de las restricciones que tuvieron los departamentos, hubo regiones que solicitaron al Congreso la autorización para erigirse en departamento, para obtener autonomía del departamento al que pertenecían; como lo hizo Acapulco, para segregarse de los departamentos 47. Tena, 1998: 203. 48. Vázquez, 1998: 315.

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de México, Puebla y Michoacán; solicitud que fue el antecedente para que se autorizara Guerrero como entidad federativa. El gobierno se propuso centralizar la autoridad bajo un gobierno unitario; su dominio político estuvo fincado en el supremo poder conservador (por encima de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial había un poder conservador); con principios liberales impuso límites sobre quienes podían votar, pero manteniendo la participación de ciudadanos (aquellas personas con recursos económicos) en la elección de vocales para las juntas departamentales, de los diputados del Congreso central y de los pocos ayuntamientos que quedaron; reorganizó territorialmente el país, eliminando los estados, y reemplazándolos por departamentos, quedando estos divididos en distritos y partidos, que comprendían un pequeño número de municipalidades y gran cantidad de juzgados de paz. Desde el inicio, el gobierno central estuvo endeudado con acreedores nacionales y extranjeros, y se tuvo que enfrentar a frecuentes revueltas sociales en defensa del mayor cobro de contribuciones. Los congresos centralistas intentaron sistematizar la hacienda pública, encontrando oposición de diferentes grupos sociales (agiotistas, comerciantes, hacendados). El gobierno centralista sobrevivió en medio de un trastorno administrativo, del desequilibrio en la hacienda pública, de los conflictos con otros, de las asonadas internas, del movimiento separatista de Yucatán (1839-1843) y del papel escabroso y confuso que desempeñó el general Antonio López de Santa Anna, quien al frente de la presidencia de la República oscilaba entre el centralismo, el federalismo y la dictadura. Con todo ello, persistió el intento de centralizar el país casi once años, aunque fracasaron sus objetivos primordiales: disminuir los gastos administrativos, equilibrar la hacienda pública y crear la unidad política del país. Las pugnas externas que enfrentó México fueron principalmente dos: a) la expedición a Texas para evitar su anexión a Estados Unidos, que fue el antecedente de la violenta guerra con ese país de Norteamérica, cuyo ejército, en enero de 1846, invadía el norte del país; y b) el bloqueo del Golfo de México por el ejército francés, en abril de 1838, quien exigía a México una indemnización por los perjuicios ocasionados a los franceses radicados en territorio mexicano, durante las anteriores luchas civiles.

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El centralismo no logró controlar el regionalismo, como era su objetivo. Se siguieron creando nuevas tensiones entre el gobierno del centro y los departamentos; entre ellas, Texas era independiente; Yucatán, Sonora y California permanecieron separados; y los departamentos más lejanos del centro, apoyados en las élites locales, consiguieron que las relaciones con el gobierno central fueran débiles, enfrentándose a los comandantes generales o atrayéndolos a las causas locales. Los gobernadores, eran nombrados por el presidente, para responder a los intereses del centro; sin embargo, aquellos con ideas federalistas, como el de Durango, optaron por tener una actitud mediadora49. A pesar del proyecto unitario, la debilidad del gobierno federal se mantuvo durante las repúblicas centralistas; debido a que no logró fortalecer su hacienda pública ni profesionalizar el ejército. Los comisarios del centro controlaban los presupuestos de los departamentos, pero tuvieron problemas para los pagos del ejército, aunque sus gastos disminuyeron respecto al gobierno federal. En cuanto, a la profesionalización del ejército no se alcanzó por la resistencia de los departamentos de proveerle reemplazos. Así también, no se podían cubrir los servicios departamentales, porque la importante deuda interna se incrementó. Como en varios departamentos coincidió el cargo de gobernador con el de comisario general se aliaron con las élites de los departamentos quienes influyeron en las decisiones en favor de los interese locales50. Otro aspecto que impidió la centralización del poder de los departamentos fue la dinámica creciente en el nivel local, al permitirse la existencia de algunos ayuntamientos y de abundantes jueces de paz se mantuvo una actividad constante entre pueblos y autoridades, principalmente con los jueces. Estos no eran elegidos, pero tuvieron la posibilidad de tener representación local frente a las autoridades departamentales. Su legitimidad dependió de su identificación con los problemas de la sociedad. Dinámica que no se pudo centralizar51. En 1841, se aceleró la desintegración del centralismo de las Siete Leyes; la desintegración obedecía al enfrentamiento entre poderes nacionales y departamentales, a las asonadas federalistas, a la debilidad

49. Vázquez, 1993: 42-47. 50. Vázquez, 1993: 41-46. 51. Salinas, 2001: 243.

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del gobierno del presidente Anastasio Bustamante, y a la perdida de la campaña para recuperar Texas. Los federalistas se manifestaron en dos niveles: en los congresos centralistas (moderados) y en pronunciamientos militares (radicales y moderados), que intentaban llegar al poder. Hubo movilizaciones en los departamentos del norte del país (Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora), del occidente (Jalisco y Aguascalientes) y del centro-norte (San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, México y Puebla), motivados por el restablecimiento de la Constitución federal de 1824 y en defensa de la autonomía ejercida entre 1820 y 183352. Estos sucesos derivaron en que el Poder Conservador autorizara la consulta en los departamentos para llevar a cabo reformas en las Siete Leyes. Las instancias departamentales elaboraron propuestas, entre 1840 y 1841; en las cuales favorecían los derechos liberales de propiedad, de petición, de imprenta; pero con mayor impulso proponían la autonomía de los departamentos. Por ejemplo, la junta departamental de Guanajuato expuso: “se advirtió el empeño de encadenar imprudentemente a los Departamentos al centro del poder como si para destruir el sistema federal hubiera sido necesario hacerlos pasar al extremo opuesto de abatimiento y abyección y despojarlos de una autonomía natural”53. Con estos documentos se buscaba que el enfrentamiento entre el gobierno central y los intereses departamentales no fuera una ruptura, sino una formulación de un nuevo proyecto viable para ambas instancias de poder. Los federalistas moderados, desde 1839, impulsaron el cambio del gobierno centralista; unos proponían una monarquía, otros se inclinaban por reformas al centralismo, unos más por una dictadura. Esta última se estableció entre octubre de 1841 y junio de 1843, ante los problemas hacendarios y de inestabilidad política de la República. Se reunió un congreso constituyente en 1842, que tenía una mayoría federalista moderada y realizó una versión de una nueva ley fundamental acorde a sus principios; lo que provocó que el ejecutivo central disolviera el Congreso; quedando en su lugar una junta de notables que redactó las bases orgánicas, en 1843, como ley fundamental que constituyó la segunda República central. Establecía 52. Carmagnani, 1993:138. 53. Planes de la Nación, 1987, 3: 203.

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diferencia con respecto a la representación de la nación, estableciendo que “la suma de todo el poder público reside esencialmente en la nación y se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”; por supuesto tampoco contemplaba ni libertad, ni independencia, ni soberanía a los departamentos que la integraban54. Esta nueva ley concedió mayor representación y concedió mayor descentralización administrativa a los departamentos, aunque el gobierno central mantuvo el control de las rentas55. La descentralización consistía en que los departamentos podían decidir sobre su organización interna: municipios, educación, caminos y empleados; sus gobernadores y asambleas resolvieron problemas administrativos y políticos locales. La segunda República centralista tampoco logró el equilibrio de la hacienda pública, que le permitiera la defensa del país, cuando Texas se había anexado al territorio de Estados Unidos y cuando era evidente la ambición territorial del país vecino, cuyo ejército avanzaba hacia territorio mexicano. Considerando que habría que fortalecer la hacienda y el ejército, se pronunció en diciembre de 1845 el Ejército de Reserva en San Luis Potosí proclamando al general Mariano Paredes y Arrillaga como su caudillo, desconociendo las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo nacionales. Por este movimiento militar llegó a la presidencia Paredes, gobernando el país de manera dictatorial por algunos meses, sin el reconocimiento de las asambleas departamentales. La noticia de las primeras derrotas del ejército mexicano ante el ejército estadounidense y la declaración de la guerra del presidente de Estados Unidos James Polk, en mayo de 1846, provocaron, que se agudizaran las propuestas de cambio de gobierno. En cuanto el presidente Paredes se dirigió a encabezar la defensa del país, fue hecho prisionero, al tiempo que la guarnición de La Ciudadela se pronunció por el federalismo. Se adhirieron a este pronunciamiento numerosos grupos de militares y autoridades civiles de los departamentos; entre ellos, el de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, se unieron ayuntamientos, prefectos y militares en favor del federalismo y contra el gobierno central. 54. Tena, 1998: 406. 55. Vázquez, 1998: 326.

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El restablecimiento del federalismo y la fuerza de los estados en medio de la guerra La guerra contra Estados Unidos de América fue la mayor crisis en nuestro país desde el movimiento de Independencia. La subsiguiente derrota no se podría explicar solamente por la invasión del ejército estadounidense del territorio mexicano, que obedecía a la ambición territorial de su presidente, que confiaba en que tenía un ejército profesional, con armas y artillería modernas y con una economía dinámica. En cambio, el ejército de México luchó durante 17 meses con voluntarios y grupos de guerrillas, con armas obsoletas, con un gobierno en transición (de una república central a una federal), desunión de la población, pugnas entre los grupos federalistas moderados y radicales y centralistas, y una fragmentación de poder entre los estados. La restauración de la Constitución federal de 1824 se hizo en plena guerra, lo que obstaculizó la defensa, porque los estados se centraron en la defensa de su territorio y se negaron a colaborar con el gobierno nacional. Mientras el ejército estadounidense ocupaba el norte del país y el ejército mexicano se encontraba desarticulado, los dirigentes políticos se ocupaban de decidir quién debía ejercer el poder ejecutivo nacional y el de los estados, y qué facción política debía prevalecer, si la de los federalistas radicales o la de los moderados56. El Congreso nacional se convirtió en “el instrumento de cambio” para las facciones políticas, ya que tenía la tarea primordial de elaborar otra Constitución y enfrentar la guerra, por lo cual se puso especial atención en la elección de los diputados basada en la convocatoria de agosto de 184657. Se abandonó la idea de redactar una nueva Constitución y las modificaciones a la Constitución de 1824 se dieron en mayo de 1847. Mariano Otero presentó su voto en el Congreso de la Unión llamado Acta de Reforma, que incluía cambios producto de la experiencia de 23 años de República, pero principalmente de la federal, con la finalidad de estar “patentes los puntos de mejora que demandan la seguridad y progreso de nuestras instituciones”; en el momento en el que México requería con urgencia del establecimiento de un orden constitucional, para enfrentar al enemigo que ocupaba la mitad 56. Sordo, 1997: 71. 57. Sordo, 1997: 55.

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del territorio nacional, se requería, según Otero, de una organización política que uniera todos los elementos de poder, porque “se notan tendencias de desunión muy alarmantes”58. Otero propuso establecer como prioridad de la federación (no de las entidades federativas) garantizar los derechos individuales; ampliar los derechos políticos de los ciudadanos; precisar la importancia del Senado para mantener las instituciones de la República federal, como principal institución; suprimir la vicepresidencia para fortalecer el ejecutivo federal, como única medida para este objetivo que fue insuficiente; mencionar la importancia del sistema electoral para avalar la representatividad dentro de la República; y señalar con energía que los estados no podían abusar de su soberanía rompiendo con el pacto federal, desconociendo o usurpando sus facultades. Sobre este último punto advirtió: “Con tales principios, la federación es irrealizable, es absurdo, y por eso los que la hemos sostenido constantemente, los que vemos cifradas en ella las esperanzas de nuestro país, levantamos la voz para advertir el peligro”59. El Acta de Reforma no logró su objetivo, que era suministrar estabilidad al gobierno federal y al Congreso de la Unión y con ello fortalecer la endeble nación. Lo que sí logró fue que “no desapareció el gobierno y se pudo reunir uno, al menos con visos de legalidad”60. Mientras la guerra no afectaba y amenazaba el territorio de los estados, no actuaban en la defensa nacional, ocupándose solamente de su política interior y guardando sus recursos para cuando fueran afectados. Al no recibir apoyo económico de la federación (porque el país estaba en bancarrota) ni del improvisado ejército federal, “los estados se sintieron abandonados”; además “los gobiernos estatales trataron celosamente de recuperar toda la su autonomía que habían logrado con la Constitución de 1824”61. La posición que tomó cada estado dependió de la interpretación que tuvieran sus gobernantes y sus grupos dominantes del federalismo en su segunda etapa, de los problemas internos a los que se enfrentaban, de las limitaciones gubernativas que tuvieron durante el centra58. 59. 60. 61.

Tena, 1998: 443-444. Tena, 1998: 463. Sordo, 1997: 88. Vázquez, 1997: 14.

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lismo y de los conflictos para lograr la recaudación de contribuciones y para cubrir sus gastos internos. Un rápido recorrido por las entidades federativas permite ver sus problemas internos en tiempo de la guerra. En los estados del norte, como Chihuahua, Coahuila y Durango se ocupaban de las constantes incursiones que hacían los grupos de indios nómadas y la incapacidad de los oficiales para enfrentar al enemigo porque estaban acostumbrados a enfrentar a esos grupos de indios. La preparación interna de capital humano y económico ocupó a la mayoría de los estados, particularmente a los que sufrieron ocupación de tropas estadounidenses y enfrentamientos entre ejércitos, como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, México, Sonora, Puebla, Zacatecas. Otro problema de gran parte de los estados fueron las pugnas entre facciones políticas entre federalistas moderados y radicales, destacando México, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas. La generalización de crisis en la hacienda pública estatal se presentó en todas las entidades, declarándose en bancarrota Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Veracruz; como una alternativa se presentó cierto auge en la economía de contrabando en Tamaulipas, Coahuila y Sonora. También se presentaron dentro del territorio de algunos estados rebeliones internas, como en San Luis Potosí la de Sierra Gorda, en el estado de México la del cacique Juan Álvarez; en Oaxaca resistencia civil por contribuciones, tierras y salinas; y en el norte de Veracruz por defensa de tierras. El estado que destacó por su posición neutral y su explícito apoyo a la ocupación estadunidense fue Yucatán, que se encontraba en conflicto abierto con el gobierno nacional62. El poco apoyo de los recursos económicos y humanos de las entidades federativas no fue suficiente para impedir que el ejército extranjero ocupara la ciudad de México, el 15 de septiembre de 1847, saliendo el gobierno nacional rumbo a Querétaro63. El fin de la guerra se estableció con el tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firmó en febrero de 1848, siendo aprobado por los congresos de los dos países, en el cual se estipuló la pérdida de la mitad del territorio nacional. Esta calamidad causó la depresión del “ánimo nacional”; pero no logró unir las diversas facciones de los grupos políticos 62. Vázquez, 1997: 37-43. 63. Vázquez, 1997: 17.

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(conservadores y radicales conspiraron contra los moderados en el poder)64. La guerra con los Estados Unidos propinó tres secuelas a México: una indemnización de 15 millones de pesos, que se gastó en las deudas vencidas, un territorio mutilado, y las reflexiones de los diferentes grupos políticos sobre “la desintegración y desastre del país”65. Federalistas y centralistas coincidían que en México no había nación, y que había que construirla. Era evidente el fracaso del orden centralizador que quisieron imponer los grupos gobernantes desde 1821. La derrota sufrida por México ante los Estados Unidos no logró unir a los mexicanos, ni a la federación. Cada entidad buscó recuperar la estabilidad política interna y sus finanzas; y la federación se propuso recobrar los recursos aduanales y las contribuciones directas, para pagar su deuda interna, así como impulsar el fortalecimiento de los poderes gubernamentales que habían seguido presentes. En las reflexiones finales de los escritores contemporáneos que elaboraron la obra Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, se expone: Las tropas de los Estados Unidos continuaron su retirada, desocupando al cabo de algún tiempo el suelo, teatro de sus victorias y de nuestros desastres. La guerra concluyó, dejando en nuestros corazones un sentimiento de tristeza por los males que nos había ocasionado, y en nuestro ánimo una lección viva de que, cuando se entronizan el desorden, el aspirantismo y la anarquía, se hacen difíciles el día de la prueba, la defensa y la salvación de los pueblos66.

Los grupos políticos no solo reflexionaron sobre la pérdida de su territorio, sino que cuestionaban el tipo de federalismo que se tenía, producto de su devenir histórico, fortaleciendo a los estados, en desventaja de la federación. Sin embargo, tanto aquellos como esta buscaron mantener su legitimidad atendiendo las disposiciones legales y las instituciones políticas. La guerra entre México y los Estados Unidos agudizó la crítica situación de nuestro país, no sólo por la cantidad de recursos económi-

64. Vázquez, 1994: 29-33. 65. Lira, 2003: 389. 66. Alcaraz et al., 1991: 453.

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cos y humanos utilizados para organizar la defensa, sino por el cambio de sistema de gobierno, del centralismo al federalismo, que reavivó la resistencia de los poderes estatales a la autoridad del gobierno federal. El empeño de las entidades federativas para lograr su unificación política interna complicó aún más el panorama bélico. Los estados no quisieron ni pudieron ceder el poder político y económico que empezaban a ejercer sobre su territorio y sus habitantes, después de una restricción durante la República central, lo que generó tensiones y conflictos entre los gobiernos estatal y federal. Los gobernadores y congresos locales estuvieron dispuestos a cooperar en la guerra, a condición de que la federación respetara su autonomía, la cual consistía en aplicar una amplia autogestión en su gobierno interior y en el enfrentamiento con el ejército norteamericano. Querían utilizar sus recursos en la organización de los poderes estatales, en el financiamiento de su Guardia Nacional que defendería su propio territorio, en las soluciones a las demandas municipales y en el control de las sublevaciones locales. El enfrentamiento con el gobierno federal fue constante y con ello se profundizaron los malos entendidos y la falta de un apoyo estatal más decisivo a la federación. Ni el gobierno federal entendió la posición de “soberanía” que pregonaban las autoridades estatales, ni estas se sumaron a la desesperación de las autoridades federales por conservar la integridad del territorio nacional. Las autoridades federales no consideraron graves los problemas internos que se desarrollaron en los estados, considerando la invasión extranjera. En tiempos de paz los hubieran valorado (como lo hicieron en momentos posteriores) de manera diferente; pero ante la bota norteamericana sobre el país, los veían como conflictos menores que se podían postergar. El sistema político establecido con la segunda República federal, estuvo lejos de tener las relaciones políticas de respeto y consolidación de los dos niveles de poder, que Otero pretendía implantar en su Acta de Reformas. Dentro del proceso hacia la construcción del federalismo, era comprensible la actitud de los estados, que se defendieron de las peticiones de ayuda de la federación, por considerar que agredían su soberanía. Todavía no estaban integrados al proyecto nacional, puesto que estaban tratando de tener el control de la política y de la administración interiores; y después vendría la etapa de ceder parte de su soberanía en favor de la federación.

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No se pudo dar la defensa adecuada del país, porque no se había alcanzado el justo equilibrio entre federación y estados. No se había alcanzado una centralización del poder irradiado desde los poderes federales. El ataque del país vecino no fue hacia la nación mexicana, se hizo ante un conjunto de territorios político-administrativos que estaban luchando por consolidarse como entidades federativas, por organizar su política interna y por solucionar sus diversos problemas. Esta fuerza de los estados fue la que mantuvo la nación, que estuvo a punto de fracturarse; sin un poder centralizador, quedaron los poderes de los estados, que mantuvieron sus instituciones políticas. Permanecieron los poderes estatales, y cuando resultaron afectados por la guerra, tomaron la responsabilidad política y social los ayuntamientos de capitales ocupadas. Comentarios finales La existencia de un poder central en las tres primeras décadas del México independiente convivió con varios y diversos poderes provinciales, estatales y departamentales; que pocas veces actuaron conjuntamente porque hubo una pluralidad de intereses económicos, sociales y políticos. Se desarrollaron entre las élites proyectos de nación bajo la monarquía y el republicanismo. Todos se instauraron, con la pretensión de fortalecer la nación política, basándose en tres principios: ser una comunidad soberana, organizar un gobierno propio y conservar la independencia de otras naciones. El rasgo que prevaleció fue la expedición de bases jurídicas liberales que garantizaran la construcción de una nación políticamente unificada. Las diferentes constituciones vigentes, que dieron la estructura jurídica liberal, marcaron instituciones políticas compartidas por los diferentes niveles de gobierno. Las provincias, estados y departamentos no pusieron en discusión la legalidad liberal, sino el poder central que quería extinguir su fuerza e integración política interna, que también estaba en construcción, como la unidad política nacional. Las vicisitudes que tuvo la nación para alcanzar la unidad política, durante la primera mitad del siglo xix, se dieron dentro de un proceso que tuvo continuidad entre las prácticas de centralización del poder, tanto de la monarquía moderada ibérica ordenada por la norma gadi-

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tana que estuvo vigente durante el Imperio de Iturbide, como de las repúblicas federal y central. Esas prácticas reivindicaban la división política-territorial del país, en provincias, estados y departamentos; considerándolas más como espacios administrativos que políticos. Sin embargo, conservaron su fuerza de organización política, más en el imperio y en el federalismo que en el centralismo; lo que impidió que se homogeneizaran como órganos administrativos como pretendían los proyectos de nación. Convivían con esos proyectos, presentándose desafíos de gobernabilidad, pero percibían permanencias en el tipo de instituciones políticas a nivel nacional y a nivel de las provincias, estados y departamentos. La nación mexicana nació con diversos problemas provocados por la ruina económicamente ocasionada por las guerras de independencia, por la incapacidad de establecer un sistema fiscal eficaz organizado desde el central con funciones definidas, por tener la incertidumbre de representar o no a los ciudadanos de las provincias, departamentos y estados, y por las pugnas entre los grupos políticos y militares insurgentes que organizaban pronunciamientos contra el gobierno establecido. Siguió así en las dos décadas siguientes, pese a los cambios de gobierno, pero estuvo acompañada, en la mayor parte del tiempo, de continuidad institucional, tanto en el nivel nacional como en el provincial. Para los grupos en el poder fue cuestión obligada tener el respaldo constitucional y buscar mantener sus preceptos. A través de los diferentes sistemas de gobierno y pese a los constantes pronunciamientos político-militares, hubo líneas de unión entre los principios liberales expuestos en la legislación: mantener la división de poderes, la participación ciudadana, la representación política, la defensa del proceso electoral, y la jerarquía de autoridades que realizaban el trabajo administrativo. Desde la consumación de la independencia hasta la finalización de la guerra con los Estados Unidos de América, los gobiernos buscaron mantener articulada una nación que parecía fraccionarse, en varios momentos, entre los poderes provinciales, estatales o departamentales: con la abdicación de Iturbide, las manifestaciones de descontento social y político que ocasionaron las reformas liberales radicales; los cambios político-administrativos durante las Repúblicas centralistas; y la dedicación de las entidades federativas a su política interna dejando la intervención estadounidense en segundo lugar.

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Fueron momentos que mostraban que el poder central no había logrado imponer su proyecto político de nación, ya fuera con la monarquía o con la república (federalista o centralista). Los legisladores trataron de remediarlo con reformas en la Constitución, como las realizados en 1847; y los grupos opositores, con el cambio de sistema de gobierno. La conformación de la “nación de ciudadanos”, entre 1821 y 1848, se enmarcó en una época complicada, por constantes acontecimientos de pérdidas e inestabilidad. La guerra con Estados Unidos, entre 1846 y 1848, dejó derrotado el poder central de la nación. Pero la guerra demostró que la fuerza política de los estados, en ocasiones motivada por ideas de autonomía y en otras de soberanía, que habían sido alimentadas por su poder como provincias y departamentos, permitió sostener la nación mexicana. Los estados sufrieron daños económicos, escases en sus finanzas y pérdidas humanas, pero en la búsqueda de su defensa territorial y en su empeño de seguir resolviendo los asuntos de sus gobiernos internos preservaron sus instituciones y poder político; con lo cual mantuvieron la frágil estructura de la nación mexicana; mientras los poderes federales se restablecían para volver a insistir en la unidad política nacional. Bibliografía Alcaraz, Ramón et al. 1991. Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unido. Ciudad de México: CONACULTA [facsimilar de primera edición de 1848]. Anrup, Roland y Vicente Oieni. 1999. “Ciudadanía y nación en el proceso de emancipación”. Anales. Nueva Época, n.º 2, 13-44. Göteborg: Instituto Iberoamericano Universidad de Göteborg. Arenal, Jaime del. 2010. Un modo de ser libres. Independencia y Constitución en México (1816-1822). Ciudad de México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Benson, Nettie Lee. 1994. La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano. Ciudad de México: COLMEX/UNAM. Carmagani, Marcello. 1993. “El federalismo liberal mexicano”. En Marcello Carmagnani (coord.), Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, 135-179. Ciudad de México: COLMEX/ Fideicomiso Historia de las Américas/FCE.

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VI La visión sobre la(s) América(s) posindependiente(s) desde España

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Territorialidad y nostalgia imperial en las visiones españolas de Hispanoamérica (1824-1850) Rodrigo Escribano Roca Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile Rebeca Viñuela Pérez Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México

Introducción: memorias de Oaxaca En 1843, un curioso escrito vio la luz en la imprenta madrileña de Don Miguel Burgos. Su título era Apuntes de un viajero o Cartas familiares escritas durante la insurrección del Reino de Méjico. Su autor era Tomás de Comyn, un comerciante de tendencia liberal-moderada que ofrecía a los lectores los apuntes escritos durante su paso por México entre 1811 y 18141. Sus cartas comenzaban cuando había llegado a Acapulco de camino a España en 1811, tras cerrar sus empresas comerciales en Filipinas. Allí se había visto sorprendido por la insurrección levantada tras el Grito de Dolores, tras lo cual había vivido toda una serie de desventuras hasta volver a España2. La diégesis epistolar, que en buena medida constituía un reportaje de guerra con tintes de relato de aventuras, arrojaba valoraciones de gran profundidad, que mostraban el rechazo del escritor, aparentemente equidistante, tanto al sistema tradicional del gobierno virreinal, como a los proyectos del republicanismo mexicano y el constitucionalismo imperial de las Cortes3. Con la publicación, Comyn esperaba incidir en los airados debates sobre la pérdida de los virreinatos americanos que, aún dos décadas 1. 2. 3.

Comyn, 1843: 8-9 Comyn, 1843: 23-24; 30-31. Comyn, 1843: 30-37; 76-77; 201.

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después de consumadas las independencias, proliferaban en la esfera pública de la España liberal4. De hecho, el escritor justificaba la publicación por el interés histórico que pudiera tener la transcripción de sus observaciones, aludiendo al hecho de que estuvieran apareciendo “de continuo” a la luz “memorias” y obras sobre el tema “bien acogidas por la generalidad de los lectores”. Esto demostraba el enorme interés que en la España de los años cuarenta suscitaba la historización de la sublevación de las Américas, “una lid al fin funesta a la nación española, los escombros de cuyo arruinado imperio humean, por decirlo así, todavía ante sus ojos”5. Comyn esperaba, así, poder ofrecer a los lectores peninsulares una interpretación personal de las causas de las independencias republicanas de los viejos dominios ultramarinos y también de las consecuencias geopolíticas que estas habían ocasionado para la maltrecha monarquía española. De especial interés eran las apreciaciones respecto a la estructura territorial del virreinato de Nueva España que ofrecían los Apuntes. En concreto, la ideologización a la que Comyn sometía sus representaciones de la territorialidad del viejo imperio se hacía palpable en su descripción de ciertos núcleos urbanos, como la ciudad de Oaxaca. Según la diégesis epistolar del comerciante, el pueblo de Oaxaca había llegado a convertirse, a finales del siglo xviii, en un emporio populoso y próspero. Hermoseada por la combinación ecléctica de arquitecturas cristianas, ruinas indígenas y paisajes selváticos, la localidad se había erigido como el digno epicentro de una provincia en auge económico. En esta periferia aparente, la agricultura, la industria y el comercio, decía Comyn, habían tomado un gran aumento, impulsados por la exportación de cultivos comerciales como la grana, el azúcar y los algodones. Tampoco habían faltado a su cita con los mercados virreinales las manufacturas comarcales, que iban de las célebres mantas tejidas por las trabajadoras femeninas, a los rebozos o la alfarería6. Según la emocionada descripción del viajero, los grandes comerciantes y hacendados sostenidos por esta riqueza vinculaban a la región con los grandes flujos de intercambio que unían a todos los territorios bajo la esfera del poder hispánico. Comyn sentenciaba que aquella provincia liminal, antiguo

4. 5. 6.

Para una visión más amplia de este fenómeno, Escribano Roca, 2019. Comyn, 1843: 14-15. Comyn, 1843: 69.

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dominio de los mixtecas, se había erigido, tras casi trescientos años, como una prueba palpable de las bondades del imperio español y de los increíbles niveles de crecimiento, de interconectividad mercantil, de paz y de mejoramiento social que les aseguraba el reino de Nueva España a sus súbditos, incluso en las áreas apartadas de la corte mexicana7. El mercader evocaba cómo había añorado los “pasados tiempos de paz y prosperidad” de la monarquía imperial cuando había llegado a la Oaxaca decadente y destruida de 1811. Allí decía haber constatado cómo la revolución sanguinaria impulsada por el cura Hidalgo había quebrantado de golpe el progreso socioeconómico y el quietismo político que habían impuesto los virreyes desde los tiempos de Antonio de Mendoza. Comyn describía cómo, en su peligroso periplo desde Acapulco hasta Oaxaca, había podido comprobar el modo en que la guerra civil impulsaba la fuga masiva de capitales hacia Veracruz, vaciaba las arcas municipales, enfrentaba a las autoridades y a las familias y tornaba a los antaño obedientes súbditos indígenas y afrodescendientes en “lobos carniceros y sedientos de la sangre de sus notorios bienhechores”8. La contraposición entre la Oaxaca rica, poblada y progresiva que había imaginado y la Oaxaca ruinosa y presa de la discordia que se había encontrado, servía para expresar la melancolía profunda por la pérdida de los mundos virreinales y, sobre todo, por la fatalidad con que se habían esfumado las promesas que estos territorios guardaban para el futuro de la Monarquía española. Si Comyn decía haber sido presa de ese sentimiento de pérdida en 1811, treinta años después parecía haberse magnificado: ya no solo añoraba el mundo imperial que fue, sino el que podría haber sido si en aquellos años de enfrentamiento civil las instituciones de la monarquía hubieran acertado a preservar su unidad y a introducir reformas que apuntalasen e incrementasen el desarrollo de todas las Oaxacas, Acapulcos y Veracruces que florecían en su seno9. La Oaxaca aparecida en las páginas de sus diarios no era una descripción urbanística carente de implicaciones ideológicas, sino la imagen sintetizadora de una verdadera retrotopía10: la idealización de un imperio dieciochesco 7. 8. 9. 10.

Comyn, 1843: 70-71. Comyn, 1843: 61-62. Comyn, 1843: 394-395. Ha parecido adecuado tomar la conceptualización de Bauman: retrotopía remite a la idealización nostálgica de un escenario pasado. Para más información, Bauman, 2017.

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irremediablemente perdido y, por extensión, de un universo político pretendidamente regido por una monarquía ilustrada, crecientemente mesocrática, librecambista y modernizadora. La nostalgia imperial desplegada por las descripciones territoriales de Comyn nos remite a un fenómeno ideológico más amplio: el impacto decisivo que tuvieron las representaciones de la territorialidad de los antiguos virreinatos en la conciencia imperial de las élites político-intelectuales de la monarquía española, particularmente en el cuarto de siglo que siguió a la consumación de las independencias transatlánticas (1824-1850). Con el accidentado fin de las independencias hispanoamericanas, sancionado tras la derrota de las tropas realistas en la batalla de Ayacucho (1824), la antigua monarquía católica quedó desmembrada en un grupo incipiente de repúblicas americanas y en un Estado español que, si bien quedó sumergido en una inestabilidad política crónica, conservó sus territorios peninsulares y sus dependencias insulares de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Durante el cuarto de siglo que siguió a la pérdida total de los dominios continentales (1824-1850), la monarquía española quedó a merced de la indefinición y la conflictividad de un contexto postrevolucionario que se debatió entre las problemáticas tentativas liberales de construcción de un Estado constitucional y las tozudas permanencias del sistema político-social legado por el Antiguo Régimen. En este contexto, las élites políticas de la monarquía, con independencia de su adscripción absolutista o liberal, se vieron ante el reto de definir cuestiones tan vitales como la extensión de los derechos ciudadanos en la península y en ultramar, las formas de articulación territorial que debían recoger las nuevas constituciones o el papel geopolítico que debía de asumir España tras la dramática pérdida de los virreinatos americanos11. El tránsito problemático de una monarquía planetaria regida según los principios de gobernanza corporativa y policéntrica del Antiguo Régimen a un Estado liberal con colonias12 espoleó una oleada de retrospección imperial. Merced a ella, los actores de las diversas culturas políticas que pugnaban por definir el futuro de la “nación” se afanaron en imponer sus propios marcos explicativos respecto al auge y el declive del imperio español. 11. Burdiel, 2017: 267-296; Pérez Vejo, 2017: 347-401. 12. Fradera, 2005.

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El texto estudiará el modo en que los principales ensayistas, geógrafos, literatos e historiadores del período explicaron la articulación territorial de los antiguos dominios ultramarinos, construyendo lecturas ideologizadas de la geografía política del viejo imperio. Se mostrará cómo las visiones ideológicas del espacio imperial, y de los nodos regionales y locales que lo constituían, fueron instrumentalizadas para legitimar los proyectos territoriales de centralización y excepcionalidad que el colonialismo español sostuvo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas durante las décadas abordadas. Con esta propuesta el texto pretende ofrecer la perspectiva española respecto a los procesos de articulación territorial que habían precedido a las revoluciones atlánticas sus viejos dominios imperiales, demostrando cómo esta tuvo consecuencias de importancia en la consagración de un régimen de gobernanza autoritaria y centralizada en sus dominios antillanos. El capítulo se centrará en los pensadores del arco conservador, ya que fueron estos los que con más insistencia pretendieron convertir la organización territorial del viejo imperio en un paradigma justificativo de sus anhelos centralizadores y monárquicos. Por “arco conservador” se entiende a aquellas culturas políticas que apostaron por la continuidad total o parcial de las tradiciones de gobernanza que habían sostenido a la monarquía española durante el Antiguo Régimen. Ciertamente, dentro de este arco existieron notables diferencias entre los representantes del moderantismo liberal y los sectores abiertamente antiliberales. Los moderados se caracterizaron por tratar de conciliar los principios del constitucionalismo liberal y del gobierno representativo con la acción estabilizadora de un gobierno monárquico fuerte, de una administración centralizada y de la pervivencia de ciertas instancias de poder jurisdiccional y eclesial13. Los sectores antiliberales, los cuales incluyeron a los defensores del absolutismo fernandino, a los carlistas y a los pensadores neocatólicos, se agruparon en torno a una condena al ideario transformador del liberalismo, defendiendo el mantenimiento de la Corona y de la Iglesia como núcleos de un sistema político que debía sostener en lo posible el modelo corporativo que había primado durante los siglos previos14. Más allá 13. Pro, 2016: 19-48; Veiga, 2014: 289-316. 14. Rújula López, 2014: 377-410.

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de las adscripciones ideológicas, la evocación nostálgica del viejo espacio imperial fue un fenómeno transversal en las culturas políticas del arco conservador. La presente reflexión pretende contribuir decisivamente a enriquecer la comprensión del impacto que las emancipaciones hispanoamericanas y las representaciones del pasado imperial tuvieron en la forja de los imaginarios geopolíticos de la España decimonónica. En este sentido, el capítulo pretende ofrecer una alternativa a aquellos trabajos que, en la línea de Michael Costeloe, Caroline Boyd o José Álvarez Junco, han negado la importancia de las Américas en la forja de las modernas identidades nacionales en España, así como el peso de la memoria imperial en los procesos de construcción del Estado colonial decimonónico15. Se pretende hacer una contribución original a los trabajos que, durante los últimos quince años, han defendido la existencia de una verdadera “conciencia imperial” que condicionó los proyectos de nación de las élites decimonónicas. En esta línea han argumentado las obras de David Marcilhacy, Alda Blanco, Christopher Schmidt-Nowara e Isidro Sepúlveda16, a las que se han unido las reflexiones de Joseph Fradera, Jordi Canal, Tomás Pérez Vejo y Albert García Balañá, los cuales han reivindicado la importancia que tuvieron los experiencias políticas transatlánticas (tanto en las colonias remanentes como en las nuevas repúblicas hispanoamericanas) en las visiones de lo global de la España liberal17. Este acervo bibliográfico no ha abordado, sin embargo, la importancia que las memorias del viejo imperio ultramarino de Antiguo Régimen tuvieron en los imaginarios espaciales y las metageografías que orientaron a las élites decimonónicas de España en la reorganización territorial de la monarquía. El capítulo pretende situarse teórico-metodológicamente en el contexto del Spatial Turn, algunos de cuyos representantes han centrado su atención en las dinámicas culturales que presiden los procesos de representación del espacio. Bajo este paradigma se asume, como afirma Robert T. Tally18, que el espacio geográfico tiene un significado 15. Álvarez Junco, 2013; Boyd, 2000; Costeloe, 2011. 16. Blanco, 2012; Marcilhacy, 2016; Schmidt Nowara, 2006; Sepúlveda Muñoz, 2005. 17. Balañà, 2017: 207-237; Canal, 2011: 27-42; Fradera, 2015; Pérez Vejo, 2017: 347-401. 18. Tally, 2013: 17-42.

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social y cultural19. El espacio, entendido un Más que como un contenedor vacío de las acciones humanas, el espacio se constituiría a la par como un resultado y un determinador muy activo de los procesos políticos, ideológicos y sociales20. En este contexto, la representación de las territorialidades imperiales, estatales y regionales en los discursos geográficos, cartográficos y geopolíticos del mundo moderno ha comenzado a constituirse como uno de los centros de interés en estas nuevas historiografías del espacio21. Bajoeste prisma metodológico, se podría afirmar que las representaciones españolas de las antiguas territorialidades imperiales fueron portadoras de determinadas “metageografías” que se dedicaron a significar la articulación de los espacios locales, regionales e imperiales de la monarquía con el fin de construir una mitología imperialista y monarquista. Melancolía y grandeza: las retóricas espaciales del hispanismo La melancolía por la grandeza perdida fue un instrumento simbólico de excepción para lidiar conceptual y emocionalmente con la historicidad acelerada de las revoluciones atlánticas, que en menos de dos décadas (1808-1824) habían privado a la monarquía española de sus grandes dominios en el continente americano22. Este imaginario consensual solo fue contestado por los discursos proindependentistas de pensadores como José María Blanco White o Pedro Méndez de Vigo23. Incluso los liberales progresistas, encabezados por autores como José Vadillo y Agustín de Argüelles, compusieron lamentos por el cisma 19. En línea con la definición de Guntram Herb y David Kaplan, el espacio se entendería como una intersección compleja entre el medio geográfico, las intervenciones tecnológicas realizadas sobre el mismo, las dinámicas político-económicas de poder que configuran su ocupación y el conjunto de categorías identitarias e ideológicas que se articulan a raíz de dichas dinámicas. el ejercicio del poder político-económico y la formación de identificaciones colectivas. Véase Herb y Kaplan, 2017: 10-13. 20. Kistemann y Schweikart, 2017: 1417-1431. 21. Lewis y Wigen, 1997. 22. La historia de las emociones políticas comienza a cobrar mucha importancia en el campo, y recientemente Javier Krauel la ha empleado para acercarse al tema del imperio a finales de siglo. Krauel, 2013. 23. Blanco White, 1824: 521-522; Méndez de Vigo, 1835.

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transatlántico y el quiebre territorial del imperio, lamentando que este no se hubiese metamorfoseado en un Estado representativo de dimensiones globales24. Sin embargo, fueron los sectores conservadores los que cultivaron con mayor encomio las retóricas del decadentismo, comparando desfavorablemente el presente de la monarquía con su pasado secular, y expresando un profundo dolor por la merma del poder y el territorio de la nación imperial. En este sentido, es interesante apuntar la remembranza de la espacialidad imperial en la Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, obra de referencia de la historiografía española publicada en 1835 por uno de los líderes del liberalismo conservador, José María Queipo de Llano, conde de Toreno. El moderado inauguraba su épica del enfrentamiento de España contra Napoleón a partir de 1808 con una evocación emocionada de la condición imperial y transoceánica de la monarquía en el momento de advenimiento del conflicto: “Pero viva aún la memoria de su poderío, apartada al ocaso y en continente Europeo postrera de las tierras, habíase mantenido firme y conservado casi intacto su vasto y desparramado imperio”25. Siete años más tarde, Luis Manuel Rivero, jurista y diputado por los moderados en la década de 1840, llenó el relato de su viaje al México republicano con lamentaciones melancólicas: su tránsito por la antigua Nueva España le demostraba que mexicanos y españoles habitaban “distintos planetas” y que dos décadas de separación habían bastado para que olvidaran su pasado compartido26. El jurista añoraba la mutua dependencia, evocando un México gobernado desde España, con sus inmensos caudales públicos y privados circulando por Europa, Sudamérica, Filipinas y Cuba, y con sus paisajes actuando como “escuela práctica y vastísimo teatro abierto al genio político y administrativo de nuestros hombres públicos; era todo un continente que se ofrecía con sus inmensos recursos al espíritu del trabajo y de la especulación de nuestros hombres de acción; era en fin á nuestros piadosos obispos y celosos misioneros feracísima viña”27. Estos marcos imaginativos, que presentaban los espacios americanos como campo de realización del carácter español, provocaron que 24. 25. 26. 27.

Argüelles, 1835: 358-360; Vadillo, 1836: 40-44. Queipo de Llano, 1835a: 1. Rivero, 1844: 316-317. Rivero, 1844: 2.

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los representantes del hispanismo conservador fuesen muy profusos en el desarrollo de una retórica cuasi-poética de la inmensidad imperial. Sus discursos históricos, ficcionales y geográficos abundaron en las reiteraciones de la “extensión maravillosa” de los viejos dominios españoles en Asia y América. También fueron generosos en la alabanza de su diversidad de climas, ecosistemas, producciones y nichos de mercado28. Los diccionarios y tratados geográficos publicados durante la época conceptualizaron el espacio de la antigua monarquía como un todo ininterrumpido y jerárquico. Atlas como el publicado por una sociedad de literatos barceloneses en 1836, celebraban que el imperio hubiese abarcado desde el reino de Asturias al de Chile y desde los Pirineos a Filipinas29 Mariano Torrente, intelectual orgánico del absolutismo fernandino, había prefigurado ya esta retórica de la grandeza imperial en la Geografía universal que había publicado en 1827. Según esta, los nodos locales de la monarquía habían estado subordinados a una territorialidad organizada según un principio de autoridad vertical, que había situado hábilmente los ejes de intercambio y comunicación en los núcleos político-económicos radicados en Madrid, Sevilla, Barcelona, México, Lima, La Habana y Manila30. La historización del auge y la caída de la monarquía imperial en América se convirtió en un ingrediente esencial para la definición de las geo-visiones globalistas del hispanismo conservador: sus representaciones del espacio planetario estuvieron determinadas por la añoranza del ámbito territorial, comercial y geopolítico que España había ocupado durante tres siglos. Estas ideas también se reproducían en la Historia de la revolución hispanoamericana que Torrente había publicado en 1829 para justificar los planes reconquistadores del absolutismo fernandino. El pensador absolutista afirmaba que el imperio español de las Américas, en caso de reconquistarse y mantenerse, estaba destinado a convertirse en el centro futuro del comercio mundial: como enlace entre el Oriente y el Atlántico, los productos que podía llegar a poner en circulación se equiparaban a los “demás del globo reunidos” y podían llegar a mantener a los habitantes de “toda Europa y Asia”. América debía ser reconocida como “punto central del globo habitado”31. Otro defensor de los imaginarios 28. 29. 30. 31.

Queipo de Llano, 1835b: 423. Sociedad de Literatos, 1836: 728-732. Torrente, 1827: 130-132. Torrente, 1829: 6.

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geopolíticos del absolutismo, el marqués Valle Santoro defendió en un ensayo publicado en 1832 que “ningún imperio desde el romano acá se estendió [sic] sobre tan vastas regiones como las que los españoles descubrieron con su ciencia y osadía”32. Su teoría era que los hispanos habían creado con sus conquistas el primer ámbito genuinamente mundial de circulación de saberes, productos y modelos político-sociales. En estos discursos abundó George Dawson Flinter, un militar irlandés que había quedado integrado en la oficialidad del ejército español tras fidelizarse con la causa realista en la guerra de independencia venezolana, como él mismo lo atestiguó en una historia de la revolución venezolana publicada en 181933. En un panfleto publicado en 1834, Flinter evocaba el “vasto espacio del globo” que había ocupado la monarquía, subrayando el enorme poder naval y militar, y los cuantiosos recursos fiscales que esta extensión implicaba. Un Estado imperial de la envergadura que había tenido la España prerrevolucionaria, decía, no se recordaba en la “historia de los tiempos antiguos y modernos”. Con territorios tan extensos que permanecían inexplorados o despoblados, “el sol nunca escondía sus rayos en los vastos dominios de los Reyes de Castilla”34. Solo el imperio británico contemporáneo era comparable al poderío global que en los siglos precedentes había acumulado España, con sus grandes colonias, sus depósitos mercantiles y su potencia marítima. El irlandés contrastaba el antiguo espacio imperial con la España actual, sin marina, con escasas colonias, sin numerario y “reducida a ocupar un lugar subalterno en la lista de las naciones”35. Flinter defendía que las élites del Estado español contemporáneo debían centrarse en la prospección de formas alternativas de reconstruir la unidad de aquella globalidad hispana ahora fragmentada con las emancipaciones. Sin embargo, no todos mostraban una confianza plena en la capacidad de la política española para regenerar el espacio imperial. Autores como el liberal conservador Ángel de Saavedra y Fajardo, duque de Rivas, lamentaron, desde el romanticismo literario, la desorientación absoluta en que habían quedado las élites dirigentes de la España postrevolucionaria, comparando negativamente el clima de confusión decimonónica con los siglos en que parecía existir entre los habitan32. 33. 34. 35.

Valle Santoro, 1832: 3. Flinter, 1819. Flinter, 1834: 3. Flinter, 1834: 2.

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tes y líderes de todos sus reinos una basa firme de valores morales, religiosos y políticos, y unas expectativas compartidas. En un poema escrito en 1840, Rivas asociaba este ciclo de decadencia a la pérdida de dimensión territorial de la monarquía: Sí, yo la vi... Mi patria revestida De hierro alzóse, y admiró á la tierra, […] Eternos soles de radiante gloria Coronaron la reina de dos mundos. [...] Mas ¡ay! aquella espléndida victoria Solo le dio laureles infecundos. […] En fango sepultóse el nombre augusto De la egregia nacion, hecho girones Su regio manto, y su poder robusto Se perdió en dolorosas convulsiones. Y en ellas ¡ay! en mísera agonía Revuélcase infeliz, despedazada La gloria de la antigua monarquía, Doquier del mar y el sol reverenciada36.

Pero no deben interpretarse las alocuciones melancólicas de Rivas y sus coetáneos como un mero apego desengañado al pasado. Tampoco debe contraponerse el hispanismo conservador al rechazo al futuro o al afán de dominarlo. Más bien, los discursos en torno a la territorialidad imperial del conservadurismo español muestran lo contrario. Los pensadores aludidos se aplicaron con vehemencia al arte de la prospección y la profecía, no tanto por creer en su infalibilidad, sino por considerarla un medio creativo y necesario para trascender la incertidumbre político-social y organizar marcos realizables de regeneración territorial para la monarquía37. Autonomía, igualdad y subordinación colonial: la territorialidad imperial a debate Todo el entramado de referentes metageográficos hasta aquí descrito se puso al servicio de la modulación de la conciencia imperial del

36. Saavedra y Ramírez de Baquedano, 1854: 359-363. 37. Sobre la importancia de la literatura prospectiva en el romanticismo, Bundock, 2016.

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conservadurismo postrevolucionario. Tanto los sectores antiliberales como los moderados instalaron en sus culturas del recuerdo la idea de la monarquía ultramarina fundada por los héroes regios, clericales y civiles de España como un modelo de “buen imperio”. Uno de los elementos que presidió estos discursos fue la representación de la Monarquía como una comunidad global que les había garantizado condiciones de igualdad jurídico-política a los múltiples núcleos territoriales que la componían. Según este juicio, los habitantes de todas la ciudades, comarcas y episcopados del imperio habían contado con un basamento de derechos compartidos por todos los súbditos del mundo hispánico. En un escrito sobre la situación de Puerto Rico publicado en 1832, Flinter subrayó la completa igualdad que se suponía había existido entre los españoles americanos y europeos en la concesión de puestos y mercedes, así como en el disfrute de derechos públicos y privados38. En sus argumentaciones deslegitimadoras de la independencia, Mariano Torrente trató de demostrar el hecho de que los súbditos españoles de los reinos indianos habían contado no solo con el control de las administraciones locales, sino con toda una serie de dignidades a nivel imperial, que iban de la ocupación de la silla virreinal, a puestos en las audiencias, en las administraciones y consejos de la península y en todos los ámbitos eclesiásticos controlados por el patronato regio39. La conclusión lógica de estos pensadores fue que no se podía emplear el neologismo dieciochesco de colonias para designar a los virreinatos y capitanías generales de España. Según José de Presas, un activo escritor y diplomático de tendencias moderadas, el estatus de las “provincias de ultramar” no había respondido nunca a la definición anglosajona de una ‘colonia’, entendida como la dependencia políticamente subordinada a una metrópoli interesada en extraer recursos comerciales y fiscales. La vinculación, por el contrario, había sido una de completa igualdad entre los reinos de ambos hemisferios40. Valle Santoro se afirmaría en esta teoría con contundencia: “nosotros no miramos aquellas regiones como colonias, sino como partes integrantes de la monarquía, y por consiguiente establecimos en ellas la misma

38. Flinter, 1832: 102. 39. Torrente, 1829: 72-74. 40. Presas, 1828: 16.

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organización y autoridades que en el resto del reino”41. La forma de integrar a los territorios indianos había sido la misma que “en Nápoles, Aragón y otras partes donde había virreyes que se asesoraban en los negocios del gobierno político y económico con los tribunales superiores de justicia de aquellos reinos, y en la corte consejos supremos que atendían al buen gobierno de los mismos”42. Así lo afirmaba también, en un artículo aparecido en 1845, Ignacio Ramón Carbonell, intelectual moderado que participó de la edición de uno de los grandes órganos publicitarios del pensamiento conservador, la Revista de España, Indias y el Extranjero. Según Carbonell, la estructura de virreyes, audiencias, consejos y corregimientos no había consistido, por tanto, en la creación vertical de un sistema colonial autoritario y extractivo. Al contrario, había sido el resultado de un proceso de replicación, que había reproducido las formas de organización municipal y provincial que operaban en Europa, dándole vida a una red de corporaciones y jurisdicciones autónomas que se habían agrupado en torno a la Corona y sus tribunales, como instancias de distribución del poder y la justicia43. Manuel Godoy, el célebre exministro que había dirigido los destinos de la monarquía durante el reinado de Carlos IV, también se sumó a estas caracterizaciones en las memorias reivindicativas de su gobierno que publicó en la década de los años treinta, subrayando que, como había tenido que reconocer el barón de Humboltd durante su gobierno, la monarquía había sabido poner a las regiones indianas al mismo “nivel” que el mundo europeo contemporáneo: Visitando la América a principios del siglo xix, halló una gran región cuya cultura compitió en pocos años con la cultura de Europa, país del cual se había dicho que era bárbaro e ignorante y que estaba tiranizado, siendo así que gobernado igual que la España, tal vez con más regalo44.

A diferencia del pensamiento progresista45, el monarquismo transatlántico no conceptualizó la “igualdad” como el resultado de la

41. 42. 43. 44. 45.

Valle Santoro, 1832: 12. Valle Santoro, 1832: 12-13. Carbonell, 1845: 72-74. Godoy, 1839: 308. Por ejemplo, véase Urquinaona y Pardo, 1835.

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pertenencia común a una nación representada en las Cortes: la vinculación igualitaria de los súbditos imperiales se había organizado, en opinión de los editores del diario carlista La Esperanza, según las lógicas de Antiguo Régimen, a través del lazo paternal de la Corona y su suprema jurisdicción, el cual se había unido al efecto aglutinante de la religión46. Sin embargo, la morfología pretendidamente igualitaria de la gobernanza imperial, particularmente en lo referente a la paridad entre los territorios ultramarinos y europeos, no estuvo exenta de críticas. En un artículo publicado en El Heraldo, el diputado del Congreso por Palencia, Agustín Esteban Collantes, se lamentaba de que este espíritu de igualdad hubiera llegado al extremo de ser perjudicial a los conquistadores. Antes de la independencia los reinos peninsulares habían invertido sus recursos demográficos, económicos e intelectuales en el crecimiento de los reinos ultramarinos, siendo además duramente grabados por la Corona para que esta pudiera mantener sus imperios. Ya en pleno siglo xix, lamentaba, la situación no había cambiado: La Habana y Cuba gozaban de más privilegios fiscales y comerciales que las provincias del interior de Castilla y, aun así, personajes como José Antonio Saco continuaban pidiendo privilegios y autonomía47. El imperio español daba el único ejemplo del mundo, según Collantes, de unas provincias ultramarinas que subyugaban a los reyes y a los reinos. Por eso, decía, la España contemporánea era pobre, mientras Cuba florecía rica y poderosa48. Con esto, el diputado defendía una regresión de los privilegios fiscales entregados a las dependencias coloniales, ahondando en el proyecto de imperialismo centralista y autoritario que caracterizó a los gobiernos liberales de mediados de siglo. Menos radical en sus apreciaciones, el historiador afrancesado Sempere y Guarinos también había sentenciado en 1826 que la civilización y la protección de la liberté de los conquistados, y no la opresión colonial, habían estado en la base del poder ultramarino de España, que había consentido en reducir considerablemente los beneficios ordinarios que reportaban las colonias para el contento de los súbditos49. 46. 47. 48. 49.

“Portada”, en La Esperanza. Periódico Monárquico, Lugar 5/5/1847, p. 1. Saco, 1837. Collantes, 1844: 1. Sempere y Guarinos, 1826: v-vi.

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Fermín Gonzalo Morón, el editor principal de la Revista de España, Indias y el Extranjero, se sumó a la crítica abierta a las políticas de igualdad de la Corona. Su argumento era que, aparte de conceder numerosas prebendas y honores imperiales a los patricios americanos, con un criterio más vinculado a ganar su lealtad que a su mérito y su capacidad, la Corona les había cedido un control discrecional de sus cabildos y haciendas, permitiendo que surgiera una oligarquía indiana que había patrimonializado el poder en sus respectivos virreinatos y que había gozado de sus amplios derechos mientras desconocía sus obligaciones para con el sistema imperial50. José de Presas había precedido a Morón, denunciando que la instrucción que se les había facilitado a las élites americanas por medio de universidades y seminarios, unida a la excesiva liberalidad concedida en la entrada de extranjeros, había terminado por facilitar la extensión de las ideas disolventes de la Ilustración radical51. Esto, según señalaba Torrente en su Historia de la revolución hispanoamericana, no solo había permitido que estas oligarquías desconociesen los intereses públicos, sino también que ambicionasen irresponsablemente ocupar todos los ámbitos de autoridad del Estado. Dicha dinámica era la que les había conducido a entregarse a las teorías del filosofismo y al proyecto de la independencia. Las élites indianas habían calculado equívocamente que podrían apropiarse del sistema de gobierno de la monarquía y mantener la estabilidad y la prosperidad que esta había garantizado. El favor sin cortapisas a los beneméritos indianos había perjudicado al conjunto del imperio y había impedido parcialmente que se pudiera construir un modelo favorable a la metrópoli52. Tanto Presas y como Morón se quejaban abiertamente en sus escritos de que el sistema no se hubiera asemejado más a las sanas lógicas de subordinación colonial que habían aplicado de facto el resto de las naciones imperiales de Europa. Los dos se aplicaban a estas comparaciones para lamentar que la Corona no hubiera construido una estructura colonial verdaderamente provechosa a las poblaciones y mercados españoles, sino que hubiera apostado por imponer la complementariedad productiva, la autonomía municipal y virreinal, y la

50. Morón, 1842c: 249-251. 51. Presas, 1828: 12-14. 52. Torrente, 1829: 84-89.

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paridad en el patronazgo53. Estas críticas reflejaban las aspiraciones de algunos conservadores a reconceptualizar la relación imperial en los términos del colonialismo economicista y autoritario que había proliferado en el pensamiento europeo de los siglos xvii y xviii, y que, hasta cierto punto, había influido en los proyectos recentralizadores de las ilustraciones ibéricas, imponiéndose de manera rotunda en el pensamiento imperial decimonónico54. Fermín Gonzalo Morón también criticó el hecho de que el sistema de gobierno de los reinos ultramarinos se hubiera basado en el reparto superpuesto de funciones ejecutivas y judiciales entre virreyes, audiencias, cabildos y consulados. En lugar de emplear el laboratorio indiano para poner en práctica una división racional de competencias, se había reproducido el abigarrado laberinto de ámbitos jurisdiccionales y derechos consuetudinarios de Europa55. En sus intervenciones parlamentarias como procurador de los moderados, el futuro ministro de Marina, Alejandro Oliván, también defendió que los reinos indianos debieran haberse conceptualizado como dependencias subordinadas a las necesidades del Estado metropolitano y no en los términos arcaicos en que lo había hecho el Antiguo Régimen: como comunidades corporativas de súbditos vinculados al monarca por un modelo jurisdiccional de la misma naturaleza que el de los reinos europeos56. Junto a este, dos líderes intelectuales del moderantismo, como lo fueron Eugenio Tapia y Antonio Alcalá Galiano representaron, a través de las obras historiográficas que publicaron en la década de 1840, a un sector entre el conservadurismo que exhibió su militancia con los proyectos coloniales estatistas y centralizadores de las reformas borbónicas57. La imagen de un poderoso Estado metropolitano dedicado al gobierno tecnocrático de las colonias y de sus élites locales se contraponía a la de un conglomerado corporativo y municipalista en que el rey trataba indistintamente a sus súbditos hispanos de todo el planeta, permitiendo, con su control laxo de los centros periféricos, que la territorialidad de la monarquía 53. 54. 55. 56.

Morón, 1842a: 285; Presas, 1828: 16. Paquette, 2008; Pagden, 1997: 126-55. Morón, 1842c: 250. “Cortes. Estamento de los Señores Procuradores. Sesión del día 18 de mayo. Presidencia del Señor González”, en El Español, Madrid 19/5/1836, pp. 1-2. 57. Alcalá Galiano, 1845a: 57; Tapia, 1840a: 133-135.

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se fragmentara y que su poder geopolítico y potencial económico se adormeciesen58. Sin embargo, estas posturas críticas respecto de la “blandura” del poder español no fueron ni unívocas ni hegemónicas en el seno del pensamiento conservador. La obra de Sempere y Guarinos reflejó bien esta ambivalencia. Por un lado, mostró claros anhelos de que los reyes españoles hubieran aplicado una lógica más centralista y estatista en lugar de reproducir los mecanismos consuetudinarios de la merced y la autonomía jurisdiccional de los municipios. Sin embargo, el valenciano conceptualizó el modelo de gobierno construido por Carlos V y Felipe II como un genuino système colonial, cuyos aparatos normativos habían asegurado el beneficio metropolitano, la paz social y la modernización de los mundos dominados59. Finalmente, el concepto de ‘colonias’ terminó por imponerse, tanto para referirse al pasado imperial como para aludir a las dependencias contemporáneas. Sin embargo, el significado de la palabra siempre estuvo mediatizado en función del debate sobre la naturaleza específica de la dominación ultramarina de España. El mito del buen imperio: representaciones de la territorialidad virreinal En general, y a pesar de las críticas puntuales, los representantes del hispanismo conservador reivindicaron el sistema de gobierno de la monarquía española en las Américas como un monumento al pragmatismo político y a la experiencia gubernativa. El argumento general fue presentar las leyes e instituciones que la Corona había creado para la gobernanza ultramarina como una maquinaria idónea para sostener un dominio pacífico sobre sociedades diversas y territorialmente dispersas, con distintos códigos culturales, grados de civilización, regímenes jurídicos y formas de organización políticoeconómica. La obra de Mariano Torrente defendió insistentemente la condición de la Corona como único centro posible de articulación política en el marco de la pluralidad jurisdiccional demandada por

58. Presas, 1828: VI; Tapia, 1840b: 58-59. 59. Sempere y Guarinos, 1826: 181.

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los universos sociales intrínsecamente desiguales y heterogéneos de América60. En este sentido, tanto moderados como realistas matizaron de manera rotunda la idea de la igualdad total entre el sistema de gobierno de España e Indias, restringiéndola al estatus que gozaban los “criollos”, como minoría dirigente que, según ellos, estaba lejos de representar al conjunto de los universos sociales que habían fermentado en los virreinatos. Estas divisiones étnicas eran representadas como un intrincado compuesto de colectivos determinados por su constitución racial y por su estatuto particular en el mosaico de condiciones legales que habían sancionado los códigos indianos. Valle Santoro y Torrente recurrieron al pensamiento clasificatorio que se imponía ya en los imaginarios gubernativos de las administraciones coloniales decimonónicas61. En ambos casos trataron de categorizar en tipologías homogéneas y universales la diversidad de culturas, poderes y sujetos que poblaban cada espacio local y regional de México, Perú, La Plata y Nueva Granada62. La imagen final era la de unas sociedades plurales y jerárquicas, en las que los indígenas habían formado la base del sistema, mientras las “castas” mezcladas se habían convertido en una suerte de clase media urbana dominada por la élite “criolla” y peninsular. Las diferencias “naturales” entre estos colectivos habían sido, en opinión de Valle Santoro, las que habían motivado las distintas leyes y costumbres con las que se les había gobernado63. José María Rivero, el viajero conservador que había acudido a México en 1842, loaba en su libro de viajes la habilidad de la monarquía para forjar un sistema capaz de fidelizar, proteger y a la vez “civilizar” lentamente a una masa indígena que se conceptualizaba como sujeto colectivo supersticioso, indolente e incapaz de ejercitar autónomamente ningún tipo de derecho político64. El jurista se vanagloriaba de la capacidad de las administraciones virreinales y episcopados para asegurar las lealtades de los indígenas a través del culto compartido a la figura regia 60. Torrente, 1829: 47-50. 61. El tema de la emergencia de los lenguajes raciales y su vinculación con la gobernanza colonial a principios del xix se ha trabajado mucho en tiempos recientes. Estas obras son ejemplos: Beasley, 2010; Chinea, 2014; Frasquet et al., 2009. 62. Torrente, 1829: 71-72. 63. Valle Santoro, 1832: 19-21. 64. Rivero, 1844: 16-18.

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y a las imágenes marianas. Estas, decía, eran idóneas para asociarse a las costumbres despóticas y gentílicas del mundo precolombino, permitiendo suscitar veneración entre los naturales65. En opinión de Torrente a estas sabias disposiciones se había añadido la virtud de conceder un alto grado de poder local a sus caciques, alcaldes e instituciones consuetudinarias, asegurando así la cooptación de las élites indígenas y la vertebración pragmática de una red capilar de control y negociación66. Aparte de la apología de la acción legisladora de la Corona y de la actividad reguladora de la Iglesia para la integración interétnica y territorial, tampoco faltaron representaciones glorificadoras del sistema judiciario de los mundos virreinales. Las audiencias aparecían como altos tribunales colegiados que habían actuado eficazmente para hacer valer la legislación paternal de los soberanos imperiales. Sus oidores, los propios virreyes como presidentes de las mismas, los visitadores y, en general, los magistrados regios, fueron representados como héroes judiciarios que habían combatido las corruptelas de ciertas élites locales y habían tratado siempre de mantener en funcionamiento el amplio sistema de garantías y derechos de las provincias ultramarinas67. En su ensayo sobre el asunto, el moderado José María Aurrecoechea afirmaba que si las numerosísimas poblaciones de los reinos ultramarinos habían mantenido la obediencia civil había sido por la virtud y el mérito de los magistrados. El “régimen español” no se había guiado por el soborno y la corrupción, como lo hacían los Estados emancipados, sino por la idoneidad, la modestia, la superioridad moral y el “heroísmo” de los hombres llegados al poder68. Otros, como el conde de Toreno, unieron a estas consideraciones una valoración positiva de la inexistencia del principio liberal de división de poderes en lo referente a los atributos del virrey y sus oficiales69. Morón, si bien había criticado que virreyes y audiencias tuvieran funciones superpuestas, aprobaba el hecho de que los primeros hubieran concentrado atribuciones políticas, militares y judiciales. Esta acumulación de competencias, decía, era funcional a la necesidad de mantener una administración fuerte, capaz de hacer valer la voluntad 65. 66. 67. 68. 69.

Rivero, 1844: 24. Torrente, 1829: 50. Torrente, 1829: 8-9. Aurrecoechea, 1846: 16-17. Queipo de Llano, 1835b: 428.

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benéfica de la lejana Corona en medio del retorcido popurrí de intereses locales y étnicos que debían gestionar. El historiador se confirmaba así en el presupuesto doctrinario que afirmaba que los principios contenidos en el recetario del liberalismo político eran solo aplicables circunstancialmente. Esto era particularmente cierto respecto de la división de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Se entendía que dicha división únicamente podía prosperar en sociedades con amplios sectores propietarios, respetuosos con la ley y capaces de participar en la toma de decisiones70. El propio Morón o los editores de La Esperanza llegarían a eliminar la circunstancialidad a este respecto, argumentando que la concentración de poderes de los tronos virreinales indianos era lo deseable para cualquier sistema de gobierno y que si el moderno parlamentarismo había aplicado la separación de atribuciones era solo por el conflicto latente entre las sociedades civiles y la Corona, pero nunca por un criterio de utilidad pública71. Esta teoría se basaba en el postulado organicista según el cual el Estado era una ampliación natural de la unidad jerárquica de la familia y, por consiguiente, precisaba de un mando lo más vertical y paternalista posible. Así lo dictaminaba, por ejemplo, Donoso Cortés en la obra periodística de tono antiliberal que redactó en la década de 184072. Sin embargo, el monarquismo transatlántico de los conservadores no dejó de hacer notar que el sistema indiano había establecido los equilibrios de poder suficientes como para que la autoridad de virreyes y audiencias no derivase en tiranía. Alcalá Galiano defendió la idea de que, si bien el poder de estos no había tenido una limitación judicial y legislativa cristalina, sí la había tenido dentro de las lógicas del Antiguo Régimen, por tener que negociar su poder con la amplia gama de corporaciones intermedias que, desde la diócesis al cabildo, habían invadido y negociado su jurisdicción73. La Corona, celebraba Valle Santoro, había interpuesto una arquitectura institucional que había asegurado la aparición de toda una escala de poderes e intereses intermedios, que iban de la municipalidad a la intendencia, el corregi70. Morón, 1843: 9. 71. “Portada”, en La Esperanza. Periódico Monárquico, Lugar 1/2/1848, p. 1; Fermín Gonzalo Morón, “Sobre los gobiernos representativos”, en Revista de España y del Estrangero, III, 1842, pp. 182-89. 72. Donoso Cortés, 1854: 365. 73. Alcalá Galiano, 1845b: 95.

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miento o la reducción74. La conclusión consensual alcanzada por los conservadores y sintetizada por Carbonell fue que la justicia distributiva impartida por los tribunales intermedios, empezando por las audiencias, había sido la nota más característica de la vida social en los establecimientos indianos de España. El sistema judicial hispano había cumplido su fin primordial con creces: la constituía un poder moderador del poder omnímodo de los vireyes y capitanes generales; institución tan admirablemente combinada como mal analizada por la mayor parte de viajeros e historiadores, pues que al paso que moralizaba y robustecía el prestigio de los vireyes, la influencia de los reales acuerdos era la principal garantía del gobierno de la nación y el asilo sagrado donde no pocas veces el ciudadano ha visto que la justicia no era un poder vano para el débil contra el prepotente75.

José María Rivero llegó más lejos. En su Méjico en 1842 no dudó en afirmar que, de hecho, gracias a la existencia de un sistema policéntrico de autoridades militares, visitadores, consejos, consulados y tribunales, se había podido asegurar el acatamiento a la voluntad de la Corona y a las leyes del Estado, evitando que las Indias se convirtiesen en sociedades feudales. Sin esta estructura de contrapesos corporativos y de controles legales, decía el viajero, los conquistadores y sus descendientes habrían podido imponer su hegemonía social, encastillándose en sus haciendas y encomiendas, y estableciendo una relación de tiranía clientelar con indígenas y castas. Rivero concluía que los reyes habían sido los grandes “demócratas” de las Indias, por asegurar que los elementos populares de la sociedad y las localidades contaran con un sistema de garantías, protecciones y autonomías que les había defendido frente al “espíritu aristocrático de mala casta” que habían conservado los descendientes de los conquistadores: “El rey era el primer demócrata de la América, y si obtenía la suma del poder era para ejercerle en favor del trabajo y en favor y en contra de las demasías de la conquista y de sus consecuencias aristocráticas”76. La obra de Rivero tomaba así un aire tocquevilliano, al presentar la historia de las Américas como el conflicto dialéctico entre unas aris-

74. Valle Santoro, 1832: 13. 75. Carbonell, 1845: 83. 76. Rivero, 1844: 14.

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tocracias feudales radicadas en las haciendas y ayuntamientos y una Corona que había legislado como garante de la universalidad de derechos y del progreso social. Las independencias no habían sido, por extensión, el triunfo del elemento “moderno” de la ecuación, sino una reversión al modelo feudal que habían deseado imponer los conquistadores en el siglo xvi antes de ser rápidamente frustrados por el yugo benefactor de la Corona77. Estos diagnósticos fueron respaldados mediante la insistencia en el hecho de que no existiese en ultramar un gran aparato de coerción militar o policial. Dicha ausencia demostraba, en opinión del conde de Toreno, que la monarquía había basado su soberanía en un sistema vertical de pactos civiles, perfectamente operativos, que apenas habían precisado del poder militar, contando como contaban con el respeto reverencial de los súbditos a las instituciones y administraciones monárquicas78. De cualquier modo, el funcionamiento de los núcleos locales, compuestos por cabildos, parroquias, reducciones y haciendas fue infra-estudiado por los pensadores conservadores y, en general, por la historiografía de la época. Torrente presentó a los cabildos no indígenas como entidades que habían replicado en todo a los ayuntamientos castellanos, llegando a adquirir incluso más prerrogativas y libertades que estos. El publicista fernandino defendió que las corporaciones municipales se habían estatuido desde la conquista como “garantía de seguridad individual”. Estas instancias de poder enormemente democráticas y autónomas eran en la práctica: “Asambleas populares que reunían el ejercicio del gobierno interior, la policía, la administración de justicia en los casos ordinarios, el manejo de fondos municipales i otras muchas facultades”79. Tanto él como José de Presas denunciaron que, por este carácter participativo, se habían convertido en plataformas de democratización y en el caldo de cultivo de la revolución de las aristocracias criollas80. El conservadurismo monarquista se alejaba así de las visiones apologéticas del municipalismo imperial que habían cultivado los pensadores del arco progresista y republicano81. 77. 78. 79. 80. 81.

Rivero, 1844: 15-16. Queipo de Llano, 1835b: 426. Torrente, 1829: 10. Presas, 1824: 222-223. Por ejemplo, véase Torrijos y Uriarte, 1829: vii.

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Por otro lado, el sistema de reducciones, misiones y cabildos indígenas fue presentado con autocomplacencia por autores como Sempere y Guarinos y Valle Santoro. Ambos pensadores absolutistas identificaban estas instancias como la trinidad que aseguraba el cuidado paternal de los súbditos indígenas y el dominio de las vastas territorialidades rurales que abarcaban las montañas, desiertos, junglas y planicies americanas82. Aun con todo, algunos representantes del moderantismo elevaron la voz para condenar los abusos estructurales que habían terminado por normalizarse en los sistemas de control local de la monarquía. Comyn y Toreno denunciaron a la institución de los corregidores y subdelegados, afirmando que estos se habían convertido en una casta de oficiales corrompidos que había empleado las prebendas administrativas concedidas por los monarcas para imponer la venta de productos con precios inflados a los indígenas83. A pesar de las representaciones peyorativas de Comyn, en general, los moderados presentaron la organización de las provincias indianas como un modelo idóneo de articulación territorial para cualquier Estado de gran dimensión y especialmente para aquellos de escala imperial. Rivero y Morón afirmaban que la monarquía había sabido construir un sistema administrativo y jurisdiccional basado en una escala jerárquica e ininterrumpida que iba del Consejo de Indias al virreinato, y de allí a los corregimientos, cabildos y reducciones. Esta estructura había asegurado, decían, un alto grado de cohesión, pero también un margen más que suficiente de autonomía para cada una de las autoridades que intervenían en el proceso de toma de decisiones84. La monarquía transoceánica se presentaba como una red planetaria que había conjugado todo el conocimiento de los imperios clásicos y medievales con el de los modernos sistemas coloniales y estatales, para amalgamar de forma idónea un poder imperial centralizado con la autonomía de sus millares de nodos locales. España, decía Valle Santoro, había sido un “grande imperio” en que todas sus partes guardaban “entre sí conexión y armonía”85. Rivero llegaría a afirmar que, de esta forma, la monarquía había solucionado el problema de la gestión te82. 83. 84. 85.

Sempere y Guarinos, 1826: 159-162; Valle Santoro, 1832: 14. Comyn, 1843: 98-100; Queipo de Llano, 1835b: 429. Morón, 1842b: 198-200. Valle Santoro, 1832: 24.

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rritorial del poder mejor que cualquier federación, imperio o Estado centralizado de la contemporaneidad86. De nuevo fue Comyn, en su crítica a la descentralización excesiva del imperio, quien se opuso a estas alabanzas. En varios de los pasajes de su diario se lamentaba de que en pocos puntos del interior mexicano había podido hablar castellano y ser entendido, hecho que demostraba el carácter superficial del dominio territorial del Estado virreinal, al menos en lo que respectaba a las comunidades indígenas87. La tendencia general, en todo caso, fue la de alabar holísticamente la organización del imperio español en todos sus aspectos. Godoy describía los “imperios” que había gobernado en ultramar como países felices en que los virreyes y las audiencias habían gozado de toda la libertad para hacer el bien, sin ningún margen para hacer el mal; en que los impuestos habían sido exiguos, los obispos excelentes y las malas leyes pocas y en desuso88. De igual forma lo expresaba la sentencia con la que Rivero abría la serie de artículos monográficos sobre las Américas que los editores de El Español le habían invitado a publicar en 1847, tras el éxito de su relato de viajes. España, decía, “acertó en el gobierno de sus colonias, las cuales nunca hubieran podido llegar a la posesión de una existencia tan tranquila, tan holgada y tan feliz, bajo un gobierno que contrariase su peculiar constitución y destino”89. El jurista afirmaba que la medida más exacta del éxito imperial de España podía darla la comparación de su pasado ultramarino con las “historias respectivas” de las colonias inglesas y francesas en América. Esta reflexión comparativa debía contraponer las magníficas leyes de Indias españolas con el tiránico dominio que describían el Monitor Argelino de Francia y las erráticas actas “del parlamento imperial” de Gran Bretaña90. Todos estos apartados de reflexión solo podían arrojar la conclusión de que el imperio español se había fundado sobre la reciprocidad, la fuerza aglutinadora de las instituciones civiles y el celo evangélico, mientras que los otros dos habían tenido como sostén la violencia de sus ejércitos masivos y el lucro. Por si fuera poco, se podía afirmar 86. 87. 88. 89. 90.

Rivero, 1844: 72-73. Comyn, 1843: 101-102. Godoy, 1839: 308-309. Rivero, 1847a: 2. Rivero, 1847a: 2.

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que mientras las colonias de “Argel y la India” gravaban de facto a las clases medias de sus metrópolis con el enorme gasto militar que le suponían al Estado metropolitano, la España americana había provisto a los súbditos peninsulares con mercados e incluso con auxilios fiscales. Con este argumento Rivero contestaba abiertamente a aquellos que habían defendido la imitación de los sistemas coloniales foráneos y trataba de demostrar que la tradición imperial española había hecho a las posesiones de ultramar más provechosas para las sociedades de la metrópoli que aquellos modelos basados en la explotación. Todo esto, decía, hacía “rebosar en nuestro pecho un orgulloso españolismo”91. Rivero aprovechaba para reivindicar los poderosos lazos territoriales, sociales e institucionales que habían unido a la monarquía, llegando a afirmar que, desde los postulados del Antiguo Régimen, se había logrado fundamentar una verdadera identidad y unidad nacional que se conciliaba con la grandeza y la heterogeneidad del imperio: Así, pues, todas estas posiciones tan distantes, todos estos miembros tan heterogéneos estaban unidos en un cuerpo firme de nación por el lazo de la justicia que se distribuía a todas bajo las inspiraciones de una ley común, que solo doblegaba en entereza y vigor delante del menor, de la ciudad y señaladamente del indio […] lo estaban por acción no contradicha, antes universalmente acatada, de una administración ilustrada, que hacía sentirse en las extremidades tan fácilmente como en el centro; lo estaban en fin por una religión que venía a llenar las lagunas de la ley, a inspirar la caridad mutua en todas las clases, el respeto de todas a la autoridad: tal era el alma que vivificaba este cuerpo92.

A modo de conclusión La representación histórica de los sistemas políticos y económicos que habían operado en los imperios virreinales fue, en última instancia, esencial en la construcción de los imaginarios imperiales de absolutistas y moderados. Los primeros emplearon sus historias para cimentar el ideal de una monarquía ultramarina antiliberal, corporativa e intervencionista, celebrando que esta hubiese gobernado de acuerdo a un sistema de legitimidades confesionales y dinásticas, idóneo a su pare91. Rivero, 1847b: 3. 92. Rivero, 1847b: 2-3.

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cer para sostener el orden civil, la estabilidad social y los principios de autoridad en el seno de las fragmentarias sociedades indianas. Los moderados, por su parte, si bien introdujeron críticas importantes a la hora de valorar el antiliberalismo de la economía imperial y la excesiva descentralización de sus instituciones, también cultivaron un mito netamente positivo del sistema de gobernanza establecido por los reyes de España en ultramar. En el caso de estos últimos, la monarquía indiana aparecía como una obra maestra de ingeniería política, que había sabido emplear la tradición española para vertebrar sistemas gubernativos adaptados a las condiciones locales de cada uno de los múltiples y enormes territorios bajo su poder. El éxito secular del imperio se convirtió en el mejor argumento del historicismo imperial cultivado por el moderantismo: los héroes gubernativos y legisladores de la monarquía habían sabido huir de las abstracciones políticas y económicas para adaptar la tradición legal y gubernativa de las Españas a la constitución histórica de las sociedades conquistadas, construyendo progresivamente una arquitectura de instituciones, administraciones y formas de organización municipal basadas en la experiencia positiva y acumulativa de trescientos años. El resultado, para los moderados, había sido un imperio posibilista, que había sabido conciliar el respeto circunstancial de los derechos y libertades civiles de sus súbditos con el principio de autoridad, sin necesidad de recurrir a la coerción militar. Un imperio que, además, había sabido gestionar su territorialidad a través de un sistema escalonado de jurisdicciones imperiales, virreinales y locales, y que había asegurado el crecimiento económico y demográfico. También se celebraba que la monarquía hubiera procurado la evangelización y civilización progresiva de sus súbditos mientras gestionaba en su favor las drásticas diferencias culturales y consuetudinarias de las colectividades bajo su dominio. Tanto absolutistas como moderados emplearon la mitificación del pasado imperial para vertebrar sus proyectos coloniales decimonónicos respecto de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Alcanzando en este punto un pacto consensual con el autoritarismo colonial de los progresistas, los pensadores conservadores desarrollaron con mayor convencimiento y contundencia la idea de que la exclusión del marco de la representación nacional de las llamadas por las constituciones de 1837 y 1845 “colonias”, estaba en todo acorde con la tradición imperial de

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España. El mantenimiento de un sistema de gobierno no parlamentario, con un capitán general investido de poderes absolutos y unas instituciones que operaban en base a la experiencia centenaria de las leyes de Indias, se presentaba como la mejor solución gubernativa posible para aquellas sociedades diversas que seguían exhibiendo la pluralidad somática, cultural y jurídica de las viejos universos virreinales y que, por tanto, no constituían una nación política susceptible de ejercer el derecho de representación93. También se entendió que este era el único medio de mantener legítimamente un modelo económico que seguía sustentándose sobre la esclavitud y, por lo tanto, sobre la negación de la universalidad en el acceso a la condición de ciudadano y a los derechos civiles y políticos que esta implicaba. Empleando un tropo netamente historicista, los intelectuales moderados recurrieron a la glorificación de las leyes de Indias para defender la idea de que el sistema de gobierno aplicado con éxito por España en los reinos continentales era un modelo idóneo para dotar de contenido a las “leyes especiales” y regímenes de excepcionalidad propuestos por el colonialismo liberal contemporáneo, tanto en la propia monarquía como en el resto de los imperios euroamericanos94. De esta forma, las representaciones mitificadas de la territorialidad y los modelos de gobernanza del viejo imperio se consolidaron como modo de pensamiento que permitió al moderantismo español sostener un compromiso temprano con la aplicación de la excepcionalidad soberana en los espacios coloniales, con su exclusión de los modelos normativos del parlamentarismo liberal y con la sanción de la desigualdad jurídico-política en el seno de las sociedades imperiales. Bibliografía Alcalá Galiano, Antonio. 1845a. Historia de España desde los tiempos primitivos hasta la mayoría de la reina doña Isabel II, vol. VI. Madrid: Imprenta de la Sociedad Literaria y tipográfica. — 1845b. Historia de España desde los tiempos primitivos hasta la mayoría de la reina doña Isabel II, vol. V. Madrid: Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica. 93. Carbonell, 1845: 80-81. 94. Fradera, 2015.

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Sobre los editores y los autores

Luis Castro Castro Doctor en Historia por la Universidad de Chile. Académico del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Director del Doctorado en Historia de dicha casa de estudios superiores. Ha sido investigador responsable de varios proyectos Fondecyt de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID, ex CONICYT). Sus investigaciones se han centrado tanto en los procesos sociales, políticos y económicos del extremo sur del Perú (Arica y Tarapacá) de los siglos xix y xx, como en la interculturalidad en contextos urbanos. Ha publicado una serie de libros, capítulos de libros y artículos editados en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, España e Italia, siendo los más recientes: “Un desierto convulsionado, una república en ciernes: caudillismo y pugnas políticas en el extremo sur del Perú (Tarapacá 1842-1858)”, Chungara, vol. 52, n.º 4 (2020) y, en coautoría con Inmaculada Simón Ruiz, el libro Tarapacá en el siglo xix: una historia regional, binacional y transfronteriza (2021). [email protected] Antonio Escobar Ohmstede Doctor en Historia por El Colegio de México. Profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Ciudad de México. Fue becario Guggenheim (20022003). Ha escrito diversos artículos propios en revistas, libros y me-

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morias de eventos en torno a los pueblos de indios y grupos de poder en las Huastecas, siglos xviii al xx, así como en torno a la temática hídrica en el siglo xix y primera mitad del siglo xx. Actualmente desarrolla una investigación sobre recursos naturales en los Valles Centrales de Oaxaca (México) de la segunda mitad del siglo xix a la primera del siglo xx. Ha coordinado y cocoordinado diversos libros, entre los que destacan, con Romana Falcón, Los ejes de la disputa. Movimientos sociales y actores colectivos en América Latina, siglo xix (2002); con Romana Falcón y Raymond Buve, La arquitectura histórica del poder. Naciones, nacionalismos y estados en América Latina. Siglos xviii, xix y xx (2010); con Martín Sánchez y Ana María Gutiérrez, Agua y tierra en México, siglos xix y xx (2008); y con Matthew Butler, México in Transition: New Perspectives on Mexican Agrarian History, Nineteenth and Twentieht Centuries (2013). Recientemente ha coordinado el libro La América Indígena decimonónica desde nueve miradas y perspectivas (2021). [email protected] Susana Aldana Rivera Historiadora. Doctora en Ciencias Sociales (especialidad en Historia) por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestra en Historia Andina por la Facultad de Ciencias Sociales, sede Quito, y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vivió e investigó varios años en la región norte del Perú, por lo que ha tenido la oportunidad de recorrer y conocer mucho de su espacio y sus formas sociales. Trabajó en diferentes proyectos de recuperación patrimonial, de talleres educativos para la actualización de profesores y como evaluadora de libros de colegio en escala nacional. Tiene publicaciones académicas en Perú y en el extranjero, como también textos de difusión. Está interesada en el vínculo humano de la región norte del Perú en sí y con la nación. Actualmente se desempeña académicamente en las universidades Pontificia Católica del Perú, Nacional Mayor de San Marcos y Esan. [email protected] Maria Regina Celestino de Almeida Profesora del Programa de Posgrado en Historia de la Universidad Federal do Rio de Janeiro. Investigadora del Conselho Nacional de

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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Es autora de los libros Metamorfoses Indígenas (2003; 2013) y Os Índios na História do Brasil (2010), además de haber publicado diversos artículos y capítulos en periódicos científicos y libros especializados. [email protected] Izaskun Álvarez Cuartero Profesora titular de Historia de América e investigadora titular del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y miembro titular de FLACSO-España. Ha sido visiting scholar en la John Carter Brown Library, el Center for Latin American Studies de University of Texas (Austin) y en la Otto Ritcher Library de University of Miami. Es editora de la colección de libros (siete volúmenes) publicados por la Universidad de Salamanca “Visiones y Revisiones de las Independencia Americanas” con títulos como Entre marginados y excluidos: indígenas e independencias (2009) y Subalternidad e independencias (2012). Investigadora Principal del Grupo de Investigación INDUSAL sobre Independencias en las Américas. [email protected] Gabriel Cid Doctor en Historia por la Universidad del País Vasco. Académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián (Chile), e investigador Fondecyt (ANID). Es especialista en historia intelectual y política del siglo xix, sobre lo que ha publicado más de una treintena de artículos. Entre sus libros destacan Pensar la revolución. Historia intelectual de la independencia chilena (2019); “Un pueblo libre”. Chile entre Chacabuco y Maipú (2020, con Armando Cartes); Debates republicanos en Chile. Siglo xix (2012-2013, junto a Ana María Stuven); y La Guerra contra la Confederación. Imaginario nacionalista y memoria colectiva en el siglo xix chileno (2011). [email protected] David Díaz Arias Ph.D. en Historia por Indiana University Bloomington (Estados Unidos). Es profesor catedrático y director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Ha ganado el Premio Nacional Luis Ferrero Acosta a la Investigación

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Cultural (2015) otorgado por la República de Costa Rica y el Premio Cleto González Víquez conferido por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Ha publicado decenas de trabajos sobre historia política, del trabajo, historia de la memoria, ritos y rituales estatales, naciones y nacionalismos, guerra civil, instituciones, caudillos, procesos de paz, construcción del Estado y otra diversidad de temas en la historia de Centroamérica en general y Costa Rica en particular. [email protected] Rodrigo Escribano Roca Docente e investigador de la Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) e investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá. Es doctor en Historia por Western Sydney University (Australia) y la Universidad de Alcalá (España). Sus áreas de investigación son la historia atlántica contemporánea, la historia de las ideas, la historia intelectual, la historia imperial, la historia de las culturas políticas y la teoría de la historia. Ha publicado numerosos artículos en revistas de prestigio, como Journal of Spanish Cultural Studies, Historia da Historiografía, Clío y Diálogo Andino. Dirige el proyecto FONDECYT de Iniciación n.º 11200245 titulado “La expedición del Pacífico y la guerra Hispano-Sudamericana en los imaginarios geopolíticos de la España liberal (1860-1866)”. [email protected] Roicer Flórez Bolívar Historiador. Magíster en Historia por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Profesor de tiempo completo, grado asociado del Programa de Historia de la Universidad de Cartagena. Actual director del Programa de Historia. Ha publicado un libro, capítulos de libros y artículos en revistas en diferentes países de Europa y América Latina. Línea de investigación: historia social y política del siglo xix latinoamericano. [email protected] Marta Irurozqui Doctora en Historia de América por la Universidad Complutense y magíster en Historia Andina por la FLACSO-Quito. Trabaja como

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investigadora científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. A partir del estudio de caso de Bolivia, sus investigaciones versan sobre élites, ciudadanía e infracción electoral, violencia política o el poder legislativo. Ejemplo de ello son las monografías La armonía de las desigualdades. Élites y conflictos de poder en Bolivia, 1880-1920 (1994); A bala, piedra y palo. La construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952 (2000, 2019); La ciudadanía en debate en América Latina. Discusiones historiográficas y una propuesta teórica sobre el valor público de la infracción electoral (2005); Ciudadanos armados de ley. A propósito de la violencia en Bolivia, 1839-1875 (2018). [email protected] Sol Lanteri Doctora en Historia por Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigadora adjunta del CONICET (en licencia). Secretaria de la Red de Estudios Rurales, Instituto “Dr. Emilio Ravignani”-UBA/CONICET. Profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Investigadora del IELAT-UAH. Miembro del Comité Científico del SEHRIO-UCM. Miembro de la Junta Directiva de la SEHA y del Tribunal del “I Premio Jorge Gelman”. Realizó estancias postdoctorales en UdG y CSIC, España. Fue docente de UNMdP, UBA y dictó seminarios en Argentina y España. Recibió becas y subsidios de Fund. Antorchas, UNMdP, Fund. Carolina, Fundación Mapfre, CONICET y FONCyT. Miembro de LASA, AHILA, AsAIH, TEFROS y SAA. Publicó libros, capítulos de libro y artículos en Argentina, España, Francia, México y Brasil. [email protected] Flavia Macías Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (Universidad de Buenos Aires-CONICET). Miembro del Advisory CommitteeGlobal Institute for Research, Education and Scholarship (Amsterdam). Directora de Foros de Historia Política (Programa Interuniversitario de Historia Política-Argentina) y de Reseñas de Población &

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Sociedad. A sido becaria de la Universidad Complutense de Madrid, CONICET, Fundación Carolina, Fundación Mapfre, Fundación Fulbright y de la MESHS (Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, Lille, Nord de France). Autora, entre otros, de Armas y política en la Argentina. Tucumán, siglo xix (2014). [email protected] Sara Emilia Mata Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Profesora extraordinaria emérita de la Universidad Nacional de Salta. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Ha sido directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOHCONICET-unas) en el periodo 2014-2018 y de la revista ANDES: Antropología e Historia (1996-2014). Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros en Argentina y el extranjero. Es autora, entre otros libros, de Tierra y poder en Salta. El noroeste argentino en vísperas de la independencia (2000) y Los gauchos de Güemes. Guerra de independencia y conflicto social (2008). [email protected] Armando Méndez Zárate Egresado del Doctorado en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Peninsular. Actualmente, realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) como parte del programa de becas posdoctorales de la UNAM. Sus líneas de investigación se enfocan en el análisis comparativo de las estructuras agrarias, fronteras y formación del Estado en los siglos xix y xx. Al respecto, cuenta con publicaciones sobre esas temáticas enfocándose en las comunidades indígenas y pueblos de Centroamérica y el sur de México. [email protected] Vânia Maria Losada Moreira Profesora titular del Departamento de Historia y del Programa de Posgrado en Historia de la Universidad Federal Rural do Rio de Janeiro. Investigadora del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico

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e Tecnológico (CNPq). Es autora de los libros Brasília: a construção da nacionalidade (1998), Espírito Santo indígena (2017) y Reinventando a Autonomia (2019), además de haber publicado diversos artículos en revistas científicas y libros especializados. [email protected] Nelson E. Pereyra Chávez Magister en Historia por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y doctor en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho (Perú). Sus ejes de investigación están relacionados con la participación política de los campesinos en la formación del Estado peruano y con la historia y cultura regional. Ha publicado recientemente “Haciendas y circuitos mercantiles en la economía de la región de Huamanga, siglos xviii-xix” (2020), “La batalla de Ayacucho: cultura guerrera y memoria de un hecho histórico” (2017), “Los campesinos de Huamanga y la rebelión de 1814” (2016) e Historia y cultura de Ayacucho (con A. Zapata y R. Rojas, 2008). [email protected] María del Carmen Salinas Sandoval Doctorado en Historia por El Colegio de México. Profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, A.C. Sus líneas de Investigación son: historia social y política de los municipios, siglos xix y xx; federalismo decimonónico; y defensa social y política de los pueblos, siglo xix. Últimos libros publicados: El primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835; y En busca de la libertad municipal. Toluca 18771940. Últimos capítulos publicados en libros colectivos: “Victoria republicana en México, 1867” y “El centralismo en el Departamento de México, 1835-1846”. [email protected] Edda O. Samudio Aizpurúa Ph. D. mención Geografía Histórica de Latinoamérica por University College, University of London. Miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigación (SNI), SENACYT de Panamá. Miembro del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Profesora titular e investi-

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gadora emérita de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Miembro honorario de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA). Premio Nacional de la Academia Venezolana de la Historia: Francisco González Guinán. Autora de libros y artículos publicados en Venezuela, en otros países de Latinoamérica y Europa. Directora de la revista Procesos Históricos, Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, Venezuela. Miembro de comités editoriales de revistas científicas en Venezuela y en otros países. [email protected] Sergio Paolo Solano Doctor en Historia, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México. Profesor de tiempo completo, grado titular, Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena. Ha publicado varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Miembro de los comités editoriales de las revistas: Boletín Americanista (Universidad de Barcelona). Memorias (Universidad del Norte, Barranquilla). Amauta (Universidad del Atlántico, Barranquilla). Director de la revista El Taller de la Historia. Línea de investigación: historia social colonial y del siglo xix hispanoamericano. [email protected] María Luis Soux Historiadora boliviana con estudios de licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia), de maestría en la Universidad Internacional de Andalucía (La Rábida, España) y de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú). Docente emérita de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés e investigadora titular del Instituto de Estudios Bolivianos de la misma universidad. Entre sus publicaciones se hallan los libros La coca liberal (1993), La Paz en su ausencia (2008), El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (2010) y Constitución, ley y justicia entre colonia y república (2013), además de numerosos libros en coautoria, capítulos en libros conjuntos y artículos en revistas especializadas de Bolivia, Latinoamérica y Europa. [email protected], [email protected]

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Muriel Vanegas Beltrán Historiadora. Maestría en Estudios del Caribe por la Universidad Nacional de Colombia. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cartagena-Rudecolombia. Investigadora adscrita al Instituto Internacional de Estudios del Caribe y profesora asociada del Programa de Historia de la Universidad de Cartagena. Ha publicado artículos en revistas colombianas y extranjeras. Línea de investigación: historia social, política y de la educación siglos xviii-xx. [email protected] Rebeca Viñuela Pérez Investigadora predoctoral de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (México) e investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral “La imagen de España en las culturas políticas del México emancipado (1821-1829)” en el marco de un proyecto financiado por el CONACYT. Sus áreas de investigación son la historia del nacionalismo, la historia de los conceptos, la historia atlántica contemporánea, la historia intelectual, la historia imperial y la historia de las culturas políticas. Ha publicado importantes capítulos y artículos en revistas y editoriales indexadas. Además, ha presentado papers en congresos y coloquios internacionales de prestigio. Participa como investigadora en el proyecto FONDECYT de Iniciación n.º 11200245 titulado “La expedición del Pacífico y la guerra Hispano-Sudamericana en los imaginarios geopolíticos de la España liberal (1860-1866)”. [email protected]

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