El Diplo 247 Enero

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Dossier

La economía después de la grieta por Matías Kulfas

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a economía argentina afronta severas dificultades para encontrar un sendero sostenido hacia el desaso. El problema no es nuevo: hace cuatro décadas que la economía alterna ciclos de expansión y ajuste Continúa en la página 4

La era de las revueltas Páginas

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Una ola de protestas masivas contra el orden neoliberal se extiende por el planeta. De Chile al Líbano, de Francia a Irak, las sociedades se rebelan contra los programas de ajuste y salen a la calle a gritar su furia. Desconcertados, los gobiernos oscilan entre las concesiones tácticas y la represión, pero no logran dar con una respuesta.

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enero 2020

Capital Intelectual S.A. Paraguay 1535 (1061) Buenos Aires, Argentina Publicación mensual Año XXI, Nº 247 Precio del ejemplar: $130 En Uruguay: 100 pesos

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el dipló, una voz clara en medio del ruido

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José Natanson Noemí Brenta Daniel Schteingart LoÏc Ramirez Maxime lancien daniel Finn carlos ominami Serge Halimi

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Edición 247 | enero 2020

Conservar el centro por José Natanson

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omo un yogui enojón, Alberto Fernández puede irritarse y pasarse de rosca pero rápidamente recupera su centro. Desde su designación como candidato, toda su campaña se orientó en el mismo sentido de lograr la unidad del peronismo y dejar atrás la etapa de la grieta, tarea entendida no como la búsqueda de un promedio reactivo a los dos polos sino como la inauguración de un nuevo tiempo político. El centro de Alberto no es macrismo más kirchnerismo dividido dos, sino la construcción de un nuevo eje a partir de un programa (reactivación económica, protección social, regeneración de la justicia), un método (pacto social, mesas sectoriales) y un estilo (explicar, explicar, explicar). Las evocaciones explícitas a Raúl Alfonsín, la figura que eligió para abrir y cerrar su discurso de asunción, refuerzan esta idea: podría haber apelado a Perón o Cristina pero eligió a ese santo laico en que se ha convertido el ex presidente radical, y al hacerlo puso un pie en tierra nueva.

Es lógico: Alberto no puede permitirse establecer una división funcional según la cual le ceda la totalidad de la invocación simbólica al kirchnerismo mientras él se dedica simplemente a gestionar el Estado, porque en ese caso se quedaría solo con lo más difícil, con el conflicto, la escasez y la crisis. Por eso, sin estridencias pero decidido, trabaja en la consolidación de su gobierno y su liderazgo: los integrantes del gabinete, de un progresismo casi frepasista, se destacan también por sus antecedentes en materia de manejo de los recursos estatales –incluso, o sobre todo, aquellos que ocuparon cargos de alta responsabilidad pública: Felipe Solá, Ginés González García, Gabriel Katopodis y, por supuesto, Gustavo Beliz–. Alberto no quiere o no puede hablar de corrupción pero es evidente que la selección de sus funcionarios estuvo guiada también por este criterio. El primer paso concreto de su gobierno, la megaley de emergencia económica y social, confirma su intención de avanzar por el difícil camino de aumentar impuestos sobre los sectores más privilegiados (retenciones, bienes personales, turismo en dólares), compensar a los más desfavorecidos (bonos, tarjeta alimentaria) y reservarse para sí un amplio margen de discrecionalidad (suspensión de la fórmula de ajuste previsional). Mejorar la vida de los más poster-

gados sin recurrir al déficit ni a la emisión como condición para avanzar en una negociación rápida con el FMI. La pregunta es si el contexto le permitirá conservar este centro difícil. Dos fuerzas globales lo amenazan. La primera es Estados Unidos, que desde la llegada al poder de Donald Trump viene desplegando un nuevo modo de intervención en América Latina, un renovado “injerencismo” que remite más al mundo bipolar de la Guerra Fría que a la relativa retracción de los últimos años, en buena medida porque estamos ante la emergencia de una nueva Guerra Fría. Como sostiene Juan Gabriel Tokatlian (1), la nueva doctrina de seguridad estadounidense consiste en recrear la doctrina Monroe en su patio trasero y evitar que China construya su propia doctrina Monroe en su patio trasero (el Sur de Asia). Conforme esta nueva estrategia, Trump despliega una intervención más abierta y despiadada, como se vio en Venezuela y Bolivia y de la que tuvimos una primera muestra con el desplante de uno de sus enviados, Mauricio ClaverCarone, en la ceremonia de asunción del 10 de diciembre. En teoría, entonces, Washington debería valorar la normalidad del recambio democrático argentino y la llegada al poder de un gobierno que, en una región convulsionada, plantea un programa moderado de reconstrucción reformista, y que actúa en los hechos como una superación del kirchnerismo cristinista. Pero solo en teoría. En otro siglo, también Perón era en los hechos un freno al comunismo y Estados Unidos no lo vio como un aliado táctico sino como un enemigo a derrotar. En este marco, el objetivo de Alberto de construir una relación madura con Estados Unidos queda a merced del trazo grueso de un Trump que ha demostrado que no está dispuesto a arriesgar un solo voto en función de su política exterior, como quedó claro con los aranceles al acero y al aluminio impuestos a las exportaciones de Argentina pero también de Brasil, supuestamente su mejor amigo en la región. ¿Podrá el gobierno argentino asegurarse el apoyo de Washington en el directorio del Fondo sin ceder a un alineamiento automático? ¿Podrá evitar subordinarse a Estados Unidos o, en el otro extremo, emprender un giro bolivariano que lo empuje a los brazos de China y Rusia? La política exterior de México, guiada por la mano experta de su canciller Marcelo Ebrard, puede servir no

de modelo, porque la relación de ese país con Estados Unidos es muy diferente, pero sí de referencia: México logró renegociar el acuerdo de libre comercio de América de Norte, sin el cual su economía se hubiera derrumbado, cediendo en temas cruciales (el envío de militares a su frontera Sur para morigerar el flujo migratorio) y manteniendo ciertos grados de autonomía (el asilo a Evo Morales así lo demuestra). Si la primera amenaza a los objetivos de Alberto es geopolítica, la segunda es de cultura política. La polarización es una tendencia global. En “La era de la indignación” (2), el especialista estadounidense Jonathan Haidt cita datos del estudio elaborado desde hace tres décadas por la consultora Gallup y el Centro de Investigación Pew, que revela un incremento sostenido de la polarización en Estados Unidos. ¿Cómo se comprueba esto? Por ejemplo, por el creciente porcentaje de personas que responden afirmativamente cuando se les pregunta si el partido rival es un peligro para el país o, lo que quizás resulte más preocupante, por el incremento de los que admiten que les molestaría que su hijo se casara con un demócrata (si son republicanos) o con un republicano (si son demócratas). Aunque en menor medida, esta mayor intolerancia al otro se verifica también en materia religiosa, social y étnica. Pero la polarización no es una tormenta inevitable sino una construcción social que los políticos, en el ejercicio cotidiano del poder, pueden moderar o agudizar. Haidt recuerda por ejemplo que durante su paso por la presidencia de la Cámara de Representantes el congresista conservador Newt Gingrich modificó el reglamento para que las sesiones se realizaran solo de martes a jueves, de modo tal que los legisladores pudieran regresar a sus estados los fines de semana, y estableció una serie de medidas para desalentarlos a que se mudaran de manera permanente a Washington. ¿El motivo? Gingrich quería evitar que los republicanos desarrollaran amistades con los demócratas. Si la presión hacia una radicalización es global, entonces las causas deben ser también globales. La primera es por supuesto el aumento de la desigualdad, la creciente heterogeneidad salarial (reflejo de un mundo laboral dividido entre unos pocos empleos calificados y bien pagos y un océano de trabajos basura) y el fin de la perspectiva de movilidad social ascendente, la crisis del sueño americano: sociedades divididas entre los gana-

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Staff Di­rec­tor: José Natanson Re­dac­ción Pablo Stancanelli (editor) Creusa Muñoz (editora) Luciana Garbarino Nuria Sol Vega Fermín Gdansky Orgambide (pasante) Se­cre­ta­ria Pa­tri­cia Or­fi­la se­cre­ta­ria@el­di­plo.org Co­rrec­ción Alfredo Cortés Diagramación Ariana Jenik Co­la­bo­ra­do­res lo­ca­les Carlos Alfieri Fernando Bogado Noemí Brenta Julián Chappa Matías Kulfas Federico Lorenz Leandro Morgenfeld Carlos Ominami Josefina Sartora Daniel Schteingart Andrés Tavosnanska Marta Vassallo

dores y los perdedores de la globalización. Esta realidad, comprobable incluso en economías en crecimiento y con bajo desempleo como Estados Unidos, se verifica también en países de desarrollo medio como el nuestro: la Argentina competitiva de la soja y las ciudades contra la Argentina subsidiada de la industria y los conurbanos. A ello hay que sumar la reconfiguración del ecosistema mediático, que también fomenta la radicalización. Cincuenta años atrás, cuando la comunicación audiovisual se limitaba a unos pocos canales de televisión y un puñado de emisoras AM, los medios se veían obligados a asumir posiciones ideológicas más amplias –o más moderadas– para interpelar a universos extendidos. La aparición de la FM, más tarde la llegada del cable y por último la creación de los portales web multiplicaron los emisores y produjeron una hipersegmentación del público, creando grupos de audiencias más chicos que a su vez componen mundos ideológicos alejados entre sí (3). Las redes sociales cerraron el círculo. Como explica Natalia Zuazo (4), las redes son en esencia empresas de publicidad, cuya rentabilidad depende de que pasemos dentro de ellas la mayor cantidad de tiempo posible, lo que las lleva a ofrecernos información que nos haga sentir “cognitivamente cómodos”, es decir información con la que estemos de acuerdo. Aplicando la lógica predictiva, el algoritmo nos encasilla y nos radicaliza, sumergiéndonos en un mundo en el que todos piensan como nosotros. Todo esto actúa como una fuerza centrífuga que fortalece los polos y aleja a los políticos del centro. Ahí están Trump y Boris Johnson, pero también Bernie Sanders y Jeremy Corbyn. Y no hace falta ir tan lejos: Sebastián Piñera pasó de una primera presidencia templada, que no desentonaba de los gobiernos anteriores de la Concertación, a un segundo mandato de derecha pura y dura. Jair Bolsonaro llegó al gobierno con un discurso intolerante y violento en un país considerado un ejemplo de moderación centrista. Y en Argentina el macrismo también comenzó como una mezcla de liberalismo y conservadurismo para terminar bolsonarizado. El caso más notorio es el chavismo, surgido como un movimiento democratizante e inclusivo y convertido hoy en un régimen militar y autoritario. Rebobinemos antes de concluir. Por un efecto casi diríamos gravitatorio, las sociedades actuales potencian los extremos, premian los planteos

disruptivos y radicalizan las posiciones. En América Latina, la intervención cada vez más descarada de Estados Unidos complica la estrategia de evitar un alineamiento automático con alguna de las dos potencias. Bajo estas condiciones, Alberto avanza en su agenda de reparación social y recuperación económica, acepta negociar, por ejemplo al excluir de la ley de emergencia el artículo que lo habilitaba a disolver organismos, y se muestra atento a la realidad, aceptando los reclamos para revisar las jubilaciones de jueces y diplomáticos. Pero hay otros problemas, problemas que insinúan una guerra en el corto plazo y que merecen un urgente tratamiento de shock. Como señalamos en otro editorial (5), la judicialización de la política es una de las principales causas de la polarización. En efecto, la intromisión de los tribunales en cuestiones antes reservadas a los políticos, el protagonismo de los servicios de inteligencia y la multiplicación de ex funcionarios presos hacen que la disputa por el poder ya no sea sólo una disputa por el poder sino algo más cruel y definitivo: los políticos se juegan también su prestigio y su libertad, con el lógico resultado de que estén dispuestos a hacer más cosas que antes para retenerlo, lo que le imprime a la política un plus de dramatismo que ensancha la grieta. Alberto debe encarar este tema de frente y sin dilaciones, mientras conserva intacta la legitimidad electoral, antes de que los habitantes de los sótanos despierten y las operaciones comiencen a enturbiar el horizonte. g

Editorial

Ilustradores Gustavo Cimadoro Juan Soto Tra­duc­to­res Victoria Cozzo Magalí Del Hoyo Georgina Fraser Teresa Garufi Aldo Giacometti Víctor Goldstein Gustavo Recalde Andrea Romero Diseño original Javier Vera Ocampo Publicidad Maia Sona [email protected] [email protected] ww­w.el­di­plo.org Fotocromos e impresión: CARIVEZ S.A. Mom 2846/2852, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le Monde diplomatique es una publicación de Capital Intelectual S.A., Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Redacción, administración, publicidad, suscripciones, cartas del lector: Tel/Fax: (5411) 4872 1440 / 4872 1330 E-mail: [email protected] En internet: www.eldiplo.org. Marca registrada®. Registro de la propiedad intelectual Nº 348.966. Queda prohibida la reproducción de todos los artículos, en cualquier formato o soporte, salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. © Le Monde diplomatique y Capital Intelectual S.A. Distribución en Interior y Exterior: D.I.S.A., Distribuidora Interplazas S.A. Pte. Luis Sáenz Peña 1836, Tel. 4305 3160. CF. Argentina. Distribución en Cap. Fed. y Gran Bs. As.: Vaccaro Hermanos y representantes de Editoriales S.A. Entre Ríos 919, 1º piso. Tel. 4305 3854, C.A.B.A., Argentina.

La circulación de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, del mes de diciembre de 2019 fue de 20.150 ejemplares.

1. Entrevista en www.cenital.com 2. Revista Letras Libres, 1-1-18. 3. Jorge Fontevecchia, “La polarización”, www.perfil. com/noticias/columnistas/la-polarizacion.phtml 4. “La conversación imposible”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, N° 238, abril de 2019. 5. Editorial en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Nº 238, abril de 2019.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Dossier El nuevo modelo de desarrollo

El desafío del gobierno es recuperar el crecimiento y mejorar la situación de los sectores más pobres evitando profundizar los desequilibrios macroeconómicos. En este artículo, el economista y ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, analiza las claves para superar el péndulo argentino, dejar atrás la grieta y reconstruir la economía.

Crecimiento, deuda, inflación, dólar…

La economía después de la grieta por Matías Kulfas*

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a economía argentina afronta severas dificultades para encontrar un sendero sostenido hacia el desarrollo. El problema no es nuevo: hace cuatro décadas que la economía alterna ciclos de expansión y ajuste, con abruptas oscilaciones en la política económica que conforman aquello que Marcelo Diamand denominara lúcidamente como “péndulo argentino” (1). La denominada grieta es una expresión simplificada de esa trayectoria recurrente y perniciosa, cuya superación es fundamental para encontrar la senda del desarrollo económico y social.

La tesis de la decadencia argentina En los últimos años ha tomado fuerza, tanto en ámbitos académicos como en la discusión pública en medios de comunicación y redes sociales, la idea de

Autor anónimo, Obrero trabajando en un chasis de tractor Fiat, 1962

una larga decadencia económica de Argentina. Según este enfoque, el país era, a principios del siglo XX, una nación desarrollada o que se encontraba muy cerca de alcanzar esa fórmula que separa a los pocos países de elevado bienestar (actualmente alrededor de 30) del resto (actualmente alrededor de 190). Su inserción internacional como proveedor de alimentos había sentado las bases para un sólido desarrollo económico que a su vez se había traducido en un crecimiento de las infraestructuras, un incipiente aumento de las manufacturas y un sistema educativo que mejoraba las oportunidades de integración social. Sin embargo, según esta narrativa, no estuvimos a la altura de los desafíos que se abrieron a partir de nuevos escenarios internacionales, en particular la crisis mundial de 1930. Iniciamos así un largo ciclo de inestabilidad política, cuya señal más evidente

fueron los sucesivos golpes militares, y de políticas económicas que se alejaron de aquel sendero virtuoso inaugurado a fines del siglo XIX. Una versión algo más extrema, no compartida por todos los que suscriben esta tesis, pero con bastante presencia en los medios de comunicación y en el propio gobierno de Mauricio Macri, hace referencia a los “setenta años de peronismo” como factor explicativo de este largo proceso de decadencia. Esta tesis es altamente controversial en varios aspectos. El gráfico incluido en esta nota muestra la evolución en el largo plazo del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante de Argentina y su distancia con respecto a dos casos relevantes de comparación: Estados Unidos, la gran potencia mundial del siglo XX, y Australia, un país útil como referencia debido a algunas características económicas similares a las nuestras a comienzos del siglo XX

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(extensa superficie, densidad de población relativamente baja, lejanía de los grandes centros económicos mundiales y muy buenas condiciones naturales para la producción agropecuaria). La brecha se mide como el cociente entre el PIB por habitante de Argentina respecto al de Estados Unidos y Australia, de modo que un indicador cercano al 100% señala que Argentina está alcanzando niveles similares a dichos países, al tiempo que uno alejado de ese valor señala un ensanchamiento de la brecha. La evolución de largo plazo muestra un proceso mucho más complejo que el que sugiere la visión de la larga decadencia. Por un lado, se observa que, en efecto, Argentina tenía a fines del siglo XIX y comienzos del XX un PIB por habitante similar, o incluso mayor en algunos años, al de Estados Unidos y Australia. Sin embargo, esas condiciones particulares no pudieron aprovecharse para forjar un sendero de desarrollo de largo plazo, como sí logró hacer Australia. Entre 1910 y 1940, el PIB por habitante argentino pasó a representar un 70% del australiano o estadounidense. Ya en la década de 1920 Alejandro Bunge alertaba sobre el agotamiento del modelo agroexportador y la necesidad de pensar nuevos horizontes y modelos de desarrollo, no desde una perspectiva de impugnación o crítica sino, más precisamente, en virtud de advertir que ese modelo había alcanzado su techo, o, como dijera Eduardo Duhalde sobre la Convertibilidad en 1999, “se había agotado por exitoso” (2). Según esta narrativa, lo que sigue es el supuesto gran fracaso de la industrialización argentina, basada en un proteccionismo espurio y aislacionista. Pero los datos no abonan esta hipótesis. Entre fines de los cuarenta y mediados de los setenta, Argentina creció con un ritmo similar al de Estados Unidos y Australia, de modo que la brecha se mantuvo estable. Vale una aclaración muy relevante: esos años de posguerra fueron de altísimo crecimiento en la economía internacional y en los países desarrollados en particular, al punto que suele hacerse referencia a ellos como la edad de oro del capitalismo. En ese período, Argentina creció a un ritmo similar al de la gran potencia mundial y al de su clásico referente de comparación. Ahora bien, los números son contundentes y no dejan margen de duda cuando comienza la notable divergencia a fines de los setenta. De tener un PIB por habitante equivalente al 70% del australiano,

pasamos al 43% en 1989 y al 32% en 2002. En pocos años, Argentina se rezagó notoriamente. Y aunque hubo dos períodos de relativa recuperación –en el primer lustro de los noventa y entre 2003 y 2013–, esa reversión no pudo sostenerse. Estos datos también contribuyen a refutar la hipótesis de los setenta años de peronismo como causa del rezago en nuestro desarrollo. No solo el fenómeno es más complejo y no atribuible a la llegada del peronismo al poder en 1946, sino que carece de sentido presuponer un sendero de continuidad en un escenario que estuvo signado por la inestabilidad política. A lo largo de los más de veinticinco mil días que transcurrieron entre 1946 y 2015, el peronismo gobernó el 52% del tiempo, el radicalismo el 21% y los gobiernos militares o de facto el restante 27%. Si miramos más en detalle, y aun a riesgo de sumar variables que aportan complejidad al panorama, veremos que hubo un gobierno peronista que implementó muchas de las reformas pro mercado que los sectores que sostienen esta tesis suelen reclamar. En definitiva, antes que encontrar puntos de continuidad y ejes claros y contundentes acerca del origen de nuestro rezago y de nuestra incapacidad para crecer de manera sostenida, lo que se observa es la inestabilidad, el constante pendular del que hablaba Diamand y las dificultades para trazar un sendero consistente y estable hacia el desarrollo económico. ¿Qué país es Argentina? Argentina dejó de ser un país agroexportador hace muchas décadas. La relevancia del sector agropecuario resulta indiscutible: es el principal generador de exportaciones y de actividad económica en numerosos pueblos del interior. Ahora bien, aun cuando el país se destaca como uno de los principales exportadores mundiales de soja, trigo y maíz, el peso de este sector en el PIB es relativamente bajo (en torno al 10%) y su contribución al empleo, muy baja y tiende a reducirse. El agro argentino hace su aporte a nuestro desarrollo; pero con eso solo no alcanza. Argentina es también un país de industrialización intermedia. Suele ubicarse entre los puestos 24 y 29 entre las economías industriales del planeta. No es algo para desdeñar: las primeras diez economías explican el 70% del producto industrial

Argentina en el largo plazo PIB por habitante de Argentina y brecha con Estados Unidos y Australia (1875-2016) Dólares constantes a precios de 2011

140%

Convergencia (1880 -1910)

Primera divergencia (1910 -1940)

Crecimiento al mismo ritmo en la edad de oro del crecimiento capitalista (1940 -1975)

120%

Gran divergencia (1975 -2000)

Recuperación 25.000 y estancamiento (2000 - ...)

20.000

100% 15.000

80% 60%

10.000

40% 5.000

PIB per cápita en Argentina (eje derecho)

Brecha con Estados Unidos

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

1930

1925

1920

1915

1910

1905

1900

1895

1890

1885

1880

0%

1875

20% 0

Brecha con Australia

Fuente: Elaboración propia en base a Maddison Project Database, versión 2018; Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong y Jan Luiten van Zanden (2018).

mundial, y las primeras treinta concentran el 90%. ¿Qué significa esto? Que estamos lejos de tener un sector industrial avanzado, pero también que producir manufacturas es un fenómeno que se verifica en pocos países, y Argentina está presente en ese mapa (aunque ocupe allí un lugar subalterno y de baja significatividad). La industria del siglo XXI es muy diferente a la del siglo pasado. Es cada vez más intensiva en conocimiento y en servicios. En esto también Argentina tiene cosas para aportar: actividades de servicios basadas en el conocimiento de alta calidad y con alguna incidencia exportadora. No obstante, estos sectores no alcanzan aún para construir una base para el desarrollo sostenido. Por añadidura, existe la contradicción de que los sectores que aseguran más divisas por exportaciones generan poco empleo; al mismo tiempo, los sectores que generan empleos son más demandantes que una fuente real de divisas. Empezar a resolver este dilema es un paso fundamental para encontrar el sendero del crecimiento sostenido y salir de estos ciclos. La grieta, expresada como un conflicto entre visiones o intereses extremos y sin puntos de encuentro, es el principal obstáculo. Agitar esa contradicción puede ser políticamente rentable en el corto plazo para ciertos sectores, pero en nada contribuirá a resolver la crisis vigente y afrontar los desafíos que vienen.

No es posible apostar a una recuperación general a partir de un shock de consumo estimulado sólo con aumentos del gasto público.

Conseguir los dólares El principal problema de la economía argentina es la restricción externa. En algunos momentos históricos esa restricción se relaja, porque los términos de intercambio son favorables, o porque se dispone de reservas internacionales para cubrir desequilibrios, o bien porque se accede al financiamiento externo para afrontar desajustes transitorios. Ninguna de esas tres condiciones estará presente en el horizonte inmediato. El ciclo de altos precios internacionales de las materias primas finalizó y no hay señales de retorno. No hay márgenes para aumentar el endeudamiento externo: el gobierno de Mauricio Macri multiplicó por tres el peso de la deuda pública con acreedores privados y organismos internacionales. El nivel de reservas disponibles no es elevado, y la mayor parte está comprometida a garantizar futuros vencimientos de deuda. En los últimos años se volvió habitual escuchar opiniones que sostienen la inexistencia de una restricción externa, presentada más bien como mero resabio ideológico de un marco conceptual estructuralista ya superado y sin relevancia en las bibliotecas que estudian los países desarrollados. Según esta visión, una economía con un régimen de tipo de cambio flexible y acceso al mercado internacional de capitales no tiene restricción de divisas, porque ante diferentes situaciones de desequilibrio –sean generadas internamente o como resultado de shocks exógenos– el ajuste se produce vía precio (es decir, devaluaciones) o aumentando el financiamiento externo (es decir, vía deuda). El problema de este enfoque es que ambas vías tienen severas limitaciones, como se vio claramente en el caso argentino. Los ajustes devaluatorios se traducen con frecuencia en mayor inflación y recesiones, y el acceso al mercado de capitales resuelve el problema hasta que se frena el financiamiento externo, como han demostrado sucesivas crisis, particularmente la de abril de 2018. Estas restricciones llevan a plantear la necesidad de implementar un programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garanti- d

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de nuevas prácticas productivas y tecnológicas. Por ejemplo, si una empresa prevé producir en el país un bien determinado que actualmente se importa, y para eso necesita incorporar componentes importados que suman aproximadamente el mismo valor que el bien final, se trata de una sustitución no genuina. Algo similar hay que señalar respecto de las exportaciones: debe verificarse un aumento efectivo de las cantidades exportadas y del contenido de producción local. Los proyectos exportadores o de sustitución genuina de importaciones pueden existir en numerosos sectores y escalas de empresas (en el sector primario, pero también en el industrial; en grandes empresas, pero también en pymes biotecnológicas y de la industria farmacéutica). Un eje central para plantear la sustitución deseable de importaciones son los clusters en torno a los recursos naturales. Está bien hablar de “agregar valor a los recursos naturales”, pero más importante aun es desarrollar las tecnologías vinculadas a la explotación y/o extracción. Australia no es rica por contar con alimentos o minería sino por ser un gran proveedor tecnológico en esos sectores (por ejemplo, es el proveedor del 60% de las exportaciones mundiales de software para minería). Argentina tiene el potencial para hacerlo. Pensar en clusters tecnológicos y de ingeniería ligados al agro, el petróleo y la minería rompe la tradicional dicotomía entre recursos naturales versus industria, genera más empleo y sustituye importaciones de manera genuina. En la misma dirección, el desarrollo de las tecnologías 4.0 puede aportar servicios y manufacturas para mejorar procesos y sustituir importaciones, además de acrecentar el contenido tecnológico de las exportaciones.

Emilio J. Abras, Exhibición de autos “Justicialista” construídos por el IAME en Córdoba, 1954

d zar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de deuda externa de los próximos años. Esto implica alinear en tal dirección las diferentes facetas de la política económica (fiscal, monetaria, cambiaria, productiva y financiera). Las políticas de desarrollo productivo tendrán que priorizar la inversión en aquellos proyectos que incrementen las exportaciones y sustituyan importaciones de manera genuina. Recurriendo a diferentes instrumentos financieros, se deberá promover la financiación a tasas de fomento y a largo plazo de los proyectos productivos que avancen en esa dirección. Una regla sencilla: a quien genere dólares genuinos se lo debería asistir con financiamiento barato en moneda nacional y con plazos favorables.

La prioridad: recuperar el crecimiento El sector industrial sufrió un fuerte proceso de ajuste durante el gobierno de Macri, con una pérdida del 15% del empleo y una caída del 17% en su producción. Las actividades científico-tecnológicas padecieron reducciones a partir de un menor presupuesto público y la pérdida de espacio productivo en los sectores que utilizan la tecnología de manera más intensiva, a lo que se sumaron el cierre o el recorte de proyectos públicos en sectores como la industria satelital, energía atómica y otros. La recuperación tendrá que seguir un proceso mucho más calibrado que en el pasado, sin depender exclusivamente ni del consumo ni del gasto público. Es deseable y necesario estimular una recuperación del salario real, pero este proceso habrá

que implementarlo con sumo cuidado para evitar que la puja distributiva retroalimente los niveles inflacionarios, cuyos valores actuales duplican con creces los registrados a comienzos del macrismo. Asimismo, en el estado de deterioro de la industria, es probable que los incrementos del salario real no encuentren oferta productiva adecuada y eso genere una mayor demanda de importaciones, lo que empeoraría la delicada situación externa. Con respecto al gasto público, la situación fiscal dista de la holgura de la década pasada. El gobierno de Macri agravó la situación al agregar una holgada cuenta de intereses de la deuda. Por tales motivos, no es posible apostar a una recuperación general a partir de un shock de consumo estimulado sólo con aumentos del gasto público o la recomposición del salario real. Antes bien, es necesario montar un aparato de relojería que direccione de manera efectiva escasos recursos hacia inversiones que recuperen el tejido manufacturero y, al mismo tiempo, contribuyan positivamente a generar un excedente de divisas que permita desplazar la restricción externa y obtener los recursos para financiar el crecimiento y los pagos de deuda externa. Se trata, como puede verse, de priorizar objetivos para asignar recursos escasos: aumentar las exportaciones y sustituir importaciones de manera genuina deben ser las tareas estratégicas. Entendemos como genuina una sustitución de importaciones cuando el resultado neto del proceso implica un ahorro efectivo de divisas y la implementación

El acuerdo económico y social Salir del péndulo y de la grieta es condición para encontrar la senda del desarrollo. La idea de un acuerdo económico y social parece trillada y vetusta, pero es un camino no sólo deseable sino también inevitable. El síntoma más claro es la exacerbación del proceso inflacionario: Macri heredó una economía con una inflación estimada en un 25-26% anual y dejó niveles superiores al 50%. La idea de que se trata de un problema exclusivamente monetario y de fácil resolución chocó contra una realidad mucho más compleja. La inercia inflacionaria, la puja distributiva, los saltos del tipo de cambio y los desajustes monetarios son, todos ellos, factores que inciden, en mayor o menor medida, y de manera cambiante según la coyuntura, en la evolución de la inflación. Esto nos lleva a pensar que no habrá soluciones mágicas, pero que una mesa de concertación de precios y salarios tendiente a generar un proceso de desinflación es una condición necesaria. Por supuesto que esto no resuelve por sí solo el problema: hay que diseñar una política monetaria y fiscal consistente con ese proceso, donde se evite la apreciación del tipo de cambio y se busque el equilibrio fiscal sustentado en el crecimiento y en buenas reglas de gestión intertemporal (ahorrar en épocas de crecimiento, gastar más en períodos de desaceleración y crisis). Esa mesa deberá proponerse una articulación entre el crecimiento, la baja de la inflación, la mejora del salario –en estrecha correlación con el aumento en la producción y la productividad– y la recuperación del valor de nuestra moneda. No son tareas sencillas dada nuestra historia reciente. Pero la experiencia muestra que la receta ortodoxa no funciona. g 1. El péndulo argentino. ¿Hasta cuándo?, Centro de Estudios de la Realidad Argentina, 1983. 2. Alejandro Bunge, “Nueva orientación de la política económica argentina”, Revista de Economía Argentina, Tomo VI, 1921.

*Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Este artículo forma parte del libro Hablemos de ideas. Nuevas generaciones piensan cómo gobernar una Argentina que cambió, compilado por Santiago Cafiero, Nahuel Sosa y Cecilia Gómez Miranda y editado por Siglo XXI. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Dossier El nuevo modelo de desarrollo

La prórroga de los pagos de la deuda y el aumento de impuestos sobre los sectores de mayores ingresos son las herramientas elegidas por el gobierno para reactivar la economía sin profundizar el déficit.

Primeros pasos económicos de Alberto

Renegociar para crecer por Noemí Brenta*

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rimera decisión económica de Alberto Fernández, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada por el Congreso apunta, en el corto plazo, a reactivar la economía a través de un empujón del consumo, empezando por los que seguro la gastarán dentro del país, que son los sectores de menores ingresos y más necesidades insatisfechas. Es la conocida receta del multiplicador del gasto en rondas sucesivas, que permite aumentar la producción cuando hay capacidad ociosa, como ocurre hoy, con solo el 60% de la industria en marcha. Esta etapa del plan económico es neokeynesiana, es decir que descansa en una intervención moderada del Estado en la economía, con búsqueda de equilibrio en el presupuesto público y las cuentas externas. Es la famosa “consistencia macroeconómica” que mencionó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su primera conferencia de prensa, que los mercados saludaron con una baja del riesgo país. “Argentina tiene que converger a una situación de equilibrio fiscal en la cual se alcance superávit primario –explicó Guzmán–. Eso es necesario para la sostenibilidad de la deuda. El problema es que no se puede hacer de golpe. El 2020 no es un año en que se pueda hacer un ajuste fiscal porque profundizaría la recesión y la agravaría. El tema es tener el aire para no tener que hacer esa contracción fiscal.” En los planes del gobierno, ese aire provendría de dos fuentes: prorrogar los pagos de la deuda y aumentar los impuestos a los sectores de mayor capacidad contributiva.

Deuda La prórroga de los pagos de la deuda con el sector privado aún no se ha definido. El ministro ha mencionado un plazo de dos a tres años; otros proponen estirarla a cuatro, hasta el 31 de diciembre de 2023. Hoy los intereses y cargos de la deuda se llevan cada año unos 3 puntos del PIB y representan alrededor de un quinto del gasto público. Esto es muchísimo: supera, por ejemplo, la suma del presupuesto nacional en salud, educación y ciencia y tecnología. Y como alrededor de la mitad de esos pagos va al extranjero, ni siquiera se gasta o ahorra en el país. Para dar una idea de lo que significa esta filtración de recursos, un estudio reciente del FMI encontró que por cada 1% de inversión pública en las provincias argentinas el producto crece hasta 1,7% (1). Por ejemplo, si en lugar de pagar 10 mil millones de dólares de intereses en 2020 –que son los recursos presupuestados por la deuda en moneda extranjera–, el Estado construye infraestructura y viviendas por ese monto, la producción y los ingresos aumentarían en

17 mil millones de dólares, equivalentes a 4,25% del PIB. Este cálculo rápido del multiplicador del gasto solo pretende ilustrar el proceso para explicar por qué es tan vital conseguir un respiro de los pagos de la deuda para recuperar el crecimiento y, también, la capacidad de atenderla. En este sentido, el 19 de diciembre Guzmán invitó a los tenedores de deuda pública a iniciar conversaciones para adecuar la deuda a los objetivos de sostenibilidad, basado en los principios de formar parte de un programa integral para recuperar un sendero de crecimiento sostenido como condición necesaria para restaurar la capacidad de pago, y sentar las condiciones para el desarrollo de un mercado de capitales doméstico; el ministro también manifestó la genuina voluntad de pago, expresión apreciada en el mundo financiero y los mercados. Al día siguiente, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva creó la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Externa (UGS), con rango de Subsecretaría, en la Secretaría de Finanzas, para trabajar en la renegociación de la deuda pública externa de Argentina, iniciando un proceso de consultas y un canal de diálogo con los distintos participantes y agentes del mercado, como las instituciones financieras y asesores financieros. Además, habilitó una dirección de correo electrónico para recibir información relevante y dinamizar la comunicación con las instituciones interesadas. Esta Unidad transparenta y ordena las conversaciones que el gobierno ya venía teniendo con bancos, fondos y otros tenedores de bonos, que incluso habrían presentado ofertas. Dos ex secretarios de Finanzas y negociadores de la deuda externa argentina, Daniel Marx y Adrián Cosentino, fueron incorporados como asesores, por su experiencia y contactos. Pero al parecer sería el ministro Guzmán, experto en temas de reestructuración de deudas soberanas, quien conduciría las negociaciones, que ya vendrían encaminadas y con la anuencia del FMI. Crecimiento Sin nuevo endeudamiento significativo, el crecimiento de la economía restablecería una relación más tolerable entre la deuda y el PIB –que hoy ronda el 95%– y permitiría alcanzar un perfil de vencimientos razonable, muy distinto al heredado del macrismo, que concentra pagos por 200 mil millones de dólares entre 2020 y 2023, los cuatro años de la gestión del Frente de Todos. En otras palabras, si no se renegocia la deuda medio producto bruto –o más, según el tipo de cambio que se tome para el cálculo– debería destinarse a pagarla. Esto es imposible aun suponiendo que parte del capital se renueve, lo que no es conveniente para todos los tipos de acreedo-

res, en especial para los más condicionantes, ni para la deuda en moneda extranjera, por las restricciones que representa la jurisdicción extranjera para orientar la política económica. A su vez, el crecimiento económico permitiría aumentar la recaudación tributaria, que depende del nivel de actividad, y contribuir a generar un superávit primario, junto con los aumentos recaudatorios provenientes de las nuevas alícuotas de algunos impuestos. Este es justamente el segundo aire de la sostenibilidad de la deuda y de la consistencia del programa económico que mencionó Guzmán. No pagar por un tiempo los intereses y cargos de la deuda reducirá el déficit fiscal, ya que baja el gasto corriente, suponiendo que solo una parte de esos montos se destinará a la reactivación. Pero, dentro de la lógica de consistencia de las cuentas públicas, es necesario hacer algo más para lograr el resultado fiscal que demuestre la voluntad de pago y al mismo tiempo no contraiga la producción y el empleo, o al menos que esa contracción sea sobrecompensada por la expansión multiplicadora de las transferencias para consumo de los sectores postergados y del gasto público en infraestructura, vivienda y otros rubros indispensables. La ley votada por el Congreso busca mejorar el resultado fiscal a través de un aumento de las alícuotas de los aportes previsionales patronales y también de algunos impuestos, como los que gravan la riqueza (bienes personales), los impuestos internos a vehículos de alta gama y la tasa de estadísticas de las importaciones. En el caso de los derechos de exportación (retenciones), convierte en proporcional una suma fija que se fue desvalorizando con la inflación y las devaluaciones, pero faculta la segmentación y el estímulo para los pequeños productores. Algunos de estos impuestos, los que gravan manifestaciones de la riqueza, que incluso fueron eliminados o reducidos por el gobierno anterior en su política de redistribución regresiva del ingreso, recaen sobre contribuyentes que no modificarán sus niveles de gasto por pagar esos tributos. Por lo tanto, no impacta sobre el crecimiento, a diferencia de lo que ocurre cuando el Estado baja el ingreso disponible de los sectores populares, como ocurrió en los últimos cuatro años. Pero, más allá de la lógica económica, aumentar la carga tributaria es antipático y despierta resistencia, especialmente en los sectores opositores: pone a prueba la muñeca negociadora del nuevo Presidente. También en honor a la consistencia macroeconómica, en este caso no solo fiscal sino de las cuentas externas, la Ley de Solidaridad Social crea un nuevo impuesto del 30% a la compra de divisas y otras operaciones en moneda extranjera, que tiene un doble propósito. Además de recaudatorio, busca reducir la salida de dólares por todo concepto, principalmente atesoramiento, compras en el exterior y turismo. Por un lado, esto refleja la necesidad de racionar un recurso tan escaso como las divisas, en momentos de gran endeudamiento externo; por otro, evitar un aumento de la demanda de dólares para importar insumos industriales, bienes de capital y de consumo, que sobrevendrá con la recuperación económica, y anticiparse a gestionar la famosa restricción externa que ha frenado el crecimiento económico de Argentina, sumada a la restricción financiera ya presente a través del sobreendeudamiento de los últimos cuatro años. A esta altura, ya nadie habla de eliminar el control cambiario que impuso Macri por decreto a principios de septiembre, ni de aumentar el máximo de 200 dólares mensuales. Eso quedará para épocas de vacas muertas o soja cara. g

1. Alejandro Izquierdo, Ruy Lama, Juan Pablo Medina y otros, “Is the Public Investment Multiplier Higher in Developing Countries?”, An Empirical Exploration, IMF, WP/19/289.

*Economista UBA y UTN-FRGP. Su último libro es Historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri, Capital Intelectual 2019 © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Dossier El nuevo modelo de desarrollo

Para superar los péndulos productivos y distributivos que han caracterizado la historia económica argentina, el nuevo gobierno deberá resolver la falsa antinomia entre recursos naturales, industria y servicios. Países como Canadá, Finlandia o Dinamarca confirman que es posible congeniar los tres sectores exitosamente.

Estrategias de desarrollo productivo

Un satélite para mi país por Daniel Schteingart y Andrés Tavosnanska*

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l balance productivo de los últimos cuatro años es triste. Alberto Fernández asumió con un PIB per cápita y cifras de pobreza parecidos a los de 2007 y con un profundo retroceso en materia productiva. Salvo pocas excepciones (como el agro y los SBC –servicios basados en el conocimiento–), la mayoría de los sectores se contrajeron durante la gestión de Mauricio Macri. En particular, la industria fue uno de los más afectados, con un repliegue de la producción del 14%. Este panorama es doblemente grave si tenemos en cuenta que el período 201115 fue de estancamiento económico. De este modo, el país está a punto de culminar otra década perdida. Sin embargo, hay luz al final del túnel. No olvidemos que, en 2002, el entramado productivo se encontraba en ruinas y poco después logró un dinamismo inédito en décadas, revirtiendo rápidamente el deterioro de fines de los 90. Para que Argentina pueda encontrar un sendero de desarrollo sustentable, la macroeconomía es fundamental. Pero también lo es la dinámica de nuestra estructura productiva. A continuación, nos centraremos en el punto de partida actual, para pensar algunas posibles estrategias de desarrollo productivo.

Cuatro dimensiones del desarrollo Pensar en el desarrollo de largo plazo y en qué sectores se quiere fomentar implica analizar cuatro dimensiones fundamentales de nuestra economía. La primera es la externa: cuántas divisas nos provee (o nos ahorra) la existencia de un sector. Esta dimensión es crucial, porque allí se dirime el crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país. La principal explicación de que Argentina haya perdido una década en materia económica tiene que ver con los dólares: hemos sido incapaces de lidiar con la restricción externa (la escasez de divisas que termina por generar devaluaciones que empobrecen al grueso del país y achican la producción). La segunda dimensión es la del empleo: cuánto potencial tiene un sector para generar empleo y así generar inclusión social y movilidad social ascendente. Por ejemplo, la minería o la soja tienen un potencial mucho mayor en la primera dimensión comparada con la segunda, en tanto que muchas industrias mercado-internistas (calzado, indumentaria) en la segunda. La tercera dimensión tiene que ver con la tecnología: cuál es el potencial que tiene un sector para impulsar el desarrollo tecnológico (y la productividad) del país y para derramar esos avances sobre otros sectores a partir de encadenamientos productivos. La dimensión tecnológica es fundamental, ya que sin modernización productiva y aumento de productividad es imposible ser competitivos con salarios altos. Por ejemplo, sectores como los SBC o las industrias con mucha intensidad de I+D (piénsese en la satelital, la nuclear o la farmacéutica) puntúan alto aquí. Por último, la cuarta dimensión es la territorial y tiene que ver con cuánto potencial tiene un sector para desarrollar las regiones periféricas del país. Por ejemplo, el turismo –o ciertas industrias que emergie-

ron con regímenes de promoción regional, como las manufacturas de San Luis– se destacan aquí. El fallido Plan Australia Son varias las causas que confluyeron en la crisis actual, aunque una muy importante es el modelo de desarrollo que adoptó el macrismo cuando asumió, y que se conoció como “Plan Australia”. La idea detrás de esta visión era que Argentina debía replicar el sendero de desarrollo australiano desde los 70 para acá. En particular, lo que le interesaba al gobierno saliente era el modo por el cual Australia había pasado de ser una economía semicerrada a una abierta, lo que le permitió seguir creciendo sostenidamente (Australia había crecido antes de los 70 y siguió haciéndolo después), fortalecer su especialización en materias primas y servicios complejos y soltarle gradualmente la mano a su industria, la cual había florecido a lo largo del siglo XX al calor de un modelo proteccionista. Inspirándose en Australia, para el macrismo abrir la economía argentina implicaba una apuesta por los recursos naturales (agro, energía, minería e hidrocarburos) más algunos servicios (turismo y los SBC, como por ejemplo software). La industria, más que como la solución al desarrollo, fue concebida como “el problema”, y como un actor con alto poder de lobby para mantener un mercado interno cautivo a expensas de los consumidores y la competitividad nacional. Dado que la industria es heterogénea, esta acusación recayó sobre todo en aquellos sectores intensivos en mano de obra incapaces de competir con Asia (textil, confección, calzado o electrónica), y no sobre la agroindustria, vista con potencial para que el país pasase a ser “el supermercado del mundo”. Pero Argentina no es Australia, y el macrismo pecó de excesiva confianza en su modelo de país. La Australia de los 70 tenía muchos rasgos diferentes a los de la Argentina actual, a los cuales el gobierno no prestó atención. Primero, cuando Australia tenía el PIB per cápita que tiene Argentina hoy (a fines de los 60), ya gastaba el 1,1% del PIB en investigación y desarrollo (con más del 70% financiado por el Estado). Segundo, Australia siempre fue un país notoriamente más igualitario que el nuestro. Tercero, Australia tiene una densidad demográfica cinco veces menor a la nuestra, lo cual le da una dotación de recursos naturales ampliamente superior. Cuarto, Australia gozó históricamente del apoyo geopolítico de Gran Bretaña y Estados Unidos, lo cual le permitió financiar cuantiosos déficits de divisas sin mayores problemas. Argentina, en cambio, invierte en I+D la mitad de lo que invertía la Australia de los 60, tiene muchos menos recursos naturales y es, en términos geopolíticos, un país irrelevante. Del marketinero “Plan Australia”, sólo la parte destructiva orientada contra la industria fue exitosa. Los “sectores elegidos” también se vieron afectados por la incapacidad del gobierno saliente, dado que sufrieron las universidades públicas que forman trabajadores del software, las empresas de hidrocarburos con el cambio constante de políticas de precios y promoción, o el Insti-

tuto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) por el desfinanciamiento. Al final, la apertura generó un déficit de cuenta corriente que superó el 5% del PIB, no llovieron las prometidas inversiones y el país pudo crecer sólo durante los pocos meses que duró la burbuja del endeudamiento externo.

Del marketinero “Plan Australia”, sólo la parte destructiva orientada contra la industria fue exitosa.

Diversificación Hace décadas que Argentina es volátil en términos macroeconómicos. En el largo plazo, este péndulo es pernicioso ya que genera incertidumbre y comportamientos defensivos que obstaculizan las inversiones, especialmente las de largo plazo en conocimiento. El resultado ha sido un crecimiento raquítico desde los 70. Detrás de esta crónica volatilidad hay dos conflictos no resueltos. El primero es el péndulo distributivo: desde los 40, Argentina ha sido incapaz de mantener en el tiempo un rumbo distributivo sostenido, lo cual se ha plasmado en ciclos de distribución progresiva acelerada que terminan siendo insostenibles, y que dan lugar a ciclos redistributivos regresivos. Cuando el dólar se abarata, se produce una distribución más progresiva y los trabajadores ganan peso en el producto; cuando el dólar se encarece por medio de una devaluación, ocurre lo contrario. El segundo conflicto no resuelto es el péndulo productivo, ligado a qué debe producir y exportar Argentina. Los ciclos progresivos en general han sido acompañados por modelos productivos que tendieron a fomentar la industria que vende al mercado interno y que descuidaron el frente exportador. Ahí ha residido su punto débil: financiar la mejora de vida de los trabajadores requiere de dólares, y si se hacen políticas anti exportadoras (como cerrar las exportaciones de carne) esos dólares menguan. Por su parte, los ciclos regresivos han tendido a ir de la mano de modelos productivos centrados en los recursos naturales y, particularmente, en el agro. Una de las claves del nuevo gobierno será lograr suavizar tanto el péndulo distributivo como el productivo. El acuerdo social entre trabajadores y empresarios es fundamental para el primero; dejar de pensar que los recursos naturales y la industria son antagónicos es clave para el segundo. Si Australia es la versión idealizada de la especialización en recursos naturales, Canadá, Finlandia o Dinamarca aparecen como casos que muestran que es posible congeniar el sector primario con el industrial y los servicios exitosamente. A modo de ejemplo, Canadá está especializada en materias primas como hidrocarburos, minerales, madera y alimentos (pescado, trigo, oleaginosas) manufacturas (autos, aviones, fertilizantes o motores) y servicios intensivos en conocimiento (informáticos, financieros y empre-

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Autor anónimo, Fábrica Bolsalona, Buenos Aires, ca. 1950 (Colección Abel Alexander)

sariales). Algo similar ocurre en países como Finlandia o Dinamarca. En los tres casos, los países comenzaron especializándose mayormente en recursos naturales, y con el correr de las décadas se fueron diversificando hacia otros sectores, sin que ello implicara un abandono total de la especialización en el sector primario. ¿Hacia dónde ir entonces? El éxito de Alberto Fernández depende de que las exportaciones crezcan rápido. Dada la estructura productiva actual, al menos el 80% de ese incremento tiene que provenir de la explotación de recursos naturales: por ello es clave la expansión de la producción agrícola, Vaca Muerta y la minería (incluyendo el litio). A eso se pueden sumar las carnes de vaca y cerdo, que tienen una gran oportunidad. Alrededor de cada complejo exportador existe el desafío de reforzar los encadenamientos, mediante el desarrollo de proveedores especializados, en algunos casos, y el procesamiento de los recursos naturales, en otros. Por ejemplo, el complejo industrial y de servicios ligado al agro (con sus empresas de maquinaria agrícola, semillas, biotecnología, agrotech o fertilizantes) tiene mucho por aportar. El desarrollo de estos sectores –hoy incompleto– permitiría ahorrar divisas, generar empleo de calidad, desarrollar tecnología nacional y también economías regionales, satisfaciendo las cuatro problemáticas del desarrollo mencionadas más arriba.

De forma análoga, la industria de equipos para el sector energético tiene mucho potencial. Tenemos empresas que hacen turbinas, generadores, torres, transformadores, conductores, todas las partes fundamentales de los parques eólicos y represas hidroeléctricas. Con un marco regulatorio adecuado para la incorporación de nueva potencia eléctrica y la demanda que puede proveer YPF Luz, se podría dar el impulso necesario para desarrollar la cadena de valor. Vaca Muerta hoy se desarrolla con el trabajo de cientos de empresas argentinas con altas capacidades. Con políticas de “compre nacional” desde YPF y en colaboración con Y-TEC el sector brinda una oportunidad única para desarrollar proveedores globales de la industria petrolera (como hizo Noruega). Asimismo, los excedentes de gas que surgen de Vaca Muerta podrían ser valorizados como combustible para los autos, traccionando la industria nacional de GNC. En un contexto en donde el precio de la nafta es prohibitivo para muchas familias, serviría además para bajar el costo de vida. Con la producción de gas en aumento, se podrían consolidar sectores industriales que demandan mucha energía, como la petroquímica, y exportar gas natural licuado. En el complejo forestal , las millones de hectáreas plantadas de bosques permiten apuntalar la industria de la celulosa, donde el país ya tiene capacidades. Otros sectores importantes son el turismo y los SBC, que hoy son muy competitivos gracias a los salarios ba-

jos en dólares. El turismo es un gran generador de mano de obra y de desarrollo regional; asimismo, el anunciado impuesto del 30% al turismo en el exterior genera un fuerte incentivo para el desarrollo local de un sector que cuenta con un gran potencial dada la diversidad cultural y la belleza natural (mucha de ella subexplotada) de nuestro país. Pero para desarrollarlo sosteniblemente es clave la inversión en infraestructura para mejorar la conectividad, instalar la marca país en el exterior y garantizar el cuidado paisajístico y ambiental. Los SBC muestran dificultades para continuar creciendo luego de haber pasado la etapa inicial donde contaban con abundantes profesionales desocupados o desarrollaban tareas de menor productividad. En estos años no aumentó la matrícula universitaria de carreras asociadas, mientras que las instancias iniciales educativas profundizaron su crisis y políticas como el Plan 111 (para formar 111.000 trabajadores de la industria del software) han estado lejos de los objetivos planteados. En el corto plazo, su expansión dependerá de poder desarrollar estrategias de upgrading y de la vinculación con la industria local. En el mediano plazo difícilmente pueda desacoplarse del devenir del sistema educativo. Otros sectores a impulsar son el satelital y el nuclear, ambos de alta intensidad tecnológica, y en donde Argentina ha probado capacidades de aprendizaje e innovación. Se trata de tecnologías en las que el Estado ha invertido mucho durante décadas y que controlan un selecto club de países. Los planes nucleares y satelitales han sido frenados y desfinanciados en los últimos años, obligando a revisarlos en el nuevo contexto, haciendo foco en la construcción del reactor Carem y el ARSAT 3. Otro sector de alta tecnología donde Argentina tiene potencial y trayectoria es el biotecnológico. Con una industria farmacéutica local relevante y cientos de investigadores calificados se puede avanzar en la producción de biosimilares, aprovechando que están comenzando a vencer las patentes de algunos de los medicamentos de alto costo más vendidos a nivel mundial. De la misma manera, la industria 4.0 obliga al país a apostar a la industria de la automatización, servicios de ingeniería y bienes de capital que, combinados, pueden apuntalar la productividad industrial local y exportar servicios a la región. La aplicación de tecnología al uso de datos y la digitalización (servicios en la nube, redes/ servidores, sensores, chips, etc.) permite mejoras sustanciales en las líneas de producción, en la logística y en la comercialización. La difusión de estas prácticas en la industria (y su extensión a otros sectores que van del agro a la salud, pasando por energía, logística y transporte) es fundamental para el incremento de competitividad que tanto necesita nuestro aparato productivo. La industria automotriz y los sectores intensivos en empleo son dos de los sectores más afectados por la política de apertura comercial y la recesión de estos años. La industria automotriz atraviesa una profunda crisis producto de la desinversión de la mayor parte de sus principales empresas, que han decidido abastecer el mercado interno desde Brasil. Esta estrategia tiene que ser corregida por el gobierno, ofreciendo incentivos claros para que Argentina tenga más casos como el de Toyota, firma que ha apostado a la inversión de largo plazo con excelentes resultados en materia de exportaciones y desarrollo de proveedores. También el sector debe focalizarse en la producción de pick ups, SUV y utilitarios, ir hacia plataformas más eficientes y con proveedores competitivos. Para ello, es necesario que abastezcan no sólo al Mercosur sino también a otros mercados. Por último, sectores tradicionales y empleo-intensivos como el de confección, calzado y madera se han retraído estos años y hoy están a la expectativa de recuperarse de la mano de un gobierno que les ha prometido reabrir las fábricas. En esa línea sería deseable enfocarse en los segmentos más intensivos en capital y diseño (lo cual implicaría expulsión de empleo no calificado en el largo plazo). Ello les brindaría mayores posibilidades de tornarse competitivos sin necesidad de tanta protección comercial. g *Respectivamente, becario posdoctoral (CITRA-CONICET) y profesor universitario (UNQ), y economista del Centro Periferia. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Trabajadores de la empresa china CAMC, Salar de Uyuni, 8-10-18 (David Mercado/Reuters)

Mientras el gobierno de facto boliviano promete elecciones para el mes de marzo, el proyecto de Evo Morales de defender la soberanía sobre la riqueza de su suelo parece definitivamente enterrado. El ex presidente, enfrentando a las multinacionales, aspiraba a controlar toda la cadena de producción del litio, desde su extracción hasta su industrialización.

Bolivia y el yacimiento de litio más grande del mundo

Un efímero sueño de soberanía por Maëlle Mariette*, enviada especial

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or un lado, es un país pobre de América Latina. Por el otro, cuenta con una tecnología de vanguardia que no maneja casi ninguna otra nación del Sur. A priori, nada permitía suponer que un día Bolivia pretendería convertirse en uno de los actores clave del mercado del litio, un metal alcalino indispensable para la producción de baterías. El descubrimiento del yacimiento más grande del mundo de este “oro blanco” en el Salar de Uyuni, el inmenso desierto de sal al suroeste del país, podría haber conducido a un fenómeno que el país conoce bien: la explotación por otros de la riqueza que yace oculta en su suelo. Pero el presidente Evo Morales, electo en 2006 y derrocado por un golpe de Estado en noviembre de 2019 (1), había imaginado un escenario diferente: una explotación de litio que no beneficiara a las multinacionales del Norte sino a los bolivianos… Terminar con el colonialismo El día está llegando a su fin. Un viento glacial azota el Salar de Uyuni. Estamos frente al complejo industrial de produc-

ción de litio y cloruro de potasio en Llipi, en una noche de invierno de 2019. Aquí se juega el futuro del país: a cargo del Estado, esta unidad pionera de explotación e industrialización del litio debe convertir a Bolivia en la “Arabia Saudita del litio”, como solía repetir el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, ahora exiliado en México. Aunque el planeta no cuenta con muchos salares, lugares privilegiados para la extracción de litio, la demanda no deja de aumentar. Si para un simple smartphone se utilizan entre 2 y 3 gramos de este metal, un auto eléctrico requiere de unos 20 kilos. Hoy en día circulan solo 4 millones de vehículos “verdes”, pero se estima que para 2040 esta cifra ascenderá a 260 millones. En los próximos diez años, se espera que la demanda mundial de litio, que en 2018 fue de alrededor de 300.000 toneladas, alcance el millón de toneladas. Los precios, por su parte, ya se han cuadruplicado en los últimos tres años: en 2018, la tonelada se disparó a 20.000 dólares (antes de una ligera baja en 2019). Desde

entonces, la pequeña localidad de Llipi atrae la atención del mundo entero. Al parecer, bajo sus 10.000 kilómetros cuadrados, el Salar de Uyuni tiene unos 21 millones de toneladas de litio (2). Una promesa de abundancia. Pero, ¿para beneficio de quién? Desde la colonización española –durante la que millones de indios murieron en las minas de plata– hasta el siglo XX – en el que las compañías extranjeras hicieron fortuna con las minas de oro, tungsteno y estaño–, las comunidades locales nunca se vieron beneficiadas por ninguna de las riquezas del subsuelo boliviano. “De ninguna manera dejaremos que nos saqueen de nuevo”, había declarado Evo al comienzo de su primer mandato. Desde su llegada al poder, en 2006, defiende la idea de una extracción “100% nacional” con una ambición concreta: exportar el litio, pero no en estado bruto, sino transformado en baterías de producción local, con mayor valor agregado. Si lo lograse, Bolivia pasaría a ser uno de los pocos países del Sur en hacerse cargo de la totalidad de una cadena industrial: exploración y ex-

tracción de la materia prima (tratamiento de salmueras), elaboración de los compuestos de base (carbonato de litio, pero también cloruro de potasio, subproducto del proceso de extracción del litio, que se utiliza como fertilizante y se exporta principalmente al mercado brasileño), fabricación de bienes intermedios (cátodos de litio y electrolito), así como bienes de consumo final (baterías de iones de litio). En 2008, el gobierno impulsó un plan nacional de industrialización de recursos “evaporíticos” –el litio, sobre todo, pero también otros minerales presentes en la salmuera, como el potasio, el boro, etc.–, bajo la tutela de una empresa nacional: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). “Nuestra política consiste en asegurarnos de que sean las empresas estatales las que exploten la materia prima”, nos explica Luis Alberto Echazú, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, quien está encargado del proyecto desde sus inicios. El objetivo del plan es desarrollar una tecnología nacional para no depender de las multinacionales y las patentes extranjeras. Para lograrlo, el Estado desembolsó casi mil millones de dólares, una de las inversiones más importantes de la historia del país. Sin embargo, el mayor desafío no es financiero. “En el plano tecnológico, fue necesario empezar de cero prácticamente”, nos cuenta Echazú. “Solo dos universidades contaban con laboratorios de química que trabajasen con recursos evaporíticos”, agrega Oscar Mamani, jefe de operaciones de Llipi, que vivía en el extranjero cuando se lanzó el proyecto, pero que volvió al país por este motivo, como muchos otros ingenieros bolivianos. “Estudiamos minuciosamente la literatura científica y después fuimos probando, pero sin ayuda exterior. Todos nos convertimos en investigadores, en definitiva”. En Llipi, el litio se transforma en carbonato de litio de “calidad batería”. En La Palca, a unas cuantas decenas de kilómetros, este carbonato entra en la fabricación de materiales catódicos y luego se convierte en baterías de iones de litio. Esta última etapa –la producción de bienes de consumo– resulta ser la más difícil. “Es preciso medir la amplitud del desafío –comenta Marcelo Gonzales, el director de la planta piloto de baterías–. No solo es la única planta de baterías de América Latina, sino que también tuvimos que capacitar a todo el personal”. Además de tener que adquirir los equipos necesarios –producidos en Japón, Europa o Estados Unidos–, también fue necesario desarrollar las habilidades para utilizarlos. Tal como el director del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos, Marcelo Saique, que acaba de llegar de Brasil, los trabajadores deben ir al extranjero en busca de formaciones que no existen en Bolivia. Los investigadores, en particular gracias a un programa gubernamental de becas, pueden viajar para perfeccionarse en las áreas estratégicas, como la del litio. En busca del socio adecuado Sin embargo, Bolivia no es una isla. Aunque resulte paradójico, su proyecto de independencia debe ir acompañado de un esfuerzo para tejer lazos con las transnacionales que, de otro modo, le impedirían el acceso a determinadas tecnologías y mercados. Se trata entonces de encontrar socios que no terminen actuando como dadores de órdenes, una actitud poco habitual en las grandes empresas. Desde esta perspectiva, Echazú enumera las cinco condiciones que deben cumplir los asociados de YLB: aceptar la participación mayoritaria del Estado boliviano (51%);

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asegurar una industrialización del litio que conduzca a la elaboración de productos de alto valor agregado; proporcionar financiación; asegurar el acceso al mercado extranjero, y garantizar una transferencia de tecnología y conocimiento, sobre todo a través de la formación del personal boliviano. Si bien algunas empresas japonesas, chinas, surcoreanas y francesas han manifestado su interés en el proyecto, en varias ocasiones las cosas se complicaron, tal como sucedió con la empresa Bolloré. “Vincent Bolloré vino en 2008 –nos cuenta Oscar Vargas Villazón, economista, que en aquel entonces se encargó de recibir a la delegación del empresario francés–. Se reunió con Evo Morales, lo invitó a París e incluso lo llevó a dar un paseo por las orillas del Sena en uno de sus autos eléctricos. Estudiamos su propuesta con detenimiento, pero su costado muy ‘Françafrique’, muy condescendiente, no nos gustó”. Y agrega riéndose: “La empresa Bolloré no comprendió nuestra filosofía. Lo único que le interesaba era nuestra materia prima”. Finalmente, el empresario francés optó por invertir en Argentina, donde las condiciones ofrecidas le convenían más: concesiones privadas, ventajas fiscales y normas ambientales menos estrictas. Muchas multinacionales se han negado a salir del único marco económico que toleran, y que Borja Segovia, director del complejo de La Palca, resume así: “Exploto, pago impuestos irrisorios, me llevo la materia prima y con ella el valor agregado”. En agosto de 2019, el gobierno boliviano se asoció con el consorcio chino Xinjiang TBEA Group-Baocheng para explotar los salares de Coipasa y Pastos Gran-

des. El acuerdo también incluye la construcción de una planta de baterías de iones de litio en China, con la participación de YLB. “¡El mercado del futuro está en China! –dice entusiasmado Vargas Villazón–. El gobierno anunció que en 2025 todos los autos del país van a ser eléctricos”. China concentra el 60% del mercado de baterías y hoy en día ya es el mayor consumidor de carbonato de litio del mundo. También se han llevado a cabo nego-

Si para un smartphone se utilizan entre 2 y 3 gramos de litio, un auto eléctrico requiere de unos 20 kilos. ciaciones con India y Rusia pero, durante mucho tiempo, las expectativas estuvieron puestas en un acuerdo con la alemana ACI Systems, que se firmó a fines de 2018, tras diez largos años de deliberación. La asociación, que dio lugar a la creación de la primera empresa mixta del país en este sector, YLB-Acisa, abría el litio boliviano al mercado europeo y respondía a una necesidad estratégica de la industria automovilística alemana (la más grande de Europa), que no produce baterías. Como anunciaba Echazú a comienzos de 2019,

el objetivo es “enviar la primera batería eléctrica para autos a Alemania a fines del 2023 o al inicio de 2024”. Sin embargo, cuando nos reunimos con él unos meses más tarde, su entusiasmo se había desvanecido. “Estamos luchando con los alemanes porque quieren revocar el contrato. Ya no les interesa producir baterías acá porque, según dicen, no es rentable”. Es cierto que para fabricar baterías en Bolivia haría falta importar todos los insumos necesarios. Dada la falta de infraestructura para la producción, llevaría mucho tiempo lograr su fabricación en el país. Además, al no tener salida al mar, una segunda dificultad limita la competitividad de la producción boliviana: el costo del transporte. Esto explica por qué Evo Morales ha luchado ante distintos tribunales internacionales para obtener un acceso soberano al Océano Pacífico (3). Desde hace tiempo, la prensa invita a Bolivia a abandonar sus ambiciones, supuestamente condenadas al fracaso, dado que el país no tendría la capacidad requerida y, sobre todo, no comprendería el mundo de los negocios. Omnipresente en los medios, un tal Juan Carlos Zuleta, miembro de la Comisión Nacional del Litio de Chile, se presentó cuando lo entrevistamos como “investigador independiente, doctorado en Economía por una universidad estadounidense”. Zuleta es analista financiero y asesor de multinacionales relacionadas con la explotación del precioso metal alcalino, especialmente en Chile, el segundo productor del mundo. También es consejero del Comité Cívico de Potosí (la región en la que se encuentran Llipi y La Palca), en donde se mostró muy activo durante el

golpe de Estado de noviembre de 2019 contra Morales. Según él, no es posible imaginar una explotación de litio en Bolivia: “Solo Estados Unidos posee la tecnología necesaria” (4). Evo Morales atribuía gran importancia a su proyecto de explotación e industrialización del litio porque lo concebía como un instrumento de conquista y defensa de la soberanía nacional. “Sabemos que van a ejercer mucha presión sobre Bolivia. Siempre fue así: el imperialismo sale en busca de recursos y cuando es necesario no duda en atacar o invadir tal o tal país para ponerle las manos encima. Sabemos que eso nos puede suceder. Obviamente, si la derecha regresara al poder, las cosas se volverían más fáciles para las multinacionales. En Bolivia, la derecha siempre ha considerado que lo mejor es privatizar”. No cabe duda de que tal será el camino que seguirá el gobierno de facto de Jeanine Áñez, así como el gobierno que resultará de las próximas elecciones, organizadas por los golpistas. g

1. Véase Renaud Lambert, “Un golpe de Estado

demasiado fácil”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2019. 2. Según el estudio “Modelaje numérico hidrogeológico” realizado por la empresa estadounidense SRK, en febrero de 2019. 3. Véase Cedric Gouverneur, “La lucha por el litoral boliviano”, www.eldiplo.org. 4. “Zuleta: Bolivia no sabe explotar el litio ni consiguió patentes”, Página Siete, La Paz, 4-11-19.

*Periodista. Traducción: Andrea Romero

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La imposible convivencia entre justicia social y prerrogativas del capitalismo financiero limita los esfuerzos del popular presidente mexicano por democratizar una sociedad con índices de pobreza, exclusión y criminalidad persistentes y alarmantes. Pero Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”) se propone cambiar la historia.

La pulseada de López Obrador con los mercados financieros

¿Quién manda en México? por Luis Alberto Reygada*

Francisco Toledo, Pescado de San Mateo, 1979 (gentileza Christie’s)

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l 1° de diciembre de 2018, día de la asunción de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el semanario británico The Economist lo describía como “El presidente mexicano más poderoso en décadas”. Tras dos intentos frustrados de llegar a la Presidencia (2006 y 2012), logró una victoria absoluta. No solo arrasó con sus rivales al obtener el 53% de los votos en las elecciones del 1° de julio de 2018, sino que la coalición encabezada por su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), obtuvo la mayoría absoluta en las dos Cámaras

del Congreso Federal, así como también en 19 de los 27 Congresos locales que renovaban bancas. Esta configuración le abrió las puertas a la posibilidad de revisar la Constitución, lo que implica que se podrían llevar adelante grandes reformas. El responsable de la sección “América Latina” de Financial Times, John Paul Rathbone, se mostró alarmado por esta perspectiva. El 27 de noviembre de 2018, escribió que López Obrador, quien se opone al modelo neoliberal, “representa una amenaza mayor para la democracia que [Jair] Bolsonaro”, el presidente brasilero de extrema derecha. De he-

cho, le reconoce a Bolsonaro el mérito de haber nombrado un economista ortodoxo a la cabeza del Ministerio de Economía. En medio de una enorme ola de optimismo popular, AMLO prometió la “cuarta transformación” de México: un hito tan significativo como la Independencia (1821), el período de la Reforma (1855-1863) y la Revolución (1910-1917). “Hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político”, declaraba en la toma de posesión del cargo. Asimismo, se negó a instalarse en la lujosa residencia presidencial, a la que

prefirió convertir en centro cultural. También vendió el Boeing y la flota automotriz presidenciales, reemplazó el cuerpo militar que se ocupa de su seguridad por una veintena de jóvenes civiles desarmados (tanto hombres como mujeres) y les quitó las pensiones y los privilegios a sus predecesores. Marcó la hora de la “austeridad republicana”: puso a dieta a los altos funcionarios (quienes disfrutan de un estilo de vida particularmente cómodo) y recortó el salario presidencial en un 30% –a partir de ahora, sólo viaja en la clase económica de los vuelos comerciales–, pero aumentó el salario mínimo en un 16%. Extremadamente activo, López Obrador multiplicó los sectores para presentar sus programas sociales: becas desde jardín de infantes hasta la universidad, recursos para los jóvenes aprendices, subsidios para los pequeños agricultores, duplicación del monto de las pensiones para adultos mayores, microcréditos para los pequeños comerciantes y artesanos... En pocos meses, el Ejecutivo anunció quince millones de beneficiarios de sus diversos programas. Además, estos esquivan la burocracia intermedia para impedir la malversación de fondos. En un país en el que el 43,6% de la población (126 millones de personas, en total) vive bajo la línea de pobreza, en el que el 60% de las personas económicamente activas trabaja en la economía informal –y un 15% del otro lado del Río Bravo, en Estados Unidos–, las medidas de López Obrador gozan de gran aceptación. En particular, porque se preocupa por mantener un contacto directo con el pueblo: todas las mañanas, a las siete en punto, brinda una conferencia de prensa. Esto le permite no dejarles la iniciativa a los medios privados, mientras se presta al juego de preguntas y respuestas con los periodistas. A pesar de que se trata de una práctica arriesgada, le dio buenos resultados entre 2000 y 2005, cuando estuvo al mando de la Ciudad de México. Por el momento, estas “matinales” parecen reforzar la imagen de un dirigente incansable, accesible y transparente. Su popularidad supera el 70% (1). Cambios y contratiempos Cuando presentó el balance de sus primeros cien días de gobierno, AMLO aseguró haber cumplido 62 de los 100 compromisos que tomó en su discurso de asunción. Algunas reformas constitucionales todavía se están discutiendo, en particular las que buscan promover la democracia participativa o introducir el referendum revocatorio de mitad de mandato. Otras tres ya se aprobaron. Dos de ellas conciernen a los bienes mal habidos vinculados con el crimen y cambian la calificación de la corrupción y el fraude electoral a la de delitos graves. Estas cuentan fácilmente con el apoyo de todo el mundo. La tercera, más polémica, crea la Guardia Nacional, que surge a partir de la fusión de varios cuerpos de la policía militar y que se encarga de luchar contra la inseguridad. Esta institución, inspirada ante todo en la gendarmería francesa, reafirma la posición del ejército en el centro del dispositivo de seguridad pública. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, agotada por la violencia diaria, constituye una manera de paliar el descrédito de las fuerzas policiales locales. Sin embargo, repre-

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senta un paso hacia atrás para quien, durante su campaña, prometió retirar a las Fuerzas Armadas de la calle. Una avalancha de críticas llegó principalmente desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que denuncian una perennización de la militarización del país. Sin embargo, AMLO logró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aprobara su proyecto. El Presidente asegura que, en la lucha frontal contra los poderosos traficantes de droga, va a reemplazar su estrategia de pacificación con un nuevo enfoque, centrado sobre todo en los factores sociales que alimentan la delincuencia. Asimismo, se anunciaron grandes obras en materia de infraestructura y desarrollo, en particular, en las regiones del sur y sureste, que generan tanto entusiasmo entre los gobernadores, los empresarios y una parte de la población como alarma entre los ecologistas. Así, la nueva administración emprendió la construcción de una línea ferroviaria de mil quinientos kilómetros que unirá los principales sitios turísticos de la península de Yucatán, con el objetivo de inyectar un nuevo dinamismo a la economía. Aunque el Presidente lo presenta como “un acto de justicia para la región más rezagada [por los gobiernos anteriores]”, el “tren maya” suscita cierta aprehensión respecto de su impacto en el medioambiente, ya que debe atravesar varias zonas naturales protegidas. Preocupado por fortalecer el Estado, López Obrador inició un plan de rescate para las dos más importantes empresas públicas de energía: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, sobre todo, Petróleos Mexicanos (Pemex). Su ambición es infundirles nueva vida, ya que, hasta hace poco, el gigante petrolero se veía obligado a importar bruto desde Estados Unidos. Su objetivo es lograr la autosuficiencia energética para 2022 y convertir a la empresa en un motor del desarrollo, lo que significa un giro de 180 grados respecto de la política de privatizaciones implementada por su predecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018) (2). La construcción de una nueva refinería en Tabasco, Estado natal del Presidente, desde el pasado mes de julio, se erige como la piedra angular de esta nueva estrategia. Ahora bien, estos cambios se dan no sin contratiempos. En enero de 2019, el gobierno decidió cerrar los oleoductos durante varios días para luchar contra el robo de petróleo, cuyo costo alcanzó los casi tres mil millones de dólares en 2018. Este drástico método llevó a la falta de combustibles y a que se generaran disturbios en las estaciones de servicio del país. El descontento se intensificó frente a esta estrategia que parecía producto de una mala planificación. Otro ejemplo lo cons-

tituye la reorganización del sistema de salud que se llevó a cabo en abril, a instancias de las autoridades, y que implicó la revisión de las prácticas de compra de medicamentos (un mercado anual de cuatro mil quinientos millones de dólares socavado por la malversación de fondos). La pulseada con los laboratorios y los proveedores que se generó provocó un faltante de medicamentos que se extendió por varias semanas. Una vez más, lo criticaron por su improvisación. En mayo, el di-

En un país en el que el 43,6% de la población vive bajo la línea de pobreza, las medidas de López Obrador gozan de gran aceptación. rector del Instituto Mexicano del Seguro Social renunció para denunciar los recortes presupuestarios. El severo plan de reducción del gasto público no se limitó a borrar los excesos del pasado, sino que también se despidió a miles de agentes no titulares, lo que generó resentimientos y un mal funcionamiento del aparato administrativo. Incluso desembocó en el cierre de algunos servicios. Sin embargo, las principales dificultades de López Obrador no radican allí y pueden resumirse en una pregunta: ¿en México, tener el control de las instituciones equivale a tener el poder? En la actualidad, la economía mexicana, moldeada para funcionar como base de retaguardia industrial de Estados Unidos, parece un enclave estadounidense. Con un 78% del comercio exterior constituido por intercambios con su vecino del Norte en 2017, el país se encuentra en una situación de dependencia extrema, que muchas veces lo obliga a aceptar las exigencias de Washington. Así, a fines de mayo de 2019, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a AMLO con imponer aranceles aduaneros si México no se encargaba de frenar el flujo de inmigrantes provenientes de América Central. El chantaje funcionó: el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció en Washington que el país se comprometía a desplegar seis mil miembros de las fuerzas del orden en la frontera sur. A pesar de que el acuerdo que buscaba transformar el ejército mexicano en subcontratista de la United States Border Patrol estaba acompañado de un “Plan de desarrollo integral” para la región

El Salvador-Guatemala-Honduras, no dejó de suscitar fuertes críticas tanto dentro del propio Morena como por parte de la izquierda en general. La presión de los mercados Sin embargo, el molesto vecino estadounidense no es la principal amenaza que pesa sobre el México de López Obrador. El mismo día de las elecciones, había una voz disonante en el coro de editorialistas: la de The Wall Street Journal. “Los mercados financieros también emitirán, día tras día, su voto sobre el gobierno, a través del mercado cambiario y el valor del peso”, advertía un editorial del diario neoyorquino. AMLO es consciente del peso de los mercados. Durante la campaña, su economista en jefe –que luego se convertiría en ministro de Finanzas–, Carlos Manuel Urzúa Macías, recorrió el mundo agitando una bandera blanca. Llevó el mismo mensaje a todos, desde el director general de BlackRock, la mayor administradora de fondos del mundo, a los representantes de alrededor de sesenta fondos de inversión, pasando por funcionarios estadounidenses del Departamento del Tesoro: “En realidad, no somos de izquierda; sino que más bien estamos a la izquierda del centro” (3). La noche de las elecciones, López Obrador quiso transmitir tranquilidad en su discurso de victoria: prometió mantener la disciplina fiscal, respetar la autonomía del Banco Central, así como los compromisos tomados con las empresas y los bancos nacionales e internacionales. “No actuaremos arbitrariamente, no habrá confiscaciones ni expropiaciones”, subrayó. Sin embargo, la primera señal de alarma tuvo lugar el 29 de octubre de 2018, cuando el nuevo presidente aún no había asumido. Tras una consulta pública, anunció la anulación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México, al que había criticado profundamente. AMLO consideraba que ese megaproyecto (un tercio del cual ya se llevó a cabo) era inútil y demasiado costoso (más de trece mil millones de dólares). Además, le parecía una aberración ecológica. La decisión también le ofreció la posibilidad de dar un mensaje claro: al atacar sin ambages los intereses de los empresarios más importantes del país, su intención fue marcar una clara separación entre el poder político y el económico. Al día siguiente, la Bolsa se desplomó un 4,2% y el peso perdió un 3,6% de su valor frente al dólar, en su peor jornada en casi dos años. Los medios acusaron a López Obrador de alarmar a los inversores, a lo que él respondió en voz alta: “Imagínese al Estado mexicano [...] supeditado a los mercados financieros. ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No es eso la democracia?” (4). Durante las siguientes cuarenta y ocho horas, la agencia de califi-

cación de riesgos Fitch bajó la nota de la deuda soberana mexicana, que pasó de “estable” a “negativa”. Un analista de la agencia Moody’s explicaba que la firmeza que demostró el futuro presidente transmitía una señal negativa que podía “desanimar las inversiones en el mediano plazo y frenar el crecimiento económico” (5). Un año después, la austeridad combinada con la incertidumbre que predomina entre los inversores golpea de lleno los principales indicadores. La desaceleración es significativa: con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 0% en el segundo trimestre de 2019, apenas logra evitarse la recesión técnica y la economía mexicana experimenta su peor primer semestre desde la crisis de 2009. Durante el primer trimestre de 2019, las empresas y los ciudadanos expatriaron cerca de nueve mil millones de dólares (6). Para las agencias de calificación de riesgos financieros, la culpa es del gobierno y sus “políticas imprevisibles que socavan la confianza de los inversores”. Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s “castigaron” varias veces a México; por su parte, Urzúa Macías renunció en julio de 2019, criticando al presidente por aficionado. “López Obrador tiene que aceptar la realidad económica [...] y dejar de confiar en sus propios datos”, afirmaba en ese entonces un editorial del Financial Times (10-7-19). Sin embargo, AMLO es tan cabeza dura como los mercados financieros. “No soy fanático de la economía. Pienso que durante mucho tiempo se exageró [el papel que cumple], cuando se la elevó al rango de valor supremo y todo el resto quedó supeditado a ella” (7) le confesó a un periodista de Bloomberg. La pulseada está planteada y la pregunta que hizo el Presidente en octubre de 2018 sigue vigente: ¿quién manda en México? g

1. Leo Zuckermann, “La popularidad de AMLO

y los resultados”, Excelsior, México, 9-10-19. 2. Véase John Mill Ackerman, “Le

Mexique privatise son pétrole”, Le Monde diplomatique, París, marzo de 2014. 3. Jean Yoon y Paritosh Bansal, “Mexican election favorite is ‘really not leftist’, adviser tells investors”, Reuters, 6-6-18. 4. “‘¿Quién manda? ¿No es el pueblo?’, el mensaje de AMLO a los mercados”, El Financiero, México, 29-10-18. 5. Jude Webber, “Mexico: Amlo’s ‘people power’ rattles the markets”, Financial Times, Londres, 25-11-18. 6. Julio Gutiérrez, “Los Mexicanos están sacando dinero del país: Bank of America”, La Jornada, México, 29-8-19. 7. John Micklethwait, “La política debe estar por encima de la economía: López Obrador”, Bloomberg, 8-8-19.

*Periodista. Traducción: Georgina Fraser

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El sistema obligatorio de “distribución” de puestos de trabajo para los egresados universitarios bielorrusos, creado durante la era soviética, garantiza el acceso de la juventud al mercado laboral. Con fuerte impronta comunista, el gobierno de Alexandre Lukashenko conserva el culto por el “valor trabajo” y el odio al ocio.

La herencia comunista continúa

Derecho al trabajo a la bielorrusa por Loïc Ramirez*, enviado especial

E

s un día caluroso en Novopolotsk. El sol pega sobre la inmensa plaza de la municipalidad. No hay árboles, ni un poco de sombra. A pocos metros se encuentra la bien llamada Calle de las Escuelas. En el número 5, la música se escapa por las ventanas entreabiertas. En el suelo, unas piedras pintadas de azul dibujan una clave de sol: es el Instituto de Música, en donde nos recibe Ksenia Kossaïa. “Bienvenidos a Novopolotsk, la única ciudad de Bielorrusia que no tiene estatuas de Lenin”, bromea la joven. Esta antigua ciudad soviética –situada en el norte del país, cerca de la frontera entre Letonia y Rusia– se fundó en 1954 para acoger a las familias de los trabajadores del sector petroquímico. Hoy alberga la imponente refinería de la empresa estatal Naftan. En esta localidad de alrededor de cien mil habitantes, Kossaïa ha sido designada por dos años como profesora de piano: “Estudié en el Conservatorio de Minsk. Cuando terminé los cinco años de formación, quería trabajar en la capital, pero me enviaron aquí”.

Gustavo Cimadoro (cima-cima-doro.tumblr.com)

Kossaïa se refiere al raspredelenie, que en ruso significa literalmente “distribución”: se trata de un sistema de asignación de puestos de trabajo que los universitarios deben realizar de manera obligatoria al finalizar sus estudios. Este dispositivo, que se creó en la época soviética y se mantuvo parcialmente luego de la independencia del país en 1991 responde, según el Artículo 83 del Código de Educación, a “la exigencia de protección social de los jóvenes graduados y a la satisfacción de la necesidad de especialistas, trabajadores y empleados en las ramas de la economía y la esfera social”. En 2018, 19.300 estudiantes hicieron el raspredelenie, es decir, alrededor del 60% de los graduados (exceptuando a los alumnos de estudios a distancia). El principio es simple. Cada establecimiento de enseñanza superior abre para los egresados de la secundaria un determinado número de vacantes gratuitas (1) que se distribuyen en función de sus calificaciones: a los mejores promedios se les da prioridad. A cambio, cuando terminan sus estudios, el centro universitario les

asigna un puesto de trabajo en algún lugar de Bielorrusia, donde deben trabajar durante dos años. Médicos, ingenieros, contadores, profesores, periodistas: ninguna profesión escapa al dispositivo. Al garantizar un primer empleo a una parte de la juventud, Bielorrusia tomó una decisión que va a contracorriente de las recetas liberales que se aplican en el resto de Europa, donde los gobiernos pretenden luchar contra el desempleo de los jóvenes recortando sus salarios o flexibilizando sus contratos. Quizás los estudiantes franceses que en 2006 se opusieron al “Contrato de Primer Empleo”, que ampliaba el período de prueba a dos años para los menores de 26 años, le hubieran encontrado algunas ventajas al modelo bielorruso. El Estado en el centro A menudo, por falta de conocimiento, Bielorrusia es objeto de burlas debido a su afición por las estatuas de Lenin y su excesiva devoción por el pasado. Además, las instituciones financieras internacionales consideran que su sector público está

desbordado. Sin embargo, la preservación de ciertas conquistas sociales soviéticas ha contribuido a la longevidad en el poder del presidente Alexandre Lukashenko, quien gobierna el país con mano de hierro desde 1994. De la herencia comunista, el régimen de Lukashenko ha conservado también el culto por el “valor trabajo” y, por ende, el odio al ocio, que no es ajeno a su preocupación por encontrarle una ocupación útil a su población en edad laboral, sobre todo si es joven y potencialmente turbulenta. No es de extrañar pues que las autoridades presuman de los logros del raspredelenie. “La asignación obligatoria es ante todo una ventaja para los estudiantes –afirma Irina Starovóïtova, viceministra de Educación, a quien visitamos en su oficina–. Por un lado, el Estado tiene la obligación de garantizarles un trabajo cuando terminan sus estudios. Por el otro, los estudiantes obtienen el título de ‘jóvenes especialistas’ y reciben por ello una bonificación como complemento de su salario.” Una apreciación a la que la mayoría de los jóvenes entrevistados no se ha opuesto. Algunos nos han confiado que tienen miedo de ser designados en lugares remotos, lejos de su familia y amigos, pero ninguno criticó el principio del dispositivo. “Este verano termino mi asignación, pero creo que me voy a quedar acá el año que viene. Me acostumbré a este lugar”, dice Kossaïa, para quien este sistema obligatorio es, en última instancia, “algo bueno”: “Me ha permitido conseguir un trabajo y ganar experiencia muy rápido”. La preservación de un sistema que les permite a los jóvenes insertarse en el mercado laboral pone de manifiesto la decisión que ha tomado la más rusa de las repúblicas soviéticas al conservar determinadas instituciones de su antigua economía planificada. Bielorrusia, que gozaba en aquel momento del más alto nivel de desarrollo humano (medido a través de tres dimensiones: ingresos, alfabetización y esperanza de vida) e industrial de la URSS, nunca fue un foco de resistencia al poder central de Moscú. En 1991, el país obtuvo su independencia casi de imprevisto, al ser arrastrado por la ola nacionalista que agitaba a los países vecinos (países bálticos, Ucrania). Luego se abrió un período de transición durante el cual el gobierno interino, a cargo de Stanislav Shushkévich, lanzó una primera ola de privatizaciones. En 1994, para sorpresa de todos, las primeras elecciones presidenciales pusieron fin a dicha política liberal. Lukashenko fortaleció el Poder Ejecutivo y volvió a colocar al Estado en el centro de la vida económica. Hoy en día, las empresas públicas emplean al 50% de los trabajadores y generan el 60% de la producción nacional. Sin embargo, el gobierno también se preocupa por atraer inversiones extranjeras, sobre todo de Europa Occidental, para reducir su dependencia respecto de Rusia, que le provee a bajo precio los hidrocarburos que necesita su industria. A pesar de las recurrentes acusaciones de fraude, Lukashenko ha sido reelegido por quinta vez consecutiva en 2016, y por el momento ninguna ola de protestas acabó con su régimen, como sí sucedió del otro lado de la frontera, en Ucrania. El gobierno tiene algunos argumentos sólidos para jactarse de los logros de este liberalismo sumamente regulado. El país está clasificado por las Naciones Unidas como uno de los Estados “con mayor nivel de desarrollo” y a mediados de 2010 registró tasas de crecimiento que rozaban el 10% y que, además, no provocaron un aumento excesivo de las desigualdades. Aunque el 6% de los habitantes vive bajo la línea de pobreza, este porcentaje es mucho menor que el de Polonia, su vecino más ri-

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co (17,6%). Los desempleados, por su parte, representan un 5% de la población activa (excluyendo a estudiantes y jubilados) (2). Este es el único indicador disponible para calcular la tasa de desempleo, ya que el Estado se resiste a reconocer esta categoría de “vagos”. “La gente debe trabajar –dijo el presidente durante una visita a los trabajadores de una empresa de productos lácteos del oeste del país, en agosto de 2017–. Si nosotros no les proporcionamos un trabajo socialmente útil, crearemos una categoría que no hará más que crecer. Algo que no nos podemos permitir” (3). Para adaptarse a las leyes del mercado, el raspredelenie se ha ido atenuando con el paso de los años. Mientras que en la época de la URSS las asignaciones respondían únicamente a la demanda del colosal sector público, hoy también pueden realizarse en el sector privado si la empresa se declara “en demanda de personal” ante las autoridades. Tatiana Bojedomova, miembro del Departamento de Ideología, Cultura y Juventud de la Municipalidad de Bechankovitchy, es quien se encarga de las asignaciones de este pueblo de alrededor de seis mil habitantes. Cada año, a partir del mes de marzo, el Departamento determina cuánta mano de obra calificada necesitan las entidades públicas y las empresas privadas. “En mayo, tenemos que tener todo listo. Luego, enviamos los resultados a la capital regional, Vitebsk, que, a su vez, los envía a Minsk. De lo contrario, todos los médicos y profesores irían a Minsk, y nosotros también necesitamos profesionales aquí”, explica Tatiana. Para ella, el raspredelenie permite, ante todo, luchar contra la despoblación de las zonas rurales y las pequeñas ciudades.

“Cuando comienza el período de asignaciones, nos muestran los puestos disponibles, pero también nos dan la posibilidad de presentar un trabajo que nosotros mismos hemos encontrado”, explica Julia, estudiante en Minsk. Este es el camino que ha elegido Anna Korachova, que trabaja como responsable comercial en el grupo Altabel, una sociedad de servicios informáticos con sede en Minsk. “El sector privado paga mejor por lo general”, argumenta para explicar su elección. Además de su salario, la empresa le paga una

Bielorrusia nunca fue un foco de resistencia al poder central de Moscú. bonificación de 220 rublos (100 dólares) para cubrir una parte de su alquiler. “Y no tienen derecho a despedirte durante la asignación”, agrega la joven. ¿Por qué un empleador decide contratar a “jóvenes especialistas” que no puede echar? “Porque sabe que estamos bien formados”, responde Korachova, sorprendida por la pregunta. La caída de la matrícula universitaria (de 430.000 en 2013 a 268.000 en 2019), debido a la llegada de las generaciones vacías (4) a la edad universitaria, podría explicar la adhesión de las empresas privadas al dispositivo. Sin embargo, al Estado le resulta difícil a veces ubicar

a los graduados en un puesto que se ajuste a su formación, sobre todo en ciencias humanas o físicas, ámbitos en los que, respectivamente, solo el 80,7% y el 76,8% de los universitarios encuentran una salida laboral relacionada con su especialidad (frente a un promedio de 88,4%). Lejos de asignarle un destino particular a la juventud, el régimen de Lukashenko hace del trabajo un deber cívico para todos los ciudadanos, y el cimiento de la sociedad. Ya sea en las veredas de una gran ciudad o en el fondo de un camino rural, al caminar por las calles, en general impecables, no es raro encontrarse a ciudadanos, con chalecos amarillos, pintando una valla, desmalezando los canteros de un jardín público o barriendo un patio, sobre todo cuando se aproxima un acontecimiento especial o una celebración. “Como trabajadora del sector hospitalario, también estoy encargada, junto a otros colegas, del mantenimiento de un parque de la ciudad”, explica Lia Tarassevitch, una epidemióloga de unos veinte años que ha sido asignada al hospital de Bechankovitchy para recoger y analizar muestras de agua y alimentos en las escuelas. Las empresas y las autoridades locales organizan varias veces al año un subbotnik: un sábado de trabajo colectivo. Asimismo, existe una jornada nacional, por lo general en primavera, en la que al presidente le gusta mostrarse labrando un campo, siguiendo la tradición del Komsomol ( juventudes comunistas), que solía ayudar en la cosecha. Las construcciones de algunos edificios públicos, como la Biblioteca Nacional de Minsk, en 2003, o el complejo deportivo y cultural Minsk-Arena, en 2006 y 2008, fueron otra ocasión

para poner en escena este tipo de iniciativa, en las que también participaron altos funcionarios (5). Los ciudadanos parecen aceptar estos dispositivos que combinan el derecho al trabajo y el sentido cívico, aunque no con mucho entusiasmo. La lucha contra el ocio ha tomado hace poco un giro más represivo, al punto de exasperar a una parte del pueblo. A principios de 2017, miles de personas salieron a la calle para protestar contra un decreto presidencial que había sido adoptado en 2015 y que preveía una multa de alrededor de 200 dólares para aquellas personas que careciesen de un empleo formal durante más de seis meses. Luego de aceptar enmiendas y declarar que el objetivo era combatir el trabajo en negro y las actividades exentas de impuestos (empresas de apuestas en línea, alquiler de departamentos, etc.), el gobierno, poco acostumbrado a las manifestaciones, dio finalmente marcha atrás y derogó el decreto. g 1. El costo de la matrícula en las universidades

de Bielorrusia oscila, en general, entre los 800 y los 1.200 euros por año. 2. “Labour and employment in the Republic of Belarus”, National Statistical Committee of the Republic of Belarus, Minsk, 2018. 3. “Working trip to Brest”, 11-8-17, disponible en: http://president.gov.by 4. Generaciones con menos miembros que los grupos de edad anteriores y posteriores. Esto puede deberse a guerras y/o a la reducción de la fertilidad. 5. Ronan Hervouet y Alexandre Kurilo, “Travailler ‘bénévolement’ pour la collectivité: les subbotniki en Biélorussie postsoviétique”, Genèses, N° 78, París, 2010.

*Periodista. Traducción: Andrea Romero



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Bosque

Océano Pacífico

Sabana

Darwin

rre Ba an

Golfo de Carpentaria

ra

Cultivos

Cairns Kimberley

Zonas afectadas por incendios generados por la sequía

TERRITORIO TERRITOIRE DEL NORTE DU NORD

Fitz roy

Degradación del coral en 2017

oral de c

Océano Índico

Pastizales artificiales Cultivos y ganadería

Gr

Mar de Timor

Desierto

Mar del Cora

Townsville

Zonas muertas

Proyecto Carmichael

QUEENSLAND

Frontera marítima Exmouth

Límites regionales

Arrecife Ningaloo

Áreas protegidas

AUSTRALIA OCCIDENTAL

Logan City

AUSTRALIA MERIDIONAL

Territorios aborígenes

Da

Parques nacionales Zonas marítimas Protección máxima

Gran

Perth

B ahía austra lian

Puerto Augusta

a

Protección limitada o muy limitada

Mu

rl i n

NUEVA GALES DEL SUR

g

Newcastle

Mildura r ra

Canberra

y

Brisbane Gold Coast

Adelaida VICTORIA Melbourne

Sydney Wollongong

Explotación minera y energética Oro y plata Cobre Zinc

Diamante Bauxita Hierro

Uranio

Carbón

Gas

Petróleo

Población de ciudades de más de 200.000 habitantes (en miles)

Mar de Tasmania Geelong

TASMANIA

Hobart Concesiones petroleras offshore

200 500 1.000

2.000

0

500 km

4.600

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos de Australia; Geoscience Australia; MyFireWatch; worldpopulationreview.com; Australian Marine Parks; “Declining oxygen in the global ocean and costal waters”, Science, enero 2018.

Agnès Stienne

La debilidad de los acuerdos alcanzados en la COP25 resulta aun más alarmante cuando se obseva lo que ocurre en países como Australia. Ni las altas temperaturas, superiores a los 40° C, ni el avance del fuego, ni la desaparición de especies amenazan la consolidación del modelo extractivista en el mayor exportador de carbón del mundo.

Los impactos del cambio climático en Australia

Una temporada en el infierno por Maxime Lancien*, enviado especial

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omingo 13 de enero de 2019. La temperatura es de 47º C en las llanuras de Nueva Gales del Sur, y el río Darling agoniza en directo en la televisión. La carne roja australiana se agrieta. A veces, el cielo vira al naranja, y tempestades de arena se tragan localidades pequeñas, como Mildura, y las sumen en una noche extraterrestre. Durante mucho tiempo, la cuenca hidrográfica del Murray-Darling, granero agrícola del país, le permitió vivir a casi una granja de cada dos. Los períodos de sequía acompasaban la vida de los viñedos, vergeles, pastizales y campos de algodón que se extienden a lo largo de un millón de kilómetros cuadrados, de Victoria a Queensland, una superficie igual a la de Egipto. Pero en 2019 el calor extremo acarreó una proliferación de algas verdeazuladas. Centenares de miles de peces muertos por asfixia comenzaron a flotar al sol, víctimas de la espuma letal que producen las cianobacterias Dolichospermum y Microcystis. Las comunidades locales responsabilizan de este ecocidio a la industria agroalimentaria. “Temo que hoy algunos quieran hacer política a partir de este drama. […] Es una de las consecuencias de la sequía, por la

cual mi preocupación no se modificó en nada”, les respondió el primer ministro Scott Morrison el 14 de enero (1). Este fenómeno climático bautizado “Angry summer” (“Verano enojado”) impactó al país por primera vez en 2012. Desde entonces, el “supervillano” es cada vez más peligroso. Siete años después se recurre a un superlativo para expresar su virulencia: Angriest Summer. En solo noventa días se batieron 206 récords de temperatura. El 24 de enero el mercurio alcanzó 49,5º C en la ciudad de Port Augusta, en Australia Meridional. “Amo un país quemado de sol –escribía Dorothea Mackellar en su poema ‘My Country’ (1908), que expresaba el nacimiento del sentimiento patriótico–. Una tierra de vastas llanuras, cadenas de montañas irregulares, sequías y lluvias torrenciales. Amo sus horizontes lejanos”. Ahora, la meteorología sofoca la “tierra marrón” tan querida por la poetisa y trastorna sus horizontes. ¿Cómo reacciona la administración responsable de la gestión de la cuenca al calentamiento global? Al término de una investigación llevada a cabo durante todo el año 2018 la Comisión real de la cuenca Murray-Darling presentó sus conclusiones, mostrando la complacencia de las autoridades frente a los agricultores. Las

llanuras húmedas se queman, pero los inversores de las megagranjas ignoran la amenaza. Con total ilegalidad, bombean agua en masa en el río Darling y dejan la cuenca hidrográfica exangüe. “Más que la ciencia, la política determinó los límites a las cantidades de agua que pueden ser sacadas de los ríos y arroyos de la cuenca” (2), observa el informe. Tres millones de personas dependen de este ecosistema agonizante. En lo sucesivo, el agua potable comenzó a faltar, incluso en las perforaciones o los reservorios. Los granjeros, sus familias y las comunidades aborígenes ¿serán los primeros refugiados climáticos australianos? Desastre ecológico Oceanía es el continente que presenta la tasa más importante de especies animales y vegetales endémicas. Así ocurre, por ejemplo, con el 80% de los mamíferos. Esta situación se explica por el enorme período de aislamiento que siguió a la separación entre Australia y Gondwana, hace 40 millones de años. No obstante, la introducción por los colonos británicos del gato doméstico (Felix catus) y del zorro (Vulpes vulpes) diezmó en parte la población de mamíferos australianos. En dos siglos, el 10% de las 273 especies endémicas terres-

tres de Australia desapareció, contra una sola en América del Norte. La crisis climática agrava la mortalidad de los grupos más frágiles, a tal punto que el 21% de los mamíferos endémicos se encuentran en peligro. La sexta extinción masiva descrita por la periodista Elizabeth Kolbert (3) vacía los bosques, las sabanas y los arrecifes. Desde los primeros días del verano, en noviembre de 2018, se han visto millares de murciélagos conocidos como “zorros voladores” (Pteropus) que se estrellaban en el suelo, de Cairns a Adelaida. Maestro de conferencias en ecología animal en Sidney y especialista en quirópteros, Justin Welbergen estudia los efectos de las temperaturas extremas en el comportamiento y la demografía de estos murciélagos. “No caben dudas de que nuestros veranos van a volverse cada vez más calurosos. Los murciélagos morirán en un territorio más vasto y con más regularidad. Sobre todo las hembras y sus hijos”. La desaparición masiva de estos animales esenciales para la polinización fragiliza la selva australiana. Y otras especies, más solitarias, tímidas o nocturnas, se extinguen en el secreto de los bosques tropicales. “Koalas, cacatúas fúnebres piquicortas, periquitos australianos, diamantes mandarines, colibríes de Eloísa”, enumera el científico. Así, la Melomys rubicola, una ratita que vive en la isla arenosa de Bramble Cay, que el mar sepulta poco a poco, desapareció en 2019. En 2014 el koala representaba tres mil doscientos millones de dólares de ingresos turísticos. No menos de 30.000 empleos directos dependían de este marsupial arborícola, en adelante clasificado como especie “funcionalmente extinguida”, es decir, incapaz de reproducirse o de desempeñar su rol en el seno del ecosistema. Por sí sola, la Gran Barrera de Coral tiene un valor económico, social y simbólico estimado en 56.000 millones de dólares, pero ¿para qué esgrimir esas cifras, que retoman el modo de pensamiento de la economía estándar, cuando se sabe que la industria extractiva australiana representa 248.000 millones de dólares de productos exportados y emplea más de 247.000 personas? Cerca del 90% de los australianos viven a menos de 30 kilómetros de la costa. El litoral comprendido entre Brisbane y Melbourne concentra 15 millones de personas, o sea, más de la mitad de la población total, que se eleva a 25,4 millones. En consecuencia, una muy fuerte presión se ejerce sobre los recursos de agua, comenzando por los de Murray-Darling. Así, la crisis climática hace a Australia más vulnerable que cualquier otro país desarrollado al ascenso de las aguas y a los ciclones extra tropicales. “Nuestra patria está ceñida por el mar”, evoca el himno nacional, Advance Australia Fair. Australia está “ceñida de mares ascendentes”, completa la climatóloga Joëlle Gergis: “Una parte fundamental de nuestra identidad nacional va a derrumbarse, y asistimos al fenómeno desde una ribera cada vez más erosionada” (4). El peor de los escenarios anticipa una elevación del nivel de los mares de más de 1 metro de aquí a 2100, lo que significa para los aseguradores 226.000 millones de dólares de activos inmobiliarios y de infraestructuras tragadas por las inundaciones y la erosión. En junio de 2016, violentas tormentas se abatieron sobre la costa este del país, de Queensland a Tasmania. El martilleo del oleaje destruyó casas y rutas, sobre todo en Sidney, en los barrios de Collaroy y de Narrabeen. Sin las playas necesarias para la respiración del mar, las olas se estrellan contra el hormigón. “La combustión del gas, del petróleo y de la deforestación acarrean la producción de gas con efecto invernadero, que

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está en el origen de los Angry Summers” (5), resume la asociación Climate Council. Por lo general refrescada por los cuarenta rugientes (6), Tasmania, esa isla situada en el sudeste del continente, anuncia 35º C para este mes de enero. Nubes negras sumen a la ciudad de Hobart en un claroscuro irreal. Detrás de las montañas, los bosques tropicales arden. Quinientos bomberos luchan para proteger los pinos King Billy y Huon, tesoros botánicos milenarios. Ya desaparecieron en medio del humo 200.000 hectáreas de una tierra hasta entonces demasiado húmeda. El lobby extractivista En el continente, el paisaje australiano, en parte nacido del fuego, se consume a una velocidad alarmante. “La temporada de los incendios duró más tiempo de lo normal en Queensland, y comenzó más temprano en Tasmania”, observa el Climate Council, que apela a una reacción fuerte para reducir las emisiones “a cero real de aquí a 2050 mediante una acción política coordinada”. Un desafío para un país que es líder mundial en exportaciones de carbón, en tiempos en que los medios de comunicación del multimillonario Rupert Murdoch (que controla el 70% de la prensa nacional), los industriales de la energía fósil y grupos de reflexión como el Minerals Council of Australia y el Australian Coal Association denuncian el “mito” del calentamiento global. Después de la “amenaza roja” de la Guerra Fría, la derecha australiana ahora agita la “amenaza verde”. En Townsville, la tasa de desocupación se eleva al 9%, es decir, 3% más que la media observada en el resto de Queensland. En septiembre de 2018, el 17,7% de los jóvenes de 17 a 24 años carecían de empleo. “Don’t take my coal job and I won’t take your soy latte”, proclama un autoadhesivo para burlarse de los ecologistas, esos citadinos presuntuosos que dan lecciones a los obreros mientras dan sorbitos a su leche vegetal. Aquí proyectan construir Carmichael, la mina de carbón más grande del planeta: cerca de 447 kilómetros cuadrados, es decir, cuatro veces la superficie de París. A razón de 60 millones de toneladas serían extraídas cada año; agotar esa megamina tomaría ciento cincuenta años. A pesar de las dudas del Tesoro de Queensland por lo que respecta a la viabilidad financiera del proyecto, el gobierno de Campbell Newman, y luego el de Annastacia Palaszczuk, aportaron un apoyo sin fisuras al grupo empresario indio Adani, operador del sitio. Miles de empleos estarían asegurados por varias generaciones, prometieron. Sin embargo, Adani no oculta su voluntad de automatizar la mina “del pozo al puerto”, como ocurre con el gigante grupo minero Río Tinto, que controla camiones sin chofer desde un centro operacional basado en Perth, en Australia Occidental. En 2017-2018, las regalías sobre el carbón sólo contribuyeron a los ingresos públicos de Queensland por un monto de 6,4%, una cifra que debería caer a 4,6% en 2021-2022” (7), observa el escritor James Bradley. Más problemático, un estudio llevado a cabo por The Australia Institute demuestra que las compañías extranjeras poseen el 86% de la industria minera del país y durante diez años habrían gastado más de quinientos millones de dólares para presionar a los distintos gobiernos australianos. Los partidarios de la ecología política simplemente no tienen los medios para competir con los grupos de presión extractivistas. Las elecciones legislativas de mayo de 2019, conocidas como “elecciones del cambio climático”,

confirmaron en el poder a Morrison, fiel pentecostista y ardiente defensor del carbón. Sin embargo, como explica Lesley Hughes, climatólogo miembro del Climate Council y profesor emérito de Biología, “sería demasiado simplista considerar que los australianos no se preocupan por la crisis climática con el pretexto de que la coalición [de la derecha conservadora] fue reelecta […]. Los desafíos ligados a los empleos locales fueron cruciales para al-

El peor de los escenarios anticipa una elevación del nivel de los mares de más de 1 metro de aquí a 2100. gunas de las bancas perdidas por el Partido Laborista”. En Queensland, los electores prefirieron la firmeza de la coalición de Morrison a la posición confusa de los laboristas, que no se definían realmente ni pro-mina ni tampoco pro-impuestos. Sin embargo, Australia podría encarar otro camino. Un centenar de gobiernos locales y 300 ciudades se reunieron en el seno del programa Cities Power Partnership, que apunta a promover un “porvenir energético sustentable”. La emergencia de países interesados en grados diversos por la descarbonización de su economía, como por ejemplo Japón, Corea del Sur, China y Taiwán, motiva a Canberra a revisar su orden del día. Es el momento de la “activación del mercado”. Pero los Estados federados ¿tienen la intención de cambiar de rumbo? “Esa es otra historia”, concede Anne Poelina, que vive cerca del río Mardoowarra-Fitzroy, en Kimberley, una región situada en el norte de Australia Occidental. Guardiana tradicional de la tribu Nyikina Warwa, partera y médica, Poelina es portavoz de las comunidades autóctonas locales. Directora de Madjulla Inc., una organización comunitaria que se ocupa de la educación, la investigación y la formación, trabaja con científicos, ecólogos, artistas, narradores y juristas. “Los aborígenes quieren participar de la transición energética y es muy frustrante para ellos no ser reconocidos en el debate. Yo defiendo un abordaje pacifista, para demostrar que la transición beneficiaría tanto a los aborígenes como a las grandes compañías”. La cultura local, la medicina tradicional, un saber agrícola milenario y las energías renovables representan otros tantos argumentos en este sentido. “Kimberley es un lugar único en el mundo donde es posible otro modelo de desarrollo”, sostiene. El animismo de los aborígenes hace prevalecer la “ley de la tierra” antes que la de los hombres. Desde hace 60.000 años se transmite de generación en generación una “memoria cantada” que mezcla conocimientos geográficos y astronómicos. Estas songlines, o “cantos de los caminos”, cartografían el continente y describen a la vez la historia y el itinerario de una tierra, de un río, de un bosque. En las antípodas de esta filosofía, la cría industrial de ganado amenaza ahora el ecosistema del río Mardoowarra-Fitzroy. Ante la evidencia de una Australia en vías de deshidratación, Poelina concluye: “El agua es el nuevo oro. Es un producto escaso”. Más allá de las costas de Perth, la carrera por la explotación del gas natural licuado deja estupefacto al escritor Tim Winton, comprometido desde ha-

ce más de veinticinco años en la protección de los mares. La compañía de ingeniería Subsea 7 encara la construcción de una planta de fabricación de gasoductos al sur de Exmouth. Tubos con una longitud de diez kilómetros conducirían hasta los yacimientos offshore atravesando el arrecife de Ningaloo. La salvaguarda de este sitio, inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco en 2011, movilizó a los habitantes de Australia Occidental a comienzos de los años 2000. Hoy en día, la lucha se reanuda. En Perth, la Autoridad de Protección Ambiental anunció en junio su voluntad de someter la propuesta de Subsea 7 al mecanismo de control más riguroso que existe: el examen ambiental público. “Ningaloo es uno de los santuarios marinos más increíbles en el mundo. El encuentro con las ballenas lo deja a uno conmovido. Son curiosas”, explica Tim Winton, todavía maravillado. En efecto, la zona alberga la más vasta población mundial de ballenas jorobadas. Allí se reproducen en compañía de los dugongos, las rayas manta y los delfines. En la otra punta del país, frente a las costas de Cairns, se encuentra el más grande organismo vivo del planeta: un arrecife coralino. Esta maravilla natural está protegida desde 1981 en concepto de Patrimonio Mundial de la Unesco. Ella genera una actividad turística considerable, garantiza la renovación de los recursos pesqueros y preserva las riberas de la erosión. Pero el calentamiento global amenaza su existencia. David Cazzulino, que trabaja en Cairns para la Australian Marine Conservation Society, explica: “Los fertilizantes de la industria de la caña de azúcar contaminaron por largo tiempo las aguas costeras. En la actualidad, el gobierno alienta a los granjeros a privilegiar prácticas más virtuosas, aunque siempre hay resistencia para cambiar los hábitos”. Cazzulino no es optimista: ¿cómo pedirles a las naciones del mundo que reduzcan sus emisiones de gas con efecto invernadero cuando Queensland, cofre de la Gran Barrera de Coral, decide erigir una mina gigantesca? Amenazas y retrocesos En el poder desde 2013, los conservadores alientan a los industriales a hurgar el vientre de los océanos. Sin embargo, todavía en 2012, el gobierno laborista defendía un ambicioso plan de gestión de los océanos, fruto de diez años de investigaciones científicas. Tony Abbott, por entonces el jefe de la oposición, consideraba que una reglamentación excesiva con el objetivo de crear santuarios marinos “encerraría” a los océanos. Él prometía la suspensión del plan en caso de victoria. En su campaña maravilló a los dueños de yates de recreo en la Convención de la Australian Fishing Trade Association. De pequeño, Abbott pescaba con su abuelo a lo largo de la Gold Coast, y deseaba “que las generaciones futuras puedan gozar del mismo privilegio” (8). Electo en septiembre de 2013, se esforzó en la tarea. “De 2013 a 2017, el gobierno federal gastó mucho dinero en concebir un nuevo texto, con el apoyo de los grupos de presión de la pesca industrial y de recreo –explica Jessica Meeuwig, directora del Centre for Marine Futures en la Universidad de Australia Occidental y contribuyente del plan de gestión inicial–. Resultado: un plan deplorable vio la luz en julio de 2017”. Más de 1.400 científicos del mundo entero expresaron su inquietud frente al viraje encarado por Australia. El documento, que entró en vigor el 1º de julio de 2018, reduce en 400.000 kilómetros cuadrados la superficie de las zonas marinas hasta entonces prohibidas para la pesca y la explotación gasífera y petrolífera (Marine National Park Zone IUCN II), haciéndolas pasar al

régimen de la protección parcial (Habitat Protection Zone IUCN IV). La zona de pesca recreativa, por su parte, cubre el 97% de las aguas australianas y se extiende a más de 100 kilómetros de las costas. Dieciséis de los cuarenta y cuatro parques marinos creados en 2012 se encuentran en adelante sin ninguna forma de protección. “En 1975 el profesor neozelandés Bill Ballantine contribuyó en la creación del primer santuario marino del mundo, el Cape Rodney-Okakari Point Marine Reserve, también conocido con el nombre de parque Leigh”, cuenta Meeuwig, fascinada con los trabajos de ese biólogo marino comprometido y visionario. De hecho, hace ya cuarenta años, las investigaciones de Bill Ballantine demostraban la importancia vital de los santuarios para repoblar el océano y acondicionar zonas específicas de pesca. Semejante protección también incrementa la resiliencia de los corales en el contexto del cambio climático. Precisamente cuando convendría extender las zonas protegidas, el continente está en vías de tomar el camino inverso. La mayor reserva nacional de petróleo descansaría en la Gran Bahía Australiana, según la compañía noruega Equinor (ex Statoil). Esta última contempla perforar el pozo de exploración Stromlo-1, que estaría operativo en 2020-21. ¿Es razonable este proyecto, cuando se sabe que el Océano Austral es frecuentemente golpeado por tormentas que empujan a la superficie del globo un oleaje de una energía excepcional? En 2018, una baliza registró una ola de 23 metros de altura. Equinor pretende aplacar los ánimos: la actividad del pozo de perforación se limitaría al período comprendido entre octubre y mayo, de una relativa clemencia meteorológica. Al día de hoy, la interacción entre las corrientes marinas y la geología de la Gran Bahía sigue siendo un misterio. Entre 2013 y 2017, investigaciones científicas revelaron la existencia de 277 nuevas especies. En el seno de este ecosistema donde coexisten ballenas francas australes, grandes tiburones blancos, lobos marinos, cachalotes y diversas criaturas batipelágicas, cuesta mucho medir la amplitud de las interconexiones. Equinor, la compañía más reciente que amenaza este tesoro, busca tranquilizar: “¿Hay petróleo en la Gran Bahía Australiana? Tal vez. ¿Se lo puede saber con total seguridad? Absolutamente”. Ningún estudio científico parece en condiciones de mermar la confianza de la compañía noruega. Así como tampoco el recuerdo de la peor marea negra de la historia australiana: hace diez años explotaba el pozo Montara, liberando millones de litros de petróleo en el Mar de Timor. Un desastre más en la larga lista de crímenes ambientales de la Australia moderna. g 1. Entrevista realizada por Paul Kennedy,

“ABC News Breakfast”, 14-1-19. 2. Bret Walker SC, Murray-Darling Basin

Royal Commission Report, gobierno de Australia Meridional, 29-1-19. 3. Elizabeth Kolbert, La 6e Extinction. Comment l’homme détruit la vie, Vuibert, París, 2015. 4. Joëlle Gergis, Sunburnt Country. The History and Future of Climate Change in Australia, Melbourne University Press, 2018. 5. Joëlle Gergis, Sunburnt Country. The History and Future of Climate Change in Australia, Melbourne University Press, 2018. 6. N. del T.: Los Roaring forties, en inglés, designan las latitudes entre los paralelos 40 y 50 de los océanos australes, por ser una zona de fuertes vientos. 7. James Bradley, “How Australia’s coal madness led to Adani”, The Monthly, Carlton (Victoria), abril de 2019. 8. “Abbott coalition will suspend Marine Park process”, Sail World, Southampton (Reino Unido), 27-8-13.

*Periodista, coeditor de la revista Paysageur. Traducción: Víctor Goldstein

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Edición 247 | enero 2020



Damien Hirst, Amnioantipyrine, 1992 (gentileza Christie’s)

Uno de los peores escenarios imaginados por los opositores del Brexit es la reactivación del conflicto que ensangrentó Irlanda del Norte entre 1968 y 1998. Ultraconservador y defensor de una línea dura contra los católicos, el Partido Unionista Democrático complica los planes de Londres en las negociaciones con Bruselas.

Mentiras y verdades de la historia de Irlanda

La guerra sucia del gobierno británico por Daniel Finn*

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n concepto que reaparece sin cesar en el vocabulario político es el de “Estado profundo”. Originalmente, se refería a los estrechos vínculos entre las instituciones represivas del Estado, el crimen organizado y la extrema derecha en países que experimentaron dictaduras militares, como Grecia y Turquía. Pero fue vaciado de su contenido cuando lo retomaron los defensores del Brexit y los partidarios del presidente estadounidense Donald Trump: lo que estos llaman “Estado profundo” no es más que el propio Estado, el “gobierno permanente” de los funcionarios y jueces, con quienes no puede no contar cualquier poder electo. En el Reino Unido, sin embargo, el “Estado profundo” adquirió una forma tangible en Irlanda del Norte durante el “turbulento” período llamado The Trouble. Fue testigo del choque de fuerzas nacionalistas –en su mayoría católicas, favorables a la reunificación de Irlanda– con lealistas –protestantes decididos a hacer todo lo posible para mantener a Irlanda del Norte dentro del Reino Unido–. Durante todo el conflicto (19681998), las fuerzas de seguridad británicas colaboraron con los paramilitares respon-

sables de cientos de asesinatos comunitaristas. Actualmente hay suficientes pruebas para reconstruir acciones que han superado por su magnitud los tristemente célebres Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en España –esos escuadrones de la muerte patrocinados por el gobierno de Felipe González (1982-1996), entrenados para eliminar a los activistas vascos de Euskadi ta Askatasuna (ETA)–. En Irlanda del Norte, la historia de este tipo de colusión muestra hasta qué extremos el “Estado profundo” aceptó reprimir a los que había identificado como adversarios en el territorio nacional. Paramilitares integrados en el ejército En su lucha contra el poder británico, el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y otros grupos republicanos más pequeños mataron a 2.057 personas, es decir al 58% del número total de víctimas del conflicto (3.532). Por su parte, los grupos lealistas –en especial la Ulster Volunteer Force (UVF) formada en 1966, y la Ulster Defence Association (UDA, 1971) (1)– mataron a 1.027 personas. Pero fueron tan implacables en sus ataques contra no combatientes que son responsables de casi la mitad de las víctimas civiles en el conflicto. El 85% de los asesinados por los

paramilitares lealistas eran civiles, en comparación con el 35% de los republicanos (2). Oficialmente, los sucesivos gobiernos siempre han declarado que sus fuerzas de seguridad se comportaban de la misma manera con todos los combatientes, republicanos o lealistas. Ahora bien, había dos razones obvias para que adoptaran una actitud diferente hacia los lealistas. A diferencia del IRA, no intentaron matar a soldados, policías o políticos, y estaban arraigados en la comunidad protestante y unionista que proporcionaba la gran mayoría de reclutas a las fuerzas de seguridad en la región. No podría haber ninguna cooperación entre el Estado británico y el IRA. En cambio, existía una base potencial para que las fuerzas de seguridad y los grupos lealistas colaboraran contra su adversario común. Los voceros del gobierno han desestimado cualquier referencia a la colusión como “propaganda republicana”, incluso cuando la formulaban líderes nacionalistas hostiles al IRA. Sin embargo, desde la década de 1990 las pruebas se acumulan. Aunque no exista una Comisión de la Verdad y la Reconciliación como en la Sudáfrica postapartheid, una serie de informes oficiales han establecido la existencia de una genera-

lizada colaboración entre agentes estatales y paramilitares lealistas. Las formas de violencia lealista fueron variando durante el conflicto. El primer pico ocurrió a mediados de la década de 1970: entre 1972 y 1976, los grupos protestantes mataron a 567 personas, en su gran mayoría civiles católicos. A esto le siguió un período de relativa inactividad en la primera mitad de los años 80, antes de que la campaña de asesinatos comunitaristas se reanudara más virulenta. Los lealistas mataron a 50 personas entre 1983 y 1987; 224 entre 1988 y 1994. En 1992, la UVF y la UDA habían provocado más víctimas que el IRA –la mayoría de las veces civiles católicos muertos al azar–. La señal más clara de la parcialidad de las autoridades a favor de los paramilitares lealistas fue el estatus de la UDA, una organización que permaneció legal desde su fundación hasta 1992. En 1972, una nota del gobierno afirmaba que no se debía impedir que algunos de sus miembros se unieran al ejército británico a través del Ulster Defence Regiment (UDR): “La UDA no es una organización ilegal, y formar parte de ella no constituye un delito previsto en la legislación militar. También es una importante organización cuyos miembros no pueden considerarse todos extremistas peligrosos. Sería contraproducente excluir a un miembro del UDR por el hecho de haberse enrolado en la UDA” (3). Un documento clasificado, publicado al año siguiente, revela que entre el 5 y el 15% de los miembros del UDR “tenían vínculos con paramilitares y era frecuente la afiliación simultánea a ambas organizaciones”. También revela que los soldados del UDR proveían armas y municiones a grupos lealistas, su “única fuente significativa de armas modernas” (4). En 1978, el gobierno británico fue objeto de una denuncia de su par irlandés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que este condenara su política de detención sin juicio. Durante las audiencias, los representantes del Estado reconocieron que los paramilitares republicanos y lealistas no eran tratados de la misma manera. ¿Su argumento? Los grupos lealistas no son organizaciones estructuradas y disciplinadas como el IRA. La UDA “no era una organización terrorista; era, si se quiere, la muy militante –y aterradora– manifestación de un punto de vista”, explicó Harry Tuzo, comandante de las fuerzas británicas en Irlanda del Norte. En privado, el gobierno reconoce que el razonamiento no se sostiene. Gran parte de la investigación sobre la colusión en la década de 1970 se centró en la actividad de la Glenanne Gang, una milicia lealista responsable de más de cien muertes. Entre las atrocidades que cometió, la historia ha registrado la explosión de bombas que mataron a treinta y tres personas en Dublín y Monaghan en 1974. Miembros activos de la Policía Real del Ulster (Royal Ulster Constabulary, RUC) –la fuerza armada que estuvo al frente de las acciones contrainsurgentes británicas– y del UDR formaban parte de esta milicia. Después del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, la RUC se convirtió en el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (NIPS). Su Equipo de Investigaciones Históricas (Historical Enquiries Team, HET) examina el expediente de la Glenanne Gang. Reconoce que muchas personas han acusado a la RUC de no haber perseguido con eficacia a esta milicia, aun cuando era la más activa: “Los miembros de la comunidad nacionalista y las familias de las víctimas están convencidos de que, en tales casos, las investigaciones no fueron rigurosas con el deliberado objetivo de ocultar la participación de las fuerzas de seguridad y permitir que los paramilitares lealistas llevaran a cabo una campaña de terror contra civiles católicos. El HET no está en condiciones de refutar

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o disipar estas sospechas. La investigación que llevó a cabo reveló omisiones preocupantes y la ausencia de cualquier estrategia de investigación estructurada” (5). Complicidad en las violencias lealistas Según el HET, hay “pruebas indiscutibles” de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares lealistas. Esta evidencia debería haber “disparado una señal de alarma” hasta en la cúpula del gobierno, pero “no se hizo nada; la espiral de muertes continuó” (6). A finales de la década de 1970, los miembros de la RUC estuvieron involucrados en un ataque a un pub católico. Los estudios balísticos relacionaron sus armas con las utilizadas por la Glenanne Gang para varios asesinatos. El Tribunal sólo les impuso penas en suspenso, con una excepción: la de un agente de policía ya condenado por asesinato. En su informe, el juez describió a los acusados como “hombres que se habían equivocado y más que nada eran infelices”, motivados por “la idea de que se necesitaba más trabajo policial ordinario, lo que se justificaba si se quería liberar al país de la peste que se había instalado allí” (7). Se comprende por qué, a finales de los años 70, los ministros se mostraron reacios a profundizar demasiado en esta cuestión. En ese momento, la política de contrainsurgencia de Londres en Irlanda del Norte estaba evolucionando hacia la “ulsterización”. En la lucha contra el IRA, se trataba de apoyarse más en los efectivos reclutados localmente, limitando así las pérdidas entre los soldados y reduciendo la presión sobre los dirigentes políticos para poner fin al conflicto. Si las “pruebas indiscutibles” de la colusión se hubieran hecho públicas, el gobierno habría tenido muchas más dificultades para justificar

una política de seguridad basada principalmente en la RUC y el UDR. En el corazón de la reanudación de la campaña lealista a finales de los años 80 y principios de los 90 había un miembro de la UDA: Brian Nelson. Como oficial de la Force Research Unit (FRU), una estructura de inteligencia secreta del ejército británico, se convirtió en el responsable de los Servicios de Seguridad de la UDA. Su estatus salió a la

Poco a poco está surgiendo una imagen clara de la complicidad de las fuerzas de seguridad en la violencia lealista. luz debido a su rol en la preparación del asesinato, el 12 de febrero de 1989, de Patrick Finucane, un abogado de alto nivel que había defendido a sospechosos del IRA. Bajo la presión del gobierno conservador de John Major, el fiscal aceptó que se declarara culpable –Nelson fue sentenciado a diez años de prisión y liberado al cabo de cuatro años– garantizándole que no sería interrogado en su juicio (8), en 1992. Quien le daba las órdenes, Gordon Kerr, testificó en su lugar, asumió la “responsabilidad moral personal” por las acciones de su subordinado y describió a Nelson como

un hombre “completamente leal al sistema” (9). Después del juicio se supo que Kerr engañó al Tribunal sobre las actividades de Nelson dentro de la UDA: en lugar de prevenir actos terroristas, había reorganizado los archivos de inteligencia de la FRU para mejorar la precisión de los objetivos. La carrera de Nelson ilustra un punto crucial en la gestión de los indicadores por parte de las fuerzas de seguridad. La Rama Especial de la RUC, que estuvo a la cabeza de la guerra de inteligencia, hasta la década de 2000 disponía de cientos de informantes en los grupos lealistas. Los partidarios de las fuerzas de seguridad argumentaron que a veces era necesario hacer la vista gorda ante las actividades criminales de algunos si la información que proporcionaban ayudaba a frustrar los atentados. Sin embargo, este argumento se derrumba si la verdadera misión de informantes como Nelson era fortalecer los grupos en los que se habían infiltrado... Poco a poco está surgiendo una imagen clara de la complicidad de las fuerzas de seguridad en la violencia lealista: vehículos que actúan como controles de carretera que se retiran misteriosamente cuando la acción es inminente; informantes advertidos antes de ser detenidos; pistas evidentes que quedan sin explorar; pruebas ocultadas o destruidas (10)… Ante estas revelaciones, el Estado británico y sus defensores se escudaron en la afirmación de que esta colusión era un fenómeno confinado a la base, liderado por miembros “deshonestos” de la RUC y el UDR que entregaron archivos de inteligencia a paramilitares lealistas y cerraron los ojos en momentos cruciales. Sin embargo, permanecen en silencio cuando se enfrentan a pruebas de colusión entre la cumbre y la base. Eminentes miembros de la policía y

del ejército establecieron el marco en el que sus fuerzas podrían operar, y sus asesores políticos en Londres eran plenamente conscientes de ello. Si los oficiales en la cima de la cadena de mando no tenían una imagen completa de lo que estaba sucediendo en el terreno, es que no querían saberlo. Los sucesivos gobiernos también opusieron la misma resistencia a la apertura de una investigación pública completa sobre el asesinato de Finucane; probablemente temen que impida que las piezas del rompecabezas se ajusten para reconstruir la imagen total. La batalla por la asignación de responsabilidades no se detendrá y sólo exacerbará las turbulencias en un escenario político ya desestabilizado por la crisis del Brexit. g 1. Ambas organizaciones pusieron fin a sus campañas a partir de mediados de los años 90, pero siguen existiendo. Continúan cometiendo acciones criminales y actos de violencia, aunque en pequeña escala. 2. Todas las cifras citadas en este artículo provienen de la base de datos CAIN Bibliography, especialista en el conflico norirlandés: https://cain.ulster.ac.uk 3. Citado por Margaret Urwin, A State in Denial: British Collaboration with Loyalist Paramilitaries, Mercier Press, Cork, 2016. 4. Citado por Anne Cadwallader en Lethal Allies: British Collusion in Ireland, Mercier Press, 2013. 5. Citado por Anne Cadwallader, Lethal Allies, op. cit. 6. Ibid. 7. Ibid. 8. Ian Cobain, The History Thieves: Secrets, Lies and the Shaping of a Modern Nation, Portobello Books, Londres, 2016. 9. The Irish Times, 30-1 y 4-2-1992. 10. Véase Mark McGovern, Counterinsurgency and Collusion in Northern Ireland, Pluto Press, Londres, 2019.

*Autor de One Man’s Terrorist: A Political History of the IRA, Verso, Londres, 2019. Traducción: Teresa Garufi

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¿Cómo salir de la crisis? Todas las crisis se parecen y todas, también, tienen algo distintivo. Este nuevo libro de la colección de LA MEDIA DISTANCIA se ocupa de la que hoy transita Argentina, desmenuzando con agudeza sus particulares. De la mano de los mejores especialistas, sugiere debates indispensables para emprender, de a poco, el camino de salida a la crisis.

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PRÓLOGO CECILIA TODESCA BO CCO

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Edición 247 | enero 2020

Piet Mondrian, Pointillist dune study, crest at left, 1909 (gentileza Christie’s)

En el sistema judicial estadounidense las discriminaciones sociales, de género y raciales son frecuentes. Una doble pena que padecen los sectores más postergados del país.

Polémicas indemnizaciones en EE.UU.

Vidas que valen más que otras por Charlotte Recoquillon*

E

n mayo de 2011, cuando se mudó con su marido a un departamento recientemente renovado de Brooklyn, en Nueva York, la Sra. Niki Hernández Adams estaba embarazada. Quince meses más tarde, un examen médico de rutina revelaba tasas de plomo tan elevadas en la sangre de su recién nacido que las consecuencias sobre su salud fueron irreversibles. La joven madre decidió entonces presentar una demanda contra el propietario de la vivienda, con el objeto de obtener una reparación mediante el pago de daños y perjuicios compensatorios (compensatory damages) (1). Al término de una batalla judicial de cuatro años, el propietario fue declarado culpable (2). El tribunal debió entonces fijar la indemnización que recibiría la víctima. Para ello, los jueces y los jurados se apoyaron en los testimonios de expertos encargados, por el demandante por un lado y por el acusado por el otro, de evaluar el perjuicio económico padecido, el que incluía los eventuales gastos médicos o funerarios, los daños materiales, así como el lucro cesante debido a una herida, una discapacidad o un fallecimiento. Con el objeto de respaldar sus estimaciones, los expertos tuvieron en cuenta criterios supuestamente objetivos: el salario de la víctima (o de su familia si se trata de un niño), la cantidad de años de actividad que aún debería tener, su esperanza de vida… De forma casi auto-

mática, las desigualdades existentes en la sociedad se trasladan al monto de los daños y perjuicios. Así, se propondrá una reparación menos importante a una mujer de la limpieza atropellada por un auto e impedida de trabajar durante tres meses que a un agente inmobiliario en la misma situación. En el caso del hijo de la Sra. Hernández Adams, los abogados de la familia pidieron entre 2,5 y 4 millones de dólares, o sea, según sus estimaciones, la suma que la víctima habría podido ganar en el curso de su vida de no haber quedado discapacitada por una intoxicación por plomo. Los defensores del propietario hicieron otro cálculo. Siendo el niño de origen hispano, argumentaron que tenía pocas posibilidades de formarse académicamente y de llevar a cabo una carrera que le permitiera amasar semejante suma. Propusieron, en cambio, una reparación menos elevada: entre 1,5 y 2,5 millones de dólares. El abogado de la víctima replicó afirmando que “la población hispana tiene una mayor tendencia a alcanzar un nivel de educación superior al de sus padres”. El jurado zanjó finalmente por 1,9 millones de dólares, tras la exclusión categórica del criterio racial –poco habitual en los tribunales estadounidenses– por el juez Jack B. Weinstein. “La categoría ‘hispanos’ es demasiado general. […] Hay profesores y también jardineros […]. Por lo tanto, no pueden considerar al niño según la media de los hispanos, sino

que deben tener en cuenta características específicas, como los diplomas de la madre, su lugar de residencia, su familia, etc.”, agregaron los jurados. Así, la justicia autorizó la consideración del sexo y de la raza de una víctima, además de su nivel social, en el cálculo de los daños y perjuicios. En otras palabras, el perjuicio se equipara al estatus social; las mujeres y las minorías reciben menos que los hombres y los blancos. “Las desventajas que los negros y las mujeres padecen en Estados Unidos en términos de acceso al mercado de trabajo se reflejan en el monto de las indemnizaciones que reciben”, sintetizan los juristas Ronen Avraham y Kimberly Yuracko (3). En 2019, en Estados Unidos, el ingreso medio de las mujeres representaba el 82,3% del de los hombres; el de los hombres negros, el 74,9% del de los blancos; un hombre asiático ganaba en promedio un 30% más que un hombre blanco (4), etc. Todos estos datos, recolectados por la administración, luego son transformados en cuadros que sirven de referencia a las estimaciones de los expertos, en particular cuando las víctimas son jóvenes y desprovistas de un historial de carrera. Como la mayoría de las negociaciones entre querellante y acusado tienen lugar a puerta cerrada, resulta difícil medir con precisión el peso de esos cuadros. Por otra parte, la Corte suele rechazar el uso de los criterios de sexo y de raza, como ocurrió con el fondo de indemnización de las víctimas del 11 de Septiembre que, bajo la presión de representantes y de asociaciones, finalmente escogió apoyarse en los cuadros masculinos y blancos –los más favorables– para todas las víctimas. “La práctica [de discriminar según el sexo y el origen étnico] es corriente, pero no sistemática”, nos explica Martha Chamallas, profesora de Derecho en Ohio y autora, a partir de 1994, de los primeros trabajos sobre el tema. En 2009, el 92% de los expertos interrogados por la Asociación Nacional de Peritos Judiciales (National Academy of Forensic Engineers, NAFE) declaraban tener en cuenta el género de la víctima, y el 44,1% su raza (5). “Si usted me pregunta si las discriminaciones raciales son corrientes en el sistema judicial, le diré que sí, que son omnipresentes”, dice por su parte Lee Merritt. Este abogado, militante en el seno del movimiento Black Lives Matter (“Las Vidas Negras Importan”), compara dos casos recientes. “En julio de 2017 Justine Damond, una profesora de yoga australiana y blanca, fue asesinada por un policía negro en Minneapolis. Como empleador del policía, la ciudad de Minneapolis concedió a la familia de la víctima, en mayo de 2019, una indemnización récord de 20 millones de dólares”. En el mismo momento, Merritt defendía a la familia de Jordan Edwards, un adolescente negro muerto por un policía blanco de Dallas en abril de 2017. Reconocido culpable, el agente fue condenado a una pena de quince años de prisión. Pero la ciudad, en cambio, sigue rechazando toda forma de indemnización. Doble pena La consideración de los criterios de medio social, de raza o de sexo equivale a una forma de doble pena. Las familias pobres, entre las cuales las minorías están sobrerrepresentadas, corren más riesgos por ejemplo de padecer una exposición al plomo que las parejas acomodadas: están más restringidas en la elección de su barrio y de su vivienda, y las actividades contaminantes se instalan con más frecuencia en territorios de sectores populares, donde el poder político (y en consecuencia el poder de oposición) de los habitantes es más débil… Luego, en caso de intoxicación, son peor indemnizadas. Avraham y Yuracko

estiman incluso que la consideración de los cuadros demográficos en el cálculo de los daños y perjuicios podrían incitar a las empresas a concentrar los riesgos en los barrios no blancos y pobres. Para respaldar su hipótesis presentan el caso (ficticio) de una empresa de entregas a domicilio, FedEx, que tendría todo el interés en incitar a sus choferes a circular más despacio en los barrios blancos –puesto que allí las penalidades financieras en caso de accidente son más elevadas– y que, con el objeto de efectuar sus trayectos más rápidamente,

Las familias pobres corren más riesgos de padecer una exposición al plomo que las parejas acomodadas. privilegiaría por lo tanto los itinerarios que atraviesan los barrios negros, aumentando al mismo tiempo los perjuicios y el peligro. Tan corrientes como discretas, esas prácticas discriminatorias recientemente ganaron visibilidad. En 2016, los senadores demócratas Cory Booker y Kirsten Gillibrand presentaron un proyecto de ley, el Fair Calculation Act, cuyo objetivo era prohibir el uso de los criterios de raza y de género a nivel federal. Pero el texto nunca fue adoptado. Los movimientos Black Lives Matter y #MeToo ampliaron la impugnación de esas prácticas discriminatorias, denunciando las desigualdades socioeconómicas que fundan las desigualdades de indemnización. En abril de 2019, dieciséis organizaciones de defensa de los derechos cívicos dirigieron una carta abierta a la NAFE pidiéndole que condene públicamente la consideración de los datos sobre la raza y el género en el cálculo de las indemnizaciones por perjuicio moral o físico. Recibieron un rechazo categórico. En el plano legislativo, California se convirtió en julio de 2019, en el tercer estado que prohíbe esta práctica, después de Carolina del Norte y Nueva Jersey. A nivel federal, un nuevo proyecto de ley está en estudio en el Congreso desde septiembre. Si bien no tiene ninguna posibilidad de ser votado por el Senado –donde los republicanos son mayoría–, da testimonio de tímidos avances en el debate público. Pero raras son las voces que predican el abandono del criterio social. Está admitido que, si dos adolescentes mueren en un mismo accidente de auto, sus familias pueden ser indemnizadas de manera diferente, según su oficio o su nivel de estudios. g 1. Estos daños y perjuicios se distinguen de las multas que pueden ser infligidas a los autores de crímenes y de delitos. 2. GMM vs. Kimpson, N° 13-CV-5059, 30-715. También Kim Soffen, “In one corner of the law, minorities and women are often valued less”, The Washington Post, 25 -10-16. 3. Ronen Avraham y Kimberly A. Yuracko, “Torts and discrimination”, Ohio State Law Journal, Vol. 78, N° 3, Columbus, 2017. 4. “Median usual weekly earnings of full time wage and salary workers”, Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor, Washington, DC, octubre de 2019. 5.Michael Brookshire, Michael R. Luthy y Frank Slesnick, “A 2009 survey of forensic economists: Their methods, estimates, and perspectives”, Journal of Forensic Economics, Vol. 21, N° 1, Mount Union (Iowa), diciembre de 2009.

*Periodista. Traducción: Víctor Goldstein

Dossier

Dora, Líbano, 18-10-19 (Mohamed Azakir/Reuters)

La era de las revueltas Una ola de protestas masivas contra el orden neoliberal cubre diversos lugares del planeta. Santiago de Chile, París, Beirut, Bagdad... Los gobiernos se muestran incapaces de satisfacer las demandas políticas, económicas y sociales de un pueblo que desconfía de las instituciones y toma la calle para gritar su descontento.

El pueblo en las calles Serge Halimi 22 | Ni un día más en el trabajo Danièle Linhart 24  | Explosión  contestataria  en  el  Líbano  Hajar Alem y Nicolas  Dot-Pouillard 26 |Irak recupera su identidad Feurat Alani28 |  Revueltas e n C hile: ¿ cuál e s l a s alida a  l a c risis?  C arlos  O minami  3 0 

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Dossier La era de las revueltas

Santiago de Chile, 18-11-19 (Martín Bernetti/AFP)

Walter Benjamin sostuvo, corrigiendo a Marx, que las revoluciones no son tanto la locomotora de la historia universal sino el gesto de agarrar el freno de emergencia que hace el género humano que viaja en ese tren. Entonces, ¿qué será, con tanto malestar popular en las calles, de este desenfrenado mundo-tren neoliberal?

De Santiago de Chile a París…

El pueblo en las calles por Serge Halimi*

(Viene de la página 40 ) d ventud, la espontaneidad, el uso de las redes sociales, la negativa a ser silenciados por el sistema, la cólera ante políticas económicas en casi todas partes destinadas a absorber los daños causados por los bancos. Nueve años después, si bien una dictadura ha caído en Túnez, las demandas sociales que originaron este levantamiento no tuvieron ni un atisbo de solución. Y la situación no es más brillante en otras partes. En esas condiciones, se entiende la utilidad de las buenas noticias. Y la tentación de sobreestimar la existencia de una conciencia internacional, cercana a las prioridades que uno defiende, allí donde todavía sólo hay movimientos complejos e inestables, y que no prestan mucha atención a establecer vínculos entre ellos. Desde finales del siglo pasado se vienen anunciando con una regularidad de metrónomo la muerte del capitalismo, la convergencia de las luchas, el agotamiento de la hegemonía de la globalización. Cien veces se diagnosticó al adversario en estado de agonía o se lo dio por muerto.

Pero siempre sabe cómo cambiar de rostro y de discurso. En el Reino Unido, cuarenta años después de la llegada al poder de Margaret Thatcher ese adversario acaba de triunfar una vez más. Y del otro lado del Atlántico su derrota en noviembre no es garantía de nada. Más vale saberlo, incluso si es reconfortante apartar la mirada de uno o varios fracasos –en Brasil, Grecia, Bolivia, Italia...–, tan pronto como se ve reaparecer el fuego en algún otro lugar. Así pues, hoy los mismos combustibles se encuentran en casi todas partes. Y son económicos y políticos a la vez: la crisis financiera de 2008 no sólo benefició a sus principales responsables, sino que los grandes partidos tradicionales, de derecha e izquierda, se turnaron para imponer obstinadamente medidas injustas a sus poblaciones. Por fuerza se vio afectada la legitimidad del “sistema”. Diez años después, está por el suelo. No obstante, observar tal bancarrota puede abrir la vía (o dar pie) a interpretaciones ideológicas opuestas. Porque el “sistema” al que se

acusa no es necesariamente el que está al servicio de la clase capitalista. Otros prefieren ver en él a todo lo que, según ellos, protege indebidamente a la gente de al lado, un poco más desfavorecida, a los extranjeros, a los “asistidos”. Y los privilegios de los dominantes aprovechan este tipo de resentimiento. La “reforma” jubilatoria de Emmanuel Macron es otro ejemplo de ello. Pretende crear un “régimen universal” que “será el mismo para todos los franceses sin excepción”. Por el contrario, establece una ruptura generacional (los trabajadores nacidos antes de 1975 no se verán alcanzados por el nuevo sistema, mucho menos ventajoso) al mismo tiempo que prevé, con el pretexto de la “equidad”, que los altos directivos dejarán de pertenecer al sistema de reparto más allá de un determinado salario, lo que los animará a recurrir a los fondos de pensión para asegurarse el adicional (1). Sin embargo, para defender con eficacia –incluso contra los manifestantes– su universalidad tan particular, el gobierno francés ha

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decidido mantener el régimen de excepción de pensiones de los policías, basándose en que “realizan funciones ‘soberanas’ de protección de la población”.... A pesar de estos intentos de división, que en otros lugares apuntan a sunnitas, chiitas, kabyles o catalanes, por el momento la unidad de los manifestantes se mantiene. En torno a demandas y rechazos que pueden encontrarse en casi todas partes: vivir decentemente, con dignidad; oponerse a una nueva amputación de los programas sociales, al aumento del precio de los servicios esenciales (transporte, energía, comunicaciones); no conformarse con una caída de la tasa de desempleo cuando encubre la multiplicación de los “trabajos basura” –en España, el 40% de los nuevos contratos de trabajo se establecen por menos de un mes (2)–, sobre todo teniendo en cuenta que estos empleos precarios a menudo se localizan en las ciudades en las que el costo de la propiedad inmobiliaria se ha disparado. Así, el alto costo de vida, la pobreza y las desigualdades constituyen la trama de las protestas. Tanto en Sudán como en Ecuador, en el Líbano como en Chile. También en casi todas partes, gracias a la brutal franqueza de un neoliberalismo que, impúdico, rasga el velo entre Estado y capital, las reivindicaciones económicas se ven acompañadas de inmediato de exigencias políticas. Porque la corrupción y los escándalos no son sólo asuntos privados que la prensa hace públicos: un asistente parlamentario que dedica parte de su tiempo de trabajo a actividades políticas, un presidente de la Asamblea Nacional que ofrece langostas a sus invitados. Y gira el carrusel, tuits indignados, revelaciones folletinescas, programas especiales… A partir de ahora, prácticamente todo el mundo ha comprendido que la corrupción se refiere más a un Estado neoliberal que, con la destrucción de los servicios públicos, financia el desarrollo de intereses privados. Los que, como es lógico, se benefician de cada “reforma” emprendida (privatizaciones, fiscalidad, jubilaciones). Pero la corrupción es también un sistema político que permite a las elites globalizadas apropiarse de la riqueza nacional, destruirla, deslocalizarla utilizando el libre comercio y los paraísos fiscales. Y son también gobernantes culpables de prevaricación cuando, como en el Líbano, son incapaces de asegurar la limpieza de las ciudades asfixiadas bajo la basura, con el riesgo de viciar aun más la calidad del agua, la supervivencia de la flora, la salud pública. La corrupción es también un poder vaciado de legitimidad cuando, como en Irak, abandona su misión esencial y deja perecer las escuelas, mientras que en dieciséis años el equivalente al doble del Producto Bruto Interno se habría evaporado en los bolsillos de políticos y empresarios venales (3). Por último, ya no está claro qué término utilizar en Francia cuando el Primer Ministro constata hipócritamente que el hospital público se encuentra “en fase terminal, como se dice de un avión que ya no está en condiciones y podría entrar en pérdida” (France Inter, 21 de noviembre de 2019). “En pérdida” significa quedar fuera de control y caer. ¿Édouard Philippe seguirá aún en Matignon el próximo año para comentar el accidente y consolar a los familiares de los viajeros? Con el color de la nación “¡Quiero una nación!”, proclaman los iraquíes, a quienes 450 víctimas de la represión no han desanimado y asocian su rechazo a la injerencia extranjera y al confesionalismo con un deseo de solidaridad, para construir un Estado digno de ese nombre, es decir, honesto. En Chile, cuna del neoliberalismo impuesto de facto, la represión de los carabineros (más de 11.000 heridos, 200 sin un ojo, 26 muertos) tampoco contuvo la protesta. Y aquí también la revuelta popular se viste de colores nacionales. Como en Argelia, donde millones de manifestantes exigen que el ejército deje de monopolizar el poder, el petróleo y los símbolos nacionales. Sigue siendo la bandera nacional la que prefieren los “chalecos amarillos”, deseosos de evitar así cualquier división política o electoral interna, esos cuyos caminos divergieron hasta el

día en que su cólera y sus demandas se encontraron en las rotondas de sus municipios. Padeciendo, una vez más, una represión que se pensaba era prerrogativa de las dictaduras. Lo nacional se ve muy bien cuando expresa semejante rechazo al individualismo, a las depredaciones del mercado y a las divisiones que fomenta entre sus víctimas. Y mejor aun cuando el mundo que se le opone tiene la cara de acuerdos de libre comercio, de gigantes digitales que espían nuestras acciones y ocultan sus beneficios. O de bancos de negocios que preparan la próxima catástrofe financiera (de la que, una vez más, ellos saldrán ilesos). O del Fondo Monetario Internacional que en el Líbano, Egipto, Ecuador, Haití, Grecia, Bolivia, Argentina, impone sus drásticas soluciones a una población agotada. Pero la globalización tiene al menos un mérito: el de mostrar lo similares que son las clases dominantes. Un joven ex banquero preside un país, un multimillonario septuagenario otro. A priori, todo los distingue, excepto esto: uno de los principales logros de ambos fue favorecer fiscalmente a los ricos. Y entonces, cuando estos dirigentes dejan el poder, ¿para quién trabajan? El ex primer ministro francés François Fillon, artífice de una reforma jubilatoria en 2010 y luego defensor de un sistema de puntos para “reducir el monto de las pensiones”, trabaja ahora para el banco Barclays. Al igual que François Baroin, a quien la prensa (que lo ama) ya presenta como un potencial candidato de derecha en las próximas elecciones presidenciales. Mientras tanto, Barclays le ha encargado que “guíe a los compradores extranjeros en Francia” a la espera de que pueda “bloquear a la extrema derecha”. José Manuel Barroso, ex primer ministro portugués y ex presidente de la Comisión Europea, prefirió otro banco, el Goldman Sachs. Unas semanas antes, su ex comisaria de Agenda Digital, la holandesa Neelie Kroes, había sido contratada por Uber. Pascal Lamy, socialista francés, acaba de incorporarse a Brunswick, lobby empresarial, cuyos clientes no son todos desocupados desempleados. Y hace un año Facebook empleó como director de Relaciones Públicas a un ex viceprimer ministro británico, Nicholas Clegg. Su salario debería alcanzar los 4.500.000 euros anuales, sesenta veces más de lo que percibía como parlamentario. ¿Todos los manifestantes son paranoicos cuando se preguntan para qué futuros empleadores ya están trabajando sus gobernantes? ¿Acaso los chilenos no reaccionarían con cierta rudeza cuando el pasado septiembre su ministro de Finanzas, elegido por el propio presidente Piñera, también multimillonario, explicó a manifestantes insatisfechos con el aumento de los precios de los alimentos que los “románticos” siempre podían comprar flores, cuyo precio había “caído”? Sin bandera política El ejemplo de Chile habla por sí solo. A pesar del fin de la dictadura militar y de la alternancia de gobiernos de derecha e izquierda, la Constitución del general Augusto Pinochet que prohíbe las nacionalizaciones apenas ha sido retocada desde 1980. Así, el país conserva su ajustado corsé neoliberal que beneficia a los intereses financieros: un sistema de fondo de pensiones por capitalización, autopistas urbanas con peaje, universidades privadas, venta de cursos de agua en forma de acciones. En este movimiento chileno sin vocero y que reúne multitudes inmensas, el repudio no podía dejar de lado a la oposición de izquierda. Con demasiada frecuencia ella tuvo miedo de dar miedo al combatir realmente contra la derecha “liberal”. En consecuencia, desde entonces “El pueblo unido avanza sin partido”. No hay bandera política en las manifestaciones, tan solo la enseña nacional y la del pueblo mapuche, principal blanco de la represión. Sin embargo, tanto aquí como más allá, en especial en los países árabes, se plantea una cuestión. El deseo de no comprometerse, la negativa a nombrar líderes, a representantes, están arraigados en una larga experiencia de decepciones, derrotas y traiciones. Pero, ¿cómo evitar la marginación, la fatiga o el aplastamiento si la presión

popular nunca encuentra su cauce, una salida política? El recrudecimiento de la represión judicial, policial y militar, los vínculos cada vez más estrechos entre el capital y el Estado impiden que este debate se considere incidental. “Hay que ser organizados y saber adónde se va –dice Frédéric Lordon–, porque los otros están organizados y saben adónde van” (4). En la espera, mientras que en los últimos treinta años y a pesar de las alternancias de gobierno no se ha cuestionado ninguna reforma estructural esencial codificada por el neoliberalismo (librecomercio, mercado único, privatizaciones, desregulación financiera), los movimientos populares de estos últimos meses ya pueden exhibir una lista de conquistas bastante halagüeña: primeros ministros tuvieron que renunciar (en el Líbano e Irak), un presidente discapacitado no pudo presentarse a la reelección (en Argelia), nuevas Constituciones podrían dinamitar los viejos arreglos (la de Chile está destinada a ser reescrita desde la primera hasta la última línea). Sobre todo una nueva generación, condenada con demasiada frecuencia a reembolsar su deuda estudiantil, a vivir en la precariedad y a esperar sólo una jubilación mutilada en un medioambiente degradado, descubre la lucha colectiva, la solidaridad y la victoria. El resto sigue abierto, pero sólo esta experiencia, vivida por decenas de millones de manifestantes que ahora se sienten más fuertes y dignos, garantiza que ningún sistema político pueda ofrecer al neoliberalismo la esperanza de volver a ser normal. g

Un desafío general: enfrentar al liberalismo económico que perfecciona una sociedad de castas.

1. Véase “La equidad bien entendida…”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2010. 2. Daniel Michaels y Paul Hannon, “Europe’s new jobs lack old guarantees - stoking workers’ discontent”, The Wall Street Journal, 25-11-19. 3. “Pour Washington, Irak doit répondre aux revendications des manifestants”, Le Figaro (con AFP), París, 29-11-19. 4. Frédéric Lordon, “Le capitalisme ne rendra pas les clés gentiment”, La pompe à phynance, 22-11-19, https://blog.mondediplo.net

*Director de Le Monde diplomatique. Traducción: Teresa Garufi

Archivo Chile, el oasis seco por Luis Sepúlveda, Nº 246, diciembre de 2019. El despertar del volcán argelino por Arezki Metref, Nº 246, diciembre de 2019. Hong Kong, un polvorín geopolítico por Martine Bulard, Nº 243, septiembre de 2019. Sudán y Argelia: ¿una nueva “primavera árabe”? por Gilbert Achcar, Nº 240, junio de 2019. Lucha de clases en Francia, año 2019 por Serge Halimi y Pierre Rimbert, Nº 236, febrero de 2019. ¿Hacia dónde va Túnez? por Serge Halimi, Nº178, abril de 2014. Irak, debilitado e inestable por Feurat Alani, Nº 175, enero de 2014. El capitalismo del desastre vuelve a Chile por Cristián Carrillo y Mauricio Olivares, Nº 131, mayo de 2010. Democracias fallidas por Carlos Gabetta, Nº 118, abril de 2009.

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Dossier La era de las revueltas

Manifestación contra la revisión de las pensiones del gobierno francés, 19-12-19 (Julien Mattia /Andalou Agency/AFP)

El mundo de las empresas se vuelve cada vez más agobiante y letal. Mientras numerosos asalariados rechazan la idea de jubilarse cada vez más tarde, el gobierno de Emmanuel Macron avanza con sus reformas laboral y previsional.

Empleo y precariedad en Francia

Ni un día más en el trabajo por Danièle Linhart*

L

a movilización de diciembre en Francia impresionó tanto por su amplitud como por su diversidad: jóvenes y ancianos, abogados, artistas, docentes, estibadores, ferroviarios, empresarios, empleados, médicos, enfermeras, bomberos, músicos, carteros, estudiantes secundarios, aduaneros…, marcharon conjuntamente. Este estallido tiene lugar un año después del surgimiento de los “chalecos amarillos” (1), en un momento en el que el movimiento estaba dando signos de agotamiento. Emmanuel Macron y el gobierno pensaban aprovechar la marginalización de los sindicatos, rechazados por los “chalecos amarillos”; creían haber apaciguado la bronca de la Francia popular mediante medidas financieras y consultas ciudadanas. ¿Acaso no “cedieron” 10.300 millones de euros –desfiscalización de las horas extras, aceleración del aumento del salario mínimo a través de un bono incentivo, anulación del

aumento del impuesto denominado Contribución Social Generalizada (CSG) para algunos jubilados– y pusieron lo mejor de sí para “escuchar lo que los franceses querían decir”? No es común que un Presidente de la República pase tanto tiempo debatiendo con los ciudadanos. Los canales de información mostraron la imagen de un hombre ostensiblemente comprometido, de pie, en mangas de camisa frente a una asamblea intensa; Macron escuchaba, tomaba nota, discutía, intercambiaba, y sobre todo explicaba. La opinión de los franceses debía supuestamente poder pesar a través del “gran debate” organizado por medio de la participación de los ciudadanos en plataformas virtuales, reuniones y de los “cuadernos de quejas” implementados en las comunas. ¿Por qué, en estas circunstancias, y luego de dos años de “concertación” sobre la reforma previsional, los trabajadores deciden poner el cuerpo en una mo-

vilización de tal magnitud? ¿Por qué sienten que el gobierno no los respeta? Calles llenas de coraje En realidad, muchos franceses se han dado cuenta de que el “ni izquierda ni derecha” de Macron fue reemplazado por un pensamiento puramente tecnocrático, donde lo “universal” remite al mercado, donde el “cambio” suplanta el progreso y los equilibrios construidos a lo largo del tiempo no merecen ninguna atención. Algunos pensaban que los sindicatos ya eran cosa del pasado, en particular aquellos que no son considerados “reformistas”. Pero lograron sorprender. En una sociedad marcada por el individualismo y la competencia sistemática, pudieron superar la trampa de la confrontación entre trabajadores tendida por el gobierno, que centró su discurso en torno a la denuncia de los “privilegios” de

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los funcionarios y de los beneficiarios de “regímenes especiales”. La mayoría de los franceses conoce la utilidad de los servicios públicos, las difíciles condiciones de trabajo que allí imperan, los bajos salarios. La división no solo no funcionó, sino que la cólera parece ser más grande con la cláusula denominada “abuelo”, “nieto”, o “hermano mayor”, aplaudida por varios ministros para desactivar la movilización –como si las mujeres dependieran todavía de los hombres de sus familias; como si los adultos pudiesen programar adrede un deterioro social para sus hijos–. En una demostración de fuerza, los sindicatos enarbolan sus reivindicaciones y su intención de no ceder. Apuestan por la capacidad colectiva para defender los intereses de todos. Bien posicionados en su rol, están ganando legitimidad, indudablemente. En las rotondas, los “chalecos amarillos” decían que estaba renaciendo la solidaridad en las relaciones sociales, la felicidad de juntarse, de compartir valores y esperanzas. En las manifestaciones contra la reforma previsional, el gusto por la reivindicación y por la rebelión es igual de tangible. La movilización, muchas veces bonachona, otras veces enfurecida, pero siempre decidida, muestra una voluntad de cohesión, de cuidado por los demás y de coraje. Porque hace falta coraje para ir a manifestar mientras se machaca a la gente con la presencia de los “black blocs” y con el alto riesgo de violencia. Hace falta coraje para seguir marchando en medio de una nube de gases lacrimógenos y de estallidos de granadas antidisturbios. En la Francia de Macron, hace falta coraje, efectivamente, para participar de una manifestación declarada, en un recorrido autorizado, para defender reivindicaciones vinculadas al respeto a los trabajadores. Por más que se les repita que tienen más suerte que sus vecinos, la mayoría de la gente no quiere verse imponer más años de aportes ni que disminuya su pensión. Se los compara sin cesar con los asalariados de países donde la vida es aun más difícil, donde se trabaja durante más tiempo, donde se cuenta con menos protección social y donde las jubilaciones son inferiores: esto es precisamente lo que la gente rechaza. Muchas personas no ven la hora de dejar su trabajo y no quieren que se retrase la edad jubilatoria. Los franceses tienen una relación particular con el trabajo. Lejos de ser perezosos y reacios al esfuerzo, como alegan los gobernantes y la patronal, le conceden mayor importancia que sus vecinos, como ha mostrado un estudio basado en encuestas europeas (2). Sin embargo, esperan poder desarrollar sus capacidades en el trabajo y encontrar una utilidad social. Al ser más grandes sus expectativas, también son quienes más sufren la decepción. Por lo tanto, no sorprende que sean quienes más desean que el trabajo ocupe menos lugar en su vida. Según el economista Thomas Philippon, no habría una “crisis del valor trabajo en Francia, sino la expresión de un fuerte malestar. […] Los trabajadores, desanimados por el trabajo, estarían de alguna manera en una actitud de repliegue: la voluntad de reducir el lugar que ocupa el trabajo sería una consecuencia de la imposibilidad de cambiar de empleo y la expresión de las dificultades que se experimentan” (3). Los síntomas son conocidos: síndrome de agotamiento profesional (burn out), síndrome de aburrimiento laboral (bore out), malestar, consumo de psicofármacos, suicidios. Si bien no se dispone de estudios estadísticos a nivel nacional, porque son conceptos que siguen debatiéndose y que no son reconocidos como enfermedades profesionales, los agentes sobre el terreno –médicos laborales, adictólogos, sindicalistas de los comités de higiene, seguridad y condiciones laborales (CHSCT, por su sigla en francés), médicos clínicos, psicoterapeutas– han señalado la importancia de estos fenómenos, que, por otra parte, son objeto de las consultas “Sufrimiento y trabajo” implementadas en los hospitales públicos por la doctora Marie Pezé. Por su parte, la consultora Technologia publicó en 2014 un estudio que muestra que 3,2 millones de asalariados –es decir, más del 12% de la población activa– estarían en riesgo de burn out. En 1968, los franceses eran quienes más habían luchado en el mundo contra la organización y la disciplina taylorista (tres semanas de huelga general con ocupación de fábricas), proclamando que “no querían perder más su vida para ganársela”. Querían una tarea que tuviera sentido, en la que pudieran reconocerse y ser reconocidos por la calidad de su dedicación y de su contribución. “¡Estamos hartos de ir de casa al

trabajo y del trabajo a casa!”, se leía por entonces en las pancartas. Como respuesta, la estrategia patronal se empecinó en individualizar el trabajo, para revertir la correlación de fuerzas y mantener a los trabajadores fuertemente subordinados. La subordinación opera hoy en día a través de un conjunto de prescripciones, bajo la forma de protocolos, procedimientos, “prácticas adecuadas”, process, metodologías impuestas, etc., y de controles (reporting, trazabilidad) que enmarcan y determinan con fuerza la actividad profesional (4). El management procuró invisibilizar la subordinación apelando solemnemente al espíritu de iniciativa. Cada trabajador debe responder con inteligencia operativa y pertinencia funcional a las prescripciones elaboradas por “expertos” alejados de la realidad concreta del trabajo, y ello, en el marco de una competencia sistemática de todos con todos (premios, sueldos, carreras personalizadas) y de un “cada cual para sí mismo”: hay que aspirar a la excelencia, superarse, “salir de la zona de confort” –para retomar una expresión de moda–, arriesgarse, a fin de obtener evaluaciones positivas y… así poder conservar su lugar.

75 años de sistemas jubilatorios con 1945 1946 1947 1948

Creación de la Seguridad Social, que incluye . un sistema de jubilación por reparto. La pensión máxima se fija al 40% del límite máximo de la Seguridad Social. Creación de la Asociación General de Instituciones de Jubilaciones de Ejecutivos (Agirc), jubilación complementaria obligatoria para. los ejecutivos. Creación de un régimen de base para los . comerciantes y los profesionales autónomos.

1956

Creación de una pensión mínima de vejez para las personas que no han aportado lo suficiente.

1957 1958 1959 1960

Creación de la Asociación de los Regímenes de Jubilación Complementaria (Arrco) para los no ejecutivos, basándose en el modelo de Agirc.

1962 a 1981

1982 1983 a 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Baja de la edad de jubilación a 60 años para aquellos que tuvieron una carrera completa, fijada en 37 años y medio de aportes.

Creación de la Contribución Social Generalizada (CSG), aplicable a las pensiones (excepto las no imponibles). Extensión del periodo de aportes jubilatorios de 37 años y medio a 40 para los asalariados del sector privado; cálculo de la pensión a partir de los mejores 25 años en vez de 10; indexación de las pensiones sobre la inflación y ya no sobre los aumentos de los salarios de los trabajadores activos (reforma Balladur). Anulación de la reforma Juppé y extensión de la reforma Balladur a los sectores públicos y a los regímenes especiales.

1997 1998

Aumento y generalización de la CSG (excepto para los no imponibles).

1999 2000 2001 2002 2003

Aumento del período de aportes en la función pública de 37 años y medio a 40 años; creación de un sistema de pensiones de capitalización voluntaria para empleados del sector privado (PERP) y reorganización de los planes de pensiones colectivas (PERCO) con beneficios fiscales (reforma Fillon).

2004 2005 2006 2007

1. Véase “Le peuple des ronds-points”, Manière de voir, N° 168, Le Monde diplomatique, París, diciembre de 2019- enero de 2020. 2. Lucie Davoine y Dominique Méda, “Quelle place le travail occupe-t-il dans la vie de Français par rapport aux Européens?”, Informations sociales, N° 153, París, 2009. 3. Thomas Philippon, Le Capitalisme d’héritiers. La crise française du travail, Seuil, col. “La République des idées”, París, 2007; citado por Lucie Davoine y Dominique Méda, “Quelle place le travail occupet-il dans la vie de Français par rapport aux Européens?”, op. cit. 4. Véase Alain Deneault, “La destrucción moral del asalariado”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre de 2018. 5. Véase “‘Appelez-moi maître…’”, Le Monde diplomatique, París, septiembre de 2019. 6. “Après les annonces d’Édouard Philippe, les Français soutiennent toujours les grévistes”, encuesta del IFOP publicada por el Journal du dimanche, París, 14-12-19.

retrocesos

1949 a 1955

1961

Política de cambio constante Los objetivos aumentan sin cesar y las políticas de cambio constante alimentan una sensación de precariedad. Hoy en día, nadie puede referirse a su experiencia ni a sus conocimientos adquiridos. Cada uno tiene que ajustarse permanentemente a las reorganizaciones de su trabajo, que se realizan con miras a descalificar habilidades profesionales que los managers consideran peligrosas, puesto que podrían incitar a los trabajadores a querer influir en la definición de sus tareas y de los medios necesarios para llevarlas a cabo. El emblemático juicio contra France Telecom, que tuvo lugar entre mayo y julio de 2019, ilustra los daños que produce esta política del cambio constante, que, en este caso, buscaba desestabilizar a empleados para obtener el retiro “voluntario” de 22.000 de ellos –a riesgo de empujarlos al suicidio (5)–. Ansiedad, miedo de no poder más, conflictos de valores, pérdida de confianza en sí mismo, imposibilidad casi absoluta de contar con la ayuda de los colegas (que se convierten en rivales): los asalariados son reducidos al rango de aprendices vitalicios. Aun cuando tienen un empleo estable (contrato indefinido, funcionarios públicos o agentes estatales), viven en una inseguridad similar a la de los precarizados, que, por su parte, padecen además una importante incertidumbre financiera. Efectivamente, no se trata solo de condiciones “penosas” de trabajo en el sentido clásico, entendidas como una tarea extenuante por factores físicos y/o por horarios atípicos. En este contexto, la perspectiva de retrasar la fecha de jubilación se torna insoportable. Frente a un modo de organización del trabajo que es considerado ilegítimo, injusto e ineficiente, la mayoría de los franceses –el 54%, según encuestas publicadas a comienzos de diciembre (6)– apoyan las movilizaciones, incluso si no adhieren al paro. Llegará el día en que los manifestantes denunciarán ese vínculo de subordinación que pone trabas, agota y humilla a quienes quisieran asociar trabajo y dignidad, trabajo y utilidad social, trabajo y respeto por las personas y por el planeta. g

avances y

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Extensión progresiva del período de aportes hasta 41 años en 2012; ampliación a determinados regímenes especiales (SNCF, RATP, EDF, etc., salvo a los militares, policías, etc.) en 2014 y desindexación de sus pensiones en función de los incrementos salariales de los trabajadores activos (reforma Sarkozy-Bertrand). Modificación de la edad jubilatoria de 65 a 70 años en algunos sectores (reforma Sarkozy-Fillon) Aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 62 años y hasta los 67 años para los que no hayan aportado lo suficiente en 2018. Jubilación anticipada a los 60 años debido , a dificultades, solo si se está incapacitado para trabajar en un 20% (reforma Sarkozy-Woerth). Jubilación anticipada a los 62 años desde el 2017. Creación de la Contribución de Solidaridad para la Autonomía (CASA), deducido de las pensiones sujetas a la tasa más alta de la CSG. Jubilación anticipada para quienes comenzaron a trabajar a los 18 años en lugar de a los 14 años (reforma Hollande-Ayrault). Aumento gradual del período de aportes, una cuarta parte cada tres años, hasta 43 años en 2035. Creación de un sistema de puntos con diez criterios, cuestionada tres años después (reforma Hollande-Ayrault).

2018 2019

Reforma Macron-Philippe.

*Socióloga. Autora de, entre otros libros, La Comé-

die humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale, Érès, París, 2015. Traducción: Victoria Cozzo

Orientación política del primer ministro en ejercicio Centroderecha Izquierda

Derecha



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Edición 247 | enero 2020

Dossier La era de las revueltas

Manifestantes en la plaza de los Mártires durante una de las protestas que se dieron en el Líbano, Beirut, 10-11-19 (Andrés Martínez Casares/Reuters)

Ante los estragos de la desigualdad social, el original sistema de gobierno libanés –un esquema de reparto del poder entre chiitas, sunnitas y cristianos– es incapaz de responder al descontento de una sociedad empobrecida que, como en tantos otros lugares del mundo, toma la calle para expresar su hartazgo.

En plena bancarrota financiera…

Explosión contestataria en el Líbano

E

por Hajar Alem y Nicolas Dot-Pouillard* l 17 de octubre de 2019, el ministro de Telecomunicaciones libanés, Mohammad Choucair, decidió instaurar un impuesto mensual –conocido como “tasa WhatsApp”– de 2 dólares sobre todas las aplicaciones telefónicas gratuitas. Esa misma noche, cientos de jóvenes manifestantes, generalmente de clases empobrecidas, salieron a las calles de las principales ciudades. Al día siguiente bloquearon las principales arterias del país y organizaron sentadas en lugares emblemáticos, como la Plaza de los Mártires en Beirut. De inmediato el gobierno cerró las administraciones, las universidades y las escuelas públicas,

lo que paradójicamente animó a más y más gente a salir a la calle. El cierre de los bancos libaneses durante las dos semanas que siguieron al inicio del levantamiento alimentó la ira popular, porque los depositantes ya no tenían acceso a su dinero en efectivo. Dos meses más tarde, los manifestantes persisten. Siguen reclamando la caída del régimen confesional, basado en el reparto comunitario del poder entre chiitas, sunnitas y cristianos. No se encontró ninguna solución al vacío gubernamental, ya que el primer ministro Saad Hariri renunció el 30 de octubre de 2019 y así se abandonó la idea de formar un “gobierno tecnocrático”. La “tasa WhatsApp” fue sólo la chispa que

prendió fuego a todo un país con una economía exhausta y particularmente desigual: el 1% de los libaneses más ricos detentan el 40% de la riqueza y captan el 23% del ingreso nacional, según un estudio del Laboratorio sobre la Desigualdad Global (1). El Líbano también está al borde de la bancarrota. La deuda del Estado representa el 150% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que su déficit público es del 11%. El servicio de la deuda (pago de intereses y de parte del capital tomado en préstamo) asciende a 4.000 millones de dólares anuales. En 2018 el crecimiento se estancó en torno al 0,2%. El país es cada vez menos capaz de cubrir sus necesidades de divisas para pagar sus numerosas importaciones

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(principalmente de combustible, medicamentos y cereales), que cuadruplican el monto de sus exportaciones. Los aportes de capitales de la diáspora y la inversión extranjera ya no bastan para mantener el sistema a flote: los fondos salen ahora más rápido de lo que entran. Jubilados en pie de guerra Desde 2011 la guerra civil en Siria también ha repercutido en un sector agrícola ya muy frágil, sobre todo en regiones periféricas como la Bekaa y el distrito de Akkar. Estas zonas fronterizas, entre las más pobres del Líbano, sobrevivían gracias al comercio con ciudades sirias como Homs. Además, con la caída de los precios del petróleo en 2014, los flujos financieros provenientes de los países del Golfo se han agotado, al igual que el turismo saudí, qatarí o emiratí. Por último, desde que Donald Trump llegó al poder, el fortalecimiento de las sanciones que estableció contra los bancos libaneses, acusados de mantener relaciones con Hezbollah –el partido chiita en guerra con Israel– ha pesado sobre la economía, cuyo principal pilar es el sector bancario. Así, en agosto de 2019 el Tesoro estadounidense acusó al Jammal Trust Bank (JTB) de apoyar a Hezbollah e Irán. Sus activos en Estados Unidos fueron congelados, y prohibidas sus transacciones en dólares. En septiembre de 2019 inició un proceso de liquidación. Para afrontar el colapso económico del país, en mayo de 2019 el primer ministro Hariri había prometido una cura de austeridad “sin precedentes”. También tenía que satisfacer a sus principales financiadores internacionales. Para obtener los 11.200 millones de dólares en préstamos de asistencia para el desarrollo de sus infraestructuras –a tasas de interés limitadas–, prometidos al Líbano en la Conferencia Económica para el Desarrollo por las Reformas y con las Empresas (CEDRE) que tuvo lugar en París en abril de 2018, el gobierno se comprometió a reducir su déficit presupuestario en un 1% del PIB en el plazo de cinco años; un reto casi imposible. El presupuesto de 2019, que el Parlamento recién aprobó en el mes de julio, perjudicaba en especial a la función pública: congelación de las contrataciones (incluso en el Ejército), fin de la jubilación anticipada durante tres años, reducción de las ayudas escolares para los hijos de los funcionarios. Ciertamente, en los últimos años se han observado abusos, como el pago de salarios a funcionarios muertos, o reclutamientos basados en el clientelismo partidista. Pero los funcionarios, que representan el 40% del total de empleados en el Líbano, también sufren una inflación galopante y la actual devaluación continua de la libra libanesa frente al dólar; cada vez más se perciben a sí mismos como parte de las clases medias empobrecidas. Además, la administración pública cuenta con muchos contratados, como la Universidad Libanesa (UL), que no se benefician de la seguridad social ni de la cobertura de gastos de viaje, y que no hacen aportes para llegar a jubilarse. Por el momento, el balance deficitario del Estado excluye su titularización, aplazada ya hace años. Estas políticas de austeridad generaron el regreso de protestas que allanaron en gran medida el camino para la revuelta de octubre de 2019. Durante toda la primavera y el verano boreal de 2019, los funcionarios de la seguridad social y los profesores de la UL se declararon en huelga. Pero fue principalmente el movimiento de los jubilados del Ejército el que, desde la primavera de 2019, se ha movilizado contra las medidas de austeridad: el presupuesto de 2019 preveía, en particular, un impuesto mensual del 1,5% sobre sus jubilaciones. El 20 de mayo, esos veteranos intentaron invadir el Parlamento para oponerse a una reducción de sus pensiones. Durante todo el verano bloquearon calles de la capital, a veces enfrentándose a soldados en servicio que se suponía debían garantizar la seguridad de las principales instituciones. Una semana antes del levantamiento popular del 17 de octubre, se movilizaron de nuevo frente al Ministerio de Finanzas: denunciaban que los nuevos jubilados del Ejérci-

to no recibían su pago desde hacía nueve meses. Su movilización suscitó una fuerte simpatía en la opinión pública y los ha llevado a desempeñar el rol de denunciantes contra la austeridad. En los conflictos políticos que desangran el Líbano, a menudo se considera que el Ejército es neutral, menos permeable al discurso comunitario y visto como el garante de una seguridad siempre precaria. Otro efecto notable de este movimiento es que ha puesto en dificultades al Presidente de la República, él mismo ex general. Michel Aoun sigue siendo popular entre muchos oficiales y jubilados del Ejército, por solidaridad de cuerpo. Pero su partido, la Corriente Patriótica Libre (CPL), también está acusada de no haber llevado a cabo las reformas necesarias para combatir la corrupción y el “dinero sucio”. Así, la propia formación del Presidente se vio afectada por los acontecimientos del 17 de octubre de 2019. Ocho días más tarde, dos diputados de la CPL anunciaron su retiro del bloque parlamentario; uno de ellos, Chamel Roukoz, es el propio yerno del jefe de Estado, y un ex general particularmente popular en las filas del Ejército. El movimiento social nacido en octubre de 2019 es el resultado directo de las políticas de austeridad, de su impacto en la función pública y en las clases medias, pero también del continuo aumento de los impuestos, que afecta en particular a las clases populares. Es verdad que la “tasa WhatsApp” fue anulada por el gobierno tras las manifestaciones, pero desde 2017 persiste un incremento del 10 al 11% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como una serie de gravámenes sobre el tabaco y el alcohol. Este movimiento es también el resultado de una denuncia unánime contra la corrupción de las elites políticas y contra la falta de servicios públicos de calidad: el 20% de los libaneses no tienen acceso al agua potable, y los cortes de electricidad duran de tres horas en Beirut a doce horas en la mayoría de las regiones. Salvar la economía También se cuestiona la omnipotencia de los bancos. “No al poder de las finanzas”, dice una de las consignas del movimiento. Desde Beirut hasta Nabatiyyeh (Líbano del Sur) pasando por Trípoli, en el Norte, en los últimos dos meses se han multiplicado las manifestaciones ante las oficinas del Banco del Líbano y las principales instituciones financieras del país, que detentan respectivamente el 35,3% y el 40,1% de la deuda pública. En efecto, desde el final de la guerra civil (1975-1990), el desafío del ex primer ministro Rafik Hariri (asesinado en 2005) y las elites políticas ha sido financiar la reconstrucción mediante el endeudamiento, en particular del Estado, con los bancos (algunos de ellos, propiedad de políticos), los cuales, a su vez, se han beneficiado de altas tasas de interés. Así, entonces, surge en el Líbano una nueva demanda, nacida de las últimas manifestaciones: reestructurar la deuda interna con los bancos para salvar la economía, alivianar la deuda del Estado y reorientar parte de su presupuesto a favor de las clases populares. En un país donde el liberalismo es rey, la idea no carece de audacia. Cuenta con el apoyo de las formaciones políticas más izquierdistas del Hirak (levantamiento): el Partido Comunista Libanés; el Movimiento Ciudadanos y Ciudadanas en un Estado, liderado por el ex ministro de Trabajo Charbel Nahas –uno de los pocos líderes políticos que no es odiado por la multitud–; el Movimiento Jóvenes por el Cambio; el Movimiento Popular del ex diputado nacionalista árabe Najah Wakim; la Organización Popular Nasseriana, de Oussama Saad, diputado por Saïda. Estos partidos también se oponen a una política de privatizaciones que pretende vender con rebajas las últimas empresas estatales que quedan. El 21 de octubre de 2019 Hariri, todavía jefe de Gobierno, respondió positivamente a los reclamos de los manifestantes prometiendo elecciones parlamentarias anticipadas y anunciando, hecho inédito, que los bancos libaneses contribuirían a reducir el déficit presupuestario. Pero también prevé la privatización total o parcial de la compañía aérea nacional, las telecomunicacio-

nes, el puerto de Beirut o el Casino del Líbano, todo ello sin mencionar ninguna perspectiva de redistribución social. Tres alternativas Reestructuración de la deuda, oposición a las privatizaciones, transición de un sistema rentista e importador de bienes y mercancías hacia un sistema productivo, políticas redistributivas con respecto a las clases desfavorecidas: estas ideas han recorrido un largo camino desde el 17 de octubre de 2019. Pero con limitaciones: algunos componentes del movimiento se contentan con imaginar un capitalismo libanés “limpio”, donde la lucha contra la corrupción y una nueva ley electoral serían suficientes para conjurar todos los males del país. A lo que se añade el hecho de que varios partidos confesionales se oponen al Hirak. A principios de octubre, después de algunos días de vacilación, Hezbollah pidió a sus partidarios que se retiraran del movimiento, mientras se realizaban manifestaciones en el sur de Beirut y del país, zonas donde la influencia del partido es fuerte. El 25 de octubre, al tiempo que reconocía la validez de algunas reivindicaciones sociales, Hassan Nasrallah, secretario general del partido chiita, advirtió a los libaneses del intento de crear un vacío de poder en el Estado y denunció un “complot” fomentado por los enemigos del país. Con posterioridad, los militantes del partido atacaron repetidas veces las concentraciones del Hirak, obligando a las fuerzas del orden a intervenir. Para Hezbollah, que pretende participar en cualquier nuevo gobierno, la prioridad es defender la presidencia de Aoun, a quien desde 2006 considera como su aliado más leal que le asegura una cobertura política en momentos en que rigen las sanciones estadounidenses contra la formación chiita, y en un contexto de frecuentes tensiones con Israel en el sur del Líbano. Sin embargo, contrariamente a Hezbollah, a su aliado el movimiento Amal o al CPL, otros partidos de la comunidad se han apropiado de algunas de las reivindicaciones de la protesta, como la de un gobierno de tecnócratas independientes. Es el caso de las Fuerzas Libanesas (cristianas) o del Partido Socialista Progresista (druso) de Walid Jumblatt. A partir de ahora, el Líbano puede tomar tres caminos diferentes. Puede elegir una mayor justicia redistributiva –una perspectiva apoyada por los componentes más izquierdistas del movimiento–. También puede volver a una lógica de solidaridad comunitaria. En efecto, en un contexto de colapso económico total, no puede descartarse que los partidos confesionales retornen con fuerza en el futuro: en ausencia de un Estado que garantice la redistribución, serían los únicos capaces de proporcionar una renta de supervivencia a las clases más desfavorecidas. Por último está surgiendo una tercera vía: que el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaure un plan de “rescate” inmediato para un país en quiebra. Habría un costo: el de políticas de austeridad aun más severas, y de un “país en venta por liquidación” (2) en el que se privatizarían los últimos bienes públicos. Con una consecuencia: movimientos de protesta aun más radicalizados. g

La “tasa WhatsApp” fue sólo la chispa que prendió fuego a todo un país con una economía exhausta y desigual.

1. Justine Babin, “Lydia Assouad: ‘Trois mille individus gagnent autant que 50% des Libanais les plus pauvres” , Le Commerce du Levant, Beirut, 1-11-19. 2. Nicolas Offenstadt, Le Pays disparu. Sur les traces de la RDA, Gallimard, col. “Folio Histoire”, París, 2019 (1° ed.: 2018).

*Respectivamente, periodista e investigador en Ciencias Políticas, Beirut. Traducción: Teresa Garufi

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Edición 247 | enero 2020

Dossier La era de las revueltas

Manifestación en la ciudad de Basra, Irak, 17-11-19 (Hussein Faleh/AFP)

Irak vive un fuerte estallido social, atizado por la corrupción y la decadencia de las instituciones. En revuelta desde hace tres años, la población cuestiona el sistema político, fundado sobre el sectarismo y el confesionalismo, y manifiesta su hartazgo por la descarada injerencia iraní en todos los sectores del gobierno.

La juventud estalla contra un sistema político en decadencia

Irak recupera su identidad por Feurat Alani*

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erca de 450 muertos y más de 20.000 heridos entre el 1º de octubre y mediados de diciembre: el balance es terrible. De la plaza Tahrir, en el corazón de Bagdad, hasta las ciudades del sur de Irak, miles de manifestantes le hacen frente al gobierno y a las milicias que lo apoyan reclamando el fin del sistema político instalado desde 2003, fecha del derrumbe del dictador Saddam Hussein. El diálogo entre el poder y la calle parece estar roto. Los secuestros y asesinatos de jóvenes militantes prosiguen tras la matanza de la noche del 6 de diciembre, cuando 24 personas (20 manifestantes y 4 policías) instalados en un estacionamiento de varios pisos, lugar de convergencia de los manifestantes, fueron asesinados por

milicianos no identificados. Desde la dimisión del primer ministro Adil Abdul-Mahdi, el 29 de noviembre, la clase dirigente hace oídos sordos a las reivindicaciones de su juventud y busca un nuevo jefe de gobierno, el antiguo responsable de resolver los asuntos cotidianos. Dieciséis años después de la caída de Bagdad, consecutiva a la invasión del país por las tropas estadounidenses y sus aliados, sobre todo británicos, el país vive una crisis sin precedentes. Doble motivación Esta nueva página de la historia iraquí se abrió el 27 de septiembre. Ese día dos acontecimientos echaron leña al fuego. En primer lugar, la dispersión violenta e injustificada de un conjunto de diplomados desocupados frente a las oficinas del

primer ministro. Luego, la destitución de un hombre considerado un héroe nacional por su papel en la batalla contra el Estado Islámico (EI): el teniente general Abdel Wahab Al-Saadi, segundo al mando del Servicio Iraquí contra el Terrorismo (CTS). Muchos iraquíes vieron detrás de esta exclusión la mano de Irán. El hombre era cercano a los estadounidenses, y el CTS, del que era de hecho su jefe, constituye una muralla contra las ambiciones hegemónicas de los Hashd Al-Shaabi, las unidades de movilización popular (o “multitudes populares”). Creada en 2014 para librar una guerra santa contra el EI después de la caída de Mosul, esa coalición de varias milicias paramilitares, con liderazgo chiita, fue particularmente financiada por Irán y entrenada por los Guardianes de la Revolución, el brazo armado de Teherán en la región.

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Represión de diplomados y exclusión política de un héroe nacional para complacer a Teherán. Esos dos hechos resumen la doble motivación del Hirak (1): la ira contra una situación económica y social degradada y el hartazgo por la influencia iraní. Aunque espontáneas, las sublevaciones actuales, últimas de una larga serie desde 2003, no son más que la consecuencia de dieciséis años de promesas no cumplidas. Los problemas endémicos que existían en 2003 perduran: corrupción, clientelismo, desocupación, violencia armada, sistema político ineficaz y a punto del colapso. Y sin embargo, el país nunca fue tan rico, ya que el presupuesto del Estado se beneficia por el buen rendimiento de los precios del petróleo, con 112.000 millones de dólares de ingresos para 2019 (los hidrocarburos representan el 99% de las exportaciones). En forma paralela, el alza de la corrupción estatal se agravó. A comienzos de 2019, una comisión del Parlamento afirmaba que en dieciséis años había absorbido unos 200.000 millones de dólares, o sea, el doble del producto interno bruto (PIB). Una generación sin posibilidades Con el 50% de desocupados, la juventud es la primera víctima de esta mala gestión. El suicidio, reprobado por la religión musulmana, dejó de ser un tema tabú. Entre 2016 y 2018, la muy oficial Comisión de Derechos Humanos del Parlamento reconoció un alza de más del 30% de los suicidios, que pasaron de 383 casos a 519. Aunque probablemente subevaluadas, estas cifras suscitaron una gran conmoción en la población. Más grave aun: en 2019 varios de esos actos desesperados fueron cometidos en directo en las redes sociales. Desde 2003, la educación fue completamente abandonada por los diversos gobiernos. En la actualidad faltan más de 20.000 escuelas; un aula recibe a veces a más de 80 alumnos. Más alarmante todavía: 130.000 niños no fueron escolarizados en la escuela primaria durante 20172018 (2). Si bien implica a todo Irak, el problema es mucho más profundo en las zonas hace un tiempo ocupadas por el EI. La juventud salió a la calle precisamente para exigir un cambio. “Esta generación no tiene posibilidades de viajar, pero está muy conectada a los nuevos medios. Ella ve que en el extranjero la misma clase etaria vive muy bien, y a menudo en países menos ricos que Irak. Vivir en un país donde el derecho está ausente, con milicias armadas por todas partes, ha dejado de ser aceptable. Esta crisis es mucho más profunda que las precedentes. Lo que se denuncia es todo un sistema, y precisamente por eso los responsables políticos permanecen en silencio. Son sus intereses personales los que están amenazados”, explica Mustafa Saadoun, fundador del Observatorio Iraquí de Derechos Humanos. Este periodista que vive en Bagdad era uno de los líderes de las manifestaciones en la plaza Tahrir en 2015. Los manifestantes pedían entonces reformas sociales al gobierno del primer ministro Haider Al-Abadi. “En 2015 era mucho menos violento. Y además nos encontrábamos solamente todos los viernes. Hoy, en apenas dos meses, ¡tenemos cerca de 500 muertos! Todos pacifistas: nadie estaba armado”, se indigna Saadoun. Más allá del deterioro socioeconómico del país, la omnipresencia iraní es uno de los motivos de la rebelión. Con un destino democrático por delante –según aseguraban sus invasores estadounidenses en 2003– Irak está acorralado. La presencia de tropas extranjeras en su territorio, el desmantelamiento de las estructuras del antiguo régimen, la desaparición de varias instituciones, la sectarización de las que siguen existiendo, la influencia preponderante de tantos opositores que vivieron mucho tiempo fuera del país y que siguen ignorando la realidad debilitaron considerablemente el aparato estatal, lo que dio paso a las injerencias de Irán y de Estados Unidos. Pero desde 2011, fecha del retiro de las tropas estadounidenses decidido por la administración de Barack Obama, el vecino persa adquirió influencia sobre su rival. En noviembre último, el sitio The Intercept publicaba cables iraníes que revelaban lo que, para la mayoría de los iraquíes, no era más que un secreto a voces (3): la amplitud

de la infiltración iraní en todos los niveles del gobierno. Casi se podría hablar de infiltración nacional con las banderas desplegadas, a tal punto la influencia es evidente, del Norte al Sur y del Este al Oeste. La influencia es tal que iraquíes que colaboraban con la Central Intelligence Agency (CIA) fueron inmediatamente reclutados por los servicios iraníes tras la partida de las tropas estadounidenses. Las fuentes que permitieron la fuga de esos documentos son iraquíes, lo que pone de manifiesto la deslealtad de una franja importante de los servicios de seguridad. “En el curso de su historia, Irak siempre terminó por rebelarse contra el ocupante, o contra toda forma de opresión. Los ataques del gobierno contra la educación, la corrupción endémica y la mala gestión política del país exacerbaron la ira de la juventud”, afirma Mountadhar Nasser, observador y militante de derechos humanos que participó en todas las manifestaciones en la plaza Tahrir desde 2015. El 1º de octubre de 2019, uno de los primeros eslóganes populares no proclamaba ni los cortes de electricidad ni el empleo, sino en verdad una visión nacional, ultrajada desde 2003: “Noreed Watan” (“¡Queremos una nación!”). “Para construir el porvenir de un país la base es la educación. Y su motor es la autonomía política alrededor de una ciudadanía recuperada –explica Hatem Al-Zaidi, un ocupante de la plaza Tahrir–. Rechazamos toda injerencia externa en los asuntos de Irak. No queremos nada ni de Irán ni de Estados Unidos”. Resentimiento contra Irán Durante los primeros días de la revuelta el gobierno persistió en no escuchar a la calle. Cortó el acceso a Internet e interfirió las comunicaciones. No caben dudas de que esta actitud paradójicamente amplió el movimiento. Aislados del resto del mundo, los manifestantes desafiaron a la muerte y a las milicias cercanas al poder, a veces directamente apoyadas por elementos iraníes cuya identidad fue revelada en las redes sociales. El resentimiento contra Irán es regularmente alimentado por las peripecias de la vida política, que tienden a mostrar que Bagdad está bajo la influencia de Teherán. En abril de 2019, diputados cercanos a la República Islámica presentaron con carácter de urgencia un proyecto de ley que exigía la partida de las tropas estadounidenses presentes en Irak desde 2014, en el marco de la lucha contra el EI. Pero a nadie se le había escapado que el ayatollah Ali Jamenei acababa de pedir ese retiro al primer ministro Mahdi al recibirlo en Teherán. Una petición insistente que coincidía por otra parte con un pico de tensión entre Irán y Estados Unidos después de la decisión de la administración de Donald Trump de inscribir a los Guardianes de la Revolución en la lista de las organizaciones terroristas. Esta instrumentalización de su país por el vecino desagrada tanto más a los iraquíes cuanto que Bagdad, en cambio, siempre está dispuesto a denunciar las injerencias occidentales. El 9 de diciembre los embajadores de Alemania, de Canadá, de Francia y del Reino Unido fueron convocados por el Ministerio de Relaciones Exteriores después de que sus respectivas capitales solicitaran al gobierno que impida que las milicias utilicen la violencia contra los manifestantes. Un momento histórico La población también se preocupa por el dominio progresivo de los Hashd Al-Shaabi, en adelante integrados, por lo menos en teoría, al aparato securitario, pero que, fortalecidos por el apoyo de Teherán, actúan como un Estado dentro del Estado al sumarse al debate político. Tras la matanza del 6 de diciembre, su jefe exhortó a sus miembros a no acercarse a los manifestantes. Pero esa orden, que agrava las sospechas por lo que respecta a la responsabilidad de las milicias en esos asesinatos, casi siempre cae en el vacío, ya que numerosos miembros de estas unidades son incontrolables. Sin sorpresas, los manifestantes la emprendieron contra los intereses iraníes. El 4 de noviembre, el consulado de Irán era atacado en Kerbala. El 27 de noviembre, el consulado de la

otra ciudad santa del chiismo, Nayaf, era incendiado por una multitud encolerizada. Todo sobre un fondo de eslóganes convertidos en himnos compartidos de la revuelta: “Irán, Irán, fuera; Bagdad será libre”. Una consigna repetida el 9 de diciembre en Kerbala durante los funerales de Fahem Al-Tai, figura emblemática de las manifestaciones, abatido la víspera frente a su casa por tiradores que circulaban en moto. Para la juventud sublevada, reclamar un “país libre” es un retorno natural hacia una noción perdida inmediatamente después de la caída del régimen de Hussein: la identidad iraquí. “Vivimos un momento que todos esperábamos desde hace mucho tiempo. Es un momento histórico. Fuimos aislados y divididos desde 2003. La identidad iraquí fue ultrajada, y sobre todo deformada, por el gobierno, que siempre la asimiló a la nostalgia del régimen de Saddam Hussein. ¡Cuando la mayoría de los jóvenes manifestantes no conocieron esa época! Lo que hoy queremos es que esta identidad sea el único motor del Estado iraquí; simplemente queremos ser reconocidos como ciudadanos”, afirma Nasser. A mediados de diciembre, la ira popular no tocaba más que la capital y las grandes ciudades chiitas co mo Nasiriya, Kerbala, Nayaf, Amara, Basora. En el Sur, con hegemonía chiita, los jóvenes expresan sus ganas de acabar con un régimen construido sobre relaciones de fuerzas sectarias, donde el confesionalismo es la piedra angular de la vida política. Estas aspiraciones son las mismas que las de sus compatriotas sunnitas que, por el momento, permanecen en silencio. “A mi juicio, mientras el movimiento no desemboque en ninguna voluntad de reforma del gobierno, y mientras que los Hashd Al-Shaabi controlen las calles, los sunnitas permanecerán a la expectativa. Sin embargo, en algún momento probablemente haya una extensión de la revuelta a sus regiones”, advierte Mohanad Al-Alwani, un habitante de Faluya, donde los sunnitas son mayoritarios. Los habitantes de esta ciudad no olvidaron que sus protestas pacíficas de diciembre de 2012, que apuntaban a denunciar su marginación, fueron duramente reprimidas por las fuerzas del gobierno. Lo cual explica por qué, incluso si la plaza Tahrir vio delegaciones de estudiantes sunnitas que se unían a los manifestantes, la mayoría de las ciudades del Oeste y del Norte mantienen la prudencia, inquietas por eventuales represalias de las milicias. Eludida durante años por un sistema político que era deudor de dos potencias extranjeras abiertamente intervencionistas, la exigencia de respeto de la identidad nacional sigue siendo tributaria de una movilización que iría más allá de las escisiones confesionales. g

Los problemas endémicos que existían en 2003 perduran: corrupción, clientelismo, desocupación, violencia armada, sistema político ineficaz.

1. N. de la R.: El Movimiento Popular del Rif, o Hirak del Rif, es un movimiento de protesta popular que se articula en torno a la demanda pacífica de derechos sociales, económicos y culturales para la región. 2. “Le programme scolaire en Irak, un aperçu du désastre” (en árabe), Daraj, Beirut, 10-3-19. 3. James Risen, Tim Arango, Farnaz Fassihi, Murtaza Hussain y Ronen Bergman, “A spy complex revealed”, The Intercept (con The New York Times), 18-11-19, https://theintercept.com

*Periodista. Autor, con Léonard Cohen, de la obra Le Parfum d’Irak, Éditions Nova, 2018. Traducción: Víctor Goldstein

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Dossier La era de las revueltas

Santiago de Chile, 19-12-19 (Ricardo Moraes/Reuteurs)

La convocatoria a un largo proceso constituyente les quitó fuerza a las manifestaciones en Chile. Pero el descontento popular reclama respuestas urgentes y el gobierno de Sebastián Piñera se resiste a encarar otras reformas necesarias para reducir la desigualdad del sistema neoliberal chileno.

Contra el modelo económico y el sistema político

¿Cuál es la salida de la crisis chilena?

L

por Carlos Ominami* a realidad puede ser extremadamente cruel. Así lo está experimentando el presidente Sebastián Piñera. “Chile es un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada” afirmaba el 9 de octubre pasado. A los pocos días, el 18 de ese mismo mes, se iniciarían movilizaciones sin precedentes en nuestra historia. Los factores que están en la base de esta revuelta son conocidos: desigualdades, abusos, colusiones empresariales en mercados clave como el de los medicamentos, tarifas astronómicas en servicios públicos regulados, segregación territorial, y un largo etc. Se trata de factores estructurales bastante más profundos que simples incomodidades o descontentos propios de la modernización capitalista como han pretendido hacer creer los intelectuales conservadores.

Sin embargo, no se puede negar que los sucesos que se desencadenaron a partir del 18 de octubre tomaron a todo el mundo por sorpresa. Nadie previó un estallido social de tanta magnitud. La gran novedad es la existencia de una capacidad de rebeldía que se creía perdida en virtud de la insistente prédica neoliberal. Se asumía que el individualismo que ésta promueve había penetrado a tal punto en la conciencia de la mayoría que había conseguido desacreditar la idea misma de la acción colectiva. Eran en verdad muchos –no solo en la derecha– los que pensaban que el neoliberalismo había alcanzado una hegemonía cultural que le aseguraba, más allá de las injusticias flagrantes, una gran estabilidad a ese estado de cosas. Por así decirlo, las desigualdades y los abusos se habían naturalizado al punto de aparecer como parte de un paisaje inmutable. La sociedad chilena

ha descubierto el valor de la solidaridad y la importancia de la acción colectiva. Los 1,2 millones de personas que se reunieron en Santiago en la concentración del 25 de octubre, la más grande de la historia, así lo demostraron. Han llamado también la atención los niveles de violencia que acompañaron a muchas de las manifestaciones. Vandalismo y saqueos fueron parte de este proceso. Pero no se trata, como pretende el gobierno, de acciones protagonizadas principalmente por bandas delictuales vinculadas con el narcotráfico, por mucho que éstas se aprovechen del contexto para sus propios propósitos. En la “primera línea” de las manifestaciones, la que cada vez más organizadamente se enfrenta de manera directa con las fuerzas policiales, hay muchísimos jóvenes que no estudian ni trabajan (los nini) y también egresa-

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dos de universidades privadas de muy baja calidad que han obtenido títulos que no son reconocidos en el mercado laboral. En consecuencia terminan cesantes o en empleos subalternos, pero además agobiados junto con sus familias por las deudas que debieron contraer para financiar estudios que resultaron inútiles. No son delincuentes y no es difícil entender que esas situaciones pueden conducir a reacciones violentas que expresan una rabia acumulada durante años. No se trata tampoco de acciones realizadas por agentes externos, idea con la que recurrentemente insiste el Presidente de la República, de manera irresponsable, sin haber presentado la más mínima prueba de ello. La crisis chilena es global, es mucho más que una crisis de gobierno: es una crisis de Estado que involucra al modelo económico, al sistema político y al modo de hacer política. El modelo económico, considerado tan exitoso hace algunos años atrás, presenta tres graves problemas. Por una parte, una muy mala distribución de los frutos del crecimiento que hacen de Chile un país especialmente desigual. Esta condición se ve reforzada por un altísimo nivel de concentración en los principales mercados y sectores de actividad. A esto se agrega una notoria pérdida de dinamismo. Así, las tasas de crecimiento del orden del 6% promedio durante la década de los 90 cayeron a promedios que no superaron el 4% la década posterior, mientras que en la década que termina se sitúan por debajo del 3%. Por su parte, el sistema político ha sido víctima de una erosión especialmente acelerada si se considera que la recuperación de la democracia tuvo lugar hace menos de 30 años. En efecto, los niveles de aprobación del Parlamento y de los partidos políticos apenas alcanzan el 10%, y ambas son por lejos las instituciones más denostadas por la ciudadanía. Todo esto en el marco de una crisis de confianza y legitimidad generalizada que abarca a la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la Policía, los empresarios. En rigor, nadie se salva. El proceso constituyente Las movilizaciones consiguieron en menos de un mes lo que había sido imposible obtener durante 30 años: la apertura de un proceso constituyente que debe conducir a la elaboración de una nueva Constitución. Este fue el precio que debió pagar el gobierno para desactivar unas movilizaciones que llegaron a poner en peligro su propia continuidad. Ha sido sin duda un precio elevado, toda vez que ni la idea de una nueva Constitución, ni mucho menos la de Asamblea Constituyente figuraban remotamente en su programa de gobierno. Para la derecha, una nueva Constitución era innecesaria porque Chile no estaba en crisis y la Asamblea Constituyente se consideraba un invento del chavismo. Tras la parálisis de los primeros días, el gobierno adoptó una estrategia de mano dura, bajo el pretexto de estar enfrentando una “guerra en contra de un enemigo poderoso”, como lo señaló Piñera por cadena nacional. Los daños de esta decisión fueron 25 muertos, más de 2.000 heridos, 320 de los cuales sufrieron lesiones oculares producto de los perdigones disparados por Carabineros. Como documentaron Amnesty International, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Chile se han cometido graves atentados a los derechos de las personas. No obstante, la represión no logró contener las movilizaciones. El gobierno cambió de estrategia y promovió un acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas en momentos de una extrema debilidad. Hasta las Fuerzas Armadas habían manifestado sus aprensiones para volver a la calle luego de sus intervenciones en el marco del estado de emergencia decretado los días posteriores al 18 de octubre. En virtud del acuerdo suscrito bajo muy fuertes presiones de amenazas de ruptura del orden constitucional en la madrugada del 15 de noviembre, el 27 de abril del 2020 debería tener lugar un plebiscito, llamado de entrada, en el que la ciudadanía expresará si quiere o no cambiar la Constitución y a través de qué mecanismo. ¿Convención mixta constituida por mitades, entre ciudadanos electos y actuales congresistas o Convención enteramente ciudada-

na? El acuerdo dejó sin embargo varios cabos sueltos en materia de paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y equidad en el trato a las candidaturas independientes. Aún no está claro si estas cuestiones podrán ser resueltas en el curso de la tramitación parlamentaria, aunque en virtud de las declaraciones de las principales fuerzas políticas se espera que se resuelvan en el transcurso de los próximos meses. Ahora bien, si ello no ocurriera, el conjunto del proceso podría ver afectada su legitimidad con consecuencias difíciles de prever. De todos modos, todavía hay tiempo para resolver estas cuestiones puesto que la elección de los delegados a la Convención está prevista para octubre próximo, en simultáneo con la elección de alcaldes, concejales y, por primera vez, gobernadores regionales. La Convención Constitucional, nombre que adoptó el acuerdo político para evitar la expresión Asamblea Constituyente, tiene un plazo de nueve meses prorrogables por tres más para elaborar una nueva Constitución. Así las cosas, a finales de 2021 la ciudadanía debería poder pronunciarse sobre si aprueba o no el texto emanado de la Convención en un plebiscito ratificatorio que, a diferencia del de entrada, se hará con voto obligatorio. Si todo el proceso transcurre en la forma prevista, Chile podría disponer por primera vez en su historia de una Constitución emanada de la soberanía popular y no producto de imposiciones militares, como ha ocurrido con las Constituciones de 1833, 1925 y 1980 que son las tres que han tenido los períodos más largos de vigencia. Es sabido que la Constitución de 1980 ha sido objeto de múltiples modificaciones. En primer lugar, luego de la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988, se abrió una negociación constitucional –muy mal llevada por la oposición democrática de la época– que introdujo más de 50 modificaciones. Luego en 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, se aprobó otro conjunto de modificaciones que eliminaron los enclaves autoritarios que todavía subsistían. Entre ellos, los más evidentes eran los senadores designados y la tutela militar sobre el sistema político a través del Consejo de Seguridad Nacional. A pesar de las múltiples reformas, la Constitución actualmente vigente sigue siendo ilegítima en su origen y se destaca por su impronta neoliberal, autoritaria y centralista. Así, por ejemplo, limita severamente las posibilidades de intervención económica del Estado, incluso en situaciones de emergencia. El concepto subyacente a todo el texto constitucional es el de la subsidiaridad del Estado respecto de los privados, a los cuales se les asegura la prioridad. En otros ámbitos, como la salud por ejemplo, el texto constitucional no garantiza el derecho a una “salud digna”, sino simplemente la posibilidad de elegir entre distintos prestadores públicos o privados. Por otra parte, instaura un presidencialismo exacerbado que limita muy severamente las atribuciones del Congreso Nacional. Disputa abierta El nuevo texto constitucional debería permitir la relegitimización del sistema político. Es probable que se consiga una mayoría suficiente para avanzar en materia de regionalización, recuperación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, en particular sobre el agua hoy en día privatizada, fortalecimiento del Estado y mayor equilibrio entre los diferentes poderes. En este plano es posible que se construya la mayoría necesaria para avanzar hacia un régimen semi presidencial, inspirado de la experiencia francesa, que instaure la figura del Primer Ministro como jefe de la mayoría parlamentaria mientras el Presidente de la República se concentraría en tareas más clásicas como las Relaciones Internacionales y la Defensa Nacional. Pero todavía falta mucho para ello. Pese a su importancia, para la mayoría de los participantes de las movilizaciones la perspectiva de una nueva Constitución aparece muy lejana. En lo inmediato la disputa entre el movimiento social y el gobierno sigue abierta. Hasta ahora la estrategia gubernamental consiste en una combinación entre la criminalización de la protesta social, la amenaza represiva y la entrega de beneficios parciales, como el aumento de la Pensión Básica Solidaria que es la que se entrega a los excluidos del sistema previsional y el bono de $50 mil (US$ 66 aproximadamente) anunciado por el propio Piñera.

Con esta estrategia el gobierno apunta a desactivar la movilización. Cuenta para ello con las fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones. Es posible que una vez más se equivoque. Marzo puede ser un nuevo octubre. La “mesa de unidad social”, el referente difuso de las movilizaciones, apunta en esa dirección, y puede tener éxito. El gobierno, y en particular Piñera, ha demostrado gran insensibilidad e ineptitud para enfrentar la crisis. Sus reacciones han sido lentas y erráticas. La única forma efectiva de contener la movilización social es la puesta en práctica de una Agenda Social que complemente el Acuerdo Constitucional. Es sin embargo impresionante la resistencia del gobierno a avanzar en esa dirección. Como ocurre siempre, la cuestión central es la de su financiamiento, lo que remite directamente a la tributación. La solución en manos del problema Es una completa anormalidad que un país como Chile, que tiene un PIB per cápita de $25.000 dólares, no haya construido un sistema de protección social que garantice un piso mínimo en materias tan importantes como previsión social o acceso a una salud de calidad. Existen evidencias de que más de 27 mil personas fallecieron durante los últimos cuatro años esperando ser atendidas por un sistema público colapsado. A su vez, el sistema previsional basado en la capitalización individual, tan publicitado internacionalmente, entrega pensiones que en promedio no superan el 35% de la última renta, lo que condena a miles de pensionados a la pobreza. La raíz de esta situación está en la baja carga tributaria que caracteriza a Chile. Allí donde la media de los países de la OCDE alcanza el 34%, en Chile no supera el 21%. Y como factor agravante, su estructura está concentrada en los impuestos indirectos, lo que la hace extraordinariamente regresiva. Mientras que en los países de la OCDE la distribución de los ingresos después de los impuestos es corregida a favor de una mayor igualdad, en el caso de Chile está se mantiene prácticamente inalterada. Durante los primeros días de las movilizaciones, varios dirigentes empresariales reconocieron que debían “meterse la mano al bolsillo”. A medida que pasan los días el mensaje es olvidado. En la actualidad, el ministro de Hacienda tramita en el Senado una reforma tributaria que en régimen debiera rendir US$ 2.800 millones, esto es un 0,85% del PIB. Es un avance respecto de la propuesta inicial del gobierno que consistía en desmontar parte de la reforma tributaria de la segunda administración de Bachelet, y que significaba una menor recaudación de US$ 800 millones que iban directamente a los bolsillos de los más ricos. Pero es ampliamente insuficiente para enfrentar las necesidades planteadas. Economistas del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible estiman que Chile debe avanzar en los próximos años a una carga tributaria de por lo menos 25 puntos del PIB. En lo inmediato afirman que es necesario solventar una agenda social que satisfaga las demandas más urgentes. Chile dispone de ahorros y de posibilidades de endeudamiento para financiarlas. A mediano plazo una reforma tributaria profunda debe solventar un Pacto Social hoy inexistente. De hecho, la superación de la crisis pasa por hacer realidad lo que escribió un manifestante en un cartel: “El neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile”. Pero ¿cómo hacer para superar el neoliberalismo bajo un gobierno de marcado corte neoliberal al cual le quedan todavía más de dos años de mandato constitucional? Este es el mayor interrogante de hoy. En este sentido resulta muy certera la afirmación de otro manifestante que lucía un cartel en el cual se leía: “El problema de Chile es que la solución está en manos del problema”. g

La gran novedad es la existencia de una capacidad de rebeldía que se creía perdida en virtud de la insistente prédica neoliberal.

*Economista, ex senador y ex ministro de Economía de Chile. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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En efecto, la deuda pública de Zambia, estimada en un 35% de su producto interno bruto (PIB), ha estallado: según cifras oficiales, a fines de 2018 ascendía a alrededor de 10.000 millones de dólares, contra 1.900 millones en 2011. Tercera economía de África Austral y segundo productor africano de mineral de cobre, Zambia se convirtió, junto con Yibuti y Congo-Brazzaville, en un típico ejemplo de “la trampa de la deuda china” en la que habrían caído una quincena de países africanos. En su intervención en el Foro de Pekín sobre las Nuevas Rutas de la Seda (Belt and Road Initiative, BRI) en abril de 2018, Christine Lagarde, entonces directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), reconoció que la ayuda china podía responder a las “imperiosas necesidades de infraestructura” y de financiamiento de los países africanos, señalando que esas alianzas entre gobiernos “pueden también conducir a un aumento problemático del endeudamiento, limitando sus otros gastos a medida que aumentan los gastos ligados a la deuda”. En la primavera de 2018, el FMI pasó de la crítica a los hechos rechazando una solicitud de préstamo de 1.300 millones de dólares formulada por el gobierno zambiano debido a que “los planes de préstamos de las autoridades comprometen la viabilidad de la deuda del país, así como su estabilidad macroeconómica”. Juan Soto (www.sotografico.blogspot.com)

Tercera economía de África Austral, Zambia se convirtió en un típico ejemplo de “la trampa de la deuda china” en la que habrían caído una quincena de países africanos y hoy se encuentra con su economía amenazada por el sobreendeudamiento externo.

Mientras China y EE.UU. libran su guerra comercial

Zambia en los nudos de la deuda china por Jean-Christophe Servant*, enviado especial

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n Lusaka, capital de Zambia, es noche de corte de electricidad. Sólo el teléfono celular de Pilato alumbra la sala de un discreto restaurante, recortando el rostro del rapero con un halo de luz. Acaba de subir para los seguidores de su cuenta en Twitter su nuevo tema cantado en idioma bemba. La letra agridulce de Yama Chinese refleja la preocupación de muchos zambianos: “Se ponen lindos trajes y parten sonrientes a China a vender el país. Las rutas son de China. Los hoteles son para los chinos. El criadero de pollos es chino. E incluso las fábricas de ladrillos son chinas”. Voz de los sin voz en este país con dieciséis millones de habitantes, oriundo de Ndola, Fumba Chama, conocido

con el nombre de Pilato, regresó en mayo de 2018 tras seis meses de exilio en Sudáfrica. Koswe Mumpoto (“Rata en la lata”), brulote rapero que denuncia la corrupción del gobierno del presidente Edgar Lungu, le había valido amenazas de muerte y un exilio forzado. Yama Chinese surge en un país donde el resentimiento hacia el Imperio del Medio crece, particularmente en este “cinturón de cobre” del que Zambia obtiene el 70% de sus ingresos por exportaciones. Los reproches abundan, principalmente en materia social. A la sombra de las multinacionales mineras, algunas empresas privadas chinas “no respetan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo”, según Cosmas Mukuka, secretario general del Zambia Congress of Trade Unions.

Estados Unidos echa leña al fuego. En diciembre de 2018, John Bolton, entonces asesor de Seguridad Nacional, y encargado de dar a conocer la nueva estrategia africana de Washington, llegó a afirmar que Pekín tenía intenciones de adueñarse de algunas empresas estatales zambianas si el gobierno se mostraba incapaz de pagar la deuda contraída con China (1). La acusación retomaba lo expresado en un artículo publicado tres meses antes por el boletín Africa Confidential, que revelaba particularmente que la compañía nacional de electricidad Zesco estaba “en negociaciones con una compañía china” con vistas a una adquisición, “que genera preocupación respecto de la soberanía y la apropiación por parte de China de infraestructuras claves del país” (2).

Un récord continental El gobierno denuncia una campaña de desinformación. En su guerra comercial con Pekín, nos explica Howman Lusambo, ministro de la provincia de Lusaka, hermanada con la de Sichuan, Estados Unidos alimentaría una campaña de desprestigio apoyada por las instituciones financieras internacionales. La información suministrada por la administración local confirma en todo caso que China controla el 30% de la deuda pública del país, mientras que la mayor parte sigue en manos de acreedores multilaterales, comerciales, y en los mercados de obligaciones internacionales. Pero, según Joseph Mwenda, jefe de redacción del diario independiente News Diggers, “las cifras oficiales sólo reflejan una parte de la realidad: algunos préstamos acordados por China no son tenidos en cuenta debido a que las obras financiadas todavía no comenzaron”. Por otra parte, muchos contratos celebrados con operadores extranjeros habrían sido sobrefacturados (3). El think tank estadounidense Brookings Institution estimaba en septiembre que la deuda china representaba el 65,8% de la deuda externa zambiana: un récord africano (4). Tras un período de calma gracias a la suba de la cotización mundial de las materias primas, que les permitió llenar las arcas, los países africanos se asomaron nuevamente a las puertas del infierno de la deuda. En los años 19801990, casi la totalidad de los Estados del continente debieron aceptar desastrosos planes de ajuste estructural de las instituciones financieras internacionales para aflojar la presión de los préstamos contraídos con bancos y Estados del Norte. Para obtener una ayuda financiera, debieron aceptar implementar políticas liberales y librecambistas (5). Signo de la dominación capitalista occidental, la deuda también simboliza actualmente la influencia china en un continente ávido de infraestructura y que se financia a través de préstamos

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no concesionarios, es decir, en condiciones de mercado. Estos últimos representarían el 77% del conjunto de la deuda zambiana, contra el 23% en 2011. Los gritos escandalizados de las instituciones de Bretton Woods no logran ocultar sus responsabilidades pasadas. Entre 2002 y 2008, las exportaciones de minerales zambianos habían crecido en un 500%, pasando de 670 millones de dólares a 4.000 millones, sin que aumentaran sin embargo los ingresos fiscales. Exentos de impuestos, según los buenos consejos del FMI, adepto a la “competencia fiscal”, los gigantes occidentales e indios de las materias primas eludían el impuesto para enviar sus ganancias a paraísos fiscales como Suiza o la Isla Mauricio. Eximidas de toda responsabilidad social o ambiental, las cuatro principales multinacionales de la extracción presentes en el cinturón de cobre –entre ellas, la compañía canadiense First Quantum Minerals y la anglosuiza Glencore, la empresa más importante de materias primas del mundo– le hicieron perder así al país entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de ingresos, según estimaciones, durante la década 2000-2010. Enfrentado a una creciente necesidad de financiamiento para construir infraestructura, el país recurrió pues a un amigo de cuarenta años: China. En ese entonces, el FMI no vio en ello ningún inconveniente. Influencia occidental en declive Pero, para Lusaka, era el comienzo de una nueva espiral de endeudamiento.

John Bolton llegó a afirmar que China se adueñaría de empresas estatales zambianas, si el gobierno no paga la deuda contraída. Siguiendo el ejemplo de varias capitales del continente, y las entusiastas recomendaciones del FMI, Zambia lanzó en 2012 su primer eurobono: una obligación pública de 750 millones de dólares, a diez años y emitida a una tasa del 5,65% en los mercados financieros internacionales. La emisión de este bono soberano fue la más exitosa de África Subsahariana, con ofertas que repre-

sentaban más de quince veces el monto propuesto, en primer lugar, por parte de fondos de inversión y fondos de pensión estadounidenses. En 2014, mientras el “súper ciclo” de las materias primas mostraba señales de desaceleración, el país lanzaba una segunda emisión internacional de obligaciones, por un monto de 1.000 millones de dólares –siempre con el apoyo del FMI y a través del Deutsche Bank y el banco Barclays–. Cuando lanzó en 2015 su tercera obligación, la tasa de interés del nuevo eurobono (1.250 millones de dólares emitidos a once años) trepó al 9,375%, estableciendo un nuevo récord: el saldo pendiente más alto pagado en los últimos siete años por un país de África Subsahariana para una operación de este tipo. Mientras Zambia comenzaba a pagar sus eurobonos, el gobierno seguía tomando préstamos de China, en particular para financiar la represa Kafue Gorge, un proyecto de más de 1.500 millones de dólares, que originó los dichos alarmistas de la Casa Blanca sobre el futuro de la Zesco. La deuda zambiana podría alcanzar los 11.400 millones de dólares en 2019, según el FMI, que considera al país propenso a un “alto riesgo de sobreendeudamiento externo”. “El problema son los 3.000 millones de dólares de eurobonos, no los préstamos chinos –se queja Lubinda Habazoka, presidente de la Asociación de Economistas Zambianos–. Debemos pagar este año 800 millones de dólares por el servicio de nuestra deuda, 300 millones de los cuales corresponden a los eurobonos. Y no se puede jugar cuando llega el momento de pagar. La deuda china, en cambio, puede fácilmente renegociarse, reestructurarse o refinanciarse.” La tasa de interés de los eurobonos superó la barrera del 10%. Habazoka, a quien escucha el presidente Lungu, recomienda la renacionalización del sector minero y la recapitalización de los eurobonos... a través de un fondo de inversión turco. Ironía de la historia, la Zesco, que tanto le preocupaba a Bolton, formaba parte de la serie de privatizaciones recomendadas por el FMI a comienzos de los años 2000. La compañía de electricidad nacional posee el 30% de la empresa Sinozam Power Corporation, encargada de construir la represa hidroeléctrica Kafue Gorge, cofinanciada por la china Sinohydro (50% de las participaciones) y por el Fondo de Desarrollo China-África (FDCA) (20%). Es a través de este tipo de sociedad ad hoc (fondos comunes de créditos, FCC),

creada en ocasión de una de esas asociaciones público-privadas (APP) deseadas por el FMI, que Pekín podría tomar el control de la Zesco, si Lusaka no lograra pagar sus deudas a China. En el hall de entrada de la sede de TopStar, en Lusaka, seis pantallas difunden respectivamente una película de kung-fu, una serie dramática filmada en Nigeria, una novela turca, un talk-show zambiano, un partido de la Liga 1 de Fútbol y una serie china doblada al swahili. Creado en 2016 por la Zam-

Ver a China despreciada por Occidente cuando hace exactamente lo que el FMI hizo durante décadas es toda una ironía. bia National Broadcasting Corporation (ZNBC) con el operador privado chino StarTimes para la conversión de la televisión nacional zambiana analógica al sistema digital, el FCC TopStar emplea a quince chinos y ciento treinta zambianos. Única empresa privada china autorizada a invertir en el mercado de la radio y la televisión en el extranjero, StarTimes está comprometida en la conquista del mercado de la televisión digital terrestre (TDT) africana. En su última cumbre China-África, organizada en septiembre de 2018 en Pekín, recibió a dieciocho jefes de Estado africanos. “Pero es infundado decir que China controla la ZNBC”, afirma Cliff Sichone, vicepresidente de TopStar, en respuesta a las acusaciones de Bolton, quien había afirmado: “El canal público ZNBC ya es chino”. Según el blog China Africa Research Initiative, alojado en la Johns Hopkins School of Advanced Studies de Washington, “la toma de control de la radiodifusora pública por una entidad extranjera necesitaría la modificación de la ley sobre la Sociedad de Radiodifusión Nacional de Zambia, algo que no sería aprobado fácilmente por el Parlamento y sin mucha publicidad” (6). Sin embargo, el acuerdo que crea TopStar, sobrefacturado “alrededor de diez veces”, según la Red de Lucha contra la Corrupción en África Austral (Southern African Network Against

Corruption) (7), confiere a la joven sociedad el poder de “distribuir las señales, pero también los contenidos”. Se trata indudablemente de una herramienta de influencia para China. Sichone reconoce además el interés estratégico que representan para Pekín los datos digitales de la clientela africana abonada a StarTimes. Para Wynter Kabimba, presidente del partido de oposición Rainbow, de filiación socialista, no hay lugar para la hipocresía: según él, todos quieren explotar a Zambia, incluyendo los occidentales. Al fortalecer la histórica USaid, Estados Unidos acaba de hecho de crear una nueva herramienta de financiamiento del desarrollo, en particular en las regiones “donde China domina” (8): la US International Development Finance Corporation (USIDFC). “Ver a China despreciada por Occidente cuando hace exactamente lo que el FMI hizo durante décadas resulta una trágica ironía –estiman los investigadores Vito Laterza y Patience Musuza–. La verdadera historia no reside en el hecho de que Zambia cayó –una vez más– en la trampa de los acreedores internacionales, sino más bien en el hecho de que el FMI y sus aliados occidentales, amenazados por el sistema económico paralelo que China implementó estos últimos años, tienen miedo de perder su influencia sobre Zambia y otros países africanos” (9). g 1. “Remarks by National Security Advisor Ambassador John R. Bolton on The Trump Administration’s New Africa Strategy”, Casa Blanca, Washington, DC, www.whitehouse.gov 2. “Bonds, bills and ever bigger debts”, Africa Confidential, 3-9-18, www.africa-confidential.com 3. Véase “Zambia’s looming debt crisis is a warning for the rest of Africa”, The Economist, Londres, 15-9-18. 4. David Dollar, “Understanding China’s Belt and Road infrastructure projects in Africa”, Brookings Institution, Washington, DC, septiembre de 2019. 5. Véase Sanou Mbaye, “Métamorphoses de la dette africaine”, Le Monde diplomatique, París, mayo de 2015. 6. Dani Madrid Morales, “Guest post: Is China taking control of Zambia’s national broadcaster? No, it is not”, China Africa Research Initiative Blog, 18-6-16, www.chinaafricarealstory.com 7. Southern Africa Network Against Corruption, http://sanaczambia.org/tag/corruption/ 8. Joe Bavier, “China overloading poor nations with debt, top US official says”, Reuters, 16-7-18. 9. Vito Laterza y Patience Mususa, “Is China really to blame for Zambia’s debt problem?”, Al-Jazeera, 11-10-18, www.aljazeera.com

*Periodista. Traducción: Gustavo Recalde

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Edición 247 | enero 2020

La fiebre del oro atraviesa toda la franja sahelo-sahariana. Los detectores de metales –poco costosos y fáciles de usar– y la explosión de la cotización mundial del codiciado metal atraen a miles de trabajadores, muchos de ellos mineros improvisados. Una actividad lucrativa, peligrosa y dañina para el medioambiente.

¿Milagro o condena?

El Sahel frente al desafío de la fiebre del oro por Rémi Carayol*, enviado especial

Lavado de oro en Koflatie, Mali, 28-10-2014 (Sebastien Rieussec/AFP)

O

riundo de Arlit, ciudad del norte de Níger conocida por sus yacimientos de uranio, Ahmed G. sólo cuenta con una robusta 4x4 japonesa y un fino conocimiento de los caminos del Sahara. Este tuareg de 42 años guió durante mucho tiempo a turistas que viajaban a admirar los paisajes de Air, escoltó mercaderías –lícitas o ilícitas– y transportó a migrantes hasta la frontera con Libia, antes de que esa actividad fuese prohibida, en 2015 (1). De un día para el otro, el hombre se encontró sin recursos para alimentar a su esposa y a sus tres hijos. Fue entonces que, con algunos amigos, también desocupados, se lanzó a la búsqueda artesanal de oro en el sitio de Tchibarakaten, a varias horas de camino de Arlit en dirección a Argelia. Al recordar esta reconversión profesional le brillan los ojos. “El oro es un regalo del cielo. A la gente de aquí le cambió la vida”, repite. Sin embargo, lejos está de haber hecho fortuna: antes de encontrar oro, tuvo que adquirir permisos de explotación y herramientas, contratar a mineros y alimentarlos. Su nueva ocupación apenas le permite mantener a su familia. “No gano más dinero que cuando transportaba a turistas, pero es mejor que no hacer nada”, advierte. Otros, en cambio,

lograron enriquecerse rápidamente sacando provecho de la alta cotización del oro. Los comerciantes nigerinos pueden vender a 45.000 dólares cada kilogramo de metal amarillo a sus compradores de Dubai (2). Una fortuna colosal en un país donde el salario mínimo no llega a 45 euros... Efecto derrame El descubrimiento del filón de Tchibarakaten por algunos pioneros provistos de detectores de metales, en julio de 2014, provocó una afluencia de buscadores de oro improvisados. Miles de hombres probaron suerte: habitantes de los alrededores, como G.; nigerinos provenientes del resto del país; pero también malienses, sudaneses, chadianos o incluso burkineses. En el lapso de unas semanas, esta zona desértica se llenó de cientos de pozos. Una ciudad precaria surgió de la tierra, con sus tiendas, restaurantes y viviendas rudimentarios. Entre los buscadores de oro se encuentran antiguos mercenarios tuaregs de origen nigerino, provenientes de Libia tras la caída de Muamar Gadafi en 2011, y a menudo armados; obreros despedidos por Areva tras el cierre de la mina de Imouraren, en 2015; ladrones de poca monta, choferes, como G., o incluso antiguos re-

beldes tuaregs que no lograron reinsertarse a pesar de los acuerdos de paz firmados en 1995 y 2009 (3). Para Níger, uno de los países más pobres del mundo, que ocupa el puesto 189 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el descubrimiento resultó un golpe de suerte. “El oro provee trabajo a todo este pequeño mundo y mantiene a los jóvenes alejados de los grupos armados, desviándolos especialmente de las sirenas yihadistas –concede el general Mahamadou Abou Tarka, presidente de la Alta Autoridad para la Consolidación de la Paz (HACP)–. Permitió estabilizar una zona inestable y frágil”. Cinco años más tarde, se contabilizan 10.000 buscadores de oro y más de 600 pozos distribuidos en unos cincuenta kilómetros. Antes despoblado, Tchibarakaten actualmente cuenta con alrededor de 45.000 habitantes (4). La primera avalancha hacia la franja sahelo-sahariana –el surgimiento del “frente pionero”, según una expresión de uso corriente entre los buscadores (5)– tuvo lugar en Sudán en 2011. Comenzó en el norte, en las inmediaciones del valle del Nilo, luego se extendió al oeste, en Darfur, una región en guerra desde hace más de una década. Se contabilizaban allí entonces aproximadamente 20.000 pozos, y entre 100.000 y

150.000 mineros. Una nueva generación de detectores de metales, poco costosos y fáciles de usar, así como la explosión de la cotización mundial del oro favorecieron la eclosión de esta actividad lucrativa, cuando Sudán del Sur, que controlaba las reservas petroleras del país, acababa de independizarse. Después de Darfur, el “frente pionero” se desplazó de este a oeste, sin control, tomando a los Estados por sorpresa. Fuera de todo marco legal, personas equipadas con pocos recursos –sudaneses, en su mayoría– descubrieron yacimientos en Chad, especialmente en el norte, en 2013; luego en el sur de Libia y en Níger, en 2014; en Mauritania, en 2016, y, más recientemente, en 2018, en el norte de Malí. “Todos los Estados de la región intentaron controlar la actividad, pero adoptaron diferentes estrategias”, nos explica el geógrafo Laurent Gagnol. Argelia y Chad prohibieron la búsqueda artesanal de oro y reprimieron, a veces sangrientamente, la extracción clandestina. Sudán y Mauritania tratan de controlar el sector construyendo centros de tratamiento de la roca, donde se separa el oro de la piedra con la ayuda de procesos químicos. Níger adoptó un camino intermedio: si bien se toleran los yacimientos de Air y de Tchibarakaten, el de Djado, cerrado desde hace tres años, parece estar destinado a una empresa industrial extranjera. Esta “nebulosa de yacimientos mineros que surgen, crecen rápidamente y se multiplican, y luego desaparecen a veces más rápidamente aun” (6) representa un gran desafío para los gobiernos de la franja sahelo-sahariana, sometidos a numerosas amenazas securitarias. La producción de oro en África Occidental es ancestral. Hizo particularmente famosos a reinos como el de Ghana (siglos III al XIII) o Malí (siglos XIII al XVI). El emperador maliense Mansa Musa se hizo célebre, especialmente en África del Norte, por la fastuosidad que desplegó durante su peregrinación a La Meca, en 1324, y por la cantidad de oro gastada allí, que contribuyó a la caída de la cotización del metal durante varios años. Pero, más al norte, en el desierto, la extracción del metal amarillo acaba de comenzar, y se suma a la incertidumbre en una región de por sí desestabilizada. Esta nueva actividad aumenta la circulación transfronteriza, la rivalidad por los recursos entre individuos y entre grupos, en espacios marginales desérticos que viven un fuerte subdesarrollo y, a veces, una débil regulación estatal. “Esta fiebre del oro ¿constituye acaso un factor de vulnerabilidad más para esos Estados sahelo-saharianos o sus poblaciones? –se preguntan, sin dar respuesta, los investigadores Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Laurent Gagnol y Géraud Magrin–. O, por el contrario, ¿puede representar un estabilizador sociopolítico que provee de ingresos descentralizados a una gran cantidad de personas?” (7). En el corto plazo, los efectos de la búsqueda artesanal de oro parecen positivos para la economía. Si bien los mineros vienen a veces de muy lejos, cada yacimiento permanece más o menos controlado por las comunidades locales, que son sus primeros beneficiarios: los tuaregs en Air, en Tchibarakaten y en la región de Kidal, en Malí; los tubus en Djado y Miski; los zaghawas y los árabes en Darfur... En definitiva, nos explica Gagnol, la actividad tiene “un efecto de arrastre innegable en la economía regional”, ya que los buscadores, conscientes de que el oro no es inagotable, reinvierten generalmente el dinero ganado en la construcción, el comercio o la ganadería. De cuento de hadas a pesadilla Antiguo traficante de cocaína, Saleh Ibrahim, apodado “Boss”, se lanzó también a la búsqueda artesanal de oro. Hoy dirige a varios cientos de mineros, compró

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material de perforación profunda, abrió un centro de salud e invirtió parte de sus ganancias en su oasis de origen, en Timia, en el norte de Agadez, donde hizo plantar más de tres mil naranjos. Afirma haber abandonado toda actividad ilícita. “El oro es un regalo de Dios –dice–. Es mejor aplastar piedras que traficar” (8). Pero el cuento de hadas también puede convertirse en una pesadilla. En Darfur, en 2013, un conflicto por el control de las minas enfrentó a las milicias yanyauid, que aterrorizan a las poblaciones de esta región desde hace años, con tribus árabes, con un saldo de cientos de muertos y alrededor de 150.000 personas desplazadas. En el norte de Chad, en la zona de Miski, la sed de oro condujo a la creación de un grupo de autodefensa que se transformó en rebelión armada contra el Estado central. En pocas semanas, en 2013, Tibesti, cuya población se estima en unas 25.000 personas (esencialmente tedas), vivió la llegada de decenas de miles de buscadores de oro. “Se tornó invivible –cuenta un habitante de la región a quien contactamos por teléfono–. Nos quitaban el agua, que en esta zona es escasa. Contaminaban el suelo con los productos químicos necesarios para extraer el oro, como el cianuro y el mercurio, matando a nuestro ganado. Talaban árboles y cazaban animales.” A partir de 2014, las tensiones desembocaron en enfrentamientos armados, primero entre los tedas y los buscadores de oro provenientes de otras partes, luego entre los tedas y las fuerzas de seguridad chadianas, acusadas de encubrir el saqueo. Auténticas historias de modestos criadores de animales que vendieron un camello para financiar su viaje a la mina y se volvieron ricos con varios cientos de miles de

francos CFA pueblan los sueños de quienes desean dedicarse a la búsqueda artesanal de oro. Pero sucede también que algunos pierden todo lo que poseen. “Para ir a los yacimientos, muchos buscadores de oro debieron vender una parte de sus bienes o pedir dinero prestado. Una vez en el lugar, el endeudamiento, los robos, las enfermedades y los accidentes de trabajo convirtieron su aventura en un infierno cuando no tuvieron la suerte de encontrar oro”, señalan Gagnol y Grégoire. Como suele suceder, los principales ganadores son aquellos que pueden invertir un capital importante para comprar má-

“Las condiciones de vida de los trabajadores son espantosas. En los yacimientos, sólo se observa miseria.” quinas y contratar mineros –hombres de negocios que viven en su mayoría en las capitales–, así como los comerciantes que revenden el oro en el extranjero, a veces sin pagar los impuestos correspondientes al Estado. Imposible determinar el peso de una economía que sigue siendo informal. “Las condiciones de vida de los trabajadores son espantosas. En los yacimientos, sólo se observa miseria”, cuenta un fun-

cionario del Ministerio de Minas nigerino que pidió mantener el anonimato. Dependientes de su patrón para la alimentación y el alojamiento, relativamente mal pagos si se comparan sus ingresos con la cotización del oro, los mineros provienen de la franja más pobre de la población. Algunos son aún adolescentes, incluso niños, que también decidieron probar suerte o que siguieron a un hermano mayor. Trabajo esclavo, la búsqueda artesanal de oro resulta además una actividad peligrosa. Sin bien no existe ninguna estadística en cuanto al número de víctimas, los actores del sector reconocen que las partículas de polvo y los productos químicos utilizados sin protección (ni máscara ni guantes) provocan numerosas enfermedades. Los accidentes mortales son frecuentes. “Casi todas las semanas, registramos muertos”, confirma G. En septiembre pasado, el derrumbe de un pozo en el yacimiento de Kouri Bougoudi, en el norte de Chad, provocó la muerte de al menos cincuenta y dos personas. Los videos grabados en el lugar muestran cuerpos sin vida rescatados a duras penas con la ayuda de cuerdas. Los daños al medioambiente preocupan también a las poblaciones locales, y en particular a los ganaderos, cuyos animales se enferman por el agua contaminada. Tras el paso de los buscadores de oro –la explotación de un yacimiento nunca dura mucho tiempo–, el paisaje se parece a un campo de batalla: el suelo está lleno de agujeros, a veces muy profundos; los intrusos talaron todos los árboles para calentarse y cocinar; depredaron la fauna, que se volvió escasa; y la tierra, al igual que las napas freáticas,

quedarán contaminadas por los productos químicos durante décadas. En el Sahara, el oro se encuentra a veces en forma de pepitas. Pero, en la mayoría de los casos, se concentra en las rocas. Es necesario pues triturar y moler la piedra, y luego extraer el preciado mineral del polvo obtenido con la ayuda de cianuro o mercurio. Algunos centros de tratamiento, muy contaminantes, se construyeron cerca de grandes ciudades. La actividad exige además una gran cantidad de agua, en una zona donde no abunda. A largo plazo, la búsqueda artesanal de oro podría tornar imposible la vida en esas zonas de por sí muy hostiles. g 1. Véase Rémi Carayol, “Agadez, muralla de Europa”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2019. 2. David Lewis, Ryan McNeill y Zandi Shabalala, “Gold worth billions smuggled out of Africa”, Reuters Investigates, 24-4-19. 3.Véase Philippe Leymarie, “Comment le Sahel est devenu une poudrière”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2012. 4. Emmanuel Grégoire y Laurent Gagnol, “Ruées vers l’or au Sahara: l’orpaillage dans le désert du Ténéré et le massif de l’Aïr (Niger)”, EchoGéo, 2017. 5. Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Laurent Gagnol y Géraud Magrin, “Les ruées vers l’or au Sahara et au nord du Sahel. Ferment de crise ou stabilisateur?”, Hérodote, N° 172, París, 2019. 6. Ibíd. 7. Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Laurent Gagnol y Géraud Magrin, “Les ruées vers l’or au Sahara et au nord du Sahel. Ferment de crise ou stabilisateur?”, op. cit. 8. Jérôme Tubiana y Claudio Gramizzi, “Lost in trans-nation. Tubu and other armed groups and smugglers along Libya’s southern border”, Small Arms Survey, Ginebra, diciembre de 2018.

*Periodista.

Traducción: Gustavo Recalde

¡Dinero! ¿para qué sirve?

La vida del agua

¿Por qué nos rebelamos?

Jean-Claude Trichet

Jean-Christophe Bailly

Patrick Boucheron

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Edición 247 | enero 2020

La medicina genética y la manipulación del ADN no sólo encierran un dilema moral sino que también involucran un problema práctico: están reservadas casi exclusivamente para los ricos. En el futuro, ¿las enfermedades genéticas serán padecidas sólo por los pobres?

Con el privilegio en los genes

¿Bebés sanos o bebés de catálogo? por Laura Hercher*

L

a medicina genética y la manipulación del ADN suscitan muchos temores. Apenas se pronuncian estas palabras, algunas personas imaginan desarrollos espantosos, en base a experiencias que salen mal, criaturas de Frankenstein, mundos dominados por superhombres genéticamente modificados. Pero, al proyectarse en escenarios tan lejanos, ¿no se corre el riesgo de pasar por alto una amenaza inmediata y muy real? Pues, al modificar nuestra concepción de la enfermedad, la medicina genética contribuye a la profundización de las desigualdades. Si ustedes pudieran, ¿utilizarían técnicas genéticas relacionadas con la reproducción para evitarle a su hijo una enfermedad hereditaria? Para muchos padres potenciales, esta cuestión ya no es algo de la ciencia ficción. Si su genoma exhibe un riesgo particular de cáncer de mama o de ovarios, ahora pueden evitar transmitirle a su progenitura esta variante patógena. Y lo mismo sucede si cada uno tiene un gen de amiotrofia espinal –lo que implica una probabilidad del 25% de que su bebé nazca con una enfermedad degenerativa mortal: también acá, la genética puede cambiar la situación–. ¿Esto es deseable? En Estados Unidos, los futuros padres responden masivamente de manera afirmativa, si creemos en el éxito creciente del test genético que se introdujo en 2011, que permite observar de manera no invasiva el ADN de un feto. La opinión de los estadounidenses en general es más contrastada: aprueban ciertos usos y rechazan otros. De acuerdo con un estudio que llevó a cabo en 2018 la Universidad de Chicago (1), estarían a favor de las intervenciones destinadas a reducir en un niño el riesgo de cáncer, pero rechazarían la posibilidad de elegir el color de los ojos u optimizar la inteligencia. Bebés sanos, pero no bebés de catálogo, en definitiva. Un lujo reservado para pocos A h o ra b i e n , i ró n i c a m e n t e, e s l a manipulación genética con fines terapéuticos –la vertiente con más consenso– la que podría proponer más problemas en un futuro cercano. ¿De qué manera podría ser nefasto prevenir enfermedades hereditarias? En un primer abordaje, la operación es del todo benéfica. Varios indicios, sin embargo, hacen pensar que los tests prenatales podrían volverse un lujo reservado a una élite, transformando algunas enfermedades genéticas en problemas “que solo les pasan a los demás”.

Es lo que sugiere el caso del Síndrome de Down, o trisomía 21, una anomalía cromosómica relativamente común para la cual las mujeres hace décadas que se pueden hacer tests. La trisomía es una diferencia, y no una enfermedad estrictamente hablando. En 2011, un equipo de investigadores entrevistó a 284 personas de más de 12 años y con este síndrome; 99% afirmaron ser felices (2). Durante las entrevistas, muchos padres me contaron la felicidad que les brindaba su hijo trisómico, destacando sus necesidades en recursos y asistencia. También importa proponer un diagnóstico prenatal que integre una cierta comprensión de las experiencias y las necesidades de los interesados. Pero este ideal raramente se pone en práctica, y a los programas de detección avanzada a veces se los percibe como una ofensa a la humanidad de las personas con discapacidades. Paradójicamente, la restricción del acceso a la detección podría resultar más peligrosa aun para el bienestar de las personas trisómicas, al transformar este evento aleatorio en una anomalía casi ausente en ciertos grupos y relativamente normal en otros. No todo el mundo decide hacer un test para detectar este síndrome y, cuando el resultado es positivo, algunos padres prefieren continuar con el embarazo. Pero una gran mayoría toma la decisión contraria. De acuerdo con un estudio –el más completo sobre el tema– publicado en 2012 por investigadores de la Universidad de Carolina del Sur (3), dos terceras partes de las mujeres embarazadas que descubren que su feto presenta el Síndrome de Down deciden abortar. Pero esta decisión varía según los medios, y la probabilidad de que una mujer tenga un hijo trisómico depende de su cultura, de sus creencias religiosas, de su lugar de vida, de sus ingresos, etcétera. El acceso a los tests prenatales modificó así la incidencia de la trisomía 21 al punto tal de convertirla en un marcador geográfico y de clase. Como las familias acomodadas tienen cada vez menos hijos con dicho síndrome, cada vez más se lo asocia con otros ámbitos. Existen miles de enfermedades genéticas, y pronto podremos diagnosticar aun más durante el embarazo. Los tests se van a dirigir a enfermedades mortales desde la infancia, a patologías menos graves o incluso a afecciones que aparecen más tarde, como Parkinson o Alzheimer. A veces, los resultados van a certificar que el niño será portador de la enfermedad. Pero, por lo general, solo indicarán un riesgo

mayor, como con los genes que exponen más a algunas personas a enfermedades cardíacas o al cáncer de colon. Para muchos padres, el aborto es un acto doloroso, y eso limita la incidencia de los tests prenatales. La situación es muy distinta cuando se trata de elegir entre varios embriones en el marco de una fecundación in vitro (FIV). Este sector está en pleno auge en Estados Unidos, en parte gracias al test genético preimplantacional (Preimplantation Genetic Testing, PGT), que consiste en extraer una pequeña muestra de células de un embrión en estado precoz para analizar el ADN. Recientemente llegaron muchas ofertas al mercado, que permiten detectar

Varios indicios hacen pensar que, en los próximos años, los tests prenatales podrían volverse un lujo reservado a una élite pudiente. cientos de enfermedades raras, como la mucoviscidosis, o enfermedades huérfanas como la trimetilaminuria, también llamada “síndrome del olor a pescado podrido”, un problema de metabolismo que se caracteriza por emanaciones corporales nauseabundas. Estos tests cuestan caro, y no es nada en comparación con lo que hay que desembolsar para usar la información. Imaginemos que el señor y la señora Smith se enteran de que los dos son portadores del gen de la hipofosfatasia –su hijo tendrá una posibilidad entre cuatro de nacer con los huesos frágiles y deformes y de morir a una corta edad–. Para evitarlo, pueden hacerse el PGT. La FIV les costará 20.000 dólares por ciclo, a los cuales se les sumarán 10.000 dólares de gastos de laboratorio para determinar cuáles son los embriones que no son portadores de la enfermedad. Para muchas familias, esas sumas son irrisorias: promediando el equivalente de un año de cuotas de universidad, pueden evitar la catástrofe. Una pareja rica con antecedentes de cáncer de mama y de ovarios se puede deshacer de

esa calamidad en una generación. Y, si produce suficientes embriones, puede aprovechar para reducir los riesgos de aparición de la enfermedad de Alzheimer, o elegir un bebé menos predispuesto a las enfermedades coronarias. Para otras familias, estos gastos son excluyentes, tanto más cuanto que no se hace nada para que la FIV sea más accesible. En Estados Unidos, un poco menos del 2% de los recién nacidos son concebidos mediante esta forma; en los países que asignan fondos públicos a la reproducción médicamente asistida –como Israel, Dinamarca o Bélgica–, las cifras son de dos a tres veces más elevadas. Cuarenta años después de su introducción, la técnica sigue estando fuera del alcance de muchos bolsillos estadounidenses. Un juego de suma cero Las desigualdades del sistema de salud en Estados Unidos no son nuevas, y el acceso a la FIV no es más que un ejemplo entre otros. Pero si se consideran las consecuencias potenciales de un mundo donde solo los ricos pueden reducir o eliminar el riesgo de enfermedad genética, el tema cobra unas dimensiones completamente distintas. Algunas patologías hereditarias siempre alcanzaron a algunas poblaciones en particular, como la drepanocitosis, más presente en los afroamericanos, o la enfermedad de Tay-Sachs, entre los judíos askenazis, o incluso un caso raro de enanismo observado entre los amish. Con los tests prenatales, algunas enfermedades genéticas podrían golpear de manera desproporcionada algunos conjuntos regionales, culturales y socioeconómicos – generalmente los más frágiles–. El problema no es solamente moral, sino también práctico. Las familias acomodadas tienen el control en la lucha contra las enfermedades. Son las que financian las investigaciones, hacen que se conozcan las enfermedades de las que sufren sus miembros, crean asociaciones, captan la atención de los medios de comunicación. Los matrimonios modestos no tienen este poder. Sin lugar a dudas van a salir perdedoras de las “Olimpíadas de las enfermedades” (4), este juego de suma cero en el que los grupos de presión buscan orientar los fondos asignados a la investigación y a los cuidados a la enfermedad que les preocupa. Además, se podrían encontrar enfrentados a un déficit de empatía creciente. Si una parte de la población se siente protegida, quizás no tenga el reflejo de compasión que generalmente trae aparejado la idea de que podríamos haber estado en el lugar de una persona enferma o discapacitada. Proteger al propio hijo se vería entonces como un asunto de competencia y de responsabilidad parentales. Ahí donde la sociedad veía mala suerte, vería una falta, y se quejaría de “pagar por los errores de otros”. g 1. “The December 2018 AP-NORC Center Poll”,

The Associated Press – NORC Center for Public Affairs Research de la Universidad de Chicago, diciembre de 2018, www.apnorc.org 2. Brian Skotko, Sue Levine y Richard Goldstein, “Selfperceptions from people with Down syndrome”, American Journal of Medical Genetics, Vol. 155, Nº 10, Hoboken (Nueva Jersey), octubre de 2011. 3. Jaime Natoli et al., “Prenatal diagnosis of Down syndrome: a systematic review of termination rates (1995-2011)”, Prenatal Diagnosis, Vol. 32, Nº 2, Charlottesville (Virginia), febrero de 2012. 4. Virginia Hughes, “The Disease Olympics”, 6-3-2013, www.virginiahughes.com

*Directora de Investigación en el Programa de Genética Humana Joan H. Marks en el Sarah Lawrence College y presentadora del podcast The Beagle Has Landed. Una versión ampliada de este artículo apareció en la revista estadounidense The Nation (23-8-19). Traducción: Aldo Giacometti

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Crítica

Flechazos analíticos No sin valentía, la gran narradora estadounidense Lorrie Moore advierte desde A ver qué se puede hacer la Introducción de este libro, que agrupa Ensayos, reseñas y crónicas una extensa selección de sus textos acerca de otros libros, escritores, músicos, Lorrie Moore cantantes, actrices, películas, series de Eterna Cadencia; Buenos Aires, agosto de televisión, acontecimientos políticos, judi2019. 512 páginas, 890 pesos. ciales, sociales, criminales y hasta algunas reflexiones sobre su propia vida, que los escribió sin la tutela de sistematizaciones teóricas o filosofías literarias. Así, reivindica el derecho y la pertinencia de los artistas –en su caso, una escritora de ficciones– para reflexionar –ensayar– sobre su propio arte o el de otros, sin consentir que esa tarea sea una especie de coto cerrado que solo pueden habitar los críticos profesionales con su panoplia de tecnicismos académicos. Esto no significa, en absoluto, que deje librada sus opiniones a una subjetividad arbitraria; por el contrario, nunca encontraremos en sus textos juicios caprichosos ni evaluaciones disparatadas. Todos ellos están atravesados por una filosa inteligencia, una sólida organización y una sensibilidad interpretativa admirable. Apenas un ejemplo: su reseña de The Early Stories, de John Updike, es un ejercicio brillante de perspicacia, de capacidad de desentrañamiento de una obra literaria y de su autor, carente de aparatosidad, se diría dulce y austera y siempre cordial con el lector. Resultaría interminable enumerar otras que comparten estos méritos, porque son cualidades de casi todos; basta con nombrar los artículos dedicados a Joyce Carol Oates, Kurt Vonnegut o la crítica implacable a Philip Roth a propósito de su libro La mancha humana. La escritura de Moore es deslizante, parece circunvalar los temas que aborda, ir deshojando con parsimonia su follaje para, en un momento dado, lanzar con precisión su flecha analítica con la rara virtud de dar siempre en el blanco. Sabe articular retrato, ensayo, crónica, biografía en una argamasa literaria siempre atractiva. Es sobria y prudente, pero también generosa y sin reservas cuando libera su caudalosa admiración; es el caso de la que destina a la extraordinaria escritora canadiense Alice Munro, o al cantante, compositor y gran guitarrista Stephen Stills, ex integrante de las famosas bandas Buffalo Springfield y Crosby, Stills, Nash and Young. No falta el humor en la prosa de Lorrie Moore; son pequeñas delicias las ocasionales evocaciones de su vida, como “Asistente jurídica: mi primer empleo” o “Un verano caluroso, o una breve historia del tiempo”, sobre su casamiento y luna de miel. Todos los textos que componen este libro fueron publicados antes en revistas como The New Yorker o The New York Review of Books, entre muchas otras, entre 1983 y 2017. Uno de los más recientes (2016) comenta el documental O. J.: Made in America, de Ezra Edelman, sobre el renombrado caso judicial que protagonizó la estrella del fútbol americano O. J. Simpson, y a partir de allí se va expandiendo hasta convertirse en un vibrante alegato contra la violencia sistemática y los asesinatos de negros en Estados Unidos por parte de la policía. Carlos Alfieri

Libros del mes

Jasper Johns, Target, 1967

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Edición 247 | enero 2020

Internacional

Política

Geopolítica y economía mundial

¡Contrahegemonía ya!

G. E. Merino, P. Narodowski (coords.) IdIHCS-EdULP; La Plata, octubre de 2019. 292 páginas, disponible en línea.

Nancy Fraser Siglo XXI; Buenos Aires, octubre de 2019. 96 páginas, 429 pesos.

Este libro se centra en tres temas clave del proceso actual de transición hegemónica: el arrollador ascenso de China, el intento de Estados Unidos de conservar el dominio global y la posición de América Latina en este escenario de incertidumbre. Con una perspectiva multidisciplinaria que combina los análisis históricos, geopolíticos, económicos, sociológicos y geográficos, los trece autores de este volumen actualizan los debates sobre conceptos nodales como hegemonía, imperio, centro-periferia, ciclos y gobiernos populares en nuestra región. Con especial profundidad se analiza la grieta al interior de la clase dominante estadounidense, entre globalistas y americanistas, y cómo cambia la estrategia de proyección global de esa potencia a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca y del triunfo del Brexit en el referéndum de 2016. Se refuerza en Occidente el eje angloamericano, en detrimento del capital financiero más trasnacionalizado, lo cual le permite a China avanzar con proyectos estratégicos como la Ruta de la Seda. En este escenario mundial sometido a tensiones en aumento, “América Latina juega un papel cada vez más relevante y puede convertirse en un territorio en disputa, consolidando un proceso de profundización periférica, particularmente con el giro neoliberal o a la ‘derecha’”. La obra es una lectura fundamental para entender las fuerzas profundas que guían procesos complejos.

Dentro del complejo panorama político estadounidense, una voz como la de la intelectual Nancy Fraser es algo para celebrar. Precisamente, porque descubre una raíz profunda de esta supervivencia del neoliberalismo pese a haber pasado por crisis notables en cuanto a distribución y representación se refiere. Se trata de la construcción de un bloque hegemónico que recuperó la base cultural socialdemócrata del New Deal adaptándola a un comportamiento económico neoliberal de absoluta desregulación. Ese bloque hegemónico tiene un nombre: neoliberalismo progresista. Algo que identificamos con nombres como los de William Clinton y hasta en algún sentido con George W. Bush: una política que se presenta como inclusiva pero que deshace con la mano invisible del mercado cualquier posibilidad de que esos cambios afecten a la estructura profunda del asunto, que sigue siendo la económica. Fraser propone, con más voluntad que táctica, la necesidad de un populismo que rearticule la crisis del neoliberalismo progresista para evitar las derivas en los movimientos ultraconservadores liberales que llevaron al poder a Donald Trump. Resulta sorprendente que la histórica demonización del populismo por parte de la intelectualidad anglosajona ahora tenga que rendirse a la evidencia más notable: sin la organización de la base popular, poco se puede hacer para que el mundo realmente cambie. Esta vez, ojalá, para mejor.

Leandro Morgenfeld

Fernando Bogado

Antropología

Esta obra excepcional, coordinada por el profesor e investigador Roberto Blancarte, especialista en religión y política, viene a colmar un vacío importante: la falta de una perspectiva latinoamericana integral –si bien no exhaustiva– sobre el estado actual de las religiones en América Latina. Con alrededor de cien entradas con referencias cruzadas de renombrados especialistas en la cuestión, este Diccionario rompe además con el mito de la homogeneidad cultural y preeminentemente católica de la región al reconocer la vasta pluralidad de creencias y prácticas tradicionales así como las nuevas manifestaciones y modos de experimentación de las distintas religiones. El texto tiene, por otra parte, el mérito de vincular las expresiones religiosas con aspectos históricos, políticos, culturales y sociales, como las migraciones, las guerrillas, los derechos sexuales y reproductivos, los partidos políticos, el turismo religioso y los derechos humanos.

Diccionario de religiones en América Latina Roberto Blancarte (coord.) FCE-El Colegio de México; México, noviembre de 2018. 698 páginas, 1.850 pesos.

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Ensayo

Desarrollo

Arte

Fichero Corazones estallados La política del posthumanismo J. P. Zooey Cia. Naviera Ilimitada; Buenos Aires, julio de 2019. 144 páginas, 620 pesos.

Contra la tentación populista

Capitalismo, sociedad y turismo

Peronismo

Slavoj Žižek Godot; Buenos Aires, marzo de 2019. 112 páginas, 490 pesos.

Alfredo A. César Dachary et al. UNQ; Bernal, octubre de 2018. 720 páginas, 500 pesos.

Daniel Santoro y Julián Fava Las Cuarenta; Buenos Aires, septiembre de 2019. 144 páginas, 600 pesos.

Desde la perspectiva del “no” a la Constitución Europea y el proyecto del Brexit, Žižek indaga en las características y riesgos del populismo en un texto de 2006. El autor alerta sobre el populismo racista de derecha, pero también sobre el riesgo de caer en un aperturismo multicultural sin tener en cuenta la verdadera lucha de clases. Este trabajo entra en diálogo –y por qué no, en discusión– con las teorías de su colega y amigo Ernesto Laclau sobre la posibilidad de que el populismo pueda incorporarse a diferentes compromisos políticos, que pueda haber un populismo de izquierda y también de derecha. El populismo funciona como marco formal capaz de encauzar distintas torsiones políticas con tendencia fascista, con una base de demanda social, por fuera de las instituciones democráticas. En “Un prólogo breve”, el autor se defiende de las críticas que recibe por su peculiar método de pensamiento, que atraviesa la filosofía con el psicoanálisis, en su abordaje a cuestiones epistemológicas. También suele ser cuestionado su uso de elementos de la cultura popular en su método filosófico, y a ella recurre en la segunda nota de este libro, “La melancolía y el acto”, del año 2000, en la que –además del pensamiento de Levinas y Lacan– se vale de mitologías como la tragedia de Antígona, y el cine de John Woo para tratar cuestiones de la ética. Así como apelaba a la 9ª Sinfonía de Beethoven para propugnar una escisión de la Europa decadente y la renovación del legado europeo.

Se estima que el turismo genera el 10% del PIB mundial; es una de las actividades que más han crecido en las últimas décadas y todo indica que continuará esta tendencia, acompañando la expansión del capitalismo global e impactando en la economía, la sociedad, la cultura y el medioambiente de los territorios en los que se desarrolla. En ese marco, este libro brinda una perspectiva integradora, compleja y holística del turismo, que se retrotrae a la época previa a que se lo denominara como tal, analizándolo desde la historia, la economía, la sociología, la geopolítica, la antropología y la política; reflexionando acerca de su relación con la tecnología, el transporte, las comunicaciones y el urbanismo. Integrando estas perspectivas, la obra aspira a comprender el turismo en toda su complejidad. Presenta una mirada desde los países en los que el turismo tuvo un desarrollo tardío, proponiendo así un punto de vista latinoamericano de un fenómeno de alcance global. Si bien es cierto que se analiza su desempeño en el capitalismo central, el análisis posee una impronta forjada en los centros denominados “periféricos” que vienen integrándose a la expansión planetaria del turismo pero siempre desde esta particular perspectiva. En virtud del abordaje integral que propone, el volumen pretende brindar un valioso aporte para académicos del área y transformarse en referencia obligada para las carreras de turismo, sin por ello renunciar a un público más amplio.

A partir del análisis de algunas obras del artista Daniel Santoro, y de otras obras que marcan hitos en la historia del arte argentino, fluye esta conversación profunda y original entre el artista y el estudioso de filosofía Julián Fava. En ella el abordaje del peronismo elude los canales consabidos para centrarse en las categorías de Exceso y Felicidad. Necesitado del marco del capitalismo para existir, el peronismo se convierte en su constante amenaza. La “dialéctica sin superación” que lo define implica una sabiduría sobre la insaciabilidad del deseo, lo constitutivo de la carencia, la índole fugaz de la felicidad. Con lo cual se vincula la ausencia en el peronismo de todo llamado al sacrificio, de toda promesa de un futuro tranquilizador, la exaltación del trabajo por los momentos de ocio que garantiza, no por el trabajo mismo. El modo en que el peronismo se sustrae a los modelos del capitalismo y el comunismo le otorga un lugar peculiar en el mundo contemporáneo donde las grandes categorías de la política moderna occidental entran en su ocaso. La conversación da lugar además a una descripción de la institucionalidad actual del arte, donde el centro es ocupado por curadores multimillonarios y la periferia por los elegidos como artistas. Y a la atroz utopía del capitalismo especulativo: un sujeto tecno-biológico, perteneciente a una reducida minoría en condiciones de beneficiarse del desarrollo tecnológico, sobre una montaña de desechos humanos sobrantes.

Josefina Sartora

Julián Chappa

Marta Vassallo

Ideas

cibidos, en determinados momentos y por algunos grupos o individuos, como problemas, obstáculos o adversidades que obstruían el cumplimiento del destino nacional”. La segunda línea es la de las visiones: “¿Cómo habían pensado su país los argentinos a lo largo del siglo XX? Dicho con más propiedad, ¿cómo lo han interpretado individuos representativos de su inteligencia en diferentes momentos de esa centuria?”. Este frondoso volumen conforma una historia intelectual de Argentina a partir de una serie de trabajos monográficos organizados en una serie de tópicos que constituyen las distintas partes del volumen. Tal es la principal ventaja de una obra que sin

pretender exhaustividad logra no obstante ofrecer una mirada de conjunto. Desde trayectorias intelectuales hasta vehículos culturales, reflexiones sobre las tensiones entre Buenos Aires y el interior, la recurrente idea de un factor que “frustra” el destino nacional, el problema de las elites dirigentes son también temas que abordan autores de gran prestigio. La cuestión del nacionalismo, la idea de “un país que sale de una crisis para recaer en otra” son algunos de los temas de este volumen denso y desafiante por la diversidad de cuestiones que abre. La última sección, “Un país en su callejón”, es de especial interés, pues aborda el lugar del peronismo en la obra de Tulio Halperin Donghi y las reflexiones de Juan Carlos Portantiero y Guillermo O’Donnell sobre la democracia.

La Argentina como problema Temas, visiones y pasiones del siglo XX Carlos Altamirano, Adrián Gorelik (eds.) Siglo XXI; Buenos Aires, agosto de 2018. 400 páginas, 1.149 pesos.

Esta recopilación de ensayos ofrece un panorama sobre distintas formas de pensar Argentina durante el siglo XX, una aproximación variopinta constituida por ensayos monográficos que reflexionan sobre las formas en las que la “clase cultural” argentina pensó al país. Dos ejes organizan el volumen. Por un lado, las problematizaciones: “qué hechos […] habían sido per-

Entre la severidad y la misericordia

Federico Lorenz

En este ensayo potente, filoso, J. P. Zooey analiza la transformación de las subjetividades y de las relaciones sociales a partir de la era de las telecomunicaciones y el auge de Internet y las redes sociales. Critica así la pérdida de empatía y el abandono de los valores humanistas de solidaridad y fraternidad, que el posthumanismo tecnológico combate, embruteciendo a los ciudadanos devenidos usuarios a fuerza de una sobreabundancia de (des)información.

Pueblos indígenas en el mundo Irène Bellier (comp.) Eudeba; Buenos Aires, septiembre de 2019. 464 páginas, 920 pesos.

Especialistas de todos los continentes abordan desde un enfoque multidisciplinario los desafíos planteados a los distintos Estados en los que viven “pueblos indígenas” por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en septiembre de 2007. En base a estudios de caso, analizan las dificultades que conlleva la categorización de las poblaciones, la evolución de los diferentes marcos jurídicos y sus consecuencias políticas.

El taller de Collivadino Nora Altrudi, Carolina Vanegas Carrasco (orgs.) UNSAM; San Martín, abril de 2019. 148 páginas, 1.100 pesos.

Pío Collivadino (1869-1945) es uno de los maestros más prolíficos y reconocidos del arte argentino. Director por treinta años de la Academia Nacional de Bellas Artes, legó una colección de más de 3.000 piezas (obras, cartas, fotografías...), conservadas en su taller, que dio origen al Museo Pío Collivadino (UNLZ). Este fondo fue fruto de un valioso trabajo de investigación, conservación, restauración y difusión, cuyos resultados se reflejan en este libro.

Mujeres viajeras 1864-1920 Luisa Borovsky (ed.) Adriana Hidalgo; Buenos Aires, diciembre de 2019. 200 páginas, 650 pesos.

A imagen de Penélope esperando a Ulises, por siglos las mujeres descubrieron el mundo a través de los hombres. Recién en el siglo XIX, en los orígenes del feminismo, empezaron a desplazarse con libertad y a volcar su mirada personal del mundo en una literatura de viaje. Este libro reúne textos de pioneras, argentinas en el mundo y extranjeras en Argentina, que en un proceso de emancipación participan con sus relatos de la esfera pública.

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Edición 247 | enero 2020

Editorial

Sumario

El pueblo en las calles

A

Editorial: Conservar el centro

2

por José Natanson

Dossier El nuevo modelo de desarrollo La economía después de la grieta

4

por Matías Kulfas

Renegociar para crecer

por Serge Halimi como Argelia, B como Bolivia, C como Chile, E como Ecuador, F como Francia... El punto de partida de las protestas suele tener poca importancia un mes después. Y la satisfacción de la demanda inicial de los manifestantes, poco efecto. Al anular un aumento del 4% en el precio del subterráneo, Sebastián Piñera no despejó las calles de Santiago de Chile, como tampoco el gobierno de Hong Kong desarmó a sus opositores retirando un proyecto de ley de extradición. Una vez lanzado el movimiento, hay que ceder más. Si fuera necesario, enviar a la policía, al ejército. Prometer –en Irak, Chile y Argelia– que la Constitución vigente será modificada. Ahora bien, tan pronto como el fuego se extingue en un lugar, reaparece en otro. Las exigencias son enormes: “El pueblo quiere que el régimen caiga”. ¿Cómo lograrlo? ¿Para hacer qué? No siempre lo sabe, y sigue adelante. En Argelia, dentro de poco hará un año que se manifiesta. En Hong Kong, comenzó a marchar el pasado mes de junio. Su mérito es grande: el miedo a una feroz represión podría paralizar a los manifestantes. Sin embargo, no renuncian a nada. ¿Y qué está pasando en Irán, donde el número de manifestantes asesinados se mantiene en secreto? Un desafío general le sirve al movimiento popular como cemento o arcilla. Desafiar al liberalismo económico que perfecciona una sociedad de castas, con sus intocables en la cima y en la base. Pero sobre todo, desafiar la arrogancia y

Staff 3

7

por Noemí Brenta

Un satélite para mi país

8

por Daniel Schteingart y Andrés Tavosnanska

prevaricación del sistema político vigente que la clase dominante, “las elites”, transformaron en guardia pretoriana de sus privilegios. La cuestión del medioambiente es una muestra de la impotencia. Tres años después de las solemnes proclamaciones de la COP 21, el barniz ya se agrietó. El planeta de los ricos no ha refrenado su apetito de consumo; los riesgos de recalentamiento se han hecho más evidentes. La alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, reitera las peroratas ecológicas y cubre los grandes edificios de la capital con gigantescos anuncios luminosos de marcas de lujo o teléfonos móviles. Y al ministro de Transporte francés le encantan las carreras prometedoras en su área de responsabilidad: “Necesitamos 30.000 choferes para los próximos años, por lo que ésta es una profesión que debe ser promovida, especialmente entre los jóvenes”. Más conductores en las rutas, más “vehículos Macron”, he aquí el que protegerá el ecosistema. ¿La carga ferroviaria, la SNCF? De ninguna manera, ya que hay que luchar contra el exceso de personal en las empresas públicas. El cuestionamiento del sistema En diciembre de 2010, el levantamiento tunecino abrió el ciclo de las “primaveras árabes”. En mayo del año siguiente se produjo el “movimiento de los indignados” español; la movilización de los estudiantes chilenos en junio; Occupy Wall Street en septiembre. Por consiguiente, el año que empieza marcará el décimo aniversario para todos. En aquella época ya se notaba la ju- d (Continúa en la página 22)

Bolivia: Un efímero sueño de soberanía 10 por Maëlle Mariette

¿Quién manda en México?

12

por Luis Alberto Reygada

Derecho al trabajo a la bielorrusa

14

por Loïc Ramirez

Australia: Una temporada en el infierno 16 por Maxime Lancien

La guerra sucia del gobierno británico 18 por Daniel Finn

EE.UU.: Vidas que valen más que otras 20 por Charlotte Recoquillon

Dossier La era de las revueltas Francia: Ni un día más en el trabajo

24

por Danièle Linhart

Explosión contestataria en el Líbano

26

por Hajar Alem y Nicolas Dot-Pouillard

Irak recupera su identidad

28

por Feurat Alani

¿Cuál es la salida de la crisis chilena?

30

por Carlos Ominami

Zambia en los nudos de la deuda china 32 por Jean-Christophe Servant

El Sahel frente al desafío de la fiebre del oro 34 por Rémi Carayol

¿Bebés sanos o bebés de catálogo?

36

por Laura Hercher

Libros del mes

38

Editorial: El pueblo en las calles

40

por Serge Halimi