El Diplo 248 Febrero

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febrero 2020

Capital Intelectual S.A. Paraguay 1535 (1061) Buenos Aires, Argentina Publicación mensual Año XXI, Nº 248 Precio del ejemplar: $130 En Uruguay: 100 pesos

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el dipló, una voz clara en medio del ruido

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JOSÉ NATANSON ESTEFANÍA POZZO LUCÍA ÁLVAREZ FLORENCIA ANGILLETTA GILBERTO CALIL VINCENT SIZAIRE JEAN-CHRISTOPHE SERVANTSERGE HALIMI

Dossier

ALBERTO FEMINISTA Protección social, cuidados, aborto: la agenda de género está en el centro de la gestión de gobierno. Esteban Collazo

Irán en el centro de la tormenta Escriben: Gilbert Achcar Michael T. Klare Paulo Botta

El asesinato del general Qassem Soleimani puso a Irán y Estados Unidos al borde de una guerra. Aunque ambos países prefieren evitar una confrontación directa, las manifestaciones en Teherán, el calendario electoral estadounidense y la injerencia de otras potencias como Rusia pueden reavivar el conflicto en cualquier momento.

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Edición 248 | febrero 2020



Contra el 82 por ciento móvil por José Natanson

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a jubilación es un invento del siglo XX. Antes, cuando las sociedades todavía no habían construido sus sistemas previsionales, la supervivencia de quienes se veían obligados a retirarse de la actividad laboral se garantizaba a través de arreglos intergeneracionales: la generación activa (padre e hijos mayores) se encargaba de garantizar el consumo básico de las generaciones no activas (hijos menores y viejos), mediante pactos no escritos que daban lugar a los clásicos esquemas de convivencia pre familia nuclear burguesa, con tres o incluso cuatro camadas compartiendo un mismo hogar, al estilo de las novelas victorianas o las casas-pasillo de los tanos de la Argentina de comienzos de siglo, un tipo de diseño familiar que todavía subsiste en las economías más atrasadas e incluso en los hogares de menores ingresos de los países en desarrollo: la autoconstrucción hacia arriba y hacia atrás para alojar a nuevos integrantes del núcleo familiar ampliado es el recurso de expansión típico del segundo y tercer cordón del Conurbano. En una segunda etapa, con la expansión de la economía industrial, la urbanización y la consolidación de la sociedad de masas, fueron surgiendo diferentes asociaciones voluntarias –asociaciones de autoayuda, grupos de socorros, mutuales– orientadas a cubrir los riesgos del ciclo vital. Y luego el Estado. Entre fines del siglo XIX (en los países más modernos de Europa) y principios/mediados del siglo XX (en el resto del mundo occidental), el Estado comenzó a asumir una creciente responsabilidad como protector social. El primer hito en el nacimiento de lo que luego se conocería como “sistema de seguridad social” fue el famoso discurso del canciller Otto von Bismarck en el Reichstag en 1883, cuando anunció una serie de leyes –seguro contra enfermedades, accidentes y vejez– que dieron origen al primer Estado de Bienestar, cuyo objetivo político era asegurarse el apoyo de la creciente clase obrera y cuyo fondo implícito era el rechazo filosófico alemán al individualismo utilitarista británico de Adam Smith. El nuevo paradigma se basaba en la idea de que el contrato intertemporal ya no quedaría supeditado a los límites –y la discrecionalidad– de las familias, ni a las posibilidades de las asociaciones voluntarias entre iguales, sino que sería organizado por el Estado de manera global, es decir para toda la sociedad, y compulsiva. Como

señalan Jorge Colina, Lucas Ronconi y Mariano Tommasi (1), el sistema previsional estatal implica la institucionalización de una regla general de “suavización” del consumo, es decir la resignación de consumo presente para garantizar consumo futuro. La explicación es simple: aunque no es posible prever individualmente qué sucederá con una persona una vez que se jubile (nadie puede, por ejemplo, anticipar cuántos años vivirá), sí es factible calcular el agregado poblacional, el promedio. La responsabilidad se traslada al Estado (2). Como además el ser humano es miope, y probablemente privilegiaría el corto por sobre el largo plazo si pudiera elegir, el sistema se hace obligatorio. Es este modelo de seguridad social bismarckiano, que ata la jubilación al mercado laboral, el que está atravesando una crisis global. En los países desarrollados, el problema radica en el envejecimiento poblacional: la combinación entre el incremento de la esperanza de vida (80 años en los miembros de la OCDE) y los bajos índices de fecundidad (1,5) han incrementado la proporción de adultos mayores sobre el total de la población. La consecuencia es un achicamiento de la tasa de dependencia, es decir el cociente entre la población activa (que aporta) y la pasiva (que cobra). En la OCDE es hoy de 4 a 1, y podría reducirse a la mitad en los próximos 20 o 30 años. Menos trabajadores activos para sostener más personas, que viven más tiempo y que además tienen nuevas demandas, desde servicios de cuidado hasta costosos tratamientos para la atención de enfermedades crónicas (en los segmentos más favorecidos, incluso esparcimiento y turismo). El resultado es el desesperante aumento del costo previsional y los intentos de reforma –a través del incremento de las contribuciones, la homogenización de regímenes y la postergación de la edad de retiro– que vienen despertando, de Francia a Chile, de Nicaragua a Rusia, furiosas reacciones sociales. En los países en desarrollo como el nuestro, la presión es doble. Aunque sin llegar a los niveles del Primer Mundo, Argentina está completando su proceso de transición demográfica: el índice de fecundidad se redujo de 3,1 en 1960 a 2,3 en la actualidad, en tanto la esperanza de vida saltó de 65 a 76,6 en el mismo período. A esto hay que sumar los déficits del mercado laboral: el desempleo, que llegó a 10,6 por ciento en la última medición, el trabajo no registrado, que se incrementó sostenidamente en los últimos cuatro años y

que hoy alcanza el 35 por ciento, y los bajos salarios, al menos en comparación con el Primer Mundo, todo lo cual redunda en una reducción de los aportes contributivos (aquellos que provienen directamente del salario). La tasa de dependencia argentina es crítica: 1,3 a 1 (si se eliminara totalmente el desempleo y el trabajo en negro sería de 2,5 a 1). Por estos motivos, el sistema previsional argentino se sostiene solo en parte con recursos contributivos. El resto deriva de asignaciones específicas de impuestos (una porción del IVA y Ganancias, además de cigarrillos, combustibles y gasoil) y, cada vez más, de aportes del Tesoro. Sin embargo, a pesar de estos problemas estructurales, desde la estatización de las AFJP en 2008 el kirchnerismo había logrado un proceso virtuoso de expansión de la cobertura y sostenibilidad. El crecimiento económico, el aumento del trabajo registrado, la mejora del salario real y la recomposición de los aportes patronales le permitieron alcanzar la casi total universalización e incluso agregarle a la ANSES otras cargas, como la Asignación Universal o el financiamiento del Plan Procrear. Pero el fallo de la Corte Suprema de 2015, que ordenó devolverles a las provincias recursos coparticipables que antes iban a la seguridad social, y la política previsional del macrismo, que estableció pagos a los jubilados de mayores ingresos mediante la ley de reparación histórica, junto a la reducción de los aportes patronales y la crisis económica, terminaron por desquiciar el sistema. En la foto actual, el presupuesto previsional explica el 60 por ciento del gasto público del Estado Nacional, exige cada vez más aportes directos del Tesoro, y crece como una bola de nieve. Por eso la suspensión de la fórmula jubilatoria, una de las primeras decisiones económicas del nuevo gobierno, apunta a desindexar las jubilaciones. Lo interesante es que lo hace de manera progresiva. Si el macrismo había orientado su política previsional en un sentido meritocrático, otorgando mayores aumentos a quienes aportaron que a aquellos que no, el peronismo propone un incremento fijo para todos (el argumento macrista de que los que más aportaron deben cobrar jubilaciones más altas se basa en la idea de que de otro modo las cargas previsionales serán percibidas por los trabajadores como un impuesto más, anulando los incentivos a formalizarse; como suele ocurrir con las teorías liberales, el argumento es filosóficamente correcto pero em-

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Staff Di­rec­tor: José Natanson Re­dac­ción Pablo Stancanelli (editor) Creusa Muñoz (editora) Luciana Garbarino Nuria Sol Vega Fermín Gdansky Orgambide (pasante) Se­cre­ta­ria Pa­tri­cia Or­fi­la se­cre­ta­ria@el­di­plo.org Co­rrec­ción Alfredo Cortés Diagramación Ariana Jenik Co­la­bo­ra­do­res lo­ca­les Carlos Alfieri Lucía Álvarez Florencia Angilletta Fernando Bogado Paulo Botta Nazaret Castro Julián Chappa Germán Conde Federico Lorenz Estefanía Pozzo Josefina Sartora

píricamente falso: el hecho de que un trabajador aporte o no depende de las condiciones generales de la economía y de la regulación estatal antes que de una decisión individual). El impacto redistributivo de la suspensión de la movilidad y su reemplazo por una suma fija es doble. En primer lugar, quitarles recursos a los mayores para trasladarlos a los niños –destinatarios principales de la política social de Alberto Fernández– genera un efecto progresivo entre generaciones: el 46,8 por ciento de los menores de 14 años son pobres, contra el 9 por ciento de los mayores de 65 años (contra lo que habitualmente se piensa, los viejos constituyen el segmento más rico –o menos empobrecido– de la sociedad argentina). Pero también implica una redistribución hacia el interior del universo jubilatorio. La explicación es simple: a la hora de retirarse, un trabajador de clase media seguramente disponga de una serie de recursos –vivienda propia, ahorros, hijos profesionales con más posibilidades de ayudarlo– que una persona que se desempeñó en la informalidad o pasó largos períodos desempleado. Por eso establecer una suma fija que achate la pirámide es una forma de evitar que las desigualdades acumuladas a lo largo del ciclo activo se reproduzcan de manera automática durante la etapa de retiro, y por eso el 82 por ciento móvil es una construcción simbólica tan potente como regresiva. Rebobinemos antes de concluir. La experiencia reciente revela la fragilidad del sistema previsional argentino, afectado por la tenaza del envejecimiento demográfico y la persistencia del trabajo en negro y la desocupación. Incluso si el gobierno logra recuperar el crecimiento económico, si los salarios se recomponen, el empleo industrial se expande y la informalidad se reduce (todas cosas muy deseables pero en absoluto seguras), las jubilaciones seguirán siendo un problema. Reducir su peso sobre el presupuesto con un sesgo progresivo es un primer paso positivo, impensable hasta hace algunos años. El segundo tabú, el aumento de la edad de retiro ante la mayor esperanza de vida, puede ser un segundo paso necesario, aunque para mantener la lógica solidaria sería interesante hacerlo de manera segmentada (la esperanza de vida de un trabajador de la construcción o un policía es varios años menor a la de un arquitecto o un bancario, y por lo tanto es justo que se jubilen de manera anticipada). El tercer aspecto son los planes de reducción de aportes patronales, que pueden

ser útiles para socorrer a las pymes o mejorar las exportaciones o impulsar sectores intensivos en conocimiento, pero que detraen recursos del sistema y afectan su sostenibilidad. El cuarto punto, el más comentado, consiste en revisar los regímenes especiales: no sólo los que rigen para los diplomáticos o los jueces, razonablemente percibidos por la sociedad como castas privilegiadas, sino también sobre los docentes y los científicos: ¿por qué un ex profesor universitario o un científico del Conicet retirado tiene más derechos que un comerciante o un metalúrgico? Sin embargo, ninguna de estas decisiones tendrá sentido si antes no se acuerdan algunas cosas: el hecho de que dos provincias –San Luis y Santa Fe– le hayan ganado un juicio a la ANSES por los recursos sustraídos a sus jurisdicciones, y que luego el resto de los gobernadores amenazara con sumarse a la demanda, demuestra que no todos los actores políticos aceptan los sacrificios que impone un sistema que no se puede solventar solo con el aporte de quienes trabajan. El problema es que, a diferencia de los trabajadores activos y sus sindicatos e incluso de los desocupados y sus movimientos sociales, los jubilados no componen un colectivo unificado; son un mar de 8,5 millones de trayectorias dispersas. Como no disponen de una representación sectorial y como se movilizan poco, cualquier arreglo que los involucre será necesariamente un acuerdo entre elites, una decisión del sistema político. Quizás sea necesario incluir el tema entre las prioridades del Consejo Económico y Social, de modo de generar un debate amplio que ayude a dotar de legitimidad a un esquema que siempre será imperfecto y que cada vez resultará más caro. ¿Qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer hoy para sostener a los que trabajaron ayer? ¿Qué esfuerzo estaremos dispuestos a hacer mañana? g

Editorial

Ilustradores Gustavo Cimadoro Juan Soto Lola Varela Tra­duc­to­res Victoria Cozzo Magalí del Hoyo Georgina Fraser Teresa Garufi Aldo Giacometti Víctor Goldstein Patricia Minarrieta Pérez Gustavo Recalde Andrea Romero Marta Vasallo María Julia Zaparart Diseño original Javier Vera Ocampo Publicidad Maia Sona [email protected] [email protected] ww­w.el­di­plo.org Fotocromos e impresión: CARIVEZ S.A. Mom 2846/2852, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le Monde diplomatique es una publicación de Capital Intelectual S.A., Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Redacción, administración, publicidad, suscripciones, cartas del lector: Tel/Fax: (5411) 4872 1440 / 4872 1330 E-mail: [email protected] En internet: www.eldiplo.org. Marca registrada®. Registro de la propiedad intelectual Nº 348.966. Queda prohibida la reproducción de todos los artículos, en cualquier formato o soporte, salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. © Le Monde diplomatique y Capital Intelectual S.A. Distribución en Cap. Fed. y Gran Bs. As.: Vaccaro Hermanos y representantes de Editoriales S.A. Entre Ríos 919, 1º piso. Tel. 4305 3854, C.A.B.A., Argentina.

La circulación de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, del mes de enero de 2020 fue de 20.150 ejemplares.

Capital intelectual S.A. 1. Jorge Colina, Lucas Ronconi y Mariano Tommasi, “Problemas para la expansión del grado de cobertura en el sistema reformado de pensiones argentino”, Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional (CEDI). 2. Sol Minoldo y Enrique Peláez, “Retos de la seguridad social argentina en el siglo XXI”, en Ignacio Rodríguez y Pablo Vommaro (coord.), Desigualdades, exclusión y crisis de sustentabilidad de los sistemas previsionales de América Latina y el Caribe, Clacso.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Dossier

Edición 248 | febrero 2020

Alberto feminista

Una mirada feminista sobre las primeras medidas económicas del gobierno descubre que, pese a tener como prioridad amortiguar la crisis en los sectores vulnerables, sus resultados son positivos para las mujeres ya que representan el mayor porcentaje de lxs destinatarixs de los programas (titulares de AUH, jubiladas que cobran la mínima).

¿Cómo impactan los anuncios económicos en las mujeres?

Economía con filtro violeta por Estefanía Pozzo*

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abía una vez una muchacha muy bonita que, para no ser asesinada, buscó refugio en la casa de siete enanitos que le prometieron seguridad y protección a cambio de “cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y mantenerlo todo limpio y ordenado”. Su nombre era Blancanieves. En un reino no muy lejano a ese, había también otra joven muy bella y huérfana cuya madrastra fea y mala le encomendaba las tareas más duras de la casa como “limpiar la chimenea cada día”. Su nombre, por eso, era Cenicienta. A todos nos resultan conocidos estos relatos porque forman parte de la tradición oral de Occidente. Ambos están incluidos en el primer volumen de Cuentos de la infancia y el hogar, una recopilación realizada por los hermanos Grimm y publicada entre los siglos XVIII y XIX. Más allá de los finales felices por la aparición del príncipe azul (perdón

Lola Varela (@es.morgan)

el spoiler), la clave de estos cuentos está en la concepción del hogar y las tareas domésticas siempre como territorio femenino y en que, ya sea como salvación o como penalidad, estas labores nunca son representadas como trabajo. Se pueden imaginar entonces por qué, al preguntarle a cualquier persona en qué trabajaba su abuela, la respuesta suele ser: “No trabajaba, se quedaba en la casa”. Esta imposibilidad de mirar al espacio doméstico como una verdadera fábrica de quehaceres laborales se traslada a la manera en la que miramos toda la economía. ¿Es posible reponer una perspectiva que tenga en cuenta aquellos aspectos invisibilizados a fuerza de haber naturalizado las relaciones desiguales de género en el sistema económico? La respuesta es sí, hay una manera de hacer visibles estas relaciones, y es uno de los aportes más importantes de la economía feminista. El primer paso es considerar a las tareas domésticas y de cuidado como trabajo.

Otra pregunta que podemos hacernos para reponer esta mirada feminista sobre la economía es de qué manera miramos la coyuntura. ¿Cómo analizamos desde los feminismos las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández que, apremiado por la crisis, debe responder con urgencia a las necesidades de las personas más vulneradas por el modelo económico de Cambiemos? Inicialmente podríamos pensar en dos alternativas: por un lado evaluando si las decisiones tomadas tuvieron en cuenta una perspectiva de género en el diseño de esas políticas y, por otro, aplicándoles un filtro ex post para pensar el impacto, aun cuando no hayan sido concebidas por feministas. Beneficios directos e indirectos La apuesta más fuerte en términos económicos del actual gobierno está condensada en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esta norma, que contiene 88 artículos, declara la “emergencia

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económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social” en el país. La lógica económica con la que fue diseñada implica aumentar la recaudación a través de la suba o creación de impuestos (alza de hasta tres puntos porcentuales en las retenciones, imposición del 30% al dólar, aumento en bienes personales, entre otros) para redistribuir entre los sectores más castigados a través de congelamiento tarifario, reintegros tributarios a sectores vulnerados, moratorias para empresas, entrega de medicamentos esenciales a través del programa Remediar, entre otras medidas. Además, avanza en la suspensión de la fórmula automática de aumento de las jubilaciones y asignaciones durante 180 días, plazo en el que debe rediscutirse cómo se calculará el incremento futuro. Durante ese tiempo, el Poder Ejecutivo debe fijar aumentos trimestrales “atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de ingresos más bajos”. En la conferencia de prensa de presentación de la ley, el ministro de Economía Martín Guzmán expuso cuatro bloques centrales: jubilaciones, tributos, tarifas y deuda. De feminismo o género no dijo una sola palabra. Sin embargo, si se aplica un filtro violeta sobre los anuncios es posible identificar algunas medidas positivas con impacto directo y otras con incidencia indirecta sobre las mujeres. El artículo 18 de la Ley de Solidaridad Social habilita a la AFIP a realizar “reintegros por consumos” a “sectores vulnerados”. Desde el organismo detallaron que serán 700 pesos mensuales por compras que se realicen con las tarjetas de débito en las que se cobra la Asignación Universal por Hijx o la jubilación (únicamente para quienes cobren la mínima). El tope máximo es 1.400 pesos por hogar (sin importar si tiene más de dos AUH) porque, según estimaciones de AFIP, es el monto que gasta mensualmente en IVA un hogar vulnerable. El beneficio regirá desde el primero de febrero pero se cobrará recién en marzo. También estará vigente para los consumos de las tarjetas del plan AlimentAR. ¿Por qué estos reintegros tienen una mayor incidencia positiva en mujeres que en varones? Según los últimos datos disponibles en las estadísticas de la seguridad social, de las casi 7 millones de personas que cobran jubilaciones y pensiones en Argentina, el 67% son mujeres. El 77% de las jubiladas accedieron al beneficio a través de la moratoria previsional impulsada a partir de 2007. Se estima que todas esas jubiladas cobran un monto equivalente o menor a una jubilación mínima. Por este motivo, un reintegro en sus tarjetas de débito significa un monto de dinero que ingresa de manera directa en sus bolsillos. El mismo análisis se puede aplicar con quienes perciben la Asignación Universal por Hijx. De los 2,2 millones de titulares de la AUH, el 96,5% son mujeres, de las cuales el 77% tienen entre 20 y 40 años. Otra transferencia monetaria directa, aunque no forma parte de la Ley de Solidaridad, es el plan Argentina contra el Hambre. Todos los meses, a través de una tarjeta especial del programa, se acredita un monto de 4.000 pesos a titulares de la AUH que tengan niñxs de hasta 6 años (o hasta $6.000 si tienen más de dos hijxs), embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (alrededor de 76.000 según el último dato disponible) y personas con discapacidad. Como casi la totalidad de las titulares de estos beneficios son mujeres, el impacto también es directo. Pero no todas las políticas con impacto positivo implican meter dinero en las billeteras. Hay algunas que permiten fuertes ahorros para los hogares o las personas, lo que significa una vía alternativa para mejorar su situación económica. Los subsidios son un claro ejemplo. La Ley de Solidaridad Social también contempla medidas indirectas. Si consideramos que la mayoría de las personas jubiladas son mujeres, y que gran parte de ellas cobran una jubilación mínima, entendemos por qué la baja del 8% en el precio de los medicamentos, la provisión de los medicamentos esenciales a través del Plan Remediar y el congelamiento tarifario impactan de manera diferenciada si miramos con perspectiva de género esas políticas. Estas medidas, sin embargo, pueden parecer insuficientes si se tiene en cuenta en qué situación están los y las beneficiarias de estas prestaciones sociales des-

pués de cuatro años de una gestión económica regresiva para el país. Con la única excepción de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri las jubilaciones, pensiones y asignaciones cerraron todos los años con aumentos por debajo de la inflación y acumularon una caída de alrededor de 19% del poder adquisitivo. Frente a esta realidad, la estrategia entre 2016 y 2019 fue complementar los aumentos de la movilidad con el otorgamiento de bonos de suma fija para intentar compensar la carrera perdida contra la inflación. Como regla general, las sumas fijas tienen un mayor impacto en las personas que tienen los ingresos más bajos, porque ese monto extra representa un porcentaje mayor de su ingreso que para uno de los más altos. Si bien en tres de los cuatro años el monto de los bonos fue el mismo para todxs, en 2018 Anses otorgó una compensación con una condición que vulneró la situación de las jubiladas y pensionadas: fijó un monto de $750 para quienes tuvieran completos los años de aportes y de $375 para quienes hubiesen accedido a través de moratorias previsionales. Las cifras lo dicen: la inmensa mayoría de las mujeres accedió a los beneficios jubilatorios a través de moratorias y por lo tanto cobraron el monto más bajo. Con el cambio de Gobierno, las sumas fijas también fueron la manera de robustecer los ingresos de jubiladxs y pensionadxs. La decisión que tomó Alberto Fernández fue otorgar dos bonos: uno de $5.000 en diciembre y otro de $5.000 en enero de 2020 para aquellas personas que cobran la mínima, sin importar la modalidad a través de la cual accedieron a las jubilaciones. Como la mayoría de las prestaciones básicas son cobradas por mujeres, desde una perspectiva de género el impacto fue positivo. Lo mismo sucede con el bono de $2.000 para las titulares de la AUH, percibido en un 96,5% de los casos por las madres de lxs niñxs. La gran incógnita es de qué manera se ajustarán las prestaciones sociales en el futuro. En lo inmediato, y según declaraciones de distintos funcionarios del Ejecutivo, en marzo se otorgará un nuevo incremento a través de una suma fija que buscará beneficiar a los sectores que cobran las prestaciones básicas. En esta línea, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que lo que buscan es un achatamiento de la pirámide a través de un fortalecimiento de los ingresos de la base. Lxs excluidxs Hay, sin embargo, una parte de los anuncios que es negativa. Entre las medidas implementadas hasta ahora, hay dos grupos que no recibirán los beneficios, con el agravante de que padecen históricamente vulneraciones y exclusiones del sistema. Se trata de las trabajadoras domésticas y las personas trans. En el caso del servicio doméstico, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec revelan que el 97,6% de lxs trabajadorxs son mujeres. Es la rama de la economía más feminizada, lo que se explica por el rol histórico que las mujeres han tenido en la sociedad como cuidadoras o encargadas de las tareas del hogar. Como si no fuera lo suficientemente mala esta condena biologicista a un sector particular de la economía, las condiciones laborales de estas trabajadoras son trágicas: el 76% no está registrada (es decir que sus empleadorxs cometen fraude laboral), el 70% no tiene días por enfermedad ni vacaciones pagas y el 75% no cuenta con cobertura de salud. Además, el salario vigente fijado para la categoría testigo del convenio (“Personal para tareas generales”) es de $16.515 mensuales por jornadas de hasta 48 horas semanales, mientras que el salario mínimo para este mismo período es de $16.875 mensuales, es decir que ni siquiera tienen garantizado un ingreso mínimo como el resto de lxs trabajadorxs de la economía. Entre los bonos anunciados para trabajadorxs estatales y privadxs, no hubo ningún anuncio de recomposición salarial para el servicio doméstico. La magnitud de esta exclusión quizá pueda dimensionarse con otro dato: una de cada cinco trabajadoras argentinas se desempeña en este sector. Es el que más mujeres emplea en el país, por lo que el 17% de las trabajadoras no recibirá recomposición, ni monto

extra, ni bono, ni beneficios. Solo les llegará un alivio si son titulares de la Asignación Universal. El caso de las personas trans es aun peor porque no existen estadísticas oficiales desagregadas por género que permitan conocer su situación. Según relevamientos de organizaciones que siguen la temática, sabemos que la expectativa de vida de las mujeres trans ronda los 35 años y que en los últimos tiempos ese número fue empeorando. Como dice la activista travesti Lara Bertolini, en Argentina se produce un verdadero “identicidio”. Un camino posible para desarmar esta exclusión sería poner en agenda la necesidad de sancionar en el Congreso Nacional una ley de cupo laboral trans y que el Ejecutivo la reglamente e implemente de manera inmediata. Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad nacional, sostiene que “para pensar en la incorporación de identidades trans y no binarias al sistema económico primero tenemos que poder pensar en la situación de exclusión y vulneración de derechos estructural que atraviesan estas poblaciones, en muchos casos desde su niñez o adolescencia. Es central el rol del Estado para revertir estas lógicas”, asegura la ministra. La luz al final del túnel es que esta manera de mirar la economía ahora tiene un espacio institucional en la gestión. Por primera vez en la historia, el Ministerio de Economía de la Nación tendrá una Dirección de Economía y Género. El área estará encabezada por Mercedes D´Alessandro, una de las fundadoras de Economía Femini(s)ta, autora de un libro sobre economía feminista y reconocida por su militancia. Será ella quien deberá decidir cómo avanzar y de qué manera se continúa con los pasos dados durante la gestión anterior, sobre todo con el Presupuesto, que en 2018 y 2019 permitió cuantificar la inversión del Estado en programas que trabajan en la reducción de las brechas de género. Esto nos permite saber, en base a datos de ASAP (1), que en su último año Macri ejecutó solo el 79% del presupuesto con perspectiva de género. Otro aspecto positivo es la intención de la gestión de crear un Sistema Nacional de Cuidados. Gómez Alcorta asegura: “Diseñar e implementar un sistema de cuidados permitiría reactivar un sector productivo que actualmente no es considerado como tal y, por lo tanto, no se contabiliza en las cuentas nacionales. Además, pensar en un Sistema Nacional de Cuidados como horizonte implica poner en valor el derecho a cuidar y a ser cuidado”. Poder mirar la economía desde el feminismo y que el Estado incorpore esta perspectiva es un logro político colectivo. Fue desde los feminismos que surgió el primer paro al modelo económico regresivo que se implementó a partir de 2015. Tiene sentido si observamos que los mayores impactos negativos recayeron en cuerpos feminizados con más pobreza, menos empleo, menos ingresos y más exclusión. Verónica Gago dice en su libro La potencia feminista que “la economía feminista no centra su análisis en cómo se organiza la acumulación del capital, sino en cómo se organiza y garantiza la reproducción de la vida colectiva como un a priori”. Queda claro entonces por qué es necesario no sólo una perspectiva de género, sino un programa político completo en el que la clave sea garantizar vidas que merezcan la pena ser vividas. g

De los titulares de la AUH, el 96,5% son mujeres, quienes se verán beneficiadas por reintegros de AFIP.

1. Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.

*Periodista. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Dossier

Edición 248 | febrero 2020

Alberto feminista

Uno de los mayores desafíos del flamante Ministerio de las Mujeres es el de lograr la transversalidad de la perspectiva de género, es decir atravesar y comprometer a las distintas esferas del Estado en la superación de las desigualdades entre hombres, mujeres y otredades. Ello, a su vez, en un diálogo permanente con las organizaciones feministas.

Una nueva forma de política y de gestión

Feministas en todas partes por Lucía Álvarez*

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l término se acuñó por primera vez a mediados de los ochenta y, en poco tiempo, fue volviéndose política oficial de países y organismos internacionales. El enfoque gender mainstreaming, traducido como “transversalidad de la perspectiva de género”, venía a plantear un tipo de mirada integral y transdisciplinaria para el abordaje de las políticas públicas, pero en los hechos funcionó casi en sentido contrario. Se trató más bien de un modo de arrinconamiento, para utilizar una expresión de Rita Segato. Paradójicamente o no, la transversalidad terminó confirmando que los temas de género eran temas particulares, menores, de interés parcial (1). Temas de segundo orden frente a aquellos verdaderamente universales: la economía y las finanzas, la política y el gobierno, la salud, la educación o la seguridad pública.

Lola Varela (@es.morgan)

Casi cuatro décadas más tarde, el concepto vuelve a resurgir en Argentina, pero con otra impronta y otra vitalidad política. Desde el anuncio de su creación, la idea se repite como un mantra: la fortaleza del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dependerá de la transversalidad de sus políticas, de su habilidad para superar el “gueto burocrático o administrativo de las cuestiones de género”, de atravesar y comprometer a las distintas esferas del Estado en la superación de las desigualdades históricas y estructurales. Pero también de la posibilidad de mantenerse como un ministerio de puertas abiertas, es decir, con capacidad de sostener un diálogo permanente con las organizaciones feministas que, de algún modo, explican su origen. En ese sentido, la creación del Ministerio resulta una de las grandes novedades del gobierno de Alberto Fernández, y no necesariamente porque integra un área específica al gabinete, sino sobre todo porque incorpora en la estructura del Estado una forma distinta

de pensar y de practicar la política y la gestión. Una forma feminista en la que el poder se juega, ante todo, en la capacidad de atravesar la lógica compartimentada de gobierno y de construir trabajo en red. Una agenda transversal En términos concretos, la idea de transversalidad supone distintos movimientos. En principio significa que cualquier política, norma, resolución que surja del gobierno nacional, no importa el área, debe ser diseñada e implementada desde una perspectiva de género, es decir, desde una mirada que tenga en cuenta las desigualdades históricas entre hombres, mujeres y otredades. Esto explica por qué una de las primeras iniciativas de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta haya sido la capacitación a ministros y secretarios de Estado en el marco de la Ley Micaela. Pero además la transversalidad implica el compromiso de esas áreas para la implementación de políticas igua-

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litarias. Porque si bien el Ministerio de las Mujeres es el organismo encargado de establecer las líneas directrices y de planificar y diseñar las acciones prioritarias, en muchos casos la ejecución de esas iniciativas quedará a cargo de otros espacios del Gabinete. Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta transversalidad es el Plan Integral de Cuidados. En el contexto de crisis económica que atraviesa el país, el tema resulta prioritario porque es un modo concreto de abordar al menos tres problemas: la feminización de la pobreza, la reducción de las brechas salariales y socioeconómicas entre géneros y el modo dispar en el que las mujeres y las identidades trans y no binarias se ven afectadas por la informalidad y el desempleo (en la misma línea se está trabajando en un proyecto de inclusión laboral trans). El Plan Integral de Cuidados que está en revisión nace de una propuesta elaborada durante la campaña presidencial por un conjunto de feministas, muchas de las cuales hoy ocupan funciones públicas. Allí se plantean al menos seis ejes de trabajo. En primer lugar, el fortalecimiento de las redes de cuidado comunitario (aquel que llevan adelante organizaciones sociales, cooperativas o asociaciones) a través de dos estrategias: la capacitación e integración de esas personas al mercado laboral formal y la construcción de nuevos espacios de cuidado. A su vez, se propone complementar esa formalización con la puesta en marcha de un programa para el cuidado domiciliario y a distancia de adultos/as con distintos niveles de dependencia funcional, que involucre la capacitación y el empleo de jóvenes. El proyecto incluye además la extensión de los sistemas públicos de educación temprana (desde los 45 días), aumentos salariales a trabajadoras de casas particulares (con una intervención de la AFIP para detectar aquellos hogares donde se presume hay un subregistro); un ingreso universal por cuidado familiar (para jefe/a de familia que no cuente con ingreso laboral y tenga a cargo al menos una persona dependiente); la ampliación de escuelas públicas de doble jornada; las licencias igualitarias para la corresponsabilidad entre madres y padres y la prórroga de las moratorias jubilatorias que les permita a quienes no cuentan con aportes suficientes acceder al haber mínimo. Como se observa, la implementación de este Plan tiene como órgano rector al Ministerio de las Mujeres, pero depende en los hechos del compromiso de un conjunto de áreas: los Ministerios de Economía, Trabajo, Desarrollo Social, Salud, Educación, Obras Públicas, así como la ANSES y el PAMI. Se podría suponer, además, que la puesta en marcha de un plan de cuidados de esta naturaleza necesitará de un sistema de estadísticas con perspectiva de género y, en particular, de herramientas para medir el impacto de cada una de estas iniciativas, por lo que también el INDEC podría quedar involucrado en esta trama institucional. Y a esa tarea hay que sumarle el diálogo con distintos actores de la sociedad civil (organizaciones feministas, de la economía popular, sindicatos) así como con los legisladores encargados de presentar y defender este proyecto en ambas Cámaras. Es decir, la transversalidad implica una dinámica de articulación entre el Ministerio de las Mujeres y el resto del Gabinete que explica, en parte, el surgimiento de nuevas estructuras (sobre todo Direcciones y Subsecretarías) abocadas a cuestiones de género y diversidad al interior de cada ministerio. Algunas de esas estructuras nacieron a partir del 10 de diciembre, por ejemplo, la Dirección de Políticas Comunitarias y Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social, o la Dirección de Economía y Género, dependiente de la cartera que conduce Martín Guzmán. Otras, en cambio, ya existían pero fueron jerarquizadas, como es el caso de Cancillería, que restableció la Dirección de la Mujer que había sido fusionada en 2018 con la Dirección de Derechos Humanos. Finalmente hay algunos ministerios, como el de Interior, que si bien no crearon estructuras específicas, pusieron en espacios de decisión a militantes feministas de larga trayectoria que podrían funcionar como las encargadas de esa vinculación interministerial.

Este escenario se completa con aquellos pocos Ministerios que ya contaban con programas de impronta feminista o vinculados a temas de género y diversidad sexual, como el de Salud. En 2003, durante la anterior gestión de Ginés González García, se creó el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, hoy Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Este organismo será responsable de la coordinación del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (del que participan además la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral) y de la aplicación del Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), por primera vez con rango de resolución ministerial. La tarea de implementación de la ILE consistirá en controlar el cumplimiento efectivo de ese derecho en todo el país, pero también en capacitar a los profesionales de la salud, una forma de ir ganando terreno frente a la posible legalización del aborto. De hecho, se espera que el proyecto que Alberto Fernández presente en el Congreso en los próximos meses sea elaborado entre el Ministerio de las Mujeres y el de Salud, tomando como referencia aquel propuesto por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En caso de aprobarse, como seguramente suceda, esa norma se convertirá en una piedra angular del gobierno con efectos sobre el resto de la región. Además del Poder Ejecutivo, la transversalidad involucra el trabajo con otros poderes del Estado, especialmente el Judicial. Allí se avanzará tanto en la capacitación continua de magistrados, como en la construcción de un enfoque unificado a nivel nacional para la interpretación de las normas. Pero también la transversalidad implica gestionar desde una mirada federal, lo cual se observa en los planes que se están implementando en términos de prevención y erradicación de las violencias de género, otro de los ejes prioritarios. En este punto, el Ministerio realizó un cambio de paradigma respecto a la gestión anterior: frente a la centralidad que tenía la atención de urgencias, se está desarrollando un abordaje de tipo integral, que no solo tenga en cuenta la trayectoria de vida de esas mujeres y personas trans o no binarias (el acceso al empleo, a la vivienda o la ayuda económica) sino que se sostenga a nivel de la propia comunidad. Esto implica una articulación con los gobiernos provinciales a través del Consejo Federal, pero también con los municipios y con las redes comunitarias del territorio, como las organizaciones sociales, la iglesia o las sociedades de fomento. Por todo esto, la propuesta de transversalidad del Ministerio representa una novedad si se compara con períodos de gobiernos anteriores, incluso con los doce años de kirchnerismo. Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner no hubo grandes manifestaciones populares por cuestiones de género (aún contando Argentina con la tradición plebeya de ocupación del espacio público) y tampoco existía la sensibilidad que estos temas despiertan en la actualidad. Podríamos decir que la desigualdad de géneros no se constituía aún como un problema público. Sin embargo, el avance normativo de esos años fue inmenso, tanto por la cantidad de leyes como por la variedad de temas sobre los cuales se legisló. Solo por citar algunos ejemplos: en 2002, se aprobó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable; en 2004, la Ley de Parto Humanizado; en 2006, la Ley de Educación Sexual Integral; en 2008, la Ley contra la Trata de Personas; en 2009, la Ley contra la Violencia de Género; en 2010, la Ley de Matrimonio Igualitario; en 2012 la ley de Identidad de Género (además de que ese año se derogó el avenimiento y se incorporó el femicidio al Código Penal); en 2013 la Ley de Fertilización Asistida Igualitaria y en 2014, la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares. Este énfasis en la ampliación y actualización del cuerpo normativo, sin embargo, no siempre fue acompañado de un interés por garantizar la implementación de esas normas, al punto de que algunos/ as críticos/as hablaban de un “fetichismo legal”. En

ese sentido, la insistencia en la transversalidad que el Ministerio de las Mujeres presenta hoy permite suponer un enfoque de otras características en el que prevalecerá la acción del Ejecutivo. Y eso en un país presidencialista como es Argentina quiere decir solo una cosa: que esa voluntad política viene por impulso del propio Alberto Fernández. Hacia adentro y hacia afuera La tarea por delante, sin embargo, no es sencilla. Si la articulación entre áreas de gobierno es un desafío arduo para cualquier gestión (y más aun para los gobiernos de coalición) la complejidad es todavía mayor en este caso porque no se trata solo de un ejercicio hacia adentro del gobierno, con los estados provinciales y con los otros dos Poderes, sino también hacia afuera, con ese movimiento de mujeres que vive la creación del Ministerio como una conquista política propia, y como un efecto de la masificación o la popularización de los feminismos. Esa lectura no dista tanto de la que tienen en la propia conducción del Ministerio. De hecho, así lo presentó Elizabeth Gómez Alcorta: como una institución que “nace de las bases, de las plazas, de la exigencia de justicia en cada marcha militante”. En ese sentido, la transversalidad implica también la necesidad de crear espacios a través de los cuales encauzar el diálogo con el movimiento feminista, que tiene una temporalidad distinta a la de los gobiernos y que cuenta con agendas propias construidas también a nivel regional e internacional. En términos formales, esta tarea pasará por el consejo asesor que preside Dora Barrancos, pero difícilmente los cruces se limiten a un espacio institucionalizado. Quizá por eso Elizabeth Gómez Alcorta aclaró que el Ministerio también pondrá de manifiesto el modo en el que se hace política feminista, un quehacer muy distinto al de los partidos políticos y las organizaciones sociales. En su libro Feministas en todas partes, la antropóloga Laura Masson describió algunas de sus particularidades. Según Masson, ese espacio político se caracteriza por la capacidad de construir redes a pesar de la enorme heterogeneidad interna, tal como se vio en el debate por el aborto. Esta convivencia entre personas y organizaciones con posiciones ideológicas diversas lleva a un tipo de práctica en la que se prioriza la construcción de acuerdos mínimos, se rechazan las conducciones y se mantienen altos grados de tensión interna, aunque sin llegar a la ruptura. La experiencia de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en mayo cumple quince años, es una muestra de esa capacidad de trabajo en red más allá de las diferencias entre sus integrantes, muchas de ellas militantes de partidos de izquierda, autonomistas, anarquistas, peronistas, radicales o socialistas. Aunque no esté claro aún el modo en el que algunas de esas lógicas pueden desplazarse hacia la función pública, la creación del grupo “mujeres gobernando”, con la participación de más de 150 Directoras, Secretarias y Subsecretarias de Estado, es un paso que despierta expectativas. Resta esperar a ver si esa red logra convertirse en un nuevo tentáculo de los feminismos, en un espacio de vertebraciones, acuerdos, apegos y aprendizajes comunes ahora viviendo al interior del propio Estado. g

El Ministerio pondrá de manifiesto el modo en el que se hace política feminista, un quehacer muy distinto al de los partidos políticos.

1. Rita Segato, La guerra contra las mujeres, Traficantes de sueños, Madrid, 2016.

*Periodista. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Dossier

Edición 248 | febrero 2020

Alberto feminista

La larga, tensa y muy productiva relación entre las demandas de las mujeres y el peronismo tiene un nuevo capítulo a partir de la llegada de Alberto Fernández al poder. Así como el kirchnerismo hizo de los derechos humanos una política de Estado, el gobierno actual ha ubicado al género en el centro de su agenda de gestión.

Peronismos y feminismos

Cuando tiembla la casa del poder por Florencia Angilletta*

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a política es una máquina de producir fotos. El 10 de diciembre, con la asunción del nuevo gobierno, comienza una nueva serie. El presidente Alberto Fernández junto a Fabiola Yáñez, su novia –no su esposa–; su hijo Estanislao, conocido como drag queen “Dyhzy”, y la novia de él, con atuendo y pañuelo verde que representa la lucha por la legalización del aborto. Junto a ellos/as, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, símbolo del kirchnerismo que parece haber hecho posible esta foto. La imagen, profética, muestra tanto la sociedad –el impacto de las “mujeres” en política, la fluidez del “género”, las “nuevas” familias– como señala las preguntas: en este nuevo ciclo, ¿qué hará la política con los feminismos?, ¿el Estado puede ser feminista?, ¿de qué maneras se conjugan las luchas de las mujeres y la comunidad LGBTI con las acciones gubernamentales? Las tensiones (o mejor: los roces) entre peronismos y feminismos son históricas. Cuando las “muchachas” de los años cuarenta estudiaron en las Academias Pitman y comenzaron a salir a las confiterías, a bailar tango, al mundo del trabajo asalariado y a los sindicatos, ya muchas mujeres –anarquistas, socialistas, radicales y liberales– venían peleando por sus derechos. Primero, por los derechos civiles –a disponer de sus dineros y bienes, a trabajar, a estudiar, a ejercer la responsabilidad de sus vínculos familiares–; y luego, por los derechos políticos –a votar y ser votadas–. Pero a partir de la “revolución de 1943” sucedió algo inesperado: de modo sorpresivo, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo del coronel Perón, se planteó la idea de que el voto para la mujer fuera sancionado por decreto. Frente a la propuesta, las feministas históricas se ubicaron entre las detractoras del “sufragio desde arriba”, es decir, la ampliación democrática en ese contexto. Finalmente, el decreto no prosperó, pero el problema quedó formulado: ¿cómo actuarían, a partir de entonces, las mujeres de tradición feminista ante la promoción de esta ley impulsada por un varón con el que muchas de ellas disentían? (1). Apenas Perón fue elegido presidente, se presentó un proyecto de ley para habilitar el sufragio femenino, que fue sancionada al año siguiente. La Ley 13.010 estableció en su artículo primero: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”. María Eva Duarte de Perón no participó en la redacción de esta ley pero la sostuvo con su cuerpo: su historia está asociada al efectivo logro de la ciudadanía política. El hecho maldito de los derechos argentinos. Si para cierto liberalismo y socialismo la mujer feminista sería la auténtica destinataria de tal derecho, para el peronismo lo serían todas –imposible diferenciar, entonces, entre “ilustradas”

y “cooptadas”–. Así, las mujeres participaron –no sin contradicciones– de manera inédita en la vida pública: con la creación del Partido Peronista Femenino, la Fundación Eva Perón –dispositivo del paso de la caridad y “las damas de beneficencia” a la organización estatal de la justicia social–, y el peso simbólico de cada vez más “princesas plebeyas” que oficiaban de primeras damas (las críticas al “gusto” de Fabiola Yáñez, a su biblioteca o a su cabellera rubia activan aún hoy los efectos de esta plebeyización). Los feminismos forman parte de los procesos de modernización de la Argentina del siglo XX. Los peronismos, también. Más que fuerzas antitéticas, binarias o solo pensables desde la inversión, emergen sus zonas de cruces e imaginaciones comunes. Tan distantes entre sí, La razón de mi vida, de Eva Duarte de Perón, y la Autobiografía de la escritora e intelectual Victoria Ocampo, comparten un mismo motor: el peronismo como el artefacto que las hace escribir. Entonces, tanto como se ha reformulado el famoso “alpargatas sí, libros también”, hoy podría decirse: “peronismo sí, feminismo también”. Del género como una demanda “liberal” al género como parte de una agenda “populista”. Si Evita viviera, ¿sería feminista? ¿De qué modos los años setenta organizan las vidas públicas de esas “muchachas”? ¿Cómo se reconfiguran las luchas revolucionarias ante la recuperación democrática y la demanda por derechos? Volvamos a las fotos. 1 de julio de 1974, ha muerto el presidente Juan Domingo Perón. Es invierno. En la fila del velorio público en las calles de Buenos Aires lindantes al Congreso, un grupo de chicas jóvenes espera el turno para ver a su líder. Pelos largos, pantalones Oxford, abrigos tejidos, botas texanas. Acostada sobre el asfalto, una embarazada apoyada en el regazo de otra mujer se acaricia la panza. Ambas parecen estar dormidas tras una espera que lleva dos noches. La fotografía es de la periodista y escritora Marta Merkin (2). 8 de marzo de 1984, primer acto por el Día de la Mujer en la democracia alfonsinista. Es verano. En la Plaza de los Dos Congresos cientos de mujeres de distintas pertenencias se manifiestan por sus derechos. En primera fila se ven señoras mayores, jóvenes, una empleada doméstica, militantes políticas, y hasta una niña. Sobre esta multitud, en las escalinatas de la Plaza, se recorta la figura de una mujer. Se trata de la feminista María Elena Oddone, quien se anima a caminar al frente con una pancarta en la que se lee “No a la maternidad, sí al placer”. La fotografía es la tapa del clásico libro de Mabel Bellucci (3). ¿Cómo se reconfigura este entramado entre peronismos y feminismos a partir de la asunción de Alberto Fernández? Catalina Trebisacce, doctora en Antropología, docente e investigadora, señala: “En lo que res-

pecta al peronismo, el feminismo ha madurado mucho. Hoy no podríamos decir que los feminismos tengan un problema con el peronismo, como quizás pasaba antes. Sí hay ciertos sectores importantes del movimiento feminista, con un pensamiento también bien interesante, que mantienen posicionamientos autonomistas, críticos de los partidos políticos y del Estado, pero no un ensañamiento con el peronismo. En este sentido, me parece que es un buen momento para la alianza entre peronismo y feminismo. Y el feminismo más autonomista, que no es necesariamente antiperonista, tendrá el papel de marcarle un poco la cancha al feminismo que se institucionaliza y que seguramente padecerá los efectos de ese proceso”. ¿El Estado y ellas se amaron? El colectivo intelectual y militante Lobo Suelto ha señalado que la política argentina posterior al retorno de la democracia está atravesada por la presencia de las mujeres: la lucha por los derechos humanos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el asesinato en 1997 –aún impune– de la trabajadora Teresa Rodríguez en las primeras manifestaciones sociales en Cutral-Có (Neuquén), emblema del movimiento piquetero, y la visibilidad de los cuerpos configurados por el género, desde 2015, a partir de las convocatorias “Ni Una Menos”. No parece coincidencia que Charly García, en ese álbum de la primavera democrática con su portada hecha de flores, haya dicho: “Cómo conseguir chicas”. Profecías: las mujeres serán el rostro de la democracia. Porque la democracia también es la sucesión de leyes de última generación que atraviesan las vidas de su ciudadanía. Casi todos los presidentes desde 1983 tuvieron su ley hito, aunque el peronismo es quien empujó más el límite de lo posible. Repasemos: Alfonsín, patria potestad y divorcio; Carlos Menem, cupo y reforma constitucional; Néstor Kirchner, educación sexual integral (ESI); Cristina Fernández de Kirchner, matrimonio igualitario e identidad de género; Mauricio Macri, paridad política. Alberto Fernández comienza su gobierno tan anfibio como un poco es su figura: capeando la crisis –sobre todo con el horizonte de la renegociación de la deuda ante los vencimientos del mes próximo–, pero sin relegar una zona de promesas. De ellas, una de las más fuertes es la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. No hay ninguna foto de Alberto Fernández usando el pañuelo verde, pero sí hubo una foto en la presentación del libro de Ana Correa, junto a militantes feministas. A veces una imagen vale más que mil palabras. La doctora en Historia, investigadora del Conicet y parte del Consejo de Asesores/as del presidente, Dora Barrancos, plantea: “Ya se vio en 2018 que fundamentalmente fueron las representaciones del peronismo,

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Lola Varela (@es.morgan)

en sus diferentes matices, las que aportaron más votos para la sanción del aborto en nuestro país”. Y continúa: “Los desafíos en este gobierno son efectivamente acentuar el tono feminista que muchísimas mujeres le acercamos a la campaña y la necesaria superación del ciclo anterior vivido en nuestro país”. En los primeros días de gobierno se produjo la recuperación del protocolo de aborto no punible y la capacitación en problemáticas de género como exige la “Ley Micaela”, con asistencia de las máximas autoridades del Gabinete, incluido el propio presidente. Pero en el organigrama ministerial solo cuatro de los veintiún cargos ministeriales están ocupados por mujeres. Hubo pocas mujeres en algunas fotos clave –que recibieron cuestionamientos de “cupo” incluso por funcionarias del gobierno– y continúa vigente la costumbre del fútbol de los viernes en Olivos, donde solo invitaron a sumarse a Macarena Sánchez, directora nacional de Juventud y jugadora profesional. A la vez, la primera resolución del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa fue disponer la “paridad de género” en las presidencias de comisiones: 23 a cargo de varones y 23 de mujeres, incluyendo el desdoblamiento de la Comisión de Mujer y Familia. Mientras casi cien funcionarias del gobierno se han reunido en la iniciativa “Mujeres gobernando” y comparten un grupo de whatsapp, son las mujeres que están marcando el pulso político: la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la directora del

de cierre del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans en La Plata, el más convocante en su historia (5). ¿Dónde está “viva” la democracia? Como si lo más complejo no fuera la política feminista, sino esa política haciendo temblar la casa del poder. La “ideología de la domesticidad” condensa una división moderna entre trabajos, valores y géneros: los varones se ocupan de la producción en el espacio público y las mujeres, de la reproducción en el ámbito doméstico (6). Esta división sexual también afecta la militancia (quiénes son los que hablan en las asambleas y quiénes las que apilan las sillas), la política (quiénes representan y quiénes son representadas), así como los ministerios (quiénes ocupan el de Desarrollo Social y quiénes el de Economía). Durante el macrismo florecieron cuatro años de sociedad civil: en los feminismos, las economías populares, las organizaciones sociales y también las demandas ambientalistas. Pero este nuevo gobierno enfrenta la paradoja de las instituciones: ¿qué pasa cuando lo instituyente comienza a ser instituido?, ¿cuáles son las relaciones entre un gobierno y su sociedad civil? El kirchnerismo hizo de los derechos humanos una política de Estado, del mismo modo que este gobierno lo está haciendo con los feminismos. Resultan nítidos los efectos de “ganar”, de instituir lo instituyente, pero ¿cuáles son los desafíos para que aquello que estaba pulsando no se termine convirtiendo en un museo de sí mismo? ¿La federalización? El Estado no es una simple máquina de estatalizar la agenda pública. Y si lo hace no es canibalizándola sino promoviéndola, incluso con lo que todavía no pueda ni responder. Entonces, ¿qué del feminismo no entra en el “Ministerio” del feminismo? Y algo más: un Estado también es la memoria de las mujeres torturadas, violadas, asesinadas; la genealogía de las que tomaron el cielo por asalto, las que salieron de su casa a la plaza, las que ni tienen nombre propio. Los cruces entre sexualidad y ciudadanía hacen crujir esta paradoja: por momentos se lucha como si el Estado pudiese contener todas las demandas feministas, a la vez que se reconfiguran las fronteras mismas de lo público al señalar que “lo personal (también) es político”. Aun más: los feminismos interpelan al Estado al tiempo que defienden las libertades individuales. Los modos de subjetivación actuales implican una creciente estatalización (porque la “deconstrucción” la organiza el Estado), mientras mantienen una necesaria zona ciega, un “patio de atrás”. Los feminismos, como todas las grandes revueltas políticas, oscilan entre esos dos grandes polos: igualdad y libertad. Los peronistas, incorregibles como diría Borges, ¿podrán ser feministas? Es una falsa pregunta. La constitución de algo así como el “albertismo”, la posibilidad de hacer de un gobierno una época (es decir, fundarla) depende, en buena medida, de lo que haga con lo que el feminismo hace de él. Dora Barrancos señala: “Estamos frente a un presidente notablemente sensible, de una enorme convicción acerca de las transformaciones fundamentales en la ciudadanía y las transformaciones para resolver el orden de las desigualdades, y dentro de ellas, a Alberto le es absolutamente claro el panorama particular de las jerarquías patriarcales. Estoy segura de que vamos a tener la sanción del aborto legal antes de mediados de año”. La foto que nos falta está por venir. g

PAMI, Luana Volnovich, y la titular del INADI, Victoria Donda; entre otras. No es casual que mencionemos primero a Gómez Alcorta. Una de las primeras medidas de Alberto Fernández ha sido la creación de un ministerio dedicado a las problemáticas de género. Las distintas opciones que se barajaron para nombrarlo son todo un síntoma de las discusiones de la lengua feminista. Finalmente, constituido como Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, por primera vez tienen rango ministerial las vidas de “mujeres” y de la “comunidad LGBTI” –que habían estado históricamente circunscriptas al “Consejo Nacional de la Mujer”–. Pero tan fundamental como el reconocimiento del Estado de las relaciones desiguales de género es que el “género” no se encapsule, que no se limite a una parcela del Ejecutivo, que se constituya un ministerio de las “Mujeres” al interior de cada ministerio. Así, también son claves las participaciones en Subsecretarías y Direcciones, como la de Graciela Morgade en Educación o la de Mercedes D’Alessandro en Economía. ¿Cuáles son los techos de cristal del poder? Como señala la investigadora Mariana Gené, el único cargo al que nunca llegó una mujer es ministra del Interior, espacio clave de la “rosca” y la política “real”. Tampoco nunca una mujer fue jefa de Gabinete (4).

1. Las publicaciones de Carolina Barry, Karin Grammatico, Silvana Palermo, Sara Perrig, Adriana Valobra, entre otras, han estudiado las vinculaciones entre mujeres y peronismo. 2. Esta imagen forma parte del archivo inédito que fue publicado en Infojus Noticias: https://bit.ly/2PW9sDl. 3. Mabel Bellucci, Historia de una desobediencia: aborto y feminismo, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2014. 4. Mariana Gené, La rosca política, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019. 5. Véase Betina Rolfi, “Corbatas y glitter”, en www.perfil.com/ noticias/opinion/corbatas-y-glitter-opinion-betina-rolfi.phtml 6. Ésta es la lectura de Joan Scott en “La mujer trabajadora en el siglo XIX”, Historia de las mujeres en Occidente: El siglo XIX, Madrid, Taurus, 1993.

En los jardines de la sociedad civil Volvamos a las fotos. Contrapunto de imágenes entre los seis candidatos presidenciales varones durante la noche del debate en octubre del año pasado y la marcha

*Becaria doctoral del CONICET. Autora junto a Mercedes D´Alessandro y Marina Mariasch del libro ¿El futuro es feminista?, Le Monde diplomatique/Capital Intelectual, Buenos Aires, 2017. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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munista. “Cuando se aventuran a abogar a su propio favor, lo hacen con tanta discreción y delicadeza que dan la impresión de luchar contra el adversario más benevolente y más comprensivo del mundo, y no contra esas ‘máquinas de matar’ que los revolucionarios se regocijan de ser” (3). Carvalho se presenta como uno de los pocos intelectuales determinados a defender la causa de los pudientes. Pero, sin duda demasiado poco consciente de su fragilidad, la burguesía no le ofrece el apoyo pecuniario que estima merecer. Durante décadas, Plínio Salgado (1895-1975), el dirigente histórico del fascismo brasileño, también se había lamentado: “La burguesía no nos ayuda”.

Tony Smith, The snake is out, 1962 (gentileza Christie’s)

De prosa belicosa y vulgar, Olavo de Carvalho, uno de los principales referentes ideológicos del presidente brasileño Jair Bolsonaro, se instala en el debate político defendiendo las posiciones esenciales del gobierno: anticomunismo, cuestionamiento de los derechos humanos, ataques contra las mujeres, las personas de color y las minorías sexuales.

Carvalho, un reaccionario en la avanzada ideológica brasileña

El gurú fascista de Jair Bolsonaro por Gilberto Calil*

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Olavo de Carvalho no existe”. Esta sentencia del sociólogo Emir Sader, cercano al Partido de los Trabajadores (PT), formulada en 2001, ilustró durante mucho tiempo la recepción reservada a los trabajos de este intelectual en los medios progresistas de Brasil. Las tesis reaccionarias de un filósofo panfletario que ejerce, además, el oficio de astrólogo, inspiraban el desprecio de los universitarios y parecían alejadas de las preocupaciones del gran público. Muchos estaban convencidos de ello: Carvalho sólo “existía” para los sectores más radicales de la derecha brasileña, un nicho político donde se ladraba mucho pero que no recibía demasiada atención. Cuando Jair Bolsonaro fue elegido Presidente del país en octubre de 2018, los marginales de ayer se adueñaron del poder. Para su participación en redes sociales, Bolsonaro dispone luego de su victoria de cuatro textos principales: la Biblia, la Constitución de Brasil, una obra sobre Winston Churchill y un

último libro, firmado por Carvalho. Los intelectuales de izquierda descubren entonces lo que su desprecio por estas ideas les había impedido comprender: “cómo la acumulación de errores factuales que caracteriza [su obra] había podido terminar por parecer coherente a una parte de la población”, según las palabras del politólogo Álvaro Bianchi (1). Defensor de los ricos Nacido en 1947, Carvalho militó brevemente en el Partido Comunista de Brasil en los años 60. Estudió filosofía, pero abandonó la carrera rápidamente, porque consideró que la educación que recibía era de muy mala calidad. Comenzó a escribir para los grandes diarios en 1967, se dedicó a la astrología, una “disciplina fundamental”: “Quienes no la han estudiado no saben nada. Son analfabetos” (2). Logró sumarse a las filas –ya bien abastecidas– de los editorialistas conservadores, combatió a los biempensantes que, según él, se habrían apoderado del país desde el final de la

dictadura (1964-1984). De allí el título de una de sus principales obras, publicada en 1996: O Imbecil Coletivo: atualidades intelectuais brasileiras (El imbécil colectivo. Actualidades intelectuales brasileñas). Su emergencia en tanto intelectual se explica también por el apoyo que recibe de Ronaldo Levinsohn. Este banquero, que escapó milagrosamente de una serie de escándalos financieros, es dueño de UniverCidade, una universidad privada que le abrió sus puertas a Carvalho. Estuvo a cargo de los cursos de filosofía entre 1997 y 2001, y dirigió la editorial de la Universidad entre 1999 y 2001. Su interés por la guerra de las ideas no lo condujo a descuidar el mundo material. Desde 1998, lanzó una página de Internet para difundir sus análisis y recibió las donaciones que intimó a las clases altas a realizar. Su lógica, reformulada así en 2009, es la siguiente: puesto que “el ‘aparato ideológico’ burgués del que hablan los marxistas no existe”, las clases altas se encuentran “sin defensa” frente a la amenaza co-

Revolución cultural de derecha La escritura de Carvalho se caracteriza por su gusto por la vulgaridad y por su tono belicoso. Esta agresividad se presenta como garantía de autenticidad, lo que recuerda el estilo de Bolsonaro. Carvalho estima que sus insultos “no expresan más que el humilde rechazo de una falsa solemnidad”. Defiende su uso “en las situaciones en las que una respuesta delicada constituiría una forma de complicidad con lo intolerable” (4). Esta elección retórica también permite esquivar el debate cuando no se tienen argumentos convincentes. Una de las técnicas favoritas de Carvalho consiste en descalificar a sus adversarios poniéndoles sobrenombres con connotación sexual o escatológica. Afirma, por ejemplo, que el “personal de izquierda” es esencialmente genocida, y concluye: “Si se les da una respuesta cortés, se les confiere dignidad a esas ideas. […] ¡A la mierda la educación! ¡Andá a cagar, hijo de puta!” (5). Pero a veces da en la tecla, principalmente cuando critica el desdén de estos intelectuales progresistas que le reprochan el no tener diploma universitario… en un país donde más del 83% de la población adulta tampoco tiene uno. En 2002, Carvalho lanza el sitio Mídia Sem Máscara (“Medios sin máscaras”, MSM). Aunque en ese momento escribe también regularmente columnas para los principales diarios del país, su plataforma tiene el objetivo de demostrar el dominio comunista de la prensa. Algo descabellado en un país en el que la oligarquía es dueña de los medios, la cruzada eleva a Carvalho al rango de referencia intelectual de la extrema derecha, que admira su “coraje”. Es que, a ojos del astrólogo, la etiqueta “comunistas” engloba a los reformistas tibios, a los socialdemócratas convencidos y a los neoliberales del Partido de la Social Democracia brasileña (PSDB). Partidarios de una “apertura” económica adosada a una modernización social, estos últimos constituyen a sus ojos uno de los actores clave de una operación ideológica que califica de “gramsciana”, y que apuntaría a fragilizar a la sociedad brasileña para preparar el golpe. A partir de la publicación de A Nova Era e a Revolução Cultural (La nueva era y la revolución cultural, 1994), Antonio Gramsci se convierte en una obsesión para Carvalho. Según los cálculos del investigador Leonardo Puglia, el nombre del intelectual comunista italiano –presentado como “el profeta de la imbecilidad, el guía de las hordas de imbéciles” (6)– aparece “318 veces en las cuatro principales obras publicadas por el autor” (7). “Si Lenin es el teórico del golpe de Estado, [Gramsci] es el estratega de la revolución psicológica que debe prece-

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der y preparar el terreno para el golpe de Estado. […] La revolución gramsciana es a la revolución leninista lo que la seducción es a la violación”, explica Carvalho (8). Al propagarse imperceptiblemente, la “estrategia gramsciana” apuntaría a erosionar los fundamentos cristianos y morales de la sociedad en su afán de abrir la vía a la revolución comunista. De allí la “guerra cultural” que “los comunistas” le declararían a la sociedad brasileña para promover el aborto, la homosexualidad y la libertad sexual. Un razonamiento retomado, casi palabra por palabra, por la senadora Kátia Abreu en 2011: “La hegemonía del pensamiento de izquierda, que la estrategia gramsciana de la revolución cultural inoculó en la universidad, estableció una dictadura del pensamiento” (9), había proclamado, cuatro años antes de entrar al gobierno “de apertura” de Dilma Rousseff (PT) como ministra de Agricultura. Paradójicamente, el éxito de Carvalho reposa sobre un conjunto de herramientas de comunicación análogas a las que Gramsci proponía a los comunistas para conducir la “guerra de posiciones”, es decir, la batalla de las ideas. Al hacer esto, participó de una forma de revolución cultural de derecha, facilitando la elección de Bolsonaro, cuyo gobierno refleja sus posiciones esenciales: anticomunismo, negacionismo del cambio climático, cuestionamiento de los derechos humanos, ataques contra las mujeres, las poblaciones de color y las minorías sexuales. Se sabe ahora que el intelectual eligió él mismo al actual ministro de Educación, Abra-

ham Bragança de Vasconcellos Weintraub, y al de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo. Pero su influencia pasa principalmente por el Presidente y por sus hijos: Flávio (senador), Eduardo (diputado federal) y Carlos (consejero municipal de Río de Janeiro). El resurgimiento de las divisiones Bajo los gobiernos de Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003-2010) y de Dilma Rousseff (2011-2016), las diferentes franjas de la derecha habían logrado una unidad suficiente para obtener el

Una de las técnicas de Carvalho es descalificar a sus adversarios poniéndoles sobrenombres con connotación sexual o escatológica. encarcelamiento (sin pruebas) del primero (10) y la destitución (inconstitucional) de la segunda (11). Una vez que Bolsonaro fue elegido, las divisiones resurgieron, incluso en el seno del gobierno. Enfrentan a los militares (que ocupan ocho ministerios) (12), a los ultraliberales (encabezados por el ministro de Finanzas, Paulo Guedes), y la fracción más ideológi-

ca que gravita alrededor de Carvalho, como la pastora Damares Alves, ministra de Derechos Humanos, de la Familia y de las Mujeres, que preconiza que los niños se vistan de azul y las niñas, de rosa. Desde hace un tiempo, Carvalho figura entre los blancos del vicepresidente, el general Antônio Hamilton Mourão, así como de los grupos ultraliberales, como el Movimiento Brasil Libre. Por su parte, el filósofo-astrólogo denuncia a los “moderados” del gobierno, cuya timidez le impediría a Bolsonaro desplegar su programa. En las primeras filas de los obstáculos para el cambio, se encuentra el general Mourão, un “nene iletrado” (13). Carvalho aboga por una radicalización política. Aprueba las manifestaciones organizadas el 26 de mayo de 2019 para reclamar la suspensión de las instituciones democráticas, acusadas de obstaculizar las ambiciones “del pueblo”, y las del 30 de junio, en apoyo al juez Sérgio Moro, responsable de la encarcelación de Lula da Silva, cuando quedó probado que politizó su juicio. Durante la última concentración, los altoparlantes ubicados sobre un camión difundían un mensaje de Carvalho: “Durante cuatro o cinco décadas, los comunistas y sus partidarios dominaron Brasil: los medios, las universidades, el mundo de las artes y del espectáculo. Todo, ¡absolutamente todo!”. El intelectual invitaba a los manifestantes a romper con “los bufones y los traidores, que comenzaron a negociar con el otro bando y se dicen

moderados”. Llegó la hora, concluía, de “romperles las piernas a esos indigentes”. g 1. Citado por Patricia Facchin, “Olavo de Carvalho é

um efeito da nova direita, e não sua causa”, Instituto Humanitas Unisinos, 19-12-18, ihu.unisinos.br 2. “Um acerto de contas com a astrología”, Porto do Céu, Recife, junio de 2000. 3. Diário do Comércio, San Pablo, 17-8-09. 4. “Coleção de frases com Cu e cia”, Olavo de Carvalho, 20-4-15, https:// olavodecarvalhofb.wordpress.com 5. Citado por Lucas Patschiki, “Os litores da nossa burguesia: o Mídia Sem Máscara em atuação partidária (2002-2011)”, disertación para la obtención de la maestría en Historia, Universidad Estatal del Oeste de Paraná, 2012. 6. “A nova era e a revolução cultural: Capítulo II”, Olavo de Carvalho, http://olavodecarvalho.org 7. Leonardo Seabra Puglia, “Gramsci e os intelectuais de direita no Brasil contemporáneo”, Teoria e Cultura, Juiz de Fora, Vol. 13, N° 12, diciembre de 2018. 8. “A nova era e a revolução cultural: Capítulo II”, op. cit. 9. Citado por Lucas Patschiki, “Os litores da nossa burguesía”, op. cit. 10. Perry Anderson, “La justicia del espectáculo”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2019. 11. Laurent Delcourt, “Printemps trompeur au Brésil”, Le Monde diplomatique, París, mayo de 2016. 12. Raúl Zibechi, “¿Qué quieren los militares brasileños?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2019. 13. “Olavo de Carvalho retruca Mourão via redes sociais; Carlos Bolsonaro apoia”, Poder 360, 23-4-19, www.poder360.com.br

*Profesor de Historia en la Universidad Estatal del Oeste de Paraná (Unioeste). Traducción: María Julia Zaparart

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“¡No es la derrota de un hombre sino de una ideología!”. Para el ex primer ministro Anthony Blair, la derrota del Partido Laborista en las elecciones generales del 12 de diciembre de 2019 se debe a un programa “muy radical”. Pero otras razones explican mejor las debilidades y los errores de Jeremy Corbyn y la izquierda británica.

Giro a la derecha en el Reino Unido

La histórica derrota del Partido Laborista por Chris Bickerton*

Gustavo Cimadoro (cima-cima-doro.tumblr.com)

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s difícil subestimar la magnitud de la derrota del Partido Laborista en las elecciones legislativas de diciembre, en el Reino Unido. El 12 de ese mes, Redcar, una circunscripción situada a orillas del Tees, en el noreste de Inglaterra, eligió a un diputado conservador por primera vez en su historia. Un poco más al norte, Blyth Valley, bastión laborista desde 1950, también viró a la derecha. Durante mucho tiempo, la distribución de los escaños del Partido Laborista constituyó un reflejo de la historia social y económica del país. En el noreste de Inglaterra, la industria naval de Tyneside y las minas abultaban las filas del Partido Laborista. Un poco más al sur, las grandes ciudades industriales –Liverpool, Manchester, Sheffield– constituían un sólido

pilar electoral para la izquierda. Al sumar la importante concentración de socialistas en la zona industrial de Birmingham y las Tierras Medias, un “muro rojo” se dibujaba en el mapa de Inglaterra. Esa frontera separaba el norte, de espíritu laborista, del sur, próspero y fiel a la derecha (sobre todo en los famosos “home counties” del sureste). Con un ecosistema sociológico y político propio, Londres –núcleo vital del apoyo al líder laborista Jeremy Corbyn– constituía una excepción, al igual que la mayoría de las grandes capitales europeas. La representación política de la clase obrera en el Reino Unido concuerda con la historia de tres grandes actores: las iglesias no conformistas (o disidentes), los sindicatos y el Partido Laborista. Juntos, iglesias y sindicatos dieron vida al Parti-

do Laborista en 1906 (1). Durante el siglo XX y, en particular, después de la invención del sector público moderno en los años 40 (el sistema de educación pública es de 1944 y el sistema de salud, de 1946), la sociedad británica se estructuró en torno a determinado número de instituciones que regían no solo la vida política, sino también la vida económica y cultural. Durante décadas, el Partido Laborista británico moldeó un mundo, un conjunto de prácticas cotidianas y conocimientos que se diferenciaban por completo del universo conservador. Así, conseguir determinado empleo podía implicar que hubiera que presentar una tarjeta de membresía del Partido Laborista, por ejemplo. La vida cotidiana en Tyneside o Wirral se organizaba en torno a la comunidad de izquierda, al igual que sucedía en el barrio

rojo de Torino o en el Nord-Pas-de-Calais francés. Pero las cosas cambiaron. Llegaron los “swinging sixties”, con la liberación de la sexualidad y las costumbres, y mermaron la influencia de las iglesias no conformistas y de esa religiosidad de izquierda, que había sido tan decisiva para la fundación del Partido Laborista. El final de la década siguiente marcó el comienzo de un doloroso proceso de desindustrialización, que socavó las bases del mundo obrero (Alan Bleasdale escenificó este momento de manera particularmente emotiva en la serie Boys from the Black Stuff, que la BBC transmitió en 1982). El neoliberalismo de Margaret Thatcher (19791990) transformó la ex sociedad industrial –su economía, costumbres y prácticas– en un cascarón vacío con fábricas en ruinas y desocupados que ahora debían adaptarse a las exigencias de la nueva economía de los servicios... Este cambio afectó particularmente a los sindicatos, que no salieron indemnes. Tras la debacle de las iglesias no conformistas y de los sindicatos, las elecciones generales de diciembre de 2019 dan cuenta de la caída de la última de las tres instituciones que estructuraban a la izquierda británica: el partido. Según Maurice Glasman, figura central de la corriente “Blue Labour” (conservador en los temas sociales, pero opuesto al neoliberalismo), el Partido Laborista estaría muriendo: el 2019 habría actualizado la brecha insalvable que separa el partido de la clase obrera de la que se pretende portavoz. Aburguesamiento acelerado Hacia fines de noviembre de 2019, dos semanas antes del escrutinio, el militante y escritor Owen Jones daba la voz de alarma: no se podía pensar en una victoria laborista si se perdía el voto obrero, que estaba determinado sobre todo por su adhesión al Brexit (2). Jones daba como ejemplo la circunscripción de Grimsby, en la costa este. Aunque la ciudad había estado en manos de los laboristas desde 1945, las encuestas sugerían que los electores tradicionales del Labour se disponían a votar masivamente al Partido del Brexit de Nigel Farage, lo que suponía entregar la circunscripción a los conservadores. El escritor dio en el clavo, pero llegó tarde: prisionero de su burbuja londinense, sus artículos en The Guardian habían abogado durante mucho tiempo para que el Partido Laborista se alineara con una posición contraria al Brexit... Ahora bien, la transformación sociológica del Partido Laborista y el distanciamiento cada vez mayor con la clase obrera no son nuevos. Este proceso comenzó en 1997, con la victoria que Anthony Blair y el Nuevo Laborismo consiguieron gracias a una alianza coyuntural entre las clases populares y las clases medias. En la década de 2000, muchos analizaron el auge del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) como una evolución de la derecha. Sin embargo, los investigadores Robert Ford y Matthew Goodwin demostraron que los electores del UKIP también provenían de una izquierda decepcionada (3). El partido de Farage, cien por ciento euroescéptico desde su formación, se volvió el vehículo de una crítica del mercado del trabajo británico, sobre todo después de la ampliación de la Unión Europea hacia el Este, en 2004. Además, ponía sobre la mesa temas que el Partido Laborista se negaba a considerar, ya que prefería preocuparse de las prioridades de otra franja del electorado: los residentes de las metrópolis, que se veían beneficiados por la construcción conjunta de Europa.

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No obstante, una pregunta se hace necesaria: si el divorcio entre el Partido Laborista y las clases populares se preparaba desde hacía más de dos décadas, ¿cómo se explica que se haya manifestado de modo tan repentino en las elecciones de 2019? Dos elementos permiten avanzar una respuesta: el corbynismo y el Brexit. El corbynismo, corriente política asociada al líder del Partido Laborista desde 2015, se caracteriza por una paradoja. Por un lado, la elección de Jeremy Corbyn a la cabeza del partido marcó el comienzo de una radicalización ideológica: reapareció una ambición socialista con la que nadie soñaba desde los años 70, se reivindicó la nacionalización de los servicios públicos y resurgió la esencia obrerista. El propio Corbyn encarna esta corriente: su carrera política no puede separarse de las manifestaciones antiimperialistas y las huelgas de los años 70 y 80. La idea era que este giro a la izquierda permitiera que el Partido Laborista recuperara el lugar que había tenido en las redes sociales y culturales populares y que los militantes laboristas volvieran a ocupar un lugar central en los territorios tradicionales del norte. Sin embargo, en paralelo al corbynismo, otro movimiento –sociológico, en este caso– tuvo lugar: la radicalización ideológica estuvo acompañada por un aburguesamiento acelerado. Desde 2015, el partido atrajo a miles de nuevos afiliados; con más de un millón de miembros, es el más grande de Europa. Ahora bien, como lo explica el diputado laborista Jon Cruddas, la ruptura del corbynismo con la época de Blair solo se dio en el nivel de las ideas. La afiliación, por

su parte, se habría vuelto más blairista (4): el partido estaría dominado por militantes de la generación Y, instruidos, con residencia en Londres o en ciudades universitarias como Cambridge y Brighton, activos en los sectores económicos más dinámicos, pero alcanzados por la precariedad. El programa que el Partido Laborista presentó para la campaña electoral re-

La elección de Jeremy Corbyn a la cabeza del partido marcó el comienzo de una radicalización ideológica. flejaba las preocupaciones de este grupo social: fusionó una forma de socialismo radical (renacionalizaciones, abolición de las escuelas privadas, nuevo internacionalismo en materia de política exterior) con un vivo interés por las cuestiones identitarias tan de moda en este inicio del siglo XXI. Junto a causas fundamentales como el feminismo y el antirracismo, aparecen otras cuya urgencia tiene menos respaldo: la defensa de la fluidez de género en un mundo “que sigue siendo demasiado binario”, el pedido de supre-

sión de la distinción de baños para mujeres y para hombres para no discriminar a las personas transgénero, etc. Para algunos miembros de las clases populares, la primera pretensión constituye una utopía, y la segunda exhibe preocupaciones que difícilmente alcancen la categoría de prioridades. En cuanto al Brexit, algunos líderes del partido, como John McDonnell, no tardaron en señalarlo como una de las razones de la derrota. Si bien es cierto que el electorado del Partido Laborista estaba dividido entre partidarios y enemigos de la salida de la Unión Europea que los británicos votaron en 2016 –una fragilidad que los conservadores explotaron con su eslogan “Get Brexit Done” (“Hagamos realidad el Brexit”)–, esta escisión ideológica del electorado laborista también refleja su heterogeneidad sociológica. Mientras que Corbyn se mantuvo –discretamente– cerca del euroescepticismo de izquierda, una mirada que la mayoría del partido compartía en los años 70, numerosos militantes laboristas jóvenes y urbanos interpretaron el voto a favor del Brexit como una manifestación de xenofobia y racismo. La mirada crítica sobre Europa parece haber cedido el lugar a un apego identitario a la Unión Europea entre la mayoría de los laboristas. Así, ser proeuropeo significaba ser abierto, tolerante, internacionalista y curioso, y, por el contrario, el voto por el Brexit solo podía provenir del chauvinismo más craso. Esta ruptura provocó un cambio importante en la actitud del partido. En 2017, su programa hacía un llamado muy concreto a salir de la Unión Europea en un ca-

pítulo intitulado “Cómo negociar el Brexit”. En 2019, se comprometía a someter un eventual acuerdo con la Unión Europea a un segundo referéndum, que hubiese permitido votar en contra de la salida. Dejar que una parte de sus militantes despreciara durante tres años a los partidarios del Brexit acusándolos de racismo y mentiras, cambiar de posición sobre el tema para ganarse a los eurofilos y volcarse a las clases populares favorables al Brexit para pedirles apoyo ¿era una estrategia realista? ¿Qué futuro tiene el Partido Laborista en estas condiciones? Después de las elecciones, muchos se preguntaron de qué manera retomar los lazos con la clase obrera, ya que consideran que la ruptura sociológica aún no es completa. Otros no están tan seguros e invitan a las clases populares a repensar su propia historia de representación directa de sus intereses, sin esperar que alguien más hable por ellas. g 1. El libro de referencia sobre los orígenes del Partido Laborista, pero también del Partido Conservador, es el de Robert Trelford McKenzie, British Political Parties: The Distribution of Power within the Conservative and Labour Parties, Heinemann, Londres, 1955. 2. Owen Jones, “Labour needs its leave voters too – or a Johnson era beckons”, The Guardian, Londres, 27-11-19. 3. Robert Ford y Matthew Goodwin, Revolt on the Right: Explaining Support for the Radical Right in Britain, Routledge, Londres, 2014. 4. Jon Cruddas, “The left’s new urbanism”, Political Quarterly, Londres, 28-1-19.

*Politólogo, Universidad de Cambridge. Traducción: Georgina Fraser

PEPE MUJICA

De tupamaro a presidente “Mujica es un hombre supremo, diferente a todos, inspirador, que se destaca en una sociedad global gobernada por políticos oportunistas y deshonestos.” Del prólogo de Emir Kusturica

Disponible en librerías o en www.editorialcapitalintelectual.com.ar

Ó!

¡YA SALI

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Según el modelo de los economistas neoliberales, si el “sentido común” securitario ha fracasado tan estrepitosamente es porque todavía no se avanzó lo suficiente en la represión. Sin embargo, en un Estado de Derecho la seguridad supone respetar la igualdad jurídica de los individuos, más allá de su pertenencia a una clase social.

El debate securitario francés de cara al terrorismo

La ilegalidad de los poderosos por Vincent Sizaire*

René Magritte, El cicerone, 1947

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esde hace más de veinte años, en el debate público francés se ha impuesto la idea de que la seguridad –entendida, de modo muy restrictivo, como la prevención de los ataques a la integridad física de las personas– estaría garantizada por un dominio cada vez mayor del poder represivo sobre nuestras existencias. Dicho de otro modo, la lucha contra la criminalidad implicaría reducir cada vez más el marco jurídico y el control jurisdiccional de las autoridades penales, en particular, de la policía. En esta época, en la que el terrorismo se ha vuelto un tema omnipresente e impide dialogar con serenidad, resulta difícil discutir lo que se presenta con las ca-

racterísticas de un sentido común incuestionable. Sin embargo, la realidad que se esboza es completamente distinta. Por un lado, la seguridad que prometen los artífices de esta obstinación represiva no deja de ser ilusoria; alcanza con recordar la espeluznante masacre de Niza, perpetrada el 14 de julio de 2016, a pesar de que, ocho meses antes, se había declarado en el país galo el estado de emergencia, la forma más acabada de estos plenos poderes policiales que suponen la protección de los ciudadanos. Por otro lado, el securitarismo produce efectos muy reales en la población que queda expuesta de modo más directo: las clases populares. Incluso cuando estas personas son víctimas de actos

de delincuencia en mayor medida –por ejemplo, están dos veces más expuestas al robo de su vehículo y tres veces más a las violencias sexuales, que las clases acomodadas (1)–, padecen una inseguridad creciente frente a la policía y las autoridades judiciales. En particular, sufren más controles policiales abusivos y discriminatorios: los jóvenes con un aspecto que se considera típico de los barrios populares corren un riesgo hasta dieciséis veces mayor de que los sometan a un control de identidad que los jóvenes que se visten de un modo socialmente no discriminado (2). Las clases populares también son las más penalizadas: están sobrerrepresentadas entre la población carcelaria. El 48,5% de las personas detenidas no

tiene ningún título y el 50% no ejercía ninguna actividad profesional cuando entró a la cárcel (3). Al mismo tiempo, más allá de algunos casos muy mediatizados, las autoridades represivas se desvinculan de la lucha contra la gran criminalidad económica y financiera; su prioridad sigue siendo el tratamiento rápido de la delincuencia más visible, la de la vía pública. En Francia, el número total de detectives especializados en materia económica y financiera en la policía, ya de por sí muy bajo, pasó de 529, a fines de 2013, a 514, cuatro años más tarde (4). ¿La misma ley para todos? Según el modelo de los economistas neoliberales, se puede afirmar que, si el “sentido común” securitario ha fracasado tan estrepitosamente en alcanzar los objetivos que se fijó es porque todavía no se avanzó lo suficiente en la represión. Sin embargo, también se puede suponer que esto es así porque entendieron el problema completamente al revés. Tener seguridad no consiste en entregarse a la arbitrariedad del poder a cambio de una garantía quimérica contra cualquier riesgo de agresión, sino en gozar de la protección de la ley contra cualquier abuso de poder, ya sea que éste emane de personas privadas o de poderes públicos. La exigencia de seguridad, piedra angular del orden jurídico implementado con la Revolución Francesa, supone la estricta igualdad jurídica de los individuos, sea cual fuere su lugar en la sociedad. Lejos de justificar la omnipotencia de las autoridades, implica su subordinación al derecho y, en consecuencia, la protección jurídica efectiva de las personas más vulnerables. La ley “debe ser la misma para todos, sea que proteja o que castigue”, precisa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La ejemplaridad se vuelve una exigencia, sobre todo para los representantes de los poderes públicos. El Código Penal de 1791 rompe con el derecho del Antiguo Régimen e instituye numerosos crímenes y delitos que buscan reprimir los delitos propios de los agentes públicos (tales como la malversación de fondos o el tráfico de influencias). Así, traduce la idea de los constituyentes de que el ataque a la libertad del otro es tanto más grave cuando es realizado por una persona encargada de representar el interés general. Aquí se expresan no sólo las aspiraciones democráticas radicales de los actores de la Primera República, sino también su profundo pragmatismo. En 1791, uno de los autores de la legislación penal revolucionaria, Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, afirmaba: “Lo que necesita un pueblo libre no son suplicios, sino una buena policía con buenas costumbres. Se ha observado que los crímenes se multiplican aun más donde reina el despotismo; esto es así porque allí el hombre se ha degradado. Podría decirse que la libertad, al igual que una planta fuerte y vigorosa, limpia el suelo feliz en el que germinó de cualquier producto aciago” (5). Esta afirmación sigue igual de vigente el día de hoy. En efecto, el mayor número de homicidios por habitante se registra en países que ponen en práctica una represión desproporcionada, implementada por una policía profundamente militarizada, como es el caso de Brasil, México o Colombia. No obstante, lejos de disminuir la violencia, esta política contribuye a exa-

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cerbarla mediante una escalada belicosa que lleva a que los actores de la delincuencia organizada también se militaricen (6). Por su parte, Estados Unidos tiene uno de los más implacables sistemas represivos –con casi un cuarto de la población carcelaria mundial (7)– y una tasa de homicidios que, aunque en baja, no tiene comparación con la de los países europeos: 5,35 por cada 100.000 habitantes en 2016, contra 1,35 en Francia y 1,18 en Alemania. Indicadores de riesgo La manera en la que se previenen, identifican y sancionan los abusos cometidos por la policía es decisiva para la salud de la democracia. Las fallas en la materia nos dejan expuestos no solo a la arbitrariedad de los poderes públicos, sino también a un aumento de la violencia. En efecto, estas fallas abusivas generan la radicalización de los comportamientos delictivos que se pretendía combatir, y rompen el lazo de confianza entre las fuerzas del orden y la población. De este modo, las personas pueden mostrarse reticentes a señalar las infracciones sufridas o, peor aun, privilegiar el recurso a la violencia privada para la resolución de conflictos. En el mismo orden de ideas, hay que insistir en la necesidad de sancionar las prácticas delictivas de los otros agentes de la clase dirigente, en particular de las élites económicas. Asimismo, la sanción debe ser consecuente con el daño que se ha hecho a la cohesión social. Por ejemplo, la incidencia de los actos de depredación económica es mayor cuando los cometen personas que ocupan posiciones de poder. En primer lugar, por supuesto, por su amplitud potencial: en Francia, el fraude fiscal genera un lucro cesante en el presupuesto que asciende a miles de millones de euros (8); sin embargo, en 2016, solo se contaban 524 condenas por fraude fiscal; además, los servicios fiscales llevan ante la justicia menos de mil casos de los casi quince mil que constatan en promedio cada año (9). En un plano más general, las infracciones económicas y financieras representaron apenas el 3% de las acciones penales en 2016 y 2017 (10). Además, es muy alto el riesgo de que las prácticas delictivas de las clases dirigentes adquieran una dimensión central en las relaciones económicas y sociales a costa del colapso generaliza-

do de la protección jurídica de la que pueden gozar los ciudadanos. En efecto, estos pueden verse obligados a pagar un alto costo por el mero ejercicio de sus derechos económicos y sociales, mientras que la corrupción y la privatización del aparato represivo por parte de los más ricos los exponen a la violencia policial o la impunidad de la violencia privada, si tienen la desgracia de entrar en conflicto con ellos (11). Además, los países con un alto índice de corrupción de las élites experi-

Imponer un mismo grado de aplicación de la ley para todas las clases de la sociedad constituye un desafío democrático de suma importancia. mentan una laxitud general en el nivel de observancia de la ley por parte del conjunto de la población. En los lugares donde la prevaricación de los más grandes es generalizada, se banaliza el fraude e incluso se normaliza, en el vínculo con las instituciones estatales, sobre todo en materia fiscal. En Italia, por ejemplo, la penetración de la mafia hizo que la población se volviera más tolerante frente al fraude fiscal y, de modo más general, a la combinazione (los chanchullos y los arreglos con la ley) (12). En este caso también, la aplicación de las normas del derecho a las clases superiores condiciona de manera directa la seguridad de todas las personas. Del mismo modo, siempre se podría estar más atento a las condiciones en que las personas más vulnerables pueden hacer valer sus derechos, en particular cuando son cuestionadas por el poder público o privado. Dicho de otro modo, el vigor democrático de un sistema jurídico también se mide por su capacidad para funcionar de manera desinteresada, es decir, para garantizar que la ley proteja a quienes no disponen –puntual o estructuralmente– de ningún otro recurso (económico, cultural, social, etc.) para defender sus

intereses. En este sentido, la suerte reservada para las personas más vulnerables, como los niños, los detenidos, los inmigrantes y todos los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social, constituye un indicador determinante. Desafío democrático En la actualidad, los niños gozan de una protección relativamente amplia contra la arbitrariedad de los adultos, tanto dentro como fuera del ámbito familiar. Sin embargo, no ocurre así con los presos. Las instancias francesas y europeas que velan por el respeto de las libertades fundamentales denuncian las deplorables condiciones de detención con regularidad, ya que vulneran su dignidad más elemental. Tampoco ocurre con los inmigrantes que no pertenecen a la Unión Europea, cuya suerte (incluso la de los menores) no ha dejado empeorar durante los últimos veinte años, tanto en lo referido a su derecho de residencia como a los procedimientos de expulsión. Finalmente, las personas en situación de precariedad suelen toparse con importantes dificultades para que se respeten sus derechos sociales. Así, poco tiempo atrás, se llevó adelante un litigio por las suspensiones abusivas realizadas por la agencia nacional para el empleo de Francia Pôle Emploi (13). Este puso el foco en la situación de “inseguridad” total en la que se encuentran algunos beneficiarios de subsidios, enfrentados a la interrupción intempestiva de sus derechos. Así como sancionar las prácticas ilegales de las clases dirigentes afecta el nivel general de la aplicación de la ley en una sociedad, la protección jurídica de la que gozan las personas vulnerables puede reforzar o, por el contrario, fragilizar la seguridad de cada ciudadano. Cuanto más se incita a las autoridades a respetar los derechos de las personas desvalidas, más propensas estarán a respetar los de las personas lo bastante dotadas para reivindicarlos por sí mismas. Por el contrario, si las garantías que se reconocen para unos son frágiles, fácilmente podrían serlo para los demás. Esto quedó claro con las medidas de restricción de las libertades para las que el derecho de los extranjeros sirvió de laboratorio. El arresto domiciliario de las personas sometidas a la obligación de abandonar el territorio francés, emitido sin ningún

control judicial, se extendió luego a los hinchas que se presumían violentos. Lo único que permitió que no se usara también en contra de los manifestantes fue la censura del Consejo Constitucional francés (14). Imponer un mismo grado de aplicación de la ley para todas las clases de la sociedad constituye un desafío democrático de suma importancia. Cuando el Estado de Derecho se vuelva palpable para la mayoría de los ciudadanos, estos dejarán definitivamente de dar crédito a la retórica securitaria. g

1. Véase el Informe de investigación “Cadre de vie et sécurité 2018”, Ministerio del Interior, París, diciembre de 2018. 2. René Lévy y Fabien Jobard, “Les contrôle d’identité à Paris”, Questions pénales, Centro de Investigaciones Sociológicas sobre el Derecho y las Instituciones Penales, Guyancourt, enero de 2010. 3. “Qui sont les personnes incarcérées?”, Observatorio Internacional de Prisiones, ww.oip.org/en-bref 4. “Les moyens consacrés à la lutte contre la délinquance économique et financière”, Tribunal de Cuentas, París, 12-12-18. 5. Citado en Félix Lepeletier de SaintFargeau, Œuvres de Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, Lacrosse, Bruselas, 1826. 6. “How’s life?”, sección “Safety”, OCDE, París, www.oecdbetterlifeindex.org 7. Roy Walmsley, “World Prison Population List”, XI edición, Institute for Criminal Policy Research, Londres, 2016. 8. “Commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales”, Senado, París, 17-7-12. 9. “Rapport d’information sur les procédures de poursuite des infractions fiscales”, Asamblea Nacional, París, 23-5-18. 10. Infostat Justice, N° 169, Ministerio de Justicia, París, mayo de 2019. 11. Pierre Lascoumes, Une démocratie corruptible. Arrangements, favoritisme et conflits d’intérêts, Seuil, col. “La République des idées”, París, 2011. 12. Roberto Scarpinato y Saverio Lodato, Le Retour du prince, La Contre-Allée, Lille, 2015. 13. N. de la T.: Se trataba mayormente de suspensiones por inasistencia a una cita convocada por el organismo y que podía implicar una interrupción del subsidio de desempleo de dos meses. 14. Véase Vincent Sizaire, “De los sans-culottes a los ‘chalecos amarillos’, la historia de una escalada represiva”, Le Monde diplomatique, edición española, abril de 2019.

*Profesor de la Universidad París Nanterre, autor de Sortir de l’imposture sécuritaire, La Dispute, París, 2016. Traducción: Georgina Fraser

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En enero, el impeachment contra Donald Trump ingresó al Senado. En febrero, comienzan las primarias demócratas. En noviembre, serán las elecciones presidenciales. Durante todo este 2020 los medios de comunicación jugarán sus cartas. Pero los auténticos problemas de la democracia estadounidense no están en la Casa Blanca.

El Partido Demócrata apunta a la Casa Blanca

Lo que Donald Trump permite... por Serge Halimi*

Howard Hodgkin, Haven’t we met?, 1988 (gentileza Christie’s)

(Viene de la página 40 ) adversarios. En el proceso, trivializó una serie de conductas que estaban bastante bien documentadas como para no requerir detalles: vulgaridad, rapacidad, comentarios racistas y sexistas, exaltación de la violencia, mentira generalizada. Al mismo tiempo, en el campo demócrata se propagaron actitudes preocupantes. Y su lista es igual de larga: cuestionamiento del voto popular cuando no produce el resultado que conviene; una mirada acrítica y beatífica sobre la historia de Estados Unidos hasta ese maldito día en que la elección de Trump lo echó todo a perder; glorificación de las alianzas militares occidentales que de repente se volvieron “progresistas” solo porque el actual Presidente proclamó “America First”; heroicidad de las agencias de inteligencia porque abochornaron a la Casa Blanca filtrando información (y conversaciones telefónicas) en la prensa, comprometiendo así al Presidente; por último, celebración de los grandes medios de comunicación privados, intocables desde que Trump se desatara contra ellos pretendiendo que su actividad se reduce a producir “fake news”. En noviembre de 2016, el 22% de los blancos sin estudios que habían votado por Obama en las elecciones presiden-

ciales de 2008 y 2012 se pasaron al bando republicano (3). Como los partidarios de Clinton difícilmente podían acusar de racismo a los electores que habían plebiscitado dos veces seguidas a un candidato afroamericano, explicaron su deserción por su sexismo, o por la cobardía de gente inculta fácilmente manipulable por noticias falsas de origen ruso. No les preocupó mucho la idea de que las destructivas políticas de libre comercio implementadas por los demócratas y su encierro en una burbuja sociológica de citadinos diplomados y despreciativos podrían haber jugado un rol no menos importante en este cambio de rumbo. Un país muy inocente Esta miopía social no es sólo electoral. Cuando los primeros episodios de la serie Roseanne, cuyos protagonistas eran obreros, empleados, campesinos en lugar de diseñadores gráficos, periodistas o profesores de lenguaje inclusivo tuvieron un enorme éxito de audiencia, la presidenta del canal American Broadcasting Company (ABC) confesó su perplejidad: “Hasta ahora, habíamos consagrado mucho tiempo a preocuparnos por la diversidad en términos de color, religión, género. Pe-

ro no habíamos pensado lo suficiente en la diversidad económica. El éxito de Roseanne nos recuerda que hay muchas personas que no se ven en la televisión muy a menudo” (4). Así, fue necesario que Trump ganara, aprovechando el resentimiento popular contra las élites intelectuales, para que productores y guionistas salieran de su letargo creativo. Pero esa clase de lucidez sólo dura un tiempo. Es más común que las clases medias altas urbanas y educadas que votan por los demócratas, en especial en Nueva York y California, argumenten que se desinteresan de la gente blanca pobre y sin educación porque apoyan a Trump. Sin embargo, al presunto campeón de este grupo social este grupo le preocupa tan poco como a ellos. Al menos en este punto imita el comportamiento de su predecesor: Obama se proclamó solidario con el proletariado afroamericano, lo adormeció con símbolos y palabras bonitas, pero nunca combatió un orden económico que lo aplasta. En un esfuerzo por “desalojar a Trump”, millones de estadounidenses se conformarían con cualquiera –y con cualquier cosa– para lograr su objetivo. Si Trump defiende a alguien, ellos se convierten en fiscales [acusadores]; si combate algo, ellos

son sus abogados [defensores]. La prueba de esto ya se tuvo el 5 de febrero de 2017, apenas quince días después de ocupar la Casa Blanca. En Fox News, el presentador ultraconservador Bill O’Reilly interpeló al nuevo Presidente, acusándolo de no condenar a Vladimir Putin, “un asesino”, según él. Trump respondió, imperturbable: “Hay muchos asesinos. Nosotros mismos tenemos muchos asesinos. ¿Qué cree usted? ¿Que nuestro país es tan inocente?” De inmediato, la senadora demócrata Amy Klobuchar, actual precandidata en las primarias de su partido, se indignó porque el Presidente de Estados Unidos se atrevió a comparar a la malvada Rusia con su virtuoso país. Y The New York Times que, junto con las cadenas Cable News Network (CNN) y MSNBC sirve de portavoz militante a la fracción centrista del Partido Demócrata, proclamó su espanto en un editorial de ampuloso patriotismo: “Afirmar la superioridad moral y política de Estados Unidos sobre Rusia no era hasta hoy una operación delicada para los presidentes estadounidenses. Pero Trump, en lugar de recordar el excepcionalismo estadounidense, pareció apreciar la brutalidad de Putin, y sugirió que Estados Unidos se comportaba de la misma manera” (5). La analogía indignó tanto a Nancy Pelosi, la actual presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, que de inmediato pidió al Federal Bureau of Investigation (FBI) que investigara las finanzas del nuevo Presidente para asegurarse de que el gobierno ruso no lo chantajeaba. Hoy, esta muy inteligente mujer repite una y otra vez: “Con Trump, todos los caminos conducen a Putin”. Aunque no queda mucho del “Rusiagate” desde que el fiscal Robert Mueller presentó su informe la primavera pasada, la (infructuosa) persecución del agente del enemigo emboscado en el Salón Oval ha obsesionado a los demócratas –y a los medios de comunicación– durante los dos primeros años de esta Presidencia (6). Afianzó un clima de paranoia que indirectamente permitió que el presupuesto militar estadounidense (738.000 millones de dólares) siguiera aumentando, gracias al apoyo de una abrumadora mayoría de parlamentarios de ambos partidos (siendo el senador Bernie Sanders una de las raras excepciones). Y la idea de una “democracia estadounidense atacada por Vladimir Putin” –un paquete a menudo comparado con el ataque del Japón imperial a Pearl Harbor en 1941– se ha convertido en religión oficial para la mayoría de los adversarios de Trump. Pero la democracia estadounidense tendría muchos problemas más serios que algunas cuentas falsas de Facebook con un impacto insignificante: en 2016 el actual Presidente triunfó con 3 millones de votos menos que su rival, y este año uno de sus competidores declarados es otro multimillonario neoyorquino, incluso más rico que él: Michael Bloomberg. El ala moderada del Partido Demócrata y sus apoyos mediáticos han respaldado su cruzada antirrusa con los elementos más militaristas y securitarios de la sociedad. Como señala con bastante regularidad el periodista Glenn Greenwald, a quien le debemos –junto con Edward Snowden, Chelsea Manning y Julian Assange– una mejor comprensión del amplio alcance del espionaje estadounidense, “es casi imposible ver MSNBC o CNN sin ser importunado por ex generales o agentes de la CIA [Central Intelligence Agency] o del FBI, que ahora trabajan allí como comentaristas contratados o incluso reporteros” (7). Los demócratas moderados ya no tienen ningún escrúpulo en alabar a los servicios de inteligencia que,

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sin embargo, se han destacado por asesinar a opositores políticos y organizar golpes de Estado en el exterior. Ven en ellos islotes de “resistencia” contra un presidente autocrático. Además, ¿no fue un analista de la CIA quien, en agosto pasado, filtró su conversación telefónica con un jefe de Estado extranjero, en este caso el Presidente ucraniano? Sometido a un proceso de destitución, Trump tiene varias razones para combatir los intentos de desestabilización política orquestados por el “Estado profundo”. Pero, ¿debemos alegrarnos por ello, o más bien preocuparnos de que no se preserve otro Presidente que no sea él? (8). No contentos con inculcar a sus partidarios el amor por los servicios de inteligencia, los líderes del Partido Demócrata siguen alabando a los ex presidentes republicanos para remarcar el contraste entre ellos y su extraño sucesor. Así, Biden le entregó una medalla a la pareja Bush celebrando su compromiso con los ex combatientes –o por lo menos con aquellos que, imaginemos, regresaban vivos de las guerras en Irak y Afganistán–. Por su parte, Michelle Obama proclamó que enloquecía por George W. Bush, “un hombre maravilloso” (“Today”, NBC, 1110-18). El término “Trumpwashing” se ha generalizado desde entonces para referirse a la glorificación que la izquierda hace de los elementos más despreciables de la derecha estadounidense, dado que un día criticaron a Trump o que Trump los fulminó. Incluso la memoria de Ronald Reagan se beneficia de esta disposición demócrata a embellecer el pasado, lo cual es tanto más paradójico cuanto que la política exterior estadouniden-

se de los últimos tres años ha sido, hasta ahora, bastante menos mortífera que la de décadas anteriores. Dos opciones opuestas Sin embargo, una estrategia de retirada internacional sería popular en un país donde, desde el 11 de septiembre de 2001, la “lucha por la democracia” ha justificado la intervención o el mantenimiento en servicio de 240.000 soldados en 172 países y territorios –con, lo hemos visto, un presupuesto militar anual superior a los 700.000 millones de dólares–. El hecho de que el asesinato del general iraní Qassem Soleimani, aunque ejecutado sin contratiempos, no beneficiara a Trump confirma a su manera la desafección de los estadounidenses por las “guerras sin fin”. Pero con demasiada frecuencia los candidatos demócratas se presentan como los restauradores de un orden mundial, comercial y estratégico interrumpido durante tres años. Biden, en particular, defiende los tratados de libre comercio, quiere mantener un contingente estadounidense en Irak y glorifica a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Y en un resonante artículo, del tipo de los que se leían en el apogeo de la Guerra Fría, hizo un llamado a una política frontal de oposición a Rusia para “defender la democracia contra sus enemigos” (9). ¿ Po r q u é n o i r m á s l e j o s ? Un editorialista de The New York Times, cercano a la derecha israelí y ardiente partidario de todas las intervenciones militares de Estados Unidos –incluyendo aquellas a las que finalmente había renunciado– propuso que los demócratas compensen las fallas de la Casa Blanca y se conviertan en el partido del imperio. Cultivando un poco la

paradoja, argumentó que la política de “retiro” e “ingenuidad” de Trump, particularmente en el Medio y Lejano Oriente, abría la posibilidad de que sus adversarios políticos se convirtieran en los únicos profetas de la “Pax Americana” contra Siria, Rusia y la temida Corea del Norte (10). La fracción progresista del Partido Demócrata no tiene la intención de desempeñar ese rol. Elizabeth Warren, al igual que Sanders, propone retirar todas las tropas estadounidenses de Medio Oriente y Afganistán. Y lejos de oponerse sistemáticamente a Trump, el senador Sanders acogió con agrado su encuentro de hace un año con el presidente norcoreano Kim Jong-un: “Si Trump logra librar a ese país de sus armas nucleares, será algo muy bueno, y le deseo buena suerte” (CNN, 25-219). Unos meses después, consciente de que la vehemencia sistemática de su oposición al Presidente republicano permitía a los amigos de Biden ocultar su rechazo a las transformaciones estructurales que reclama la sociedad estadounidense, añadía: “Si pasamos todo nuestro tiempo atacando a Trump, los demócratas perderán” (11). La cuestión que se les plantea hoy es más bien saber lo que pueden ganar. Los candidatos centristas justifican la moderación de sus propuestas por el deseo de no asustar a los votantes que quieren poner fin a las excentricidades de Trump, pero no hasta el punto de dar vuelta las cosas. El statu quo les parece tanto más aceptable cuanto que no creen que los resultados económicos y los precios de las acciones aboguen por un cambio de rumbo. Por lo contrario, Sanders y en menor medida Warren creen que la detestación del actual presidente puede permitirles, si ganan las primarias, llevar propuestas radica-

les a los estratos sociales que normalmente las rechazarían. Al mismo tiempo, esperan que otros votantes, desmovilizados porque ya no creen en la política, puedan reencontrar el camino a las urnas si se les ofrece la perspectiva de un cambio real (medicina socializada, duplicación del salario mínimo, revolución ecológica), y no sólo un Presidente que restauraría el país de hace tres años. La elección entre estas dos opciones demócratas es al menos tan importante como las elecciones del próximo 3 de noviembre. g 1. Debate demócrata en Los Angeles, 19-12-19. 2. Serge Halimi, “El pueblo humilde que vota Bush”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2004. 3. Sabrina Tavernise y Robert Gebeloff, “They voted for Obama, then went for Trump. Can Democrats win them back?”, The New York Times, 4-5-18. 4. John Koblin y Michael M. Grynbaum, “Roseanne” rebbot sprang from ABC’s heartland strategy aftert Trump’s victory”, The New York Times, 29-3-18. 5. “Blaming America first”, The New York Times, 7-2-17. 6. Aaron Maté, “Rusiagate, un regalo demócrata para Trump”, y Serge Halimi y Pierre Rimbert, “Chernobyl mediático”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo de 2019. 7. Glenn Greenwald, “The Inspector General’s report on 2016 FBI spying reveals a scandal of historic magnitude: not only for the FBI but also the US media”, The Intercept, 12-12-19, https://theintercept.com 8. Michael Glennon, “La nueva excepción estadounidense”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2018. 9. Joseph R. Biden, Jr. y Michael Carpenter, “How to stand up to the Kremlin. Defending democracy against its enemies”, Foreign Affairs, Nueva York, enero-febrero de 2018. 10. Bret Stephens, “Will Democrats become bornagain neocons?”, The New York Times, 24-11-19. 11. “Town Hall”, Fox News, 15-4-19.

*Director de Le Monde diplomatique. Traducción: Teresa Garufi

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PRÓLOGO CECILIA TODESCA BO CCO

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maron el “Seveso chino” (2), hizo polvo gran parte de la floreciente Nueva Área de Binhai, una zona de desarrollo económico creada por el gobierno en una de las ciudades portuarias más activas del país, que cuenta con 15 millones de habitantes (3). El Centro Nacional de Sismología reportó que se produjo un terremoto de una magnitud de 2,2 en la Escala de Richter en los alrededores de la planta. Ochenta y nueve casas colapsaron y las familias tuvieron que ser reubicadas. En la memoria colectiva, el horror vivido en aquel día fatídico se expresa a través de dos cifras brutales: 8/12 (“12 de agosto”, en inglés).

Juan Soto (www.sotografico.blogspot.com)

El inmenso progreso de la economía china genera problemas de igual envergadura. Las autoridades del país deberán resolver una contradicción fundamental: la industria química es muy contaminante y dañina para las poblaciones; pero es, a la vez, uno de los motores esenciales del crecimiento. ¿Podrán conciliar ambas realidades?

Cadena de explosiones químicas en China

Bajo la ley del lucro capitalista por Mohamed Larbi Bouguerra*

E

l 21 de marzo de 2019, mientras que el presidente chino Xi Jinping comenzaba su visita por Europa, una explosión dejó 78 víctimas y 566 heridos en la planta de productos químicos de la empresa Jiangsu Tianjiayi Chemical (JTC) en Yancheng (provincia de Jiangsu), 250 kilómetros al noroeste de Shanghai. La primera explosión del Año del Chancho… que fue seguida de varias otras (1). La planta, abierta en 2007 cerca de una estación de tren, empleaba a 195 personas y suministraba ácido 3-hidroxibenzoico para la producción de parabenos (conservantes cosméticos, fungicidas y bactericidas), polímeros termoplásticos y anisol, un compuesto que se utiliza en perfumería. Como la ciudad quedó envuelta en humo y los vecinos estaban preocupados por

su impacto en el aire y el agua, el ayuntamiento de Yancheng se vio obligado a realizar un seguimiento. La Oficina de Protección del Medioambiente de la provincia detectó, en un curso de agua cercano, la presencia de productos tóxicos con una concentración 111 veces superior a los estándares nacionales. Luego de la tragedia, el Consejo de Estado (Consejo de Ministros) creó un comité que señaló una “falta de seriedad” en la aplicación de las leyes por parte de las autoridades locales. Además, observó que la JTC había sido autorizada a continuar sus actividades a pesar de contar con numerosas multas por no respetar las medidas de seguridad. En abril de 2019, cerraron la fábrica y detuvieron a más de veinte funcionarios y directivos de la empresa. En noviembre, dos vice-

gobernadores de la provincia recibieron una advertencia disciplinaria. La explosión de Yancheng estuvo precedida por otras dos: la primera, que dejó 19 víctimas, tuvo lugar el 12 de julio de 2018 en el complejo Hangda Technology en Yibin, provincia de Sichuan; la segunda, que provocó 23 muertos, ocurrió el 28 de noviembre de 2018, en una planta de producción de cloruro de vinilo de la empresa estatal ChemChina, en Zhangjiakou, provincia de Hebei (donde se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022). La última detonación confirma un nuevo fracaso de las medidas que se tomaron luego de la tragedia de Tianjin del 12 de agosto de 2015, la cual dejó 173 muertos, cerca de 800 heridos y obligó a miles de personas a dejar sus hogares. La deflagración, que algunos lla-

Serias irregularidades Estas explosiones en cadena ponen de relieve una de las consecuencias del boom económico de China. La industria química, por su parte, tiene un papel fundamental en el crecimiento del país; sin embargo, debido a la urbanización galopante, las zonas residenciales se encuentran cada vez más próximas a zonas de riesgo. En 2001, se estableció como regla que estos sitios debían estar al menos a 1.000 metros de distancia del espacio público. Siete años después, un informe oficial del servicio de incendios llegó a la conclusión de que esta regla era “irrealista y, por ende, difícil de cumplir” (4). Una regla que se viola, pues, así como si nada. Tales desastres empañan la imagen del gobierno de Xi, quien quería destacarse por la eficacia de su política y por la lucha contra la corrupción. Traducen, además, el elevado costo de una industrialización rápida en un sistema político aislado; sobre todo porque, en buena medida, la economía china alcanzó el segundo puesto mundial gracias a su industria química, que por sí sola representa el 13,8% del producto interno bruto (PIB). La empresa estatal Sinopec, número uno en China, es, según Forbes, el tercer grupo mundial del sector. En mayo de 2017, la explosión de un tanque de benceno en su planta de Shanghai mató a seis trabajadores. En la apertura del Congreso del Partido Comunista Chino (PCC), el 18 de octubre de 2017, Xi Jinping reconoció que el país “se encuentra frente a una gran contradicción entre un desarrollo desequilibrado e inadecuado y el deseo urgente de los chinos a una vida mejor”. El Presidente –él mismo ingeniero químico graduado en la prestigiosa Universidad Tsinghua de Pekín– parece haber aprendido la lección tras la violenta manifestación popular en Dalian, a mediados de agosto de 2011. Luego del paso del tifón Muifa, miles de habitantes reclamaron el traslado de una planta que se vio amenazada por las olas en el barrio de Fujia, el cual tuvo que ser evacuado debido a un riesgo de contaminación por paraxileno, un líquido inflamable. Las autoridades ordenaron su cierre inmediato. Sin embargo, el temor a una catástrofe sigue presente en el espíritu de los chinos. Desde 2008, la comunidad académica y científica no ha dejado de alertar sobre el peligro que corren las viviendas, escuelas, estaciones y demás espacios públicos situados cerca de empresas químicas. Calcularon que, en el perímetro de Binhai, el “umbral de accidente”, es decir, el nivel de almacenamiento de productos peligrosos, se alcanzaría en 2015 y provocaría explosiones en cadena (5). Un informe de Greenpeace estableció que en China, tan solo durante el período comprendido entre enero y agosto de 2016, se produjo aproximadamente un accidente químico por día, con un total de 199 muertos y 400 heridos (6). Según el gobierno, el número de muertos en el trabajo, de todos los sectores, pa-

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só de 140.000 en 2002 a 34.000 en 2018. Sin embargo, Sun Huashan, viceministro encargado de la gestión de emergencias, precisó que si bien “en la industria del carbón la situación mejoró, en el sector químico los accidentes graves han tendido a aumentar”. Entre enero y agosto de 2019, “tres accidentes significativos dejaron 103 muertos” –sin contar todos los demás, menos espectaculares– (7). Además, estas víctimas son, en su mayoría, trabajadores pobres de zonas rurales. La situación es tan grave que las empresas que no registran explosiones y accidentes celebran pública y fastuosamente este hecho. En agosto de 2016, por ejemplo, el fabricante de productos cosméticos de Shanghai, Jahwa Project, festejó su “millón de horas hombre sin lesiones y, por ende, sin tiempo perdido” [Lost Time Injury, LTI]. Al igual que la unidad de JTC en Yancheng, los galpones de la empresa Rui Hai International Logistics en Tianjin se encontraban muy cerca de zonas residenciales. Además, la noche del desastre, el 12 de agosto de 2015, la planta tenía 3.000 toneladas de productos peligrosos, más de la cantidad permitida, y, en particular, 1.300 toneladas de nitrato de amonio, es decir, unas 500 veces más de la cantidad de este fertilizante que se utilizó en 1995 en el atentado de Oklahoma City, en Estados Unidos (que dejó 168 muertos y 600 heridos). Un año antes, una inspección de rutina había revelado que la planta albergaba 4.261 toneladas de productos químicos peligrosos. A raíz de este desastre, las autoridades iniciaron una investigación, ya que sospechaban que existían irregularidades en los permisos y en la administración de la empresa. Doce empleados y miembros del personal administrativo fueron detenidos. Entre ellos se encontraba el dueño de Rui Hai (fundada en noviembre de 2012), Yu Xuewei, ejecutivo del conglomerado estatal Sinochem, quien, sin embargo, había mantenido en secreto esta adquisición, al igual que su socio, Dong Shexuan. El padre de Shexuan era el jefe de policía del puerto y quien les habría facilitado la obtención de los permisos contra incendios y riesgos medioambientales. Asimismo, once funcionarios fueron detenidos y acusados de corrupción, entre ellos Yang Dongliang, quien, antes de ser director de la Administración del Estado para la Seguridad Laboral, fue vicegobernador de Tianjin. Su expulsión del PCC puso al descubierto la colusión del sector empresarial con funcionarios corruptos. Algunos meses después, en septiembre de 2016, también fue detenido por corrupción Huang Xingguo, gobernador de Tianjin y secretario interino del PCC de la ciudad. Consagrando “las aguas claras y las verdes montañas” como objetivo político nacional, el XIII Plan Quinquenal de Protección del Medioambiente (20162020) marcó una clara evolución de las autoridades sobre esta cuestión. En 2018, este plan dio lugar a la prohibición de la importación de residuos plásticos procedentes de países occidentales. El gobierno estableció además que se debe pedir autorización para instalar fábricas e incitó a la relocalización de plantas de producción química en parques industriales públicos. Así fue como nació el inmenso Parque Químico Industrial de Shanghai (SCPI) –el primero de este tipo en Asia–, especializado en productos químicos finos y petroquímicos de calidad mundial. Según Greenpeace, en 2017, “el 85% del agua de los ríos de Shanghai” no era “apta para contacto humano ni para utilizarse con fines industriales y alrededor del 60% no era en absoluto apta para uso humano”. El

informe también señalaba que el 92% de la población china respiraba más de ciento veinte horas por año un aire perjudicial para la salud, según las normas de la Organización Mundial de la Salud, y que la contaminación atmosférica causaba la muerte prematura “de 1,6 millones de chinos por año, es decir, del 17% de todas las muertes registradas en el país” (8). Desde agosto de 2017, la directriz del Consejo de Estado llamada “circular 77”

Un informe de Greenpeace estableció que en China, entre enero y agosto de 2016, se produjo cerca de un accidente químico por día. exige la relocalización de las fábricas –tanto nacionales como extranjeras– que producen aquellas sustancias listadas en el “catálogo de productos químicos peligrosos”. Las empresas tienen hasta fines de 2020 para mudarse a los parques gubernamentales; sin embargo, las que tratan con productos menos peligrosos tienen tiempo hasta 2025. El Consejo de Estado les pidió a las autoridades provinciales y municipales ayuda financiera y además les confió la tarea de realojar a los trabajadores y de brindar formación profesional a aquellos que no puedan trabajar en los nuevos emplazamientos (9). Hasta el momento, no se ha realizado ningún balance. El impacto de la normativa La nueva normativa tiene poco impacto en las grandes plantas de petroquímica, producción de polímeros o intermedios, que ya cuentan con sistemas de control de emisiones y tratamiento de efluentes (desechos). Pero, por el contrario, representa una carga considerable para la miríada de pequeñas plantas de fabricación de pesticidas, colorantes, surfactantes, aditivos alimentarios, etc. que se utilizan para la agricultura y el consumo local. Miles de estas pequeñas plantas del sector privado tuvieron que cerrar. Pero esto no trajo grandes consecuencias para la producción nacional. En la provincia de Shandong, por ejemplo, el cierre del 25% de estas plantas solo ha ocasionado una caída del 5% de la producción. Los consultores de la firma McKinsey & Company Chemicals prevén que, durante los próximos tres a cinco años (10), las autoridades cumplirán con firmeza la nueva normativa en las llamadas zonas de “cambio radical”, es decir, en los parques industriales que suministran la mitad de los productos químicos del país. En 2017 y 2018, la producción de pesticidas, glutamato monosódico y colorantes registró un descenso del 30 al 40% que se vio reflejado en un aumento de precios. Otra consecuencia de esta normativa es que existe la posibilidad de una reestructuración de la industria química para las empresas que puedan absorber los elevados costos operativos de las nuevas medidas medioambientales. Las empresas privadas o estatales, en asociación con las multinacionales extranjeras, ven abrirse ante ellas una puerta para invertir en la fabricación –actualmente insuficiente– de intermediarios de síntesis. También podrán acceder a los nuevos métodos tec-

nológicos que prometen la exuberante investigación científica china (11) y el plan estratégico “Made in China 2025”, que apunta a desarrollar industrias de vanguardia, como las baterías de flujo redox de vanadio, las pilas de combustible de hidrógeno y los condensadores de doble capa. El traslado de fábricas se acompaña del traslado, difícil y devastador, de la mano de obra. En el prefacio de una antología de poemas del trabajador Guo Jinniu, el poeta Yang Lian describe la enorme migración obrera del “proletariado nómada” de China: “Un mundo de mudos; pueblos abandonados por multitudes inmensas de jóvenes que les dan la espalda a sus viviendas, sus hogares, por ciudades desorientadas, estériles como desiertos, por el abyecto entorno laboral en las clases más bajas de la sociedad y también por un estado de ánimo mucho más desolado y miserable que el mundo que los rodea” (12). g 1. Algunos de los accidentes que salieron a la luz

en la prensa fueron: el 31 de marzo, 7 muertos en Kunshan (provincia de Jiangsu); el 19 de julio, 15 muertos en Yima (Henan); el 15 de octubre, 4 muertos en una pequeña ciudad de Guangxi; el 3 de diciembre, 9 muertos en Longzhou (Guangxi) y 4 muertos en Niulanshan (Pekín).

2. La catástrofe de Seveso, que provocó un escape

de dioxina, tuvo lugar el 10 de julio de 1976 en la planta Icmesa (una filial de Givaudan). 3. Andrew Jacobs, Javier C. Hernández y Chris Buckley, “Behind deadly Tianjin blast, shortcuts and lax rules”, The New York Times, 30-8-15. 4. John Woodside, Si Chen, Xu Wenjuan y Liu Huilan, “Too fast, too soon: how China’s growth led to the Tianjin disaster”, The Guardian, Londres, 23-5-17. 5. Andrew Jacobs, Javier C. Hernández y Chris Buckley, op. cit. 6. Jean-François Tremblay, “Chemical blast kills dozen in China”, Chemical and Engineering News, Vol. 97, N° 13, Washington DC, 1-4-19. 7. Hou Liqiang, “Casualties from natural disasters, workplace accidents fall sharply”, China Daily, Pekín, 19-9-19. 8. “Nearly half of Chinese provinces miss water targets, 85% of Shanghai’s river water not fit for human contact”, Greenpeace East Asia, Kowloon, 1-6-17 9. Jean-François Tremblay, “Relocating chemical plants in China”, Chemical and Engineering News, Vol. 95, N° 38, 25-9-17. 10. De próxima publicación. 11. “Can China become a scientific superpower?”, The Economist, Londres, 12-1-19. 12. Alain Badiou, Méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage, Fayard, París, 2019.

*Químico y miembro de la Academia Tunecina de Ciencias, Artes y Letras Beit al-Hikma (Cartago). Traducción: Andrea Romero

la dueña del futuro

El despegue chino por Ignacio Ramonet*

C

oloso demográfico con sus 1.300 millones de habitantes, China inició su gran reforma económica solamente después de la muerte de Mao Zedong en 1976, y sobre todo a partir de 1978, cuando asumió el poder Deng Xiaoping. Fundado en la abundancia de una mano de obra mal pagada, en la masiva recepción de fábricas de ensamblaje, en la exportación de productos baratos y la afluencia de inversiones extranjeras, su modelo de desarrollo fue considerado durante mucho tiempo “bastante primitivo”, característico de un país atrasado y gobernado con mano de hierro por un partido único, dado que hasta el necesario control de su demografía se realiza de manera autoritaria. Sin embargo, China, siempre comunista, no sólo dejó de dar miedo, sino que en la euforia de la globalización incipiente fue presentada por cientos de empresas, que deslocalizaban allí sus fábricas tras haber despedido a millones de asalariados, como una verdadera ganga para inversores alertas. En poco tiempo, gracias a la red de “zonas económicas especiales” instaladas a lo largo de su frente marítimo, se convertiría en una potencia exportadora fenomenal, encabezando a los exportadores mundiales de productos textiles y de indumentaria, de calzado, productos electrónicos y juguetes. Sus productos invadían el mundo. Especialmente el mercado de Estados Unidos, respecto del cual presentaba un desequilibrio gigantesco: en 2003 el déficit comercial estadounidense ante Pekín alcanzó los 130.000 millones de dólares (1). La furia exportadora desataría un despegue espectacular del crecimiento, que desde hace dos décadas supera el 9% anual (2). Este “comunismo democráti-

co de mercado” significó para millones de hogares chinos un incremento del poder adquisitivo y del nivel de vida (3). Y favoreció el ascenso de un auténtico capitalismo chino. Siguiendo el mismo impulso, el Estado se lanzó a modernizar el país a marchas forzadas, multiplicando la construcción de infraestructuras: puertos, aeropuertos, autopistas, vías ferroviarias, puentes, embalses, rascacielos, estadios para los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, instalaciones para la Exposición Universal de Shanghai en 2010, etc. Esta masa demencial de obras y la nueva fiebre consumista de los chinos agregaron a la economía una nueva dimensión: en muy poco tiempo China, que infundía miedo como potencia exportadora invasora, se ha convertido en un ogro importador cuya insaciable voracidad inquieta seriamente. Admitida en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, China es una de las economías más grandes del mundo. Mueve el crecimiento planetario y toda convulsión en ella tiene un impacto inmediato sobre el conjunto de la economía mundial. Pero si China sigue con este ritmo, a partir de 2041 va a superar a Estados Unidos para convertirse en la primera potencia económica del mundo. Lo cual tendrá consecuencias geopolíticas fundamentales. g 1. Véase “Quand la Chine éternuera...”, Cyclope. Les marchés mondiaux 2004, bajo la dirección de Philippe Chalmin, Economica, París, 2004. 2. 9,7% en el primer semestre de 2004. 3. El PIB por habitante alcanzó 4.690 dólares en 2003. *Periodista. Ex director de Le Monde diplomatique. Véase la nota completa en Explorador-China, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2013. Traducción: Marta Vassallo

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El conflicto que opone a China –mayor exportador mundial– con Estados Unidos –mayor importador– permitió el aumento exponencial de las ventas al exterior de Taiwán, convirtiéndolo en un eslabón clave de la economía globalizada.

Detrás de la guerra comercial chino-estadounidense

Taiwán, en el corazón del mercado mundial por Alice Hérait*

¿

Cuál es la solución para las empresas estadounidenses que manufacturan sus productos en China? ¡Taiwán! En plena guerra comercial entre Pekín y Washington, en junio de 2019, Terry Gou, CEO de la sociedad taiwanesa Foxconn, recomendaba esa elección . Como numerosas multinacionales implantadas en el territorio chino, Foxconn, primer proveedor de componentes para la estadounidense Apple, está tentada de retirar algunas de sus fábricas del continente. El hombre más rico de la isla, que había encarado la posibilidad de presentarse en la elección presidencial antes de retirarse repentinamente de la carrera en octubre de 2019, prometía entonces repatriar sus fábricas y atraer a los inversores extranjeros. Una manera de mostrar que Taiwán, en el corazón de la cadena logística mundial, podía sacar partido de la confrontación que desde enero de 2018 opone al presidente estadounidense Donald Trump y a su par chino Xi Jinping. Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (1), publicado en noviembre, ubicó en una dinámica más amplia la estrategia de deslocalización de Gou: la guerra comercial chino-estadounidense perjudicaría la economía de ambos países, pero beneficiaría a terceros: el gran ganador sería Taiwán. El texto, que no dejó de encontrar repercusión en la prensa, explica que, en virtud de las alzas de las tarifas aduaneras impuestas por Washington, las ventas de China hacia Estados Unidos disminuyeron en 35.000 millones de dólares, para alcanzar los 95.000 millones de dólares en el primer semestre de 2019, mientras que las de Taiwán aumentaron 4.200 millones de dólares (+ 20%). Por otra parte, los medios anuncian el retorno tan esperado de los taishang, esos empresarios taiwaneses que, como Gou, invierten en el extranjero, y sobre todo en China. En los años 2000 dirigieron casi la totalidad de las cadenas de producción de las industrias locales, con excepción de los semiconductores, al otro lado del estrecho. “El modelo clásico es el de una empresa taiwanesa que recibe pedidos de Estados Unidos, reconoce a Taiwán y basa sus actividades en China. El 80% de nuestras exportaciones son productos intermedios, y el 40% están destinados a China continental”, comenta Roy Lee, economista de la Institución Chung-Hua para la investigación económica (CIER), en Taipei, que elabora estudios destinados al gobierno. Las previsiones oficiales sobre la economía son optimistas, y el Banco Central prevé un crecimiento del 2,6% para este año, mientras estimaba un 2,4% para septiembre de 2019. Según la agencia InvestTaiwan (2), que depende del Ministerio de Econo-

mía, trescientas empresas de la isla prometieron invertir en total 842.400 millones de dólares taiwaneses (25.000 millones de euros), que crearían no menos de 69.374 empleos, mediante un programa de estímulo al retorno lanzado a comienzos de 2018. El año pasado, las inversiones hacia China disminuyeron un 54%. “Hace diez años que el gobierno intenta incitar a esta comunidad a invertir en el país. Pero los taishang prefieren seguir al mercado más que a sus consejos. Con la guerra comercial, ¡vuelven sin que los llamen!”, se entusiasma Roy Lee, antes de matizar: “El mercado chino sigue desarrollándose, a pesar de un retroceso, y siempre representa un enorme potencial. Los inversores no abandonan todavía el continente: lo que hacen es reevaluar la línea de montaje para los productos destinados a Estados Unidos. Los taishang no vuelven; ellos invierten solo en Taiwán lo que antes habrían invertido en China”. En efecto, el informe de la UNCTAD observa una transferencia selectiva de las actividades, más que un real retorno de las inversiones. “Nuestra sede está en Taiwán, pero toda la cadena de producción operaba en China –dice Chen, ex empleado de VesCir, una startup de biotecnología–. Cuando Trump impuso sus tarifas aduaneras, la dirección simplemente decidió transferir la parte ‘ensamblaje’ a otra fábrica de aquí, con el objeto de aprovechar la estampilla ‘Made in Taiwán’”. Entre política y economía Justo antes de las elecciones (presidencial y legislativas), organizadas el 11 de enero, las perspectivas económicas reavivaron la cuestión de la dependencia con China. Cuatro años antes, en 2016, la elección de la Sra. Tsai Ing-wen, independentista, había provocado la ira de Xi. El dirigente chino no dejó de repetir que la isla representaba una parte inalterable del territorio de su país, como está escrito en la Constitución. La Presidenta alentó a las empresas a invertir en los países del Sudeste Asiático (lo que se llamó la “nueva política en dirección al Sur”, New Southbound Policy) y a volverse hacia tecnologías de punta gracias a su plan para la innovación tecnológica llamado “5+2”, es decir, cinco sectores (biotecnologías, energías verdes, objetos conectados, máquinas inteligentes e industria de la defensa) a los que ella agregó la economía circular (“verde”) y la agricultura. Se trataba de estimular la innovación, de inflar la competitividad de la industria y de aumentar la rentabilidad de las sociedades, cosa que, según el discurso oficial, debía permitir elevar los salarios, crear empleos y aportar un desarrollo más equilibrado a todas las regiones, con el objetivo de redu-

cir la dependencia frente a las cadenas de producción basadas en China continental. Se registraron tímidos resultados, antes de que la guerra comercial les haga adoptar una nueva dirección. A partir de entonces, el alejamiento de Pekín podía volverse provechoso. Algunos taishang, generalmente actores del acercamiento entre los dos lados del estrecho y electores fieles del Kuomintang (KMT), el partido nacionalista, se dejaron seducir por el Partido Demócrata Progresista (PDP) de la Presidenta, entonces en competencia para un segundo mandato. “Nosotros acompañamos la transición industrial provocada por la guerra comercial”, se felicita Liao Taixiang, portavoz del PDP. Él menciona la baja de las inversiones en China y el aumento del flujo de capitales hacia los países de la New Southbound Policy a comienzos de enero. Así, Taiwán se convirtió en el quinto mayor inversor extranjero en Vietnam. En un país donde la política está en gran medida basada en la relación con el gigante vecino, el tablero electoral clásico se encuentra revolucionado. La guerra comercial, así como la impugnación a Hong Kong, redujeron las posibilidades del principal opositor de la Sra. Tsai, Han Kuo-yu (KMT). Después de la derrota aplastante de su partido en las elecciones municipales de noviembre de 2018, la Presidenta remontó la pendiente. Fue reelecta para un segundo mandato con un resultado todavía más elevado que en 2016: 8,2 millones de votos (57,1% de los votos emitidos) contra 6,9 millones hace cuatro años. No obstante, la mayoría de los taishang se encuentran atados a los lazos con Pekín. “Todas las grandes empresas taiwanesas tienen la mayoría de sus fábricas en China. Si Taiwán mantiene relaciones inestables con ella, nadie vendrá a invertir en nosotros. Y en esta etapa, para una empresa taiwanesa siempre es más provechoso invertir en el continente que en Vietnam”, recalca Lee Suen-cheng, investigador en la National Policy Foundation (NPF), un órgano que ofrece consejos jurídicos y financieros a los dirigentes del KMT. Lo que él teme particularmente es el fin del acuerdo marco de cooperación económica (ECFA). Ratificado por el Parlamento taiwanés en 2010, este texto suprimió los derechos de aduana a la mayoría de las mercancías que circulan entre las dos orillas del estrecho y desarrolló el comercio. Finaliza en junio de 2020, y su extinción lisa y llana podría golpear de lleno al sector de la petroquímica y de la mecánica. La Presidenta asegura que desea su renovación, pero la decisión también depende de Xi. Según el diario japonés Nikkei Asian Review, el dirigente chino podría verse tenta-

do de no renovar el ECFA, a riesgo de perder a los inversores. Incluso si, según Roy Lee, “cuando Taiwán desarrolla políticas hostiles, el gobierno chino contraataca promulgando medidas estimulantes para los taiwaneses en el continente”. En general, esas medidas significan principalmente una voluntad de seducirlos y de favorecer su identificación con China . Anunciadas por Pekín el 4 de noviembre de 2019, los 26 nuevos estímulos (3) permiten sobre todo que las empresas taiwanesas participen en el plan “Made in China 2025”, que apunta a desarrollar ciertas industrias clave, sobre todo en el campo de las altas tecnologías, y a reducir así la dependencia de los proveedores internacionales. Este programa es percibido como una amenaza por Trump, que se lanzó a una guerra tecnológica contra el gigante de las telecomunicaciones Huawei, visto como un competidor de los mastodontes estadounidenses. A su juicio, la nueva tecnología 5G de la empresa china podría servir para captar datos ilegalmente, en particular los del Ejército. El Presidente estadounidense impuso la suspensión de las exportaciones de componentes de los que Huawei depende en gran medida para la fabricación de sus smartphones. La sociedad china decidió entonces “desamericanizar” su cadena de producción. Pero Taiwán fabrica el 70% de un material del que China difícilmente podría abstenerse: los semiconductores, esenciales para la elaboración de productos electrónicos. A fines de 2019 Huawei se alzó al rango de primer cliente de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), líder mundial de semiconductores de punta, por delante de la estadounidense Apple. Desde junio, esta sociedad, la mayoría de cuyas fábricas permanecieron en Taiwán, exhibe un crecimiento positivo: “TSMC está en una situación de casi monopolio. La empresa está en una posición de fuerza, porque China la necesita –comenta Mathieu Duchâtel, director del programa Asia en el Institut Montaigne en París, que llevó a cabo una investigación acerca de la oferta 5G de China frente a las sanciones estadounidenses–. Con la llegada de la 5G, el mundo tendrá cada vez más necesidad de material de alta gama. En un futuro previsible, el avance de TSMC va a perdurar; esto le da una palanca poderosa a Taipei”. El programa “Made in China 2025” corre el riesgo de convertirse en una bomba de tiempo para esta industria. China ya atrajo a tres mil ingenieros taiwaneses especializados en semiconductores, o sea, el 10% de aquellos que corresponden a ese campo de investigación en Taiwán. “Esta fuga de cerebros es un riesgo desde hace algunos años. Globalmente, la guerra comercial no hizo más que acelerar tendencias que ya existían –explica Roy Lee–. Los chinos no están dispuestos a depender indefinidamente de las tecnologías taiwanesas. Para ellos es una cuestión de seguridad nacional: el país ya no quiere depender de terceros Estados en tecnologías que son esenciales para su supervivencia. ¿Qué ocurriría si de golpe la isla dejara de suministrarlas? [Pekín] Cree que Taipei, en un momento u otro, se inclinará por Estados Unidos.” g 1. Alessandro Nicita, “Trade and trade diversion effects of United States tarrifs on China”, UNCTAD, Ginebra, 15-11-19. 2.“Trois projets d’investissement à Taïwan génèrent plus de 840 milliards d’investissements dans plus de trois cents entreprises” (en chino), InvesTaiwan, Taipei, 27-12-19. 3. Samson Ellis, “China dangles carrot to Taiwanese in battle for hearts and minds”, Bloomberg Businessweek, 4-11-19.

*Periodista, Taiwán.

Traducción: Víctor Goldstein

Dossier

Mural antiestadounidense en la pared de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, 7-1-20 (Nazanin Tabatabaee/WANA/Reuteurs)

Irán, en el centro de la tormenta Medio Oriente asiste al recrudecimiento de viejas tensiones después de que Estados Unidos asesinara al general iraní Qassem Soleimani. Un enfrentamiento que amenaza con estallar por las manifestaciones en Irán, el avance de su programa nuclear, el calendario electoral estadounidense o la injerencia de otras potencias como Rusia, siempre al acecho de todo error geopolítico de Washington.

La danza del sable por Gilbert Achcar 22 | Clivaje estratégico en Washington p o r  M i c h a e l  T.  K la r e  24  |   L a   av a n z a d a   r u s a   e n   I r á n   p o r  P a u l o  B o t t a  26

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Influencias e injerencias de la República Islámica RUSIA

M AR N EGRO

BULGARIA

KAZAJISTÁN

KAZAJISTÁN Bishkek

GEORGIA UZBEKISTÁN

Tiflis Estambul

ARMENIA

Bakú

Samarcanda

Tabriz

Dossier Irán, en el centro de la tormenta

GRECIA

LÍBANO

M AR M EDITERRÁNEO

Beirut

Hezbollah ISRAEL

Tel Aviv

Jerusalén

Régimen político

EGIPTO

Bagdad

Lahore

Kandahar Basora

Quetta

Khorramshahr Shiraz

KUWAIT Kuwait

PAKISTÁN

G OLFO Minorías chiitas A RABOde los países del Golfo P ÉRSICO

Minoría chiita

Bandar Abbas

BAHREIN Manama

Territorio iraní Actual Extensión del Imperio Safávida a comienzos del XVI El archipiélago de los aliados de Irán Minoría Población asimilada al chiismo chiita Otro grupo (étnico o lingüístico)

Sospechas de apoyo militar a un aliado local

Islamabad

AFGANISTÁN

Amán

JORDANIA PALESTINA

Estado en guerra

Intervención militar en apoyo a un aliado estratégico

Hazaras

IRÁN Isfahán

República

Aliado histórico

Tayikos Kabul

Herat

IRAK

Monarquía

CHINA

Mazar-e-Sarif

Kurdos

Damasco

TAYIKISTÁN Tayikos

Mashhad

Teherán

Suleimaniye

SIRIA

Dushambé

Asjabad

Mosul

Alauitas CHIPRE

TURKMENISTÁN

M AR C ASPIO

TURQUÍA

Ceyhan

KIRGUIZISTÁN

AZERBAIYÁN

Erevan

Ankara

Taschkent

Lazo débil

QATAR

Medina

Doha

Riad

ARABIA SAUDITA

INDIA

Dubai

Abu Dhabi

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Mascate

Karachi

La Meca

ARMENIA

TURQUÍA

M AR R OJO

Socio pragmático Aliado sólido pero marginal

Fuentes: www.irancarto.cnrs.fr; Jean Sellier y André Sellier, Atlas des peuples d’Orient, La Découverte, 2004; Georges Duby, Grand Atlas historique, Larousse, 2011.

OMÁN

Saná

Adén 0

SIRIA

G OLFO A DÉN

DE

500

Socotra (Yemen)

1.000 km

20.000 10.000 5.000 1.000

Gastos militares anuales por habitante (promedio 2012-2016) en dólares corrientes 6 a 100

AFGANISTÁN

IRAK

Gastos JORDANIA militares totales (promedio anual 2012-2016) en millones de dólares

YEMEN

Hutíes (zaidianos)

LÍBANO ISRAEL

UZBEKISTÁN AZERBAIYÁN TURKMENISTÁN TAYIKISTÁN

100 a 400

IRÁN

KUWAIT BAHREIN ARABIA SAUDITA 72.550

QATAR

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS OMÁN

1.000 a 1.850

500 km

Fuente: Sipri, 2017.

YEMEN 1.850 a 2.700

Falta de datos

Cécile Marin

El asesinato por parte de Estados Unidos del general iraní Qassem Soleimani y el lanzamiento de misiles de Irán a dos bases estadounidenses en Irak son solo la punta del iceberg de un largo enfrentamiento entre ambos países en territorio iraquí del que, sin embargo, tanto Washington como Teherán sacan provecho.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán en Irak

La danza del sable por Gilbert Achcar*

T

anto en su versión moderna, con el sable láser, como en su versión arcaica, practicada con la cimitarra en los países árabes del Golfo, el combate coreografiado tiene de paradójico que se trata de un enfrentamiento entre supuestos enemigos que requiere un buen entendimiento entre sus protagonistas. Un sector importante de la opinión pública árabe estima que las relaciones conflictivas entre Estados Unidos e Irán en Irak son producto de esa misma paradoja. Para algunos, enfermos de “conspiratitis”, se trata de un acuerdo secreto entre ambas partes; para otros, más realistas, de un enfrentamiento del que cada uno saca provecho y que ambos tienen, pues, interés en perpetuar. Washington puede así asegurarse la fidelidad de sus protectorados regionales, y seguir vendiéndoles armamento por miles de millones de dólares. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ocuparon respectivamente el segundo y el cuarto puesto mundial en materia de importaciones de este tipo entre 2013 y 2017, y fueron el primer y el tercer importadores de armas estadounidenses en 2018; ese mismo año, Riad se mantuvo en el tercer puesto mundial en gastos militares, después de

Estados Unidos y China, según el Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Para Teherán, la perpetuación de las tensiones permite consolidar el dominio del ala ideológica dura del régimen, cuya columna vertebral está constituida por el complejo militar-económico del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, los “pasdarán” (“guardianes”). Colaboración velada Es preciso reconocer que las sospechas árabes no son infundadas. La historia de las relaciones entre Estados Unidos –en particular bajo las administraciones republicanas– y la República Islámica desde su nacimiento, hace cuarenta años, da motivos para generar preocupación. El inicio de la presidencia de Ronald Reagan, el 20 de enero de 1981, había sido celebrado en Teherán con el fin de la toma de rehenes en la embajada estadounidense. El periodista Seymour Hersh reveló diez años más tarde que el equipo de Reagan había negociado en 1980 envíos de armas a Teherán, que tuvieron lugar poco después de su asunción gracias a la complicidad de Israel (1). Esto era sólo un anticipo de los envíos de los años 1985-1986, un escándalo que estallaría abiertamente con el llamado Irangate: la administración Rea-

gan había entregado armas a Irán a través de Israel y transferido ilegalmente el producto de la venta a la guerrilla contrarrevolucionaria de Nicaragua. Para Estados Unidos e Israel, la lógica evidente era prolongar la guerra entre Irán e Irak, en la que Bagdad había tomado la iniciativa en 1980. Hasta su derrota total por parte de Washington, en 1991, Irak era para Tel Aviv su principal enemigo. En 1981, la aviación israelí, aprovechando que Irak había entrado en guerra, destruyó el reactor nuclear que Francia construía para Saddam Hussein. Cuando los vientos cambiaron, en 1982, e Irak se vio en aprietos, Washington apreció que París apoyara al régimen de Hussein, llegando a prestarle aviones caza de la flota aérea de la Marina francesa. Al recuperarse Irán, los envíos de armas de 1985-1986 contribuyeron a restablecer el equilibrio en lo que terminaría, en 1988, en un empate entre dos países exangües. Desde luego, la administración de George H. W. Bush había procurado no derrocar al régimen de Hussein en 1991 por temor a que Irán llenara el vacío político que ello crearía. La estrategia de estrangulamiento de ambos países continuaría bajo la forma de la “doble contención” de los años 1990, a través de embargos y sancio-

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nes. Este equilibrismo, sin embargo, finalizaría bajo la presidencia de George W. Bush. Al invadir Irak en 2003, la administración Bush II hizo que el lobo entrara en el corral lo más directamente posible: permitió a los miembros exiliados de los dos principales partidos confesionales chiitas iraquíes subordinados a Irán, el Partido Islámico Dawa (“Propagación de la Religión”) y el Consejo Supremo Islámico Iraquí (ISCI), regresar a Irak. Fue el comienzo de una extensa colaboración semidirecta entre Washington y Teherán en suelo iraquí. Los dos partidos chiitas proiraníes fueron puestos al mando del país por la ocupación estadounidense. Ambos tuvieron representación en el Consejo de Gobierno creado por ésta en 2003 y formarían parte luego de todos los gobiernos interinos, hasta el gobierno “permanente” creado en 2006. Desde 2005, los gobiernos iraquíes fueron todos presididos por un miembro de alguna de las dos agrupaciones: a Ibrahim Al Jaafari (20052006), Nuri Al Maliki (2006-2014) y Haidar Al Abadi (2014-2018), miembros los tres del partido Dawa, les siguió en octubre de 2018 Adel Abdul Mahdi, ex miembro del ISCI, que había participado en todas las instancias gubernamentales creadas por la ocupación desde 2003. El cambio de estrategia de las autoridades de la ocupación después de 2006, que consistió en apoyarse en las tribus árabes sunnitas en el combate contra el Estado Islámico de Irak, precursor directo del Estado Islámico (EI o Daesh), no permitió contrarrestar el dominio de los partidos subordinados a Teherán, más aun cuando éste estaba legitimado por el sistema político y electoral confesional que las mismas autoridades de la ocupación habían establecido inspirándose en el modelo libanés. Los árabes sunnitas iraquíes habían constituido, junto con los ex miembros del Partido Baas y las fuerzas especiales de Saddam Hussein, el semillero donde los grupos que libraban el combate contra la ocupación estadounidense reclutaban a sus miembros; pero llegaron a temer la partida de las tropas de Washington, percibidas como un contrapeso irreemplazable al dominio de los partidos chiitas ligados a Irán. El principal líder de este control sobre Irak de los auxiliares de Teherán fue el general Qassem Soleimani, jefe del cuerpo de intervención exterior de los pasdarán, la Fuerza Al Quds (“Jerusalén” en árabe y en farsi), asesinado por Estados Unidos el 3 de enero pasado en Bagdad. Solían describirlo como el procónsul de Irán en las provincias árabes de su imperio regional. Tras haberse limitado durante mucho tiempo al Hezbollah libanés (fundado oficialmente en 1985), las tropas auxiliares de Irán se desplegaron considerablemente en el Medio Oriente árabe en favor de la invasión a Irak, y luego del hundimiento de Siria en la guerra civil a partir de 2012 y de Yemen dos años más tarde. Teherán llegó a controlar por medio de auxiliares locales un eje geopolítico que se extendía de su frontera oeste al Mediterráneo e incluía los tres países de esa zona: Irak, Siria y el Líbano. La reputación de gran estratega de Soleimani es sin embargo considerablemente sobreestimada. No obtuvo victorias en ninguna de las guerras que supervisó. El control iraní sobre Irak se aseguró gracias a la amable asistencia de Washington. La intervención en Siria a partir de 2013, bajo el mando de Soleimani, de fuerzas confesionales chiitas provenientes del Líbano y de Irak, así como de otras reclutadas entre los refugiados afganos chiitas en Irán, sólo logró salvar temporalmente el poder de Bashar al Asad. Dos años más tarde, este régimen se encontraba nuevamente acorralado, y el propio Soleimani debió pedir ayuda a Moscú (2). Cuando el EI cruzó nuevamente la frontera sirio-iraquí, en el verano de 2014, logrando apoderarse de una parte considerable del territorio iraquí, la desbandada de las tropas del gobierno de Bagdad dominado por Irán estuvo a punto de convertirse en una debacle. Temiendo que los yihadistas llegaran a la capital, Bagdad, con el aval de Teherán, solicitó el regreso de las tropas estadounidenses. Estas últimas combatieron al EI en suelo iraquí en colaboración con las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) –una agrupación de fuerzas paramilitares de los partidos árabes chiitas destinada a convertirse en el equivalente iraquí de los pasdarán– y las fuerzas del Kurdistán iraquí, en paralelo a su colaboración con las fuerzas arabo-kurdas contra el mismo EI en Siria. Fue a través de la mano derecha iraquí de Soleimani, conocido bajo el seudónimo de Abu Mahdi al Muhandis, oficialmente número dos de las PMF, pero más importante que el número uno oficial, que Irán dirigía estas milicias. Al Muhandis fue asesinado junto con Soleimani el 3 de enero. Su itinerario resulta revela-

dor. Miembro del Partido Dawa, se había refugiado en Irán poco después del triunfo de la Revolución Islámica y había combatido en las filas iraníes contra su propio país durante la guerra desencadenada por Irak en 1980. Involucrado en la rama de las operaciones exteriores de los pasdarán, organizó los atentados contra las embajadas de Francia y Estados Unidos en Kuwait en 1983, cuando ambos países apoyaban a Irak (3). De regreso en Irak en 2003, fue designado asesor de seguridad del primer ministro Al Jaafari, y luego elegido en el Parlamento en 2005, creando y dirigiendo las Kataeb Hezbollah (“Brigadas del Partido de Dios”) con el apoyo de Teherán. Cuando sus decepciones se volvieron flagrantes, en 2006, las autoridades de la ocupación descubrieron (o recordaron oportunamente) que Al Muhandis había organizado los atentados de Kuwait. Debió escapar nuevamente a Irán, de donde no regresó oficialmente sino tras la partida de las tropas estadounidenses en 2011. La colaboración entre estadounidenses e iraníes en Irak a través de los iraquíes subordinados a Teherán siguió desarrollándose sin mayores incidentes bajo la presidencia de Trump. Éste nunca expresó el deseo de poner fin a la presencia de las tropas estadounidenses en Irak, y con razón. En efecto, adhiere de manera mucho más franca que sus predecesores al principio de sólo comprometer a las fuerzas de Estados Unidos allí donde se presente un interés evidente: no en Siria junto a las fuerzas kurdas, ni en Afganistán, sino ciertamente junto a las monarquías petroleras del Golfo, que cubren (ampliamente) el costo de la presencia estadounidense en su territorio, y asimismo en Irak. En efecto, tal como lo afirmó en reiteradas oportunidades durante su campaña presidencial de 2016, Trump considera que Estados Unidos debería apoderarse de los recursos petroleros de ese país para compensar el esfuerzo bélico que proveyó a lo largo de los años. Es esa misma lógica la que lo lleva a responder actualmente al gobierno iraquí que sus tropas sólo abandonarán el país si paga un alto precio. Sin embargo, es más bien Irak el que tendría derecho a exigir daños y perjuicios por la devastación causada por Washington, por no hablar de los miles de millones de dólares que se esfumaron bajo la ocupación (4). Una escalada mesurada Dos elementos explican el deterioro, estos últimos meses, de las relaciones entre Washington y Teherán en Irak. Primero, el aumento considerable de la presión económica ejercida sobre Irán por la administración Trump desde el repudio, en mayo de 2018, del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní. Teherán respondió a ello arremetiendo contra los aliados sauditas de Washington a través de los hutíes yemenitas; una intermediación real o supuesta, como durante el bombardeo a las instalaciones petroleras sauditas, el 14 de septiembre de 2019, mediante drones y misiles de crucero (5). La débil reacción de Trump había entonces alarmado a Riad. El segundo elemento es una amenaza más directa. Según una investigación de la agencia Reuters realizada con comandantes de las PMF y responsables de seguridad iraquíes, Soleimani había reunido en Bagdad, a mediados de octubre, a los jefes de las milicias aliadas a Irán en presencia de su mano derecha iraquí, Al Muhandis (6). Fue en el contexto del levantamiento que había comenzado el 1° de octubre entre los chiitas iraquíes contra el dominio iraní y sus aliados corruptos en el Parlamento y el gobierno (7). Este levantamiento tuvo ciertamente un gran impacto para Teherán, y para Soleimani en particular, poniendo en tela de juicio el control iraní sobre Irak a través de las lealtades confesionales. El objetivo de la reunión de mediados de octubre habría sido ponerse de acuerdo sobre una serie de operaciones no reivindicadas contra la presencia estadounidense en Irak, para las cuales Teherán ya había provisto los medios militares apropiados. “El plan de Soleimani [...] apuntaba a provocar una respuesta militar con el objetivo de desviar contra Estados Unidos la creciente cólera” (8). La explosión de la protesta popular contra el régimen teocrático en Irán mismo, a partir de mediados de noviembre, no volvió sino más apremiante, para Teherán, la necesidad de desviar la atención. El recrudecimiento de los ataques perpetrados en diciembre por las fuerzas proiraníes en Irak contra la presencia estadounidense alcanzó un pico el 27, cuando una treintena de misiles cayeron sobre una base iraquí cerca de Kirkuk, asesinando a dos contratistas estadounidenses e hiriendo a otros tres, así como a dos ira-

quíes. Dos días más tarde, Washington respondía duramente bombardeando una base de Kataeb Hezbollah, asesinando a más de veinticinco milicianos e hiriendo a varias decenas. El engranaje se había puesto en marcha. El ataque del 31 de diciembre perpetrado por Kataeb Hezbollah contra la Embajada de Estados Unidos en el perímetro conocido como “zona verde” en Bagdad, protegido sin embargo por las tropas oficiales iraquíes, hizo estallar de furia a Trump. El recuerdo redivivo de la toma de la embajada en Teherán en 1979-1981 y, más aun, el del ataque contra los edificios diplomáticos estadounidenses en Bengasi, Libia, en septiembre de 2012, que causó la muerte del embajador y otros funcionarios estadounidenses, y cuya responsabilidad fue atribuida –especialmente por el propio Trump– al presidente Barack Obama y a su secretaria de Estado Hillary Clinton, terminó de inflamar al irascible Trump. Y decidió golpear directamente la cabeza ordenando la eliminación de Soleimani y Al Muhandis. El régimen iraní respondió a este asesinato de manera muy mesurada con un lanzamiento de misiles balísticos a la base Al Assad y otras instalaciones, sin causar víctimas. Se supo rápidamente que las tropas estadounidenses habían sido advertidas del inminente ataque (9). Lo que es menos sabido es la fuente de la advertencia. En cualquier caso, Teherán no podía ignorar que el uso de misiles balísticos, en vez de misiles de crucero o drones, podía facilitar la preparación de las tropas de Washington. Así, la operación resultó para ambas partes una forma de salvar las apariencias evitando que continuara la escalada bélica, al menos hasta nueva orden. Desde luego, Irán perdió en la persona de Soleimani a un jefe militar de gran prestigio y con valiosa experiencia. Pero sus funerales, organizados a una escala mayor que los del ayatollah Ruhollah Jomeini en 1989, fueron la ocasión de una enorme campaña de exaltación del nacionalismo iraní. Los jefes de la oposición interna al régimen, e incluso partidarios de la monarquía depuesta en 1979, se sumaron a esta unión sagrada. El descontrol generado en Teherán con respecto al avión civil ucraniano derribado por error por los pasdarán (176 muertos) relanzó sin embargo una protesta antirrégimen que, aunque lejos de igualar la movilización en torno a los restos del jefe de la Fuerza Al Quds, tiene la virtud de desafiar a la represión. En cambio, lo que la movilización antiestadounidense no logró en absoluto sofocar fue el levantamiento, que puso en igualdad de condiciones a Washington y Teherán. La mayoría de la población iraquí está muy molesta por el modo en que la soberanía del país es constantemente ultrajada por dos Estados que pretenden, tanto uno como otro, dominarlo, y lo han elegido como terreno de enfrentamiento. Para el futuro de Irak, la entrada en escena de esta protesta popular que rechaza el clivaje confesional entre chiitas y sunnitas, seguirá siendo probablemente el acontecimiento más determinante de estos tiempos. g

A Soleimani solían describirlo como el procónsul de Irán en las provincias árabes de su imperio regional.

1. Seymour Hersh, “US said to have allowed Israel to sell arms to Iran”, The New York Times, 8-12-91. 2. Laila Bassam y Tom Perry, “How Iranian general plotted out Syrian assault in Moscow”, Reuters, 6-10-15. 3. Ese mismo año tuvieron lugar en el Líbano los atentados atribuidos a Irán contra las tropas francesas y estadounidenses y contra la Embajada de Estados Unidos. 4. James Risen, “Investigation into missing Iraqi cash ended in Lebanon bunker”, The New York Times, 12-10-14. 5. Michelle Nichols, “UN investigators find Yemen’s Houthis did not carry out Saudi oil attack”, Reuters, 8-1-20. 6. “Inside the plot by Iran’s Soleimani to attack US forces in Iraq”, Reuters, 4-1-20. 7. Véase Feurat Alani, “Irak recupera su identidad”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2020. 8.“Inside the plot by Iran’s Soleimani to attack US forces in Iraq”, art. cit. 9. Qassim Abdul-Zahra y Ali Abdul-Hassan, “US troops in Iraq got warning hours before Iranian attack”, Associated Press, 13-1-20.

*Profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres; autor, entre otras obras, de Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe, Actes Sud, col. “Sindbad”, París, 2017. Traducción: Gustavo Recalde

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Dossier

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Irán, en el centro de la tormenta

Preservar la hegemonía mundial de su país es siempre prioridad indiscutible para las altas esferas estadounidenses. El debate es sobre dónde debe poner el foco la estrategia geopolítica: en Medio Oriente, controlando la situación iraní, o en China, desplazando hacia el Pacífico las fuerzas militares.

Razones de la ejecución de Soleimani

Clivaje estratégico en Washington por Michael T. Klare*

A

l ordenar el asesinato del general iraní Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el presidente Donald Trump sorprendió a un buen número de observadores. Aunque las tensiones se incubaban desde hacía tiempo en la región, nada dejaba presagiar un enfrentamiento cercano entre Estados Unidos e Irán, o entre Irán y las demás potencias del Golfo Pérsico. Al contrario: hay pruebas que indican que el general Soleimani se encontraba justamente en Bagdad para discutir con Arabia Saudita una solución de paz. Nadie es tan tonto para creer en las razones invocadas por la administración Trump, que pretende haber querido desmontar un ataque “inminente” contra las embajadas y las instalaciones militares estadounidenses en Irak y otras partes del Golfo. A falta de explicaciones válidas por parte del gobierno, los analistas sugirieron otras. Muchos mencionan los patrones psicológicos del Presidente, su propensión a las reacciones bruscas e irracionales. Según algunos de ellos, temía encontrarse en un aprieto similar al del ataque, en 2012, a la Embajada de Estados Unidos en Benghazi, que le costó la vida al embajador J. Christopher Stevens y les dio a los miembros del Partido Republicano una excusa para atacar sin descanso a Hillary Clinton, por entonces, secretaria de Estado. Otros señalan su temor a parecer débil si no respondía a las provocaciones iraníes, en particular, el bombardeo a la refinería petrolera de Abqaiq, en septiembre de 2019 (1). Pero, aunque seguramente incidieron en la decisión de Trump, estos motivos no bastan. Desde el inicio de su mandato, el Presidente impuso una distancia inédita con el aparato diplomático y securitario, al que no duda en criticar. No obstante, se encuentra rodeado por los altos responsables del Departamento de Estado, del Pentágono, de la Central Intelligence Agency (CIA), del National Security Council (NSC) y de otras agencias especializadas que lo mantienen informado sobre temas sensibles y preconizan acciones precisas. Todas estas instituciones buscan llegar a un acuerdo sobre numerosas cuestiones fundamentales (en particular, la necesidad de aumentar el presupuesto militar), pero están profundamente divididas en materia de estrategia general. Se distinguen dos potentes grupos, y ambos tienen sus representantes en la Casa Blanca. Por una parte, están los que llamaremos “ideólogos”. Están convencidos de que Medio Oriente debe mantenerse como punto de mira de la planificación estratégica. Para ellos, Washington debe tomar la delantera y formar una coalición internacional para contener a Irán y, de ser posible, provocar la caída del régimen. Encabezado por el secretario de Estado Michael Pompeo y el vicepresidente Michael Pence, este grupo recibe el apoyo de personajes importantes del Congreso y la Casa Blanca, principalmente, el yerno y alto consejero

del Presidente, Jared Kushner, cuya hostilidad manifiesta hacia el régimen iraní suele hacer eco a las opiniones de los dirigentes sauditas e israelíes. Por otra parte, está el bando de los “geopolíticos” que reúne a los responsables del Ejército y de los servicios de inteligencia que ven en el apogeo de China el principal obstáculo para la estrategia estadounidense y juzgan preferible desplazar los recursos militares estadounidenses de Medio Oriente a Asia. Estos dos grupos están de acuerdo sobre la necesidad para su país de conservar el rango de primera potencia mundial y ejercer su dominación en todas las regiones estratégicas. Pero los medios de los que dispone el Ejército, aunque son realmente colosales, no son ilimitados. De allí las divergencias frecuentes en cuanto a la mejor manera de asignar los recursos disponibles (portaaviones, cuerpos del Ejército, etc.) entre las diferentes zonas de conflicto. Cuando el terrorismo islámico y el Estado Islámico (EI) representaban las principales amenazas para la seguridad de Estados Unidos, Medio Oriente era considerado como prioridad. Últimamente, para disgusto de los ideólogos, numerosos protagonistas en Washington estiman que Asia se convirtió en el epicentro de la competencia por la hegemonía internacional y que la parte principal de las fuerzas estadounidenses debería concentrarse allí. Divergencia de posiciones Dominado por altos funcionarios del Pentágono, del Departamento del Tesoro y de los servicios de inteligencia, el campo de los geopolíticos considera que Estados Unidos está obnubilado por los conflictos de Medio Oriente, de los que cuestiona el alcance. Según ellos, las grandes potencias rivales, China y Rusia, habrían aprovechado esta miopía estratégica para ampliar su potencia militar y su influencia diplomática (2). De este modo, Pekín habría logrado reforzar la capacidad tecnológica de su Ejército, erosionando la ventaja de Estados Unidos. Estas inquietudes también son compartidas por personalidades del ámbito de los negocios que mantienen relaciones estrechas con la Casa Blanca. Durante un tiempo, la contención de China constituyó la prioridad estratégica en Washington. Con el fin de operar su “rumbo” hacia el Pacífico, el Pentágono exigió miles de millones de dólares en presupuesto suplementario para desarrollar su armamento, y comenzó a reposicionar las fuerzas ubicadas en “frentes secundarios”, como en el Norte de África y en Medio Oriente, hacia las zonas limítrofes de China y Rusia (3). El secretario de Defensa, Mark Esper, confirmó esta orientación en un discurso pronunciado durante el pasado mes de diciembre en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, en Simi Valley (California). “El Pentágono se compromete a poner en marcha una nueva doctrina de guerra [al mismo tiempo que] se dedicará a redesplegar nuestras fuerzas y equipamien-

tos hacia teatros de operación prioritarios para poder estar a la altura de China y Rusia” (4), declaró. Esta creencia según la cual el ejército estadounidense debería “redesplegar [las] fuerzas y equipamientos” presentes en las zonas de conflicto secundarias, como el Golfo Pérsico, para posicionarlos en “teatros de operación prioritarios” resulta una afrenta para los ideólogos, que tienen una fijación por Irán. A sus ojos, el poder instalado en Teherán representaría un riesgo tanto moral como estratégico: moral, debido a su brutal hostilidad hacia Israel, el judaísmo y Estados Unidos; estratégico, por la autoridad que ejerce sobre milicias fuertemente armadas en toda la región, su voluntad de dotarse de armas nucleares y su ambición por dominar el Golfo. “El régimen iraní actual busca restaurar el Imperio Persa antiguo a través de la dictadura moderna de los ayatollahs”, declaró el vicepresidente Pence en Varsovia en febrero de 2019. Según él, sólo una respuesta firme e implacable permitiría evitar semejante desastre (5). Preservar la superioridad Al reconstituir el encadenamiento de eventos que condujo a Trump a decidir la eliminación del general Soleimani, se observa que el campo de los ideólogos, encabezado por Pompeo y Pence, dispone de una influencia desproporcionada sobre el Presidente. Evidentemente, es a Pompeo y no a Esper a quien escucha Trump durante las discusiones mantenidas en las altas esferas sobre la política a implementar con respecto a Irán (6). Egresado de la academia militar de West Point y ex oficial del Ejército, Pompeo es famoso en Washington por su férrea oposición a Teherán y por su tenacidad para impedir cualquier tipo de reducción de los efectivos y equipamientos militares en Medio Oriente. Parece que Trump, que ya albergaba sentimientos anti-iraníes, cayó bajo la influencia de una facción con mucha presencia en las altas esferas del aparato de seguridad nacional. Esto lo predispuso a aprobar un asesinato que apuntaba a desatar una reacción agresiva de Teherán, con el objetivo de aumentar la presencia de Estados Unidos en la región. Aunque la tensión disminuyó un poco desde la respuesta iraní (una serie de bombardeos sobre instalaciones militares estadounidenses en Irak que no produjeron víctimas), Irán podría emprender en el futuro acciones más directas, como asaltos de las milicias sobre posiciones de Estados Unidos o de sus aliados. Y los miles de soldados enviados con la mayor urgencia al Golfo como refuerzo del Ejército y los cuerpos de Marines durante el transcurso de las últimas semanas probablemente se queden allí durante algún tiempo, excluyendo toda posibilidad de “redesplegar” las fuerzas en la región Asia-Pacífico. Sin embargo, tarde o temprano, la balanza se inclinará nuevamente hacia el lado de una estrategia centrada en Asia. Las élites de la política exterior estadounidense temen demasiado la continua escalada de China. Entonces, eso que ellos ven como querellas sin importancia en Medio Oriente no debería distraer al aparato diplomático y securitario de su misión principal: preservar la superioridad de Estados Unidos sobre sus grandes rivales geopolíticos. g 1. Peter Baker et al., “7 days in January: secret plans, a deadly strike and a spiraling crisis”, The New York Times, 12-1-20. 2. Véase por ejemplo el testimonio de Michael D. Griffin, subsecretario de Defensa para la Investigación e Ingeniería, “Hearing to receive testimony on accelerating new technologies to meet emerging threats”, Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, Washington, DC, 18-4-18, www.armed-services.senate.gov 3. Michael Klare, “China es el enemigo”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, marzo de 2012. 4. “Keynote address by secretary of defense Mark T. Esper at the Reagan National Defense Forum”, 7-12-19, www.defense.gov 5. “Remarks by vice president Pence at the Warsaw ministerial working luncheon”, 14-2-19, www.white.house.gov 6. Nahal Toosi, “Trump’s shadow secretary of defense”, Politico, Arlington, 6-1-20.

*Profesor Emérito en el Hampshire College, Amherst (Massachusetts), autor, entre otras obras, de All Hell Breaking Loose: The Pentagon’s Perspective on Climate Change, Metropolitan Books, Nueva York, 2019. Traducción: María Julia Zaparart

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Dossier Irán, en el centro de la tormenta

El pueblo iraní en el cortejo fúnebre de Qassem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis, en Teherán, 6-1-20 (Hamid Vakili/NurPhoto/AFP)

Rusia, Irán y Turquía, que han sido cabeza de grandes imperios (de los zares y soviético, persa, otomano) hoy ejercitan y fortalecen su poder e influencia en Medio Oriente. Actores protagónicos en esa región, defienden sus intereses y comparten un objetivo común: limitar la presencia de Estados Unidos.

Frente a los errores de Washington

La avanzada rusa en Irán por Paulo Botta*

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os titulares de los últimos meses reflejan las complejas relaciones entre Irán y Estados Unidos no solo por el programa nuclear y la crisis del acuerdo de 2015, sino por el programa misilístico iraní así como por lo que desde Washington se considera como una política exterior agresiva en Siria, Irak, Yemen, tendiente a influenciar en esos países de manera directa o a través de milicias armadas que responden al gobierno iraní. Sin embargo, nos equivocaríamos si pensamos que las tensiones de Irán se agotan con Estados Unidos o con sus aliados cercanos como Israel o Arabia Saudita, actores que tienen, cada uno de ellos, sus propios puntos de conflicto con Teherán que, en el fondo, se reducen

a una lucha por la supremacía en Medio Oriente. Una de las potencias con cada vez mayor presencia en la región es Rusia. Suele afirmarse, de manera simplista, que existe una cercanía entre Moscú y Teherán, que no refleja claramente lo que sucede entre ambos Estados. Lo que existe son ámbitos de cooperación en temas muy puntuales, pero de competencia en otros que podrían evolucionar hacia situaciones de conflicto. El caso sirio es paradigmático ya que los tres actores anteriormente mencionados están directamente involucrados. Coinciden en algunos puntos –como la integridad territorial de Siria, por ejemplo–; pero han generado otros ámbitos donde sus intereses chocan como las zonas de influencia económica, o de influencia militar.

Luego de la caída de la Unión Soviética, la Federación de Rusia pasó más de una década sumida en sus problemas internos sin que hubiera espacio para una proyección global acorde con su pasado soviético. Recién con la llegada de Vladimir Putin al poder Rusia desplegó una activa política exterior, pero ha sido particularmente durante los últimos diez años cuando de manera creciente y sostenida la actividad rusa en el denominado Flanco Sudoeste, es decir, en el Mar Negro y en el Mar Mediterráneo, se ha manifestado de manera clara. En Medio Oriente, Rusia ha aumentado su presencia con una política exterior que combina elementos diplomáticos, militares, económicos y culturales. Hoy Moscú es uno de los actores centrales en Siria, un apoyo significativo de Irán y ha

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generado, a partir de su acercamiento con Turquía, una grieta en el seno de la OTAN entre el gobierno de Ankara y el de Washington. Contra la presencia estadounidense La Revolución Islámica del Imam Ruhollah Jomeini se opuso tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. Desde el punto de vista ideológico, ni uno ni otro modelo, en el contexto de la Guerra Fría, eran atractivos para un sistema político que se inspiraba en los principios del chiismo duodecimano (1). Pero las relaciones entre dos Estados herederos de tradiciones imperiales van más allá de la oposición ideológica en tiempos soviéticos. En el siglo XIX, la Rusia zarista en su avance hacia el sur ocupó la región que hoy ocupan Armenia, Azerbaiyán y Georgia, que hasta ese momento formaban parte de la estructura política iraní; el embajador ruso en Teherán, Alexander Griboyedov, fue asesinado junto con otros diplomáticos rusos por una turba que ingresó a la embajada en 1829; durante la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética ( junto con el Reino Unido) ocuparon Irán para asegurarse la estabilidad y el suministro de petróleo en medio de la guerra, y en la segunda posguerra Stalin intentó desestabilizar Irán a través del apoyo a movimientos secesionistas kurdos y azerbaiyanos. Las relaciones ruso-iraníes en los últimos doscientos años no han sido fáciles. En el caso de Siria, resulta claro que sin la intervención militar de Rusia, a partir de septiembre de 2015, hubiera sido casi imposible para el gobierno de Al-Assad mantenerse en el poder a pesar del apoyo militar, económico y diplomático que le brindara Irán de manera directa y a través de milicias chiitas desde los inicios de la guerra civil en marzo de 2011. Esta capacidad ordenadora de Rusia en Siria le dio una preeminencia que chocó con Turquía, cuyo gobierno no se había manifestado a favor de la continuidad del gobierno de Damasco, y con Irán, que hasta ese momento había sido el único, pero insuficiente, apoyo de Al-Assad contra las fuerzas de oposición, tanto las seculares como las islámicas. Rusia no solo apostó por un abierto apoyo militar que obedeció a causas internas y externas (2), sino que de manera paralela inició un proceso diplomático tendiente a materializar desde el punto de vista político las ventajas en el plano militar. El apoyo de Rusia y de las otras dos potencias euroasiáticas (Turquía e Irán), que en gran medida descansa en un proceso de diplomacia presidencial, se basa en ejes políticos muy claros: integridad territorial de Siria, oposición a todo intento de separatismo y, por otro lado, apoyo a una solución política enmarcada dentro del Congreso de Diálogo Nacional de Siria y el proceso de paz de Astana, que son vistos no como contrapuestos sino como una forma de continuidad con el proceso de paz iniciado en Ginebra. La solución política plasmada incluiría avances en el diálogo intra-sirio y un nuevo texto constitucional. Rusia, Irán y Turquía se oponen a la creación de un Estado kurdo independiente, a cualquier modificación de las fronteras internacionales de Siria y favorecen la continuidad, aunque con diferencias entre ellos en cuanto a las condiciones, de Bashar al-Assad en el poder. Estos tres Estados se han vinculado no por sus similitudes políticas y culturales sino por la coincidencia de sus intereses. Se trata de una alianza ad hoc que en gran parte descansa en la oposición a la presencia de Estados Unidos o de países europeos en Siria. Han preferido generar un ámbito de discusión a partir de su presencia militar directa excluyendo otros actores extraregionales cuyo accionar en el pasado hubiera sido insustituible. Rusia, a través del conflicto sirio, consiguió no solo una base naval sino también una base para su fuerza aérea lo que le permite una proyección en el Mediterráneo Oriental que hubiera sido impensable a inicios del presente siglo. Rusia tiene objetivos muy claros: acercarse a estas potencias regionales como lo son Turquía e Irán, además de Israel, Egipto y Arabia Saudita; tener una presencia activa en Siria que le permitirá acceder a las actividades de prospección y

explotación de gas en el Mediterráneo Oriental; participar centralmente de todas las iniciativas diplomáticas tendientes a solucionar los conflictos de la región (Libia, Yemen, entre otros) y, sobre todo, limitar en lo posible el accionar de Estados Unidos en Medio Oriente. La política tiene terror al vacío Resulta paradójico constatar que los principales conflictos de Estados Unidos en Medio Oriente en el siglo XXI –Afganistán (a partir de 2001), Irak (a partir de 2003) y Siria (a partir de 2011)– han beneficiado, geopolíticamente hablando, a la República Islámica de Irán. En el caso sirio, Washington apostó en un primer momento a una caída rápida del gobierno de Al-Assad (como había ocurrido con los gobiernos que cayeron durante los primeros meses de 2011, durante la denominada “Primavera árabe”) y posteriormente optó por una presencia mínima en el terreno dando lugar a que otros actores tengan una participación fundamental. Se sabe: la política tiene terror al vacío. La ayuda económica, política y militar del gobierno de Irán a Siria se ha traducido en una presencia iraní innegable. Irán ha llegado al Mediterráneo Oriental y ha logrado un puente con el Líbano, donde su aliado (Hezbollah) está completamente integrado al sistema político libanés. Por otra parte su presencia militar en Siria le ha permitido acercarse significativamente a Israel, una verdadera línea roja para el gobierno de Tel Aviv. El aumento de la tensión en la frontera entre Siria e Israel se relaciona directamente con la presencia de tropas iraníes o proiraníes en ese territorio. A pesar del apoyo iraní el caso sirio ha demostrado las limitaciones de sus capacidades que van más allá de la retórica de omnipotencia. En este contexto, la llegada de Rusia en 2015 si bien facilitó el avance en el campo militar de las tropas del gobierno central sirio a largo plazo ha generado un ámbito de competencia entre Moscú y Teherán que ha evolucionado desde un juego en las sombras a un asunto a la luz del día (3). No se trata sólo de una lucha a nivel estratégico-militar sino que hay muchos intereses económicos en juego. En febrero de 2019 el presidente sirio Bashar al-Assad anunció durante su viaje a Teherán que a partir del mes de octubre serían empresas iraníes las encargadas de la gestión del puerto de Latakia. En junio de 2019 el Parlamento sirio aprobó por ley la concesión por veintinueve años del puerto de Tartus a la empresa rusa STG Engineering LLC. Estos dos puertos sirios, los más importantes, les permiten a Rusia y a Irán tener no solo un pie en el Mediterráneo sino obtener beneficios económicos y una presencia que puede ser vital a medida que empiecen a desarrollarse los yacimientos de gas de la zona. En el campo militar la competencia se centra en favorecer a funcionarios cercanos a sus posturas para puestos de responsabilidad, integrar a milicias para garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado sirio y asegurar una presencia a largo plazo para sus respectivas fuerzas. En este sentido Rusia lleva la ventaja a pesar de los estimados 100.000 millones de dólares que Irán lleva gastados en Siria desde 2011. La muerte de Qassem Soleimani, en este sentido, es una buena noticia para Rusia ya que Irán ha perdido a un funcionario que combinaba capacidad real de decisión en los ámbitos militares y políticos. Aunque sea reemplazado, el reacomodamiento generará una ventana de oportunidad para Moscú. En el caso del programa nuclear iraní, Rusia ha sido uno de los firmantes del denominado Acuerdo Nuclear de julio de 2015 y uno de los principales defensores de su continuidad luego de la salida de Estados Unidos del mismo en mayo de 2018. La cooperación irano-rusa en ese campo se ha materializado también en la construcción de la única central nucleoeléctrica que existe en Irán, Bushehr, que ha sido construida por empresas y tecnologías rusas. Las sanciones que Estados Unidos y los países europeos han restablecido en los últimos meses han favorecido a Rusia que ha visto cómo, por un lado,

competidores comerciales abandonan Irán y, por otro lado, cómo la salida de Irán del mercado internacional de hidrocarburos, abre nuevas posibilidades para Moscú. Tengamos en cuenta que los tres países con mayor cantidad de reservas de gas son Rusia, Qatar e Irán. Mientras más tiempo esté Irán fuera del mercado mayores oportunidades habrá para los demás oferentes de estos productos. Un matrimonio por conveniencia Una de las consecuencias geopolíticas más interesantes del conflicto sirio es que ha permitido aumentar la presencia militar de la Federación de Rusia en el Mar Mediterráneo. Para ser exactos, no podemos decir que Rusia regresó porque en verdad nunca se fue. Lo que sucede es que la guerra de Siria le ha permitido reforzar y aumentar su accionar militar en la zona a través de la base naval en Tartus y la base aérea de Hmeimim. La estrategia rusa ha sido muy simple, la de generar “espirales de cooperación”, es decir, hablar con todos los actores (estatales y no estatales) de manera que ninguno desee cerrar el canal de comunicación por temor a que su oponente lo capitalice a su favor. De esa manera Moscú se ha asegurado una posición de centralidad diplomática que potencia sus capacidades. El presidente Putin asistió hace poco a un evento internacional en Jerusalén, acaba de inaugurar un importante proyecto de infraestructura con Turquía y ha demostrado el apoyo diplomático a Irán tanto con el asesinato de Soleimani como con la defensa al acuerdo nuclear. Gracias a sus capacidades (diplomáticas y militares) como a causa de los errores y omisiones de otros actores globales como Estados Unidos y los países europeos, Rusia ha hecho suyo el principio político que señala que nunca hay que interrumpir a los demás cuando se están equivocando. Entre Irán y Rusia hay más temas que pueden generar conflictos que temas que puedan sentar las bases para una cooperación sustentable hacia el futuro. No hay una alianza ni una coincidencia de intereses y valores, sino tan solo un matrimonio de conveniencia. La crisis presente demuestra cómo a medida que Irán y Estados Unidos se embarcan en una lucha abierta, Rusia capitaliza el apoyo al gobierno de Teherán para beneficio propio. Luego del ataque donde murió Soleimani en las afueras del aeropuerto de Bagdad, Rusia ofreció venderle al gobierno iraquí sistemas de defensa antiaérea rusos. Toda situación se convierte en oportunidad. A largo plazo, la paradoja es que Washington al intentar presionar y aislar a Irán con la finalidad de generar un orden regional en Medio Oriente favorable a sus intereses, termina ayudando a Rusia a plasmar su política de presencia e influencia en la región. Porque las políticas a corto plazo generan pérdidas, siempre. Para Irán, su posición regional no sólo la enfrenta con Estados Unidos sino que la deja frente a frente con Rusia. El “Gran Satán” está lejos; el “Oso Ruso” está cerca. g

Rusia ha hecho suyo el principio político que señala que nunca hay que interrumpir a los demás cuando se están equivocando.

1. Para una introducción al chiismo, véase Moojan Momen, Shi’i Islam: A Beginner’s Guide, Oneworld Publications, Londres, 2015. 2. David Butter, “Russia’s Syria intervention is not all about Gas”, Carnegie Endowment Center for International Peace, 19-11-15, http://carnegieendowment.org/sada/62036 3. Paulo Botta, “Rusia e Irán en Siria: de la cooperación a la competición”, ESGLOBAL, 1-7-19, www.esglobal.org/rusiae-iran-en-siria-de-la-cooperacion-a-la-competicion/

*Director del Programa Ejecutivo en Medio Oriente contemporáneo de la Universidad Católica Argentina. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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Cécile Marin

Desde octubre de 2019, y con el apoyo de Rusia, el ejército turco ocupa parte de la Federación Democrática del Norte de Siria obligando a miles de kurdos a huir. La tenaz resistencia kurda enfrenta una verdadera operación de limpieza étnica liderada por Recep Tayyip Erdogan. ¿Sobrevivirá el proyecto político de Rojava?

Turquía contra el Kurdistán sirio

Rojava, el futuro en suspenso por Mireille Court y Chris Den Hond*, enviados especiales

D

esde el 9 de octubre de 2019 el ejército turco está instalado en el noreste de Siria y controla una franja de ciento cincuenta kilómetros de largo y treinta de ancho, entre las ciudades de Tal Abiad y Ras al-Ain (Serekaniye, en kurdo) (1). Ya presente más hacia el oeste, tras haber ocupado Afrin y sus alrededores en enero de 2018, logró impedir así la continuidad territorial de la región kurda políticamente autónoma desde 2013 comúnmente llamada Rojava (“El oeste” en kurdo), o Federación Democrática del Norte de Siria. De esta forma, Ankara amenaza directamente a la alianza política y militar implementada por el Partido de la Unión Democrática (PYD), rama siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), con los otros dos componentes principales de la población de Rojava, los árabes y los cristianos sirios. Esa alianza, que lleva el nombre de Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), cuya rama política es el Consejo Democrático Sirio (CDS), debe prestar atención a las tropas de Bashar al-Assad, quien no renunció a

retomar el control de toda esa región, de la que se había retirado en 2012. Siete años después de su nacimiento, ¿qué queda del proyecto pluralista y democrático deseado por el PYD (2)? La relación con Damasco Nuestro periplo empieza en el este, en el campo de refugiados de Newroz en Derik, a poca distancia de las fronteras turca e iraquí. Leila M. nos cuenta sus seis éxodos desde 2018: “Mi familia y yo somos de Afrin. Cuando los turcos llegaron, huimos hacia Jabab, y luego a Alepo. Desde ahí llegamos a Kobane. Por fin, mi hijo consiguió un trabajo en Ras al-Ain. Luego del ataque turco, tuvimos que huir descalzos a Tal Tamer y ahora estamos en este campo”. Derwich F, pequeño granjero de Tal Abiad, también nos cuenta su huida el otoño pasado: “Vivíamos felices. El sistema político funcionaba muy bien. Hasta que el presidente turco nos bombardeó con sus aviones. Todos los kurdos se fueron”. El 22 de octubre, Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin firmaron en Sochi un acuerdo de diez puntos que ratifica

la presencia turca en el noreste sirio y obliga a las Unidades de Protección Popular (YPG), fuerza militar del PYD, a retirarse de la franja de territorio ocupada por los turcos. Desde entonces, se acusa a Ankara de llevar adelante una operación de limpieza étnica, con el reemplazo de las poblaciones kurdas por dos millones de árabes sunnitas que se habían refugiado en Turquía tras haber huido de los combates en otras regiones de Siria. “Erdogan quiere modificar la composición étnica de los territorios que controla su ejército”, declara Abdelkarim Omar, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno autónomo de la Federación. “Antes de la invasión turca de 2018, el 85% de la población de Afrin era kurda, contra solo un 20% hoy en día”, denuncia. ¿Estas transformaciones anuncian el fin del proyecto político de Rojava? Nada es seguro. Cuando el ejército t u rc o y s u s m i l i c i a s s i r i a s – a q u í llamadas las “Çete”, los mafiosos– trataron de extender su territorio, hallaron una feroz resistencia. Partimos de Kamechliyé para llegar a Kobane, que en enero de 2015 fue el

escenario de la primera derrota importante del Estado Islámico (EI) frente a las tropas kurdas. En un gran puesto de control de las fuerzas de seguridad de AUTONOME la Federación, obligan a nuestro vehíDU KURDISTAN AUTONOME culo a tomar otro itinerario. Tomar la DU KURDISTAN autopista M4 que atraviesa la región de este a oeste es demasiado peligroso. Las milicias proturcas están a tan solo cuatrocientos metros y realizan incursiones con regularidad. Además, los drones del ejército turco sobrevuelan los sitios. El 12 de octubre de 2019 en la M4, en Tirwazî, cerca de Tal Abiad, Hevrin Khalaf, personalidad política kurda carismática y muy influyente, fue torturado y luego asesinado por milicianos de un grupo yihadista respaldado por Ankara (3). Como Estados Unidos anunció su retiro militar de la región a partir del 6 de octubre –dando paso a la invasión turca–, las FDS tuvieron que pedir apoyo a las fuerzas de Damasco. A consecuencia del acuerdo de Sochi, el ejército sirio se desplegó desde Kobane en la frontera iraquí, a excepción del enclave ocupado por los turcos. Su presencia consiste en pequeños puestos militares dispuestos cada diez kilómetros. Según nuestros interlocutores, su función es ante todo preventiva. Debe impedir que el ejército turco vuelva a extender su territorio. “Es una presencia política más que nada simbólica”, nos confirma Mazlum “Kobané” Abdi, comandante general de las FDS. Ankara puso precio a la cabeza de este oficial superior, quien añade que ya no hay presencia militar siria en las zonas controladas por las FDS. A lo largo de todo nuestro periplo constatamos, en efecto, que siguen siendo los Asayish, la policía árabe-kurda de las FDS, quienes controlan las rutas. Interrogamos a Abdi sobre el futuro de la relación entre la Federación de Rojava y Damasco. Nos responde que primero se necesita un acuerdo político: “Queremos que la autonomía política se incluya en la Constitución siria y que las FDS formen parte de la defensa de toda Siria. No cederemos en estas exigencias. Con este acuerdo, la defensa del norte del país quedaría bajo la responsabilidad de las FDS”. ¿Estaría dispuesto el gobierno sirio a aceptar un cambio de este tipo, que quebraría varias décadas de centralismo y unanimidad reclamando una identidad árabe única? Hasta el momento, Damasco no esbozó el menor gesto en ese sentido. También le preguntamos a Polat Can, otro veterano de las guerras libradas por las fuerzas kurdas. Comandante de las FDS pero también escritor, él fue el responsable de las operaciones para la liberación de la región de Deir ez-Zor durante mucho tiempo en manos del EI. “Rojava no volverá a la situación de antes de 2010. No dejaremos que los kurdos pierdan sus derechos y no vamos a destruir la relación que construimos con los árabes y los cristianos sirios”, advierte. Y aclara que todo lo demás es negociable, incluso el nombre de la entidad autónoma o las modalidades de control del cruce de fronteras. El abandono del enclave que va de Tal-Abiad a Ras al-Ain generó gran amargura y rabia entre los kurdos. Lo que más alimenta el rencor es la falta de protección aérea. “Los rusos dejaron que los aviones turcos bombardearan a nuestros civiles, nuestros niños y fuerzas de defensa. No cumplieron sus promesas. Estados Unidos tampoco, por otra parte”, protesta Abdi. Can se

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expresa con mayor severidad: “Turquía mata a los kurdos con armas europeas. Los drones vienen de Italia, el tanque Leopard es alemán. Si contáramos con una zona de exclusión aérea que impidiese todo bombardeo contra nuestras tropas, las FDS echarían a los turcos fuera de Rojava en una semana”. Reconstrucción y confusión El viaje a Kobane obliga a pasar por Raqqa, un desvío de seis horas por rutas llenas de baches. Norias de camiones cisterna llenos de petróleo tornan el aire casi irrespirable. Si bien una parte del crudo extraído en el noreste del país, barato pero de mala calidad, sirve para satisfacer las necesidades de la población de la Federación autónoma, otra parte se vende en Damasco a través de intermediarios. Con las ganancias del petróleo y los impuestos a las importaciones y exportaciones en la frontera iraquí, el gobierno autónomo tiene con qué hacer funcionar los servicios públicos y pagar las obras de infraestructura. Pero la explotación del petróleo se hace en cámara lenta. “Solo el 25% de los pozos del noreste del país y de Siria funcionan. El resto están detenidos a causa de la guerra y del embargo sobre el petróleo sirio”, admite Ziad Rustem, ingeniero y miembro de la comisión de energía del gobierno autónomo. Raqqa, efímera capital del EI de 2014 a 2017, está actualmente bajo el control de las FDS. Teatro de terribles combates, la ciudad sigue devastada, aunque su reconstrucción ha comenzado. En el centro, unas letras gigantes con la le-

yenda “I love Rakka” dan la bienvenida al visitante. Aquí, el EI plantaba las cabezas cortadas en picas para horrorizar a la población. La organización yihadista conserva una base de simpatizantes en esta región de mayoría árabe, y células inactivas pasan regularmente a la acción y cometen ataques suicidas. Pese a todo, prevalece una relativa calma. Al invadir el norte del país, Erdogan contó en vano con un sublevamiento de los árabes contra los kurdos.

“Turquía mata a los kurdos con armas europeas. Los drones vienen de Italia, el tanque Leopard es alemán.” Ante la mención de la estrategia turca, Can esboza una sonrisa: “Los clanes árabes de Deir ez-Zor nos dijeron: ‘¡No vuelvan a traer el régimen aquí! Ustedes son kurdos, no los queremos, pero a fin de cuentas son sunnitas y trabajaremos con ustedes’. En el pasado, el régimen llenaba la cabeza a la población árabe contra los kurdos diciendo que éramos sionistas, ateos y capitalistas. Pero en estas regiones, pobladas casi en un 100% de árabes, no hubo sublevamientos contra las FDS”.

La reciente invasión turca impulsó el acercamiento de grupos kurdos contrarios al dominio del PYD. Nari Mattini, largamente opositora al CDS, hoy se unió a él. Mohsen Tahir, miembro del Consejo Nacional Kurdo (ENKS), creado por iniciativa del Partido Democrático del Kurdistán iraquí (PDK), en buenos términos con Ankara para atenuar la influencia del PYD-PKK en la región, hoy admite que quiere privilegiar la unidad kurda por temor a una limpieza étnica. De todas formas, la unidad dependerá de la evolución de la relación entre el PYD y el PDK, ya que el primero no tolera la presencia de otra fuerza militar kurda en Rojava. En Ayn Issa, por la ruta que lleva de Raqqa a Kobane, una patrulla rusa sale a gran velocidad de una base militar. Aquí, Rusia reemplazó a Estados Unidos. Más al este, al lado de Hasaka, nos cruzamos con otra patrulla rusa, a poca distancia de la línea de frente de Tal Tamer, sin olvidar una patrulla estadounidense, en el este, cerca de los campos de petróleo. Es difícil ver claro en este embrollo. Los grandes perdedores ¿Rusia es considerada más confiable que Estados Unidos? Abdi nos confiesa que, hasta ahora, “Moscú trabaja en una solución entre los kurdos y el poder sirio”. Pero al igual que otras personalidades, él no deja de ver que el territorio de Rojava es objeto de un comercio entre Moscú y Ankara que favorece al régimen sirio. “Rusia primero ‘dio’ Afrin a Turquía a cambio de Homs, Guta y una pequeña porción

de Idleb para el régimen. Después, ‘cedió’ Ras al-Ain y Tal Abiad a Ankara a cambio de otra parte de Idleb”, sintetiza Abdi. En esas transacciones, los kurdos podrían ser, en definitiva, los grandes perdedores. Un frío glacial y la lluvia nos reciben en Kobane. En la ciudad y sus alrededores, la vida y la reconstrucción penden del temor permanente a una nueva invasión. En 2014, fue la del EI. Esta vez la amenaza viene del ejército turco y sus milicias aliadas que, en ciertos casos, incorporaron a ex combatientes yihadistas. Persuadida de una inminente guerra, la población cava túneles frenéticamente para resistir los ataques. Cinco años después de la victoria de enero de 2015, ¿la suerte de Kobane volverá a decidir el futuro de Rojava? g

1. Véase Akram Belkaïd, “Los dueños del

juego en Siria”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2019. 2. Véase “Una utopía en el corazón del conflicto sirio” y “Un futuro incierto en Rojava”, Le Monde diplomatique, septiembre de 2017 y diciembre de 2018, respectivamente. 3. Fatma Ben Hamad, “Enquête: des images établissent les exactions d’une milice proturque en Syrie”, Les Observateurs, 2110-19, https://observers.france24.com

*Periodistas independientes. Respectivamente, miembro de la Coordinación Nacional de Solidaridad con Kurdistán (CNSK) y del Comité editorial de la revista en línea Orient XXI. Traducción: Patricia Minarrieta

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Símbolo romántico por excelencia, la rosa oculta una cadena de producción dañina para el medio ambiente y la salud de quienes trabajan –por poco y nada– en sus plantaciones. Países como Etiopía, Kenia y Colombia sufren San Valentín y el fervor publicitario que trae aparejado esa fecha.

El porqué de la rosa

Rojo profundo por Zulma Ramirez y Geoffrey Valadon*

Trabajadoras en “The Elite flowers”, empresa ubicada en Facatativa, Colombia, 1-2-12 (Guillermo Legaria/AFP)

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Qué es una rosa? ¿Una estrategia vegetal para incitar a los insectos a transportar el polen? ¿Una flor perfumada? ¿Un objeto de goce visual, fragmento de la naturaleza en medio del artificio urbano? Es en principio un producto que compramos para regalar; un símbolo de amor y de respeto que la industria publicitaria se dedica a fomentar en eventos como el Día de la Madre o San Valentín. Regalo listo para consumir y que no exige casi ningún cuidado por parte del destinatario, la rosa, una vez marchita, termina en la basura. Es ahí mismo donde hay que ponerla, y no en el compost, dada la carga química de sus tejidos y de su agua. El ciclo de vida de una rosa empieza ocho años antes que un contenedor de basura la lleve al incinerador. En una rosaleda alemana, holandesa o francesa, los hibridadores cruzan pólenes y pistilos de diferentes plantas para unir sus características de resistencia, de forma y de productividad. Esta última se mide en cantidad de tallos por metro cuadrado, indicador crucial que, para una flor de supermercado cultivada a baja altitud, asciende a 240. La elección de las formas y de los colores depende mucho de la moda floral del momento, que se suma a la moda de la indumentaria. Así el sector renueva regularmente sus variedades. Como el gusto en los tomates industriales (1), el perfume de las rosas solo ocupa el último lugar en la lista de los criterios de calidad. “En la selección, la emoción está en

segundo plano”, reconoce Matthias Meilland, importante hibridador francés. Este proceso desemboca en el ingreso de una patente, y luego la colocación en el mercado de la nueva variedad. Un agricultor compra una variedad al precio de 1 dólar la planta, después paga 0,15 centavos de dólar de regalías por año. Le alcanza con algunas semanas al hibridador para llenar un invernadero: sobre la planta modelo, se corta un fragmento que se reconstituye sin reproducción sexuada, luego se repite esta reproducción por esquejes para obtener miles de clones. Cada cual está injertado en raíces que facilitan la adaptación al clima ecuatorial y lo vuelven menos sensible a las enfermedades. Aunque la cultura de la rosa se remonta a la Antigüedad, fue en el siglo XIX cuando las técnicas de hibridación modelaron la rosa moderna, con sus flores carnosas y sus tallos rectos. Después de la guerra, siguió la industrialización agrícola, la mecanización, la revolución fitosanitaria. El sector se ponía a calentar sus invernaderos en invierno para producir variedades que, de otra manera, no crecerían bien en los climas europeos. Con el shock petrolero de los años 1970, este método se volvió menos rentable, de manera tal que nace una competencia en otros continentes. Los industriales apuestan entonces a los climas ecuatoriales, con mano de obra y tierras baratas, como en los Andes de Colombia y de Ecuador (alrededor de 15 dólares por día de trabajo en 2018). Unos

diez años más tarde, los productores europeos invierten en las montañas de Kenia (3 ó 4 dólares por día) y de Etiopía (alrededor de 1 dólar por día), geográficamente más próximas a sus mercados consumidores. Estos países cuentan con tres recursos esenciales: el clima, el agua y la mano de obra. Ubicadas cerca del Ecuador y en altura, las flores captan el máximo de radiaciones solares y se benefician de un clima regular a lo largo de todo el año, sin heladas ni canículas. Para maximizar estas radiaciones y controlar la atmósfera, los cultivos se realizan bajo invernaderos en los que la temperatura asciende a 35°C. Al principio, las explotaciones ocupaban tierras muy fértiles, pero, dado que estos monocultivos son propensos a muchas enfermedades, contraídas principalmente a través de las raíces, desde los años 2000 los rosales ya no crecen en el suelo, sino sobre un sustrato vegetal o sintético inerte. A costa de todo Las rosas beben mucho: de 7 a 13 litros de agua por pimpollo según los sistemas de cultivo. Y los millones de plantas drenan sedientas los recursos hídricos locales, e incluso nacionales. En especial porque, a menudo, los productores usan de manera gratuita el agua de los lagos o de las napas freáticas. Tanto la región de la sabana de Bogotá como los lagos de Kenia y de Etiopía (2) sufrieron así una doble crisis de agua: escasez para las poblaciones autóctonas y contaminación de

las fuentes que afecta la salud humana y los ecosistemas. Movilizaciones locales y sus apoyos internacionales presionaron a las empresas para que cambiaran sus prácticas. Las compañías más importantes aseguran que la recuperación de las aguas de lluvia y la reutilización del agua usada dividen por dos el consumo. El riego y la alimentación se realizan ahora por goteo, y el agua acarrea los fertilizantes y otros productos fitosanitarios en el sustrato fuera del suelo. En esas latitudes, las rosas florecen todo el año. Sin embargo, satisfacer la demanda relacionada con las fiestas del calendario como San Valentín implica una planificación rigurosa. Los rosicultores controlan el día de eclosión del pimpollo mediante una talla específica cuya fecha, calculada en función de la altura y de la exposición al sol, se hace en Colombia en promedio noventa y cinco días antes del envío de las cajas. Es un gesto preciso, efectuado en gran parte por mujeres, consideradas más minuciosas y disciplinadas. Desde los años 90, las cadencias aumentan, y muchos trabajadores colombianos sufren múltiples tendinitis. “Entre mis colegas, uno de cada dos sufre del túnel carpiano -cuenta Rocío-. No nos quejamos para no pasar por sindicalistas.” Como informa Inés Maroquin, de la Organización Nacional de Obreros Trabajadores de la Floricultura Colombiana, los encargados repiten incansablemente “que a la empresa no le va bien y que los sindicatos traen la quiebra” para callar a las trabajadoras. La rosa requiere de muchos cuidados. Una flor cortada no puede tener ninguna mancha en un pétalo o una hoja: tiene que ser una “reina”, un “esplendor”, una criatura de “elite”, como sugieren los nombres de grandes empresas colombianas (3). Para no correr ningún riesgo, se rocía a las plantas con pesticidas, funguicidas y bactericidas. Los productores no comunican ningún tipo de cifras, pero Khaoula Toumi, doctora en Agronomía de la Universidad de Lieja, observó que las flores contenían “de cien a mil veces más de lo que se autoriza en la alimentación” (4). En los pueblos de la sabana de Bogotá, muchas trabajadoras están preocupadas por los abortos espontáneos, malformaciones en los niños o cánceres. El sindicato Untraflores lamenta que no haya estudios exhaustivos acerca del impacto sanitario de la rosicultura, aunque algunos estudios establecen una conexión (5). “Es difícil hacer un seguimiento independiente de la salud de los trabajadores en granjas que son como feudos”, declara Tomás Enrique León Sicard, del Instituto de Estudios Ambientales de Bogotá. Muchos gerentes de explotaciones, por su parte, juran que eso es algo del pasado y sostienen que mejoraron sus prácticas. Sin embargo, las mujeres siguen estando exentas de las tareas que implican los productos fitosanitarios, y de la prima que las acompaña. “Es porque preparamos la comida, porque amamantamos, y porque eso nos puede impedir tener hijos”, explica Daisy, una trabajadora colombiana que ama su trabajo. Su marido, por su parte, cambió de oficio y le pide en vano a su compañera que “no cambie su salud por dinero”. Las fumigaciones de funguicidas e insecticidas se dan durante todo el proceso de crecimiento de los tallos. Después de cada fumigación, el acceso a los invernaderos está prohibido durante el tiempo que las sustancias tardan en caer al suelo. La cuarentena dura algunos días o algunas horas, según los productos… y según las granjas. Quince días antes de San Valentín, llegan en autobuses para la cosecha trabajadores de las regiones pobres del país, así como inmigrantes venezolanos. De repente, las jornadas de trabajo pasan de diez horas a dieciséis horas, en promedio. La cosecha implica

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gestos repetitivos, a un ritmo de 350 flores cortadas y cargadas por hora. Apenas concluida la operación, los vegetales son transportados a galpones refrigerados a 4°C para interrumpir la apertura del pimpollo y el marchitamiento. Ahí, otros equipos de mujeres sacan hojas y espinas, seleccionan, recortan, embalan, aplican funguicidas y arman ramos para los supermercados. Las flores consideradas como no aptas –por una densidad menor de pétalos, un tallo curvado, pequeñas manchas o ligeras variaciones de color–serán destruidas o vendidas a bajo precio en el mercado nacional. Un largo camino La cosecha continúa, y ya comienza el ida y vuelta de los camiones refrigerados hacia el aeropuerto –la proximidad de esta infraestructura se cuenta entre los criterios de elección de las zonas de producción–. El transporte se efectúa bajo protección, para evitar robos o la introducción de estupefacientes, y bajo el ojo discreto de investigadores que persiguen los convoyes que no pagaron las regalías a los hibridadores occidentales. El mantenimiento de la cadena de frío hasta los depósitos del cliente aumenta considerablemente los costos de transporte. Mientras que las flores producidas en Colombia y en Ecuador están mayormente destinadas al mercado estadounidense (0,85 centavos de dólar por kilo transportado), las cultivadas en Kenia o Etiopía viajan hacia Europa. El transporte representa el 90% de la emisión de carbono de las flores de Kenia. Pero los cultivos holandeses en invernaderos iluminados y calentados tendrían un impacto seis veces mayor (6). Dos días después del corte, los cargamentos de rosas llegan a Aalsmeer, la Bolsa

Mundial de las Flores que está en Holanda, o a Miami, el núcleo del sector en Estados Unidos. Ahí se subastan entre los mayoristas y los supermercados, luego se las lleva en camiones a los centros de distribución de las grandes ciudades. Llegan a los floristas cinco días después de haber sido cortadas. La venta de exportación se realiza en dólares: alrededor de 20 a 30 centavos la rosa al salir de la granja, 80 centavos a los comerciantes y 1,5 dólares para el consumidor. Una tarifa que se duplica o triplica en San Valentín. Los mayores productores pertenecen a grandes grupos estadounidenses o europeos, que impulsan la firma de los trata-

Fue en el siglo XIX cuando las técnicas de hibridación modelaron la rosa moderna, de grandes pétalos y tallos rectos. dos de libre comercio cuya puesta en práctica quebró a los productores de Estados Unidos. Pero, en contrapartida, el lobby agrícola estadounidense consiguió que se sacaran los impuestos a la exportación de soja, de trigo, de maíz y de aceite a Colombia (7). “Una tragedia –se lamenta Ricardo Zamudio, de Corporación Cactus, una asociación medioambiental colombiana–. En tierras fértiles, la producción floral de exportación

reemplaza a los cultivos locales destinados a la alimentación, y estos acuerdos comerciales terminan de destruir nuestra soberanía alimentaria.” Las flores llegan al florista unos días antes de la fiesta en cuestión, en el momento en que las campañas publicitarias exaltan la belleza de las rosas. Entonces empieza una nueva serie de manipulaciones: “Las botas y las manos en la humedad. En realidad, un trabajo sucio”, comenta un florista francés. Contrariamente a lo que es la norma para las frutas y verduras, la reglamentación no exige ningún tipo de etiqueta acerca de la proveniencia de las flores. Así, pocos clientes saben que casi la totalidad de las rosas provienen de países ecuatoriales (8). Los floristas conocen la carga química que se utiliza en la producción, pero no perciben peligro para sí mismos. Khaoula Toumi sin embargo identificó residuos de más de cien sustancias tóxicas en las manos de los floristas belgas, y setenta en su orina -de las cuales algunas están prohibidas en Europa-. Con la excusa de que no comemos (o ya no comemos) las flores, la industria hortícola queda parcialmente fuera de los debates y de las normas sanitarias; la ola de lo bio no la toca. El sector colocó etiquetas “verdes”, pero se trata de autocertificaciones o de organismos privados que dependen de los industriales. “Los trabajadores son apartados de la evaluación de las prácticas”, señala Zamudio. En los países consumidores, algunos cultivadores de flores cortadas parecen decididos a salir del productivismo: con pequeñas empresas, producen variedades locales o viejas, adaptadas a la estación, minimizan el uso de insumos químicos, apuntan

a la clientela de las proximidades y a veces proponen ellos mismos los arreglos florales. Todavía marginal, su enfoque, menos dependiente en cuestión de capitales, pero más exigente tanto en mano de obra como en conocimientos específicos, resuena con el de las Asociaciones para el Mantenimiento de una Agricultura Campesina. No es casualidad que algunos de estos floristas ofrezcan sus flores al lado de las verduras del horticultor vecino. En sus locales, solo se encuentran rosas en los días lindos. Son más pequeñas, tienen más aroma. Y se las puede meter en el compost. g 1. Véase Rick Fantasia, “El jugo de tomate lubrica las máquinas”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2017. 2. Veáse Christelle Gérand, “El revés del milagro económico etíope”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2019. 3. Queens Flowers, Splendor Flowers, Elite Flowers. 4. Khaoula Toumi, “Exposition des travailleurs aux résidus de pesticides sur les fleurs coupées et sur les produits horticoles”, Universidad de Lieja, 2018. 5. Mauricio Restrepo et al., “Prevalence of adverse reproductive outcomes in a population occupationally exposed to pesticides in Colombia”, Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Helsinki, Vol. 16, Nº 4, agosto de 1990; Marcela Varona et al., “Alteraciones citogenéticas en trabajadoras con riesgo ocupacional de exposición a plaguicidas en cultivos de flores en Bogotá”, Biomédica, Vol. 23, Nº 2, Bogotá, 2003. 6. Adrian Williams, “Comparative study of cut roses for the British market produced in Kenya and the Netherlands”, Cranfield University, 2007. 7. Damian Paletta, “In rose beds, money blooms”, The Washingon Post, 10-2-18. 8. En Francia, el 99% de las rosas cortadas son importadas. “Bilan annuel - Commerce extérieur français des produits de l’horticulture”, FranceAgriMer, París, 2016.

*Colectivo La Rotative.

Traducción: Aldo Giacometti

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La cumbre celebrada en París en diciembre de 2019 renovó las esperanzas de una solución del conflicto en la región de Donbass. El activismo del presidente francés, aunque necesario para frenar la escalada, no parece suficiente para lograr una paz duradera.

El conflicto separatista en Ucrania

Si quieres la paz, mejora tu diplomacia por Igor Delanoë*

Kenneth Noland, Blue, Yellow, Black, 1961 (gentileza Christie’s)

H

acía tres años que Francia, Alemania, Ucrania y Rusia no se reunían los cuatro (en el llamado “formato Normandía”), mientras que en Donbass el conflicto entre Kiev y las autoproclamadas repúblicas prorrusas se empantanaba. La reactivación de ese formato se logró tanto gracias a los esfuerzos diplomáticos que el presidente Emmanuel Macron venía realizando desde el verano boreal de 2019 como gracias a la apertura que generó la elección a la cabeza de Ucrania de Volodimir Zelensky. El 21 de abril de 2019, Zelensky obtuvo el 73% de los votos contra el presidente en ejercicio, Petro Poroshenko. Este maremoto se confirmó en julio, cuando en elecciones legislativas anticipadas su partido, el Servidor del Pueblo, obtuvo –por primera vez desde el advenimiento del multipartidismo en 1991– la mayoría absoluta en la Rada (el Parlamento) con el 43% de los votos. Así, el nuevo Presidente recibió un claro mandato de su electorado, que espera mucho de él, en particular para desbloquear la situación en el Donbass.

Si bien Poroshenko había establecido un cordón sanitario en torno a la provincia escindida, su sucesor estaría considerando el asunto desde un ángulo diferente. Durante la campaña presidencial, Zelensky no dudó en expresarse en ruso en los medios de comunicación ucranianos (1). Desde que llegó al poder, se negó a utilizar la expresión “agresión rusa” para hablar de la situación en Donbass (2). Tras ser electo, se apresuró en enviar señales que indicaban la voluntad de devolver la provincia rebelde contra Kiev. Así pues, a partir de septiembre de 2019 su administración elaboró un plan para restablecer los vínculos económicos y humanitarios con los territorios separatistas, plan que prevé, en particular, facilitar el pago de las jubilaciones, que la administración anterior había obstaculizado (3). Resultados modestos Aprovechando la oportunidad que ofrecía la llegada de un nuevo gobierno a Kiev, a fines de junio París maniobró para facilitar la plena reintegración de Moscú

en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde los derechos de los rusos habían estado suspendidos durante cinco años. A principios de septiembre, rusos y ucranianos intercambiaron setenta prisioneros. Unos días después, el Grupo de Contacto Trilateral (conocido como “Grupo de Minsk”), compuesto por representantes de Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), acordó la creación de tres “zonas de prueba” a lo largo de la línea divisoria, de las cuales se retiraría el armamento pesado: Petrovsky, Stanytsia Luhanska y Zolotoïe (4). Estas localidades no fueron elegidas al azar: eran aquellas donde los enfrentamientos seguían siendo esporádicos. En vista de estos avances, Francia creía que era inminente una cumbre formato “Normandía” –París hablaba de octubre–, mientras que Moscú seguía mostrándose cauto: en el mejor de los casos, sería en noviembre. Los cuatro líderes se reunieron finalmente el 9 de diciembre en la capital francesa. Mientras tanto, tuvieron lugar dos acontecimientos

significativos. El 1 de octubre Kiev convino en suscribir la “fórmula Steinmeier” –por el nombre del ex ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier–, que prevé la celebración de elecciones en las provincias secesionistas bajo la supervisión de la OSCE. A esta institución ya se le había confiado una misión de observación, antes de que la Rada aprobara una ley sobre el estatuts especial de Donbass. La señal fue bien recibida por Rusia que, para confirmar su participación en la cumbre “Normandía”, devolvió a Ucrania los tres buques de guerra secuestrados frente a Crimea a fines de noviembre de 2018. Sin embargo, aunque la Cumbre de París había suscitado esperanzas de progreso en la búsqueda de una solución diplomática al conflicto, sus resultados son modestos. La mayor parte del avance consiste en frenar la escalada militar. A falta de una retirada exitosa de las armas pesadas de toda la línea divisoria –como estipulaban los Acuerdos de Minsk del 12 de febrero de 2015–, los cuatro dirigentes acordaron establecer tres nuevas “zonas de prueba” a lo largo de la línea de contacto, de las que se retirarán dichas armas de aquí a marzo de 2020. El Grupo de Minsk también elaborará un nuevo plan de desminado, y se prevé un intercambio de prisioneros sobre la base de “todos por todos”. Este ambicioso objetivo sólo se alcanzaría parcialmente el 29 de diciembre cuando, al no haberse acordado un intercambio integral, rusos y ucranianos por su cuenta intercambiaron 200 hombres. También está previsto abrir nuevos puntos de cruce a lo largo de la línea divisoria, para mejorar las condiciones de vida en Donbass facilitando los contactos entre las personas. Por último, una nueva cumbre con el “formato Normandía” tendrá lugar en Berlín de aquí a abril (5). Una paz condicionada Visto desde Moscú, la llegada de Zelensky no cambia los fundamentos del conflicto en Donbass: la pelota sigue en el campo de Ucrania, que debe aplicar los Acuerdos de Minsk. Por lo tanto, cuando el presidente ruso Vladimir Putin decide ir a París, es probable que tuviera en mente un doble objetivo: convencer al presidente Macron, quien no ha escatimado esfuerzos para abrir el juego hacia Rusia, incluso poniéndose en contra a parte de su cuerpo diplomático y militar, y más concretamente hablar de gas con su par ucraniano, con el que se reuniría por primera vez. El ministro de Energía ruso Alexander Novak y el director de Gazprom Alexeï Miller acompañaban al amo del Kremlin. Y por una buena razón: el contrato rusoucraniano de diez años sobre el suministro y tránsito del gas ruso expiraba a fines de diciembre de 2019. Las discusiones parecen haber sido fructíferas, ya que el 20 de diciembre rusos y ucranianos anunciaron que se había concluido un Memorándum de Entendimiento sobre la prolongación del tránsito del gas ruso a Europa a través de Ucrania. La cuestión de la duración del contrato constituía, junto con la cuestión del volumen y la tarifa, uno de los obstáculos para celebrar un acuerdo. Ucrania quería que fuera por diez años; Rusia, por un año. Al final, será por cinco años. Además, Gazprom se ha comprometido a pagar los 2.900 millones de dólares que debe al operador ucraniano de gas Naftogaz en virtud de la decisión del Tribunal de Arbitraje de Estocolmo. Esta suma se abonaría a partir del 27 de diciembre. A cambio, Kiev renuncia a su derecho de emprender acciones legales contra Gazprom por el incumplimien-

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to del contrato de tránsito (incluidas las cláusulas sobre los volúmenes mínimos de gas ruso que cruzan por territorio ucraniano), obteniendo reparaciones que podrían alcanzar hasta 12.200 millones de dólares. Las conversaciones de París sin duda habrán allanado el camino para resolver el conflicto del gas y evitar una escalada hacia una nueva “guerra del gas”. Además, la continuación del tránsito a través de Ucrania era una de las condiciones que estableció Alemania para completar la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en el Mar Báltico para llevar el gas ruso a Europa. Rusia ha sido criticada a menudo por adherir a los Acuerdos de Minsk y no hacer lo suficiente para facilitar su implementación ante sus protegidos de Lugansk y Donetsk. Ucrania, por su parte, se niega a avanzar en el marco definido por este texto, que la población no acepta. Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los ucranianos quieren la paz, pero no a cualquier precio. Por ejemplo, a principios de octubre el 56,2% de los encuestados se oponía a conceder un estatus especial a Donbass, y el 59% se oponía a cualquier amnistía para los combatientes separatistas (6). A principios de octubre, la firma de Kiev en la “fórmula Steinmeier” –que formalmente allanó el camino para la Cumbre de París– arrojó de inmediato a miles de ucranianos a las calles para protestar contra lo que consideraban una capitulación ante Moscú. Para los opositores a esta fórmula –que el ex presidente Poroshenko calificó como “fórmula Putin”– fue una gran concesión a Moscú, ya que en contrapartida Kiev no recibió ninguna garantía de que recuperaría la soberanía sobre la frontera entre el Donbass y el territorio ruso. Además, durante su conferencia de prensa posterior a la Cumbre de París, Zelensky recordó que el cumplimiento de esta demanda seguía siendo una condición indispensable para que Kiev reconociera la legitimidad de las elecciones locales en Donbass (7). Asimismo, los ucranianos creen que tienen menos motivos para cumplir las condiciones que han suscrito, ya que el progreso del proceso de Minsk debe reflejarse en un levantamiento gradual y selectivo de las sanciones europeas contra Rusia. Por lo tanto, es lógico que Moscú se atrinchere en el texto y exija su aplicación según la secuencia indicada, sin una nueva inversión de las cláusulas. Durante su visita a París en diciembre, Putin también quería recordar a franceses y alemanes el valor de su firma en este acuerdo. Mientras que tanto París como Berlín se ven a sí mismos como intermediarios entre ambas partes del conflicto, Rusia tiende a considerarlos de facto como los patrocinadores de Kiev. Y estima que no ejercen suficiente presión sobre Ucrania para que cumpla con las obligaciones contraídas al firmarse los Acuerdos de Minsk. No obstante, durante el verano boreal de 2019 Kiev quiso darse un margen de maniobra frente a sus patrocinadores europeos, buscando –en vano– extender el “formato Normandía” a Estados Unidos y al Reino Unido, más firmes frente a Moscú. La conversación telefónica filtrada entre Donald Trump y Zelensky en julio de 2019 disparó la sospecha de que el presidente estadounidense intentaba chantajear a su par para obtener información comprometedora sobre su rival demócrata Joseph Biden. Por un tiempo hicieron que el expediente ucraniano se tornara tóxico en Washington, pero no impidieron –muy al contrario– un nuevo contrato para la entrega de misiles antitanque Javelin (el segundo después del

de diciembre de 2017), ni la votación de 300 millones de dólares de asistencia militar a Ucrania. Posibles escenarios La política de espera rusa lleva a preguntarse cuál es el objetivo de Moscú. Desde 2014 no ha cambiado: se trata de impedir que Kiev se adhiera a la comunidad euroatlántica y, sobre todo, que se convierta en

Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los ucranianos quieren la paz, pero no a cualquier precio. miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Hasta ahora, Moscú parecía considerar que la reintegración en Ucrania de las provincias separatistas con estatus especial le daría cierto derecho a controlar los asuntos ucranianos y le permitiría evitar tal escenario. Sin embargo, ¿Rusia continúa con esta línea? Nada es menos seguro, como parece indicar la “pasaportización” [pasaporte condicionado] del Donbass decidida por Putin en la primavera de 2019, a semejanza de los otros conflictos congelados en el espacio possoviético (es decir Transdniéster, Abjasia y Osetia del Sur, regiones separatistas de Moldavia y Georgia). A fines de 2019, cerca de 200.000 habitantes de las provincias separatistas (de casi 2 millones) ya habían recibido o solicitado pasaportes rusos (8). Esta política separa aun más Donbass del resto de Ucrania, al tiempo que crea una inestabilidad suficientemente controlada como para impedir su adhesión a la OTAN. Es poco probable que en esta fase una renuncia oficial de la Alianza Atlántica a integrar a Ucrania en sus filas constituya de hecho la única garantía sólida que podría ofrecer a Moscú, lo que en consecuencia permitiría reintegrar al Donbass en el seno de Ucrania. Los otros escenarios, como la adopción por parte de Ucrania de un estatus de no alineado o la renuncia ucraniana a Donbass, parecen aun más ilusorios. Si el statu quo prevaleciera, el “formato Normandía” se convertiría en un marco para gestionar un conflicto congelado, muy alejado de las ambiciones del presidente Macron. g 1. Véase Nikita Taranko Acosta, “Una ucranización

a marcha forzada”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2019. 2. Arkady Moshes, “The Normandy Summit on Ukraine: no winners, no losers, to be continued”, FIIA Comment, N° 14, Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, Helsinki, diciembre de 2019. 3. “Ucrania tiene la intención de reanudar el pago de las pensiones a los habitantes de Donbass”, Nezavissimaïa Gazeta, Moscú, 25-9-19. 4. “Disengagement: OSCE is monitoring how sides in eastern Ukraine deliver on agreement”, OSCE, 19-10-16, www.osce.org. 5. “Sommet de Paris en format ‘Normandie’”, Élysée, París, 9-12-19, www.elysee.fr. 6. Encuesta realizada entre una muestra representativa de la población ucraniana, excluyendo a Crimea y Donbass. Fabrice Deprez, “Ukraine remains split over how to achieve peace in contested Donbas region”, Public Radio International, 6-11-19, www.pri.org 7. “Zelensky a exigé le contrôle avant les élections dans le Donbass”, Rossiya Segodnia, Moscú, 10-12-19. 8. “On connaît le nombre de détenteurs de la citoyenneté russe en LNR” (en ruso), Lenta, 13-11-19, https://lenta.ru

*Director Adjunto del Observatorio Franco-Ruso de Moscú. Traducción: Teresa Garufi

el impeachment contra trump

Después del Rusiagate, ahora el Ucraniagate por Aaron Maté*

Una conversación telefónica en julio de 2019 entre el Presidente de Ucrania y Donald Trump revelaría los peculiares modos de negociar, a su favor, del mandatario estadounidense.

E

l intercambio entre Trump y Zelensky tuvo lugar poco después de que se congelara la ayuda militar estadounidense a Ucrania. También coincidió con distintas actividades del abogado personal del Presidente, Rudolph Giuliani, en ese país. Altos funcionarios de la Casa Blanca y de los servicios secretos aprovecharon esta combinación de circunstancias para concluir que Trump estaba tratando de negociar su ayuda militar a cambio de un favor político. Expresaron sus temores a un “informante”, en este caso un empleado de la Central Intelligence Agency (CIA), quien presentó una denuncia contra el Presidente, desencadenando la investigación para un proceso de destitución que actualmente obnubila a Washington. El “Ucraniagate” comparte muchas características con el “Rusiagate”. Una vez más, las recriminaciones contra el Presidente provienen del aparato de seguridad nacional. Una vez más, el asunto se desarrolla en los círculos de poder, con Trump y sus aliados republicanos por un lado, y por el otro una poderosa alianza que reúne a dirigentes demócratas, grandes grupos mediáticos, responsables de la seguridad nacional y neoconservadores republicanos, quienes consideran todos a Trump como un mal administrador del imperio estadounidense en el mundo. Una vez más, prevalece una mentalidad de Guerra Fría. En 2016, los críticos del Presidente acusaron a los rusos de conspirar para instalarlo en la Casa Blanca; en 2019, sospechan que maniobraba para promover su reelección, dejando al aliado ucraniano a merced del enemigo ruso. Una vez más, los demócratas están haciendo una apuesta arriesgada. Hace tres años, el “Rusiagate” había dañado la campaña de Hillary Clinton al llamar la atención sobre los correos electrónicos robados a los demócratas que exponían las maniobras de su Comité Nacional contra Bernie Sanders. Este año, la denuncia del informante anima a interesarse por la integridad de la familia Biden. Y una vez más un enfrentamiento interno de las elites se apodera del espacio político y mediático, eclipsando casi todo lo demás, en especial una prometedora primaria demócrata.

Bases frágiles Sin embargo, los dos casos difieren en un punto crucial. Mientras que el “Rusiagate” se basaba en una conspiración imaginaria, en el caso ucraniano el Presidente estadounidense actuó efectivamente de forma poco ética. Aunque la familia Biden estuviera involucrada en negocios sospechosos en Ucrania, no tenía que pedirle al Presidente del país que averigüe más. La acusación del informante según la cual Trump habría intentado “abusar de su posición para servir a intereses personales” es, en efecto, digna de investigación. Pero esto no justifica iniciar un proceso de

destitución. ¿Existen pruebas de que el Presidente de Estados Unidos haya presionado a Ucrania retrasando la ayuda militar para obligarlo a investigar a los Biden? Trump ya había congelado esta asistencia cuando realizó la llamada telefónica, pero el tema no se abordó en la conversación con Zelensky. Por otra parte, el gobierno ucraniano sólo se enteró de esta decisión más de un mes después. El senador demócrata Christopher Murphy, que se reunió con Zelensky en septiembre, también explicó en la CNN (26 de septiembre de 2019) que el Presidente ucraniano “no estableció ningún vínculo entre la interrupción de la ayuda y las peticiones hechas por Giuliani”. El chantaje será difícil de probar si la víctima afirma desconocer tanto el complot como el rescate. La transcripción del llamado [telefónico] de la Casa Blanca no establece claramente lo que Trump exige a Zelensky: su discurso desarticulado abre la puerta a diversas interpretaciones. Sobre los Biden, declara a su par: “Todo lo que pueda hacer con el secretario de Justicia [William Barr] será muy apreciado”. Luego le pide que “investigue la cuestión”. Pero Barr dice que nunca planteó al Presidente la posibilidad de investigar a Biden o de ponerse en contacto con Ucrania, y Zelensky niega que se lo presionara para que investigara a Biden. En cuanto a la expresión “investigar la cuestión”, puede interpretarse de diferentes maneras, desde la más benigna hasta las más censurable. Además, el “favor” que pide Trump no se refiere a la familia Biden, sino a la colaboración del Presidente ucraniano con la averiguación de Barr sobre los orígenes de la investigación rusa. Por muy incoherente y desarticulado que sea, Trump tiene derecho a solicitar esa cooperación, dado que funcionarios ucranianos intervinieron en las elecciones de 2016 para socavar su candidatura revelando informaciones comprometedoras sobre su director de campaña, Paul Manafort. Por lo tanto, son posibles múltiples escenarios. Tal vez Trump trató de chantajear a Ucrania, o tal vez no. Quizás quería una investigación sobre la intromisión ucraniana en las elecciones de 2016, o sobre Biden, o sobre ambas cosas al mismo tiempo. Una petición relativa a Biden sería sin duda poco ética, pero una solicitud relativa al rol de Ucrania sería legítima. Si Trump quiso utilizar la ayuda militar como medio de presión –cuando estaba obligado por el Congreso a autorizarla– sería, por supuesto, culpable de abuso de poder. Pero si intentó negociar una reunión en la Casa Blanca, su iniciativa estaría más que justificada. g Véase la nota completa en www.eldiplo.org (edición Nº 245, noviembre de 2019)

*Periodista. Traducción: Teresa Garufi

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Para cuidar la fauna amenazada de extinción, los gobiernos africanos ceden soberanía a poderosas ONG. Liderando esta “filantropía verde” se encuentra la sudafricana African Parks, que administra una quincena de reservas naturales en el continente negro.

Militarización y mercantilización de parques naturales

Sudáfrica, naturaleza y buenos negocios por Jean-Christophe Servant*, enviado especial

Futuros guardaparques entrenan cargando ramas para simular el peso de las armas, Tanguieta, 11-1-18 (Stefan Heunis/AFP)

“

Lo que me fascina de mi trabajo de director de la reserva es estar entre los leones, como en la serie Daktari” (1), confiesa, emocionado, Jean-Pierre Wilhelm. Desde la mesa donde almuerza con su equipo, se observa un paisaje de sabana y colinas de unos 4.800 kilómetros cuadrados. Desde junio de 2019, es la propiedad de este sexagenario alsaciano que dirige, por cuenta de la organización no gubernamental (ONG) sudafricana African Parks (AP), el Parque Nacional de Pendjari, una reserva de biósfera situada en el nordeste de Benín, a unos cuarenta kilómetros de la ciudad de Tanguieta. Para llegar a este santuario de fauna, del cual AP obtuvo la concesión por parte del gobierno beninés en mayo de 2017, hay que conducir entre algodonales y huertas de campesinos.

Último refugio de elefantes y leones de la región, el parque de Pendjari, por el nombre del río que lo bordea, pertenece a la amplia área protegida transnacional del Complejo W-Arly-Pendjari (WAP), que comprende también el parque de Arly, en Burkina Faso, y el de W, en la frontera entre ese país, Níger y Benín. Comparado con estos otros dos parques del WAP, ambos gestionados por los poderes públicos, el parque de Pendjari sería el “menos dañado”, se jacta Peter Fearnhead, director de AP. Una clientela adinerada ¿Una ONG a la cabeza de un parque nacional africano? Hasta no hace mucho tiempo, las asociaciones se limitaban a recaudar fondos en beneficio de la administración de reservas nacionales, a riesgo de ser acusados, como el World

Wildlife Fund (WWF), de financiar los abusos de los guardaparques (2). Con African Parks, creada hace veinte años por el multimillonario holandés Paul Fentener van Vlissingen, llegó el tiempo de las ONG en la política por extender el espíritu empresarial y la rentabilidad del patrimonio natural africano. Los parques que administra la empresa –en total, unos quince dentro del continente– son muy valorados por una clientela adinerada, mayoritariamente occidental, capaz de pagarse un viaje, guías y estadía en hoteles de lujo (lodges), en los que cada noche puede costar más de 600 dólares. En Benín, AP aspira a construir un lodge de cinco estrellas en una zona de safari exclusiva reservada a sus clientes más ricos. La ONG cuenta también con el turismo cinegético, que ya garantiza al parque

beninés –dotado de tres reservas privadas de caza mayor, de jabalí africano, por ejemplo– el mismo volumen de ingresos que los safaris fotográficos. Pero también podría lanzarse al mercado en pleno auge de la transformación de plantas medicinales, puesto que el Pendjari rebosa de plantas que se utilizan en la farmacopea tradicional y cuyas moléculas aún no han sido patentadas. En otras palabras, monetizar la naturaleza a la vez que se la protege, con una política de tolerancia cero respecto de los contraventores. Actividades polémicas El eslogan de la AP marca el tono: “El espíritu de los negocios al servicio de la preservación de la naturaleza”. La organización sudafricana es pionera en las asociaciones de los sectores público y privado destinadas a “salvar cada uno de los once biomas –medio ecológico extenso y homogéneo– del continente”, explica su director regional para África Occidental, Erik Mararv, un sueco nacido y criado “en la sabana”, en República Centroafricana. Siguiendo un esquema ya bien aceitado, la AP firma acuerdos a largo plazo –veinte años, en promedio– con los Estados, que conservan la soberanía sobre los parques, mientras que la ONG se compromete a proporcionar todos los medios, incluso militares, para rehabilitarlos, hacer revivir la fauna, pero también brindar apoyo a las comunidades aldeanas cercanas. Tras haberse extendido en África Austral (Malawi y Zambia), obtuvo la gestión de varias reservas situadas en las zonas grises de países en reconstrucción, de la República Centroafricana a la República Democrática del Congo (RDC). Sus guardaparques son a menudo “la única fuerza estabilizadora en algunas de las regiones más alejadas y peor comunicadas de África”, destaca Mararv. Allí, la AP organiza la lucha contra la caza ilegal y el tráfico de marfil, financiados muchas veces por grupos sanguinarios como el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por su sigla en inglés) ugandés (3) o las milicias Janjaweed de Sudán del Sur. Así pues, la AP se encuentra a la vanguardia de la militarización de los parques africanos. Según su página web, al frente “del más amplio y diversificado capital de ecosistemas africanos administrados por una ONG” –dieciséis parques en diez países de África Subsahariana cubren una superficie total de doce millones de hectáreas–, emplea cinco mil personas, de las cuales mil son guardas forestales, es decir, el contingente de guardas forestales privado más importante del continente. Las proezas de la AP en materia de reintroducción de especies en riesgo le han valido las alabanzas de la prensa anglosajona, en particular de la revista mensual estadounidense National Geographic, uno de sus patrocinadores (4). La ONG ha sabido también rodearse de influencers de peso, como el mediático Henry (“Harry”), duque de Sussex, su presidente de honor desde fines de 2017, y el estadounidense John Scanlon, ex director de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), su embajador mundial. A la sombra de este areópago de salvadores blancos, los guardaparques de la AP, holgadamente remunerados (con un sueldo de casi 300 euros en Benín, donde el salario promedio se eleva a 65 euros por mes), reciben regularmente instrucción paramilitar proporcionada por ex oficiales sudafricanos, franceses o israelíes. Además, la AP otorga bonos

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a los guardaparques más comprometidos –los que han realizado el mayor número de detenciones o descubierto la mayor cantidad de trampas para animales–. Cada año, la ONG evalúa a cada uno de sus empleados. El perfil de Wilhelm dice mucho acerca del modelo de gestión de AP. Graduado de la Escuela de Minas de Nancy, fue cadete de reserva en el seno de la Fuerza Kosovo (KFOR) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Más tarde, supervisó durante dieciocho años la creación y la explotación de varios sitios mineros africanos, de la mina de hierro de Afri, en Mauritania, a los yacimientos de oro de Houndé, en Burkina Faso. El mundo de la extracción minera, devastador para el medio ambiente, parece estar en las antípodas de las convicciones que exhibe su nuevo empleador. Pero, según Wilhelm, ambas actividades tienen en común el hecho de que se “basan en el apoyo de las comunidades ribereñas”: “Si se las deja al margen de estas actividades, las cosas podrían cambiar muy rápidamente”, explica. Unas 200.000 personas viven en las inmediaciones del Pendjari. Para alentar a sus 230 empleados –de los cuales unos 100 son guardaparques recién contratados y, 4 de ellos, oficiales de aguas y bosques enviados en comisión de servicio por el Estado–, al director del Pendjari le gusta citar una máxima, que bien podría encontrarse en un manual de autoayuda: “Solo, vas más rápido; juntos, vamos más lejos”. En cualquier caso, la política de tolerancia cero de AP contribuyó a “llenar la cárcel de Natitingou”, la ciudad principal del departamento, pero también a “tensar los vínculos con los ribereños del parque”, observa Jérome Sambini, periodista en Nanto FM, una radio comunitaria local. En febrero de 2018, un año después de la llegada de la ONG, cazadores tradicionales, desafiando las prohibiciones, habían organizado una batida dentro del parque. Los guardaparques mandaron las motos de los contraventores al depósito de la comisaría de Tanguieta. En venganza, cientos de personas saquearon las oficinas de la AP y quemaron una decena de vehículos. Inseguridad y militarización Durante el mismo año 2018, relata otra fuente en Tanguieta, un grupo de guardaparques “abatieron, sin el acuerdo de los pastores fulanis, al menos 350 cabezas de ganado que se hallaban ilegalmente dentro del parque”. Según las estaciones, hasta diez mil cabezas de ganado pueden trashumar a través del parque en dirección sur. “Para las comunidades que viven alrededor del parque Pendjari –subraya la periodista beninesa Flore Nobime–, se ha vuelto también cada vez más difícil acceder a los fetiches situados adentro del parque, a los que recurren en particular

para resolver problemas de salud” (5). Encuentran los mismos obstáculos para recoger rafia y bambú, que emplean para la construcción de techos, o para recolectar plantas y raíces medicinales utilizadas en la farmacopea tradicional. La carne de animales silvestres, como el agutí, un roedor grande que antes se cazaba furtivamente en el parque, se ha vuelto cada vez más escasa, y por lo tanto más cara. No es la primera vez que las actividades de la AP generan polémica. “En 2004, AP provocó indignación debido a su implicación en el desplazamiento de varios miles de nómadas de la etnia Mursi que vivían en el parque etíope de Omo o en sus alrededores”, recuerda Bram Büscher, investigador holandés en Ecología Política, especializado en la Historia de los Parques de África Austral y en el estudio de su comercialización. La ONG tuvo entonces que abandonar Etiopía. “Mientras las comunidades ribereñas no tengan una participación directa en la gestión de

Para las hadas madrinas de la African Parks, la preocupación ambiental no parece estar nunca muy lejos de la billetera. sus parques –comenta Büscher– la AP seguirá perpetuando el modelo foráneo y neocolonial de esas ‘fortalezas de la preservación del medio ambiente’, que, en su gran mayoría, están destinadas a una clientela blanca”. En su oficina del Pendjari, Wilhelm reconoce a regañadientes la “dificultad cultural para imponer un modelo de gestión anglosajón, traído de Sudáfrica, en territorio del África francófona”. Y luego agrega: “Pero empezamos a ser más tolerantes con los pescadores que vienen al parque”. El director tiene que lidiar, además, con una situación tensa en cuanto a la seguridad. A principios de 2019, cuando todavía no había asumido su cargo, dos turistas franceses que visitaban el Pendjari fueron secuestrados por una banda de “crápulas”. Localizados gracias a sus teléfonos celulares, y luego neutralizados en Burkina Faso por las fuerzas especiales francesas, los secuestradores habrían tenido la intención de vender sus rehenes al grupo yihadista Ansarul Islam, surgido en 2016 en Mali e integrado por funalis (6). El asesinato del guía de los franceses, Fiacre Gbédji, de 29 años, en manos de los secuestradores, provocó mucha conmo-

ción en Benín, donde por primera vez ocurría un crimen de esa índole. Ninguna prueba formal permite vincular la “intensificación de las capacidades de mantenimiento del orden” –la militarización– en el Pendjari y el drama de mayo de 2019. Pero los riesgos eran conocidos. Tres meses antes del secuestro –tras el cual el Pendjari fue declarado “zona roja” por el Quai d’Orsay–, una nota del Instituto de Estudios Estratégicos, iniciativa sudafricana con sede en Pretoria, advertía: “Las medidas preventivas contra la amenaza extremista en Benín deberían considerar la existencia de conflictividades locales, en particular las vinculadas a la gestión de los recursos de la tierra y de los parques nacionales” (7). Uno de los guías del Pendjari nos confiesa que le surgen preguntas sobre las razones que llevaron al asesinato de su colega: “¿Habrá sido un acto de venganza?”. Algo es seguro: en esta zona de frontera, tanto guardaparques como turistas pueden ahora convertirse en un blanco simbólico para alianzas coyunturales entre yihadistas, salteadores de caminos y traficantes transfronterizos. Según uno de los guardas forestales, el puesto de seguridad del parque de Pendjari cuenta con “una tecnología más sofisticada que la de las fuerzas regulares beninesas”. “Si aquí llega a haber un nuevo incidente, será el fin del Pendjari –explica Wilhelm–. Actualmente, estamos organizados en base a un modelo militar, con una prioridad: la inteligencia de la información. Nosotros pagamos a los ribereños para que nos proporcionen datos. Es como en el ajedrez: siempre hay que estar un paso adelante”. El director sabe que necesita el apoyo de los benineses, a quienes intenta tocarles la fibra patriótica con afirmaciones tales como: “Este parque es un orgullo nacional; estamos junto a ustedes”, o también: “Hoy, les puedo decir: yo también soy africano”. Un mercado a cielo abierto Para el presidente beninés Patrice Talon, hay mucho en juego. Este hombre de negocios que amasó su fortuna en el sector del algodón, hizo del parque de Pendjari el proyecto emblemático de su programa de desarrollo y de inversión, denominado “Benín al descubierto”, que reposa especialmente en el turismo. Electo en 2016, conoció la AP durante un viaje oficial en Kigali, en agosto de 2016. No disimula su adhesión al modelo liberal-autoritario que encarna Paul Kagamé, el presidente de Ruanda, donde, desde 2020, la ONG está a cargo de la cogestión del Parque Nacional de Akagera. Ex diputado del partido opositor Restaurar la esperanza, Guy Dossou Mitokpè observa: “El establecimiento de African Parks en Benín se hizo con total opacidad, sin convocar a los legisladores, sin licitaciones, y sin que se nos diera una copia del contrato… Todo esto

genera muchos interrogantes. Un parque nacional, con su propio aeródromo donde cada uno hace lo que quiere, no puede convertirse en un enclave con un funcionamiento al margen del Estado beninés”. La AP no deja, pues, de alimentar las diatribas de la oposición respecto del presidente Talon. En Tanguieta, los profesionales del turismo, por su parte, reconocen haber sentido alivio tras el anuncio de la llegada de los sudafricanos. “Yo lloraba casi todos los días. El parque se estaba hundiendo debido a la magnitud de la caza ilegal. Todo el mundo entraba sin ningún control”, cuenta Adamou Akpana, presidente de la Unión de guías y transportistas de turistas de Pendjari. Creado en 1961 en una antigua área de caza de la administración colonial, el parque fue confiado a partir de 1996 al Centro Nacional de Gestión de las Reservas de Fauna (CENAGREF) y a las Asociaciones de Aldeas para la Gestión de Reservas de Fauna de Pendjari (AVIGREF). Las reuniones de concertación habían permitido flexibilizar las condiciones de acceso puntual, para rituales, por ejemplo. Los aldeanos podían también cultivar la tierra, hidratar sus animales, pescar y cazar, en una estrecha zona de amortiguamiento que bordea el parque, la “zona de ocupación controlada”. “Pero a partir de 2011 –prosigue Akpana– la relación entre AVIGREF y CENAGREF empezó a ponerse tensa, mientras que la ‘caza furtiva administrativa’, orquestada por algunos guardas forestales, se intensificaba. El Pendjari se convirtió entonces en un mercado a cielo abierto para algunos grandes comerciantes de la región vinculados al mundo político. Y, así como los animales, la madera preciosa se volvió objeto de tráfico.” La protección del lucro Con el beneplácito del gobierno beninés, la AP expulsó a la CENAGREF del Pendjari, hizo limpieza entre los quince “guardaparques poco entrenados” y los guardas forestales, reclutando nuevos “ecoguardas” en los pueblos ribereños. La “limpieza” tomó un giro más político. En Cotonou, la capital económica, 700 kilómetros más al sur, el capitán Patrice Trekpo espera, desde 2017, ser reintegrado a la función pública. Ese año, este suboficial del Ejército y secretario general interino del Sindicato Nacional de Aguas, Bosques y Caza (SYNA-EFC) había denunciado por el canal Golfe TV Africa la “privatización programada del Pendjari” y las “cláusulas de no injerencia” inscritas en la concesión, que prohibía a los agentes de las Fuerzas Armadas de aguas y bosques patrullar en el parque. Después de una suspensión, sesenta días de arresto y un consejo disciplinario, el oficial fue finalmente destituido por el Consejo de Ministros por haberse puesto en “estado de rebelión y haber lanzado un llamado a la sedición de los miembros d

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Edición 248 | febrero 2020



ser quienes contribuyen a ello, y que se sepa”, recordaba una investigación efectuada en Angola por el sitio estadounidense Atlas Obscura (10). En 2020, la AP debería sumar a sus trofeos cuatro nuevos mandatos. Estaría a punto de conseguir la concesión del Parque Nacional de Iona, en el sudoeste de Angola. En Benín y en Níger, la del parque transfronterizo de W no sería más que cuestión de meses. En cuanto a los ribereños del Pendjari, pronto verán a lo largo del extremo sur del parque un cerco electrificado de 92 kilómetros de extensión, fabricado con material importado de Sudáfrica. g

Nilo

Se

ne

Reserva natural Réserve naturelle y cultural de de Ennedi et culturelle l’Ennedi

Nigeria

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nacional ParcParque nationaendjari de Pendjari

CHAD

Parque nacional Parc national du W

Parque nacional de Zakouma Parc national de Zakouma y Reserva et réserve de de fauna faunede deSiniaka-Minia Siniaka Minia

BENÍN

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Parque Chinko Parc de de Chinko

Espacio urbanizado

Parque nacional Parc national

Espacio natural terrestre protegido (todas las categorías de protección)

Parque nacional Odzala-Kokoua

Datos incompletos

CONGO

Gestión concedida a African Parks

Parque nacional de Akagera Parc national de l’Akagera Parque nacional de Nyungwe Parc national de Nyungwe

ngo

Zona de caza

MALAWI ANGOLA Parque de Bangweulu Reserva forestal de Mangochi Parque de Parquenacional nacionalde Reserva de fauna de Nkhotakota ZAMBIA la la llanura llanura de de Liuwa Liuwa Z a mbez Parque nacional Liwonde Parque nacional Parque nacional Parque nacional Reserva de fauna Majete de Iona de Matusadona e

Zona administrada por African Parks

Ni

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Diapaga

BURKINA FASO

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ZIMBABWE

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BENÍN 0

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MOZAMBIQUE Parque nacional del archipiélago de Bazaruto

Arly

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la vida cotidiana de un veterinario en Kenia. 2. Tom Warren y Katie J. M. Baker, “WWF funds

NIGERIA

Otra zona protegida (zona colchón)

TOGO

1. Serie televisiva de los años 60 que ponía en escena

Dosso

Área de Patrimonio Mundial de la UNESCO

Fada N’Gourma

RUANDA Co

Concesión en proceso

Parque nacional

Garamba la Garamba REP. DEM. de DEL CONGO

50

100 km

0

500

1 000 km

El Complejo W-Arly-Pendjari

Fuente: Unesco; Protected Planet, World Database on Protected Areas; African Parks. Cécile Marin

d del cuerpo del cual él forma parte”. A principios de junio de 2019, la Confederación Sindical de Trabajadores de Benín (CSTB) presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno y el Parlamento benineses por “violación de los derechos y libertades de los trabajadores”. “Pero somos pocos los que apoyamos a Patrice Trekpo, incluso entre los funcionarios de aguas y bosques, porque temen represalias”, lamenta Anselme Amoussou, se-

La African Parks se encuentra a la vanguardia de la militarización de los parques africanos. cretario general de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Benín (CSABenin). Respaldada por la crème de la crème del filantro-capitalismo mundial (véase el recuadro), la AP no aprecia mucho a los sindicatos. En Johannesburgo, su junta directiva huele a mundo de negocios. Uno de sus miembros, Valentine Chitalu, es uno de los hombres más ricos de Zambia. “En los años 90, era el director general de la Zambia Privatisation Agency, el organismo a cargo de la venta de casi 230 empresas estatales –resume un periodista zambiano que prefiere guardar el anonimato–. El problema es que Chitalu terminó ocupando un lugar en la junta directiva de algunas de las empresas que él mismo había ayudado a privatizar, o incluso terminó presidiéndolas. Fue lo que ocurrió

con la concesión de los parques nacionales de Liuwa y de Bangweul que el Estado zambiano asignó a African Parks”. De hecho, el millonario era miembro de la junta directiva de la Zambia Wildlife Authority (ZAWA), responsable de los parques nacionales del país. “Fue por su intermedio que la AP pudo obtener los mandatos”, destaca el periodista. Actualmente, una de las empresas de Chitalu, la Mukuba Property Development Company, proyecta la construcción de un hotel cuatro estrellas, de un complejo de golf y de un centro de conferencias… dentro del Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya, a orillas de las cataratas Victoria, declaradas patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los protectores de la naturaleza y los residentes locales cuestionan: “¿Este proyecto hará que se pierda uno de los últimos corredores de elefantes?” (8). Más allá de la bandera ecologista Sin temer la contradicción, Chitalu preside también el fondo de inversión Phatisa, orientado hacia la agroindustria africana. En asociación con el Commonwealth Development Group (el fondo británico de financiamiento para el desarrollo) y Proparco (el banco de la Agencia Francesa para el Desarrollo), Phatisa está acusado de haber invertido en la producción de aceite de palma del grupo canadiense Feronia en República Democrática del Congo (RDC), muy cuestionada por las comunidades ribereñas. En julio de 2019, un miembro de la Red de Información y de Apoyo a las ONG nacionales (RIAORDC) fue asesinado por un guardia de seguridad de Feronia (9). Fearnhead, el patrón de AP, se limita a avanzar algunas explicaciones tan generales como prudentes: “Las contradicciones son inhe-

rentes al ser humano. Todos piensan que la riqueza que produjeron puede servir para otra cosa y tener efectos positivos”. Como sea, para las hadas madrinas de la AP, la preocupación ambiental no parece estar nunca muy lejos de la billetera, como para reforzar su imagen de marca en el continente y a la vez desarrollar redes lucrativas. “Todos quieren que esas áreas estén protegidas, pero sobre todo quieren

guards who have tortured and killed people”, Buzzfeed, 4-3-19, www.buzzfeednews.com 3. Véase Anouk Batard, “Lobby evangélico en Uganda”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2008. 4. Véase David Quammen, “To save wildlife, African governments turn to private management”, National Geographic, 12-11-19, ww.nationalgeographic.com 5. Véase Flore Nobime, “Difficultés d’accès aux ressources : grincements de dents autour de la Pendjari”, L’Evénement précis, Cotonou, 9-10-19. 6. Véase Rémi Carayol, “En Afrique, le spectre d’un djihad peul”, Le Monde diplomatique, París, mayo de 2017. 7. Véase Michaël Matongbada, “Can Benin protect itself from terrorism in the region?”, Institute for Security Studies, 8-1-19, https://issafrica.org 8. Citado por Dan Nosowitz, “In Angola, conservationists make the case for a massive new national park”, Atlas Obscura, 15-1-19, www.atlasobscura.com 9. Véase Karen McVeigh, “UK development bank launch inquiry after murder of Congolese activist”, The Guardian, Londres, 27-9-19. 10. Dan Nosowitz, “In Angola, conservationists make the case for a massive new national park”, op. cit.

*Periodista. Traducción: Victoria Cozzo

Detrás deL MENSAJE verde

Un pasado turbio

H

ijo de una familia holandesa de industriales con muchísimo dinero, ex directivo de la empresa energética SHV Holdings, que hacía negocios con el régimen del apartheid, Paul Fentener van Vlissingen (fallecido en 2006) fundó la African Parks (AP) en 1999. La idea le habría surgido luego de una cena de gala en la casa de Nelson Mandela en compañía de la reina Beatriz de Holanda, durante la cual se habló mucho del futuro de los parques nacionales sudafricanos. Para el multimillonario era la oportunidad perfecta para recuperar su prestigio, manchado por sus actividades en tiempos de la segregación.

Cambio de estatus Creada inicialmente como una sociedad comercial, en 2005 la AP cambió ese estatus por el de organización no gubernamental (ONG) a fin de poder seducir más

fácilmente a los donantes (gobiernos, organizaciones internacionales, fundaciones, mecenas, etc.). Los hombres y mujeres de negocios volcados a la filantropía verde dominan su junta directiva sudafricana, empezando por Robert-Jan van Ogtrop, su presidente, asociado al fondo de inversión en la agroindustria Phatisa, o el banquero sudafricano Ted Woods, o incluso la ruandesa Rosette Chantal Rugamba, fundadora de Songa Africa, una empresa de turismo de lujo. En Europa, Estados Unidos y Suiza, distintas fundaciones African Parks difunden su mensaje y organizan colectas de apoyo financiero. Samuel Robson Walton, que presidía la cadena familiar estadounidense de supermercados Wal-Mart, principal empleador privado del mundo, es uno de sus generosos apoyos. g J.-C.S. Traducción: Victoria Cozzo

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Detrás del Muro todo era feo: entonces, los líderes de Alemania destruyeron, después de 1990, las infraestructuras culturales de la República Democrática Alemana, como los estudios de cine DEFA. Pese a la censura, habían surgido formas nuevas y audaces.

Singularidad del cine de Alemania Oriental

Un vals con la censura por Bernard Eisenschitz*

E

n diciembre de 1965, el plenario del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) denunció dos películas de ficción recientes por “falso liberalismo, pesimismo y escepticismo”; luego bloqueó las diez películas en circulación de la Deutsche Film AG (DEFA), el estudio cinematográfico estatal. Es decir, casi la totalidad de la producción anual. La posibilidad de una renovación en profundidad del cine, fenómeno que se produjo un poco en todos lados, inclusive en la Unión Soviética y en varios países socialistas de Europa, se desvanecía. La desconfianza recíproca entre los cineastas y el poder era definitiva. La historia de la censura cinematográfica recorrió los cuarenta años de la República Democrática Alemana (RDA), con un entrelazamiento de instancias y motivaciones. Fuera de la oficina política, el comité central del Partido-Estado y el Ministerio de Cultura, del que dependía el estudio –era el mismo presidente del Consejo de Estado Walter Ulbricht quien veía las películas–, también estaba la jerarquía. Por ejemplo, Frank Beyer tuvo que hacer que la televisión produjera su adaptación de la novela de Jurek Becker Jakob el embustero, que la DEFA había rechazado, pero que sin embargo luego distribuyó, como uno de sus raros éxitos internacionales. La Unión Soviética también intervenía, bloqueando durante trece años a Buscadores de sol, de Konrad Wolf (1958), por no decir nada de la susceptibilidad de la Polonia vecina. Ni siquiera Victor Hugo estaba seguro: la coproducción Los miserables (1958), con Jean Gabin, se estrenó un año más tarde que la francesa, después de haber sufrido varios cortes y cambios en el texto. Y, hasta 1988-1989, la distribución de las películas soviéticas de la glasnost (transparencia) estuvo obstaculizada. Fundada en 1946, la DEFA heredó tanto la infraestructura de la capitalista Universum Film-Aktiengesellschaft (UFA), entonces nacionalizada por el régimen nazi –estudios, laboratorios, técnicos de gran envergadura–, como los hábitos del cine nacionalsocialista. El estudio, el famoso Babelsberg, estaba sometido a una producción a la antigua, siguiendo el modelo de la UFA y de Mosfilm, la empresa nacional de cine soviética –cosa que convenía a los pioneros de la DEFA como Slátan Dudow, colaborador de Bertolt Brecht en el teatro y en el cine antes de 1933, o a Wolfgang Staudte, director del film Los asesinos están entre nosotros (1946)–, pero no tanto a la época de la Nouvelle Vague. Lo que más restringió a la actividad fue el peso de la autoridad política sobre los autores, con una elección de temas conforme a la visión oficial, adaptaciones literarias académicas, un control en todas las etapas, guiones aprobados con la precisión

de una coma y, en consecuencia, una sobrevaloración del texto. En 1965 las ficciones de la DEFA ya tenían una reputación mediocre y los cines comenzaron a vaciarse. “Les prohibieron hacer películas durante un año y nadie lo notó”, observó un director checo después del plenario . Vitalidad de documentar Sin embargo, sería un error tomar al cine de la RDA como una extensión de la palabrería oficial. Como ocurre en culturas estrechamente controladas, las aspiraciones de los creadores y el discurso sostenido en la cumbre siguen evoluciones distintas. Las películas de 1965 –terminadas o reconstituidas alrededor de 1990– formaron un conjunto fuertemente innovador. Sin copiar el modelo neorrealista, sus autores salieron a la calle y a la naturaleza, y sacaron partido de intérpretes excepcionales, a menudo formados por el Berliner Ensemble, el teatro fundado por Brecht. La mayoría embistió a una jerarquía esclerosada y apeló a una renovación de la concepción del socialismo. Sin precauciones oratorias, se ocuparon de la vida social, del formalismo que sustituyó a lo político y de las relaciones laborales. Mostraron personajes contradictorios, héroes o no, y comunistas rutinarios o fieles a sus ideales originales, o ambos a la vez. El jefe de equipo de Huella de piedras (Frank Beyer), como los jóvenes de Berlín a la vuelta de la esquina (Günther Klein), se opusieron mediante un comportamiento “anarquista” a las autoridades del partido y de la fábrica. En Karla, de Herrmann Zschoche –primer guion de Ulrich Plenzdorf que se hizo famoso en 1972 por su novela Las nuevas desventuras del joven W.–, una maestra rechaza una enseñanza que, so pretexto de defender el socialismo, predica la falsificación de la historia. Nés en 1945 (Jahrgang 45), del documentalista Jürgen Böttcher, puso en escena, alrededor de una pareja a punto de divorciarse, una vida errante. Las autoridades, la misma idea de país socialista, estaban ausentes. Böttcher se interesaba por los rostros y cuerpos, en un paisaje urbano que se descubría poco a poco. No fueron tantas las películas de las nuevas olas que alcanzaron tal nivel de desdramatización. Los autores que estaban en la lista negra a fines de 1965 eran tratados en forma desigual: obligados a la autocrítica, expulsados del estudio o simplemente reprendidos. De ese modo, Böttcher regresó al cine documental. “La prohibición abrió una herida que tardó mucho en curar”, escribió Zschoche. En el espíritu de la “rehabilitación ideológica” del estudio, las películas sobre la vida cotidiana presentaron en adelante los conflictos como simples dramas emocionales destinados a ser resueltos, lo que el cineasta tituló “melodrama socialista”. En 1968, Yo tenía 19, de Konrad Wölflin,

fue una excepción. Se convirtió, al atraer a más de 3,2 millones de espectadores, en uno de los mejores de la historia de la DEFA. Al haber crecido en el exilio en Moscú, y regresar a Alemania a los 19 años con el ejército rojo como “oficial comisionado en la cultura”, Wölflin se inspiró en episodios que vivió durante los últimos días de la guerra. En todas sus películas abordó temas difíciles, desde la deportación de los judíos (Estrellas) hasta la marca dejada por el nazismo (Mamá, estoy vivo) y el presente del país: El cielo dividido, El hombre desnudo en el estadio… Cineasta, polemista, docente y con una lúcida conciencia de la cultura de la RDA, pese a haber estado atravesado por la de ambas Alemanias. Si bien Zschoche y algunos realizadores (Heiner Carow, Egon Günther) y guionistas (Becker, Plenzdorf…) habían permanecido fieles a su voluntad de no mentir sobre el país, el impulso y la energía de las películas de 1965 se perdió en los años siguientes. Era el momento de un cine “cívico”, tímido, en el que las películas dejaron de ser sometidas a la censura: Les Russes arrivent, de Carow (1968); Jadup y Boel, de Rainer Simon (1980). Los éxitos se debían a las figuras femeninas, reflejo de uno de los logros políticos del país: una “ciudadana consciente” que busca al tercer hombre de su vida en El tercero (Egon Günther, 1972); la decisión de romper con las convenciones y dar lugar al deseo físico en el gran éxito La leyenda de Paul y Paula (Carow y Plenzdorf, 1973), considerado como el film de una generación; el primer amor, en Siete pecas (Zschoche, 1978), una bofetada a la vieja mojigatería alemana, al trasladar a Romeo y Julieta a una colonia de vacaciones (1,1 millón de espectadores)… hasta los sueños de Solo Sunny, obrera convertida en una cantante de gira, heroína extraviada del último film de Konrad Wolf (1979). Hasta el final, el cine de ficción se dividió entre su cautela y una necesidad de coraje insatisfecha, con una elección de temas atrevidos cuando ya era demasiado tarde: el diálogo entre comunistas y cristianos (Que l’un porte le fardeau de l’autre, de Lothar Warneke, 1988), la homosexualidad (Coming Out, de Carow, 1989)… Si las películas, como los manuscritos, no se queman, los hombres envejecen y se desgastan: “Una cosa que no pueden devolvernos es el tiempo”, decía Heiner Carow. El documental siguió un camino diferente. A partir de los años sesenta apareció como la forma suprema del cine de la RDA. El veterano Karl Gass, formado en el trabajo de grupo, alentó a los jóvenes cineastas a practicar una filmación discreta y paciente, con material ligero. El festival del documental de Leipzig hizo descubrir las formas múltiples del cine político y de la contrainformación, con la presencia de innovadores como Richard Leacock o

Chris Marker. El estudio de documentales de la DEFA permitió que nuevos talentos se desarrollen y salgan del formato del Kulturfilm ultramontado y comentado, en provecho de una mirada más avispada. La denuncia del imperialismo fue un tema obligatorio desde los comienzos de la República, que ahora asumían las películas del tándem Walter Heynowski-Gerhard Scheumann. Buscaban sus temas en la vigorosa denuncia propagandística de Alemania Federal y de la permanencia del nacionalsocialismo, o del imperialismo occidental (un ciclo sobre Chile, otro sobre Camboya), con los métodos de los investigadores infiltrados, quienes se hicieron pasar por alemanes occidentales ante sus entrevistados (Augusto Pinochet en Yo soy, yo fui, yo seré). Los demás documentalistas sintieron curiosidad por la existencia en tiempo y espacio de su joven país. Sus películas, que la dramaturgia tradicional no había obstaculizado, estaban dirigidas a sus conciudadanos, poniendo el acento en el mundo del trabajo y la vida de las mujeres. Le Secrétaire (1967), de Böttcher, recorre la actividad cotidiana de un funcionario del partido, poco respetuoso con las formas jerárquicas, entre los obreros. Pintor y cineasta, Böttcher llevó a cabo, de Blanchisseuses (1972) a Aiguilleurs (1984) o La Cuisine (1987), documentando la observación de oficios, gestos y rostros: sonido directo, observación paciente, sentido de la duración, no intervencionismo. Más joven, Volker Koepp fue un personaje de sus films que intervino en primera persona y dialogó con sus interlocutores. Entre 1973 (Saluts de Sarmatie) y 2013 (En Sarmatie), transitó la llanura que se extiende desde el Báltico al Mar Negro, la Sarmatia de la Antigüedad –una zona intermedia atravesada a lo largo de la historia por guerras y poblaciones desplazadas–, convertida en su país imaginario y su modelo a escala del nuevo siglo. Fue allí, “al Este del Elba”, donde testificó en 1992, en Bric-à-brac (Sammelsurium), que se había puesto en venta la RDA, “Un país transformado en museo donde trabajan anticuarios y guías”. El paseo por el espacio y la historia atravesó la memoria íntima de Koepp, la de aquellos a los que cuestionaba y la de los acontecimientos actuales. Ese itinerario en el tiempo fue un rasgo característico del documental de la RDA. Los cineastas se dedicaron a largo plazo a un lugar, ciudad, fábrica, liceo, a un grupo de individuos. El proyecto más desmesurado fue el de Winfried Junge, quien desde 1961 a 1979 y luego hasta 2007 siguió a los niños de la ciudad de Golzow que habían asistido a la escuela en 1961, y realizó 19 películas con ellos. Volker Koepp filmó durante veintitrés años Jeunes filles à Wittstock, en una región agrícola brutalmente industrializada. Despedido de la escuela de cine, Thomas Heise lanzó botellas al mar con películas que reaparecieron veinte años más tarde. De este modo, esos cineastas dieron testimonio del presente de un pequeño país y de la memoria del pasado cercano, conscientes de que un socialismo no puede volverse realidad sino en un largo período de tiempo, un tiempo que no le fue concedido a la RDA. La DEFA se privatizó tan pronto se logró la unión monetaria. El estudio fue dirigido durante seis años por la Treuhand (organismo responsable de supervisar la privatización de los bienes de la ex RDA) por un cineasta de Alemania Occidental, Volker Schlöndorff, y pudo seguir operando como proveedor de servicios y coproductor de superproducciones internacionales. Los directores de la DEFA se adaptaron poco a poco a las nuevas condiciones y trabajan para la televisión o en la enseñanza. g * Historiador del cine. Autor, entre otros libros, de Fritz

Lang au travail, Éditions Cahiers du cinéma, París, 2011. Traducción: Victor Goldstein



Crítica

La opresión de la felicidad La escritora e investigadora británicoaustraliana Sara Ahmed, cuyas áreas de La promesa de la felicidad estudio se centran en la intersección de Una crítica cultural al imperativo de la las teorías feministas, las teorías queers, alegría el poscolonialismo y las luchas antirracistas, se pregunta qué significa el hecho de Sara Ahmed pensar la felicidad en términos de anhelo, Caja Negra; Buenos Aires, febrero de 2019. propósito o deseo, y sugiere que la pregun464 páginas, 750 pesos. ta guía no ha de ser “¿Qué es la felicidad?” sino “¿Qué hace la felicidad?”. Cuando nos volvemos conscientes de ser felices –es decir, cuando el sentimiento se convierte en un objeto de pensamiento–, la felicidad tiende a desvanecerse o cargarse de ansiedad. La obra ofrece una perspectiva crítica que da cuenta del funcionamiento racista, sexista y heterocisnormado que estructura nuestras sociedades, pero también nos brinda herramientas epistemológicas para pensar acerca de todas las formas posibles en que acontece la incorporación emotiva de lo desigual. Es a través de la colectivización de esas cartografías corporales del malestar que accedemos a tomar conciencia de la complejidad de los modos en que se estructura el deseo humano, lo que ordena el sentido de nuestras vidas, la manera en que forjamos un lazo social, nos organizamos colectivamente en torno a él y ponemos en circulación imágenes precisas de quienes protagonizarán su futuro y en qué condiciones. El posicionamiento estratégico que la autora realiza en torno a estos objetos de decepción, a estas figuras del fracaso o experiencias subjetivas amargas –que componen su archivo de la infelicidad– le permiten dar cuenta del potencial político de los afectos negativos como plataformas posibles desde las cuales transformar la realidad, movilizar formas colectivas de organización y producir demandas políticas interseccionales desde las cuales agenciar espacios novedosos que, a través de la capacidad desalienante de su incomodidad, reactiven los repertorios cancelados de otras formas de imaginación política. Revolver los escombros del basurero emocional, en el que se mantienen aún sin nombrar las historias de los sentimientos molestos, puede ofrecernos un camino productivo para explicitar las condiciones por las cuales los discursos de la felicidad, el entusiasmo, la voluntad, la superación y la positividad se han convertido en mecanismos disciplinadores, en técnicas de gobernabilidad espiritual que sostienen modos de organización basados en la desigualdad y la explotación. La autora muestra de qué manera la felicidad mantiene su lugar como principio guía de todas las decisiones morales acerca de cómo llevar una buena vida, afirmando que si pensamos en la felicidad como una posibilidad que no agota lo posible, y aligeramos su carga, podremos valorarla por su carácter precario, como algo que viene y va, al igual que la vida. Concluye entonces que oponerse a las distintas formas de poder y violencia que se ocultan bajo los signos de la felicidad no significa necesariamente volverse una persona infeliz, si bien implica rehusarse a ir con la corriente, y que necesitamos pensar la infelicidad como algo más que un sentimiento que debe ser superado, ya que podría brindarnos una lección pedagógica acerca de los límites de la promesa de la felicidad. Julián Chappa

Libros del mes

Yue Minjun, Hat Series, 2005 (Gentileza Christie’s)

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Edición 248 | febrero 2020

Ensayo

Historia

Las palabras en las cosas

Hacer la revolución

Pablo Manolo Rodríguez Cactus; Buenos Aires, mayo de 2019. 512 páginas, 810 pesos.

Aldo Marchesi Siglo XXI; Buenos Aires, marzo de 2019. 272 páginas, 789 pesos.

Tomando los aportes de Michel Foucault y Gilles Deleuze, así como una amplísima y multidisciplinar literatura, Pablo Manolo Rodríguez se propone nada menos que entender el cambio de episteme que se produce en el siglo XXI, cuando pareciera que todo, desde los humanos hasta las máquinas, somos seres “informacionales”. Saberes diversos como la informática, la genética o la biología dan cuenta de esa mutación en la que se vuelven centrales conceptos como código, sistema o programa. A la luz de la extensa elaboración teórica de Rodríguez puede entenderse el cambio en las subjetividades y en el saber-poder que implica lo que algunos autores han denominado capitalismo cognitivo o capitalismo semiótico. Si Marx entendió que la sociedad de la mercancía produce “relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas”, en este nuevo mundo de la información las cosas ya son personas: el proceso de cosificación de las personas se acompaña de una personificación de las cosas. Surgen nuevos tipos de explotación y de control: “Cada ‘Me gusta’ es un acto de gubernamentalidad algorítmica”. Lo que Deleuze llamó sociedad del control toma un nuevo significado en un mundo en que todo lo que hacemos, pensamos o sentimos es datificado y almacenado a través de los perfiles de redes sociales, las cookies de navegación o los dispositivos de geolocalización. Los algoritmos, así, resultan una pieza clave para la mercantilización y monetización de afectos, emociones y vínculos.

Existe una muy abundante producción sobre “la década del setenta” que no siempre ofrece miradas, si no superadoras, al menos integradoras y que desafíen a pensar otros aspectos de ese período de la historia. Hacer la revolución va en esa línea. Es un estudio sobre uno de los aspectos menos conocidos de esa época: la conformación de la Junta de Coordinación Revolucionaria que reunió a organizaciones armadas de países sudamericanos: el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (Uruguay), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chile), el Ejército de Liberación Nacional (Bolivia) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (Argentina). Marchesi destaca la conformación de una “cultura política” de radicalismo transnacional que alentó la lucha armada y una perspectiva latinoamericana para entender el conflicto global. Demuestra cómo las guerrillas locales reinterpretaron las experiencias internacionales (Cuba, Argelia) y, más aun, se transformaron en referentes para experiencias en otros países. Así, a lecturas que habitualmente colocan a los grupos insurgentes sudamericanos en el lugar de “receptores” de teorías y prácticas extranjeras, permite prestar atención a la originalidad de una experiencia política transnacional que quedó trunca por la derrota. El libro ofrece un análisis de fuentes documentales que, como advierte Marchesi, se restringe a la cultura política de los cuadros medios y dirigentes de las organizaciones estudiadas. Una mirada integradora y renovadora sobre una época controversial que es más que bienvenida.

Nazaret Castro

Federico Lorenz

Internacional

No es éste un libro de historia propiamente dicho. No realiza un recorrido crítico exhaustivo de la República Popular China desde su fundación por Mao Tse-Tung el 1º de octubre de 1949. Se trata más bien de un compendio de crónicas breves, pastillas políticas, culturales y sociales de la historia oficial moderna de China. Lu Jie, subdirectora del Primer Departamento de Investigación de Literatura del Comité Central del Partido Comunista Chino, exégeta de las obras de Mao, expone la visión autorizada del país, al punto que las revueltas de Tiananmen en 1989 aparecen apenas mencionadas como “un disturbio político” o “conmoción”, por ejemplo. El valor del libro reside entonces en presentar ese relato, desde el cual va jalonando el fabuloso proceso de modernización que llevó al gigante asiático a transformarse en 70 años, de un país principalmente campesino, pobre y analfabeto, en una de las principales potencias globales, polo de innovación y desarrollo del nuevo capitalismo.

Historia de la República Popular China Lu Jie Peña Lillo-Continente; Buenos Aires, octubre de 2019. 576 páginas, 1.290 pesos.

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Investigación

Ideas

Narrativa

Fichero Megacapitalistas La élite que domina el dinero y el mundo Peter Phillips Roca; Barcelona, diciembre de 2019. 320 páginas, 899 pesos.

La biblioteca en llamas

Estaciones

Tómelo o déjelo La risa y los que ríen. Mi suicidio

Susan Orlean Temas de hoy; Buenos Aires, agosto de 2019. 400 páginas, 820 pesos.

Carlos Altamirano Ampersand; Buenos Aires, agosto de 2019. 140 páginas, 450 pesos.

Henri Roorda Paradiso; Buenos Aires, septiembre de 2019. 308 páginas, 580 pesos.

A primera vista, parece altamente improbable que un libro que se ocupa del incendio de una biblioteca pública ocurrido 32 años antes de su publicación concite interés más allá de un reducido círculo de lectores especialmente atraídos por el ámbito de la bibliotecología. Sin embargo, Susan Orlean aniquila esa presunción con su minuciosa investigación periodística acerca del incendio que el 29 de abril de 1986 asoló la Biblioteca Central de Los Ángeles, destruyó 400.000 libros e inutilizó otros 700.000. En principio, el crimen fue adjudicado a un tal Harry Peak, un mentiroso compulsivo que se atribuyó ante sus amigos el haber iniciado el fuego, pero nunca se obtuvieron pruebas concluyentes en tal sentido. El éxito del libro radica en que excede los límites de la tragedia, narrada con el suspenso propio de una atrapante novela policial, y se convierte en una apasionante mixtura de historia de esa gran biblioteca y de la propia ciudad de Los Ángeles; de ensayo sociológico y cultural acerca de las transformaciones que, al compás de los tiempos y de las nuevas tecnologías, fue experimentando esa institución; de catálogo de los personajes más estrafalarios entre sus visitantes; de la ampliación incesante de sus funciones, desde organismo de préstamos gratuitos de libros a centro de información, educativo, de entretenimiento y de inclusión social. Constituye, sobre todo, un vibrante homenaje a la misión de las bibliotecas públicas como heroico reservorio de la memoria en la lucha contra la fugacidad y el olvido.

El profesor e historiador de la cultura Carlos Altamirano reconstruye en este libro su recorrido vital como lector. Sin grandilocuencia y curado de todo narcisismo, el autor lo plantea como una serie de ejercicios “para traer a la memoria las circunstancias de lectura”. La observación que atraviesa Estaciones, sencilla pero no frecuentemente subrayada en los textos autobiográficos de intelectuales y escritores, es que las lecturas siempre llegan en el contacto con otros lectores: en las vivencias de quienes transitan entre el leer y el escribir no existe aquel que sigue sólo su instinto, que se construye heroicamente a sí mismo. La lectura es aquí presentada como escena compartida, es filiación y amistad, campos de afinidad y confraternidad; es, finalmente, “conocer el estímulo de la camaradería creada por los libros”. Lecturas en forma de escenas de sacudimiento, estaciones en el desarrollo de experiencias socializadas de lector, los mojones en el camino que describe Altamirano pueden ser, sucesivamente, el Billiken o Marx, Sartre o David Viñas, Bourdieu o Raymond Williams. Desde las historietas y las novelas de aventuras del niño hasta los intereses del investigador maduro, atravesando y nutriendo la experiencia política, la cultura impresa es en este libro la trama que sitúa entre otros a un lector que, en su búsqueda de referencias e inspiraciones, nunca es un solitario iluminado en el desierto.

Matemático, pedagogo, libertario y antibelicista, el belga-suizo Henri Roorda es un escritor inclasificable, ensayista diversificado. Por primera vez en Argentina se reúnen en un volumen algunos de sus trabajos. Escritos entre 1919 y 1925, año en que dio fin a su vida, este libro reúne tres obras. Bajo el título Tómelo o déjelo van pasando escritos tan insólitos como heterogéneos, sobre temas sociales o de su actualidad. Crónicas tan diversas como la conducta de los funcionarios, el estornudo, la buena mesa y el oporto, o las gracias de los niños, y lo que lo preocupó toda su vida: la guerra y sus consecuencias. “Mi papel aquí en la tierra es sembrar ideas” dice, y eso es lo que logra en esta sección. Fino humorista, en La risa y los que ríen reelabora pensamientos de otros autores –Immanuel Kant, Henri Bergson, “Sully” Prudhomme, entre otros– para labrar su humorismo sensible, opuesto a la intolerancia de los fanáticos, violentos en su seriedad y rigidez. Roorda posee una ironía, un “pesimismo alegre” que subyace en todas sus líneas. Durante años fantaseó con el proyecto de su suicidio, y ya agobiado por las deudas (morales y materiales), algunas culpas, y el sinsentido, en sus últimos días escribe Mi suicidio, justificando con diversos argumentos –con lucidez, humor y escepticismo– su decisión largamente anunciada, que asumió con total libertad y determinación.

Carlos Alfieri

Germán Conde

Josefina Sartora

Cultura

complicidad de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial argentino en 1956. El resultado del levantamiento de Juan José Valle se resume en la Masacre de José León Suárez, mostrando la ignominia de la “Revolución Fusiladora”. Ahora, existe una vuelta más a la cuestión, a tono con el espíritu de época y las formulaciones de la crítica tanto literaria como política que imperan en nuestro horizonte intelectual: la aparición de los cuadernos de Enriqueta Muñiz sobre la investigación que ambos llevaron adelante para la publicación del gran libro de Walsh. La edición recoge dos cuadernos en donde se cuentan, como bien dice Muñiz, todo aquello que no apareció publicado en los artículos periodísticos que conforman el grueso de la investiga-

ción: anécdotas, sensaciones, puntos de vista de cada uno con respecto a lo que pasaba. Además de, como bien aclara en el primer párrafo, los “sustos” que atravesaron. Junto a eso, diversos documentos de Walsh enviados a Muñiz, como cartas o incluso poemas, acompañados de un conjunto de fotos que terminan de construir un panorama. El material permite ingresar de vuelta en el libro para detenerse en el plano más íntimo y subjetivo, en donde las pasiones de Walsh (quien, terco, pensaba a su trabajo como una plataforma para el despegue profesional) y el descubrimiento de los pareceres y observaciones de Muñiz abren de una punta a otra Operación Masacre para hacerlo un libro nuevo, en el cual todavía se puede leer el pulso intacto de una época no del todo cerrada. Una época que, como el fusilado, vive.

Historia de una investigación Enriqueta Muñiz Planeta; Buenos Aires, noviembre de 2018. 272 páginas, 1.250 pesos.

Operación Masacre de Rodolfo Walsh ocupa un lugar central dentro de la literatura argentina, polémico pero no por eso menos inconmovible. En sus páginas se disputa tanto el comienzo de un nuevo género, que luego sería llamado non-fiction una vez instalada la obra de Truman Capote In Cold Blood (1966), así como la urgencia de la resolución de un caso que mezcla la violencia política y la

Fernando Bogado

Radiografía de la elite transnacional que conforma el poder global. El sociólogo Peter Phillips desnuda los secretos del 1% que domina el mundo revelando quiénes dirigen las políticas de defensa del capital concentrado y los gigantes financieros globales, sus puentes en los organismos internacionales y en los medios de comunicación así como su poder armado securitario. Un llamado de atención sobre la necesidad urgente de redistribución de la riqueza.

La Guerra Civil Española Santos Juliá Shackleton; Barcelona, diciembre de 2019. 176 páginas, 985 pesos.

La historia contemporánea de España sigue marcada a fuego por la sangrienta Guerra Civil que asoló al país entre 1936 y 1939, constituyéndose en preludio de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda República a la dictadura de Franco, Santos Juliá ofrece en esta breve historia un apasionante relato de sus antecedentes, su desarrollo y sus trágicas consecuencias sobre generaciones de españoles, resultado en gran medida del alcance internacional de la contienda.

La lengua en disputa Un debate sobre el lenguaje inclusivo Beatriz Sarlo, Santiago Kalinowski Godot; Buenos Aires, octubre de 2019. 88 páginas, 450 pesos.

Este texto es una transcripción del debate homónimo que mantuvieron Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski, con moderación de Cecilia Fanti, en el marco de la 8ª Feria de Editores (agosto de 2019) en torno a dos ejes: el vínculo entre lengua y realidad (¿cambia realmente algo el lenguaje inclusivo?) y su inteligibilidad (¿a quién pertenece la lengua? ¿puede uno/a/e/es modificar el uso del lenguaje?). Una discusión profunda, de extrema actualidad.

Negro el dolor del mundo Marcelo Caruso Clarín-Alfaguara; Buenos Aires, diciembre de 2019. 272 páginas, 749 pesos.

Premio Clarín de Novela 2019. Caruso recrea el oscuro mundo de la esclavitud en la Buenos Aires virreinal del siglo XVIII, a través de las desgracias de Félix de Dios, un negro criado como blanco por un matrimonio estéril, que por un infortunio termina padeciendo la discriminación, las injusticias y el maltrato, enfrentando al lector a una realidad a menudo ignorada o negada por la historia oficial.

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Edición 248 | febrero 2020

Editorial

Sumario Staff 3

Lo que Donald Trump permite... por Serge Halimi

Editorial: Contra el 82 por ciento móvil 2 por José Natanson

Dossier Alberto feminista Economía con filtro violeta

4

por Estefanía Pozzo

Feministas en todas partes

6

por Lucía Álvarez

Cuando tiembla la casa del poder

8

por Florencia Angilletta

D

esde que Donald Trump se instaló en la Casa Blanca, la personalización de la política estadounidense alcanzó su punto máximo. Sus declaraciones, sus tweets, sus fabulaciones, su egocentrismo obsesionan al país –y lo agotan–. Pero los medios de comunicación se frotan las manos ante un producto tan atractivo. Como resultado, sólo se habla de él en todo el mundo. La única ambición de los republicanos es coronar a un campeón con autoridad indiscutible en su campo. Los demócratas debaten cómo “desbancar” lo antes posible a un Presidente tan amenazador. Sin embargo, como su destitución es muy improbable, esperan que las primarias les permitan encontrar a un rival que podría hacerle morder el polvo el próximo noviembre. “Si nos conformamos con deshacernos de él –señala la ensayista de izquierda Naomi Klein–, volveremos a la situación anterior, que era tan mala que le permitió triunfar”. En sus palabras: más vale tratar la causa que combatir el síntoma. Andrew Yang, uno de los doce precandidatos demócratas para las elecciones de noviembre, piensa lo mismo: “Los medios de comunicación realmente no nos ayudan cuando ocultan la razón por la cual Donald Trump se convirtió en Presidente. Mirando un canal de noticias, se llega a pensar que lo que explicaría ese resultado es una mezcla de Rusia, racismo, Facebook, Hillary Clinton y sus emails. Pero los estadounidenses saben que eso no es cierto. Hemos perdido 4 millones de empleos industriales, principalmente en Ohio, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Missouri [Estados del Medio Oeste donde el actual Presidente ganó en 2016, a veces por

un estrecho margen y para sorpresa general]. Cuanto más actuamos como si Trump fuera la causa de todos nuestros problemas, más dudan los estadounidenses de nuestra capacidad de percibir y resolver sus problemas diarios” (1). Para el ala centrista del Partido Demócrata, encarnada principalmente por Joseph Biden, reemplazar al Presidente sin revisar las condiciones que permitieron su triunfo presenta, sin embargo, un interés obvio: el de limpiar el nombre de aquellos que no supieron luchar contra él cuando tenían los medios para hacerlo, es decir Hillary Clinton, Barack Obama… y su ex vicepresidente. Pero entonces se corre el riesgo de producir un nuevo Trump, potencialmente más peligroso porque sería más hábil, menos propenso a ganarse con fanfarronadas la antipatía de sectores enteros del electorado, menos incorregiblemente narcisista, menos ignorante de las relaciones de fuerza internacionales. Y, en consecuencia, más capaz de encontrar aliados dentro y fuera del país al servicio de una política similar, cuyos efectos destructivos se verían potenciados. Recordemos que en noviembre de 2008 la mayoría de los estadounidenses estaban felices y orgullosos. Acababan de traer a la Casa Blanca a un joven senador afroamericano que prometía “esperanza” y “cambio”. Su elección dejó atónito al Partido Republicano, al que muchos consideran reaccionario, intolerante, al servicio de los ricos, militarista y tanto más temible porque no le falta apoyo entre las poblaciones más pobres (2). La esperanza se disipará con rapidez, el cambio será modesto; y sabemos quién sucederá a Obama. Trump, que quería distinguirse de su predecesor, al que detesta, no anduvo con rodeos frente a sus d (Continúa en la página 16)

El gurú fascista de Jair Bolsonaro

10

por Gilberto Calil

La histórica derrota del Partido Laborista

12

por Chris Bickerton

Francia: La ilegalidad de los poderosos 14 por Vincent Sizaire

China: Bajo la ley del lucro capitalista

18

por Mohamed Larbi Bouguerra

Taiwán, en el corazón del mercado mundial 20 por Alice Hérait

Dossier Irán, en el centro de la tormenta La danza del sable

22

por Gilbert Achcar

Clivaje estratégico en Washington

24

por Michael T. Klare

La avanzada rusa en Irán

26

por Paulo Botta

Rojava, el futuro en suspenso

28

por Mireille Court y Chris Den Hond

Rojo profundo

30

por Zulma Ramirez y Geoffrey Valadon

Ucrania: Si quieres la paz, mejora tu diplomacia 32

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por Bernard Eisenschitz

Libros del mes

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Editorial: Lo que Donald Trump permite... 40 por Serge Halimi