Revista Programa de Economía del Trabajo; (1.2) Nuevos retos del mundo del trabajo [1991]

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Nuevos retos del mundo del trabajo 19911 Denis Sulmont Samain Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Introducción El sindicalismo peruano se encuentra en una situación de gran debilidad y desconcierto; necesita una profunda reorientación para recobrar fuerza y legitimidad. Creemos que ello es posible. el movimiento sindical es un actor importante para salir de la crisis del país, encontrar un rumbo de desarrollo y de democracia y garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores. El debilitamiento del sindicalismo no se debe a una gran baja de trabajadores asalariados2, guarda relación más bien con la precarización del empleo, con la carencia de inversión y renovación tecnológica y gerencial de las empresas y con la falencia del Estado, que colocan al Perú en una situación de extrema vulnerabilidad en la economía mundial. Resulta difícil actuar sindicalmente cuando algunas empresas están al borde de la quiebra y cuando los trabajadores tienen que laborar en actividades informales o de mera subsistencia. Parte del debilitamiento sindical tiene que ver además con el clima de violencia que vivimos. Pero las dificultades no se deben solamente a causas externas al movimiento sindical, provienen también de su propio seno. Lo que está en cuestión son las categorías de análisis, las formas de organización y la estrategia que orienta la lucha sindical. El sindicalismo actúa todavía de acuerdo a esquemas y prácticas del pasado que no se adecuan a los retos de la situación actual. ¿Cómo renovar el sindicalismo de acuerdo a lo que ocurre en el mundo y en el país? ¿Qué nuevos lineamientos requiere para superar sus debilidades actuales, recobrar legitimidad ante el conjunto de la sociedad, defender más eficientemente los derechos laborales y ser a la vez actor del desarrollo con equidad? Para contribuir a responder a estas interrogantes, dividiremos nuestra reflexión en dos partes: en la primera, examinaremos los grandes cambios que están ocurriendo en la producción, la organización del trabajo y la regulación de las relaciones laborales; en la segunda, formularemos algunos criterios y propuestas que nos parecen importantes para renovar la acción sindical. 1. CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO Atravesamos a nivel mundial un momento de transición, de desorden e incertidumbre. Los modelos de desarrollo y de cambio social que han prevalecido a lo largo del siglo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, parecen haberse agotado a 1

Este texto se público en una separata de ADEC-ATC en 1991 y en la revista Programa de economía del trabajo; año 1, N°2, Julio Diciembre 1993; Santiago de Chile. 2 El porcentaje de obreros sobre el total de la PEA ha pasado de 27% en 1971 a 25% en 1989, mientras que el de empleados subió de 18% a 22% en el mismo período. El sector público emplea el 10% de la PEA total. Sumando obreros y empleados, los asalariados representaban cerca de la mitad de la PEA a fines de los 80. Se evalúa que un 37% de estos asalariados está sindicalizado (Ver Cuánto, Perú en números 1991, p. 305; y Cuadernos Laborales No. 75, marzo de 1992).

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principios de los años 70. La producción industrial masiva, la institucionalización de los derechos colectivos de los trabajadores, el capitalismo regulado por el Estado; el socialismo estatista, el populismo y la industrialización sustitutiva de importaciones en América Latina, todo esto se encuentra en cuestión. Ante la amenaza ecológica, el modelo de producción y de consumo de los países desarrollados resulta insostenible a nivel mundial. El futuro se ha vuelto incierto. Prevalecen el liberalismo, la desregulación social, la competencia. Estados Unidos, Europa y Japón se disputan la hegemonía mundial, mientras recrudecen los nacionalismos; surgen nuevos países industrializados, como Corea del Sur. Al mismo tiempo crecen las desigualdades entre países y al interior de cada nación. Los avances tecnológicos abren el camino a nuevas modalidades flexibles de producción y de trabajo; ofrecen grandes posibilidades de desarrollo de las capacidades de la humanidad, pero también nuevas amenazas. En el Perú, el caos actual hace impredecible nuestro rumbo durante las próximas décadas. No encontramos un modelo definido de sociedad futura; se nos presenta más bien un pluralismo de opciones posibles. 1.1. Ajuste estructural Desde 1980, la mayoría de los países latinoamericanos vienen aplicando políticas de ajuste, inspiradas por el FMI y el Banco Mundial, que buscan adecuar las economías nacionales a las nuevas condiciones de la economía mundial: la incorporación de los cambios tecnológicos, la flexibilidad y descentralización de la producción y la adaptación de las empresas a mercados más competitivos e inestables a nivel mundial. Las medidas de ajuste apuntaron a aliviar la deuda externa, disminuyendo los gastos de los gobiernos (gastos sociales, infraestructura, subsidios, etc.); asimismo, trataron de incrementar la eficiencia en el uso del capital y los factores de producción mediante la liberalización del comercio, la eliminación de control de precios, la privatización de las empresas públicas, y otras medidas de política monetaria y cambiaria. El ajuste destruyó parte de la estructura productiva industrial promovida y protegida por los regímenes desarrollistas y reformistas en las décadas anteriores. Trajo como consecuencia una recesión, la quiebra de numerosas empresas y el despido de muchos trabajadores, haciendo crecer la pobreza y la concentración de la riqueza. A su vez, abrió el camino a una reorientación de la economía y una reconversión productiva de acuerdo a una estrategia de inserción en la economía mundial. Las políticas señaladas han sido aplicadas de manera más o menos drástica según cada país, dependiendo de la capacidad de autonomía y de resistencia de los agentes socioeconómicos afectados: empresarios, trabajadores y gobiernos. En general, los efectos destructivos han sido mayores que los constructivos. La apertura a los mercados mundiales ha avanzado y logrado ciertos éxitos -por ejemplo la producción frutícola y maderera en Chile-, pero la mayoría de los países latinoamericanos entran con retraso y desventajas en la competencia mundial, con una capacidad insuficiente de incorporación de los conocimientos científicos y técnicos; además, las grandes desigualdades sociales reducen las posibilidades de fortalecer los mercados internos y de lograr una cohesión social para llevar a cabo una política de desarrollo nacional sostenido y eficiente. 1.2. Herencia industrial y relaciones laborales

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Para entender mejor las opciones de desarrollo existentes para América Latina, es necesario precisar la naturaleza de los grandes cambios que están ocurriendo a nivel mundial. Como dijimos, estamos en un proceso de transición. Salimos recién de una etapa de expansión del capitalismo que empezó a fines del siglo pasado y alcanzó su época de oro en las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa, durante la cual creció el sindicalismo moderno, tuvo como característica central la producción industrial en masa. Corresponde a la Segunda Revolución Industrial, que introdujo nuevas fuentes de energía -la electricidad y el petróleo- y una serie de innovaciones claves en la producción y en el transporte. Esta revolución industrial -en la que el acero y el petróleo baratos se convirtieron en recursos estratégicos- llegó a un claro límite tras el shock petrolero de 1974. La industrialización en masa estuvo asociada a cuatro fenómenos que influyeron decisivamente sobre el mundo del trabajo: la producción en serie; la fragmentación del trabajo y la pérdida de control del trabajador sobre la producción (obrero sin oficio); la extensión y regulación de las relaciones salariales (Pacto Fordista); y la intervención del Estado de Bienestar (Consenso Keynesiano y Estado Protector) Veamos brevemente cada uno de ellos. a. La producción en serie: Basada en complejos de máquinas, la producción en serie significó el desplazamiento de los pequeños centros de trabajo artesanales y el surgimiento de las grandes fábricas. Con ellas, se impuso la fabricación masiva de productos estandarizados. Las empresas necesitaron una mayor concentración de capital y un control sobre los mercados más extensos. El proceso productivo adquirió rigidez. b. La fragmentación del trabajo y la pérdida de control del trabajador sobre la producción (obrero sin oficio): La producción en serie se sustentó en la fragmentación del trabajo. Las fábricas emplearon a trabajadores descalificados, asignados a tareas parcelarias y sometidas al ritmo de las máquinas. Apareció el taylorismo, una organización llamada “científica” del trabajo que, a partir de la fragmentación y programación de las tareas por los técnicos de las empresas, establece un sistema riguroso de supervisión y control sobre los obreros con la finalidad de intensificar la producción (Braverman, 1980). La figura central de la clase trabajadora fue la del obrero sin oficio, despojado de todo control sobre el proceso productivo y cuya fuerza reivindicativa proviene de la organización de masa. c. La extensión y regulación de las relaciones salariales (Pacto Fordista): La relación típica de trabajo llegó a ser la del trabajador dependiente que presta servicios a un empleador de manera más o menos continua, a cambio de un salario. Como consecuencia de las luchas obreras y de la necesidad de paz social, las empresas y los gobiernos establecieron normas y procedimientos para regular el conflicto entre capital y trabajo. Una forma importante de regulación fue el Pacto Fordista, que alude al acuerdo negociado entre Henry Ford –promotor de la producción en serie de auto móviles- y sus obreros; según este acuerdo, el empresario accede a negociar colectivamente con los trabajadores y compartir con ellos parte de los beneficios provenientes del incremento de la productividad, aumentando regularmente los salarios. De este modo el capital logra a la vez amenguar el descontento laboral y ampliar el mercado para los nuevos productos de consumo masivo; pero, esta negociación tiene 3

como condición que los trabajadores no intervengan en la organización de la producción, ni participen en la gestión económica-financiera de las empresas. En otras palabras se negocia con el trabajador en tanto que ciudadano-consumidor, no en cuanto ciudadano-productor. El pacto fordista facilitó el crecimiento de los sindicatos, pero también encauzó la acción sindical hacia una orientación básicamente economicista, es decir priorizando las reivindicaciones de incremento salarial, y dejando en un segundo plano las exigencias sobre las condiciones de trabajo y la participación en la toma de decisiones respecto a la marcha de las empresas. d. La intervención del Estado de bienestar (Consenso Keynesiano y Estado Protector): En la regulación de las relaciones entre capital y trabajo, intervino también el Estado. Este asumió la institucionalización de los derechos laborales y las negociaciones colectivas. Junto con los representantes empresariales y sindicales, los gobiernos participaron en la Organización Internacional del Trabajo OIT con la finalidad de sentar la base de una normatividad laboral de aceptación tripartita. A raíz de la crisis de 1930, el Estado desempeñó un papel más directo en la economía, y siguiendo las orientaciones del economista inglés John Keynes, varios gobiernos occidentales aplicaron políticas de inversión y gasto público destinadas a mantener el nivel de empleo y de ingresos, e incentivar la producción. A ello, se sumó la expansión de los sistemas de prevención y seguridad social. Se crearon también seguros de desempleo. Luego de la segunda guerra mundial, los trabajadores asalariados obtuvieron beneficios sociales más extendidos y una mayor protección por parte del Estado. De este modo mejoró el nivel de vida de la clase obrera de los países desarrollados. El Estado capitalista se convirtió en Estado Protector y Estado de Bienestar. El capital y el trabajo lograron un compromiso de clase basado en una combinación de Pacto Fordista y de consenso keynesiano: el trabajador obtuvo la seguridad que parte de sus necesidades materiales fueran satisfechas, a cambio de reconocer al capitalista el pleno control sobre los medios de producción. 1.3. Industrialización y populismo latinoamericano La producción industrial en masa y los compromisos de clase logrados en los países capitalistas desarrollados tuvieron influencia sobre los procesos de industrialización sustitutiva de importaciones en América Latina. Los regímenes desarrollistas y reformistas de los años 50 y 60 siguieron en parte el modelo de los países centrales en cuanto a tecnología, organización del trabajo, patrones de consumo, institucionalización de las relaciones laborales, etc. Pero lo hicieron en contextos nacionales diferentes, desde una situación de dependencia, en la periferia de la economía mundial. En primer lugar, la expansión capitalista en América Latina, si bien siguió un ritmo acelerado, no llegó a resolver la heterogeneidad estructural de nuestras sociedades; la industrialización no pudo absorber a las masas marginadas del campo que migraron a las ciudades. El modelo industrial moderno coexistió con una creciente economía popular de subsistencia. En segundo lugar, la producción industrial en masa fue más restringida. Muchas empresas se limitaron a ensamblar productos elaborados en los países desarrollados. La sustitución de importaciones encontró trabas para incursionar en la fase más difícil de producción de bienes de capital. La organización taylorista del trabajo fue aplicada de manera limitada, combinándose con formas tradicionales de autoridad patronal.

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En tercer lugar, dadas las limitaciones del desarrollo capitalista, las clases sociales fueron menos definidas. La interacción entre empresarios y trabajadores estuvo enmarcada en políticas de corte populista: es decir un tipo de compromiso político orientado hacia el desarrollo urbano-industrial, involucrando a parte de las capas dominantes, los sectores medios y populares urbanos. Compromiso promovido por un líder y partido político que, hablando en nombre de la nación, promueve una política de reformas, la protección de las inversiones industriales y de los intereses de los trabajadores y la redistribución social destinada a expandir el mercado interno. Una de las características del populismo, al igual que el compromiso keynesiano, ha sido el papel decisivo del Estado (Sulmont, 1991: 33). El fenómeno populista tiene puntos en común con el compromiso fordista y el Estado de Bienestar de los países desarrollados. Ha representado para los trabajadores asalariados importantes conquistas económicas y sociales, fruto en muchos casos de sus propias luchas. Pero cabe subrayar también las limitaciones que impuso al sindicalismo. En su relación con los regímenes populistas, el sindicalismo latino-americano ha sido dominado por una lógica de acción reivindicacionista: lógica que consiste en ejercer presiones hacia el Estado y, a través de él, hacia las empresas para acceder a una parte del excedente económico y beneficios sociales, pero sin tener una participación y una responsabilidad en el proceso productivo y en el diseño de las políticas económicas. Esta orientación -llamada también economicista- ha marcado profundamente la conducción de las luchas sindicales, ya sea en su forma conciliadora o radical, constituyendo, a mi entender una de las principales limitaciones del sindicalismo para encarar la situación actual. La lógica reivindicativa enmarcada en el modelo populista entró en crisis junto con las dificultades del proceso de industrialización para enfrentar el salto a una etapa más avanzada y para superar las limitaciones de los mercados internos. Surgieron una serie de trastornos sociales y políticos, que provocaron la ruptura de los compromisos populistas y la instauración de regímenes autoritarios o dictaduras militares que intentaron desmantelar la organización sindical y el marco institucional de regulación de las relaciones laborales constituido en las décadas anteriores. La crisis del populismo llevó a una parte del movimiento sindical a afirmar una política de autonomía de clase, asumiendo una lucha más directa en el seno de las empresas y en contra de los regímenes autoritarios. Este nuevo sindicalismo clasista encontró limitaciones para articular su lucha con una propuesta nacional viable. Algunos sectores radicales se aislaron y desgastaron; otros buscaron nuevos caminos. La crisis del desarrollo industrial latinoamericano fue postergada por la disponibilidad de préstamos internacionales que sirvieron para financiar inversiones y gastos de escasa productividad, provocando una situación insostenible de endeudamiento a partir de 1982. Esta situación dio lugar a las medidas de ajuste, con sus conocidos efectos: recesión, desindustrialización, incremento del sector informal, baja de los salarios, etc. 1.4. Nueva escena mundial Regresemos ahora a la escena mundial, para precisar los acontecimientos que inciden sobre la reestructuración económica en el período de transición que estamos viviendo podemos señalar gruesamente la convergencia de los siguientes procesos: el estancamiento de la rentabilidad del gran capital industrial (fin de la época de oro), especialmente en los Estados Unidos; la ofensiva neo-liberal; la crisis del socialismo 5

real; el desarrollo de una economía mundial multipolar; y la revolución técnicoeconómica basada en la micro-electrónica. a. El estancamiento de la rentabilidad del gran capital industrial (Fin de la época de oro): El estancamiento de la rentabilidad del gran capital industrial en los países desarrollados a fines de los años 60, especialmente en los Estados Unidos, se debió a diferentes causas. Una de ellas ha sido la rigidez de la estructura productiva que hizo más difícil la adaptación de las empresas gigantes a los cambios; otra proviene del incremento de los costos de materia prima y de mano de obra. El petróleo dejó de ser barato a partir de 1974. Hubo que racionalizar el uso de materiales y encontrar nuevas tecnologías ahorrativas de energía. Por otra parte, las empresas se enfrentaron a vigorosos movimientos laborales, con demandas económicas y sociales crecientes, incluyendo exigencias de participación en la gestión (como fue el caso en Francia en 1968 y en Italia en 1969). Muchos empresarios reaccionaron tratando de atacar las bases del poder sindical, cuestionando el pacto fordista y el rol del Estado protector, y llevando a cabo una política de descentralización y flexibilización de la mano de obra. Establecieron una distancia mayor entre los técnicos-profesionales y los trabajadores menos calificados, impidiendo que estos últimos asumieran responsabilidad en la renovación productiva y el incremento de la eficiencia de las empresas. Veremos como la aplicación de este tipo de política contribuyó a que Estados Unidos perdiera terreno en la competencia internacional, especialmente frente a Japón y Alemania. b. La ofensiva neo-liberal: Lo anterior está asociado a una ofensiva ideológica y política neo-liberal a nivel internacional, que tuvo su período culminante con la victoria de Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979), y de Ronald Reagan en los Estados Unidos (1981). A esta ofensiva comprenden dos dimensiones: en primer lugar una reacción neo-conservadora de los sectores amenazados por las presiones sociales, propician regímenes autoritarios para gobernar y defender sus intereses; en segundo lugar, una estrategia de liberalización económica a nivel mundial por parte de los centros de poder capitalistas para crear las condiciones de una reestructuración tecnológica y productiva, asegurando la movilidad de capitales y la flexibilización de las relaciones de trabajo3. Esta corriente neo-liberal se vio reforzada por la crisis del socialismo real. Pero también empezó a declinar en los últimos años, ante las dificultades crecientes de la economía norteamericana. c. Crisis del socialismo real: La crisis del socialismo real ha sido la crisis de un modelo estatista de planificación económica, que no dejaba lugar a las relaciones de mercado, a la autonomía empresarial, y a formas democráticas de representación social y política. Este modelo llevó a cabo un salto industrial en La URSS y otros países comunistas hasta la década de los 60; pero, desde entonces, fue incapaz de renovarse y acceder a una fase superior de eficiencia económica. Hoy día, a través de procesos políticos divergentes, Europa del 3 Los principales objetivos del neo-liberalismo en el terreno de las relaciones capital-trabajo son: 1. afianzar el principio de propiedad privada, entendida como garantía de la libertad, de la iniciativa empresarial y del progreso; 2. promover el mercado y la competencia como forma de regulación de la economía y de toda la sociedad; 3. contrarrestar el poder de la organización y participación de los trabajadores, dispersándolos para evitar que se constituyen en actores sociales y políticos; y 4. restringir la intervención del Estado en la economía y la sociedad en general. Dentro de esta perspectiva, cabe destacar en el Perú el planteamiento del instituto Libertad y Democracia liderado por Hernando de Soto.

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Este por un lado, y China por otro lado, se incorporan en la economía mundial y promueven la economía de mercado. Junto con la caída del muro de Berlín, este gran cambio trajo numerosas consecuencias. Entre ellas: la pérdida de significación del conflicto este-oeste que dividió el movimiento sindical durante tantos años; el cuestionamiento radical de la ideología marxista- leninista dogmática que estuvo en la base de aquel modelo estatista y la mundialización de la economía. El balance de la experiencia del socialismo real plantea el reto de no perder lo mejor de la tradición socialista -particularmente el tema de la solidaridad y equidad social-, de recoger los aportes del liberalismo en lo que se refiere a la autonomía de los sujetos sociales, el papel del mercado y de la empresa, y de encontrar formas de profundizar la democracia. d. El desarrollo de la economía mundial multipolar: Al igual que los medios de comunicación, los conocimientos técnico-científicos y la cultura, la mundialización de la economía constituye una realidad cada vez más tangible. Las empresas no pueden planificar su producción sin tomar en cuenta los mercados y la competencia mundial. Estamos ante la constitución de una economía mundo. En esta economía, tres ejes se disputan la hegemonía: Estados Unidos (a los cuales están asociados Canadá, México y probablemente el resto de América Latina)4; Japón, relacionado con parte de Asia; y Europa, dominada por Alemania con influencia sobre los países del Este. En este panorama multipolar, hay que situar a China, cuya economía está en pleno crecimiento, ya los Nuevos Países Industrializados, entre los cuales destacan los llamados “Tigres Asiáticos” encabezados por Corea. Uno de los rasgos fundamentales de esta economía-mundo lo constituye la persistencia de una línea divisoria “norte-sur” entre países ricos y pobres; las desigualdades entre ambos tienden a incrementarse y, a través de la migración, se trasladan en parte al propio seno de los países ricos5. Otro aspecto que conviene subrayar es el rol de los organismos internacionales encargados de regular las relaciones políticas, financieras, comerciales, ecológicas, etc. a nivel mundial. Resulta fundamental que existan mecanismos democráticos de representación en estos organismos. El movimiento sindical internacional tiene allí una importante responsabilidad. e. La revolución técnico-económica basada en la microelectrónica (Nuevo paradigma técnico-económico): Dentro del contexto señalado, ocurre una nueva revolución tecnológica que está transformando no sólo el campo de la producción sino también el conjunto de la vida humana. El elemento innovador central que desencadena tal revolución es la microelectrónica y sus aplicaciones en la informática, la tele-comunicación, los sistemas de automatización y control y múltiples otros campos, tales como el uso de nuevos materiales, la biotecnología, etc. La generación y control de conocimientos científicos y técnicos se convierte en requisito fundamental. A partir de todo ello, se está configurando un nuevo modelo técnico-económico que alcanza a casi todos los aspectos 4 Para América Latina, aparte de las relaciones con el mercado norteamericano, adquieren importancia para el futuro los lazos económicos en la cuenca del pacífico.

5 El “tercer-mundo”, que había tomado cuerpo en torno a las luchas anti-coloniales y nacionalistas después de la Segunda Guerra Mundial, hoy constituye un conglomerado heterogéneo, pero sigue expresando la situación de postergación económica y de discriminación socio-cultural respecto a los países desarrollados.

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del sistema productivo y plantea nuevas opciones posibles para las empresas y las relaciones de trabajo (Pérez, 1986). 1.5. Posibilidades abiertas por la revolución tecnológica Las consecuencias de la revolución técnico-científica pueden observarse en los aspectos siguientes: a. La automatización y programación eficiente y flexible de los procesos productivos: Los procedimientos automatizados ya ocupaban un lugar importante en la etapa anterior de industrialización. Pero las nuevas tecnologías permiten desarrollarlos más extensamente y con menores costos. Se inventan artefactos programables capaces de realizar una serie de tareas complejas, tales como los robots y otras máquinas reguladas mediante sistemas computarizados (por ejemplo los tornos numéricos). La incorporación de los procesos de programación y control electrónico en la producción ofrece tres ventajas: en primer lugar, reduce la necesidad de trabajo humano en la ejecución directa de la producción, lo cual permite por un lado reducir los costos de mano de obra, y, por otro lado, erradicar muchas de las tareas manuales, repetitivas y peligrosas propias de la etapa industrial anterior; en segundo lugar, hace posible planificar y coordinar de manera muy precisa y eficiente los procesos productivos, reducir las pérdidas de tiempo y los gastos de materiales, evitar los errores y mejorar la calidad de los productos; en tercer lugar, flexibiliza los sistemas productivos; las máquinas pueden ser reprogramadas; adecuarse rápidamente a los cambios; de este modo es posible superar las rigidez de los antiguos complejos de máquinas de la industria pesada. b. La transformación del mundo de las oficinas y de la gestión administrativa: La revolución tecnológica alcanza de manera aún más radical a los sistemas de administración de las empresas y al trabajo de oficina. Las computadoras introducen cambios fundamentales en el acopio de datos, la contabilidad, las gestiones financieras, etc. Los medios de tele-comunicación permiten concentrar, procesar y transmitir informaciones complejas en forma rápida y sin barreras de distancia. Ello permite también una coordinación exacta entre las diferentes áreas funcionales de la empresa: producción, comercialización, finanzas, personal. Es posible obtener una producción en “flujo tendido” y “justo a tiempo”: es decir asegurar un ajuste riguroso entre los diferentes eslabones del proceso productivo y entre la salida de los productos y su entrega a los compradores, evitando los tiempos muertos y el estocamiento. c. La diversificación y especialización flexible: Como hemos dicho, el nuevo patrón tecnológico rompe con la rigidez de la producción industrial de masa. Las máquinas polivalentes y programables hacen posible cambiar los diseños de los productos, ofrecer bienes y servicios más personalizados, adaptar cuantitativa y cualitativamente la oferta a los cambios de la demanda y a las fluctuaciones de los mercados. La interrelación entre los medios de computación y comunicación permite además una descentralización geográfica tanto de la producción como de la comercialización. La flexibilización de los procesos productivos trae consecuencias sumamente importantes para la organización empresarial. Las empresas que mantienen rígidas estructuras de producción se vuelven muy vulnerables; en cambio, las que incorporan

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sistemas flexibles pueden resultar más eficientes y competitivas. La adecuación de las empresas al nuevo modelo de organización sigue dos grandes caminos: uno es el que adoptan las empresas grandes que mantienen un control centralizado sobre un conjunto de actividades, pero al mismo tiempo adoptan una estrategia de diversificación y subcontratación de las mismas. Otro es el camino de la llamada especialización flexible, seguido por las pequeñas y medianas empresas autónomas, organizadas en redes locales y/o sectoriales, que se especializan en determinados procesos productivos de tecnología moderna; ello abre el campo a la iniciativa empresarial basada en la inteligencia técnica y comercial, más que en grandes concentraciones de capital (Piore y Sabel, 1990). d. La transformación del mundo del trabajo: La reconversión productiva transforma también el trabajo. El obrero fabril parcelario y semi-especializado pierde el lugar central que tenía en la producción industrial en masa. El nuevo tipo de trabajador decisivo hoy día pasa a ser el obrero calificado, el técnico o el profesional: un trabajador capaz de programar, controlar y asegurar el mantenimiento de las máquinas automatizadas, manejar los conocimientos, las informaciones y las comunicaciones necesarias para el funcionamiento de los procesos productivos complejos y flexibles. El trabajo moderno post-industrial revaloriza la calidad del oficio, de manera parecida a la requerida por la producción artesanal. Exige educación y preparación científica, así como iniciativa y capacidad de coordinación social. Se observa también un cambio en la composición sectorial de la fuerza, crece la importancia relativa de la fuerza laboral empleada en el llamado sector terciario, es decir actividades de servicio, transporte, comercio, banca, administración pública, etc. Por cierto, el trabajo manual y rutinario, descalificado o semi-calificado no desaparece; sigue vigente en sectores tradicionales de la producción y en muchos servicios. La modernización de los sistemas de producción concentra los núcleos de trabajadores más calificados en los lugares estratégicos de los procesos productivos y administrativos. El mundo laboral tiende a fragmentarse: por un lado están los trabajadores de primera categoría, fuertemente implicados en los sistemas técnicos y administrativos, con responsabilidades y buena remuneración; por otro, están los trabajadores de segunda categoría, ocupados de manera precaria en tareas y servicios subalternos, y los trabajadores excluidos, desocupados o sub-empleados crónicos. La discriminación entre los sexos coloca generalmente a las mujeres en la segunda categoría. También se encuentran en situación de desventaja los ciudadanos discriminados por ser migrantes y por el color de su piel. Esta fragmentación no debe entenderse como algo irremediable: es posible contrarrestarla con políticas que apunten a repartir el empleo disminuyendo el tiempo de trabajo, e incrementar la participación del conjunto de los trabajadores como manera de lograr una mayor eficiencia productiva. e. Conformación de un poder tecnocrático y diversificación de los ejes de conflicto: Un último aspecto que quisiera subrayar aquí se refiere a los cambios en las bases del poder y conflicto en la sociedad post-industrial. El poder de las clases dominantes no se sustenta solamente en la explotación directa del trabajo, ni se funda tan fuertemente en el capital financiero y la fuerza militar. Cada vez más se relaciona con la capacidad de controlar la producción de conocimientos técnico-científicos y de manejar los complejos sistemas de gestión (Touraine, 1969; Tofler, 1991). Es un poder tecnocrático que abarca el conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales: la formación, la investigación científica y técnica, la producción, la distribución y el consumo. Al lado de los centros de producción material, adquieren una importancia

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decisiva las industrias culturales: educación, salud, información. El conflicto capitaltrabajo no desaparece pero coexiste con otros conflictos en los que está en juego la defensa de la persona humana, la calidad de vida, el medio ambiente, los valores culturales y la libertad frente a la imposición de los aparatos controlados por las clases dominantes. 1.6. ¿Cuál es el futuro de las relaciones capital-trabajo? En medio de las grandes mutaciones señaladas, cabe preguntarse cuál será el destino de las relaciones entre capital y trabajo en el futuro. La revolución tecnológica abre una serie de nuevas posibilidades; pero las formas que adoptan las relaciones capital-trabajo no dependen solamente de la tecnología, sino de las opciones tomadas por los agentes económicos, sociales y políticos, en un determinado contexto cultural y de correlación de fuerzas. En forma esquemática, podemos distinguir hoy día dos grandes modelos de organización de las relaciones laborales: el modelo de fragmentación flexible y el modelo de implicación responsable. a. El modelo de fragmentación flexible: Fue adoptado principalmente en los Estados Unidos, Gran Bretaña, América Latina y otras partes del mundo, especialmente en la época de los gobiernos de Reagan y Thatcher. Corresponde a la estrategia neo-liberal. Apunta principalmente a reducir los costos salariales y sociales de la fuerza de trabajo, debilitar el poder sindical y segmentar el mercado laboral. Implica una ruptura con el pacto fordista y el compromiso del Estado protector. El Estado renuncia a cumplir un papel tuitivo en las relaciones colectivas de trabajo y abandona las políticas de pleno empleo; además, reduce drásticamente los gastos sociales. Las empresas no garantizan la estabilidad laboral; por el contrario, promueven la flexibilización del empleo y la sub-contratación. Las políticas de remuneración se fijan en base a criterios de promoción individual. De acuerdo a este modelo, sólo los profesionales de élite pueden participar en el trabajo creativo al interior de las empresas; la mayoría de los trabajadores, en cambio, se ven sometidos a una organización del trabajo de tipo neo-taylorista: es decir, un empleo precario asignado a tareas fragmentadas, sin participación creativa. El modelo implica también el uso intensivo de mano de obra barata disponible en los países del sur, y la de los migrantes que se desplazan del sur hacia el norte. Dentro de este contexto, el sindicalismo se encuentra a la defensiva y tiende a desarticularse. b. El modelo de implicación responsable6: Corresponde al tipo de relaciones de trabajo que rigen en el Japón - algunos los llaman el “modelo japonés” -, y también en Alemania, los países escandinavos, el norte de Italia y de España, etc. Está basado en un compromiso de los trabajadores con las empresas para cooperar activamente en la incorporación de nuevas tecnologías, y aportar creativamente al incremento de la calidad y la eficiencia de la producción. A cambio de ello, las empresas y el Estado ofrecen una serie de garantías sociales: altos salarios directos e indirectos, estabilidad laboral (hasta de por vida en las grandes compañías en el Japón), y reducción de la duración del trabajo (especialmente en Alemania). 6 Según la definición que da Larousse implicación significa, relación entre dos proposiciones de las cuales una es necesariamente consecuencia de la otra.

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En algunos casos, como el de la famosa compañía Volvo en Suecia, la implicación responsable se basa en una negociación entre sindicatos y la empresa. Dicha negociación se enmarca generalmente en un acuerdo político a nivel nacional. En el caso japonés, la tradición cultural y la política nacionalista del gobierno se conjugan para propiciar un régimen laboral basado en la lealtad, el espíritu de cuerpo, la laboriosidad y el auto-control; el Japón es el país donde se han aplicado con mayores éxitos los “círculos de participación”, llamados también “círculos de calidad” (Ogliastri, 1988). En Alemania, después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, la economía se ha reconstruido con la participación activa de los sindicatos, mediante el sistema de la co-gestión y a través de la negociación colectiva. En el norte de Italia, la reconversión industrial ha sido impulsada por pequeñas y medianas empresas, en coordinación con los gobiernos locales, de acuerdo a la política de especialización flexible. Esta política supone una fuerte implicación responsable de los trabajadores que laboran en cada empresa. En todos los casos mencionados, un aspecto fundamental lo constituye la calidad de la educación y la capacitación constante de los trabajadores. El modelo de implicación responsable supone invertir ante todo en la gente. Lo más valioso para la producción no es la materia prima, sino la materia gris; también lo es la capacidad de armonizar esfuerzos comunes y crear así verdaderas “comunidades productivas”. Paradójicamente, es el modelo de implicación responsable el que se ha revelado más competitivo en el mercado mundial. Son los obreros más caros y mejor protegidos del mundo (los alemanes y los japoneses) los que lograron una victoria contra sus competidores norteamericanos (Alain Lipietz, 1991). En los Estados Unidos, la aplicación de las recetas del neo liberalismo ha agudizado las brechas sociales y ha llevado a millones de trabajadores a una situación de empleo precario y de desprotección social, sin lograr resultados económicos positivos. Por ello, el mito neoliberal en algunos países está cayendo. En torno a los modelo de relaciones laborales descritos, existen muchas variaciones. Una de ellas consiste en los sistemas duales: es decir situaciones donde coexiste la fragmentación flexible junto con la implicación responsable. Funciona un sistema dual en el Japón, donde hay una gran diferencia entre los trabajadores de las empresas más importantes, y los de las pequeñas empresas, que en su mayoría son sub-contratistas de las primeras; las empresas pequeñas emplean a trabajadores familiares y asalariados que no tienen las mismas ventajas que los de las grandes empresas. Muy pocas mujeres acceden a puestos de trabajo con responsabilidad en las grandes empresas; la mayoría trabajan en pequeñas empresas. También encontramos un sistema dual en los países desarrollados que emplean a trabajadores inmigrantes en labores más pesadas, despreciadas e inestables. En los países sub-desarrollados las empresas modernas usan ampliamente sistemas duales, aprovechando de las diferencias étnico- culturales y de la heterogeneidad estructural de la sociedad. 1.7. Opciones para América Latina ¿Cuáles son las opciones de desarrollo y de relaciones de trabajo que se presentan para América latina en las actuales circunstancias? Un escenario posible -no tan alejado de nosotros en el Perú- sería continuar en una situación de crisis crónica y de caos, sin rumbo ni proyectos nacionales, con actores económicos, sociales y políticos disgregados y con Estados cada vez más débiles. Esta situación afectaría aún más al movimiento sindical y ahondaría la pobreza de las mayorías. Frente a este peligro, se 11

presentan tres propuestas principales: la propuesta neo-liberal; la de Transformación Productiva con Equidad; y la de Desarrollo de las Capacidades con Participación. a. La propuesta neo-liberal: Entre las alternativas planteadas, la de mayor acogida entre los grandes grupos de poder corresponde a la política de modernización neo-liberal propiciada por los organismos internacionales (Banco Mundial, FMI). Esta política presta especial atención a la privatización de las empresas, a la reducción y racionalización del Estado; su modelo de organización del trabajo es la fragmentación flexible. Esta propuesta acentúa las desigualdades y la conflictividad social y pone en riesgo la viabilidad de la democracia. b. Transformación Productiva con Equidad: Una segunda propuesta es la que promueve la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL). Ha sido presentada bajo el título de “Transformación Productiva con Equidad” (1990). Coincide con el Banco Mundial en la necesidad de una inserción en la economía mundial y de una modernización de las estructuras productivas latinoamericanas. Subraya que para ser eficiente y ser competitivo es fundamental incorporar el progreso técnico y, con este propósito, promover fuertemente la educación, la formación profesional y la investigación, campo en el cual América Latina tiene un grave atraso. También llama la atención sobre el problema de las crecientes brechas sociales, señalando que no es posible un esfuerzo cohesionado de la sociedad para el desarrollo sin una política destinada a reducir las desigualdades (políticas de promoción al desarrollo rural, apoyo a la pequeña empresa, y programas de compensación social). A diferencia del enfoque neo-liberal, la CEPAL considera que la Transformación Productiva con Equidad requiere una intervención activa del Estado, sin despreciar el rol del mercado ni descuidar los equilibrios macro-económicos. c. Desarrollo de las Capacidades con Participación La tercera propuesta tiene un sustento político -aún débil- en los sectores de izquierda afines a la renovación del socialismo y la profundización de la democracia7. Al igual que la CEPAL, apunta a una transformación productiva, pero sustentada en una mayor participación de la población en la definición de las prioridades nacionales y en el logro de la equidad. Defiende una inserción en la economía mundial allí donde la producción nacional puede adquirir una alta competitividad; pero esta inserción debe ser selectiva y no contraponerse a la promoción del desarrollo endógeno local y regional, con las garantías y protecciones necesarias. Tal propuesta persigue un progreso lento pero efectivo de la capacidad productiva, del nivel de ingreso y del poder socio-político de los sectores populares. Revalora el papel de la empresa, promoviendo un pluralismo en las modalidades de propiedad y gestión; en el campo laboral, se inclina hacia el modelo de implicación responsable, evitando el sistema dualista que discrimina entre trabajadores. También ve en la micro-empresa y en la organización popular para la subsistencia un potencial importante de desarrollo. Considera finalmente que el Estado ha de cumplir un papel decisivo, junto con una participación activa e intercambios múltiples de los actores sociales, incluyendo los sindicatos y las organizaciones populares. Esta opción supone por lo tanto el reforzamiento de las formas democráticas de representación y concertación.

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Una propuesta en este sentido para el Perú ha sido formulada por Javier Iguiñiz (1991). Este autor subraya, como estrategia central el desarrollo de las capacidades de la gente.

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2. Criterios y propuestas para la renovación sindical ¿Cómo enfocar la acción sindical en el actual contexto de cambios que vivimos en el mundo y América Latina, con sus incertidumbres y también sus nuevas posibilidades? ¿Cómo hacerlo desde un país atrapado en problemas de recesión, violencia y fragmentación social como es el Perú hoy día? No pretendemos aportar una respuesta global a estas grandes preguntas, pero sí precisar algunos criterios y pistas que contribuyan al debate, a partir del análisis efectuado en la primera parte asumiendo fundamentalmente las propuestas de desarrollo basada en la expansión de las capacidades de los trabajadores para América Latina. El primer paso de nuestra reflexión consistirá en delimitar los alcances del sindicalismo, su presencia y su significado como fenómeno social. En segundo lugar, precisaremos los lineamientos estratégicos que en nuestra opinión deben orientar la lucha sindical. Luego, abordaremos dos cuestiones que nos parece decisivas hoy día: el rol de los sindicatos en relación a la empresa y al desarrollo y su capacidad de representar al conjunto de trabajadores en la sociedad. 2.1. Los alcances del sindicalismo a. Carta de ciudadanía en el mundo El sindicalismo surgió como un movimiento social y llegó a ser reconocido institucionalmente en las sociedades modernas, tanto en el centro como en la periferia del capitalismo, así como en los regímenes socialistas8. Si bien el fenómeno sindical ha adquirido carta de ciudadanía en la historia y en el mundo, su presencia es desigual según los países. Por ejemplo, la tasa de sindicalización (porcentaje de trabajadores sindicalizados sobre el total de la Población Económicamente Activa ocupada) llega a 80% en países como Suecia y Cuba; está alrededor de 50% en Italia y Alemania, 30% en Japón, Argentina, Chile y Venezuela; entre 10% y 30% en los Estados Unidos, España, Francia, México, Brasil y Perú; y menos de 10% en Haití e India (OIT, 1985, Tomo 2). En el Perú, para 1981, se estimaba en 18% la proporción de trabajadores sindicalizados respecto de la PEA total ocupada nacional, y en 39% respecto del número de trabajadores asalariados (Yépez y Bernedo, 1985, p. 52). Por lo general, se observa un descenso de la sindicalización en la mayoría de los países durante los años 80. En el caso peruano, esta tendencia es difícil de medir debido a la carencia de estadísticas precisas9. b. Sindicalismo en América Latina: En América Latina, el sindicalismo se ha configurado a través de tres grandes momentos (Zapata, 1986):

8 La Organización Internacional del Trabajo (01) ha adoptado tres importantes Convenios que especifican el reconocimiento de la organización sindical: El Convenio No. 87 (1948) sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho Sindical; el Convenio No. 98 (1949) sobre el Derecho de Organización y Negociación Colectiva; y el Convenio No. 141 (1975), sobre la Organización dolos Trabajadores Rurales. En el Perú, el Convenio No. 87 fue ratificado en 1959 (RL 13281) y el No. 98 en 1963 (RL 14712). El derecho de sindicalización es reconocido por la Constitución Política del Estado.

9 Para el año 1991, a partir de la información elaborada perla Revista Análisis Laboral (mayo 1991) observamos que el número de sindicalizados (un poco más de un millón de trabajadores) representa el 14% de la PSA ocupada nacional 42% del total de asalariados. El 54% de los asalariados dependen del Gobierno central y de los Gobiernos locales.

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El primero -llamado fase heroica- corresponde a la irrupción del movimiento sindical desde fines del siglo pasado hasta los años posteriores a la primera guerra mundial, etapa en la que las luchas obreras enfrentan una situación de total carencia de derechos laborales y empujan a las clases dominantes a tomar en consideración la “cuestión social”; de esa etapa nacen las primeras leyes protectoras (jornada de ocho horas, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, trabajo de la mujer y de los menores de edad, etc.) y los primeros mecanismos de resolución institucional de los conflictos de trabajo.

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El segundo momento -llamado fase institucional- se desarrolla en el marco de los regímenes populistas y de las alianzas políticas que promueven las estrategias de industrialización sustitutiva de importaciones hasta los años sesenta; en este período, prevalece la iniciativa de los partidos y del Estado en relación a la organización sindical; el otorgamiento de derechos y beneficios sociales a los trabajadores (reconocimiento formal de los sindicatos, creación de los regímenes de seguridad social, concesiones salariales, etc.) se convierte en un instrumento de movilización política utilizado por las clases medias y los sectores industrialistas de la burguesía contra las oligarquías tradicionales y contra la dominación extranjera; el movimiento sindical tiende a subordinarse a los actores políticos o a identificarse estrechamente con ellos, tal como ha ocurrido con el peronismo en Argentina.

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El tercer momento -llamado fase excluyente- corresponde a las últimas dos décadas; se inicia con el bloqueo del modelo anterior de desarrollo y con la crisis del compromiso populista que abre un proceso de autonomización de la acción sindical frente al Estado y los partidos tradicionales (como es el caso del sindicalismo clasista frente al APRA en el Perú); está dominado por los efectos combinados de las políticas de ajuste y de liberalización económica, políticas que implican una desprotección de los derechos laborales y una represión del movimiento sindical. Todo ello significa una restricción de los alcances de la negociación colectiva y del rol de los sindicatos en la vida social y política. La aplicación más drástica de estas políticas estuvo a cargo de las dictaduras militares del cono sur.

Las restricciones del marco institucional en el cual se desenvuelve la acción sindical en América Latina prevalecen hoy día y se traducen en la escasa o nula participación de los sindicatos en las políticas de concertación económica y social y menos aún en las decisiones que atañen a la reconversión productiva. Las tendencias negativas no significan la desaparición de las estructuras organizativas y de todos los derechos laborales instituidos a lo largo de más de un siglo de luchas sociales y políticas. No debemos olvidar el papel que jugaron las movilizaciones sindicales en la oposición anti-dictatorial y los procesos de democratización política desde fines de los años 80. Incluso en los países donde la represión y las políticas neoliberales han sido más radicales, como el caso chileno, las organizaciones sindicales han demostrado una sorprendente capacidad de resistencia y, no obstante sus debilidades, constituyen un elemento importante en la reconstrucción de un sistema de actores sociales que haga viable la democracia en el continente. El dinamismo del sindicalismo brasilero en los últimos años merece ser subrayado en este sentido. c. Capacidad de acción colectiva Tratemos ahora de precisar conceptualmente en qué consiste el fenómeno sindical.

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El sindicalismo es una modalidad de acción colectiva organizada y de representación institucional de los trabajadores asalariados que responde fundamentalmente al objetivo de dotarles de una fuerza común para hacer valer sus intereses, sus derechos y sus puntos de vista en las relaciones sociales a nivel de las empresas y de la sociedad en su conjunto. Representa a los trabajadores como “sujetos del trabajo” en su doble condición de asalariados que dependen fundamentalmente del salario para subsistir y de productores que participan en el proceso colectivo de la producción. El fenómeno sindical expresa la existencia de relaciones sociales desiguales, de cooperación y conflicto, entre quienes controlan la organización del trabajo y los medios necesarios para el proceso de producción y quienes tienen que vender su fuerza de trabajo. La lucha sindical corresponde a la estrategia de los trabajadores para enfrentar la desigualdad de estas relaciones. Forma parte del conflicto y de la negociación entre capital y trabajo, entre los que dominan los aparatos de gestión y los sujetos del trabajo. La organización sindical se propone superar la acción aislada y la debilidad de los trabajadores en la defensa de sus intereses y derechos. Ofrece una capacidad de acción colectiva. Capacidad que implica una fuerza y dirección común, y una legitimidad social para el logro de sus objetivos. La capacidad de acción colectiva del sindicalismo descansa en el reconocimiento del carácter del trabajo como elemento decisivo en la generación de la riqueza, de la dimensión social de este trabajo y del derecho de los trabajadores a ejercer un cierto control común sobre él. Tal reconocimiento se expresa, en dos derechos fundamentales: el derecho de huelga; y el derecho de organización. Ambos no pueden ejercerse sin apoyarse en el logro de un nivel de unidad de los trabajadores. La organización sindical tiene un carácter corporativo, en la medida que aglutina a determinados grupos de trabajadores. Pero adquiere un alcance social mayor, cuando se convierte en portavoz del conjunto de los trabajadores. El sindicato, entendido como capacidad de acción colectiva, constituye un poder relativo, un contra-poder que coexiste con los demás poderes congregados en la organización empresarial de la producción. De manera esquemática, podemos decir que la acción sindical abarca tres dimensiones: • La lucha reivindicativa: Partiendo de las necesidades y aspiraciones de los sujetos del trabajo, los sindicatos luchan por reivindicaciones, es decir por algo reclamado como un derecho considerado como legítimo. Estas reivindicaciones abarcan las remuneraciones, las condiciones de trabajo y de vida, así como el reconocimiento de los derechos sindicales. En la medida que se centran en la reivindicación de intereses sectoriales, los sindicatos conforman grupos de presión de carácter corporativo. • El movimiento social: La acción sindical no se limita a ser un medio para conseguir determinadas reivindicaciones; responde también al propósito de convertir a los trabajadores en un movimiento social, es decir un actor colectivo organizado que interviene en la definición del rumbo de las empresas y en cuestiones importantes en debate para la

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transformación de la sociedad, como el sentido del trabajo, el modelo de producción, de distribución y de consumo, y la correlación de fuerza entre las clases sociales10. • La regulación social: Finalmente, las organizaciones sindicales participan como agentes de regulación social, vale decir se convierten en instituciones que cumplen un rol de intermediación entre la sociedad y el Estado, rol importante para la resolución de los conflictos. Históricamente, el sindicalismo formó parte del movimiento obrero, que cumplió un papel central en las sociedades capitalistas donde creció la gran industria. Hoy, la referencia a un gran movimiento obrero no calza con la realidad. La clase trabajadora se ha fragmentado y los ejes centrales de conflictos en los cuales está en juego la orientación de la sociedad se han diversificado. Pero si bien no se puede asociar el sindicalismo a un movimiento social central, tampoco lo podemos reducir a una simple forma de lucha sin mayor importancia. Situamos pues el movimiento sindical como un actor colectivo intermedio, situado en campo de acción complejo. 2.2. Lineamientos para la lucha sindical a. Hacia la transformación democrática: El carácter de la lucha sindical, entendida en su dimensión de movimiento social, ha sido objeto de mucho debate. Podemos distinguir tres maneras de enfocarla: •

La perspectiva economicista: trata el conflicto laboral como una confrontación de intereses particulares que se definen a partir de las relaciones de mercado dentro de las cuales los sindicatos entran a tallar corporativamente como grupo de presión para negociar en mejores condiciones, sin cuestionar el sistema económico-social prevaleciente.

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La perspectiva revolucionaria: ubica la lucha sindical como parte de una estrategia para la toma del poder de la clase trabajadora y del pueblo. El sindicato es entendido no sólo como una forma de acumular fuerza para un cambio de poder de clase en la sociedad. Los anarquistas veían la huelga como un instrumento de insurrección. Los marxistas clásicos valoraron la organización sindical como “escuela de clase”, pero subrayaron los límites del sindicalismo y la importancia de su relación con la lucha política revolucionaria.

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La perspectiva de transformación democrática: considera la lucha sindical como un elemento importante del proceso de democratización y de cambio en la sociedad. Se entiende este proceso como algo progresivo, también ligado a una acción política.

Estas perspectivas no necesariamente se excluyen. Además, las manifestaciones concretas de cada una de ellas no pueden entenderse sino en sus contextos históricos y nacionales. En el Perú, sobre todo a partir de los años 70, el movimiento sindical se ha orientado mayoritariamente hacia una corriente llamada “clasista”, la cual 10 Resulta útil entender el movimiento sindical como una lógica de acción que responde a tres principios que van de la mano: 1. el principio de identidad que implica el reconocimiento por parte de los trabajadores de lo que los unen, de sus intereses, aspiraciones y valores compartidas; 2. el principio de oposición que se funda en el reconocimiento del adversario y la presencia de un conflicto social; 3. y el principio de totalidad que expresa la existencia del campo de acción com1ln en el que dirigentes y dirigidos (empresarios versus asalariados); tecnócratas versus personas comunes) intervienen dialécticamente para definir la orientación de la producción y de la sociedad (Touraine, Wieviorka y Dubet, 1982).

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ideológicamente se identifica a la perspectiva revolucionaria, aunque en la práctica, presenta rasgos economicistas y democráticos que la vinculan también con las otras (Balbi, 1989, Vildoso, 1992). Ahora bien, desde la realidad que vivimos actualmente en el mundo y en América Latina, me parece que es la perspectiva de transformación democrática la que puede cobrar mayor vigencia y resulta más consecuente con un proyecto de desarrollo y de sociedad donde los trabajadores puedan realizarse como personas humanas, expandir sus capacidades e intervenir como actores de los cambios. El enfoque economicista reduce los alcances del sindicalismo; no promueve al sujeto del trabajo como agente productivo y del desarrollo, lo cual encaja dentro del espíritu del fordismo; tiende a limitar la solidaridad y a reforzar las tendencias corporativas. El enfoque revolucionario del sindicalismo, principalmente el de corte marxistaleninista, perdió credibilidad hoy día, junto con el modelo del socialismo real que le sirvió de referencia a lo largo de este siglo. No se trata de negar su importancia histórica, ni de creer que, tras el derrumbe de los regímenes comunistas en Europa del Este, el capitalismo es el único modelo que queda11. Pero, es necesario cuestionar la concepción estatista y totalizante del poder que estuvo presente en dicho enfoque, y la subordinación de los sindicatos al Partido y el Estado, derivada de su teoría de la “correa de transmisión”. En segundo lugar, conviene reformular el análisis de clases heredada de una época pasada del capitalismo industrial. Como hemos visto, la diversificación de los ejes de conflicto de la sociedad moderna actual nos lleva a encontrar los actores del cambio social en una pluralidad de sujetos y movimientos contestatarios. No es posible entender el cambio estructural de la sociedad como una “vuelta de la tortilla”. Estas consideraciones nos acercan a la perspectiva de transformación democrática. Al margen de la perspectiva revolucionaria que podemos calificar de tradicional, los partidos que han optado por la subversión armada como SL y el MRTA pretenden usar los sindicatos dentro de una estrategia de ruptura y fundan el poder esencialmente en la violencia. En la práctica, esta opción contribuye a destruir la organización sindical, al igual que afectan a las empresas y los medios con los cuales los trabajadores producen. No responden a ningún proyecto constructivo y viable para el país y el continente hoy día. La perspectiva de transformación democrática recoge aspectos de la tradición del sindicalismo clasista de los años 70, pero busca trazar un nuevo camino, de acuerdo a los retos de la realidad actual. Tal búsqueda se funda principalmente en los lineamientos estratégicos siguientes: •

Promover nuevas bases de poder sindical mediante la articulación de la diversidad del mundo del trabajo y la ampliación de las formas de representación;

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Asumir la problemática del desarrollo y la implicación responsable de los trabajadores en el proceso productivo dentro de las empresas;

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Sustentar la lucha reivindicativa en el incremento de la eficiencia productiva, dando prioridad a la expansión de las capacidades de los

11 En la Encíclica Centesimus Annus (“Cien años después), Juan Pablo II bien 1 señala; “Queda demostrado cuán inaceptable es la afirmación que la den del socialismo deje al capitalismo como i1mico modelo de organización económica”. (1991, # 35).

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trabajadores (educación y salud, particularmente) y luchar por una política social redistributiva basadas en criterios de equidad. •

Intervenir en diferentes instancias de diálogo, negociación y concertación con los agentes económicos, sociales y políticos.

Pensamos que las opciones actuales no pueden ser reducidas al dilema entre reformismo o revolución. El sindicalismo es siempre reformista en la medida que lucha por conquistas parciales dentro del sistema; pero las reformas que promueve pueden adquirir un sentido transformador de alcance histórico. El movimiento sindical apunta a una democratización del poder, tanto en el Estado como en la sociedad. El sindicalismo no está ajeno a la lucha política para la conquista y defensa de los derechos ciudadanos de los trabajadores; tampoco está ajeno a la lucha por la democratización de la cultura, de la cual el sentido del trabajo y la conquista del tiempo libre constituyen aspectos claves. Uno de sus retos fundamentales consiste en avanzar en la democratización a nivel de la toma de decisión en las empresas y los aparatos de la administración pública, reductos del poder económico, tecnocrático y burocrático donde la democracia no penetra. b. Visión estratégica del conflicto y de la cooperación: El conflicto de clases al cual remite la acción sindical tiene como particularidad que cada una de las partes necesita de la otra. No existen sindicatos sin empleadores. El conflicto entre capital y trabajo implica tanto lucha como cooperación; puede entenderse como una cooperación antagónica. La acción sindical apunta a cambiar una correlación de fuerza y llegar a compromisos. No se puede entender la lucha sindical como una “guerra” en donde se persigue al enemigo para aniquilarlo. El movimiento sindical no pretende destruir la relación de producción; su lucha es fundamentalmente pacífica; no se funda en una violencia destructiva, sino en una fuerza común proveniente del control de la fuerza de trabajo, de la unidad y solidaridad entre trabajadores, de la presión económica y de la legitimidad moral. Aún frente a los medios violentos de represión, los trabajadores organizados recurren ante todo a medios de lucha no violentos: paros y huelgas, demostraciones públicas, marchas de sacrificio; la no violencia prevalece incluso en acciones radicales como la toma de fábrica o la huelga de hambre. El uso de medios violentos es ante todo fruto de la debilidad o ausencia de organización, así como la desesperanza ante el bloqueo de todo canal de negociación; por lo común tiene efectos contraproducentes. La lucha sindical enfrenta una oposición y tiene que asumir una situación de conflicto, la cual implica una tensión de fuerzas que puede llegar a momentos de ruptura como la huelga; pero también apunta a negociar, llegar a soluciones y acuerdos, dentro de una perspectiva estratégica de conjunto. Tal perspectiva significa no perder de vista el principio de totalidad que existe en la relación dialéctica entre actores sociales desiguales. La referencia a la totalidad no significa que la lucha sindical deba abarcar todos los problemas. Lo que queremos señalar es que la lucha de los trabajadores dependientes forma parte de un campo de acción común con la clase dirigente (capitalistas, empresarios y tecnócratas) en el que está en juego el desarrollo de las fuerzas productivas y el progreso social y cultural de la nación. Tanto dirigentes como dirigidos 18

no pueden prescindir de la ciencia y la tecnología, de los medios de información y comunicación, de la organización y administración eficiente de la producción. Ambas partes, comparten algunos valores básicos: la idea del progreso, el interés nacional. No estamos ante clases sociales totalmente extrañas una a otra; cada contrincante lucha, a su manera, por el dominio y la orientación de aquellas capacidades productivas que son patrimonio de todos. El problema consiste en la pugna por definir el sentido social concreto que se asigna a estas capacidades. Pugna que no atañe solamente al problema de la distribución, sino al control estratégico de la gestión productiva y de la orientación cultural. La conciencia de totalidad exige una visión global de la situación y una capacidad de plantear una alternativa, un proyecto fundado en una voluntad política y la movilización de fuerzas disponibles para llevarlo a cabo. Resulta difícil asumir, de manera consecuente, a la vez el conflicto y la cooperación. Enfatizar unilateralmente el conflicto puede ser tan negativo como pretender desconocerlo. La negociación, la concertación y los compromisos no borran las diferencias ni las injusticias. En el Perú, es necesario superar la estrechez de miras del intransigente “clasismo empresarial” y del radical “clasismo sindical”, rompiendo el círculo vicioso creado entre ambos. El confrontacionismo puro y la carencia de diálogo llevan a la mutua destrucción. No es posible resolver los problemas del país sin un nivel de acuerdo negociado entre empresarios y trabajadores; pero ello supone aceptar que los trabajadores cuenten con un poder propio y que exista un ordenamiento institucional que garantice sus derechos. c. Autonomía y capacidad política La acción sindical requiere de criterios y de una estrategia política. Ello plantea el problema de su relación con los partidos y el Estado. La relación entre sindicatos y partidos ha seguido múltiples cursos; nos limitaremos a indicar los cuatro más importantes: •

El apoliticismo: consiste en negar la relación, con los partidos lo cual, además de ser irreal, desarma a los trabajadores frente a las clases dirigentes, que sí actúan con visión y medios políticos.

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La correa de transmisión: plantea que el partido es el que debe conducir políticamente a los sindicatos, imprimiéndole una dirección correcta a través de los militantes partidizados. Esta concepción lleva a la pérdida de autonomía del sindicalismo y, frecuentemente a su división.

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El laborismo: en este caso es el partido el que se subordina a las luchas sindicales, actuando como grupo de presión política de los trabajadores ante los poderes del Estado. Esta concepción estrecha el campo de la política a los problemas laborales, dificultando el acceso de los trabajadores a una visión integral del país.

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El sindicalismo de frente único: reivindica la autonomía de la organización sindical respecto a los partidos; respeta la pluralidad de posiciones políticas y se rige de acuerdo a la democracia interna para tomar decisiones. Pero no niega la necesidad de una direccionalidad política, para lo cual propicia que los propios

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trabajadores discutan sus puntos de vista, dialoguen con dirigentes políticos y coordinen con ellos de acuerdo a las circunstancias. Esta última manera de enfocar la relación entre lo sindical y lo político es la más abierta y flexible. Se presta mejor a una interacción dinámica, que enriquece tanto la acción sindical como la de los partidos. La relación entre sindicalismo y Estado también está sujeta a muchas variaciones. El carácter de la relación depende del grado de reconocimiento institucional con que cuentan las organizaciones sindicales y el grado de autonomía que mantienen respecto al Estado; obviamente, depende también de las coincidencias y conflictos políticos existentes. Podemos mencionar las siguientes situaciones en la relación del sindicalismo con el Estado: •

Relación de confrontación-exclusión: situación propia del capitalismo salvaje en sus inicios; a ella conduce en la práctica las políticas neo-liberales a ultranza.

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El corporativismo fascista: consiste en reducir las organizaciones sindicales en cuerpos funcionales subordinados al aparato estatal (modelo español durante la dictadura franquista).

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La subordinación burocrática al Estado y al Partido en el caso de los regímenes socialistas estatistas.

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Los compromisos liberal-democráticos y social-demócratas: corresponden al pacto social propio del Estado protector. Los sindicatos conforman un poder corporativo, pero guardan autonomía frente al Estado y cumplen un rol de intermediación con él. La relación se traduce en una tensión más conflictiva en el caso de gobiernos liberales, y más negociadora en el caso de gobiernos socialdemócratas.

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Los compromisos populistas: modelo que predominó en América Latina en el período de la industrialización sustitutiva de importación. Comprende situaciones donde los sindicatos mantienen una autonomía y negocian en el marco de acuerdos políticos (caso chileno antes de la dictadura pinochetista); situaciones donde existe un control corporativo del Estado sobre la vida sindical (caso brasilero hasta los años 60; y el mexicano hasta hoy), y situaciones intermedias como el peronismo en Argentina.

Hoy día, en la mayoría de los regímenes donde rige la democracia liberal, el lugar que ocupa el sindicalismo dentro del sistema político corresponde a un modelo llamado neocorporativista. Tal modelo puede ser enfocado de diferentes maneras. Una de ella promueve la participación pluralista de los distintos agentes sociales organizados -los sindicatos entre ellos- con el objetivo de limitar el rol del Estado; otra selecciona ciertos agentes llamados a coordinar con el Estado la regulación de los intereses, tratando de construir una democracia de tipo más funcional. Los sistemas políticos capitalistas modernos buscan un cierto equilibrio entre estas opciones. En América Latina, luego del predominio de las dictaduras militares en los años 70, asistimos desde los 80 a una revalorización de la democracia representativa. Pero el proceso de transición es precario y minado por la crisis económica y las políticas excluyentes. Estamos ante un tipo de democracia liberal restringida, donde los sectores sociales organizados, particularmente los sindicatos, no son tomados en cuenta sino como fuerza de protesta y de resistencia. A esta marginación política, se suma una crisis de los partidos que no logran constituirse en representantes e intermediadores de las

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demandas sociales frente a un estado más impermeable a estas demandas. La exclusión de las organizaciones populares sociales impide la consolidación de la democracia y socava las bases del sistema institucional. El reto consiste en conquistar y organizar nuevos espacios de articulación entre la representación social y política: generar formas renovadas de relación con los partidos políticos, menos instrumentales, más democráticas; desarrollar una presencia pública en los medios de comunicación de masa, buscando a través de ellos legitimar los derechos sociales; y finalmente asumir diferentes niveles de interlocución con las instancias de gobierno. La dirección del movimiento sindical debe actuar como una de las bisagras entre el sistema político y la sociedad. 2.3. Sindicalismo, empresa y desarrollo a. Sinergia entre desarrollo, empresa y capacidades humanas: Una cuestión decisiva para la renovación del sindicalismo se refiere a su en relación con el desarrollo. Los sindicatos no deben asumir la meta del desarrollo en términos retóricos, sino en forma concreta y precisa, empezar por lo que atañe a las empresas. La estrategia sindical que propiciamos se sustenta en la convicción que exista una interacción positiva -una sinergia-12 entre las metas del desarrollo, el éxito de las empresas y la expansión de las capacidades y responsabilidades de los trabajadores. Como hemos visto, el nuevo paradigma técnico-económico de la producción abre condiciones para ello. La productividad hoy no proviene de la exclusión de los trabajadores sino de su implicación responsable, su calificación y su participación en una comunidad productiva cohesionada, lo cual supone continuidad en el trabajo, trato digno y buen salario. Esta sinergia debe formar parte de un proyecto de transformación productiva con equidad. Exige una concertación de voluntades entre sindicatos, empresas, gobierno e instituciones involucradas en la formación humana y la producción de conocimientos. La vanguardia del sindicalismo renovado ha de actuar como puente entre la condición de trabajador y de empresario. Deben ser dirigentes capaces de articular derechos sociales, producción y política de desarrollo. b. El carga montón Una dificultad para asumir un rol activo en el plano de la transformación productiva y las políticas de desarrollo, lo constituyen los agobiantes problemas cotidianos y las reivindicaciones urgentes de los trabajadores. En América Latina y particularmente en el Perú, el sindicalismo enfrenta sin tregua procesos inflacionarios y recesivos, políticas de shock, despidos masivos, terrorismo, cambios institucionales, etc. Tal carga montón significa una tensión de fuerzas constante que hace muy difícil una acción programada más allá del cortísimo plazo. Resistir en estas condiciones moviliza gran parte de las energías de quienes se ven obligados a combinar las protestas sindicales con la realización de trabajos paralelos para sobre vivir. Ninguna propuesta de renovación sindical puede eludir este problema.

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Por sinergia se entiende el concurso activo y concertado de varias fuerzas que se potencian mutuamente.

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Paradójicamente, la gravedad de la situación pone en evidencia la importancia de colocar la lucha reivindicativa en una estrategia global de desarrollo y de atender las cuestiones relativas a la viabilidad futura de las empresas. En el momento crítico que atraviesan, los sindicatos tienen que realizar un salto cualitativo respecto al contenido programático de sus demandas. c. Revalorización de la empresa No es posible sustentar ninguna estrategia de desarrollo ni acción sindical coherente sin encarar la cuestión de la empresa. Encontramos, respecto a ella, tres actitudes sindicales inadecuadas: •

Una primera: economicista considera la empresa como un asunto que compete sólo a los dueños, al patrón y a la dirección; los trabajadores se limitan a presionar para obtener mayores salarios y beneficios sociales.

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Una segunda: revolucionaria, ve a la empresa corno el lugar de la explotación capitalista, la expresión de un sistema que hay que combatir mientras la clase trabajadora no consiga el poder político; se justifica así la radicalización de la lucha reivindicativa sin implicarse en el buen desempeño técnico, administrativo y económico de la empresa13.

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Una tercera: seguidista, consiste en el sometimiento servil a los intereses patronales, inhibiéndose los trabajadores a defender sus propios derechos y puntos de vista.

En los tres casos, la lucha sindical renuncia a influir sobre la marcha de la empresa más allá de lo que incide directamente sobre las demandas laborales inmediatas. Tal renuncia fue, como hemos visto, una de la condiciones del “pacto fordista”. En América Latina, expresa el sometimiento a una tradición autoritaria y populista de relación entre sindicatos, empresarios y estado. Hoy, calza con el modelo de fragmentación flexible del neo liberalismo. El interés del sindicalismo por promover la participación de los trabajadores en las decisiones estratégicas de la empresa forma parte sin embargo de una tradición de lucha en numerosos países del mundo. Fruto de este interés, han surgido diversas formas de representación laboral en las instancias de dirección (delegados obreros, comités de empresas, comisiones mixtas, etc.) y diferentes modalidades de concertación, negociación y pactos colectivos que incorporan aspectos estratégicos de políticas empresariales. La empresa es un fenómeno complejo, que articula diversos factores productivos (medios materiales, tecnología, fuerza de trabajo, administración, recursos financieros, cooperación); estos factores involucran sujetos y poderes sociales a través de lazos de propiedad y relaciones contractuales; asimismo, la marcha de una empresa interesa a los consumidores y a la ciudadanía en general por su incidencia sobre el mercado, el medio ambiente y el desarrollo socio-económico del país. Por ello, aún cuando se trate de una empresa privada, no son solamente los dueños del capital quienes definen el rumbo de 13 Según esta concepción, la socialización de los medios de producción pasa por el control estatal de las empresas y/o el control directo de los trabajadores mediante la autogestión, además de formas intermedias de co—gestión. Pero, tanto las empresas privadas como las estatales son consideradas ajenas a los trabajadores mientras subsista el capitalismo. En el caso peruano, la Comunidad Laboral fue interpretada como colaboracionismo de clase. En general, salvo excepciones, el sindicalismo clasista enarboló una ideología contraria a la empresa, o simplemente no le dio importancia como iniciativa y unidad de gestión económica. Ello se refleja también en su tardía valoración del significado de la micro y pequeña empresa.

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la empresa. El objetivo central del sindicato es de hacer valer su capacidad de presión para influir también, en coordinación con los otros sujetos y poderes sociales. Los objetivos de los sindicatos respecto a la empresa abarcan de manera interrelacionada los intereses laborales propiamente dichos (empleo, salario, condiciones de trabajo) y los intereses de la población y del país (cobertura de necesidades, mejora de la calidad de los bienes y servicios; contribución al desarrollo local y regional, respeto al medio ambiente, conquista de mercados, etc.). La sabiduría de la lucha sindical consiste en combinar estos intereses. Cada sindicato debe ser a la vez el portavoz de los trabajadores y el embajador de la población en su empresa. Lo que estamos sustentando vale para las instituciones de servicio público (hospitales, colegios, etc.) donde igualmente los sindicatos pueden asumir un rol estratégico. d. Apostando a la implicación responsable con equidad: Los objetivos señalados pasan por conseguir niveles de eficiencia y competitividad en la empresa y en el contexto donde opera. Los sindicatos pueden contribuir a ello, apostando a la implicación responsable de los trabajadores, asociados al principio de equidad. En este aspecto reside uno de los cambios más profundos que ha de emprender el sindicalismo latinoamericano. La implicación de los trabajadores promovida por los sindicatos apunta a un concepto renovado de la competitividad. No una competitividad basada en materia prima y mano de obra barata, sino en la calidad, la capacidad innovadora y la eficiencia del trabajo, desde las tareas simples hasta las más complejas. La competitividad depende del uso inteligente de las tecnologías disponibles por el factor humano, y no tanto del carácter sofisticado de las mismas. Depende del dinamismo del colectivo de trabajo y de un conjunto eficiente de factores interdependientes fuera de la empresa (información, formación profesional, investigación, etc.). Todos estos factores deben ser tomados en cuenta de manera sistemática. Para ello, los sindicatos necesitan contar con balances, estudios y propuestas técnicamente sustentados sobre las empresas y su rama de actividad. Asimismo deben promover la constante actualización de los conocimientos de los trabajadores. Los medios que disponen los sindicatos latinoamericanos para actuar de acuerdo a los objetivos señalados son aun escasos. Existen sin embargo bases para desarrollarlos, entre éstas, señalemos las siguientes: •

La negociación colectiva: A través de ella, sindicatos y empresas pueden celebrar acuerdos importantes relativos a la racionalización tecnológica y administrativa de la empresa, la productividad del trabajo, la estabilidad laboral, la formación profesional, etc.

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Las formas institucionales de participación de los trabajadores en la propiedad de la empresa y en ciertos niveles de gestión. Es importante que los sindicatos promuevan y defiendan estas formas de participación, y coordinen con sus representantes laborales aspectos estratégicos de la política empresarial.

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La participación en Comités de Producción y Productividad, Círculos de Calidad, Comisiones de Higienes y Seguridad, etc.

La implicación responsable en la producción puede ser la base de un nuevo tipo de pacto social entre capital y trabajo, diferente del fordista y del populismo. Este nuevo 23

pacto debe involucrar al Estado, no sólo a nivel del gobierno central, sino también de los gobiernos locales y regionales; debe ofrecer nuevas garantías de empleo, de remuneración y de beneficios sociales (Lipietz, 1989). Para avanzar hacia él, es necesario profundas transformaciones ideológicas y políticas. La apuesta por la implicación responsable no implica dejar de prestar atención a los trabajadores no calificados o descalificados. Por el contrario el rol de la organización sindical consiste en luchar por asegurarles también un trabajo y una situación social digna, promoviendo sus capacidades y compensando sus desventajas. e. El mundo del trabajo en pequeña escala: La implicación responsable es importante también para quienes forman parte de relaciones externalizadas de trabajo, los trabajadores subcontratados, y, en general, para quienes laboran en unidades de pequeña escala (micro empresas, talleres, actividades por encargo a domicilio y por cuenta propia, etc.). Por lo general, en este tipo de unidades, el patrón interviene en el trabajo directo; su relación con los trabajadores dependientes es cercana, marcada con frecuencia por lazos personales. Ello no quiere decir que el trato laboral sea armónico; también allí existe explotación y no faltan abusos. ¿Cuál puede ser el rol del sindicalismo frente al mundo de trabajo a pequeña escala? Señalemos algunos criterios: •

Reconocer la importancia de la pequeña empresa, tanto como fruto de la necesidad de sobrevivencia y del deseo de autonomía de los trabajadores, como expresión de su capacidad empresarial, habilidades técnicas e inteligencia comercial. La pequeña empresa constituye una fuente de empleo e ingreso, y un factor de desarrollo local. Cabe al sindicalismo apoyar su promoción y coordinar con sus organizaciones gremiales.

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Favorecer la conformación de redes de especialización flexible y de distritos industriales.

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Tomar en cuenta los problemas de los trabajadores sub-contratados en la lucha de los sindicatos de las empresas principales.

•

Propiciar el amparo de los derechos laborales y sociales básicos de los trabajadores en los centros laborales de pequeña escala. Dotarles de formas adecuadas de representación y defensa, tales como sindicatos territoriales y oficinas de atención legal especializada.

Apuntar a que exista una normatividad de política social en los distritos donde se congregan los pequeños productores (fijación de remuneraciones mínimas, supervisión de las condiciones de trabajo, vigencia de una seguridad social y atención de salud, etc.). Por último, es dable que un sindicato, una federación o una central sindical impulsen la constitución de empresas: ya sea empresas administradas por trabajadores despedidos con la finalidad de generar fuentes de trabajo, ya sea empresas propias de la organización sindical, destinadas a ofrecer servicios a sus afiliados. La gestión de una empresa por un ente sindical o un grupo de trabajadores no está exenta de peligros, pero pone a prueba la responsabilidad y eficiencia de sus promotores.

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2.4. Representación social y responsabilidad cívica Frente a los cambios y cuestionamientos actuales, otro de los grandes desafíos del sindicalismo consiste en lograr nuevas bases de representación legítima para los trabajadores en la sociedad. ¿Cuáles son estas nuevas bases? ¿Cómo representar hoy a un mundo de trabajo tan heterogéneo? ¿Cómo construir la unidad y la solidaridad social? ¿Cómo compatibilizar las demandas sindicales con las múltiples exigencias sociales y políticas de la ciudadanía? a. Conquistar legitimidad: Resulta fundamental para la acción sindical legitimar los derechos sociales por los cuales lucha. Los sindicatos requieren demostrar que sus reivindicaciones son justas, es decir que responden no sólo a intereses particulares, sino a criterios universales de justicia y de equidad, apuntando al bien general. Si el sindicalismo pretende conquistar derechos “a lo macho”, basándose esencialmente en una capacidad de presión económica, no logrará consolidarse. La legitimidad constituye un factor de poder fundamental. Pero ¿cómo lograrla en condiciones tan adversas? Una primera respuesta es asumir la lucha sindical dentro de una perspectiva nacional de desarrollo, como lo hemos sustentado en la parte anterior. Partiendo de esta premisa, es posible indicar las pistas siguientes: •

Renovar la capacidad de representación de los sujetos del trabajo. El problema consiste en encontrar una representatividad que no excluya a ningún trabajador y asuma sus problemas centrales. La solución de este problema es compleja, porque el mundo del trabajo es heterogéneo: hay que tener en cuenta a obreros, empleados, técnicos y profesionales, los que laboran en grandes, medianas y pequeñas empresas, los servidores públicos, los informales, los inestables, las mujeres y los jóvenes. Cada categoría requiere de formas particulares de organización, de lucha y de apoyo. Existen además determinadas contradicciones de intereses entre ellas. El punto es justamente atender las diferencias. La lucha de clase hoy día pasa por manejar la diversidad, computarizar lo complejo.

•

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Construir democráticamente la unidad: La unidad sindical no puede basarse en una identidad de intereses inmediatos ni en una coincidencia ideológica de todos los trabajadores, cosa que no existe. Se funda en su adhesión voluntaria e implica superar sus diferencias, tanto las que provienen de la división del trabajo como del sexo, de la raza, del origen cultural, de la religión, o de la filiación política. Más allá de la variedad de tendencias y matices ideológicos, el sindicato debe conformar un Frente Único, como lo señala José Carlos Mariátegui, exigiendo una solidaridad concreta frente a problemas concretos14. La unidad ha de nacer de la capacidad de diálogo y de acuerdo entre las distintas partes al interior de una organización abierta a ello. La democracia sindical supone un sentido de la justicia entre los propios trabajadores: el estar dispuesto a tomar en cuenta los intereses de los otros, especialmente de los menos favorecidos.

Ver “El primero de mayo y el Frente Único”, en Ideología y Política, Edic. Amauta, Urna, 1969, p. 109.

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•

Afirmar la dimensión institucional de los sindicatos: el sindicalismo latinoamericano requiere defender, poner en valor y ampliar el reconocimiento legal de sus organizaciones. Para ello, es necesario desarrollar una vida institucional activa, hacia adentro y hacia afuera. Cada gremio debe contar con una economía y administración eficiente, modernizar sus medios de información y comunicación, tener acceso a una buena asesoría técnica y profesional; ha de ser un lugar donde los trabajadores puedan expresarse, encontrar atención a sus problemas y sentirse representados. Es importante que los locales sindicales tengan la prestancia que les corresponde. Los dirigentes sindicales deben reivindicar su presencia en los actos cívicos y los espacios de debates sociales y políticos de su región y del país.

•

Desarrollar el rol de los sindicatos en la interlocución social y política. La afirmación de la dimensión institucional debe traducirse en la participación de las organizaciones sindicales en los niveles diálogo y concertación con las demás instituciones sociales (gremios empresaria les, colegios profesionales, organizaciones populares, etc.), con los partidos políticos con las instancias de gobierno.

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Conquistar terreno en la opinión pública. La radio y la televisión son ahora medios decisivos de representación social y de poder, a los cuales los sindicatos tienen un acceso restringido y distorsionado. En lugar de propiciar la comunicación entre dirigentes y la población, estos medios presentan al movimiento sindical como luchas callejeras contrarias a la solución de los problemas del país. Si el movimiento sindical quiere legitimar su acción, tiene que asumir una batalla en el terreno ético y político cara a cara con los ciudadanos. Ello no se conquista solamente en las asambleas sindicales, sino, cada vez más, a través de la radio y de la pantalla de televisión.

b. Justicia, equidad y solidaridad: Conviene subrayar la importancia de la justicia, equidad y solidaridad como fundamentos de un ordenamiento social para el movimiento sindical. Estos criterios constituyen una condición esencial para lograr una sociedad donde es posible convivir, comunicarse y resolver sin violencia las inevitables diferencias y conflictos. Implican una actitud moral, que reconoce al otro como un sujeto de derechos, no como un medio para fines propios. Requieren también de una actitud política decidida a poner en práctica los valores éticos a partir de las condiciones concretas15. Justicia, equidad y solidaridad van de la mano. El criterio de justicia requiere crear las condiciones equitativas para que los sujetos sociales puedan ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades, con libertad e igualdad básica de oportunidades. Ello supone garantizarle el acceso a bienes culturales, económicos, sociales y políticos esenciales. El criterio de equidad exige una actitud de solidaridad hacia los menos favorecidos de la sociedad, compensando sus desventajas de modo que puedan llegar a una mayor igualdad de oportunidades. El sindicalismo ha de ser una fuerza social para que estos requerimientos se cumplan. 15 Resulta importante para fundar la legitimidad de la acción sindical recurrir a la Teoría de la Justicia de John Rawls. De acuerdo a esta teoría, la justicia supone: 1. garantizar a cada uno la mayor libertad posible compatible con la de los demás; y 2. garantizar un mínimo de igualdad de oportunidades, tomando en cuenta a los sujetos desfavorecidos de la sociedad (John Rawls, 1985).

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La solidaridad valora la comunidad humana como lugar de interacción comunicativa donde los sujetos se realizan mutuamente. Apunta a la cooperación: es decir, su objetivo es superar la asimetría entre los sujetos sociales, evitando la superioridad del uno sobre el otro. La justicia social, al igual que la equidad y solidaridad, se conquista y se construye; exige una interacción entre las partes interesadas basada en un diálogo razonable. Las normas de equidad requieren ser precisadas a partir de un debate público y acuerdos políticos. En una sociedad compleja, la justeza y la legitimidad de las demandas sectoriales son cada vez más relativas respecto a otros intereses y aspiraciones sociales. La sociedad entera está implicada. Los sindicatos deben tomar en cuenta la situación de las empresas y del Estado, los intereses de los consumidores y de los usuarios, las diferencias al interior del propio mundo sindical, etc. No pueden desconocer las prioridades que la ciudadanía tiene en determinados momentos (por ejemplo, la seguridad). Todo ello exige que el sindicalismo se desempeñe como interlocutor social con responsabilidad cívica. El criterio de justicia nos permite finalmente plantear el problema de la universalización de los derechos. El derecho laboral se ha ido construyendo a partir de aquellos pequeños derechos ganados de manera progresiva por la lucha sindical. Estos derechos se plasman en convenios colectivos y leyes. De este modo, las conquistas fragmentadas tienden a generalizarse, convirtiéndose en derechos válidos para sectores sociales más amplios. Para que ello ocurra, es necesario conjugar la acción sindical y política. Ambas son importantes también para defender los derechos conquistados y garantizar su aplicación. Los derechos laborales se sustentan en el reconocimiento por la sociedad y el Estado de la conveniencia de compensar una situación concreta de desventaja, de proteger a los sujetos sociales más vulnerables en la relación laboral. En este sentido, los derechos laborales tienen un carácter “social”, distinto al derecho civil. Es este carácter social y el principio tutor subyacente, lo que recusa el neo-liberalismo. Este niega la conveniencia de compensar las diferencias en las relaciones de trabajo, tratando de enmarcarlas en una variante de contrato civil privado. Sin embargo, la naturaleza colectiva y desigual de dichas relaciones no permite tal reduccionismo. Por ello, la lucha sindical sigue vigente. c. Representación plural y articulación de lo complejo: La legitimidad del movimiento sindical depende en gran medida de su capacidad de representar adecuadamente a los trabajadores. En primer lugar, la representatividad sindical exige un vínculo de confianza entre los trabajadores y sus dirigentes. En los sindicatos pequeños, la relación entre bases y dirigentes se da cara a cara; en los grandes, en cambio, la relación es más indirecta y la función dirigencial necesita especializarse. Además, ante la complejidad de los problemas que debe enfrentar, los dirigentes necesitan dotarse de recursos técnicos y administrativos mayores. Existe el peligro, entonces, que se burocraticen y defiendan sus propios intereses personales y políticos en prejuicio de las bases que representan. Para evitarlo, son importantes los procedimientos democráticos de toma de decisión, la

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fiscalización de los dirigentes, y el acceso de las bases a la información, sin descuidar la eficiencia organizativa. En segundo lugar, la representatividad sindical exige a la vez asumir la diversidad de las situaciones laborales y superar su dispersión. Respetando la especificidad de cada problemática, es necesario establecer formas de solidaridad entre sectores y articular sus acciones. El sindicalismo tiene que enfrentar por un lado la heterogeneidad estructural del mundo del trabajo, acentuada por las políticas de externalización de las relaciones laborales; y por otro lado, organizar su acción en función de los verdaderos centros de poder empresarial. Para atender este doble problema, se debe tomar en cuenta los ámbitos de organización siguientes: •

Organización por rama de actividad. En América Latina, el 80% de los contratos colectivos se celebran a nivel de empresa, lo que facilita la dispersión del movimiento sindical (Godio, 1987). Se requiere fortalecer las federaciones nacionales y propiciar la negociación colectiva por rama de actividad, tomando en cuenta las posibilidades de cada tipo de empresa.

•

Organización sindical en espacios territoriales. El criterio espacial permite adecuar las reivindicaciones laborales a los requerimientos de desarrollo local, incluyendo casos particulares como las zonas francas. Ofrece una cobertura a los trabajadores excluidos de la negociación colectiva (trabajadores eventuales, subcontratados, etc.); abre además la posibilidad de estrechar lazos culturales y políticos entre personas y grupos.

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Organización por conglomerado empresarial. Reúne a los sindicatos de diferentes centros de trabajo que pertenecen a un mismo grupo empresarial; pueden constituirse “coordinadoras sindicales” y federaciones de empresa a nivel nacional o regional.

•

Organización a nivel internacional. Comprende la acción de las Centrales y los Secretariados Internacionales16; también la intervención de centrales y sindicatos nacionales en instituciones y foros internacionales que puedan impactar sobre los gobiernos, las empresas transnacionales y los responsables de los organismos financieros17.

Los diferentes niveles de acción señalados se completan mutuamente. El objetivo es acercarse a una negociación colectiva articulada. La negociación a nivel nacional puede

16 Existen tres centrales mundiales: la Central Internacional de Sindicatos Libres (la de mayor peso hoy), la Federación Sindical Mundial y la Central Mundial de Trabajadores; corresponden a tendencias ideológicas diferentes (social-demócrata, comunista y social-cristiana, respectivamente). Los Secretariados internacionales son federaciones por rama de actividad asociadas a las centrales mundiales. A partir de ellas, se han constituido los llamados Comités Sindicales que reúnen a los sindicatos que pertenecen a una misma corporación transnacional. Algunos de ellos intervinieron en América Latina, como en el caso de Perulac-Nestlé en el Perú, Volkswagen en Brasil y Coca-Cola en Guatemala. Su acción es limitada, pero constituye un paso hacia una modalidad multinacional de negociación colectiva.

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Las instituciones internacionales a la que tienen acceso los representantes sindicales es la OIT, perteneciente al sistema de las Naciones Unidas. Este organismo tripartito juega un papel relevante cola legitimación en cuestiones tales como libertades sindicales, derecho ala negociación colectiva y código de conducta para las empresas multinacionales, Entre las iniciativas desarrolladas por las organizaciones sindicales mundiales y latinoamericanas cabe señalar las Conferencias sobre la deuda externa celebradas a par de 1984 (Sulmont 1988).

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tomar la forma de una concertación entre centrales sindicales, gremios empresariales y Gobierno. d. Construir nuevas formas de solidaridad: El reto del sindicalismo para representar la diversidad del mundo del trabajo no se limita a reajustar sus estructuras organizativas. Exige una comprensión de los cambios que vienen ocurriendo en la manera como se configuran las identidades de los sujetos sociales. Cambios que plantean la necesidad de nuevas formas de solidaridad social. Asistimos, en las últimas décadas a una disgregación de las identidades sociales tradicionales. A ello contribuyeron tres factores principales: 1. la individualización de la vida moderna urbana; 2. la ruptura de los compromisos sociales, la competencia y la desregulación propiciadas por el neo liberalismo; y 3. la reconversión productiva y la recesión económica. La organización “social” - entendida como modo de representación de clase e intermediación entre los individuos y el Estado- ha venido “estallando”, dejando muchos sujetos en una situación de aislamiento e impotencia. Pero este estallido está abriendo el paso a la reconstrucción de nuevas modalidades de identidad y solidaridad social, en forma flexible y aún indefinida. La transición hacia nuevas formas de representación de intereses es compleja. De manera esquemática, podemos decir que las organizaciones sindicales tienden a convertirse en instituciones más funcionales. La relación del trabajador con el sindicato se vuelve pragmática. El fenómeno sindical se banaliza. Aparte de los momentos de tensión huelguística, la participación en la vida sindical se restringe a las obligaciones mínimas de una organización voluntaria (cotización, elección de dirigentes, asistencia a asamblea); y a veces ni se cumple con ellas. El fenómeno sindical sigue basado en la organización de la fuerza común de los sujetos de trabajo. Pero la forma de movilización se modifica. Se expresa en acciones organizadas de acuerdo a metas más puntuales, lo cual permite una alternancia de compromisos colectivos e individuales. La solidaridad social se circunscribe a aspectos operativos. Los sujetos tienden a rechazar el militantismo total; temen a los sindicatos rígidos y de masa, tipo “ómnibus”; prefieren sindicatos más prácticos tipo “taxi” (Rosanvallon, 1988: 55). A medida que adquieren una mayor capacidad de información y comunicación, los individuos y grupos sociales encuentran nuevas maneras de administrar sus intereses y organizar la solidaridad social. Las instancias de representación intermedias entre los individuos y el Estado se multiplican y entre-cruzan, formando un sistema más denso de instituciones que son a la vez grupos de presión, agentes de regulación social y actores políticos. Ello permite una compenetración mayor entre la sociedad civil y el sistema político. La promoción de formas renovadas de solidaridad debe apuntar a integrar diferentes dimensiones de la vida: las personas como individuos; los grupos de trabajo; las colectividades locales; las comunidades culturales y étnicas; las regiones, la nación, y la escena mundial. La solidaridad social requiere definirse en torno a criterios más generales: éticos, culturales y políticos, como los que hemos tratado de sustentar en este trabajo: la expansión de las capacidades de las personas; la implicación responsable de los trabajadores en el proceso de producción; la justicia y la equidad como base de la convivencia; la interrelación entre democracia social y política.

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