EL DERECHO CONSTITUCIONAL CREADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (EDITADO - PERÚ) [Primera edition: enero 2019] 978-612-311-606-4

Table of contents :
Contenido
INDICE GENERAL 3
Las sentencias del Tribunal Constitucional como fuente de Derecho Constitucional 13
Primera parte 21
DERECHO CONSTITUCIONAL DECLARADO PRECEDENTE VINCULANTE 21
Capítulo I 22
EN MATERIA LABORAL 22
I. EXP. N.° 4635-2004-AA/TC: la jornada laboral máxima, particularmente en el ámbito minero 22
II. EXP. N.° 0206-2005-PA/TC: el amparo laboral 25
1. Amparo y Despido Arbitrario 25
2. Amparo y Despido Nulo 27
3. Improcedencia del Amparo en Materia Laboral 30
III. EXP. N.° 03052-2009-PA/Tc: cobro de beneficios sociales, cobro de la Indemnización y Despido Arbitrario 34
IV. EXP. N.° 05057-2013-PA/TC: el derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario del trabajador público 36
V. EXP. N.° 06681-2013-PA/TC: modifica la norma N18 STC 05057-2013-PA 40
Capítulo II 43
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 43
I. EXP. N.° 01417-2005-PA/TC: amparo y contenido constitucional del derecho a la pensión 43
II. EXP. N.° 5189-2005-PA/TC: La pensión mínima prevista en la ley N.° 23908 46
III. EXP. N.° 09381-2005-PA/TC: Derecho a la pensión y bono de reconocimiento 49
IV. EXPS. N.° S 06612-2005-PA/TC Y 10087-2005-PA/TC: Pensión vitalicia y pensión por invalidez 50
V. EXP. N.° 07281-2006-PA/TC: se añade causal de desafiliación a las AFP por información inexistente o defectuosa 56
VI. EXP. N.° 05430-2006-PA/TC: Procedencia del Amparo en caso de pensiones, devengados e intereses 57
1. Los precedentes precisados 57
2. Los nuevos precedentes 58
VII EXP. N.° 04762-2007-PA/TC: Amparo y reconocimiento de aportaciones no consideradas por la ONP 60
VIII. EXP. N.° 025I3-2007-AA/TC: Amparo, pensión de invalidez y pensión vitalicia del seguro complementario de trabajo de riesgo 62
IX. EXP. N.° 00061-2008-PA/TC: Derecho a la pensión y arbitraje en el seguro complementario de trabajo de riesgo 65
X. EXP. N.° 00799-2014-PA/TC: reglas sobre los informes médicos relacionados al estado de salud de los asegurados 67
XI. EXP. N.° 02677-2016-PA/TC: reglas sobre pensiones cuyos montos han sido calculados erróneamente 69
Capítulo III 73
EN MATERIA TRIBUTARIA 73
I. EXP. N.° 00053-2004-PIATC: Las Exigencias Constitucionales Sobre los Arbitrios 73
II. EXP. N.° 2302-2003-AA/TC: La vía previa y amparo contra reglamentos tributarios inconstitucionales 78
III. EXP. N.° 4227-2005-AA/TC: ley tributaria inconstitucional y amparo 80
Capítulo IV 84
DERECHOS DE REUNION, DE RECTIFICACIÓN Y DE DEFENSA 84
I. EXP. N.° 4677-2004-PA/TC: derecho de reunión 84
II. EXP. N.° 3362-2004-PHC/TC: derecho de rectificación 85
III. EXP. N.° 1150-2004-AA/TC: Debido Proceso y Derecho 89
de Defensa 89
CAPÍTULO V 91
EN MATERIA DE IMPORTACION DE VEHÍCULOS USADOS 91
I. EXP. N.° 05961-2009-PA/TC: Anulación de sentencias judiciales inconstitucionales a través del proceso de amparo 91
II. EXP. N° 00001-2010-CC/TC: La Anulación General de Sentencias Judiciales Inconstitucionales 92
CAPÍTUO VI 96
SOBRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 96
I. EXP. N.° 3361-2004-AA/TC: evaluación y ratificación de magistrados 96
1. Reglas de aplicación temporal 96
2. El carácter objetivo de las decisiones del CNM 97
3. Garantías del Debido Proceso del Juez o Fiscal sometido a proceso de ratificación 98
II. EXP. N.° 1333-2006-PA/TC: Jueces y Fiscales no ratificados y la prohibición de regreso a la carrera judicial 109
1. Naturaleza de la decisión de no ratificar a un Juez o Fiscal 109
2. Poderes Públicos y jurisprudencia del Tribunal Constitucional 111
3. Está permitida nueva postulación al Juez o Fiscal no ratificado 112
III. EXP. N.° 01412-2007-PA/TC: Cambio de precedente vinculante con relación a la motivación de las decisiones del CNM 114
CAPÍTUO VII 115
SOBRE LA ADMINISTRACION PUBLICA 115
I. EXP. N.° 2802-2005-AA/TC: Criterios de procedencia de las demandas de amparo en materia municipal 115
II. EXP. N.° 3075-2006-PA/TC: Facultades discrecionales del Indecopi y derechos de autor 119
III EXP. N.° 3741-2004-AA/TC: Control Difuso administrativo 121
IV. EXP. N.° 04293-2012-PA/TC: dejan sin efecto precedente vinculante sobre el control difuso administrativo 124
CAPÍTULO VIII 126
SOBRE LAS FUNCIONES DEL PARLAMENTO 126
I. EXP. N.° 3760-2004-AA/TC: Acusación Constitucional e Inhabilitación Política 126
II. EXP. N.° 2791-2005-PA/TC: Inhabilitación política como consecuencia del juicio político 127
III. EXP. N.° 04968-2014-PHC/TC: DEBIDO Proceso en sede parlamentaria 128
1. La investigación parlamentaria 129
2. Garantías del Debido Proceso en Sede Parlamentaria 129
CAPÍTULO IX 133
SOBRE LOS PROCESOS DE HABEAS CORPUS, AMPARO Y CUMPLIMIENTO 133
I. EXP. N.° 00349-2004-AA/TC: Libertad de tránsito y Rejas en las vías públicas (i) 133
II. EXP. N.° 3482-2005-PHC/TC: Libertad de Tránsito y Rejas en las Vías Públicas (ii) 136
III. EXP. N.° 3771-2004-PHC/TC: El derecho a la duración razonable de la detención preventiva 137
IV. EXP. N.° 1257-2005-PHC/TC: Conducta obstruccionista del procesado y duración razonable de la detención preventiva 141
V. EXP. N.° 1966-2005-PHC/TC: Derecho a no ser privado del DNI 141
VI. EXP. N.° 2496-2005-PHC/TC: Hábeas Corpus y Detención Preventiva 142
VII. EXP. N.° 06423-2007-PHC/TC: El plazo estrictamente necesario de la detención policial 144
VIII. EXP. N.° 02383-2013-PA/TC: criterios objetivos y subjetivos para determinar la vía igualmente satisfactoria 146
IX. EXP. N.° 04853-2004-PA/TC: Amparo contra Amparo 148
1. Objeto sobre el que recaerá el amparo contra amparo 149
2. Pretensión, titular y juez competente en el amparo contra amparo 150
X. EXP. N.° 04650-2007-PA/TC: Reposición del trabajador como condición de procedencia del Amparo Contra Amparo 152
XI. EXP. N.° 2616-2004-AC/TC: Proceso de cumplimiento y 153
criterios de aplicación del D.S. N.° 019-94-PCM Y D.U. N.° 037-94 153
XII. EXP. N.° 0168-2005-PC/TC: Criterios de procedibilidad de la demanda de cumplimiento 154
Capítulo X 158
SOBRE EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 158
I. EXP. N.° 2877-2005-PHC/TC: El recurso de agravio constitucional 158
1. Procedencia del RAC 158
2. Tribunal Constitucional y RAC 159
II. EXP. N.° 04853-2004-AA/TC: Recurso de Agravio Constitucional a favor del cumplimiento de precedentes vinculantes 166
III. EXP N.° 03908-2007-AA/TC: Dejan sin efecto recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de precedentes vinculantes 167
IV. EXP. N.° 00987-2014-PA/TC: causales que habilitan al Tribunal Constitucional a rechazar de plano un RAC 167
Capítulo XI 170
SOBRE TEMAS VARIOS 170
I. EXP. N.° 05854-2005-AA/TC: control constitucional de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 170
II. EXP. N.° 0030-2005-PI/TC: Los límites de las sentencias interpretativas 171
III. EXP. N.° 00142-2011-PA/TC: precedentes en materia arbitral 172
Segunda parte 179
DERECHO CONSTITUCIONAL DECLARADO DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 179
CAPÍTULO I 180
SOBRE EL DERECHO A LA IDENTDAD PERSONAL 180
I. EXP. N.° 0139-2013-PA/TC: derecho a la identidad personal 180
II. EXP N.° 06040-2015-PA/TC: Derecho a la identidad personal 180
CAPÍTULO II 182
SOBRE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 182
I. EXP. N.° 7289-2005-PA/TC: El derecho al Debido Proceso 182
II. EXP. N.° 00978-2012-PA/TC: Medidas Cautelares que suspenden ejecución de sentencias 183
Capítulo III 188
EN MATERIA PROCESAL CONSTITUCIONAL 188
I. EXP. N.° 8123-2005-HC/TC: Auto de apertura de instrucción como Resolución Firme 188
II. EXP. N.° 00252-2009-PA/TC: Plazo para interponer demanda de amparo contra resolución judicial 189
III. EXP N.° 01761-2014-PA/TC: Amparo contra resolución judicial 197
IV. EXP. N.° 03170-2010-PHC/TC: Participación de procuradores en procesos constitucionales referidos a tráfico ilícito de drogas y lavado de activos 198
V. EXP. N.° 01711-2014-PHC/TC: Recurso de agravio constitucional en casos de terrorismo 200
VI. EXP. N.° 05287-2008-PA/TC: Represión de actos lesivos homogéneos 201
VII EXP N ° 00077-2011-Q/TC: Represión de actos lesivos homogéneos 215
VIII. EXP. N.° 05496-2011-PA/TC: Represión de actos lesivos homogéneos 217
Capítulo IV 219
EN MATERIA TRIBUTARIA 219
I. EXP. N.° 0005-2010-PA/TC: Procedimiento tributario de ejecución coactiva 219
1. Recurso de queja como vía previa 219
2. Notificación conjunta de las órdenes de pago y las resoluciones de ejecución coactiva 222
3. Constitucionalidad de las medidas cautelares 224
Capítulo V 226
EN MATERIA PENAL 226
I. EXP. N.° 5228-2006-PHC/TC: Razonabilidad del plazo de investigación fiscal 226
1. Razonabilidad y ejercicio de la acción penal 226
2. Actuación fiscal y vinculación a la Constitución 227
3. Razonabilidad en la duración de la investigación fiscal 229
II. EXP. N.° 02748-2010-PHC/TC: Plazo razonable en la investigación fiscal 233
III. EXP. N.° 05350-2009-PHC/TC: Razonabilidad del plazo del proceso penal 238
IV. EXP. N.° 00295-2012-PHC/TC: Plazo razonable del proceso penal 243
1. Inicio y final del cómputo del plazo razonable 244
2. Consecuencias jurídicas de vulnerar el derecho al plazo razonable 245
V. EXP. N.° 00684-2012-PHC/TC: Beneficios Penitenciarios 248
Capítulo VI 249
EN MATERIA PREVISIONAL 249
I. EXP. N.° 1294-2004-AA/TC: Leyes aplicables al derecho a la pensión 249
II. EXP. N.° 00349-2011-PA/TC: Pensión de Invalidez 250
III. EXP. N.° 02214-2014-PA/TC: DERECHO A LA PENSION 251
Tercera parte 255
DERECHO CONSTITUCIONAL QUE NO HA SIDO DECLARADO NI PRECEDENTE NI DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 255
CAPÍTULO I 256
NORMAS QUE NO SON PRECEDENTES PERO QUE HAN SIDO CREADAS EN SENTENCIAS QUE DECLARAN PRECEDENTES 256
I. EXP. N.° 4677-2004-PA/TC: Derecho de reunión 256
II. EXP. N.° 01417-2005-PA/TC: Amparo y Contenido Constitucional del Derecho a la Pensión 258
1. Contenido constitucional de los derechos 258
2. cuestiones procesales del amparo en defensa del derecho 260
III. EXP. N.° 2877-2005-PHC/TC: El recurso de agravio constitucional 261
IV. EXP. N.° 05854-2005-AA/TC: Derecho constitucional y derecho convencional 262
V. EXP. N.° 3075-2006-PA/TC: Debido Proceso en ámbitos distintos al judicial 264
VI. EXP. N.° 5430-2006-PA/TC: Amparo y Reintegros Económicos 265
VII. EXP. N.° 07281-2006-PA/TC: Desafiliación de las AFP por información inexistente o defectuosa 266
VIII. EXP. N.° 02383-2013-PA/TC: El proceso laboral como vía igualmente satisfactoria que el amparo 267
Capítulo II 269
EN MATERIA PENAL 269
I. EXP. N.° 0010-2002-AI/TC: Control constitucional de decretos leyes contra el terrorismo 269
1. Los decretos leyes y la impugnación por vicios de forma 269
2. La inconstitucionalidad del tipo penal de traición a la patria 269
3. El principio de legalidad respecto del tipo penal de terrorismo 269
4. La apología del terrorismo y libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento 272
5. El derecho al debido proceso 273
6. La cadena perpetua y la reincorporación del penado a la sociedad 281
7. Proporcionalidad de las penas 284
8. La negación de beneficios penitenciarios 286
9. El derecho a la nacionalidad 287
10. El derecho a la integridad personal 287
II. EXP. N.° 2915-2004-HC/TC: Duración razonable de la detención preventiva 289
1. Presupuestos para la legitimidad de la detención preventiva 289
2. Derecho al plazo razonable y libertad personal 289
3. La detención preventiva como medida excepcional y subsidiaria 289
4. Razonabilidad de la duración de la detención 290
5. Criterios para evaluar la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva 290
6. Límites legales de la duración de la detención preventiva 293
III. EXP. N.° 3509-2009-PHC/TC: Duración razonable del proceso. Acusación Constitucional 295
IV. EXP N.° 04780-2017-PHC/TC Y EXP N.° 00502-2018-PHC/TC (ACUMULADO): Estándares para la constitucionalidad del mandato de prisión preventiva 299
1. Firmeza de las resoluciones judiciales en los procesos constitucionales 299
2. Estándares sobre la detención preventiva 300
3. Reglas jurídicas surgidas de la aplicación de los estándares al caso concreto 303
CAPÍTULO III 313
EN MATERIA ADMINISTRATIVA 313
I. EXP. N.° 0090-2004-AA/TC: Discrecionalidad y arbitrariedad administrativa 313
1. Regla de aplicación temporal 313
2. Discrecionalidad Administrativa 313
3. Discrecionalidad e interés público 315
4. La Arbitrariedad 317
5. Derechos fundamentales y decisiones discrecionales en particular sobre renovaron de cuadros militares y policiales 319
CAPÍTULO IV 325
EN MATERIA TRIBUTARIA 325
I. EXP. N.° 03797-2006-PA/TC: Prohibición de notificar simultáneamente orden de pago y resolución de ejecución coactiva. constitucionalidad del impuesto transitorio a los activos netos 325
II. EXP. N.° 04082-2012-PA/TC: Intereses moratorios de deudas tributarias y razonabilidad 327
CAPÍTULO V 330
SOBRE LIBERTAD DE INFORMACION 330
I. EXP. N.° 0905-2001-AA/TC: Libertades de Expresión e información 330
1. Principio de congruencia en los procesos constitucionales 330
2. Titularidad de derechos fundamentales por las personas jurídicas 330
3. Alcance y límites de las libertades de expresión e información 331
4. Protección posterior no preventiva de las libertades informativas 333
CAPÍTULO VI 336
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y PSIQUICA 336
I. EXP. N.° 2333-2004-HC/TC: Derecho a la integridad física y psíquica 336
CAPÍTULO VII 339
EN MATERIA DE DERECHO PARLAMENTARIO 339
I. EXP. N.° 00156-2012-PHC: Garantías del debido proceso en sede administrativa y parlamentaria 339
1. El debido proceso 339
2. Las comisiones investigadoras y el levantamiento del secreto bancario 363
II. EXP. N.° 0006-2017-PI/TC: Congresistas y transfuguismo 364
1. Estatuto del congresista. Mandato representativo, no imperativo e ideológico 364
2. Medidas en contra del transfuguismo 366
3. Prohibición de creación de nuevo grupo parlamentario o adhesión a otro 367
4. Los reglamentos internos de los grupos parlamentarios 372
5. Sanciones y limitaciones a las funciones congresales 373
6. Derecho a la igualdad respecto de los congresistas 374
7. Deber del congreso de regular claramente los transfuguismos 375
III. EXP. N.° 0001-20I8-PFTC: Congresistas y Transfuguismo 376
1. Prohibición de reproducción de una ley declarada inconstitucional 376
2. Congresistas pueden renunciar a una agrupación política por razones ideológicas 377
IV. EXP. N.° 0006-2018-PI/TC: Reglamento del congreso, crisis de gabinete y disolución del congreso 379
1. exoneración de dictamen y déficit de deliberación 379
2. El reglamento del congreso 380
3. Principio de separación de poderes 381
4. La cuestión de confianza 384
5. La facultad del presidente de la república para nombrar Ministros de Estado 385
6. Renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y la crisis del Gabinete 385
7. Facultad presidencial de disolución del parlamento 386
Capítulo VIII 387
EN MATERIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 387
I. EXP. N.° 014-2002-AI/TC: Control constitucional de la ley que suprime la firma y establece proceso de reforma total de la constitución 387
1. Ley orgánica y ley de reforma constitucional 387
2. Límites al poder de reforma constitucional 387
3. La función constituyente del pueblo 389
II. EXP. N.° 0008-2018-PI/TC: control constitucional de ley de reforma constitucional que prohíbe reelección inmediata de alcaldes 390
III. EXP. N.° 0012-2018-PI/TC Y 0013-2018-PI/TC: Control constitucional de ley que prohíbe de modo absoluto contratación de publicidad estatal en medios privados 392
1. Control constitucional y bloque de constitucionalidad 392
2. Exoneración de dictamen de comisión y déficit deliberativo 394
3. Libertad de información y publicidad estatal 394
4. Control estricto del gasto por publicidad estatal 396
5. Publicidad estatal y libertad de contratación 397
6. Contratación de publicidad estatal y principio de legalidad 398
7. Publicidad de la contratación estatal 399
Capítulo IX 401
EN MATERIA RELACIONADA CON EL CONTENIDO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA ADECUADA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 401
I. Debido proceso y motivación de decisiones 401
II. Derecho que rige en todo tipo de proceso y en todas sus instancias 401
III. Proscripción de la arbitrariedad 402
IV. Formulación general del contenido constitucional del derecho a la debida motivación 403
V. Análisis particular del contenido constitucional 405
VI. Extensión de la motivación 408
VII. Motivación de las decisiones fiscales 409
VIII. Motivación de las decisiones administrativas 411
IX. Motivación de las decisiones del CNM 414
X. Tutela del derecho a la debida motivación 416
CAPÍTULO X 419
EN MATERIA DE PROTECCION ESPECIAL E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 419
I. El principio de especial protección del niño el principio del interés superior del niño 419
II. Derechos de los menores 421
III. Protección constitucional de los derechos de los niños 427
IV. Normas constitucionales de origen convencional 428

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INDICE GENERAL Contenido INDICE GENERAL ......................................................................................... 3 Las sentencias del Tribunal Constitucional como fuente de Derecho Constitucional ......................................................................................... 13 Primera parte .......................................................................................... 21 DERECHO CONSTITUCIONAL DECLARADO PRECEDENTE VINCULANTE ................................................................................................................. 21 Capítulo I ................................................................................................ 22 EN MATERIA LABORAL ........................................................................... 22 I. EXP. N.° 4635-2004-AA/TC: la jornada laboral máxima, particularmente en el ámbito minero ................................................... 22 II.

EXP. N.° 0206-2005-PA/TC: el amparo laboral .............................. 25

1.

Amparo y Despido Arbitrario ........................................................ 25

2.

Amparo y Despido Nulo ............................................................... 26

3.

Improcedencia del Amparo en Materia Laboral .............................. 29

III. EXP. N.° 03052-2009-PA/Tc: cobro de beneficios sociales, cobro de la Indemnización y Despido Arbitrario ............................................................. 33 IV. EXP. N.° 05057-2013-PA/TC: el derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario del trabajador público ........................ 34 V. EXP. N.° 06681-2013-PA/TC: modifica la norma N18 STC 05057-2013-PA 37 Capítulo II ................................................................................................. 39 EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL .......................................................... 39 I. EXP. N.° 01417-2005-PA/TC: amparo y contenido constitucional del derecho a la pensión .................................................................................. 39 II. 23908

EXP. N.° 5189-2005-PA/TC: La pensión mínima prevista en la ley N.° 41

III. EXP. N.° 09381-2005-PA/TC: Derecho a la pensión y bono de reconocimiento........................................................................................... 45 IV. EXPS. N.° S 06612-2005-PA/TC Y 10087-2005-PA/TC: Pensión vitalicia y pensión por invalidez ................................................................... 45 V. EXP. N.° 07281-2006-PA/TC: se añade causal de desafiliación a las AFP por información inexistente o defectuosa ........................................................... 51 VI. EXP. N.° 05430-2006-PA/TC: Procedencia del Amparo en caso de pensiones, devengados e intereses.............................................................. 52 1.

Los precedentes precisados ......................................................... 52

2.

Los nuevos precedentes .............................................................. 53

VII EXP. N.° 04762-2007-PA/TC: Amparo y reconocimiento de aportaciones no

3

consideradas por la ONP ............................................................................. 55 VIII. EXP. N.° 025I3-2007-AA/TC: Amparo, pensión de invalidez y pensión vitalicia del seguro complementario de trabajo de riesgo .............................. 57 IX. EXP. N.° 00061-2008-PA/TC: Derecho a la pensión y arbitraje en el seguro complementario de trabajo de riesgo ................................................ 59 X. EXP. N.° 00799-2014-PA/TC: reglas sobre los informes médicos relacionados al estado de salud de los asegurados ....................................... 61 XI. EXP. N.° 02677-2016-PA/TC: reglas sobre pensiones cuyos montos han sido calculados erróneamente ............................................................... 63 Capítulo III ................................................................................................ 67 EN MATERIA TRIBUTARIA .......................................................................... 67 I. EXP. N.° 00053-2004-PIATC: Las Exigencias Constitucionales Sobre los Arbitrios ..................................................................................................... 67 II. EXP. N.° 2302-2003-AA/TC: La vía previa y amparo contra reglamentos tributarios inconstitucionales ....................................................................... 71 III. EXP. N.° 4227-2005-AA/TC: ley tributaria inconstitucional y amparo ........ 73 Capítulo IV ................................................................................................. 75 DERECHOS DE REUNION, DE RECTIFICACIÓN Y DE DEFENSA ...................... 75 I.

EXP. N.° 4677-2004-PA/TC: derecho de reunión .................................... 75

II.

EXP. N.° 3362-2004-PHC/TC: derecho de rectificación ................... 77

III.

EXP. N.° 1150-2004-AA/TC: Debido Proceso y Derecho ................. 80

de Defensa ................................................................................................ 80 CAPÍTULO V ............................................................................................... 82 EN MATERIA DE IMPORTACION DE VEHÍCULOS USADOS ............................. 82 I. EXP. N.° 05961-2009-PA/TC: Anulación de sentencias judiciales inconstitucionales a través del proceso de amparo ....................................... 82 II. EXP. N° 00001-2010-CC/TC: La Anulación General de Sentencias Judiciales Inconstitucionales........................................................................ 83 CAPÍTUO VI ............................................................................................... 86 SOBRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA ............................... 86 I.

EXP. N.° 3361-2004-AA/TC: evaluación y ratificación de magistrados ...... 86 1.

Reglas de aplicación temporal ...................................................... 86

2.

El carácter objetivo de las decisiones del CNM .............................. 87

3. Garantías del Debido Proceso del Juez o Fiscal sometido a proceso de ratificación .............................................................................................. 87 II. EXP. N.° 1333-2006-PA/TC: Jueces y Fiscales no ratificados y la prohibición de regreso a la carrera judicial ................................................... 95 1.

Naturaleza de la decisión de no ratificar a un Juez o Fiscal ............ 96

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2.

Poderes Públicos y jurisprudencia del Tribunal Constitucional ......... 97

3.

Está permitida nueva postulación al Juez o Fiscal no ratificado ....... 98

III. EXP. N.° 01412-2007-PA/TC: Cambio de precedente vinculante con relación a la motivación de las decisiones del CNM ...................................... 100 CAPÍTUO VII ............................................................................................. 101 SOBRE LA ADMINISTRACION PUBLICA ....................................................... 101 I. EXP. N.° 2802-2005-AA/TC: Criterios de procedencia de las demandas de amparo en materia municipal ..................................................................... 101 II. EXP. N.° 3075-2006-PA/TC: Facultades discrecionales del Indecopi y derechos de autor ..................................................................................... 104 III EXP. N.° 3741-2004-AA/TC: Control Difuso administrativo ....................... 106 IV. EXP. N.° 04293-2012-PA/TC: dejan sin efecto precedente vinculante sobre el control difuso administrativo ................................................................... 109 CAPÍTULO VIII .......................................................................................... 110 SOBRE LAS FUNCIONES DEL PARLAMENTO ................................................ 110 I. EXP. N.° 3760-2004-AA/TC: Acusación Constitucional e Inhabilitación Política...................................................................................................... 110 II. EXP. N.° 2791-2005-PA/TC: Inhabilitación política como consecuencia del juicio político ............................................................................................. 111 III. EXP. N.° 04968-2014-PHC/TC: DEBIDO Proceso en sede parlamentaria............................................................................................ 112 1.

La investigación parlamentaria .................................................... 112

2.

Garantías del Debido Proceso en Sede Parlamentaria ................... 113

CAPÍTULO IX ............................................................................................ 117 SOBRE LOS PROCESOS DE HABEAS CORPUS, AMPARO Y CUMPLIMIENTO ... 117 I. EXP. N.° 00349-2004-AA/TC: Libertad de tránsito y Rejas en las vías públicas (i) ................................................................................................ 117 II. EXP. N.° 3482-2005-PHC/TC: Libertad de Tránsito y Rejas en las Vías Públicas (ii) ............................................................................................... 119 III. EXP. N.° 3771-2004-PHC/TC: El derecho a la duración razonable de la detención preventiva .............................................................................. 120 IV. EXP. N.° 1257-2005-PHC/TC: Conducta obstruccionista del procesado y duración razonable de la detención preventiva ......................................... 124 V. EXP. N.° 1966-2005-PHC/TC: Derecho a no ser privado del DNI............... 124 VI. EXP. N.° 2496-2005-PHC/TC: Hábeas Corpus y Detención Preventiva ...... 125 VII. EXP. N.° 06423-2007-PHC/TC: El plazo estrictamente necesario de la detención policial....................................................................................... 127 VIII. EXP. N.° 02383-2013-PA/TC: criterios objetivos y subjetivos para determinar la vía igualmente satisfactoria ................................................... 128

5

IX.

EXP. N.° 04853-2004-PA/TC: Amparo contra Amparo ................... 130

1.

Objeto sobre el que recaerá el amparo contra amparo ................. 130

2.

Pretensión, titular y juez competente en el amparo contra amparo 132

X. EXP. N.° 04650-2007-PA/TC: Reposición del trabajador como condición de procedencia del Amparo Contra Amparo ..................................................... 133 XI.

EXP. N.° 2616-2004-AC/TC: Proceso de cumplimiento y ............... 134

criterios de aplicación del D.S. N.° 019-94-PCM Y D.U. N.° 037-94 ............... 134 XII. EXP. N.° 0168-2005-PC/TC: Criterios de procedibilidad de la demanda de cumplimiento........................................................................................ 135 Capítulo X ................................................................................................. 138 SOBRE EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL ................................. 138 I.

EXP. N.° 2877-2005-PHC/TC: El recurso de agravio constitucional .......... 138 1.

Procedencia del RAC .................................................................. 138

2.

Tribunal Constitucional y RAC ..................................................... 139

II. EXP. N.° 04853-2004-AA/TC: Recurso de Agravio Constitucional a favor del cumplimiento de precedentes vinculantes ..................................... 144 III. EXP N.° 03908-2007-AA/TC: Dejan sin efecto recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de precedentes vinculantes ............. 144 IV. EXP. N.° 00987-2014-PA/TC: causales que habilitan al Tribunal Constitucional a rechazar de plano un RAC ................................................. 145 Capítulo XI ................................................................................................ 147 SOBRE TEMAS VARIOS .............................................................................. 147 I. EXP. N.° 05854-2005-AA/TC: control constitucional de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones .................................................................... 147 II. EXP. N.° 0030-2005-PI/TC: Los límites de las sentencias interpretativas ........................................................................................... 148 III.

EXP. N.° 00142-2011-PA/TC: precedentes en materia arbitral ....... 149

Segunda parte .......................................................................................... 154 DERECHO CONSTITUCIONAL DECLARADO DOCTRINA JURISPRUDENCIAL ... 154 CAPÍTULO I .............................................................................................. 155 SOBRE EL DERECHO A LA IDENTDAD PERSONAL ........................................ 155 I. EXP. N.° 0139-2013-PA/TC: derecho a la identidad personal ..................... 155 II.

EXP N.° 06040-2015-PA/TC: Derecho a la identidad personal ....... 155

CAPÍTULO II ............................................................................................. 157 SOBRE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ................................................ 157 I.

EXP. N.° 7289-2005-PA/TC: El derecho al Debido Proceso ..................... 157

II. EXP. N.° 00978-2012-PA/TC: Medidas Cautelares que suspenden ejecución de sentencias ............................................................................. 158

6

Capítulo III ............................................................................................... 163 EN MATERIA PROCESAL CONSTITUCIONAL ................................................ 163 I. EXP. N.° 8123-2005-HC/TC: Auto de apertura de instrucción como Resolución Firme ........................................................................................................ 163 II. EXP. N.° 00252-2009-PA/TC: Plazo para interponer demanda de amparo contra resolución judicial ........................................................................... 164 III. EXP N.° 01761-2014-PA/TC: Amparo contra resolución judicial ............... 170 IV. EXP. N.° 03170-2010-PHC/TC: Participación de procuradores en procesos constitucionales referidos a tráfico ilícito de drogas y lavado de activos 171 V. EXP. N.° 01711-2014-PHC/TC: Recurso de agravio constitucional en casos de terrorismo ............................................................................................ 172 VI.

EXP. N.° 05287-2008-PA/TC: Represión de actos lesivos homogéneos 173

VII EXP N ° 00077-2011-Q/TC: Represión de actos lesivos homogéneos ....... 185 VIII. EXP. N.° 05496-2011-PA/TC: Represión de actos lesivos homogéneos .. 186 Capítulo IV ................................................................................................ 188 EN MATERIA TRIBUTARIA ......................................................................... 188 I.

EXP. N.° 0005-2010-PA/TC: Procedimiento tributario de ejecución coactiva 188 1. Recurso de queja como vía previa ....................................................... 188 2. Notificación conjunta de las órdenes de pago y las resoluciones de ejecución coactiva .................................................................................. 190 3.

Constitucionalidad de las medidas cautelares ............................... 191

Capítulo V ................................................................................................. 193 EN MATERIA PENAL .................................................................................. 193 I.

EXP. N.° 5228-2006-PHC/TC: Razonabilidad del plazo de investigación fiscal 193 1.

Razonabilidad y ejercicio de la acción penal ................................. 193

2.

Actuación fiscal y vinculación a la Constitución ............................. 194

3.

Razonabilidad en la duración de la investigación fiscal .................. 196

II. fiscal

EXP. N.° 02748-2010-PHC/TC: Plazo razonable en la investigación 199

III. penal

EXP. N.° 05350-2009-PHC/TC: Razonabilidad del plazo del proceso 204

IV. EXP. N.° 00295-2012-PHC/TC: Plazo razonable del proceso penal ........... 208 1. Inicio y final del cómputo del plazo razonable ...................................... 208 2. Consecuencias jurídicas de vulnerar el derecho al plazo razonable ........ 209 V. EXP. N.° 00684-2012-PHC/TC: Beneficios Penitenciarios ........................ 211 7

Capítulo VI ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. EN MATERIA PREVISIONAL ........................................................................ 211 I. EXP. N.° 1294-2004-AA/TC: Leyes aplicables al derecho a la pensión ........ 211 II.

EXP. N.° 00349-2011-PA/TC: Pensión de Invalidez ....................... 212

III.

EXP. N.° 02214-2014-PA/TC: DERECHO A LA PENSION ................ 213

Tercera parte ............................................................................................ 217 DERECHO CONSTITUCIONAL QUE NO HA SIDO DECLARADO NI PRECEDENTE NI DOCTRINA JURISPRUDENCIAL .............................................................. 217 CAPÍTULO I .............................................................................................. 218 NORMAS QUE NO SON PRECEDENTES PERO QUE HAN SIDO CREADAS EN SENTENCIAS QUE DECLARAN PRECEDENTES ............................................. 218 I.

EXP. N.° 4677-2004-PA/TC: Derecho de reunión ................................... 218

II. EXP. N.° 01417-2005-PA/TC: Amparo y Contenido Constitucional del Derecho a la Pensión ................................................................................. 220 1. Contenido constitucional de los derechos ............................................. 220 2. cuestiones procesales del amparo en defensa del derecho .................... 222 III.

EXP. N.° 2877-2005-PHC/TC: El recurso de agravio constitucional 223

IV. EXP. N.° 05854-2005-AA/TC: Derecho constitucional y derecho convencional ............................................................................................. 223 V. EXP. N.° 3075-2006-PA/TC: Debido Proceso en ámbitos distintos al judicial 226 VI.

EXP. N.° 5430-2006-PA/TC: Amparo y Reintegros Económicos ...... 227

VII. EXP. N.° 07281-2006-PA/TC: Desafiliación de las AFP por información inexistente o defectuosa ............................................................................ 228 VIII. EXP. N.° 02383-2013-PA/TC: El proceso laboral como vía igualmente satisfactoria que el amparo ........................................................................ 228 Capítulo II ................................................................................................ 230 EN MATERIA PENAL .................................................................................. 230 I. EXP. N.° 0010-2002-AI/TC: Control constitucional de decretos leyes contra el terrorismo ............................................................................................. 230 1.

Los decretos leyes y la impugnación por vicios de forma .............. 230

2.

La inconstitucionalidad del tipo penal de traición a la patria .......... 230

3.

El principio de legalidad respecto del tipo penal de terrorismo ...... 230

4. La apología del terrorismo y libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento ......................................................... 233 5.

El derecho al debido proceso ...................................................... 234

6.

La cadena perpetua y la reincorporación del penado a la sociedad 241

7.

Proporcionalidad de las penas ..................................................... 243

8

8.

La negación de beneficios penitenciarios ..................................... 244

9.

El derecho a la nacionalidad........................................................ 245

10.

El derecho a la integridad personal .............................................. 245

II. EXP. N.° 2915-2004-HC/TC: Duración razonable de la detención preventiva................................................................................................. 246 1.

Presupuestos para la legitimidad de la detención preventiva ......... 246

2.

Derecho al plazo razonable y libertad personal ............................. 246

3.

La detención preventiva como medida excepcional y subsidiaria ... 247

4.

Razonabilidad de la duración de la detención ............................... 247

5. Criterios para evaluar la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva ............................................................................................. 247 6.

Límites legales de la duración de la detención preventiva ............. 250

III. EXP. N.° 3509-2009-PHC/TC: Duración razonable del proceso. Acusación Constitucional ........................................................................................... 252 IV. EXP N.° 04780-2017-PHC/TC Y EXP N.° 00502-2018-PHC/TC (ACUMULADO): Estándares para la constitucionalidad del mandato de prisión preventiva................................................................................................. 256 1. Firmeza de las resoluciones judiciales en los procesos constitucionales .. 256 2. Estándares sobre la detención preventiva ............................................ 256 3. Reglas jurídicas surgidas de la aplicación de los estándares al caso concreto ................................................................................................ 259 CAPÍTULO III ............................................................................................ 268 EN MATERIA ADMINISTRATIVA ................................................................. 268 I.

EXP. N.° 0090-2004-AA/TC: Discrecionalidad y arbitrariedad administrativa 268 1.

Regla de aplicación temporal ...................................................... 268

2.

Discrecionalidad Administrativa ................................................... 268

3.

Discrecionalidad e interés público ................................................ 270

4.

La Arbitrariedad ......................................................................... 272

5. Derechos fundamentales y decisiones discrecionales en particular sobre renovaron de cuadros militares y policiales ..................................... 274 CAPÍTULO IV ............................................................................................ 280 EN MATERIA TRIBUTARIA ......................................................................... 280 I. EXP. N.° 03797-2006-PA/TC: Prohibición de notificar simultáneamente orden de pago y resolución de ejecución coactiva. constitucionalidad del impuesto transitorio a los activos netos ...................................................... 280 II. EXP. N.° 04082-2012-PA/TC: Intereses moratorios de deudas tributarias y razonabilidad .......................................................................... 282 CAPÍTULO V .............................................................................................. 285 9

SOBRE LIBERTAD DE INFORMACION ......................................................... 285 I.

EXP. N.° 0905-2001-AA/TC: Libertades de Expresión e información ........ 285 1.

Principio de congruencia en los procesos constitucionales ............. 285

2.

Titularidad de derechos fundamentales por las personas jurídicas . 285

3.

Alcance y límites de las libertades de expresión e información ...... 286

4.

Protección posterior no preventiva de las libertades informativas .. 288

CAPÍTULO VI ............................................................................................ 290 DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y PSIQUICA ....................................... 290 I.

EXP. N.° 2333-2004-HC/TC: Derecho a la integridad física y psíquica ..... 290

CAPÍTULO VII ........................................................................................... 293 EN MATERIA DE DERECHO PARLAMENTARIO ............................................. 293 I. EXP. N.° 00156-2012-PHC: Garantías del debido proceso en sede administrativa y parlamentaria ................................................................... 293 1.

El debido proceso ....................................................................... 293

2. Las comisiones investigadoras y el levantamiento del secreto bancario ................................................................................................ 314 II. EXP. N.° 0006-2017-PI/TC: Congresistas y transfuguismo ....................... 315 1. Estatuto del congresista. Mandato representativo, no imperativo e ideológico .............................................................................................. 315 2.

Medidas en contra del transfuguismo .......................................... 316

3. otro

Prohibición de creación de nuevo grupo parlamentario o adhesión a 318

4.

Los reglamentos internos de los grupos parlamentarios ................ 323

5.

Sanciones y limitaciones a las funciones congresales .................... 323

6.

Derecho a la igualdad respecto de los congresistas ...................... 325

7.

Deber del congreso de regular claramente los transfuguismos ...... 325

III. 1.

EXP. N.° 0001-20I8-PFTC: Congresistas y Transfuguismo ............. 326 Prohibición de reproducción de una ley declarada inconstitucional . 326

2. Congresistas pueden renunciar a una agrupación política por razones ideológicas ............................................................................................ 327 IV. EXP. N.° 0006-2018-PI/TC: Reglamento del congreso, crisis de gabinete y disolución del congreso ............................................................. 329 1.

exoneración de dictamen y déficit de deliberación ........................ 329

2.

El reglamento del congreso......................................................... 329

3.

Principio de separación de poderes ............................................. 330

4.

La cuestión de confianza ............................................................ 332

5.

La facultad del presidente de la república para nombrar Ministros de

10

Estado 333 6. Renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y la crisis del Gabinete ............................................................................................... 334 7.

Facultad presidencial de disolución del parlamento ....................... 334

Capítulo VIII ............................................................................................. 336 EN MATERIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL ............................................ 336 I. EXP. N.° 014-2002-AI/TC: Control constitucional de la ley que suprime la firma y establece proceso de reforma total de la constitución ....................... 336 1.

Ley orgánica y ley de reforma constitucional ................................ 336

2.

Límites al poder de reforma constitucional ................................... 336

3.

La función constituyente del pueblo ............................................ 338

II. EXP. N.° 0008-2018-PI/TC: control constitucional de ley de reforma constitucional que prohíbe reelección inmediata de alcaldes ......................... 339 III. EXP. N.° 0012-2018-PI/TC Y 0013-2018-PI/TC: Control constitucional de ley que prohíbe de modo absoluto contratación de publicidad estatal en medios privados.................................................................................................... 341 1. Control constitucional y bloque de constitucionalidad............................ 341 2. Exoneración de dictamen de comisión y déficit deliberativo ................... 342 3.

Libertad de información y publicidad estatal ................................ 343

4.

Control estricto del gasto por publicidad estatal ........................... 344

5.

Publicidad estatal y libertad de contratación ................................ 345

6.

Contratación de publicidad estatal y principio de legalidad ............ 346

7.

Publicidad de la contratación estatal ............................................ 347

Capítulo IX ................................................................................................ 349 EN MATERIA RELACIONADA CON EL CONTENIDO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA ADECUADA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ........................................................................................ 349 I.

Debido proceso y motivación de decisiones ........................................... 349

II.

Derecho que rige en todo tipo de proceso y en todas sus instancias 349

III.

Proscripción de la arbitrariedad ................................................... 350

IV. Formulación general del contenido constitucional del derecho a la debida motivación ..................................................................................... 351 V. Análisis particular del contenido constitucional ...................................... 352 VI.

Extensión de la motivación ......................................................... 356

VII.

Motivación de las decisiones fiscales............................................ 356

VIII.

Motivación de las decisiones administrativas ................................ 359

IX.

Motivación de las decisiones del CNM .......................................... 362

11

X. Tutela del derecho a la debida motivación ............................................ 363 CAPÍTULO X .............................................................................................. 367 EN MATERIA DE PROTECCION ESPECIAL E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR ................................................................................................................ 367 I. El principio de especial protección del niño el principio del interés superior del niño .................................................................................................... 367 II.

Derechos de los menores............................................................ 369

III.

Protección constitucional de los derechos de los niños .................. 374

IV.

Normas constitucionales de origen convencional .......................... 376

12

Las sentencias del Tribunal Constitucional como fuente de Derecho Constitucional Cuando en los tribunales de justicia se invocan sentencias del Tribunal Constitucional se hace de la mano de expresiones imperativas como “ha establecido”, “ha dispuesto” o “ha decidido”, para expresar, consciente o inconscientemente, una vinculación a algún contenido de la sentencia. Pero ¿las sentencias del Tribunal Constitucional recogen contenidos vinculantes? No hay duda de que los fallos de las sentencias de este Alto Tribunal -como la de todos los tribunales de justicia-vinculan, y lo hacen o de modo general para todos los operadores jurídicos, por ejemplo, en los fallos de las sentencias de inconstitucionalidad, o de modo particular para las partes del proceso, por ejemplo, en los fallos de las sentencias de amparo, hábeas corpus y hábeas data. Pero el fallo no es la única parte vinculante de una sentencia del Tribunal Constitucional. Los efectos vinculantes pueden ser reconocidos también de determinados contenidos recogidos en los fundamentos de la sentencia. En los fundamentos de una sentencia del Tribunal Constitucional necesariamente habrá siempre la invocación de una o más disposiciones de la Constitución, y la formulación de interpretaciones jurídicas a partir de ellas. Estas interpretaciones pueden suponer o no una actividad creadora. No lo supondrán cuando el Tribunal Constitucional se limita a descubrir y formular la voluntad del legislador constituyente, voluntad que puede ser denominada como norma constitucional directamente estatuida por el legislador constituyente o, simplemente, norma constitucional directamente estatuida. Por el contrario, una interpretación del Tribunal Constitucional significará una actividad creadora cuando concreta una norma constitucional directamente estatuida. Esta labor de concreción, que se produce tanto

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respecto de la parte dogmática como orgánica de la Constitución, dará como resultado una norma. La interpretación de concreción tiene naturaleza normativa, al menos por las siguientes tres razones: la primera es que una concreción sigue la naturaleza del objeto concretado, de modo que si este tiene naturaleza normativa aquella también la tendrá; la segunda es que la concreción está siendo formulada a partir del ejercicio de una función pública, cuyos resultados necesariamente son vinculantes, y la vinculatoriedad hace a la normativa; y la tercera, estrechamente vinculada a la segunda, es que la concreción la formula el Tribunal Constitucional como Supremo Intérprete de la Constitución, de forma que sus interpretaciones generarán un efecto vinculante para todos los demás intérpretes de la Constitución, señaladamente para los jueces. Cuando estas normas son concreciones directas de las normas constitucionales directamente estatuidas nacen al sistema jurídico adheridas a ellas, de modo que comparten no solo su valor, sino también su rango. Por esta razón, las normas que son creadas por el Tribunal Constitucional como consecuencia de una interpretación de concreción y directa de una norma constitucional directamente estatuida, se les denominarán como normas constitucionales adscriptas a las normas constitucionales directamente estatuidas o, simplemente, normas constitucionales adscriptas. Las normas constitucionales adscriptas, siempre que sean decididas por el Tribunal Constitucional siguiendo el procedimiento previsto para emitir una sentencia, han de ser tenidas como normas formalmente válidas y, consecuentemente, como existentes y eficaces. Pero una norma formalmente válida puede no serlo desde un punto de vista material. La validez material de estas normas dependerá de la corrección de las razones que puedan ser dadas para

sostener

que

son

concreciones

razonables

y,

por

tanto,

no

desnaturalizantes de las normas constitucionales directamente estatuidas. Si

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de una norma constitucional adscripta creada por el Alto Tribunal pueden ser dadas razones en sentido contrario y además con un grado de corrección mayor al grado de corrección de las razones presentadas por el Tribunal Constitucional como justificación en su sentencia, significará que tal norma es materialmente inválida y estará llamada a ser ineficaz, a través de su inaplicación por los jueces en los casos concretos. De lo que se lleva dicho es posible reconocer una consecuencia necesaria: las interpretaciones que de la Constitución formula el Tribunal Constitucional, conforman el Derecho Constitucional vigente, y como tal, vinculante a todos los operadores jurídicos, públicos y privados. Y así se mantendrá mientras los jueces o el Tribunal Constitucional no la inapliquen por materialmente inválida, o el mismo Tribunal Constitucional no la modifique o la deje sin efecto. De esta manera, el Derecho Constitucional no es más solo la voluntad del Constituyente, sino también lo es la voluntad del Tribunal Constitucional. Aunque a esta voluntad del Alto Tribunal se ha de sumar la voluntad del legislador parlamentario o ejecutivo manifestada a través de las leyes y de los decretos legislativos de desarrollo constitucional, y también la voluntad de la Suprema Corte de Justicia (para conformar las normas constitucionales adscriptas de origen nacional), e incluso la voluntad del legislador convencional y la de la Corte IDH (para conformar las normas constitucionales adscriptas de origen convencional). Incierto es que al operador jurídico le resulta hoy imprescindible conocer el Derecho Constitucional creado por el Tribunal Constitucional a través de sus interpretaciones vinculantes de la Constitución, no solo porque es la fuente productora que más crea Derecho Constitucional hoy, o no solo porque es una interpretación que vincula a todos los demás intérpretes de la Constitución, sino también porque las normas así producidas, en general, tienen el grado de concreción suficiente como para

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hacer de ellas normas extremadamente útiles para dar solución judicial e incluso legislativa a los distintos problemas jurídicos de relevancia constitucional que puedan presentarse. En un Estado constitucional de derecho, la validez de las actuaciones públicas y privadas dependerá de su ajustamiento al Derecho Constitucional directamente estatuido por el Constituyente y al Derecho Constitucional adscripto a este, también creado por el Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. Una actuación contraria a este Derecho Constitucional, asumiendo su validez formal y material, será inconstitucional y estará destinada a ser ineficaz. De modo que no solo razones de justicia, sino también de utilidad pueden ser mostradas a favor de la necesidad de conocer las normas constitucionales adscriptas creadas por el Tribunal Constitucional. La presente publicación está destinada a afrontar esta necesidad, recogiendo y formulando algunas de las normas constitucionales adscriptas creadas por el Tribunal Constitucional. Para tal propósito, el trabajo se ha dividido en tres partes. En la primera parte se recogen las normas constitucionales creadas por el Tribunal Constitucional siguiendo la forma prevista en el artículo VII del Código Procesal Constitucional, es decir, las normas constitucionales adscriptas creadas como precedentes vinculantes. Pero el Tribunal Constitucional no solo crea normas constitucionales a través de los precedentes vinculantes, también las crea a través de lo que ha llamado como doctrina jurisprudencial; por esta razón la segunda parte de este libro se destina a mostrar las normas constitucionales creadas por el Tribunal Constitucional y que las ha calificado de doctrina jurisprudencial, ya sea como será lo ordinario- en virtud del artículo VI del Código Procesal Constitucional, o no. En estas dos primeras partes se han reunido las normas creadas según

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los ámbitos jurídicos distintos, pero siempre tomando en cuenta la sentencia en las que se recogen. Así, una vez identificada la sentencia en la que se declara precedentes vinculantes o se declara doctrina jurisprudencial, se procede a listar todas las normas constitucionales adscriptas que como reglas jurídicas (de distinto grado de indeterminación), es posible concluir de los contenidos normativos expresados por el Tribunal Constitucional en la sentencia respectiva, como precedente vinculante o como doctrina jurisprudencial. En no pocas oportunidades, el Tribunal Constitucional declara precedente o doctrina jurisprudencial fundamentos jurídicos de la sentencia que, en estricto, no tienen un contenido normativo desde el cual se pueda concluir una regla jurídica constitucional. A pesar de eso se ha decidido transcribirlos, indicándolo expresamente cuando corresponda y empleando unos márgenes que les diferencie de las normas constitucionales adscriptas. De esta manera el lector tendrá a la vista todo el contenido de las sentencias que hayan sido declaradas precedentes o doctrina jurisprudencial, salvo los pocos casos en los que el Alto Tribunal declaró precedente a toda la sentencia. En la tercera parte se recogen algunas pocas normas constitucionales adscriptas creadas por el Tribunal Constitucional, pero sin que hayan sido declaradas ni precedente vinculante ni doctrina jurisprudencial. La finalidad de abrir esta tercera parte ha sido mostrar cómo no es necesario estar ante precedentes vinculantes o ante doctrina jurisprudencial para reconocer la existencia de verdaderas normas constitucionales adscriptas. Habrá que insistir en la idea según la cual toda interpretación que de la Constitución realice el Tribunal Constitucional es una interpretación de naturaleza normativa porque es una concreción vinculante de una norma constitucional directamente estatuida; de modo que la declaración de precedente vinculante o de doctrina jurisprudencial es solo formal, sin que tal declaración llegue a

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ser la razón de su carácter normativo. Esta tercera parte está compuesta por diez capítulos. El capítulo I reúne reglas jurídicas no declaradas precedentes ni doctrina jurisprudencial, pero que han sido creadas en sentencias en las que el Tribunal Constitucional ha creado precedentes o doctrina jurisprudencial. Es decir, en una sentencia las únicas normas constitucionales adscriptas no son las declaradas precedentes o doctrina jurisprudencial. Inmediatamente después se identifican algunas sentencias relevantes del Tribunal Constitucional en las que ha creado reglas jurídicas de ámbitos distintos del Derecho. Así, el capítulo II muestra algunas normas constitucionales del ámbito penal, el capítulo III del ámbito administrativo, el capítulo IV del ámbito tributario, el capítulo V de la libertad de expresión e información, el capítulo VI del derecho a la integridad física y psíquica, el capítulo VII del Derecho Constitucional parlamentario y el capítulo VIII del Derecho Constitucional de reforma constitucional. Los dos últimos capítulos son singulares porque no se parte de una sentencia, sino de una categoría jurídica para identificar las normas constitucionales que en torno a tal categoría Jurídica ha creado el Tribunal Constitucional en alguna de sus sentencias. Así, en el capítulo IX se recogen algunas reglas jurídicas que conforman el contenido constitucional del derecho fundamental a la debida motivación de resoluciones; y en el capítulo X, algunas reglas jurídicas que componen el contenido constitucional del principio del interés superior del menor. Debe indicarse que para mostrar las normas creadas por el Tribunal Constitucional se ha decidido: A. Enunciar el contenido normativo empleando alguno de los tres principales conectores deónticos (orden, prohibición y permisión). B. Identificar la norma constitucional creada a través de la letra N

18

seguida de un número. Con la letra se quiere indicar que se trata de una norma, y el número corresponde al fundamento jurídico de la sentencia de la cual procede. C. Acompañar a la letra y al número respectivo, con las siglas STC (sentencia del Tribunal Constitucional) o ATC (auto del Tribunal Constitucional), o RTC (resolución del Tribunal Constitucional), según el propio Tribunal Constitucional haya denominado su resolución, y a continuación el número del expediente, el año, y las siglas del proceso constitucional que corresponda. En la formulación de los enunciados deónticos de las normas constitucionales adscriptas se ha intentado mantener la redacción mostrada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Las que aquí presento no son ni mucho menos formulaciones definitivas e inamovibles de los contenidos normativos establecidos en tales sentencias. El lector podrá acudir a la respectiva sentencia y al fundamento jurídico que corresponda para, de ser el caso, formular un mejor enunciado deóntico. Lo decisivo es identificarlo y saber cuál es su contenido. Asimismo, algunas sentencias del Tribunal Constitucional han acudido a la norma convencional creada por la Corte IDH para sostener su decisión; cuando esto ha ocurrido, se ha aprovechado en este libro para formular la norma convencional. Esta norma convencional ingresa al sistema jurídico peruano en el nivel constitucional y se convierte en norma constitucional adscripta de origen convencional. No son normas creadas por el Tribunal Constitucional, pero es relevante conocerlas también. Al mostrarlas expresamente se señala que su fuente de origen es la Corte IDH y no el Alto Tribunal de la Constitución. Finalmente, debe ser recordado, especialmente por los jueces, que están vinculados a los contenidos normativos establecidos por el Tribunal

19

Constitucional en sus sentencias cuando, para resolver un problema jurídico, ha tenido que interpretar vinculantemente a la Constitución. Sin embargo, esta es siempre una vinculación no absoluta, sino relativa: está en relación a la validez material de la regla construida por el Alto Tribunal. Esto quiere decir que si en un caso concreto es posible dar razones correctas y fuertes (lo que implica un elevado deber justificativo en el juez) que justifiquen la inconstitucionalidad de una norma creada por el Tribunal Constitucional, el juez podrá (deberá) inaplicarla y construir la decisión justa del caso al margen de la norma adscripta inconstitucional1.

He revisado la validez material de las reglas jurídicas creadas por el Tribunal Constitucional y declaradas precedentes vinculantes en mi libro Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, 3° edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2018. Se ha mantenido, como pies de página y solo respecto de las normas declaradas precedentes vinculantes, las referencias de inconstitucionalidad material que puede advertirse de alguna de ellas. 1

20

Primera parte DERECHO CONSTITUCIONAL DECLARADO PRECEDENTE VINCULANTE 

Capítulo I. En materia Laboral



Capítulo II En materia de seguridad social



Capítulo III. En materia tributaria



Capítulo IV. Derechos de reunión, de rectificación y de defensa



Capítulo V. En materia de importación de vehículos usados



Capítulo VI. Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura



Capítulo VII Sobre la Administración Pública



Capítulo VIII. Sobre las funciones del Parlamento



Capítulo IX. Sobre los procesos de habeas corpus, amparo y cumplimiento



Capítulo X. Sobre el recurso de agravio constitucional



Capítulo XI. Sobre temas varios

21

Capítulo I EN MATERIA LABORAL I.

EXP. N.º 4635-2004-AA/TC: la jornada laboral máxima, particularmente en el ámbito minero [bit.ly/2CrnMPD] En el fundamento 45 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional

declara precedentes vinculantes a determinados fundamentos jurídicos de la misma: “45. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, los criterios establecidos en los fundamentos 28,29, 35, 39 y 41, supra, constituyen precedente vinculante para resolver todos los procesos de amparo que guarden similitud con el ahora resuelto. La eficacia vinculante de tales criterios radica en que serán indispensables para determinar la procedencia de la vía del proceso constitucional de amparo” 2.

Jornada

diaria

máxima

y

jornada

razonable

semanal

para

trabajadores mineros N28 STC 4635-2004-AA: Está ordenado, para el caso de los trabajadores mineros, que la jomada razonable de trabajo no sea mayor de ocho horas diarias y que se considere una jornada semanal razonable atendiendo a sus específicas condiciones laborales. Jornadas acumulativas, atípicas o concentradas para trabajadores mineros N28

STC

4635-2004-AA: Está permitido instaurar jornadas

acumulativas, atípicas o concentradas para los trabajadores mineros, tomando en consideración, copulativamente, las condiciones siguientes: a) la evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las características del centro minero; b) si la empleadora cumple, o no, con las condiciones de seguridad Esto mismo luego es declarado en el punto 4 del fallo: “Declara que los criterios previstos en los fundamentos 28, 29, 35, 39 y 41, supra, constituyen precedente vinculante inmediato, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del CPConst.; motivo por el cual, regirán a partir del día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano". 2

22

laboral necesarias para el tipo de actividad minera; c) si la empleadora otorga, o no, adecuadas garantías para la protección del derecho a la salud y adecuada alimentación para resistir jornadas mayores a la ordinaria; d) si la empleadora otorga, o no, descansos adecuados durante la jornada diaria superior a la jornada ordinaria, compatibles con el esfuerzo físico desplegado; e) si la empleadora otorga, o no, el tratamiento especial que demanda el trabajo nocturno, esto es, menor jornada a la diurna. Alternativamente, también podrá exigirse la siguiente condición: f) si se ha pactado en el convenio colectivo el máximo de ocho horas diarias de trabajo3. Validez constitucional de las jornadas atípicas N29 STC 4635-2004-AA: Está prohibido que las jornadas atípicas en cualquier tipo de actividad laboral, incluida la minera, superen el promedio de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho por semana, ya sea que se trate de un periodo de tres semanas, o de un periodo más corto. Ello no quiere decir que las jornadas acumulativas, atípicas o concentradas sean de tres semanas, sino que su promedio se computa en periodos de tres semanas. Prevalencia de la norma constitucional que establece la duración de la jornada laboral N29’STC 4635-2004-AA: Está ordenado que el artículo 25 de la Constitución, el cual impone la jornada máxima de trabajo de cuarenta y ocho horas semanales, prevalezca sobre cualquier disposición internacional o interna que imponga una jomada semanal mayor. Sistema inconstitucional de turnos de trabajo N35 STC 4635-2004-AA: Están prohibidos los sistemas de turnos de trabajo que afecten la dignidad de las personas, y aquellos que constituyen

3La

norma N28’ STC 4635-2004-AA representa una excepción a la norma N28 STC 4635- 2004-AA, y fue creada en el fundamento 15 de la resolución aclaratoria de la sentencia al EXP. N.° 4635-2004AA/TC.

23

en el mediano plazo, una acelerada disminución de la esperanza de vida y una amenaza del derecho a la vida de los trabajadores, y los que afecten el derecho a la protección del medio familiar. Convenio colectivo y contrato de trabajo N39 STC 4635-2004-AA: Está ordenado que el convenio colectivo prevalezca sobre los contratos individuales de trabajo, cuando aquel es más favorable al trabajador.

Convenio colectivo y contrato de trabajo N39’ STC 4635-2004-AA: Está prohibido contradecir el estándar mínimo de protección al trabajador fijado por la Constitución y los tratados internacionales. Los convenios colectivos y los contratos de trabajo que lo contradigan serán nulos. Naturaleza excepcional de las jornadas acumulativas N41

STC

4635-2004-AA: Está ordenado que las jornadas

acumulativas, atípicas o concentradas se adopten de modo excepcional. Inconstitucionalidad de disposiciones que permiten modalidades acumulativas de trabajo N41’ STC 4635-2004-AA: Son inconstitucionales las disposiciones que permiten instaurar modalidades acumulativas de trabajo fijando obligatoriamente como mínimo cuatro días de jornada laboral4.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional “aclaró” lo siguiente: “Que las consideraciones reseñadas requieren que las partes pertinentes de los fundamentos y del fallo que a continuación se indican, se redacten de manera que su lectura aporte mayor claridad; sus textos, entonces, portal imperativo, reemplazados por los siguientes: a) segundo párrafo del fundamento 41 de la sentencia de autos: ‘En tal sentido, las disposiciones, que en el presente caso, permiten instaurar la modalidad de trabajo acumulativo y fijan obligatoriamente como mínimo 4 días para este tipo de jornada laboral, también resultan incompatibles con el parámetro constitucional descrito en la presente sentencia’” (EXP. N.° 4635-2004-AA/TC, fundamento 17.a. de la resolución aclaratoria. El resaltado de la letra es añadido). Con esta “aclaración” se deja sin efecto a la norma N41’ STC 4635-2004-AA. 4

24

II.

EXP. N.º 0206-2005-PA/TC: el amparo laboral [bit.ly/2TW7E2s] En el fundamento 33 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional

manifestó que: “33. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, los criterios contenidos en los fundamentos 7 a 25 supra, constituyen precedente vinculante, puesto que son indispensables para determinar la procedencia de la vía del proceso constitucional de amparo”5.

1.

Amparo y Despido Arbitrario Contenido constitucional del derecho a la adecuada protección

contra el despido arbitrario N7 STC 0206-2005-PA: Está ordenado considerar como contenido constitucional del derecho fundamental a una protección adecuada contra el despido arbitrario, tanto a la indemnización como a la reposición, a elección del trabajador6. Amparo y derecho a la adecuada protección contra el despido arbitrario N7’ STC 0206-2005-PA: Está permitido el amparo cuando en la vía judicial ordinaria no es posible conseguir la protección del contenido constitucional del derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario7.

En el punto 3 del fallo decide el Tribunal Constitucional: “Declarar que los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral, previstos en los fundamentos 7 a 25, supra, constituyen precedente vinculante inmediato de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del CPConst.; motivo por el cual, a partir del día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, toda demanda de amparo que sea presentada o que se encuentre en trámite y que no cumpla con tales condiciones, debe ser declarada improcedente”. 6 Esta es una norma materialmente inconstitucional por la incorrección de las razones que la 5

sostienen. Tal inconstitucionalidad material ha sido corregida parcialmente por la norma NI 8 STC 05057-2013-PA. 7

Esta norma debería ser leída de la siguiente manera para evitar su inconstitucionalidad material:

25

Amparo y despido sin imputación de causa N8 STC 0206-2005-PA: Está ordenado, respecto al despido sin imputación de causa, remitirse a la jurisprudencia para delimitar los supuestos en los que el amparo se configura como vía idónea para reponer el derecho vulnerado. Amparo y despido fraudulento N8’ STC 0206-2005-PA: Está ordenada la procedencia del amparo contra un despido fraudulento cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, en caso haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos. Amparo y despido incausado o fraudulento N8” STC 0206-2005-PA: Está permitida la demanda de amparo por despido incausado o por despido fraudulento si es que en la vía judicial ordinaria no es posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado y, además la vulneración es manifiesta8.

2.

Amparo y Despido Nulo Amparo y despido nulo N9 STC 0206-2005-PA: Está permitido el amparo para atender

N7’ STC 0206-2005-PA: Está permitido el amparo cuando en la vía judicial ordinaria no es posible conseguir la protección del contenido constitucional del derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario, de forma razonablemente igual a la que se conseguirla a través del amparo. Su constitucionalidad material exige que al ser aplicada se le formule de la manera siguiente: N8” STC 0206-2005-PA: Está permitida la demanda constitucional de amparo por despido incausado o por despido fraudulento si es que en la vía judicial ordinaria no es posible obtener una misma salvación del derecho que la que se obtendría a través del amparo; y si es que la vulneración del derecho es manifiesta. 8

26

cuestiones de urgencia relacionadas con la violación de los derechos constitucionales que originan un despido nulo9. Poderes públicos y libertad sindical N10 STC 0206-2005-PA: Está ordenado a los poderes públicos adoptar las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación e impedir todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical10. Dimensiones de la libertad sindical N11 STC 0206-2005-PA: Está ordenado reconocer en la libertad sindical tanto una dimensión individual relativa a la constitución de un sindicato y a su afiliación, como una dimensión plural o colectiva que se manifiesta en la autonomía sindical y en su personería jurídica. Autonomía sindical N12 STC 0206-2005-PA: Está ordenado reconocer que la libertad sindical protege a la autonomía sindical, es decir, al funcionamiento libre de los sindicatos, sin injerencias o actos externos que los afecten; protege también las actividades sindicales que desarrollan los sindicatos y sus afiliados, así como a los dirigentes sindicales, para garantizar el desempeño de sus funciones y que cumplan con el mandato para el que fueron elegidos. Dimensión colectiva de la libertad sindical

9

La norma N9 ha de ser precisada de la siguiente manera a fin de preservar su constitucionalidad

material: N9 STC 0206-2005-PA: Está permitido el amparo para atender todas las cuestiones relacionadas con la violación manifiesta del contenido esencial de los derechos fundamentales que originan un despido nulo, siempre que no exista una vía procesal laboral igualmente satisfactoria que el amparo. 10

Esta norma implica el reconocimiento tácito de la siguiente otra: Esta norma implica el

reconocimiento tácito de la siguiente otra:

27

N13 STC 0206-2005-PA: Está ordenado reconocer que la libertad sindical, en su dimensión plural o colectiva, garantiza la protección colectiva de los trabajadores sindicalizados, y la protección especial para los dirigentes sindicales, por lo que queda proscrito todo acto lesivo, no justificado e irrazonable que afectando a trabajadores sindicalizados y a sus dirigentes, haga impracticable el funcionamiento del sindicato. Despido vulnerador de libertad sindical y amparo N14 STC 0206-2005-PA: Está permitido que los despidos originados en la lesión a la libertad sindical y al derecho de sindicación sean cuestionados a través de un amparo constitucional, aun cuando las vías ordinarias también puedan reparar tales derechos11.

Despido discriminatorio y amparo N15 STC 0206-2005-PA: Está permitido el amparo para cuestionar despidos originados en la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma o de cualquier otra índole; y para cuestionar los despidos producidos con motivo del embarazo o licencia de maternidad, o por discriminación sobre la base del estado civil, o por la condición de impedido físico o mental del trabajador12.

La norma N14 debe ser entendida en los términos siguientes: N14 STC 0206-2005-PA: Está permitido que los despidos originados en la lesión manifiesta del contenido constitucional a la libertad sindical y al derecho de sindicación sean cuestionados a través de un amparo constitucional, aun cuando las vías ordinarias también puedan reparar tales derechos, pero sin ofrecer una igual satisfacción en la protección que la ofrecida por el amparo. 12 La procedencia definitiva de la demanda de amparo tiene exigencias adicionales: que la agresión 11

iusfundamental esté referida al contenido esencial del derecho a la igualdad, que la agresión no sea litigiosa y que el proceso laboral ordinario no constituya una vía igualmente satisfactoria. Así, la norma N15 debería ser completada en los términos siguientes: N15 STC 0206-2005-PA: Está permitido el amparo para cuestionar despidos originados en la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma o de cualquier otra índole; así como los despidos producidos con motivo del embarazo o licencia de maternidad, o por discriminación

28

Despido nulo y amparo N16 STC 0206-2005-PA: Está permitido el amparo en relación a despidos nulos que son consecuencia de vulneraciones de derechos fundamentales como la libertad sindical o la igualdad13.

3.

Improcedencia del Amparo en Materia Laboral La improcedencia del amparo sobre asuntos competencia de los

jueces laborales N17-18 STC 0206-2005-PA: Está ordenado declarar improcedentes las demandas de amparo que versen sobre asuntos que por mandato de la ley son competencia de los jueces de trabajo14.

La improcedencia del amparo cuando la agresión al derecho al trabajo es litigiosa N19 STC 0206-2005-PA: Está prohibido acudir al proceso de amparo para cuestionar la causa de despido imputada por el empleador cuando se trate de hechos controvertidos que requieran la actuación de medios

sobre la base del estado civil, o por la condición de impedido físico o mental del trabajador; siempre que la agresión al contenido constitucional del derecho fundamental sea manifiesta y la vía laboral no permita la misma protección del derecho que se habría conseguido a través del amparo. 13

N16 debiera ser completada de la manera siguiente:

N16 STC 0206-2005-PA: Está permitido el amparo en relación a despidos nulos que son consecuencia de vulneraciones manifiestas al contenido constitucional de derechos fundamentales como la libertad sindical o la igualdad; siempre que no existan vías igualmente satisfactorias. 14

La constitucionalidad material de esta norma exige que se la entienda formulada en los términos

siguientes: N17-18 STC 0206-2005-PA: Está permitida la demanda de amparo que verse sobre asuntos que por mandato de la ley son competencia de los jueces de trabajo siempre que signifiquen agresiones manifiestas del contenido esencial del derecho fundamental y la vía laboral no constituya vía igualmente satisfactoria.

29

probatorios a fin de poder determinar la veracidad, falsedad o la adecuada calificación de la imputación de la causa justa de despido15. Proceso laboral ordinario como vía idónea N20 STC 0206-2005-PA: Está ordenado acudir a la vía laboral ordinaria para atender pretensiones que, por estar referidas al contenido legal del derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario, son competencia de los jueces laborales, o cuando se trata de pretensiones que se refieren a hechos controvertidos o a los actos de hostilidad. Amparo y contenido legal del derecho a la adecuada protección contra despido arbitrario N20’ STC 0206-2005-PA: Está ordenado tramitar vía amparo constitucional las pretensiones que por estar referidas al contenido legal del derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario son competencia de los jueces laborales, y las pretensiones referidas a hechos controvertidos, siempre que, en ambos casos, o no sea posible atenderlas en la vía judicial laboral ordinaria, o siendo posible, la urgencia del caso o la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante hacen de tal vía ordinaria una no idónea16. La vía contenciosa administrativa como igualmente satisfactoria

15 Esta

norma exige tomar en consideración el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, de modo que N19 pueda ser formulada así: N19 STC 0206-2005-PA: Está prohibido acudir al proceso de amparo para cuestionar la causa de despido imputada por el empleador cuando se trate de hechos controvertidos que requieran la actuación de medios probatorios que afecten la duración sumaria del proceso de amparo. Se trata de una norma materialmente inconstitucional que no debería ser aplicada porque vulnera la esencia del proceso de amparo constitucionalizada en el artículo 200.2 de la Constitución. En su lugar debería aplicarse una norma que puede ser formulada en los términos siguientes: N: Está prohibido tramitar vía amparo constitucional las pretensiones referidas al contenido legal del derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario o que estén referidas a hechos controvertidos. 16

30

que el amparo N21-22 STC 0206-2005-PA: Está ordenado considerar a la vía contencioso administrativa como la vía normal para resolver las pretensiones laborales individuales que se deriven de los despidos de los servidores públicos, o del personal que sin tener tal condición labora para el sector público, por ser la idónea, adecuada e igualmente satisfactoria, en relación al proceso de amparo, para resolver las controversias laborales públicas 17. Proceso contenciosos administrativo y amparo N23 STC 0206-2005-PA: Está ordenado tramitar a través del proceso contencioso administrativo y no a través del amparo constitucional, las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la Administración Pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley. Amparo y vía contencioso administrativa N24 STC 0206-2005-PA: Está ordenado que las demandas de amparo a través de las cuales se solicite la reposición del trabajador público se declaren improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. Solo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía contenciosa administrativa no es la idónea, procederá el amparo18. La constitucionalidad material de la norma N21 STC 0206-2005-PA exige que se le interprete conjuntamente con la norma N24 STC 0206-2005-PA, y la norma N que se concluye de ambas: N: Está permitido el amparo para solicitar la reposición del trabajador público por vulneración manifiesta del contenido esencial del derecho al trabajo, salvo que la vía contencioso administrativa sea igualmente satisfactoria que el amparo. 17

18

El enunciado normativo final de N24 es el siguiente:

N24 STC 0206-2005-PA: Está ordenado que las demandas de amparo a través de las cuales se solicite la reposición del trabajador público se declaren improcedentes, puesto que desde un plano abstracto la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso

31

Amparo y vía contencioso administrativa N24’ STC 0206-2005-PA: Está ordenado que las demandas de amparo a través de las cuales se tramiten pretensiones que versen sobre cuestiones meramente legales se declaren improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. Solo en defecto de tal posibilidad, o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía contenciosa administrativa no es la idónea procederá el amparo19. Amparo y vía contencioso administrativa N24” STC 0206-2005-PA: Está permitido el amparo contra despidos nulos de servidores públicos, es decir, despidos cuya causa sea, enunciativamente: su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso de las mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido físico o mental20. En el fundamento 25, declarado precedente vinculante, el Tribunal Constitucional hace una advertencia de la que no es posible concluir una norma: “25. El Tribunal Constitucional estima que, de no hacerse así, el proceso de amparo terminará sustituyendo a los procesos judiciales ordinarios como el administrativa, salvo que en el caso concreto esta vía deje de ser una igualmente satisfactoria. De esta norma solo se debe reconocer validez a la parte que ordena declarar la improcedencia de la demanda de amparo para atender pretensiones relacionadas con cuestiones legales. Debe ser recordada la norma según la cual: N: Está prohibido tramitar vía amparo constitucional las pretensiones referidas al contenido legal del derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario o que estén referidas a hechos controvertidos. La vía contencioso administrativa sí es la vía idónea para atender pretensiones relacionadas con el contenido legal de los derechos fundamentales, pero no porque sea la vía igualmente satisfactoria, sino por la radical idoneidad del amparo para atender cuestiones legales. En ninguna situación el amparo se convierte en vía idónea para atender cuestiones legales. 19

En estos casos, la procedencia definitiva de la demanda de amparo dependerá de que la agresión denunciada no sea litigiosa y de que la vía contencioso administrativa no sea igualmente satisfactoria que el amparo. 20

32

laboral y el contencioso administrativo, con su consiguiente ineficacia, desnaturalizando así su esencia, caracterizada por su carácter urgente, extraordinario, residual y sumario”.

III. EXP. N° 03052-2009-PA/TC: cobro de beneficios sociales, cobro de la Indemnización y Despido Arbitrario [bit.ly/2ucHN7U] En la primera parte del fundamento 36 de esta sentencia, manifestó el Tribunal Constitucional que: “36. Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, y teniendo en cuenta que los distintos operadores jurisdiccionales han venido aplicando el criterio jurisprudencial señalado por este Colegiado en anterior jurisprudencia respecto a la declaratoria de improcedencia del amparo cuando el trabajador cobraba sus beneficios sociales o su compensación por tiempo de servicios, este Tribunal debe pasar a definir el cambio de criterio desarrollado en esta sentencia como precedente vinculante, a efectos de generar predictibilidad en los operadores jurídicos”.

En la segunda parte de este fundamento jurídico 36, declaró el Tribunal Constitucional que “Así, las reglas en materia de procedencia del amparo restitutorio del trabajo, son las siguientes: (…)”.

El cobro de beneficios laborales no significa consentir el despido arbitrario N36a STC 03052-2009-PA: Está prohibido considerar que el cobro de los beneficios sociales por el trabajador despedido arbitrariamente supone el consentimiento del despido, por lo que no se configura una causal de improcedencia del amparo constitucional. El cobro de la indemnización sí significa consentir el despido arbitrario N36b STC 03052-2009-PA: Está ordenado considerar que el cobro de la indemnización u otro incentivo por despido arbitrario, supone la aceptación por parte del trabajador de la forma de protección económica prevista en la ley frente a un despido arbitrario, por lo que sí se configura

33

causal de improcedencia del amparo. Pago

de

conceptos

remunerativos

adeudados

al

trabajador

despedido arbitrariamente N36c

STC

03052-2009-PA: Está ordenado efectuar el pago

pendiente por compensación por tiempo de servicios u otros conceptos remunerativos

adeudados

al

trabajador,

de

modo

independiente

y

diferenciado al pago de la indemnización por despido arbitrario.

IV. EXP. N.° 05057-2013-PA/TC: el derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario del trabajador público [https://bit.ly/2uexG2v] En el punto 2 del fallo, resolvió el Tribunal Constitucional lo siguiente: “2. Establecer como PRECEDENTE VINCULANTE, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 de la presente sentencia”21. El derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario del trabajador público N18 STC 05057-2013-PA: Está prohibida la reposición a tiempo

indeterminado del trabajador del régimen 728 que labora para la administración pública y que fue despedido arbitrariamente, si es que, habiendo acreditado la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil, no ha ingresado por concurso público de méritos, respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. El derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido

En el fundamento 26 de esta misma sentencia, dijo el Tribunal Constitucional que: “26. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 supra, constituyen precedente vinculante, siendo determinantes para resolver si a través de la vía del proceso constitucional de amparo, se ordenará o no la reincorporación de la parte demandante como trabajador con un contrato laboral a plazo indeterminado. Tales exigencias se ajustan y respetan la Constitución y demás normas legales vigentes que regulan la contratación de personal en el Estado”. 21

34

arbitrario del trabajador público N18’ STC 05057-2013-PA: Esta ordenado aplicar la norma N18 STC 05057-2013-PA solamente a los contratos que se realicen en el Sector Público, no resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto Legislativo N.° 728 para el sector privado. Estas dos normas se modifican por las normas N11 y N13 de la STC 06681-2013-PA, según se mostrará más adelante. Sanción del funcionario público que contrata desnaturalizando el contrato temporal laboral o civil N20 STC 05057-2013-PA: Está ordenado que las entidades estatales

sancionen a los funcionarios y/o servidores que incumplan las formalidades señaladas en la Constitución, la ley, la sentencia al EXP. N.° 05057-2013PA/TC, así como las disposiciones internas de cada entidad, para la contratación de personal en el ámbito de la Administración Pública. Para determinar el responsable de la contratación se tendrá en cuenta el Manual de Organización y Funciones, el Reglamento de Organización y Funciones, el Reglamento Interno y demás normas internas pertinentes de cada entidad.

Sanción del funcionario público que contrata desnaturalizando el contrato temporal laboral o civil N20’ STC 05057-2013-PA: Está ordenado que la máxima autoridad de

la

institución

responsabilidad

administrativa

determine

quién

en la elaboración del contrato

o

quienes

tuvieron

temporal declarado

desnaturalizado en un proceso judicial; luego deberá informar a la Oficina de Control Interno de la institución a fin de que se investigue y se lleve a cabo el respectivo procedimiento administrativo disciplinario y se establezcan las

35

sanciones pertinentes, las que deberán ser consignadas en el Registro de sanciones de destitución y despido. El jefe de la Oficina de Administración de cada entidad, o quien haga sus veces, es el funcionario responsable de esta inscripción.

La aplicación en el tiempo de las reglas de la STC 05057-2013-PA N21 STC 05057-2013-PA: Está ordenado que las reglas establecidas

por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante en la sentencia al EXP. N.° 05057-2013-PA, deban aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trámite22. Adecuación de la demanda de amparo a una de indemnización en la vía laboral ordinaria N22 STC 05057-2013-PA: Está ordenado al juez en un proceso de

amparo en el que el demandante no puede ser reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada, reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral para que el demandante solicite la indemnización que le corresponda, sin que pueda ser rechazada por extemporaneidad y otorgando al demandante un plazo razonable para que adecúe su demanda a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso laboral23. Demandas de amparo presentadas luego de la publicación de la sentencia N23 STC 05057-2013-PA: Está ordenado declarar improcedentes las

demandas de amparo presentadas luego de la publicación de los precedentes

Puede ser sostenida su inconstitucionalidad material. Esta norma ha sido modificada por la norma N11 STC 06681 -2013-PA. 23 Es posible sostener la inconstitucionalidad material de esta norma constitucional adscripta. 22

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de esta sentencia, y en las que el demandante no haya acreditado haber ingresado a la Administración Pública por concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de plazo indeterminado, sin que en estos casos opere reconducción procesal alguna.

V. EXP. N.° 06681-2013-PA/TC: modifica la norma N18 STC 05057-2013-PA [bit.ly/2TOulGw] En la sentencia al EXP. N.° 06681-2013-PA/TC, manifestó el Tribunal Constitucional que “es claro para este órgano colegiado que no toda persona que se vincula a la función pública necesariamente está realizando carrera administrativa, y que solo a est[e] último grupo de personas, los que vienen efectuando carrera administrativa, es que corresponde aplicar las reglas del “precedente Huatuco”, referidas al pedido de reposición”24. Es así que después de sostener que “el bien que busca proteger el “precedente Huatuco” es el de la carrera administrativa”25; y que “el “precedente Huatuco” promueve que el acceso, la permanencia y el ascenso a dicha plaza atiendan a criterios meritocráticos”26, modificó el alcance de la norma N18 STC 050572013-PA, y lo hizo a través de las siguientes dos reglas jurídicas: El derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario del trabajador público N11 STC 06681-2013-PA: Está ordenado aplicar la norma N18 STC

05057-2013-PA solamente cuando se trata de pedidos de reincorporación en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no frente a otras modalidades de función pública. El derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario del trabajador público

EXP. N.° 06681-2013-PA/TC, fundamento 5. EXP. N.° 06681-2013-PA/TC, fundamento 9. 26 EXP. N.° 06681 -2013-PA/TC, fundamento 11 24 25

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N13 STC 06681-2013-PA: Está ordenado aplicar la norma N18 STC

05057-2013-PA, cuando se cumplan estos dos requisitos: (a) El caso debe referirse a la desnaturalización de un contrato, que puede tratarse de uno temporal o de naturaleza civil, a través del cual supuestamente se encubrió una relación laboral de carácter permanente, (b) Debe pedirse la reposición en una plaza que forma parte de la carrera administrativa, por ende a aquella a la cual corresponde acceder a través de un concurso público de méritos, y que además se encuentre vacante y presupuestada. Estas normas constitucionales adscriptas modifican las normas N1827 y N18’28 de la STC 05057-2013-PA.

27 La norma N18 puede ser formulada de la siguiente manera con base en la modificación establecida:

N18 STC 05057-2013-PA: Está prohibida la reposición a tiempo indeterminado del trabajador del régimen 728 que labora para la administración pública y que fue despedido arbitrariamente, si es que, habiendo acreditado la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil, no ha ingresado por concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada; siempre y cuando la plaza forme parte de la carrera administrativa. Otro modo de formularla es el siguiente: N18 STC 05057-2013-PA: Está permitida la reposición a tiempo indeterminado del trabajador del régimen 728 que labora para la administración pública que, ocupando una plaza que no forma parte de la carrera administrativa y habiendo sido despedido arbitrariamente, ha acreditado la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil. N18 STC 05057-2013-PA: Está prohibida la reposición a tiempo indeterminado del trabajador del régimen 728 que labora para la administración pública y que fue despedido arbitrariamente, si es que, habiendo acreditado la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil, no ha ingresado por concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada; siempre y cuando la plaza forme parte de la carrera administrativa. Otro modo de formularla es el siguiente: N18 STC 05057-2013-PA: Está permitida la reposición a tiempo indeterminado del trabajador del régimen 728 que labora para la administración pública que, ocupando una plaza que no forma parte de la carrera administrativa y habiendo sido despedido arbitrariamente, ha acreditado la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil. 28 Por su parte, la norma N18’ podría quedar formulada de la siguiente manera: N18’ STC 05057-2013-PA: Esta ordenado aplicar la norma N18 STC 05057-2013-PA solamente a los contratos que se realicen en el Sector Público para trabajadores que forman parte de la carrera administrativa, no para trabajadores de otras modalidades de la función pública.

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Capítulo II EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL I. EXP. N.° 01417-2005-PA/TC: amparo y constitucional del derecho a la pensión [bit.ly/2JjCopR]

contenido

En el punto 4 del fallo de esta sentencia, ha decidido el Tribunal Constitucional lo siguiente: “4. Declarar que los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo que

versen sobre materia pensionaría, previstos en el fundamento 37 supra, constituyen precedente vinculante inmediato, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del CPConst. motivo por el cual, a partir del día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, toda demanda de amparo que sea presentada o que se encuentre en trámite y cuya pretensión no verse sobre el contenido constitucional directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, debe ser declarada improcedente’’29.

Contenido constitucional del derecho a la pensión N37a STC 01417-2005-PA: Está ordenado considerar como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales en las que se establecen los requisitos del libre acceso al sistema de seguridad social. Contenido constitucional del derecho a la pensión N37b STC 01417-2005-PA: Está ordenado considerar como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales en las que se establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión de jubilación o cesantía, y de invalidez. Contenido constitucional del derecho a la pensión N37c STC 01417-2005-PA: Está ordenado considerar como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la De igual manera, en el fundamento 47 de esta sentencia se ha reiterado la creación de los precedente vinculantes: “En tal sentido, este Tribunal advierte que los criterios jurídicos contenidos en el fundamento 37 supra para determinar la procedencia de demandas de amparo en materia pensionaría, a partir de la determinación del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, reconocido en el artículo 11 de la Constitución, constituyen precedente vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del CPConst.”. 29

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pensión las pretensiones que en relación al derecho a la pensión busquen preservar el derecho concreto a un mínimo vital. Las pretensiones de pensiones igual o por encima del monto mínimo vital, serán dilucidadas en la vía judicial ordinaria, salvo resulte urgente su verificación a través del amparo para evitar consecuencias irreparables30. Contenido constitucional del derecho a la pensión N37d STC 01417-2005-PA: Está ordenado considerar como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales en las que se establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión de viudez, orfandad y ascendientes. Contenido constitucional del derecho a la pensión N37e STC 01417-2005-PA: Está ordenado considerar como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión las exigencias de igualdad de trato en la obtención de una pensión. Amparo y titularidad del derecho a la pensión N37f STC 01417-2005-PA: Está ordenada la acreditación de la titularidad del derecho a la pensión para la procedencia del amparo constitucional. Amparo y reajuste pensionario N37g STC 01417-2005-PA: Está ordenado considerar que no forma La parte que recoge la salvedad puede incurrir en inconstitucionalidad material por desnaturalización del amparo si permitiese una pretensión que está por encima del mínimo vital y no hay justificación para sostener que tal pretensión conforma el contenido constitucional del derecho a la pensión. Por eso, está justificado entender esta norma de la siguiente manera: La parte que recoge la salvedad puede incurrir en inconstitucionalidad material por desnaturalización del amparo si permitiese una pretensión que está por encima del mínimo vital y no hay justificación para sostener que tal pretensión conforma el contenido constitucional del derecho a la pensión. Por eso, está justificado entender esta norma de la siguiente manera: N37c STC 01417-2005-PA: Está ordenado considerar como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión las pretensiones que en relación al derecho a la pensión busquen preservar el derecho concreto a un mínimo vital. Las pretensiones de pensiones igual o por encima del monto mínimo vital, serán dilucidadas en la vía judicial ordinaria, salvo pueda ser justificado que tales montos son exigidos por las concretas necesidades del pensionista que hacen a su existencia digna. 30

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parte del contenido constitucional del derecho a la pensión, las disposiciones legales referidas al reajuste pensionado o a la estipulación de un concreto tope máximo a las pensiones. Prima facie, las pretensiones relacionadas con estos aspectos se ventilarán en la vía judicial ordinaria31. Amparo y reajuste pensionario N37g’ STC 01417-2005-PA: Está ordenado considerar que las pretensiones vinculadas a la nivelación como sistema de reajuste de las pensiones o a la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos en materia pensionaria, prima facie no son susceptibles de protección a través del amparo constitucional al haber sido proscritas constitucionalmente32.

II. EXP. N.° 5189-2005-PA/TC: La pensión mínima prevista en la ley N.° 23908 [bit.ly/2W6V6CJ] En el punto 4 del fallo el Tribunal Constitucional ha decidido: “Declarar que los criterios de interpretación y aplicación de la Ley N.° 23908, desarrollados en los fundamentos 5 y del 7 al 21 supra, constituyen precedente vinculante inmediato de observancia obligatoria, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Esta norma asegura su constitucionalidad material, si se la considera con el siguiente contenido normativo: N37g STC 01417-2005-PA: Está ordenado considerar que no forma parte del contenido constitucional del derecho a la pensión, las disposiciones legales referidas al reajuste pensionario o a la estipulación de un concreto tope máximo a las pensiones. Prima facie, las pretensiones relacionadas con estos aspectos se ventilarán en la vía judicial ordinaria. No obstante, podrá demandarse el pago de pensiones devengadas, reintegros e intereses siempre y cuando la pretensión principal esté vinculada directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. N37g STC 01417-2005-PA; Está ordenado considerar que no forma parte del contenido constitucional del derecho a la pensión, las disposiciones legales referidas al reajuste pensionario o a la estipulación de un concreto tope máximo a las pensiones. Prima facie, las pretensiones relacionadas con estos aspectos se ventilarán en la vía judicial ordinaria. No obstante, podrá demandarse el pago de pensiones devengadas, reintegros e intereses siempre y cuando la pretensión principal esté vinculada directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 32 Esta norma ha sido precisada por la norma N15 de la STC N.° 05430-2006-PA, en el sentido que señalan prima facie qué pretensiones quedan excluidas de protección. 31

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Beneficiarios de la pensión mínima de la Ley N.° 23908 N5 STC 5189-2005-PA: Está ordenado que el beneficio recogido en la Ley N.° 23908 por el cual ningún pensionista podía percibir como monto de su pensión uno inferior a tres sueldos mínimos vitales (o ingresos mínimos vitales), debió aplicarse a los asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992. Sustitución del beneficio N5’ STC 5189-2005-PA: Está ordenado sustituir el beneficio recogido en la Ley N.° 23908 por el sistema de cálculo de pensión mínima que recogió la Ley N.° 25967, el mismo que luego fue sustituido por el sistema de montos mínimos según el número de años de aportaciones decidido por el Decreto Legislativo N.° 817. La pensión mínima nunca fue tres veces la remuneración N5” STC 5189-2005-PA: Está prohibido considerar que la pensión mínima del sistema nacional de pensiones fue alguna vez igual a tres veces la remuneración de un trabajador en actividad. Desde los fundamentos jurídicos 7 y 8 no es posible concluir normas constitucionales adscriptas: “7. Por ello, este Tribunal, en sesión de pleno jurisdiccional, por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acuerda precisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley N.° 23908, durante su periodo de vigencia, y dispone su observancia obligatoria, en los siguientes términos:

“7. Por ello, este Tribunal, en sesión de pleno jurisdiccional, por las

consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, atendiendo a su función ordenadora y pacificadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acuerda precisar los criterios adoptados en la STC 198-2003-AC para la aplicación de la Ley

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N.° 23908, durante su periodo de vigencia, y dispone su observancia obligatoria, en los siguientes términos: 8. Al crearse el Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 19990, se estableció que el monto de la pensión de jubilación se determinaría efectuando el cálculo establecido en el artículo 73°. El monto resultante se denominó pensión inicial”.

La sustitución de una pensión por la pensión mínima N9-10 STC 5189-2005-PA: Está ordenado que, si en aplicación del Decreto Ley N.° 19990 el pensionista obtenía como pensión inicial un monto inferior a la pensión mínima, entonces debería recibir esta última, la cual sustituía a la pensión inicial.

Destinatarios del beneficio de la sustitución N11-14 STC 5189-2005-PA: Está ordenado que el beneficio de sustitución se destine a los pensionistas que en aplicación del Decreto Ley N.° 19990 obtenían una pensión inicial inferior a la pensión mínima legal equivalente a tres sueldos mínimos vitales. De modo que el aumento del sueldo mínimo suponía el aumento de la pensión mínima legal. Este beneficio no se aplicaba para los pensionistas que recibían un monto superior a la pensión mínima legal. Supuestos de no aplicación de la pensión mínima N15 STC 5189-2005-PA: Está prohibido aplicar el beneficio de la pensión mínima legal para: a) las pensiones con una antigüedad menor de un año; b) las pensiones reducidas de invalidez y jubilación (artículos 28 y 42 del Decreto Ley N.° 19990) y las pensiones de sobrevivencia que hayan originado sus beneficiarios. Desde los fundamentos jurídicos 16 y 17 no es posible concluir normas constitucionales adscriptas, porque se limita a dar noticia de la evolución del sueldo mínimo y pensión mínima:

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“16. El monto de la pensión mínima legal establecida por la Ley N.° 23908 se incrementó posteriormente, cuando los Decretos Supremos N.° 023 y 026-85TR, del 1 de agosto de 1985, aumentaron el sueldo mínimo vital a S/. 135,000 soles oro, quedando establecida una pensión mínima legal de S/. 405,000 soles oro, y así sucesivamente hasta que el sueldo mínimo vital fue incorporado y sustituido por el Ingreso Mínimo Legal. “16. El monto de la pensión mínima legal establecida por la Ley N.° 23908 se incrementó posteriormente, cuando los Decretos Supremos N.° 023 y 026-85TR, del 1 de agosto de 1985, aumentaron el sueldo mínimo vital a S/. 135,000 soles oro, quedando establecida una pensión mínima legal de S/. 405,000 soles oro, y así sucesivamente hasta que el sueldo mínimo vital fue incorporado y sustituido por el Ingreso Mínimo Legal. 17. Se deberá tener en cuenta que, cuando la Ley N.° 23908 quedó tácitamente derogada por el Decreto Ley N.° 25967, la pensión mínima legal vigente era de S/. 36.00 (treinta y seis nuevos soles), importe equivalente a la suma de tres veces el Ingreso Mínimo Legal (sustitutorio del sueldo mínimo vital) establecido por el Decreto Supremo N.° 03-92-TR”.

Duración temporal del beneficio N18-19 STC 5189-2005-PA: Está ordenado considerar que el beneficio establecido en la Ley N.° 23908 estuvo vigente solo hasta el 18 de diciembre de 1992. A partir del día siguiente, con la entrada en vigor del Decreto Ley N.° 25967, la pensión inicial retornó a ser el resultado del cálculo establecido por las disposiciones legales pertinentes. Esta ley fue derogada por el Decreto Legislativo N.° 817, la misma que mandó que los montos mínimos se establecerían según los años de aportación. El beneficio no es automático N20-21 STC 5189-2005-PA: Está ordenado considerar que el reajuste de las pensiones a las que se refiere el artículo 4 de la Ley N.° 23908 no es automático, sino que se encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de Pensiones. Esto fue así previsto desde la creación del mencionado sistema y recogido en la segunda disposición final y transitoria de la Constitución.

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III. EXP. N.° 09381-2005-PA/TC: Derecho a la pensión y bono de reconocimiento [bit.ly/2Fc2aY2] En el punto 3 del fallo el Tribunal Constitucional ha resuelto: “3. Establecer como PRECEDENTE VINCULANTE, conforme al artículo VII del título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en el fundamento 9, supra, de esta sentencia”.

Bono de reconocimiento y aceptación de su valor nominal N9A STC 09381-2005-PA: Está prohibido a la ONP rechazar el pedido de determinación del valor nominal del bono de reconocimiento del asegurado de la seguridad social (que deja el régimen del Sistema nacional de pensiones para incorporarse al Sistema Privado de Pensiones), recurriendo a supuestos impedimentos para acceder a tal solicitud. Reconocimiento de los meses de aportación N9B STC 09381-2005-PA: Está ordenado respetar el derecho de los administrados por el cual la ONP ha de reconocerle los meses de aportaciones reales al Sistema nacional de pensiones, hayan o no sido detallados en la solicitud presentada para la determinación del bono de reconocimiento del trabajador que deja el régimen del Sistema Nacional de Pensiones para incorporarse al Sistema Privado de Pensiones.

IV. EXPS. N.°S 06612-2005-PA/TC Y 10087-2005-PA/TC: Pensión vitalicia y pensión por invalidez [bit.ly/2Wdc02N y bit.ly/2HspeFr] Estas dos sentencias resuelven cuestiones jurídicas sustancialmente iguales y los precedentes vinculantes formulados en una y otra son los mismos. El Tribunal Constitucional directamente pasa a enumerar los precedentes a partir del fundamento 19 y hasta el fundamento 28 en la sentencia al Exp. N.° 06612-2005-PA/TC, y a partir del fundamento 20 y hasta el fundamento 29 en la sentencia al Exp. N.° 10087-2005-PA/TC. Aquí se formularán las reglas jurídicas expresamente respecto de la sentencia al Exp. N.° 06612-2005-

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PA/TC y, en pie de página, se indicará la correspondencia con la sentencia al Exp. N.° 10087-2005-PA/TC. Plazo de prescripción y pensión vitalicia N19 STC 06612-2005-PA: Está prohibido el plazo de prescripción para solicitar el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.° 1884633. Pensión vitalicia y empleados públicos N20 STC 06612-2005-PA: Está prohibido dar por perdido el derecho a una pensión vitalicia por laborar como empleado, siempre y cuando se haya laborado antes como obrero en el mismo centro de trabajo y durante la vigencia del Decreto Ley N.° 18846.34. Pensión de invalidez y empleados públicos N20’ STC 06612-2005-PA: Está ordenado proteger con la pensión de invalidez a la que se refiere el artículo 25 inciso d) del Decreto Ley N.° 19990, a los trabajadores empleados que nunca fueron obreros, o que lo fueron, pero no en el mismo centro de trabajo en el que se desempeñan como empleados35. Entidad competente para la acreditación de la enfermedad profesional N21 STC 06612-2005-PA: Está ordenado que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia (Decreto Ley N.° 18846) o pensión de invalidez (Ley N.° 26790), la enfermedad profesional sea acreditada solamente con un examen o dictamen médico emitido por una

33

Esta norma coincide con la norma N20 STC 10087-2005-PA.

34

Esta norma coincide con las normas N21 STC 10087-2005-PA.

35

Esta norma coincide con la norma N21 ’ STC 10087-2005-PA.

46

comisión médica evaluadora de incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS36. Responsabilidad por falsedad o inexactitud del certificado médico de invalidez. N21’ STC 06612-2005-PA: Está ordenada la responsabilidad penal y administrativa del médico que emitió el certificado, de los integrantes de la comisión médica y del propio solicitante, si a partir de la verificación posterior se comprobara la falsedad o inexactitud del certificado médico de invalidez emitido37. Percepción simultánea de pensión vitalicia o pensión de invalidez y remuneración N22 STC 06612-2005-PA: Está prohibido, en relación a la pensión vitalicia del Decreto Ley N.° 18846, que un asegurado con gran incapacidad, así como uno con incapacidad permanente total, perciban pensión vitalicia y remuneración; y está permitido que un asegurado con incapacidad permanente parcial perciba pensión vitalicia y remuneración. Ningún asegurado que perciba pensión vitalicia podrá percibir por el mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional o por el incremento de su incapacidad laboral, una pensión de invalidez conforme al Decreto Ley N.° 19990 o a la Ley N.° 2679038. Percepción simultánea de pensión vitalicia o pensión de invalidez y remuneración N22’ STC 06612-2005-PA: Está prohibido, en relación a la pensión de invalidez de la Ley N.° 26790, que un asegurado con gran invalidez, así como uno con invalidez permanente total perciban pensión de invalidez y

La norma N21 coincide con la norma N22 STC 10087-2005-PA. La norma N21’ coinciden con la norma N22’ STC 10087-2005-PA. 38 Esta norma coincide con las normas N23 STC 10087-2005-PA. 36 37

47

remuneración; y está permitido que un asegurado con invalidez permanente parcial perciba pensión de invalidez y remuneración. Ningún asegurado que perciba pensión de invalidez puede percibir por el mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional una pensión de invalidez conforme al sistema privado de pensiones39. La

relación

de

causalidad

para

acreditar

una

enfermedad

profesional N23 STC 06612-2005-PA: Está ordenado presumir la relación de causalidad entre la actividad de trabajo y la enfermedad profesional en los casos de la neumoconiosis (silicosis), la antracosis y la asbestosis, siempre que el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo N.° 009-97-SA40. La

relación

de

causalidad

para

acreditar

una

enfermedad

profesional N23’ STC 06612-2005-PA: Está prohibido presumir la relación de causalidad entre la actividad de trabajo y la enfermedad profesional en el caso de la hipoacusia, la misma que se ha de probar, para lo cual se tendrán en cuenta las funciones que desempeñaba el demandante en su puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo41. La pensión mínima y su relación con la pensión vitalicia por enfermedad profesional N24 STC 06612-2005-PA: Está prohibido aplicar a la pensión vitalicia del Decreto Ley N.° 18846 los montos de pensión mínima establecidos

Esta norma coincide con las normas N23’ STC 10087-2005-PA. Esta norma coincide con las normas N24 STC 10087-2005-PA. 41 Esta norma coincide con las normas N24’STC 10087-2005-PA. 39 40

48

por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.° 81742. El arbitraje en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo N25 STC 06612-2005-PA43 Está ordenado al juez constitucional desestimar la excepción de arbitraje o convenio arbitral en un proceso de amparo en el que se demanda el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.° 26790 y al Decreto Supremo N.° 003-98-SA44. La responsabilidad del Estado en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo N26 STC 06612-2005-PA: Está ordenado comprender los riesgos por invalidez temporal e invalidez parcial permanente en la cobertura supletoria de la ONP (artículo 88, Decreto Supremo N.° 009-97-SA), si la entidad empleadora se encuentra inscrita en el registro de entidades empleadoras que desarrollan actividades de riesgo. En estos casos, la ONP ha de repetir contra la entidad empleadora por el valor actualizado de las prestaciones45. La inversión de la carga de la prueba en el amparo en el que se demanda una pensión de invalidez N27 STC 06612-2005-PA: Está ordenado a los emplazados en un proceso de amparo en el que se demanda el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.° 26790, que presenten los exámenes médicos de control anual y de retiro para demostrar que la denegación de otorgamiento no es una decisión manifiestamente arbitraria e injustificada; incluso en aquellos procesos de amparo en los que el demandante sea un extrabajador, los emplazados deberán presentar el examen médico de retiro, pues si no lo hacen se presumirá que el demandante a la fecha de su cese se

Esta norma coincide con la norma N25 STC 10087-2005-PA. Esta norma constitucional adscripta luego es matizada en la sentencia al EXP. N.° 00061-2008PA/TC (N12yN15). 44 Esta norma coincide con la norma N26 STC 10087-2005-PA. 45 Esta norma coincide con la norma N27 STC 10087-2005-PA. 42 43

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encontraba enfermo y bajo la cobertura de invalidez de la emplazada. Asimismo, en los procesos de amparo los emplazados deberán adjuntar los contratos de seguro complementario de trabajo de riesgo para determinar la vigencia de la póliza y la cobertura de invalidez durante la relación laboral del demandante46. Inadmisibilidad de la demanda de pensión vitalicia o de invalidez por no acompañar certificados médicos oficiales N28 STC 06612-2005-PA: Está ordenado a los jueces declarar inadmisible las demandas de amparo cuya pretensión es el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.° 18846, o de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.° 26790 y al Decreto Supremo N.° 009-97- SA, en las que no se haya adjuntado el dictamen o certificado médico emitido por las comisiones médicas de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS; y a la vez les está ordenado conceder al demandante un plazo máximo de 60 días hábiles para que presente, en calidad de pericia, el dictamen o certificado médico referido47. Procesos de amparo en trámite y cuya pretensión es el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.° 18846 N28’ STC 06612-2005-PA: Está ordenado a los jueces que en los procesos de amparo que se encuentren en trámite y cuya pretensión es el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.° 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.° 26790 y al Decreto Supremo N.° 009-97-SA, requieran al demandante para que presente, en el plazo máximo de 60 días hábiles, como pericia el dictamen o certificado médico emitido por una comisión médica de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, siempre y cuando el demandante para acreditar la enfermedad

46 47

Esta norma coincide con la norma N28 STC 10087-2005-PA. Esta norma coincide con la norma N29 STC 10087-2005-PA.

50

profesional haya adjuntado a su demanda o presentado durante el proceso un examen o certificado médico expedido por una entidad pública, y no exista contradicción entre los documentos presentados48. Procesos de amparo en trámite y cuya pretensión es el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.° 18846 N28” STC 06612-2005-PA: Está ordenado a los jueces que en los procesos de amparo en trámite y en los que el demandante haya presentado un certificado o examen médico emitido por un organismo privado o médico particular para probar que padece de una enfermedad profesional, declaren improcedente la demanda y no soliciten la pericia referida en la norma anterior49.

V. EXP. N.° 07281-2006-PA/TC: se añade causal de desafiliación a las AFP por información inexistente o defectuosa [bit.ly/2HCtFgh] En el punto 4 del fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha decidido:

“4. Ordenar a la SBS, a las AFP, a la ONP y a todos los jueces de la República cumplir en sus propios términos los precedentes vinculantes establecidos en los fundamentos 27 y 37 de la presente sentencia”.

La información deficiente como causa de la desafiliación del sistema privado de pensiones N27 STC 07281-2006-PA: Está permitido el inicio del trámite de desafiliación del sistema privado de pensiones cuando la decisión de afiliación fue tomada en ausencia de información o en presencia de información insuficiente50. Esta norma coincide con la norma N29’ STC 10087-2005-PA. Esta norma coincide con la norma N29” STC 10087-2005-PA. 50 Esta norma debe ser completada con esta otra: Solicitud de nulidad de afiliación a la AFP y prescripción N19 STC 00014-2007-PI: Está prohibido aplicar un plazo prescriptorio a la solicitud de 48 49

51

Trámite de desafiliación del Sistema Privado de Pensiones por información insuficiente N37 STC 07281-2006-PA: Está ordenado que el trámite de desafiliación por insuficiencia de información sea decidido por el Reglamento de la Ley N.° 28991, mientras tanto, se aplicará supletoriamente el procedimiento previsto en el artículo 52 de la Resolución N.° 080-98-EFSAFP51.

VI. EXP. N.° 05430-2006-PA/TC: Procedencia del Amparo en caso de pensiones, devengados e intereses [bit.ly/2HHt39e] Esta sentencia precisa dos reglas jurídicas que como precedente había creado con anterioridad: “5. Conforme a lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, los precedentes vinculantes contenidos en los fundamentos 15.d) del Caso Sánchez- Lagomarcino Ramírez (STC 2877-2005PA) y 37.g) del caso Anicama (STC 1417-2005-PA), quedan precisados tal como se señala en los fundamentos 13 y 15 de la presente”.

Adicionalmente, crea nuevos precedentes vinculantes. En el punto 6 del fallo dice: “6. Establecer como precedente vinculante de observancia obligatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en el fundamento 14”.

1.

Los precedentes precisados Precisión a la norma N15d de la STC 2877-2005-HC N13 STC 05430-2006-PA: Está ordenado precisar la norma N15d de

la STC 2877-2005-HC, en los términos siguientes: procederá demandar en la vía constitucional el pago de las pensiones devengadas, reintegros e intereses, siempre y cuando la pretensión principal esté vinculada directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión.

nulidad del acto de afiliación en los supuestos de indebida, insuficiente y/o inoportuna información por parte de la AFP o de la Administración Pública. 51 Habrá que estar a la ley y su reglamento que en cada momento regulen el trámite de desafiliación.

52

Precisión a las normas N37g y N37g’ de la STC 1417-2005-PA N15 STC 05430-2006-PA: Está ordenado precisar que las normas N37g y N37g’ de la STC 1417-2005-PA señalan prima facie qué pretensiones no forman parte del contenido constitucional del derecho a la pensión.

2.

Los nuevos precedentes Reconocimiento de la pensión de jubilación o de invalidez, así como

los devengados e intereses. N14.1.b1 STC 05430-2006-PA: Está permitido que quien se considere titular de una pensión de jubilación o invalidez de cualquiera de los regímenes previsionales existentes recurra al amparo para demandar el reconocimiento de la pensión, el consiguiente pago de los montos dejados de percibir (devengados y reintegros) y los intereses generados. Si los montos dejados de percibir y los intereses correspondientes no hubiesen sido solicitados, el juez constitucional igualmente ordenará su pago. Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, así como los devengados e intereses N14.1.b2 STC 05430-2006-PA: Está permitido que quien se considere titular de una pensión de sobrevivientes (viudez, orfandad o ascendientes) de cualquier régimen previsional, recurra al amparo para demandar el reconocimiento de la pensión, el consiguiente pago de los montos dejados de percibir (devengados y reintegros), derivados de su pensión, y los intereses generados. Si los montos dejados de percibir y los intereses correspondientes no hubiesen sido solicitados, el juez constitucional igualmente ordenará su pago. Derecho a la pensión, mínimo vital y tutela de urgencia N14.1.b3 STC 05430-2006-PA: Está permitido que los titulares de una pensión de jubilación, invalidez o sobrevivientes de cualquier régimen previsional interpongan un amparo cuando se acredite una afectación al

53

derecho al mínimo vital o cuando exista la necesidad de tutela urgente52. Podrán solicitar la restitución de los montos dejados de percibir (devengados y reintegros), derivados de su pensión, y los intereses generados. Si los montos dejados de percibir y los intereses correspondientes no hubiesen sido solicitados, el juez constitucional igualmente ordenará su pago. Derecho a la pensión y derecho a la igualdad N14.1.b4 STC 05430-2006-PA: Está permitido a los titulares de una pensión de jubilación, invalidez o sobrevivientes de cualquier régimen previsional que hayan interpuesto un amparo por vulneración del derecho a la igualdad, solicitar la restitución de los montos dejados de percibir (devengados y reintegros), derivados de su pensión, y los intereses generados.

Si

los

montos

dejados

de

percibir

y

los

intereses

correspondientes no hubiesen sido solicitados, el juez constitucional igualmente ordenará su pago. RAC y devengados e intereses pensionarios N14.1.b5 STC 05430-2006-PA: Está permitido interponer un recurso de agravio constitucional cuando la sentencia de segunda instancia hubiese acogido la demanda de amparo por vulneración del derecho a la pensión, pero sin ordenar el pago de los montos dejados de percibir (devengados y reintegros) y/o los intereses generados. RAC y devengados e intereses pensionarios N14.b.6 STC 05430-2006-PA: Está prohibido el recurso de agravio constitucional para conseguir el pago de pensiones devengadas, reintegros e intereses cuando el demandante no es titular del derecho o cuando la pretensión no está directamente vinculada al contenido constitucionalmente

Se debe evitar interpretar esta norma como si permitiese el amparo para defender pretensiones meramente legales respecto de las cuales se pueda justificar una urgencia. La urgencia constitucionalmente aceptada es la que tiene que ver con el aseguramiento de una vida digna del pensionista, elemento que configura el contenido esencial o constitucional del derecho a la pensión. 52

54

protegido del derecho a la pensión. Aplicación inmediata de normas sobre RAC N14.2b STC 05430-2006-PA: Está ordenado que las normas N14.1 .b1 a N14.1.b6 de la STC 05430-2006-PA sean de aplicación inmediata desde el día siguiente de la publicación de la sentencia que los recoge en el diario oficial El Peruano, a todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite, sin incluir los que se encuentren en etapa de ejecución.

VII EXP. N.° 04762-2007-PA/TC: Amparo y reconocimiento de aportaciones no consideradas por la ONP [bit.ly/2TcywXH] En el apartado 3 del fallo de esta sentencia el Tribunal Constitucional resolvió: “3. Declarar que los criterios previstos en el fundamento 26, supra, constituyen precedente vinculante inmediato de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del CPConst.”.

Instrumentales a presentar para el reconocimiento de aportaciones a la ONP N26a STC 04762-2007-PA: Está permitido al demandante de amparo adjuntar en su demanda los siguientes instrumentales: certificado de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. Está prohibido presentar estos documentos en copia simple, pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada. Instrumentales a presentar por la ONP N26b-d STC 04762-2007-PA: Está ordenado a la ONP adjuntar como medio probatorio en su contestación de demanda de amparo el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de este. Esta orden es aplicable a los procesos de amparo en trámite cuando los

55

jueces lo estimen necesario e indispensable para resolver la controversia planteada. En los procesos de amparo que se inicien con posterioridad a la publicación de esta sentencia, si la ONP no cumple con esta obligación, el juez aplicará el principio de prevalencia de la parte quejosa, siempre y cuando los medios probatorios presentados por el demandante resulten suficientes, pertinentes e idóneos para acreditar años de aportaciones, o aplicará supletoriamente el artículo 282 del Código Procesal Civil. Solicitud del expediente del proceso administrativo de otorgamiento de pensión N26e STC 04762-2007-PA: Está prohibido a los jueces solicitar el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de este, cuando se está ante una demanda manifiestamente fundada en la que se advierte que la ONP no ha reconocido periodos de aportaciones que han sido acreditados fehacientemente por el demandante. Solicitud del expediente del proceso administrativo de otorgamiento de pensión N26f STC 04762-2007-PA: Está prohibido que los jueces solicitar el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de este, cuando se está ante una demanda de amparo manifiestamente infundada en la que se solicita el reconocimiento de años de aportaciones sin que se haya presentado prueba alguna que sustente la pretensión; o cuando de la valoración conjunta de los medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación; o cuando se presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los exempleadores sino por terceras personas.

56

VIII. EXP. N.° 02513-2007-AA/TC: Amparo, pensión de invalidez y pensión vitalicia del seguro complementario de trabajo de riesgo [bit.ly/2HtnCLB] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional reitera los precedentes vinculantes creados en las sentencias a los Exps. N.°s 06612-2005-PA/TC (sobre pensión vitalicia y pensión de invalidez), 10087-2005-PA/TC y 000612008-PA/TC (precedentes vinculantes sobre arbitraje en el derecho a la pensión)53. Adicionalmente, en el punto 3 del fallo, el Tribunal Constitucional formula unos nuevos precedentes vinculantes en los términos siguientes: “3. Conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se establecen como nuevos precedentes vinculantes las reglas contenidas en los fundamentos 21, 29, 46, 48 y 49”.

Otorgamiento de la pensión de invalidez del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo N21 STC 02513-2007-AA: Está prohibido exigir como condición previa al otorgamiento de la pensión de invalidez del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, la percepción del subsidio de incapacidad temporal otorgado por EsSalud, cuando el vínculo laboral del asegurado haya concluido, se determine que padece de una enfermedad profesional irreversible, y que esta ha tenido su origen en la actividad de riesgo que desarrollaba. En el caso de accidentes de trabajo, se aplicará la misma regla cuando las secuelas del accidente producido durante la relación laboral se presenten luego del cese. Reajuste

del

monto

de

la

pensión

vitalicia

por

Seguro

Complementario de Trabajo de Riesgo N29 STC 02513-2007-AA: Está ordenado el reajuste del monto de

En el punto 2 del fallo de la sentencia que ahora se analiza, el Tribunal Constitucional decidió reiterar los precedentes vinculantes que estableció en estas mencionadas sentencias. Dijo así: “Conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se reitera como PRECEDENTES VINCULANTES las reglas contenidas en los fundamentos 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24,26,27, 31, 34, 37,40,42 y 45, que son las siguientes (…) 53

57

la pensión vitalicia del Decreto Ley N° 18846 cuando se incremente el grado de incapacidad, de incapacidad permanente parcial a incapacidad permanente total, o de incapacidad permanente parcial a gran incapacidad, o de incapacidad permanente total a gran incapacidad. Asimismo, está ordenado el reajuste del monto de la pensión de invalidez de la Ley N° 26790 cuando se incremente el grado de invalidez, de invalidez permanente parcial a invalidez permanente total, o de invalidez permanente parcial a gran invalidez, o de invalidez permanente total a gran invalidez54. Certificado médico que acredite incapacidad como requisito de procedencia de la demanda de amparo N46 STC 02513-2007-AA: Está ordenado declarar improcedente la demanda de amparo cuando habiéndose solicitado al demandante como pericia el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades, este no ha sido presentado dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento. Improcedencia de la demanda de amparo para otorgamiento de pensión vitalicia N48

STC

02513-2007-AA: Está ordenado al juez declarar

improcedente una demanda de amparo interpuesta a partir del 19 de enero de 2008 cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia según el Decreto Ley N.° 18846, o una pensión de invalidez según la Ley N.° 26790, si el demandante no ha adjuntado a su demanda el dictamen o certificado

La norma N29 ha sido formulada en referencia a dos concretas leyes vigentes al momento de formularse este precedente vinculante (al Decreto Ley N.° 18846 y a la Ley N.° 26790). La pretensión de generalidad de esta regla justificaría una formulación al margen de las mencionadas leyes. Así: N29 STC 02513-2007-AA: Está ordenado el reajuste del monto de la pensión vitalicia cuando se incremente el grado de incapacidad. Asimismo, está ordenado el reajuste del monto de la pensión de invalidez cuando se incremente el grado de invalidez. 54

58

médico emitido por las Comisiones Médicas Evaluadoras o Calificadoras de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS55. Medidas coercitivas a la ONP y Compañías de seguro por no aplicar los precedentes del Tribunal Constitucional N49 STC 02513-2007-AA: Está ordenado imponer las medidas coercitivas del artículo 22 del Código Procesal Constitucional a la ONP y a las compañías de seguros por no aplicar los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. A los demandantes que interpongan demandas de amparo manifiestamente infundadas por ser contrarias a los precedentes vinculantes referidos se les impondrá el pago de los costos y costas del proceso. A los abogados que patrocinen procesos contrarios a tales precedentes se les impondrá el pago de una multa cuando quede demostrado que tenían conocimiento de tal contradicción.

IX. EXP. N.° 00061-2008-PA/TC: Derecho a la pensión y arbitraje en el seguro complementario de trabajo de riesgo [bit.ly/2ujNSiN] En el punto 2 del fallo de esta sentencia decidió el Tribunal Constitucional: “2. Establecer como precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el fundamento N.°s 12, 15 y 18”.

Pensión de invalidez como contenido constitucional del derecho a la pensión N12

STC

00061-2008-PA: Está ordenado reconocer que la

pretensión de otorgamiento de una pensión de invalidez forma parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión.

Esta norma también ha sido formulada en relación al Decreto Ley N.° 18846 y a la Ley N.° 26790, y para ganar en generalidad, puede quedar redactada de la siguiente manera: N48 STC 02513-2007-AA: Está ordenado al juez declarar improcedente una demanda de amparo interpuesta a partir del 19 de enero de 2008 cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia o una pensión de invalidez, si el demandante no ha adjuntado a su demanda el dictamen o certificado médico emitido por las Comisiones Médicas Evaluadoras o Calificadoras de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS. 55

59

La inconstitucionalidad del arbitraje obligatorio en pensión de invalidez. N12’ STC 00061-2008-PA: Está ordenado al juez desestimar por inconstitucional la excepción de arbitraje o convenio arbitral obligatorio en un proceso de amparo en el que se demande el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.° 26790 y al artículo 9 del Decreto Supremo N.° 003-98-SA. La constitucionalidad de un arbitraje voluntario e informado y pensión de invalidez N15

STC

00061-2008-PA:

Está

ordenado

reconocer

constitucionalidad en el arbitraje voluntario referido al otorgamiento de una pensión de invalidez, si es que en el momento de la instalación del órgano arbitral, el o los árbitros han dejado constancia de que informaron: las ventajas que brinda el arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud; que para la resolución de su controversia se aplicará la jurisprudencia y los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional; que el asegurado o beneficiario puede renunciar al arbitraje y preferir a su juez judicial natural; y que contra el laudo arbitral caben los recursos que prevé la Ley General de Arbitraje. El arbitraje voluntario será inconstitucional si es iniciado por la aseguradora privada y el asegurado o beneficiario no desea someterse a él. Inicio de la contingencia en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo N18 STC 00061-2008-PA: Está ordenado considerar que el derecho a la pensión vitalicia (Decreto Ley N.° 18846) o a la pensión de invalidez (Ley N.° 26790) se genera a partir de la fecha del dictamen o certificado médico emitido por una comisión médica de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de

60

una EPS, que acredita la existencia de la enfermedad profesional.

X. EXP. N.° 00799-2014-PA/TC: reglas sobre los informes médicos relacionados al estado de salud de los asegurados [bit.ly/2TRierD] En el fundamento 25 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara los precedentes vinculantes de la siguiente manera: “(...) por consiguiente, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus funciones de ordenación y de pacificación, y haciendo uso de la facultad conferida por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, estima pertinente establecer precedente de observancia obligatoria respecto [a] las reglas que deben observar los jueces que conocen procesos de amparo con relación a los informes médicos presentados por las partes a efectos de establecer el estado de salud de los demandantes: (...)”.

Inmediatamente después enuncia el Alto Tribunal las reglas en las que consisten cada uno de los precedentes creados. Empieza enunciando una regla procesal que es completamente innecesaria e intranscendente:

“a. Regla procesal: El Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 201 de la Constitución y del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad para establecer un precedente a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa juzgada, precisando el extremo de su efecto normativa”.

Luego de la formulación de esta regla procesal, se enuncian las reglas sustanciales, que son los contenidos normativos que conviene presentar en lenguaje deóntico. Condición de aplicación de las reglas jurídicas N25b STC 00799-2014-PA: Está ordenado observar las siguientes reglas cuando en un proceso de amparo exista incertidumbre respecto al estado de salud del actor asegurado. Plena validez probatoria de los informes médicos N25b1 STC 00799-2014-PA: Está ordenado reconocer plena validez probatoria a los informes médicos emitidos por comisiones médicas

61

calificadoras de incapacidad del Ministerio de Salud y de Essalud, presentados por los asegurados demandantes respecto al estado de su salud. Pérdida de valor probatorio de los informes médicos N25b2 STC 00799-2014-PA: Está permitido restar valor probatorio a dichos informes médicos, si se demuestra en el caso concreto que, respecto a estos informes, se presenta alguno de los siguientes supuestos: 1) no cuentan con historia clínica; 2) que la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes auxiliares e informes de resultados emitidos por especialistas; y 3) que son falsificados o fraudulentos; correspondiendo al órgano jurisdiccional solicitar la historia clínica o informes adicionales, cuando, en el caso concreto, el informe médico presentado por el demandante no genera convicción en el juzgador por sí solo. Valor

de

los

dictámenes

médicos

emitidos

por

comisiones

evaluadoras de EPS N25b3 STC 00799-2014-PA: Está permitido que los dictámenes médicos presentados por las compañías aseguradoras emitidos por las comisiones evaluadoras emitidos por EPS contradigan los dictámenes presentados por los demandantes solamente si se configura alguno de los mencionados supuestos, en cuyo caso se declarará improcedente la demanda. Posibilidad de someterse el actor a un nuevo examen médico N25b4 STC 00799-2014-PA: Está ordenado, de persistir en un caso concreto la incertidumbre sobre su verdadero estado de salud, dar al actor la oportunidad de someterse voluntariamente a un nuevo examen médico dentro de un plazo razonable, previo pago del costo correspondiente; y en caso de no hacerlo, se declarará improcedente la demanda, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía ordinaria. Aplicación temporal de estas reglas jurídicas N25b5 STC 00799-2014-PA: Está ordenado que las reglas jurídicas

62

en las que consisten estos precedentes, se apliquen inmediatamente desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, a todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite.

XI. EXP. N.° 02677-2016-PA/TC: reglas sobre pensiones cuyos montos han sido calculados erróneamente [bit.ly/2FclxA9] En el fundamento 21 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: “(...) por consiguiente, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus funciones de ordenación y de pacificación, y haciendo uso de la facultad conferida por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, estima pertinente establecer precedente de observancia obligatoria respecto las reglas que deben observar los jueces que conocen procesos de amparo en los que se advierte este tipo de anomalías: (...)”.

Inmediatamente después, pasa a formular una regla procesal, que por su contenido normativo es innecesaria e intrascendente: “Regla procesal: El Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 201 de la Constitución y del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad para establecer un precedente a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa juzgada, precisando el extremo de su efecto normativo”.

Es con las reglas sustanciales que el Tribunal Constitucional establece los contenidos normativos que vincularan como verdaderas normas de alcance general: Condición de aplicación de las reglas jurídicas N21b STC 02677-2016-PA: Está ordenado observar las siguientes reglas cuando en un proceso de amparo se advierta que, por error imputable a la Administración, se abona al pensionista un monto de pensión superior al que le corresponde, o se le ha reconocido un beneficio o bonificación que no le corresponde. Supuesto de una pensión con un monto superior al que corresponde N21b1

STC

02677-2016-PA: Está ordenado que, cuando se

63

determine que el monto de la pensión de jubilación o invalidez que percibe el demandante es superior al monto que legalmente corresponde, pese a lo cual solicita incremento del mismo, la sentencia desestime la demanda y disponga que la entidad prestadora emita una nueva resolución administrativa otorgando la pensión con arreglo a ley, dejando sin efecto aquello que no corresponde; exonerándose al demandante de la obligación de devolver lo percibido en exceso, razón por la cual no se realizará ningún descuento en la pensión actual o futura que perciba.

Se deja a salvo el derecho de la ONP para repetir por pago en exceso N21b2 STC 02677-2016-PA: Está permitido a la ONP, en el supuesto mencionado en la regla N21b1, repetir lo pagado en exceso en los funcionarios responsables del error incurrido.

Supuesto de una pensión con un monto menor al que corresponde, pero con devengados, intereses o bonificación que no corresponde N21b3 STC 02677-2016-PA: Está ordenado que, cuando se advierta que el cálculo del monto de la pensión se ha efectuado en perjuicio del pensionista, resultando un monto inferior al que realmente le corresponde, pero se determine al mismo tiempo que ha sido favorecido erróneamente en cuanto a la determinación de las pensiones devengadas, intereses legales o la aplicación de alguna bonificación, aumento o incremento por aumento de menoscabo que no le corresponde, en la sentencia que declara fundada la demanda se disponga: 1) que, en el término de 2 días de notificada la sentencia, se emita nueva resolución administrativa efectuando una debida calificación y otorgamiento la pensión, dejando sin efecto aquello que ha sido ilegalmente otorgado; y 2) que del monto de los reintegros que le corresponden al actor como consecuencia de haber percibido un monto menor

64

como pensión de jubilación o de invalidez, se proceda a la compensación correspondiente de lo que ha cobrado en exceso, a favor de la entidad que [ha] efectuado el pago.

La compensación solo se efectuará si liquidación arroja un monto a favor del pensionista N21b4 STC 02677-2016-PA: Está ordenado que la compensación a la que hace referencia la regla N21b3 proceda solo si la liquidación de devengados e intereses arroja un monto a favor del pensionista, monto que será el tope de la compensación, no procediendo, en ningún caso, descuento alguno en la pensión actual o futura del pensionista. Responsabilidad administrativa de los funcionarios que incurrieron en el error N21b5 STC 02677-2016-PA: Está ordenado a la ONP determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que tuvieron a su cargo la calificación de la solicitud de pensión y emitieron las resoluciones administrativas que generaron el error. Informe al Juez de ejecución de las rectificaciones efectuadas y responsabilidades administrativas halladas N21b6

STC

02677-2016-PA: Está ordenado la Oficina de

Normalización Previsional informar al Juez ejecutor acerca de las rectificaciones

efectuadas,

así

como

del

establecimiento

de

la

responsabilidad funcional, adjuntando las resoluciones administrativas expedidas. Aplicación temporal de las reglas jurídicas N21b7 STC 02677-2016-PA: Está ordenado que las presentes reglas jurídicas en las que consisten estos precedentes, se apliquen inmediatamente desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, a todos

65

los procesos de amparo que se encuentren en trámite.

66

Capítulo III EN MATERIA TRIBUTARIA I. EXP. N.° 00053-2004-PI/TC: Las Exigencias Constitucionales Sobre los Arbitrios [bit.ly/2W3cJ6y] En esta sentencia, sostuvo el Tribunal Constitucional lo siguiente en los dos últimos párrafos del fundamento XIV: “XIV. EL PRECEDENTE VINCULANTE PARA EL RESTO DE MUNICIPIOS (...) Consecuentemente, para tal efecto, todas las demás municipalidades del país se encuentran vinculadas, a partir de la fecha, a las reglas vinculantes establecidas en esta sentencia, bajo sanción de nulidad de sus ordenanzas. De igual manera, respecto a los mismos periodos tributarios evaluados en los casos de Surco y Miraflores, esto es, de 1997 a 2004, deberán observar las reglas vinculantes establecidas en esta sentencia respecto al procedimiento de ratificación (VII, parte B, § 9); así como los parámetros mínimos de validez constitucional que permiten aproximarse a opciones de distribución ideal del costo del servicio (VIII, parte A, § 3). Asimismo, también les alcanza el fallo de esta sentencia respecto a la modulación de los efectos en el tiempo; por lo que les son aplicables las mismas reglas establecidas en el punto XIII precedente”.

En la medida que el Tribunal Constitucional ha declarado como precedente vinculante las “reglas vinculantes establecidas en esta sentencia”, aquí se tomarán en cuenta no solo las normas que provienen del apartado VII, parte B, § 9 y el apartado VIII, parte A, § 3; sino también a las reglas sobre la publicación de la ratificación de la respectiva ordenanza acompañada del informe técnico financiero, la regla que contiene la finalidad que esta publicación persigue (VIII.A.5), las reglas referidas a la determinación del carácter confiscatorio de los arbitrios municipales (VIII.D), y las reglas referidas a la aplicación temporal de los otros contenidos normativos que aparecen en ella (XIII).

Reglas sobre la validez y vigencia de las ordenanzas que crean arbitrios NVIIB9 STC 00053-2004-PI: Está ordenado, en relación a la

67

ordenanza municipal que crea arbitrios: a) que sea ratificada por el Consejo Provincial respectivo, lo cual es un requisito esencial para la validez de la ordenanza que crea arbitrios56; b) que se publique el acuerdo de ratificación, lo cual es un requisito para su vigencia; c) que la ratificación y publicación ocurra dentro del plazo razonable previsto legalmente 57; d) que el cobro del arbitrio se produzca a partir del día siguiente de la publicación; e) en caso la ratificación y publicación hayan sido extemporáneas, el arbitrio se cobrará con base en la ordenanza válida y vigente del año fiscal anterior reajustada con el índice de precios al consumidor; f) si la norma del año anterior no cuenta con los requisitos de validez y vigencia, deberá retrotraerse hasta encontrar una norma que reúna tales requisitos y sirva de base de cálculo 58. Parámetros

mínimos

de

validez

constitucional

para

arbitrios

referidos a limpieza pública NVIII.A.3A STC 00053-2004-PI: Está ordenado que los criterios de distribución del costo del servicio de limpieza pública se adecúen a la naturaleza de cada rubro de la siguiente manera: a) el criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie, guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en los casos de casa habitación; b) como criterio adicional se utilizará el del número de habitantes en cada vivienda; c) para supuestos distintos al de casa habitación, el criterio tamaño de predio no demostrará por sí solo una mayor generación de basura, por lo cual deberá confrontarse con el criterio uso de predio; d) para la limpieza de calles no puede considerarse el tamaño del predio En una sentencia anterior, el Tribunal Constitucional ya había dicho que “si una Municipalidad Distrital al emitir sus ordenanzas por arbitrios no ha cumplido con el requisito de la ratificación, no se encuentra habilitada para exigir dicho cobro a los usuarios con base en tal norma”. EXP. N.° 00412004-PI/TC, fundamento 17. 57 El Tribunal Constitucional hace referencia expresa “[a]l plazo del artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal” (fundamento VIIB9). 58 De este apartado el Tribunal Constitucional dice “reitera[r] las conclusiones expuestas en los fundamentos 15 al 27 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC”. EXP. N.° 00053-2004-PI/TC, fundamento NVIIB9. 56

68

entendido como metros cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del área que da a la calle. Parámetros

mínimos

de

validez

constitucional

para

arbitrios

referidos a parques y jardines. NVIII.A.3B STC 00053-2004-PI: Está ordenado que, respecto del mantenimiento de parques y jardines, el costo del servicio se determine con base en la cercanía del predio a las áreas verdes, y no con base al tamaño y uso del predio. Parámetros

mínimos

de

validez

constitucional

para

arbitrios

referidos a serenazgo. NVIII.A.3C STC 00053-2004-PI: Está ordenado que el costo del servicio de serenazgo a pagar por los ciudadanos se calcule con base en criterios como la ubicación y uso del predio. Está prohibido utilizar como criterio el tamaño del predio. Publicación del informe técnico que sustenta la ordenanza sobre arbitrios NVIII.A.5 STC 00053-2004-PI: Está ordenado que junto a la ratificación de la ordenanza se publique como anexo el informe técnico financiero que la sustenta, el cual constituye un elemento esencial del tributo, de lo contrario se vulnerará el principio constitucional de reserva de ley. Destino del dinero recaudado por arbitrios NVIII.A.5’ STC 00053-2004-PI: Está prohibido financiar con el dinero que se recauda por arbitrios cualquier tipo de actividad estatal u otros gastos que no sean aquellos provocados por la prestación de un servicio específico. Reglas sobre la determinación del carácter confiscatorio de los arbitrios municipales NVIII.D.2 STC 00053-2004-PI: Está ordenado: a) tener por

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confiscatorios los arbitrios cuyo monto global se ha determinado sobre la base de montos sobrevaluados o sobre la base de montos no justificados por ausencia del informe técnico financiero que demuestre la determinación de los costos; b) acreditar, el contribuyente; lo que alega mediante los documentos mínimos indispensables (liquidaciones, órdenes de pago, determinaciones, así como otros elementos que demuestren la falta de recursos para asumir la carga o la no puesta a su disposición del servicio cobrado); sin embargo, será la municipalidad la que deberá demostrar la razonabilidad entre el costo del servicio y el monto exigido al contribuyente en cada caso específico; c) si el contribuyente personalmente o de manera conjunta reclama en vía administrativa y luego en la judicial la confiscatoriedad de los cobros, sustentándose en peritajes y estudios de certificación técnica, el municipio deberá correr con los costos efectuados por los contribuyentes en caso de que sea atendido favorablemente su reclamo o demanda. Reglas sobre la aplicación temporal de la STC 00053-2004-PI NXIII STC 00053-2004-PI: Está ordenado: 1) la improcedencia de las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos cobrados con base en las ordenanzas declaradas inconstitucionales que se interpongan luego de la publicación de esta sentencia, salvo los reclamos administrativos y procesos judiciales que fueron accionados dentro de los plazos correspondientes y que aún se encontraban en trámite al momento de la publicación de la presente sentencia; 2) dejar sin efecto cualquier cobranza en trámite basada en ordenanzas inconstitucionales; asimismo, impedir el inicio de cualquier procedimiento coactivo cuya finalidad sea ejecutar el cobro de deudas originadas en ordenanzas inconstitucionales; 3) esta última regla únicamente imposibilita la realización de la cobranza de deudas impagas basándose en ordenanzas inconstitucionales, no impide que las mismas puedan ser exigidas:

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a) sobre la base de ordenanzas válidas de periodos anteriores reajustadas con el índice de precios al consumidor, o, en su defecto, de no encontrarse norma válida alguna; b) sobre la base de nuevas ordenanzas emitidas siguiendo los criterios vinculantes del Tribunal Constitucional, por los periodos no prescritos. De estar en el supuesto b), las ordenanzas habilitadas para cobrar las deudas impagas por los periodos no prescritos deberán tramitarse conforme a los plazos del procedimiento de ratificación que hayan establecido las municipalidades provinciales.

II. EXP. N.° 2302-2003-AA/TC: La vía previa y amparo contra reglamentos tributarios inconstitucionales [bit.ly/2HDnd8E] En el apartado 3 del fallo de esta sentencia ordenó el Tribunal Constitucional: “3. Establézcase el precedente vinculante respecto al agotamiento de la vía previa en casos similares, según lo señalado en los fundamentos 5 al 9. En consecuencia: a) cuando se cuestionen actos concretos de aplicación de una norma reglamentaria -decreto supremo- directamente contraria a la Ley e indirectamente contraria a la Constitución, será necesario el agotamiento de la vía previa; b) la excepción a la regla precedente serán los casos de afectaciones por normas autoaplicativas en cuyo caso el juez constitucional deberá fundamentar las razones de tal calificación”.

Agotamiento de la vía previa para cuestionar norma reglamentaria

tributaria inconstitucional N5 STC 2302-2003-AA: Está ordenado agotar la vía previa administrativa para cuestionar, a través de una demanda de amparo, los actos concretos de aplicación de una norma reglamentaria directamente contraria a la ley e indirectamente contraria a la Constitución. Del fundamento 6 no es posible reconocer una nueva norma constitucional adscripta: “6. En consecuencia, cuando se cuestione los actos de aplicación de un Decreto Supremo como norma reglamentaria en materia tributaria, estamos en principio frente a un problema de conformidad con la Ley, para lo cual, debe agotarse la vía administrativa hasta llegar al recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Cabe advertir, sin embargo, un inconveniente a esta regla: los casos de normas autoaplicativas'".

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Excepción a la exigencia de agotamiento de la vía previa cuando se trate de cuestionar la constitucionalidad de una norma reglamentaria tributaria N7 STC 2302-2003-AA: Está prohibido exigir el agotamiento de la vía

previa

administrativa

en

los

amparos

dirigidos

contra

normas

reglamentarias autoaplicativas inconstitucionales. Le está ordenado al juez justificar la naturaleza autoaplicativa de la norma59. De los fundamentos 8 y 9 de la sentencia, no es posible concluir normas constitucionales adscriptas nuevas. Así, el primero de los mencionados fundamentos, trata de la aplicación de la norma N7 sobre el D.S. N.° 158- 99EF, para concluir que se trata de una norma reglamentaria tributaria autoaplicativa; mientras que el segundo de los fundamentos contiene la explicación de lo que es una norma autoaplicativa: la que produce sus efectos con la sola entrada en vigor, independientemente de que se hayan o no iniciado actos de cobro como ejecución de esta. “8. Cabe preguntarse entonces, si las normas tributarias cuestionadas en autos, son normas autoaplicativas. En la STC 1311- 2000-AA/TC cuando se cuestionó la conformidad con el principio de legalidad, del Decreto Supremo N.° 158-99-EF, señalamos que ‘(…) si bien parece que el acto lesivo no se había producido al interponerse la demanda, pues no constaba en autos prueba de que el impuesto había sido aplicado o cobrado al accionante, es opinión de este Tribunal que el hecho de que el Decreto Supremo N.° 158-99-EF no requiera de acto posterior alguno para su obligatoriedad, lo cual hace un dispositivo legal de eficacia inmediata, imperativo frente a los sujetos pasivos del impuesto, por lo que no puede negarse su naturaleza autoaplicativa o de acto aplicatorio, es decir, con mayor certeza de ocurrencia que la amenaza de violación del derecho (...) y por ende, procedía esta acción de amparo, aun cuando en la práctica no se hubiera realizado todavía el acto de aplicación y cobranza del impuesto (...)’. Este criterio es, de igual manera, aplicable al caso de autos. 9. En efecto, estas normas tributarias son del tipo autoaplicativas, pues en la medida que el demandante sea sujeto pasivo del tributo y se configure en su caso el hecho imponible de la norma, la misma ya le es exigible, es decir, ya se encuentra obligado al pago sin esperar que la administración desemboque su actuación administrativa para ejercer la cobranza de la deuda. Este será un caso La parte final resaltada proviene del punto 3 del fallo de esta sentencia; “b) la excepción a la regla precedente, serán los casos de afectaciones por normas autoaplicativas, en cuyo caso, el juez constitucional deberá fundamentar las razones de tal calificación”. 59

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de excepción para a la regla del agotamiento de la vía previa”.

III. EXP. N.° 4227-2005-AA/TC: ley tributaria inconstitucional y amparo [bit.ly/2FerEnw] En el fundamento 43 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional manifestó que: “43. En tal sentido, y de conformidad con lo establecido por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal declara que la presente sentencia, que adquiere la autoridad de cosa juzgada, constituye precedente vinculante”.

Este es un caso en el que toda la sentencia es declarada precedente vinculante, sin que de toda ella sea posible concluir contenidos normativos que a su vez permitan formular normas constitucionales adscriptas. Aquí solo se hará referencia a las reglas jurídicas que se concluyen desde fundamentos jurídicos con contenido normativo. Ley tributaria inconstitucional no exonera el pago del tributo N7-9 STC 4227-2005-AA: Está prohibido, si una ley que crea un tributo es declarada inconstitucional por prever una base imponible o alícuota confiscatorias, exonerar al contribuyente de su pago, sino que este deberá regularse en función a la base imponible y alícuota justas que se prevea en una nueva ley. Mientras se aprueba la nueva ley, el contribuyente seguirá tributando un monto igual al impuesto de la ley declarada inconstitucional, sin que dicho pago constituya pago en su totalidad, ni surta los efectos del pago respecto al íntegro del monto entregado, pues este deberá regularizarse una vez promulgada la nueva ley. La aplicación retroactiva de la ley tributaria que reemplaza a una declarada inconstitucional N10 STC 4227-2005-AA: Está permitido al Tribunal Constitucional modular

los

efectos

temporales

de

su

sentencia

que

declara

la

inconstitucionalidad de una ley tributaria, de modo que aquella pueda entrar

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en vigencia no inmediatamente sino pasado un tiempo desde su publicación en el diario oficial El Peruano. En materia tributaria, la ley que sustituya a la ley declarada inconstitucional podrá tener efectos retroactivos. Evaluación abstracta de constitucionalidad de la ley tributaria a través del amparo N13 STC 4227-2005-AA: Está prohibida la evaluación abstracta de constitucionalidad de una ley tributaria a través del amparo. Deber

de

demostrar

que

ley

tributaria

vulnera

derechos

fundamentales N14 STC 4227-2005-AA: Está ordenado que el demandante en amparo demuestre fehacientemente que la ley tributaria vulnera sus derechos fundamentales en un caso concreto. Regulación tributaria a través de un reglamento por remisión de una ley N19 STC 4227-2005-AA: Está permitida la regulación tributaria a través de un reglamento por remisión de una ley, cuando así lo determine esta y sin exceder lo dispuesto por ella. Reserva de ley tributaria N21 STC 4227-2005-AA: Está permitido que la reserva de ley en materia tributaria no afecte por igual a todos los elementos integrantes del tributo: el grado de concreción es máximo cuando regula el hecho imponible y menor cuando se trata de regular otros elementos. La prueba del carácter confiscatorio de los tributos N24 STC 4227-2005-AA: Está ordenado que para acreditar la confiscatoriedad de un tributo al caso concreto, se deba probar la afectación real al patrimonio empresarial de la persona jurídica. Amparo y confiscatoriedad del tributo N26 STC 4227-2005-AA: Está prohibido el amparo constitucional

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para denunciar la confiscatoriedad de un tributo cuando tal confiscatoriedad es litigiosa y necesita de una etapa de actuación de pruebas. Amparo y confiscatoriedad del tributo N28 STC 4227-2005-AA: Está prohibido en el amparo admitir como medios probatorios válidos aquellos que resten imparcialidad a su contenido, como son las autoliquidaciones realizadas por el propio contribuyente demandante o informes elaborados a su petición. Tipo de ocio promovido por el Estado N40 STC 4227-2005-AA: Está ordenado al Estado promover el ocio desde la cultura, la recreación y el deporte. Le está prohibido promover el ocio proveniente de juegos que pueden generar adicción con efectos económicos y sociales perjudiciales, como son los juegos de apuesta. Deber del juez de aplicar una ley o reglamento aplicados por el Tribunal Constitucional en un caso sustancialmente igual N43 STC 4227-2005-AA: Está prohibido a los jueces inaplicar leyes y reglamentos sobre los cuales el Tribunal Constitucional, en un caso concreto, ha desestimado la solicitud de ejercer control difuso sobre ellos por no encontrar vicio alguno de inconstitucionalidad60.

Capítulo IV DERECHOS DE REUNION, DE RECTIFICACIÓN Y DE DEFENSA I.

EXP. N.° 4677-2004-PA/TC: derecho de reunión [bit.ly/2HJoB9N] En el punto 3 del fallo de esta sentencia el Tribunal Constitucional

decidió: “3. Declarar que, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del CPConst., constituye precedente vinculante el criterio conforme al cual, en

Consecuentemente, el juez podrá inaplicar una ley o un reglamento cuya solicitud de inaplicación fue rechazada por el Tribunal Constitucional si justifica convenientemente que se trata de casos sustancialmente diferentes. 60

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ningún caso el ejercicio del derecho de reunión, previsto en el artículo 2.12 de la Constitución, puede ser sometido al requisito de autorización previa por parte de la autoridad administrativa (fundamentos 15.e y 18), la cual solo podrá restringirlo o prohibirlo atendiendo a las concretas circunstancias de cada caso y solo por razones objetivas, suficientes y fundadas, según ha quedado expuesto en los fundamentos de esta sentencia”.

El derecho de reunión no requiere de autorización previa N15e STC 4677-2004-PA: Está prohibido requerir autorización administrativa o gubernativa previa para el ejercicio del derecho fundamental de reunión que se convoca en plazas y vías públicas. Para estos casos, la autoridad debe tomar noticia del evento con antelación suficiente a efectos de adoptar las providencias necesarias para que el derecho al libre tránsito (artículo 2.11 de la Constitución) no se vea limitado más allá de lo estrictamente necesario, habilitando vías alternas de circulación, además de adoptar las medidas necesarias para proteger a los manifestantes y asumir una conducta vigilante y, de ser el caso, proporcionalmente represiva, frente a las eventuales afectaciones a la integridad personal de terceros o de los bienes públicos o privados. Limitación fundada del derecho de reunión N18 STC 4677-2004-PA: Está prohibido limitar el derecho de reunión con base en simples sospechas, peligros inciertos, argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios; las razones para prohibir una reunión pública han de ser objetivas, suficientes y debidamente fundadas. La prohibición de reunión como última ratio N18’ STC 4677-2004-PA: Está ordenado que la prohibición de reunión sea la última ratio a la que puede apelar la autoridad administrativa para limitar el derecho, debiendo optar, de ser posible, por medidas simplemente restrictivas, tales como proponer la modificación del lugar, fecha, hora, duración o itinerario previsto. Motivación debida caso por caso de toda restricción del derecho de

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reunión N18” STC 4677-2004-PA: Está ordenado a la autoridad competente que motive debidamente y caso por caso cualquier restricción a la libertad de reunión.

II. EXP. N.° 3362-2004-PHC/TC: derecho de rectificación [bit.ly/2HuHZrM] En el punto 2 del fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha decidido: “2. Establecer como precedente vinculante los fundamentos N.°s 10 (reglas sobre los tipos de medios en los que se puede solicitar la rectificación), 14 (reglas sobre los requerimientos para el ejercicio del derecho fundamental a la rectificación), 20 (reglas sobre los elementos configuradores que posee) y 24 y 27 (reglas sobre la forma en que debe ser presentada) de la presente sentencia, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Rectificación de mensajes y medio de difusión N10 STC 3362-2004-PHC: Está permitida la rectificación de mensajes emitidos a través de cualquier medio de comunicación masiva. Rectificación y derecho de información N14a STC 3362-2004-PHC: Está ordenado que el derecho de rectificación se predique respecto del derecho a la información, y solo podrá ejercerse cuando la información publicada o difundida es falsa, es decir, cuando no corresponde en absoluto con la verdad; o cuando es inexacta, es decir, cuando se ajusta a la verdad solo en parte. La rectificación es independiente de las otras responsabilidades en las que puedan incurrir los intervinientes en la propagación de una tal información; y se configura independientemente de que haya o no existido diligencia en el informador. Honor agraviado y derecho de rectificación N14b STC 3362-2004-PHC: Está permitido invocar el derecho de rectificación también cuando, independientemente de la libertad ejercida si

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de expresión o de información, la persona se ha visto afectada por un agravio que vulnera su derecho al honor a través de un medio de comunicación de masas. La procedencia de la rectificación no requiere la previa declaración judicial de que existió un acto vulnerador del honor de la persona, basta con la apariencia de vulneración del honor. Gratuidad y derecho de rectificación N20a STC 3362-2004-PHC: Está ordenado considerar que la constitucionalmente exigida gratuidad en el ejercicio del derecho de rectificación no impide que la persona agraviada incurra en gastos, como pueden ser los notariales de previo requerimiento de la rectificación; sí prohíbe todo abono al medio de comunicación agresor por concepto de publicación o emisión de la rectificación. Inmediatez y derecho de rectificación N20a’ STC 3362-2004-PHC: Está ordenado considerar que la constitucionalmente exigida inmediatez en la realización de la rectificación, significa que esta ha de ser realizada por el medio de comunicación obligado en el menor tiempo posible. Proporcionalidad y derecho de rectificación N20a”

STC

3362-2004-PHC: La constitucionalmente exigida

proporcionalidad en la rectificación, obliga a la publicación íntegra, sin intercalaciones, en la misma página y con características similares a la comunicación que la haya provocado o, en su defecto, en un lugar destacado de la misma sección, si el medio de comunicación agresor es escrito; y obliga a la difusión en el mismo horario y con las mismas características similares a la transmisión que la haya motivado, si el medio de comunicación agresor es radial o televisivo. Titular y obligado del derecho de rectificación N20b STC 3362-2004-PHC: Está ordenado que cualquier persona,

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natural o jurídica, agredida en su honor por cualquier medio de comunicación, podrá solicitar la respectiva rectificación. También podrá solicitarla aquella persona que, pese a que el medio se haya rectificado espontáneamente, lo ha hecho de modo insatisfactorio. La obligación de rectificar recae sobre cualquier medio de comunicación, y consiste en insertar o difundir gratuitamente las rectificaciones que le sean dirigidas. Toda empresa de comunicación social deberá tener una persona responsable de cumplir con la obligación de rectificar, la misma que no estará protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial; de no existir, el responsable será el propio emisor de la información. Requerimiento de rectificación y amparo N20c STC 3362-2004-PHC: Está ordenado que sea al director del medio de comunicación o a la persona que se presente como responsable, a quien se requiera la rectificación de la información. El requerimiento debe formularse por conducto notarial u otro fehaciente. Este requerimiento configura vía previa para una posterior demanda de amparo. El requerimiento debe ser realizado dentro de un plazo razonable que no excederá de quince días, contados a partir de la emisión de la información agraviante. El medio de comunicación presenta el contenido de la rectificación N24 STC 3362-2004-PHC: Está ordenado que sea el propio medio de comunicación el que presente la rectificación, según sus lineamientos periodísticos, salvo que en su solicitud el agraviado señale expresamente que se coloque la rectificación según su voluntad, en cuyo caso el medio de comunicación deberá hacer la rectificación según la petición realizada. Sin embargo, en este último supuesto, el afectado no podrá hacer un ejercicio abusivo de su derecho. Derecho de rectificación y amparo N24’ STC 3362-2004-PHC: Está permitida la demanda de amparo por

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vulneración del derecho fundamental de rectificación, si el medio de comunicación se niega a la difusión de la rectificación solicitada, o realizándola no satisface al agraviado. Rectificación solo del mensaje agraviante N27 STC 3362-2004-PHC: Está ordenado que la rectificación se circunscriba al mensaje agraviante que la motiva. No se podrá insertar nuevas apreciaciones, hechos o noticias no exigidas por la rectificación del mensaje mismo.

III. EXP. N.° 1150-2004-AA/TC: Debido Proceso y Derecho de Defensa [bit.ly/2ueBJM2] En el fundamento 9 de esta sentencia se ha decidido que: “9. Esta sentencia constituye precedente vinculante respecto de los fundamentos 1, 5 y 6, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”. Del fundamento 1 se concluía una regla61 que hoy queda derogada por el artículo 5.9 del Código Procesal Constitucional62, “1. Inicialmente, es pertinente examinar si el Tribunal Constitucional es competente para analizar un proceso que contraponga los intereses de dos entidades de derecho público. La demanda en el presente caso ha sido presentada por el Banco de la Nación y dirigida básicamente contra el Seguro Social de Salud, ESSALUD, ex IPSS. Según el artículo 6 inciso 4 de la Ley 23506, aplicable al caso concreto, no proceden las acciones de garantía ‘de las dependencias administrativas, incluyendo las empresas públicas, contra los Poderes del Estado y los organismos creados por la Constitución, por los actos efectuados en el ejercicio regular de sus funciones’. Contrarío sensu, se observa que sí proceden los procesos constitucionales entre tales entidades en caso de que la actividad de la demandada no haya sido efectuada en el ejercicio regular de sus funciones, tal como se critica a ESSALUD. Es más, ya en anterior oportunidad (Sentencia del Expediente 918-98-AC/TC), este Colegiado se ha Tal regla era: N1 STC 1150-2004-AA: Está permitido el amparo constitucional entre entidades de Derecho Público en caso de que la actividad de la demandada no haya sido efectuada en el ejercicio regular de sus funciones. 62 No proceden los procesos constitucionales cuando: “(…) 9. Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno. Los conflictos constitucionales surgidos entre dichas entidades, sean poderes del Estado, órganos de nivel o relevancia constitucional, gobiernos locales y regionales, serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes”. 61

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considerado competente para revisar un proceso iniciado por el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET, y dirigido contra la Municipalidad Distrital de Lince. Por estas consideraciones, en el presente caso, la relación jurídica procesal constitucional queda plenamente establecida entre demandante y demandada, más aún si la pretensión está dirigida a la tutela objetiva de derechos fundamentales, correspondiendo, por lo tanto, entrar a decidir sobre el fondo del asunto”.

Del fundamento 5 no es posible concluir contenido normativo alguno que permita formular una regla jurídica general que se adscriba a una norma constitucional directamente estatuida “5. Este Colegiado considera que la obligación de pago de intereses exigido por el IPSS, actualmente ESSALUD, debe ser necesariamente materia de un proceso en el que sea debidamente emplazado el Banco de la Nación y en el que se determine, mediante sentencia firme, la procedencia de dicha obligación”.

El debido proceso y el derecho de defensa N6 STC 1150-2004-AA: Está ordenado reconocer que el derecho al debido proceso se compone de una serie de garantías y normas de orden público aplicables a todos los procedimientos jurídicos. El derecho de defensa forma parte del debido proceso, y garantiza que la persona no quede en indefensión en la determinación de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

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CAPÍTULO V EN MATERIA DE IMPORTACION DE VEHÍCULOS USADOS I. EXP. N.° 05961-2009-PA/TC: Anulación de sentencias judiciales inconstitucionales a través del proceso de amparo [bit.ly/2Crzjyd] En el punto 3 del fallo de la sentencia, el Tribunal Constitucional decide: “3. Establecer conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, como PRECEDENTE VINCULANTE las reglas contenidas en el fundamento 21 (…)”

Se ordena considerar constitucionales una serie de normas N21a STC 05961-2009-PA: Está ordenado considerar que el Decreto Legislativo N.° 843, los Decretos Supremos N.°s 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC y los Decretos de Urgencia N.°s 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008, no vulneran el contenido constitucional de los derechos al trabajo y a las libertades de trabajo, de empresa, de contratación y de iniciativa privada, por lo que los jueces no pueden inaplicarlos alegando la vulneración de estos derechos fundamentales.

Se ordena la ineficacia de resoluciones judiciales que inaplicaron normas confirmadas en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional N21b STC 05961-2009-PA: Está ordenado tener por ineficaces todas las resoluciones judiciales emitidas a partir del 6 de noviembre del 2008 que hayan inaplicado el Decreto Legislativo N.° 843, los Decretos Supremos N°s 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 0422006-MTC y los Decretos de Urgencia N°s 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008, por vulnerar los derechos al trabajo y a las libertades de trabajo, de empresa, de contratación y de iniciativa privada.

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Habilitan plazo para interponer demanda de amparo contra resoluciones judiciales N21’ STC 05961-2009-PA: Está permitido al Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contar con un plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente en que le fue notificada la sentencia al Exp. N.° 05961-2009-PA/TC, para que interponga demanda de amparo contra las resoluciones judiciales a las que se refiere la norma N2 1b, a fin de que se declare su nulidad.

II. EXP. N° 00001-2010-CC/TC: La Anulación General de Sentencias Judiciales Inconstitucionales [bit.ly/2OcqkWk] En el punto 1 del fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional decidió: “1. Declarar FUNDADA en parte, la demanda; en consecuencia, establecer conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, como PRECEDENTE VINCULANTE las reglas siguientes: (...)’ 63

Nulidad de pleno derecho de resoluciones judiciales N25 STC 00001-2010-CC: Está ordenado considerar nulas de pleno derecho por inconstitucionales, toda resolución judicial que disponga la inaplicación del Decreto Legislativo N.° 843, o de los Decretos Supremos N.°s 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC, o de los Decretos de Urgencia N.°s 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052- 2008, o que contravenga las reglas establecidas como precedente vinculante en la sentencia al Exp. N.° 05961-2009-PA/TC64.

Inmediatamente después el Tribunal Constitucional reitera los contenidos normativos que provienen de los fundamentos jurídicos de la sentencia y que son declarados precedentes. Aquí se identificará a la norma con el número del fundamento jurídico de donde procede su contenido normativo. 64 La validez constitucional de esta norma, reclama entenderla la siguiente manera: N25 STC 00001-2010-CC: Está ordenado considerar nulas de pleno derecho por inconstitucionales, toda resolución judicial que disponga injustificadamente la inaplicación de los decretos confirmados en su constitucionalidad. Así, las inaplicaciones justificadas -real y objetivamente justificadas en razones fuertes-, no debieron ser tenidas como inconstitucionales. 63

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Se ordena al CNM y la OCMA procesar y sancionar jueces que inaplicaron normas confirmadas en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional N27 STC 00001-2010-CC: Está ordenado al Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina de Control de la Magistratura procesar y sancionar a los jueces que hayan emitido resoluciones judiciales, disponiendo la inaplicación del Decreto Legislativo N.° 843, o de los Decretos Supremos N.°s 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC o de los Decretos de Urgencia N.°s 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008, o que hayan resuelto en contravención de las reglas establecidas como precedente vinculante en la sentencia al Exp. N.° 05961-2009-PA/TC65.

Se ordena denunciar por prevaricato a jueces que inaplicaron normas confirmadas en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional N27’ STC 00001-2010-CC: Está ordenado al Ministerio Público denunciar por delito de prevaricato a los jueces que hayan emitido resoluciones judiciales que dispongan la inaplicación del Decreto Legislativo N.° 843, o de los Decretos Supremos N.°s 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC o de los Decretos de Urgencia N.°s 0792000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008, o que hayan resuelto en contravención de las reglas establecidas como precedente vinculante en la sentencia al EXP. N.°05961-2009-PA/TC66. Obligación de la Administración Pública de no acatar un fallo judicial inconstitucional por apartamiento del precedente vinculante N26 STC 00001-2010-CC: Está prohibido a las entidades de la

La aplicación constitucional de la norma N27 dependerá de que la decisión judicial no tenga justificación fuerte atendible. Será este el caso cuando la inaplicación judicial de las normas haya ocurrido respecto de casos sustancialmente iguales al caso en el que el Tribunal Constitucional confirmó su constitucionalidad; y cuando no se han aplicado precedentes vinculantes habiéndose cumplido el supuesto de hecho de la regla en la que consiste el precedente vinculante. 66 ídem. 65

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Administración Pública acatar cualquier resolución judicial emitida a partir del 18 de junio de 2010 que inaplique el Decreto Legislativo N.° 843, o los Decretos Supremos N.°s 045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006- MTC o los Decretos de Urgencia N.°s 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008 o que contravenga las reglas establecidas como precedente vinculante en la sentencia al EXP. N.° O5961-2OO9-PA/TC67. Responsabilidad civil por emisión inconstitucional de cautelares N28 STC 00001-2010-CC: Está permitido promover la declaración judicial de responsabilidad civil de jueces, abogados y demandantes por los daños que ocasionen las medidas cautelares que dispongan la inaplicación del Decreto Legislativo N.° 843, o de los Decretos Supremos N.°s 045- 2000MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC o de los Decretos de Urgencia N.°s 079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-200868.

La aplicación constitucional de la norma N26 exige que se tome en consideración las normas N21b y N21’ de la STC 05961-2009-PA. 68 La aplicación constitucional de la norma N28 exige que antes de promover la responsabilidad patrimonial se haya comprobado la inconstitucionalidad de la decisión del juez, pues no toda inaplicación de una ley confirmada en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, y no toda inaplicación de un precedente vinculante, convierte por ese solo motivo en inconstitucional a la decisión judicial. 67

85

CAPÍTUO VI SOBRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

I.

EXP. N.° 3361-2004-AA/TC: evaluación y ratificación de magistrados [bit.ly/2udYJL9] En el punto 2 del fallo de esta sentencia el que manifestó el Tribunal

Constitucional lo siguiente: “2. Se declara que tienen fuerza vinculante los argumentos vertidos respecto a la aplicación de los criterios establecidos en la presente sentencia a los casos futuros (fundamentos 7 y 8); al nuevo carácter de la evaluación y ratificación de los jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público (fundamentos 17 a 20); y a los derechos-reglas contenidos en el derecho-principio a la tutela procesal efectiva (fundamentos 26 a 43)”69.

1.

Reglas de aplicación temporal Inicio de la vigencia de los nuevos parámetros constitucionales N7 STC 3361-2004-AA: Está ordenado que en los procedimientos de

evaluación y ratificación de jueces y fiscales que ocurran con posterioridad a esta sentencia, se respeten los precedentes vinculantes en ellas creados70. Inicio de la vigencia de los nuevos parámetros constitucionales N8 STC 3361-2004-AA: Está ordenado considerar que los criterios establecidos por este Tribunal constituyen la interpretación vinculante en todos los casos de no ratificaciones efectuadas por el CNM con anterioridad a la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano. En dichos casos los jueces están vinculados y deben aplicar la jurisprudencia de este Tribunal en los términos en que estuvo vigente. Desde el fundamento 17 no es posible concluir una norma constitucional adscripta: La fuerza vinculante que refiere el Tribunal Constitucional, se la reconoce como precedente vinculante, según el fundamento 7 de esta sentencia. 70 Este criterio jurisprudencial y consecuente norma constitucional adscripta, fue dejado sin efecto por la sentencia al EXP. N.° 01412-2007-PA/TC, tal y como se dará razón más adelante. 69

86

“17. Las nuevas circunstancias habilitantes para un cambio jurisprudencial como el explicado, permiten que este Colegiado efectúe un reexamen de los principios vertidos sobre la materia”.

2.

El carácter objetivo de las decisiones del CNM Elementos objetivos en la decisión del CNM N18 STC 3361-2004-AA: Está ordenado que los consejeros del

Consejo Nacional de la Magistratura decidan acerca de la ratificación o no de un magistrado con base en elementos objetivos como son la respuesta a las preguntas formuladas en la entrevista realizada, los datos proporcionados por el magistrado evaluado, los informes recolectados de instituciones públicas (como las oficinas de control interno, la academia de la magistratura) y las provenientes de la participación ciudadana. Alto componente objetivo en las decisiones del CNM N19 STC 3361-2004-AA: Está ordenado que la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura sobre la ratificación o no de un magistrado, tenga un alto componente objetivo. Está prohibido al consejero determinar a su libre albedrío, qué juez o fiscal no continúa en el cargo, sino que, para hacerlo, deberá basarse en parámetros objetivos de evaluación. De este fundamento 20 no se concluye una norma constitucional adscripta: “20. Con todo lo expuesto, y con una interpretación como la mostrada, la justificación del por qué está autorizado el CNM para realizar esta actividad correctora podría concretarse en que ésta realiza a través de un control interorgánico de los consejeros respecto a los jueces, basado en que la actuación indebida de estos últimos termina afectando claramente la potestas del Estado y, consecuentemente, de la población. En este marco, este Tribunal considera que los datos objetivos que ahora se exigen a los consejeros imprimen al proceso de evaluación de magistrados un mejor margen para la motivación de sus resoluciones, lo que guarda coherencia con el respeto de los derechos fundamentales de los sometidos a la ratificación. El avance normativo sobre la materia es digno de resaltar”.

3. Garantías del Debido Proceso del Juez o Fiscal sometido a proceso de ratificación La garantía de acceso a la información del magistrado sometido a

87

ratificación N26 STC 3361-2004-AA: Está ordenado reconocer el derecho a la información procesal, a través del cual el juez o fiscal sometido a proceso de ratificación está en la capacidad de tener acceso a los documentos que sustentan una resolución que le afecta. En el fundamento 27 se hace alusión a un contenido normativo que ya no está vigente: “27. Ahora bien, como parte de la tutela procesal efectiva, toda la información recibida por el CNM debe ser manejada con la mayor reserva posible, a fin de cautelar el derecho a la vida privada de jueces y fiscales, previéndose en el artículo 28° de la Ley Orgánica del CNM y en la V Disposición General del Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratificación (tanto en el antiguo como en el nuevo), que no sólo los consejeros, sino también el personal de apoyo del CNM, habrán de guardar reserva respecto a las informaciones que reciben y deliberaciones que realicen. Pero donde el derecho adquiere una importancia inusitada es cuando se analiza si esta confidencialidad debe ser respetada con relación a los propios magistrados”.

En el fundamento 28 se recuerdan dos reglas jurídicas creadas en sentencias anteriores, reglas que ahora son declaradas precedentes vinculantes: Todas las entidades públicas tienen la obligación de entregar información pública N5 STC 0950-2000-HD: Está prohibido excluir alguna entidad del Estado o entidad con personería jurídica de derecho público, de la obligación de proveer la información solicitada como consecuencia del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública. Dimensión colectiva del derecho de acceso a la información pública N11 STC 1797-2002-HD: Está ordenado reconocer que el derecho de acceso a la información pública tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una opinión pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad auténticamente democrática. El

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derecho de acceso a la información pública es consustancial a un régimen democrático, no sólo constituye una concretización del principio de dignidad de la persona humana (art. 1° de la Constitución), sino también un componente esencial de las exigencias propias de una sociedad democrática, ya que su ejercicio posibilita la formación libre y racional de la opinión pública. En el fundamento 29 se hace alusión a un contenido normativo que ya no está vigente: “29. No obstante, el CNM ha sustentado su negativa a entregar la información a los magistrados en lo dispuesto en su Ley Orgánica, básicamente en sus artículos 28.°, 42.° y 43.°, siendo, a juicio de este Tribunal, solamente el último de ellos, antes de su modificación, el que podría sustentar una denegación permisible. Al respecto, el referido artículo 43.° señalaba, antes de ser modificado por la Ley N.° 28489, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de abril de 2005, que estaba prohibido expedir certificaciones o informaciones de cualquier género a particulares o autoridades respecto a los datos contenidos en el registro. Dicho artículo, luego de su modificación, dispone que el CNM debe garantizar (...) a la ciudadanía en general, a través de su portal web, el acceso a la información del registro, con las reservas del derecho de los postulantes y magistrados al honor, a su buena reputación y a su intimidad personal y familiar, conforme a ley. Es decir, dentro de un marco de confidencialidad.

Antes de la mencionada modificación legislativa, y a modo de interpretación normativa, este Colegiado había señalado en el fundamento 13 de la Sentencia del Expediente N.° 2579-2003-HD/TC, caso Julia Eleyza Arellano Serquén, que el propósito de dicho artículo de la ley orgánica no era tanto negar el carácter de información pública a la información que se

89

mantiene en el registro, sino, esencialmente, disponer su confidencialidad, restringiendo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública”. En los dos primeros párrafos del fundamento 30 se recuerdan las dos siguientes reglas jurídicas creadas en sentencias anteriores; Obligación del CNM de entregar información N20 STC 1941-2002-AA: Está ordenado al Consejo Nacional de la Magistratura entregar toda la información disponible sobre un magistrado en el proceso de ratificación, dentro de los parámetros señalados por la Constitución y las leyes. El propio magistrado como titular del derecho de acceso a la información pública N15

STC

2579-2003-HD: Está prohibido considerar que el

magistrado sometido al proceso de ratificación se encuentra dentro de los destinatarios de la prohibición de acceso a la información generada en su proceso de ratificación. Tipo de información a la que el magistrado sometido a ratificación tiene derecho a acceder N30 STC 3361-2004-AA: Está permitido que todo magistrado sujeto a ratificación acceda a la siguiente información de sí mismo: a) la copia de la entrevista personal, a través del acta del acto público realizado, y no únicamente al vídeo del mismo; b) la copia de la parte del acta del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura que contiene la votación y acuerdo de no ratificación del magistrado evaluado; y, c) la copia del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación. La garantía de imparcialidad del CNM como órgano decisor N31 STC 3361-2004-AA: Está ordenado que los miembros del Consejo

Nacional

de

la

Magistratura

actúen

con

independencia

e

imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, de modo que no han de tener

90

ninguna posición predeterminada respecto a los magistrados y puedan actuar con la mayor neutralidad posible cuando evalúen a un magistrado. En el fundamento 32 se hace referencia a un hecho del caso, del cual no se desprende norma alguna: “32. Según el demandante, luego de que se pronunciara como presidente de la Sexta Sala Civil a favor de diversos ex magistrados que habían recurrido en amparo, se percató que los integrantes del CNM no lo iban a ratificar. Como prueba de ello abunda en que (...) en publicaciones diversas el Presidente del Consejo se ha manifestado contra el referido pronunciamiento y se atreve inclusive a atribuirla de inconstitucional y de calificar a su autor como aplicador de una norma contraria a la Carta Fundamental, llegando al extremo de consentir con una periodista del Diario La República como que mi persona pertenecía a la red mafiosa del procesado Montesinos Torres. Por ello, consideró que con las declaraciones públicas formuladas, se le llegó a descalificar anteladamente como magistrado y como profesional en Derecho”.

En el fundamento 33 se hace referencia a una prohibición legal: “33. La normatividad específica sobre el tema de la ratificación señalaba, en el artículo VI del antiguo Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratificación de Jueces del PJ y Fiscales del MP, vigente al momento de interponer la demanda, y que se mantiene con una redacción similar en el actual, con claridad que Los miembros del Consejo no pueden ser recusados por realizar la función de ratificación de jueces o de fiscales. Los consejeros, bajo responsabilidad personal, deben abstenerse cuando en el conocimiento del acto de ratificación de algún juez o fiscal se encuentren incursos en cualquiera de las causales de impedimento que establece la ley. Por tanto, se debe observar si un consejero se abstuvo, o no, de actuar en un caso concreto, debido a que, en principio, ningún magistrado puede ser recusado. Al respecto, como bien lo ha señalado este Tribunal en el fundamento 112 de la Sentencia del Expediente N.° 0010-2002-AI, (...) el instituto de la recusación está destinado justamente a cuestionar la imparcialidad e independencia del juez en la resolución de la causa. Por otro lado, en el artículo 305.° del Código Procesal Civil se señala que un juzgador está impedido de dirigir un proceso cuando haya sido parte en éste; si un familiar o un representado está interviniendo; si ha recibido personalmente o por familiares, beneficios o dádivas de alguna de las partes, antes o después de empezado el proceso; o si ha conocido el proceso en otra instancia. Asimismo, según el artículo 313.° del referido código adjetivo, también puede excusarse por decoro. Igualmente, en el novedoso sistema procesal penal -artículo 53.°, inciso 1), del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N.° 957, aún en vacatio legis-, se establece que los jueces deberán inhibirse cuando directa o indirectamente

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tuviesen interés en el proceso o lo tuviere un familiar; cuando tenga amistad notoria, enemistad manifiesta o un vínculo de compadrazgo con el imputado o la víctima; cuando fueren acreedores o deudores del imputado, víctima o tercero civil; cuando hubieren intervenido anteriormente en el proceso; o cuando exista cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad. Es decir, en el ordenamiento son diversas las disposiciones que tratan el tema de la inhibitoria por parte de quienes deben resolver. Lógicamente, en el caso de los consejeros, estas exigencias deben limitarse por razón de lo especial de su cometido, siendo así como la posibilidad de recusación se ve restringida”.

En los fundamentos 34, 35 y 36 se narran hechos de los que no es posible concluir norma alguna: “34. El Tribunal Constitucional, en una anterior oportunidad, ha advertido un cuestionamiento a la independencia de los consejeros. La crítica, al igual que en el presente caso, se sustentó en la actuación parcializada de uno de los miembros del Consejo. El caso se sustentaba en que uno de los consejeros no había sido confirmado en su cargo en una sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema cuando el recurrente era miembro de la misma y tenía un proceso abierto con el mismo consejero. Ante tal supuesto, este Colegiado no compartió el criterio expuesto por el recurrente, tal como lo expresa en el fundamento 27 de la Sentencia del Expediente N.° 2209-2002-AA/TC, caso Mario Antonio Urrello Álvarez: En primer lugar, porque no fue el recurrente quien no ratificó al ahora consejero Idrogo Delgado, sino la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, como se desprende del documento obrante a fojas 45 y siguientes del cuaderno principal. En segundo lugar, no es exacto que el proceso judicial iniciado por el actual consejero Idrogo Delgado se haya promovido contra el recurrente, y que de esa manera exista entre ellos un conflicto de intereses, que comprometa su imparcialidad, pues se trata de un proceso judicial promovido contra el Poder Judicial en cuanto órgano, por no haber sido ratificado (...). En consecuencia, (...) no puede sostenerse que se haya violado el derecho de ser juzgado por un órgano imparcial. De esta forma, sin estar expresamente reconocida, este Colegiado entró a analizar si existía o no independencia por parte de los consejeros, admitiendo implícitamente un derecho-regla más para los magistrados, en el ámbito del derecho-principio de la tutela procesal efectiva. 35. Ahora, es pertinente observar en el presente proceso constitucional si se configura alguna afectación al derecho de los magistrados a la independencia de los consejeros. De las pruebas documentales presentadas por la parte demandante, no se observa en ningún extremo adelanto de opinión de parte de los consejeros. Tal como se puede observar, simplemente se ha señalado periodísticamente que El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Ricardo La Hoz Lora, dijo que es anticonstitucional que el Poder Judicial acoja las acciones de amparo de los 26 magistrados (jueces y fiscales), quienes pretenden retornar a la administración de justicia. La Hoz señaló, sin embargo, que si el Poder Judicial repone a éstos nada podrá hacer, (...). Asimismo, se ha observado que el referido Presidente del CNM

92

(...) solicitó ayer al presidente de la Sala Suprema, Oscar Alfaro, le informe las razones por las cuales la Sexta Sala Civil decidió admitir una demanda de reposición interpuesta por el no ratificado vocal supremo Mario Urrelo. Adicionalmente, las otras pruebas presentadas por el demandante no se refieren a declaraciones de consejero alguno, por lo que no pueden ser materia de revisión para el presente caso. 36. De tal análisis se pueden extraer algunas conclusiones. En primer lugar, no puede haberse solicitado la inhibición de todos los consejeros, si las declaraciones presentadas por el demandante únicamente se refieren a uno de ellos. Por lo tanto, no es lógico que se haya presentado un pedido de abstención al Pleno, si de las pruebas mostradas tan solo se ponía en tela de juicio la actuación de uno de sus miembros. En segundo término, de los medios probatorios presentados, no se colige con claridad la relación entre las expresiones vertidas por el consejero La Hoz y un adelanto claro de opinión. Es verdad que el entonces presidente del Consejo criticó la actuación de la Sala a la que pertenecía el recurrente, pero lo hizo en el marco constitucional [artículo 139. °, inciso 20), de la Constitución] del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley, sin llegar a demostrarse un ataque personal al demandante. Lo que no parece coherente con su función jurisdiccional, es tratar de atribuir responsabilidades al consejero por no haberlo defendido ante la opinión de los periodistas o de otras autoridades. De ello, por tanto, se desprende que no hubo afectación alguna al derecho del demandante”.

En los fundamentos 37 y 38 se recoge parte de la crítica que el demandante formuló a la decisión del CNM de no ratificarlo y que es objeto de control en su constitucionalidad: “37. La certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias o resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. Esta figura es acorde con la Constitución, cuando señala en su artículo 139.°, inciso 5), que es un principio de la función jurisdiccional, (...) la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y

de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

38. En la demanda de amparo, el recurrente alega que, aparte que existe un derecho a la motivación de toda resolución, el Reglamento de Evaluación y Ratificación (se hacía referencia al ya modificado), (...) no contiene en su normatividad ninguna que exonere a la institución de motivar sus decisiones. Tras la crítica realizada por el demandante respecto a la falta de fundamentación de la resolución del CNM, es imperioso establecer cómo debe observarse esta garantía del derecho al debido proceso en el caso de una no ratificación”.

La garantía de motivar las resoluciones independientemente del tipo

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de procedimiento N39 STC 3361-2004-AA: Está ordenado motivar toda resolución independientemente del tipo de procedimiento. La motivación ha de ser escrita; y ha de ser congruente a fin de calibrar en ella la debida correlación entre los hechos presentados y la base normativa (debe ceñirse al in dubio

pro reo, es decir, la interpretación de las normas debe ser a favor del procesado), que sustentan la decisión final y lo que esta determina. La garantía de motivación de las resoluciones del CNM N40 STC 3361-2004-AA: Está ordenado que el Consejo Nacional de la Magistratura motive todas las decisiones que adopte en el ejercicio de sus funciones reconocidas en el artículo 154 de la Constitución.

El control constitucional de la motivación de las resoluciones del CNM N41

STC

3361-2004-AA: Está prohibido que el control de

constitucionalidad que se realice sobre las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura se limite a constatar que el acto administrativo tenga una motivación más o menos explícita, sino que evaluará si la decisión finalmente adoptada observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad con relación a la motivación de hechos, ya que una incoherencia sustancial entre lo considerado relevante para que se adopte la medida y la decisión tomada, convierte a esta última también en una manifestación de arbitrariedad. En el fundamento 42 se hace referencia a la previsión reglamentaria del deber del CNM de motivar sus decisiones: “42. Frente a lo que venía señalando el CNM respecto a esta materia, en una reciente norma, que se ha mencionado anteriormente, se ha cambiado el parámetro de actuación sobre la materia. Así, se puede observar en el artículo 29° del nuevo Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces del PJ y Fiscales del MP, lo siguiente: (...) el Pleno del Consejo, en sesión reservada, mediante votación nominal, decide renovar o no la confianza al magistrado evaluado, la que se materializa en una

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resolución de ratificación o de no ratificación, según sea el caso, debidamente motivada (...). Es decir, toda decisión expedida por el CNM debe estar motivada. No se dice mucho al respecto, por lo que es conveniente que este Colegiado realice una interpretación conforme a la Constitución sobre este aspecto”.

Discusión previa a la emisión de una decisión del CNM N43 STC 3361-2004-AA: Está ordenado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que antes de la emisión de sus votos, discutan el caso concreto que se evalúa, en la discusión los consejeros deberán enumerar todos los datos objetivos que sustentan su posición. En la resolución no es exigible que aparezca la fundamentación de cada consejero, bastará con una motivación que las reúna y que aparezca como la motivación del Consejo Nacional de la Magistratura. Razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones del CNM N43’ STC 3361-2004-AA: Está ordenado que la motivación de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura se ajuste a las exigencias de los principios de proporcionalidad y de razonabilidad, de modo que debe existir relación directa entre los fundamentos utilizados por los consejeros y la decisión final de ratificar o no a un magistrado.

II. EXP. N.° 1333-2006-PA/TC: Jueces y Fiscales no ratificados y la prohibición de regreso a la carrera judicial [bit.ly/2Y7mwKD] En el punto 3 del fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional resolvió: “3. Declarar, conforme a lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que la presente sentencia y, en particular, los fundamentos N.°s 4 a 14, como las reglas contenidas en el fundamento N.° 25, supra, constituyen precedente vinculante”.

4. La controversia de autos, respecto de los alcances del artículo 154.°, inciso 2), de la Ley Fundamental, no es una materia nueva para este Colegiado. En efecto, en las STC N.° 1941-2002-AA/TC, 1525-2003-AA/TC, 2731-

95

2003-AA/TC, y más recientemente, a través de la STC N.° 3361-2004AA/TC, que estableció un nuevo precedente, el Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el particular.

1.

Naturaleza de la decisión de no ratificar a un Juez o Fiscal Está permitida la postulación de un magistrado destituido N5 STC 1333-2006-PA: Está permitido a los destituidos por medidas

disciplinarias regresar al Poder Judicial o al Ministerio Público71. La no ratificación no tiene naturaleza sancionadora N6

STC

1333-2006-PA: Está prohibido considerar a la no

ratificación como una sanción, por lo que es incongruente prohibir que los jueces y fiscales no ratificados regresen al Poder judicial o al Ministerio público72. El fundamento 7 trae consigo una justificación de la norma N6 STC 1333-2006-PA y una exhortación al Tribunal Constitucional, sin que sea posible concluir norma constitucional nueva alguna: “7. Tal es la interpretación que se debe dar a aquella disposición constitucional (‘Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público’), pues, de otra forma, se podría caer en el absurdo de que una decisión que expresa la manifestación de una potestad constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, respecto de la forma como se ha desempeñado la función jurisdiccional, sin embargo, termina constituyendo una sanción con unos efectos incluso más agravantes que los que se puede imponer por medida disciplinaria; produciendo así un trato desigual injustificado. Por ello, sin perjuicio de exhortar al órgano de la reforma constitucional a que sea éste el que, en ejercicio de sus labores extraordinarias, defina mejor los contornos de la institución, permitiendo hacer compatibles los derechos de los magistrados no ratificados con las funciones que cumple la ratificación, este Colegiado considera que tales magistrados no están impedidos de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público”.

La no ratificación del magistrado no representa una sanción

Es posible dar razones para sostener la inconstitucionalidad de la norma N5. Es posible dar razones para considerar inconstitucional a la parte de esta norma N6 que considera incongruente (con la Constitución) la prohibición de que los jueces y fiscales no ratificados reingresen al Poder Judicial y al Ministerio Público. 71 72

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N8 STC 1333-2006-PA: Está ordenado asumir que la no ratificación no representa una sanción, por lo que un magistrado no ratificado no se encuentra impedido de reingresar a la carrera judicial a través de una nueva postulación. En los fundamentos 9 y 10 el Tribunal Constitucional anuncia lo que a continuación hará, por lo que no es posible concluir contenidos normativos desde estos dos fundamentos jurídicos: “9. En tal momento, conviene señalar que en la STC N.° 3361- 2004-AA/TC, que estableció un nuevo precedente jurisprudencial vinculante, el Tribunal Constitucional ya se ha referido en forma, por demás extensa, a las características y parámetros a seguir, a las funciones constitucionales y a las garantías de la tutela procesal efectiva en el proceso de ratificación, así como a las consecuencias de la no ratificación. En ese sentido, no es el objetivo de este Colegiado reiterar lo que ya ha quedado dicho sino, antes bien, y en vista de los alegatos del Consejo Nacional de la Magistratura, efectuar las precisiones que a continuación se explican, y que resultan pertinentes a efectos de resolver la controversia de autos. 10. En principio, y dado que a fojas 66 de autos el Consejo Nacional de la Magistratura alega que las sentencias expedidas por este Colegiado no constituyen precedente vinculante, esto es, que no existe doctrina jurisprudencial vinculante para el caso materia de litis que la obligue a su cumplimiento (sic), cabe formular algunas precisiones previas”.

2.

Poderes Públicos y jurisprudencia del Tribunal Constitucional La vinculación de los poderes públicos a la jurisprudencia del

Tribunal Constitucional N11 STC 1333-2006-PA: Está ordenado que todos los poderes del Estado se vinculen a las sentencias del Tribunal Constitucional en la medida que estas son fuente de derecho. En el fundamento 12, el Tribunal Constitucional recuerda la norma N8 STC 3361-2004-AA: “12. Y, por otro lado, cabe reiterar que en el Fundamento N.° 8 de la STC N.° 3361-2004-AA/TC, que estableció un precedente jurisprudencial vinculante, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, dejó claramente sentada su posición en el sentido de que ‘(…) los criterios establecidos por este Tribunal constituyen la interpretación vinculante en todos los casos de no ratificaciones efectuadas por el CNM con anterioridad a la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano. En dichos casos, los jueces

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están vinculados y deben aplicar la jurisprudencia de este Tribunal en los términos en que estuvo vigente, toda vez que, hasta antes de la fecha de publicación, la actuación del CNM tenía respaldo en la interpretación que este Colegiado había efectuado respecto de las facultades que a tal institución le correspondía en virtud del artículo 154.°, inciso 2), de la Constitución’. Asimismo, este Colegiado declaró expresamente, en la parte resolutiva, que el susodicho Fundamento N.° 8 tiene fuerza vinculante”.

En el fundamento 13 el Tribunal Constitucional realiza una precisión de la que no es posible concluir una nueva norma: “13. Hechas las precisiones, cabe puntualizar, complementariamente a lo establecido por este Tribunal, tanto en la STC N.° 3361-2004- AA/TC, como en anteriores pronunciamientos, que la posibilidad de aplicar la prohibición de reingresar a la carrera judicial como consecuencia de la no ratificación (interpretación literal) implicaría, además, una especie de inhabilitación al magistrado no ratificado, para siquiera postular, y mucho menos acceder, a la carrera judicial”.

3.

Está permitida nueva postulación al Juez o Fiscal no ratificado El

proceso

de

ratificación

de

magistrados

como

proceso

administrativo N14 STC 1333-2006-PA: Está ordenado considerar que el proceso de ratificación de magistrados es un proceso de evaluación del desempeño de los magistrados al cabo del periodo de siete años, que reúne las características de un procedimiento administrativo, en el que se analiza su actuación y calidad de juez o fiscal, así como su conducta e idoneidad en el cargo.

Deber de tomar en cuenta las razones por las que el magistrado no fue ratificado N14’ STC 1333-2006-PA: Está ordenado al Consejo Nacional de la Magistratura tomar en consideración los fundamentos o razones que condujeron a la no ratificación del magistrado, pero solo a efectos de una nueva postulación, sin que impliquen de plano una restricción de acceso a la

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magistratura73. El reconocimiento de la capacidad del Tribunal Constitucional para formular un precedente vinculante N25a STC 1333-2006-PA: Está permitido al Tribunal Constitucional formular un precedente vinculante en una sentencia que estime la demanda constitucional por violación o amenaza de violación de un derecho fundamental como consecuencia de la aplicación directa de una disposición de la Constitución por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, no obstante ser manifiestamente incongruente con ella misma o con la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional, y que resulte por ello vulneradora de los valores y principios constitucionales, así como los derechos fundamentales de los magistrados no ratificados.

No puede impedirse la postulación a un juez o fiscal no ratificados N25b STC 1333-2006-PA: Está permitida la postulación al Poder Judicial y al Ministerio Público de los jueces y fiscales no ratificados74.

Esta norma presupone que está permitido el reingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público a los jueces y fiscales no ratificados, lo cual es inconstitucional. 74 La norma N25b se ha adscripto válidamente a la Constitución solo desde un punto de vista formal, puesto que materialmente la transgrede. 73

99

III. EXP. N.° 01412-2007-PA/TC: Cambio de precedente vinculante con relación a la motivación de las decisiones del CNM [bit.ly/2F84e32] En el punto 3 del fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional decidió: “DEJAR sin efecto el precedente vinculante establecido en la STC 3361-2007AA/TC, y conforme a lo estipulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Inmediatamente después, en el referido punto 3 del fallo, decide el Tribunal Constitucional: “SENTAR como nuevo precedente lo siguiente: Primero. - Todas las resoluciones evacuadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales deben ser motivadas, sin importar el tiempo en que se hayan emitido; este criterio deberá ser tenido como fundamento a tener obligatoriamente en cuenta por los jueces de toda la República como criterios de interpretación para la solución de casos análogos”.

Este precedente vinculante puede ser formulado según una norma de tipo regla con el siguiente contenido: La garantía de motivación de las resoluciones del CNM Nf375STC 01412-2007-PA: Siempre ha estado ordenado que el Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, haya tenido que motivar sus decisiones76.

75 76

Nf significa norma que procede del fallo, el número indica el apartado 3 del fallo. Esta norma constitucional deroga la norma N8 STC 3361-2004-AA.

100

CAPÍTUO VII SOBRE LA ADMINISTRACION PUBLICA I. EXP. N.° 2802-2005-AA/TC: Criterios de procedencia de las demandas de amparo en materia municipal [bit.ly/2OaT4yG] En el fundamento 18 mencionado, el Tribunal Constitucional manifestó que: “18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, los criterios contenidos en los fundamentos N.°s 4 a 17, supra, constituyen precedente vinculante, puesto que son indispensables para determinar la vía en la que corresponderá que se atiendan las acciones de amparo comprendidas en los supuestos de improcedencia, siendo de aplicación inmediata a partir del día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, de modo que toda demanda que sea presentada y que no reúna las condiciones del precedente, o las que se encuentren en trámite y adolezcan de ellos, deberán ser declaradas improcedentes, debiendo ser encausadas, conforme a los criterios expuestos, en la vía contenciosoadministrativa”.

Contenido esencial de la libertad de empresa N4 STC 2802-2005-AA: Está ordenado reconocer como contenido esencial de la libertad de empresa, la facultad de toda persona de formar una empresa y que esta funcione sin traba administrativa alguna. Esto no supone que no pueda ser exigido el cumplimiento de requisitos administrativos razonables. Así, en el ámbito municipal, el ejercicio de la libertad de empresa está condicionado a que el establecimiento tenga un previo permiso municipal.

Relación de la libertad de empresa con la libertad de trabajo N5 STC 2802-2005-AA: Está ordenado considerar vulnerada la libertad de trabajo de una persona cuando se le vulnera su libertad de empresa. Vulneración no manifiesta de libertad de empresa y proceso contencioso administrativo N6 STC 2802-2005-AA: Está ordenado acudir a la vía contencioso

101

administrativa cuando existan dudas acerca de la actuación de los gobiernos locales al momento del otorgamiento o denegatoria de las licencias de funcionamiento. Solo se podrá acudir al amparo cuando la vulneración de la libertad de empresa sea manifiesta. No existe fundamento 7 en la sentencia. Necesidad de autorización municipal para el ejercicio de la libertad de empresa N8 STC 2802-2005-AA: Está ordenado contar previamente con la respectiva autorización municipal para, en ejercicio regular de la libertad de empresa, desarrollar alguna de las actividades empresariales o prestar alguno de los servicios regulados por la administración municipal. Aplicación de las normas constitucionales adscriptas anteriores N9 STC 2802-2005-AA: Está ordenado aplicar, en lo que sea pertinente, las normas constitucionales adscriptas N4 a N8 de esta sentencia a los casos en los que: a) el demandante alegue vulneración de la libertad de empresa y no cuente con la licencia de funcionamiento respectiva y de los actuados no se constate una manifiesta agresión iusfundamental; y b) el demandante solicite la inaplicación, suspensión o nulidad de cualquier sanción o procedimiento administrativo o coactivo derivadas de la falta de la correspondiente autorización municipal. En el fundamento 10 no es posible concluir una norma:

“10. Con relación a la presunta afectación del derecho a la libertad de trabajo de la recurrente, según ella misma lo reconoce expresamente en su escrito de demanda, su local comercial no cuenta con licencia de funcionamiento expedida por la autoridad municipal; en consecuencia, en concordancia con lo expuesto en el fundamento N.° 6, supra, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.° del

Código

Procesal

Constitucional,

la

improcedente en dicho extremo”.

Derecho de petición

102

presente

demanda

deviene

en

N11 STC 2802-2005-AA: Está ordenado reconocer a toda persona la libertad de formular pedidos escritos a la autoridad competente, y la obligación de esta de otorgar una respuesta al peticionante.

Derecho de petición y amparo N12 STC 2802-2005-AA: Está ordenado declarar la improcedencia de una demanda de amparo por vulneración del derecho de petición cuando no se acredite fehacientemente la negativa de la administración municipal a otorgar una respuesta a la solicitud del recurrente.

Debido proceso administrativo N13 STC 2802-2005-AA: Está ordenado exigir y cumplir las garantías del debido proceso a todo procedimiento administrativo. En el fundamento 14 el Tribunal Constitucional se limita a verificar la corrección de una ordenanza municipal por haber incumplido la demandante con el deber de contar con una licencia de funcionamiento “14. Según se desprende del acta de clausura de establecimiento obrante a fojas 14 de autos, el 16 de octubre de 2004, fecha en que se produjo, el demandante no contaba con licencia de funcionamiento, razón por la cual le era perfectamente aplicable la Ordenanza N.° 026-2004-C/CPP de fecha 27 de agosto de 2004. La mencionada ordenanza, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones, establece la sanción de clausura a aquellos locales que no cuenten con la autorización de funcionamiento correspondiente (artículo 36.°). Asimismo, el artículo 16.° de la referida ordenanza dispone que no ameritan notificación previa las infracciones cometidas por omisión de trámites que son de conocimiento general, como es el caso de la autorización municipal, la cual debe obtenerse antes de abrir un establecimiento comercial”.

En el fundamento 15, el Tribunal Constitucional se limita a declarar que la recurrente no ha acreditado vulneración de su derecho al debido proceso:

“15. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que la recurrente tampoco ha acreditado en autos que la actuación de la emplazada haya vulnerado sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, de defensa y al debido proceso,

103

definidos en el fundamento N.° 13, supra; razón por cual la demanda también resulta improcedente en dichos extremos”.

En el fundamento 16, el Tribunal Constitucional procede a aplicar la norma constitucional N7 de esta sentencia al caso concreto: “16. Sin perjuicio de lo antes señalado, y teniendo en cuenta que la recurrente alega haber cumplido con todos los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento solicitada, y que, pese a ello, la administración edil de manera arbitraria no expide dicho documento, este Colegiado considera, de conformidad con el criterio vertido en el fundamento N.° 7, supra, que la presente demanda debe ser encausada a la vía contencioso-administrativa, la cual, para dirimir la controversia, cuenta con una adecuada estación para actuar los elementos probatorios presentados por las partes”.

En el fundamento 17, el Tribunal Constitucional se limita a manifestar la aplicación de unas reglas procesales ya formuladas en otra sentencia: “17. Por lo tanto, tomando en consideración que la demanda debe derivarse a la vía contencioso-administrativa, son aplicables al presente caso, mutatis mutandis, las reglas procesales establecidas en los fundamentos N.° 53 a 58 de la STC N.° 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005”.

II. EXP. N.° 3075-2006-PA/TC: Facultades discrecionales del Indecopi y derechos de autor [bit.ly/2UICQPP] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara los precedentes vinculantes de la manera siguiente: “ 10. Finalmente, y por tratarse en el presente caso de una causa en la que este Colegiado ha dejado establecida su posición respecto a la interpretación que debe darse a determinadas normas del ordenamiento jurídico, resulta de aplicación el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, lo que supone que a partir de la fecha de la publicación de la presente sentencia todos los jueces y tribunales del país quedan vinculados por el precedente aquí establecido y, principalmente, desarrollado en los acápites a), b) g) y h) de su fundamento 5”.

Desde el fundamento 5.a no es posible concluir contenido normativo alguno que permita la formulación de una regla jurídica vinculante porque el

104

Tribunal Constitucional se limita a transcribir preceptos legales: “5. En lo que respecta a la dimensión estrictamente procedimental del derecho invocado, este Colegiado considera que la demanda interpuesta resulta plenamente legítima, habida cuenta de que a) El Decreto Legislativo 822 o Ley de Derechos de Autor establece, en materia de medidas preventivas o cautelares, diversos criterios que la administración y, dentro de ella, los organismos reguladores como el Indecopi, necesariamente deben tomar en cuenta. En efecto, conforme lo reconoce el artículo 176 de la citada norma ‘Sin perjuicio de lo establecido en el Título V del Decreto Legislativo N.° 807 (que regula las facultades, normas y organización del Indecopi), los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en esta ley o sus representantes, sin menoscabo de otras acciones que les corresponda, podrán pedir, bajo su cuenta, costo y riesgo, el cese inmediato de la actividad ilícita del infractor en los términos previstos por este Capítulo. Con este fin, la Oficina de Derechos de Autor, como autoridad administrativa, tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares rápidas y eficaces [...]’. El artículo 177, por su parte establece que ‘Las medidas preventivas o cautelares serán, entre otras: [...] c) La realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo [...]’. El artículo 179, a su turno, precisa que ‘Cualquier solicitante de una medida preventiva o cautelar, debe cumplir con presentar ante la autoridad administrativa, las pruebas a las que razonablemente tenga acceso y que la autoridad considera suficientes para determinar que [...] b) El derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente [...]’. El artículo 180, de otro lado, prevé que ‘El solicitante de medidas preventivas o cautelares debe proporcionar a la autoridad, además de las pruebas a las que se refiere el artículo anterior, toda información necesaria para la identificación de los bienes, materia de la solicitud de medida preventiva y el lugar donde estos se encuentran’. Finalmente, el artículo 181 contempla que ‘La Oficina de Derechos de Autor tendrá la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud del pedido de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando haya posibilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas”.

Las medidas preventivas no discrecionales en la protección de derechos de autor N5b

STC

3075-2006-PA:

Está

prohibido

a

la

autoridad

administrativa cumplir de manera absolutamente discrecional su facultad de adoptar medidas preventivas o cautelares a efectos de cumplir su función de tutela o protección de los derechos correspondientes al autor; esta facultad debe ejercerse con sujeción a una serie de parámetros mínimos, que no por

105

ser tales dejan de ser una exigencia a la par que una garantía respecto de las personas o entidades a las que dichas medidas son aplicadas. Dentro de dicha lógica, la diligencia de inspección necesariamente debe ser solicitada por el interesado y sustentada con suficientes elementos probatorios. La exigibilidad de dichas pruebas elementales no es un asunto opcional o facultativo, sino plenamente obligatorio. Denegación razonada de informe oral en un proceso N5g STC 3075-2006-PA: Está ordenado que la disposición en la que se establece que la actuación o denegación de la solicitud del uso de la palabra en un proceso queda a criterio del juzgador, debe interpretarse de acuerdo con la Constitución para proscribir la denegación arbitraria de la solicitud del informe oral. Así, la sola invocación al análisis de lo actuado o a la materia en discusión, no puede ser suficiente argumento para denegar la solicitud de informe oral. Denegación razonada de informe oral en un proceso N5h STC 3075-2006-PA: Está prohibido denegar arbitrariamente la solicitud de informe oral en un proceso.

III EXP. N.° 3741-2004-AA/TC: Control Difuso administrativo [bit.ly/2Cpahjm] En el punto 2 del fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara los precedentes vinculantes en los términos siguientes: “2. Establecer como precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 41 y 50, supra, de esta sentencia”.

Precedente

del

Tribunal

Constitucional

y

divergencias

interpretativas N41a STC 3741-2004-AA: Está permitido formular un precedente vinculante cuando exista divergencias o contradicciones latentes en la

106

interpretación de los derechos, principios o normas constitucionales, o de relevancia constitucional. Precedente del Tribunal Constitucional e interpretación errónea del bloque de constitucionalidad N41b STC 3741-2004-AA: Está permitido formular un precedente vinculante

cuando

exista

la

constatación

de

que

los

operadores

jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo con base en una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de esta. Precedente

del

Tribunal

Constitucional

e

inconstitucionalidad

manifiesta de una disposición normativa N41c STC 3741-2004-AA: Está permitido formular un precedente vinculante cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. Al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del total de la disposición o de determinados sentidos interpretativos derivados de esta; o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la Constitución. Precedente para cambiar precedente N41d STC 3741-2004-AA: Está permitido formular un precedente vinculante cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante. Control difuso de la Administración Pública N50A STC 3741-2004-AA: Está ordenado que todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública inaplique una disposición infra-

107

constitucional que vulnera manifiestamente la Constitución. Para ello, se observará

los

siguientes

presupuestos:

(1)

que

dicho

examen

de

constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución. Posteriormente, en una resolución aclaratoria de esta sentencia, el Tribunal Constitucional modificó esta regla sustancial, la que quedó expresada así: Control difuso de la Administración Pública N50A STC 3741-2004-AA: Está ordenado que aquellos tribunales u órganos colegiados administrativos que imparten “justicia administrativa” con carácter nacional, adscritos al Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados, inapliquen una disposición infraconstitucional que vulnera manifiestamente la Constitución. Para ello se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución'77 Precedente sobre el cobro previo para recurrir en un procedimiento administrativo N50B STC 3741-2004-AA: Está prohibido todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia Administración Pública, por ser contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional.

Mientras estuvo vigente esta norma constitucional adscripta pudo ser dicho de ella que era materialmente inconstitucional. Finalmente, esta norma fue derogada por la sentencia al EXP. N° 04293-2012-PA/TC. 77

108

IV. EXP. N.° 04293-2012-PA/TC: dejan sin efecto precedente vinculante sobre el control difuso administrativo [bit.ly/2ufmQsX] Esta sentencia deja sin efecto el precedente vinculante N50A de la STC 03741-2004-PA. En el punto 4 de la parte resolutiva de esta sentencia, manifestó el Tribunal Constitucional lo siguiente:

“4. DEJAR SIN EFECTO el precedente vinculante contenido en la STC 037412004-PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo”.

Del fundamento 34 de esta misma sentencia, se puede concluir el contenido de la regla jurídica que deja sin efecto la referida norma N50A: Está prohibido a los órganos de la administración pública aplicar control difuso N34 STC 04293-2012-PA: Está prohibido a todo tribunal u órgano colegiado

de

la

Administración

Pública

inaplicar

una

disposición

infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo.

109

CAPÍTULO VIII SOBRE LAS FUNCIONES DEL PARLAMENTO I. EXP. N.° 3760-2004-AA/TC: Acusación Constitucional e Inhabilitación Política [bit.ly/2FmPi2u] El Tribunal Constitucional ha reconocido como precedentes vinculantes a toda la sentencia de la manera siguiente; “28. Esta sentencia tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos, de acuerdo al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Esta sentencia declara precedente vinculante a toda la sentencia. A continuación, se muestran las reglas jurídicas que es posible concluir de ella, sin transcribir los fundamentos jurídicos desde los cuales no se formula regla jurídica alguna. Acusación constitucional y sanción política de exfuncionarios N10 STC 3760-2004-AA: Está permitida la acusación constitucional y la sanción política correspondiente contra los funcionarios detallados en el artículo 99 de la Constitución, aun después de haber dejado el cargo y siempre que el delito de función o la infracción constitucional materia de acusación, haya tenido lugar con ocasión de haber ocupado el cargo público. Acusación constitucional y sanción política de exfuncionarios N10” STC 3760-2004-AA: Está permitida la acusación constitucional y la sanción política correspondiente contra un ex Presidente de la República siempre y cuando el delito de función o la infracción constitucional materia de acusación hayan tenido lugar con ocasión de haber ocupado el cargo público.

La inhabilitación política como acto discrecional, pero no arbitrario N17

STC

3760-2004-AA: Está ordenado reconocer que la

110

inhabilitación política fruto de una acusación constitucional es una sanción política discrecional que ha de sujetarse a las exigencias constitucionales como la razonabilidad. La inhabilitación política y restricción de ejercicio de derechos políticos N18 STC 3760-2004-AA: Está ordenado que la inhabilitación política solo comporte una restricción en el ejercicio de los derechos políticos del funcionario sancionado. Control jurisdiccional sobre los procesos parlamentarios que imponen sanciones N25 STC 3760-2004-AA: Está permitido el control jurisdiccional de los actos que realiza el Parlamento para imponer sanciones, cuando de ellas devenga una afectación de derechos fundamentales como el debido proceso.

II. EXP. N.° 2791-2005-PA/TC: Inhabilitación política como consecuencia del juicio político [bit.ly/2Fgv3SG] La sentencia al EXP. N.° 2791-2005-PA/TC fue objeto de una resolución de aclaración. En el fundamento 3 de esta resolución, el Tribunal Constitucional decidió establecer que toda la mencionada sentencia constituía precedente vinculante. Así se expresó el Tribunal Constitucional: “3. Que, asimismo, se omitió de manera involuntaria señalar que la sentencia de autos, de acuerdo al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos”.

Esta resolución de aclaración declara precedente vinculante a toda la sentencia. A continuación, se muestran solamente las reglas jurídicas que es posible concluir de ella, sin transcribir los fundamentos jurídicos desde los cuales no se formula regla jurídica alguna. La inhabilitación política y la inhabilitación judicial

111

N3 STC 2791-2005-PA: Está ordenado diferenciar la inhabilitación política que imposibilita el ejercicio de la función pública, de la inhabilitación judicial que suspende el ejercicio de la ciudadanía. Las limitaciones normativas de la decisión de inhabilitación política N4 STC 2791-2005-PA: Está ordenado que la decisión de acusar constitucionalmente a un funcionario público se lleve a cabo con sujeción a la Constitución, a los tratados internacionales sobre derechos humanos y a la legislación vigente. Ejercicio de la libertad de expresión por parte de un inhabilitado para ejercer función pública N7 STC 2791-2005-PA: Está permitido al funcionario inhabilitado para toda función pública, ejercer el derecho a la libertad de expresión, según la regulación constitucional y legal.

Prohibición a los partidos políticos de realizar apología de algún delito N7’ STC 2791-2005-PA: Está prohibido a los partidos políticos y a sus integrantes utilizar los medios de comunicación social, ni públicos ni privados, para realizar la apología de algún delito.

III. EXP. N.° 04968-2014-PHC/TC: Debido Proceso en sede parlamentaria [bit.ly/1MAIE1C] El Tribunal Constitucional al resolver el caso, ha declarado como precedentes vinculantes una serie de fundamentos jurídicos: “93. Por lo antes señalado, este Tribunal considera pertinente establecer, de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, como precedente vinculante los criterios establecidos en los fundamentos 21 (segundo párrafo), 23 (segundo párrafo), 33, 42 (párrafo final), 45 (tercer párrafo), 49 (segundo párrafo), 55 (párrafo final), 63 (primer párrafo), 67, 82 (primer párrafo), 83 (primer párrafo) y 90 (primer párrafo), incluso para los procedimientos y procesos en trámite”.

1.

La investigación parlamentaria El

interés

público

como

justificación

112

de

la

investigación

parlamentaria N21 STC 04968-2014-PHC: Está permitido al Congreso de la República investigar sobre los asuntos relacionados con el resguardo de la debida gestión estatal, por ser asuntos de interés público. Investigación parlamentaria concerniente a personas que no son funcionarios públicos N23

STC

04968-2014-PHC: Está permitido a una Comisión

Parlamentaria investigar hechos concernientes a personas que no son funcionarios públicos, si tales hechos son de interés público por guardar una estrecha vinculación con la regular actuación o no de los órganos del Estado. La decisión del Pleno del Congreso de instituir una comisión investigadora no vulnera derechos fundamentales N33

STC

04968-2014-PHC: Está prohibido considerar como

restrictiva de algún bien constitucional, la decisión del Pleno del Congreso de instituir una Comisión de Investigación para el análisis de un asunto de interés público, por lo que no puede ser analizada a la luz el principio de proporcionalidad.

2.

Garantías del Debido Proceso en Sede Parlamentaria Derecho de defensa en sede parlamentaria N42 STC 04968-2014-PHC: Está prohibido considerar agredido el

derecho de defensa del investigado, por el contenido de una pregunta, su manera de formulación o su contexto; estos pueden denotar, eventualmente, la afectación de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a no ser obligado a declarar contra uno mismo o el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, pero no per se el derecho de defensa. Derecho fundamental a no ser compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo en sede parlamentaria N45 STC 04968-2014-PHC: Está prohibido que la formulación de

113

preguntas utilizando palabras como “mintió” o “si es cierto” o “no cierto”, o la solicitud de confesión sincera, o la reiteración de interrogantes, sean consideradas como factores que en sí mismos obliguen a alguien a confesarse culpable. Derecho fundamental a no ser sometido a procedimiento distinto a los previamente establecidos en sede parlamentaría N49 STC 04968-2014-PHC: Está ordenado considerar que la exhortación al Congreso de la República realizada por el Tribunal Constitucional en la STC 00156-2012-PHC/TC, tiene por finalidad optimizar el contenido protegido de los derechos fundamentales que conforman el debido proceso del investigado por la Comisión Parlamentaria, aminorando los riesgos de su violación; pero no siempre puede ser interpretada en el sentido de que haya venido justificada por la detección de una omisión per se inconstitucional78. Derecho fundamental a la comunicación previa y detallada de los cargos en la investigación parlamentaria N55

STC

04968-2014-PHC: Está ordenado a las comisiones

investigadoras del Parlamento que cuando citen a una persona a declarar, lo hagan de modo que le den a conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen; de modo que el deber de dar a conocer los “cargos” respectivos dependerá del ámbito y del estado en el que se encuentre la respectiva investigación, no siendo una obligación que pueda imponerse con prescindencia del análisis de cada caso en particular. Derecho fundamental a la concesión del tiempo y medios adecuados Esta norma permite -y exige- ser formulada con un grado de generalidad tal que permita su mayor virtualidad, al posibilitar su mayor aplicación. Una formulación con esa característica de generalidad podría ser esta: N49 STC 04968-2014-PHC: Está prohibido considerar que toda exhortación que el Tribunal Constitucional hace al Congreso de la República venga justificada por la detección de una omisión inconstitucional; pues normalmente tendrá como objetivo optimizar el contenido protegido de los derechos fundamentales, aminorando el riesgo de su violación. 78

114

para preparar la defensa en sede parlamentaria N63 STC 04968-2014-PHC: Está ordenado que, a la luz de las circunstancias del caso concreto, se brinde un plazo razonable al investigado para que prepare su defensa. Derecho de intervenir, en igualdad de condiciones, en la actividad probatoria en sede parlamentaria. N67 STC 04968-2014-PHC: Está prohibido considerar que, en los procesos llevados a cabo en las comisiones parlamentarias de investigación, opere el derecho fundamental a interrogar testigos como parte del derecho fundamental a la defensa79. Garantía de imparcialidad en el proceso parlamentario N82 STC 04968-2014-PHC: Está prohibido a los miembros de una Comisión parlamentaria de investigación, tener un interés personal directo o indirecto en el resultado de la investigación, por lo que le son aplicables las causales de inhibición previstas en la norma procesal penal. Presunción de inocencia en sede parlamentaria N83 STC 04968-2014-PHC: Está prohibido a los miembros de una comisión parlamentaria de investigación realizar imputación directa de responsabilidad penal de los investigados que resulte reñida con la presunción de inocencia o el derecho al honor. Miembros de una comisión parlamentaria de investigación pueden deslizar hipótesis sobre el caso N83’ STC 04968-2014-PHC: Está permitido a los miembros de una comisión parlamentaria de investigación deslizar en sus intervenciones que abrigan una hipótesis sobre el caso, una vez analizados los actuados

Otro modo de formular esta misma regla, esta vez desde el conectar deóntico permisión, es la siguiente: N67 STC 04968-2014-PHC: Está permitido a las Comisiones parlamentarias de investigación impedir la participación de los abogados de los investigados en las sesiones de interrogación a los testigos. 79

115

respectivos. Sobre el derecho fundamental a la defensa y a la debida motivación en el levantamiento del secreto bancario N90 STC 04968-2014-PHC: Está prohibido exigir como requisito para el levantamiento del secreto bancario por parte de una Comisión parlamentaria de investigación, la comunicación al investigado de los hechos por los cuales se le va a investigar.

116

CAPÍTULO IX SOBRE LOS PROCESOS DE HABEAS CORPUS, AMPARO Y CUMPLIMIENTO I. EXP. N.° 00349-2004-AA/TC: Libertad de tránsito y Rejas en las vías públicas (i) [bit.ly/2JmC9un] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional dispuso que la “síntesis” de esta sentencia, sea precedente vinculante: “4. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, y tomando en consideración que son diversas las ocasiones en que se han venido cuestionando, mediante procesos de tutela de derechos, sistemas de control implementados sobre vías o zonas de tránsito público, este Colegiado estima pertinente, independientemente del resultado al que finalmente arribe, exponer una serie de consideraciones que, en lo sucesivo, habrán de tenerse en cuenta para resolver controversias similares a la presente. La síntesis de lo que aquí se deje establecido, será, en buena cuenta, precedente vinculante para este mismo Tribunal y para los restantes órganos de la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, dispositivo aplicable al presente proceso a tenor de su disposición final segunda y en tanto no comporta una interpretación restrictiva de derechos procesales”.

Aquí se formularán las reglas jurídicas que de esta sentencia pueden desprenderse, sin que se transcriban los fundamentos de los que no se concluye regla jurídica alguna. Amparo y libertad de tránsito N2 STC 00349-2004-AA: Está prohibido declarar la nulidad del proceso de amparo entablado para atender una agresión de la libertad de tránsito, si: a) el resultado del proceso, a tenor de lo que aparece en autos, no va a variar si se hubiese seguido a través del hábeas corpus; y b) la trascendencia del asunto atendido hace imperioso un pronunciamiento inmediato sobre el fondo. Libertad de tránsito y facultad de ingreso, tránsito y salida del territorio peruano N5 STC 00349-2004-AA: Está ordenado reconocer que toda

117

persona, nacional o extranjera con residencia establecida, tiene la facultad de ingreso al territorio nacional, circulación o tránsito dentro del mismo, o simplemente salida o egreso del país. El mandato judicial como límite a la libertad de tránsito N8 STC 00349-2004-AA: Está permitido restringir la libertad individual a través de un mandato judicial. Cuando una persona es procesada sus derechos pueden ser restringidos por la autoridad judicial que dirige el proceso. Aunque tal restricción se rodee de un cierto margen de discrecionalidad, ha de ser ponderada, y sustentarse en la necesidad de que la administración de justicia y los derechos que ella está obligada a garantizar no sufran menoscabo. La ley de extranjería como límite a la libertad de tránsito N9 STC 00349-2004-AA: Está permitido restringir la libertad de locomoción de los extranjeros y ser expulsados del territorio nacional en aplicación de la ley de extranjería. La salud pública como límite de la libertad de tránsito N10 STC 00349-2004-AA: Está permitido restringir la libertad de tránsito por razones de sanidad, de modo que el ejercicio de tal libertad no ponga en peligro derechos de terceros o, incluso, derechos distintos de la misma persona que intenta el desplazamiento. La libertad de tránsito en regímenes de excepción N11 STC 00349-2004-AA: Está permitido limitar el ejercicio de la libertad de tránsito durante un estado de emergencia o de sitio. Lo que resulta limitable no es el ejercicio de la totalidad del derecho o los derechos de todos los ciudadanos, sino aquellos aspectos estrictamente indispensables para la consecución de los objetivos de restablecimiento de la normalidad a los que propende un régimen de emergencia o de sitio.

118

Las restricciones implícitas a la libertad de tránsito N12

STC

00349-2004-AA: Está permitido reconocer como

restricciones implícitas a la libertad de tránsito, a aquellas que se originan en la relación de esta libertad con otros derechos u otros bienes constitucionalmente relevantes como la seguridad ciudadana. La inconstitucionalidad de las rejas en las vías públicas N20 STC 00349-2004-AA: Está prohibido, por inconstitucional, el establecimiento de rejas en la vía pública, cuando el mecanismo implementado o la forma de utilizarlo resulte irrazonable, desproporcionado o simplemente, lesivo de cualquiera de los derechos constitucionales. Las rejas en la vía pública y la autorización municipal N22b STC 00349-2004-AA: Está permitido a los vecinos de un determinado lugar optar por un concreto sistema de enrejado o vigilancia, siempre que cuenten con la autorización municipal respectiva y con el conocimiento de todos los involucrados. La autoridad municipal debe verificar el cumplimiento de la normatividad municipal sobre rejas en vías públicas N22e STC 00349-2004-AA: Está ordenado a la autoridad municipal verificar que los sistemas de seguridad implementados por los vecinos en las vías públicas cumplen con la normativa municipal vigente, y en caso no la cumplan deberá proceder a su indefectible retiro.

II. EXP. N.° 3482-2005-PHC/TC: Libertad de Tránsito y Rejas en las Vías Públicas (ii) [bit.ly/2HvR6s7] En esta sentencia manifestó el Tribunal Constitucional que: “2. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, y tomando en consideración que son diversas las ocasiones en que se han venido cuestionando mediante procesos de tutela de derechos sistemas de control implementados en vías o zonas de tránsito público, este Colegiado estima pertinente, independientemente del resultado al que finalmente arribe, exponer una serie de criterios que en lo sucesivo habrán de adoptarse para resolver

119

controversias similares a la presente. Esta sentencia será precedente vinculante para este mismo Colegiado y para los restantes órganos de la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Toda la sentencia ha sido declarada precedente vinculante. Su

contenido normativo es muy similar al de la sentencia al EXP. N.° 0349-2004AA/ TC, referida en el apartado anterior. La novedad se encuentra en el fundamento 22. Particularmente en los apartados f y g, de los que es posible concluir la siguiente regla jurídica; Deber de facilitar el tránsito en la vía pública con rejas de seguridad N22f-g

STC

3482-2005-PHC:

Está

ordenado

facilitar

las

condiciones de tránsito a todo aquel que se desplace a través de una vía pública en la que se ha instalado un sistema de seguridad. Es una carga que recae sobre quienes apelan a estos sistemas de seguridad. Así, a título de ejemplo, el personal de vigilancia o de seguridad deberá abrir las rejas incluso al vecino que ha incumplido el pago del servicio de vigilancia.

III. EXP. N.° 3771-2004-PHC/TC: El derecho a la duración razonable de la detención preventiva [bit.ly/2oNwYGl] Los dos últimos fundamentos jurídicos de esta sentencia están destinados a la declaración de precedentes vinculantes en los términos que siguen: “33. De conformidad con el artículo VII del Código Procesal Constitucional, ‘Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo’. 34. En aplicación de la citada norma, son vinculantes para todos los operadores jurídicos los criterios de interpretación contenidos en los fundamentos jurídicos N.°s 2, 3,4, 6, 7, 8, 9,10, 11,15, 17, 18, 19 y 26”.

El fundamento 2 se destina a dar cuenta de la fecha de entrada en vigor del Código Procesal Constitucional: “2. Debe señalarse que, hallándose la causa en sede del Tribunal Constitucional, en el estado de absolverse el grado del recurso extraordinario, con fecha 1 de

120

diciembre de 2004, entró en vigencia el Código Procesal Constitucional (Ley N.° 28237), que regula los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas corpus”.

El fundamento 3 se limita a transcribir el texto de la segunda

disposición final del mencionado Código: “3. Este corpus normativo establece, en su segunda disposición final, que ‘las normas procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado’.

Aplicación de una ley procesal nueva a un proceso constitucional en curso N4 STC 3771-2004-HC: Está permitido aplicar una nueva ley procesal a un proceso constitucional en curso, siempre que tal aplicación garantice la vigencia del derecho a la tutela procesal efectiva, lo que se apreciará en el caso concreto. Necesidad de la detención preventiva judicial N6 STC 3771-2004-HC: Está ordenado, con base en el principio de presunción de inocencia, disponer el encarcelamiento preventivo solo cuando sea estrictamente necesario para asegurar que el proceso se pueda desarrollar sin obstáculos hasta su finalización. Prolongación de la detención preventiva judicial N7 STC 3771-2004-HC: Está prohibido, con base en el principio de presunción de inocencia, prolongar la detención preventiva más de lo estrictamente necesario para que el proceso se desenvuelva y concluya con una sentencia definitiva, mediante una actividad diligente de los órganos jurisdiccionales. Derecho a la duración razonable de la prisión preventiva N8 STC 3771-2004-HC: Está ordenado reconocer el derecho a la duración razonable de la prisión preventiva como una manifestación implícita del derecho a la libertad personal.

121

En los fundamentos 9,10 y 11 se recoge la justificación de la norma N8: “9. La interpretación que permite a este Tribunal reconocer la existencia implícita del referido derecho en la Constitución, se encuentra plenamente respaldada por su cuarta disposición final y transitoria, que exige que las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpreten de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Perú. 10.Al respecto, debe señalarse que en el ordenamiento supraestadual existen diversos tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Estado que sí reconocen expresamente este derecho. Tal es el caso del artículo 9°,3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que ‘[t]oda persona detenida (...) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. Por su parte, el artículo 7°,5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de “[t]oda persona detenida o retenida (...) a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso’. 11. En consecuencia, el derecho de que la detención preventiva no exceda de un plazo razonable forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocidos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos y, por tanto, no puede ser desconocido”.

El plazo máximo de duración de una detención preventiva judicial N15 STC 3771-2004-HC: Está ordenado determinar en el caso concreto la razonabilidad de la duración de la detención preventiva. Esto no es incompatible con el establecimiento de un plazo general, más allá del cual la detención será considerada ilegítima prima facie, independientemente de la naturaleza del delito que se impute al acusado o de la complejidad del caso80. Plazo máximo de duración y duración razonable de la detención preventiva N17 STC 3771-2004-HC: Está ordenado considerar que los plazos máximos de duración de la detención preventiva recogidos en el Código Esta norma N15 puede ser contraria a la norma N26 STC 3771-2004-AA, en la medida que en un caso concreto puede ocurrir que la duración razonable de una detención (N15) vaya más allá del plazo máximo (N26). 80

122

Procesal Penal forman parte del contenido esencial del derecho fundamental a la duración razonable de la detención preventiva. Plazo máximo irrazonable de la detención preventiva N18 STC 3771-2004-HC: Está ordenado considerar que ni todo el plazo máximo legal es per se razonable, ni el legislador es totalmente libre en su labor de establecer o concretar los plazos máximos legales, de modo que aunque no haya transcurrido todavía el plazo máximo legal, puede lesionarse el derecho a la libertad personal si el imputado permanece en prisión provisional más del plazo que, atendidas las circunstancias del caso, excede de lo razonable. Duración razonable de la detención preventiva N18’ STC 3771-2004-HC: Está ordenado que la detención preventiva dure solo el tiempo que se considere indispensable para conseguir la finalidad con la que se ha decretado la prisión preventiva; por lo tanto, si la medida ya no cumple los fines que le son propios, es preciso revocarla de inmediato. Criterios para determinar la duración razonable de una detención preventiva judicial N19 STC 3771-2004-HC: Está ordenado que para determinar la duración razonable de la detención judicial, se examine dos criterios: la naturaleza y complejidad de la causa; y la actitud de los protagonistas del proceso. Toda detención preventiva judicial más allá del plazo máximo es inconstitucional N26 STC 3771-2004-HC: Está prohibido que la detención judicial preventiva dure más del plazo máximo previsto legalmente

81

.

Esta norma N26 puede ser contraria a la norma N15 STC 3771-2004-AA, en la medida que en un caso concreto puede ocurrir que la duración razonable de una detención (N15) vaya más allá del plazo máximo (N26). 81

123

IV. EXP. N.° 1257-2005-PHC/TC: Conducta obstruccionista del procesado y duración razonable de la detención preventiva [bit.ly/2UKbHvM] En esta sentencia, el precedente vinculante es declarado en los términos siguientes: “4. La precisión hecha en el fundamento jurídico N.° 1 de esta sentencia sobre la conducta obstruccionista del proceso por parte del inculpado constituye precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Conducta obstruccionista del procesado y duración razonable de la detención preventiva N1 STC 1257-2005-PHC: Está ordenado considerar a la sustracción de la acción de la justicia como una manifiesta conducta obstruccionista del proceso, más si ello implica salir del territorio del país, obligando así a las autoridades judiciales a recurrir al procedimiento de extradición. Esta conducta debe ser tomada en cuenta al momento de determinar el plazo razonable del proceso y de la detención.

V. EXP. N.° 1966-2005-PHC/TC: Derecho a no ser privado del DNI [bit.ly/2ue17BB] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha declarado los precedentes vinculantes con la siguiente afirmación: “17. Esta sentencia constituye precedente vinculante respecto de los fundamentos jurídicos N.°s 14,15, y 16, supra, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Responsabilidades de RENIEC N14 STC 1966-2005-PHC: Está ordenado reconocer exclusiva responsabilidad del RENIEC en la consignación de los datos obrantes en la boleta y en el Libro de Registro de Inscripción, así como la custodia de los documentos que sustentan los hechos inscritos.

124

Obligaciones de RENIEC N15 STC 1966-2005-PHC: Está ordenado al RENIEC gestionar de oficio los títulos requeridos para verificar los datos consignados en documentos como la boleta y en el Libro de Registro de Inscripción, en caso tales títulos hayan desaparecido, fuesen mutilados o destruidos por negligencia propia, hechos fortuitos o actos delictivos. Trámite de canje de libreta electoral por DNI N16 STC 1966-2005-PHC: Está permitido al juez constitucional en un hábeas corpus disponer que el RENIEC, en un breve plazo, gestione ante la autoridad correspondiente la expedición de la partida de nacimiento del recurrente cuyo nombre y/o apellidos se encuentran enmendados en la boleta y/o en el Libro Registro de Inscripción, y que el recurrente cumpla con registrar sus huellas decadactilares para culminar el trámite de canje de libreta electoral por el DNI.

VI. EXP. N.° 2496-2005-PHC/TC: Hábeas Corpus y Detención Preventiva [bit.ly/2OeOkIv] En esta sentencia el Tribunal Constitucional ha declarado que; “16. En aplicación de la citada norma [artículo VII del Código Procesal Constitucional], son vinculantes para todos los operadores jurídicos los criterios de interpretación contenidos en los fundamentos jurídicos N.°s 3, 5, 7, 8, 12, y 13”.

Improcedencia del hábeas corpus para proteger en abstracto el debido proceso N3 STC 2496-2005-PHC: Está prohibido interponer la demanda de hábeas corpus para la protección abstracta del derecho al debido proceso. Siempre se interpondrá para la defensa de la libertad personal agredida en el seno de un proceso. La libertad individual como derecho de contenido limitado N5 STC 2496-2005-PHC: Está prohibido considerar a la libertad

125

personal como un derecho de contenido ilimitado. Sus límites pueden estar reconocidos en la Constitución o en la Ley; o pueden haberse configurado por el ejercicio de uno o más derechos constitucionales, o por las exigencias de uno o más bienes jurídicos constitucionales. El fundamento 7, declarado precedente vinculante, se limita a transcribir el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “7. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto

del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”82.

Libertad individual y detención preventiva N8 STC 2496-2005-PHC: Está ordenado reconocer en la detención preventiva una de las formas constitucionales de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales. Aplicación de normas procesales penales en el tiempo N12 STC 2496-2005-PHC: Está ordenado que la aplicación de normas procesales penales se efectúe según el principio tempus regit actum. El fundamento 13, declarado precedente vinculante, se limita a referir el contenido del artículo 1° de la Ley N.° 27553: “13. Siendo ello así, resulta de aplicación al caso de autos, el artículo 1° de la Ley N.° 27553, que desde el 13 de noviembre de 2001 modifica el artículo 137.° del Código Procesal Penal, estableciendo que el plazo de detención en el proceso penal ordinario tiene una duración máxima de 18 meses; que se duplicará en caso de que el proceso sea por los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, espionaje u otro de naturaleza compleja seguido contra más de diez imputados”.

82 Se

trata de un fundamento jurídico que transcribe una de las disposiciones que conforman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al no contener ninguna interpretación o concreción de esta, en estricto no será posible concluir de ella una norma constitucional adscripta

126

VII. EXP. N.° 06423-2007-PHC/TC: El plazo estrictamente necesario de la detención policial [bit.ly/2qzmyea] En el punto 3 del fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional decidió: “3. Establecer que el fundamento 12 de la presente sentencia constituye precedente vinculante, conforme a lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Plazo estrictamente necesario de la detención policial N12a STC 06423-2007-PHC: Está ordenado que la detención policial no solo no exceda del plazo máximo, sino que dure un plazo estrictamente necesario, de modo que se lesiona el derecho fundamental a la libertad personal cuando la detención policial dura más allá del plazo máximo o cuando estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario. En estos casos el detenido debe ser puesto de inmediato a disposición del juez competente, para que determine si procede la detención judicial o la liberación del procesado83.

Criterios para determinar la razonabilidad de la duración de la detención policial N12a

STC

06423-2007-PHC:

Está

ordenado

que

el

plazo

estrictamente necesario de la detención policial, se determine en atención a las circunstancias de cada caso concreto, y según las diligencias necesarias a

El plazo máximo establecido en el artículo 2.24.f (cuarentaiocho horas, 15 días o el término de la distancia), será máximo e indisponible solo prima facie, es decir, no excluye la posibilidad de que la detención policial dure más allá de ese plazo máximo, pero siempre dentro del plazo estrictamente necesario marcado por las concretas circunstancias. De modo que la primera parte de la norma queda redactada así: N12a STC 06423-2007-PHC: Está ordenado reconocer que se lesiona prima facie el derecho fundamental a la libertad personal cuando la detención policial dura más allá del plazo máximo; y que se lesiona siempre cuando estando dentro del plazo máximo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario. 83

127

realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros. Plazo estrictamente necesario de la detención policial N12b STC 06423-2007-PHC: Está permitido oponer el derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario o dentro del plazo máximo de la detención, a cualquier supuesto de detención o privación de la libertad personal que se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico (detención policial, detención preliminar judicial, etc.)84. Plazo estrictamente necesario de la detención policial N12b’

STC

06423-2007-PHC: Está ordenado a la autoridad

competente efectuar un control de los plazos de la detención tanto concurrente como posterior, dejándose constancia del acto de control, disponiendo, si fuera el caso, las medidas correctivas pertinentes, bajo responsabilidad. Este control de los plazos de la detención debe ser efectuado tanto por el representante del Ministerio Público como por el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean excluyentes, sino más bien complementarios.

VIII. EXP. N.° 02383-2013-PA/TC: criterios objetivos y subjetivos para determinar la vía igualmente satisfactoria [bit.ly/2nrBsEn] La declaración formal de creación de precedentes vinculantes en determinados fundamentos jurídicos de esta sentencia, se recoge en el punto 3 del fallo de la siguiente manera: “3. Establecer como PRECEDENTE, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los La norma constitucional adscriptaN12b necesita de una precisión debido a que el derecho a ser puesto a disposición judicial no puede ser opuesto a cualquier tipo de detención, sino solamente a la detención policial. La precisión se formula en los términos siguientes: N12b STC 06423-2007-PHC: Está permitido oponer el derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de la detención, a cualquier supuesto de detención policial. 84

128

fundamentos 12 al 15 y 17de esta sentencia”.

La doble perspectiva objetiva y subjetiva para definir la vía igualmente satisfactoria N12 STC 02383-2013-PA: Está ordenado acudir a un análisis objetivo y a uno subjetivo para determinar si una vía ordinaria es una vía igualmente satisfactoria que el amparo. El significado de la vía previa desde una perspectiva objetiva N13 STC 02383-2013-PA: Está ordenado, desde una perspectiva objetiva, considerar a una vía ordinaria como igualmente satisfactoria cuando el procedimiento es uno célere y eficaz (estructura idónea), desde el cual pueda obtenerse la salvación efectiva del derecho fundamental agredido (tutela idónea). El significado de la vía previa desde una perspectiva subjetiva N14 STC 02383-2013-PA: Está ordenado, desde una perspectiva subjetiva, considerar a una vía ordinaria como igualmente satisfactoria si transitarla no pone en grave riesgo la salvación del derecho afectado (urgencia como amenaza de irreparabilidad); y si se evidencia que no es necesaria una tutela urgente (urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño). Los criterios objetivos y subjetivos que definen a la vía ordinaria como igualmente satisfactoria N15 STC 02383-2013-PA: Está ordenado reconocer que un proceso ordinario

es

vía

igualmente

satisfactoria

que

el

amparo

cuando,

copulativamente, se cumple en el caso concreto que; a. el proceso tiene una estructura idónea; b. la resolución que se fuera a emitir en el proceso brinde tutela idónea; c. el tránsito del proceso no produzca riesgo de irreparabilidad de la agresión; y d. en el caso no exista necesidad de tutela urgente. La exigibilidad de los criterios objetivos y subjetivos para todo

129

proceso de amparo N17 STC 02383-2013-PA: Está ordenado interpretar el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional según las reglas jurídicas establecidas en esta sentencia, las cuales son de aplicación a todos los procesos de amparo independientemente de su materia.

IX. EXP. N.° 04853-2004-PA/TC: Amparo contra Amparo [bit.ly/2JBw3qj] En el punto 2 del fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional decidió: “2. Establecer como precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, los presupuestos para la procedencia del ‘amparo contra amparo’ expuestos en el fundamento N.° 39”.

En el primer párrafo del mencionado fundamento 39 se dispuso que: “39. Sentado lo anterior resulta necesario establecer las reglas procesales y sustantivas del precedente vinculante para la procedencia, tanto del ‘amparo contra amparo’ como también respecto del recurso de agravio constitucional a favor del precedente. Estas reglas deben ser interpretadas siempre atendiendo a los principios constitucionales pro homine y pro actione, a fin de que el proceso constitucional cumpla su finalidad de tutelar la supremacía jurídica de la Constitución y los derechos fundamentales”.

Mientras que en el apartado A) de este fundamento 39 se declaró la competencia del Tribunal Constitucional para formular un precedente vinculante en este caso; “A) Regla procesal: El Tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 201 y 202.2 de la Constitución, así como de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren el carácter de cosa juzgada, un precedente vinculante. En virtud de ello la presente sentencia, en tanto constituye cosa juzgada, se establece como precedente vinculante y sus efectos normativos se precisan en la siguiente regla sustancial”.

1.

Objeto sobre el que recaerá el amparo contra amparo Procedencia del amparo contra amparo por única vez N39B STC 04853-2004-PA: Está permitida por única vez la demanda

de amparo contra la sentencia de segundo grado proveniente de otro

130

amparo85. Amparo contra amparo y resolución estimatoria de segundo grado N39.B.la STC 04853-2004-PA: Está permitida la demanda de amparo contra la resolución estimatoria ilegítima de segundo grado, emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo donde se haya producido la violación manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, o que haya sido dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protección de los derechos establecida en la doctrina jurisprudencial de este Colegiado, desnaturalizando la decisión sobre el fondo, convirtiéndola en inconstitucional.

Amparo contra amparo y resolución desestimatoria de segundo grado N39.B.lb STC 04853-2004-PA: Está permitida la demanda de amparo contra la resolución desestimatoria de la demanda, emitida en segundo grado por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando esta haya quedado firme en el ámbito del Poder Judicial y cuando en su

trámite

se

haya

violado,

de

modo

manifiesto,

el

contenido

constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de un tercero legitimado, cuya intervención en el proceso haya sido rechazada o en el que no haya solicitado intervenir por desconocer de dicho trámite; o tratándose del propio interesado, cuando este, por razones que no le sean imputables, no haya podido interponer oportunamente el respectivo recurso de agravio constitucional. Amparo contra amparo y resolución del Tribunal Constitucional N39.B.1C STC 04853-2004-PA: Está prohibido interponer una demanda de amparo contra las resoluciones del Tribunal Constitucional en

Es posible sostener la inconstitucionalidad material de esta norma N39B en el extremo que limita el amparo contra amparo a una única vez. 85

131

tanto instancia de fallo última y definitiva en los procesos constitucionales.

2.

Pretensión, titular y juez competente en el amparo contra amparo Sobre la pretensión en el amparo contra amparo N39.B.2 STC 04853-2004-PA: Está permitido en el nuevo amparo

incluir como pretensión lo que ha sido objeto del primer amparo solo si la violación

del

contenido

constitucionalmente

protegido

del

derecho

fundamental es de tal intensidad que desnaturaliza la decisión misma y la convierte en inconstitucional; en caso contrario, no procederá el “amparo contra amparo” por haberse configurado la cosa juzgada constitucional. También puede invocarse como pretensión en el nuevo amparo el desacato manifiesto de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal86. Amparo contra amparo y el directamente afectado N39.B.3a STC 04853-2004-PA: Está permitido que la demanda de amparo contra resolución estimatoria ilegítima de segundo grado emitida en otro proceso de amparo, sea interpuesta por los directamente afectados, siempre que, siendo posible, tal afectación haya sido debidamente denunciada al interior del primer proceso de amparo y no haya sido respondida por el órgano judicial o lo haya sido de forma insuficiente. También están legitimados los terceros afectados por lo resuelto en el primer amparo que no hayan sido emplazados o no se les haya permitido ejercer su derecho de defensa al interior del primer amparo. Amparo contra amparo y el tercero legitimado N39.B.3b STC 04853-2004-PA: Está permitido que el amparo contra

Es posible que el Tribunal Constitucional haya querido formular la regla jurídica siguiente: N: Está ordenado que cuando se interponga una demanda de amparo contra sentencia firme emitida en otro proceso de amparo, se haya producido la violación del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, o se haya desconocido la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, desnaturalizando la decisión obtenida en el primer amparo, convirtiéndola en inconstitucional. 86

132

resolución denegatoria ilegítima de segundo grado emitida en otro proceso de amparo pueda ser interpuesto por el tercero legitimado que, pese a haber solicitado su intervención en el primer amparo, no ha sido admitido o, teniendo la calidad de litisconsorte necesario, no ha sido notificado con la demanda. Asimismo, lo podrá interponer el interesado que, por razones probadas, se hubiera encontrado imposibilitado de presentar el recurso de agravio constitucional oportunamente. Sobre el juez competente en el amparo contra amparo N39.B.4 STC 04853-2004-PA: Está prohibido al juez de primer y segundo grado que resuelve la demanda de amparo contra amparo, haber conocido del primer amparo.

X. EXP. N.° 04650-2007-PA/TC: Reposición del trabajador como condición de procedencia del Amparo Contra Amparo [bit.ly/2Fmu1Gh] En el punto 2 del fallo de esta sentencia se decidió: “2. Establecer como precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en el fundamento 5 de la presente sentencia”.

Obligación de verificar la reposición del trabajador para que proceda el amparo contra amparo N5 STC 04650-2007-PA: Está ordenado al juez que recibe una demanda de amparo dirigida contra otro amparo en el que se declara fundada la demanda por vulneración del derecho al trabajo, verificar si el empleador ha cumplido con reponer al trabajador. Si se comprueba que no se ha dado esta reposición, el juez rechazará liminarmente la demanda, y dictará inmediatamente los apremios contenidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.

N5’ STC 04650-2007-PA: Está permitido al juez constitucional

133

imponer el pago de costos y/o costas, según corresponda, cuando estime que el demandante del amparo contra amparo, actuó con manifiesta temeridad.

XI. EXP. N.° 2616-2004-AC/TC: Proceso de cumplimiento y criterios de aplicación del D.S. N.° 019-94-PCM Y D.U. N.° 037-9487 [bit.ly/2OexhGg] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara los precedentes vinculantes de la manera siguiente:

“14. El Tribunal Constitucional, en sesión de pleno jurisdiccional, por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acuerda apartarse de los precedentes emitidos con anterioridad respecto al tema sub examine, y dispone que los fundamentos de la presente sentencia son de observancia obligatoria”88

Nuevamente, el Tribunal Constitucional

decide declarar como

precedente vinculante toda una sentencia. Gran número de los fundamentos jurídicos de esta sentencia, no obstante, no contienen propiamente contenido normativo a partir de los cuales se pueda configurar reglas jurídicas. Así, por ejemplo, los fundamentos 1 a 4 se destinan a dar cuenta de un criterio jurisprudencial que precisamente es el cambiado en esta sentencia; mientras que los fundamentos 5 a 11 se destinan a describir la normativa reglamentaria vigente sobre el asunto que se tiene que decidir. Es recién con los fundamentos 12 y 13 que puede reconocerse contenidos normativos propiamente dichos. Los fundamentos de los cuales no es posible concluir reglas jurídicas, no se transcribirán.

87 Ninguna

de las dos reglas jurídicas declaradas como precedentes vinculantes es concreción directa de una norma constitucional directamente estatuida, por lo que, en estricto, ninguna de ellas dos conforma una norma constitucional adscripta. 88 Ninguna de las dos reglas jurídicas declaradas como precedentes vinculantes es concreción directa de una norma constitucional directamente estatuida, por lo que, en estricto, ninguna de ellas dos conforma una norma constitucional adscripta.

134

Entrega de bonificación dispuesta en el D.U. N.º 037-94 N12 STC 2616-2004-AC: Está ordenado entregar la bonificación dispuesta en el D.U. N.° 037-94 a los servidores públicos ubicados en los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares, distintos del sector salud. Entrega de bonificación dispuesta en el D.U. N.° 037-94 N13 STC 2616-2004-AC: Está ordenado entregar la bonificación especial previstos en el D.U. N.º 037-94 a los servidores administrativos del sector educación, así como de otros sectores que no sean del sector salud, y que se encuentren en los grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Escala N.°s 8 y 9 del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM.

XII. EXP. N.° 0168-2005-PC/TC: Criterios de procedibilidad de la demanda de cumplimiento [bit.ly/2U2ZDch] En el punto 2 del fallo de esta sentencia decidió el Tribunal Constitucional:

“2. Declarar que los criterios de procedibilidad de las demandas de cumplimiento, previstos en los fundamentos 14, 15 y 16, supra, constituyen precedente vinculante inmediato, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del CPConst.; motivo por el cual, a partir del día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, toda demanda de cumplimiento que sea presentada o que se encuentre en trámite y que no cumpla con tales condiciones, debe ser declarada improcedente”.

Características del mandato incumplido en referencia a normas legales N14

STC

0168-2005-PC: Está ordenado, en referencia al

incumplimiento de normas legales, la procedencia del proceso de cumplimiento cuando la renuencia del funcionario público haya recaído sobre un mandato vigente, que se infiere indubitablemente de la norma legal, no sujeto a

135

controversia compleja ni a interpretaciones dispares, de ineludible cumplimiento, e incondicional salvo la satisfacción de la condición no sea compleja ni requiera actuación probatorias89.

Características del mandato incumplido en referencia a actos administrativos N14’

STC

0168-2005-PC: Está ordenada, en referencia al

incumplimiento de actos administrativos, la procedencia del proceso de cumplimiento cuando la renuencia del funcionario público haya recaído sobre un mandato vigente; mandato que se infiere indubitablemente del acto administrativo;

mandato

no

sujeto

a

controversia

compleja

ni

a

interpretaciones dispares; mandato de ineludible cumplimiento; incondicional, salvo la satisfacción de la condición no sea compleja si requiera actuación probatoria; mandato que reconoce un derecho incuestionable del reclamante; y mandato que permite individualizar al beneficiario90. La esencia del proceso de cumplimiento N15 STC 0168-2005-PC: En un proceso de incumplimiento, está prohibido discutir los contenidos de normas generales cuyos mandatos no cumplan las características referidas en N14 y N14’, o de normas legales que Se asegura la constitucionalidad material de esta norma si se la entiende de la siguiente manera: N14 STC 0168-2005-PC: En referencia al incumplimiento de normas legales constitucionales o al menos no manifiestamente inconstitucionales, está ordenada la procedencia del proceso de cumplimiento cuando la renuencia del funcionario público haya recaído sobre un mandato vigente, que se infiere indubitablemente de la norma legal, no sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, de ineludible cumplimiento e incondicional, salvo la satisfacción de la condición no sea compleja ni requiera actuación probatoria. 89

Se asegura la constitucionalidad material de esta norma si se la entiende de la siguiente manera: N14 STC 0168-2005-PC: En referencia al incumplimiento de normas legales constitucionales o al menos no manifiestamente inconstitucionales, está ordenada la procedencia del proceso de cumplimiento cuando la renuencia del funcionario público haya recaído sobre un mandato vigente, que se infiere indubitablemente de la norma legal, no sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, de ineludible cumplimiento e incondicional, salvo la satisfacción de la condición no sea compleja ni requiera actuación probatoria. 90

136

impliquen actividad interpretativa compleja. La procedencia de la demanda de cumplimiento N16 STC 0168-2005-PC: Está ordenado a todo funcionario o autoridad pública un absoluto acatamiento de la norma legal o del acto administrativo, no siendo posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte91. N16’ STC 0168-2005-PC: Está ordenado amparar la demanda de cumplimiento una vez comprobada la renuencia y el incumplimiento de la norma legal o del acto administrativo de ineludible cumplimiento92.

Se asegura la constitucionalidad material de esta norma si se la entiende de la siguiente manera: N16 STC 0168-2005-PC: Está ordenado a todo funcionario o autoridad pública un absoluto acatamiento de la norma legal o del acto administrativo constitucionales o al menos no manifiestamente inconstitucionales, no siendo posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte. 91

92

137

CAPÍTULO X SOBRE EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL I. EXP. N.° 2877-2005-PHC/TC: El recurso de agravio constitucional [bit.ly/2UE1CR8] En el fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional decidió:

“Asimismo, establecer como precedente vinculante normativo de observancia obligatoria lo dispuesto en los fundamentos 15, 22, 24, 25, 28 y 31”.

1.

Procedencia del RAC RAC y tutela objetiva de los derechos fundamentales N15a STC 2877-2005-PHC: Está permitido interponer el recurso de

agravio constitucional para la tutela objetiva de los derechos fundamentales. RAC y tutela subjetiva de los derechos fundamentales N15b STC 2877-2005-PHC: Está permitido interponer el recurso de agravio constitucional para la tutela subjetiva de los derechos fundamentales. RAC por agresión debido a lectura amplia y desventajosa de una excepción N15c STC 2877-2005-PHC: Está permitido interponer el recurso de agravio constitucional cuando, por una lectura amplia y desventajosa de una excepción por parte de los juzgadores de primera y segunda instancia se ha vulnerado los derechos de las personas que acuden a los procesos constitucionales. RAC y pagos accesorios de una demanda declarada fundada N15d STC 2877-2005-PHC: Está prohibido interponer el recurso de agravio constitucional para conseguir la realización de pagos accesorios respecto de una demanda declarada fundada, salvo respecto del derecho a la pensión, en cuyo caso es posible reclamar pagos accesorios (devengados, reintegros e intereses) respecto de una demanda declarada fundada siempre

138

y cuando la pretensión principal esté vinculada directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión93

94

.

RAC y alcance de las sentencias del Tribunal Constitucional N15e STC 2877-2005-PHC: Está permitido interponer el recurso de agravio constitucional para definir el alcance de las sentencias en el proceso constitucional. Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio; y, si el vicio incurrido solo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revocará y procederá a pronunciarse sobre el fondo.

2.

Tribunal Constitucional y RAC Tribunal Constitucional y configuración del proceso constitucional N22 STC 2877-2005-PHC: Está permitido al Tribunal Constitucional

configurar el proceso constitucional en aquellos aspectos que no hayan sido intencionalmente regulados por el legislador y que sean necesarios para la adecuada realización de las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y su Ley Orgánica. Reestructuración funcional del Tribunal Constitucional N24 STC 2877-2005-PHC: Está ordenada la reestructuración funcional del Tribunal Constitucional antes que reducir el número de causas 93La

redacción de esta norma contiene ya la precisión que trae consigo la norma N13 STC 054302006-PA: Está ordenado precisar la norma N15d STC 2877-2005-HC, en los términos siguientes: procederá demandar en la vía constitucional el pago de las pensiones devengadas, reintegros e intereses, siempre y cuando la pretensión principal esté vinculada directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. La excepción que como “precisión” fue añadida a la norma N15d STC 2877-2005-PHC no ha de circunscribirse al derecho a la pensión, sino que ha de hacerse extensivo a derechos fundamentales respecto de los cuales la pretensión principal de la que deriva los pagos accesorios, conforme parte de su contenido constitucional. Tales otros derechos pueden ser, enunciativamente, el derecho a la adecuada protección contra el despido arbitrario y el derecho al trabajo; en uno y otro caso para reclamar remuneraciones devengadas e intereses cuando el amparo ha declarado fundada la demanda y ha ordenado la reposición del trabajador. 94

139

que llegan a ser conocidas por él mismo con la finalidad de que pueda ejercer su actividad de manera más eficaz. Si es complicado reconocer que el primer párrafo del fundamento 24 trae consigo un contenido normativo, sin duda que del resto del mencionado fundamento jurídico hay que sostener que definitivamente no tiene naturaleza normativa, porque se limita a dar cuenta de la experiencia comparada: “Hasta aquí, es posible afirmar que, con la finalidad de lograr un óptimo funcionamiento del servicio de justicia constitucional, antes que efectuar una reducción de las causas que lleguen al TC, es necesario realizar su reestructuración funcional. Para conseguir un objetivo tan ambicioso es necesario recurrir a experiencias comparadas (básicamente, estadounidenses, hispanas y germánicas), y, tomando en cuenta sus principales aportes, conjugados con las características propias de nuestro sistema constitucional de protección de derechos, presentar un modelo lo más acorde posible con las necesidades de la justicia constitucional en el país.

a)

Corte Suprema estadounidense

En los Estados Unidos de América se ha venido a proponer la figura del 'writ of certiorary ’, a través de la cual la Corte Suprema tiene la capacidad de ‘escoger’ las causas que llegan a su conocimiento y, lógicamente, evitar las que, a su entender, no corresponden a su magistratura. La implementación de esta figura se produjo a partir de 1925, cuando el Judiciary Act introdujo tal mecanismo con el fin de rechazar casos, al considerar que no existen razones especiales y de importancia para distraer su tiempo en su resolución. Dado que las cuestiones constitucionales son altamente controvertidas, dicho tribunal solo se considera en aptitud para resolverlas cuando se encuentren en el momento adecuado para ello. En este sentido, gracias a su jurisdicción discrecional puede seleccionar los casos y ‘decidir no decidir’ los casos que no merecen su atención. A través de sus resoluciones, la Corte Suprema determina qué casos de relevancia van a ingresar a desarrollar y crear jurisprudencia. Eso sí, cuando no admite una petición, no arguye las razones por las cuales llega a tal decisión.

b)

Tribunal Constitucional alemán

Por su parte, en Alemania, la decisión judicial tiene dos funciones, resolver un caso particular, protegiendo los derechos subjetivos del recurrente, y preservar el derecho constitucional objetivo, ayudando así a su interpretación y perfeccionamiento; se desarrolla así el doble carácter del proceso constitucional de libertad. Ello permite el establecimiento de las causales de procedencia de

140

los recursos interpuestos ante el TC Federal. Es relevante precisar que gran parte de la protección de los derechos la realizan los tribunales ordinarios, pero siguiendo los precedentes emitidos por el TC. Por tal motivo, se ha establecido que no todas las demandas de amparo sean admitidas por él. Entre las causales de inadmisibilidad mencionamos los siguientes supuestos: cuando la Sala ha decidido anteriormente casos de carácter idéntico, y cuando una cuestión es manifiestamente infundada. Dicha causal tiene como finalidad la función de realizar un filtro que impida someter al Tribunal cuestiones baladíes o absurdas, dentro del margen de lo establecido en la Constitución y en la normatividad procesal. Asimismo, es posible que se admita solamente una parte del recurso o que se limite el alcance de la decisión que se adopte. El TC Federal alemán tiene autonomía para su reglamentación interna, sin autorización de la Ley Fundamental ni de la ley debido a que es un órgano constitucional.

c)

Tribunal Constitucional español

En el caso español, al margen del establecimiento de causales de improcedencia precisas, el TC cuenta con una organización funcional, la cual permite que, de las siete mil doscientos un demandas de amparo ingresadas en el año 2003, por ejemplo, solamente fueron resueltas mediante sentencia doscientas siete demandas, y fueron declaradas inadmisibles ciento veintinueve por auto de inadmisión, cinco mil cuatrocientos veintiocho vía providencia de inadmisión, quinientas catorce por otras causas, y trescientos ochenta acumuladas con los anteriores. Estas cifras se alejan sustancialmente de las que existen en nuestro país, donde muy buena parte de las demandas acaban en sentencias. Para dedicarse a un número reducido de resoluciones que versen sobre el fondo del petitorio, el TC ibérico ha venido utilizando la siguiente estructura: un Pleno (compuesto por doce magistrados), dos salas (integradas cada una por seis magistrados) y, para el despacho ordinario y la decisión sobre la admisibilidad de los recursos, el Tribunal se divide en cuatro secciones, integradas cada una de ellas por tres magistrados. En ese sentido, el artículo 8° de la Ley Orgánica del TC español, establece que: Para el despacho ordinario y la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, el Pleno y las Salas constituirán Secciones, compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos magistrados. Asimismo, el acápite uno del artículo 50° de la misma norma, establece la posible inadmisión del recurso en los siguientes supuestos: La Sección, por unanimidad de sus miembros, podrá acordar mediante providencia la inadmisión del recurso cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: a) Que la demanda incumpla de manera manifiesta e insubsanable alguno de los requisitos (...). b) Que la demanda se deduzca respecto de derechos o libertades no susceptibles de amparo constitucional, c) Que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo

141

de la misma por parte del Tribunal Constitucional, d) Que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual, señalando expresamente en la providencia la resolución o resoluciones desestimatorias. De esta manera, las secciones han sido creadas con la finalidad de ser órganos que se aboquen a realizar un filtro de las demandas que llegan al TC, de tal manera que solamente sean resueltos mediante sentencia aquellos casos que hayan pasado este filtro”.

Reorganización funcional del Tribunal Constitucional N25

STC

2877-2005-PHC: Está ordenado una reorganización

funcional en la prestación del servicio de justicia constitucional, de manera que esta sea lo más efectiva posible y que cumpla, a su vez, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia. En el segundo y tercer párrafo del fundamento 25, declarado precedente vinculante, se recoge una propuesta, a la cual no puede serle reconocida naturaleza normativa95. Tal propuesta fue formulada en los términos siguientes:

“Para ello, tomando en cuenta cómo está dividido actualmente nuestro TC, se propone que una de las Salas que lo integran se encargue de revisar y determinar la procedencia de los RAC interpuestos. Los magistrados del TC constituidos en Sala o Pleno revisarán los recursos respecto de los cuales exista duda, discordancia o impliquen un caso difícil, así como los casos que merezcan un pronunciamiento sobre el fondo, y aquellos recursos que fundamenten fáctica y jurídicamente la necesidad de una variación del precedente vinculante vigente. Las Salas o el Pleno resolverán, en consecuencia, solamente aquellos recursos que hayan pasado por este nuevo filtro de procedencia. Este nuevo funcionamiento del Tribunal no implicará un gasto mayor Si se opinase de modo distinto, la “norma” que se concluiría tendría el siguiente enunciado deóntico: Reorganización funcional del Tribunal Constitucional N25’ STC 2877-2005-PHC: Está propuesto que una de las salas que integran el Tribunal Constitucional se encargue de revisar y determinar la procedencia de los recursos de agravio constitucional interpuestos. Los magistrados del Tribunal Constitucional organizados en sala o pleno solamente revisarán los recursos respecto de los cuales exista duda, discordancia o impliquen un caso difícil, así como los casos que merezcan un pronunciamiento sobre el fondo, y aquellos recursos que fundamenten fáctica y jurídicamente la necesidad de una variación del precedente vinculante vigente. 95

142

considerable por parte del Estado ni implicará un incumplimiento del artículo 5° de la Ley Orgánica, respecto del quórum requerido para el conocimiento de los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento, toda vez que el auto que se emita será validado por la Sala que esté a cargo de este examen”.

Clara determinación de la procedencia del RAC N28 STC 2877-2005-PHC: Está ordenado que, para que el Tribunal Constitucional pueda ingresar a estudiar el fondo del asunto, exista previamente una clara determinación respecto a la procedencia del RAC. En ella se insistirá en los siguientes aspectos: a) identificación de vulneración manifiesta del contenido esencial del ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; b) revisión de las demandas manifiestamente infundadas; c) evaluación de los casos en los que ya se haya reconocido la tutela del derecho cuya protección fue solicitada en la demanda y respecto de los cuales se haya declarado improcedente o infundado el pedido de reparación o restablecimiento del agraviado en el pleno goce de sus derechos constitucionales.

Clara determinación de la procedencia del RAC N28’ STC 2877-2005-PHC: Está prohibido declarar manifiestamente improcedentes cuestiones que, en realidad, deban requerir un análisis más profundo, pues cuando exista duda razonable al respecto, debe ser declarada la procedencia.

RAC y contenido constitucional de los derechos fundamentales N31 STC 2877-2005-PHC: Está ordenado que para la procedencia del recurso de agravio constitucional se hayan cumplido los requisitos formales, así como que el recurso planteado esté directamente relacionado con el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; que

143

no sea manifiestamente infundado; y que no esté inmerso en una causal de negativa de tutela claramente establecida por el Tribunal Constitucional.

II. EXP. N.° 04853-2004-AA/TC: Recurso de Agravio Constitucional a favor del cumplimiento de precedentes vinculantes [bit.ly/2JBw3qj]

En el punto 2 del fallo de esta sentencia, decidió el Tribunal Constitucional; “2. Establecer como precedente vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, (...) las reglas indicadas para la admisión del recurso de agravio a favor del precedente a que se refiere el fundamento N.° 40 de la presente sentencia”.

N40a STC 04853-2004-AA: Está ordenado al órgano judicial admitir de manera excepcional, el recurso de agravio constitucional contra una decisión estimatoria de segundo grado cuando se pueda alegar, de manera irrefutable, que tal decisión ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente constitucional vinculante emitido por el Tribunal Constitucional. Este tiene habilitada su competencia, ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja.

N40b STC 04853-2004-AA: El recurso de agravio a favor del precedente vinculante puede ser interpuesto por la parte interesada o por un tercero afectado directamente y que sin su culpa no participó del proceso96.

III. EXP N.° 03908-2007-AA/TC: Dejan sin efecto recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de precedentes vinculantes [bit.ly/2UwlqJu] En el punto 2 del fallo de esta sentencia, decidió el Tribunal Constitucional,

Estas dos normas creadas por el Tribunal Constitucional fueron luego dejadas sin efecto por la norma N8 STC 03908-2007-AA. 96

144

“2. DEJAR SIN EFECTO el precedente establecido en el fundamento 40 de la STC 04853-2004-PA/TC, que estableció las reglas vinculantes del recurso de agravio constitucional a favor del precedente”.

Dejan sin efecto RAC a favor del precedente vinculante N8 STC 03908-2007-AA: Está prohibido interponer el recurso de agravio constitucional contra una sentencia de segundo grado en un proceso de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento emitida en contravención de un precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional; el mecanismo procesal adecuado e idóneo para evaluar ello es la interposición de un nuevo proceso constitucional97.

IV. EXP. N.° 00987-2014-PA/TC: causales que habilitan al Tribunal Constitucional a rechazar de plano un RAC [bit.ly/2Dcrf55] En el punto 2 del fallo de esta sentencia, decidió el Tribunal Constitucional: “Establecer como PRECEDENTE VINCULANTE, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la regla contenida en el fundamento 49 de esta sentencia”.

Causales que habilitan al Tribunal Constitucional a rechazar de plano un recurso de agravio constitucional N49 STC 00987-2014-PA: Está permitido al Tribunal Constitucional sin más trámite rechazar un recurso de agravio constitucional cuando: a) carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque; b) la cuestión contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional98; c) la cuestión de Derecho contradiga un precedente No obstante haber sido dejado sin efecto, el Tribunal Constitucional permite el RAC contra resoluciones estimatorias de segunda instancia, para casos relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y de lavado de activos (N15 STC 02748-2010-PHC), y con el delito de terrorismo (N7 STC 01711-2014-PHC). Estas normas son, para el Tribunal Constitucional, doctrina jurisprudencial vinculante, y adolecen de las mismas deficiencias de constitucionalidad material apuntadas para las derogadas normas N40a STC 04853-2004-AA. 97

98

La constitucionalidad material de la segunda causal que habilita el rechazo liminar del recurso de

145

vinculante del Tribunal Constitucional99; o d) se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales100.

agravio constitucional, queda salvada si se le interpreta de la siguiente manera: N49b STC 00987-2014-PA: Está permitido al Tribunal Constitucional rechazar sin más trámite el recurso de agravio constitucional cuando la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional, por no estar referida del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental. La constitucionalidad material de la tercera causal que habilita el rechazo liminar del recurso de agravio constitucional, queda salvada si se le interpreta de la siguiente manera: N49c STC 00987-2014-PA: Está permitido al Tribunal Constitucional rechazar sin más trámite el recurso de agravio constitucional cuando la cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente vinculante materialmente constitucional del Tribunal Constitucional, Otra manera de formular esta norma es la siguiente: N49c STC 00987-2014-PA: Está prohibido al Tribunal Constitucional rechazar sin más trámite el recurso de agravio constitucional cuando la cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente vinculante materialmente inconstitucional del Tribunal Constitucional. 99

La constitucionalidad material de la cuarta causal que habilita el rechazo liminar del recurso de agravio constitucional, queda salvada si se le interpreta de la siguiente manera: N49d STC 00987-2014-PA: Está prohibido rechazar sin más trámite el recurso de agravio constitucional cuando se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales; y en el primer caso el Tribunal Constitucional haya decidido sobre la base de una norma constitucional adscrita materialmente constitucional. 100

146

Capítulo XI SOBRE TEMAS VARIOS I. EXP. N.° 05854-2005-AA/TC: control constitucional de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones [bit.ly/2Idl4Rs] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional formula un criterio de interpretación de los artículos 142 y 181 de la Constitución. Este criterio, recogido en la primera parte del fundamento 35, es elevado a precedente vinculante en los términos siguientes:

“35. (...) En aplicación del artículo VII del Título Preliminar del CPConst., este criterio normativo constituye precedente vinculante para todos los poderes públicos. Todo juez y tribunal de la República -sea que realice funciones estrictamente jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales-, se encuentra vinculado por este criterio, bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. y Primera Disposición Final de la LOTC)”. 101

Tal criterio es el siguiente: Control constitucional de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones N35 STC 05854-2005-AA: Está prohibido interpretar los artículos 142 y 181 de la Constitución en el sentido de considerar que una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que afecta derechos fundamentales, se encuentra

exenta

de

control

constitucional

a

través

del

proceso

constitucional de amparo. Consecuentemente, toda vez que el Jurado Nacional de Elecciones emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente102.

Esto mismo se repite en el punto 2 del fallo de esta sentencia. se ve complementada por otra norma constitucional adscripta que se concluye en esta misma sentencia, y que ha sido creada no como precedente vinculante, sin que por ello se rebaje su 101

102 Esta norma

147

II. EXP. N.° 0030-2005-PI/TC: Los límites de las sentencias interpretativas [bit.ly/2UmxBJC] En este proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional ha declarado los precedentes vinculantes en el último párrafo del fundamento 61 en los siguientes términos: “61. (... ) Estos criterios constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo VII del Código Procesal Constitucional”.

Exigencias al Tribunal Constitucional para emitir una sentencia interpretativa N61 STC 0030-2005-PI: Está ordenado al Tribunal Constitucional ajustarse a las siguientes exigencias enunciativas cuando decida emitir una sentencia interpretativa o integrativa denominada “manipulativa” (reductora, aditiva, sustitutiva y exhortativa): a) respetar el principio constitucional de separación

de

poderes;

b)

no

dictarlas

cuando,

advertida

la

inconstitucionalidad en la que incurra la ley impugnada, y a partir de una adecuada interpretación del texto constitucional, exista más de una manera de cubrir el vacío normativo que la declaración de inconstitucionalidad pueda generar; c) solo pueden emitirse cuando sean imprescindibles a efectos de evitar que la simple declaración de inconstitucionalidad genere una inconstitucionalidad de mayores alcances y perversas consecuencias para el Estado social y democrático de derecho; d) deberá argumentar debidamente las razones y los fundamentos normativos constitucionales que justifiquen suficientemente su dictado; e) deberá emitirse con la mayoría calificada de

calidad normativa: N39b STC 05854-2005-AA: Está prohibido que la interposición de una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones suspenda el concreto calendario electoral. Toda afectación de los derechos fundamentales en la que incurra el JNE, devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular haya sido manifestada en las urnas. En dichos supuestos, el proceso de amparo solo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, de conformidad con el artículo 1 del CPConst.

148

votos de los magistrados.

III. EXP. N.° 00142-2011-PA/TC: precedentes en materia arbitral [bit.ly/2WTSF77] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional declaró los precedentes vinculantes en el fundamento 30, y de la manera siguiente; “30. Habiéndose establecido en los fundamentos 20, 21 y 26 de la presente sentencia nuevas reglas en materia de amparo contra las decisiones emanadas de la jurisdicción arbitral y sobre el ejercicio del control difuso de constitucional en dicha jurisdicción, este Supremo Intérprete de la Constitución, habida cuenta de la importancia de la materia involucrada, considera pertinente su reconocimiento a título de precedentes vinculantes, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

1.

REGLAS

SOBRE

LA

IMPROCEDENCIA

DEL

AMPARO

CONTRA LAUDOS ARBITRALES Recurso de anulación como vía igualmente satisfactoria N20a

STC

00142-2011-PA:

Está

ordenado

declarar

la

improcedencia del amparo dirigido contra un laudo arbitral debido a que el recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N.° 1071 constituye vía específica igualmente satisfactoria que el amparo (artículo 5.2 CPConst.)103. Amparo y debido proceso arbitral N20b STC 00142-2011-PA: Está prohibido el amparo constitucional contra

laudo

arbitral

para

conseguir

la

protección

de

derechos

La constitucionalidad material de esta norma exige que a la hora de ser aplicada se le interprete de la manera siguiente: N20a: Está prohibido el amparo constitucional directo contra un laudo arbitral, siempre que no se cumpla ninguna causal que exonere del agotamiento de la vía previa Otro modo de enunciar esta norma es el siguiente: N20a: Está ordenado declarar la procedencia del amparo dirigido contra un laudo arbitral, siempre que se cumpla alguna causal que exonere del agotamiento de la vía previa. 103

149

constitucionales aun cuando estos constituyan parte del debido proceso o de la tutela procesal efectiva104.

Amparo y convenio arbitral N20c STC 00142-2011-PA: Está prohibido el amparo constitucional contra laudo arbitral para cuestionar la falta de convenio arbitral, pues la vía idónea para hacerlo es el recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N.° 1071105. Amparo

y

laudo

arbitral

sobre

derechos

fundamentales

imprescindibles N20d STC 00142-2011-PA: Está prohibido el amparo constitucional contra laudo arbitral sobre derechos fundamentales indisponibles o materias no sujetas a posibilidad de negociación, pues la vía igualmente satisfactoria será el recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N.° 1071106. Según se justificó arriba cuando fue comentada esta norma, su constitucionalidad material exige que a la hora de ser aplicada se le interprete de la manera siguiente: N20b STC 00142-2011-PA: Está prohibido el amparo constitucional directo contra laudo arbitral para conseguir la protección de derechos constitucionales aun cuando estos constituyan parte del debido proceso o de la tutela procesal efectiva, siempre que no se cumpla ninguna causal que exonere del agotamiento de la vía previa Otro modo de presentar esta norma es el siguiente; N20b STC 00142-2011-PA; Está permitido directamente el amparo constitucional contra laudo arbitral para conseguir la protección de derechos constitucionales, siempre que se cumpla alguna causal que exonere del agotamiento de la vía previa. 105 Según se justificó arriba cuando fue comentada esta norma, su constitucionalidad material exige que a la hora de ser aplicada se le interprete de la manera siguiente: N20c STC 00142-2011-PA: Está prohibido el amparo constitucional directo contra laudo arbitral para cuestionar la falta de convenio arbitral, siempre que no se cumpla ninguna causal que exonere del agotamiento de la vía previa. Otro modo de presentar esta norma es el siguiente: N20c STC 00142-2011-PA: Está permitido el amparo constitucional directamente contra laudo arbitral para cuestionar la falta de convenio arbitral, siempre que se cumpla alguna causal que exonere del agotamiento de la vía previa. No se olvide que esta norma N20c tiene una exigencia material imprescindible: que tal falta de convenio arbitral suponga la agresión no litigiosa, sino manifiesta del contenido constitucional del derecho fundamental al debido proceso (en su dimensión formal o material). De modo que si acontece una tal agresión manifiesta y se cumple con alguna excepción de agotamiento de la vía previa judicial que exonere de la interposición del recurso de anulación y, de ser el caso, el de casación, entonces, será posible dirigir un amparo constitucional directamente contra el laudo arbitral. 106 Según se justificó arriba cuando fue comentada esta norma, su constitucionalidad material exige que a la hora de ser aplicada se le interprete de la manera siguiente: N20d STC 00142-2011-PA: Está prohibido el amparo constitucional directo contra laudo arbitral 104

150

Amparo improcedente y plazo para recurso de anulación N20e STC 00142-2011-PA: Está ordenado que la presentación de una demanda de amparo en contravención de las reglas de improcedencia del amparo contra laudo arbitral por conformar vía igualmente satisfactoria el recurso de anulación, no suspende ni interrumpe el plazo previsto para interponer este recurso107. Amparo contra resolución judicial firme que resuelve recurso de anulación N20f STC 00142-2011-PA: Está permitido el amparo contra resolución judicial firme que resuelve el recurso de anulación y el recurso de casación contra laudo arbitral siempre que se vulnere de modo manifiesto el contenido constitucional de alguno de los derechos fundamentales que conforman la dimensión formal o sustantiva del debido proceso. 2.

REGLAS SOBRE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA

LAUDO ARBITRAL

sobre derechos fundamentales indisponibles o materias no sujetas a posibilidad de negociación, siempre que no se cumpla ninguna causal que exonere del agotamiento de la vía previa Otro modo de presentar esta norma es el siguiente: N20d STC 00142-2011-PA: Está permitido el amparo constitucional directamente contra laudo arbitral sobre derechos fundamentales indisponibles o materias no sujetas a posibilidad de negociación, si se cumple alguna causal que exonere del agotamiento de la vía previa. 107Según

se justificó arriba cuando fue comentada esta norma, su constitucionalidad material exige que a la hora de ser aplicada se le interprete de la manera siguiente: N20e STC 00142-2011-PA: Está prohibido que la demanda de amparo interpuesta directamente contra un laudo arbitral sin que se haya cumplido alguna de las causales que exonera el agotamiento de la vía previa judicial, suspenda o interrumpa el plazo previsto para interponer el recurso de anulación contra laudo arbitral. Según se justificó arriba cuando fue comentada esta norma, su constitucionalidad material exige que a la hora de ser aplicada se le interprete de la manera siguiente: N20e STC 00142-2011-PA: Está prohibido que la demanda de amparo interpuesta directamente contra un laudo arbitral sin que se haya cumplido alguna de las causales que exonera el agotamiento de la vía previa judicial, suspenda o interrumpa el plazo previsto para interponer el recurso de anulación contra laudo arbitral.

151

Amparo contra laudo arbitral inconstitucional N21 STC 00142-2011-PA: Está permitida la demanda de amparo directamente contra un laudo arbitral, cuando: a) el laudo arbitral vulnera manifiestamente un precedente vinculante; b) el laudo arbitral ha inaplicado una ley o un reglamento confirmado en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional o por el Poder Judicial; c) el amparo es interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y alega afectación manifiesta de sus derechos constitucionales, salvo que esté comprendido en el supuesto del artículo 14 del Decreto Legislativo N.° 1071108.

Amparo y vía previa N21’ STC 00142-2011-PA: Está ordenado que para la procedencia del amparo en los supuestos a) y b) de la norma anterior, se haya agotado la vía previa consistente en el reclamo expreso presentado por el afectado ante el tribunal arbitral y que este lo haya desestimado109. Amparo y nulidad de laudo arbitral N21” STC 00142-2011-PA: Está ordenado que la sentencia que declare fundada la demanda de amparo dirigida contra laudo arbitral anule en todo o parte el laudo arbitral, ordenándose la emisión de uno nuevo. Está prohibido al juez constitucional resolver el fondo de la controversia sometida a arbitraje.

La constitucionalidad material de esta norma, exige entenderla de la siguiente manera: N21 STC 00142-2011-PA: Está permitida la demanda de amparo directamente contra un laudo arbitral, cuando: a) el laudo arbitral vulnera manifiestamente un precedente vinculante; b) el laudo arbitral ha inaplicado una ley o un reglamento confirmado en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional o por el Poder Judicial; c) el amparo es interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y alega afectación manifiesta de sus derechos constitucionales, salvo que esté comprendido en el supuesto del artículo 14 del Decreto Legislativo N.° 1071 ; siempre que se cumpla con alguna de las causales que exoneran la obligación de agotar la vía previa judicial. 108

109

Es posible dar razones en contra de su constitucionalidad material.

152

Control difuso en la jurisdicción arbitral N26 STC 00142-2011-PA: Está ordenado que el control difuso en la jurisdicción arbitral se rija por el artículo VI del Código Procesal Constitucional y por la jurisprudencia vinculante emitida por el Tribunal Constitucional. Los requisitos para la procedencia del control difuso son; a) que de la norma sobre la cual recae dependa la validez del laudo; b) que no sea posible una interpretación conforme a la Constitución; c) que se verifique un perjuicio manifiesto sobre el derecho de alguna de las partes110.

La constitucionalidad material de la norma N26, exige reconocer las dos siguientes normas complementarias: N26’ STC 00142-2011-PA: Está permitido al tribunal arbitral inaplicar una ley o un reglamento confirmados en su constitucionalidad en abstracto por el Tribunal Constitucional o por el Poder Judicial a través de la acción de inconstitucionalidad y de la acción popular respectivamente, siempre que pueda ser justificada la inconstitucionalidad de la ley o reglamento en el caso concreto. N26” STC 00142-2011-PA: Está permitido al tribunal arbitral inaplicar una ley o un reglamento confirmados en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional o por el Juez en un caso concreto, siempre que el caso en el que se produjo la confirmación de constitucionalidad es sustancialmente distinto al caso conocido por el tribunal arbitral. 110

153

Segunda parte DERECHO CONSTITUCIONAL DECLARADO DOCTRINA JURISPRUDENCIAL Capítulo I. Sobre el derecho a la identidad personal Capítulo II. Sobre el derecho al debido proceso Capítulo III. En materia procesal constitucional Capítulo IV. En materia tributaria Capítulo V. En materia penal Capítulo VI. En materia previsional Capítulo VII Temas varios

154

CAPÍTULO I SOBRE EL DERECHO A LA IDENTDAD PERSONAL

I. EXP. N.° 0139-2013-PA/TC: derecho a la identidad personal [bit.ly/2r6Zx4k] En la presente sentencia, la declaración formal de la doctrina jurisprudencial ocurrió en el punto 2 del fallo, en los siguientes términos: “2. Declarar que la presente sentencia constituye doctrina constitucional vinculante obligatoria para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Sin embargo, la doctrina jurisprudencial aquí establecida, se deja sin efecto por la sentencia al EXP. N.° 06040-2015-PA/TC, como a continuación se mostrará.

II. EXP N.° 06040-2015-PA/TC: Derecho a la identidad personal [bit.ly/2s047PT] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional decide en el punto 2 del fallo lo siguiente: “2. DEJAR SIN EFECTO la doctrina jurisprudencial establecida en la Sentencia 0139-2013-PA/TC”.

Las normas constitucionales adscriptas que se pueden concluir de la

sentencia al EXP. N.° 06040-2015-PA/TC, son las siguientes: El transexualismo no es una enfermedad N9 STC 06040-2015-PA: Está ordenado entender el transexualismo como una disforia de género, mas no como una patología.

Elementos que definen la sexualidad N13 STC 06040-2015-PA: Está prohibido tener a la realidad biológica como el único elemento determinante para la asignación del sexo,

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pues este, al ser también una construcción, debe comprenderse dentro de las realidades sociales, culturales e interpersonales que la propia persona experimenta durante su existencia. Acceso a la justicia e identidad personal N15 STC 06040-2015-PA: Está permitido a los jueces un especial margen de decisión en la interpretación de los alcances del derecho a la identidad personal. Modificación de sexo y nombre en el DNI N16 STC 06040-2015-PA: Está permitido a las personas acceder a la justicia para demandar la modificación de su sexo y nombres en su documento de identidad. Vía procesal para atender cambio de sexo N17 STC 06040-2015-PA: Está ordenado, mientras RENIEC no adopte los procedimientos especiales, tener como la vía idónea y adecuada para atender las solicitudes de cambio de sexo al proceso sumarísimo recogido en el artículo 546.6 del Código Procesal Civil.

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CAPÍTULO II SOBRE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

I. EXP. N.° 7289-2005-PA/TC: El derecho al Debido Proceso [bit.ly/2D1O0Iu] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional considera como doctrina jurisprudencial una serie de reglas jurídicas de la siguiente manera: “4. Está consolidada la doctrina jurisprudencial de este Tribunal, en el sentido de sostener que el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución (...)”

El derecho al debido proceso se irradia a todo ámbito jurisdiccional N4 STC 7289-2005-PA: Está prohibido circunscribir el ámbito de irradiación del derecho al debido proceso, solo al campo judicial, sino que las exigencias de su respeto y protección, se deben proyectar sobre todo órgano, público

o

privado,

que

ejerza

funciones

formal

o

materialmente

jurisdiccionales. El derecho al debido proceso se irradia a todo ámbito jurisdiccional N4’ STC 7289-2005-PA: Está ordenado que el respeto y protección del debido proceso, además del ámbito estrictamente judicial, se observe en todos los procesos o procedimientos en los que se diluciden los derechos e intereses de las personas, sean estas personas jurídicas de derecho privado, órganos y tribunales administrativos. Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, Congreso de la República (en materia de juicio político y antejuicio constitucional), tribunales arbitrales, etc.

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El derecho al debido proceso está conformado por garantías de distinta naturaleza N5 STC 7289-2005-PA: Está ordenado reconocer que el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental al debido proceso, comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos. No todos los derechos del debido proceso pueden ser titularizados en todo tipo de proceso N6 STC 7289-2005-PA: Está prohibido que todos los derechos que conforman del debido proceso, puedan ser susceptibles de ser titularizados, sin más, en cada uno de esos ámbitos ajenos al estrictamente judicial. La lesión del debido proceso supone la previa lesión de alguna garantía que lo conforma N6’ STC 7289-2005-PA; Está ordenado que una respuesta sobre la lesión (o no) del derecho al debido proceso presupone un pronunciamiento sobre algún otro derecho que lo conforma.

II. EXP. N.° 00978-2012-PA/TC: Medidas Cautelares que suspenden ejecución de sentencias [bit.ly/2U2sNnI] En el punto 2 del fallo de esta sentencia, decidió el Tribunal Constitucional lo siguiente: “2. Declarar que el Fundamento N.° 6 de la presente sentencia constituye doctrina constitucional vinculante obligatoria para todos los jueces y tribunales del país”.

Este fundamento 6, está compuesto por varios apartados, y no de todos

es posible concluir una norma constitucional adscripta. En efecto, del fundamento 6.1 no es posible derivar una regla jurídica porque se limita a

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describir una situación de hecho en los términos siguientes:

“6.1 No obstante la decisión desestimatoria de la demanda, este Colegiado advierte que la casuística procesal podría presentar casos límites para los derechos constitucionales, a través de los cuales medidas cautelares ordinarias podrían oponerse en sus términos a una sentencia judicial ordinaria con la calidad de cosa juzgada y suspender a la larga la ejecución de la misma. En suma, se trataría de casos en los cuales se daría privilegio a la ejecución de lo resuelto en un incidente cautelar (debate breve y sumario) frente a lo resuelto en un proceso principal (debate amplio y profundo), y ello tendría el efecto de suspender el ejercicio y disfrute del derecho fundamental a la cosa juzgada”.

Del fundamento 6.2 tampoco puede ser concluida una regla jurídica, porque se destina a dar cuenta de las consecuencias que el hecho descrito en el fundamento 6.1 puede tener sobre el vencedor en el proceso ordinario. Así ha dicho el Tribunal Constitucional:

“6.2 Al respecto, es necesario poner en evidencia que la suspensión de los efectos de una sentencia dictada en un proceso ordinario, producto de una medida cautelar también ordinaria, pueden ocasionar perjuicios irreparables sobre el vencedor del proceso ordinario, titular indiscutible del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y a que resuelto sea ejecutado en sus propios términos”.

La primera regla jurídica puede concluirse del fundamento 6.3. De lo expresado en este fundamento es posible formular la siguiente norma constitucional adscripta: Medida cautelar que impide ejecutar sentencia N6.3 STC 00978-2012-PA: Está prohibido impedir que un vencedor en un proceso ordinario cuya sentencia determinó que era beneficiario de un dar, hacer, no hacer o cualquier otra, pueda ejecutar la decisión que lo beneficiaba porque se ha dictado una medida cautelar ordinaria que, al oponerse en sus términos, suspende los efectos de la sentencia.

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Desde la segunda parte del fundamento 6.4111, es posible concluir dos reglas jurídicas en los siguientes términos:

Amparo contra resolución judicial y cosa juzgada N6.4 STC 00978-2012-PA: Está permitido relativizar la calidad de cosa juzgada de una sentencia ordinaria cuando es expedida sin respetar la tutela procesal efectiva, el debido proceso o el orden material de valores inscrito en la Constitución, frente a lo cual puede discutirse la validez de la misma en un proceso de amparo contra resolución judicial. Anomalía del sistema que impide ejecución de sentencia a través de una cautelar N6.4’ STC 00978-2012-PA: Está ordenado reconocer como una anomalía del sistema que una sentencia ordinaria pueda ceder, suspenderse o ser limitada a través de una medida cautelar dictada en otro proceso ordinario. Del fundamento 6.5 también puede ser concluida una regla jurídica en los términos siguientes: Validez de un acto procesal que suspenda el ejercicio de un derecho fundamental N6.5 STC 00978-2012-PA: Está ordenado que cualquier acto procesal -del juez o de las partes- que suspenda el ejercicio de un derecho constitucional, para ser considerado válido debe estar revestido de un mismo valor o importancia jurídica fundamental, pues la ponderación implica un equilibrio en abstracto de bienes jurídicos que tienen un mismo valor. Así, el

La primera parte de este fundamento jurídico, dice lo siguiente: “6.4. Si bien es cierto que todo otorgamiento o concesorio de una medida cautelar tiene entre sus requisitos legalmente estipulados, la apariencia de derecho y el peligro en la demora, resulta inaceptable sostenerse en términos procesales constitucionales que una medida cautelar que por su naturaleza contiene un debate sumario y provisorio, tenga pues la aptitud legal para suspender lo decidido en un proceso principal que por su naturaleza contiene un debate definitorio, amplio, principal”. 111

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concesorio de una medida cautelar que es manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva, no tiene ni puede tener el mismo valor jurídico que una sentencia ordinaria que ha pasado en autoridad de cosa juzgada en la cual subyace la ejecución de un derecho constitucional debatido, reconocido y restablecido. En el fundamento 6.6 se contiene una reiteración de la regla jurídica ya formulada en la norma N6.3 STC 00978-2012-PA, por lo que no corresponde formular una nueva regla jurídica. Este fundamento dice lo siguiente: “6.6 En una sentencia ordinaria, el órgano judicial se ha encargado de decir, a través de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y luego del debate procesal correspondiente, a quién le asiste el derecho, por lo que constituiría contrario a toda lógica que un juez de apariencias, como es el juez de una medida cautelar, diga que, más bien, el derecho corresponde, ‘aparentemente’, a quien resultó vencido en el primer amparo (Cfr. STC N.° 03545-2009-PAfFC, Fundamento 5)”.

Lo mismo puede ser dicho del fundamento 6.7, en el cual se ha expresado que:

“6.7 Por ello, resulta un despropósito que la parte afectada con una medida cautelar sea precisamente la persona cuyo derecho ha sido declarado y restablecido en un proceso ordinario, pues esta se verá seriamente perjudicada en el ejercicio de su derecho en el lapso de tiempo que dure la tramitación final del proceso ordinario en que se dictó la medida cautelar”.

Finalmente, del fundamento jurídico 6.8 es posible concluir las siguientes dos reglas jurídicas: Prohibición de medidas cautelares para prolongar tiempo de ejecución de sentencias N6.8 STC 00978-2012-PA: Está prohibido utilizar las medidas cautelares con la simple intensión de prolongar en el tiempo la ejecución de una sentencia ordinaria o de resistirse a su efectivo cumplimiento. Los jueces deben hacer prevalecer la sentencia ordinaria sobre

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medida cautelar N6.8’ STC 00978-2012-PA: Está ordenado, en virtud del principio pro homine, que los jueces del proceso cautelar ordinario opten por hacer prevalecer la sentencia ordinaria sobre cualquier intento de desconocerla o perturbarla a través del concesorio de una medida cautelar ordinaria.

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Capítulo III EN MATERIA PROCESAL CONSTITUCIONAL I. EXP. N.° 8123-2005-HC/TC: Auto de apertura de instrucción como Resolución Firme [bit.ly/2I3s9Vm] En la sentencia al EXP. N.° 00031-2009-PHC, afirmó el Tribunal Constitucional que:

“4. Sostenemos lo anterior de conformidad a la doctrina jurisprudencial de este Colegiado, pues respecto de ello ha precisado que: ‘(...) el auto de apertura de instrucción constituye una resolución que resulta inimpugnable por ausencia de una previsión legal que prevea un recurso constitucional para este fin (...)’ (STC. 8123-2005-HC/TC). No aceptar dicha postura, implicaría que dicha resolución se convierta en irresoluble hasta el momento de la finalización del proceso penal mediante sentencia o por alguna causal de sobreseimiento, lo que no se condice con el respeto de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva”. Este es un inusual caso en el que la doctrina jurisprudencial se declara no en la misma sentencia, sino en una posterior. En este fundamento jurídico se declara doctrina jurisprudencial la regla que se transcribe de la sentencia al EXP. N.° 8123-2005-HC/TC, la cual se recoge en el fundamento 4 y que puede ser enunciada de la siguiente manera:

Auto de apertura de instrucción como resolución firme N4 STC 8123-2005-HC: Está ordenado tener como inimpugnable el auto de apertura de instrucción por ausencia de una previsión legal que prevea un recurso para este fin112. Si es inimpugnable, el auto de apertura de instrucción deberá ser tenido como resolución firme a efectos de interponer la demanda de habeas corpus. Hoy, con el Código procesal penal vigente, el 112

163

II. EXP. N.° 00252-2009-PA/TC: Plazo para interponer demanda de amparo contra resolución judicial [bit.ly/2YRzwEt] En esta sentencia, el Tribunal Constitucional decidió, en el punto 2 de la parte resolutiva, lo siguiente:

“2. Declarar que los fundamentos 8 a 17 de la presente sentencia constituyen doctrina constitucional vinculante obligatoria para todos los jueces y tribunales del país”.

Sin embargo, no de todos los fundamentos indicados es posible concluir una regla jurídica. En los fundamentos que sí es posible hacerlo se formulará la regla respectiva; y en los que no, simplemente se transcribirá el texto entero del fundamento que corresponda. Este fundamento 8 es manifiestamente inidóneo para ser declarado como doctrina jurisprudencial vinculante porque simplemente se limita a dar cuenta de una interpretación existente: “8. Pese a lo señalado en el párrafo anterior, existen diversos pronunciamientos en los que este Tribunal Constitucional, en aplicación exclusiva y excluyente del segundo párrafo del artículo 44° del Código Procesal Constitucional, ha venido declarando improcedente la demanda interpuesta contra las resoluciones judiciales firmes. Del contenido de tales pronunciamientos se puede deducir una interpretación en el sentido de que el cómputo del plazo de 30 días hábiles a que se refiere el artículo citado se contabiliza desde la notificación de la sentencia o resolución firme que causa el agravio y que de ninguna manera se extiende dicho plazo hasta los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución que ordena se cumpla con lo decidido, tal como lo expone el propio artículo 44° antes citado”.

Interpretación

literal

del

artículo

44

del

Código

Procesal

Constitucional N9

STC

00252-2009-PA/TC: Está permitido al demandante

interponer la demanda de amparo desde que conoce la resolución firme

auto de enjuiciamiento (que vendría a hacer las veces que el anterior auto de apertura de instrucción), también es inimpugnable.

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emitida en un proceso judicial que considera agraviante de sus derechos constitucionales, hasta treinta días después de notificada la resolución que ordena se cumpla lo decidido113. El fundamento 10 se destina a transcribir el artículo 44 del Código Procesal Constitucional:

“10 Como se ha precisado con anterioridad, el segundo párrafo del artículo 44° del Código Procesal Constitucional establece que ‘Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye a los treinta días hábiles después de la notificación que ordena se cumpla lo decidido’”.

En el fundamento 11 se da cuenta de la interpretación que el Tribunal Constitucional le ha venido dando al artículo 44 del Código Procesal Constitucional: “11. Este Colegiado, como ya se ha visto, ha venido considerado que el cómputo del plazo se inicia desde la notificación de la resolución que queda firme y concluye luego de treinta días de notificada dicha resolución; sin embargo, del contenido literal de la disposición antes acotada se desprende que la conclusión del plazo se produce en realidad luego de treinta días hábiles de notificada la resolución que ordena se cumpla lo decidido. Estas posiciones merecen una interpretación adecuada que evite confusiones a la hora de determinar si se configura o no el presupuesto de procedibilidad de la acción relativo al plazo de prescripción”.

Interpretación

literal

del

artículo

44

del

Código

Procesal

Constitucional N12 STC 00252-2009-PA/TC: Está ordenado interpretar el segundo párrafo del artículo 44 del Código Procesal Constitucional que, el legislador al considerar el inicio del plazo para interponer la demanda en la fecha de notificación de la resolución que queda firme, simplemente ha dispuesto que el justiciable está facultado para interponer la respectiva demanda de amparo sin necesidad de esperar que se notifique la resolución que ordena se

Este fundamento no aporta nada respecto de lo dispuesto en el texto del actual segundo párrafo del artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 113

165

cumpla lo decidido, mas no está postulando que el computo de los 30 días hábiles a que se refiere la norma comienza a partir de la fecha en que se notifica la resolución que queda firme. Amparo contra resolución judicial antes de que se expida resolución que ordena cúmplase lo decidido N13 STC 00252-2009-PA/TC: Está permitido, siempre que la resolución judicial que se juzga lesiva quede firme, interponer la demanda de amparo antes de que se expida o notifique la posterior resolución que ordena se cumpla con lo decidido, pero de tal circunstancia opcional no se sigue que interponer la demanda antes de que se expida o notifique la resolución que ordena se cumpla lo decidido, resulte obligatorio en cualquier caso114. En el fundamento

14 el Tribunal Constitucional justifica la

interpretación que hace del artículo 44 del Código Procesal Constitucional:

“14. La conclusión a la que aquí se arriba no solo se desprende de un riguroso examen del contenido literal de la antes citada norma y de la ya mencionada regla pro actione, sino de los principios interpretativos pro homine y pro libertatis, que permiten que ante eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, que como ocurre en el presente caso, afectan al derecho al acceso a la justicia constitucional, se opte por aquella interpretación que conduzca a una alternativa lo menos limitadora posible de los derechos fundamentales, descartando de este modo aquellas que, por el contrario, los restrinjan”.

Plazo para demanda de amparo contra resolución judicial no puede

El Tribunal Constitucional se equivoca cuando, en este mismo fundamento 13 sostiene que “la notificación de la resolución firme que causa el agravio no puede considerarse, en la generalidad de los casos, como fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción del proceso de amparo a efectos de que comience a correr el plazo de treinta días hábiles”. Es un error porque el cómputo del plazo sí se inicia con la notificación de la resolución judicial firme, pero termina 30 días después de notificada la resolución que ordena cúmplase lo decidido. 114

166

ser muy distinto del plazo para otros supuestos de amparo N15 STC 00252-2009-PA/TC: Está permitido al legislador limitar razonablemente el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional en búsqueda de un equilibro de tal atributo con el principio de seguridad jurídica. En tales circunstancias y en procura de hacer efectivo el amparo contra resoluciones judiciales, se justifica que, en atención al principio de seguridad jurídica, se exija que el plazo para promover una demanda no se desvirtúe o distinga demasiado respecto del que se otorga ante una lesión de otra naturaleza proveniente de otro tipo de autoridad, funcionario o persona115. En el fundamento 16 el Tribunal Constitucional da cuenta de una práctica judicial de la cual no se puede concluir ninguna regla jurídica:

“16. No obstante lo señalado este Colegiado no ha sido ajeno a lo que sucede en la práctica judicial generalizada advirtiéndose que el presupuesto procesal de la prescripción es en muchos casos uno de los menos respetados no solo por nuestros operadores jurídicos, sino fundamentalmente por los abogados de las partes, pues en su afán por eludirlo han llegado a hacer uso pernicioso de los medios impugnatorios que la ley prevé, pretendiendo de esta manera dilatar el inicio de cómputo del plazo. Así, se ha hecho práctica habitual la utilización de cualquier tipo de medio impugnatorio con la finalidad de obtener hasta el último momento un pronunciamiento judicial que permita contar, recién a partir de ese momento, el plazo para la interposición de la demanda. Esto ha generado -y sigue generando- delicados problemas a la impartición de justicia y en especial a la constitucional, pues cuando los recurrentes advierten que no tienen más posibilidad de revertir el fallo de los jueces, acuden a la jurisdicción constitucional con la finalidad de que se revisen los criterios adoptados por los jueces ordinarios, intentando convertirla en una suprainstancia jurisdiccional, posibilidad que ha sido reiteradamente negada por la jurisprudencia de este Tribunal”.

Tampoco

del

fundamento

17

es

posible

concluir

una

norma

En este fundamento 15, añadió el Tribunal Constitucional que “ante la literalidad del artículo 44° del Código Procesal Constitucional, que permitiría en algunos casos plazos bastante dilatados en el supuesto de no emitirse oportunamente la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, corresponde invocar a los jueces y salas de la República el que actúen con la debida diligencia para que el lapso comprendido entre la fecha de emisión de una resolución firme que pone fin a un proceso judicial, que adquiere la autoridad de cosa juzgada, y la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido, no se extienda irrazonablemente”. 115

167

constitucional adscripta porque el Tribunal Constitucional se limita a mostrar una de las causas que origina la práctica judicial referida en el fundamento anterior:

“17. Ajuicio de este Colegiado una de las causas que producen la grave situación reseñada en el párrafo precedente se debe a que en nuestro ordenamiento no se tiene un concepto uniforme de lo que debe entenderse por resolución judicial firme. Así, es posible advertir que, sobre ella, existen hasta dos tipos de conceptos: uno formal y otro material. Para la concepción formal la firmeza de una resolución se adquiere simplemente con el agotamiento de todos los recursos que la ley prevé para el cuestionamiento del acto con el cual se está en desacuerdo. Para la concepción material la calidad de firmeza de una resolución se adquiere cuando se han agotado todos los medios impugnatorios legalmente previstos, pero siempre que estos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución que se impugna. Es decir que si lo que se cuestiona es un auto y contra este se interpone un recurso impugnatorio alegando causales imaginarias, el pronunciamiento denegatorio que el juez emita sobre dicho asunto no podrá entenderse como generador de firmeza, puesto que al no haber sido correctamente impugnada la respectiva resolución, se debe entender que el plazo se cuenta desde que ésta fue emitida y notificada y no desde el pronunciamiento judicial que resuelve el supuesto ‘acto impugna- torio’. Entender lo contrario no hace más que contribuir a un uso negligente de las instituciones jurídicas que afectan el derecho de los demás a la ejecución de las sentencias y a la cosa juzgada”.

El fundamento 18 no es declarado como doctrina jurisprudencial, sin

embargo, no solo es posible reconocerle contenido normativo, sino que también es posible concluir relevancia del mismo. Significado de resolución judicial firme N18 STC 00252-2009-PA/TC: Está ordenado considerar iniciado el plazo y con ello el inicio de la facultad de interponer la demanda de amparo contra la resolución judicial firme cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada. Cuando el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme que se considera lesiva y concluirá

168

inevitablemente treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que se acepte articulaciones inoficiosas contra este último pronunciamiento jurisdiccional. El juez constitucional deberá hacer uso de los apercibimientos y multas atendiendo a la gravedad del perjuicio ocasionado por la parte que actúa con evidente mala fe procesal. Con posterioridad el Tribunal Constitucional estableció las siguientes reglas jurídicas, aunque sin declararlas como jurisprudencia vinculante: Plazo de prescripción cuando la resolución judicial firme no requiere un acto de ejecución N6 RTC 00538-2010-PA: Está ordenado que, para los casos en los que las resoluciones firmes por su naturaleza no requieren de una resolución que ordene su cumplimiento, el plazo para interponer la demanda de amparo se computa desde el día siguiente de notificada tal resolución firme, y termina treinta días después de notificada ésta116. Pro actione en caso de duda N6’ RTC 00538-2010-PA: Está ordenado que si existe duda en la

Con posterioridad, el Tribunal Constitucional se refirió a esta misma regla jurídica en los siguientes términos: “2.1. Como ha sostenido este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, tratándose del cuestionamiento de una resolución judicial, en aplicación del artículo 44° del Código Procesal Constitucional, el plazo vence a los 30 días de notificada la resolución que se cuestiona o a los 30 días de notificada la resolución que ordena “se cumpla lo decidido”, siempre que sea necesaria la expedición de esta resolución”. EXP. N° 03538-2013-PA/TC. Desde aquí es posible reconocer la siguiente regla jurídica: Plazo del amparo contra resolución judicial firme N2.1 STC 03538-2013-PA: Está ordenado que el plazo del amparo contra resolución judicial vence a los 30 días de notificada la resolución que se cuestiona o a los 30 días de notificada la resolución que ordena “se cumpla lo decidido”, siempre que sea necesaria la expedición de esta resolución. No será necesaria la expedición de una resolución que ordene se cumpla lo decidido cuando la resolución firme es declarativa. Así dijo el Tribunal Constitucional: “5. En el caso de autos, la resolución suprema cuestionada era firme desde su expedición, toda vez que al declarar infundado el recurso de casación validó la sentencia de vista de fecha 25 de junio de 2008, la cual posee carácter declarativo y no requiere de actos posteriores de ejecución. En otras palabras, no corresponde expedir una resolución que ordene el cumplimiento de lo decidido EXP. N.° 03538-2013-PA/TC. 116

169

aplicación del plazo de prescripción de la demanda constitucional contra resolución firme, deba aplicarse el principio pro actione.

III. EXP N.° 01761-2014-PA/TC: Amparo contra resolución judicial [bit.ly/2FSJTzg] El Tribunal Constitucional declaró en la parte resolutiva de esta sentencia, lo siguiente:

“3. Declarar a partir de la fecha, que el fundamento 6 de la presente resolución constituye doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, debiendo aplicarse inclusive a los procesos judiciales en los que se encuentre por definir el cumplimiento de los presupuestos procesales para admitir a trámite la demanda”.

La prueba en una demanda constitucional contra resolución judicial N6 ATC 01761-2014-PA: Está ordenado que las afectaciones a los derechos fundamentales invocadas en el marco de un proceso constitucional, sean contrastadas con una prueba mínima, pero suficiente, que acredite el acto lesivo. Deber de adjuntar copia de resolución judicial contra la que se dirige el amparo N6’ ATC 01761-2014-PA: Está ordenado adjuntar copia de las resoluciones judiciales que en un proceso constitucional se denuncian como productoras de afectaciones de derechos fundamentales117.

Esta norma debe ser completada con esta otra: Obligación de adjuntar la cédula de notificación de la resolución firme que se pretende impugnar N9 STC 00538-2010-PA: Está ordenado a los abogados litigantes, bajo sanción, adjuntar la cédula de notificación de la resolución firme que pretenden impugnar; caso contrario, se inferirá que el amparo ha sido promovido fuera del plazo de los treinta días hábiles que el Código establece, y tendrá que ser desestimado. 117

170

IV. EXP. N.° 03170-2010-PHC/TC: Participación de procuradores en procesos constitucionales referidos a tráfico ilícito de drogas y lavado de activos [bit.ly/2P1hYS5] En el punto 2 de la parte resolutiva de esta sentencia, decidió el Tribunal Constitucional, lo siguiente:

“2. Establecer que el fundamento 4 de la presente sentencia constituye doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el sentido siguiente: ‘es obligada la participación de los procuradores en todos los procesos penales contra delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos sin que pueda rechazarse en ningún supuesto su participación con el argumento de que no son parte en el proceso’”.

Del fundamento 4 de esta sentencia, es posible concluir la regla jurídica que finalmente fue declarada jurisprudencia vinculante: Obligación de permitir la participación de los procuradores públicos en procesos por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos N4 STC 03170-2010-PHC: Está ordenada la participación de los procuradores en todos los procesos penales contra los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Por ello, y dado que en estos procesos penales el Estado es considerado como agraviado, no puede permitirse que bajo ningún supuesto se rechace la participación de los procuradores considerándolos como “no parte”. Con posterioridad, el mismo Tribunal Constitucional, decidió subsanar un error material en el que había incurrido en el fundamento 4 de la sentencia. Así dijo el Alto Tribunal:

“SUBSANAR de oficio el error material contenido en la sentencia de autos, su fecha 15 de setiembre de 2010; en consecuencia, dispone corregir de oficio el fundamento 4 de la sentencia, que queda redactado de la siguiente manera: “(...) existe una necesaria y obligada participación de los procuradores en todos los procesos constitucionales relacionados con los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos (...)”.

171

Con base en esta subsanación, la norma creada queda así formulada: Obligación de permitir la participación de los procuradores públicos en procesos por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos N4 STC 03170-2010-PHC: Está ordenada la participación de los procuradores en todos los procesos constitucionales contra los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Por ello, y dado que en estos procesos penales el Estado es considerado como agraviado, no puede permitirse que bajo ningún supuesto se rechace la participación de los procuradores considerándolos como no parte. Más sintéticamente: Procuradores públicos en los procesos constitucionales sobre tráfico ilícito de drogas y lavado de activos N4 RTC 03170-2010-PHC: Está ordenada la participación de los procuradores en todos los procesos constitucionales relacionados con los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos sin que pueda rechazarse en ningún supuesto su participación con el argumento de que no son parte en el proceso118.

V. EXP. N.° 01711-2014-PHC/TC: Recurso constitucional en casos de terrorismo [bit.ly/2IiRSZo]

de

agravio

En el punto 3 del fallo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional

Es oportuno recordar las dos siguientes normas: RAC contra sentencia de segunda instancia que estima la demanda en casos de tráfico de drogas y lavado de activos N15 STC 02748-2010-PHC: Está permitido, excepcionalmente en los procesos constitucionales en que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, a la Procuraduría del Estado correspondiente independientemente del plazo- la interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá concedido por las instancias judiciales. Recurso de agravio constitucional contra sentencias estimatorias en casos de terrorismo N7 STC 01711-2014-PHC: Está permitido el recurso de agravio constitucional contra sentencia de segunda instancia que haya declarado fundada la demanda, en procesos constitucionales relativos al delito de terrorismo. 118

172

decidió, “3. Establecer como doctrina jurisprudencial conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el delito de terrorismo en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada para la interposición del recurso de agravio constitucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales, conforme a lo señalado en el fundamento N.° 7 de la presente sentencia”. Del referido fundamento 7 es posible concluir la siguiente regla jurídica: Recurso de agravio constitucional contra sentencias estimatorias en casos de terrorismo N7 STC 01711-2014-PHC: Está permitido el recurso de agravio constitucional contra sentencia de segunda instancia que haya declarado fundada la demanda, en procesos constitucionales relativos al delito de terrorismo.

VI. EXP. N.° 05287-2008-PA/TC: Represión de actos lesivos homogéneos [bit.ly/2Ka33Ga] En esta sentencia, se declara doctrina jurisprudencial en el encabezado del apartado 2 de la sentencia, en los siguientes términos: “2. Doctrina jurisprudencial sobre la represión de actos lesivos homogéneos”. Este apartado 2 está conformado por los fundamentos 2 al 29. De los fundamentos 2 a 4 no es posible concluir alguna norma adscripta:

“2. La represión de actos lesivos homogéneos es un mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales frente a actos que presentan características similares a aquellos que han sido considerados en una sentencia previa como contrarios a tales derechos. En este sentido, lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia respectiva, sino que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva de garantizar que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho.

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3. A nivel normativo, la institución de la represión de los actos lesivos homogéneos ha sido recogida en el artículo 60° del Código Procesal Constitucional. El texto de este artículo, ubicado en el capítulo correspondiente al proceso de amparo, señala: “Artículo 60.- Procedimiento para represión de actos homogéneos Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. Efectuado el reclamo, el Juez resolverá este con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviviente”. 4. De forma progresiva, el Tribunal Constitucional ha venido emitiendo diversas decisiones en las que se ha hecho referencia a esta institución, tanto a nivel de sentencias (ver al respecto la STC N.° 4909-2007-HC (caso Roberto Araujo Espinoza), publicada el 26 de mayo de 2008 en la página web del Tribunal Constitucional y la STC N.° 896-2008-PA (caso Vicente Walde Jáuregui), publicada el 1 de setiembre de 2008 en la página web del Tribunal Constitucional) autos de improcedencia (ver al respecto la RTC N.° 5033-2006-PA/TC (caso Víctor Roca Vargas), publicada el 28 de noviembre de 2007 en la página web del Tribunal), y recursos de queja (ver al respecto: la RTC 149-2007-Q/TC, RTC 612008-Q/TC y RTC 172-2007-Q/TC)”.

Obligatoriedad de las sentencias ejecutoriadas y represión de actos homogéneos N5 STC 05287-2008-PA: Está ordenado garantizar la obligatoriedad de las sentencias ejecutoriadas y evitar el inicio de un nuevo proceso constitucional frente a actos que de forma previa han sido analizados y calificados como lesivos de derechos fundamentales. En el fundamento 6 se explica uno de los fundamentos de la represión de actos homogéneos, a saber, evitar que las personas afectadas en sus derechos fundamentales inicien un nuevo proceso constitucional:

“6. Un primer fundamento de la represión de actos lesivos homogéneos, que ha sido mencionado de forma expresa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo constituye la necesidad de evitar que las personas afectadas en sus derechos por un acto homogéneo a aquel calificado como inconstitucional en un primer proceso, tengan que dar inicio a uno nuevo para cuestionarlo. En este sentido, el Tribunal ha señalado (STC 5033-2006-PA, fundamento 5): ‘(...) mediante la represión de actos homogéneos se busca evitar que los justiciables se vean obligados a interponer una nueva demanda de amparo, en caso se

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configure un acto (u omisión) sustancialmente homogéneo al declarado lesivo de derechos fundamentales en un proceso de amparo’. Al no ser necesario el desarrollo de nuevos procesos constitucionales también se evita la existencia de decisiones contradictorias entre los órganos jurisdiccionales respecto a hechos que son homogéneos. Se busca, así, evitar que una persona que cuenta con una sentencia favorable, al acudir a otro proceso respecto a un acto lesivo homogéneo, se encuentre frente a una sentencia desfavorable”.

En el fundamento 7 se transcribe un precepto legal:

“7. Los procesos de tutela de derechos fundamentales, una vez que han finalizado con un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, adquieren la calidad de cosa juzgada. Al respecto, el artículo 6° del Código Procesal Constitucional establece: ‘En los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo’”.

En el fundamento 8 se limita a transcribir una cita doctrinaria: “8. Como señala Devis Echandía, la institución de la cosa juzgada origina dos efectos: su inmutabilidad (efecto procesal) y su definitividad (efecto sustantivo). En tal sentido, afirma que (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general del proceso. Aplicable a toda clase de procesos. Buenos Aires: Universidad, 2002, 3ra. edición, pp. 454 y 455): ‘El primero (la inmutabilidad) impone a los jueces (...) la prohibición de entrar a resolver sobre el fondo de las pretensiones que han sido materia de la sentencia y les otorga la facultad de paralizar la acción que se ejercite con desconocimiento de ello. El segundo otorga definitividad a la declaración de certeza contenida en la sentencia (...), haciéndola indiscutible en nuevos procesos, y por eso les otorga a las partes el mismo derecho y les impone igual obligación que el efecto procesal’. Sobre este tema, el mismo autor precisa que es importante distinguir entre los efectos de la cosa juzgada y de las sentencias ejecutoriadas. Con claridad señala (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. cit., pp. 426 y 456): ‘Debe tenerse cuidado de no confundir la cosa juzgada con la ejecutoria de la sentencia. Esta se cumple cuando no hay recursos pendientes por no otorgarlos la ley o por haber pasado el término para interponerlos, cualquiera que sea la sentencia; aquélla es una calidad especial que la ley les asigna a algunas sentencias ejecutoriadas. No hay cosa juzgada sin ejecutoria, pero sí ésta sin aquella. Igualmente importa saber que toda sentencia ejecutoriada obliga a las partes y debe cumplirse voluntariamente o en forma coactiva aun cuando no constituya cosa juzgada. Por consiguiente, es un error decir que la obligatoriedad de la sentencia sea un efecto de la cosa juzgada, pues lo es de toda sentencia ejecutoriada (...). Toda sentencia ejecutoriada tenga o no efectos de cosa juzgada, es imperativa u obligatoria y si impone condena es además ejecutable (...). Luego no se trata de efectos de la cosa juzgada. Esta tiene influencia en aquellos, pero en cuanto

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los convierte en inmutables y definitivos, al excluir una revisión en proceso posterior y prohibir la nueva decisión del fondo, en caso de que alguna parte pretenda desconocerla’”.

Garantía de la cosa juzgada constitucional N9 STC 05287-2008-PA: Está ordenado reconocer que lo que la Constitución garantiza, a través de su artículo 139, inciso 2, es la cosa juzgada constitucional, la que se configura con aquella sentencia que se pronuncia sobre el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo con la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes vinculantes, como lo prescriben los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente. En los fundamentos 10 y 11 el Tribunal Constitucional se limita a advertir que existe una relación entre la represión de actos lesivos homogéneos y otras figuras procesales:

“10. Existen instituciones procesales que se relacionan con la represión de actos lesivos homogéneos, tales como la sentencia estimatoria ante el cese o irreparabilidad del acto lesivo y la técnica del estado de cosas inconstitucional. 11. Se entiende por cese del acto lesivo aquella situación por medio de la cual la acción u omisión que origina una amenaza o violación de un derecho fundamental deja de producirse por parte de quien la estaba llevando a cabo. De otro lado, se entiende por irreparabilidad aquella situación fáctica en la cual no se puede reponer las cosas al estado anterior a la amenaza o violación de un derecho fundamental. Si luego de presentada la demanda cesa o deviene en irreparable el acto lesivo, los órganos jurisdiccionales se encuentran facultados para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, a fin de que tales actos no vuelvan a reiterarse en el futuro. Al respecto el Código Procesal Constitucional señala lo siguiente en el segundo párrafo del artículo 1°: Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de

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modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22° del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda’”.

Sentencia que declara fundada la demanda de amparo respecto de un acto lesivo que ha cesado o es irreparable y represión de acto lesivo homogéneo N11 STC 05287-2008-PA: Está ordenado entender que la decisión de un juez de declarar fundada una demanda respecto a un acto lesivo que ha cesado o devenido en irreparable contiene un mandato para que el mismo acto no se repita en el futuro, siendo el objetivo de la sentencia prevenir la realización de un acto lesivo homogéneo. Si dicho acto ocurriese nuevamente, corresponde aplicar el procedimiento de represión previsto en el artículo 60 del Código Procesal Constitucional. La primera sentencia servirá de parámetro para evaluar si el acto que se produce con posterioridad es homogéneo.

Estado de cosas inconstitucional y extensión de los efectos de una decisión N12 STC 05287-2008-PA: Está ordenado, mediante la declaración de una determinada situación como un estado de cosas inconstitucional, extender los efectos de una decisión a personas que no fueron demandantes ni participaron en el proceso que dio origen a la declaratoria respectiva, pero que se encuentran en la misma situación que fue identificada como inconstitucional. En el segundo párrafo del fundamento 12, el Tribunal Constitucional recuerda dos de las reglas jurídicas creadas en la sentencia al EXP. N.° 25792003-HD/TC:

Estado de cosas inconstitucional y el requerimiento de cese de la agresión de un derecho fundamental

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N19 STC 2579-2003-HD: Está permitido, a través de la técnica del estado de cosas inconstitucional, efectuar un requerimiento específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que, dentro de un plazo razonable, realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos fundamentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración. Se trata de extender los alcances inter partes de las sentencias a todos aquellos casos en los que de la realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas.

El

acto

que

produce

una

declaración

de

estado

de

cosas

inconstitucional lesionan los derechos de un grupo de personas N19’ STC 2579-2003-HD: Está ordenado, para la aplicación de la técnica del estado de cosas inconstitucional, que la violación de un derecho constitucional se derive de un único acto o de un conjunto de actos, interrelacionados entre sí, que además de lesionar el derecho constitucional de quien interviene en el proceso en el que se produce la declaración del estado de cosas inconstitucional, vulnera o amenaza derechos de otras personas ajenas al proceso. Y, tratándose de actos individuales que tengan por

destinatarios

a

determinadas

personas,

el

estado

de

cosas

inconstitucional se declarará si es que se sustenta en una interpretación constitucionalmente inadmisible de una ley o una disposición reglamentaria por parte del órgano público.

Del estado de cosas inconstitucional a la represión de actos homogéneos N12’ STC 05287-2008-PA: Está permitido a personas que no participaron en el proceso que dio lugar a la declaratoria del estado de cosas

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inconstitucional, solicitar la represión de actos lesivos homogéneos, si las autoridades públicas después de dejar de realizar determinadas acciones contrarias a los derechos fundamentales en cumplimiento de la sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional, han vuelto a reiterar el acto inconstitucional. Presupuestos para conocer un pedido de represión de actos lesivos homogéneos N13 STC 05287-2008-PA: Está ordenado que para que proceda un pedido de represión de acto lesivo homogéneo, concurran dos requisitos: la existencia de una sentencia ejecutoriada a favor del demandante en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales; y el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de condena.

Existencia previa de una sentencia ejecutoriada a favor del demandante N14 STC 05287-2008-PA: Está ordenado, para la procedencia de la represión de actos lesivos homogéneos, que exista una sentencia previa en la que se ha establecido claramente el derecho afectado y el acto lesivo, y que ha adquirido la calidad de firme.

Existencia previa de una sentencia ejecutoriada en contra del demandante N14’ STC 05287-2008-PA: Está prohibido solicitar la represión de actos lesivos homogéneos si existe una sentencia previa que declara improcedente o infundada una demanda de tutela de derechos fundamentales. En el fundamento 15 se transcriben y comparan diversas disposiciones del Código Procesal Constitucional: “15. A propósito de este tema, este Tribunal considera importante señalar algunos lineamientos relacionados con el contenido de las sentencias que se emiten en los procesos de tutela de derechos fundamentales. El Código Procesal Constitucional aborda este tema en diversos artículos. En primer lugar, debe mencionarse el artículo 17°, que es una norma

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general, aplicable a todos los procesos de este tipo (hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento). Este artículo señala: ‘La sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente título, deberá contener, según sea el caso: 1) La identificación del demandante; 2) La identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien provenga la amenaza, violación o que se muestre renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo; 3) La determinación precisa del derecho vulnerado, o la consideración de que el mismo no ha sido vulnerado, o, de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida; 4) La fundamentación que conduce a la decisión adoptada; 5) La decisión adoptada señalando, en su caso, el mandato concreto dispuesto’. Asimismo, otros artículos del Código abordan el tema. Se detallan a continuación: [Se transcriben los artículos 34, 55 y 72 del Código Procesal Constitucional] Como se aprecia, la norma general prevista en el artículo 17° del Código Procesal Constitucional debe ser complementada con las normas específicas señaladas en el cuadro, a fin de determinar lo que corresponda ser establecido en una sentencia que declara fundada la demanda respectiva”.

Contenido de la sentencia que declara fundada una demanda de tutela de derechos N16 STC 05287-2008-PA: Está ordenado que toda sentencia estimativa emitida en un proceso de tutela de derechos fundamentales precise, en su parte resolutiva, lo siguiente: el derecho identificado como amenazado o vulnerado; el acto (acción u omisión) considerado como lesivo del derecho invocado; el acto concreto que corresponde ser llevado a cabo por la parte demandada a fin de proteger el derecho amenazado o vulnerado; la autoridad a la que corresponde llevar a cabo el mandato ordenado por el juez, sala o tribunal; el plazo en que corresponde llevar a cabo el acto concreto a favor del derecho amenazado o vulnerado; las medidas coercitivas a aplicar en caso de incumplimiento de lo ordenado en la sentencia. Cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de condena N17 STC 05287-2008-PA: Está ordenado que si una vez cumplido el fallo, se reitera el acto que fue considerado como lesivo de un derecho

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fundamental, recién se solicite la represión de actos lesivos homogéneos. Agresión del derecho fundamental que cesa o es irreparable y represión de acto lesivo homogéneo N18 STC 05287-2008-PA: Está ordenado, en los casos en los que luego de presentada la demanda haya cesado el acto lesivo o haya devenido en

irreparable

el

derecho

fundamental,

y

el

juez

haya

emitido

pronunciamiento sobre el fondo, considerar que el mandato judicial cuyo objetivo es advertir que determinadas conductas no pueden llevarse a cabo a futuro, implica que si estas vuelven a concretarse se configura un supuesto de procedencia de la represión de actos lesivos homogéneos. Estado de cosas inconstitucional y represión de actos lesivos homogéneos N19 STC 05287-2008-PA: Está ordenado considerar que, si se produce la afectación de un derecho a través de la reiteración de una acción u omisión que ha sido calificada como un estado de cosas inconstitucional por el Tribunal Constitucional, la persona agraviada no tendrá que dar inicio a un nuevo proceso constitucional (que es justamente lo que busca evitarse con la mencionada declaración), sino acudir a la represión de actos lesivos homogéneos. Criterios para identificar un acto lesivo homogéneo N20 STC 05287-2008-PA: Está ordenado evaluar la existencia de elementos subjetivos y objetivos, así como su carácter manifiesto, para determinar cuándo se configura un acto lesivo homogéneo. Elementos subjetivos: titular del pedido de represión de actos lesivos homogéneos N21a STC 05287-2008-PA: Está ordenado que el pedido de represión de actos lesivos homogéneos sea presentado por la misma persona que en el proceso constitucional que dio origen a la sentencia fue considerada

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como afectada en sus derechos fundamentales Elementos subjetivos: titular del pedido de represión de actos lesivos homogéneos N21a’ STC 05287-2008-PA: Está permitido que la represión de actos lesivos homogéneos sea invocada: por cualquier persona en el caso de los derechos difusos; por cualquier integrante del grupo en el caso de los derechos colectivos; por cualquier persona que se encuentre en una situación igual a la considerada como un estado de cosas inconstitucional, en el caso de los derechos individuales homogéneos. Elementos subjetivos: origen o fuente del acto lesivo N21b STC 05287-2008-PA: Está ordenado, para la procedencia de la represión de acto homogéneo, que el nuevo acto lesivo sea cometido por la misma entidad, autoridad, funcionario o persona que fue obligada a dar, hacer o dejar de hacer algo a través de la sentencia de condena establecida en un proceso constitucional. Elementos subjetivos: Origen o fuente del acto lesivo N21b’ STC 05287-2008-PA: Está ordenado evaluar si el mandato establecido en la sentencia solo podía ser cumplido por una determinada persona o si se trataba de un mandato que debía ser observado por toda una entidad en su conjunto. Así, si bien en el proceso que dio lugar a la sentencia previa, la demanda puede haber estado dirigida a un funcionario en particular, el acto lesivo homogéneo puede producirse por un funcionario diferente al demandado, pero que forma parte de la misma institución demandada. Elemento objetivo: homogeneidad del nuevo acto respecto a uno anterior N22 STC 05287-2008-PA: Está ordenado analizar si el acto agresor invocado como homogéneo presenta similares características respecto de

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aquel que dio lugar a la sentencia del proceso constitucional119. La homogeneidad debe ser manifiesta N23 STC 05287-2008-PA: Está ordenado que el carácter homogéneo del nuevo acto lesivo sea manifiesto, es decir, no deben existir dudas sobre las esenciales iguales características entre el acto anterior y el nuevo. Para la determinación de esta identidad en cada caso concreto, el juez constitucional deberá recurrir a un juicio de comparación entre los términos comprendidos. Nuevo proceso constitucional contra agresión no homogénea N23’ STC 05287-2008-PA: Está permitido al demandante al que se le ha rechazado la solicitud de represión de acto homogéneo, iniciar un nuevo proceso constitucional contra aquel nuevo acto que considera que afecta sus derechos fundamentales. Procesos constitucionales en los que se aplica la represión de agresiones homogéneas N24 STC 05287-2008-PA: Está ordenado extender las reglas sustantivas y procesales de la represión de actos lesivos homogéneos en el amparo, a los procesos de hábeas data, hábeas corpus y al proceso de cumplimiento. En el caso de las omisiones, su procedencia dependerá del contenido del mandato ordenado en una norma legal o acto administrativo. Juez competente para resolver pedidos de represión de agresiones homogéneas N25 STC 05287-2008-PA: Está ordenado que sea el juez de ejecución el que conozca y se pronuncie sobre la represión de actos lesivos

El Tribunal Constitucional deja abierta la posibilidad de no reconocer como “sustancialmente homogéneo” a un acto vulnerador, que si bien agrede un mismo derecho fundamental, lo hace por razones diferentes a la primera agresión. Así, en el fundamento 22 segundo párrafo de esta sentencia, dijo lo siguiente: “Un aspecto importante a recalcar es que no corresponde únicamente analizar las características del acto sino también las razones que lo originaron, pues pueden ser diferentes a las invocadas en un primer momento (…) 119

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homogéneos. Trámite del pedido de represión de agresiones homogéneas N26 STC 05287-2008-PA: Está ordenado que el procedimiento de represión de actos lesivos homogéneos sea breve y no esté sujeto a mayores etapas. Trámite del pedido de represión de agresiones homogéneas N26’ STC 05287-2008-PA: Está ordenado que luego de vencido el plazo de tres días para el traslado del reclamo a la otra parte, el juez disponga prima facie de un plazo equivalente para expedir resolución, atendiendo a circunstancias tales como, la complejidad de la materia, la determinación de la legitimidad en los supuestos de derechos difusos y derechos colectivos, entre otras.

Contenido de la resolución que resuelve el pedido de represión de agresión homogénea N27 STC 05287-2008-PA: Está ordenado que en la decisión del juez que resuelve el pedido de represión de acto lesivo homogéneo, se establezca claramente si el acto invocado es homogéneo a uno declarado con anterioridad como violatorio de un derecho fundamental, y, de ser el caso, ordene a la otra parte que deje de llevarlo a cabo. Efectos inmediatos de la decisión N28 STC 05287-2008-PA: Está ordenado que la decisión que declara que existe un acto lesivo homogéneo, tenga efectos inmediatos, sin perjuicio de que sea apelada. El fundamento 29 reitera el contenido normativo del artículo 60 del Código Procesal Constitucional:

“29. A fin de garantizar la pluralidad de instancias y en atención al contenido de

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la decisión, que implica condenar a una persona a realizar una prestación de dar, hacer o no hacer, debe contemplarse la posibilidad de impugnar la resolución que declara fundada la petición de represión de actos lesivos homogéneos. El Código Procesal Constitucional acoge esta opción en su artículo 60° y establece que ‘la resolución es apelable sin efecto suspensivo’”.

VII EXP N ° 00077-2011-Q/TC: Represión de actos lesivos homogéneos [bit.ly/2Ul4OVK] En el apartado 2 de la parte resolutiva, el Tribunal Constitucional decidió: “2. Declarar que los requisitos exigidos en el fundamento 9 de la presente resolución constituyen doctrina jurisprudencial vinculante”.

Recurso de queja por denegatoria del RAC en casos de represión de actos homogéneos N9 RTC 00077-2011-Q: Está ordenado, en casos en los que el demandante requiera la represión de un supuesto acto homogéneo, en el que se le haya denegado el recurso de agravio constitucional por la Sala Superior respectiva, y de manera adicional a los requisitos previstos en el artículo 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, presentar lo siguiente: 1) Copia certificada por abogado de la Resolución de Vista que declara fundada su demanda constitucional. 2) Copia certificada por abogado de la Resolución administrativa que dio cumplimiento a lo ordenado por la estimatoria constitucional; y 3) Copia certificada por abogado de la Resolución que declaró cumplido lo ordenado por el juez constitucional. En el caso de solicitud de represión de un supuesto acto homogéneo, respecto de una sentencia favorable expedida por el Tribunal Constitucional, serán exigibles los requisitos antes mencionados, salvo el 1)120.

Cfr. el artículo 54 del Reglamento normativo del Tribunal Constitucional, cuyo texto dice: “Contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional procede recurso de queja. Se interpone ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación de la denegatoria. Al escrito que contiene el recurso y su fundamentación se anexa copia de la resolución recurrida, del recurso de agravio constitucional, del auto denegatorio del mismo y de las respectivas cédulas de notificación, certificadas por el abogado, salvo el caso del proceso de hábeas corpus”. 120

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VIII. EXP. N.° 05496-2011-PA/TC: Represión de actos lesivos homogéneos [bit.ly/2UlDyX9] Decidió el Tribunal Constitucional en esta sentencia, lo siguiente; “4. ESTABLECER como doctrina jurisprudencial vinculante lo establecido en los fundamentos 9 y 10 de la presente sentencia, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Sustento de la represión de actos homogéneos N9 STC 05496-2011-PA: Está ordenado encontrar el sustento de la represión de actos lesivos homogéneos, en la necesidad de garantizar la obligatoriedad de las sentencias estimativas firmes y evitar el inicio de un nuevo proceso constitucional frente a actos que de forma previa han sido analizados y calificados como lesivos de derechos fundamentales121. Presupuestos procesales para la procedencia de la represión de actos homogéneos N9’

STC

05496-2011-PA: Está ordenado que concurran los

siguientes presupuestos procesales para que proceda un pedido de represión de actos lesivos homogéneos: a) Existencia de una sentencia firme a favor de la parte demandante en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales. b) Cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de condena, c) Sólo si existe una sentencia previa, en la que se ha establecido claramente el derecho afectado y el acto lesivo, y que ha adquirido la calidad de firme, podrá evaluarse si la acción u omisión que se produzca con posterioridad resulta homogénea. Si se declara improcedente o infundada una demanda de tutela de derechos fundamentales, no puede solicitarse con posterioridad la represión de actos homogéneos, d) La sentencia previa mediante la cual se

Con anterioridad el Tribunal Constitucional, y también como doctrina jurisprudencial vinculante, estableció: Obligatoriedad de las sentencias ejecutoriadas y represión de actos homogéneos N5 STC 05287-2008-PA: Está ordenado encontrar el sustento de la represión de actos lesivos homogéneos, en la necesidad de garantizar la obligatoriedad de las sentencias ejecutoriadas y evitar el inicio de un nuevo proceso constitucional frente a actos que de forma previa han sido analizados y calificados como lesivos de derechos fundamentales. 121

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declara fundada la demanda puede ser del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional.

Recurso de agravio constitucional verificador de la homogeneidad del acto lesivo N10 STC 05496-2011-PA: Está ordenado reconocer competencia al Tribunal Constitucional para el conocimiento de los incidentes que generen las solicitudes de represión de actos lesivos homogéneos presentadas ante el juez de ejecución luego de cumplida o ejecutada la sentencia constitucional, correspondiendo en este caso al Poder Judicial conceder el recurso de agravio

constitucional,

el

que

se

denominará

“recurso

de

agravio

constitucional verificador de la homogeneidad del acto lesivo”, según se trate de una sentencia emitida por el Poder Judicial o de una emitida por el Tribunal Constitucional. De denegarse el recurso, el recurrente tendrá expedito su derecho a interponer recurso de queja conforme a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional.

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Capítulo IV EN MATERIA TRIBUTARIA I. EXP. N.° 0005-2010-PA/TC: Procedimiento tributario de ejecución coactiva [bit.ly/2FZk1lv] El Tribunal Constitucional decidió en el punto 3 de la parte resolutiva, lo siguiente: “3. Establecer como Doctrina Jurisprudencial Vinculante, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, los criterios expuestos en los fundamentos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 23, 26, 33, 34 y 35”.

A continuación, se formularán las normas constitucionales adscriptas solo de los fundamentos jurídicos que recojan un contenido normativo del que pueda ser concluida una norma constitucional adscripta.

1. Recurso de queja como vía previa En los fundamentos 8 y 9 se hace alusión a hechos del caso y disposiciones legales, de los cuales no es posible concluir alguna norma constitucional adscripta: “8. Teniendo en consideración que durante el transcurso del proceso constitucional la constante de la actora es alegar la vulneración de los derechos al debido proceso y de propiedad al desconocer los actos de notificación realizados por la SUNAT respecto del inicio, el desarrollo y la pérdida del fraccionamiento, ello no resulta ser argumento para desconocer que conforme lo dispone el artículo 155 del Código Tributario, en concordancia con el literal h) del artículo 92 del mismo Código, el contribuyente tiene habilitado el recurso de queja contra las actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en dicho Código. 9. En tal sentido, no se aprecia que la demandante haya acudido mediante la queja ante el Tribunal Fiscal. En efecto, tal como se indica en el referido artículo 155 del Código Tributario, el recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código; debiendo ser resuelto por: ‘a) El Tribunal Fiscal dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentado el recurso, tratándose de recursos contra la Administración Tributaria; b) El Ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo de veinte (20) días, tratándose de recursos contra el Tribunal Fiscal’. Es decir, el plazo de 20 días al que hace referencia la demandante es para resolver y no para presentar la queja, lo que la traduciría en bastante expeditiva en términos de tiempo y en relación al amparo, que pese a

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ser un ‘proceso especial’, es resuelto por el Poder Judicial en dos instancias, siendo posible -como en el presente caso-presentar el recurso agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, lo que objetivamente le ha tomado mucho más tiempo”.

Supuestos de procedencia del recurso de queja en procedimientos administrativos tributarios N10 STC 0005-2010-PA: Está ordenado, en un procedimiento administrativo tributario, considerar a la queja como un medio de defensa que procede en los siguientes casos: a) contra actuaciones o procedimientos de la Administración Tributaria que afecten en forma indebida al administrado; y, b) contra las actuaciones que signifiquen la contravención de las normas que inciden en la relación jurídico-tributaria. Objeto del recurso de queja N10’ STC 0005-2010-PA: Está ordenado considerar a la queja como un remedio procesal cuyo objeto es que se respete la formalidad prevista para cada procedimiento. Mediante ella se puede cuestionar toda actuación de la Administración Tributaria en cualquier clase de procedimientos (fiscalización, contencioso, no contencioso, ejecución coactiva, etc.). De los fundamentos 12, 13 y parte del 14, tampoco es posible concluir normas constitucionales adscriptas, por hacer referencia a hechos singulares del caso; “12. En relación a la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y a la afirmación de la demandante de que ‘el recurrir a la queja le tomaría al menos seis meses y tomaría en irreparable el daño’, a juicio de este Colegiado, no tiene ningún asidero legal. Por su parte, el artículo 46° del Código Procesal Constitucional prevé las excepciones al agotamiento de la vía previa, que en su inciso 2 indica que no será exigible el agotamiento de las vías previas si: ‘(...) Por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable (...)’. Manifiesta la demandante estar comprendida en esta excepción. 13. Para este Colegiado la interposición de la queja tampoco acarrea la ejecución de las medidas cautelares trabadas sobre los bienes de la actora. Ante esto, es necesario establecer que la preexistencia de una deuda es un hecho del que no se tiene duda en el presente caso siendo necesarios la Administración tome todas las medidas para que, una vez concluido el proceso, se puedan ejecutar las garantías que soporten dicha deuda. Ese resulta ser un hecho

189

inobjetable. 14.Ahondando en las cuestiones de tiempo, debe considerarse que la demanda fue presentada el 8 de setiembre de 2008, constituyéndose, como ya se ha referido, la queja en un recurso mucho más expeditivo en términos de tiempo, con lo que dicho argumento quedaría también completamente descartado. En relación con ello además la SUNAT ha presentado a este Colegiado el Informe Nro. 257-2011-SUNAT/2J0302, que expone que hasta la fecha no se había obtenido ningún producto (ejecutado) de los embargos que se entablaron al contribuyente. Por consiguiente, tratándose de notificaciones defectuosas, sí existe una vía previa en etapa coactiva, lo que en el presente caso no se habría agotado; tampoco se ha acreditado que la actora se encuentra exceptuada del cumplimiento de dicho requisito, resultando en principio de aplicación el artículo 5°, inciso 4) del Código Procesal Constitucional (...)”.

El recurso de queja como vía previa administrativa N14 STC 0005-2010-PA: Está ordenado entender que en los procedimientos de ejecución coactiva, la vía previa administrativa es el correspondiente recurso de queja.

2. Notificación conjunta de las órdenes de pago y las resoluciones de ejecución coactiva Notificación por separado de las órdenes de pago y las resoluciones de ejecución coactiva N23 STC 0005-2010-PA: Está ordenado que a partir de la publicación de la sentencia recaída en el EXP. N.° 03797-2006-PA/TC en el diario oficial El Peruano (1 de julio de 2007), resulta de obligatorio cumplimiento las precisiones respecto a la notificación por separado de las resoluciones de órdenes de pago y de ejecución coactiva. En el primer

párrafo

del fundamento

26, dijo

el Tribunal

Constitucional: “26. En relación a ello este Colegiado debe precisar que con la precisión establecida de observancia obligatoria a el Exp. 3797- 2006-PA/TC no ha pretendido revivir procedimientos fenecidos ni mucho menos premiar a los contribuyentes que mantienen obligaciones antiguas y cuantiosas con la SUNAT, así como tampoco puede legitimar a aquellos profesionales del derecho que se dedican a interponer sendos recursos administrativos con el solo fin de que su cliente se vea beneficiado con una interpretación parcial de las reglas que ordena el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Ante ello, se considera oportuno establecer reglas en torno a la aplicación del criterio en referencia respecto de

190

la indebida notificación conjunta de órdenes de pago y resoluciones de ejecución coactiva: (….)”122.

Nulidad de la resolución de ejecución coactiva notificada a la vez que la orden de pago N26a STC 0005-2010-PA: Está ordenado declarar fundada la demanda de amparo y, consecuentemente, la nulidad de la resolución de ejecución coactiva, cuando se alegue y pruebe la notificación conjunta de la orden de pago, y la resolución de ejecución coactiva. Inicio de la vigencia de la regla de la nulidad de la resolución de ejecución coactiva N26b STC 0005-2010-PA: Está ordenado aplicar la regla de la nulidad de la notificación conjunta de la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva, a los procedimientos notificados a partir del 1 de julio de 2007. Tal regla no puede ser aplicada retroactivamente. Devolución y extinción de deuda tributaria N26c STC 0005-2010-PA: Está permitido solicitar la devolución u otros mecanismos de extinción de la deuda tributaria, en procedimientos en los que hayan sido notificadas conjuntamente la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva a partir del 1 de julio de 2007.

3.

Constitucionalidad de las medidas cautelares Proporcionalidad entre el monto embargado y el monto adeudado N33 STC

0005-2010-PA: Está ordenado a la Administración

demostrar que el monto embargado guarda absoluta relación con la suma adeudada; se considera, en principio, desproporcionado que el monto

Según esta declaración, el Tribunal Constitucional ha establecido una precisión en la sentencia al EXP. N.° 3797-2006-PA/TC, que es “de observancia obligatoria”. Sin embargo, revisada esta sentencia, no se ha invocado ni el artículo VI (doctrina jurisprudencial), ni el artículo VII (precedente vinculante) del Código Procesal Constitucional. Lo cual confirma, una vez más, que no hay necesidad de declarar precedente o doctrina jurisprudencial para reconocer que las interpretaciones que de la Constitución formula el Tribunal Constitucional son verdaderas normas, por lo que resultan de cumplimiento obligatorio. 122

191

embargado triplique o cuadruplique al monto adeudado a menos que de lo actuado se advierta alguna otra circunstancia. Deber de actualizar monto de la deuda N33’

STC

0005-2010-PA: Está ordenado a los organismos

recaudadores, en este caso a la SUNAT, mantener un cálculo vigente de lo adeudado, incluyendo todos los conceptos que ordene la ley. Prohibición

de

mantener

activas

varias

medidas

cautelares

innecesariamente N34 STC 0005-2010-PA: Está prohibido a la SUNAT mantener activas tres distintas medidas cautelares en contra del contribuyente, más aún si con alguna de ellas ya estaría asegurada la suma adeudada (embargo sobre bien inmueble). Obligación de levantar medidas cautelares innecesarias N35 STC

0005-2010-PA: Está ordenado a la Administración

Tributaria desactivar o levantar las medidas cautelares cuando la deuda ya estuviese asegurada con una de las medidas impuestas al contribuyente. También le está ordenado a la Administración Tributaria demostrar que el monto de dicha garantía guarda estricta relación con la suma adeudada, incluyendo todos los conceptos que establece la ley.

192

CAPÍTULO V EN MATERIA PENAL I. EXP. N.° 5228-2006-PHC/TC: Razonabilidad del plazo de investigación fiscal [bit.ly/2VA53bS] En el apartado 2 de la parte resolutiva, decidió el Tribunal Constitucional: “2. Establecer, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, como doctrina jurisprudencial lo expresado en los fundamentos 2 a 19 de la presente sentencia”.

En el fundamento 2, luego de advertir un vacío legislativo, considera necesario establecer doctrina jurisprudencial: “2. Previamente a la resolución del presente caso, el Tribunal Constitucional, supremo guardián e intérprete de la Constitución y de los derechos fundamentales, advierte un vacío legislativo en cuanto al plazo de investigación prejurisdiccional. En consecuencia, considera necesario establecer, en virtud del artículo VI del Código Procesal Constitucional, determinados criterios jurídicos que permitan determinar la razonabilidad y proporcionalidad del plazo de investigación que realice el Ministerio Público en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 159° de la Constitución del Estado”.

1.

Razonabilidad y ejercicio de la acción penal Ejercicio razonable de la acción penal N3 STC 5228-2006-PHC: Está prohibido ejercer la acción penal, ya

sea de oficio o a pedido de parte, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, y al margen del respeto de los derechos fundamentales. En el fundamento 4 recoge la justificación de la norma N3 STC 52282006-PHC; “4. En realidad, esta es una exigencia que se deriva de la naturaleza misma de nuestro Estado constitucional y democrático, si se considera que dos elementos caracterizadores de este tipo de Estado son la supremacía jurídica de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. El

193

primer elemento permite que la Constitución, en tanto norma jurídica y política suprema, establezca el marco jurídico dentro del cual se realiza el ejercicio de los poderes públicos y privados. Por su parte, la tutela de los derechos fundamentales, en tanto estos comportan una eficacia vertical y horizontal, se erigen como auténticos límites al ejercicio del poder estatal, pero también de los particulares. En tal sentido, se puede señalar que el Estado constitucional se caracteriza, precisamente, por limitar y controlar el ejercicio arbitrario del poder del Estado y de los particulares”.

2.

Actuación fiscal y vinculación a la Constitución Control constitucional de los actos del Ministerio Público N5 STC 5228-2006-PHC: Está permitido realizar un razonable

control constitucional de los actos del Ministerio Público, pues se ha previsto la procedencia del hábeas corpus contra cualquier autoridad, funcionario o persona que amenaza o vulnera el derecho a la libertad personal o los derechos conexos. Sometimiento

de

la

discrecionalidad

fiscal

a

exigencias

constitucionales N6

STC

5228-2006-PHC: Está ordenado que el grado de

discrecionalidad del fiscal para investigar y determinar si existen elementos suficientes que justifiquen una denuncia123 ante el juez penal, se someta a principios constitucionales que proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica124. Aunque el Tribunal Constitucional dice denuncia, deberá entenderse hecha la referencia a la acusación. 124 Este contenido había sido establecido ya por la norma N30 STC 06167-2005-PHC, ahora solo es 123

194

El fundamento 7 contiene una justificación de la norma N6 STC 52282006-PHC: “7. Asimismo, se fundamenta en que la Constitución (artículo 2°- 24-e) reconoce el principio-derecho fundamental a la presunción de inocencia, lo que implica que ‘[c]uando existe el procesamiento y mucho antes, es decir, con la sola imputación por parte de cualquier otro miembro de la sociedad (el fiscal, la policía, el vecino, la prensa) el principio que rige es que la persona no sea señalada como culpable hasta que una sentencia no lo declare como tal‘125»

Está prohibido someter a una persona a un estado permanente de investigación fiscal o judicial N8 STC 5228-2006-PHC: Está prohibido, por el principio de presunción de inocencia, la sospecha permanente, por lo que es irrazonable que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación fiscal o judicial. Elementos que justifican una investigación N8’ STC 5228-2006-PHC: Está ordenado que para investigar a una persona concurran dos elementos esenciales: 1) que exista una causa probable y 2) una búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal. Debido proceso en instancia fiscal N9 STC 5228-2006-PHC: Está ordenado respetar la eficacia jurídica del derecho fundamental al debido proceso en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales; es decir, en aquella fase del proceso penal en la cual al Ministerio Público le corresponde concretizar el mandato constitucional previsto en el artículo 159 de la Constitución. Garantías del debido proceso e investigación fiscal

declarada como doctrina jurisprudencial, sin que tal declaración hay influido en su existencia y exigibilidad previas. Decisiones prohibidas en una investigación fiscal N30 STC 06167-2005-PHC: Están prohibidas, en una investigación fiscal, a) las actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. 125 QUISPE, Fanny. El derecho a la presunción de inocencia. Lima: Palestra Editores, 2001, p. 61.

195

N10 STC 5228-2006-PHC: Está ordenado aplicar en el proceso de investigación fiscal, las garantías del debido proceso que sean compatibles con la naturaleza y fines de la investigación.

3.

Razonabilidad en la duración de la investigación fiscal Duración razonable de la investigación fiscal N11

STC

5228-2006-PHC: Está ordenado que la etapa de

investigación fiscal se realice dentro de un plazo razonable. Prohibición de plazos fijos para la duración razonable N12 STC 5228-2006-PHC: Está prohibido al Tribunal Constitucional establecer plazos fijos y perentorios de duración de la investigación prejurisdiccional. Tribunal Constitucional puede establecer criterios que garanticen derechos del investigado N12’ STC 5228-2006-PHC: Está permitido al Tribunal Constitucional establecer,

en

línea

de

principio,

criterios

de

razonabilidad

y

proporcionalidad que garantice el respeto de los derechos fundamentales de las personas sometidas a una investigación fiscal en el marco de la facultad de investigación y persecución del delito a cargo del Ministerio Público. Aplicación no rígida de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional N13 STC 5228-2006-PHC: Está ordenado que los criterios que el Tribunal

Constitucional

considera

necesarios

para

determinar

la

razonabilidad y proporcionalidad del plazo de la investigación fiscal, no se apliquen rígidamente y de manera idéntica en todos los casos, sino que deberán ser aplicados atendiendo a las circunstancias presentes en la investigación fiscal. Criterios para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal

196

N14

STC

5228-2006-PHC:

Está

ordenado

determinar

la

razonabilidad del plazo de la investigación fiscal con base en los siguientes criterios; la actuación del fiscal y la actuación del investigado (criterio subjetivo); y la naturaleza de los hechos objeto de investigación (criterio objetivo). Actitud obstruccionista del investigado y duración razonable N15 STC 5228-2006-PHC: Está ordenado tener en cuenta, para la determinación de la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal, la actitud obstruccionista del investigado, la cual puede manifestarse en: 1) la no concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la investigación; 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación; 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación prejurisdiccional; y 4) en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncia penal. Actuación del fiscal y duración razonable N16 STC 5228-2006-PHC: Está ordenado tener en cuenta, en la determinación de la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal, y en relación a la actividad del fiscal, la capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. Presunción de validez de los actos del Ministerio Público N16’ STC 5228-2006-PHC: Está ordenado presumir la validez constitucional y legal de los actos de investigación del Ministerio Público. No obstante, es una presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada.

197

Diligencia del fiscal y duración razonable N16” STC 5228-2006-PHC: Está ordenado, para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo o no diligencia por parte del fiscal a cargo de la investigación, considerar la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para la formalización de la denuncia respectiva. Inactividad fiscal y duración razonable N17 STC 5228-2006-PHC: Está ordenado, en la determinación de la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal, considerar como inactividad fiscal llevar a cabo actos de investigación que no tengan relación directa o indirecta con el objeto de investigación. Naturaleza de los hechos y duración razonable N18 STC 5228-2006-PHC: Está ordenado tener en cuenta, para la determinación de la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal, la complejidad de los hechos objeto de investigación. La complejidad puede venir determinada no solo por los hechos mismos, sino también por el número de investigados más aún si se trata de organizaciones criminales internacionales, la particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como los tipos de delitos que se imputan al investigado, como por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. También debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público126. Esta norma se repetirá en la norma N8 STC 02748-2010-PHC, y en esta se agregará una expresa referencia a delitos como “terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, etc.”. Así: Naturaleza de los hechos y duración razonable N8 STC 02748-2010-PHC: Está ordenado tener en cuenta, para la determinación de la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal, la naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del objeto a investigar. La complejidad puede venir determinada no solo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados más aún si se trata de organización criminales internacionales, la particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como los tipos de delitos que se imputan al investigado, como por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de 126

198

Razonabilidad de la duración de la investigación en los casos concretos N19 STC 5228-2006-PHC: Está ordenado que sea en cada caso concreto que se determine si es que la investigación prejurisdiccional se ha desarrollado dentro de un plazo razonable. Legitimidad de los actos del Ministerio Público N19’ STC 5228-2006-PHC: Está ordenado que los actos de los poderes del Estado y los órganos constitucionales en general, y del Ministerio Público en particular, se legitimen no en sí mismos, sino por su respeto pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución.

II. EXP. N.° 02748-2010-PHC/TC: Plazo razonable en la investigación fiscal [bit.ly/2FZvyRt] En la parte resolutiva de esta sentencia, el Tribunal Constitucional decidió lo siguiente: “2. Establecer que los fundamentos 5al0yl2al5dela presente sentencia constituyen doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”.

Duración razonable de la investigación preliminar penal N5 STC 02748-2010-PHC: Está ordenado que la investigación preliminar (policial o fiscal), se realice en un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Requisitos para iniciar una investigación preliminar penal N5’ STC 02748-2010-PHC: Está ordenado que para someter a activos, etc. También debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público.

199

investigación a una persona, exista la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable127. Prohibición de someter a investigación permanente N5” STC 02748-2010-PHC: Está prohibido, por irrazonable, que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal128. El fundamento 6 es el mismo que el fundamento 15 de la sentencia al EXP. N.° 5228-2006-PHC/TC, por lo que su contenido normativo es el mismo que ya se apuntó para la norma N15 STC 5228-2006-PHC. El fundamento 7 es el mismo que el fundamento 16 de la sentencia al EXP. N.° 5228-2006-PHC/TC. Solo hay una modificación en relación a la norma NI6” STC 5228-2006-PHC. La norma N7 STC 02748-2010-PHC, que se construye desde el último párrafo del fundamento 7, se formula así:

Diligencia del fiscal y duración razonable N7 STC 02748-2010-PHC: Está ordenado, para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo o no diligencia por parte del fiscal a cargo de la investigación, considerar la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para la formalización de la denuncia respectiva u otra decisión que corresponda129. Naturaleza de los hechos y duración razonable N8 STC 02748-2010-PHC: Está ordenado tener en cuenta, para la determinación de la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal, la naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del

127Esta

norma es semejante a la norma N8’ STC 5228-2006-PHC formulada arriba. la norma N8 STC 5228-2006-PHC. Además, en la parte final del fundamento jurídico 5, el Tribunal Constitucional recuerda la norma N14 STC 5228-2006-PHC. 129 Esta norma es prácticamente la misma que la norma N16” STC 5228-2006-PHC, salvo por el agregado “u otra decisión que corresponda”. 128Cfr.

200

objeto a investigar. La complejidad puede venir determinada no solo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados más aún si se trata de organizaciones criminales internacionales, la particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como los tipos de delitos que se imputan al investigado, como, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, etc. También debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público. Razonabilidad del plazo y transcurso del tiempo N9

STC

02748-2010-PHC:

Está

prohibido

configurar

la

razonabilidad del plazo de la investigación preliminar por el simple transcurso cronológico del tiempo, como si se tratase de una actividad mecánica. Circunstancias concretas y duración razonable N9’ STC 02748-2010-PHC: Está ordenado, para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, usar un baremo de análisis especial que permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada investigación: actuación del investigado, actuación del fiscal y la naturaleza de los hechos objeto de la investigación.

Fiscal y fijación de un plazo razonable de duración N10 STC 02748-2010-PHC: Está ordenado que en las investigaciones preliminares que se inicien bajo la vigencia y aplicación de los alcances del Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal de 1991, el fiscal conforme a dichas normas, fije un plazo razonable de la investigación preliminar según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de la investigación, y de ser el caso, justifique las razones por las cuales debería continuarse con la realización de la investigación más allá

201

de ese plazo. La vulneración del derecho al plazo razonable no excluye de la investigación al afectado. N12 STC 02748-2010-PHC: Está prohibido que la tutela del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar, implique la exclusión del demandante de la investigación. La tutela del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar exige que fiscal decida en el más breve plazo. N12’ STC 02748-2010-PHC: Está ordenado que la tutela del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar, consista en que el Ministerio Público emita en el plazo más breve posible el pronunciamiento sobre el fondo del asunto que suponga la conclusión de la investigación prejurisdiccional, bajo responsabilidad.

Dicho

pronunciamiento

puede

materializarse

en

la

formalización de la denuncia o en el archivo definitivo de la investigación, etc. Juez constitucional determina el plazo para que fiscal decida N13 STC 02748-2010-PHC: Está ordenado que en amparo del derecho al plazo razonable de la investigación preliminar, el plazo para el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo fije el juez constitucional en cada caso concreto, teniendo en cuenta el estado actual de la investigación, la importancia de los bienes jurídicos tutelados, la incidencia en los valores e instituciones básicas de todo Estado constitucional de derecho y el cumplimiento de los deberes y obligaciones constitucionales, procurando que dicho plazo no sea un imposible para unos casos y/o un exceso para otros. Corresponde al juez de la causa verificar la violación o no del plazo razonable N14 STC 02748-2010-PHC: Está ordenado al juez penal, en los casos en los que ya se ha formalizado la denuncia penal, efectuar el respectivo examen constitucional, a fin de verificar la violación o no del derecho al plazo

202

razonable de la investigación preliminar. La eventual determinación y/o verificación de la vulneración del derecho no supone el archivo o la conclusión de la investigación judicial, sino que se deberá poner en conocimiento de esta circunstancia a las instancias correspondientes para las responsabilidades a que hubiere lugar (Oficina de Control de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, Procuraduría del Poder Judicial o del Ministerio Publico, etc.). En la primera parte del fundamento 15, el Tribunal Constitucional recuerda la ya existente norma N12 STC 04750-2007-PHC, que ahora es declarada doctrina jurisprudencial. Obligación constitucional del Estado peruano de sancionar el tráfico ilícito de drogas N12

STC

04750-2007-PHC: Está ordenado que la obligación

constitucional del Estado peruano de sancionar el tráfico ilícito de drogas no se agote en la mera descripción típica de las conductas delictivas en el Código Penal y en las leyes especiales, criminalizando el delito de tráfico ilícito de drogas [y sus derivaciones] con penas severas proporcionales a los bienes constitucionalmente protegidos que se afligen, sino que además para llegar a tal cometido debe procurarse el establecimiento de procedimientos de investigación eficientes, es decir, que objetivamente demuestren resultados cada vez más eficaces; lo contrario significaría incurrir en una infracción constitucional por parte de las autoridades competentes para ello. RAC contra sentencia de segunda instancia que estima la demanda en casos de tráfico de drogas y lavado de activos N15 STC 02748-2010-PHC130 Está permitido, excepcionalmente en

Esta figura, llamada por el mismo Tribunal Constitucional como “recurso de agravio excepcional por vulneración del orden constitucional” (EXP. N.° 02663-2009-PHC/TC), adolece de las mismas deficiencias de constitucionalidad material apuntadas para las derogadas normas N40a y N40b de la sentencia al EXP. N.° 04853-2004-AA/TC. 130

203

los procesos constitucionales en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, a la procuraduría del Estado correspondiente independientemente del plazo- la interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá ser concedido por las instancias judiciales131.

III. EXP. N.° 05350-2009-PHC/TC: Razonabilidad del plazo del proceso penal [bit.ly/2UEs4xf] En el primer párrafo del fundamento 19 de esta sentencia, dijo el Tribunal Constitucional: “De la jurisprudencia reseñada de la Corte IDH, pueden extraerse los siguientes parámetros interpretativos de actuación que en virtud del artículo V[I] del Título Preliminar del CPConst. deben ser aplicados por todos los jueces y tribunales del Poder Judicial, que son: (…)”

El resto del fundamento jurídico 19 se destina a formular los referidos parámetros interpretativos, y son estos los que han de ser considerados doctrina jurisprudencial vinculante en los términos del artículo VI del Código Procesal Constitucional.

La duración razonable del proceso debe apreciarse en relación con la duración total del proceso N19a STC 05350-2009-PHC: Está ordenado que la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, reconocido en el inciso 1) del artículo 8 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe apreciar en relación con la duración total del proceso penal que se desarrolla en contra de cierto imputado (análisis global del procedimiento), hasta que se dicta sentencia definitiva y firme (dies ad quem), incluyendo los recursos de Más adelante, el Tribunal Constitucional crea la norma N7 STC 01711-2014-PHC, según la cual el RAC procede también contra sentencias estimatorias de segundo grado que declaran fundada la demanda en casos relacionados con el delito de terrorismo. 131

204

instancia que pudieran eventualmente presentarse. Inicio del cómputo del plazo razonable del proceso penal N19b STC 05350-2009-PHC: Está ordenado que el plazo razonable del proceso penal comience a computarse (dies a quo) cuando se presenta el primer acto del proceso dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito, que a su vez puede estar representado por: i) la fecha de aprehensión o detención judicial preventiva del imputado; o ii) la fecha en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso. Sin embargo, estas normas no son las únicas que traen consigo esta sentencia, sino también otras que, aunque no fueron declaradas “doctrina jurisprudencial vinculante”, es importante tenerlas en cuenta. Tales normas son las siguientes: Criterios o parámetros para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal N20 STC 05350-2009-PHC: Está ordenado que la duración razonable de un proceso se determine a partir de los siguientes factores: a) la complejidad del asunto; b) la actividad o comportamiento del procesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación que genera la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso132. La complejidad del asunto N24

STC

05350-2009-PHC:

Está

ordenado

determinar

la

complejidad del proceso penal, como criterio para determinar la razonabilidad de su duración, con base, entre otros, en los siguientes elementos: a) el establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; b) el análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) la prueba de los hechos, la cual puede ser difícil,

Cfr. caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008 (fondo, reparaciones y costas), párrafo 155. 132

205

necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, d) la pluralidad de agraviados o inculpados, con sus respectivas defensas, entre otros elementos. La actividad o conducta procesal del imputado N25 STC 05350-2009-PHC: Está ordenado, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, verificar si la conducta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o ha influido en la resolución de este, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras. La conducta de las autoridades judiciales N26 STC 05350-2009-PHC: Está ordenado que, para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales en un proceso, se tenga presente: a) la insuficiencia o escasez de los tribunales; b) la complejidad del régimen procesal; y c) si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal133. La afectación en la situación jurídica del procesado N27 STC 05350-2009-PHC: Está ordenado determinar si el paso del tiempo en el proceso penal incide o influye de manera relevante e intensa en la situación jurídica (derechos y deberes) del procesado, es decir, si la demora injustificada le puede ocasionar al imputado daño psicológico y/o económico. Determinación de la duración razonable en el caso concreto N32 STC 05350-2009-PHC: Con relación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, está ordenado que la razonabilidad del plazo no se mida en función de días, meses o años establecidos en forma fija y

El contenido normativo es formulado por el Tribunal Constitucional en relación al proceso penal, sin embargo, puede hacerse extensivo a todo tipo de proceso a la hora de determinar su duración razonable. 133

206

abstracta, sino caso por caso, en función al análisis global del proceso penal y de los elementos precisados para evaluar la razonabilidad del plazo134 135. Modificación de la norma N39 STC 3509-2009-PHC N40 STC 05350-2009-PHC: Está ordenado modificar la norma N39 STC 3509-2009-PHC136, para cuando se trata de casos relacionados con la afectación de derechos humanos137, según los siguientes criterios: a) En caso de que se constate la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, además de estimarse la demanda se ordenará a la Sala Penal emplazada que conoce el proceso penal que, en el plazo máximo de sesenta días naturales, emita y notifique la correspondiente sentencia que defina la situación jurídica del favorecido, b) Si la Sala Penal emplazada no cumple con emitir y notificar la respectiva sentencia que defina la situación jurídica del favorecido, de oficio deberá sobreseerlo inmediatamente del proceso penal, c) El plazo máximo de sesenta días naturales será computado desde la fecha en que se le notifica a la Sala Penal emplazada la sentencia. En este caso, el juez de ejecución del hábeas corpus tiene la obligación de velar que la sentencia se ejecute en sus propios términos dentro del plazo establecido en ella misma, d) En caso de estimarse la demanda, la sentencia deberá ser puesta en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Oficina de Control de la Magistratura para que inicien las investigaciones pertinentes de los jueces que vulneraron el derecho a ser juzgado dentro de

Cfr. la norma N24 STC 5350-2009-PHC. El Tribunal Constitucional muestra algunos casos resueltos por la Corte IDH como ejemplos de duración no razonable del proceso. Así, la sentencia del caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, párrafo 81, en el que transcurrieron 5 años y 6 meses sin que se emita sentencia firme; también en la sentencia del caso López Alvarez vs. Honduras, párrafo 130, en el que el proceso duró más de 6 años; del mismo modo en la sentencia del caso Bayarri vs. Argentina, en el que el proceso duró cerca de 13 años. 136 Esta sentencia al EXP. N.° 3509-2009-PHC/TC lleva por fecha el 10 de agosto de 2010. 137 Que la modificatoria se refiere solo a los casos relacionados con derechos humanos, se comprueba desde la declaración del Tribunal Constitucional siguiente: “Sobre el plazo máximo de sesenta días naturales, el Tribunal precisa que dicha solución se establece en la medida que el proceso penal del caso Barrios Altos está relacionado con la afectación de derechos humanos”. EXP. N.° 5350-2009PHC/TC, fundamento 40. 134 135

207

un plazo razonable.

IV. EXP. N.° 00295-2012-PHC/TC: Plazo razonable del proceso penal [bit.ly/2UlQ8pf] En el punto 4 de la parte resolutiva de esta sentencia, el Tribunal Constitucional decidió: “4. Declarar que, a partir de la fecha, los fundamentos 6, 7, 9,10, 11 y 12 de la presente sentencia constituyen doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, debiendo aplicarse inclusive a los procesos judiciales en trámite”.

1. Inicio y final del cómputo del plazo razonable Inicio del cómputo del plazo razonable del proceso penal N6 STC 00295-2012-PHC: Está ordenado considerar que el cómputo del plazo razonable del proceso penal comienza a correr desde la apertura de la investigación preliminar del delito, el cual comprende la investigación policial o la investigación fiscal; o desde el inicio del proceso judicial en los casos de delitos de acción privada, por constituir el primer acto oficial a través del cual la persona toma conocimiento de que el Estado ha iniciado una persecución penal en su contra. El momento inicial puede coincidir con la detención policial o con otra medida restrictiva de derechos, pero tal supuesto no constituye requisito indispensable para habilitar el inicio del cómputo del plazo. Final del cómputo del plazo razonable del proceso penal N7 STC 00295-2012-PHC: Está ordenado considerar que el momento final del cómputo del plazo razonable del proceso penal opera en el momento en que el órgano jurisdiccional expide la decisión definitiva que resuelve la situación jurídica de la persona. El examen se debe efectuar en relación con la duración total del proceso penal que se desarrolla contra la persona (análisis global del proceso), hasta que se dicte sentencia definitiva y firme que resuelva su situación jurídica, incluyendo los recursos previstos en la ley

208

y que pudieran eventualmente presentarse138.

2. Consecuencias jurídicas de vulnerar el derecho al plazo razonable Las consecuencias jurídicas de la afectación al derecho al plazo razonable del proceso penal N9

STC

00295-2012-PHC: Está prohibido que la eventual

constatación por parte de la judicatura constitucional de la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, signifique el archivo definitivo o la conclusión del proceso judicial de que se trate (civil, penal, laboral, etc.)139, sino que lo que corresponde es emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible. El fundamento 10 trae consigo la justificación de la norma N9. Una tal justificación, en estricto, no constituye una regla jurídica, sino una defensa dogmática: “10. El Tribunal Constitucional arriba a dicha conclusión por cuanto entiende que el derecho al plazo razonable del proceso es un derecho de naturaleza inclusiva, en la medida en que su ámbito de tutela puede alcanzar a más de un titular. Así, tratándose de un proceso penal, la cobertura constitucional puede alcanzar no solo al procesado, sino también a la víctima o la parte civil. Por ello, es posible que, cada vez que se determine la violación del derecho al plazo razonable del proceso, se afecte también el derecho a obtener satisfacción jurídica en un tiempo razonable de la víctima o la parte civil. Y es que, una situación como la descrita, esto es, la prolongación del proceso más allá de lo razonable, podría afectar por igual a ambas partes; y si ello es así, debería considerarse también la tutela del derecho de la víctima o la parte civil. De ahí la necesidad de que la consecuencia jurídica sea la emisión de la decisión que resuelva de manera definitiva la situación jurídica del procesado. Dicho con otras palabras, que el Esta norma proviene de esta otra norma anterior: La duración razonable del proceso debe apreciarse en relación con la duración total del proceso N19a STC 05350-2009-PHC: Está ordenado que la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, reconocido en el inciso 1) del artículo 8° la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe apreciar en relación con la duración total del proceso penal que se desarrolla en contra de cierto imputado (análisis global del procedimiento), hasta que se dicta sentencia definitiva y firme (dies ad quem), incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. 139 El derecho a que una persona sea juzgada dentro de un plazo razonable se extiende también a los procesos constitucionales. Tiene dicho el Tribunal Constitucional que, “[a]unque dicho derecho suele encontrarse asociado a los procesos de tipo penal (donde las restricciones sobre la libertad individual requieren plazos que no terminen perjudicándola indebidamente), no existe ninguna razón por la cual no pueda invocarse el mismo atributo en el ámbito de los procesos constitucionales, donde el objetivo de tutela preferente y oportuna es la razón de la existencia y legitimidad de tales mecanismos de defensa”. EXP. N.° 3491-2005~P.HC TC, fundamento 10. 138

209

órgano jurisdiccional emita pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible”.

La violación del plazo razonable no justifica exclusión del procesado, sobreseimiento o archivo del proceso penal N11 STC 00295-2012-PHC: Está prohibido en el caso de un proceso penal en el que se ha violado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, establecer la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, tal circunstancia no exime de la responsabilidad a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidados por los órganos competentes”140.

Obligación del juez constitucional que conoce un caso de violación del plazo razonable N12 STC 00295-2012-PHC: Está ordenado al juez constitucional fijar el plazo más breve posible para la emisión del pronunciamiento que resuelva de manera definitiva la situación jurídica del procesado en un Con alguna leve modificación, esta norma proviene prácticamente de esta otra: Las consecuencias jurídicas de la afectación del derecho al plazo razonable del proceso penal N10 STC 03689-2008-PHC: Está prohibido que una eventual constatación por parte de la justicia constitucional de la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, signifique el archivo definitivo del proceso penal como si de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que más bien, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, lo que corresponde es la reparación in natura por parte de los órganos jurisdiccionales que consiste en emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto y que se declare la inocencia o la responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidados por los órganos competentes. 140

210

proceso en el que se ha violado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de manera objetiva y razonable y según las circunstancias concretas de cada caso, sobre todo teniendo en cuenta el estado actual del proceso; no debe ser fijado una vez y para siempre, de modo que sea aplicable en todos los casos, por cuanto la fijación del mismo puede resultar un imposible en algunos casos y/o puede constituir un exceso en otros.

V. EXP. N.° 00684-2012-PHC/TC: Beneficios Penitenciarios [bit.ly/2D01rss] En el fundamento 3.3 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional reitera “el criterio jurisprudencial adoptado por este Tribunal” en sentencias anteriores,

y

lo

reitera

para

sostener

que

“constituye

doctrina

jurisprudencial asentada en este Tribunal”. Desde este criterio es posible concluir la siguiente regla jurídica: Inicio del procedimiento de beneficios penitenciarios N3.3

STC

00684-2012-PHC: Está ordenado, en materia de

beneficios penitenciarios, tener como fecha de inicio del procedimiento destinado a obtener el beneficio de semilibertad o liberación condicional, a la fecha en la que se presenta la solicitud para acogerse a este.

CAPÍTULO VI EN MATERIA PREVISIONAL I. EXP. N.° 1294-2004-AA/TC: Leyes aplicables al derecho a la pensión [bit.ly/2KeV7DM] En la sentencia al EXP. N.° 07002-2006-PA/TC, sostuvo el Tribunal Constitucional lo siguiente: “Anteriormente, en el fundamento 14 de la STC 1294-2004-AA, que constituye jurisprudencia vinculante conforme al artículo VI del Código Procesal Constitucional, este Tribunal había precisado que (...) las normas conexas y complementarias que regulan instituciones vinculadas [al derecho a la pensión],

211

tales como la pensión mínima, pensión máxima, etc., deben aplicarse durante su periodo de vigencia. En consecuencia, el beneficio de la pensión mínima no resulta aplicable aun cuando la contingencia se hubiere dado durante la vigencia de la norma, en aquellos casos en que por disposición del artículo 81 del Decreto Ley 19990, el pago efectivo de las pensiones devengadas se inicie con posterioridad a la derogación de la Ley 23908”141.

Con esta declaración el Tribunal Constitucional está convirtiendo en “jurisprudencia vinculante conforme al artículo VI del Código Procesal Constitucional”, el contenido del fundamento 14 de la sentencia al EXP. N.° 1294-2004-AA/TC. De este fundamento jurídico es posible concluir las siguientes reglas jurídicas: Leyes aplicables para la obtención del derecho a percibir pensión N14 STC 1294-2004-AA: Está ordenado que, para la obtención del derecho a percibir pensión, se aplique la legislación vigente a la fecha en que el asegurado cumple los requisitos para acceder a dicha pensión, independientemente del momento en que se solicite u otorgue. Aplicación de normas conexas o complementarias al derecho a la pensión N14’ STC 1294-2004-AA: Está ordenado que las normas conexas y complementarias que regulan instituciones vinculadas al derecho a la pensión, tales como la pensión mínima, pensión máxima, etc., deban aplicarse durante su periodo de vigencia.

II.

EXP. N.° 00349-2011-PA/TC: Pensión de Invalidez [bit.ly/2I3tpYA] En el fundamento 21 de esta sentencia, dijo el Tribunal Constitucional

lo siguiente: “21. Que el cumplimiento de fines de los procesos constitucionales exige, tomando en cuenta la función integradora de este Tribunal, que para la correcta ejecución de las sentencias relativas al otorgamiento o reajuste de las pensiones de invalidez se deba llenar el vacío normativo que se ha generado en lo concerniente a la forma de determinación del monto de la pensión debiendo adoptarse una regla con calidad de doctrina jurisprudencial vinculante (artículo 141

Fundamento 4.

212

VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) que permitirá, además de evitar las controversias que se producen en torno a la ejecución de este tipo de sentencias, unificar el criterio de los operadores jurisdiccionales

que vienen conociendo de este tipo de mandato judicial en fase de ejecución”142.

El vacío normativo al que hace referencia, se llena en el fundamento 24 de la sentencia, del cual es posible concluir la siguiente regla jurídica: Cálculo del monto de la pensión de invalidez N24 RTC 00349-2011-PA: Está ordenado, para el cálculo de la pensión de invalidez, que en el supuesto en que la parte demandante haya concluido su vínculo laboral y la enfermedad profesional se haya presentado con posterioridad a dicho evento, el cálculo se efectuará sobre el 100 % de la remuneración mínima mensual de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, vigente en los doce meses anteriores a la contingencia, salvo que en dicho lapso se hubiese tenido también la calidad de trabajador, supuesto en el cual se tomará en consideración la remuneración mensual durante los meses respectivos, siguiendo para la determinación del monto de las pensiones según el tipo de invalidez generado, lo dispuesto en los artículos pertinentes del Decreto Supremo 003-98-SA143.

III. EXP. N.° 02214-2014-PA/TC: DERECHO A LA PENSION [bit.ly/2KeVPkq] El Tribunal Constitucional declara en la parte resolutiva de esta sentencia lo siguiente: “2. Declarar que, a partir de la fecha, los fundamentos 20 y 30 de la presente resolución constituyen doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces 142

En el punto 2 del fallo, el Tribunal Constitucional formula la regla jurídica en los siguientes términos: “(...) se precisa que: a. La determinación del monto de la pensión de invalidez en los casos en que la parte demandante haya concluido su vínculo laboral y la enfermedad profesional se haya presentado con posterioridad a dicho evento, el cálculo se efectuará sobre el 100 % de la remuneración mínima mensual de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, vigente en los doce meses anteriores a la contingencia, salvo que en dicho lapso se hubiese tenido también la calidad de trabajador, supuesto en el cual se tomará en consideración la remuneración mensual durante los meses respectivos, de modo que, para la determinación del monto de las pensiones según el tipo de invalidez generado, habrá de seguirse lo dispuesto en los artículos pertinentes del Decreto Supremo 003-98-SA”. 143

213

y tribunales del país, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, debiendo aplicarse inclusive a los procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución, en los que se encuentre por definir la forma de cálculo de los intereses legales en materia pensionaría”.

Prohibición de capitalizar intereses en materia pensionaria N20 ATC 02214-2014-PA: Está prohibido capitalizar el interés legal aplicable en materia pensionaria, conforme al artículo 1249 del Código Civil. Celeridad en procesos pensionarios de personas ancianas N30 ATC 02214-2014-PA: Está ordenado a todos los órganos jurisdiccionales, otorgar mayor celeridad a los procesos que involucren derechos de las personas ancianas, bajo responsabilidad.

214

Capítulo VII TEMAS VARIOS

I. EXP. N.° 04058-2012-PA/TC: Principio de protección del interés superior del niño [bit.ly/2UlNdgr] En la parte resolutiva decidió el Tribunal Constitucional; “3. Establecer como Doctrina Jurisprudencial Vinculante, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, los criterios contenidos en los fundamentos 10,11,19 y 25 de la presente sentencia”.

En el fundamento 10 se transcribe una previsión legal: “10. Al respecto, se debe puntualizar que los procesos de alimentos se tramitan según lo establecido por el Código de los Niños y Adolescentes, mediante el proceso único, en el que está prevista la realización de la audiencia única (tachas excepciones, defensas previas, medios de pruebas, saneamiento procesal, conciliación, y sentencia), estableciéndose en el artículo 170° del código citado que: ‘Contestada la demanda o transcurrido el término para su contestación, el Juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. Esta debe realizarse, bajo responsabilidad, dentro de los diez días siguientes de recibida la demanda, con intervención del Fiscal. En los procesos de violencia familiar no hay audiencia de conciliación’”.

Código Civil y Código Procesal Civil como normas supletorias del Código de los Niños y Adolescentes N11 STC 04058-2012-PA: Está ordenado que toda situación de vacío que en términos sustantivos y procesales se presente en la tramitación de los procesos contenidos en el Código de los Niños y Adolescentes, se regule tanto por el Código Civil como por el Código Procesal Civil. Fuerza normativa del principio constitucional de protección del interés superior del niño N19 STC 04058-2012-PA: Está ordenado reconocer que el principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente presupone que los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen fuerza normativa superior no solo en el

215

momento de la producción de normas, sino también en el momento de su interpretación, constituyéndose en un principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad en su conjunto y la propia familia, incluidos el padre, la madre o quien sea el responsable de velar por sus derechos fundamentales. Principio del interés superior del niño y actuación tuitiva de los operadores jurisdiccionales N25 STC 04058-2012-PA: Está ordenado, por el principio del interés superior del niño, una actuación tuitiva por parte de los operadores jurisdiccionales, a quienes corresponde la adecuación y flexibilización de las normas y la interpretación que de ellas se realice, a fin de lograr la aplicación más favorable con el fin de dar solución a la controversia reclamada, toda vez que se trata niños, niñas y adolescentes, que tienen especial cuidado y prelación de sus intereses frente al Estado.

216

Tercera parte DERECHO CONSTITUCIONAL QUE NO HA SIDO DECLARADO NI PRECEDENTE NI DOCTRINA JURISPRUDENCIAL Capítulo I. Normas que no son precedentes pero que han sido creadas en sentencias que declaran precedentes. Capítulo II. En materia penal Capítulo III. En materia administrativa Capítulo IV. En materia tributaria Capítulo V. Sobre libertad de información Capítulo VI. Derecho a la integridad física y psíquica Capítulo VII. En materia de Derecho Parlamentario Capítulo VIII. En materia de reforma constitucional Capítulo IX. En materia relacionada con el contenido constitucional del derecho fundamental a la adecuada motivación de las resoluciones Capítulo X. En materia de protección especial e interés superior del menor.

217

CAPÍTULO I NORMAS QUE NO SON PRECEDENTES PERO QUE HAN SIDO CREADAS EN SENTENCIAS QUE DECLARAN PRECEDENTES I.

EXP. N.° 4677-2004-PA/TC: Derecho de reunión [bit.ly/2HJoB9N] Seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad nacional en

relación al derecho de reunión N17 STC 4677-2004-PA: Está ordenado reconocer que la seguridad pública a la que hace referencia el artículo 2.12 de la Constitución incluye tanto a la seguridad ciudadana como a la seguridad nacional. Sanidad pública y salud pública en relación al derecho de reunión N17’ STC 4677-2004-PA: Está ordenado que la sanidad pública a la que hace referencia el artículo 2.12 de la Constitución incluya a la protección de la salud pública, en los concretos alcances que vengan justificados por las circunstancias específicas de cada caso144. Derecho de reunión en época electoral N19

STC

4677-2004-PA:

Está

ordenado

a

la

autoridad

administrativa que al momento de merituar los avisos previos de celebración de una reunión en una plaza o vía pública, tome en cuenta el contexto sociopolítico en el que ésta pretenda ser llevada a cabo. De ahí que los alcances de los límites a este derecho fundamental, deberán resultar particularmente restringidos en tiempos de elecciones, pues son épocas en las que la necesidad En el último párrafo del fundamento 17 de la sentencia al EXP. N.° 4677-2004-PA/TC, dice el Tribunal Constitucional: “Y, finalmente, a partir de una interpretación sistemática de los preceptos internos e internacionales sobre la materia, queda claro que los límites susceptibles de oponerse al derecho de reunión alcanzan a las razones de orden público y al respeto de los derechos y libertades fundamentales de terceros; como, por lo demás, viene impuesto a partir de una interpretación unitaria de la propia Carta Fundamental (principio de unidad de la Constitución)”. Con esta declaración, el Tribunal Constitucional muestra una norma constitucional directamente estatuida desde el 2.12 de la Constitución: N2.12: Está ordenado respetar el contenido esencial del derecho de reunión. Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas, sin vulnerar el orden público y los derechos y libertades fundamentales de terceros. 144

218

de la expresión e intercambio de ideas, tanto de las agrupaciones políticas, en particular, como de la ciudadanía, en general, alcanza su punto más elevado. Restricción de horarios para llevar a cabo una reunión en lugares públicos N38 STC 4677-2004-PA: Está permitido restringir los horarios específicos en los que el derecho de reunión pueda ser ejercido tomando en cuenta la estrechez de diversas calles colindantes al lugar de reunión, la congestión vehicular que, en determinadas horas, le es característica, y los diversos locales comerciales que en él existen. Reuniones no avisadas previamente N39 STC 4677-2004-PA: Está permitido a la Policía Nacional adoptar las medidas represivas estrictamente necesarias, frente a aquellas reuniones en plazas o vías públicas en las que los celebrantes no hayan cumplido con avisar previamente a la autoridad competente el objeto, lugar o recorrido, fecha u hora de la misma. Dicho aviso es el requisito imprescindible para que las autoridades asuman todas las medidas necesarias, desplegando su máximo esfuerzo, para prevenir y, de ser el caso reprimir, razonable y proporcionalmente, la afectación de bienes públicos o privados o la afectación de los derechos fundamentales de terceros o de los propios celebrantes. Reuniones que afectan niveles máximos de incidencia acústica N40 STC 4677-2004-PA: Está permitido a la autoridad pública restringir la reunión si esta afecta, manifiestamente, las normas administrativas encargadas de regular los niveles máximos permitidos de incidencia acústica, con la consecuente afectación del derecho fundamental a la tranquilidad y a gozar de un medio adecuado al desarrollo de la vida. Detención de personas durante reuniones públicas N41 STC 4677-2004-PA: Está ordenado proceder a la inmediata detención de toda persona que atenta contra la integridad física de las

219

personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada (artículo 315 del Código Penal); la que, públicamente, hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe (artículo 316 del Código Penal); la que atenta contra el transporte público (artículo 280 del Código Penal); la que impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento de los transportes en una vía pública ajena al lugar o recorrido programado para la reunión (artículo 283 del Código Penal); y, en fin, la que incurra en cualquier atentado contra el orden público, los bienes o las persones, que se encuentre tipificado como delito.

II. EXP. N.° 01417-2005-PA/TC: Amparo y Constitucional del Derecho a la Pensión [bit.ly/2JjCopR]

Contenido

1. Contenido constitucional de los derechos Derecho con sustento constitucional directo N10 STC 1417-2005-AA: Está ordenado reconocer que un derecho tiene sustento constitucional directo cuando la Constitución ha reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita nominalmente el bien jurídico susceptible de protección; es decir, existe un baremo de delimitación de ese marco garantista, que transita desde la delimitación más abierta a la más precisa. Derechos que requieren configuración legal N12 STC 1417-2005-AA: Está ordenado reconocer que los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia de la ley, no carecen de un contenido per se inmediatamente exigible a los poderes públicos, pues una interpretación en ese sentido sería contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales supuestos, la ley se convierte en un requisito sine qua non para la culminación de la delimitación concreta del contenido directamente atribuidle al derecho fundamental.

220

Amplia pero no ilimitada capacidad decisión del legislador N12’ STC 1417-2005-AA: Está ordenado al legislador definir la política social del Estado social y democrático de derecho, por lo que goza de una amplia reserva legal como instrumento de la formación de la voluntad política en materia social. Dicha capacidad configuradora está limitada por el contenido esencial de los derechos fundamentales. En el fundamento 15 de esta sentencia se recuerda un relevante contenido normativo para los derechos fundamentales sociales; El principio de progresividad en el gasto N36 STC 2945-2003-AA: Está prohibido entender con carácter indeterminado el principio de progresividad en el gasto recogido en la undécima disposición final y transitoria de la Constitución, y servir de alegato frecuente ante la inacción del Estado, pues la progresividad del gasto no está exenta de observar el establecimiento de plazos razonables, ni de acciones concretas y constantes del Estado para la implementación de políticas públicas. Pretensión a estimar en las demandas constitucionales de la libertad N27 STC 1417-2005-AA: Está ordenado estimar una demanda constitucional en la que se invoca un derecho fundamental, cuando: a) la pretensión sea válida, o, dicho de otro modo, que sea consecuencia de un sentido interpretativo (norma) que sea válidamente atribuible a la disposición constitucional que reconoce un derecho; b) la pretensión válida se derive directamente o tenga una relación directa con el contenido esencial de un derecho protegido por una disposición constitucional, es decir, cuando la titularidad subjetiva afectada no tenga su origen en la ley o, en general, en disposiciones infraconstitucionales. Leyes

de

desarrollo

constitucional

que

concretan

derechos

fundamentales se protegen a través de procesos constitucionales

221

N27’ STC 1417-2005-AA: Está prohibido interpretar que los derechos fundamentales de configuración legal, carezcan de protección a través del amparo constitucional, pues las posiciones subjetivas previstas en la ley que concretizan el contenido esencial de los derechos fundamentales, o los ámbitos a él directamente vinculados, no tienen sustento directo en la fuente legal, sino en la disposición constitucional que reconoce el respectivo derecho fundamental.

2. cuestiones procesales del amparo en defensa del derecho a la pensión Autonomía procesal del Tribunal Constitucional N48

STC

01417-2005-PA: Está ordenado reconocer al Tribunal

Constitucional autonomía procesal, mediante la cual puede establecer reglas que tengan una pretensión de generalidad y que puedan aplicarse posteriormente a casos similares, siempre que estas reglas tengan como finalidad perfeccionar el proceso constitucional, y se encuentren limitadas por el principio de separación de poderes, la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Contencioso administrativo y derecho a la pensión N51 STC 01417-2005-PA: Está ordenado dilucidar los asuntos pensionarios que no versen sobre el contenido directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, a través del proceso contencioso administrativo. No obligación de agotar la vía administrativa N55 STC 01417-2005-PA: Está prohibido exigir el agotamiento de la vía administrativa en los casos en los que resulta evidente que la propia Administración se ha ratificado en la validez del acto considerado ilegal o inconstitucional. Amparo y derecho a la pensión N58 STC 01417-2005-PA: En los procesos que versen sobre asuntos

222

provisionales está prohibido al juez desestimar la demanda de amparo por el solo hecho de que el recurrente no haya presentado los medios probatorios suficientes. En estos casos, está ordenado al juez recabar de oficio tanto de la Administración Pública como de la entidad en la que prestó servicios el extrabajador, los medios probatorios que juzgue pertinentes.

III. EXP. N.° 2877-2005-PHC/TC: constitucional [bit.ly/2UE1CR8]

El

recurso

de

agravio

El RAC no persigue sanción del agresor N20 2877-2005-PHC: Está prohibido interponer un recurso de agravio constitucional con el propósito de conseguir una sanción contra el agresor de un derecho fundamental. El RAC y la protección de derechos fundamentales N26 STC 2877-2005-PHC: Está ordenada la intervención del Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional, solamente si es que está en juego la búsqueda real de protección del ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental.

El RAC y el contenido constitucional de derechos fundamentales N27 STC 2877-2005-PHC: Está ordenado que esté concernido el contenido constitucionalmente protegido de los derechos para la procedencia del recurso de agravio constitucional.

IV. EXP. N.° 05854-2005-AA/TC: Derecho constitucional y derecho convencional [bit.ly/2Idl4Rs] interpretación de la cuarta DFT de la Constitución N23 STC 05854-2005-AA: Está ordenado interpretar los derechos fundamentales

de

conformidad

con

los

tratados

y

los

convenios

internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales

223

sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Contenido constitucional de los derechos fundamentales y derecho convencional sobre derechos humanos N23’

STC

05854-2005-AA:

Está

ordenado

a

todo

órgano

jurisdiccional del Estado (o que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales),

que

su

actividad

de

determinación

del

contenido

constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, esté obligatoriamente

informada

por

las

disposiciones

de

los

tratados

internacionales de derechos humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de sus decisiones. Derecho fundamental implícito a la protección jurisdiccional de los derechos N28 STC 05854-2005-AA: Está ordenado reconocer como derecho fundamental implícito el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos o, lo que es lo mismo, el derecho a recurrir ante un tribunal competente frente a todo acto u omisión que lesione una facultad reconocida en la Constitución o en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En el fundamento 29 esta sentencia se recuerda la siguiente norma:

El órgano supremo electoral debe estar sujeto a algún control jurisdiccional N175 Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005: Está ordenado que, independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano supremo electoral, este debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido

224

adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana sobre derechos humanos, así como los establecidos en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que son propias de dicho órgano en materia electoral. Deber del Tribunal Constitucional de interpretación unitaria de la Constitución N39a

STC

05854-2005-AA:

Está

ordenado

al

Tribunal

Constitucional, como máximo intérprete constitucional, integrar todas las normas constitucionales, y otorgar así seguridad jurídica y unidad normativa al Derecho Electoral Constitucional, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución. Amparo contra resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no suspende el calendario electoral N39b STC 05854-2005-AA: Está prohibido que la interposición de una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones suspenda el concreto

calendario

electoral.

Toda

afectación

de

los

derechos

fundamentales en la que incurra el Jurado Nacional de Elecciones, devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral, o que la voluntad popular haya sido manifestada en las urnas. En dichos supuestos, el proceso de amparo solo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, de conformidad con el artículo 1 del CPConst. Deber de incrementar las garantías de celeridad y seguridad jurídica del amparo electoral N39c

STC

05854-2005-AA: Está ordenado incrementar las

garantías que aseguren la celeridad y seguridad jurídica que deben caracterizar a todo proceso electoral, sin que con ello se afecte el control constitucional de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones en materia

225

electoral que contravenga derechos fundamentales.

V. EXP. N.° 3075-2006-PA/TC: Debido Proceso en ámbitos distintos al judicial [bit.ly/2VroljX] Rechazo liminar de la demanda de amparo y pronunciamiento sobre el fondo N2 STC 3075-2006-PA: Está prohibido, en los casos en los que se ha producido un injustificado rechazo liminar de la demanda constitucional, declarar el quebrantamiento de forma y la correlativa nulidad de los actuados, cuando a la luz de los hechos que sustentan el petitorio demandado, se evidencia una urgente necesidad de tutela145. Debido proceso no se circunscribe al ámbito judicial N4 STC 3075-2006-PA: Está ordenado considerar que el debido proceso desborda la órbita estrictamente judicial para extenderse en otros campos como el administrativo, el corporativo particular, el parlamentario, el castrense, entre otros, dando lugar a que en cada caso o respecto de cada ámbito pueda hablarse de un debido proceso jurisdiccional, de un debido proceso administrativo, de un debido proceso corporativo particular, de un debido proceso parlamentario, etc. Doble dimensión del debido proceso N4’ STC 3075-2006-PA: Está ordenado reconocer dos dimensiones en el contenido constitucional del debido proceso: una dimensión formal o procedimental que atañe a las reglas con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc.); y otra material orientada a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda

145 Esta

norma N2 no solo es aplicable para la instancia final ante el Tribunal Constitucional, sino que lo es también para la segunda instancia en los procesos constitucionales de la libertad.

226

decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.).

VI. EXP. N.° 5430-2006-PA/TC: Amparo y Reintegros Económicos [bit.ly/2HHt39e] Subsanación de la violación del derecho a la pensión y reintegro económico N12

STC

05430-2006-PA: Está ordenado que verificada la

vulneración del derecho fundamental a la pensión, se disponga la subsanación de tal vulneración desde la fecha en que se produjo, con el consiguiente reintegro económico de lo dejado de percibir por concepto de pensiones146. Precisa la norma N15d STC 2877-2005-HC N13 STC 05430-2006-PA: Está ordenado precisar el precedente que determinó la improcedencia en la vía constitucional de las pretensiones sobre pago de intereses y derivados (N15d STC 2877-2005-HC), en los siguientes términos; procederá demandar en la vía constitucional el pago de las pensiones devengadas, reintegros e intereses, siempre y cuando la pretensión principal esté vinculada directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión delimitado en la norma N37 STC 14172005-PA. Procedencia del amparo para reclamar montos dinerarios y/o reajustes N16 STC 05430-2006-PA: Está prohibida la demanda de amparo para reclamar montos dinerarios y/o reajustes (devengados o reintegros),

Sería posible la aplicación extensiva (analógica) de N12 a los supuestos de despidos arbitrarios y de despidos nulos. Una norma aplicada extensivamente podría ser enunciada asi: N : Está ordenado que verificada la vulneración del derecho al trabajo ya sea por despido arbitrario o por despido nulo, y habiéndose dispuesto la reposición del trabajador, corresponde disponer la subsanación de tal vulneración desde la fecha en que se produjo, con el consiguiente reintegro económico de lo dejado de percibir por concepto de remuneraciones. 146

227

salvo se esté ante un caso de afectación del mínimo vital o de tutela urgente, en cuyo caso se habrá de analizar el fondo de la cuestión controvertida (pretensión principal) por encontrarse está comprendida en el contenido esencial constitucionalmente protegido del derecho a la pensión147.

VII. EXP. N.° 07281-2006-PA/TC: Desafiliación de las AFP por información inexistente o defectuosa [bit.ly/2HCtFgh] Contenido esencial del derecho a la pensión N13 STC 07281-2006-PA: Está ordenado reconocer que el contenido esencial del derecho a la pensión está constituido por el derecho de acceso a una pensión, por el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella y por el derecho a una pensión mínima vital. Inicio de trámite de desafiliación de las AFP por información inexistente o defectuosa N35 STC 07281-2006-PA: Está ordenado que para el inicio del trámite de desafiliación no sea necesario presentar solicitud alguna por parte del afiliado, una vez que el juez constitucional haya declarado el derecho de desafiliación por causal de información insuficiente. Incorporación a la ONP del desafiliado por causal de desinformación N36 STC 07281-2006-PA: Está ordenado que toda persona que logre la

desafiliación

del

sistema

privado

de

pensiones

por

causal

de

desinformación, sea obligatoriamente incorporada al sistema nacional de pensiones por la ONP.

VIII. EXP. N.° 02383-2013-PA/TC: El proceso laboral como vía igualmente satisfactoria que el amparo [bit.ly/2nrBsEn] La vía laboral como vía desigualmente satisfactoria

Otro modo de formular esta norma es el siguiente: N16 STC 05430-2006-PA: Está permitida la demanda de amparo para reclamar montos dinerarios y/o reajustes (devengados o reintegros) cuando se esté ante un caso de afectación del mínimo vital o de tutela urgente. 147

228

N25 STC 02383-2013-PA: Está ordenada la procedencia del amparo en caso la vía laboral no permita la reposición satisfactoria o eficaz del trabajador, o cuando el demandante persiga la tutela urgente de sus derechos constitucionales frente a despidos nulos, en caso no vaya a obtener tutela satisfactoria en la vía laboral148. El proceso laboral abreviado como vía igualmente satisfactoria N27

STC

02383-2013-PA: Está ordenado acudir al proceso

abreviado laboral y no al amparo en aquellos casos en los que se solicite la reposición laboral como única pretensión. El proceso laboral abreviado como vía desigualmente satisfactoria N27’ STC 02383-2013-PA: Está permitido acudir al amparo y no al proceso ordinario laboral en aquellos casos en los que se solicite la reposición en el trabajo junto con otra pretensión también pasible de ser tutelada vía amparo.

Otro modo de formular esta norma constitucional adscripta es la siguiente: N25 STC 02383-2013-PA: Está ordenada la procedencia del amparo en caso la vía laboral no sea realmente una vía igualmente satisfactoria. 148

229

Capítulo II EN MATERIA PENAL I. EXP. N.° 0010-2002-AI/TC: Control constitucional de decretos leyes contra el terrorismo [bit.ly/2OSSAhc] 1.

Los decretos leyes y la impugnación por vicios de forma Control constitucional de los decretos leyes N19

STC

010-2002-AI:

Está

permitido

el

control

de

la

constitucionalidad de los decretos leyes. Lista enunciativa del artículo 200.4 de la Constitución N21 STC 010-2002-AI: Está ordenado atribuir carácter enunciativo y no taxativo a las normas comprendidas en el artículo 200.4 de la Constitución, como normas susceptibles de ser sometidas al control en una acción de inconstitucionalidad.

2.

La inconstitucionalidad del tipo penal de traición a la patria Inconstitucionalidad de una ley que permite que un hecho se

subsuma en más de un tipo penal N38 STC 010-2002-AI: Está ordenado tener por inconstitucional a la ley que posibilita que un mismo hecho pueda indistintamente ser subsumido en más de un tipo penal, más cuando con la elección del tipo penal aplicable, su juzgamiento pueda ser realizado, alternativamente, por los tribunales militares o por la jurisdicción ordinaria.

3.

El principio de legalidad respecto del tipo penal de terrorismo Significado del principio de legalidad N45 STC 00010-2002-AA: Está ordenado, por el principio de

legalidad, no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Queda prohibida la promulgación de leyes penales indeterminadas.

230

Obligación de dotar de significado unívoco y preciso al tipo penal N46 STC 010-2002-AI: Está ordenado al legislador dotar de significado unívoco y preciso al tipo penal, de tal forma que la actividad de subsunción del hecho en la norma sea verificable con relativa certidumbre. Prohibición de claridad y precisión absoluta N46’ STC 010-2002-AI: Está prohibido exigir al legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación de los conceptos legales, de modo que no planteen problemas de determinación sus supuestos. En el fundamento 48 de esta sentencia se recuerda la norma creada por el Tribunal Constitucional español vigente en el ordenamiento constitucional español: Regulación de supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados N12 STC 69/1989: Está permitido al legislador regular los supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados, siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, y permitan prever con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada. Tipos penales abiertos inconstitucionales N51 STC 010-2002-AI: Está prohibido al legislador tipos penales que no contengan el núcleo fundamental de la materia de prohibición y que exija que la complementación ya no sea solo cuantitativa, sino eminentemente cualitativa. Tipos penales generales N54 STC 010-2002-AI: Está permitido que tanto las normas jurídicas, en general, como los tipos penales, en especial, tengan por su propia naturaleza, un carácter abstracto y general; por lo que tales características,

231

per se, no vulneran norma constitucional alguna. Tipos penales razonablemente abiertos N59 STC 010-2002-AI: Están permitidas las leyes penales que presentan un grado de determinación razonable, suficiente para delimitar el ámbito de la prohibición y para comunicar a los ciudadanos los alcances de la prohibición penal. Principio constitucional de culpabilidad N62

STC

010-2002-AI:

Está

prohibido,

por

el

principio

constitucional de culpabilidad, tener como suficiente para la sanción penal, la sola afectación o puesta en peligro de determinados bienes jurídicos que el Derecho Penal protege, es necesario exigir además que el actor haya actuado con voluntad de afectarlos. Principio constitucional de culpabilidad N63 STC 010-2002-AI: Está prohibido el sentido interpretativo de una disposición, que excluya del tipo penal cualquier referencia a la responsabilidad o culpabilidad del sujeto149. Prohibición de la analogía como integración normativa N71 STC 010-2002-AI: Está prohibida, en materia penal, la integración normativa, mientras que sí está permitida la interpretación analógica150.

Esta norma le permitió al Tribunal Constitucional sostener, inmediatamente después y en esta misma sentencia, lo siguiente: “[L]os jueces no pueden condenar, al amparo de dicho artículo 2° del Decreto Ley N.° 25475, a una persona por el solo hecho de que se haya lesionado o puesto en peligro los bienes jurídicos señalados en la misma disposición legal sin tomar en cuenta el análisis de su culpabilidad”. 150 Para el Tribunal Constitucional, hay que que diferenciar “i) los casos de integración normativa, en los que, frente a un vacío normativo, el juzgador, utilizando la analogía con otras normas similares, crea una norma jurídica; y, ii) aquellos casos de interpretación jurídica en los que existe una norma, cuyo sentido literal posible regula el caso concreto, y el juzgador se limita a delimitar su alcance a través de un razonamiento analógico”. Fundamento 70 de esta misma sentencia. 149

232

4. La apología del terrorismo y libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento Limitaciones a la libertad de expresión e información N83 STC 010-2002-AI: Está permitido limitar las libertades de expresión e información si existen otros valores de igual rango que deben ser protegidos. Libertades de expresión e información y sistema democrático N87 STC 010-2002-AI: Está permitido al Estado reprimir aquellos ejercicios de las libertades de información y expresión, que busquen destruir el propio sistema democrático, ámbito natural donde es posible el goce y el ejercicio de todos los derechos fundamentales. La represión debe realizarse con el escrupuloso respeto de los límites a los que el ius puniendi estatal está sometido, de tal manera que sus efectos intimidatorios no nieguen u obstaculicen irrazonablemente el ejercicio de estas libertades. Libertad de expresión y apología N88

STC

010-2002-AI:

Está

ordenado

a

los

jueces

ser

especialmente sensibles en la protección de las libertades de expresión e información, y aplicar el tipo penal de apología teniendo en cuenta que lo prohibido es la apología que constituya incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal. Libertad de expresión y apología N88’ STC 010-2002-AI: Está prohibido considerar que cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor, constituya delito de apología, sino que deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado; b) que cuando la apología se refiera a la persona que haya cometido el delito, esta tenga la condición de condenada por sentencia firme; c) que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir,

233

que se trate de una vía idónea para propalar el elogio a un número indeterminado de personas; y, d) que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso.

5.

El derecho al debido proceso Interpretación conforme a la Constitución N93 STC 010-2002-AI: Está ordenado no tener por inconstitucional

el artículo 6 del Decreto Ley 25659151, siempre y cuando se interprete que no procede el hábeas corpus para buscar que el juez constitucional, basándose en el análisis de los hechos por los que alguien es procesado, emita juicio en torno a su inocencia o culpabilidad en la causa que se le sigue. En el fundamento 98 de esta sentencia recuerda el Tribunal Constitucional la norma convencional siguiente: Prohibición de juzgar en el fuero militar a civiles sin funciones militares N128 Caso Castillo Petruzzi vs. Perú. Sentencia de 4 de septiembre de 1998: Está prohibido, por ser contrario a la garantía del juez natural y consecuentemente, al debido proceso, que la jurisdicción militar juzgue a civiles que carecen de funciones militares. Prohibición para que jueces militares juzguen a civiles N98-N99-N100 STC 0010-2002-AI: Está prohibido que los jueces militares juzguen a civiles, pues lesionaría el derecho al juez natural152, al juez imparcial153 y al juez independiente154.

151 Esta

disposición legal establecía lo siguiente: “En ninguna de las etapas de la investigación policial y del proceso penal proceden las Acciones de Garantía de los detenidos, implicados o procesados por delito de terrorismo, comprendidos en el Decreto Ley N° 25475, ni contra lo dispuesto en el presente Decreto Ley”. 152 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999 (fondo, reparaciones y costas), párrafo 128. 153 Cfr. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000 (fondo), párrafo 114. 154 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999 (fondo, reparaciones y costas), párrafo 130.

234

Prohibición que jueces militares juzguen a civiles N102 STC 010-2002-AI: Está ordenado considerar como lesivas del derecho al juez natural, la autorización para que los tribunales militares juzguen a civiles por los delitos de traición a la patria y terrorismo. Criterios para determinar la competencia del juez N103 STC 0010-2002-AI: Está ordenado que la competencia del juez llamado a conocer el proceso penal deba ser determinada a partir de reglas preestablecidas en base a distintas consideraciones (materia, territorio, grado, etc.), de forma que quede garantizada su independencia. Interpretación conforme a la Constitución de una disposición constitucional N104

STC

010-2002-AI:

Está

ordenado

no

tener

por

inconstitucional el artículo 173 de la Constitución155, siempre que se interprete que dicho precepto constitucional no autoriza a que los civiles sean juzgados por los tribunales militares, sino a que, mediante ley, se disponga que ciertas disposiciones del Código de Justicia Militar puedan ser utilizadas en el procesamiento de civiles acusados de la comisión de los delitos de terrorismo y traición a la patria en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Aplicación de disposiciones procesales de la justicia militar en la justicia ordinaria N106-107

STC

010-2002-AI:

Está

permitido

a

la

ley,

excepcionalmente, establecer que determinadas disposiciones del Código de Justicia Militar pueden ser utilizadas en el procesamiento de civiles acusados

Según esta disposición, “[e]n caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 solo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar”. 155

235

de la comisión de los delitos de terrorismo y traición a la patria; en ningún caso podrán entenderse como referidas al órgano, sino solo a reglas de procedimiento para ser utilizadas por la justicia ordinaria, y siempre que estas, a su vez, sean acordes con las garantías mínimas del debido proceso previstas en la Constitución. Inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de recusar N113 STC 010-2002-AI: Está prohibido, por incurrir en una desproporcionada e irrazonable restricción del derecho al juez natural, proscribir en forma absoluta la posibilidad de recusar a los magistrados y auxiliares de justicia intervinientes en una causa. El derecho a ser asesorado por un defensor alcanza al momento previo a la toma de manifestaciones N121 STC 010-2002-AI: Está ordenado, por lo que hace al ámbito penal, que el derecho a no ser privado de la defensa reconocido en el artículo 139.14 de la Constitución, abarque también la etapa de investigación policial, desde su inicio; de manera que el derecho a ser asesorado por un defensor, libremente elegido, no admite que, por ley o norma con valor de ley, este ámbito pueda reducirse para disponer que el derecho a ser asistido por un profesional del derecho no alcanza el momento previo a la toma de la manifestación. Contenido constitucional del derecho de defensa N122 STC 010-2002-AI: Está ordenado considerar que el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa garantiza que toda persona sometida a detención, policial o judicial, deba ser informada irrestrictamente de las razones que la promueven, y que, desde su inicio, hasta su culminación, pueda ser asistida por un defensor libremente elegido. Constitucionalidad de la prohibición de defensa de dos o más procesados

236

N128-130 STC 010-2002-AI: Está permitido al legislador, en principio y con carácter general, prohibir que un mismo abogado pueda defender a dos o más procesados simultáneamente. Esta prohibición puede ser inconstitucional en su aplicación concreta, especialmente en un ámbito territorial donde no haya la posibilidad de elección entre diversos profesionales del derecho. Carácter excepcional de la prohibición de defender a dos o más procesados N131 STC 010-2002-AI: Está ordenado que la limitación de asesorar a un solo procesado no puede configurarse como una regla general, sino como excepción, y siempre que los fines que con tales medidas se persigan alcanzar sean estrictamente proporcionales con la restricción impuesta. Interpretación conforme a la Constitución N137

STC

010-2002-AI:

Está

ordenado

no

tener

por

inconstitucional el inciso a) del artículo 13 del Decreto Ley 25475156, siempre y cuando se interprete que autoriza al juez penal a abrir la instrucción si es que, formalizada la denuncia penal por el representante del Ministerio Público, concurren los requisitos establecidos en la norma procesal penal. Inconstitucionalidad de la ley que obliga a dictar mandato de detención N141 STC 010-2002-AI: Está permitido disponer la detención preventiva solamente si en un asunto determinado es indispensable, por lo que resulta inconstitucional establecer legislativamente el carácter obligatorio

Según esta disposición legal, “Formalizada la denuncia por el Ministerio Público, los detenidos serán puestos a disposición del Juez Penal quien dictará el auto apertorio de instrucción con orden de detención, en el plazo de veinticuatro horas, adoptándose las necesarias medidas de seguridad. Durante la instrucción no procede ningún tipo de libertad con excepción de la libertad incondicional”. Una interpretación distinta vulnera las normas constitucionales que recogen el principio de autonomía judicial. 156

237

de su dictado. Interpretación conforme a la Constitución N142

STC

010-2002-AI:

Está

ordenado

no

tener

por

inconstitucional el inciso a) del artículo 13 del Decreto Ley 25475157, siempre y cuando se interprete que la atribución de dictar mandato de detención necesariamente debe entenderse bajo los alcances de la norma procesal penal que recoge los requisitos para dictar mandato de detención. Adicionales criterios para decidir mandato de detención N143 STC 010-2002-AI: Está permitido al legislador considerar el riesgo de la comisión de nuevos delitos y la preservación del orden público como criterios para dictar mandato de detención. Derecho a la prueba como contenido implícito del debido proceso N148 STC 0010-2002-AI: Está ordenado considerar al derecho a la prueba como un contenido implícito del derecho al debido proceso. Límites del derecho a la prueba N149 STC 010-2002-AI: Está ordenado reconocer que el derecho constitucional a probar se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sea armonizado en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. Derecho a la prueba y valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud N149’ STC 010-2002-AI: Está ordenado sujetar el ejercicio del derecho a la prueba a los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y

Según esta disposición legal, “Formalizada la denuncia por el Ministerio Público, los detenidos serán puestos a disposición del Juez Penal quien dictará el auto apertorio de instrucción con orden de detención, en el plazo de veinticuatro horas, adoptándose las necesarias medidas de seguridad. Durante la instrucción no procede ningún tipo de libertad con excepción de la libertad incondicional”. Una interpretación distinta vulnera las normas constitucionales que recogen el principio de autonomía judicial. 157

238

licitud. Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho. Necesidad de armonizar el ejercicio del derecho a la prueba con otros derechos fundamentales N150 STC 010-2002-AI: Está permitido someter el ejercicio del derecho a la prueba a límites derivados de la necesidad de armonizarse su ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, siempre que con ellos no se afecte su contenido esencial o, en su caso, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Imposibilidad de interrogar a quienes elaboraron el atestado policial para proteger su vida e integridad N154 STC 010-2002-AI: Está ordenado que la limitación de contenidos del derecho a un proceso con las debidas garantías, como el de no poder interrogar en un proceso penal por terrorismo a los que elaboran el atestado policial, se encuentre justificada en la protección de derechos fundamentales tan valiosos como la vida y la integridad personal. Una sentencia condenatoria no puede sostenerse solo en el atestado policial N158

STC

010-2002-AI: Está prohibido que una sentencia

condenatoria pueda sustentarse solo en la versión del atestado policial, sino que debe ser corroborada con otros tipos o medios de prueba.

Pruebas generadas en la jurisdicción militar no son inválidas automáticamente N160 STC 010-2002-AI: Está ordenado que, en los casos que corresponda, las pruebas actuadas en los procesos ante la jurisdicción militar no resulten viciadas o inutilizables por haberse violado el derecho al juez

239

competente. La eventual lesión de tal derecho constitucional no afecta de manera automática la validez de los medios de prueba que hubiesen sido recopilados o actuados antes de que se declare la existencia de ese vicio. Proscripción de la duración excesivamente breve de un proceso N166 STC 010-2002-AI: Está prohibido, por el derecho a la duración razonable del proceso, la duración excesiva y la duración excesivamente breve de los procesos. Proscripción de la duración excesivamente breve de un proceso N167 STC 010-2002-AI: Está ordenado considerar que un proceso concebido con una duración extremadamente sumaria o apresurada, cuyo propósito no sea alcanzar que la Litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal de sustanciación de cualquier acusación penal, vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Constitucionalidad de la medida de incomunicación del procesado N172 STC 010-2002-AI: Está permitido incomunicar a un procesado cuando exista una razón objetiva y razonable que la justifique; y siempre que con ello se persiga el esclarecimiento de un delito, considerado como muy grave. La incomunicación no puede practicarse para otros fines que no sean el esclarecimiento de un delito, en la forma y plazo que la ley establezca. Recuerda el Tribunal Constitucional en el fundamento 172 de la presente sentencia, la siguiente norma creada por la Corte IDH: Excepcionalidad de la incomunicación del procesado N51 Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997: Está ordenado considerar que la incomunicación es una medida de carácter excepcional que tiene como propósito impedir que se entorpezca la investigación de los hechos. El juez decide la incomunicación

240

N173 STC 010-2002-AI: Está ordenado que la incomunicación se efectúe necesariamente por el juez penal, en tanto que se trata de una medida limitativa de un derecho fundamental.

6.

La cadena perpetua y la reincorporación del penado a la sociedad Regulación del quantum de la pena y resocialización del condenado N180 STC 010-2002-AI: Está ordenado que cualquiera sea la

regulación del quantum de la pena o de las condiciones en las que esta se ha de cumplir, ella necesariamente se configure en armonía con las exigencias de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad158. Necesidad de prever una fecha de culminación de la pena N182 STC 010-2002-AI: Está ordenado que, de las exigencias de reeducación, rehabilitación y reincorporación como fines del régimen penitenciario, se derive la obligación del legislador de prever una fecha de culminación de la pena, de manera tal que permita que el penado pueda reincorporarse a la vida comunitaria. Si bien el legislador cuenta con una amplia libertad para configurar los alcances de la pena, sin embargo, tal libertad tiene un límite de orden temporal, directamente relacionado con la

Esta norma debe ser completada con estas otras normas; Carácter rehabilitador de la pena N10 STC 0489-2006.PA: Está ordenado que el carácter rehabilitador de la pena forme al interno en el uso responsable de su libertad, sin imponerle una determinada cosmovisión del mundo ni un conjunto de valores; sin que nunca le puede ser negada la esperanza de poderse insertar en la vida comunitaria. Prohibición de la pena de muerte N11 STC 0489-2006.PA: Está prohibida la supresión de la vida como una forma de pena, desde que los objetivos de la pena son totalmente incompatibles con la muerte. Quantum de la pena y resocialización N12 STC 0489-2006-PHC: Está ordenado al legislador que, cualquiera sea la regulación del quantum de la pena o de las condiciones en las que la pena se ha de cumplir, ella debe necesariamente configurarse en armonía con las exigencias de “reeducación”, “rehabilitación” y “reincorporación” del penado a la sociedad. Inconstitucionalidad de la pena de muerte N12’ STC 0489-2006-PHC: Está prohibida la pena de muerte porque vulnera la dignidad humana y los fines constitucionales de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Prohibición de aumentar los supuestos de pena de muerte N20 STC 0489-2006-PHC: Está prohibido al Estado peruano aumentar los supuestos en los que se contemple la aplicación de la pena de muerte. 158

241

exigencia constitucional de que el penado se reincorpore a la sociedad.

Proscripción de instrumentalización de la persona N186 STC 0010-2002-AI: Está prohibido, por la dignidad humana, tratar a las personas como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues a cada una, incluso los delincuentes, debe considerarse como un fin en sí mismo159. Medidas del Estado que ayuden a la resocialización N187 STC 0010-2002-AI: Está ordenado al Estado realizar las medidas adecuadas y necesarias para que el infractor de determinados bienes jurídico-penales pueda reincorporarse a la vida comunitaria, y que ello se realice con respeto a su autonomía individual, cualquiera sea la etapa de ejecución de la pena. Obligaciones del Estado para con el interno N188 STC 0010-2002-AI: Está ordenado formar al interno en el uso responsable de su libertad, y está prohibido imponerle una determinada cosmovisión del mundo o un conjunto de valores que pueda no compartir. En todo caso, nunca le puede ser negada la esperanza de poderse insertar en la vida comunitaria. Constitucionalidad de la cadena perpetua N190 STC 010-2002-AI: Está permitida la cadena perpetua si se la acompaña de medidas que permitan que deje de ser una pena sin plazo de culminación. Constitucionalidad de la cadena perpetua

Con posterioridad establecerá el Tribunal Constitucional lo siguiente: N9 STC 0489-2006-PHC: Está prohibido, por la dignidad humana, tratar a los seres humanos como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, debe considerarse como un fin en sí mismo. 159

242

N194 STC 010-2002-AI: Está prohibida la cadena perpetua solo si no se prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal160.

7.

Proporcionalidad de las penas La proporcionalidad como principio general del Derecho N195 STC 010-2002-AI: Está ordenado satisfacer el principio de

proporcionalidad en cualquier ámbito del Derecho, como principio general del Derecho expresamente positivizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución161. Proporcionalidad en la determinación de las penas N196 STC 010-2002-AI: Está ordenado aplicar el principio de proporcionalidad en el ámbito de la determinación legal, la determinación judicial o, en su caso, la determinación administrativa-penitenciaria de la pena. Proporcionalidad entre el delito cometido y la pena a imponer N197 STC 010-2002-AI: Está ordenado al legislador que, al momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una justa y adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se vaya a imponer. Legislador y amplio margen para determinar las penas N198 STC 0010-2002-AI: Está ordenado reconocer que el legislador goza, dentro de los límites de la Constitución, de un amplio margen de libertad

El Tribunal Constitucional en el fundamento 194 de esta sentencia dijo que “si en un plazo razonable el legislador no dictase una ley en los términos exhortados, por la sola eficacia de esta sentencia, al cabo de 30 años de iniciada la ejecución de la condena, los jueces estarán en la obligación de revisar las sentencias condenatorias”. 161 Esta norma debe ser completada con esta otra: El principio de proporcionalidad no se circunscribe a los estados de excepción N5 STC 0489-2006-PHC: Está prohibido circunscribir la proyección del principio de proporcionalidad solo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de excepción, sino que debe extenderse a cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, independientemente de que el estado de excepción se haya declarado o no. 160

243

para determinar las penas, atendiendo no solo al fin esencial y directo de protección que corresponde a la norma, sino también a otros fines o funciones legítimas, como los señalados en el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución. Control de constitucionalidad de la determinación legislativa de las penas N199 STC 0010-2002-AI: Está ordenado al juez constitucional indagar si los bienes o intereses que el legislador trata de proteger a través de la pena, son de naturaleza constitucional y por tanto, socialmente relevantes; asimismo, debe evaluar si la medida es idónea y necesaria para alcanzar los fines de protección que se persiguen, por no existir otras penas menos aflictivas de la libertad y, finalmente, juzgar si existe un desequilibrio manifiesto, esto es, excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma.

8.

La negación de beneficios penitenciarios Legislador y beneficios penitenciarios N208 STC 0010-2002-AI: Está permitido al legislador autorizar la

concesión de beneficios penitenciarios, que permita a los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, recobren su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido conseguidos. Legislador y tratos diferenciados N211 STC 0010-2002-AI: Está permitido al legislador realizar tratamientos diferenciados que posean un elemento objetivo que la justifique o una justificación razonable que la respalde162. Prohibición de beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo Con posterioridad esta norma fue formulada de esta manera: N4 STC 02776-2011-PHD: Está permitido el trato diferenciado siempre que se sostenga en una justificación objetiva y razonable. 162

244

N211’ STC 0010-2002-AI: Está ordenado considerar que la no concesión de los beneficios penitenciarios para los condenados por el delito de terrorismo no infringe per se el principio de igualdad, debido a que se justifica en atención a la especial gravedad del delito en cuestión y a los bienes de orden público constitucional que, con su dictado, se persiguen proteger.

9.

El derecho a la nacionalidad Prohibición de disponer la pérdida de la nacionalidad N216 STC 0010-2002-AI: Está prohibido al legislador disponer

como pena la pérdida de la nacionalidad peruana.

10.

El derecho a la integridad personal Constitucionalidad del uso de la fuerza. Integridad física de los

reclusos N219 STC 0010-2002-AI: Está ordenado que en aquellos casos en que pueda resultar justificable el uso de medidas de fuerza contra la persona, estas tengan lugar en circunstancias verdaderamente excepcionales, y nunca en grado tal que conlleven el propósito de humillar al individuo o resquebrajar su resistencia física o moral, dado que esta afectación puede desembocar incluso en la negación de su condición de persona, supuesto inconcebible en un Estado constitucional de derecho. Condiciones del cumplimiento de la pena N220 STC 0010-2002-AI: Está permitido que las condiciones en las que el individuo debe cumplir la pena sean distintas en atención a las particulares circunstancias que rodean el caso de cada sentenciado, es decir, en atención al margen de peligrosidad que pueda ser deducido de sus características personales, su comportamiento, antecedentes penales, especial gravedad del ilícito cometido, etc. No obstante, en ningún caso puede justificarse la degradación del ser humano.

245

Aislamiento absoluto y celdas unipersonales en la ejecución de la pena N223 STC 0010-2002-AI: Está prohibido someter a un sentenciado a una pena que suponga el aislamiento absoluto durante el periodo de un año, porque constituye una medida irrazonable y desproporcionada, constitutiva de un trato cruel e inhumano. Lo propio acontece con la exigencia de mantener al recluso en celdas unipersonales durante todo su periodo de confinamiento en un centro penitenciario163.

II. EXP. N.° 2915-2004-HC/TC: Duración razonable de la detención preventiva [bit.ly/2WX8Ws3] 1.

Presupuestos para la legitimidad de la detención preventiva Factores de validez de la detención preventiva N3 STC 2915-2004-HC: Está ordenado al juez al momento de evaluar

la razonabilidad y proporcionalidad de la limitación del derecho a la libertad personal materializada en una detención judicial preventiva, atender dos factores sustanciales; las causales que la justifican; y la duración de la medida.

2.

Derecho al plazo razonable y libertad personal El derecho al plazo razonable de la detención preventiva N5 STC 2915-2004-HC: Está ordenado que la prisión preventiva no

exceda de un plazo razonable164, como manifestación implícita del derecho a Inicialmente, el artículo 20 del Decreto Ley 25475, dispuso lo siguiente; “Las penas privativas de libertad establecidas en el presente Decreto Ley se cumplirán, obligatoriamente, en un centro de reclusión de máxima seguridad, con aislamiento celular continuo durante el primer año de su detención y, luego con trabajo obligatorio por el tiempo que dure su reclusión. En ningún caso, y bajo responsabilidad del Director del establecimiento, los sentenciados podrán compartir sus celdas unipersonales, régimen disciplinario que estará vigente hasta su excarcelación. En la sentencia al EXP. N.° 010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional ordenó que “el artículo 20° del Decreto Ley N.° 25475 subsiste, redactado de la siguiente forma; Artículo 20° (Decreto Ley N°. 25475); Las penas privativas de libertad establecidas en el presente Decreto Ley se cumplirán, obligatoriamente, en un centro de reclusión de máxima seguridad, con trabajo obligatorio por el tiempo que dure su reclusión (...)”. 164 Cfr. el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 163

246

la libertad personal.

3.

La detención preventiva como medida excepcional y subsidiaria La detención preventiva como medida excepcional y subsidiaria N8 STC 2915-2004-HC: Está ordenado que la medida de detención

preventiva deba ser la última ratio por la que puede optar un juez para asegurar el éxito del proceso penal165. Inconstitucionalidad de duración irrazonable de la detención N10 STC 2915-2004-HC: Está prohibido que la medida de detención preventiva exceda de un plazo razonable.

4.

Razonabilidad de la duración de la detención Presunción de inocencia y duración de la detención preventiva N12 STC 2915-2004-HC: Está ordenada la vigencia del principio de

presunción de inocencia hasta que una decisión judicial logre desvirtuarla. Mientras ello no ocurra dicho principio debe informar a todos y cada uno de los actos de la judicatura, incluida la duración de la detención preventiva. Prohibición de un plazo abstracto como plazo razonable N14 STC 2915-2004-HC: Está prohibido establecer en abstracto un único plazo a partir del cual la duración de la prisión provisional pueda reputarse como irrazonable. Plazo razonable según las circunstancias del caso N16 STC 2915-2004-HC: Está ordenado determinar la duración razonable de la detención preventiva en las específicas circunstancias de cada caso concreto.

5.

Criterios para evaluar la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva Obligación del juez de actuar con especial diligencia N18 STC 2915-2004-HC: Está ordenado al juez penal dotar de la

prioridad debida y actuar con una diligencia especial en la tramitación de las

165

Cfr. artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

247

causas en las que el inculpado se encuentre en condición de detenido. Diligencia del juez y razonabilidad del plazo de detención N20

STC

2915-2004-HC: Está ordenado que, a efectos de

determinar la razonabilidad del plazo de detención, se analice si el juez penal ha procedido con la diligencia debida en la tramitación del proceso. Factores para determinar la diligencia del juez N21 STC 2915-2004-HC: Está ordenado que, para determinar si en la causa se ha obrado con la debida diligencia, no solo se analice, propiamente a) la conducta de las autoridades judiciales, sino también, b) la complejidad del asunto, y c) la actividad procesal del interesado. Grado de celeridad en la tramitación del proceso N22 STC 2915-2004-HC: Está ordenado, en lo que respecta a la actuación de los órganos judiciales, evaluar el grado de celeridad con el que se ha tramitado el proceso, sin perder de vista en ningún momento el especial celo que es exigible a todo juez encargado de dilucidar una causa en la que se encuentra un individuo privado de su libertad. Serían especialmente censurables, por ejemplo, la demora en la tramitación y resolución de los recursos contra las decisiones que imponen o mantienen la detención preventiva; las indebidas e injustificadas acumulaciones o desacumulaciones de procesos; o los repetidos cambios de juez instructor, la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una diligencia en general. En el fundamento 23 de esta sentencia se alude a las siguientes dos reglas jurídicas convencionales: Privación de la libertad personal N47 Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Sentencia de 21 de enero de 1994: Está prohibido privar de la libertad personal salvo por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), y con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la

248

misma (aspecto formal). Detención y derechos fundamentales N47’ Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Sentencia de 21 de enero de 1994: Está prohibido someter a detención o encarcelamiento por causas y métodos

que

-aún calificados

de

legales-

puedan

reputarse

como

incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser,

entre

otras

cosas,

irrazonables,

imprevisibles,

o

faltos

de

proporcionalidad. N25 STC 2915-2004-HC: Está ordenado que para valorar la complejidad del asunto, se tome en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil. Actividad procesal del detenido N26-27 STC 2915-2004-HC: Está ordenado distinguir el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante la

pasividad

absoluta

del

imputado,

de

la

denominada

“defensa

obstruccionista”. La demora solo puede ser imputable al acusado si este ha abusado de su derecho a utilizar los resortes procesales disponibles, con la intención de atrasar el procedimiento166. En el fundamento 28 de esta sentencia se recuerdan las dos siguientes normas:

Según el Tribunal Constitucional, “[e]ntre las conductas que podrían ser merituadas como intencionalmente dirigidas a obstaculizar la celeridad del proceso, se encuentran la interposición de recursos que desde su origen y de manera manifiesta, se encontraban condenados a la desestimación, o las constantes y premeditadas faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las investigaciones”. EXP. N.° 2915-2004-HC/TC, fundamento 28. 166

249

Derecho a la no autoincriminación N9

STC

0376-2003-HC: Está ordenado respetar el derecho

fundamental de todo procesado a la no autoincriminación, una de cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso, en el correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta. Prohibición de actos positivos en contra de búsqueda de la verdad N9’ STC 0376-2003-HC: Está prohibido al procesado desviar mediante actos positivos el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso. Recursos contra el mandato de detención no genera perjuicios al procesado N30 STC 2915-2004-HC: Está prohibido que genere perjuicios para el procesado la repetida presentación de recursos que tengan por objeto la reevaluación de la pertinencia y suficiencia de las razones que, prima facie, legitimaron el dictado del mandato de detención en su contra.

6.

Límites legales de la duración de la detención preventiva Regulación legal del plazo razonable N32 STC 2915-2004-HC: Está permitido establecer a través de la

ley167, una regulación que sirva de parámetro objetivo para el enjuiciamiento del plazo de la detención preventiva en un caso concreto. Plazo razonable y plazo máximo N36 STC 2915-2004-HC: Está permitido que el plazo razonable de una detención preventiva sea menor que el plazo máximo previsto legalmente. La prolongación del plazo de detención 167 El

Tribunal Constitucional habla de “ordenamiento jurídico” en este fundamento 32, pero se ha de entender referida a la ley o decreto legislativo, por tratarse de un desarrollo constitucional (octava disposición final y transitoria).

250

N41 STC 2915-2004-HC: Está ordenado al juez penal que al momento de aplicar los preceptos legales que autorizan la prolongación del plazo de la detención, tenga en cuenta que; a) se trata de plazos máximos que no pueden ser sobrepasados bajo ninguna circunstancia (límite absoluto al plazo de duración de la prisión preventiva); b) todos los criterios para valorar la razonabilidad de la duración del plazo son aplicables cuando se pretenda prolongarlo; c) en los casos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o del Estado, la prolongación del plazo máximo solo podría fundamentarse en retrasos atribuibles objetiva e inequívocamente al propio interesado, sin que para tales efectos sea posible recurrir a una supuesta “complejidad del asunto”; d) en ningún caso el plazo de detención provisional de un procesado puede exceder el de la pena privativa de libertad preestablecida para el delito del que se le acusa168. Deber especial de justificación de la prolongación de la detención preventiva N41’ STC 2915-2004-HC: Está ordenado que toda resolución judicial que pretenda prolongar el plazo de detención provisional por un periodo superior a 36 meses, debe encontrarse necesariamente motivada en causas suficientes y objetivamente atribuibles al procesado, pues en caso contrario se vulneraría el derecho fundamental de toda persona a no ser sometida a detención provisional más allá de un plazo razonable169.

168 Esta

norma constitucional adscripta la formula el Tribunal Constitucional en referencia al artículo 137 del Código Procesal Penal vigente al momento de emitir la sentencia. Se ha intentado formular la norma en sentido abstracto, de modo que pueda ser aplicable también con el actual Código Procesal Penal. Además, declaró el Tribunal Constitucional que el criterio recogido en esta norma “constituye criterio de observancia obligatoria para toda la judicatura, en virtud de lo dispuesto por la Primera Disposición General de la Ley N.° 26435 -Orgánica del Tribunal Constitucional-”. Fundamento 42. 169 ídem.

251

Vencimiento del plazo de detención preventiva y libertad procesal N43 STC 02915-2004-HC: Está ordenado, por el derecho a la libertad procesal, que el encausado obtenga una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva, cuando al vencimiento del plazo legal establecido, no hubiese ejercido una defensa obstruccionista afectante del principio de celeridad judicial y, pese a ello, no se le haya dictado sentencia en primera instancia.

III. EXP. N.° 3509-2009-PHC/TC: Duración razonable del proceso. Acusación Constitucional [bit.ly/2ylKUOT] Antejuicio político o acusación constitucional y delitos de función N10 STC 3509-2009-PHC: Está ordenado activar la prerrogativa del antejuicio político o acusación constitucional solamente por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, mas no está diseñado o configurado respecto de la comisión de delitos comunes, de modo que esta prerrogativa no resulta aplicable a los altos funcionarios del Estado en todos los ámbitos de su vida, incluyendo la privada, sino solo para aquellos casos en los que la conducta delictiva sea consecuencia de actos propios de su cargo. No es retroactiva la aplicación de ley posterior que delimita elementos objetivos del tipo N18 STC 3509-2009-PHC: Está permitido procesar penalmente con base en un tipo penal respecto del cual, con posterioridad a los hechos, fue aprobada una modificatoria legal que lo único que hace es delimitar los elementos objetivos del tipo penal y no modifican la esencia de la imputación formulada. El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable N19 STC 3509-2009-PHC: Está ordenado juzgar en un plazo

252

razonable como una manifestación implícita del derecho al debido proceso170. En el fundamento 20 de esta sentencia se recuerda la siguiente norma creada por la Corte IDH: Elementos para definir la razonabilidad del plazo del proceso N77 Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Sentencia del 29 de enero de 1997: Está ordenado tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales171. En el fundamento 21 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda esta norma: Complejidad del asunto N25 STC 2915-2004-HC: Está ordenado que, para valorar la complejidad del asunto, se tome en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil. En el fundamento 22 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda esta norma: Actividad procesal del detenido N26-27 STC 2915-2004-HC: Está ordenado distinguir el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante Cfr. artículo 14, inciso 3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 171 Esta norma fue modificada por la norma N155 Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, en la que se incluye un cuarto criterio de evaluación de razonabilidad de la duración: “[L]a afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia”. 170

253

la

pasividad

absoluta

del

imputado,

de

la

denominada

“defensa

obstruccionista”. La demora solo puede ser imputable al acusado si este ha abusado de su derecho a utilizar los resortes procesales disponibles, con la intención de atrasar el procedimiento. En el fundamento 23 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda estas normas: Derecho a la no autoincriminación N9

STC

0376-2003-HC: Está ordenado respetar el derecho

fundamental de todo procesado a la no autoincriminación, una de cuyas manifestaciones autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso, en el correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta. Prohibición de actos positivos en contra de la búsqueda de la verdad N9’ STC 0376-2003-HC: Está prohibido al imputado a que, mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso. Supuestos de defensa obstruccionistas N24 STC 3509-2009-PHC: Está ordenado tener como defensa obstruccionista todas aquellas conductas intencionalmente dirigidas a obstaculizar la celeridad del proceso, sea la interposición de recursos que, desde su origen y de manera manifiesta, se encontraban condenados a la desestimación, sea las constantes y premeditadas faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las investigaciones, entre otros. En el fundamento 25 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda esta norma: Grado de celeridad en la tramitación del proceso N22 STC 2915-2004-HC: Está ordenado, en lo que respecta a la

254

actuación de los órganos judiciales, evaluar el grado de celeridad con el que se ha tramitado el proceso, sin perder de vista el especial celo que es exigible a todo juez encargado de dilucidar una causa en la que se encuentra un individuo privado de su libertad. Serían especialmente censurables, por ejemplo, la demora en la tramitación y resolución de los recursos contra las decisiones que imponen o mantienen la detención preventiva; las indebidas e injustificadas acumulaciones o desacumulaciones de procesos; o los repetidos cambios de juez instructor, la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una diligencia en general. Omisiones y retardos del juez y plazo razonable N26-27 STC 3509-2009-PHC: Está prohibido al juez las demoras o retardos procesales que pueden consistir en la omisión de resolver dentro de los plazos previstos en las leyes procesales, comportamiento que proviene de la pasividad o inactividad del órgano judicial, y en general, todas las dilaciones indebidas a través de actividades procesales que por no ser adecuada para lograr la pronta solución del proceso genera una demora imputable al juez o al tribunal del caso. Presunción de inocencia desvirtuada N38 STC 3509-2009-PHC: Está ordenado que la presunción de inocencia solo pueda ser desvirtuada a través de una sentencia expedida en un proceso legítimo en el que se hayan respetado todas las garantías. Vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable prohíbe continuar con persecución penal N39 STC 3509-2009-PHC: Está prohibido al Estado continuar con la persecución penal si se ha vulnerado el derecho fundamental al plazo razonable en la duración del proceso penal, por lo que el agraviado debe

255

quedar excluido del proceso penal que se le sigue172.

IV. EXP N.° 04780-2017-PHC/TC Y EXP N.° 00502-2018-PHC/TC (ACUMULADO): Estándares para la constitucionalidad del mandato de prisión preventiva [bit.ly/2HySlqU] 1. Firmeza de las resoluciones judiciales en los procesos constitucionales En el fundamento 10 de la sentencia, el Tribunal Constitucional recordó esta regla jurídica; N5 STC 04107-2004-HC: Está ordenado entender como resolución judicial firme (artículo 4 del Código Procesal Constitucional), aquella contra la cual se han agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia, lo que implica el agotamiento de los recursos antes de la interposición de la demanda173. Proceso constitucional contra resolución con firmeza sobrevenida N20 STC 04780-2017-PHC: Está permitido al juez constitucional un pronunciamiento

sobre

el

fondo

cuando

las

resoluciones

judiciales

cuestionadas han adquirido firmeza sobrevenida. Firmeza de resolución y subsidiaridad del proceso constitucional N24 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado considerar que la regla de firmeza de las resoluciones judiciales materia de impugnación incorporada en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, responde al criterio de subsidiariedad de los procesos constitucionales para la revisión de los mandatos judiciales, a fin de evitar el cuestionamiento prematuro y carente de interés para obrar del presunto agraviado con sus efectos.

2. Estándares sobre la detención preventiva Limitaciones constitucionales de la libertad individual

172 Esta

norma hoy ya no está vigente. Cfr. las normas N10 STC 03689-2008-PHC, (cfr. nota 140), N40 STC 05350-2009-PHC y N9 STC 00295-2012-PHC. 173 Es importante mencionar que la exigencia de firmeza de la resolución que es objeto de una demanda constitucional de amparo o hábeas corpus, no es absoluta, sino relativa. Los criterios que permiten justificar la excepción son los siguientes: Excepción a la exigencia de firmeza de la resolución para ser pasible de una demanda constitucional

256

N26 STC 04780-2017-PHC: Está permitido limitar la libertad individual y sus derechos contenidos cuando sea necesario tutelar otros derechos, principios y valores constitucionales. En el fundamento 32 de esta sentencia se recuerda la siguiente norma constitucional adscripta: La libertad personal y la prisión preventiva como última ratio N7 STC 1091-2002-HC: Está ordenado que la detención judicial preventiva se considere la última ratio a la que el juzgador debe apelar, susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general, debido a que se dicta pese a que, mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia. En el fundamento 35 de esta sentencia se recuerda la norma siguiente: N8 STC 4107-2004-HC: Está permitido excepcionar la exigencia de firmeza de la resolución para ser objeto de una demanda constitucional, con base en los siguientes criterios: a) que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que depara el proceso judicial de la materia; b) que haya retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso; c) que por el agotamiento de los recursos pudiera convertirse en irreparable la agresión; d) que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados para su resolución. Constitucionalidad de la prisión preventiva N8 STC 04163-2014-PHC: Está ordenado considerar a la de detención judicial preventiva como una medida constitucional, porque no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado, siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. Debida motivación de resolución judicial que ordena detención

257

preventiva N35 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado que la resolución judicial firme que decreta la prisión preventiva cumpla con la exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en la que se pueda verificar en forma clara y fundándose en evidencias sólidas cuáles son las razones que llevaron a su dictado174. En el fundamento 36 de esta sentencia se recuerda la siguiente regla jurídica: Motivación estricta del mandato de prisión preventiva N4 STC 00038-2015-PHC: Está ordenado que, tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en su adopción o mantenimiento sea más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva. En el fundamento 37 de esta sentencia se recuerda esta norma convencional: Excepcionalidad de la prisión preventiva N106 Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004: Está ordenado entender que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, por lo que su aplicación debe ser excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los

principios

de

legalidad,

presunción

de

inocencia,

necesidad

y

proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. En el fundamento 39 de esta sentencia se recuerda esta regla jurídica:

En la sentencia al EXP. N.° 01951-2010-PHC/TC se había formulado esta norma: N5 STC 01951-2010-PHC: Está ordenado que la resolución judicial firme que decreta la prisión preventiva cumpla con la exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en la que se pueda verificar cuáles son las razones que llevaron a su dictado. 174

258

La debida motivación y el deber de especial justificación N7f STC 00728-2008-PHC: Está ordenado considerar que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de decisiones queda delimitado también por un deber de especial justificación (motivaciones cualificadas) para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del juez o tribunal.

3.

Reglas jurídicas surgidas de la aplicación de los estándares al caso concreto En el fundamento 40 de la sentencia al EXP. N.° 04780-2017-PHC/TC,

el Tribunal Constitucional recuerda dos normas constitucionales adscriptas creadas por el Legislador ejecutivo: Requisitos para dictado de prisión preventiva N268.1 Decreto Legislativo 957: Está permitido al juez, a solicitud del Ministerio Público, dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; b) que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). De comparecencia a prisión preventiva N279.1 Decreto Legislativo 957: Está permitido al juez, a solicitud

259

del fiscal, dictar auto de prisión preventiva, si durante la investigación resultaren indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está incurso en los supuestos del artículo 268 del Decreto Legislativo 957. En el fundamento 55 de esta sentencia se recuerda la siguiente norma: No existen zonas exentas de control constitucional N5 STC 1230-2002-HC: Está prohibido reconocer como existentes zonas exentas de control constitucional. Consolidación probatoria y mandato de detención N59 STC 04780-2017-PHC: Está prohibido, en el espacio del debate judicial acerca de si corresponde o no el dictado de una prisión provisional, tomar en cuenta solamente los elementos de juicio que se hayan aportado con miras a justificar dictarla, pero no los que se aporten para justificar su rechazo. Prohibición de carácter punitivo de la prueba N60 STC 04780-2017-PHC: Está prohibido, por la presunción de inocencia, que cuando se discuta la pertinencia o no de la prisión preventiva, se analice la prueba con fines de acreditación punitiva. Prisión preventiva y convicción acerca de la culpabilidad N60’ STC 04780-2017-PHC: Está ordenado, en relación a la prisión preventiva, que todos los elementos de juicio, tanto de cargo como de descargo, se valoren no con el objeto de formarse convicción acerca de la culpabilidad o de la inocencia, sino con la finalidad de determinar si existe verosimilitud o no en relación con la vinculación de los investigados con un hecho delictivo. Elementos de prueba y de descargo en la resolución que decide una prisión preventiva N64 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado a los jueces penales que

260

al momento de evaluar los nuevos elementos de convicción de un pedido de revocatoria del mandato de comparecencia por el de prisión preventiva, valoren todos los elementos presentados no solo por el Ministerio Público, sino también por la defensa técnica de los procesados, a fin de justificar la presunta existencia de elementos que permitan razonablemente vincular al procesado con la comisión del delito por el que se le sigue un proceso penal, y así salvaguardar la presunción de inocencia, en tanto la prisión preventiva es una medida temporal y no definitiva. Juez constitucional no reemplaza al juez penal en valoración de medios de prueba N79 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado que el control de constitucionalidad de las razones que justifiquen el cumplimiento del presupuesto previsto en el literal a) del artículo 268 del Código Procesal Penal para la emisión de una orden de prisión preventiva, se efectúe con prudencia, con el objetivo de no reemplazar al juez penal en la valoración de los medios probatorios que le permitan presumir razonablemente la comisión de un delito, y sospechar también razonablemente la vinculación de la persona procesada con el mismo. Deber de máximo control de las razones que justifican el peligro procesal N80 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado que el ámbito en el que corresponde ejercer el control de constitucionalidad con el máximo rigor, es en el de las razones vinculadas con el denominado peligro procesal, es decir, las que pretenden justificar la verificación del requisito establecido en el literal c) del artículo 268 del Código Procesal Penal, a saber, que pueda colegirse razonablemente que el procesado tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

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Privación de la libertad personal por hechos de especial gravedad N81 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado que la privación de libertad de una persona sea consecuencia de una resolución judicial emanada de un debido proceso, y por hechos de especial gravedad, de modo que solo se restrinja la libertad por vía de excepción o una vez enervada la presunción de inocencia. El juzgamiento en libertad como regla general N82 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado, por la presunción de inocencia, que toda persona sometida a un proceso penal sea juzgada en libertad como regla general, y solo excepcionalmente sea privada de ella (principio de excepcionalidad).

En el fundamento 83 de esta sentencia se recuerda la norma convencional siguiente; Prisión preventiva como medida cautelar, no punitiva N77 Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997: Está ordenado al Estado no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Prohibición de relajar exigencias legales para la incorporación de la prueba N93 STC 04780-2017-PHC: Está prohibido, en el ámbito de un incidente cautelar en el que se encuentra de por medio la posibilidad de que una persona vaya a prisión, y no en el espacio del proceso principal, relajar las exigencias legales para la incorporación debida de la prueba al proceso,

262

negando que sea ese un espacio en el que la defensa pueda cuestionarlo175. La presunción del peligro procesal no puede basarse en hechos presuntos N97 STC 04780-2017-PHC: Está prohibido, por el deber de motivación cualificada de una prisión preventiva, que la presunción del riesgo de perturbación de la actividad probatoria o del riesgo de fuga se base en hechos presuntos, porque ello hace que la razonabilidad de la presunción del peligro procesal y su nivel probabilístico carezcan de la fuerza necesaria para justificar una limitación tan grave a la libertad personal. En el párrafo 98 de esta sentencia se recuerda la norma convencional siguiente: Sospechas fundadas para dictar prisión preventiva N103 Caso Chaparro Álvarez y Lapo íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007: Está ordenado que la sospecha sobre la que se base la detención tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, y no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. Presunción judicial con base en hechos acreditados N99 STC 04780-2017-PHC: Está permitida la presunción judicial en un proceso penal, pero solo en base a un elemento debidamente acreditado, no en base a otro hecho presunto.

Peligro procesal y declaraciones o conductas que no se acercan a la verdad N109

STC

04780-2017-PHC:

Está

prohibido

que

los

cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con declaraciones o conductas que no se acercan a la verdad, sean interpretados como un peligro

En el caso, “se trataba de transcripciones de audios que no habían pasado por el procedimiento de reconocimiento exigido por el Código Procesal Penal” (fundamento 87), y que a pesar de eso el juez que había ordenado la prisión preventiva, y la Sala que confirmó la medida, las había incorporado al proceso. 175

263

de obstaculización que justifique el dictado de una prisión preventiva. En el fundamento 109 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda esta norma: Versión incoherente de hechos y peligro de obstaculización de la justicia N7 STC 1555-2012-PHC: Está prohibido considerar que la versión incoherente de los hechos que el procesado pueda manifestar, constituyan indicios razonables de la manifestación del peligro de obstaculización del proceso176. Peligro procesal y declaraciones o conductas que no se acercan a la verdad N111 STC 04780-2017-PHC: Está prohibido apreciar necesidad apremiante de encarcelar a una persona por no declarar conforme a la verdad, por haber tenido conductas que no se acerquen a ella, o, por haber distorsionado su grafía. En el fundamento 117 de esta sentencia se recuerda la norma siguiente: Prognosis de la pena como insuficiente para justificar prisión preventiva

En el fundamento 6, dispuso: N6 STC 01555-2012-PHC: Está ordenado determinar el peligro de fuga a partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso penal y que se encuentran relacionadas, entre otros, con el amigo domiciliario, familiar y laboral del actor en la localidad del órgano judicial que lo procesa, aspectos que crean juicio de convicción al juzgador en cuanto a la sujeción del actor al proceso. N6’ STC 01555-2012-PHC: Está ordenado considerar que el peligro procesal de la obstaculización del proceso, se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto del resultado del proceso, pudiendo ello manifestarse con la influencia directa del actor en la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios, en la conducta de las partes o peritos del caso que incida en el juzgador a efectos de un equívoco resultado del proceso e incluso que de manera indirecta o externa el procesado en libertad pueda perturbar el resultado del proceso penal, aspectos de obstaculización del proceso que el juzgador debe apreciar en cada caso en concreto, ya que de contar indicios fundados de su concurrencia deberá ser merecedor de una especial motivación que la justifique, N6” STC 01555-2012-PHC: Está prohibido a la justicia constitucional, determinar o valorar a los elementos que dan lugar al peligro procesal del caso, sino que debe verificar que su motivación resulte mínimamente suficiente a efectos de la concurrencia de los presupuestos procesales que validan la imposición de medida cautelar de prisión preventiva, puesto que debe tenerse en cuenta que la ausencia de motivación en referencia a la obstaculización del proceso o de la eventual sustracción del actor al proceso, convertiría a la imposición de la prisión preventiva en arbitraria. 176

264

N8 STC 1091-2002-HC: Está prohibido justificar una detención judicial preventiva, solo en la prognosis de la pena a la que, en caso de expedirse sentencia condenatoria, se le aplicará a la persona que hasta ese momento tiene la condición de procesado. En el fundamento 120 de esta sentencia se recuerda estas dos normas: Prohibición de que la prisión preventiva se base en fines preventivos de la pena N103” Caso Chaparro Álvarez y Lapo íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007: Está prohibido que la prisión preventiva del imputado se base en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, pues solo se puede fundamentar en un fin legítimo: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Características personales, gravedad del delito y prisión preventiva N69 Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006: Está prohibido que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa sean, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva.

Gravedad de la pena e indicios de pertenencia a una organización criminal y prisión preventiva N122 STC 04780-2017-PHC: Está prohibido, por violatorio de la presunción de inocencia y la libertad personal, que pueda bastar para justificar una orden preventiva de prisión, la gravedad de la pena y los indicios de pertenencia a una organización criminal. Estos pueden ser elementos que contribuyan a presumir el peligro procesal (ya sea de fuga o de obstaculización probatoria), pero por sí solos no son suficientes. Apelación de prisión preventiva

265

N129 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado tener presente que, en el trámite de un recurso de apelación de una prisión preventiva, no corresponde al juez de primera instancia evaluar la suficiencia o corrección de los fundamentos de Derecho o de hecho del recurso, pues ello corresponde a los jueces de segunda instancia. En el fundamento 133 de esta sentencia se recuerda esta norma:

Proscripción de la duración excesivamente breve de un proceso N167 STC 010-2002-AI: Está ordenado considerar que un proceso concebido con una duración extremadamente sumaria o apresurada, cuyo propósito no sea alcanzar que la litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal de sustanciación “de cualquier acusación penal”, vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Actuaciones procesales que interfieren derechos N134 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado considerar vulnerado el derecho al plazo razonable si las actuaciones procesales tienen lugar sin la debida diligencia, en tiempos excesivamente cortos que no permiten a las partes hacer valer sus derechos, ponderar las pruebas o impugnarlas, etc. Tiempos y horarios de desarrollo de la audiencia de prisión preventiva N135 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado que el nuevo modelo oralizado del proceso penal se desarrolle sin poner en riesgo el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. El juez penal que conoce una solicitud de prisión preventiva debe observar las reglas del debido proceso; de ahí que deba bridar al imputado y su defensa un tiempo corto pero razonable para preparar su contradicción, y debe ajustar la celebración de la audiencia a tiempos y horarios que permitan llevar a cabo con efectividad el

266

derecho de defensa177. Presunción de inocencia y lenguaje en condicional N137 STC 04780-2017-PHC: Está prohibido, por la presunción de inocencia, que en el espacio del debate acerca de la justificación del dictado o no de una prisión preventiva, se afirme o se dé por establecido algún tipo de responsabilidad penal. Juicio mediático y judicatura N140 STC 04780-2017-PHC: Está ordenado a los jueces y fiscales mantenerse inmunes a las influencias de los juicios paralelos o mediáticos que pretenden que la prisión preventiva sea aplicada como una sentencia anticipada a aquel que, sin mediar aún un justo proceso, la mayoría de la población o un sector con capacidad de posicionamiento mediático, ya ha “juzgado” como culpable.

Y añade el Tribunal Constitucional, “[r]ecuérdese que, por ejemplo, no es lo mismo la lucidez de la defensa técnica ejercida respetando los horarios de descanso que impone la naturaleza humana, que ejercer la defensa técnica a media madrugada, luego de una maratónica audiencia iniciada 18 horas antes”. 177

267

CAPÍTULO III EN MATERIA ADMINISTRATIVA I. EXP. N.° 0090-2004-AA/TC: Discrecionalidad y arbitrariedad administrativa [bit.ly/2YUZXZZ] 1.

Regla de aplicación temporal Aplicación temporal del cambio jurisprudencial N5 STC 090-2004-AA: Está ordenado que el cambio de criterio

jurisprudencial sobre el pase al retiro por renovación en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, opere luego de que los órganos involucrados con las referidas acciones de personal puedan conocer los alcances del mismo y adopten las medidas que fueren necesarias para su cabal cumplimiento, sin que, además, se afecte lo institucionalmente decidido conforme a la jurisprudencia preexistente. Control constitucional de la decisión de pase al retiro por renovación de cuadros N7 STC 090-2004-AA: Está permitido el control constitucional de la potestad presidencial de pasar a la situación de retiro por la causal de renovación de cuadros a oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

2.

Discrecionalidad Administrativa Discrecionalidad de los entes administrativos N8 STC 090-2004-AA: Está ordenado, respecto de los actos

discrecionales, que los entes administrativos gocen de libertad para decidir sobre un asunto concreto dado que la ley, en sentido lato, no determina lo que deben hacer o, en su defecto, cómo deben hacerlo. Grados de discrecionalidad N9 STC 090-2004-AA: Está ordenado sujetar la discrecionalidad a los grados de arbitrio concedidos por la Constitución o la ley. La

268

discrecionalidad mayor es aquella en donde el margen de arbitrio para decidir no se encuentra acotado o restringido por concepto jurídico alguno, y el ente administrativo tiene la plena libertad de elegir. Es una discrecionalidad sujeta al control político y, residualmente, al control jurisdiccional, en cuanto a la corroboración de su existencia institucional o legal, su extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de manifestación jurídica y cumplimiento de las formalidades procesales. La discrecionalidad intermedia es aquella en donde el margen de arbitrio se encuentra condicionado a su consistencia lógica y a la coherencia con un concepto jurídico indeterminado de contenido y extensión. La discrecionalidad menor es aquella en donde el margen de arbitrio se encuentra constreñido a la elección entre algunas de las variables predeterminadas por la ley. Discrecionalidad normativa N9’ STC 090-2004-AA: Está permitido a un ente administrativo discrecionalidad normativa para dictar, a) reglamentos institucionales, en los que se establezcan los aspectos referidos a la organización y funcionamiento administrativo, así como las responsabilidades y derechos de los funcionarios y servidores públicos a él adscritos; b) reglamentos ejecutivos, que tienen por finalidad principal la especificación de detalles y demás aspectos complementarios de una ley; y c) reglamentos autónomos, que no se fundan directamente en una ley, aunque coadyuvan al cumplimiento de tareas, atribuciones o funciones encomendadas por ella. Discrecionalidad planificadora N9” STC 090-2004-AA: Está permitido a un ente administrativo discrecionalidad planificadora, entendida como el arbitrio para la selección de alternativas de soluciones en aras de alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa. Para tal efecto, será necesario determinar la relación de objetivos, políticas, programas y procedimientos compatibles con los recursos

269

materiales y humanos disponibles.

Discrecionalidad política N9’” STC 090-2004-AA: Está permitido a un ente administrativo discrecionalidad política, entendida como el arbitrio de la determinación de la dirección y marcha del Estado. Tiene que ver con las funciones relacionadas con el curso de la acción política, los objetivos de gobierno y la dinámica del poder gubernamental. Para tal efecto, define las prioridades en lo relativo a políticas gubernamentales y al ejercicio de las competencias de naturaleza política. Opera en el campo de la cuestión política; por ello, se muestra dotada del mayor grado de arbitrio o libertad para decidir. Discrecionalidad técnica N9”” STC 090-2004-AA: Está permitido a un ente administrativo discrecionalidad técnica, definida como el arbitrio para valorar o seleccionar, dentro de una pluralidad de opciones, un juicio perito o un procedimiento científico o tecnológico.

3.

Discrecionalidad e interés público Margen de apreciación de la Administración Pública y razonabilidad N10 STC 090-2004-AA: Está permitido a una autoridad un margen

de apreciación para determinar el contenido y extensión del concepto aplicable a una situación particular y concreta, siempre que dicha decisión no sea manifiestamente irrazonable o desproporcionada con las circunstancias en donde será utilizada. Interés público y actuación estatal N11 STC 090-2004-AA: Está ordenado que la satisfacción del interés general constituya uno de los fines del Estado y justifique la existencia de la organización administrativa. El interés público es simultáneamente un principio político de la organización estatal y un concepto

270

jurídico. Interés público e interés privado N11’ STC 090-2004-AA: Está prohibido que el carácter público del interés implique oposición o desvinculación con el interés privado. La discrecionalidad y Administración Pública N11” STC 090-2004-AA: Está ordenado que la discrecionalidad opere cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo que sea de interés público. La discrecionalidad existe para que la Administración pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés público; esto es, para que pueda tomar su decisión librada de un detallado condicionamiento previo y sometida solo al examen de las circunstancias relevantes que concurran en cada caso. Motivación de las decisiones discrecionales de la Administración Pública N11”’ STC 090-2004-AA: Está ordenado acompañar el ejercicio de una potestad discrecional con una motivación que muestre el nexo coherente entre el medio adoptado y el interés general al que apunta. El interés público se construye sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad. Motivación de la decisión del pase a retiro por renovación de cuadros N11””

STC

090-2004-AA: Está ordenado que la potestad

discrecional de la Administración, en el caso del pase a retiro por renovación de cuadros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tenga como sustento la debida motivación de las decisiones, las cuales tienen que estar ligadas a la consecución de un interés público directamente vinculado a la finalidad fundamental de las Fuerzas Armadas y la Policía

271

Nacional: garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, y garantizar, mantener y restablecer el orden interno, respectivamente, y al cumplimiento óptimo de sus fines institucionales en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos, mediante la renovación constante de los cuadros de oficiales, realizada en forma objetiva, técnica, razonada y motivada, excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad.

4.

La Arbitrariedad Prohibición de arbitrariedad N12

STC

090-2004-AA: Está prohibido que las decisiones

administrativas, incluidas las discrecionales, sean arbitrarias. Modalidades de arbitrariedad N12’ STC 090-2004-AA: Está prohibida la decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; la decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y la decisión contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. El principio de interdicción de la arbitrariedad N12” STC 090-2004-AA: Está ordenado tener al principio de interdicción de la arbitrariedad como: a) el reverso de la justicia y el derecho; b) lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión, es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. Motivación de la decisión administrativa N13 STC 090-2004-AA: Está ordenado que la motivación sea plausible, congruente con los hechos en los que necesariamente ha de sustentarse, sostenible en la realidad de las cosas, y susceptible de ser comprendida por los ciudadanos, aunque no sea compartida por todos ellos. Decisión administrativa inválida N14 STC 090-2004-AA: Está ordenado que la inexistencia o

272

inexactitud de los hechos y los argumentos de derecho sobre los que la Administración funda una decisión discrecional, acarree la invalidez de la decisión. Límites a la discrecionalidad administrativa N15 STC 090-2004-AA: Está ordenado sujetar la discrecionalidad administrativa a las siguientes limitaciones: a) en los casos de los grados de discrecionalidad mayor la intervención jurisdiccional se orienta a corroborar la existencia, el tiempo de ejercicio permitido, la extensión espacial y material, así como la forma de manifestación jurídica constitucional o legal de dicha prerrogativa de la libre decisión y el cumplimiento de las formalidades procesales; b) en los casos de los grados de discrecionalidad intermedia y menor aparecen adicionalmente los elementos de razonabilidad y proporcionalidad. Motivación de las decisiones discrecionales administrativas N15’ STC 090-2004-AA: Está ordenado que los actos discrecionales de la Administración del Estado sean motivados, es decir, que se basen necesariamente en razones y no se constituyan en la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicta. Estas razones no deben ser contrarias a la realidad y, en consecuencia, no pueden contradecir los hechos relevantes de la decisión. Más aún, entre ellas y la decisión necesariamente debe existir consistencia lógica y coherencia. Control

constitucional

de

las

decisiones

discrecionales

administrativas N15” STC 090-2004-AA: Está ordenado al juez constitucional verificar si la decisión de la Administración Pública adoptada en ejercicio de una potestad discrecional, se basa en razones, si estas no contradicen los hechos determinantes de la realidad y si tienen consistencia lógica y coherente con los objetivos del acto discrecional.

273

Obligación de motivar las decisiones de pase a retiro por renovación de cuadros N18 STC 090-2004-AA: Está ordenado fundamentar debidamente, con argumentos de derecho y de hecho, las resoluciones mediante las cuales se dispone el pase a retiro por renovación de cuadros a los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

5. Derechos fundamentales y decisiones discrecionales en particular sobre renovaron de cuadros militares y policiales Protección de los derechos lesionados por decisiones de la Administración Pública N19 STC 090-2004-AA: Está ordenado al juez constitucional disponer a favor del agraviado en sus derechos fundamentales, la tutela más amplia, efectiva y rápida posible, restituyéndole en el goce integral y en el ejercicio pleno de su derecho amenazado o vulnerado, lo que se conseguirá mediante la cesación del acto lesivo y la privación del efecto legal que por arbitrariedad la Administración quisiese consumar. El debido proceso también administrativo N23 STC 090-2004-AA: Está ordenado respetar el contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso en todo proceso en instancia judicial, administrativa, y en general, en instancia de cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional. El debido proceso en el pase a retiro por renovación de cuadros N25

STC

090-2004-AA: Está ordenado que el acto de la

Administración mediante el cual se dispone el pase a retiro por renovación de cuadros de los oficiales de las Fuerzas Armadas -y por tanto, también de oficiales de la Policía Nacional del Perú-, debe observar las garantías que comprenden el derecho al debido proceso, particularmente las garantías de

274

razonabilidad y proporcionalidad. Derecho de defensa en el proceso administrativo sancionador N27 STC 0090-2004-AA: Está prohibido que el procesado quede en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o administrativo sancionador. Vulneración del derecho de defensa N27’ STC 090-2004-AA: Está ordenado reconocer que se ha vulnerado el derecho de defensa cuando, pese a atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías. Alcance del derecho de defensa N27” STC 090-2004-AA: Está ordenado reconocer que el derecho de defensa tiene vigencia a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover. El pase a retiro por renovación de cuadros no es una sanción N28 STC 090-2004-AA: Está prohibido considerar como sanción disciplinaria a la decisión de pasar a retiro a un oficial por renovación de cuadros en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque tal decisión no tiene por finalidad pronunciarse sobre actos u omisiones antijurídicas que pudiera haber cometido el oficial. El derecho de defensa no alcanza a la decisión de pase a retiro por renovación de cuadros N29 STC 090-2004-AA: Está prohibido aplicar el derecho de defensa que le asiste a una persona en el marco de un proceso sancionatorio en el que el Estado hace uso de su lus puniendi, al acto de pase a retiro por renovación de cuadros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ya que este no constituye una sanción ni el proceso respectivo, un procedimiento administrativo sancionador.

275

La motivación de las resoluciones administrativas N31 STC 090-2004-AA: Está ordenado que la motivación otorgue seguridad jurídica al administrado y permita al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento. La motivación de las resoluciones administrativas N31’ STC 090-2004-AA: Está prohibido utilizar en las resoluciones administrativas, las citas legales abiertas que solo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad. Lo que significa motivar las resoluciones administrativas N34

STC

administrativo

al

090-2004-AA: amparo

de

Está

una

prohibido

potestad

dictar

discrecional

un

acto

legalmente

establecida, cuando solo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que motivar una decisión no solo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. La razonabilidad y la justificación lógica y axiológica N35 STC 090-2004-AA: Está ordenado que el acto estatal debe mantener su justificación lógica y axiológica en los sucesos o circunstancias para ser considerado razonable. La razonabilidad comporta una adecuada relación lógico-axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. Razonabilidad cuantitativa y cualitativa N35’ STC 090-2004-AA: Está permitido analizar la razonabilidad

276

desde una doble perspectiva: cuantitativa y cualitativa. La razonabilidad cuantitativa apuesta por la adecuación entre el hecho desencadenante del acto estatal y el resultado de este en cuanto a su magnitud numérica, dineraria, aritmética, etc. La razonabilidad cualitativa pondera el proceso discursivo que concluye con una regla simétrica o asimétrica de asignación de facultades, derechos, deberes, o servicios, según sean iguales o diferentes los hechos generados por las personas.

La razonabilidad y la relación causal N35” STC 090-2004-AA: Está ordenado que el acto estatal acredite la necesaria disposición o correspondencia entre la causa que lo origina y el efecto buscado. Existe la necesidad de acreditar coherencia y equilibrio entre el antecedente que origina el acto estatal y la consecuencia derivada de aquel. Los principios de razonabilidad y proporcionalidad N36

STC

090-2004-AA: Está prohibido que el control de

constitucionalidad de los actos dictados al amparo de una facultad discrecional se limite a constatar que el acto administrativo tenga una motivación

más

o

menos

explícita,

pues

constituye

una

exigencia

constitucional evaluar si la decisión finalmente adoptada observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad con relación a la motivación de hechos, ya que una incoherencia sustancial entre lo considerado relevante para que se adopte la medida y la decisión tomada, convierte a esta última también en una manifestación de arbitrariedad. Justificación del trato diferente en el pase a retiro por renovación de cuadros N36’ STC 090-2004-AA: Está ordenado, en el caso del pase a la situación de retiro de oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional,

277

que las diferenciaciones para efectos del pase a retiro por renovación, estén efectivamente justificadas con las condiciones profesionales de los oficiales y los intereses y necesidades del instituto armado correspondiente. Contenido esencial del derecho al trabajo N37 STC 090-2004-AA: Está ordenado respetar el contenido esencial del derecho al trabajo, el cual comprende dos aspectos: acceder a un puesto de trabajo, y no ser despedido sino por causa justa. Respecto al primero, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; mientras que el segundo proscribe ser despedido, salvo por causa justa. Prohibición de arbitrariedad N38 STC

090-2004-AA: Está prohibido, por el principio de

razonabilidad (artículo 200 de la Constitución), realizar o expedir actos o normas arbitrarias.

Obligación de justificar los tratos diferenciados N40 STC 090-2004-AA: Está ordenado que los tratamientos diferenciados estén plenamente justificados de modo objetivo y razonable, más aún cuando se efectúen en el ejercicio de funciones públicas. Pase a retiro a través de una resolución suficientemente motivada N41 STC 090-2004-AA: Está prohibido disponer el pase al retiro por renovación de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a través de resoluciones insuficientemente motivadas, por cuanto impiden saber si se está ante una diferenciación razonable y, por ende, admisible por el Derecho. Una resolución insuficientemente motivada de pase al retiro vulnera el derecho al honor N44

STC

090-2004-AA: Está prohibido pasar al retiro por

278

renovación a oficiales de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas mediante resoluciones no motivadas y arbitrarias, porque afecta el derecho al honor pues las causas de su cese quedarán sujetas a la interpretación individual y subjetiva de cada individuo.

279

CAPÍTULO IV EN MATERIA TRIBUTARIA I. EXP. N.° 03797-2006-PA/TC: Prohibición de notificar simultáneamente orden de pago y resolución de ejecución coactiva. constitucionalidad del impuesto transitorio a los activos netos [bit.ly/2WPFB2v] Prohibición de notificar simultáneamente la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva N2.2a STC 03797-2006-PA: Está prohibido a la Administración Tributaria notificar en un mismo acto la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva. En el fundamento 2.2a de esta sentencia se recuerda la siguiente regla jurídica: Tiempo y medios necesarios para ejercer derecho de defensa N2 STC 0649-2002-AA: Está ordenado, por el derecho de defensa, reconocer la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer la defensa en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos; lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra. Excepción a la obligación de agotar la vía previa en un proceso administrativo tributario N2.2a’ STC 03797-2006-PA: Está ordenado que en todo proceso de amparo en el que el antecedente inmediato haya sido una actuación de naturaleza irrazonable y claramente desproporcionada (por ejemplo, la notificación simultánea de orden de pago y resolución de ejecución coactiva) de parte de la Administración, no sea necesario agotar la vía previa de acuerdo con el artículo 46.2 del C.P.Const. En el fundamento 3.1 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional

280

recordó la siguiente regla jurídica: Inconstitucionalidad del Impuesto Mínimo a la Renta N5 STC 646-1996-AA: Está prohibido a través del impuesto a la renta, gravar la fuente productora de la renta, es decir, el capital o los activos netos En el fundamento 3.2 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recordó la siguiente regla jurídica: Activos netos como manifestación de capacidad contributiva (inconstitucionalidad del anticipo adicional al Impuesto a la Renta) N18 STC 033-2004-AI: Está ordenado considerar que los activos netos son una manifestación de capacidad contributiva, solamente en el marco de un tributo destinado a gravar el patrimonio, mas no la renta, pues la manifestación de aquella no es la propiedad, sino las ganancias generadas o aquellas que potencialmente puedan generarse. En el fundamento 4.1 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recordó las siguientes dos reglas jurídicas: Amplio margen del legislador para crear tributos N6 STC 2727-2002-AI: Está ordenado reconocer al legislador un amplio margen de libertad para crear la clase de impuestos que considere atendible, sin más límites que los que emanen del propio texto constitucional y, fundamentalmente, del conjunto de principios constitucionales tributarios establecidos en su artículo 74. Está permitido al legislador gravar la propiedad N6’ STC 2727-2002-AI: Está permitido al legislador gravar a la propiedad. Los impuestos al patrimonio no vulneran por sí mismos el derecho a la propiedad (constitucionalidad del Impuesto Transitorio a los Activos Netos)

281

N5.2 STC 03797-2006-PA: Está ordenado considerar que la imposición de pago que implica un impuesto al patrimonio, si bien significa una intromisión en la propiedad de los contribuyentes, ello no necesariamente conlleva una vulneración de los derechos fundamentales. En el fundamento 5.2 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recordó la siguiente regla jurídica: Control constitucional sobre leyes antitécnicas N4 STC 004-2004-AI (acumulados): Está permitido en un proceso de control de constitucionalidad, no prestar atención al antitecnicismo o a la ineficacia de las leyes, solo es relevante su compatibilidad formal y material con la Carta Fundamental. Control constitucional sobre leyes antitécnicas N5.2’ STC 03797-2006-PA: Está permitido el control constitucional sobre una ley antitécnica, si de su antitecnicismo se derivan afectaciones a principios y bienes constitucionales, y a los derechos fundamentales de las personas.

II. EXP. N.° 04082-2012-PA/TC: Intereses moratorios de deudas tributarias y razonabilidad [bit.ly/2IhnVZt] Pronunciamiento sobre el fondo y rechazo liminar de la demanda de amparo N33 STC 04082-2012-PA: Está permitido al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo de una causa, a pesar de que en las dos primeras instancias haya existido rechazo liminar de la demanda, siempre que el demandado haya tenido oportunidad de expresar su posición respecto al caso en reiteradas oportunidades. En el fundamento 44 de esta sentencia, recuerda el Tribunal Constitucional las siguientes reglas:

282

No confiscatoriedad y razonabilidad del tributo N5 STC 2727-2002-AA: Está ordenado, por el principio de no confiscatoriedad, que al momento de establecerse o crearse un impuesto, con su correspondiente tasa, el órgano con capacidad para ejercer dicha potestad respete exigencias mínimas derivadas de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. No confiscatoriedad y razonabilidad del tributo N5’ STC 2727-2002-AA: Está prohibido, por el principio de no confiscatoriedad, que el tributo exceda el límite que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad y, además, se ha considerado a esta como uno de los componentes básicos y esenciales de nuestro modelo de Constitución económica. Intereses moratorios y principio de razonabilidad N46

STC

moratorios,

como

04082-2012-PA: Está ordenado que los intereses sanciones

tributarias,

respeten

el

principio

de

razonabilidad. Capitalización de intereses y razonabilidad N54

STC

04082-2012-PA:

Está

ordenado

tener

como

inconstitucional por irrazonable una capitalización de intereses que quintuplique la deuda tributaria. En el fundamento 64 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda la siguiente regla jurídica: Debido procedimiento administrativo y el derecho a impugnar decisiones N19 STC 3741-2004-AA: Está ordenado que, como un derecho constitucionalmente reconocido, el debido procedimiento administrativo comprenda, entre otros aspectos, el derecho a impugnar las decisiones de la

283

Administración, bien mediante los mecanismos que provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través de la vía judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio proceso de amparo. Derecho de impugnar en sede administrativa N66 STC 04082-2012-PA: Está prohibido al legislador que cuando regule los supuestos de procedencia, los requisitos de procedibilidad y el procedimiento para el trámite de los recursos administrativos, impida o restringa la posibilidad de impugnar en sede administrativa las resoluciones susceptibles de afectar derechos o intereses legítimos de los administrados. Ejercicio abusivo del derecho a impugnar N68 STC 04082-2012-PA: Está prohibido el ejercicio abusivo del derecho a impugnar en sede administrativa, lo cual ocurre cuando se obra con temeridad, mala fe o dolo en la interposición de los recursos administrativos. Estas conductas, sin embargo, no pueden presumirse, sino que deben declararse por el órgano administrativo competente sobre la base de hechos específicos, debidamente probados.

284

CAPÍTULO V SOBRE LIBERTAD DE INFORMACION I. EXP. N.° 0905-2001-AA/TC: Libertades de Expresión e información [bit.ly/2G5bv5m] 1.

Principio de congruencia en los procesos constitucionales Principio iura novit curia y procesos constitucionales N4 STC 0905-2001-AA: Está ordenado considerar que no se afecta

los principios de congruencia de las sentencias y de respeto al contradictorio, cuando el juez constitucional se pronuncia por un derecho subjetivo no alegado por la demandante, pues una de las particularidades de la aplicación del principio iura novit curia en el proceso constitucional es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo involucra, simultáneamente, la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel.

2.

Titularidad de derechos fundamentales por las personas jurídicas Las personas jurídicas titularizan derechos fundamentales N5 STC 0905-2001-AA: Está ordenado reconocer que las personas

jurídicas privadas titularizan derechos fundamentales. Las

personas

jurídicas

no

titularizan

todos

los

derechos

fundamentales N6 STC 0905-2001-AA: Está prohibido considerar que las personas jurídicas privadas titularizan todos los derechos constitucionales, pues existen algunos que por su naturaleza estrictamente personalista, solo son susceptibles de titularizar por las personas naturales. Las personas jurídicas titularizan el derecho al honor N7 STC 0905-2001-AA: Está ordenado considerar que las personas jurídicas de derecho privado son titulares del derecho a la buena reputación y, por tanto, pueden promover su protección a través del proceso de amparo.

285

3.

Alcance y límites de las libertades de expresión e información

Lo que garantiza la libertad de expresión y la libertad de información N9 STC 0905-2001-AA: Está ordenado considerar que la libertad de expresión

garantiza

consideradas,

puedan

que

las

personas,

trasmitir

y

individual

difundir

o

colectivamente

libremente

sus

ideas,

pensamientos, juicios de valor u opiniones; y que la libertad de información garantiza un complejo haz de libertades, que comprende las libertades de acceder, buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente. Test de veracidad y libertad de expresión N9’ STC 0905-2001-AA: Está prohibido someter a un test de veracidad a los juicios de valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas que cada persona pueda tener, porque son de naturaleza estrictamente subjetivas. Test de veracidad y libertad de información N9” STC 0905-2001-AA: Está ordenado someter a test de veracidad a los hechos noticiosos por su naturaleza de datos objetivos y contrastables. Libertad de información veraz N10 STC 0905-2001-AA: Está ordenado considerar que el objeto de protección de la libertad de información es la información veraz. Veracidad no es exactitud N10’

STC

0905-2001-AA: Está prohibido considerar que la

veracidad de la información es sinónimo de exactitud en la difusión del hecho noticioso.

Dimensiones de la libertad de información N11

STC

0905-2001-AA: Está ordenado considerar que las

dimensiones de la libertad de información son; a) el derecho de buscar o acceder a la información, que no solo protege el derecho subjetivo de ser

286

informado o de acceder a las fuentes de información, sino, al mismo tiempo, garantiza el derecho colectivo de ser informados en forma veraz e imparcial, protegiéndose de ese modo el proceso de formación de la opinión pública y, en consecuencia, no solo al informante, sino también a todo el proceso de elaboración, búsqueda, selección y confección de la información; b) la garantía de que el sujeto portador de los hechos noticiosos pueda difundir libremente la información. Protección constitucional a la difusión de hechos veraces N11”

STC

0905-2001-AA:

Está

ordenado

dar

protección

constitucional solamente a la difusión de hechos veraces. Veracidad, deberes y responsabilidades N11”

STC

0905-2001-AA: Está ordenado considerar que la

veracidad supone asumir ciertos deberes y responsabilidades delicadísimas por quienes tienen la condición de sujetos informantes, forjadores de la opinión pública. En el párrafo 12 se recuerda la siguiente norma convencional creada por la Corte IDH: Dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión N30 OC5/85 13 de noviembre de 1985: Está ordenado reconocer dos dimensiones en el contenido de la libertad de expresión: por un lado, requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; por otro lado, implica un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Libertades de expresión e información y principio democrático N13

STC

0905-2001-AA: Está ordenado reconocer que las

libertades de expresión e información se encuentran estrechamente vinculadas al principio democrático porque mediante su ejercicio se posibilita

287

la formación, mantenimiento y garantía de una sociedad democrática, pues se permite la formación libre y racional de la opinión pública.

Requisitos para el ejercicio razonable de la libertad de información N15 STC 0905-2001-AA: Está ordenado proteger la libertad de información si, en el caso, la información propalada tiene significación pública, no se sustenta en expresiones desmedidas o lesivas a la dignidad de las personas o, pese a ser falsa, sin embargo, esta no se ha propalado animada por objetivos ilícitos o socialmente incorrectos del informante.

4.

Protección posterior no preventiva de las libertades informativas

Proscripción de

medidas

judiciales

preventivas

en la

libertad

de

información N15’ STC 0905-2001-AA: Está prohibido impedir que un medio de comunicación social, cualquiera que sea su naturaleza, pueda propalar la información que se considera como lesiva a otros derechos constitucionales, como los derechos al honor o a la buena reputación, porque es incompatible con el mandato constitucional que prohíbe que se pueda establecer, al ejercicio de la libertad de información y expresión, censura o impedimento alguno. En este fundamento 15 se hace referencia a dos normas convencionales creadas por la Corte IDH: Prohibición de medidas que restrinjan preventivamente la libertad de expresión N38 OC5/85 13 de noviembre de 1985: Está prohibida toda medida que restrinja preventivamente la libertad de expresión, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio su abuso eventual. Responsabilidad posterior por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión

288

N39 OC5/85 13 de noviembre de 1985: Está permitida la responsabilidad posterior por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente, es preciso que se reúnan varios requisitos, a saber: a) la existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas; b) la definición expresa y taxativa de esas causales por la ley; c) la legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas; y d) que esas causales de responsabilidad sean necesarias para asegurar tales fines. Esta norma constitucional adscripta N15’ STC 0905-2001-AA fue luego modificada por el Tribunal Constitucional, a través de las dos normas siguientes: Está permitido el control previo de las libertades de expresión e información N18 STC 2262-2004-HC: Está permitido, mientras estén en juego bienes jurídicos tutelados por las normas constitucionales, que los jueces puedan analizar con un criterio de conciencia jurídicamente amplio la posibilidad de control de un discurso que resulte perjudicial para la sociedad, en un caso concreto. Excepción a la prohibición de control previo de las libertades de expresión e información N25 STC 2262-2004-HC: Está permitido el ejercicio de los derechos de expresión e información sin previa autorización, ni censura ni impedimentos algunos, salvo sea necesario para garantizar el correcto ejercicio de la potestad de administrar justicia.

289

CAPÍTULO VI DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y PSIQUICA I. EXP. N.° 2333-2004-HC/TC: Derecho a la integridad física y psíquica [bit.ly/2qMu9aT] Derecho a la integridad personal N2.1 STC 2333-2004-HC: El derecho a la integridad personal reconoce el atributo a no ser sometido o a no autoinfligirse medidas o tratamientos susceptibles de anular, modificar o lacerar la voluntad, las ideas, pensamientos, sentimientos o el uso pleno de las facultades corpóreas178. Derecho a la integridad física N2.1 STC 2333-2004-HC: Está ordenado conservar la estructura orgánica del ser humano; y, por ende, preservar la forma, disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en general, la salud del cuerpo. Actos de disposición del cuerpo permitidos N2.1’ STC 2333-2004-HC: Están prohibidos los actos de disposición del cuerpo, salvo estado de necesidad, una razón médica o motivos de humanitarismo (pérdida de un miembro u órgano para salvar el resto de la estructura corpórea, una gangrena o la donación de un órgano para preservar una vida ajena). Actos de disposición de cuerpo prohibidos N2.1” STC 2333-2004-HC: Están prohibidos los actos de disposición del cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad física, o que atente gravemente contra su salud o ponga en peligro su vida.

Cfr. con la norma siguiente: Derecho a la integridad psíquica de ios menores N9 STC 0325-2012-PHC: Está prohibida la separación arbitraria entre un niño y su padre o su madre por vulneradora de la integridad psíquica del menor. 178

290

N2.1’” STC 2333-2004-HC: Está ordenado que el consentimiento del donante sea expreso, escrito, libre, sin coacción ni fraude e informado. Derecho a la integridad psíquica N2.3 STC 2333-2004-HC: Está ordenado preservar las habilidades motrices, emocionales e intelectuales así como respetar los componentes psicológicos y discursivos de una persona. Requisitos para utilización de procedimientos médicos N2.3’ STC 2333-2004-HC: Está prohibido utilizar procedimientos médicos como el llamado “suero de la verdad”, que supone la aplicación de soluciones líquidas para explorar, sin expresión de voluntad, el campo del subconsciente de una persona, así como los denominados “lavados de cerebro” o las hipnosis realizadas por vía compulsiva o no avaladas por el libre albedrío. En el fundamento 2.5 de esta sentencia, recuerda el Tribunal Constitucional las siguientes dos reglas jurídicas; Límites del derecho a la prueba N149 STC 010-2002-AI: Está ordenado reconocer que el derecho constitucional a probar se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. Derecho a la prueba y valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud N149’ STC 010-2002-AI: Está ordenado sujetar el ejercicio del derecho a la prueba a los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho. Características de la tortura

291

N2.6 STC 2333-2004-HC: Está ordenado considerar que, respecto de los tratos inhumanos o humillantes, la tortura se distingue esencialmente por la intensidad del daño que se causa a la víctima, pues tiene como notas distintivas el infligir sufrimientos de especial gravedad o severidad y crueldad; así como el grado de lesión que deja como secuela. La tortura se define en las concretas circunstancias N2.6’ STC 2333-2004-HC: Está ordenado que la determinación de una acción como tortura, se aprecie conforme al conjunto de circunstancias que rodea cada caso en particular; v. g., la duración de la aflicción, el sexo, la edad, el estado de salud de la víctima, etc. Características del trato inhumano o humillante N2.6” STC 2333-2004-HC: Está ordenado considerar que en los tratos inhumanos, degradantes o humillantes, la acción lesiva, mancilla la dignidad de una persona; es decir, menoscaba la condición humana de la víctima, creando en ella sentimientos de temor, angustia e inferioridad, ello con el fin de envilecerla y quebrantar su capacidad de natural resistencia física, psíquica o moral.

292

CAPÍTULO VII EN MATERIA DE DERECHO PARLAMENTARIO I. EXP. N.° 00156-2012-PHC: Garantías del debido proceso en sede administrativa y parlamentaria [bit.ly/1iY9jtl] 1.

El debido proceso El debido proceso no es exclusivo del ámbito judicial N2 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado observar las garantías del

debido proceso no solo en sede jurisdiccional, sino también en la administrativa sancionatoria, corporativa y parlamentaria179. Deber de todos los órganos jurisdiccionales de respetar el debido proceso N3 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, adopten decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso, debido a que las sanciones administrativas, disciplinarias o de naturaleza análoga son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de estas180. Debido proceso en sede parlamentaria N4 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado respetar el derecho al debido proceso en sede parlamentaria, no solo en los procedimientos de antejuicio y de juicio político, sino también en las actuaciones de las

Esta norma se basa en la norma convencional creada por la Corte IDH en su Opinión Consultiva 11/90 de 10 de agosto de 1990; N28 OC 11/90: Está ordenado que las garantías mínimas a las que se refiere el artículo 8.2 de la CADH, se apliquen también a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. 180 En realidad esta norma no es creada por el Tribunal Constitucional, sino por la Corte IDH en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001 (reparaciones y costas), de cuyo fundamento 104 se concluye la siguiente regla jurídica: N104 Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001: Está ordenado que tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, adopten decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. 179

293

Comisiones Investigadoras o de las Comisiones Ordinarias que reciben el encargo expreso del Pleno del Congreso de la República. Tutela reforzada del debido proceso en sede parlamentaria N4’ STC 00156-2012-PHC: Está ordenado respetar el derecho al debido proceso en sede parlamentaria, mediante una tutela reforzada, en tanto que el Congreso de la República decide por mayoría y actúa por criterios basados en la oportunidad y conveniencia, es decir, que su actuación y canon de control es de carácter subjetivo porque no ejerce función jurisdiccional propiamente dicha. 1.1. El

PRINCIPIO

DE

LEGALIDAD

Y

SUBPRINCIPIO

DE

TAXATIVIDAD Principio de legalidad debe presidir actuación estatal N5 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que el principio-derecho a la legalidad y a las exigencias que se derivan de este181, en particular el relativo al subprincipio de taxatividad, rija el ejercicio del poder sancionatorio del Estado democrático, convirtiéndose en una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales. Significado del principio de legalidad N6 STC 00156-2012-PHC: Está ordeñado, por el principio de legalidad, no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones182. Cfr. el artículo 8.2.b) de la Convención americana sobre derechos humanos. Esta norma está relacionada con estas otras: N45 STC 00010-2002-AA: Está ordenado, por el principio de legalidad, no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas. N206 García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005: Está ordenado que la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos, sean preexistentes a 181 182

294

En el fundamento 7 de esta sentencia, se recuerda la norma siguiente: Principios constitucionales aplicados al Derecho Administrativo sancionador N8 STC 2050-2008-PHC: Está ordenado aplicar los principios básicos del derecho sancionador, de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, no sólo al ámbito del derecho penal, sino también al del Derecho Administrativo sancionador, el cual incluye, naturalmente, al ejercicio de potestades disciplinarias en el ámbito castrense. En la primera parte del fundamento 8 de esta sentencia, se recuerda la norma convencional adscripta creada por la Corte IDH: Principio de legalidad en la elaboración de los tipos penales N188 García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005: Está ordenado, en virtud del principio de legalidad, que la elaboración de los tipos penales suponga una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. Y en la segunda parte del fundamento 8 de esta sentencia, se recuerda la siguiente norma convencional: Necesidad de conocer con antelación una norma punitiva N106’ Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001: Está ordenado que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurra la acción o la omisión que la contraviene y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos

la conducta del sujeto al que se considera infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito la misma no reviste aún el carácter de ilícita para efectos penales.

295

deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor183. Significado del principio de tipicidad o taxatividad N9 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado, desde el principio de tipicidad o taxatividad, que las prohibiciones que definen sanciones, sean penales, administrativas o políticas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo. Este principio exige la precisa definición de la conducta que la ley o norma con rango de ley considera como delito o falta, la vaguedad en la definición de los elementos de la conducta incriminada termina vulnerando este principio. Igualmente, en sede corporativa, la conducta considerada como falta debe encontrarse claramente prevista y tipificada en el estatuto de las personas jurídicas. La función política y administrativa ajustada a derecho N11 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que no solo la actuación de los órganos que ejercen función jurisdiccional esté ajustada a derecho, sino también las de aquellos que llevan a cabo función tanto política como administrativa. El poder sancionador ajustado al principio de legalidad N11’ STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que el principio de legalidad y el subprincipio de taxatividad recorran y determinen el contenido y la dimensión del poder sancionatorio del Parlamento (sede política), como del Poder Ejecutivo (sede administrativa).

Para complementarlo, hay que tomar en cuenta: N106 Caso Baena Ricardo y otros VS. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001: Está ordenado, en un sistema democrático, extremar las precauciones para que las sanciones administrativas y penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. 183

296

El antejuicio político por comisión de delito y principio de legalidad N12 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido al Congreso iniciar algún procedimiento de Antejuicio Político -autorización para el juzgamiento de los altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de la función-, por conductas que previamente no se encuentren tipificadas en la ley penal. El antejuicio político y principio de taxatividad N13 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado, por el principio de taxatividad, que exista una clara tipificación de la conducta (acción u omisión) que genere responsabilidad política por infracción constitucional (juicio político), porque si bien la infracción constitucional se sanciona por motivos estrictamente políticos, dichas infracciones tienen que estar previamente tipificadas. Control parlamentario y constitucional sobre los actos del poder N15 STC 00156-2012-PHC: Está permitido el control parlamentario y el control de constitucionalidad sobre los actos del Poder Ejecutivo. El primero de ellos es de carácter político, lo ejerce el Congreso de la República y es subjetivo, en tanto no existe un canon objetivo y predeterminado de valoración. El control parlamentario puede ser a) preventivo: investidura parlamentaria; b) funcional: pedidos de informes, invitación a los ministros a informar, estación de preguntas, dación de cuenta de decretos legislativos, de decretos de urgencia y de tratados internacionales ejecutivos; o c) represivo: interpelación ministerial, moción de censura y cuestión de confianza, comisiones investigadoras, antejuicio y juicio político. Mediante el “procedimiento del control político” (Sección Segunda del Capítulo VI del Reglamento del Congreso de la República), el Parlamento ejerce su función de control, fiscalización y dirección política. El control de constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo es objetivo, lo ejerce el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional a través de los procesos constitucionales.

297

El control de constitucionalidad de las leyes no enjuicia el comportamiento de los congresistas N15’ STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que cuando se controle la constitucionalidad de una norma con rango de ley, se enjuicie la legitimidad formal y/o material de la norma, más no el comportamiento de quienes la propusieron, aprobaron, suscribieron o refrendaron. Infracción

constitucional

por

la

aprobación

de

normas

inconstitucionales N16 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido derivar de la declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, que los altos funcionarios que la propusieron, aprobaron, suscribieron y/o refrendaron cometieron infracción constitucional en los términos del artículo 99 de la Constitución. La producción o creación de normas inconstitucionales no supone, per se, infracción a la Constitución en los términos del artículo 99 de la Constitución. 1.2. DERECHO A LA COMUNICACIÓN PREVIA Y DETALLADA DE LA ACUSACIÓN Contenido del derecho a la comunicación de la acusación N17 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado la comunicación previa y detallada de una acusación al inculpado184 lo cual exige: a) que se le informe no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan (tiempo, lugar y circunstancias), sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de esta y la caracterización legal que se da a esos hechos; b) que la información sea expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir que el acusado ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su

184

De conformidad con el artículo 8.2.b) de la Convención americana sobre derechos humanos.

298

versión de los hechos, de modo que la acusación no puede ser ambigua o genérica185. Derecho a la comunicación previa aunque investigado o inculpado lo sepa por otro medio N19 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado al Estado informar al inculpado, previa y detalladamente el contenido de la acusación, aunque este pudiese conocer por los medios de comunicación el tema de la investigación186. Derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación en sede parlamentaria N23-24 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado al Congreso que las comisiones investigadoras den a conocer con claridad bajo qué cargos y por qué circunstancias se cita a una persona a declarar. Impone asimismo al Congreso la obligación de legislar con claridad los distintos procedimientos sancionatorios, especialmente para garantizar los derechos que le asisten a quienes son investigados y citados. El incumplimiento del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación o de los motivos de la investigación parlamentaria, pueden constituir una clara vulneración del derecho a la defensa. Obligación de regular un procedimiento de acusación constitucional

En realidad, esta norma proviene de la siguiente norma convencional creada por la Corte IDH: N28 Caso Barreto Leiva vs Venezuela, sentencia de noviembre de 2009: Está ordenado al Estado informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de esta y la caracterización legal que se da a esos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al Juez su versión de los hechos. 186 En la segunda parte de este fundamento se hace referencia a la siguiente norma creada por la Corte IDH; N47 Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de 2009: Está ordenado que el investigado, antes de declarar, conozca de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no solo deducirlos de la información pública o de las preguntas que se le formulan. De esta forma su respuesta podrá ser efectiva y sin el margen de error que las conjeturas producen; se garantizará el principio de congruencia, según el cual debe mediar identidad entre los hechos de los que se informa al inculpado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia, y se asegura el derecho a la defensa. 185

299

para casos de juicio político N25 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado al Parlamento fijar en su Reglamento Interno un procedimiento de acusación constitucional para casos de juicios políticos, en el que se prevean plazos de actuación, principios procesales, criterios para la ponderación de pruebas, requisitos para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de los documentos

privados,

medios

de

impugnación,

tachas,

recusaciones,

impedimentos, etc. 1.3. DERECHO A LA CONCESIÓN DEL TIEMPO Y LOS MEDIOS ADECUADOS PARA PREPARAR LA DEFENSA Contenido del derecho N26 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado al Estado, en virtud del derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa187, permitir al inculpado el acceso al conocimiento del expediente llevado en su contra, otorgarle un tiempo razonable para que prepare su defensa, y respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la prueba188.

El derecho en sede parlamentaria N28 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado al Estado respetar el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa en sede parlamentaria, frente a las acusaciones formales que pueden

Cfr. artículo 8.2.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta norma se relaciona con la siguiente; N54 Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de 2009: Está ordenado al Estado permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra y a respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la prueba. 187 188

300

entablar las comisiones investigadoras y de fiscalización. 1.4. ACUSACIÓN Y DERECHO A LA DEFENSA En el fundamento 29 de la sentencia se recoge la siguiente norma: Acusación y derecho a la defensa N29 Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de 2009: Está permitido ejercer el derecho a la defensa desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. En el fundamento 31 de la sentencia se recoge la siguiente norma: Conocimiento de la imputación y derecho de defensa N67 Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Sentencia de 20 de junio de 2005: Está ordenado garantizar al imputado su derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de estos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. En el fundamento 32 de la sentencia se recuerda las siguientes normas: Derecho de defensa en el proceso administrativo sancionador N27 STC 0090-2004-AA: Está prohibido que el procesado quede en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o administrativo sancionador. Vulneración del derecho de defensa N27’ STC 090-2004-AA: Está ordenado reconocer que se ha vulnerado el derecho de defensa cuando, pese a atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular

301

sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías. Alcance del derecho de defensa N27” STC 090-2004-AA: Está ordenado reconocer que el derecho de defensa tiene vigencia a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover. En el fundamento 33 se transcribe el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar y los artículos 234.4 y 235.3 de la Ley N.° 27444, como desarrollo del derecho de defensa en sede administrativa. En el fundamento 34 se recuerdan las siguientes normas creadas por el Tribunal Constitucional: Norma constitucional inconstitucional N17 STC 0006-2003-AI: Está ordenado considerar que el tercer y quinto párrafo del artículo 100 de la Constitución son contrarios al principio fundamental sobre el que se sustenta el Estado democrático de derecho: la separación de poderes. Inconstitucionalidad de la injerencia en el ejercicio de funciones N17’ STC 0006-2003-AI: Está prohibido toda injerencia en las funciones esenciales y especializadas que competen a cada una de las instituciones que diagraman la organización del Estado. Inconstitucionalidad de restringir la autonomía del Ministerio Público y Poder Judicial N17” STC 0006-2003-AI: Está prohibido restringir la autonomía que corresponde al Ministerio Público en el desenvolvimiento de las funciones que la Constitución le ha conferido en su artículo 159; limitar los principios de unidad, exclusividad e independencia de la función jurisdiccional (incisos 1 y 2 del artículo 139), la que alcanza también al juez instructor encargado de evaluar la suficiencia de elementos de juicio que justifiquen la apertura de instrucción y de conducir la etapa investigativa del proceso.

302

Control constitucional de la ley de reforma constitucional N35

STC

00156-2012-PHC:

Está

permitido

al

Tribunal

Constitucional controlar si la ley de reforma constitucional ha respetado las exigencias formales previstas en la Constitución; y las exigencias materiales provenientes de los compromisos internacionales de protección de los derechos humanos. Contenido de la inmunidad parlamentaria N38 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido detener o procesar penalmente a los congresistas, sin la aprobación previa del Congreso de la República, con la finalidad de prevenir detenciones o procesos penales que, sobre bases estrictamente políticas, pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. Una vez determinada la ausencia de toda motivación política en la acusación, el Congreso tiene el deber de levantar la inmunidad al imputado. Prohibición de renuncia a la inmunidad parlamentaria N38’ STC 00156-2012-PHC: Está prohibido al congresista renunciar a su inmunidad. Diferencia entre inmunidad parlamentaria y antejuicio político N38” STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que la garantía de la inmunidad parlamentaria opere solo respecto de delitos comunes, mientras que el antejuicio es un procedimiento contra los altos funcionarios por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Renuncia al antejuicio político N40 STC 00156-2012-PHC: Está permitido a los funcionarios enumerados en los artículos 99 y 100 de la Constitución, que ya no ejercen funciones, renunciar a la prerrogativa del antejuicio político. No se requiere que la renuncia sea aceptada o aprobada por el Congreso de la República para que produzca efectos jurídicos, basta que sea solicitada en forma expresa.

303

La presentación de la renuncia origina que el antejuicio político concluya de oficio, lo que implica que el Ministerio Público y el Poder Judicial inician una propia investigación, con autonomía e independencia, sin que estén obligados a las conclusiones del Congreso de la República. Consecuencias de la renuncia al antejuicio político N41 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que la renuncia y conclusión del antejuicio político origine que todo lo actuado en el Congreso automáticamente se remita al Fiscal de la Nación, para que este investigue y determine si los hechos constituyen delitos cometidos en el ejercicio de la función, a fin de que formule denuncia ante la Corte Suprema.

1.5. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA En el fundamento jurídico 42 se recoge la siguiente norma creada por la Corte IDH: Prisión preventiva como medida cautelar, no punitiva N77 Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997: Está ordenado al Estado no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. En la primera parte del fundamento jurídico 43 se recoge la siguiente norma creada por la Corte IDH; Prohibición de condenar sin prueba plena de responsabilidad N120 Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000: Está prohibido condenar a una persona mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. La presunción de inocencia no se circunscribe al ámbito penal

304

N43 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido circunscribir el derecho de presunción de inocencia a la materia penal, por el contrario, está ordenado que ningún representante del Estado o de la autoridad pública declare que una persona es culpable de una infracción antes de que su culpabilidad haya sido establecida en forma definitiva por un tribunal189. Prohibición de exhibir a persona con traje infamante N44 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido, por contrario a la presunción de inocencia, exhibir ante los medios de comunicación a una persona vestida con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado190. En el fundamento jurídico 45 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda la siguiente norma constitucional: Necesidad

de

actividad

probatoria

suficiente

para

destruir

presunción de inocencia N3 STC 08811-2005-PHC: Está ordenado al órgano jurisdiccional realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones. En el fundamento jurídico 46 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda la siguiente norma constitucional: El investigado no tiene que probar su inocencia N13 STC 02192-2004-AA: Está prohibido disponer que sea el propio investigado administrativamente quien demuestre su inocencia, de lo contrario se quebrantaría el principio constitucional de presunción de inocencia que también rige el procedimiento administrativo sancionador,

189 El Tribunal Constitucional constitucionaliza una regla que proviene de la jurisprudencia del TEDH,

particularmente del Caso Lizaso Azconobieta c. España, sentencia del 28 de junio de 2011. 190 Caso Cantoral Benavides vs. Perú Sentencia de 18 de agosto de 2000 (Fondo), fundamento 119.

305

sustituyéndolo por una regla de culpabilidad que resulta contraria a la Constitución. Derecho a la presunción de inocencia en sede parlamentaria y las inhabilitaciones por comisión de delitos N47 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido al Congreso imponer las inhabilitaciones a las que hace referencia el artículo 99 de la Constitución por la comisión de delito en el ejercicio de la función, sin previo juicio y sentencia firme del Poder Judicial que declare la responsabilidad penal del funcionario. 1.6. DERECHO A SER JUZGADO POR UN JUEZ O TRIBUNAL INDEPENDIENTE E IMPARCIAL Independencia judicial externa e interna N50 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido al juez, por el principio de independencia, admitir presiones de fuera para resolver un caso en un determinado sentido, y le está prohibido sujetarse a los intereses de los órganos (administrativos o jurisdiccionales) que conforman el Poder Judicial. En el fundamento jurídico 51 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda la siguiente norma creada por la Corte IDH:

Garantías subjetivas y objetivas de imparcialidad N56 Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Sentencia de 5 agosto de 2005: Está ordenado al juez que interviene en una contienda particular aproximarse a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. Presunción de la imparcialidad subjetiva N51 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado presumir la imparcialidad personal o subjetiva, a menos que exista prueba en contrario, en tanto se

306

relaciona con la convicción personal del juez o de los integrantes del tribunal en un caso determinado191. También en el fundamento 51 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda las siguientes normas: Imparcialidad subjetiva del juez N146 Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005: Está ordenado, con base en el principio de imparcialidad, que los integrantes del Tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Imparcialidad objetiva del juez N56’ Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Sentencia 5 agosto 2005: Está ordenado al juez aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho. Derecho a ser investigado por órgano independiente e imparcial N52 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado respetar el derecho a ser investigado por un órgano independiente e imparcial. Libertad de expresión de fiscales y jueces N52’ STC 00156-2012-PHC: Está ordenado al juez o tribunal que cuando efectúen declaraciones relacionadas con el ejercicio de las funciones que ejercen, deben actuar con neutralidad y prudencia, no pueden evidenciar o proyectar prejuicios o juicios de valor sobre el investigado en el caso del fiscal o sobre el imputado o alguna de las partes en el caso del juez o de los integrantes del tribunal, ni tampoco convicciones personales sobre lo investigado o sobre el objeto de juzgamiento, ya que ello afectaría su

El Tribunal Constitucional crea una norma de la mano de una interpretación del TEDH en el caso Daktaras c. Lituania. 191

307

imparcialidad. En la parte final del fundamento 52 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda la siguiente regla jurídica: Deber de reserva y prohibición de comentarios a través de cualquier medio de comunicación N43

STC

0006-2009-PI: Está ordenado interpretar que la

discreción prevista en el artículo 47, inciso 5) de la Ley N.° 29277192 entendida como parte del derecho a la información, no se aplica para los procesos ya concluidos, para los ámbitos de mero trámite del proceso, ni para los procesos no dirigidos por el juez; y que la prohibición de comentarios recogida en el artículo 47, inciso 6) de la misma Ley193, entendida como límite a la libertad de expresión, no se aplica para los procesos ya concluidos, ni para los procesos no dirigidos por el juez, ni que tengan conexión alguna con otro en el cual este intervenga. El límite previsto se extiende al juez y a las causas en giro e incluso a las causas que ya han adquirido la autoridad de la cosa juzgada únicamente cuando se pueda atentar contra la moral, orden público, seguridad nacional y el derecho a la vida privada de las partes, siempre que dichos límites se enmarquen en el interés de la justicia. Derecho a ser juzgado por una autoridad independiente e imparcial en sede administrativa N53 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado ser juzgado por una autoridad administrativa independiente e imparcial en sede administrativa194.

Derecho a ser juzgado por una autoridad independiente en sede

Esta disposición establece que “[s]on faltas graves: (...) 5. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva”. 192 193 194

Cfr. el numeral 1.5 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.° 27444.

308

parlamentaria N54-55 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado ser juzgado por una autoridad independiente bajo criterios objetivos y razonables en sede parlamentaria195. 1.7. PRINCIPIO NON BÍS IN IDEM Contenido del principio non bis in idem N57 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido ser juzgado de nuevo por hechos ilícitos por los cuales ya se ha sido absuelto o condenado por una sentencia firme (dimensión procesal del principio non bis in idem); y está prohibido ser condenado de nuevo por hechos ilícitos por los cuales ya se ha sido absuelto o condenado por una sentencia firme (dimensión material del principio non bis in idem)196. Principio non bis in ídem en materia penal N58 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado entender que en materia penal el principio non bis in idem se vulnera cuando en la doble sanción o en el doble juzgamiento se aprecia que concurre copulativamente la triple identidad de sujeto activo, de hecho (misma conducta: acciones u omisiones) y de fundamento (mismo contenido del ilícito penal o calificación legal). Este principio no se vulnera en los supuestos de concurso de delitos, pues si bien en estos casos puede haber una identidad de sujeto y de hecho, el fundamento de la incriminación es diferente, en la medida de que el mismo hecho lesiona una pluralidad de bienes jurídicos tutelados por diferentes tipos penales. Principio non bis in idem en sede administrativa N59 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado respetar el principio non

195 196

Cfr. inciso i) del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República. Cfr. sentencia al EXP. N.° 02050-2002-AA/TC, fundamento 19.

309

bis in ídem en sede administrativa sancionatoria197. Motivaciones políticas y labor jurisdiccional del Poder Judicial N60 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido que las motivaciones políticas que dirigen la actuación de las comisiones investigadoras, fiscalizadoras de inhabilitación o suspensión en el ejercicio del cargo y las que llevan a cabo el procedimiento del antejuicio sean las que motiven la labor jurisdiccional del Poder Judicial. Principio non bis in idem en sede parlamentaria N63 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido, por el principio non bis in idem, que un alto funcionario vuelva a ser sometido a una nueva o a sucesivas investigaciones por los mismos hechos que ya han sido objeto de investigación, antejuicio o procedimiento de inhabilitación por infracciones a la Constitución. Una nueva investigación, por los mismo hechos que ya han sido investigados y votados en las Comisiones y/o en el Pleno del Congreso están prohibidas

porque

las

finalidades

de

la

investigación

y

acusación

parlamentaria ya se han cumplido (fiscalización, perfeccionamiento de la legislación, control político, etc.). La apertura de nuevas investigaciones por hechos que ya han sido materia de investigación y procesamiento en sede política, solo le está permitida al Ministerio Público o al Poder Judicial, siempre y cuando se hayan aportado nuevos elementos probatorios que permitan enervar el principio de la cosa decidida.

1.8. DERECHO AL PLAZO RAZONABLE EN LA INVESTIGACIÓN O EN EL PROCESO En el primer párrafo del fundamento 64 de esta sentencia, se recuerda la norma convencional directamente estatuida en el artículo 8.1 CADH,

197

Cfr. artículo 230.10 de la Ley N.° 27444.

310

formulada por la Corte IDH; N74 Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Sentencia del 29 de enero de 1997: Está ordenado respetar el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera. Duración razonable de la investigación y del proceso N64

STC

00156-2012-PHC: Está ordenado impedir que los

investigados o procesados permanezcan largo tiempo bajo investigación o proceso, así como asegurar que esta o este se decida dentro de un plazo razonable, ya que una demora prolongada e injustificada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales que consagra el debido proceso.

En el fundamento 65 de esta sentencia se recuerdan normas que el Tribunal Constitucional creó en la sentencia al EXP. N.° 02748-2010-PHC/TC, como doctrina jurisprudencial vinculante: Duración razonable de la investigación preliminar penal N5 STC 02748-2010-PHC: Está ordenado que la investigación preliminar (policial o fiscal), se realice en un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Requisitos para iniciar una investigación preliminar penal N5’ STC 02748-2010-PHC: Está ordenado que para someter a investigación a una persona, exista la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable.

311

Razonabilidad del plazo y transcurso del tiempo N9

STC

02748-2010-PHC:

Está

prohibido

configurar

la

razonabilidad del plazo de la investigación preliminar por el simple transcurso cronológico del tiempo, como si se tratase de una actividad mecánica. Circunstancias concretas y duración razonable N9’ STC 02748-2010-PHC: Está ordenado, para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, usar un baremo de análisis especial que permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada investigación (actuación del investigado, actuación del fiscal y la naturaleza de los hechos objeto de la investigación). Derecho a ser juzgado en un plazo razonable N66 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que para evaluar la razonabilidad del plazo del proceso, se emplee el análisis global del procedimiento, es decir, debe considerarse que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto. Inicio del cómputo del plazo razonable en materia penal N66’ STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que para evaluar la razonabilidad del plazo del proceso penal, el plazo comienza en la fecha de la detención del individuo. Cuando no es aplicable este criterio, pero se halla en marcha un proceso penal, dicho plazo debe contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del asunto o cuando las sospechas de las que se es objeto tengan repercusiones importantes en la situación jurídica de la persona investigada. Criterios para determinar razonabilidad del plazo para ser juzgado N67 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado, en el examen del plazo razonable para ser juzgado, tomar en cuenta los siguientes criterios: i) complejidad del asunto, ii) actividad procesal del interesado, iii) conducta de las autoridades judiciales, y iv) la afectación que genera la demora en la

312

situación jurídica de la persona involucrada en el proceso198. Derecho al plazo razonable en sede parlamentaria N68 STC 00156-2012-PHC: Está prohibido afectar el derecho al plazo razonable en sede parlamentaria. Obligación del Congreso de la República de establecer un plazo en la duración de las investigaciones parlamentarias N69 STC 00156-2012-PHC: Está ordenado al Congreso de la República a modificar su Reglamento con la finalidad de establecer un plazo razonable, en la duración de las investigaciones que lleven a cabo las comisiones parlamentarias de investigación. Control constitucional del plazo razonable en sede parlamentaria N69’ STC 00156-2012-PHC: Está permitido, aunque no se haya previsto expresamente un plazo, el control constitucional de la duración de las investigaciones parlamentarias, toda vez que no existen zonas exentas de control y, cualquiera que se sienta afectado en su derecho al plazo razonable, puede interponer el proceso constitucional que corresponda.

1.9. EL NÚMERO DE VOTOS NECESARIO PARA IMPONER SANCIONES EN SEDE PARLAMENTARIA

Aunque no lo dice el Tribunal Constitucional, el contenido de esta norma proviene de esta otra: N155 Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008: Está ordenado tomar en cuenta los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo en los procesos penales: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación juridica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Esta norma N155 añade un elemento más a los que, con base en sentencias del TEDH (Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, párr. 30), estableció la Corte IDH en su norma: N77 Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Sentencia del 29 de enero de 1997: Está ordenado tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales. 198

313

En el fundamento 70 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recordó la siguiente norma: Número de votos necesario para imponer sanciones en sede parlamentaria N23 STC 0006-2003-AI: Está ordenado que el número de votos para destituir del cargo a los funcionarios previstos en el artículo 99 de la Constitución, o, en su caso, para inhabilitarlos hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública, por infracción de la Constitución, no sea menor a los 2/3 del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente199.

2.

Las comisiones investigadoras y el levantamiento del secreto bancario En el fundamento 72 de esta sentencia, se recuerdan las siguientes dos

normas: Secreto bancario y vida privada N9 STC 1219-2003-HD: Está ordenado asegurar la reserva o confidencialidad de una esfera de la vida privada de los individuos o de las personas jurídicas de derecho privado, a través de la protección constitucional que se dispensa con el secreto bancario. Titular del secreto bancario N9’ STC 1219-2003-HD: Está ordenado considerar al secreto bancario como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, y su titular es siempre el individuo o la persona jurídica de derecho privado que realiza tales operaciones bancarias o financieras. Reglas para el levantamiento del secreto bancario en sede parlamentaria N74

STC

00156-2012-PHC:

Está

ordenado

que

en

sede

parlamentaria el levantamiento del secreto bancario se sujete a las siguientes El Tribunal Constitucional recordó también que esta norma se incorporó en el Reglamento del Congreso (artículo 89.i), gracias a que el Parlamento acogió la exhortación que le formulara en el fundamento 77 de la sentencia al EXP. N.° 0006-2003-Al/TC. 199

314

reglas: a) Las comisiones investigadoras están facultadas para solicitar el levantamiento del secreto bancario solo de los investigados. Para que esto suceda previamente debe conformarse la comisión investigadora y comunicársele al alto funcionario los hechos por los cuales va a ser investigado, es decir, debe respetarse el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación. b) La solicitud de la comisión investigadora debe motivar por qué es necesario y pertinente el levantamiento del secreto bancario, en qué medida va a contribuir con el esclarecimiento del caso investigado, y qué indicios o medios probatorios justifican el levantamiento del secreto bancario. Debido

proceso

parlamentario

para

cualquier

persona

que

comparezca ante el Parlamento N74’ STC 00156-2012-PHC: Está ordenado que las garantías del debido proceso deben cumplirse no solo respecto de los altos funcionarios, sino también respecto de cualquier persona que comparezca ante una comisión investigadora o ante el pleno del Congreso de la República.

II. EXP. N.° 0006-2017-PI/TC: Congresistas y transfuguismo [bit.ly/2IdoROG] 1. Estatuto del congresista. Mandato representativo, no imperativo e ideológico Mandato representativo N62 STC 0006-2017-PI: Está ordenado que los parlamentarios representen por sí mismos a la Nación y no a los electores que los han elegido Mandato no imperativo N62’ STC 0006-2017-PI: Está ordenado que los parlamentarios se conduzcan con plena libertad en la formulación de sus votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones, sin estar sujetos a vigilancia o responsabilidad alguna por sus actos.

315

En el fundamento 65 de esta sentencia, se recuerda la siguiente norma: Labor de los partidos políticos N30 STC 0003-2006-AI: Está ordenado a los partidos políticos evitar que la legítima pero atomizada existencia de intereses al interior de la sociedad, se proyecte en igual grado de fragmentación al interior Congreso de la República Congresista y mandato ideológico N67 STC 0006-2017-PI: Está permitido que el congresista se sujete a un mandato ideológico referido a la convicción política que representa en la sociedad, como parte de su afiliación a un partido político. Equilibrio entre mandato representativo y mandato ideológico N71 STC 0006-2017-PI: Está ordenado que el desempeño de la función congresal se realice a través de un equilibrio entre el mandato representativo y el mandato ideológico. Un estatuto del congresista N73 STC 0006-2017-PI: Está ordenado al legislador establecer un estatuto de derechos y atribuciones a los parlamentarios que permita cumplir con sus funciones en el Congreso. Restricciones a congresistas que no forman parte de algún grupo parlamentario N75 STC 0006-2017-PI: Está permitido al legislador: a) adoptar medidas para fortalecer el sistema de partidos políticos; b) establecer restricciones a aquellos congresistas que no forman parte de ningún grupo parlamentario o que, habiendo sido parte de un grupo, ya no lo son, particularmente en el supuesto del congresista que se aparte de manera ilegítima de su agrupación política.

2.

Medidas en contra del transfuguismo Medidas para sancionar o desalentar el transfuguismo

316

N76 STC 0006-2017-PI: Está permitido al legislador adoptar medidas para sancionar las conductas más reprochables de transfuguismo, así como desalentar inclusive aquellas disidencias políticas realizadas al amparo del ejercicio de derechos fundamentales (libertad de conciencia, libertad de expresión, etc.). Ello con la finalidad de garantizar el pluralismo político que el sufragio democrático y el sistema electoral buscan obtener en una elección democrática. Medidas de desaliento al transfuguismo N77 STC 0006-2017-PI: Está permitido al legislador adoptar medidas como la imposibilidad del congresista tránsfuga de gozar de ciertas facultades y atribuciones sino solo a través de su grupo parlamentario, para formular iniciativas distintas a las legislativas, integrar la Junta Directiva del Congreso, presidir comisiones; o como la de establecer como causal de inelegibilidad parlamentaria el haber sido un tránsfuga ilegítimo declarado en sede del parlamento y/o en mérito de una condena judicial que lo inhabilite en sus derechos políticos. Medidas de desaliento al transfuguismo N78 STC 0006-2017-PI: Está prohibido al legislador establecer restricciones a los congresistas que no forman parte de un grupo parlamentario por haberse apartado de su respectiva agrupación por motivos atendibles, que deriven en un directo menoscabo de las funciones parlamentarias atribuidas directamente por la Constitución. Medidas de sanción al transfuguismo N78’ STC 0006-2017-PI: Está ordenado respetar al Congreso su amplio margen de apreciación para imponer las sanciones respectivas a los congresistas que, por motivos estrictamente económicos o egoístas, desconozcan la voluntad popular y la perspectiva del partido o agrupación con la que fue electo.

317

3.

Prohibición de creación de nuevo grupo parlamentario o adhesión a otro En el fundamento 84 de esta sentencia, se recuerda la siguiente norma: Libertad de conciencia N3 STC 0895-2001-AA: Está prohibida toda perturbación o

imposición, incluida aquellos postulados éticos o morales que cuenten con el más contundente y mayoritario apoyo social, en la formación de la propia conciencia. Libertad de conciencia del parlamentario N85 STC 0006-2017-PI: Está ordenado respetar la libertad de conciencia del parlamentario en la emisión de sus opiniones y votos, por lo que no podrán sufrir ningún tipo de represalia por la emisión de los mismos en el ejercicio de la labor parlamentaria. En el fundamento 86 de esta sentencia se recuerda la siguiente norma: Inviolabilidad de votos y opiniones de los congresistas N12

STC

0026-2006-AI:

Está

ordenado

amparar

constitucionalmente la inviolabilidad de votos y opiniones de los congresistas, solamente cuando se emitan en el ejercicio de la función parlamentaria. No podrán tener amparo las declaraciones ante los medios de comunicación realizadas inclusive dentro del recinto parlamentario. No se aplica automáticamente restricción de conformar nuevo grupo parlamentario N88 STC 0006-2017-PI: Está prohibido aplicar la restricción de conformar nuevos grupos parlamentarios o de adherirse a uno ya formado, de manera mecánica o automática a cualquier congresista que se retire, renuncie, sea separado o sea expulsado de su grupo parlamentario de origen, sin atender a la motivación que pueda existir para el retiro, renuncia, separación o expulsión. Margen de libertad del partido político para regular separación del

318

congresista N94 STC 0006-2017-PI: Está ordenado reconocer a los partidos políticos un amplio margen de libertad para regular en sus respectivos estatutos las causas de la expulsión del congresista. Obligación de objetivar la regulación del transfuguismo N94’ STC 0006-2017-PI: Está ordenado regular el transfuguismo objetivamente sin dejar margen al partido para apreciar discrecionalmente la lealtad o deslealtad del funcionario público. Medidas que evitan fragmentación de grupos parlamentarios originales N97b STC 0006-2017-PI: Están permitidas, como medidas que eviten la fragmentación de los grupos parlamentarios originales, las siguientes: los grupos parlamentarios podrían brindar a sus congresistas la libertad para que, en determinados casos sensibles estos puedan votar de acuerdo a un criterio de conciencia; mientras que en otros temas sí se exigiría una votación de acuerdo con las decisiones adoptadas de manera mayoritaria en una bancada; también se podría establecer que aquellos congresistas que fueron separados por diferencias con la postura política del grupo parlamentario (se entiende que es un supuesto distinto a la expulsión) puedan retornar al mismo luego de un periodo determinado cuando haya nuevamente coincidencia de intereses. Fortalecimiento de los partidos políticos a través de medidas que desalientan el transfuguismo N103 STC 0006-2017-PI: Está ordenado fortalecer a los partidos políticos, consecuentemente está permitido no solo al legislador sino especialmente a los partidos políticos, implementar medidas y acciones dirigidas a evitar el traspase de parlamentarios durante el ejercicio de una legislatura.

319

Necesidad de medidas diferenciadas y proporcionales para combatir el transfuguismo N103’ STC 0006-2017-PI: Está ordenado, en la lucha contra el transfuguismo, adoptar medidas adecuadas, diferenciadas y proporcionadas que correspondan a los diversos supuestos de hecho que pueden presentarse, en los que es vital atender a la motivación esgrimida por el parlamentario como causa del traspase. En el fundamento 106 de esta sentencia se recuerda la siguiente norma: Contenido esencial del derecho de asociación N2 STC 2498-2008-PA: Está ordenado tener al derecho de asociarse como contenido esencial del derecho a la libertad de asociación, entendiendo por tal: a) la libertad de la persona para constituir asociaciones, así como la posibilidad

de

pertenecer

libremente

a

aquellas

ya

constituidas,

desarrollando las actividades necesarias en orden al logro de los fines propios de las mismas; b) el derecho de no asociarse, que se concibe como el hecho de que nadie sea obligado a formar parte de una asociación o a dejar de pertenecer a ella; y c) por la facultad de autoorganización, es decir, la posibilidad de que la asociación se dote de su propia organización.

Vulnera libertad de asociación impedir al congresista que renuncia a un partido político conformar un grupo parlamentario Nl110 STC 0006-2017-PI: Está prohibido, por contrario a la libertad de asociación, impedir automáticamente a un congresista que se retira o renuncia a un partido político o a una alianza electoral, conformar grupos parlamentarios o adherirse a otros ya existentes. En el fundamento 118 de la sentencia se recuerda la siguiente norma: Derecho a participar en la vida política del país N3 STC 5741-2006-AA: Está ordenado considerar que el derecho

320

de participación en la vida política constituye un derecho de contenido amplio, e implica la intervención de la persona en los diversos niveles de organización de la sociedad. Manifestación del derecho a participar en la vida política N123

STC

0006-2017-PI:

Está

ordenado

considerar

como

manifestación del derecho a la participación en la vida política de la nación, los derechos a postular, ser elegido y ejercer un cargo popular de representación popular. El derecho del congresista a participar en la vida política N124 STC 0006-2017-PI: Está ordenado considerar que el derecho a la participación política de los congresistas exige que puedan desempeñar los mandatos establecidos en la Constitución de manera plena y adecuada, para lo cual es necesario que cuenten con un estatuto especial. Medidas contra el transfuguismo N131 STC 0006-2017-PI: Está permitido adoptar medidas para combatir el transfuguismo y fortalecer la presencia de los grupos parlamentarios al interior del Congreso. Medidas en caso de transfuguismo ilegítimo N132a

STC

0006-2017-PI:

Está

permitido,

en

caso

de

transfuguismo ilegítimo en el que se verifique la venta del voto a cambio de un beneficio económico o de otra índole, aplicar medidas de carácter sancionador, no solo a través del Código de Ética del Congreso, sino también a través de los procedimientos de carácter político que prevé la Constitución (juicio por infracción constitucional) e inclusive, de ser el caso, desde el ámbito penal (delito de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, etc.). Medidas en caso de transfuguismo legítimo N132b

STC

0006-2017-PI:

Está

permitido,

en

caso

de

transfuguismo legítimo en el que no se verifique la existencia de un móvil

321

reprochable, adoptar medidas como la creación de un grupo mixto, con atribuciones que pueden ser menores en comparación con los grupos parlamentarios originales respecto de aquellas funciones y competencias en las que sí sea necesario atender a la cuota proporcional de representatividad que tiene el grupo parlamentario (por ejemplo, en la elección de cargos en la Mesa Directa, Junta de Portavoces, presidencias de comisiones, etc.) En el fundamento 137 de la sentencia se recuerda la siguiente norma: Prohibición de leyes penales indeterminadas N45 STC 00010-2002-AA: Está ordenado, por el principio de legalidad, no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas. Principio de legalidad y taxatividad en las infracciones y sanciones parlamentarias N139 STC 0006-2017-PI: Está ordenado que las infracciones y sanciones establecidas a nivel parlamentario, de acuerdo con el principio de legalidad y su dimensión de taxatividad, también deben estar previamente tipificadas y determinadas. Prohibición de normativa que favorece amplia y genéricamente la vigencia de la disciplina partidaria N150 STC 0006-2017-PI: Está ordenado tener como vulnerador del principio de interdicción del mandato imperativo, previsto en el artículo 93 de la Constitución, a la normativa que favorece de manera amplia y genérica la vigencia de la disciplina partidaria por sobre la actuación independiente del congresista, incluidas las situaciones en las que se requiere la adopción de un voto de conciencia.

322

4.

Los reglamentos internos de los grupos parlamentarios Interpretación conforme a la Constitución del artículo 37.4 del

Reglamento del Congreso N163

STC

0006-2017-PI:

Está

ordenado

no

tener

por

inconstitucional el inciso 4 del artículo 37 del Reglamento del Congreso200, siempre y cuando se interprete que la obligatoriedad de los reglamentos internos, tal como señala la norma, se refiere en estricto a aquellas disposiciones

vinculadas

únicamente

a

la

organización

del

grupo

parlamentario, su funcionamiento, así como los derechos y deberes de sus miembros -que incluye el régimen sancionador-; dejando de lado aspectos vinculados al ejercicio del voto y opiniones en conciencia, ámbito tutelado por el derecho fundamental a la libertad de conciencia y garantizado por el principio de prohibición de mandato imperativo, que no pueden ser regulados en el reglamento interno de un grupo parlamentario. Transparencia y acceso público a los reglamentos de los grupos parlamentarios N164 STC 0006-2017-PI: Está ordenado al Congreso que adopte mecanismos para garantizar la transparencia y acceso público a los reglamentos de los grupos parlamentarios.

5.

Sanciones y limitaciones a las funciones congresales Requisito de pertenencia a un grupo parlamentario para postular a

un cargo público no es manifestación de potestad sancionadora N171 STC 0006-2017-PI: Está ordenado considerar que el requisito de pertenecer a un grupo parlamentario para postular a un cargo congresal no es una manifestación de la potestad sancionadora del Congreso de la

Según esta disposición, “[l]os Grupos Parlamentarios son conjuntos de Congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas: (...) 4. Cada Grupo Parlamentario aprueba su reglamento interno, el que deberá respetar las garantías del debido procedimiento y contener los derechos y deberes de sus integrantes. Este reglamento es aprobado por mayoría de sus miembros y obliga a todos ellos”. 200

323

República, por lo que no constituye una sanción disciplinaria, sino un requisito razonable para el ejercicio de los derechos funcionales de los congresistas en tanto funcionarios públicos que representan a la nación y están al servicio de esta. Restricciones válidas al ejercicio de derecho funcionales de los congresistas N172 STC 0006-2017-PI: Está permitido al Legislador establecer restricciones en el ejercicio de los derechos funcionales de aquellos congresistas que se separen de sus grupos parlamentarios, siempre y cuando el derecho funcional esté vinculado directamente con su pertenencia a un grupo parlamentario. Diferenciación de derechos funcionales del congresista N172’ STC 0006-2017-PI: Está permitido diferenciar un grupo de derechos inherentes a la función congresal, que no pueden ser restringidos porque desnaturalizarían el mandato parlamentario; del grupo de derechos funcionales vinculados con la pertenencia a una fuerza política con una representación proporcional en el Congreso, que sí podrán ser modulados201. Limitación irrazonable a la presentación de proyectos de ley N180 STC 0006-2017-PI: Está prohibida la limitación irrazonable de la atribución de presentar proyectos de ley para aquellos congresistas que no pueden conformar grupos parlamentarios o adherirse a grupos ya existentes. Grupo parlamentario especial En esta misma sentencia, dijo el Tribunal Constitucional que “la conformación de un grupo parlamentario constituye un atributo esencial inherente a la función parlamentaria, en la medida que a través del mismo se cumplen con los mandatos previstos para el Congreso de la República por la Constitución” (fundamento 126). De aquí se podría concluir que para el Tribunal Constitucional en ningún caso se podría impedir a un congresista formar parte de un grupo parlamentario, incluso aunque su salida hubiese configurado transfuguismo ilegítimo. Sin embargo, el Alto Tribunal no descarta que el impedimento de formar grupo político sea constitucional. Así se comprueba, además, con las normas que pueden concluirse de su sentencia al EXP. N.° 0001-2018-PI/TC, como se mostrará más adelante. 201

324

N184

STC

0006-2017-PI:

Está

permitido

que

los

grupos

parlamentarios especiales, con menos del número de congresistas exigido para conformar un grupo ordinario, puedan fusionarse y conformar un grupo parlamentario ordinario o se adherirse a otro ya conformado.

6.

Derecho a la igualdad respecto de los congresistas En el fundamento 189 de esta sentencia se recuerda la siguiente norma: Constitucionalidad del tratamiento desigual N10 STC 0007-2003-AI: Está permitido el tratamiento desigual

siempre que cuente con justificación o sustento razonable. Prohibición de discriminación N189 STC 0006-2017-PI: Está prohibida la discriminación, es decir, cuando para supuestos iguales se hayan previsto consecuencias jurídicas distintas, o cuando se haya realizado un trato semejante a situaciones desiguales y siempre que, para cualquiera de los dos casos, se carezca de justificación. En el fundamento 190 de esta sentencia se recuerda la siguiente norma: Test de proporcionalidad y principio de igualdad N33

STC

045-2004-PI: Está permitido aplicar el test de

proporcionalidad al principio de igualdad, a través de los siguientes pasos: a) la determinación del tratamiento legislativo diferente: La intervención en la prohibición de discriminación, b) La determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad, c) La determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin), d) El examen de idoneidad, e) El examen de necesidad, f) El examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

7.

Deber del congreso de regular claramente los transfuguismos Está

permitido

conformar

agrupaciones

parlamentarias

o

incorporarse a las ya existentes

325

N199-200 STC 0006-2017-PI: Está permitido a los congresistas que se hubiesen apartado o se aparten de sus respectivos partidos políticos, alianzas electorales o grupos parlamentarios, conformar agrupaciones o incorporarse a las ya existentes, mientras el Congreso no adopte las reformas necesarias para delimitar con claridad, los supuestos de separación de la agrupación

política

respetando

escrupulosamente

los

parámetros

constitucionales. Prohibición de despojo de atribuciones de congresistas N201

STC

0006-2017-PI: Está prohibido el despojo de las

atribuciones de los congresistas que, en ejercicio de los derechos que la Constitución reconoce, se aparten o se hubiesen apartado de sus agrupaciones políticas.

Medidas de desaliento del transfuguismo N202 STC 0006-2017-PI: Está permitido al Congreso adoptar medidas de desaliento del transfuguismo legítimo, siempre y cuando ellas no incidan en las atribuciones fundamentales del parlamentario. Medidas que enfrenten el transfuguismo N203 STC 0006-2017-PI: Está ordenado al Congreso impulsar la implementación

de

medidas

que

enfrenten

de

manera

integral

el

transfuguismo dentro de un contexto de respeto a los principios, valores y derechos constitucionales.

III. EXP. N.° 0001-2018-PI/TC: Congresistas y Transfuguismo [bit.ly/2OTBDDj] 1.

Prohibición de reproducción de una ley declarada inconstitucional

El legislador no puede reproducir una ley declarada inconstitucional N7 STC 000I-2018-PI: Está prohibido al legislador reproducir ni la disposición ni el sentido interpretativo que ha sido declarado inconstitucional

326

en un proceso de inconstitucionalidad. En el fundamento 8 de esta sentencia se recuerda la siguiente norma: El legislador no puede reproducir una ley declarada inconstitucional N60 STC 0022-2011-PI: Está prohibido al Parlamento reproducir la misma fórmula legal declarada inconstitucional en una sentencia estimatoria en un proceso de inconstitucionalidad, salvo que el Tribunal Constitucional varíe en el futuro su interpretación de modo razonado. En el fundamento 10 de esta sentencia se recuerda la siguiente norma: Legislador puede regular la misma materia de una sentencia que declara fundada demanda de inconstitucionalidad N63 STC 0022-2011-PI: Está permitido al legislador expedir disposiciones que regulen el mismo aspecto materia de una sentencia de inconstitucionalidad que declara fundada la demanda, cuando: a. Desarrolle una disposición diferente; b. Desarrolle la disposición con un contenido similar al anterior, pero del que puedan deducirse sentidos interpretativos diversos del que fue declarado inconstitucional, c. Tras el tiempo transcurrido desde la expedición de la sentencia estimatoria hubiesen operado cambios en el marco normativo o social que justifican diferentes interpretaciones partiendo de una disposición sustancialmente idéntica.

2. Congresistas pueden renunciar a una agrupación política por razones ideológicas Interpretación conforme a la Constitución del artículo 1 de la Resolución Legislativa 003-2017-2018-CR N52,59

STC

0001-2018-PI:

Está

ordenado

no

tener

por

inconstitucional el artículo 1 de la Resolución Legislativa 003-2017-2018CR202, siempre y cuando se interprete que se encuentra reconocida la Esta disposición legislativa dispone lo siguiente: “Modifícanse los numerales 4 y 5 del artículo 37 del Reglamento del Congreso de la República”, conforme al siguiente texto: “Los Grupos Parlamentarios. Definición, Constitución y Registro 202

327

posibilidad de apartarse de la agrupación política respectiva en ejercicio del derecho a la libertad de conciencia, es decir, que no está prohibida la renuncia de los congresistas de agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. En consecuencia, los congresistas que se encuentran en dicha condición sí están habilitados para conformar un nuevo grupo parlamentario o adherirse a uno ya existente o recurrir a la fórmula de configurar un Grupo Parlamentario mixto. Interpretación conforme a la Constitución del artículo 2 de la Resolución Legislativa 003-2017-2018-CR N70 STC 0001-2018-PI: Está ordenado no tener por inconstitucional el artículo 2 de la Resolución Legislativa 003-2017-2018-CR203, siempre y cuando se interprete que los congresistas que se retiraron de su agrupación por razones de conciencia pueden formar un nuevo grupo parlamentario o

Artículo 37. Los Grupos Parlamentarios son conjuntos de Congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas: (...) 4. Cada Grupo Parlamentario aprueba su reglamento interno, el que deberá respetar las garantías del debido procedimiento y contener los derechos y deberes de sus integrantes. Este reglamento es aprobado por mayoría del número legal de sus miembros y obliga a todos ellos, al ser presentado ante el Consejo Directivo. El Congresista que considere que ha sido expulsado de manera irregular de su Grupo Parlamentario, podrá accionar en primera instancia ante la Junta de Portavoces y en segunda y definitiva instancia ante el Consejo Directivo, agotando la instancia parlamentaria. Si la sanción es revocada o anulada, podrá optar por regresar a su Grupo Parlamentario, adherirse a otro, o pasar a integrar el Grupo Parlamentario Mixto previsto en el numeral 6. 5. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Congresistas que renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del Grupo Parlamentario por el que fueron elegidos, salvo el caso de alianzas electorales conforme a ley, que hayan decidido disolverse, en cuyo caso podrán conformar Grupo Parlamentario conforme al numeral 1. Dicha prohibición no resulta aplicable a los Congresistas que renuncien al Grupo Parlamentario, por vulneración a las garantías del debido procedimiento o a los derechos contenidos en el reglamento interno del Grupo Parlamentario, pudiendo recurrir para tales efectos, en primera instancia ante el Grupo Parlamentario y en segunda y definitiva instancia ante el Consejo Directivo (...)”. 203 Según esta disposición: “Incorpórase el numeral 6 al artículo 37 del Reglamento del Congreso de la República, conforme al siguiente texto: ‘Los Grupos Parlamentarios. Definición, Constitución y Registro Artículo 37. Los Grupos Parlamentarios son conjuntos de Congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas: (...) 6. Los Congresistas que hubiesen renunciado de conformidad con el segundo párrafo del numeral 5 o aquellos cuya sanción de expulsión hubiese sido revocada o anulada de conformidad con lo previsto en el numeral 4, podrán adherirse a otro grupo parlamentario o integrar el Grupo Parlamentario Mixto, el cual al cumplir lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 37, tiene los mismos derechos y atribuciones que corresponden al Grupo Parlamentario integrado por el menor número de Congresistas formado al inicio del período parlamentario, asimismo, en cuanto a la aplicación de los principios de proporcionalidad y pluralismo. (...)’ ”.

328

adherirse a otro. En consecuencia, debe interpretarse que también se encuentran habilitados para integrarse, en caso así lo deseen, al Grupo Parlamentario Mixto.

IV. EXP. N.° 0006-2018-PI/TC: Reglamento del congreso, crisis de gabinete y disolución del congreso [bit.ly/2zXZtGT] 1.

exoneración de dictamen y déficit de deliberación Deliberación en el Parlamento y aprobación de Leyes N25 STC 0006-2018-PI: Está ordenado un importante nivel de

deliberación en el Parlamento cuando se trata de aprobar trascendentales reformas que inciden en la esencia misma de la Constitución. Junta de portavoces no puede exonerar de dictamen un proyecto de ley que incide en la esencia de la Constitución N26 STC 0006-2018-PI: Está prohibido a la Junta de portavoces exonerar a un proyecto de ley de su previa aprobación por la respectiva Comisión parlamentaria dictaminadora, cuando el proyecto legislativo incide en la esencia de la Constitución.

2.

El reglamento del congreso Finalidad del Reglamento del Congreso de la República N32 STC 0006-2018-PI: Está permitido al Congreso de la República,

darse su propio Reglamento, con una finalidad específica sujeta al control de constitucionalidad: regular su propia actividad y su relación con otras instancias jurídicas e institucionales. Prohibición del Reglamento del Congreso de regular asuntos ajenos a la actuación parlamentaria N41 STC 0006-2018-PI: Está prohibido al Congreso de la República regular, a través de su Reglamento, asuntos ajenos a la actuación parlamentaria,como por ejemplo, establecer causales de improcedencia de la cuestión de confianza, porque esto escapa a su finalidad de normación

329

autónoma (artículo 94 de la Constitución).

3.

Principio de separación de poderes En el fundamento 47 de esta sentencia, se recuerda las siguientes

reglas: Principio de separación de poderes y principio de colaboración de poderes N24 STC 0004-2004-CC: Está prohibido considerar que el principio de separación de poderes que configura la Constitución, sea absoluta, porque de la estructura y funciones de los Poderes del Estado regulados por la Norma Suprema, también se desprende el principio de colaboración de poderes. Significado constitucional del principio de separación de poderes N15 STC 0006-2006-CC: Está ordenado entender el principio de separación de poderes (artículo 43 de la Constitución), por un lado, como control y balance entre los poderes del Estado y, por otro, como coordinación y cooperación entre ellos. En el fundamento 49 de esta sentencia, se recuerda la siguiente regla: Límites materiales del poder de reforma constitucional N74-75 STC 014-2002-AI: Está ordenado al poder de reforma constitucional, someterse a límites materiales conformados por los parámetros de identidad o esencia constitucional que dan identidad o que constituyen la esencia del texto constitucional: la primacía de la persona, la dignidad, la vida, la igualdad, soberanía del pueblo, el Estado democrático de Derecho, forma republicana de gobierno, la separación de poderes, y, en general, régimen político y forma de Estado. Sin ellos, la Constitución sería un texto formalmente supremo pero, en cambio, materialmente vacío de sentido. Rasgos de identidad del principio de separación de poderes N56 STC 0006-2018-PI: Está ordenado considerar que el principio

330

de separación de poderes, tiene los siguientes rasgos de identidad: a) Principio de separación de poderes propiamente dicho, el cual se conforma por la autonomía funcional y competencial que cada poder estatal (y cada órgano constitucional autónomo) tiene, así como por las distintas funciones (sociales y políticas) que cada uno cumple tendencialmente. Este principio permite reconocer eventuales tensiones que puedan surgir entre los poderes públicos, sin que estas se resuelvan reconociendo la existencia de una confusión o subordinación entre los poderes, o a la asunción de que existe un “primer poder” de Estado, b) Principio de balance entre poderes, por el cual se reconoce la existencia de mecanismos de coordinación: tales como la delegación de facultades, el respaldo a políticas de gobierno a través de la cuestión confianza, las coordinaciones o negociaciones políticas para la aprobación del presupuesto público, la reglamentación de las leyes, la iniciativa legislativa por parte del Poder Ejecutivo o los órganos constitucionales autónomos, etc.; mecanismos de control recíproco: control jurídico y jurídico-político entre los poderes y órganos constitucionales autónomos; y mecanismos de equilibrio entre poderes: respeto a la autonomía de los otros poderes y órganos constitucionales autónomos, regulación de las competencias y funciones ajenas sin desnaturalizarlas, debida asignación presupuestaria para los poderes estatales u órganos constitucionales autónomos, etc. En nuestro modelo constitucional los poderes públicos se conciben en una dinámica de equilibrio o contrapeso, lo cual exige reconocer y respetar los mecanismos de control constitucionalmente previstos. La regulación, el ejercicio y la interpretación de los alcances de estos mecanismos no pueden realizarse alterando o desnaturalizando el balance que ha buscado asegurar la Constitución, y que es parte medular de nuestro modelo, c) Principio de cooperación, por el cual las competencias y funciones de los poderes y órganos constitucionales autónomos deben estar orientadas

331

al cumplimiento de los fines del Estado (artículo 44 de la Constitución), a la concreción del conjunto de bienes y valores constitucionales (por ejemplo, los señalados en los artículos 1, 3, 38, 43 o 45 de la Constitución), y siempre teniendo como horizonte la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad (artículo 1 de la Constitución). Entre los poderes públicos resulta de aplicación el principio de lealtad constitucional, d) Principio de solución democrática, según el cual frente a un entrampamiento o crisis política o institucional que no puede superarse a través de los medios institucionales habituales debe preferirse, en primer lugar, las salidas deliberadas, es decir, mediante el diálogo institucional o a través de los espacios de deliberación pertinentes y adecuados para enfrentar los conflictos políticos. De esta manera, la forma de gobierno, así como las relaciones entre los poderes públicos, deben tender a establecer y preferir mecanismos de diálogo que permitan resolver las controversias. Prohibición de desnaturalizar el principio de separación de poderes N57 STC 0006-2018-PI: Está permitido plasmarse propuestas de reforma constitucional y legal sobre estos los rasgos esenciales del principio de separación de poderes, pero sin desnaturalizarlos o vaciarlos de contenido

4.

La cuestión de confianza Significado de la cuestión de confianza obligatoria del artículo 130

de la Constitución N66 STC 0006-2018-PI: Está ordenado entender la cuestión de confianza referida en el artículo 130 de la Constitución, como aquella solicitud al Congreso de la República de un voto de confianza para que este legitime la conformación del Consejo de Ministros. Es obligatoria, porque debe producirse en todos los casos en los que se forme un nuevo gabinete. La Constitución no ha previsto supuestos para solicitar cuestión de confianza facultativa

332

N75 STC 0006-2018-PI: Está ordenado entender que la cuestión de confianza facultativa recogida en los artículos 132 y 133 de la Constitución, ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, sin establecer supuestos para su procedencia, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Inconstitucionalidad de establecer supuestos para solicitar cuestión de confianza facultativa N76 STC 0006-2018-PI: Está prohibido establecer que “no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político”, por contrariar el principio de balance entre poderes, pues restringe indebidamente la facultad de los ministros de poder plantear al Congreso de la República cuestiones de confianza

en

los

asuntos

que

la

gestión

del

Ejecutivo

demande,

desnaturalizando así la finalidad constitucional de referida institución y alterando la separación de poderes.

5.

La facultad del presidente de la república para nombrar Ministros de Estado Inconstitucionalidad de exigir al Presidente de la República cambiar

a la totalidad de ministros N87 STC 0006-2018-PI: Está ordenado tener como inconstitucional por contrario a los principios constitucionales de separación de poderes y de balance entre estos, imponer al Presidente de la República la alternativa de o cambiar a la totalidad de ministros en caso no haya sido aceptada la cuestión de confianza presentada por el Presidente del Consejo de ministros, o asumir que no se ha producido la crisis total del gabinete. Conformación del gabinete como potestad exclusiva y excluyente del Presidente de la República

333

N88

STC

0006-2018-PI: Está ordenado

reconocer

que

la

conformación del gabinete es una potestad exclusiva y excluyente del Presidente de la República, y consiste en nombrar a los ministros de Estado a propuesta del Presidente del Consejo de Ministros, con las restricciones constitucionalmente previstas.

6.

Renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y la crisis del Gabinete Consecuencias de la crisis total del gabinete N94-95 STC 0006-2018-PI: Está ordenado que la consecuencia

constitucional de la crisis total del gabinete sea que todos los ministros que lo integran renuncien a su cargo. Con esta renuncia se consuma la crisis total del gabinete, con prescindencia de cualquier hecho posterior, como puede ser la conformación de un nuevo Consejo de Ministros. Renuncia unilateral del Presidente del Consejo de Ministros genera crisis total del gabinete N97 STC 0006-2018-PI: Está prohibido por ser contrario al artículo 133 de la Constitución, disponer que no existe crisis total del Gabinete cuando el Presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente.

7.

Facultad presidencial de disolución del parlamento Las crisis de Gabinete que cuentan para la disolución del Congreso

de la República N101 STC 0006-2018-PI: Está ordenado que solo cuenten para efectos de la disolución del Congreso de la República (artículo 134 de la Constitución), las crisis totales del Gabinete generadas por haberse rehusado la cuestión de confianza -tanto la obligatoria como la facultativa- presentada por el Presidente del Consejo de Ministros, y por haberse censurado a este. Crisis total de gabinete y disolución del Congreso N102 STC 0006-2018-PI: Está prohibido, por contrario al artículo 134 de la Constitución, establecer que es necesario que se hayan producido

334

dos crisis totales del gabinete para que el Presidente de la República puede disolver el Congreso. Supuestos que autorizan al Presidente de la República a disolver el Congreso N103 STC 0006-2018-PI: Está permitido al Presidente de la República, en virtud del artículo 134 de la Constitución, disolver el Congreso de la República, si: a) Se ha censurado a dos gabinetes; b) Se ha negado la confianza a dos gabinetes; c) Se ha censurado a un gabinete y posteriormente se le ha negado la confianza a otro gabinete; d) Se le ha negado la confianza a un gabinete y posteriormente se ha censurado a otro gabinete.

335

Capítulo VIII EN MATERIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL I. EXP. N.° 014-2002-AI/TC: Control constitucional de la ley que suprime la firma y establece proceso de reforma total de la constitución [bit.ly/1ClywGN] 1.

Ley orgánica y ley de reforma constitucional La reserva de ley orgánica no puede extenderse por analogía N8 STC 014-2002-AI: Está prohibido extender por analogía la

reserva de ley orgánica a otras materias no previstas en el artículo 106 de la Constitución. Valor simbólico de la promulgación de la Constitución por parte de un poder constituido N27

STC

014-2002-AI:

Está

ordenado

considerar

que

la

promulgación de una Constitución es un asunto que solo lo puede realizar el poder constituyente, y cuando este ordena que la promulgación de la nueva Constitución la realice un poder constituido, tal mandato no tiene sino un valor simbólico. Ley de reforma constitucional y acción de inconstitucionalidad N35

STC

014-2002-AI:

Está

permitida

la

acción

de

inconstitucionalidad contra una ley de reforma constitucional.

2.

Límites al poder de reforma constitucional Límites formales del poder de reforma constitucional N72 STC 014-2002-AI: Está ordenado al poder de reforma

constitucional, someterse a límites formales y materiales. Límites formales del poder de reforma constitucional N72’ STC 014-2002-AI: Está ordenado al poder de reforma constitucional, someterse a límites formales referidos a los requisitos objetivamente reconocidos por la Constitución para que la reforma prospere:

336

órgano investido con la capacidad para ejercer la potestad modificatoria, el procedimiento que ha de seguir el órgano legitimado, y si se debe ratificar o no por el pueblo vía referéndum. Límites materiales del poder de reforma constitucional N74-75 STC 014-2002-AI: Está ordenado al poder de reforma constitucional, someterse a límites materiales conformados por los parámetros de identidad o esencia constitucional que dan identidad o que constituyen la esencia del texto constitucional: la primacía de la persona, la dignidad, la vida, la igualdad, soberanía del pueblo, el Estado democrático de Derecho, forma republicana de gobierno, la separación de poderes, y, en general, régimen político y forma de Estado204. Sin ellos, la Constitución sería un texto formalmente supremo pero, en cambio, materialmente vacío de sentido. La reforma de la Constitución solo puede ser parcial N87 STC 014-2002-AI: Está ordenado considerar que la reforma de la Constitución prevista en el artículo 206 de la Constitución, solo puede tener alcances parciales. El contenido esencial de los derechos fundamentales como límite implícito N94 STC 014-2002-AI: Está ordenado reconocer que es un límite implícito en la Constitución, que el legislador respete el contenido esencial de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales y el poder de reforma constitucional N96 STC 014-2002-AI: Está ordenado considerar que las cláusulas de la Constitución que reconocen derechos fundamentales, constituyen verdaderos límites materiales a la potestad de reforma de la Constitución.

204 Algunos

de estos límites materiales fueron mencionados en el fundamento 76.ii de esta sentencia.

337

Es un límite que opera solo en sentido negativo, esto es, que impide que el órgano de la reforma pueda suprimir o disminuir los derechos fundamentales; pero no opera en sentido positivo, es decir, la reforma constitucional será válida si tiene por propósito ampliar, optimizar o reconocer nuevos derechos constitucionales.

3.

La función constituyente del pueblo Constitucionalización de la función constituyente del pueblo N102 STC 014-2002-AI: Está ordenado considerar que cuando el

artículo 32.1 de la Constitución alude a la posibilidad de que se pueda practicar una reforma total de la Constitución, ha constitucionalizado la función constituyente que titulariza el pueblo y no el Congreso de la República205. Congreso y función constituyente del pueblo N109 STC 014-2002-AI: Está permitido al Congreso de la República que, como órgano de representación de la voluntad general, pueda proponer un proyecto de Constitución, para que sea el poder constituyente del pueblo a través de referéndum quien decida, como fuente originaria del poder, si la acepta o rechaza206. El Congreso debe ajustarse a su Reglamento a la hora de aprobar el proyecto de Constitución N119 STC 014-2002-AI: Está ordenado al Congreso que al aprobar un proyecto de Constitución para que el poder constituyente del pueblo se pronuncie, observe las reglas del Reglamento del Congreso, pues en su condición de poder constituido, toda su actividad, incluso cuando elabora

Cfr. fundamento 109 de esta misma sentencia. Según el Tribunal Constitucional, “podría decirse que el artículo 32°, inciso 1) en la parte que autoriza la reforma total de la Constitución ‘positiviza el derecho a la revolución, es decir, facilita las vías jurídicas (pacíficas) para el cambio político (por muy radical que éste fuere)...’” (Manuel Aragón, “Reforma constitucional (D.° Constitucional)”, en Enciclopedia Jurídica Básica, citado, pág. 5656). Fundamento 118. 205 206

338

simples proyectos, debe realizarse conforme al ordenamiento jurídico.

II. EXP. N.° 0008-2018-PI/TC: control constitucional de ley de reforma constitucional que prohíbe reelección inmediata de alcaldes [bit.ly/2FhXYby] En el fundamento 20 de esta sentencia, se recuerda la siguiente regla jurídica: Núcleo de la Constitución y reforma constitucional N35 STC 0050-2004-PI y acumulados: Está prohibido al Congreso de la República modificar el núcleo de la Constitución, por lo que no puede hacer uso de la reforma constitucional para variar el sistema democrático de gobierno, para sustituir el régimen representativo, para modificar la Constitución económica o para alterar el principio de la alternancia del gobierno, a tenor de los artículos 1, 3, 43 y 58 de la Constitución. En el fundamento 22 de esta sentencia, el Tribunal Constitucional recuerda una regla jurídica empleada en la sentencia al EXP. N.° 0024-2005PI/TC, fundamento 12, pero que en realidad había sido creada anteriormente: Límites materiales del poder de reforma constitucional N74-75 STC 014-2002-AI: Está ordenado al poder de reforma constitucional someterse a límites materiales conformados por los parámetros de identidad o esencia constitucional que dan identidad o que constituyen la esencia del texto constitucional (la primacía de la persona, la dignidad, la vida, la igualdad, soberanía del pueblo, el Estado democrático de Derecho, forma republicana de gobierno, la separación de poderes, y, en general, régimen político y forma de Estado, etc.). Sin ellos, la Constitución sería un texto formalmente supremo pero, en cambio, materialmente vacío de sentido. La política ajustada a la Constitución N24 STC 0008-2018-PI: Está prohibido que la actividad política,

339

incluido el ejercicio de reforma constitucional, pueda darse al margen de los parámetros previstos en la Constitución. El control constitucional de la política N26 STC 0008-2018-PI: Está prohibido reconocer que exista actividad política exenta de control de constitucionalidad. En el fundamento 27 de esta sentencia, se recuerda esta regla jurídica: Control constitucional de la política pública de salud N39

STC

03228-2012-PA:

Está permitido a la judicatura

constitucional, en relación a las políticas públicas en el sector salud, evaluar si: 1) se ha obviado la formulación de un plan o política que enfrente determinado problema relativo a la salud (déficit de existencia); 2) se ha incumplido la materialización efectiva de un plan adecuadamente formulado (déficit de ejecución); 3) se ha desatendido algunas de las dimensiones o principios relevantes del derecho a la salud en la formulación o implementación de una política pública en salud (déficit de consideración); 4) se han establecido políticas claramente contrarias a los principios que rigen el derecho a la salud (déficit de violación manifiesta) o claramente inconducentes (déficit de razonabilidad) o insuficientes para el cumplimiento de determinados objetivos prioritarios de la salud (déficit de protección deficiente o déficit de protección de niveles esenciales de salud); 5) se ha obviado enfrentar determinados aspectos que impiden la ejecución efectiva de la política pública y que terminan generando resultados negativos en salud (déficit de confrontación de problemas estructurales salud). Esto último puede ocurrir si se ha adoptado una política pública en salud sin permitir la participación de la sociedad civil o los directamente afectados en la política pública involucrada (déficit de participación política); se ha actuado sin precisar mecanismos de rendición de cuentas (déficit de transparencia); o se ha procedido olvidando el establecimiento de una línea de base e indicadores

340

de derechos humanos que permitan evaluar el impacto de la política pública en el goce efectivo del derecho a la salud (déficit de evaluación de impacto). Derecho elegir y ser elegido como derecho limitado N43 STC 0008-2018-PI: Está prohibido desconocer que el derecho a elegir y el derecho a ser elegido admite límites. Inexistencia del derecho a ser reelegido N43’ STC 0008-2018-PI: Está prohibido reconocer que existe un derecho fundamental a ser reelegido inmediatamente como alcalde207.

III. EXP. N.° 0012-2018-PI/TC Y 0013-2018-PI/TC: Control constitucional de ley que prohíbe de modo absoluto contratación de publicidad estatal en medios privados 1. Control constitucional y bloque de constitucionalidad En el fundamento 3 de esta sentencia, se hace referencia a estas reglas: Vinculación de las leyes a la Constitución y al bloque de constitucionalidad N4 STC 00015-2012-PI: Está prohibido considerar que, si bien el accionar del Congreso permite un considerable nivel de discrecionalidad, este no faculta a inobservar las pautas que emanan de la Constitución o del Reglamento del Congreso, pues ello ingresaría en el ámbito de lo constitucionalmente prohibido u ordenado. De esta manera, el procedimiento parlamentario, aunque cuente con un considerable margen de maniobra político, no puede ser contrario a las obligaciones que dimanan de la Constitución o del bloque de constitucionalidad.

207 Esta

norma tiene una formulación general que es la apuntada arriba, y particular para los alcaldes en los términos siguientes: Inexistencia del derecho a ser reelegido N43’ STC 0008-2018-PI: Está prohibido reconocer que existe un derecho fundamental a ser reelegido inmediatamente como alcalde.

341

Inconstitucionalidad formal de la ley N2

STC

0012-2014-PI:

Está

ordenado

reconocer

que

la

inconstitucionalidad formal de una ley implica una violación de las normas procedimentales o del iter legislativo. En el fundamento 6 de esta sentencia, se recuerda la siguiente regla jurídica: Control de validez constitucional formal N5 STC 007-2002-AI: Está permitido que el parámetro de control en la acción de inconstitucionalidad pueda comprender otras fuentes distintas de la Constitución y, en concreto, a determinadas fuentes con rango de ley, siempre que esa condición sea reclamada directamente por una disposición constitucional (v.g. la ley autoritativa en relación con el decreto legislativo). En tales casos, estas fuentes asumen la condición de “normas sobre la producción jurídica”, en un doble sentido; por un lado, como “normas sobre la forma de la producción jurídica”, esto es, cuando se les encarga la capacidad de condicionar el procedimiento de elaboración de otras fuentes que tienen su mismo rango; y, por otro, como “normas sobre el contenido de la normación”, es decir, cuando por encargo de la Constitución pueden limitar su contenido.

2. Exoneración de dictamen de comisión y déficit deliberativo Discrecionalidad de la potestad de establecer exoneraciones en el proceso legislativo N34 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está ordenado reconocer que la potestad de la Junta de Portavoces de establecer exoneraciones en el trámite al proceso legislativo208 es discrecional, pero ello no implica que pueda ser usada de modo arbitrario; además debe ser utilizada excepcionalmente.

Cfr. el artículo 105 de la Constitución; y artículos 31 A, 53, 73, 77 Y 78 del Reglamento del Congreso. 208

342

Inconstitucionalidad de la ley con déficit deliberativo N36 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está permitido declarar la inconstitucionalidad de una ley respecto de la cual se haya advertido un déficit deliberativo manifiesto y grave en el proceso interno del Congreso.

3.

Libertad de información y publicidad estatal La libertad de información protege a quienes deberían recibir la

información N58 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está ordenado que la libertad de información proteja no solo al agente emisor, sino también, por ser un derecho tan relevante para el funcionamiento del sistema democrático, a quienes reciben o deberían recibir la información. Libertad de información y publicidad estatal N74 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está ordenado considerar que la publicidad estatal está protegida por el derecho a la libertad de información, en tanto con ella el Estado brinda información relevante para el interés social, lo que se relaciona con el derecho de la colectividad a ser informada. Publicidad estatal institucional y comercial N82 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está permitido diferenciar la publicidad estatal institucional de la publicidad comercial por la finalidad perseguida. La publicidad comercial tiene una finalidad vinculada a la captación de usuarios o consumidores; la publicidad estatal institucional tiene por finalidad promover e informar respecto de conductas de relevancia para la sociedad. Permite, en consecuencia, que la ciudadanía se encuentre al tanto de las bondades y deficiencias de las políticas de Estado. Publicidad estatal institucional y propaganda política N84 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está prohibido tener a la publicidad estatal institucional como una posibilidad para que las autoridades

343

que ejercen los principales cargos públicos puedan realizar propaganda política. No existe un derecho de los medios privados a que se contrate publicidad estatal N89 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está prohibido reconocer que los medios de comunicación privados titularicen un derecho fundamental subjetivo a obtener financiamiento por publicidad por parte del Estado209. Relación entre deberes del Estado y libertad de información N96 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está ordenado reconocer relación entre los deberes del Estado y la libertad de información. La publicidad institucional es una herramienta de suma importancia para poder cumplir con los deberes fundamentales del Estado, establecidos en el artículo 44 de la Constitución.

4.

Control estricto del gasto por publicidad estatal Necesidad de controles más estrictos en la contratación de la

publicidad estatal N128 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está permitido, a fin de reducir la arbitrariedad en el gasto de publicidad estatal, implementar controles más estrictos en la contratación de publicidad estatal en medios privados, que permita analizar si es que efectivamente la publicidad estatal está siendo utilizada para atender los deberes fundamentales del Estado y no como un mecanismo de incentivo perverso para que los medios de comunicación sean serviles frente al Gobierno. Límites razonables al gasto por publicidad estatal N130 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está permitido introducir límites razonables al gasto en publicidad estatal en medios de comunicación La consecuencia necesaria de esta regla jurídica es que “los medios de comunicación no pueden exigir u obligar al Estado a contratar publicidad privada”. EXP. N.° 0012-2018-PI/TC, fundamento 191. 209

344

de titularidad privada. Deber de diligencia en el manejo del gasto público N130’ STC 0012-2018-PI (Acumulado): Está ordenado al Estado un nivel especial de diligencia en el manejo y administración de los fondo públicos. No se puede prohibir de modo absoluta contratación de publicidad estatal en medios privados N140 STC 0012-2018-PI (Acumulado): Está prohibido impedir de modo absoluto la publicidad estatal en medios privados, cuando la misma finalidad de reducción de la arbitrariedad en el gasto público en publicidad, puede ser conseguido mediante medidas de control del gasto.

5.

Publicidad estatal y libertad de contratación En el fundamento 183 de esta sentencia, se recuerda a la sentencia al

EXP. N.° 0011-2013-PI/TC, la que a su vez remite a las siguientes reglas: Definición de la libertad de contratación N47 STC 7339-2006-PA: Está ordenado concebir el derecho a la libre contratación como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo debe versar sobre bienes o intereses que posean apreciación económica, tengan fines lícitos y no contravengan las leyes de orden público.

Contenido constitucional de la libertad de contratación N47’ STC 7339-2006-PA: Está ordenado que el derecho a la libre contratación garantice, prima facie: a) Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al co-celebrante; y, b) Autodeterminación para decidir, de común acuerdo, la materia objeto de regulación contractual.

345

Límites a la libertad de contratación N186 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está ordenado reconocer que el derecho fundamental a la libre contratación tiene límites, que consisten, principalmente, en la restricción para perseguir intereses privados cuando estos estén en conflicto con leyes de orden público, es decir, con el bien común. No toda limitación legal es válida N187 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está prohibido tener como legítima toda restricción a la libertad de contratación por el simple hecho de ser legal, sino que será necesario realizar un análisis de la restricción en atención al bien de orden público que se busca tutelar con la medida, para establecer si esta constituye una restricción justificada del derecho. Deber de informar asuntos de interés público aun sin contraprestación N193 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está ordenado a los medios de comunicación privados de informar a la población de asuntos de interés público, sin que exista, necesariamente, un contrato de publicidad estatal de por medio. Contratar publicidad estatal no es inconstitucional N199 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está prohibido considerar ilícito contratar publicidad con el Estado porque es necesaria para asegurar otros derechos fundamentales

6.

Contratación de publicidad estatal y principio de legalidad Contenido normativo de principio de legalidad N206 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está prohibido, por el

contenido normativo del principio de legalidad: a) La aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia)-, b) La aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta)-, c) La aplicación de analogía (lex stricto)-, y, d) Las cláusulas legales indeterminadas (lex certa).

346

En el fundamento 208 de esta sentencia, se recuerda la siguiente regla convencional: El principio de legalidad penal N121 Caso Castillo Petruzzi vs. Perú. Sentencia de 4 de septiembre de 1998: Está ordenado utilizar términos estrictos y unívocos en la elaboración de los tipos penales, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Vulneración del principio de legalidad N209 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está ordenado tener por vulnerado el principio de legalidad en materia penal cuando se procese o condene a alguien por un acto u omisión que no se encontraba tipificado en la ley de manera previa, o cuando exista una tipificación deficiente, es decir, exista falta de claridad o certeza sobre la conducta punible.

No se puede criminalizar la contratación de publicidad estatal N218 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está prohibido criminalizar la contratación de publicidad estatal en medios privados.

7.

Publicidad de la contratación estatal Los contratados de publicidad estatal deben ser de conocimiento

público N253 STC 0012-2018-PI (acumulado): Está ordenado que los

347

contratos que el Estado celebre con los medios de comunicación sean de conocimiento público, y plenamente accesibles a través de la información contenida en los portales de transparencia de las instituciones respectivas, a fin de facilitar las labores de fiscalización. La publicación deberá incluir, además de los datos relativos al medio de comunicación respectivo, el detalle de los montos comprometidos.

348

Capítulo IX EN MATERIA RELACIONADA CON EL CONTENIDO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA ADECUADA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

I.

Debido proceso y motivación de decisiones Derecho a obtener una respuesta razonada, motivada y congruente

con las pretensiones N2 STC 1291-2000-AA [bit.ly/2TKqg6o]: Está ordenado que el derecho al debido proceso incluya, dentro de su contenido, el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de procesos. Debido proceso y motivación de resoluciones judiciales N32

STC

00037-2002-PA

[bit.ly/2G61Cod]:

Está

ordenado

considerar que uno de los contenidos que hacen parte del debido proceso es el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en el artículo 139.5 de la Constitución.

II. Derecho que rige en todo tipo de proceso y en todas sus instancias Un derecho que rige en todas las instancias judiciales N2’ STC 1291-2000-AA: Está ordenado que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, deban expresar el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia. La garantía de motivar las resoluciones independientemente del tipo de procedimiento N39 STC 3361-2004-AA [bit.ly/2udYJL9]: Está ordenado motivar toda resolución independientemente del tipo de procedimiento. La motivación

349

ha de ser escrita, y ha de ser congruente a fin de calibrar en ella la debida correlación entre los hechos presentados y la base normativa (debe ceñirse al in dubio pro reo, es decir, la interpretación de las normas debe ser a favor del procesado), que sustentan la decisión final y lo que esta determina.

III.

Proscripción de la arbitrariedad Deber de expresar las razones objetivas de la decisión N2 STC 01480-2006-AA [bit.ly/2UCzWzm]: Está ordenado a los

jueces que al resolver las causas expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Corte Suprema y la interdicción de la arbitrariedad N3 STC 03151-2006-AA [bit.ly/2IdpVlE]: Está ordenado a la Corte Suprema sujetarse al principio de interdicción de la arbitrariedad. Prohibición de pronunciamiento a la Corte Suprema N10 STC 03151-2006-AA: Está prohibido a la Corte Suprema pronunciarse acerca de los hechos alegados por las partes que no se encuentren comprendidos en las causales de casación, esta prohibición se relativiza con las genéricas facultades nulificantes de la Corte, siempre que esté en controversia o en disputa la aplicación de normas de orden público o que tengan relación con la protección de derechos fundamentales y respecto de las cuales se aprecien afectaciones que revistan una especial gravedad y flagrancia. Prohibición que decisión judicial se sustente en el capricho N4 RTC 3943-2006-PA [bit.ly/2OWkf0D]: Está ordenado que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de

350

los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. No cualquier error significa una vulneración de la debida motivación N4’ RTC 3943-2006-PA: Está prohibido que cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituya automáticamente una violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Plena vigencia de los derechos y proscripción de la arbitrariedad N9 STC 00728-2008-PHC [bit.ly/2QuGpXz]: Está ordenado al Estado peruano

garantizar

la

plena

vigencia

y

eficacia

de

los

derechos

fundamentales, prohibiendo cualquier forma de arbitrariedad. Sentencia condenatoria inconstitucional por arbitraria N8 STC 00728-2008-PHC: Está ordenado tener a una sentencia condenatoria como vulneradora de derechos fundamentales, cuando es arbitraria, es decir, cuando no se motivan debidamente las decisiones adoptadas y/o no se observan los procedimientos constitucionales y legales establecidos para su adopción. Sentencia inconstitucional por arbitraria N8’ STC 00728-2008-PHC: Está ordenado tener como una sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional, a una sentencia caprichosa, fruto del decisionismo antes que de la aplicación del derecho, más próxima a la voluntad que a la justicia o a la razón, con conclusiones ajenas a la lógica.

IV. Formulación general del contenido constitucional del derecho a la debida motivación Contenido esencial del derecho de motivación de decisiones N2’” STC 1291-2000-AA [bit.ly/2TKqg6o]: Está ordenado considerar que se respeta el contenido esencial del derecho a la motivación de resoluciones, siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre

351

lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Esta norma luego es ampliada en los siguientes términos: Contenido esencial del derecho de motivación de decisiones N2 STC 4348-2005-PA [bit.ly/2VrigUp]: Está ordenado considerar que el contenido constitucional del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Contenido constitucional del derecho a la debida motivación de decisiones N4” RTC 3943-2006-PA: Está ordenado considerar que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de decisiones queda delimitado en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento. c) Deficiencias en la motivación externa, d) La motivación insuficiente. e) La motivación sustancialmente incongruente210.

V.

Análisis particular del contenido constitucional Prohibición de no motivación o motivación aparente

Más adelante el Tribunal Constitucional agrega un elemento delimitador: Las motivaciones cualificadas. Cfr. N7f STC 00728-2008-PHC. 210

352

N4”a RTC 3943-2006-PA: Está prohibido resoluciones judiciales sin motivación o con motivación aparente. Prohibición de no motivación o motivación aparente N7a STC 00728-2008-PHC: Está ordenado que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. Prohibición de falta de motivación interna N4”b RTC 3943-2006-PA: Está prohibido resoluciones judiciales con falta de motivación interna del razonamiento, la cual se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. Prohibición de deficiencias en la motivación externa N4”c RTC 3943-2006-PA: Está prohibido resoluciones judiciales con deficiencias en la motivación externa, es decir, en la justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el juez no han

353

sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica211. Prohibición de motivación insuficiente N4”d RTC 3943-2006-PA: Está prohibido resoluciones judiciales con motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. No se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista en términos generales, solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la insuficiencia de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. Prohibición de motivación sustancialmente incongruente N4”e RTC 3943-2006-PA: Está prohibido resoluciones judiciales con motivación sustancialmente incongruente. Está ordenado resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). No cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha

Sobre esta norma, en otra sentencia añadió el Tribunal Constitucional que, “[e]sto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por ‘X’, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de ‘X’ en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. (...) Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación enterna del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7c. 211

354

obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Prohibición de motivación en hechos no alegados N6 STC 03151-2006-AA [bit.ly/2IdpVlE]: Está prohibido al juez sustentar su decisión en hechos que no hayan sido alegados por las partes, ni resolver sobre pretensiones que no hayan sido formuladas (congruencia). Prohibición de motivación en hechos no alegados N7 STC 03151-2006-AA: Está prohibido al juez basar su decisión en hechos que no se encuentran acreditados, o referirse a alegaciones no formuladas por las partes. La debida motivación y el deber de especial justificación N7f STC 00728-2008-PHC: Está ordenado considerar que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de decisiones queda delimitado también por un deber de especial justificación (motivaciones cualificadas) para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del juez o tribunal.

Graves deficiencias de motivación en relación a la premisa fáctica N7 STC 04101-2017-PA [bit.ly/2KsXFhN]: Está permitido que acarree un vicio de indebida motivación, si se ha valorado una prueba que, todas las cosas consideradas, resulta inconstitucionalmente obtenida, o si

355

existe una incoherencia en la evaluación fáctica, sea porque unos mismos hechos existen y a su vez han dejado de existir para los órganos del Estado, o porque un mismo órgano del Estado los evalúa de modo distinto en tiempos distintos, sin expresar las razones que justifican dicho cambio de parecer.

VI.

Extensión de la motivación No garantiza una determinada extensión de la motivación N2”

STC

1291-2000-AA: Está prohibido que la Constitución

garantice una determinada extensión de la motivación de las decisiones judiciales. No garantiza respuesta pormenorizada a todas las alegaciones N10 STC 1230-2002-HC [bit.ly/2WPjQ2Q]: Está prohibido que el derecho de motivación de resoluciones judiciales garantice que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. Grados de motivación de la decisión judicial N5 STC 02004-2010-PHC [bit.ly/2Vrjejv]: Está permitido grados de motivación en las decisiones judiciales: la motivación ausente resulta inconstitucional; la fundamentación jurídica que presente una suficiente justificación no resulta inconstitucional, lo que debe ser apreciado en el caso en particular.

VII. Motivación de las decisiones fiscales Derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales N5 STC 03379-2010-PA [bit.ly/2D1Rw5E]: Está ordenado considerar que el derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales forma parte del derecho al debido proceso. Derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales N5’ STC 03379-2010-PA: Está ordenado que el derecho a la debida

356

motivación de las resoluciones fiscales, garantice al denunciante del ilícito penal frente a la arbitrariedad fiscal, y garantice que las resoluciones fiscales no se encuentran justificadas en el mero capricho de los magistrados fiscales, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. Asimismo este derecho obliga a los fiscales a resolver la pretensión de la parte denunciante de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones que supongan modificación o alteración del debate fiscal. Derecho a la debida motivación de las resoluciones fiscales N5”

STC

03379-2010-PA:

Está

prohibido

al

Fiscal

dejar

incontestada la pretensión penal, o desviar la decisión del marco del debate fiscal generando indefensión, porque vulnera el derecho a la tutela procesal efectiva y el derecho a la motivación de las resoluciones fiscales. Diligencia y responsabilidad en el ejercicio de la función del Ministerio Público N4 STC 4437-2012-PA [bit.ly/2UAA0Q9]: Está ordenado al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito, así como ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de que las conductas ilícitas no queden impunes y se satisfaga y concretice el principio del interés general en la investigación y persecución del delito u otro bien constitucional análogo. Demanda de amparo contra resolución fiscal firme N4’ STC 4437-2012-PA: Está permitido el proceso de amparo para analizar si las actuaciones o decisiones de los fiscales observan o no los derechos fundamentales o, si superan o no el nivel de proporcionalidad y razonabilidad que toda decisión debe suponer, siempre que tengan la condición de firme. Una decisión fiscal (disposición, resolución fiscal u otra análoga), adquiere carácter firme cuando se han agotado todos los medios

357

impugnatorios legalmente previstos y siempre que estos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la decisión que se impugna. La debida motivación de decisiones fiscales N5 STC 4437-2012-PA: Está ordenado que la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccionalcomporta que el órgano decisor y, en su caso, los fiscales, al resolver las causas, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Ello implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta decisión sea breve o concisa. Esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, y sobre todo, de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se deriva la resolución cuestionada. Inconstitucionalidad de una decisión fiscal por indebida motivación N6 STC 4437-2012-PA: Está prohibida la motivación aparente de las decisiones fiscales, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas de hecho o de derecho que sustentan la decisión fiscal, o porque se intenta dar solo un cumplimiento formal a la exigencia de la motivación. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión fiscal arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional. No todo error en la motivación fiscal acarrea inconstitucionalidad N7 STC 4437-2012-PA: Está prohibido que todo o cualquier error en el que incurra una decisión fiscal, constituya automáticamente una violación del derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales. Ello solamente se da en aquellos casos en los que dicha facultad se ejerce de manera arbitraria: es decir, solo en aquellos casos en los que la decisión fiscal es más

358

bien fruto del decisionismo que de la aplicación razonable del Derecho y de los hechos en su conjunto.

VIII. Motivación de las decisiones administrativas La motivación de las resoluciones administrativas N31 STC 090-2004-AA [bit.ly/2YUZXZZ]: Está ordenado que la motivación otorgue seguridad jurídica al administrado y permita al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento. La motivación de las resoluciones administrativas N31’ STC 090-2004-AA: Está prohibido utilizar las citas legales abiertas, que solo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad. Lo que significa motivar las resoluciones administrativas N34

STC

administrativo

al

090-2004-AA: amparo

de

una

Está

prohibido

potestad

dictar

discrecional

un

acto

legalmente

establecida, cuando solo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que motivar una decisión no solo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.

Administración Pública y motivación de decisiones N8 STC 2192-2004-AA [bit.ly/2WTz6M9]; Está ordenado que las decisiones de la Administración Pública contengan una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento

359

realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso. Administración Pública y motivación de decisiones N11 STC 2192-2004-AA: Está ordenado que la motivación en el acto administrativo sancionador aparezca con claridad y precisión. Intensidad

distinta

del

deber

de

motivación

de

decisiones

administrativas N38 STC 2192-2004-AA: Está permitido variar la intensidad de la exigencia de motivación según la clase de resolución de que se trate, siendo que deberá ser más rigurosa cuando se trate de decisiones sancionadoras. Motivación previa o concurrente de la decisión administrativa N39 STC 2192-2004-AA: Está permitido que la motivación de la decisión administrativa se genere previamente a la decisión, mediante los informes o dictámenes correspondientes; o concurrentemente con la resolución, esto es, elaborarse simultáneamente con la decisión. En cualquier caso, siempre deberá quedar consignada en la resolución. Cumplimiento

de

la

exigencia

de

motivación

en

la

decisión

administrativa N39’ STC 2192-2004-AA: Está permitido a la Administración Pública cumplir la exigencia de la motivación a través de la incorporación expresa, de modo escueto o extenso, de sus propias razones en los denominados “considerandos” de la resolución, como también a través de la aceptación íntegra y exclusiva de lo establecido en los dictámenes o informes previos emitidos por sus instancias consultivas, en cuyo caso los hará suyos con mención expresa en el texto de la resolución, identificándolos adecuadamente por número, fecha y órgano emisor. Debido proceso y motivación de decisiones administrativas N9 STC 0091-2005-PA/TC [bit.ly/2Ig2isI]: Está ordenado que el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas conforme el

360

contenido constitucional del derecho fundamental al debido proceso en sede administrativa. Deber de motivar la Administración Pública las decisiones regladas o discrecionales N9’ STC 0091-2005-PA/TC: Está ordenada la motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. Decisiones administrativas arbitrarias e ilegales N9” STC 0091-2005-PA/TC: Está ordenado tener por arbitraria e ilegal a toda decisión administrativa que carezca de motivación o esta sea insuficiente. La falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo. Arbitrariedad de un acto administrativo discrecional N40 STC 08495-2006-PA[bit.ly/2IihhT1]: Está ordenado tener por arbitrario al acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida, si solo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión.

Motivar la decisión administrativa no significa expresar solo la norma legal N40’ STC 08495-2006-PA: Está ordenado que motivar una decisión administrativa no signifique expresar únicamente al amparo de qué norma

361

legal se expide el acto, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta, pero suficiente, las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.

IX.

Motivación de las decisiones del CNM212 Obligación del CNM de motivar sus decisiones N41 STC 2192-2004-AA: Está ordenado al Consejo Nacional de la

Magistratura fundamentar cumplidamente su decisión de imponer una sanción; lo cual excluye aquellos argumentos subjetivos o que carecen de una relación directa e inmediata con la materia que es objeto de resolución y con la imposición de la sanción misma. La garantía de motivación de las resoluciones del CNM N40 STC 3361-2004-AA: Está ordenado que el Consejo Nacional de la Magistratura motive todas las decisiones que adopte en el ejercicio de sus funciones reconocidas en el artículo 154 de la Constitución. El control constitucional de la motivación de las resoluciones del CNM N41

STC

3361-2004-AA: Está prohibido que el control de

constitucionalidad que se realice sobre las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura se limite a constatar que el acto administrativo tenga una motivación más o menos explícita, sino que evaluará si la decisión finalmente adoptada observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad con relación a la motivación de hechos, ya que una incoherencia sustancial entre lo considerado relevante para que se adopte la medida y la decisión tomada, convierte a esta última también en una manifestación de arbitrariedad. Discusión previa a la emisión de una decisión del CNM

212 Las reglas jurídicas

que ha establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia al EXP. N.° 33612004-AA/TC, ya fueron formuladas anteriormente en el primer capítulo porque provienen de una sentencia que crea derecho constitucional como precedente vinculante.

362

N43 STC 3361-2004-AA: Está ordenado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que antes de la emisión de sus votos, discutan el caso concreto que se evalúa, en la discusión los consejeros deberán enumerar todos los datos objetivos que sustentan su posición. En la resolución no es exigible que aparezca la fundamentación de cada consejero, bastará con una motivación que las reúna y que aparezca como la motivación del Consejo Nacional de la Magistratura. Razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones del CNM N43’ STC 3361-2004-AA: Está ordenado que la motivación de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura se ajuste a las exigencias de los principios de proporcionalidad y de razonabilidad, de modo que debe existir relación directa entre los fundamentos utilizados por los consejeros y la decisión final de ratificar o no a un magistrado. No ratificación de juez por deficiente cumplimiento de su deber de motivar decisiones N9 STC 04101-2017-PA [bit.ly/2KsXFhN]: Está permitido no ratificar a un juez en el cargo cuando exista déficit de cierta entidad en el cumplimiento del deber de motivar debidamente las resoluciones judiciales. Prohibición al CNM de modificar criterios sin justificar N16 STC 04101-2017-PA: Está prohibido al CNM variar tan drásticamente su criterio de evaluación, a menos que lo fundamente debidamente y de modo expreso.

X.

Tutela del derecho a la debida motivación Tutela de derecho de motivación no habilita a un nuevo examen de

cuestiones ya decididas N2’ STC 01480-2006-AA [bit.ly/2UCzWzm]: Está prohibido que la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales sirva de

363

pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. Tutela constitucional del derecho de motivación no realiza un nuevo análisis N2” STC 01480-2006-AA: Está ordenado que, en el proceso de amparo, el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, se realice a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis.

Tutela constitucional del derecho de motivación no le incumbe el mérito de la causa N2’” STC 01480-2006-AA: Está ordenado que en los procesos constitucionales, al juez constitucional no le incumba el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución cuestionada en su constitucionalidad, a efectos de constatar si esta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en valoración de los hechos. Control constitucional de las decisiones de la Corte Suprema N3 STC 03151-2006-AA [bit.ly/2IdpVlE]: Está permitido el control constitucional de las decisiones de la Corte Suprema. Control constitucional de las decisiones de la Corte Suprema N4 STC 03151-2006-AA: Está permitido el control constitucional de las decisiones de la Corte Suprema, para determinar si ha cumplido con su

364

deber de respetar y garantizar los valores y principios que la Constitución reconoce, en el seno del proceso judicial en el cual ha hecho ejercicio de su competencia. Control constitucional de la motivación de la decisión judicial N4’ STC 03151-2006-AA: Está permitido al juez constitucional establecer si un órgano judicial en el ejercicio de sus competencias ha incumplido el deber de motivación o si su decisión es posible de reputarse como una simple vía de hecho, por no tener amparo en una norma jurídica permisiva. Tutela constitucional de la debida motivación no realiza nueva valoración de la prueba N7c STC 00728-2008-PHC [bit.ly/2QuGpXz]: Está prohibido, en un proceso constitucional como el hábeas corpus, reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a este. Tutela constitucional de la debida motivación controla justificación de la decisión N7c’

STC

00728-2008-PHC: Está permitido, en un proceso

constitucional como el hábeas corpus, controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso.

365

366

CAPÍTULO X EN MATERIA DE PROTECCION ESPECIAL E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR I. El principio de especial protección del niño el principio del interés superior del niño Los niños como el valor más preciados de la humanidad N13 STC 0550-2008-PA [bit.ly/2Ihhxl6]: Está ordenado proteger especialmente a los niños porque representan el valor más preciado que tiene la humanidad. Principio de especial protección del niño N6 STC 01817-2009-PHC [bit.ly/2vNQ9lq]: Está ordenado, en virtud del principio de especial protección del niño, al Estado, a la familia, a la comunidad y a la sociedad, brindar atenciones y cuidados especiales a los niños, y adoptar las medidas adecuadas de protección para garantizar su desarrollo libre, armónico e integral. Principio de especial protección del niño N7 STC 01817-2009-PHC: Está ordenado, respetar el derecho del niño a disfrutar de una atención y protección especial y a gozar de las oportunidades para desarrollarse de una manera saludable, integral y normal, en condiciones de libertad y de dignidad. Principio de protección del interés superior del niño N5 STC 02132-2008-PA [bit.ly/2KfIPLf]: Está ordenado considerar que el principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente constituye un contenido constitucional implícito del artículo 4 de la Constitución. Principio de protección del interés superior del niño N11 STC 01817-2009-PHC [bit.ly/2vNQ9lq]: Está ordenado que en virtud del principio del interés superior del niño, implícitamente reconocido

367

en el artículo 4 de la Constitución, que las acciones del Estado, la sociedad, la comunidad y la familia, en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción, preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos, tengan que estar orientadas a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y social. Principio del interés superior del niño N11’ STC 01817-2009-PHC: Está ordenado, en virtud del principio del interés superior del niño, que la elaboración, interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los niños, así como las políticas públicas y programas sociales, deban estar dirigidos al pleno, armonioso e integral desarrollo de su personalidad en condiciones de libertad, bienestar y dignidad. Significado del principio constitucional de protección del interés superior del niño N19 STC 04058-2012-PA [bit.ly/2UlNdgr]: Está ordenado considerar que el principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente presupone que los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen fuerza normativa superior no sólo en el momento de la producción de normas, sino también en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose por tanto en un principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad en su conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o quien sea el responsable de velar por sus derechos fundamentales. Deber del Estado y la sociedad de preferir la protección del niño N13 STC 02079-2009-PHC [bit.ly/2D4I6qd]: Está ordenado a las entidades públicas, y privadas e inclusive a toda la comunidad, velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés

368

superior del niño, este se prefiera antes que cualquier otro interés. Deber de adoptar decisiones tomando en cuenta interés superior del niño N16 STC 1665-2014-PHC [bit.ly/2G6sd4I]: Está ordenado considerar que el principio del interés superior del niño irradia sus efectos de manera transversal. El deber de considerar sus alcances, cada vez que se adopten decisiones que los tengan como destinatarios, comprende a toda institución privada o pública, esto es, al Congreso de la República, órganos de la Administración Pública y tribunales de justicia. Y exige de cualquiera de estos una actuación garantista, de acuerdo con la cual cualquier decisión que involucre a un menor deba adoptarse considerando al menor como un sujeto de derecho al que es preciso garantizar la satisfacción integral de sus derechos.

II.

Derechos de los menores Protección de los niños contra los malos tratos N12 STC 01817-2009-PHC [bit.ly/2vNQ9lq]: Está ordenado al Estado

adoptar todas las medidas positivas que aseguren de manera rápida y eficaz la protección de los niños contra malos tratos, sea en sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las relaciones interindividuales o con sus familiares. Protección de los niños contra los malos tratos N12’ STC 01817-2009-PHC: Está ordenado al Estado adoptar todas las acciones y medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias y eficaces orientadas a proteger a los niños contra cualquier clase de violencia (abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación) de que sean víctimas, provengan de autoridades públicas, de sus familiares o de terceros, tales como el maltrato de uno de los padres o el descuido de los padres para satisfacer sus necesidades sociales básicas. En

369

estos casos, el Estado tiene el deber de intervenir para protegerlos. Derecho del niño a contar con una familia N14 STC 01817-2009-PHC: Está ordenado garantizar el contenido esencial del derecho fundamental de todo niño a tener una familia y no ser separado de ella213, para así atender sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. Deber de asegurar el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos N15 STC 01817-2009-PHC: Está ordenado asegurar el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos como elemento fundamental en la vida de familia y una manifestación del derecho del niño a tener una familia y no ser separado de ella, el que aun cuando los padres estén separados de sus hijos impone que la convivencia familiar deba estar garantizada, salvo que no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Deber de garantizar que los niños permanezcan bajo la custodia de sus padres N16 STC 01817-2009-PHC: Está ordenado garantizar que los niños permanezcan bajo la custodia de sus padres, por ser lo que más se ajusta a su interés superior, salvo exista una justificada situación excepcional. Debido proceso y separación del niño de sus padres N16’ STC 01817-2009-PHC: Está permitido, con garantía del debido proceso, separar al niño de sus padres contra su voluntad, siempre que sea necesario para tutelar el interés superior de aquel. Excepcionalidad de la separación de los niños de sus padres

Para el Tribunal Constitucional, se trata de un derecho fundamental implícito: “[E]s un derecho fundamental implícito que encuentra sustento en el principio-derecho de dignidad de la persona humana y en los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar reconocidos en los artículos 1 ° y 2° inciso 1) de la Constitución”. EXP. N.° 01817-2009-PHC/TC, fundamento 14. 213

370

N16” STC 01817-2009-PHC: Está ordenado que cualquier decisión relativa a la separación del niño de sus padres o de su familia deba ser excepcional y estar justificada por el interés superior del niño, y preferentemente ser temporal, a fin de que el niño sea devuelto a sus padres tan pronto lo permitan las circunstancias. Justificación de la separación de los niños de sus padres N17 STC 01817-2009-PHC: Está prohibido separar al niño de su familia o impedir el contacto con algún miembro de su familia, sin que existan razones determinantes en función del interés superior de aquel. El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material N19 STC 01817-2009-PHC: Está ordenado, en virtud del derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material214, a la familia y, en su defecto, al Estado, la sociedad y la comunidad, cuidar, asistir y proteger al niño para procurar que tenga un nivel de vida adecuado y digno para su desarrollo físico, psíquico, afectivo, intelectual, ético, espiritual y social. Obligación del Estado de intervenir para definir la estabilidad familiar del niño N20 STC 01817-2009-PHC: Está ordenado al Estado que, ante la ruptura de la relación entre los padres y a falta de acuerdo entre ellos, intervenga para definir la estabilidad familiar del niño, a través de la fijación de la custodia y del régimen de visitas, conforme al proceso establecido para tal efecto. Separación del niño de sus padres cuando estos generen violencia familiar

214

Reconocido en el Principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño.

371

N20’

STC

01817-2009-PHC: Está ordenado que, cuando las

relaciones entre los padres generen actos de violencia familiar, la medida más adecuada e idónea a fin de tutelar el interés superior del niño sea la separación de los padres, para que el niño pueda desarrollarse en un ambiente armonioso y de afecto. Sin embargo, ello no puede impedirle ni restringirle su derecho a mantener de modo regular relaciones personales y contacto directo con el padre separado215. Integridad física del menor N7 STC 2079-2009-PHC [bit.ly/2U1gc3Z]: Está ordenado reconocer que el derecho a la integridad psíquica de la persona, presenta una especial manifestación en el niño, pues comprende la necesidad de que i) el sentimiento de seguridad sea progresivo o por lo menos estable, y ii) la estabilidad emocional de la cual goza no se vea perturbada ni reducida por agentes o elementos exteriores. Atención prioritaria del interés superior del niño N10 STC 2079-2009-PHC: Está ordenado al Estado velar porque en cualquier medida adoptada por instituciones públicas o privadas relativas a los niños, así como en cualquier controversia en la que se vea involucrado, sea imperativo tener como premisa de acción la atención prioritaria al interés superior del niño. Separación arbitraria de los hijos de sus padres N9

STC

325-2012-PHC

[bit.ly/2Uwuhec]:

Está prohibido, por

vulneración del derecho a la integridad psíquica del niño, la separación arbitraria entre un niño o niña y su padre o madre.

Validez de los actos procesales que afectan a menores

215 En estricto este contenido normativo procede del artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos

del Niño.

372

N13 STC 1665-2014-PHC [bit.ly/2G6sd4I]: Está ordenado evaluar la validez de los actos procesales que se cuestionen en un proceso constitucional, tomando en consideración las exigencias que se derivan del artículo 4 de la Constitución, el cual asegura a los niños y adolescentes una “protección especial”. Deber de interpretar y aplicar el derecho de modo que asegure el máximo disfrute de derechos al menor N23 STC 1665-2014-PHC: Está ordenado a los jueces que resuelvan casos en los que se decida sobre los derechos y deberes de los niños y adolescentes, interpretar y aplicar las disposiciones de manera tal que se asegure el máximo disfrute de los derechos fundamentales del menor. Comparecencia del menor y lectura de sentencia N30 STC 1665-2014-PHC: Está ordenado inferir del primer párrafo del artículo 219 del Código de los Niños y Adolescentes216 que la decisión del tribunal de Justicia debe serle notificada al menor en todos los casos, sin que para ello exista la necesidad de hacerlo comparecer, y con independencia de su sentido. Esta regla general solo tiene una excepción, cuando la sentencia ordene contra el menor una medida socio-educativa de internación, en cuyo caso, al hacerse comparecer al menor ante el tribunal, la sentencia deberá leérsele. Cómputo del plazo para apelar una sentencia contra un menor N32 STC 1665-2014-PHC: Está ordenado iniciar el cómputo del plazo para apelar al que se refiere el primer párrafo del artículo 219 del Código de los Niños y Adolescentes, siempre que la notificación documental de la sentencia al menor coincida en el tiempo con la realizada a los padres y a su

El primer párrafo dice de la siguiente manera: “La sentencia será notificada al adolescente, a sus padres o responsables, al abogado, a la parte agraviada y al Fiscal, quienes pueden apelar en el término de tres días, salvo que se imponga al adolescente la medida socio-educativa de internación, la cual le será leída”. 216

373

abogado. Es caso de que no exista dicha coincidencia, esto es, que se notifique la sentencia en fechas diversas al menor, a los padres o los responsables y al abogado, el plazo de 3 días solo empezará a computarse desde el día siguiente que se notifique al último de cualquiera de los antes mencionados. Deber de notificar sentencia del menor también a los padres o tutores N43 STC 1665-2014-PHC: Está ordenado, en el caso de los niños y adolescentes sometidos a un procedimiento por infracción de la ley y en virtud del derecho a no quedar en estado de indefensión, notificar la sentencia a los padres o tutores del menor. Derecho al establecimiento armónico, continuo y solidario de relaciones familiares N14 STC 1317-2008-PHC [bit.ly/2UkateF]: Está ordenado considerar que las restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones familiares, que impiden el vínculo afectivo que todo estrecho nexo consanguíneo reclama, no solo inciden sobre el contenido constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica y moral de la persona, protegida por el artículo 2.1 de la Constitución, sino que se oponen también a la protección de la familia como garantía institucional de la sociedad, a tenor del artículo 4 de la Constitución.

III.

Protección constitucional de los derechos de los niños Atención prioritaria y especial de los jueces en la tramitación de

procesos judiciales relacionados con menores N5 STC 03744-2007-PHC [bit.ly/2HxHf5g]: Está ordenado que en todo proceso judicial en el que se deba verificar la afectación de los derechos fundamentales de niños o menores de edad, los órganos jurisdiccionales procuren una atención especial y prioritaria en su tramitación.

374

Hábeas corpus y negativa de uno de los padres a permitirle al otro que visite a su hijo. N3 STC 01821-2013-PHC [bit.ly/2TNPtwI]: Está permitida la demanda de hábeas corpus en los casos en los que la negativa de uno de los padres de permitir que el otro vea a sus hijos pueda constituir un acto violatorio de sus derechos a tener una familia, crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral e incluso integridad personal o en los casos en los que se hayan desbordado las posibilidades de respuesta de la justicia ordinaria. Ámbito de protección del hábeas corpus N4 01821-2013-PHC: Está ordenado considerar que el propósito garantista

del

hábeas

corpus

trasciende

la

tutela

del

contenido

constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal, para convertirse en una verdadera vía de protección de la esfera subjetiva de la libertad de la persona humana, correspondiente no solo al equilibrio de su núcleo psicosomático, sino también a todos aquellos ámbitos del libre desarrollo de su personalidad que se encuentran en relación directa con la salvaguarda del referido equilibrio. Hábeas corpus como mecanismo de protección de los derechos de los menores N6 01821-2013-PHC: Está permitido el hábeas corpus en defensa de los derechos a la libertad e integridad personal, a tener una familia y no ser separado de ella, y a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material de los menores. Hábeas corpus y protección del derecho al establecimiento armónico, continuo y solidario de relaciones familiares N15 STC 1317-2008-PHC [bit.ly/2UkateF]: Está permitido el hábeas corpus en relación a la norma N14 STC 1317-2008-PHC, no solo porque el

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derecho a la integridad personal tiene un vínculo de conexidad con la libertad individual, sino también porque la institucionalidad familiar se constituye en un principio basilar que también influye de manera determinante en el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos, la que se encuentra asociada al derecho de integridad personal.

IV.

Normas constitucionales de origen convencional A continuación, se muestran algunas de las normas convencionales

sobre protección especial e interés superior del menor recordadas por el Tribunal Constitucional en sus sentencias: Detención excepcional de los niños N135 Caso Bulacio vs. Argentina [bit.ly/1wq0HFn]. Sentencia de 18 de septiembre de 2003: Está ordenado que la detención de niños deba ser excepcional y por el período más breve posible217. Diligencia y celeridad en procesos sobre menores N16 Medidas provisionales respecto de Paraguay. Asunto L.M. 1 de julio de 2011 [bit.ly/2Kdcq7Y]: Está ordenado que los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen a la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente los procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades218. Derecho del niño a vivir con su familia N71 OC 17/02 [bit.ly/1HpnxT1]: Está ordenado proteger el derecho del niño a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades En realidad, declara parte de la norma convencional directamente estatuida por el Legislador convencional en el artículo 37.b de la Convención sobre los Derechos del niño: “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. 218 Ambas normas fueron recordadas en la sentencia al EXP. N.° 0325-2012-PHC/TC, fundamento 5. 217

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materiales, afectivas y psicológicas. Protección contra injerencias arbitrarias en su familia N71’ OC 17/02: Está ordenado reconocer que el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia y del niño219. Deber de protección de los niños contra interferencias de actores no estatales N90

OC

17/02: Está ordenado proteger a los niños contra

interferencias de actores no-estatales tales como el maltrato por parte de uno de los padres. Deber del Estado de intervenir para proteger a los niños N90’ OC 17/02: Está ordenado a los Estados intervenir para protegerlos cuando los niños han sido descuidados por sus padres y carecen de satisfacción para afrontar sus necesidades sociales básicas220.

219 220

ídem., fundamento 6. ídem., fundamento 9.

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