Orden y violencia: Colombia 1930-1953 [4 ed.] 9789587201208

Table of contents :
Portada
Nota del editor
Agradecimientos
Tabla de contenido
Introducción
I. A la espera de la inserción en la economía mundial
II. La república elitista y popular 1930-1938
III. De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945
IV. El momento del populismo 1945-1948
V. Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953
Conclusión
Bibliografía

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Orden y violencia: Colombia 1930-1953 Daniel Pécaut Traducción de Alberto Valencia Gutiérrez

Pécaut, Daniel Orden y violencia : Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut. -- Medellín : Fondo Editorial Universidad Eafit, 2012. 634 ; 24 cm. -- (Colección Ediciones Universidad EAFIT) Incluye bibliografía. ISBN 978-958-720-120-8 1. Violencia - Historia - Colombia - 1930-1953 2. Colombia - Política y gobierno - 1930-1953 3. Colombia - Aspectos socio-políticos - 1930-1953 I. Tít. II. Serie. 303.62 cd 21 ed. A1336023 CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 Cuarta edición: abril de 2012 © Daniel Pécaut © De la traducción: Alberto Valencia Gutiérrez © Fondo Editorial Universidad EAFIT Carrera 48A # 10 Sur - 107, Medellín http://www.eafit.edu.co/fondoEditorial Email: [email protected] ISBN: 978-958-720-120-8 Imagen de carátula: Muchedumbre en el Parque Berrío, 1922, Benjamín de la Calle, Biblioteca Pública Piloto de Medellín- Colecciones Patrimoniales (Sala Antioquia, Archivo Fotográfico, Sección de Reserva) Editado en Medellín, Colombia

Nota del editor

A casi veinticinco años de la primera publicación del libro Orden y Violencia: Colombia 1930-1953, el Fondo Editorial EAFIT vuelve a reeeditarlo, esta vez en versión corregida en sus notas y bibliografía. La corrección ha sido supervisada por el traductor Alberto Valencia y por el autor Daniel Pécaut. Para sorpresa de todos, se encontró que después de tanto tiempo era imposible restablecer algunas fuentes y las búsquedas en bibliotecas, tanto francesas como colombianas, fueron infructuosas al intentar seguir la pista de algunos autores o de los cientos de boletines, folletos y volantes de la época y de los cuales ya no queda ningún rastro. El mismo autor recuerda haberlos tenido en sus manos en la época en que llevaba a cabo la investigación pero admite que hoy en día es imposible encontrarlos. El esfuerzo hecho por construir en un corpus organizado las notas del libro queda supeditado a la comprensión del lector.

Agradecimientos

Quiero expresar mi reconocimiento a Alberto Valencia, con quien mantengo desde hace treinta años una profunda complicidad intelectual y quien, después de haber realizado la traducción al español de muchos de mis trabajos y, sobre todo, de una edición anterior de esta obra, supervisó la preparación de esta nueva edición. D. P.

Tabla de contenido

Introducción ..............................................................................................

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I. A la espera de la inserción en la economía mundial La búsqueda de la modernidad ...................................................

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Las frustraciones de la burguesía comercial ............................ 40 La desarticulación del territorio nacional................................. 45 La rigidez de las estructuras agrarias ......................................... 47 El debilitamiento del Estado........................................................ 54 La institución del espacio político ............................................. 59

El surgimiento de una clase central: la burguesía cafetera ...................................................................................................

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Grandes plantaciones y economía campesina ........................ 69 Comercialización y tratamiento del café ................................. 78 Del comercio a la industria .......................................................... 83

Centralidad y dominación fragmentada ................................

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Burguesía cafetera y gobiernos ................................................... 87 Un Estado rudimentario .............................................................. 91 La rigidez de la escena político-ideológica ............................... 97

La “cuestión social”: ¿asunto de policía o de leyes? ........... 101 Una clase obrera en formación ................................................... 101 El “socialismo revolucionario” .................................................... 106

El crecimiento de los conflictos agrarios .................................. 111 El mantenimiento del orden social ............................................115

II. La república elitista y popular 1930-1938 Consideraciones generales sobre El Estado en América Latina después de 1930 ................................................................... 122 El desarrollo después de 1930: ruptura y continuidad ..........123 Crisis política y reorganización hegemónica........................... 126 El Estado escindido ........................................................................ 130 Las esferas del Estado ....................................................................133 Algunas implicaciones .................................................................. 136

Ruptura dentro de la continuidad .............................................138 Una república elitista .................................................................... 139 La nueva élite dirigente .............................................................. 140 Los sectores medios puestos en su lugar .................................... 143 Los discretos militares ................................................................ 151

Bajo el signo del liberalismo económico ................................... 153 Merecer la confianza de Estados Unidos ................................... 153 La burguesía del café frente a la crisis ........................................ 156 Los conflictos agrarios ............................................................. 157 La consolidación de la Federación Nacional de Cafeteros ............ 166 Los orígenes del modo liberal de desarrollo ................................ 179

Los industriales y las estrategias circunstanciales .......... 185 Bajo el signo del “intervencionismo” ........................................ 193 El “no intervencionismo” económico ......................................... 197 El “intervencionismo” y la instauración del “liberalismo” ......... 201 ¿Un “intervencionismo” nacionalista? ....................................... 205

La ciudadanía popular ..................................................................... 208 El período de espera, 1930-1934 ................................................. 209 Los trabajadores frente a la crisis económica ............................. 210

Los sectores populares urbanos como objetivo de las fuerzas políticas .......................................................................... 214 La liberación obrera a la orden del día ........................................ 223

La “Revolución en Marcha”, 1935-1937 ................................... 226 La adhesión de la clase obrera al régimen liberal........................ 226 Sindicalismo y Estado. Algunas reflexiones sobre sus relaciones en 1936: la unidad ...................................................................... 240 La clase obrera a la deriva ........................................................... 258 Sobrevivir en período de “revolución” ........................................ 274 Sindicalismo y Estado. Algunas reflexiones sobre sus relaciones en 1936: las disyunciones ........................................................... 285

La imposible modernidad: la contrarrevolución en marcha....................................................................................................288 El avance prudente hacia una secularización política ........... 291 El retorno del fundamentalismo conservador ........................ 293

III. De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945 Regulación y desregulación estatal ...........................................302 La regulación estatal y el modelo liberal de desarrollo.......... 302 La adhesión al intervencionismo económico en el comienzo de la guerra ...................................................................................... 304 La consolidación del modelo liberal de desarrollo ..................309

El hiperconformismo de la CTC y del Partido Comunista ............................................................................................320 Los rigores de la disciplina social ................................................ 321 Por un social-capitalismo a la colombiana ............................... 331 Algunas observaciones sobre el social-capitalismo ................ 348

Crisis institucional y crisis de sociedad................................... 351 Un campo político flotante ......................................................... 353 La crisis institucional .................................................................... 362 Las masas peligrosas ...................................................................... 366

IV. El momento del populismo 1945-1948 La configuración populista ........................................................... 376 Itinerarios gaitanistas ...................................................................... 387 Gaitán, los comunistas, y la CTC: lo que está en juego en la cuestión sindical............................................................................ 408 La contraofensiva de la burguesía frente a las organizaciones sindicales ............................................................... 420 Los límites de la expansión del sindicalismo CTC ................... 423 El llamado al orden a la CTC. La huelga de la Fedenal ............ 429 La disolución de la CTC y del PSD ................................................. 436 El nacimiento del sindicalismo católico ................................... 443

La segunda etapa del populismo gaitanista: del movimiento social de masas a su reinscripción en la división partidista tradicional........................................................................ 453 El inconsciente partidista ............................................................. 453 El movimiento social.....................................................................456 El encuentro fallido: la huelga general del 13 de mayo de 1947.............................................................................................. 462 En nombre del Partido Liberal..................................................... 469

La división partidista ante la prueba de la deriva de los signos políticos ...................................................................................473 El fundamentalismo conservador .............................................. 474 El desplazamiento de las bases sociales de lo político ........... 478

Elecciones y disolución del vínculo social ................................ 480 Guerra en el Estado, masas contra el Estado........................... 484 El “Bogotazo” .................................................................................. 489

V. Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953 De la restauración elitista a la violencia ................................. 511

El llamado a la restauración del orden elitista ........................ 512 La neutralización de las clases populares urbanas ................. 514 El imperio de los gremios ............................................................. 520 La continuidad del poder civil..................................................... 526 Correlación de fuerzas y violencia ............................................. 531 La crisis del Estado...................................................................... 531 La deriva de lo político................................................................ 532 La fragmentación de lo social ..................................................... 534

Lo político como violencia ............................................................ 535 Dictadura y deriva de lo político ................................................ 539 División e indivisión políticas ..................................................... 544 La producción de lo social como violencia ............................... 548

Los actores sociales: estrategias individuales y desorganización colectiva .............................................................. 556 Estrategias políticas ....................................................................... 558 Estrategias económicas ................................................................. 561 Las estrategias de resistencia colectiva ..................................... 572

Conclusión ........................................................................583 Bibliografía ........................................................................589

Introducción

La búsqueda de un orden político ha sido una preocupación permanente de las diversas élites latinoamericanas desde la Independencia. Reaparece en el orden del día cada vez que surge la duda sobre las posibilidades de acceder a un desarrollo “real” o a una “verdadera” modernidad. Más que el problema de la organización política, esta preocupación expresa por lo general una incertidumbre mucho más profunda respecto a la identidad de los pueblos y a la formación del Estado-Nación, considerada aún en aplazamiento. Es cierto que la cuestión de lo político existe también como preocupación en las sociedades europeas, sobre todo después de la ruptura de la Revolución Francesa. El estremecimiento de los principios trascendentes o naturales en que se fundaba el orden social, las tensiones entre el esquema igualitario y la afirmación de las libertades, el descubrimiento de las oposiciones sociales propias de la industrialización, hacen posible que la reflexión sobre las formas de institución de lo social esté presente de manera permanente. No obstante, durante buena parte del siglo XIX europeo, existe la convicción de que lo social posee en sí mismo el principio de su propia unidad. Esta idea está presente en la tradición que, siguiendo a Rousseau, presenta al pueblo como subjetividad y a la soberanía como el ejercicio de una voluntad general e indivisible; se encuentra también en la tradición liberal para la cual, por intermedio de una sociabilidad primera o del mercado, de las pasiones o de los intereses, lo social posee una consistencia que precede a cualquier tipo de conformación política; está presente igualmente en la tradición marxista que, aún colocando el acento sobre las contradicciones inherentes a lo social, prolonga las dos tradiciones anteriores, llevándolas hasta el extremo de proclamar tanto

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Introducción

la unidad del sujeto histórico como la capacidad de auto-generación de lo social. Ocurre de una manera muy distinta en América Latina. La cuestión de lo político se instaura allí sobre la base de un interrogante mucho más radical y lancinante sobre la conformación de lo social. Lo social, en lugar de ser percibido como susceptible de autorregulación, da la impresión de estar condenado de manera permanente a la desorganización y al inacabamiento. De una época a otra el interrogante cambia en su formulación, pero reaparece siempre con una misma intensidad. En la segunda mitad del siglo XIX, el interrogante remite a la “naturaleza” de las poblaciones americanas, tanto las más antiguas como las más recientes. El espectro de una barbarie, inscrita desde el origen en las sociedades latinoamericanas, o que aparece con la llegada de los inmigrantes recientes, estimula la imaginación. La célebre alternativa “civilización o barbarie”, presentada por Sarmiento para la Argentina y repetida en coro por la mayor parte de las élites de los otros países, hace referencia a una extrañeza1 que socavaría los fundamentos del vínculo social y amenazaría tanto a la nación como a los individuos. Anulando la idea tanto de voluntad colectiva como de individualismo, dicha extrañeza alimenta la preocupación de que América Latina no puede entrar en la era de la civilización moderna. En los años veinte, cuando el orden oligárquico se comienza a resquebrajar, el interrogante aparece de nuevo. Las connotaciones étnicas no han desaparecido, pero se mezclan a partir de ese momento con el gran temor que provoca el crecimiento de un proletariado heterogéneo, que parece poco preparado para el ejercicio de la ciudadanía. La dislocación de los valores tradicionales y la crisis del liberalismo económico contribuyen para que lo social parezca incontrolable. Durante el período 1950-1965, el interrogante parece perder por un momento su pertinencia. Los adelantos del capitalismo permiten suponer una transformación concomitante de la sociedad y de las instituciones. Teóricos de la “modernización” y teóricos marxistas coinciden en con-

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Sobre la noción de extrañeza remitimos al lector al capítulo V, donde podrá encontrar una justificación de la traducción literal que aquí hacemos del término francés étrangeté. (N. del T.).

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siderar que América Latina está comprometida en una vía de desarrollo “clásico” para la cual se considera a la democracia, así sea burguesa, como un acompañamiento necesario. Sin embargo, el interrogante reaparece muy pronto con la desilusión que sigue al establecimiento de regímenes militares de un nuevo tipo. Una vez más se multiplican las alusiones a la fragilidad y a la incoherencia de la “sociedad civil”. ¿El “dualismo” y la “marginalidad”, la carencia de burguesías nacionales y de proletariados no demuestran acaso que es vano razonar como si lo social evolucionara hacia una cierta homogeneidad o hacia una estructura de clases “corriente”? Más recientemente aún, el recurso a la noción de “dependencia” constituye una manera de descifrar los límites de la consistencia de lo social. Como bien lo ha observado Alain Touraine,2 esta noción conduce a resaltar las desarticulaciones que están presentes en lo social. Desarticulación de las relaciones sociales: las relaciones de producción y las formas de dominación social permanecen aún ampliamente disociadas. Desarticulación del tejido social: la heterogeneidad no es un fenómeno pasajero. Desarticulación de los movimientos sociales: estos últimos se encuentran comprometidos en lógicas de clases, de construcción nacional, de modernización, que coexisten sin confundirse. El problema, sin embargo, no reside de manera exclusiva en el fraccionamiento ni en la heterogeneidad. Las fronteras mismas de lo social son precarias. Las representaciones de lo social se acompañan de la angustia de la irrupción de un “exterior” que no se prestaría a un proceso de socialización. Este era el sentido del tema de la “barbarie”. Es cierto que el término ya no se utiliza, pero no es menos cierto que haya desaparecido la preocupación que recubría: la idea de que una carencia o un exceso es consustancial a lo social, que por tal motivo quedaría privado de un principio de unidad interna.

*** No debe causar mucha sorpresa que el pensamiento latinoamericano, tanto de derecha como de izquierda, de las élites civiles como de las

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Alain Touraine, Les sociétés dépendantes, París, Duculot, 1976. (Existe edición en español: Las sociedades dependientes, México, Siglo XXI, 1978. N. del T.).

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Introducción

militares, haya asignado al Estado una función esencial en la construcción de la sociedad, sobre todo en este siglo. Al hacerlo no se limitaba a constatar que el Estado estuviera llamado a convertirse en un agente central del desarrollo económico en los países de desarrollo tardío. Gerschenkron lo había observado ya para los países europeos de la segunda ola de industrialización. A fortiori esta constatación debería ser válida para los países de despegue aún más tardío. La intervención del Estado latinoamericano en la economía no comienza en 1930: es ya perceptible en la fase que sigue a la Independencia; está presente cuando se produce, por medio de las exportaciones, la nueva inserción en el comercio internacional, aunque la ideología oficial sea la del laisser-faire. En el momento del cambio de siglo, basta con reorientar el proteccionismo para ponerlo al servicio de la industrialización. La crisis de 1929 contribuye solamente a que el intervencionismo se convierta en doctrina oficial y en ideología. Y hay que esperar hasta los años setenta para que se ponga en cuestión en todas partes. Por lo demás, Alain Touraine tiene razón cuando recuerda que es vano razonar como si el modo de desarrollo se dedujera de la estructura de clases: el capitalismo latinoamericano no es el capitalismo inglés.3 El pensamiento político latinoamericano ha considerado con más frecuencia, como labor propia del Estado, la tarea de conformación de lo social. En el Brasil, desde 1910-1930, algunas élites intelectuales se propusieron delimitar los contornos de un Estado autoritario que estuviera en capacidad de forjar una nación y un pueblo. La “ideología de Estado” que elaboraron no sólo sirvió para justificar poco después la construcción getulista y en especial el Estado Novo, sino que impregnó durante mucho tiempo la visión de los militares y de la izquierda. El nacionalismo brasileño del período 1953-1964 lleva aún su impronta. En México, el mito revolucionario permitió que la reverencia prosaica respecto al Estado conservara el valor de una afirmación nacionalista. No en todos los países latinoamericanos, ciertamente, encontramos que el Estado ocupe una posición de preeminencia de este tipo, respecto a la sociedad. Pero no por ello ha dejado de servir de soporte, casi en todas partes, a elaboraciones doctrinales a través de las cuales se proclama la certidumbre de que, a pesar de la inconsistencia de lo

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Ibíd.

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social, la formación de una nación unificada está inscrita en el curso de la historia. La acogida que se ofrece durante el siglo XIX al evolucionismo o al positivismo confirma la voluntad de creer que la unidad, a pesar de todo, está ya presente en el movimiento subterráneo de las sociedades. El marxismo o las ideologías de la liberación, laicas o religiosas, se inscriben, con otros lenguajes, en la misma tendencia. América Latina es igualmente fecunda en representaciones “holísticas” a través de las cuales se afirma la evidencia de una unidad más fuerte que todas las divisiones. El positivismo representa también un buen ejemplo en este aspecto, pero existen muchos otros, desde las sucesivas doctrinas de la Iglesia hasta el populismo, desde las representaciones organicistas hasta los entusiasmos corporativistas. Estas representaciones expresan la necesidad recurrente de inventar imágenes de la unidad que sirvan para desmentir la experiencia vivida de la fragmentación. ¿Se trata solamente de garantizar así una representación de la unidad de lo social? También está comprometida, al mismo tiempo, la intención de favorecer la unificación del propio Estado, ya que las desarticulaciones de la sociedad se manifiestan en el seno del aparato estatal. Los nuevos intereses que van apareciendo hacen irrupción en el Estado y se suman a los ya existentes. Poderes locales y poderes centrales se apoyan entre sí. El Estado se ve obligado a compartir con grupos sociales particulares el ejercicio de la violencia. Entre lo privado y lo público se presentan interferencias. A cada momento es necesario por consiguiente restaurar la cohesión del Estado. No hay golpe de Estado que no pretenda hacerlo. La crítica del liberalismo político, muy difundida entre las corrientes políticas más opuestas, no se puede comprender sólo por el descrédito que pesa sobre el liberalismo oligárquico del siglo XIX, ya que se refiere sobre todo a la permanencia del interrogante sobre lo social; pero expresa, también, la búsqueda ininterrumpida de la construcción del Estado.

*** Si los años 1930-1940 tienen para toda América el significado de una ruptura, no es porque el intervencionismo económico haya hecho irrupción de manera repentina. La Segunda Guerra Mundial tiene a este respecto consecuencias mucho más importantes. El intervencionismo social es el que adquiere, a los ojos de las élites estatales, un carácter de urgencia. 19

Introducción

No es una casualidad que en Brasil, México y en otras partes, la legislación social haya llegado a ser el signo por excelencia de la nueva época ya que, en forma inopinada, convierte en principio la regulación de lo social por el Estado. En un primer momento esta regulación significa, sobre todo, poner bajo tutela las organizaciones populares implicadas; no obstante, en filigrana, prefigura el reconocimiento de nuevos “derechosacreencias”4 y la posibilidad de una ciudadanía ampliada, social y política al mismo tiempo. Esta posibilidad se hace aún más concreta en los períodos populistas en los que el Estado reinterpreta en este sentido la legislación social. Es en ese momento que va a adquirir el alcance de pacto social de nuevo tipo. Paradójicamente, las organizaciones populares toman a menudo la iniciativa de descifrar las medidas sociales adoptadas desde arriba como si tuvieran esta significación. La evolución de la línea de los partidos comunistas a finales de 1935 tiene mucho que ver en ello, ya que contribuye efectivamente a que una política adoptada con otros objetivos llegue a ser considerada poco a poco como soporte de una alianza de las clases progresistas. Las resistencias de las clases dominantes frente al intervencionismo social del Estado permiten sustentar muy fácilmente esta interpretación. De allí resulta que las organizaciones populares dan a menudo la sensación de que otorgan su aval al intervencionismo social como si, por su mediación, tuvieran la posibilidad de acceder a una plena ciudadanía y llegar a convertirse en el actor político que, mucho más que los demás, encarna la defensa de los intereses nacionales y la modernización económico-social. La legislación social sigue siendo sin embargo, y sobre todo, el medio por el cual el Estado latinoamericano se consolida y logra reivindicar para sí la tarea de la construcción de la unidad de la sociedad.

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Sobre esta noción cf. Luc Ferry y Alain Renaut, Philosophie politique, París, PUF, 1985, t. III. (Existe edición en español: Filosofía política. De los derechos del hombre a la idea republicana, FCE, México, 1991, t. III. Para mayor precisión hemos optado por la traducción como “derechos-acreencias” y no “derechos de crédito”, como aparece en la versión en español. N. del T.).

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*** La regulación de lo social por el Estado, tal como se comienza a presentar a partir de 1930 en América Latina, se inscribe en un proceso de institución de la sociedad muy diferente del que se presenta en la democracia liberal. Y conduce a que el orden y la violencia sean promovidos al rango de categorías centrales de lo político. La institución democrática –Claude Lefort lo ha mostrado a lo largo de sus escritos–5 pasa por un doble reconocimiento: de la división de lo social, y del poder como lugar separado e inapropiable por un individuo o un grupo particular. Se impide así que la representación de la unidad de lo social revista un carácter distinto a simbólico o imaginario: la democracia se detiene en el momento en que dicha representación pretende tener estatuto de real. La intervención en lo social por parte del Estado latinoamericano opera sobre la base de presupuestos muy diferentes. No se produce con referencia a conflictos que pudieran ser considerados como legítimos. Se hace a nombre de la desorganización de lo social, por una parte, y de la complementariedad del “trabajo” y del “capital”, por la otra. El poder, por su lado, se presta muy poco para representar una instancia simbólica: los grupos y los partidos políticos no hacen esfuerzo alguno para disimular sus pretensiones de apropiárselo o de repartírselo, y de servirse de él como de un instrumento. El Estado no desconoce lo simbólico, pero pretende ser su señor y dueño. Esta es la condición para que termine proclamándose como el instaurador de la sociedad-nación. Los sociólogos, por su parte, tienden a menudo a asumir como propio el lenguaje político del propio Estado, incluso cuando se rebelan contra él. Cuando suponen que un período de “incorporación” de las clases populares ha precedido al período reciente de “exclusión”, no subestiman solamente las continuidades subyacentes; dejan entrever que la sociedad podría “realmente” ser unificada bajo la égida del Estado. Este “realismo” conduce directamente a la ideología y, como se sabe, tanto los gobernantes

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Cf. en particular Claude Lefort, L’Invention démocratique, París, Fayard, 1981. (Existe edición en español: La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990. N. del T.).

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Introducción

como los intelectuales han estado en muchas ocasiones persuadidos de que la ideología es el resorte de la acción política. Que el orden y la violencia estén destinados a convertirse en categorías centrales de lo político se inscribe como una consecuencia de estas premisas. La invocación del orden toma el lugar de la imposible institución simbólica de lo social. Para el Estado es el medio de mostrar su imperio sobre lo social; para los ideólogos es la manera de probar que la sociedad puede ser reconstruida racionalmente. En los años 1936-1960, el Estado pone en escena el orden en la mira de lograr una hiper-institucionalización de una parte de las relaciones sociales, aquellas en que están implicados, por ejemplo, los trabajadores de los servicios públicos y eventualmente los del sector industrial. No es una casualidad que, en Brasil y México, el mantenimiento de la “ideología de Estado” descanse sobre el estricto control de las organizaciones sindicales: en el primer caso por medio de una legislación corporativista consolidada durante el Estado Novo y aplicada luego, incluso durante la fase democrática; en el segundo caso, por medio del control del reclutamiento de los líderes y la total supresión de la autonomía de funcionamiento. Los ideólogos, por su parte, insisten en apelar a “proyectos” de sociedad como precondiciones para el cambio. De lado y lado, el orden configura un imaginario creado por la persistencia de la duda sobre la capacidad de auto-organización de la sociedad. La violencia, por su parte, no es el reverso del orden. No hay duda de que es una modalidad concreta de acción del Estado o de los diversos grupos sociales; pero expresa también, de manera más general, la concepción de lo social que alimenta la referencia al orden. La violencia remite, ante todo, a aquello que, en lo social, aparece en cada momento constituido como “exterior”. La antigua figura de la “barbarie” o de lo inasimilable subsiste todavía. Otros “exteriores” se forman a medida que progresa la regulación estatal o la política de “incorporación”: en los años treinta, se puede considerar que ciertas franjas del campesinado están instaladas en ese ámbito; en 1944-1946, le corresponde en muchos países a una parte de la población urbana, aquella que los populismos designan como “excluida”, “descamisados” o “descalzos”; más tarde se produce el descubrimiento de la “marginalidad” y, probablemente desde 1981-1982, la de las zonas de descomposición social. En estas diversas coyunturas, la violencia está en relación con 22

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lo que se considera como una frontera de la socialización e impide la “realización” de la unidad de lo social. La violencia tiene relación, por otra parte, con la sobrepolitización de los actores sociales. La posición que ocupa el Estado después de 1930 significa que, ahora más que antes, los actores irrumpen por vía política en función de las presiones o de la influencia que ellos puedan ejercer sobre el poder; y que dependen de la apelación a recursos propiamente políticos, entre los cuales se encuentra la puesta en cuestión de la legitimidad del régimen. Los intereses sociales desaparecen en muchas circunstancias tras las estrategias destinadas a preservar el acceso al Estado. Las divisiones políticas toman a menudo el aspecto de una fluctuante separación amigo-enemigo que convierte la violencia potencial o real en esencia de lo político. La violencia está en relación finalmente con la forma que asumen los enfrentamientos sociales. La relativa institucionalización de los actores sociales tiene como contrapartida la carencia radical de institucionalización de numerosos conflictos que pasan a través de lo social y que no tienen expresión política. Ocurre algo similar con la mayoría de los conflictos rurales, y con múltiples conflictos urbanos condenados a permanecer como confrontaciones atomizadas. A los antagonismos políticos sin relación con las divisiones sociales responden los antagonismos sociales desprovistos de acceso a la esfera política. El orden y la violencia se combinan, pues, íntimamente, tanto en los hechos como en las representaciones. La movilización política se encuentra atrapada permanentemente en una situación de crisis; la movilización social, en una situación de desarticulación. El Estado quiere forjar la unidad de lo social, pero, a través de la crisis y de la desarticulación, se da cuenta de que lo social escapa a su control.

*** Esta obra se refiere a un país, Colombia, que durante mucho tiempo sólo ha merecido menciones discretas en los estudios comparados sobre las estructuras políticas latinoamericanas. La insuficiencia de los datos históricos pudo tener en otra época una parte de la responsabilidad en este olvido. Pero este argumento pierde su valor desde el momento en que se comienzan a multiplicar las

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Introducción

investigaciones históricas o sociológicas de calidad. Hay motivos para pensar que la razón estriba sobre todo en las dificultades que presenta un “caso” que no encaja en las construcciones teóricas que han hecho furor. Colombia es uno de los pocos países de América Latina en que el régimen político ha conservado de manera casi permanente, durante este siglo, el carácter de una democracia civil. Y es también el país en que la violencia está más explícitamente presente, tanto en las relaciones sociales y políticas, como en su representación. Sabemos que la democracia civil conoce una interrupción entre 1953 y 1958, primero, con la llegada al poder del general Rojas Pinilla, y luego, durante el interregno de una junta militar. No obstante la supremacía de las élites civiles se ve poco comprometida y el descrédito que cubre este período hace posible la elaboración, inmediatamente después, de un pacto que les garantiza el control del poder. El acuerdo, conocido con el nombre de Frente Nacional, preveía el reparto de las funciones gubernamentales y administrativas por partes iguales entre los dos partidos tradicionales durante un período de dieciséis años; no sólo fue aplicado efectivamente hasta 1974, sino que sigue vigente todavía con algunas flexibilidades. Es indiscutible que los militares han aumentado en el último decenio su influencia en los procesos de decisión, y han intervenido para hacer adoptar numerosos dispositivos de excepción. Comprometidos como están desde hace treinta y cinco años en la lucha contra las guerrillas, es asombroso, sin embargo, que no hayan dado el “paso decisivo”, mientras los ejércitos vecinos lo han hecho sin disponer de tan buen pretexto. La democracia civil colombiana no está obviamente al abrigo de toda sospecha. Lejos está de ofrecer de manera plena a los electores una libertad de elección: sistemas de dominación tradicional, “clientelismo” tradicional o moderno, coacción física y fraude, se han combinado y lo siguen haciendo aún en ciertas regiones, para limitarla. Los dos partidos nunca han estado dispuestos a reconocer verdaderamente la regla de la alternación: los cambios de hegemonía se han acompañado siempre de convulsiones más o menos profundas, o bien, han hecho necesarios acuerdos como el del Frente Nacional; tampoco se han mostrado nunca muy solícitos para reconocer los derechos de los otros partidos: el acuerdo constitucional que regulaba el Frente Nacional los dejaba de lado pura y simplemente. El funcionamiento “normal” de las instituciones ha sido la excepción más que la regla: desde 1948, el “estado de sitio” ha regido 24

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durante la mayor parte del tiempo. La abstención ha alcanzado en el curso de las últimas décadas porcentajes –más del 50% por lo general– que ponen en entredicho el significado de las elecciones. Esta enumeración –incompleta– permite apreciar las múltiples restricciones que se imponen al principio democrático. ¿Sería necesario, en tales condiciones, dar crédito a los comentaristas que consideran que la democracia civil colombiana no es más que una falsa apariencia? Una afirmación de esta naturaleza supone considerar sin importancia otros aspectos. El funcionamiento del parlamento y del sistema judicial puede presentar muchos vicios; pero al menos ha conservado casi siempre una cierta autonomía con respecto al Ejecutivo. La gran prensa ha servido para expresar los puntos de vista de los notables y no ha estado comprometida necesariamente en favor de las libertades; pero ha podido disponer por lo menos, salvo durante los años 1949-1957 en que estuvo sometida a censura, de un poder propio. Las diversas oposiciones de izquierda han sido reprimidas, a menudo con dureza, y han tenido que adaptarse durante dieciséis años al monopolio electoral de los dos partidos tradicionales; pero al menos han podido crear partidos legales y mantener un sindicalismo independiente. Dicha afirmación supone sobre todo que se tenga por insignificante el hecho de que, desde 1910 y a pesar de diversas interrupciones o tendencias contrarias, el poder y la sociedad han tomado como punto de referencia el ideal democrático hasta el punto de que el carácter conflictivo de lo social nunca ha podido ser negado. La permanencia de la violencia social y política demuestra plenamente la intensidad de las divisiones sociales y políticas. El término Violencia, como se sabe, ha servido de nombre propio para designar esa especie de guerra civil (en realidad una mezcla de fenómenos muy heterogéneos), que produjo 200.000 muertos durante los años 1946-1965. Este episodio se inscribe en realidad en una trama mucho más amplia. La violencia parecería ser la prolongación indefinida de las guerras civiles del siglo XIX; y ha seguido desempeñando un papel central después de 1965. No hay elección en que no se evoque el riesgo de que se generalice de nuevo. Una gran parte de los conflictos sociales, rurales o urbanos, se desarrollan bajo su signo. Los raptos, secuestros o asesinatos perpetrados a nombre, o no, de razones socio-políticas, han alcanzado en ciertas coyunturas una frecuencia entre las más elevadas del mundo. Colombia es, por añadidura, el único país de América Latina en que la guerrilla

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ha sido un fenómeno ininterrumpido desde 1948, y que ha conocido, a comienzos de esta década, una ola de expansión. ¿Es una coincidencia fortuita que la violencia alcance tal notoriedad en un país andino donde la democracia civil restringida ha sobrevivido a innumerables crisis? El propósito de esta obra es demostrar que esto no es así. La violencia es consustancial al ejercicio de una democracia que, en lugar de tomar como referencia la homogeneidad de los ciudadanos, descansa sobre la conservación de sus diferencias “naturales”, sobre adhesiones colectivas y redes privadas de dominación social; y que no aspira a institucionalizar las relaciones de fuerza que irrigan la sociedad, ya que hace de ellas el resorte de su continuidad.

*** En los escasos análisis políticos comparados en que se menciona a Colombia, suele ocurrir que la longevidad de la democracia civil, y la recurrencia de la violencia, se atribuyen al poderío excepcional de la oligarquía. En un libro clásico,6 Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto destacan la permanencia de un “pacto oligárquico”, variable en su expresión política, constante por el control que ejerce sobre las masas. En una no menos famosa historia de América latina, Tulio Halperin Donghi estima, igualmente, que en Colombia, la “república oligárquica”, intacta todavía en 1930, logra perpetuarse a través de diversos reacomodos en el curso de los años siguientes.7 El término “oligarquía” no deja de ser ambiguo. Si se refiere a la concentración del poder económico, hay que recordar que en Colombia en 1930 éste es indudablemente menor que en los países latinoamericanos en que el desarrollo hacia el exterior es más antiguo e intenso. Si designa la fusión del poder económico y del poder político, su empleo, si bien permite aclarar el significativo papel de algunas grandes familias en ambos planos, conduce a ignorar la inmensa autonomía de la escena política,

6

Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina, México, Siglo XXI, 1969.

7

Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, 2.ª ed., Madrid, Alianza Editorial, 1974.

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que es lo único que hace posible entender las pasiones partidistas. Si remite, finalmente, a la simple monopolización del poder político, con su utilización se corre el riesgo de subestimar la enorme influencia de un personal intermediario que se renueva a menudo rápidamente. Las relaciones entre democracia restringida y violencia sólo se pueden aclarar, en nuestra opinión, por otras vías. Es conveniente analizar, en primer lugar, las razones por las cuales nunca se reconoce al Estado como agente legítimo de unificación de la sociedad. Es necesario mostrar, en segundo lugar, por qué el intervencionismo social se interrumpe bruscamente. Es importante considerar, finalmente, las implicaciones de la preeminencia de la sociedad civil en un país de estructuras sociales tan heterogéneas.

*** El Estado colombiano, en efecto, no ocupa de manera alguna la posición de preeminencia que hemos mencionado en el caso de otros países, ni inmediatamente después de la crisis de 1930, ni incluso en un período más cercano. Difícilmente llega a ser un agente político de constitución de la nación. Interviene ciertamente en la economía, pero lo hace mucho menos que en otros países del subcontinente y enfrentándose a las reticencias de las élites económicas. No sirve de soporte a una “ideología de Estado” que sigue siendo ajena para la mayoría de los gobernantes y de los intelectuales. Por el contrario, parece estar atrapado permanentemente en las tormentas de una sociedad civil que se hace sentir, arrastrado por sus divisiones, sometido a sus exigencias. Proponemos a este respecto dos explicaciones, la una económica y la otra política. Las élites económicas colombianas lograron imponer una ideología liberal de desarrollo y limitar efectivamente los márgenes de acción propios del Estado. Su éxito obedece no tanto a la originalidad de sus ideas o al poder que poseen en 1930, como a la conciencia clara de sus intereses a corto plazo en la fase de la depresión mundial. La organización de la economía colombiana del café y las conexiones estrechas entre la burguesía del café y la burguesía industrial antioqueña contribuyen a la definición de estos intereses. Mucho más importante es, sin embargo, el hecho de que las élites económicas colombianas se benefician directamente de las medidas adoptadas en un momento dado por el gobierno

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brasileño. Su liberalismo económico no era más que una manera de obtener el mayor provecho posible de dichas medidas. El resultado supera la simple adaptación a la coyuntura. La burguesía del café refuerza su influencia y se convierte en el grupo de referencia para los otros sectores económicos. De esta manera se organiza, además de un estilo de desarrollo, el contexto que va a permitir a las élites económicas proclamar que existe una sociedad civil que nada debe al Estado. La sociedad está, por lo demás, constituida primordialmente como sociedad política, antes de cualquier proceso de institución reconocido como tal. La separación entre los partidos tradicionales está presente, en efecto, de un extremo al otro, y no deja por fuera residuo alguno. Querer dar cuenta de esta división como si fuera la expresión de los “programas” sociales o económicos de grupos sociales con intereses opuestos adolece de un craso error de perspectiva: es imponer un esquema de lectura moderna a un fenómeno que constituye la manifestación de una sociedad tradicional. Por lo demás, las políticas efectivamente puestas en práctica por cada uno de los partidos cuando les ha correspondido detentar el poder no son tan diferentes y, desde 1930, estos últimos han participado durante 38 años en gobiernos de coalición. Muy distinto es el alcance de la división en el seno de la sociedad. Durante el siglo XIX, en un país en el que predominaba una población mestiza libre y donde la gran hacienda se había logrado implantar con dificultad, los dos partidos habían llegado a ser el principal medio de sometimiento de las diversas categorías populares. Por lo demás, la adhesión a los dos partidos “tradicionales” se ha fundado sólo excepcionalmente en preferencias personales: descansa, al menos en las zonas rurales, en una memoria familiar y local que proviene del siglo XIX, que se consolida geográficamente desde entonces. Las guerras civiles facilitan su transformación en subculturas. Los partidos presiden la formación de dos sistemas de pertenencia y de identidad colectivas; generan dos concepciones incompatibles del orden social: en un caso, éste sólo se puede fundar sobre principios trascendentes, y lo político es inseparable de lo religioso, en el otro, el orden social sólo puede surgir de la voluntad popular; encierran al individuo en un vínculo a la vez prepolítico y político y de esta manera garantizan una legitimidad de tipo tradicional para las élites civiles; en contrapartida, privan al Estado de la posibilidad de afirmarse como garante de la unidad simbólica de la sociedad: la división que los partidos perpetúan es compatible con

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arreglos gubernamentales e impide la formación de una imagen de un cuerpo social unificado. Estilo liberal de desarrollo, arraigo de lo político en lo prepolítico, precariedad del Estado: sobre estas bases se afirma la democracia colombiana. Una democracia que, más que restringida, es fundamentalmente tradicional; que revalida las formas de dominación constituidas en el siglo XIX; y que, a manera de división social, sólo admite la separación partidista, a la que confiere el estatuto de ruptura insuperable.

*** Colombia no escapa, sin embargo, a ciertas transformaciones que se producen un poco en el resto de América Latina. La regulación de lo social por el Estado está aquí igualmente a la orden del día desde 1930. Interpretar su significación en el contexto colombiano, describir sus repercusiones sobre la organización de los sectores populares, es también la aspiración de este trabajo. La regulación de lo social “desde arriba” busca sin duda reforzar la autoridad del Estado y crear una nueva imagen de la cohesión nacional. Creemos que tiene, sobre todo, el efecto de proporcionar una nueva base, de aspecto moderno, a la separación partidista tradicional y producir una desarticulación duradera de las lógicas de acción de los sectores populares. El intervencionismo social tropieza con la oposición decidida del conjunto de las élites económicas. Una legislación social de envergadura sólo se produce, por lo demás, en 1944. Aún en esta fecha, el intervencionismo no se inscribe en la óptica de otorgar a los “excluidos” una ciudadanía social; sirve, sobre todo, para vol ver a congregar bajo la divisa de los partidos tradicionales a las fracciones populares urbanas susceptibles de emanciparse; ofrece también la ocasión para un aggiornamento doctrinal, ataviándose con los colores del New Deal entre los liberales, del neocorporativismo entre los conservadores. El intervencionismo no genera, pues, una representación de la unidad de lo social, sino que refuerza la vieja separación revistiéndola de una apariencia moderna. En el intervencionismo social de los años 1930-1945, los comentaristas actuales se dedican a menudo a resaltar el mecanismo sutil de una reducción de los salarios. Nos parece más importante destacar la

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segmentación que instaura en el seno de las clases populares urbanas. En Colombia se trata, más directamente aún, de una desarticulación de las formas de acción. Confrontados con la resistencia de la burguesía y con la precariedad del Estado, los sindicatos y el Partido Comunista asumen por su cuenta la defensa de los intereses nacionales sin percatarse de que, al hacerlo, caen sin proponérselo en un híper-conformismo cívico, y de que participan en la revalorización de los partidos tradicionales; menos conscientes son aún del hecho de que se aíslan progresivamente de la movilización popular. Cuando ésta última se transforma súbitamente entre 1944-1945 en un vasto rumor populista, ellos mismos terminan por ver allí, a fuerza de hablar como si ocuparan el lugar del poder, la amenaza de un desencadenamiento de la barbarie. Convertidos en fuerzas políticas, contribuyen al desconocimiento de lo social. El destino de la ola populista, que se asocia con el nombre de Gaitán, demuestra por lo demás que la división partidista constituye un obstáculo contra todos aquellos movimientos sociales que aspiren a convocar a la nación en torno de un Estado-árbitro. Antes incluso del asesinato del líder, el movimiento se ve obligado, a su vez, a reinscribirse en la división tradicional y a dejar de convocar al pueblo en su conjunto. El intervencionismo social no es el único en cambiar bruscamente de rumbo: le ocurre lo mismo al populismo y a todos los movimientos que pretenden unificar el cuerpo social. La cuestión del orden político y de la conformación de lo social no pierde sin embargo su urgencia. La violencia, es cierto, representa una respuesta.

*** La violencia colombiana se puede analizar como un fenómeno puramente factual. Conocemos el número de víctimas después de 1946. Podemos también enumerar el número de confrontaciones sangrientas entre 1930 y 1946. No es difícil tampoco elaborar una lista de los factores que están en juego con mayor frecuencia: los antagonismos partidistas, los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra o la apropiación del excedente, el avance de la colonización, la incapacidad del Estado para dotarse de los medios para ejercer su autoridad sobre una gran parte de los territorios. No dejaremos de hacer referencia a estos elementos a lo largo de los capítulos.

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Si se tratara solamente de eso, el término “violencia” podría sin embargo no ser el más apropiado: ¿por qué no utilizar más bien “enfrentamiento” o “represión”? Hemos esbozado más arriba un comienzo de explicación al inscribir la problemática de la violencia en una reflexión acerca de la constitución de lo social. En el caso colombiano, la referencia a la violencia es completamente indisociable del desciframiento de lo político y de lo social, por parte de los actores, pero también por parte del sociólogo. ¿Por qué razón un tipo de democracia que perdura desde hace casi un siglo confiere a la violencia una importancia tan grande? El problema no puede encontrar una respuesta puramente empírica. Tiene que ver con el modo de institución de lo social; procede sobre todo de la posibilidad de su no-institución parcial. A propósito del reciente terrorismo en Italia y en Alemania, algunos estudios han señalado que éste es sobre todo el producto de la democracia moderna.8 Al hacer del principio de la mayoría una ley sin apelación posible, la democracia no deja un espacio para el derecho a la resistencia; al reclamarse la voluntad del pueblo, invita a levantarse contra lo que le sirve de fundamento. El terrorismo extrae su razón de ser de las condiciones creadas por la misma democracia. La violencia colombiana no se puede comprender evidentemente en el marco de una perspectiva semejante. Se produce en el seno de una democracia que tiene por fundamento una división de la que ella misma no puede dar cuenta. Todos los sistemas democráticos se organizan sin lugar a dudas en torno también de divisiones territoriales y culturales, como Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan9 lo han mostrado hace ya algún tiempo. Afirmar que en Colombia lo social está sometido primordialmente a lo político y lo político está constituido primordialmente como una subcultura tiene un alcance completamente distinto y conduce a admitir que la división tiende a ser insuperable y, en lo fundamental, ampliamente no instituible. Existen ciertamente instituciones que manejan las tensiones y que se apoyan eventualmente en la ley de la mayoría. Sin embargo, en las elecciones todos se ven tentados a sólo reconocer un estado

8

François Furet, Antoine Liniers y Philippe Raynaud, Terrorisme et démocratie, París, Fayard, 1985.

9

Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, Party systems and voter alignments, Nueva York, The Free Press of Glencoe, 1967.

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de hecho, una simple correlación de fuerzas provisional; el fraude que se presenta en ellas es, por lo demás, un ingrediente aceptado. La naturaleza de la división política del cuerpo social significa que la democracia no sirve de manera alguna de mampara contra la relación amigo-enemigo. La violencia no es un subproducto; como expresión de lo no-instituible parece como si tuviera consistencia de real, y la democracia fuera su precaria manifestación. La violencia colombiana no se reduce a lo prepolítico de lo político. Signo de lo no-instituible, pone también al descubierto las fisuras de lo social. Este último, ciertamente, está comprometido con la adscripción política. Sin embargo, en cualquier momento “incidentes” o “acontecimientos anodinos” dejan entrever otra trama que escapa a dicha adscripción. Ante la ausencia de una imagen reconocida de la unidad de lo social, la fragmentación se instala de manera incontrolable: las circunstancias geográficas no son suficientes para explicarla; y las redes locales de dominación, si bien ofrecen canales de participación, reafirman al mismo tiempo un tropismo centrífugo. Las zonas de frontera no se definen solamente por la ocupación incierta del territorio: son también aquellas regiones en las cuales el control político está mal garantizado. La división política organiza identidades colectivas: frente a la imposibilidad de tomar a su cargo las divisiones sociales, se traduce en una ruptura entre la esfera política y la esfera social y contribuye finalmente a que esta última parezca regida a su vez por la pura fuerza. Al hacer de la relación amigo-enemigo el fundamento de lo político, crea las condiciones para que la misma relación invada lo social y circule allí sin barreras. El compromiso democrático no es una modalidad de conformación de lo social. No puede controlar la constitución recurrente de un “exterior” que es expresión de la carencia de cohesión de lo social. La violencia es también su signo. En la Colombia de los años 1930-1953, la violencia subyace a la mezcla de estabilidad y crisis que caracteriza el régimen político, a la mezcla de conflictos y de anomia que caracteriza la sociedad. La hegemonía de las élites civiles nunca ha estado verdaderamente amenazada; menos aún la identificación con los partidos tradicionales. No obstante, incluso antes de 1946, cuando se abre la fase de las grandes turbulencias, el régimen se ve sacudido permanentemente por las crisis; no hay ajuste ni, menos aún, cambio de alguna amplitud, que tenga un resultado distinto. Las crisis permiten recordar que el poder

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nunca ha dispuesto de una verdadera legitimidad y que el conjunto de las instituciones está sometido a las correlaciones de fuerza presentes en la sociedad. La sociedad es el teatro de conflictos permanentes. Las luchas agrarias alcanzan una particular amplitud entre 1925 y 1936, y cuando se desencadena la Violencia de 1949-1953, estarán siempre en el trasfondo. Su forma de manifestación consiste en la creación de las “autodefensas campesinas”, que serán la base de las guerrillas de los treinta años siguientes. Las luchas obreras no tienen la misma intensidad; sin embargo, en coyunturas como la de 1945-1947, llegan a tener repercusiones considerables. La clase obrera colombiana sucumbe a la fascinación de los partidos tradicionales; pero nunca logra ser neutralizada por el Estado. Las luchas políticas, por su parte, son a menudo explosivas y desembocan en una cuasi-guerra civil. No obstante la multiplicidad de las confrontaciones no significa el surgimiento de poderosos actores sociales, ni de movimientos sociales duraderos. Con frecuencia se atomizan, permanecen prisioneras del municipio o del departamento, se degradan en estrategias individuales, se reducen a la defensa comunitaria, se dejan reabsorber por las redes políticas tradicionales. Con sus excesos y su desorganización, su anclaje en “el exterior” de lo social y su inserción en la política oficial, develan la dimensión de anomia que recorre lo social. La violencia es, pues, a la vez, representación y modalidad concreta de las relaciones sociales y políticas. Preside la producción del acontecimiento y es su expresión. Que la violencia tiene también una relación muy estrecha con la democracia restringida lo demuestra, en primer lugar, el hecho de que una y otra remiten a una misma memoria histórica. Pero hay muchos otras formas de sustentarlo. La violencia participa del aspecto tradicional de la democracia restringida: es creadora del vínculo colectivo que permite consolidar las adhesiones preestablecidas sobre las cuales se apoya el régimen. La violencia participa al mismo tiempo del aspecto moderno de esta democracia: favorece a su manera la presencia de las clases populares y, por la vía de la anomia, abre el espacio al individualismo. La democracia restringida genera permanentemente un “exterior”: la violencia es su expresión pero es también el medio para su control. La democracia restringida supone la confusión de los límites entre la exclusión y la inclusión, entre la dominación y el consentimiento, entre la revuelta y la adhesión: la violencia es la que hace posible esta confusión.

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La imagen de un orden formado desde arriba nunca se logra imponer en Colombia. La violencia expresa la complementariedad entre el orden y el desorden sólo en la medida en que la sociedad y sus tensiones se despliegan sin que el Estado tenga la capacidad de controlarlas.

*** Hemos optado por una exposición predominantemente diacrónica. Hemos querido, igualmente, dejar que aflore la trama de los acontecimientos. Como sociólogos que somos corremos el riesgo de caer en la ingenuidad al aventurarnos en la construcción de una serie de elementos que tienden a tomar la forma del relato.10 Sin embargo, hemos tenido algunas razones para dar tanta importancia al acontecimiento. Hemos querido otorgar, en efecto, a las representaciones de lo político el papel que les corresponde en la manera como los actores sociales hacen y descifran su historia. Como el acontecimiento pertenece al campo de la representación sólo se construye gracias a una atribución de sentido que opera en el marco de una previa definición de lo político. En el desarrollo del relato encontraremos muchos de estos acontecimientos, como el 1o de mayo de 1936 o la huelga del Río Magdalena en 1945, que dan lugar a esa sobrecarga de sentido en la que Marx creía ver la “ilusión política”.11 Pero el acontecimiento también se sustrae a veces repentinamente a la construcción del sentido, y anula las representaciones. Se convierte entonces en ese “acontecimiento anodino” que hace imposible creer que existe aún un “punto fijo” a partir del cual podría ser posible aprehender lo social.12 Considerar la violencia como una categoría central de lo político conduce, en nuestra opinión, a restituir la dignidad al acontecimiento. Y es gracias al acontecimiento que se hace posible la oscilación

10

El autor utiliza la expresión mise en intrigue, intraducible literalmente al español, pero que remite a una noción elaborada por Paul Ricoeur, Temps et récits, París, Seuil, 1984. (Cf. Infra, cap. V. N. del T.).

11

Sobre el tema de la “ilusión política”, Cf. François Furet, Penser la Révolution Française, París, Gallimard, 1978. (Existe edición en español: Pensar la Revolución Francesa, Barcelona, Pretelt, 1980. N. del T.).

12

Cf. Yves Michaud, Violence et politique, París, Gallimard, 1977, p. 97.

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entre la proliferación de las representaciones y su anulación, oscilación que es la marca distintiva de la violencia. Hemos tomado también otra decisión. Para dar cuenta de la conformación de lo social, hubiéramos podido privilegiar el espacio político rural. Tendremos oportunidad de constatar efectivamente que en muchas ocasiones, y en especial durante la Violencia, la escena política se desplaza hacia las zonas rurales, incluso si tenemos en cuenta que la urbanización y la industrialización habían llegado a ser fenómenos de gran magnitud. Por lo demás, hemos tratado de dar toda la importancia a la evolución rural y a las luchas agrarias. No obstante, hemos resuelto privilegiar el espacio político “urbano”. Tenemos diversas razones para preferir esta vía. Queremos analizar cómo la democracia restringida se logra adaptar a los problemas planteados por la consolidación de nuevos sectores populares y medios. Pretendemos mostrar cómo el esquema de la separación partidista interfiere con la lógica del intervencionismo social. Aspiramos a describir cómo la referencia a la modernidad es reabsorbida en la concepción tradicional de lo político. Buscamos, finalmente, proceder de tal manera que nuestro trabajo tenga implícitamente un alcance comparativo y para ello era necesario colocarnos sobre el terreno que ha sido privilegiado generalmente por las investigaciones sobre las transformaciones políticas de los demás países de América latina en la misma época. De esta manera se explica que hayamos elaborado nuestro estudio sobre todo en torno a tres temáticas que se combinan en los diversos capítulos. La primera, que se refiere a los modos de intervención económicos y políticos de las diversas élites, nos permite hacer un seguimiento de las características que asumen las relaciones entre el Estado y la sociedad. La segunda, que se refiere a la evolución del sindicalismo como fuerza política, nos aclara la significación del intervencionismo social, y no se puede separar de los intentos por inventar una nueva representación de la unidad de lo social. La tercera, que se refiere a los avatares sucesivos de la división partidista, nos hace posible precisar el punto de partida del surgimiento de la violencia, en lo político y en lo social. Las dos fechas que marcan los límites de nuestro análisis son obviamente arbitrarias. 1930 es ciertamente un punto de referencia cómodo, puesto que es un año en que coinciden la crisis mundial y el advenimiento del Partido Liberal al poder. 1953 no corresponde, en 35

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cambio, a ruptura alguna. Como ya lo hemos dicho, el acceso de un militar al poder no interrumpe la supremacía de las élites civiles. Sin embargo, hay que reconocer que estos veintitrés años, que comienzan con el sueño de una modernización rápida y terminan con la Violencia, constituyen el fundamento de la memoria individual de los colombianos y de las fórmulas políticas que han sido ensayadas posteriormente. Una última observación. Esperamos que la problemática que hemos desarrollado pueda tener eventualmente alguna pertinencia para países vecinos. La literatura sociológica latinoamericana ha estado inclinada a menudo, durante la fase reciente y por motivos fácilmente comprensibles, a considerar que el Estado –o el poder militar– imponen su orden a la sociedad hasta el punto de privar a ésta de toda forma de expresión propia; y le han atribuido, además, como cosa evidente, el monopolio de la violencia. Esta actitud es probablemente una manera de subestimar los conflictos y la violencia que se generan en el seno de la sociedad misma. Desde hace tres o cuatro años, la investigación sociológica ha redescubierto la sociedad civil y, con ella, la cuestión de la democracia. Hay buenos motivos para alegrarse por ello. Pero la coyuntura actual no se presta solamente para el optimismo, ya que se presenta también como el espectáculo de la descomposición del tejido social que se produce, ante nuestros ojos, como consecuencia de lo que se designa convencionalmente como la “crisis económica”. La herencia de los regímenes militares tiene sin duda mucho que ver con esta situación. No obstante la viabilidad de los modelos de integración de los años cincuenta también está comprometida. El interrogante sobre lo social amenaza con renacer. Y la violencia con volver, esta vez en el marco de las representaciones democráticas. De “caso excepcional” Colombia podría entonces ser promovida al rango de “caso ejemplar”. En Perú o Bolivia se trata de algo más que de una eventualidad. Ojalá este libro pueda ayudar a interpretar ciertos rasgos de las formas de lo político en el momento actual. D.P. Mayo de 1985

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I

A la espera de la inserción en la economía mundial

Comparada con las oligarquías de Argentina, Brasil o Perú, la oligarquía colombiana presenta todavía en 1920 un aspecto modesto. El Estado central, en proceso de modernización, sigue siendo uno de los más frágiles. La unificación del mercado nacional e, incluso, la del sistema político, no se había logrado consolidar aún. Ningún polo urbano impone verdaderamente su supremacía. La burguesía comercial y financiera, a pesar de sus progresos, se ve obligada a transar con las innumerables oligarquías locales que, gracias al carácter tardío del nacimiento de la economía de exportación, habían contado con las condiciones propicias para afianzar, a través del monopolio de la tierra, su poder político. A la Iglesia Católica se la había confiado desde 1886 un papel central en la salvaguarda del orden social; la influencia del campo había llegado así a ser considerable, en detrimento de la de las ciudades. La última guerra civil, la Guerra de los Mil Días, había arruinado, entre 1899 y 1902, la capacidad de producción nacional y había hecho posible la separación de Panamá; al mismo tiempo había acentuado el fraccionamiento de la nación y confinado las masas en el marco de los dos partidos. La rigidez del régimen, por lo demás, era de tal naturaleza que daba la impresión de que el surgimiento político de nuevos sectores sociales sólo se podría llevar a cabo a través de la renovación de este tipo de guerras. Si se quiere dar cuenta de la organización de las clases dominantes después de 1930 y de su muy asombrosa capacidad hegemónica, es, pues, discutible, suponer la existencia previa de un sistema oligárquico 37

A la espera de la inserción en la economía mundial

estable y unificado. La ausencia de una clase comercial de importancia, con posibilidad de subordinar a las demás clases dominantes, nos parece, por el contrario, un hecho protuberante a todo lo largo del siglo XIX, al igual que la precaria unificación nacional. La multiplicidad de las zonas de desarrollo, la heterogeneidad de las redes de poder y la existencia de un campesinado pequeño y mediano productor de café constituyen el marco en el cual se conforma progresivamente el bloque dominante. No está en nuestros propósitos, ni en nuestra competencia, estudiar en esta obra su génesis detallada. Nos parece indispensable, sin embargo, esbozar en este capítulo preliminar los principales momentos de su proceso de conformación.

La búsqueda de la modernidad Los años 1849-1850 constituyen una ruptura en la historia colombiana posterior a la Independencia. Las instituciones coloniales sólo habían sufrido hasta ese momento transformaciones limitadas: fiscalismo, monopolios, proteccionismo y centralismo, conservaban su vigencia en lo esencial. Pero de un momento a otro estas instituciones son objeto de críticas virulentas procedentes de todas partes: ¿no recae sobre ellas la responsabilidad del estancamiento económico de la Nueva Granada que todos perciben? La miseria es atributo de los pobres pero lo es también de los ricos, que subsisten precariamente; en ese momento sólo hay, si damos fe a Camacho Roldán, una decena de millonarios (medidos en pesos).1 Bogotá se ha quedado a la zaga de las otras capitales sudamericanas y “no puede soportar la comparación con Caracas, Lima, Santiago y Buenos Aires”,2 la “sencillez arcadiana”3 que reinaba allí en 1820 sigue existiendo todavía.

1

Citado en Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914, Bogotá, Tercer Mundo, 1978, t. I, p. 125.

2

Miguel Samper, La miseria en Bogotá, Bogotá, Biblioteca Universitaria de Cultura Colombiana, 1969, p. 8.

3

Frank R. Safford, “Commerce and enterprise in central Colombia, 1821-1870” [tesis de Ph. D., Columbia University], Nueva York, 1965, p. 40.

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No obstante, el interés por desarrollar la industria local no estaba ausente, como lo demuestra la obstinación proteccionista.4 La aristocracia de Bogotá no había retrocedido frente a las empresas comerciales;5 pero carente de recursos, de mercado interno y de dinero, nada había logrado con tales esfuerzos.6 Desde 1842 algunas personalidades habían comenzado a señalar que el porvenir de la economía colombiana no dependía probablemente de su industria sino de su incorporación a la economía mundial. Mariano Ospina Rodríguez, uno de los primeros, había sugerido esta conversión, que debía dar prioridad a la exportación de productos agrícolas o mineros.7 En 1847 el Secretario de Hacienda Florentino González formula más claramente aun la sugerencia: “Debemos ofrecer a Europa las primeras materias y abrir la puerta a sus manufacturas, para facilitar los cambios y el lucro que traen consigo, y para proporcionar al consumidor, a precio cómodo, los productos de la industria fabril”.8 Lo que en ese momento no era más que un interrogante se llegó a convertir en dogma en 1850: el libre cambio constituye la vía hacia la modernidad. En la misma dirección de este cuestionamiento van a aparecer otros. Un poco más adelante, el interés primordial va a consistir en suprimir todo aquello que lleve la marca colonial: centralismo político, ejército, resguardos indígenas, etc. No todos están de acuerdo en la definición de los obstáculos; cuando se trata de las instituciones religiosas o de las libertades políticas, las divergencias no faltan, pero todos comparten, al menos, la preocupación por ver a Colombia tomar su lugar en el concierto comercial internacional. En 1880, treinta años después, llega la hora de hacer un nuevo balance: el fracaso de una modernización que no había logrado la cohesión nacional

4

Cf. Luis Ospina Vásquez, Industria y protección en Colombia 1810-1930, Medellín, E.S.F., 1955. El autor cita un texto del Secretario de Hacienda José Ignacio de Márquez que, en 1831, muestra que la libertad de cambios sólo se podía establecer entre naciones de la misma capacidad productiva. Cf. p. 154.

5

F. R. Safford, “Commerce and enterprise…”, op. cit., p. 51.

6

Ibíd., passim.

7

Cf. L. Ospina Vásquez, op. cit., p. 84.

8

Ibíd., p. 209.

39

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prometida, sino más bien la fragmentación y una mayor rigidez de la estructura social.

Las frustraciones de la burguesía comercial Es un hecho indudable que las exportaciones experimentan, a partir de 1850, un desarrollo notable; no obstante, desde 1866 comienzan a disminuir. Las mejoras pasajeras que se registran en 1874-1875 y luego en 1881-1882 no alcanzan a disimular el estancamiento ni la mediocridad general de los resultados obtenidos: con relación a la población colombiana su producto es limitado. El tabaco constituye de 1850 a 1875 la base del esfuerzo exportador, ya que llega a representar el 80% de las exportaciones,9 pero en 1875 se produce su rápida decadencia que arruina la euforia que había provocado. El añil reviste una importancia pasajera a comienzos de los años setenta; la corteza de quina parece tener la posibilidad de substituir al tabaco a comienzos de los años ochenta pero la ilusión dura poco puesto que, desde 1882, la aparición de los productos sintéticos le pone término. En ese momento la crisis se presenta en toda su amplitud: la política del “libre cambio” había fracasado. La constatación es aun más decepcionante debido a que estos diversos ciclos no habían significado una modificación profunda de la agricultura ni de las relaciones sociales que en ella predominaban. Los métodos de cultivo del índigo eran desastrosos, si damos fe a lo que afirma Camacho Roldán.10 La corteza de quina, obtenida por recolección directa en el árbol, sólo requería el transporte de mano de obra a zonas apartadas, situadas principalmente en el actual departamento del Huila; los indígenas del Tolima suministraban los contingentes más numerosos.11 Sólo el tabaco

9

Se puede consultar principalmente sobre este tema William Paul Mcgreevey, Historia económica de Colombia 1845-1930, Bogotá, Tercer Mundo, 1975, cap. V; John P. Harrison, “The evolution of the colombian tobacco trade, to 1875”, Hispanic American Historical Review, Pittsburgh, vol. XXXIV, núm. 2, mayo de 1952, pp. 172 y ss; Luis Eduardo Nieto Arteta, Economía y cultura en la historia de Colombia, 2.a ed., Medellín, Oveja Negra, 1970, t. II, caps. 17 y 18; L. Ospina Vásquez, op. cit. cap. V.

10

Citado en L. E. Nieto Arteta, Economía y cultura…, op. cit., p. 90.

11

Cf. Ibíd., cap. XVIII y Pierre Gilhodes, La terre et l’homme, París, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1974, pp. 40 y ss.

40

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parecía inscribirse en realidad en la perspectiva de una modernización de envergadura. Con la abolición del monopolio fiscal en que el cultivo del tabaco había estado hasta entonces prisionero, los dirigentes de 1850 tenían la impresión muy marcada de estar llevando a cabo una revolución; como lo ha escrito Luis Eduardo Nieto Arteta, creían estar sentando las bases de lo que sería una “grandiosa transformación de la economía nacional”.12 Los resultados parecieron estar por un momento a la altura de sus expectativas; la región de Ambalema, al lado del río Magdalena, llegó a convertirse en centro económico y las hojas de tabaco que allí se producían lograron imponerse en el mercado de Bremen. El departamento de Santander continuaba dedicado al cultivo del tabaco destinado al consumo interno. Son innumerables los testimonios de entusiasmo. Según Miguel Samper, “en seis años se verificó una labor gigantesca, equivalente por sí sola, para estas comarcas, a la de los tres siglos anteriores” y todas las clases sociales se beneficiaron.13 Como ya lo hemos observado, el boom no duró gran cosa; desde 1866 comienza a presentar signos de agotamiento. El entusiasmo había sido desproporcionado y las potencialidades de la región de Ambalema sobreestimadas. En lo más alto de la ola la superficie cultivada no llegó a superar probablemente las 110,000 ha y la fuerza de trabajo necesaria de 40.000 personas.14 La precariedad del fenómeno se debía también a los métodos de cultivo: exportadores y grandes propietarios ejercían sobre éstos un control lejano, dejaban a los aparceros y sus familias el cuidado de la plantación en lotes de terreno reducidos y les ofrecían precios excesivamente bajos para estimularlos a mantener la calidad de su producción.15 El boom no produjo, pues, nuevas relaciones sociales y la burguesía seguía siendo más sensible a los beneficios comerciales o a la renta de las tierras que a la posibilidad de crear una agricultura “moderna”. Estos factores se sumaron, sin duda, al surgimiento de países

12

Cf. L. E. Nieto Arteta, Economía y cultura…, op. cit., p. 63.

13

Ibíd.

14

Cf. W. P. McGreevey, Historia económica de Colombia…, op. cit., pp. 161 y ss.

15

Cf. J. P. Harrison, op. cit., pp. 163-174.

41

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competidores para precipitar, primero, el estancamiento y, luego, la rápida decadencia. En un ensayo de 1867 sobre la miseria en Bogotá, Miguel Samper expresa el desencanto que produce el espectáculo de una clase dominante más dispuesta a consumir que a crear riquezas.16 Diez años después la desilusión es aun peor: “De 1866 a 1878 constata el Secretario de Hacienda la agricultura nacional, si no ha permanecido estacionaria, tampoco ha tenido el incremento que era de esperarse”.17 Las dificultades de transporte no habían permitido siquiera que la prosperidad momen tánea de Ambalema se propagara hacia los centros urbanos. Nada demuestra mejor, por lo demás, el fracaso de la reorientación hacia el exterior, que el hecho de que Bogotá y las ciudades portuarias aumentaran su población al mismo ritmo que los demás núcleos urbanos, comprendidos allí los centros intermedios. Esta constatación es válida tanto para el período 1851-1870 como para el período 1871-1912.18 Es cierto que el fracaso no había obstaculizado completamente la expansión de la burguesía comercial. En la exportación del tabaco habían estado comprometidas sólo algunas empresas, entre las cuales la más conocida era la del antioqueño Montoya. Pero las importaciones jugaron un papel cada vez mayor, y alimentaron una clientela urbana de bienes de consumo, especialmente textiles; no obstante, su nivel por sí mismo no tenía otra alternativa que estancarse o disminuir, desde el momento en que ningún otro producto de exportación sustituyera a los que ya hemos citado. El punto máximo, en este aspecto, se alcanza en los años 1870-1874; la reducción en los años siguientes es muy severa: en 18901894 el valor de las importaciones por habitante sólo representa la mitad del de 1870-1874 y la crisis será peor aun en los años siguientes.19 Además estas importaciones sólo son financiadas parcialmente por los ingresos de las exportaciones; se observa una tendencia permanente al déficit de la balanza de pagos que, ante la ausencia de entradas de capitales, se traduce

16

M. Samper, op. cit., p. 20.

17

Citado en L. E. Nieto Arteta, Economía y cultura…, op. cit., p. 147.

18

Cf. W.P. McGreevey, Historia económica de Colombia…, op. cit., p. 112.

19

Ibíd., p. 108.

42

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en una salida de oro, abierta o clandestina.20 En unos pocos años, según Darío Bustamante, la mayor parte del oro en circulación desaparece por esta vía, con una rapidez proporcional al hecho de que Colombia, por su parte, se había obstinado en conservar a partir de 1872 la antigua paridad entre el oro y la plata.21 De manera similar la creación de un gran número de bancos –en 1870 había dos y en 1881 cuarenta– no debe ser interpretada como prueba de la pujanza de la burguesía comercial. No solamente porque estos establecimientos demostrarán ser incapaces de sobrevivir a la crisis de los años ochenta, sino sobre todo porque se habían construido sobre el trasfondo de la penuria de numerario. Esta penuria había estado presente a todo lo largo de los cuatro primeros decenios posteriores a la Independencia y había obstaculizado el comercio interno;22 sigue existiendo después de 1860, y crece todavía más cuando aumentan las exportaciones de oro. El crédito, raro y caro, permite las transacciones comerciales pero no reactiva la economía. La actividad financiera no es expresión de la prosperidad, sino de una situación en la que “el déficit comercial y fiscal, la escasez del circulante y del crédito”23 permiten, a los que disponen de capitales, disfrutar de una posición privilegiada y, sin duda, especialmente rentable debido a las elevadas tasas de interés. Esta situación pone de presente la concentración de la riqueza que acompaña este período de crisis. Los antioqueños desempeñaron un papel muy importante en este campo. Frank Safford ha mostrado que, desde el régimen de Santander, figuraban como los banqueros del Estado central y se habían vinculado de cerca a las empresas de los bogotanos.24 Álvaro López Toro, por su parte, ha resaltado el control que los antioqueños ejercían por lo general sobre el comercio de exportación, control particularmente notorio en el caso

20

L. E. Nieto Arteta, Economía y cultura…, op. cit., p. 151.

21

Darío Bustamante, “Efectos económicos del papel moneda durante la Regeneración”, Cuadernos Colombianos, Bogotá, núm. 4, 1974, pp. 561-660.

22

F. R. Safford, “Commerce and enterprise…”, op. cit., pp. 114 y ss.

23

D. Bustamante, op. cit., p. 573.

24

Frank R. Safford, “Significación de los antioqueños en el desarrollo económico colombiano”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Bogotá, vol. 2, núm. 3, 1963.

43

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del tabaco, que les facilitaba en especial mantener el dominio sobre los medios de transporte.25 Su preeminencia proviene precisamente de que las minas de oro de Antioquia les garantizaban la disponibilidad del numerario del que se carecía en otras partes. En el siglo XIX estas minas habían tomado ventaja sobre las del Cauca; la importancia tradicional de los mineros libres – las minas del Cauca empleaban más la mano de obra esclava– y una tecnología mejor, algunas veces de origen extranjero,26 garantizaban a los comerciantes antioqueños, que actuaban como intermediarios, la posibilidad de disponer de recursos considerables que les permitieron, hasta finales del siglo XIX, tener el monopolio del comercio del occidente colombiano.27 En los años 1872-1880 se crearon en Antioquia tantos bancos como en Cundinamarca.28 La importancia de los antioqueños, que no es otra cosa que la contrapartida de la debilidad de conjunto de la economía de exportación, no significa de manera alguna que éstos tuvieran la posibilidad de imponerse en el plano político nacional. Su esfuerzo por escapar de las turbulencias de la época, que no siempre logran, se basaba más en el repliegue sobre sus intereses inmediatos que en la aspiración a controlar el poder político en Bogotá; es sintomático a este respecto que en 1854 muchos de ellos soñaran con la posibilidad de que Antioquia se separara de Colombia y se integrara a Estados Unidos.29 De todas formas, el triunfo de los liberales en los años sesenta los obliga, debido a su adhesión al conservatismo, a un cierto repliegue político sobre sí mismos. Lo que es cierto para los antioqueños no lo es menos, por otras razones, para la burguesía comercial financiera considerada globalmente. Ésta ocupaba, sin lugar a dudas, una posición central en la articulación de las clases dominantes desde el momento en que el comercio exterior se

25

Álvaro López Toro, Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo XIX, Bogotá, CEDE, 1970.

26

Los técnicos ingleses, que llegaron al tiempo que algunas de las inversiones de su país, desempeñaron un papel apreciable. Cf. Vicente Restrepo, Estudios sobre las minas de oro y plata de Colombia, Bogotá, Banco de la República, 1952.

27

A. López Toro, Migración y cambio social en Antioquia…, op. cit., pp. 67 y ss.

28

D. Bustamante, op. cit., p. 591.

29

F. R. Safford, “Significación de los antioqueños…”, op. cit., p. 55.

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convierte en el eje del modelo de desarrollo; pero no tenía, sin embargo, la capacidad de imponer su ley. La prueba de ello está en su impotencia para detener el proceso de dislocación económica y política que afecta al país en ese momento y que, lejos de ser la manifestación de un dualismo resultado de la coexistencia de un poderoso sector de exportación con un sector de subsistencia, es la expresión de la inmensa separación que existe entre las unidades económicas locales.

La desarticulación del territorio nacional El auge del comercio exterior, si bien no es suficiente para dar una base sólida a la burguesía comercial, sí logra, no obstante, acelerar la desarticulación del mercado interno colombiano. En los años 1830-1850, el carácter rudimentario de los medios de transporte no impide la existencia de intercambios considerables entre ciertas regiones. Es así como a lomo de mula, y en los trechos más difíciles a hombros de los cargueros, los tejidos y vestidos de algodón fabricados en Santander, o los artículos de cuero elaborados en Bogotá, se dirigen hacia Antioquia.30 Un estudio sobre las zonas mineras de esta región permite apreciar el gran número de mercancías provenientes de otras provincias.31 A partir de 1850 la producción nacional sufre la competencia de las importaciones. La adhesión al libre cambio no es el principal origen de esta situación; en la práctica, los derechos de aduana se modifican muy poco, e incluso aumentan después de 1870;32 un factor más significativo es la baja del precio de las mercancías importadas al igual que, al menos parcialmente, los progresos de la navegación a vapor que hace su aparición en el río Magdalena a partir de 1840-1850. Entre los puertos del Atlántico y los puertos situados a lo largo del río, los plazos, los costos y, en menor medida, las incertidumbres del transporte disminuyen.33

30

F. R. Safford, “Commerce and enterprise...”, op. cit., p. 102.

31

Cf. Robert West, Colonial Placer Mining in Colombia, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1952; citado en W. P. McGreevey, Historia económica de Colombia…, op. cit., p. 253.

32

Cf. L. Ospina Vásquez, op. cit.

33

W. P. McGreevey estima que los ferrocarriles significaron una disminución del 20% en el costo de los transportes.

45

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Esta mejora contrasta con el mantenimiento de las mismas condiciones atrasadas en las comunicaciones entre el eje fluvial y las zonas del interior, o dentro de estas mismas zonas. En 1890 la duración del trayecto entre Honda y Bogotá puede superar la del trayecto entre Honda y Londres; el transporte de una mercancía entre Medellín y Bogotá resulta más caro que entre Medellín y Londres.34 Las tarifas logran bajar sólo con la construcción de las vías férreas; pero, a pesar de que en los años 18721896 existen algunas líneas terminadas,35 hay que esperar hasta 1910 y el auge del café para que la red se desarrolle rápidamente. Los obstáculos naturales no son los únicos responsables. Hay que contar también con el estancamiento de la corriente exportadora a partir de 1866. E igualmente con la debilidad de un gobierno central que, a pesar de sus buenas intenciones,36 no tiene ni los recursos ni el poder para imponer un programa ambicioso de obras públicas. Cada región tiende entonces a promover contactos directos con el exterior, en detrimento de los que ya existían con el resto de Colombia. La fragmentación del territorio nacional es un hecho protuberante; las mejoras introducidas en el sistema de comunicaciones a finales del siglo no la contrarrestan, sino todo lo contrario. Las consecuencias de esta situación son numerosas. Como ya lo hemos dicho, los efectos del boom de Ambalema –no es una casualidad que el tabaco de exportación se cultive a orillas del Magdalena– se difunden muy poco. El artesanado, sobre todo, sufre una decadencia pronunciada que se explica, ciertamente, por la competencia de los bienes extranjeros y, de manera complementaria, por el hundimiento del mercado interno. En 1855 el 25% de los artículos de algodón consumidos en el país provenían del extranjero; en 1890 el 70%.37 La crisis del artesanado en Santander y Boyacá es bastante fuerte como para que los contemporáneos hagan a menudo mención de ella. Una industria casera consagrada a la

34

L. Ospina Vásquez, op. cit., p. 283.

35

Aparte de la de Panamá, la primera línea férrea es una de 27 kilómetros que, en 1872, permite a Barranquilla, en ese momento puerto fluvial, comunicarse con el mar.

36

L. Ospina Vásquez señala que, para los liberales, el problema del transporte con el exterior era, sin embargo, prioritario. Op. cit., p. 251.

37

Según McGreevey, L. Ospina Vásquez presenta cifras menos espectaculares.

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fabricación de artículos de calidad relativamente menor38 se sostiene, sin duda, pero no alcanza a atenuar el deterioro general del nivel de vida en estos sectores. Miguel Samper evoca la amargura y el espíritu de rebeldía que experimentan los que tuvieron el coraje de verter su sangre en las innumerables contiendas políticas pero que no lograron alcanzar por ello siquiera la posibilidad de que su actividad llegara a ser protegida por aranceles suficientemente elevados.39 De 1849 a 1854 los artesanos de Bogotá y de otros polos urbanos protestan en vano contra la apertura de la economía colombiana hacia el exterior. Las “sociedades democráticas” se convierten en ese momento en la mejor expresión de esta efervescencia que culmina en 1854 con un golpe de Estado, una guerra civil y, finalmente, una derrota que deja el campo libre a los “modernizadores”.40 Bajo la protección del Estado central, los artesanos, en particular los de las ciudades, constituían una fuerza social susceptible de frenar las tendencias centrífugas; su decadencia marca el éxito de estas últimas.

La rigidez de las estructuras agrarias Durante los acontecimientos de 1854 los artesanos encontraron un apoyo particularmente fuerte en Cali, donde una parte de la población había entrado en conflicto con los grandes propietarios que querían apropiarse de las tierras comunales existentes alrededor de la ciudad. Otro avatar de la “modernización” está presente aquí: la modificación del estatuto de la tierra con el fin de que se generalice su libre comercialización. Tres fenómenos son decisivos a este respecto: la destrucción de los resguardos indígenas, la desamortización de las tierras de la Iglesia y la distribución o la venta de las tierras públicas. No es nuestro propósito entrar en un análisis detallado de estos hechos; nos limitaremos a indicar su alcance y algunas implicaciones. La supresión de los resguardos estaba entre las prioridades desde las luchas de la Independencia; su desintegración, por lo demás, había

38

L. Ospina Vásquez, op. cit., p. 261.

39

M. Samper, op. cit., p. 92.

40

Cf. Miguel Urrutia, Historia del sindicalismo colombiano, Bogotá, Ediciones Universidad de los Andes, 1969.

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comenzado desde el último cuarto del siglo XVIII. No obstante, una ley de 1850, que reconocía el derecho no sólo de dividir sino también de comercializar estas tierras, había marcado un giro decisivo. Si bien es cierto que algunos “resguardos” logran mantenerse, sobre todo en Nariño y Cauca, a veces hasta mediados del siglo XX, no se puede desconocer que la mayor parte se desintegran: se dividen y se subdividen41 y las parcelas que se conforman de esta manera pasan con mucha frecuencia a manos de los grandes propietarios, entre los que se despierta una avidez proporcional al hecho de que estos predios estaban situados generalmente en la proximidad de las zonas urbanas o en terrenos fértiles. Orlando Fals Borda ha descrito con precisión mecanismos de transferencia similares en Boyacá.42 La bipolaridad latifundio-minifundio llega por esta vía a ser fundamental. Es difícil precisar la magnitud del número de víctimas de estas mutaciones: William P. McGreevey observa que una tercera parte de la población colombiana estaba todavía amparada bajo la protección de los resguardos; otros historiadores señalan que, según la versión de diversos testigos del siglo XVIII, los resguardos estaban poco poblados.43 La conversión de los “indios en jornaleros” ha sido descrita por los propios contemporáneos44 y Luis Ospina Vásquez hace referencia a un vasto proceso de “proletarización”.45 Lo cierto es, en todo caso, que la medida contribuía a acelerar la desorganización o el aniquilamiento de lo que quedaba de las comunidades indígenas. La desamortización de los bienes de la Iglesia ocurre en 1861. El propósito explícito de la reforma, al igual que en el caso de los resguardos, era garantizar “la libre circulación de una gran parte de la propiedad de

41

División de las tierras de los resguardos; multiplicidad de lotes separados atribuidos algunas veces a una misma familia. Cf. Orlando Fals Borda, Campesinos de los Andes, Bogotá, Iqueima, 1961.

42

Ibíd.

43

Jaime Jaramillo Uribe, “Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII”, en: Darío Jaramillo Agudelo, dir., La nueva historia de Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1976, pp. 182-183.

44

Camacho Roldán, citado en W.P. McGreevey, Historia económica de Colombia…, op. cit., p. 127.

45

L. Ospina Vásquez, op. cit., p. 196.

48

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la tierra, que es la base fundamental de la riqueza pública”.46 De manera similar, como el general Mosquera lo señala en muchas ocasiones, entre sus propósitos se encontraba la promesa de una repartición más justa de esta riqueza;47 y a la postre la esperanza del triunfo de la civilización sobre el oscurantismo.48 La información es todavía insuficiente para conocer con precisión la importancia y la naturaleza de las tierras de la Iglesia y lo que ocurre con ellas como consecuencia de esta medida. Los historiadores están de acuerdo, no obstante, en tres puntos: primero, no todas las tierras fueron comercializadas; una fracción de la aristocracia, sobre todo la que estaba vinculada con el Partido Conservador, se abstuvo de participar en su rescate; segundo, su venta obedeció sobre todo a la necesidad en que se encontraba el Estado de enjugar la deuda interna; la burguesía comercial, poseedora de bonos del Estado desvalorizados se pudo presentar como compradora a bajo precio,49 y así, en lugar de atenuar la desigualdad en la repartición de la tierra, lo que resultó fue una mayor concentración;50 y, tercero, no se ha probado de manera alguna que esta propiedad, al cambiar de estatuto, se hubiera convertido por ello mismo en el soporte de una agricultura comercial.51

46

Texto del general Mosquera, citado en Robert J. Knowlton, “Expropiación de los bienes de la Iglesia en el siglo XIX en México y Colombia: una comparación”, en: Jesús Antonio Bejarano, ed., El siglo XIX en Colombia, Bogotá, La Carreta, 1977, p. 33.

47

“Demos pues la tierra a los que la trabajan y la hacen producir”. General Mosquera, citado en R. J. Knowlton, op. cit., p. 33.

48

R. J. Knowlton cita sobre este tema a Rafael Núñez, que hace de la desamortización la etapa necesaria hacia “la difícil recaída de la civilización”. Ibíd., p. 35. Núñez era en ese momento Secretario de Hacienda.

49

R. J. Knowlton, en el artículo citado, muestra cómo las medidas de desamortización estaban inspiradas en las que habían sido tomadas en México, pero que la preocupación por poner fin al endeudamiento del Estado era mucho más fuerte en Colombia.

50

En el Cauca, Boyacá, Bolívar, la especulación fue particularmente considerable. Cf. Álvaro Tirado Mejía, Introducción a la historia económica de Colombia, Bogotá, Editorial Universidad Nacional, 1971, p. 146.

51

Chevalier resalta, apoyándose en una investigación de J. Bazant, que nada permite asegurar que en México las ventas de los bienes eclesiásticos tuvieran como resultado su inserción, más que antes, en los intercambios comerciales. François Chevalier, L’Amérique Latine, de l’Indépendance à nos jours, París, PUF, 1977, p. 319.

49

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La distribución o venta de las tierras públicas, o baldíos, ofrece, tanto al gobierno central como a las administraciones regionales, el medio para mitigar sus apuros financieros o para poner en marcha proyectos de obras públicas sin gastar un solo peso.52 En los años sesenta se trata, sin embargo, una vez más, de contribuir por esta vía a la creación de un pequeño campesinado. Pero en ese mismo momento diversas disposiciones exigen que los beneficiarios tengan algunos recursos: una ley de 1860, el código fiscal de 1873 y una ley de 1874 obstaculizan así los propósitos de carácter “social”. El hecho dominante no es otro que el otorgamiento de inmensas superficies. En Antioquia y Caldas estas concesiones constituyen con frecuencia obstáculos al movimiento de colonización y provocan litigios prolongados. En las tierras cálidas hacen posible el nacimiento de vastos dominios consagrados a la ganadería extensiva. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, los baldíos sirven para hacer frente a los gastos de las guerras civiles, al igual que a la construcción de vías férreas o de otros medios de comunicación. Las adjudicaciones de tierras públicas se seguirán practicando, incluso durante los años 1910-1937, en favor de grandes beneficiarios que reciben lotes de 1.000 hectáreas e incluso más en muchos casos,53 mientras los demás se ven condenados a la porción mínima.54 A través de estos tres procedimientos la era de las reformas liberales ofrece un nuevo impulso a la gran hacienda. Se conforma un panorama que Alejandro López describe con agudeza hacia los años treinta:55

52

Los héroes de la Independencia ya habían sido dotados de tierras considerables, como lo muestra el ejemplo de Santander.

53

La cuestión de la distribución de las tierras públicas y de los conflictos con los colonos es el objeto de la tesis de Catherine LeGrand, “From public lands into private properties: land holding and rural conflict in Colombia, 1870-1930” [tesis de Ph. D., Stanford University], California, 1980. (Esta tesis ha sido publicada en inglés con el título de Frontier expansion and peasant protest in Colombia, 1880-1936, Albuquerque, Universidad de New Mexico Press, 1986. Algunos capítulos han sido reproducidos en español en Revista de Estudios Sociales y Revista de la Universidad Nacional de Medellín. N. del T.).

54

Jesús Antonio Bejarano, “El fin de la economía exportadora y los orígenes del problema agrario”, Cuadernos Colombianos, Bogotá, núm. 7, 3° trimestre de 1975, pp. 375 y ss.

55

Alejandro López, Problemas colombianos, reeditado en Alejandro López, Escritos escogidos, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1976, pp. 19-166.

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omnipresencia de amplios dominios unas veces no explotados, otras, consagrados a la ganadería extensiva, alrededor de los centros urbanos y a todo lo largo de los ejes de comunicación;56 confinamiento de la pequeña propiedad de tipo minifundista en las vertientes montañosas a pesar de su importante papel en la producción de cultivos alimenticios; inmensas extensiones vacías ubicadas entre las zonas de densa población; yuxtaposición de una multitud de mercados locales en los que el productor se encuentra supeditado a la voluntad del intermediario. Como se sabe, estos rasgos no han desaparecido en 1950; la misión dirigida por Lauchlin Currie se va a sentir admirada a su vez por la forma como se utiliza la tierra en las regiones más pobladas, en las que “las extensiones planas, situadas en fértiles valles, se dedican a la ganadería, mientras que para la agricultura se emplean las faldas de las montañas”.57 En otros países de América Latina, en la misma época, se adoptan medidas similares. Que éstas tengan en el caso colombiano consecuencias tan importantes y persistentes se debe, probablemente, a la prolongada debilidad del comercio exterior que permite, por una parte, que la apropiación de la tierra llegue a ser el elemento central en la constitución de la clase dominante y, por otra, que se dé libre curso a la fragmentación política que acompaña la expansión del latifundio. La monopolización de la tierra es el principal mecanismo mediante el cual se hace posible su valorización, a pesar de su abundancia, ya que sustrae de las ambiciones de los “campesinos sin tierra” las zonas de fácil acceso. Además, el acaparamiento de la tierra se convierte en un procedimiento de constitución de capital, como se puede verificar observando el movimiento creciente de su precio a todo lo largo de estos decenios. La explotación efectiva cuenta mucho menos que el control del acceso a la propiedad; el “hacha”, mucho menos que el papel sellado.58

56

J. A. Bejarano, “El fin de la economía exportadora…”, op. cit., p. 366; cita sobre este tema al geógrafo Vergara y Velasco quien, hacia 1900, escribía: “En Colombia domina el régimen de la gran propiedad de suerte que en los propios alrededores de la capital existen dominios de millares de hectáreas. [...] En ciertos sitios los propietarios de pequeñas parcelas son numerosos, pero lo contrario es lo cierto en torno a los principales centros de población”.

57

Lauchlin Currie, Bases de un programa de fomento para Colombia, Bogotá, Banco de la República, 1951, p. 73.

58

“Veo una lucha sorda entre el papel sellado y el hacha; entre la posesión efectiva de ésta y la simplemente excluyente de aquél”. A. López, Escritos escogidos, op. cit., p. 39.

51

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La mediocridad de las condiciones económicas generales hace posible que los capitales de origen comercial se conviertan ellos mismos en elementos activos de estas operaciones. Los comerciantes se vuelven compradores de los bienes de la Iglesia o de los baldíos. A partir de 1885 las circunstancias políticas acentúan esta tendencia; la burguesía liberal, privada del poder político, se vuelve hacia la tierra y el cultivo del café. Los hechos no muestran solamente la compatibilidad entre el capitalismo comercial y el sistema de la hacienda sino que, en el caso colombiano, permiten apreciar una ósmosis considerable entre estos dos sectores. La cohesión futura de la “oligarquía” tiene aquí una de sus fuentes. Hacia 1930, Alejandro López observaba que no había industrial, comerciante o político, que no fuera también propietario terrateniente. El acaparamiento constituye también el medio para lograr la sumisión de gran parte de la población rural. Hemos mencionado la “proletarización” de los antiguos miembros de los resguardos; de hecho, en este mismo período, millares de colonos sin títulos se convierten en “arrendatarios” o “aparceros” debido a que empresarios agrícolas obtienen, gracias a la repartición de los baldíos, la propiedad de la tierra sobre la cual aquellos estaban instalados. Debido a las necesidades de fuerza de trabajo, el interés de las élites consiste sobre todo en obtener títulos de propiedad de baldíos que estuvieran ocupados previamente por colonos. Violencia y conflictos agrarios se inscriben en este proceso de acumulación primitiva.59 La diversidad de los regímenes de mano de obra es bastante grande; sin embargo, se puede observar que consisten por lo general en prestaciones de trabajo no remuneradas,60 en restricciones a la libertad de movimiento que se acentúan en las coyunturas en que existe el riesgo de que escasee la mano de obra, en dependencia política y cultural.61 Los trabajadores que residen en las haciendas no siempre son los únicos

59

Cf. C. LeGrand, “From public lands…”, op. cit., passim.

60

Remitimos a los numerosos trabajos consagrados a la agricultura en los años 18501890 en los que el lector encontrará la descripción de la variedad infinita de los “contratos”.

61

“Sabemos todos que una de estas condiciones impuestas, expresa o tácitamente, al arrendatario, es la del voto en los comicios populares en favor del candidato favorecido por el propietario”. A. López, Escritos escogidos, op. cit., p. 48.

52

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afectados por estas restricciones: los campesinos “minifundistas” también se encuentran sometidos a ellas.62 No es conveniente, ciertamente, simplificar en exceso la problemática agraria. El acaparamiento no resume todo. La conquista progresiva de las tierras cálidas en beneficio de la ganadería, así sea extensiva, y la utilización (principalmente en Antioquia) de una variedad de forraje llamado pasto Pará, adaptada al medio natural, contribuyen a una valorización que no se funda de manera exclusiva sobre el acaparamiento. El movimiento de colonización hacia el sur de Antioquia, si bien permite que subsistan o se creen grandes haciendas,63 no deja de ser por ello, en lo esencial, la obra de medianos y pequeños colonos.64 Además, los terratenientes están lejos de constituir una clase perfectamente homogénea; de una región a otra el contexto económico y social incide de diversa manera sobre sus opciones políticas. En el Cauca se encuentran afectados por la abolición de la esclavitud total a partir de 1850, y confrontados con la supervivencia de los ejidos y los resguardos; en Boyacá y Cundinamarca, se benefician ampliamente de la descomposición de estos últimos; en Antioquia, se muestran, al parecer, menos sensibles al prestigio de la tierra que ávidos de rendimientos comerciales.65 Esta diversidad no es suficiente para privar de alguna forma de cohesión a esta clase. No encontramos en ese momento indicios de que frente a la hacienda “tradicional” existan grandes explotaciones fundadas sobre relaciones sociales “no tradicionales”; ya hemos mencionado a este respecto el carácter ambiguo de la zona de Ambalema. Las diferencias locales son suficientes, sin embargo, para servir de fundamento al proceso de fragmentación política. Institución económica pero también social,66 la hacienda, por sí misma, es un componente de este tipo de fragmentación, pero lo es más aun la relación con el poder político que preside su expansión y el sometimiento de la mano de obra que utiliza.

62

Cf. el estudio de O. Fals Borda, Campesinos de los Andes, op. cit.

63

A. López Toro, Migración y cambio social en Antioquia…, op. cit., p. 50.

64

Alejandro López señala en su obra, Escritos escogidos, op. cit., p.43, que esta colonización fue facilitada por la debilidad de las estructuras políticas, “la ausencia de gobierno, el aislamiento absoluto en que se encontraban los colonos”.

65

Ibíd., p. 41.

66

F. Chevalier, op. cit., cap. VII.

53

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Puesto que ninguna fracción de la burguesía comercial puede imponer su ley, las diversas oligarquías locales están en capacidad de hacer prevalecer sus ambiciones, cada una por su cuenta; reclamándose del federalismo, tienen la posibilidad de repartirse el patrimonio nacional por vía regional;67 acentuando las tendencias centrífugas del poder, favorecen la constitución de un orden social en el que los mecanismos de legitimación pública se encuentran subordinados a los de las esferas de dominio privadas.

El debilitamiento del Estado Cuando se hace referencia al “orden oligárquico” que se instaura en muchos países de América Latina durante el siglo XIX, se tiene a menudo la tentación de sólo dar importancia a la constelación de esferas de dominio privadas y descentralizadas. Ejemplos como los de Chile o Brasil invitan, sin embargo, a no subestimar el papel de las instancias públicas centrales, a través de las cuales las clases dominantes o algunos de sus componentes sustentan su poder.68 En el caso colombiano, la débil inserción en el comercio internacional deja, por el contrario, el campo libre a las esferas de dominio privadas. De 1850 a 1880 el discurso federalista ofrece el marco apropiado para ello. Como elemento integrante, entre otros, del proyecto modernizador, acompaña de hecho, y sirve de justificación, a las diversas tendencias centrífugas. En 1850 este discurso se despliega en todo caso sin obstáculos: tanto conservadores como liberales lo asumen como propio, con matices, ciertamente, pero que no implican una verdadera división. Una figura

67

Álvaro Tirado Mejía, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1970, pp. 23 y ss.

68

Sobre Chile se puede consultar el trabajo de Marcelo Cavarozzi, La etapa oligárquica de dominación burguesa en Chile, Buenos Aires, documento CEDES, CLACSO, marzo de 1977; sobre el Brasil, Simon Schwartzman, “Representação e cooptação politica no Brasil”, Dados, núm. 7, 1970, pp. 9-42, y de Fernando Henrique Cardoso, Autoritarismo e democratização, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1975. El estudio de Joan E. Garcés, Desarrollo político y desarrollo económico. Los casos de Chile y Colombia, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1972, resalta el contraste entre la centralización del poder político en Chile de 1830 a 1891 y su dispersión en Colombia.

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prestigiosa del conservatismo como Mariano Ospina Rodríguez no se le opone de manera alguna en ese momento. El interés por poner fin al “Estado colonial” y las contrariedades experimentadas desde 1820 en el campo económico constituyen un estímulo para reducir las atribuciones del gobierno central. Para los voceros de una burguesía comercial que se cree llamada a un gran destino, lo más conveniente sobre todo es “gobernar lo menos posible”.69 Libertades económicas y libertades políticas sólo se pueden lograr a través de “un gobierno sencillo y barato”, un “gobierno aparentemente débil porque hace muy pocas cosas, pero verdaderamente fuerte, porque impide [...] los males que tienen su origen en las instituciones”.70 El ejército, la burocracia política de Bogotá y todos los elementos que componen una administración parasitaria, son arcaísmos que deben desaparecer.71 El federalismo, por el contrario, se encuentra en el horizonte de las aspiraciones de esta impaciente burguesía y de las élites locales. De 1853 a 1886 el federalismo predomina en principio. Más aún que la Constitución de 1853, la constitución adoptada por la convención de Rionegro en 1863 aparece como el símbolo de los nuevos tiempos; consecuencia de una derrota militar conservadora y discutida solamente por los liberales, crea los Estados Unidos de Colombia, federación muy laxa cuyos nueve estados miembros tienen toda la libertad para escoger su constitución interna, su sistema fiscal y la dimensión de sus fuerzas armadas. Está fuera de duda que estos textos constitucionales acentuaban la política de debilitamiento sistemático del poder ejecutivo, en primer término, y del aparato estatal, en consecuencia. El mandato presidencial se reduce a dos años y la elección del presidente queda en manos de los

69

“Si se quiere, pues, tener estabilidad, libertad y progreso en Hispano-Colombia, es preciso que los hombres de Estado se resuelvan a gobernar lo menos posible, confiando en el buen sentido popular y en la lógica de la libertad”. José María Samper, citado en Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá, Temis, 1964, p. 226.

70

José María Plata, citado en M. Urrutia, Historia del sindicalismo..., op. cit., p. 56.

71

Murillo Toro, uno de los representantes de los sueños de 1849, demanda: “Ni clero influyendo en negocios públicos, ni ejército permanente, ni prisión por deudas, ni destinos dados por el poder central, ni monopolios sobre ramas de industrias”. Citado en G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914, op. cit., t. I, p. 18.

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jefes políticos de los estados locales. El gobierno central encuentra que sus recursos se reducen en relación con aquellos de que disponen los estados locales y las administraciones municipales;72 pero, sobre todo, que han sido privados de los medios para mantener el orden por la fuerza dentro de la Federación. Florentino González, el mismo que había preconizado la apertura hacia el exterior, era uno de los que recomendaban la eliminación del ejército permanente y su reemplazo por una fuerza civil.73 Esta opinión estaba ampliamente extendida; el ejército encuentra que sus efectivos se reducen a una cifra que escasamente alcanza para conformar una guardia presidencial: mientras que en 1842 disponía de 5.000 hombres, en 1854 sólo tiene 800, en 1856 cuenta con 511, y en los años siguientes serán menos todavía.74 Además, una ley de 1867 prohíbe al gobierno central intervenir en las guerras civiles que afectaran a los estados federados; a estos últimos se les otorgaba, por el contrario, el derecho de establecer a su arbitrio sus efectivos militares, y, como la libertad del comercio de armas había sido reconocida desde 1854, las oligarquías locales podían mantener milicias privadas. A la parálisis del gobierno central respondía así una proliferación de núcleos de poder. Se ha dicho con frecuencia que las disposiciones adoptadas a nombre de las libertades, como es el caso de la Constitución de Rionegro en particular, “organizaban la anarquía”.75 La multiplicación de las guerras y las revueltas locales –los historiadores renuncian incluso a hacer la cuenta–,76 las guerras nacionales de 1859-1862, 1876-1877 y 1884-1885,77 el

72

Los recursos del gobierno central habían sufrido una caída brutal (del 47%) entre 1844 y 1851 como consecuencia de la eliminación del monopolio del tabaco y de la transferencia de ciertos impuestos hacia los estados. Cf. W. P. McGreevey, Historia económica de Colombia…, op. cit., p. 87; en 1870 son inferiores de los recursos de los Estados y de los asignados de los gobiernos municipales.

73

Cf. G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914, op. cit., t. I, p. 33.

74

Según James L. Payne, Patterns of conflict in Colombia, New Haven y Londres, Yale University Press, 1968, p. 120. El autor observa que estas cifras representan, con relación a la población activa, una fuerza militar muy inferior a la de Ecuador y Perú.

75

M. Samper, op. cit., p. 56.

76

Cf. A. Tirado Mejía, Aspectos sociales..., op. cit., pp. 12-13.

77

Sobre los asuntos en litigio en estas diversas guerras y las condiciones de su realización, se puede consultar la obra anterior.

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estancamiento de la economía,78 la caída del “nivel intelectual, y sobre todo moral de las clases dominantes”,79 en pocas palabras, todos los infortunios de este período han sido imputados de buen grado a los dogmas utópicos de los hombres de 1850. Es probable, sin embargo, que haya allí, no solamente una exageración sino también una apreciación discutible,80 ya que estos mismos hombres se muestran solícitos, al mismo tiempo, en los campos de la educación y de la técnica, por crear condiciones para un despegue económico.81 El semi-fracaso de la apertura hacia el exterior explica, también en este caso, que el debilitamiento del gobierno central haya sido seguido por una larga fase de desórdenes y de inestabilidad. No es improbable, como lo sugiere Álvaro Tirado Mejía, que el federalismo haya limitado de hecho el alcance de los conflictos. Al dar prioridad a los litigios regionales, los “sectores dominantes locales optaron correctamente por el federalismo, evitando una pugna nacional para resolver asuntos que tenían particularidades regionales”.82 Las guerras de cobertura nacional son en efecto, en esta fase, menos importantes de lo que serán cuando el “centralismo” se convierta en la doctrina oficial después de 1885. Es claro, por lo demás, que la gran autonomía de los estados permitía a sus diversas élites preservar sus intereses. El caso de Antioquia es particularmente significativo; los conservadores, que disponen allí del poder, no tienen interés en sublevarse contra un federalismo que les permite ser amos y señores en su propia casa,83 y

78

Cf. W. P. McGreevey, Historia económica de Colombia…, op. cit., pp. 88 y ss.

79

M. Samper, op. cit., p. 56.

80

Cf. Jaime Jaramillo Uribe, “Etapas y sentido de la historia de Colombia”, en: Mario Arrubla y Jesús Antonio Bejarano, eds., Colombia hoy, Bogotá, Siglo XXI, 1978, pp. 49 y ss.; estos autores y Álvaro Tirado Mejía están entre los que ponen en duda esta representación tradicional.

81

Cf. F. R. Safford, The Ideal of the practical, Colombia’s struggle to form a technical elite, Austin, Latin American Monographs, Universidad de Texas Press, 1978. (Existe versión en español, El ideal de lo práctico. El desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia, Bogotá, El Áncora, 1989).

82

A. Tirado Mejía, Aspectos sociales…, op. cit., p. 23.

83

A. Tirado Mejía cita un contemporáneo, Antonio José Restrepo, según el cual los conservadores más resueltos eran también los que profesaban las ideas de los liberales más “liberales”. Ibíd., p. 25.

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les evita sacrificios excesivos en las guerras emprendidas por su propio partido.84 El federalismo, concebido para acelerar el advenimiento de la burguesía comercial, permite en la práctica la primera expansión de un modelo de yuxtaposición de élites heterogéneas, bajo forma espacial por el momento, pero que se encontrará aún vigente en 1950 bajo otras formas. No hay duda, en todo caso, de que el debilitamiento del poder del Estado, la falta de profesionalismo en el ejército y la fragilidad de la burguesía comercial conducen a acentuar el efecto de los factores geográficos desfavorables a la unidad nacional. Es importante resaltar que en el año 1860 el caudillismo de escala nacional había pasado a un segundo plano. La Convención de Rionegro, por su parte, había hecho un gran esfuerzo por neutralizar al general Mosquera, gran señor del Cauca y gran jefe guerrero que, después de haber servido en las filas conservadoras, se había convertido en uno de los promotores de las reformas liberales. El “caudillismo” como tal va, en consecuencia, a tomar una dimensión regional o a encubrirse tras los fenómenos de caciquismo político y gamonalismo civil. Finalmente se podría afirmar que el derrumbamiento del poder se llegó a convertir, para una burguesía frágil y pobre, en el mejor procedimiento para sofocar o desviar los descontentos populares. Estos últimos afloran en diversas ocasiones, sobre todo en 1853-1854; los artesanos se encuentran de nuevo en ese momento en franca oposición a la élite dirigente y apoyan un golpe de Estado.85 Numerosos testimonios dan cuenta del “mal espíritu” de la plebe urbana, pronta a “la envidia, el odio y otros sentimientos bajos, indignos de un pueblo inteligente y laborioso”.86 Está comprobado igualmente que las condiciones económicas de la masa campesina tienden a deteriorarse y que, en muchos

84

Durante la sangrienta guerra de 1876-1877, los antioqueños –que tenían un ejército particularmente fuerte– prefieren convenir un armisticio con los liberales y desolidarizarse así de las tropas conservadoras del Cauca, antes que ver llegar la guerra hasta ellos. Cf. los documentos citados por A. Tirado Mejía, ibíd.

85

Volveremos en la sección siguiente sobre las manifestaciones de esta oposición. Señalemos solamente que este golpe de Estado dirigido por el general Melo parece testimoniar igualmente la acidez de algunos militares frente a las frivolidades antimilitaristas de los liberales. Cf. M. Urrutia, Historia del sindicalismo…, op. cit., p. 70.

86

M. Samper, op. cit., p. 30.

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lugares, suscitan protestas.87 Mientras las oligarquías locales tienen la posibilidad de actuar libremente, el desorden político de los años 1860-1885 que se prolonga, de hecho, hasta comienzos del siglo XX, constituye la ocasión para que esos mismos sectores pongan en práctica un proceso de sometimiento material e ideológico en el cual son captados progresivamente los sectores populares. Además del acaparamiento de la tierra, el sufragio “universal” en tiempos de paz, y el reclutamiento forzoso en tiempos de guerra llegan a ser los instrumentos más expeditos para lograr esta subordinación. Volveremos sobre este punto a propósito de la institución del espacio político. El federalismo es, en todo caso, algo más que una simple idea; es el marco dentro del cual unas clases dominantes heterogéneas, fraccionadas y empobrecidas pueden coexistir y asegurar su dominación.

La institución del espacio político Como lo hemos señalado desde el comienzo, cuando nos referimos a la “permanencia” del espacio político no hacemos alusión solamente a la asombrosa longevidad de las dos colectividades políticas, conservadora y liberal, ni a la conservación de una forma de sometimiento de las clases populares; queremos señalar igualmente una continuidad en la posición de este espacio, en el sentido de que los conflictos y los intereses que en él se expresan se encuentran profundamente descentrados con relación a los que se manifiestan o que se pueden reconstruir en el plano de las clases sociales. De la misma manera, aunque este espacio aparezca finalmente ligado a la forma de sometimiento que ejercen las clases dominantes, las divisiones que lo atraviesan no se podrían remitir pura y simplemente a los intereses divergentes que estas clases pudieran tener. El espacio político tiene su “origen” en los años 1840-1870. La oposición entre conservador y liberal adquiere desde entonces contornos doctrinarios relativamente precisos; se arraiga progresivamente en el conjunto de la población y constituye una geografía compleja cuya disposición, cien años después, sigue, en términos generales,

87

Gilhodes cita perturbaciones en particular en el Valle y la zona de Chaparral (Tolima). P. Gilhodes, La terre…, op. cit., passim.

59

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invariable;88 toma la forma de una confrontación entre dos subculturas, hereditariamente transmisibles, alrededor de las cuales se organizan múltiples prácticas de la vida cotidiana. Sin embargo, este “origen” se nos escapa en una gran medida desde el momento en que tratamos de dar cuenta de él.89 La tradición ha querido ver en el Partido Liberal el “representante” de la burguesía comercial, con el apoyo de los artesanos urbanos y de ciertos sectores desfavorecidos, como las antiguas poblaciones de esclavos de la costa atlántica; mientras que el Partido Conservador representaría el peso de los grupos más “arcaicos”, en cuya cabeza se encontrarían los grandes terratenientes. Esta descripción no carece de fundamento. En 1850, los comerciantes se inclinan del lado liberal –los “nuevos comerciantes”, sobre todo, por oposición a los “comerciantes de tradición”–90 al igual que los artesanos, como lo demuestra la acción de las “sociedades democráticas” que irrumpen a partir de 1847. Estas agrupaciones, si bien dan cabida a los miembros “de la juvenil intelligentsia de las nacientes clases medias y comerciantes”,91 son en lo fundamental la expresión de las aspiraciones

88

Entre los elementos más visibles de esta geografía, además del predominio conservador en Antioquia y en el sur del Cauca, figura el amplio predominio liberal en la zona atlántica. Es probable que la débil implantación de la Iglesia entre las poblaciones negras no sea ajena a ello. Es necesario no olvidar tampoco que los liberales fueron los que tomaron la decisión de abolir completamente la esclavitud.

89

Innumerables –y a menudo polémicos– son los ensayos de llevar la escisión liberalconservadora hasta los conflictos entre Bolívar y Santander. F. R. Safford ha vuelto de nuevo recientemente sobre este viejo debate y se ha adherido a la versión tradicional según la cual los conservadores se reclutaban al principio entre los seguidores de Bolívar, y los liberales, entre los de Santander. F. R. Safford considera igualmente que las “tradiciones familiares” se convierten desde muy temprano en los motivos principales de afiliación, más que la profesión o la clase social. Cf. F. R. Safford, Aspectos del siglo XIX en Colombia, Medellín, Hombre Nuevo, 1977.

90

J. Jaramillo Uribe, “Etapas y sentido de la historia de Colombia”, op. cit., p. 40. A la vez que destaca el carácter “policlasista” de cada uno de los dos partidos, este historiador subraya que los grupos “emergentes y no privilegiados” podían adherirse al Partido Liberal.

91

Jaime Jaramillo Uribe, “Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política y social colombiana de 1848”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 8, 1976, p. 5-18.

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propias de los artesanos y, por consiguiente, tienen interés en ejercer una presión sobre el liberalismo. No obstante, se deben tener en cuenta numerosos matices que limitan particularmente el alcance de estas constataciones. La separación entre los grandes terratenientes y los grandes comerciantes dista mucho de ser siempre nítida; ya hemos hecho mención a la interferencia entre los capitales de los comerciantes y de los terratenientes. Las grandes plantaciones de café que se establecen a partir de 1885 se encuentran con mucha frecuencia en manos de liberales.92 Polo comercial y financiero, Antioquia es un bastión conservador, y lo sigue siendo aún en el momento en que Medellín se convierte en el centro de la industria textil. Todos estos hechos nos impiden establecer correspondencias rígidas. Pero podríamos convenir, al menos, con la idea de que la orientación hacia el comercio internacional tiende por lo general a ocupar un lugar central entre los liberales, mucho más que entre los conservadores. No obstante, también en este caso, sólo se trata de una tendencia; es muy raro que la división genere opciones verdaderamente diferentes en el campo económico. Se sabe a ciencia cierta que en 1850 los dirigentes de los dos partidos estaban de acuerdo en lo esencial acerca de las reformas económicas;93 además, la política de los conservadores durante la Regeneración no iba contra los intereses de la burguesía comercial vinculada con la expansión del café.94 No es necesario multiplicar estos ejemplos, nos veremos abocados con mucha frecuencia a hacer observaciones idénticas respecto a los años 1930-1953, pero es conveniente insistir en que la solidaridad de los grupos económicos se afirma de manera permanente con independencia de la frontera

92

Como veremos más adelante, la Regeneración alejó a los liberales de la “burocracia” política y administrativa.

93

Como lo señala principalmente Helen Delpar, “The liberal party of Colombia, 1863-1903” [tesis de Ph. D., Columbia University], Nueva York, 1967, p. 166, y Jorge Orlando Melo, “La república conservadora”, en: M. Arrubla y J. A. Bejarano eds., Colombia hoy, op. cit., p. 57.

94

Es necesario introducir aquí algunos matices: el hecho de que la política económica de la Regeneración (o más bien sus fracasos económicos) haya favorecido indirectamente a los plantadores de café –como lo ha demostrado perfectamente Darío Bustamante– no es motivo para subestimar la importancia de los conflictos abiertos entre el régimen y la burguesía comercial.

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partidista. Es así como al final de la Regeneración, la burguesía comercial antioqueña forma una fracción disidente en el seno del conservatismo que, con el nombre de “conservatismo histórico”, adhiere a la mayoría de los puntos de vista de la burguesía liberal.95 En el sentido contrario, ocurre con frecuencia que la burguesía liberal, en su mayoría, hace causa común con los conservadores; esta situación, como veremos, se presenta frente a las reformas emprendidas en 1934-1936 por Alfonso López Pumarejo. En otros términos, las alianzas, tácitas o declaradas, por encima de las fronteras de los partidos, son realidades que periódicamente pasan a primer plano. De manera similar, los “intereses” de las diversas fracciones dominantes no permiten comprender cabalmente la intensidad de las luchas que oponen a los dos partidos y, sobre todo, las que se presentan en las guerras civiles a partir de 1875; coyunturas económicas difíciles pueden ciertamente presionar a los partidos a colocarse en franca oposición con respecto al gobierno de turno, pero raramente los llevan hasta el punto de solidarizarse a fondo con los partidarios de la revuelta armada. La Guerra de los Mil Días ofrece un buen ejemplo en este sentido: ni la situación económica desastrosa que ella misma padece –los precios del café bajan casi a la mitad entre 1896 y 1899–, ni la discriminación política de que es objeto por parte de los gobiernos conservadores, bastan para convencer a la burguesía comercial liberal de la necesidad de desencadenar una nueva guerra civil; y los comerciantes conservadores tampoco se muestran muy dispuestos a convertirse en botafuegos. La guerra estalla, sin embargo; los cuadros políticos de uno y otro campo habían logrado imponer sin dificultad su voluntad sobre la de los notables económicos.96 Las rivalidades de las fracciones económicas no son suficientes para dar cuenta de las disputas políticas.

95

Cf. Charles W. Bergquist, Coffee and conflict in Colombia: 1886-1904, Duke, Duke University Press, 1978. (Existe edición en español: Café y conflicto en Colombia, 18861910. La guerra de los mil días: sus antecedentes y consecuencias, Medellín, FAES, 1981. N. del T.).

96

Bergquist indica que, del lado liberal, los comerciantes se inclinan a favor de las soluciones “pacíficas”; del lado conservador, la facción “histórica” de Antioquia y de Bogotá (donde se encuentran también algunos comerciantes) se esfuerza por permanecer neutral pero, agrega el autor, pierde toda influencia frente a las presiones de los “jefes locales conservadores y de la base”. Ibíd., p. 245.

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La organización y la cohesión de los sectores dominantes son de hecho lo suficientemente precarias como para dejar subsistir múltiples intersticios, que contribuyen por su parte a la conformación del espacio político. En estos intersticios surge una multitud de intermediarios, indispensables para llevar a cabo la distribución y el control de la masa de la población, pero dispuestos también a aprovechar este papel para constituir su propia zona de poder. Los escritos de los notables abundan en denuncias contra estas “clases parasitarias”97 que hacen de la política un oficio. La instauración del sufragio universal en 1853 y su conservación después de la Convención de Rionegro en cinco de los nueve “Estados Unidos” ofrece a estos sectores la ocasión de mantener una intervención ininterrumpida pues durante dos decenios el país vive en un estado de elección permanente.98 De allí resulta una organización minuciosa de la población. La participación electoral, espontánea o no, fraudulenta o no, lejos está de ser irrelevante; en las elecciones presidenciales de 1856 alcanza el 41% del total de los ciudadanos en edad de votar.99 Sólo un ejército de intermediarios tiene la capacidad de imponer un sometimiento que la organización de las haciendas no estaba en condiciones de lograr:100 “Cada pueblo tiene una media docena de fabricantes de votos falsos o registros nulos, de manera que los directores de los partidos acuden a ellos como quien va al zapatero por zapatos”.101 Después de 1880 el sufragio universal desaparece, pero no las guerras civiles que contribuyen a reforzar a su vez los puntos de intersección de las redes políticas: por el reclutamiento que implican, voluntario algunas veces, pero generalmente forzoso;102 por

97

M. Samper, op. cit., p. 86.

98

Las elecciones tienen lugar, en efecto, en fechas diferentes en cada Estado y, además, los diversos tipos de actos electorales están separados en el tiempo.

99

David Bushnell, “Elecciones presidenciales colombianas 1825-1856”, en: Miguel Urrutia y Mario Arrubla, Compendio de estadísticas históricas de Colombia, Bogotá, Universidad Nacional, 1970, pp. 311-312.

100

Como lo muestra muy bien Malcolm Deas, “Algunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia”, Revista de Occidente, núm. 127, octubre de 1973, pp. 118-140.

101

M. Samper, op. cit., p. 81.

102

A. Tirado Mejía, Aspectos sociales..., op. cit., passim.

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los desplazamientos de población que provocan; por las jerarquías que crean; por los horrores que las acompañan y que llegan a tales extremos que de generación en generación se recuerdan las atrocidades cometidas por las tropas del “otro” partido. Despreciado pero indispensable, subordinado a los jefes nacionales pero celoso de sus diversas prerrogativas, situado en la órbita de influencia de los notables económicos pero disfrutando de la ventaja que le otorga el hecho de estar establecido de manera permanente en el sitio mismo,103 el personal intermediario de caciques, gamonales y otros “manzanillos” termina por conquistar un considerable margen propio de maniobra. Cuando se trata de transacciones de carácter local, está en capacidad de defender sus intereses; cuando se trata de transacciones de carácter nacional, puede llevar a cabo actos que se convierten en exigencias perentorias. Allí donde los representantes de las clases dominantes tenderían a transigir, el intermediario se muestra con frecuencia dispuesto a optar por la vía de la violencia y la guerra. Los primeros se pueden resignar, si su partido no está en el poder, a hacer fructificar sus negocios, como lo hace la burguesía liberal durante la Regeneración; pero el personal intermediario teme perderlo todo si pierde su posición política.104 La diversidad y la debilidad de las élites económicas y la precariedad del Estado permiten así que se despliegue, por intermedio de este personal, un amplio espacio intersticial que es el verdadero terreno de los enfrentamientos políticos. Al hablar de esta manera queremos sugerir que el espacio intersticial está estrechamente inscrito, ciertamente, en las relaciones generales de dominación de la sociedad y que constituye de hecho uno de los relevos de esta dominación social; pero queremos indicar al mismo tiempo que posee cierta independencia respecto a los intereses y las luchas que lo atraviesan. El hecho de que los dos partidos “tradicionales” casi no se distingan desde el punto de vista económico indica ampliamente que no son ellos los instrumentos a través de los cuales una determinada fracción dominante podría pretender afianzar su predominio; para hacerlo, en lugar de dar el

103

M. Deas muestra que es a la vez imposible e incómodo para el notable asumir un papel político local que lo obligue a estar constantemente en el lugar.

104

Se puede encontrar en el artículo de M. Deas una lista de las ventajas que un “cacique” puede obtener de su posición.

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rodeo por el espacio político, buscaría más bien la manera de formular sus demandas de forma directa e inmediata. Sin entrar en los detalles de un razonamiento sobre el cual volveremos más adelante, es útil citar al menos dos razones que explican este desfase. Por una parte, el carácter “dependiente” de una economía significa que el equilibrio relativo entre las diversas fracciones dominantes se modifica, no solamente según una lógica interna, sino también según el lugar que cada una de ellas ocupa con relación al exterior. El acceso a la “centralidad”105 no está sometido necesariamente al establecimiento previo de una hegemonía política ni lo exige ineluctablemente. Este aspecto circunscribe al mismo tiempo la independencia del espacio político y sus límites. El espacio político posee una inercia propia debido a que no está obligado de hecho a transformarse a medida que cambia la fracción central. A través de él sólo se expresan intereses económicos secundarios por lo menos a corto plazo106 puesto que las fracciones dominantes no se organizan por su mediación. Por otra parte, este mismo carácter “dependiente” remite de manera complementaria a la desarticulación de una economía, capitalista por su inserción en la economía mundial, no capitalista por las relaciones de producción sobre las que reposa, o mejor aún, a la doble figura de una oligarquía, agente de desarrollo por sus vínculos con el exterior, dueña y señora de las formas “tradicionales” de dominio en el interior.107 El espacio político se sitúa, fundamentalmente, sobre la segunda vertiente; por una parte, toma prestado su lenguaje de la democracia competitiva pero, por otra, reproduce las formas tradicionales de dominio108 y les confiere una base complementaria. Y sirve precisamente para cerrar las brechas que la desarticulación económica produce.

105

Consideramos como clase central aquella por intermedio de la cual se establece principalmente la relación con los países centrales.

106

A largo plazo, el interés es evidentemente el mantenimiento global de la dominación social.

107

Cf. Alain Touraine, Les sociétés dépendantes, París, Duculot, 1976. (Existe edición en español Las sociedades dependientes, México, Siglo XXI, 1978. N. del T.).

108

Esta problemática es, principalmente, la de Florestan Fernandes, “Problemas de conceptualización de las clases sociales en América Latina”, en: Las clases sociales en América Latina, México, Siglo XXI, 1973, pp. 191-276.

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Que el espacio político, en el decenio de 1850, se pueda leer en términos de oposición entre defensores y adversarios de la Iglesia, mucho más que en términos económicos, es un indicativo de la posición que ocupa. Sin duda, como en otros países de la América Latina, este antagonismo tiene alguna relación con los intereses de los diversos grupos sociales.109 Pero es una expresión, sobre todo de la empresa, de cerrar la brecha que se hace necesaria como consecuencia de la apertura hacia el exterior y sus decepciones. Conservadores y liberales están igualmente en la búsqueda de un orden social; los primeros se preocupan por dar un fundamento absoluto a las relaciones sociales “tradicionales”, los segundos, por el contrario, por adaptarlas a la apertura capitalista. Este amplio debate tiene evidentemente un carácter aun más incierto gracias a que, de hecho, “lo arcaico” se reproduce bajo la apariencia de lo “moderno” e, inversamente; pero esta incertidumbre, disimulada detrás de la intransigencia de las ideas,110 revela precisamente la complementariedad profunda de las tesis contradictorias.111 Habría que agregar, además, que las querellas religiosas, al ocupar el espacio político, no dejan a las contradicciones sociales la posibilidad de encontrar allí un lugar de manifestación propio. La unión de los notables de los dos partidos contra los artesanos en 1853-1854 muestra los límites de la manera como el liberalismo toma a su cargo las reivindicaciones populares. Las querellas religiosas dan, al menos, a unas élites frágiles y atemorizadas por el espectáculo del empobrecimiento de las masas, los títulos para justificar su función dirigente. Por intermedio de las guerras político-religiosas imponen sus marcos de referencia.112 Las reformas

109

Por ejemplo, en lo que se refiere a las medidas de expropiación de los bienes de la Iglesia.

110

La historia de las ideas está tratada en particular en J. Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, op. cit. y en los tres tomos de G. Molina, Las ideas liberales en Colombia 1849-1914, Bogotá, Tercer Mundo, 1978; Las ideas liberales en Colombia 1915-1934, Bogotá, Tercer Mundo, 1974; Las ideas liberales en Colombia 1935 a la iniciación del Frente Nacional, Bogotá, Tercer Mundo, 1977.

111

Todo el mundo está de acuerdo, por lo demás, en reconocer que la intensidad del debate religioso quedaba singularmente atenuada por la profunda adhesión religiosa de la mayoría de los liberales.

112

Si hay un punto sobre el cual están de acuerdo liberales y conservadores es la importancia del problema de la educación. Los liberales hacen esfuerzos considerables por mejorar su nivel y su contenido; los conservadores confían su control a la Iglesia.

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de 1850, al precipitar la descomposición de las formas de propiedad, de trabajo y de cultivo que protegían aún, por poco que fuera, a una parte de la población indígena, privan a esta última de toda identidad. De manera cada vez más insistente, los notables llamarán la atención sobre su decadencia y sus “taras”.113 Laureano Gómez, en sus famosas conferencias de 1928, menciona esta situación y atribuye el atraso económico irremediable de Colombia a la inferioridad de un poblamiento fundado en raíces indias, negras o mestizas. El lenguaje político no deja, ciertamente, lugar alguno para las contradicciones sociales, ya que se inscribe en lo fundamental en el mundo de la separación social, que llega incluso hasta el punto de convertirse en separación cultural. Si el espacio político está ampliamente ocupado por una multitud de intermediarios, es porque éstos llenan el lugar intermedio entre una separación de esta naturaleza. Sería, sin embargo, muy apresurado hablar de un “sistema oligárquico estable”. Existe, sin lugar a dudas, un sector comercial que construye para sí mismo una posición privilegiada al convertirse en el acreedor de un Estado que se ve obligado a consagrar la mayor parte de sus desembolsos al pago de la deuda. Pero este sector no tiene la capacidad para imponerse sobre el conjunto de las élites regionales. Las luchas políticas implicaban probablemente un control bastante cerrado sobre la población; sin embargo, estimulaban también todas las tendencias centrífugas. No contaron los reformadores de 1850 con los medios para llevar a cabo su proyecto de conquistar para Colombia una posición sólida en la división internacional del trabajo. La crisis de las exportaciones, brutal en 1881, deja a la burguesía desamparada. Bajo el impulso de Rafael Núñez, que desde su elección como presidente por primera vez en 1880 domina la escena colombiana hasta su muerte en 1894, se forma un régimen político cuya inspiración es contraria a las ideas liberales de 1850: con el otorgamiento a la Iglesia del papel de salvaguarda del orden social,

113

Malcolm Deas cita el texto de un inspector del gobierno encargado de un estudio sobre las clases sociales quien, después de haber descrito los “grandes capitalistas” y los “pequeños propietarios” –entre los cuales son reclutados los “caciques”–, pinta a los “indios” como “desdichados seres desprovistos de inteligencia, de educación, de instrucción moral y religiosa, e incluso de buenos sentimientos”. M. Deas, “Algunas notas…”, op. cit., p. 126.

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la fundación de un Estado centralizado, la supresión de las libertades políticas, la consolidación de la “hegemonía” del Partido Conservador, se conforma un cuadro político que se logra sostener casi cincuenta años, hasta 1930. La paradoja consiste, no obstante, en que este régimen se conforma en el momento preciso en que Colombia había encontrado finalmente la manera de inscribirse en el comercio internacional: entre 1894-1896, ya se había consagrado plenamente a la exportación de café.

El surgimiento de una clase central: la burguesía cafetera El café se cultivaba desde hacía muchos años en pequeñas parcelas, pero su despegue decisivo sólo comienza verdaderamente alrededor de 1880; se acentúa en 1890, y se acelera poco a poco hasta 1930. Entre 1895 y 1918 el volumen de las exportaciones se triplica una primera vez; entre 1918 y 1930 se triplica de nuevo. En el período 1905-1909 su valor representa el 39% del total de las exportaciones; entre 1923 y 1929 el 69%. No es nuestro propósito describir esta expansión; diversos estudios lo han hecho, a los cuales nos remitimos.114 No obstante, sí es indispensable resumir algunas de sus características, ya que su desarrollo es poco comparable con el de otros cultivos de exportación en otros lugares, ni siquiera con el del café en el Brasil. En efecto, el café propicia el

114

Citemos solamente, además del antiguo trabajo de James Parsons, Antioqueña colonization in western Colombia, Berkeley, University of California Press, 1949; las investigaciones de Absalón Machado, El café, de la aparcería al capitalismo, Bogotá, Punta de Lanza, 1977; de Mariano Arango, El café y la industria en Colombia, 18501930, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1977; Fabio Zambrano, “El comercio del café en Cundinamarca”, Cuadernos Colombianos, Bogotá, núm. 11, 2° semestre de 1977, pp. 391-436; Marco Palacios, El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y política, 2.ª ed., Bogotá, El Colegio de México-El Áncora, 1983. Recordemos también las obras ya citadas de A. López Toro, F. R. Safford y W. P. McGreevey. (Existe traducción española de la obra de J. Parsons, La colonización antioqueña del Occidente colombiano, Bogotá, Banco de la República-El Áncora, 1991. N. del T.).

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nacimiento de un importante campesinado pequeño y mediano que, lejos de desaparecer, entre 1920 y 1950 refuerza, por el contrario, su presencia. Desde el punto de vista económico, la existencia de un campesinado de este tipo es ya importante; pero lo es más aun desde el punto de vista político. Para comprender tanto la estabilidad de la dominación oligárquica como la intensidad de la violencia que comienza alrededor de 1945, es necesario evocar la manera como se ha formado este campesinado.

Grandes plantaciones y economía campesina Dos condiciones son necesarias para la constitución duradera de una pequeña y mediana propiedad campesina: una diferencia reducida de productividad con relación a las grandes explotaciones y un acceso posible a la tierra. El cultivo del café, sobre todo a comienzos del siglo, sólo requería de métodos muy rudimentarios. Suponía fundamentalmente un aporte en trabajo considerable y no exigía la posesión previa de capitales. Si el acceso a la tierra era libre, la única dificultad real consistía en el plazo transcurrido entre la plantación de los cafetos y el momento en que éstos comenzaran a producir: cuatro o cinco años. Durante la colonización antioqueña esta dificultad había pasado a un segundo plano debido a que los colonos consagraban toda la tierra que habían desbrozado, o parte de ella, a los cultivos alimenticios. Esta situación se mantuvo así durante mucho tiempo y numerosos autores han destacado que, gracias a este hecho, se hizo posible la consolidación de la viabilidad de la economía campesina.115 Por muchas razones la propiedad campesina gozaba en la práctica de ventajas respecto a la gran plantación. Antonio García, en un estudio de 1937 sobre Caldas, muestra cómo la utilización del trabajo familiar convenía particularmente tanto al trabajo de mantenimiento del cafetal como al cuidado minucioso que supone la recolección.116 La productividad

115

Cf. J. A. Bejarano, “El fin de la economía exportadora…”, op. cit., p. 243.

116

Antonio García, Geografía económica de Colombia: Caldas, Bogotá, Contraloría General de la República, 1937. Malcolm Deas observa el cuidado con el que se lleva a cabo la cosecha, grano por grano, y el contraste a este respecto con los métodos brasileños descritos por S.J. Stein en Vassouras; Malcom Deas “A Colombian coffee estate, Santa

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de esta pequeña propiedad podía estar, por lo tanto, al mismo nivel que la gran explotación,117 lo que no era el caso del Brasil en las regiones donde aparece, después de 1930, un tipo de propiedad similar.118 Antonio García anotaba igualmente que esta economía campesina se podía sostener gracias a que el trabajo familiar no entraba en su contabilidad.119 Esta característica es la que le permite, en particular, resistir las variaciones de los precios más fácilmente que la gran plantación. Los voceros más clarividentes de los sectores cafeteros comprendieron muy pronto que había allí un verdadero “cojín amortiguador” que daba una posibilidad de éxito sin igual a la burguesía cafetera colombiana. Mariano Ospina Pérez, como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, lo afirma muy claramente durante la crisis de 1930: “El fraccionamiento de nuestra producción y la multiplicidad de los cultivos que la conforman la tornan prácticamente invencible dentro de una competencia de bajos precios”. Por esta razón, como se verá en el capítulo siguiente, el futuro presidente conservador rechazaba toda medida de limitación de los cultivos. La gran plantación no tenía la misma flexibilidad, ya que debía enfrentar de manera casi permanente dos dificultades propias: el reclutamiento y el costo de la mano de obra. El reclutamiento no dejaba de plantear problemas. Mariano Arango sugiere que una de las razones que hacen posible que la gran plantación se organice primero en Santander se encuentra en la crisis de la industria doméstica y del tabaco, que previamente había sacudido la región y

Bárbara, Cundinamarca, 1870-1912”, en: E. Keneth Dunkan et al., Land and labor in Latin America, Cambridge, Cambridge Latin American Studies, 1977. 117

Kalmanovitz admite incluso en sus cálculos una productividad superior de la pequeña propiedad con relación a la de la grande. Si se supone que la productividad de las más pequeñas propiedades es igual a 100, la de las grandes explotaciones sería de 80 y la de las propiedades medianas (entre 3 y 12 ha) de 120. Salomón Kalmanovitz, “Evolución de la estructura agraria colombiana”, Cuadernos Colombianos, núm. 3, 1° trimestre de 1974, pp. 353-405.

118

Monbeig afirma que los rendimientos de la pequeña propiedad eran, en los años 1937-1938, muy inferiores a los de la gran explotación. Pierre Monbeig, Pionniers et planteurs de São Paulo, París, Armand Colin, 1952, pp. 241 y ss.

119

De esta manera Antonio García razonaba como Chayanov.

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ocasionado la liberación de una abundante mano de obra.120 A finales del siglo, en las vastas explotaciones de Cundinamarca y del Tolima, se hacen todos los esfuerzos, a través de los medios más diversos, por atraer trabajadores de Boyacá. Si ya era difícil encontrar jornaleros permanentes, mucho más difícil aún era conseguirlos para la recolección; precisamente al estudiar el ejemplo de una hacienda de Sasaima, Malcolm Deas muestra cómo esta dificultad constituía una fuente de preocupación permanente.121 El problema resurge con agudeza en distintas ocasiones, pero sobre todo en 1926-1929; los diversos programas de obras públicas hacen competencia en ese momento a las plantaciones de café, debido a que ofrecen a los obreros salarios mucho más elevados. Esta situación genera un verdadero pánico entre los grandes productores que sugieren diversos remedios: limitar provisionalmente la libertad de movimiento de la mano de obra en ciertas regiones, recurrir a la requisición manu militari de trabajadores, o, mejor aún, abrir las puertas a la inmigración proveniente de la India. Como lo observa Alejandro López, la preocupación por la “falta de brazos” es una expresión de la vulnerabilidad de estas plantaciones cuya gestión descansaba en el mantenimiento de salarios extremadamente bajos. Como ya lo hemos dicho, la remuneración del trabajo representaba la parte principal de los gastos de la empresa: 90%, se dice algunas veces. De allí se deriva, entonces, que el dinamismo de las grandes plantaciones era muy sensible a la evolución de los salarios y, sobre todo, que las relaciones salariales quedaban en una posición subordinada en el conjunto de unas relaciones sociales que no eran capitalistas. Darío Bustamante, en su estudio sobre las consecuencias de la generalización del uso del papel moneda durante la Regeneración, ha mostrado muy bien cómo las grandes explotaciones habían logrado obtener beneficios de la devaluación rápida de la unidad monetaria, ya que eso implicaba una reducción brutal de los salarios reales de los peones.122 En el sentido contrario, la recuperación de los salarios a partir de 1895-1896 pone en

120

M. Arango, El café y la industria…, op. cit., cap. I.

121

M. Deas, “A Colombian coffee estate...”, op. cit., passim.

122

D. Bustamante, op. cit.

123

A. Machado, El café…, op. cit., p. 52.

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crisis a numerosas explotaciones.123 En los años 1927-1929 la tendencia al crecimiento rápido de los salarios es, al igual que la “falta de brazos”, una fuente de pánico. Así se puede comprender, pues, la obstinación con que los hacendados evitaban, de hecho, la generalización de las relaciones salariales. Incluso en los lugares donde estas últimas habían logrado prevalecer en ciertos momentos como en Santander y algunas zonas del Tolima, cuando los salarios se elevan en exceso deben ceder su lugar para permitir el retorno de unas relaciones de producción “arcaicas”.124 Sería dispendioso describir la inmensa variedad de las relaciones de producción no capitalistas.125 En las zonas de frontera se asigna a los colonos la tarea de desbrozar y plantar los cafetos a cambio del derecho de disponer de una parcela para los cultivos alimenticios y del pago en verdad aleatorio de las “mejoras” cuando los cafetales comiencen a producir; en otros lugares los arrendatarios, aparceros, concertados, etc., tienen generalmente, como condición común a todos, el derecho de recibir una parcela, a cambio de la cual deben trabajar cierto número de días por semana en la hacienda. La importancia relativa de esta prestación en trabajo es variable. En ciertas haciendas de Cundinamarca la calidad de arrendatario implicaba de hecho un trabajo obligatorio y no remunerado de una quincena de días por mes, aunque era más generalizado el hecho de que este trabajo fuera remunerado pero a una tarifa reducida. Como regla general, los aparceros se encontraban sometidos a condiciones menos arbitrarias que los arrendatarios o concertados;126 no obstante, no estaban a salvo de las expulsiones repentinas, ni de la arbitrariedad de los cálculos y las pesas cuando entregaban la parte de producción que correspondía al propietario, o de la aleatoriedad de los precios cuando estaban obligados a venderle su propia parte de la cosecha. Los llamados peones, por su parte, no alcanzaban a representar una mano de obra de tipo capitalista puesto que estaban a menudo privados de libertad de movimiento

124

Cf. M. Arango, El café y la industria, op. cit., primera parte; M. Palacios, El café en Colombia…, op. cit.

125

A. Machado y M. Palacios hacen su descripción minuciosa.

126

Fernando Lleras de la Fuente, “El café: antecedentes generales y expansión hacia 1964” [tesis de la Universidad de los Andes], Bogotá, 1970, p. 28.

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por procedimientos diversos, el más importante de los cuales era el endeudamiento. La preservación de semejantes relaciones sociales parecía ser necesaria para el funcionamiento de las grandes explotaciones; no obstante, los años 1925-1936 traen consigo una serie de conflictos sociales de una amplitud sin precedentes. Veremos cómo esta agitación social contribuye a debilitar, sobre todo en ciertas regiones, la preponderancia de las grandes explotaciones. No olvidemos que no se debe subestimar, obviamente, la importancia de las grandes plantaciones en la expansión del café y en la producción global. Santander y Cundinamarca, departamentos donde la producción estaba particularmente concentrada, son al comienzo el verdadero centro de esta expansión; en 1874 en el momento en que ésta se inicia, los departamentos de Norte de Santander y Santander dan cuenta por sí solos del 87% de la producción. En 1913 los mismos departamentos continúan aportando el 30.2% de la producción, Cundinamarca y Boyacá, el 18.7%, mientras que el sector occidental, Antioquia y Caldas donde se desarrolla a toda marcha la colonización, sólo contribuye con el 35.4%. En 1932 el desplazamiento hacia el occidente donde la pequeña propiedad desempeña un papel mucho más considerable se convierte en el hecho preponderante; la parte de Santander en la producción nacional cae al 12% y la de Cundinamarca y Boyacá, al 12.4%; en cambio, la de Antioquia y Caldas se eleva al 47%. Un desplazamiento de esta naturaleza significa una atenuación de la concentración de la producción. Según el censo de 1932, las haciendas de más de 35 ha suministran por sí solas el 37.9% de la producción de Cundinamarca, el 36.8% de la de Santander y el 27.6% de la del Tolima; en la misma fecha las haciendas de la misma talla difícilmente alcanzan el 17.3% de la producción de Antioquia, el 10.7% de la de Caldas y el 4.4% de la del Valle.127 Para el total de Colombia aportan el 18.2% de la producción. Ciertamente este porcentaje se incrementa notoriamente si se le agregan los cafetales de 12 a 35 ha que, en el caso colombiano, se pueden considerar como grandes plantaciones y que, cualquiera que sea su situación, necesitan de mano de obra numerosa; las plantaciones de más de 12 ha (comprendidas allí, por supuesto, las de más de 35 ha) sólo

127

Tomamos estas cifras de A. Machado, El café…, op. cit.

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alcanzan a formar el 1.9% del total de las plantaciones, pero suministran el 21.3% de la producción.128 La concentración de la producción es, pues, de manera evidente, muy apreciable pero no por ello la parte correspondiente a la pequeña y mediana producción es menos considerable. En toda Colombia las propiedades de menos de 3 ha (que sólo utilizan la fuerza laboral familiar) forman el 86.8% del conjunto de las plantaciones y contribuyen con el 49% de la producción; las de 3 a 12 ha (que tienen que recurrir a menudo, al menos durante las cosechas, a mano de obra exterior) forman el 11.3% de las plantaciones y contribuyen con el 29.7% de la producción.129 Las ventajas comparativas de que podía disponer la propiedad campesina no lo explican todo. Era necesario, además, que los pequeños colonos tuvieran acceso a la tierra. Es en este aspecto donde el contraste es más marcado con el caso brasileño. Pierre Monbeig subraya que en la antigua colonia portuguesa “toda tierra tiene un propietario particular ”.130 Si el gobierno quiere favorecer la pequeña colonización, debe previamente comprar las tierras. Luciano Martins, por su parte, ha mostrado que las élites brasileñas estaban firmemente decididas a oponerse a la formación de una clase de pequeños propietarios autóctonos.131 En contraste, numerosos defensores de la aventura del café en Colombia sugieren, desde el principio, que la existencia de esta clase podía ofrecer a la pequeña propiedad la oportunidad para hacer posible su consolidación. Salvador Camacho Roldán, un miembro eminente de la oligarquía financiera, escribe en 1864 que el café “se presta muy bien a la extensión del pequeño cultivo”, que con 2.000 árboles se obtiene “un ingreso suficiente para satisfacer las

128

S. Kalmanovitz, Desarrollo de la agricultura en Colombia, Bogotá, La Carreta, 1978. Si se prefiere hablar en número de cafetos –como lo hace el censo–, se observa que las plantaciones de más de 20.000 cafetos (el 1.9% del total) representan el 26.5% del conjunto de la producción. Estas cifras deben ser aceptadas con cierta prudencia pues casi no concuerdan con las presentadas por A. Machado.

129

Siempre con las necesarias reservas en cuanto a la precisión de estas estimaciones que tomamos, también en este caso, de S. Kalmanovitz y que divergen fuertemente de las de A. Machado.

130

P. Monbeig, op. cit., p. 142.

131

Luciano Martins, Pouvoir et développement économique, París, Anthropos, 1976, p. 73.

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necesidades de una familia pobre”, en pocos palabras, que se encuentra allí “una producción esencialmente democrática”.132 Mariano Ospina Rodríguez, antiguo presidente conservador, declara por su parte en 1880: “Pocos frutos se prestan como el café al cultivo en grande y en pequeño. Si el primero es provechoso, el segundo lo es mucho más. Cada labrador, sin aumentar sensiblemente el trabajo que exigen de él los cultivos del maíz y de la yuca, puede convertir una parte de su campo en un cafetal”.133 “Democrático”: la expresión es empleada con mucha frecuencia, sobre todo por Mariano Ospina Pérez en los años treinta. El caso de Cundinamarca está allí, sin embargo, para sustentar que los grandes propietarios no se resignan fácilmente a reconocer efectivamente el acceso a la tierra. Los conflictos que se presentan entre 1925 y 1936 tienen como telón de fondo el acaparamiento, en beneficio de aquellos, de las tierras públicas por medio de títulos de propiedad dudosos, así como la prohibición que se hace a los arrendatarios de cultivar café en sus parcelas. Algo similar ocurre en muchas otras regiones, no solamente en las “fronteras” periféricas sino también en las del occidente cafetero. La colonización antioqueña, con su flujo continuo hacia Caldas, Tolima y el norte del Valle del Cauca, estaba llamada a servir de vehículo para la creación de este pequeño y mediano campesinado. El movimiento es en realidad muy anterior a la expansión del café, ya que había comenzado a presentarse desde finales del siglo XVIII y seguía su marcha sin interrupción desde esa época. Lejos de oponerse a este proceso de colonización, la burguesía comercial antioqueña se muestra favorable. La prioridad que otorga a su papel de burguesía comercial, la ausencia de una verdadera estructura latifundista local y la negativa a promoverla, la presión de una población que no encuentra en su propio sitio cómo garantizar sus medios de subsistencia, la existencia de mineros libres: todos estos factores nos pueden explicar dicha actitud.134 Es probable, en todo caso, que esta primera fase de la colonización haya preparado a la burguesía para aceptar su prosecución una vez iniciada la expansión del café; un testimonio como el de Mariano Ospina Rodríguez, antes

132

Estas citas son tomadas de D. Bustamante, op. cit.

133

Citado en J. Parsons, op. cit., p. 139.

134

A. López Toro, Migración y cambio social en Antioquia..., op. cit., passim.

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citado, va en este sentido. ¿El mejor lugar en el proceso económico no seguía siendo, ahora más que nunca, el de intermediario comercial? Sin embargo, esta colonización no fue necesariamente “democrática” ni “igualitaria”. La especulación por parte de ciertas fracciones privilegiadas no estuvo ausente como en el caso de la región de Manizales que es muy conocido.135 Durante mucho tiempo, en el marco de la colonización “colectiva” que prevalece hasta 1874, los fundadores de municipios se asignaban para su beneficio grandes extensiones. La implantación de grandes haciendas ganaderas en Antioquia e incluso en Caldas alrededor del año 1900 no es otra cosa que la reproducción de las formas de apropiación de las otras regiones. En una parte de la región del Quindío, abandonada en un principio por los colonos, algunas familias lograron apropiarse de amplias posesiones.136 Además, la gran propiedad es la que desempeña en una primera fase el papel más importante; el ejemplo del municipio de Fredonia, en el sur de Antioquia, es importante ya que allí se implantan en 1880 vastas haciendas, particularmente modernas respecto a lo que se conoce en la época. A pesar de lo anterior, de ninguna manera se puede negar que la pequeña y la mediana propiedad encontraron la forma de afianzarse. Una ley de 1874, que substituía con la colonización individual la colonización “colectiva”, contribuyó probablemente en este proceso, el hecho se discute; pero parece comprobado que lo que más contribuyó fue una ley de 1905 gracias a la cual, hasta 1912, la política de distribución de tierras públicas estuvo orientada a favorecer a los pequeños colonos. En el norte del Valle del Cauca los colonos encontraron las condiciones para instalarse. Más tarde, en 1926, una decisión de la Corte Suprema ofreció a los colonos la posibilidad de disponer de medios jurídicos para impugnar la apropiación indebida de baldíos.

135

Una compañía pretendía poseer 200.000 ha en esta zona. Los doce fundadores de Manizales llegaron a un acuerdo que les daba de hecho un gran control sobre todos los pequeños colonos. Cf. José Fernando Ocampo, Dominio de clase en la ciudad colombiana, Medellín, Oveja Negra, 1972; Keith Christie, “Oligarchy and society in Caldas, Colombia” [tesis dactilografiada, Universidad de Oxford], Oxford, 1974.

136

Una sola familia controlaba las tierras del municipio de Montenegro. Hacia 1935 el municipio de Belalcázar habría de conocer largos enfrentamientos entre colonos y un gran propietario.

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Considerados los datos estadísticos disponibles se puede concluir, de todas formas, que la pequeña y mediana propiedad contribuyeron de manera fundamental a la extraordinaria expansión cafetera de los años veinte. De 1923 a 1932 la superficie de los cultivos de café crece, sin lugar a dudas, en más del 50%.137 Es necesario tener en cuenta que la pequeña y mediana propiedad progresa en ese momento más rápido que la grande:138 conserva sus posiciones en departamentos como Antioquia y Caldas, donde la colonización había llegado a su fin; las consolida en el Valle del Cauca, el Huila y el Cauca, donde la colonización continuaba; las mejora de manera nada despreciable en un departamento de grandes explotaciones como Cundinamarca. La gran “vencida” es, con plena certeza, la explotación de más de 35 ha, cuya participación en la producción total disminuye. Algunos de los estudios en que nos apoyamos, tienden, sin embargo, a poner el acento sobre la concentración de la producción,139 y nos llaman la atención sobre el hecho de que la gran explotación seguía ocupando

137

Los cálculos, también en este caso, concuerdan muy poco. Machado presenta la cifra de 53%. A. Machado, El café…, op. cit., p. 117, inferior a las cifras presentadas por M. Arango y que citamos en la nota siguiente.

138

M. Arango, El café y la industria…, op. cit., dice que entre 1925 y 1932 las propiedades de menos de 20.000 árboles aumentaron en número el 236% en superficie global en 190.4%, mientras que las propiedades de más de 20.000 árboles aumentaron en número el 82.2% y en superficie global, el 57.3%. Según este autor, eso significa que las propiedades de menos de 20.000 árboles, que representaban el 57.3% de la superficie global del café en 1922, representan el 70.2% en 1932. Nos parece que los datos calculados por Machado demuestran al menos un mantenimiento de la posición de la pequeña y mediana propiedad. Cf. A. Machado, El café…, cuadro, op. cit., pp. 131-132.

139

En particular Machado, quien escribe: “Esta estructura concentrada de la propiedad se había conformado desde principios del siglo XX, cuando el café se expandió rápidamente por todo el país, y nos atreveríamos a afirmar [...] que desde un comienzo el café nació con una concentración de la producción. [...] Además, en una economía que empezaba a modernizarse y a producir relaciones de trabajo asalariado, la tendencia normal era hacia la concentración o el monopolio de la propiedad y la producción”. A. Machado, El café…, op. cit., p. 123. Al querer introducir el esquema de la evolución capitalista “normal”, nos parece que se subestima la extraordinaria resistencia de esta pequeña propiedad, hasta los años setenta, y que se corre el riesgo de desconocer sus implicaciones políticas.

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una posición dominante. Con justa razón, destacan que la proliferación de las propiedades familiares conducía a una estructura minifundista que sólo significaba, en últimas, una incorporación limitada a la economía monetaria. Nos recuerdan también que los pequeños productores estaban sometidos a un conjunto de intermediarios que se apropiaban de gran parte del valor que producían. En Caldas los había, al menos, de dos tipos: aquellos que, sobre el propio terreno, hacían anticipos sobre la cosecha futura a tasas de interés usureras y compraban al más bajo precio, y aquellos que, en Manizales o en otros centros urbanos, monopolizaban después de la cosecha, directamente o no, el tratamiento del café y su exportación. Los primeros eran generalmente los comerciantes locales, eslabones importantes de esta cadena que, como lo veremos a propósito de la Violencia, se transformaban fácilmente en caciques políticos. Los segundos eran los miembros de la burguesía comercial a la que haremos referencia en la sección siguiente. Alejandro López y Antonio García han descrito de manera muy acertada esta situación.140 Estas constataciones no nos deben llevar, sin embargo, a restar importancia al carácter original de una economía de exportación fundada en gran parte sobre la pequeña y la mediana propiedad. Es necesario repetir que este hecho significa, por lo menos, que la burguesía exportadora tenía la capacidad de resistir las evoluciones desfavorables de los precios. No obstante, las consecuencias son más numerosas: la burguesía tenía la posibilidad de llevar a cabo un descuento previo sin que esto tomara el aspecto de una relación de explotación directa; podía presentar la defensa de sus intereses como si fueran los mismos de “centenares de millares de campesinos”; y disponía de una amplia base social que le garantizaba las condiciones para afianzar su poder político. El comportamiento global de esta burguesía respecto al Estado se encontraba, pues, de hecho modificado como consecuencia de su posición.

Comercialización y tratamiento del café Hemos hecho referencia a la red de intermediarios. Es cierto que, gracias a su función comercial, la burguesía obtiene la mayor parte de sus

140

En las obras citadas anteriormente: A. López, Escritos escogidos, op. cit.; A. García, Geografía económica…, op. cit.

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beneficios. Ocurre con frecuencia que los exportadores no son ellos mismos productores.141 La situación a finales del siglo XIX es variable de una región a otra. El peso de la gran propiedad es, sin duda, determinante porque los grandes productores tienden a ser exportadores por su propia cuenta. La experiencia no les hace falta, por lo general, ya que los miembros de la burguesía comercial que existía con anterioridad son los mismos que figuran muy a menudo en la fundación de las grandes haciendas, como se puede comprobar en Cundinamarca o en Antioquia.142 Poderosos por sus capitales, los antioqueños están presentes, por lo demás, en muchos lugares, en Cundinamarca principalmente. La política financiera de la Regeneración contribuye a esta reorientación del capital comercial.143 En un primer momento los hacendados estaban, además, en relación directa con los mercados extranjeros para garantizar la salida de su producción.144 Aunque algunas veces debían recurrir al crédito que les concedían las casas extranjeras en calidad de anticipo sobre las cosechas, tales productores conservaban no obstante el control de la comercialización. Algunos exportadores colombianos crean, incluso, importantes establecimientos financieros en el exterior para garantizar las transacciones en el sitio mismo.145 Sin embargo, la situación empieza a cambiar a finales del siglo. La Guerra de los Mil Días desorganiza considerablemente la producción, causa numerosas quiebras y siembra la perturbación en las actividades

141

Este es el caso de Caldas en 1925, que acabamos de citar. Diego Monsalve –gracias al cual se dispone de los datos estadísticos para 1922-1925– escribe que “la exportación se hace por casas establecidas para este negocio, siendo muy contados los productores que a la vez son exportadores, debido a que no existen grandes plantaciones”, Diego Monsalve, Monografía estadística del departamento de Antioquia, Medellín, Imprenta Oficial, 1929, p. 362.

142

A. Machado, El café…, op. cit., p. 36; F. Zambrano, op. cit., pp. 1 y ss.

143

Conferir a un Banco Nacional el monopolio de la emisión priva a la burguesía financiera de los beneficios fáciles que ésta obtenía como acreedora del Estado.

144

Es el caso de la hacienda Santa Bárbara descrito por M. Deas, “A Colombian coffee estate…”, op. cit., p. 271.

145

Caso de la casa comercial creada en Inglaterra por Enrique Cortés y Rafael Parga en el decenio de 1880. Cf. F. Zambrano, op. cit., p. 411.

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exportadoras. La desvalorización del peso pone en situación desventajosa a ciertos exportadores; uno de los principales productores y exportadores de Cundinamarca había fundado en 1897 el “Banco de los exportadores” que se ve abocado a la quiebra, como consecuencia del sistema de contratar empréstitos-oro en el exterior y otorgar préstamos en pesos en el interior.146 Después de 1905 las casas extranjeras comienzan a establecerse en Colombia. Hasta 1920 no se puede afirmar, sin embargo, que el control nacional sobre la comercialización exterior haya desaparecido. Sin duda la fragilidad financiera de las casas colombianas era una consecuencia de su dependencia respecto al crédito exterior, aunque la aventura de la casa López está allí, sin embargo, para probar que es apresurado concluir en la marginalidad de los colombianos. A partir de 1895, Pedro A. López –el padre del presidente Alfonso López Pumarejo– se hace cargo de la exportación de una parte considerable de la producción de Cundinamarca y del Tolima. En 1912 la casa había alcanzado una importancia considerable; según ciertos estimativos, en ese momento se ocupaba del 40% del total de las exportaciones147 y con esa base tuvo la posibilidad de crear un poderoso banco que se interesara en el transporte y en la industria. En 1923 la casa López sufre, sin embargo, una quiebra de la que son responsables, al parecer, la crisis económica norteamericana de los años 1920-1921, la acción especulativa de los negociantes extranjeros y sus propias imprudencias. A partir de esa fecha y hasta 1940 las casas extranjeras asumen el control de la comercialización externa. A veces, incluso, disponen de redes propias de compra directa a los productores. La burguesía comercial colombiana no estaba excluida, sin embargo. La zona de colonización antioqueña continúa no sólo sirviendo de intermediaria frente a los productores sino que, a menudo, ella misma exporta, como se puede comprobar en el caso de Caldas y Antioquia.148 Muy a menudo la burguesía comercial conserva también su función en el tratamiento del café, en particular para las operaciones de

146

Ibíd., p. 409.

147

Según F. Zambrano, op. cit., p. 414, del cual tomamos estas informaciones.

148

A. Machado, El café…, op. cit., p. 235.

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clasificación y de despulpamiento que necesitan máquinas. Las grandes haciendas poseían sus propias trilladoras más o menos rudimentarias, lo que no era el caso de los pequeños campesinos. La creación de trilladoras industriales en una ciudad como Medellín es importante a este respecto porque permite a la burguesía obtener beneficios elevados en esta etapa. Pero lo es también por otra razón: como lo han señalado Luis Ospina Vásquez y, más recientemente, Mariano Arango, se daba con ello un primer paso hacia la industrialización. En 1910 esta actividad era uno de los sectores de la industria que más mano de obra empleaba. Hay que destacar sobre todo que la subordinación a las casas extranjeras se llevaba a cabo de una manera diferente de la que prevalecía en el Brasil desde 1906. En este último país la dependencia se establecía en el contexto de una política de valorización de los precios, cuyo resultado casi inmediato era colocar en las manos de los bancos extranjeros el manejo de las operaciones de compra del excedente de producción y en las del gobierno federal el patrocinio de estas operaciones. En Colombia la dependencia era igualmente real pero más difusa; no se inscribía en una política de conjunto, pero dejaba a los comerciantes locales libres de hacer sus acuerdos con los extranjeros; y no se acompañaba de una voluntad organizada de defender los precios. El rechazo de una práctica “artificial” de tal naturaleza persiste, como se verá, por largo tiempo. La “escuela de Manizales”, que representa las orientaciones de la burguesía comercial cafetera de Caldas, hace de este rechazo un verdadero dogma. Que este tipo de liberalismo prevalezca en una zona donde la pequeña y la mediana propiedad tienen la importancia que ya sabemos no es algo fortuito: el “cojín amortiguador” encontraba allí toda su utilidad. La burguesía no tenía motivos para quejarse de la opción que había tomado: beneficiaria indirecta de la valorización brasileña, ve pasar la participación del café colombiano en el consumo mundial del 3% en 1905 al 14.5% en 1933; subordinada a los exportadores extranjeros, conserva en todo caso su independencia respecto al Estado; respetuosa de las “leyes del mercado”, pone todo el empeño en no alienar su libertad hasta el extremo de no ceder, al menos hasta 1927, frente al proyecto de creación de una organización propia. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) congrega ciertamente desde 1906 cierto número de grandes productores, pero cuenta escasamente con la representación de los de Cundinamarca y de la zona limítrofe del Tolima; su interés prioritario es

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alcanzar una influencia política general.149 No obstante, bajo la égida de esta sociedad se reúne en 1920 un primer Congreso de los Caficultores; como sólo se trataba de ordenar en mejor forma la venta en el exterior y el crédito en el interior, el Congreso se opone al sostenimiento de los precios y a la constitución de una organización permanente. Sólo será en 1927, bajo el discreto impulso de los poderes públicos, que se funda finalmente la institución que ocupará progresivamente un lugar central: la Federación Nacional de Cafeteros. Se debe subrayar, además, que este organismo provoca las reticencias de los exportadores de Caldas que, en 1930, todavía se mantienen de hecho al margen. La Federación en este mismo momento se encuentra desprovista de recursos, a pesar del impuesto sobre las exportaciones de café previsto para financiarla pues muchos afiliados con los de Caldas a la cabeza se niegan a pagarlo.150 La agremiación tampoco tiene pretensión de defender los precios internos del café. La subordinación a los exportadores extranjeros sólo se mantiene por un breve período; en 1940 ya no existe. Subsiste en cambio la voluntad de los productores-exportadores nacionales de tener en sus manos la política del café y no delegarla en el Estado. Cincuenta años más tarde, en 1977, la Federación, dotada de un extraordinario poder financiero, logra de nuevo el pleno reconocimiento jurídico como entidad privada. Esta independencia no es, en realidad, otra cosa que la capacidad de mantener el control directo o indirecto sobre las operaciones de comercialización interna que, como ya lo hemos visto, son fundamentales para una burguesía interesada sobre todo en una función de intermediaria. Su “liberalismo” económico consiste fundamentalmente en limitar las interferencias del Estado en este campo. Por intermedio de la Federación la burguesía cafetera proclama su derecho a controlar directamente todas las actividades relacionadas con el café; afianzando su dominio sobre los pequeños productores se

149

P. Gilhodes, La terre…, op. cit., p. 87.

150

Es, sin embargo, una ley la que instituye este impuesto (10 centavos por saco de 80 kilos). El Comité Nacional se había dado cuenta de que el Congreso de 1927 no votaría por su propia iniciativa una medida de esta naturaleza. Cf. Bennett Eugene Koffman, “The National Federation of coffee-growers of Colombia” [tesis de Ph. D., Universidad de Virginia], Virginia, 1969.

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procura también los medios para lograrlo. En efecto, la Federación abruma progresivamente las regiones de pequeña producción con mostradores de compra y de depósito y con escuelas, dispensarios y caminos.151 Omnipresente,152 define de hecho un modelo de dominio directo o, mejor aún, de hegemonía privada cuyas consecuencias políticas serán fundamentales.

Del comercio a la industria Las opciones “liberales” de la burguesía cafetera no significan que ésta sea hostil a la industrialización. El desarrollo de las exportaciones hace de esta última una posibilidad efectiva. Una fracción de la burguesía vinculada con el café se dedica a sacar rápidamente el máximo provecho de esta nueva alternativa. Luis Ospina Vásquez ha mostrado de manera precisa cómo a partir de 1880 todos los gobiernos se declaran partidarios de la protección.153 Pero no faltan ciertamente las voces que ponen en guardia contra la “industrialización artificial” y los “molinos de los derechos de aduana”. Estos reclamos no provienen necesariamente de la burguesía comercial sino, sobre todo, de los “sectores medios”, y van a tener repercusiones cada vez mayores después de 1930. A falta de mejores razones, las necesidades fiscales logran convencer a los gobiernos de mantener derechos elevados sobre los productos de consumo corriente importados. No obstante, la voluntad de industrialización se consolida progresivamente; con Rafael Núñez era aún bastante incierta, pero no ocurre lo mismo con Rafael Reyes, al finalizar la Guerra de los Mil Días, ni con Pedro Nel Ospina, en los años 1922-1926. El hecho es que la burguesía exportadora no tiene ningún interés en atravesarse en el camino de esta evolución. Rafael Uribe Uribe, general liberal de la Guerra de los Mil Días y, sobre todo, uno de los más eminentes representantes de la burguesía cafetera, se

151

Soledad Ruiz ha visto perfectamente la importancia de este aspecto en su estudio La fuerza de trabajo en la zona cafetera del Tolima, mimeo, Bogotá, DANE, 1972.

152

Esto no es completamente exacto. En ciertas regiones de minifundios cafeteros la Federación no se había implantado (caso, por ejemplo, de la Sierra Nevada de Santa Marta) y dejaba a los intermediarios la posibilidad de actuar libremente.

153

L. Ospina Vásquez, op. cit., caps. VI y ss.

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convierte después de 1905 en el heraldo de una “protección racional” y de una intervención activa del Estado. Esteban Jaramillo, miembro en 1937 del comité nacional de la Federación de Cafeteros, milita en favor de una política industrial. Pedro Nel Ospina, por su parte, no espera a ser elegido a la presidencia para lanzarse a la aventura industrial. Los tres nombres que acabamos de citar son antioqueños. No es una casualidad ya que se conoce el papel preponderante que éstos tuvieron en el comienzo de esta aventura. El fenómeno de colonización hacia el sur ha estado en el centro de numerosas investigaciones, tanto como el de la industrialización antioqueña.154 Nos contentaremos con recordar algunos elementos del problema. Ya hemos tenido ocasión de hacer referencia a algunas de las condiciones que dieron lugar en el siglo XIX al auge de la burguesía comercial de Medellín: debilidad de las estructuras latifundistas, importancia de la actividad minera libre, posición privilegiada en el comercio hacia el sur y primacía en la producción de oro en un país donde el numerario era escaso. Igualmente importante es, sin embargo, el papel que esta burguesía asume cuando se produce la expansión del café, no sólo con la inversión de sus capitales en las grandes haciendas de café un poco por todas partes sino también con el hecho de reservarse para sí el control del tratamiento y la comercialización del café producido por los pequeños propietarios. En un momento dado, como ha sido sugerido, se habría producido una “saturación” del capital comercial;155 los beneficios habrían tenido

154

Las hipótesis “psicológicas” presentadas por Everett Hagen, On the theory of social change, Homewood, Illinois, The Dorsey Press, 1962; han dado lugar a múltiples controversias. Recordemos que Hagen suponía que los antioqueños, objetos de menosprecio por “la aristocracia” de Bogotá o de Popayán, habrían adoptado progresivamente –y por compensación– una actitud innovadora. Recientemente, el trabajo cuantitativo de W.P. McGreevey, Historia económica de Colombia…, op. cit., ha sido objeto de un seminario en Bogotá; a sus críticos, McGreevey ha respondido en un artículo, aparecido en francés, sobre el origen de la industrialización: “Quelques remarques sur la croissance en Colombie au début du XXE siècle”, Cahiers du Monde Hispanique et luso-brésilien, núm. 26, 1976, pp. 35-54.

155

Razonamiento de L. Ospina Vásquez recogido por Hugo López, “La inflación en Colombia en la década de los veintes”, Cuadernos Colombianos, Bogotá, núm. 5, 1° trimestre de 1975, pp. 76 y ss. El mismo tema aparece en el trabajo en francés de

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entonces tendencia a disminuir, la competencia a incrementarse y los riesgos a multiplicarse.156 Al mismo tiempo Medellín habría perdido su posición en el comercio con las regiones del Sur, la cual se efectuaría ahora directamente por Buenaventura y, algunos años más tarde, la apertura del canal de Panamá acentuaría el fenómeno. Todas estas razones podrían justificar una reorientación de este capital hacia la industria desde el momento en que existiera un mercado interno relativamente significativo. Se desconoce, sin embargo, que los progresos del café van a la par con la creación de un mercado de tales características. No son los productores marginales y pequeños los que sostienen este mercado sino la demanda urbana vinculada con las actividades anexas a la comercialización del café,157 provocada sobre todo por la incorporación de una mano de obra considerable a los transportes pues los progresos del café se producen al mismo ritmo con el crecimiento de las vías férreas. Como éstas no habían alcanzado a conformar una red sino una simple yuxtaposición de tramos, no estaban necesariamente al servicio exclusivo del comercio de exportación y facilitaban cierta unificación del mercado, todavía muy relativa sin embargo. Existe finalmente una disponibilidad de fuerza de trabajo. La población urbana se infla progresivamente como consecuencia de las migraciones internas provocadas por la desaparición de las industrias domésticas o la proletarización de ciertos campesinos.158 Las migraciones,

Daniel Herrero, “Le développement industriel de Medellín (1925-1965)”, en: Bernard Kapp y Daniel Herrero, Ville et commerce, París, Klincksieck, 1974. 156

Alejandro López mostraba que en consecuencia, estos capitales tenían tendencia a buscar refugio en la tierra. Citado en H. López, op. cit., p. 78.

157

Cf. M. Arango, El café y la industria…, op. cit.; M. Arrubla y J. A. Bejarano eds., Colombia hoy, op. cit.

158

M. Arango sostiene principalmente que el establecimiento de los grandes dominios consagrados a la ganadería extensiva en las regiones de colonización antioqueña “provocó la formación de una masa creciente de jornaleros y de trabajadores domésticos urbanos y rurales en Antioquia y Caldas, la cual en 1912 era ya muy importante”. Cf. Mariano Arango, “Comentarios al trabajo de Absalón Machado”, en: Francisco Leal Buitrago et al., El agro en el desarrollo histórico colombiano, Bogotá, Punta de Lanza, 1977, p. 248.

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que son a menudo femeninas, permiten a las plantas de tratamiento de café y a las primeras empresas textiles encontrar fácilmente la mano de obra requerida y a bajo precio.159 Otros factores favorables pudieron llegar a tener también influencia. Los exportadores antioqueños de café, como ya lo hemos dicho, conservarán con celo su independencia con relación a las casas extranjeras. Los importadores que son en realidad los mismos podían obtener eventualmente con nuevos productos los beneficios que dejaban de percibir con los artículos textiles corrientes. La destrucción de una parte de la capacidad de producción artesanal, durante la guerra, contribuyó a dejar el campo libre. Lo más importante sigue siendo que la gran industria concentrada que surge a partir de 1906 –con la creación sucesiva de las empresas que llegaron a dominar el mercado de los textiles, Coltejer y Fabricato– es, en todos los aspectos, inseparable de la expansión del café, de la cual reproduce dos características: el impulso inicial de hombres de negocios colombianos y el recurrir a mano de obra colombiana. Incluso en el caso de Bogotá, donde la presencia de extranjeros es más apreciable –en 1891 un alemán funda la cervecería Bavaria, por mucho tiempo la más importante empresa del país– la participación de los nacionales es preponderante. Por otra parte, las fricciones entre la burguesía cafetera y los industriales eran muy limitadas. Localmente, en el polo antioqueño, se presentaban muy poco. En el plano nacional, solían tomar la forma de una rivalidad entre el polo antioqueño y la burguesía de Bogotá. Cada vez que el polo antioqueño daba muestras de un poderoso dinamismo, sus voceros hacían alarde de su papel como burguesía verdaderamente nacional. La burguesía comercial de Bogotá se debía contentar con responder haciendo referencia a los intereses de una población urbana víctima de un proteccionismo excesivo. Si alguna querella existía allí como ocurre después de 1930 era, desde el punto de vista de los antioqueños, la que oponía a los “hombres de trabajo” con los “políticos”.

159

L. Ospina Vásquez, op. cit., p. 331.

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Centralidad y dominación fragmentada La burguesía del café es central, obviamente, por el solo hecho de que es la intermediaria a través de la cual se establece principalmente la relación con las economías centrales. Parecería igualmente ser hegemónica: ¿la estabilidad política posterior a 1910 no lo demuestra acaso? Luis Eduardo Nieto Arteta no vacila en escribir que el café “creará las condiciones para la estabilidad política de Colombia”.160 La respuesta merece, no obstante, algunos matices.

Burguesía cafetera y gobiernos Ya hemos puesto de relieve la paradoja inicial: el auge del café coincide con la agonía del liberalismo. La Regeneración, que comienza en 1880, va a contrapelo de las ideas liberales como lo muestra de modo patente la Constitución de 1886, centralista y autoritaria, y su complemento, el Concordato de 1887, que otorga a la Iglesia la función de garante del orden social. Con la evolución de Núñez, antiguo liberal en todo el sentido de la palabra, hacia una concepción jerárquica y corporativista de la sociedad, el Partido Conservador recupera el poder, que conserva hasta 1930 con el apoyo de la Iglesia, agente electoral tanto como guardián ideológico. En este caso particular parece poco posible hablar de correspondencia entre la evolución económica y las instituciones ideológicas. Esta situación es más evidente aun si tenemos en cuenta que los fundadores de las grandes plantaciones de café provienen en su mayoría del Partido Liberal. La burguesía liberal, excluida del poder, se dedica a los negocios. No van a faltar, de hecho, las tensiones entre la burguesía vinculada con el café y los hombres de la Regeneración. Es cierto también que se insiste a menudo en que la política económica de la Regeneración sirve, en lo fundamental, a esta burguesía, puesto que, como lo hemos dicho, la inflación provoca la baja de los salarios reales en la agricultura. Es igualmente posible que, a pesar de la desaparición de la mayor parte de los bancos como consecuencia de la creación de un banco central –el Banco Nacional–, al que se le confía el monopolio de la emisión del

160

Luis Eduardo Nieto Arteta, El café en la sociedad colombiana, Bogotá, Breviarios de orientación colombiana, 1958. El texto data originalmente de 1948.

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papel moneda, los antiguos banqueros hayan tenido en realidad menos razones para preocuparse de las que pretendían tener.161 Por lo demás, no se puede negar el divorcio latente entre el régimen y los productores de café, liberales, pero también conservadores, un poco después. Charles W. Bergquist ha descrito de manera acertada el papel de estos productores en la exasperación creciente de los liberales a partir de 1894 y en la oposición que hacen los “conservadores históricos” cuyo núcleo es antioqueño frente a lo que este autor llama la “degeneración de la Regeneración”.162 La imposición de un gravamen a las exportaciones de café en 1895 no es lo que menos los exaspera, ya que en 1896 comienza una baja rápida de los precios: hasta 1898, cuando es abolido, este gravamen es objeto de incesantes críticas. No obstante, la burguesía también se siente afectada por la supresión de la mayor parte de las libertades políticas: conservadores históricos y liberales comparten la aspiración al restablecimiento de la democracia.163 Este divorcio con el régimen no explica por sí solo la Guerra de los Mil Días;164 sin embargo, le sirve de impulso, a pesar de que hasta el último instante los comerciantes de uno y otro bando tratan en vano de retardar su inicio. La economía del café sobre todo, pero no solamente ella, va a padecer de hecho las consecuencias de una guerra atroz en la que los ejércitos “regulares”165 son reemplazados por numerosas guerrillas

161

Fernando Guillén Martínez, La Regeneración, un estudio de caso, la estructura y la función de los partidos políticos en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional, CID, 1974; sostiene que ellos supieron tomar parte en la especulación con el papel moneda.

162

C. W. Bergquist, op. cit., III parte.

163

En 1897 los conservadores históricos publican un manifiesto en el que reclaman en primer lugar la restricción de los poderes del ejecutivo y la restauración de las libertades públicas. Ibíd.

164

En 1895 los liberales desencadenaron una primera guerra en la que fueron rápidamente vencidos; C.W. Bergquist cita entre sus organizadores los nombres de varios grandes propietarios de plantaciones de café, entre los cuales estaba, naturalmente, Rafael Uribe Uribe, quien figurará de nuevo entre los dirigentes de la Guerra de los Mil Días.

165

Por definición, los ejércitos liberales no eran “regulares”. El ejército conservador, por su parte, reunido en diciembre de 1899, estaba dirigido en ese momento, según C. W. Bergquist, por 39 generales que representaban las diversas tendencias

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(sobre todo en el Tolima): reclutamiento forzoso, cosechas destruidas, transportes interrumpidos contribuyen a su desorganización. Anterior a la Violencia de los años cincuenta, esta guerra se calca ya, en parte, en la geografía del café; las zonas del Sumapaz y del Tequendama, donde se encuentran grandes haciendas en manos de liberales, suministran contingentes a las guerrillas y logran escapar de la ocupación de las tropas conservadoras; la aspereza de los combates en el Tolima no se puede separar de la dureza de una colonización que aniquila a los indígenas; sin embargo, la desorganización no se puede desligar tampoco de la prudencia de la burguesía, que sólo acepta “pequeños levantamientos, descoyuntados”.166 Al finalizar la guerra, además de 75.000 a 100.000 vidas humanas, Colombia ha perdido a Panamá, el Partido Liberal no ha reconquistado el poder y la “hegemonía conservadora” ha ganado la posibilidad de perpetuarse durante tres decenios más. Un poco después, la burguesía cafetera ya no va a tener ocasión para entrar en tan franca oposición. Incluso su fracción liberal, con gran indignación por parte de los antiguos combatientes del partido, tiende a encontrarse “bien [...] con el orden de cosas que se quería cambiar por medio de la guerra”.167 La coyuntura es para la administración de los negocios, no para las querellas doctrinarias. Además de la participación en los beneficios que acompañan la expansión del café, la gran preocupación que aparece rápidamente consiste en cómo facilitar las inversiones norteamericanas y atraer los empréstitos; la burguesía antioqueña en este aspecto es casi tan impaciente como la de Bogotá. Por ello, los sucesivos gobiernos se dedican a este propósito con un éxito creciente a partir de 1922. Presidentes como Rafael Reyes, de 1904 a 1909 y Pedro Nel Ospina, de 1922 a 1926, hacen esfuerzos por adaptar el Estado a las exigencias del desarrollo y colman así las aspiraciones del conjunto de la burguesía. Por autoritario que sea el régimen del primero –que no oculta

del Partido Conservador. Este punto es más que anecdótico: el ejército va a necesitar tiempo para zafarse de este modelo político. 166

Según París Lozano, quien ha descrito las guerrillas del Tolima en un libro confuso pero lleno de informaciones: Gonzalo París Lozano, Guerrilleros del Tolima, Manizales, Editorial Zapata, 1937.

167

Ibíd., p. 87.

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su admiración por Porfirio Díaz– la burguesía liberal se siente satisfecha con las medidas que toma para mejorar las comunicaciones y favorecer la industrialización; Rafael Uribe Uribe, el gran caudillo liberal, se vincula a esta administración, a pesar de que profesa al mismo tiempo unas ideas que, bajo la etiqueta de “socialistas”, son en realidad corporativistas.168 Y por generoso que sea el gobierno de Pedro Nel Ospina respecto a los intereses extranjeros, encuentra el apoyo incondicional de hombres como Alfonso López Pumarejo, que aplauden una “modernización” gracias a la cual “parece que ha llegado para Colombia la hora en que puedan abrirse a su bienestar material, y por consiguiente a su poderío intelectual y moral, campos más amplios y perspectivas más halagüeñas de las que hasta hoy nos ha sido dado contemplar”. Sería difícil, en estas condiciones, no hablar de hegemonía completa y evidente de la burguesía vinculada con el café, por lo demás ampliamente presente en los gobiernos. No encontramos que se hubiera producido una apertura en la renovación del personal político de primer plano que permitiera la emergencia de nombres nuevos. 169 El venezolano Laureano Vallenilla Lanz, autor del libro Cesarismo democrático, opositor del director de El Tiempo, Eduardo Santos, se creía, en una controversia, autorizado para demostrar que el régimen de Juan Vicente Gómez era en lo fundamental menos oligárquico y cerrado que el régimen “teocrático” colombiano.170

168

El discurso pronunciado en el Teatro Municipal de Bogotá en 1904 por Rafael Uribe Uribe hace parte de los grandes clásicos políticos colombianos. Se refiere allí a un “socialismo de Estado”. De hecho el jefe liberal precisaba bien que se trataba de un “socialismo de arriba hacia abajo” (no al contrario) y preconizaba, de manera coherente, la conversión del Senado en una asamblea en la que estuvieran representadas las “fuerzas vivas” del país (industriales, agricultores, etc.). La legislación que él preconiza va igualmente en el sentido del corporativismo. Es cierto que Uribe se muestra por lo demás sensible a la desigualdad de los ingresos, etc. Cf. G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914, op. cit., t. I, pp. 255 y ss. y Eduardo Santa, Rafael Uribe Uribe, Medellín, Bedout, 1968, cap. XX.

169

Era evidente y nadie ignoraba que la excepción la constituía el presidente Marco Fidel Suárez, hijo de una “empleada doméstica” y de padre desconocido.

170

Esta controversia la presenta Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, 19151934, Bogotá, Tercer Mundo, 1974, t. II, pp. 48-58.

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Esta misma burguesía, por otra parte, no estaba siempre convencida de que ejerciera efectivamente la dirección política o ideológica. De los políticos no dudaba en decir y repetir que sólo se representaban a sí mismos.171 De la Iglesia, al menos una parte de la élite, se asombraba de que conservara siempre el control directo de la educación y de los resultados electorales. Incluso, en el campo económico, los gobiernos le parecían erráticos; lo que es secundario en períodos de prosperidad se vuelve grave en épocas de incertidumbre: a partir de 1927 encontramos de nuevo a la burguesía acusando a los dirigentes políticos de llevar la economía nacional al desastre. Alfonso López Pumarejo es quien lo afirma más claramente: “La revolución económica no tiene aquí por base las teorías de Marx y Lenin, sino el abuso del crédito exterior, ni sus más activos dirigentes son los directores del movimiento socialista, sino los ministros de Hacienda y Obras Públicas”.172 Esta actitud no significa que estuviera en entredicho la preponderancia de la burguesía sobre los otros sectores; pero quedaba planteado tanto el problema de su organización como el de los instrumentos de que disponía para mantener una hegemonía estable. Ya hemos puesto de relieve la fecha tardía en que los productores de café formaron su Federación; pero parece que hay por lo menos otros dos lugares en los que se encuentra comprometida la frágil organización de la fracción dominante: el Estado, que sigue siendo rudimentario y la escena política, que sigue siendo rígida.

Un Estado rudimentario La Constitución de 1886 era, recordémoslo, resueltamente centralista. Cuarenta años después la centralización seguía inscrita en los textos, la “intervención” del Estado estaba más que nunca a la orden del día para garantizar la protección de la industria o para poner en práctica los amplios programas de obras públicas; en pocas palabras, para llevar a cabo, como lo escribe en ese momento el antioqueño Esteban Jaramillo,

171

Cf. La SAC en 1911: “No queda otro recurso a los agricultores e industriales de toda la república frente a la falta de seriedad del Congreso Nacional que actuar con fuerza como un partido político serio y unido, para eliminar sin clemencia el elemento burocrático, la casta política responsable de la degeneración de Colombia”. Citado en P. Gilhodes, La terre…, op. cit., p. 86.

172

Alfonso López Pumarejo, El Tiempo, 24 de mayo de 1920.

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las “obras que ya no se [podían dejar] exclusivamente a la iniciativa individual y que el Estado acomete o fomenta en beneficio del progreso nacional”.173 Pero el mismo Esteban Jaramillo era el primero en reconocer que el Estado estaba lejos de poder hacerlo ya que ni sus recursos, ni su organización se lo permitían. De 1880 a 1919 los recursos públicos se encuentran prácticamente estancados.174 Aumentan al final de este período a medida que se desarrolla el comercio exterior. Dependían de hecho, en lo esencial, de los impuestos aduaneros sobre las importaciones. Los ingresos individuales escapaban prácticamente de cualquier tipo de imposición tributaria. La suerte de las finanzas públicas estaba sometida entonces a las incertidumbres de la coyuntura internacional. La utilización de los recursos era todavía más deplorable. Los gastos de inversión estuvieron a la zaga durante mucho tiempo. Por tal motivo la parte del presupuesto asignada a las obras públicas sólo sobrepasa en dos ocasiones el 10% durante los años 1910-1920.175 Los gastos de funcionamiento alcanzan proporciones que escandalizan a los representantes más lúcidos de la burguesía. Citemos a este respecto, una vez más, a Esteban Jaramillo: “La mayor parte del excedente [de los gastos públicos] infló nuestro aparato administrativo, estimulando en esta forma sin duda la burocracia parasitaria [‘empleomanía’], que es uno de nuestros mayores males, en detrimento de las actividades productivas”.176 Es cierto que en el decenio 1920-1930 se puede constatar que la parte de las inversiones se eleva, por el contrario, considerablemente, hasta el punto de alcanzar, sobre todo en 1926-1928, cifras que nunca más serán obtenidas;177 pero los datos estadísticos pueden resultar engañosos

173

Esteban Jaramillo, Tratado de Hacienda Pública, Bogotá, Minerva, 1930, p. 32, citado en J.A. Bejarano, “El fin de la economía exportadora...”, op. cit., p. 291.

174

W. P. McGreevey, “Quelques remarques...”, op. cit., p. 44.

175

J.A. Bejarano, “El fin de la economía exportadora…”, op. cit., p. 295.

176

E. Jaramillo, op. cit., citado en: J.A. Bejarano, “El fin de la economía exportadora…”, op. cit., p. 294.

177

Según la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina. CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, Bogotá, DANE, 1970, cuadro 40; el porcentaje de los gastos de inversión alcanza en ese momento el 50% y más del total de los gastos públicos nacionales o locales.

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hasta cierto punto, pues además de las inversiones destinadas a las obras públicas, sobre todo a los ferrocarriles, existen numerosos créditos que se destinan a empresas de utilidad dudosa, descoordinadas y con frecuencia inconclusas.178 El Congreso y las Asambleas Departamentales intervienen en su repartición; por intermedio suyo se imponen frecuentemente intereses clientelistas inmediatos y costosos.179 En el campo monetario prevalece el mayor desorden hasta 1923. El Banco Nacional, creado por Núñez, deja de existir entre 1894 y 1895, víctima de sus imprudencias. Los bancos privados actúan por fuera de todo control y, en 1920, el sistema monetario se apoya en una pluralidad de monedas que gozan simultáneamente del privilegio de la inconvertibilidad. La misión Kemmerer, invitada por Pedro Nel Ospina, se convierte aquí, como en otros países de la América Latina, en el principio de la reorganización; define particularmente la condición del nuevo Banco de la República, que llega a ser así una entidad semipública, semiprivada. La afluencia de empréstitos extranjeros a partir de 1923 somete el Estado a una nueva prueba. Los 25 millones de dólares reconocidos por Estados Unidos a título de indemnización por la pérdida de Panamá180 constituyen el comienzo de una extraordinaria llegada de créditos externos; en cinco años se obtiene de los organismos financieros norteamericanos alrededor de doscientos millones de dólares.181 La hora de la “prosperidad a debe” había llegado y obligaba a dejar de lado toda reserva. Al Estado central le corresponde el segundo lugar en el orden de los que piden prestado, superado por la totalidad de las administraciones departamentales y municipales,

178

El escritor Caballero Calderón cita una frase pronunciada por su padre en esa época, según la cual “el infierno está empedrado de buenas intenciones y el país de primeras piedras”. Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 1916-1924, Medellín, Bedout, 1964, p. 100.

179

Molina cuenta que el Congreso vota presupuestos que alcanzan eventualmente el doble de los recaudos de que dispone efectivamente el Estado. Cf. G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934, op. cit., t. II, pp. 97-98.

180

En 1914 había sido firmado el acuerdo sobre este tema entre Estados Unidos y Colombia, pero el Congreso de aquel país se negó a ratificarlo hasta 1921; en esa fecha la ratificación se podía cambiar por concesiones petroleras.

181

Cf. Fred J. Rippy, El capital americano y la penetración imperialista en Colombia, Medellín, Oveja Negra, 1970. Traducción de un estudio publicado en inglés en 1931.

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y los particulares aprovechan. Como los acreedores exigen garantías se apela a cualquier recurso: se hipotecan los recaudos de las aduanas, de los ferrocarriles, de los monopolios departamentales. La situación escapa rápidamente de cualquier control y da nacimiento en particular a una rápida inflación.182 Es la “danza de los millones”. Los empréstitos no son más que uno de los aspectos de la apertura tan esperada hacia el exterior; no menos importante es la política de las concesiones petroleras. Los dos hechos no se pueden separar: el reconocimiento de la indemnización por la separación de Panamá había sido explícitamente vinculado a la aprobación de una legislación que favoreciera estas concesiones. Colombia era considerada un país con reservas de petróleo tan considerables como las de México; presiones y chantajes se multiplicaron para apropiárselas. Las concesiones otorgadas a colombianos son poco después cedidas a las compañías norteamericanas. De esta manera se forman los dos principales centros de explotación: la zona situada cerca de Barrancabermeja, atribuida en un comienzo a Roberto de Mares, pasa a manos de la Tropical Oil Company (que se convierte en filial de la Standard Oil Company); la zona limítrofe con la región venezolana de Maracaibo, atribuida a la familia Barco, pasa a manos de la Colombian Petroleum Company (filial inicialmente del grupo Doberty de Pittsburg y, después, de la Gulf Oil Company). El hecho de que sea reconocida legalmente la propiedad del subsuelo al propietario del suelo deja al gobierno colombiano inerme frente a las maniobras de las compañías extranjeras. A partir de 1926 el Estado intenta reaccionar: la Concesión Barco se declara caduca, se adopta una legislación menos liberal, los prospectores ingleses reciben estímulos para que hagan contrapeso a las presiones norteamericanas. Un embrollo de grandes proporciones se desarrolla de esta manera. La dignidad de los dirigentes colombianos se confronta con una dura prueba pues los Estados Unidos amenazan con suspender los créditos si no obtienen satisfacción a sus exigencias.183

182

Cf. H. López, op. cit.

183

Además de la obra citada de F. Rippy, el libro más completo sobre esta fase de la historia petrolera es el de Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, Bogotá, Ediciones ESE, 1969.

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El Estado colombiano da así la impresión de estar marcado por una doble vulnerabilidad: en el plano interno se encuentra atrapado, como lo está de hecho, por los intereses locales; y en el plano externo, parece incapaz de resistir las presiones de que es objeto. De la misma manera parece incapaz de encontrar algo mejor que paliativos a corto plazo para los desequilibrios que acompañan el desarrollo. Así, para frenar el alza acelerada de los precios de los alimentos muy marcada sobre todo de 1924 a 1926 y sus efectos sobre los salarios, adopta una “ley de emergencia” que abre de par en par las fronteras a las importaciones de artículos alimenticios con el riesgo de hundir la agricultura en el atraso.184 No hay duda de que los gobiernos no hacen más que seguir la ruta que marca la burguesía exportadora, no solamente en lo que tiene que ver con los empréstitos extranjeros, sino también con la ley de emergencia que la SAC defiende contra los grandes propietarios orientados hacia el mercado interno porque le interesaba sobre todo mantener los bajos salarios en las grandes plantaciones de café.185 Allí radica precisamente una de las debilidades del Estado: se identifica plenamente con los intereses inmediatos, a corto plazo, de esta burguesía o de una de sus fracciones, pero no se constituye de manera alguna en el instrumento para llevar a cabo una coordinación o una organización, en el largo plazo, de estos mismos intereses. Ya hemos observado que no hay un estímulo en ese momento para que la burguesía vinculada con el café delegue, en todo o en parte, la gestión económica en el Estado. Los precios están en alza, los cultivos de café se expanden, el “cojín amortiguador” de los pequeños productores está a su disposición. El “liberalismo” económico se encuentra, pues, justificado, con todas las protecciones que son necesarias. No hay, por lo demás, un enclave extranjero que, en forma de gravamen, suministre al Estado recursos suficientes para que tenga la posibilidad de lograr alguna

184

Según H. López, op. cit., p. 90; las importaciones molestan a los ganaderos mucho más que a los agricultores. Se puede igualmente suponer que la adopción de una medida semejante era posible porque afectaba ante todo a los pequeños agricultores productores de víveres.

185

Esteban Jaramillo, vinculado al café, es Ministro de Hacienda en el momento en que se vota la ley.

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independencia; ni los pozos de petróleo ni las plantaciones de la United Fruit dejan al Estado otra cosa que migajas y problemas. Un Estado que se hace mantener por los exportadores de café ¿qué título tendría para asumir una autoridad propia? ¡Qué decir de los políticos y burócratas de todos los pelambres! Tendremos ocasión de volver en el capítulo siguiente sobre este tema; limitémonos con indicar sus implicaciones. Al no organizarse (o al hacerlo muy poco) a través del Estado, las clases dominantes se ven obligadas a afirmarse, no tanto como burguesía coherente sino como agrupamiento de intereses inmediatos y heterogéneos o, mejor aún, según expresión que utilizaremos con frecuencia, como yuxtaposición de intereses parciales. Aunque la hora de la gran crisis no había llegado aún, sus manifestaciones ya eran perceptibles. La “ley de emergencia” tiene como resultado la imposición de las demandas inmediatas de los productores de café, sin tener en cuenta una política agrícola; entre los industriales la defensa de las empresas ya constituidas predomina sobre cualquier programa más ambicioso; en los contratos petroleros la improvisación de los particulares es la regla; 186 en los empréstitos predomina la improvisación de los responsables locales. En pocas palabras, decidir según las circunstancias está a la orden del día. En 1928 son numerosos los dirigentes que advierten los peligros inherentes a este modelo. Recordemos que Alfonso López Pumarejo anuncia la catástrofe y que los grandes productores de café se interrogaban también sobre las consecuencias que acarreaba la “falta de brazos” y la rebelión de los arrendatarios. Por todas partes se elevan igualmente voces para deplorar la sumisión de Colombia frente a Estados Unidos. Mariano Ospina Pérez sugiere que se soliciten en otras partes los futuros empréstitos.187 Laureano Gómez, que acaba de dejar un ministerio, pro-

186

No olvidemos que la propiedad del suelo y el subsuelo coinciden. Según G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934, op. cit., t. II, p. 97, hacia 1923 el 70% de los yacimientos petroleros pertenecen a particulares. De allí resulta una situación en la que cada uno cede a su vez sus derechos a extranjeros. Alfonso López decía a este respecto en 1922 que se creaba así “un estado de descomposición social, que a nadie se oculta y que no permite esclarecer responsabilidades individuales sino en cada caso concreto”. Ibíd.

187

Cf. El Tiempo, noviembre 1º de 1928.

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clama: “El dilema es fatal: o bien perdemos definitivamente nuestra independencia económica o bien caemos en la bancarrota”.188 Parece que esta burguesía, recientemente enriquecida, hubiera descubierto la incapacidad de las instituciones para garantizar su protección.189

La rigidez de la escena político-ideológica Si la cohesión del aparato estatal es limitada, la de la ideología oficial no tiene fisura. La “doctrina católica” había tomado su lugar a partir de 1886; ninguna disposición había logrado amenazar su función de fundamento del orden social, por el contrario, régimen conservador y soberanía de la Iglesia eran ahora más inseparables que nunca.190 La “doctrina” justifica esta fusión: en 1895, en un libro que tuvo mucho prestigio, un miembro de la jerarquía había demostrado que “quien es liberal no es buen católico”.191 Estas palabras no se pueden tomar a la ligera ya que serán repetidas por los obispos a todo lo largo de los años de que nos ocupamos en esta obra. Además de la doctrina, existe sobre todo el poder de la Iglesia como institución: es rica en tierras, en bienes y en ingresos de toda clase; ejerce completo control sobre la enseñanza y el estado civil; interviene día tras día en los debates políticos, como agente electoral del Partido Conservador en los pueblos, evidentemente, y también en la nominación de los presidentes de la República, impone sus hombres de confianza o zanja la disputa entre los candidatos posibles, como bien se pudo apreciar en 1930 cuando las vacilaciones del arzobispo de Bogotá significaron el mantenimiento de dos candidaturas conservadoras.

188

Ibíd., mayo 24 de 1928.

189

Que la formación del Estado se apoye sobre los grandes propietarios de tierras, tomando a su cargo al mismo tiempo el desarrollo de la burguesía, no permite hablar “de formación del Estado nacional a la manera reaccionaria bismarckiana”, como lo hace Salomón Kalmanovitz, Ensayos sobre el desarrollo del capitalismo dependiente, Bogotá, Editorial Pluma, 1977.

190

G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914, op. cit., t. I, pp. 165-166; recuerda que el Congreso colombiano aún vota por leyes para consagrar el país a la Virgen.

191

Mons. Rafael María Carrasquilla, en su libro Ensayos sobre la doctrina liberal, de 1895. El libro es analizado por G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914, op. cit., t. I, pp. 295 y ss.

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Ciertamente, la burguesía se puede acomodar a esta situación de hecho. Ocupada en la “danza de los millones”, delega en la Iglesia el cuidado del orden social. Incluso en su ala liberal se muestra poco interesada en participar en las polémicas anticlericales, salvo que sea sigilosamente y sin estrépito. Una Iglesia poderosa hace posible el mantenimiento de un Estado débil. No obstante, desde 1920, algunos miembros de la intelligentsia liberal observan con preocupación el imperio de una institución que encierra a Colombia en un armazón arcaico y la aísla de todas las corrientes que circulan en el resto de la América Latina.192 En 1930, en plena crisis económica, una gran parte de la burguesía se inquieta a su vez al contemplar cómo el destino político del país depende de un arzobispo.193 Es cierto que, en otro plano, “la hegemonía conservadora” –término con el cual los colombianos designan esta fase– no significa ausencia completa de los liberales en los cuerpos representativos de elección popular, ni en los organismos gubernamentales. No ocurre lo mismo que habíamos conocido en la época de la Regeneración cuando los liberales, durante dos legislaturas, sólo tuvieron derecho a un solo puesto de representante a la Cámara ocupado por Rafael Uribe Uribe y a ninguno de senador. El régimen autoritario de Reyes reservó una posición de minoría reconocida a los liberales en el seno de la asamblea constituyente de 1905, y se llegó a considerar incluso la posibilidad de que un liberal fuera nombrado vicepresidente. En 1910, después de la caída del “dictador”, una revisión constitucional consagra esta representación minoritaria. Bajo la etiqueta de “republicanismo”, los presidentes conservadores de los años siguientes forman gobiernos en los que participan los liberales. Es así como el general Benjamín Herrera, uno de los jefes liberales de la

192

José Mar y Luis Tejada, dos intelectuales importantes de la época, escriben: “La Iglesia Católica ha formado dentro del Estado una organización más poderosa que el Estado; el elemento eclesiástico constituye aquí una fuerza refractaria al progreso espiritual de la República”. Citado en G. Molina, Ibíd., pp. 165-166. Es necesario destacar que la Iglesia incluía en su jerarquía extranjeros. El arzobispo de Cartagena en 1920 es italiano. La influencia del nuncio llega a ser determinante.

193

Además, ninguno de los dos candidatos, el uno poeta de Popayán, el otro general de las guerras civiles, tenía cómo entusiasmar a la burguesía.

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guerra, y Enrique Olaya Herrera, el futuro presidente, llegan a figurar como ministros.194 Frente a esta situación, una parte de la burguesía liberal se muestra dispuesta a resignarse con una porción tan reducida. El interés por integrarse al desarrollo económico se impone sobre las preocupaciones partidistas. Alfonso López Pumarejo es uno de los que militan a favor de una colaboración con el gobierno de Pedro Nel Ospina, no solamente porque lo considera como el ejercicio de un “derecho evidente”, sino también porque responde a una necesidad en un período de transformación económica.195 Sin embargo, en este mismo momento se hace manifiesta la insuficiencia de los acuerdos de este género, porque el desarrollo económico genera fuerzas sociales que no están dispuestas a suscribirlos; los obreros de los transportes, las masas urbanas en general, los trabajadores agrícolas de ciertas zonas, se lanzan en luchas reivindicativas y comienzan a declararse del socialismo. La intelligentsia, a la que ya nos hemos referido, agita por su lado ideas revolucionarias. El régimen se endurece frente a esta ebullición, sobre todo ante el movimiento obrero naciente. En abril de 1927, bajo el pretexto de prevenir desórdenes con ocasión del 1o de mayo, se adoptan las primeras medidas de excepción; pero sobre todo a finales de 1928 se aprueban leyes designadas como “leyes heroicas” que prohíben explícitamente las asociaciones “como el bolchevismo y el comunismo”, o como las que pretenden “propagar ideas encaminadas a suprimir o debilitar el sentimiento y la noción de patria”, o difundir “el desprecio en contra de la religión católica, apostólica y romana”. Combinado con el fraude abierto de los resultados electorales, este dispositivo permite apreciar el cerramiento creciente del régimen político. Frente el riesgo de perder sus bases populares, el Partido Liberal no puede ignorar la crisis latente. Evoluciona tímidamente. En 1922, en el programa de Ibagué, elaborado bajo la iniciativa de Benjamín Herrera, se declara partidario de “la independencia y la soberanía del poder civil”, de una intervención del Estado destinada a “una más justa repartición de los bienes naturales”, de una mayor descentralización del poder, de

194

Cf. sobre este período J. Orlando Melo, “La república conservadora”, en: M. Arrubla y J. A. Bejarano eds., Colombia hoy, op. cit., pp. 52-101.

195

Cf. G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934, op. cit., t. II, p. 87.

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un aumento del papel del Congreso, y de una legislación social protectora. Como lo observa Gerardo Molina, este programa deja prácticamente de lado el problema de la tierra;196 además es un testimonio evidente del compromiso entre dos temas: el parlamentarismo descentralizado y la intervención social del Estado; y no ofrece los medios para poner fin a “la hegemonía conservadora”. Con el endurecimiento del régimen queda excluida muy pronto una transición tranquila; la referencia a la guerra civil está de nuevo a la orden del día. En un mensaje a Pedro Nel Ospina, a raíz del asesinato de un dirigente liberal, Benjamín Herrera evoca esa posibilidad: “Por más firme que sea la convicción que tenga yo de la necesidad de mantener la paz, no podría garantizarla si hubiera de perpetuarse el actual sistema de gobierno”.197 Después de la muerte de Herrera el Partido Liberal parece estar a punto de perder, como el régimen, toda capacidad política. Unos sueñan, efectivamente, con una acción de fuerza; los antiguos generales de la guerra civil “levantan la cabeza” y dan al partido, según la expresión de Alfonso López, el aspecto de un “ejército en marcha”;198 otros, también según López, se sienten “satisfechos con su porción de prebendas, a gusto en la condición de partido de minoría”.199 El malestar no es menor entre los notables conservadores a partir de 1928. Las “leyes heroicas” provocan la oposición de dignatarios como los ex presidentes José Vicente Concha y Carlos E. Restrepo y del dirigente Laureano Gómez. La descomposición política del régimen es tal que estos mismos notables coinciden en la calle con los liberales, el 8 de junio de 1929, para denunciar la corrupción del gobierno. Todos estos hechos muestran que, pese a las apariencias, las clases dominantes sólo disponen de una organización política prácticamente esclerótica. Apoyados en la Iglesia, resignados a un orden conservador o soñando con la guerra civil, se muestran incapaces tanto de transformar el sistema político como de mantenerlo. A partir de 1910 se puede observar cómo la participación electoral tiende de nuevo, en ciertas ocasiones, a

196

Ibíd., p. 85.

197

Citado en G. Molina, ibíd., p. 89.

198

El Tiempo, mayo 24 de 1928.

199

El Tiempo, abril 26 de 1928.

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crecer; desde esa fecha las restricciones al derecho de voto, instauradas en 1886, se atenúan bastante. Cuando los liberales abrigan la esperanza de que su voto va a ser útil, la vida política se anima: en 1918 las estimaciones dan cuenta de cuatrocientos mil votantes; en 1922 con la oposición de la candidatura de Benjamín Herrera a la de Pedro Nel Ospina, el número es mayor aun, a pesar de que el fraude hace dudosas las cifras. Poco después la participación se derrumba, los liberales optan muy a menudo por la abstención y nos encontramos con elecciones en las que sólo participan 10.000 votantes.

La “cuestión social”: ¿asunto de policía o de leyes? Es evidente que las modalidades tradicionales de dominación son cada vez más difíciles de poner en práctica con las fuerzas sociales que van apareciendo a medida que se desarrolla el capitalismo. La “cuestión social” pasa al primer plano. Pero un régimen como éste no tiene otra política en este campo que el empleo de la policía, del ejército y de la violencia en todas sus formas. La insuficiencia de estas respuestas no va a tardar en hacer más notoria la vulnerabilidad del sistema.

Una clase obrera en formación Desde 1910 se asiste al nacimiento de un proletariado obrero,200 que sin embargo, seguía siendo muy inferior con relación a la masa de los artesanos. Los obreros de la industria son poco numerosos; las trilladoras de café y las fábricas de textiles recurren a mano de obra femenina e inestable. Los núcleos más importantes se forman en las actividades de servicio vinculadas con la expansión comercial: ferrocarriles, navegación y puertos sobre el río Magdalena, puertos marítimos; estos núcleos se forman también en las obras públicas e, igualmente, en los enclaves extranjeros.

200

Es evidente que los sectores populares no habían estado ausentes de la acción política durante los decenios anteriores pero no datamos su entrada en escena de la constitución de “verdaderos” sindicatos obreros. No se dispone prácticamente de ninguna investigación sobre los años 1870-1920.

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Es allí donde se desarrollan a partir de 1923-1924 los conflictos sociales de mayor envergadura. En los años anteriores, ciertamente, ya se habían presentado huelgas y movimientos reivindicativos diversos. Tal era el caso de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta que habían sido sacudidas en enero de 1918 por un poderoso y fugaz movimiento de estibadores y ferroviarios.201 En 1920 estallan otras huelgas; las más notables afectan a algunas líneas de los ferrocarriles: La Dorada, Barranquilla. En 19211922 la crisis mundial se hace sentir, no obstante, en Colombia y los conflictos sociales disminuyen. No sucede igual cuando comienza la época de la “danza de los millones”. Las luchas obreras se vuelven mucho más ambiciosas. Afectan de manera excepcional a empresas industriales (huelga en la fábrica de textiles La Garantía en Cali en 1924, en Bavaria en 1926) o a pequeños centros mineros locales (las minas de carbón del Valle en 1924) ya que se desarrollan sobre todo en las actividades de transporte y de comunicaciones, y con mucho menos frecuencia en los enclaves extranjeros, aun cuando allí toman muy rápidamente un carácter espectacular y dramático. Los ferroviarios, los estibadores, los marineros del río Magdalena y los puertos marítimos son los sectores más combativos y los menos mal organizados. Girardot (con Ángel María Cano, convertido poco después en dirigente comunista), Honda, La Dorada y Barranquilla se cuentan entre los principales escenarios de las luchas; de un puerto a otro, de los estibadores a los ferroviarios locales, la solidaridad hace posible a veces que una huelga pueda recibir el apoyo activo de los trabajadores vecinos. Cali (con Ignacio Torres Giraldo, uno de los principales dirigentes obreros de la época),202 Bogotá y Buenaventura son también teatro de movimientos reivindicativos.

201

A partir, según parece, de reivindicaciones salariales. Cf. M. Urrutia, Historia del sindicalismo…, op. cit., pp. 88 y ss.

202

Ignacio Torres Giraldo llegó después a ser secretario general del Partido Comunista. Excluido por “desviación” a comienzos de los años cuarenta, su papel esencial en este período de surgimiento obrero habría de ser “olvidado”. El Partido Comunista, en su historia oficial publicada en 1960: Partido Comunista de Colombia, Treinta años de lucha del Partido Comunista de Colombia, Bogotá, Ediciones Paz y Socialismo, 1960; no lo menciona siquiera en la narración de los acontecimientos de los años 1920-1930. Recientemente el partido ha comenzado tímidamente a reconocer su importancia. Durante el exilio interior que le tocó vivir, Ignacio Torres Giraldo se consagró a

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En los enclaves tres huelgas alcanzan repercusión particular. Las dos primeras afectan a la Tropical Oil Company, primero en 1924 y luego en 1927. En los dos casos, uno de los propagandistas itinerantes de las ideas anarcosindicalistas, Raúl Eduardo Mahecha, asume el papel protagónico. En 1924 los huelguistas chocan por primera vez con la negativa de la empresa norteamericana a negociar las peticiones que ellos presentan con relación a salarios y condiciones de trabajo; a raíz de algunos actos de violencia, el gobierno estima que se halla frente a un “conato de revolución social”,203 y hace intervenir brutalmente a la policía. 1.200 trabajadores son licenciados. En 1927 el escenario se reproduce casi idéntico. Por iniciativa de Mahecha se declara la huelga en medio de la mayor improvisación,204 pero fracasa rápidamente a pesar del apoyo que había recibído de los estibadores del Magdalena; al cabo de veinte días la resistencia de los trabajadores estaba agotada. Considerada como “subversiva” por el gobierno, la huelga se define igualmente con la intervención de la policía: dos muertos, pesadas condenas de prisión (entre 1924 y 1925 Mahecha había pagado 18 meses de prisión) y la substitución de gran parte del personal, que además es obligado a salir de Barrancabermeja, constituyen el balance.205

escribir la historia del movimiento obrero colombiano, en cinco volúmenes que, bajo el título de Los inconformes, sólo fueron publicados a partir de 1974 en Bogotá, por la editorial Margen Izquierda y tuvieron una limitada difusión. Otra obra de Torres Giraldo, consagrada a María Cano, figura importante del movimiento socialista fue María Cano, mujer rebelde, Bogotá, Publicaciones de La Rosca, 1972; que constituye un aporte indispensable para el conocimiento de este período. Conocimos a Ignacio Torres Giraldo en 1966, dos años antes de su muerte. Nos dio muy generosamente acceso a sus manuscritos. Nuestra deuda es considerable. 203

Declaración del ministro que se había desplazado al lugar, citada por I. Torres Giraldo, Los inconformes, op. cit., t. III.

204

Se tiene a este respecto el testimonio de I. Torres Giraldo quien, cinco días antes del desencadenamiento de la huelga, había establecido con Mahecha que ésta era imposible en lo inmediato. I. Torres, María Cano…, op. cit., p. 88.

205

“Se les ha impuesto este dilema a los trabajadores de Barranca: trabajar en la Tropical, desocupar la población en el término de 24 horas o ser capturados como vagos. Y para mayor infamia, a los pocos trabajadores que, no teniendo recursos para salir de Barranca, han tenido que volver a la Tropical, les han impuesto firmar un documento en el cual se comprometen a trabajar en la compañía durante dos años sin derecho a reclamos”. Ibíd., p. 96.

103

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La tercera huelga afecta en 1928 las plantaciones de la United Fruit y tiene como resultado una masacre de tales dimensiones que el gobierno se alcanza a ver profundamente sacudido como consecuencia de ella. ¡Un verdadero territorio aparte habían llegado a ser esas plantaciones! La United Fruit tenía allí su propia línea privada de ferrocarril, sus almacenes y 25.000 personas a su disposición como trabajadores, con quienes había logrado establecer de hecho una sutil relación: gracias a la intermediación de subcontratistas se eximía de cualquier tipo de relación u obligación jurídica con ellos. Además, para forzar la baja de los precios de compra del banano, promovía la competencia entre algunos plantadores importantes y la masa de los colonos.206 La hostilidad hacia la compañía bananera era compartida por la casi totalidad de la población, incluidos los grandes plantadores.207 Los contratos y las condiciones de trabajo y de vida estuvieron, pues, entre las condiciones que dieron origen al movimiento desencadenado el 13 de noviembre que, a pesar de la presencia de un núcleo dirigente –Mahecha siempre y también J. Russo y A. Castrillón–, se lleva a cabo de forma muy improvisada. Después de un breve período de vacilación, el Gobierno se acoge a la tesis de la empresa, según la cual un aumento de los salarios sería nefasto.208 Con la protección del ejército, los esquiroles reemplazan a los trabajadores. Un general recibe plenos poderes y en la noche del 5 al 6 de diciembre ordena abrir fuego sobre una multitud de huelguistas que se encontraban reunidos pacíficamente. Este

206

Los trabajadores están sometidos a muchas otras formas de explotación: los salarios se pagan con retraso, etc. Cf. Pierre Gilhodes, “La Colombie et l’United Fruit Company”, Revue Française des Sciences Politiques, abril de 1967, pp. 307-317; Judith White, “The United Fruit Company in the Santa Marta Banana zone” [tesis de grado en filosofía,Universidad de Oxford], Oxford, 1971.

207

Afectados por la compra de sus tierras por la compañía, la desviación de las aguas para el riego, la utilización privada del ferrocarril. Ibíd.

208

Según el jefe de la misión enviada por el gobierno, “la falta de organización y de moralidad de los trabajadores de esta región hace inútil cualquier alza de salarios: en efecto, todo lo que rebase el mínimo rutinario de subsistencia precaria, aquéllos lo derrochan por lo común en vicios que minan su propia salud”. Memoria del Ministro de Industrias, 1928-1929. Se puede observar también la orden dada por el Ministro de la Defensa al general Cortés Vargas, comandante de las tropas en el lugar: “Cualquier indecisión o acto de deslealtad y burla o cobardía será considerado como cometido en frente del enemigo y, por consiguiente, será castigado inmediatamente con todo el rigor de la ley”. Telegrama del 5 de diciembre.

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hecho marca el inicio de la masacre. En los días siguientes los huelguistas en fuga son abatidos en toda la región. Se estima, por lo general, que una vez terminada la persecución, por lo menos 1.000 personas habían sido asesinadas.209 Algunos meses después el país conoce los detalles de estos acontecimientos a través de las intervenciones en el Congreso de un joven parlamentario: Jorge Eliécer Gaitán. En diciembre de 1928 la combatividad obrera en el conjunto del país entra de hecho en una fase de repliegue: la coyuntura económica estaba a punto de cambiar, pero sobre todo la represión contra los dirigentes obreros ya había producido sus efectos. Además, la espontaneidad y la improvisación no habían estado presentes solamente en los enclaves sino que habían sido la regla en casi todas partes. Raros, excepcionales incluso, eran los sindicatos constituidos salvo los que existían entre los artesanos, aunque éstos casi siempre no eran otra cosa que asociaciones ambiguas; lo que existía eran los diversos polos locales. La acción se apoyaba en las reivindicaciones “inmediatas” de los trabajadores: salarios, “condiciones de trabajo” (los salarios sólo conocen una verdadera alza de su valor real después de 1927). La negativa a negociar, que es la actitud que por lo general asumían los patronos, conduce a que la lucha por estas reivindicaciones se convierta en el punto de partida de enfrentamientos directos. Los procedimientos legales son ignorados. La coordinación eventual entre los trabajadores de diversas empresas se reduce a contactos hechos apresuradamente o al prestigio de algunos dirigentes; el río Magdalena se une sobre todo a través del “mahechismo”.210 Sobre el papel surgen ciertas agrupaciones sindicales. En mayo de 1924 se reúne un Congreso Obrero en Bogotá, que es mucho más revelador del peso de los artesanos y de sus tradiciones políticas, que de los nuevos núcleos obreros.211 Algo muy similar ocurre en 1925, cuando un nuevo congreso decide fundar la Confederación Obrera Nacional, cuya secretaría se confía a Ignacio Torres Giraldo; en ausencia de los representantes de los

209

La escena de la masacre figura en Cien años de soledad.

210

Construido sobre la base de Mahecha y de machismo por I. Torres, María Cano…, op. cit., p. 84.

211

El congreso fue instalado por el Ministro de Industrias cuya demagogia obrerista, según I. Torres, desarmó a los asistentes.

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sectores de transportes y de los enclaves esta confederación se convierte, en lo fundamental, en una etiqueta y su principal motivo de orgullo será su reconocimiento por parte de la Internacional Sindical Roja. Según la versión de su principal impulsor la Confederación prácticamente había dejado de existir en 1929. Mucho más que la creación de organismos sindicales, fácilmente destruidos por las autoridades oficiales, lo que cuenta en realidad es la movilización política contra el régimen. Los “sindicatos” son inseparables de la lucha política contra los conservadores. J. Humbert Droz presenta un informe al respecto en el VI Congreso de la Internacional: “En Colombia, todavía hoy, no hay separación orgánica entre los partidos y los sindicatos. Se trata naturalmente de una fase incipiente”.212

El “socialismo revolucionario” La improvisación también predomina, en una gran medida, en las diversas tendencias políticas que aparecen entre quienes se reclaman en ese momento de la clase obrera. Colombia permanecía al margen de los grandes debates internacionales; los ecos de estas discusiones llegaban con retardo y confusión, si era que llegaban. No olvidemos que en este país no hubo inmigración extranjera y que los europeos no le otorgaban mucha importancia. En la Internacional lo único que se sabía era que Colombia había pasado a la órbita del imperialismo: “En unos pocos años, Colombia ha caído por completo bajo la órbita del capital y el imperialismo norteamericanos. La burguesía se ha sometido conscientemente”.213 En sentido inverso, los colombianos se mantenían en una ignorancia profunda de todo lo que pasaba en Europa, incluso después de la fundación del Partido Comunista en 1930: “Da verdadero dolor escribe María Cano ver la ignorancia de los trabajadores de Colombia

212

Cf. La Correspondance Internationale, vol. 12, 1928, p. 1264.

213

Informe al delegado para Colombia en el VI Congreso de la Internacional. Ibíd., p. 1575. En 1928, algunos emisarios de la Internacional empiezan a pasar por Colombia. Durante la huelga de la United Fruit, el francés Rabatet se encuentra en el sitio. En 1930 un delegado americano contribuye a la organización del nuevo Partido Comunista.

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a los que sólo llega muy parcialmente un rayo de luz de esa irradiación que emana de la URSS, y más aún, la completa ignorancia de los campesinos pobres, fuerza viva de la revolución proletaria”.214 Este hecho no impide que unos y otros se reclamen de algunas corrientes. El anarquismo, bajo diversas modalidades, hace adeptos pero nunca doctrinarios. El marxismo comienza a ser estudiado: se atribuye a menudo a un inmigrante de origen ruso, Savitsky, el papel de difusor. A partir de 1924 algunos se definen como comunistas y un poco más tarde se puede apreciar la creación, entre la intelligentsia liberal, de círculos que se dicen marxistas. Entre los dirigentes más próximos a la clase obrera el marxismo está fuertemente teñido de colores idealistas y se combina con frecuencia con la nostalgia de un “socialismo” a la manera de Rafael Uribe Uribe. Esto se percibe claramente en los escritos de la época de Ignacio Torres Giraldo.215 Las preocupaciones doctrinales son, en verdad, bastante secundarias, al igual que la presencia de modelos externos: “Creemos que Colombia tiene una fisonomía propia y que la mejor táctica no consiste en imponer un método predeterminado, utilizado en otras latitudes”.216 Las fuerzas revolucionarias, además, no están compuestas solamente por un proletariado numéricamente débil; como lo acabamos de leer en la pluma de María Cano, comprenden también a los campesinos (que luchan en ese momento contra los grandes propietarios) y a los que son designados como indígenas, cuyas luchas que se desarrollan en ciertas regiones y la acción de algunos de sus líderes, como Quintín Lame, tienen en ese momento gran resonancia: Quintín Lame es nombrado vicepresidente del Congreso Obrero de 1925.217

214

Carta a la CGTU francesa, septiembre de 1930, citada por I. Torres G., María Cano..., op. cit., p. 166.

215

Encarcelado en 1927, el secretario de la Confederación Obrera escribe un texto bajo el título de “Gobierno del pueblo y para el pueblo”. El espiritualismo aflora allí permanentemente: “Queremos que todos los espíritus participen de la bondad del Ideal”, etc. Documento inédito, consultado gracias a la cortesía del autor.

216

Ibíd.

217

Cf. I. Torres, Los inconformes, op. cit.; también Diego Castrillón Arboleda, El indio Quintín Lame, Bogotá, Tercer Mundo, 1973.

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Además, la atracción que ejerce el Partido Liberal siempre había estado presente. Después de Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera hace renacer la esperanza en numerosos sectores populares. En 1919 se crea un partido socialista en Bogotá, cuyo objetivo fundamental es garantizar una representación parlamentaria a los nuevos grupos urbanos. En 1921 obtiene, a pesar de todo, resultados electorales apreciables y llega a sobrepasar en algunas ciudades al Partido Liberal;218 en 1922 se pone al servicio de la candidatura de Benjamín Herrera quien asume por cuenta propia, en el programa liberal, la necesidad de una intervención social del Estado. Sólo en 1924 se produce realmente la emancipación del socialismo respecto al liberalismo. Lo más importante es la intensa agitación política que se inicia en este momento, de manera paralela con las huelgas y los conflictos sociales. En 1926 las diversas corrientes se reagrupan en el Partido Socialista Revolucionario, esbozo de un partido marxista. Las jornadas revolucionarias se multiplican por todo el país. Una mujer se convierte en ese momento en el símbolo del movimiento popular: María Cano, que durante dos años recorre todas las regiones en que existen grupos “revolucionarios” y al lado de Ignacio Torres Giraldo predica la revuelta contra “las castas privilegiadas”, el “oportunismo” del Partido Liberal, la sumisión del régimen al imperialismo.219 El pueblo se encuentra invitado así a liberarse de la dominación de los jefes tradicionales. Otros voceros participan en esta vasta acción de propaganda: Tomás Uribe Márquez, Juan de Dios Romero (vinculado con los artesanos), etc. Una efervescencia de esta naturaleza alcanza a inquietar al régimen e incluso a los liberales. El periódico El Tiempo, dirigido por Eduardo Santos, deplora que se hayan “tolerado las constantes agitaciones socialistas y los sermones sobre la eliminación de la burguesía y los capitalistas”.220 Algunos notables, sin

218

En particular en Medellín. Cf. M. Urrutia, Historia del sindicalismo..., op. cit., p. 107.

219

I. Torres, María Cano…, op. cit., pp. 154-155. María Cano pertenecía a una familia conocida de Antioquia. Su sensibilidad ante la condición de los trabajadores hace que sea designada en 1925 “Flor del Trabajo” (reina del trabajo, en cierta manera). Luego evoluciona hacia la propaganda revolucionaria, sin que jamás se atenúen sus referencias espiritualistas. Desempeña en ese momento un papel extraordinario de agitadora. En 1930 se adhiere al Partido Comunista que se acaba de fundar; será acusada poco después, como lo veremos, de estar entre los responsables de la falta de seriedad doctrinal del Partido Socialista Revolucionario, y será excluida en 1934.

220

El Tiempo, mayo 1º de 1928.

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embargo, parecían estar convencidos de que el torrente podía volver a entrar, llegado el momento, en los cauces del liberalismo y mientras tanto, podía contribuir con dejar al descubierto las fisuras de un régimen condenado; este era el punto de vista de Alfonso López Pumarejo, que escribía entonces: “Uribe Márquez, Torres Giraldo, María Cano, adelantan la organización de un nuevo partido que lleva trazas de poner en jaque al régimen conservador; y no es el menor de sus derechos a la simpatía de los espíritus sinceramente democráticos el estar sirviendo en esta hora de confusión y cobardía de exponente del descontento general”.221 ¿La ruptura del movimiento popular con el liberalismo se llega realmente a producir? ¿O la del Partido Socialista Revolucionario (PSR), reconocido en 1928 por la Internacional pero con la condición de que se transformara rápidamente en un verdadero Partido Comunista? En 1930, la Internacional hace llegar al PSR una carta en la que condena vigorosamente sus “debilidades” y sus “desviaciones”. La prueba de estos errores estaría en “la base social pequeñoburguesa de ciertos sectores del partido, que representan propiamente una filtración de la ideología liberal” o, en términos más generales, en la preponderancia de “varios elementos liberales que venían a capitalizar la revolución”; en la táctica, consistente en preconizar la abstención electoral; en la tendencia a las prácticas “caudillistas” y en la presencia de aventureros de toda clase, “terratenientes, liberales negociantes de la revolución, personas de manejos no pulcros con los dineros del proletariado, chantajistas, gentes sin oficio habitual”; y, además, en la adhesión a una línea “putschista”.222 Esta severa requisitoria expresa una realidad: ni el movimiento popular ni el PSR habían roto completamente los lazos con el Partido Liberal. Los que se proclamaban comunistas en el seno del PSR sólo eran una minoría.223 La base social estaba compuesta sin duda por artesanos y campesinos más que por obreros. La organización seguía siendo incierta.

221

El Tiempo, abril 26 de 1928.

222

Todas estas frases de la carta de la Internacional figuran en la respuesta a ésta enviada por María Cano. Cf. I. Torres, María Cano…, op. cit., pp. 150 y ss.

223

La dirección del PSR en 1926 no comprendía ningún comunista; por lo demás, los raros comunistas de la época habían criticado las orientaciones del partido y de su comité provisional: Francisco Heredia (salido de la burguesía), Tomás Uribe Márquez (“intelectual”), Juan de Dios Romero (artesano que figura entre los considerados en

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Razones circunstanciales pueden contribuir también a explicar la tendencia al acercamiento con el liberalismo a partir de 1928. Las acciones reivindicativas eran cada vez más difíciles. Una porción considerable de los dirigentes populares estaba en prisión, como consecuencia de las huelgas petroleras o de la masacre de la United Fruit. Una parte del liberalismo había adoptado en ese momento una actitud de oposición total frente a un gobierno desacreditado. Algunos miembros de la élite intelectual liberal abandonaban, por lo demás, su antiguo partido para adherirse al PSR o a círculos “marxistas”: incorporación fugaz a la causa revolucionaria de hombres como Gabriel Turbay, Moisés Prieto, Alberto y sobre todo Felipe Lleras Camargo, entre otros, que una vez el liberalismo se vuelve a instalar en el poder en 1930, vuelven a asumir el papel de aristocracia intelectual liberal, e incluso el de gobernantes.224 Ya hemos mencionado que en 1928-1929 se perfilaba en el seno mismo del liberalismo una corriente partidaria de una acción armada contra el régimen, a cuya cabeza se encontraban “veteranos” de las guerras civiles. Este fue el origen del intento “putschista” al que se incorporaron efectivamente numerosos socialistas revolucionarios, reunidos en un comité secreto, el Comité Central de Conspiración Colombiano (CCCC), entre los cuales se encontraban, en primera fila, Tomás Uribe Márquez, Pedro Narváez y Moisés Prieto. En ausencia de la mayoría de los responsables del PSR225 se toma la decisión de lanzar la insurrección el 20 de julio de 1929,226 que estalla efectivamente en esa fecha, sobre todo en algunos lugares de Tolima y Santander, y dura quince días. El caso de El Líbano, pueblo del Tolima ocupado temporalmente por la

1930 como “maestros cantores”). En 1927, en el Congreso de La Dorada –en el cual todos los miembros son encarcelados durante la reunión–, el Presídium que asegura su dirección comprende a Tomás Uribe Márquez y Pedro Narváez, fabricantes de calzado de El Líbano, a la cabeza de la guerrilla de 1929 (Cf. más adelante), María Cano, Ignacio Torres Giraldo y Urbano Trujillo. 224

Esta lista es limitada a propósito. Hay que anotar que Gabriel Turbay era seguramente uno de los más sinceros socialistas y había sido elegido a la Cámara en 1927. En 1946 es el candidato oficial de los liberales contra Gaitán.

225

Uribe Márquez, Torres Giraldo y Quintín Lame estaban en prisión; Raúl E. Mahecha en el exilio. I. Torres, Los inconformes, op. cit., t. IV.

226

De acuerdo con venezolanos que querían derrocar a Juan Vicente Gómez.

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guerrilla, ha sido objeto de un interesante estudio.227 Es evidente que las ideas socialistas revolucionarias, bajo una forma que no es de manera alguna simplista, habían tenido una enorme difusión. Artesanos locales, pequeños cultivadores o arrendatarios de café, se habían unido, gracias a una hostilidad compartida, contra los extranjeros que poseían en el municipio vastas haciendas de café, y contra los comerciantes que controlaban las comunicaciones. Pedro Narváez que dirigía un taller de zapatería con 25 trabajadores obtiene, pues, fácilmente su apoyo. La ocupación de algunas veredas por parte de estos hombres no es suficiente, sin embargo, para hacer una revolución. El ejército restablece rápidamente el orden, a pesar de la resistencia de la “guerrilla”. Trescientos campesinos son detenidos en el municipio. ¿De este desafortunado intento insurreccional, habría que concluir que en el “socialismo revolucionario” sólo predominaba el espíritu “putschista” y la alianza con los liberales? Las acusaciones de la Internacional dejan de lado estos aspectos que no son nada despreciables. El “socialismo revolucionario” en realidad se había logrado convertir en poco tiempo en el lenguaje en el que se expresaban numerosos sectores campesinos, artesanos y obreros, incluso muchos de los que seguían vinculados simultáneamente con el Partido Liberal. Difícilmente se conocerá, en mucho tiempo, un estado similar de movilización política. Luchas reivindicativas y luchas políticas se habían logrado encadenar de manera indisociable; pero no ocurrirá lo mismo más adelante cuando la disociación se convierta, por el contrario, en la regla. La protesta antiimperialista había revestido un carácter concreto y una amplitud que nunca volverá a ser tan notoria. Además –a través de las campañas de María Cano y de algunos otros como Quintín Lame, entre los indígenas– se había asistido a un intento de recuperación de una identidad cultural de la que las masas habían estado privadas durante el siglo XIX.

El crecimiento de los conflictos agrarios La participación campesina en la insurrección armada de El Líbano es reveladora de la tensión social existente en ciertas zonas rurales, por

227

Gonzalo Sánchez, 1929: los bolcheviques del Líbano, (Tolima): crisis mundial, transición capitalista y rebelión rural en Colombia, Bogotá, El Mohán Editores, 1976.

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lo general aquellas donde estaban situadas las más grandes haciendas de café. Las regiones de Sumapaz y Viotá, en Cundinamarca; las de Icononzo, Ibagué y Chaparral, en el Tolima; llegaron a ser teatro de conflictos importantes que, en lugar de atenuarse con la llegada de la crisis económica en 1928-1929, alcanzaron una amplitud que fue creciendo hasta 1935. Los elementos coyunturales favorecían, también en este caso, la eclosión de las reivindicaciones. La inflación estimulaba demandas de ajustes salariales; las obras públicas implicaban una mayor movilidad de la mano de obra hasta el punto de que los grandes propietarios se quejan, a partir de 1927, de la “falta de brazos”. Sin embargo, también intervienen factores más “estructurales”: la expansión de la economía de mercado había quebrantado las viejas relaciones laborales; el movimiento de colonización se había hecho más difícil: Caldas y una gran parte del Tolima estaban ya casi completamente ocupados; los pequeños colonos muestran, pues, una tendencia cada vez más fuerte a enfrentarse con las haciendas que, con títulos dudosos, monopolizaban la tierra en ciertos municipios; un fallo de la Corte Suprema en 1926 los había estimulado para cesar en el pago de sus obligaciones a los propietarios que no pudieran mostrar un título indiscutible sobre antiguas tierras públicas. Hasta 1925, las reivindicaciones más numerosas son las relacionadas con los salarios y las condiciones de trabajo. En Viotá, uno de los municipios donde la concentración de la propiedad cafetera es más notoria,228 las luchas se habían convertido, desde 1918, en vastas acciones de masas.229 En muchos casos, los arrendatarios buscaban que el trabajo que estaban obligados a realizar en el cafetal del propietario fuera pagado a la tarifa de los obreros de la región.230 Alojamientos más salubres y libertad de movimiento hacían parte de los pliegos de peticiones.

228

En 1927, del total de los cafetos plantados en el municipio, el 82% pertenecían a haciendas de más de 60.000 cafetos. Cf. Gloria Gaitán, Colombia, la lucha por la tierra en la década del treinta, Bogotá, Tercer Mundo, 1976, p. 24.

229

Pierre Gilhodes, “Agrarian struggles in Colombia”, en: Rodolfo Stavenhagen, ed., Agrarian problems and peasant movements in Latin America, Nueva York, Anchor Books, 1970, p. 412.

230

La Oficina General del Trabajo reconocía que los empleadores no pagaban el trabajo obligatorio “más que a un precio menor que el del salario promedio de los trabajadores

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Otras reivindicaciones ponen en cuestión, directa o indirectamente, las relaciones de trabajo en que se basaba la hacienda. Los arrendatarios, estimulados por la rápida subida de los precios de los productos alimenticios, demandan la posibilidad de comercializar directamente lo que ellos cultivan, y reclaman, sobre todo, que sus contratos no queden sometidos al solo arbitrio del propietario. Como estos contratos eran orales, con mucha frecuencia el patrón podía expulsar a su antojo a los campesinos cultivadores y pagarles solamente las “mejoras” que hubieran realizado. Los más vulnerables a las “barridas”231 que practicaban los propietarios para apropiarse de su trabajo eran aquellos que poseían el carácter de “colonos” en la hacienda. No obstante los arrendatarios sufrieron también las consecuencias. En efecto, a partir de 1925, los arrendatarios comienzan a exigir el derecho a plantar cafetos en sus parcelas. Durante diez años esta exigencia va a estar en el centro de innumerables enfrentamientos. En 1934, un ministro estima que “esa especie de suplicio de Tántalo de cosechar siempre el cafetal ajeno, sin poder pensar siquiera en tener unos árboles propios, [va] maleando lentamente la psicología de los campesinos que, generación tras generación, están sometidos a él”.232 Los propietarios ofrecen toda una gama de argumentos para negarse a ceder: la falta de una disponibilidad de mano de obra suficiente en el momento de las cosechas, el incremento de los costos de producción como consecuencia de la dispersión de los cafetos, la posibilidad de una superproducción.233 Además de estos argumentos existe sobre todo el temor de ver al trabajador hacerse a la posesión de la parcela plantada en estas condiciones, sea colono o arrendatario. Lo que en 1925 no es más que una mera reivindicación, se convierte muy pronto en un puesta en cuestión del derecho de propiedad. De allí la dureza de las respuestas

voluntarios o independientes” y que el patrón podía servirse del doble estatuto del trabajador, asalariado o “arrendatario”, según su interés. Cf. G. Sánchez, 1929: los bolcheviques…, op. cit., p. 20. 231

La expresión utilizada era “barrida de haciendas”. Cf. G. Gaitán, op. cit., p. 39.

232

Citado en nota por A. Machado, El café…, op. cit., p. 556.

233

Estos argumentos son citados en 1934 por el “Sindicato de Propietarios”. Cf. J. A. Bejarano, “El fin de la economía exportadora…”, op. cit., pp. 562 y ss.

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patronales que, con frecuencia, incluyen la intervención de matones a sueldo o de policías municipales para destruir los cultivos y expulsar a los ocupantes. El derecho a cultivar el café en las parcelas se agrega al problema planteado por los colonos, independientes o no, que se habían instalado en las tierras en litigio. Es cierto que esta otra fuente de conflicto sólo alcanza toda su importancia un poco más tarde, en 1930-1935, cuando algunas figuras de la política, Jorge Eliécer Gaitán en primer lugar, apoyan las aspiraciones de los colonos y demuestran que las grandes haciendas se habían formado en numerosas ocasiones por acaparamiento de las tierras públicas o baldíos. Sin embargo, la presión de los colonos se manifestaba ya en la década anterior. Desde 1918, la SAC se venía quejando frente al gobierno de que algunos colonos o “arrendatarios” eran inducidos “maliciosamente” a considerar como “baldíos las tierras que [ocupaban] y que por ende, ellos [podían llegar a reclamar] los derechos de cultivadores de tal clase de terrenos”.234 Y es precisamente en Sumapaz y en el Tolima donde la situación se torna explosiva desde 1929. En julio de 1930, los campesinos de la primera de estas zonas denuncian ante la Cámara el hecho de que “ambiciosos latifundistas [...] resuelvan arrebatarnos lo que nosotros habíamos acumulado sin extorsionar a nadie”.235 En el Tolima, la efervescencia es suficiente como para que el gobierno se vea obligado a emitir un decreto con el fin de precisar los límites de las tierras públicas o ilegalmente acaparadas por los grandes propietarios.236 A todos estos litigios hay que agregar la acción defensiva de los indígenas del Tolima contra los progresos de la colonización en regiones donde ellos habían logrado conservar las estructuras de los resguardos. Ortega, Chaparral, Natagaima, formaban una frontera inestable; el municipio de Chaparral, por su parte, ya estaba dominado por la gran hacienda de café. Con el estímulo de los líderes locales Eutiquio Timoté y José Gonzalo Sánchez en particular, pero también de Quintín Lame, que había venido del Cauca en 1922, donde acababa de pasar tres años

234

Citado en nota, ibíd., p. 556.

235

Citado según un trabajo de A. Caputo, en: J.A. Bejarano, “El fin de la economía exportadora…”, op. cit., p. 574.

236

G. Gaitán, op. cit., p. 42.

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en prisión, se desarrolla una larga lucha por restablecer los resguardos; los de Ortega y Chaparral serán efectivamente reconocidos en 1930. Aunque los enfrentamientos no son tan violentos como los que ocurren después de 1930, sí tienen una importante repercusión. El solo derecho a cultivar el café moviliza, según los estimativos, 10.000 personas en 1928.237 Las reivindicaciones toman un carácter político en 1928-1930. Los socialistas revolucionarios ven crecer su influencia. Hemos visto el caso de El Líbano. El de la región de Viotá es todavía más claro: lo que había sido un bastión de las guerrillas liberales en 1900 se convierte en una base socialista revolucionaria, con diversos sindicatos agrarios, y poco después en una base comunista. En Sumapaz, Juan de la Cruz Varela (proveniente de Boyacá) y Erasmo Valencia (periodista de profesión) van a crear por su parte una organización relativamente sólida para el movimiento de los colonos. Entre los indígenas del Tolima, las influencias comunistas estaban igualmente presentes: Eutiquio Timoté y José Gonzalo Sánchez se convirtieron en cuadros del Partido. La geografía de los conflictos coincide en gran medida con la de la Violencia posterior a 1945. No obstante, los intereses en juego en los enfrentamientos sociales son en ese momento recubiertos, en parte, por los litigios propios de la escena política. En 1920-1930, los aspectos sociales se expresan en estado bruto. La Federación de Cafeteros, afectada ya por el alza de salarios y la escasez de mano de obra, constata la presencia de esa otra plaga “completamente artificiosa y maligna, el bolchevismo criollo, presente con características de nefanda destructividad en ciertas regiones del país”.238

El mantenimiento del orden social Confrontadas con la gestión de la economía, las clases dominantes se encuentran en ese momento relativamente inermes. Frente a la “cuestión social”, parecen no tener más recurso que la violencia. Se pueden citar obviamente algunas disposiciones orientadas a reglamentar y, por lo tanto, a reconocer los conflictos sociales. Entre 1919 y 1920, aparecen dos leyes relacionadas con las huelgas. La primera

237

Cf. Hermes Tovar, El movimiento campesino en Colombia durante los siglos Bogotá, Ediciones Libres, 1975.

238

Citado en G. Sánchez, 1929: los bolcheviques…, op. cit., p. 20.

115

XIX

y

XX,

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autoriza explícitamente al patrón a remplazar a los huelguistas. La segunda prohíbe cualquier tipo de huelga en “los servicios públicos” (entre los que se incluye los ferrocarriles, los tranvías, la navegación, los acueductos, los servicios de aseo urbano, etc.), y somete además la huelga a la obligación de preaviso y conciliación.239 Se ha podido constatar que nadie daba importancia a estos textos. En el campo agrario, las lagunas de la legislación eran evidentes, ya se tratara de las tierras públicas o del estatuto de los trabajadores. Al oponer la violencia a las nuevas reivindicaciones los gobernantes dan muestras de su fragilidad. Los matones a sueldo de los terratenientes luchan con ardor. La policía y el ejército son llamados entonces en su auxilio. Las “leyes heroicas” prohíben cualquier tipo de protesta. Las prisiones se llenan. Todas estas reacciones no logran disimular la crisis que afecta a las propias clases dominantes. El bloque se agrieta. Una buena parte de la burguesía ya no se siente representada por un régimen que se apoya en la Iglesia y en la policía. Crece la preocupación respecto a las concesiones otorgadas apresuradamente a los extranjeros y a un endeudamiento que hipoteca la soberanía nacional. El “nacionalismo” que manifiestan amplios sectores de la burguesía en 1920-1929 es una expresión súbita del temor, no solamente frente a esta dependencia económica, sino también frente al quebrantamiento de los antiguos esquemas ideológicos.240 La masacre de las bananeras, la “falta de brazos”, la libre importación de productos alimenticios, los debates relacionados con el petróleo, constituyen una revelación del desgaste del régimen. Frente a la “cuestión social” algunos piensan que es asunto de leyes y de Estado, no solamente de policía. El problema de las instituciones estaba planteado.

* En las elecciones de 1930, el Partido Conservador se divide. El Partido Liberal sale de improviso de su inercia y, gracias a la iniciativa de hombres

239

M. Urrutia, Historia del sindicalismo..., op. cit., p. 176.

240

Volvemos más adelante sobre el nacionalismo “conservador” (en todos los sentidos de la palabra), tan importante en Colombia y al cual la omnipresencia de la Iglesia católica contribuye muy ampliamente.

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como Alfonso López Pumarejo, decide presentar su propio candidato. Se escoge a Enrique Olaya Herrera, embajador en Washington, porque se trata ante todo de restablecer relaciones estrechas con los Estados Unidos. El candidato liberal resulta elegido sin dificultad, no obstante haber obtenido menos votos que sus dos rivales conservadores. No se trata de una revolución, ni mucho menos de un golpe de Estado o de una reorientación esencial. Ciertamente, el triunfo liberal no es tampoco el resultado exclusivo de las vacilaciones de un arzobispo. La crisis conservadora era bien real. La burguesía aspiraba a tomar las riendas del poder y a dar al Estado una mayor estabilidad. A pesar de sus dificultades, esta burguesía estaba en plena expansión. Su dinamismo se expresa en su voluntad de continuar extendiendo, a pesar de la oposición de todo el mundo, los cultivos de café. En diez años, había logrado por fin conocer la riqueza, una riqueza ciertamente muy relativa, inferior, siempre muy inferior incluso a la de las burguesías exportadoras de Argentina, Brasil, y Perú. Y no estaba dispuesta de manera alguna a detenerse.

117

II

La república elitista y popular 1930-1938

La burguesía agroexportadora, maravillada aún de su reciente e irresistible ascenso, no está dispuesta en 1930 a renunciar a sus prerrogativas; afectada por la crisis social y política de los años anteriores, no se atribuye a sí misma la responsabilidad sino que la descarga sobre el Estado, parásito y temerario a la vez, y sobre otras instituciones de un exagerado y evidente carácter arcaico. El advenimiento al poder del Partido Liberal es una nueva oportunidad que se ofrece a la “modernización” y a la prosecución de su marcha hacia adelante. A pesar de la crisis mundial y a pesar del triunfo electoral del Partido Liberal, la continuidad es patente en todos los aspectos: la expansión de la economía del café no se detiene; la viabilidad del esquema de “desarrollo hacia afuera” apenas sí se cuestiona; la industrialización alcanza un ritmo sostenido, a pesar de que conserva su carácter limitado y no logra escapar de la desconfianza que la rodeaba anteriormente; la adhesión al “liberalismo económico” sigue prevaleciendo. La elección de un presidente liberal refuerza la legitimidad de la democracia parlamentaria. La extensión del sufragio contribuye a hacer aun mayor el monopolio de los dos partidos tradicionales y la importancia de sus mecanismos de sometimiento de la población. No se perfila una amenaza contra el régimen civil. El orden oligárquico subsiste, con sus fragmentaciones y sus violencias. Sin embargo, pasado el primer momento de la crisis en que predomina la incertidumbre, es claro que la ruptura no es menos profunda que la continuidad; una ruptura que no se inscribe tanto en las realidades económicas o sociales como en las representaciones que en torno de 119

La república elitista y popular 1930-1938

ellas se producen. A través de los debates sobre el proteccionismo o la legislación social se elabora una referencia nueva de la unidad de la nación. El Estado se constituye en representante de esa unidad, el pueblo se convierte en su contrapartida. El tema de la ciudadanía política hace su entrada en escena; la democracia oligárquica se transforma en democracia participativa. Los años 1935-1937 son a este respecto decisivos. La ruptura es formulada explícitamente en ese momento por el propio gobierno. Con el lema de la “Revolución en Marcha”, Alfonso López Pumarejo, sucesor de Enrique Olaya Herrera, no se contenta con anunciar el fin de la era oligárquica y el advenimiento de una sociedad burguesa moderna, sino que reconoce el hecho nuevo de la división de la sociedad en clases que, sobre la base de la relación entre el pueblo y el Estado, instituye al mismo tiempo un principio de cohesión virtual de la nación.1 Proclamación verdaderamente fundadora, a la que las masas urbanas responden, en su gran mayoría, con un fervor sorprendente, como si descubrieran su unidad y su identidad en la imagen que el poder les devuelve de sí mismas. El “lopismo” se erige en línea política. Un gran mito se genera en torno de lo que puede ser interpretado como el encuentro, bajo la égida del Estado, de la burguesía nacional y las clases populares. Durante mucho tiempo sólo se tratará de regresar a este momento fundador, aun con el riesgo de sacrificar a este proyecto cualquier otro interés. La afirmación de la unidad de lo social por intermedio del poder estatal no significa que se hayan conjurado de repente las desarticulaciones que lo atraviesan; por el contrario, va ligada a su acentuación y a su incremento. De la misma manera, la invocación de la democracia no anula el orden oligárquico; sólo le yuxtapone su propio simbolismo, su propio lenguaje. Dos sistemas de representación coexisten de aquí en adelante. El orden oligárquico deja traslucir aún las particularidades sobre las cuales se funda, así se trate de intereses económicos o políticos. Su fragmentación se manifiesta en estado bruto, incluso a través de un poder

1

Sobre estos temas y los siguientes, nos apoyamos en Claude Lefort, “Esquisse d’une genése de l’idéologie dans les sociétés modernes”, Textures, núms. 8-9, 1974, pp. 5-49; y también del mismo autor, escrito en colaboración con Marcel Gauchet, “Sur la démocratie: le politique et l’institution du social”, Textures, núms. 2-3, 1971, pp. 7-78

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que nunca se logra establecer a distancia como para fundar una unidad del conjunto social. De hecho, la división de lo social nunca se logra disimular completamente, hasta el punto de que muchas veces aparece como una abierta escisión. El recurso al sufragio no alcanza a borrar de manera suficiente las huellas de esta apropiación privada de lo político; en la base revela sus fundamentos, en la cima expresa sus divisiones. El otro espacio, que se puede calificar de populista, está polarizado, en cambio, por una imagen de la unidad. El fenómeno de institución no está allí encubierto sino que se ofrece, por el contrario, de forma explícita. El Estado pretende instalarse separado de la sociedad civil y presidir su organización; no se contenta con definir al pueblo en su identidad, sino que pretende también hacer prevalecer una relación de complementariedad entre los intereses sectoriales, debidamente delimitados, garantizándoles una presencia institucional. No se trata, pues, del problema clásico de conformar una voluntad general a partir de la reunión de voluntades individuales preexistentes; tampoco se trata de la producción de un pueblo indiviso a partir de la proscripción de todas las diferencias.2 La voluntad de que se trata es la de un poder deliberadamente instituyente, que ratifica las divisiones de lo social con la condición de que sea reconocida previamente la unidad, al menos virtual, de la sociedad. Es este aspecto el que da al tema de la integración toda su resonancia: el poder afirma primordialmente el derecho de todos, y del pueblo en particular, a estar integrados en la nación. Entre los dos esquemas se presentan interferencias. Su coexistencia provoca un permanente deslizamiento entre las categorías que sirven para descifrar las relaciones de lo social con lo político. Más aun, en su combinación sólo representan uno de los avatares de este juego de oposición e inversión. Existen otros similares. El Estado aparece entonces como un símbolo de la unidad, pero no deja de estar él mismo atrapado en la fragmentación; pretende adquirir una posición de dominio sobre la sociedad civil, sin embargo, la línea de demarcación entre sociedad civil y Estado es más borrosa que nunca. El “intervencionismo” se convierte en el alfa y omega; no obstante, al menos en el caso de Colombia, esta

2

Sobre este tema se puede consultar, a propósito de la Revolución Francesa, François Furet, Penser la Révolution Française, París, Gallimard, 1978. (Existe edición en español Pensar la Revolución Francesa, Barcelona, Pretelt, 1980. N. del T.).

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referencia va a la par con el establecimiento de un modelo liberal de desarrollo. En la primera sección de este capítulo plantearemos algunas reflexiones generales sobre las formas de transformación del Estado en América Latina durante este período. En la segunda sección mostraremos cómo las múltiples reformas emprendidas en ese momento en Colombia no hacen más que consolidar los fundamentos de la adhesión al “liberalismo económico”. En la tercera sección describiremos el encuentro, en el marco de la “Revolución en Marcha”, de las masas urbanas y el Estado. Por último, en la cuarta sección, analizaremos la reacción de las clases poseedoras.

Consideraciones generales sobre el Estado en América Latina después de 1930 Formular en términos globales la problemática del Estado en América Latina durante los años que siguen a la crisis mundial, sólo se puede hacer al precio de una simplificación discutible. De un país a otro, es evidente que el Estado experimenta transformaciones de naturaleza y alcance diferentes, como lo han destacado Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto en el campo político,3 y Celso Furtado en el campo económico.4 El análisis del caso colombiano sustenta la imposibilidad de subestimar tales diferencias. No entra, pues, en nuestro propósito estudiar las reorganizaciones concretas por las que pasan los diversos Estados; a lo sumo es posible tratar de enunciar ciertas proposiciones referentes a los límites y a la precariedad de esas reorganizaciones, por lo menos de 1930 a 1940.

3

Cf. Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina, México, Siglo XXI, 1969.

4

Cf. Celso Furtado, La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la Revolución Cubana, Santiago, Editorial Universitaria, 1967.

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El desarrollo después de 1930: ruptura y continuidad La imagen del Estado como agente consciente y coherente de la industrialización está asociada con una interpretación de la crisis de 1929 en términos de ruptura. Más claramente aún que los teóricos del “desarrollo tardío”, algunos exegetas de la “dependencia” se han visto tentados a ver en la crisis el origen de un verdadero proceso de industrialización. Se reconoce que ya existía una industria “complementaria” de las actividades exportadoras, pero se considera que sólo después de 1930, con la adopción de una política de sustitución de importaciones, la industria habría adquirido su reconocimiento pleno como actividad independiente. La CEPAL ha aceptado por mucho tiempo esta interpretación.5 En el caso colombiano, un estudio muy conocido de Mario Arrubla publicado en 1963 presenta esta fase como una interrupción provisional del “desarrollo del subdesarrollo”, durante la cual la crisis de los intercambios internacionales abre un espacio para la industria local.6 La depresión mundial, efectivamente, es la ocasión propicia para una ampliación del proceso de industrialización. Diez años más tarde, cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial, ya ningún gobierno se atreve a poner en duda la importancia de este fenómeno. Hay que tener en cuenta que la conversión a una política deliberada de sustitución de importaciones no se opera de un día para otro, y que la sustitución de importaciones da como resultado la implantación de una industria “limitada” en muchos aspectos. En la época inmediatamente posterior a la crisis, los gobiernos piensan sobre todo en restablecer lo más rápidamente posible las antiguas relaciones con las economías centrales. Las manifestaciones de celo a este propósito no faltan: pago escrupuloso de la deuda exterior hasta donde las reservas lo permitan; otorgamiento de concesiones a los países industriales –el pacto Roca-Runciman en el caso argentino, las liberalidades petroleras en el caso colombiano–, y sobre todo, esfuerzos múltiples para restaurar el sector agroexportador en su función central,

5

Además de los estudios realizados por la CEPAL sobre diversos países latinoamericanos, la síntesis publicada bajo el título, El proceso de industrialización en América Latina, Nueva York, ONU, 1965, es una buena ilustración de este tipo de interpretación.

6

Mario Arrubla, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, Medellín, Oveja Negra, s.f.

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como lo demuestra también el ejemplo argentino, tanto como el ejemplo brasileño con la adopción de medidas para mantener el ingreso de los cafeteros aun con el riesgo de cargar los costos a los otros sectores.7 Con el recurso a semejante “socialización de las pérdidas”,8 el gobierno brasileño demuestra que no tiene la intención de poner en cuestión la lógica del “desarrollo hacia afuera”. La actitud de Getulio Vargas en el Brasil es similar a la de la mayor parte de los gobernantes de la época. Sus reticencias respecto a una industrialización “artificial”9 son también las del nuevo régimen argentino, a pesar de que éste hereda un conjunto ya considerable de industrias.10 El proteccionismo, como se puede constatar, está de rigor en todas partes bajo diversas formas, aunque al principio no sea más que un expediente para evitar la quiebra del Estado. Sólo en una segunda etapa, alrededor de 1934-1935, es considerado explícitamente como el instrumento de una política de industrialización; aun así su eficacia para este propósito es menor que la de las devaluaciones. Devaluaciones y protección aparecen en ese momento como los instrumentos esenciales para el logro de una industrialización rápida. El Estado se encuentra, en efecto, particularmente desprovisto de una capacidad financiera que le permita asumir directamente las inversiones industriales; ya no puede recurrir, como lo hacía antes de la crisis, a los empréstitos en el exterior para financiar un programa de infraestructura; no tiene los medios ni la aspiración de crear industrias de base, salvo al final del decenio. Su intervención, de hecho, se hace con rodeos, tanto

7

Sobre el Brasil, Cf. Celso Furtado, The economic growth of Brazil, Berkeley and Los Angeles, Berkeley, University of California Press, 1963; sobre Chile, Cf. Aníbal Pinto, “Algunos aspectos del desarrollo económico latinoamericano”, en: Fernando Henrique Cardoso y Francisco C. Weffort, eds., América Latina: ensayos de interpretación sociológico-política, Santiago, Editorial Universitaria, 1970.

8

Expresión utilizada por C. Furtado.

9

Cf. Warren Dean, A industrialização de São Paulo, Sao Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1971.

10

Eduardo F. Jorge demuestra que la industria argentina estaba expuesta a esa cualificación. Eduardo F. Jorge, Industria y concentración económica, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 20 y ss.

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para la fijación de la tasa de devaluación como para la promulgación de leyes “sociales”: la primera define el ingreso de los exportadores, la segunda el lugar de la clase obrera en formación. De esta manera la política económica es inmediatamente descifrable como política de arbitraje entre los intereses de los diversos grupos sociales. La “ruptura” se produce, pues, sobre un fondo de continuidad. La industria de sustitución de importaciones es en muchos aspectos la ilustración de esta situación. Se construye, en gran medida, como prolongación de la industria preexistente. El número de empresas crece, ciertamente, de manera considerable, con el surgimiento de unidades pequeñas y medianas; sin embargo, las grandes empresas fundadas antes de la crisis están en condiciones de sacar provecho de las nuevas circunstancias; como disponen de un exceso de capacidad instalada, tienen la posibilidad de incrementar su producción sin una inversión complementaria y de afirmar de esta manera su posición dominante. Las ramas de actividad que se consolidan son sobre todo aquellas que se habían formado en complementariedad con las actividades de exportación: las de bienes de consumo no durables.11 Hablar de “sustitución de importaciones” significa, cualquiera que sea la circunstancia, que el crecimiento se lleva a cabo con relación a un mercado ya constituido, el mismo, precisamente, que alimentaban las importaciones hasta ese momento.12 La primacía de esta demanda implica, dados los modelos de consumo sobre los cuales se elabora, la necesidad de apelar a tecnologías importadas. La sensibilidad respecto a la capacidad de importación no queda, pues, suprimida, sino que se desplaza y, en gran medida, se acentúa;13 no solamente los bienes de capital deben ser obtenidos en el exterior, sino también los productos intermedios y las materias primas.

11

Oscar Rodríguez ha probado que, en el caso colombiano, las grandes empresas ya constituidas mantenían una importancia preponderante. Oscar Rodríguez, Efectos de la Gran Depresión sobre la industria colombiana, Medellín, El Tigre de Papel, 1973.

12

Cf. Celso Furtado, “Sous développement et dépendance”, Les Temps Modernes, octubre de 1974, p. 109.

13

Como lo ha resaltado María Da Conceição Tavares, “El proceso de substitución de importaciones como modelo de desarrollo reciente en América Latina”, Boletín Económico de América Latina, vol. 9, núm. 1, marzo de 1964, pp. 31-57.

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Limitado,14 el proceso de industrialización está destinado a seguir siéndolo. Sus efectos de arrastre “hacia atrás”, hacia las industrias de base, son reducidos debido a que el proceso ocurre de manera “superficial”, no presenta un carácter orgánico y tiene una dependencia permanente de tecnologías externas. Que en estas condiciones sea también desarticulado, no tiene nada de sorprendente. Al abrigo de la protección, las empresas se yuxtaponen unas a otras; su viabilidad está garantizada por los privilegios que se les conceden, tanto o más que por su productividad; la adición de empresas aparece como un avance. La política de industrialización, al igual que el proceso mismo de industrialización, se inscriben, de esta manera, tanto en la continuidad como en la ruptura. La combinación de estos dos aspectos remite a la que se puede establecer entre las dos caras de un desarrollo que aparece, al mismo tiempo, como “endógeno” pero marcado por su relación con el exterior. El mercado interno, la organización y las técnicas de producción, la formación del capital, constituyen, por sus características, una expresión de esta doble orientación. El Estado no puede, pues, ser analizado como agente de ruptura ya que se encuentra atrapado igualmente en la continuidad. En la medida en que el “marco nacional” adquiere progresivamente mayor consistencia, el Estado aparece como el lugar donde esta unidad toma una forma concreta. Pero este “marco nacional” y esta “unidad” no se afirman sino en la relación con el exterior, frente a la cual el Estado actúa como agente precario de adaptación, favorecido por un período transitorio en que la “división internacional del trabajo” se encuentra en un estado de indefinición y en que la internacionalización del capital no está aún a la orden del día.

Crisis política y reorganización hegemónica Razones políticas contribuyen para que el Estado parezca haber alcanzado una posición de dominio sobre la sociedad civil. Las dificultades de la burguesía agroexportadora abren un período de incertidumbre en el seno de las clases dominantes.

14

La expresión es la que utiliza Cardoso de Mello para definir la industrialización brasileña de los años 1930-1950: João Manoel Cardoso de Mello, O capitalismo tardío, mimeo, Sao Paulo, Universidad de Campinas, 1975, p. 116.

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Hace unos quince años Francisco C. Weffort presentaba, a propósito de Brasil, un análisis que posteriormente sería recogido muy a menudo.15 El debilitamiento de la burguesía brasileña del café, al no estar acompañado del surgimiento de una nueva fracción burguesa capaz de asumir la dirección del bloque en el poder, hacía evidente la existencia de un “equilibrio en la debilidad” que colocaba al Estado en la obligación de arbitrarlo. La expresión “Estado de compromiso”, utilizada por este autor, tenía una connotación negativa: el Estado se construía sobre una carencia, la de una burguesía que no manifestaba “vocación de poder”; pero tenía también una connotación positiva: el Estado aparecía como lugar de cohesión y de unidad. Numerosos autores, un poco más tarde, ampliaron aun más este razonamiento. La noción de “crisis hegemónica” ha dejado de tener muchas veces una significación coyuntural para convertirse en característica casi estructural.16 Un inventario de sus diversos usos permitiría resaltar que esta noción en realidad está elaborada sobre la base de comprobaciones muy diversas: ausencia de una fracción preponderante de la burguesía en el plano económico, desfase entre preponderancia en el plano económico y preeminencia política, incapacidad del bloque en el poder para obtener el “consentimiento” de los sectores populares, etc.17 El elemento común

15

Francisco C. Weffort, “Estado y masas en el Brasil”, Revista latinoamericana de Sociología, núm. 1, 1965, pp. 53-57; y “Le populisme dans la politique brésilienne”, Les Temps Modernes, octubre de 1967, pp. 624-649.

16

Ver a este respecto las consideraciones de Heinz Rudolph Sonntag, “Hacia una teoría política del capitalismo periférico”, Cuadernos de la sociedad venezolana de planificación, núms. 113-115, junio-agosto de 1973, pp. 29-52.

17

A título de “esquema de lectura” se podrían repartir los usos de la noción de crisis hegemónica de la manera siguiente, que permite apreciar cómo el alcance políticocultural de la idea de hegemonía presentada por Gramsci está lejos de ser siempre manifiesta. (Las referencias a continuación, en algunos casos, aluden a autores que utilizaron la noción, en otros casos a situaciones coyunturales de algunos países). A. Usos estrictamente “económicos”: 1. Equilibrio de las diversas fracciones económicas (F. C. Weffort). 2. Desorganización de las diversas fracciones económicas (México, 1930). 3. Carácter dependiente –truncado– castrado de toda burguesía local (H. R. Sonntag). 4. Dependencia estructural de la burguesía industrial respecto al sector exportador.

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sigue siendo la puesta en primer plano de las “deficiencias” o “carencias” de las burguesías locales. No es nuestro propósito establecer si estos usos se alejan o no de la acepción que la noción de “crisis hegemónica” tiene en Gramsci. Queremos solamente substituir la idea de “carencia” o “deficiencia” por la de una doble articulación qua atraviesa tanto la organización de las clases dominantes como la del Estado. Volvamos al razonamiento de Francisco C. Weffort. Si “carencia” o “deficiencia” hay en la burguesía brasileña, ¿por qué fecharla en 1930? En el plano político, no encontramos que la burguesía exportadora brasileña hubiera tenido, durante la fase anterior, un gran éxito en la conformación de una imagen propia y de unos aparatos institucionales que alcanzaran cierto consentimiento de las “masas”. Se sabe, incluso, que la burguesía de São Paulo tendía a permanecer relativamente replegada sobre sí misma, sin alcanzar una afirmación en el gobierno federal.18 En el plano económico, la vulnerabilidad de la burguesía exportadora había sido siempre muy manifiesta. Hay muy pocas razones, pues, para vincular esta incapacidad hegemónica con la crisis de 1929.

B. Usos relacionados con la formulación de sus intereses por parte de las clases dominantes: 5. Capacidad de formulación solamente de los intereses inmediatos y dispersos. 6. Yuxtaposición de demandas heterogéneas. 7. Desfase o falta de correspondencia entre el surgimiento de una nueva fracción preponderante en el plano económico y su capacidad para afirmarse en el plano político (Portantiero). C. Usos relacionados con la organización política de las clases dominantes: 8. Ausencia de un partido a través del cual se expresarían estas clases (descripciones argentinas). 9. “Crisis de representación”: incapacidad de controlar el personal político (H. Pease, descripción del gobierno Belaúnde en el Perú). 10. Necesidad de apelar al Estado para completar la organización de estas clases (México, etc.). D. Usos vinculados a la relación con las “clases subalternas”: 11. Sentido fuerte: “equilibrio catastrófico”. (¿Argentina después de 1955?). 12. Sentido medio: capacidad de bloqueo por parte de los sectores populares (el “empate” argentino). 13. Sentido débil: insuficiencia de los aparatos “culturales” de la burguesía. 18

Luciano Martins, Pouvoir et développement économique, París, Anthropos, 1976, y Simon Schwartzman, São Paulo o estado nacional, Sao Paulo, DIFEL, 1975.

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El “Estado de compromiso” expresa, sin embargo, otra realidad que surge al mismo tiempo con la crisis: por un lado, la yuxtaposición de los intereses inmediatos de las clases dominantes aparece a plena luz; por otro, el “marco nacional” adquiere una importancia nueva debido a la necesidad de imponer una cierta coordinación entre los diversos intereses. En suma, el tema del “compromiso” se arraiga, por un parte, en el descubrimiento de una fragmentación fundamental, por otra, en el surgimiento de un supuesto lugar que representaría una unidad. Las clases dominantes y el Estado están atrapados en la fragmentación, pero también se definen por esta nueva relación con la Unidad. Al hablar de fragmentación y de yuxtaposición de los intereses inmediatos –o parciales–, no hacemos más que ampliar lo que decíamos de la desarticulación industrial. En el marco de las relaciones que se establecen en ese momento con las economías centrales, el sector exportador deja de ser reconocido como el que tiene derecho a un predominio natural y las diversas empresas comerciales o industriales entran en competencia para hacer prevalecer sus intereses. En estricto sentido no hay motivos para hablar de “fracción de clase” sino solamente de empresas múltiples. Esta fragmentación no implica que haya “carencia”. Algunos trabajos han mostrado que los industriales brasileños, a pesar de su dispersión, se ponían de acuerdo para que el gobierno asumiera la tarea de resolver sus diversas demandas.19 No representa tampoco un simple momento efímero a la espera de que, con el surgimiento de una fracción hegemónica, todo se ponga de nuevo en orden. La fragmentación constituye el fundamento para la persistencia de un “mosaico” de intereses heterogéneos –después de C.W. Anderson,20 Philippe Schmitter ha insistido sobre este aspecto– que, lejos de permanecer en el umbral del Estado, se hace presente en el interior de sus aparatos.21

19

Cf. Eli Deniz Cerqueira, “Empresarios e Estado no Brasil, 1930-1945” [tesis, Universidad de Sao Paulo], Sao Paulo, 1977. Esta tesis resalta los esfuerzos de los industriales para defender sus intereses. Muestra también el proceso de interpenetración, en el seno del Estado, entre el sector privado y la burocracia pública.

20

Charles W. Anderson, Politics and economics change in Latin America, Nueva Jersey, Princeton, D. Van Nostrand Company, 1967.

21

Philippe Schmitter, Interest conflict and political change in Brazil, Stanford, Stanford University Press, 1971.

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En la medida en que el Estado logra representar, al mismo tiempo, un lugar –más o menos virtual– de cohesión, se introduce, por el contrario, la referencia a la complementariedad orgánica de estos diversos intereses. El retorno, en diversos momentos, de una ideología de la “tercera vía” y de la “unidad orgánica” de la sociedad no es accidental.22 Da cuenta de aquel otro plano en el que la nación parece tomar consistencia y en que el Estado parece estar en condiciones de “incorporar” las demandas heterogéneas y darles forma. El “Estado de compromiso” es también aquel que, en nombre de la nación, se erige en árbitro más allá de la fragmentación y se constituye, para los diversos elementos que conforman las clases dominantes, en principio de organización. Una doble articulación se produce, pues, a través de esta inscripción en lo múltiple y en lo Uno y vale tanto para los grupos de interés como para los partidos políticos que se apoyan al mismo tiempo en formas de dominio ramificadas y descentralizadas –gamonalismo o coronelismo– y que desde ese momento difícilmente pueden prescindir, por lo demás, de una inserción en el Estado. Esta doble articulación conlleva ciertamente una tensión que está presente en cada fuerza social y política; no provoca necesariamente una “crisis hegemónica”, por el contrario, permite el mantenimiento de las antiguas modalidades de sometimiento pero favoreciendo al mismo tiempo la creación de nuevas modalidades más centralizadas. Al definir un principio de unidad, y permitir el desarrollo de ideologías “orgánicas”, la doble articulación abre la posibilidad para que se despliegue un efecto de atracción sobre las clases “subalternas”.

El Estado escindido El Estado aparece escindido, en lo fundamental, de dos maneras. Se encuentra atravesado por un eje que indica su posición “intermediaria”

22

Alfred Stepan, The State and Society, Princeton, Princeton University Press, 1978; señala la importancia de este tipo de ideologías en América Latina. Separa con mucha fuerza las nociones de “concepción orgánica del Estado” y “corporativismo”. La primera es evidentemente normativa: la segunda es un conjunto de medidas políticas, que responden a la crisis de las élites.

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entre el “interior” y el “exterior”, y está igualmente dividido por un eje que lo hace aparecer, por un lado, como expresión de la fragmentación y, por el otro, como lugar virtual de unidad y cohesión. El primer eje nos pone de presente lo que hay de inestable y de incierto en el “cuadro nacional” que el Estado pretende simbolizar. En realidad, este “cuadro nacional” no es el resultado de un proceso de transformación interna sino solamente la expresión provisional del relajamiento de los vínculos con las economías centrales. El Estado deriva su legitimidad del hecho de ser un agente de adaptación, en otros términos, sigue sometido, al menos parcialmente, a esta relación con el exterior. El segundo eje no es más que otra forma del primero. La separación entre fragmentación y unidad no es otra cosa que la transcripción, en el plano interno, de la división precedente. El polo unitario surge, en efecto, de esta función de adaptación a una relación externa. El polo de la fragmentación es la expresión del carácter desarticulado que el desarrollo sigue teniendo como resultado de esta misma relación. La separación reviste todavía otras modalidades. El Estado está atrapado, como ya lo hemos dicho, en lógicas relativamente divergentes. Es el lugar donde se llevan a cabo la negociación y el compromiso entre los múltiples intereses parciales de las clases dominantes; pero es también el agente de inflexión cuya intervención permite la creación de nuevos sectores de actividad; es, además, una instancia donde se organiza y se centraliza la dominación que se ejerce sobre las clases populares. Si hablamos de “esferas diferentes” del Estado a este respecto es porque estimamos que no se debe presuponer una coherencia entre estos diversos aspectos sino admitir, por el contrario, que son relativamente independientes los unos de los otros. Los dos ejes que hemos mencionado están presentes también en el interior de esas esferas. Cada una de ellas comporta un lado que está atrapado en la fragmentación y otro que representa un polo de unificación virtual: vueltas hacia el interior, reposan sobre principios de legitimación diferentes; vueltas hacia el exterior, cada una de ellas tiene cierta forma de vinculación con las economías centrales.

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Gráfico 2.1 Esferas del Estado en los años 1930 Hacia el interior

Repartición

Aspecto de la unificación

Aspecto de la fragmentación Principios de legitimación

Hacia el exterior

Exportadores

Índice de centralidad

Consumidores

Inflexión Industriales

Índice de preeminencia

Trabajadores

Dominación Terratenientes

Índice de predominio

Clientes NB- Las flechas curvas indican las interacciones entre los dos aspectos de cada esfera. Las flechas horizontales indican las relaciones con el exterior Fuente: elaborado por el autor.

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Las esferas del Estado Presentamos aquí las tres esferas que nos parecen más importantes. La primera se refiere a la repartición de los recursos provenientes de las exportaciones y, principalmente, a la destinación que se da a la capacidad de importación. La escasez, absoluta o relativa, de divisas es el origen de una enorme competencia para obtener la mejor parte de ellas; cada cual se encuentra obligado a intervenir en nombre de su interés inmediato: casas de importación, empresas industriales, etc. En esta esfera de la repartición, cada parte se define, ante todo, por su título de consumidor. Por un lado, estos intereses fragmentarios hacen, pues, irrupción en el Estado, con su diversidad y su heterogeneidad. Por la vía de las “redes de influencia”, de los “anillos burocráticos”, de los “grupos de presión” o de los “comités” se yuxtaponen los unos a los otros. Por otro lado, a nombre de la escasez de divisas y del “interés nacional” se sustenta el “arbitraje”; los aranceles proteccionistas o las devaluaciones constituyen su expresión. Cada esfera lleva la marca, obviamente, del antiguo modelo de “desarrollo hacia afuera”. La repartición, en cuanto constituye una problemática esencial, está ligada al hecho de que el sector agroexportador ocupa todavía una posición de “centralidad”. La novedad radica, no obstante, en que la negociación obliga, a quienes en ella participan, a legitimar sus demandas en ese momento; se apoya como referencia última en un “público”, que es el de los “consumidores”. Cada interés parcial está obligado a justificarse con relación a una categoría de consumidores. El arbitraje mismo, para poder imponerse sobre los intereses divergentes, debe apelar a un “público” unificado: el del “conjunto de los consumidores”. Con relación a esta esfera se perfila así, en trazos discontinuos, un campo en que la política toma la forma de un juego de influencias en el marco de una problemática de la repartición. La segunda esfera es aquella en que el Estado se define como agente de “inflexión”. Es cierto que la burguesía, fragmentada y atrapada en sus intereses parciales, no puede asumir inmediatamente la dirección del proceso de cambio económico. El Estado se ve obligado a intervenir, no ya en nombre de la repartición sino de la producción. De un lado, pues, se encuentran los voceros de las actividades productivas de carácter “endógeno” que están presentes en el Estado

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y que tratan de hacer valer allí sus exigencias específicas. Esta relación con el Estado no implica de manera alguna la renuncia a reclamarse del “liberalismo económico”. Se puede observar esto claramente en el caso de los industriales que, aun estando sometidos a las políticas adoptadas con el fin de protegerlos, no dejan de proclamar alto y fuerte su derecho a la autonomía cuando se trata de fijar los precios, el aprovisionamiento de materias primas o de bienes intermedios y, naturalmente, los salarios o el control de la mano de obra. De otro lado, se invoca la necesidad de ciertas regulaciones y de ciertas intervenciones públicas para coordinar las actividades productivas y sentar las bases de producciones aún inexistentes. En el caso extremo se desarrolla una ideología intervencionista que no es necesariamente contradictoria con el mantenimiento de los dogmas “liberales”; la metáfora “orgánica” es uno de los recursos que sirve para hacer posible su compatibilidad. La industrialización es entonces la preocupación prioritaria. Los industriales, sobre todo los representantes de las empresas más grandes, son los llamados, por ello mismo, a ocupar en esta esfera una posición de preeminencia que no es el producto de una “hegemonía” política cualquiera. Esta esfera de inflexión no escapa de las restricciones que se derivan de la relación con el exterior; es adaptativa, lo sabemos. La importancia otorgada a la industrialización no va contra la búsqueda de una nueva modalidad de inserción en la economía mundial; tarde o temprano se puede descubrir tal búsqueda en los llamados ansiosos a los inversionistas extranjeros, lanzados por los mismos industriales o por el Estado, para que vengan a crear las industrias de base que hacen falta. Mientras tanto, esta esfera de inflexión también requiere, por su parte, una base de legitimación; ya no es el público de los “consumidores”, como en el caso anterior, sino el de los “trabajadores”, incluso el del “pueblo”. El Estado sólo puede hacer valer su capacidad de inflexión reclamándose de estos últimos. Su margen propio de intervención, o su pretensión de representar una instancia de cohesión, van a la par con la invocación de aquellos que han permanecido al margen de la ciudadanía. Los “trabajadores” constituyen el sustrato del discurso que se puede construir a propósito de la industrialización; el “pueblo” es el correlato del Estado representante de la nación. No es una casualidad que la legislación social sea simbólicamente tan importante: define las condiciones de la industrialización otorgando al mismo tiempo una ciudadanía sui generis 134

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a los trabajadores. Este alcance simbólico no es despreciable, incluso si se sabe que dicha legislación había tenido a menudo como resultado el reforzamiento de la explotación de los trabajadores;23 los industriales, que la rechazan inicialmente “por principio”, lo habían comprendido perfectamente, 24 sin embargo, no se pueden eximir de justificar “socialmente” su papel por los “beneficios” que aportan a “sus” obreros. En esta esfera se perfila así otra dimensión de lo político, que se articula sobre la base de los conflictos sociales ligados al proceso de acumulación. La tercera esfera sería aquella en que se organiza la dominación social. Por un lado, ésta se ejerce a través de la multiplicidad de las redes de dominio, de tipos muy diferentes; por otro, tiende a centralizarse más a través del Estado. La legislación social es también un medio de dominación aunque no sea, evidentemente, el único. Esta esfera de dominación social, en su expresión fragmentada, se encuentra ampliamente apoyada en las estructuras agrarias. Estas últimas –la constatación es banal– constituyen el elemento que permanece inalterado durante este período; el mismo Frente Popular chileno no logra llegar hasta el punto de confrontarlas. Su intangibilidad contribuye a hacer manifiestos los rasgos de desarticulación inherentes al proceso de desarrollo de estos países. ¿Tiene, sin embargo, esta esfera todos los efectos de contención que se le atribuyen frecuentemente? El debate no está totalmente resuelto;25 en todo caso sí tiene implicaciones políticas.

23

Volveremos en el capítulo 3 a los debates relacionados con la significación de la legislación social. Señalemos solamente por el momento que Francisco de Oliveira, “La economía brasileña: crítica a la razón dualista”, El Trimestre Económico, núm. 158, abril-junio de 1973; y más recientemente, Luiz Werneck Vianna, Liberalismo e sindicalismo no Brasil, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1978; insisten sobre la redefinición “hacia abajo” de los salarios como consecuencia de las leyes sociales y, sobre todo, del salario mínimo.

24

Cf. L. Werneck Vianna, ibíd.

25

Sobre el debate en el Brasil, ver en especial el artículo de Antonio Barros de Castro, “La agricultura y el desarrollo en el Brasil”, El Trimestre Económico, enero-marzo de 1971, pp. 55-101. El tema ha sido debatido ampliamente en el caso italiano. Recordemos aquí las intervenciones de Rosario Romeo y de Alexander Gerschenkron a propósito de la idea de Gramsci según la cual la debilidad de la burguesía italiana se explicaría por el hecho de que el Partido de Acción no había querido tocar las

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La preservación de la gran propiedad terrateniente –entidad que es tanto “política” (e incluso “cultural”) como económica– proporciona los medios para una dominación descentralizada que, a través del relevo que proporcionan las redes de dominación y de comunicación manejadas por los caciques, coroneles y otros intermediarios, se articula simultáneamente al aparato del Estado, donde estas redes convergen e introducen sus divisiones y sus innumerables rivalidades. Vista desde otra perspectiva, esta esfera aparece como la puesta en práctica de una dominación que pretende ser unificadora. La reglamentación y la represión de los conflictos sociales, el lugar otorgado a la institución militar, las tendencias a la centralización, van en ese sentido. Ello no quiere decir que los grandes propietarios no ocupen aquí una posición predominante; como Celso Furtado lo ha mostrado en el caso del Brasil, disponen de una “sobrerrepresentación” en los órganos legislativos que equivale a un reconocimiento de su importancia en la definición del “orden” político. Pero este reconocimiento no es separable, tampoco aquí, de una capacidad de legitimación, la cual tiene, incluso, una dimensión particularmente clara: la posibilidad de manejar un potencial electoral decisivo y de revestir al Estado, al menos de cuando en cuando, de un aura democrática.

Algunas implicaciones La noción de “crisis hegemónica” tiene a menudo la función de justificar la atribución al Estado de una posición de predominio con relación a la sociedad civil. El esquema que proponemos implica que el Estado no ocupa necesariamente una posición de esta naturaleza. La “sociedad civil”, en todo caso, hace irrupción constantemente en el Estado. Ciertamente, el

estructuras del Mezzogiorno. Rosario Romeo, Risorgimento e capitalismo, Bari, Biblioteca di cultura moderne, Latezza, 1963; objeta que una reforma agraria, en un momento en que la industrialización apenas comenzaba, habría frenado el proceso de acumulación primitiva y, por ello mismo, debilitado más la burguesía industrial. Alexander Gerschenkron, Economic backwardness in historical perspective, Nueva York, Praeger, 1965; rechaza la observación de R. Romeo haciendo notar que el Estado puede, en un caso de desarrollo tardío, obrar como sustituto de la acumulación primitiva.

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Estado reclama su papel de árbitro y de “unificador” pero se encuentra, sin embargo, invadido por una multiplicidad de demandas heterogéneas y de grupos de presión. En cada una de sus esferas el límite es impreciso y las interferencias son numerosas entre lo que parece estar en relación con lo “privado” y lo que pertenece a lo “público”. La cohesión misma del Estado se encuentra en cuestión. Las esferas son complementarias pero también relativamente independientes. De esta manera pueden coexistir ruptura y continuidad, mantenimiento de las estructuras agrarias e industrialización, industrialización y prosecución del “desarrollo hacia afuera”. La desarticulación es la vía por la cual se lleva a cabo la adaptación a la nueva coyuntura. Según los momentos, una u otra de estas esferas es susceptible de ocupar el primer plano de la escena. Como en un caleidoscopio, estas permutaciones se suceden rápidamente, un mismo gobierno se puede definir y redefinir alternativamente a partir de cada una de ellas. Detrás de estas variaciones, se encuentran a menudo reequilibrios sucesivos entre las diversas fuerzas sociales, aunque no siempre ocurre. Las combinaciones fluidas que se forman remiten igualmente al “exterior”, a los reajustes provocados por la coyuntura externa. El Estado, en su conjunto, pretende tener cierta autonomía; de la crisis de los intercambios internacionales extrae su prerrogativa a hablar en nombre de la “nación”, pero la unidad, de la que se dice portador, no es más que una imagen que se rompe al refractarse de una esfera a la otra. La “autonomía”, por su parte, se acompaña y se acomoda con el reconocimiento institucional de los múltiples intereses parciales de las clases dominantes. Algunas veces el aparato estatal se amplía por adición de nuevas unidades administrativas, según que una u otra de estas esferas pase al primer plano; otras veces, en el seno de las mismas unidades administrativas, un nuevo estrato de personal logra sumarse a los precedentes; en otras ocasiones alianzas flexibles se anudan en las diversas administraciones para desarrollar políticas parciales. Así coexisten núcleos cuya yuxtaposición da simultáneamente la impresión de una extrema burocratización y de una ausencia de burocracia. La noción misma de “hegemonía” queda de cierto modo puesta en cuestión. Es inútil imaginar que dominación económica y dominación política deban necesariamente coincidir. Existen diversos índices de hegemonía en función de cada esfera. La primera se organiza alrededor

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de un índice de centralidad; la segunda, alrededor de un índice de preeminencia; la tercera, alrededor de un índice de predominio. De acuerdo con estos diversos índices, los exportadores, los industriales o los grandes propietarios pueden alternativamente prevalecer. En sus formas políticas, la hegemonía se encuentra abocada a ser elaborada sobre la base de la doble articulación presente en cada esfera; participa de lo que, en el Estado, es representación de la unidad; y se arraiga, por lo demás, en la fragmentación de la sociedad civil. La separación que de ello resulta no siempre es crítica, aunque llega a convertirse algunas veces en una abierta escisión. En tales ocasiones la separación se convierte en algo mucho más grave, ya que se reproduce directamente en el seno del Estado abriendo una fisura entre los dos lados de cada esfera. La crisis es por consiguiente la del Estado. Frente a estas desarticulaciones, la metáfora orgánica hace su aparición en el discurso político. El Estado militar-autoritario recurre algunas veces a ella; los aspectos “corporativistas” que se encuentran a menudo en él no son más que la reformulación de esa complementariedad entre la fragmentación y la unidad desde una perspectiva en la cual la separación se escamotea en principio. El Estado populista tampoco descarta la posibilidad de apelar a ella, pero es del “pueblo” de donde pretende extraer la materia para restaurar su cohesión. Sin embargo, a la diversidad de las esferas corresponde también la diversidad de las dimensiones de lo político. Las estrategias políticas de cada movimiento se sitúan en sus intersecciones. El “populismo” permite percibirlo claramente ya que introduce simultáneamente prácticas que se definen con relación a los temas de la repartición (redistribución del ingreso, etc.), la lucha de clases (intervenciones sindicales, etc.) y la movilización contra las redes de dominación tradicionales. La coincidencia de estas diversas prácticas nunca está garantizada en los hechos, ya que sólo encuentran la posibilidad de concretarse en la medida en que se hace referencia a un adversario exterior; referencia tímida cuya ausencia deja rápidamente al descubierto la precaria unidad del movimiento.

Ruptura dentro de la continuidad La crisis mundial ocasiona una brusca disminución de la capacidad de importación de Colombia. Dos elementos contribuyen a este resultado: la 138

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caída de los precios del café en el mercado de Nueva York y la interrupción de los flujos de capital y de los préstamos extranjeros. Los precios del café descienden cerca del 50% con respecto a su valor anterior a la crisis y luego se estancan en un nivel intermedio. Los capitales extranjeros tienden a retirarse; en los años que siguen a la Depresión, su salida neta absorbe más del 20% del total de la capacidad de pagos al exterior.26 Las reservas de oro y de divisas se derrumban vertiginosamente: de 73 millones de dólares en 1929 pasan a 17 millones a finales de 1931. La capacidad de importación disminuye en 1931-1934 en un tercio, aproximadamente, con relación a la cifra media de los años 1925-1929.27 La crisis, sin embargo, es menos profunda y duradera que en algunos otros países de América Latina. En 1936 las exportaciones de café recuperan su valor anterior a la crisis gracias al gran crecimiento de su volumen. Además las virtudes del esquema de desarrollo hacia afuera no son cuestionadas en lo fundamental. Al principio de la crisis, la convicción de que un retorno al pasado es posible es, de hecho, ampliamente compartida, y todo se pone en práctica para que así ocurra efectivamente. Las medidas adoptadas, devaluaciones y proteccionismo, son sólo paliativos; con ellas no se pretende una mutación. Si existe ruptura es, en un primer momento y aún con el desconocimiento de todos, bajo la forma de un cambio progresivo en la representación de la cohesión social, que sólo comienza a hacerse explícita en 1933-1934, sobre todo cuando Alfonso López Pumarejo coloca su gobierno bajo el signo de la “Revolución en Marcha”. ¿La ruptura con el pasado había quedado por ello consumada? La élite dirigente colombiana se sigue reclutando, en todo caso, en un círculo restringido de “familias de bien”, y la burguesía del café continúa detentando la posición central en el seno de las clases dominantes.

Una república elitista El triunfo de Enrique Olaya Herrera en la elección presidencial puso fin a cincuenta años de “república conservadora”. ¡Que la alternación se hubiera podido realizar en paz es sorprendente! En un país donde

26

CEPAL, El desarrollo económico de Colombia, Anexo Estadístico, Bogotá, DANE, 1970, p. 28.

27

Ibíd., p. 38.

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el Estado se confundía ampliamente con las ramificaciones del partido en el poder, y donde los partidos constituían subculturas separadas, la transición representaba un verdadero desafío. En ciertos departamentos, como Santander y Boyacá, una cuasi-guerra civil se había desencadenado efectivamente en 1931-1934 y sólo con el envío de varios miles de soldados en 1934 se pudo restablecer la calma. Poblaciones enteras son incendiadas, numerosos conservadores deben refugiarse en otras zonas para huir de la “guerra de exterminio”.28 Esta violencia no se generaliza, sin embargo, en todo el territorio nacional y la elección de Alfonso López Pumarejo en 1934, sin que el Partido Conservador le hubiese opuesto un adversario, significa la estabilización de la “república liberal”. A dicha estabilización había contribuido ampliamente el hecho de que el cambio tomara la forma de un relevo entre la misma élite dirigente; no significaba el ingreso al poder de nuevos sectores sociales, ni daba lugar tampoco a un cuestionamiento del sistema de Estado parlamentario.

La nueva élite dirigente Si existe relevo, en todo caso, es muy progresivo. Para evitar que se presente una situación de guerra civil, y habida cuenta de que los conservadores tenían la mayoría en el Congreso de la República, la cual se mantiene en la Cámara de Representantes hasta 1932 y en el Senado hasta 1934, Enrique Olaya Herrera forma un gobierno de “concentración nacional” en el que participan los dos partidos. Un acuerdo de esta naturaleza sólo sería posible, si creemos al nuevo presidente, gracias a la desaparición paulatina de las divergencias más tajantes que separaban en otras épocas a los partidos políticos.29 Los “notables” conservadores no se quedan atrás con respecto a los “notables” liberales para sugerir que el intervencionismo estatal es una necesidad a partir de ese momento, o para proponer las modificaciones que se debían llevar a cabo en la legislación agraria o en la legislación social.30

28

Expresión empleada en 1931 por el obispo de Pamplona, Mons. Afanador y Cadena, para denunciar la acción de los liberales.

29

Discurso de posesión de Enrique Olaya Herrera, 1930.

30

En noviembre de 1931, la convención del Partido Conservador se refiere a la eventualidad de la división de ciertos grandes dominios y a la necesidad de fortalecer la protección social de los trabajadores.

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Esta adhesión al “consociacionalismo”31 está ligada, no obstante, a la influencia que habían adquirido los “notables” en el seno de cada uno de los partidos; 1930 aparece, en muchos sentidos, como una revancha de las élites políticas y económicas contra los “politiqueros”, después de la confusión política que había reinado de 1926 a 1930. A las personalidades antioqueñas del Partido Conservador, directamente vinculadas con el mundo de los negocios, se les confía un papel de primer plano en la elaboración de la política económica: Francisco de Paula Pérez, Esteban Jaramillo, Carlos E. Restrepo y, obviamente, Mariano Ospina Pérez, quien es nombrado en 1930 para dirigir la Federación Nacional de Cafeteros. En el seno del Partido Liberal el fenómeno es aun más marcado. El partido pierde su talante de “ejército en marcha”, según la expresión de Alfonso López Pumarejo; los generales de las guerras civiles del siglo XIX, que hasta ese momento constituían una gran parte de sus cuadros dirigentes, son reemplazados por una élite civil que, en muchos aspectos, tiene los rasgos de una verdadera aristocracia. Enrique Olaya Herrera, miembro de una gran familia, había ocupado durante ocho años la función de embajador en Washington y había establecido allí estrechas relaciones con los medios de negocios norteamericanos. Todos sus contemporáneos dan testimonio del estilo de monarca liberal que adoptó durante su presidencia. Su sucesor, Alfonso López Pumarejo, por su parte, pertenecía de nacimiento a la oligarquía financiera constituida a finales del siglo XIX. Hemos hecho alusión en el capítulo anterior a la suerte de la Casa López, fundada por su padre, que había llegado a controlar en 1912 cerca de la mitad de las exportaciones colombianas de café antes de quebrar en 1923. Alfonso López Pumarejo había pasado gran parte de su juventud en Inglaterra y Estados Unidos ocupándose del comercio del café; había tomado en sus manos durante doce años la dirección del negocio familiar. De 1918 a 1921 aparece a la cabeza de un banco comercial, filial de un gran banco norteamericano, el Banco Mercantil Americano de Colombia, que se dedicaba tanto a la exportación de café como a la colocación de

31

El tema de “consociacionalismo” ha sido desarrollado por ciertos politólogos, en especial Arend Lijphart, para referirse al recurso a fórmulas de reparto del poder entre las diversas fuerzas políticas concurrentes, en situaciones de crisis.

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capitales norteamericanos en Colombia. Uno de sus allegados describe el entusiasmo del futuro jefe de la “Revolución en Marcha” cuando descubrió en Nueva York la pujanza del capitalismo norteamericano al que se refería con agrado diciendo a sus interlocutores que de él dependían “desde los emperadores y reyes de Europa, Asia y África, hasta los pobres cultivadores de café colombianos”.32 Este gran burgués, más bien escéptico, con maneras de aristócrata inglés, vestido en las casas de los mejores sastres de Londres, no tenía nada de demagogo desentonado; haciendo siempre uso de un buen humor y disfrutando del placer de contrariar a los oligarcas de Bogotá, logra obtener los aplausos del pueblo colombiano. Uno de sus hermanos, Miguel, después de haber representado durante un largo período a la Federación de Cafeteros en Estados Unidos, llegó a ocupar poco después el puesto de embajador en Washington. Otro hermano, Eduardo, vinculado a las compañías petroleras, a la agricultura y al comercio, será uno de los jefes de fila de la oposición a las reformas de 1935-1937. Un cuñado suyo preside el Banco de Colombia, uno de los dos más importantes bancos privados. Es, pues, una oligarquía financiera la que llega a los puestos de comando del liberalismo y del Estado, por intermedio de estos dos hombres. A su lado accede al poder una élite que difícilmente puede ser asimilada a una “nueva capa” y que cuenta con miembros que disfrutan en su propio provecho de la fortuna y la influencia, como Eduardo Santos y su hermano que reinan en El Tiempo; con hombres ilustres, como los dos primos33 Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras Camargo que, a falta de fortuna, ocupan de manera permanente durante cincuenta años los más altos cargos y asumen las más altas responsabilidades; o con integrantes del medio cooptado de la intelligentsia de Bogotá, como Felipe Lleras Camargo, Gabriel Turbay, José Mar, Jorge Zalamea y Darío Echandía, quien profesaba el socialismo antes de adherirse en 1930 al liberalismo y de vincularse con el poder. Estos últimos no tenían necesariamente vínculos con el mundo de los negocios, no son los representantes “orgánicos” de una burguesía pero definen el campo cultural e institucional en el cual se afirma el capitalismo colombiano.

32

Cf. para un retrato de Alfonso López; Eduardo Zuleta Ángel, El presidente López, Bogotá, Albán, 1966.

33

Primos por la edad, sobrino y tío según el árbol genealógico.

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Un campo cultural que no se encontraba atravesado de manera alguna por el reformismo autoritario y centralizador que animaba en la misma época a otras élites victoriosas como, por ejemplo, los tenentes en el Brasil; por el contrario, se define por el deseo de romper con el autoritarismo centralizador que la constitución conservadora de 1886 había hecho prevalecer –al menos en los principios– y por la pretensión de remplazar el tradicionalismo católico por los mecanismos flexibles de la democracia parlamentaria; tampoco estaba fundado sobre la voluntad de reconquistar valores prehispánicos, a la manera del APRA peruano. Ampliamente orientado por la búsqueda de la modernidad, dicho campo cultural se nutría sobre todo de una reflexión sobre la democracia inglesa y las reformas de Roosevelt; de esta manera era deliberadamente “occidental”. ¿Relevo del personal dirigente? Si ello ocurre, sería en beneficio de los elementos más dinámicos de las clases dominantes que pretendían poner fin a las viejas querellas políticas del siglo XIX y que, por intermedio de la buena administración de los negocios y de los espíritus, querían hacer entrar a Colombia en el campo de las democracias burguesas. El relevo no es una substitución; no ofrece a los modestos sectores medios la ocasión de llevar a cabo una apertura política.

Los sectores medios puestos en su lugar Al hacer referencia a los “sectores medios” nos enfrentamos con numerosas imprecisiones relacionadas con su definición. En el caso de la pequeña burguesía europea conocemos los laboriosos esfuerzos que se han hecho para distinguir en ella categorías antiguas y categorías nuevas de trabajadores “productivos” y trabajadores “improductivos”.34 Los criterios económicos de distinción son lo suficientemente precarios como para obligar a algunos autores a apelar a elementos ideológicos y políticos que harían parte, en su situación particular, de su “determinación estructural como clase”.35 En el caso de los países latinoamericanos la heterogeneidad de las estructuras sociales aumenta la confusión, y es más difícil aun poner

34

Entre otros, Nicos Poulantzas, Les classes sociales dans le capitalisme d’aujourd’hui, París, Seuil, 1974, pp. 207–354.

35

Ibíd., p. 223. Podemos, de hecho, interrogarnos sobre la significación de las determinaciones estructurales ideológicas y políticas.

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en claro cuáles serían sus determinantes socioeconómicos específicos y, sobre todo, mostrar cómo estos últimos sustentarían la presumida unidad de estos sectores medios. A imagen y semejanza del Estado, estos sectores han sido presentados con frecuencia, al menos durante los años 1920-1940, como omnipresentes y cuasi ausentes. Omnipresentes, puesto que la evolución de los sistemas políticos habría propiciado su mayor participación y cuasi ausentes porque incluso en aquellas ocasiones en que se les había encargado el ejercicio del poder permanecieron subordinados a las clases poseedoras;36 llegaron así a ocupar un lugar en el Estado, pero sin formular proyectos de transformación del modelo de desarrollo. Su posición en el aparato productivo y su participación en los conflictos sociales son menos significativas que su presencia a título de consumidores y –eventualmente– de modernizadores. Si al hacer mención de estos sectores nos encontramos de nuevo con ciertos temas evocados a propósito del Estado, no es solamente porque éste constituya el lugar de su afirmación y de su cohesión inestables, sino también porque se sitúan, como el Estado, en el punto de intersección entre el proceso de acumulación interna y los procesos de acumulación “a escala mundial”: se desarrollan a la sombra de las actividades agro-exportadoras pero son también el soporte de un desarrollo auto-centrado; son los beneficiarios del comercio internacional pero conforman también el mercado interno potencial. Al igual que el Estado, marcado de manera casi permanente por una fluidez considerable, los sectores medios se inscriben alternativa y simultáneamente en la lógica de las esferas relativamente autónomas: intervienen como grupo de presión subordinado; son invocados como sostén del Estado cuando éste aparece como agente de inflexión y sirven igualmente de relevo en el mantenimiento de la dominación social.37

36

Cf. F. H. Cardoso y E. Faletto, Dependencia y desarrollo…, op. cit.

37

F. de Oliveira formula, a propósito del Brasil, la hipótesis de que el crecimiento del sector terciario, lejos de ser exagerado y parasitario, “se inscribe en el tipo de acumulación urbana que sirve a la expansión del sistema capitalista local. Este crecimiento reproduce en las ciudades el modelo de expansión capitalista que prevalecía en las zonas rurales, con un tipo de crecimiento horizontal, extensivo [...] y que se apoya fundamentalmente en la abundancia de la mano de obra”. Se puede observar que este razonamiento, si bien es pertinente en el plano económico, nada

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En cualquier tipo de circunstancia, incluso en momentos en que el Estado sufre transformaciones importantes, raramente las nuevas élites dirigentes provienen de los “sectores medios”. En el caso de Brasil se ha logrado establecer que los famosos tenentes se emparentaban menos con una clase media en formación que con una élite aristocrática en busca de un Estado fuerte.38 Los sectores medios colombianos, por su parte, se hallaban muy poco preparados no solamente para ejercer una influencia propia, sino también para ofrecer el sostén necesario para el éxito de las reformas lopistas. En efecto, sólo habían conocido un desarrollo reducido y se habían desprendido muy poco de la influencia ideológica de la oligarquía. Su desarrollo reducido se explica fácilmente por la historia económica colombiana. Conocemos la fragilidad de la economía a todo lo largo del siglo XIX; sabemos igualmente que la rápida expansión de las exportaciones de café sólo se lleva a cabo después de la Primera Guerra Mundial, sin que el ingreso de las exportaciones por habitante haya logrado alcanzar, todo lo contrario, el nivel de los países del sur del continente. Los sectores medios no se beneficiaban de un sistema de enseñanza relativamente abierto, como el que existía en Argentina. Consideremos la enseñanza primaria. Su estructura estaba inspirada por el laissezfaire y fundada en la fragmentación de la oligarquía: en nombre de la libertad los legisladores se opusieron –hasta 1927– a que la educación fuera declarada obligatoria, prejuicio que fue llevado hasta el extremo de inscribir la no obligatoriedad en la Constitución de 1886 y en una ley de 1903; bajo la influencia de los grandes propietarios, se había establecido oficialmente una discriminación entre una enseñanza rural corta y una enseñanza urbana de duración normal.39 La fragmentación del sistema oligárquico se expresaba, como es natural, por la importancia de la

implica en cuanto a los efectos políticos de la presencia de este sector. Cf. F. de Oliveira, op. cit., pp. 150 y 411-484. 38

Cf. Boris Fausto, A revolução de 1930, Sao Paulo, Editora Brasiliense, 1972, p. 63.

39

La duración de la primera se fija en tres años; la de la segunda en seis años. Sobre la historia de la enseñanza en el siglo XIX, se puede consultar: Alfredo Molano Bravo, Economía y educación en 1850, mimeo, Bogotá, OFISEL, 1974. Sobre el siglo XX, se puede consultar: Ivon Lebot, “Elementos para la historia de la educación en Colombia en el siglo XX”, Boletín Mensual de Estadística, núm. 249, abril de 1972, pp. 121-214.

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escuela privada, pero también, cuando se trataba de la escuela pública, por el hecho de que su financiación se colocaba bajo la responsabilidad de los departamentos más que del Estado central;40 así se formaba un aparato escolar estrechamente sometido a los poderes locales ya que los municipios eran en última instancia dueños y señores de la destinación de los recursos asignados a los rubros de la educación. Esta dispersión no causa disgusto a los notables políticos ni a los caciques locales, como se puede constatar en 1941, cuando rechazan un plan de unificación nacional de la enseñanza primaria presentado por el ministro de Educación de la época, Jorge Eliécer Gaitán. La orientación de esta enseñanza, por su parte, estaba garantizada por el derecho de control que la Constitución de 1886 había otorgado a la Iglesia. Las universidades, por su parte, habían permanecido al margen de las corrientes modernizadoras. Como lo deplora en numerosas ocasiones Alfonso López, su función se limitaba a la reproducción de los privilegios: no son más que “una fábrica de doctores” que engendra “una aristocracia intelectual paupérrima que luego se desborda sobre la administración pública”.41 El mismo López hace otra observación: el sistema universitario contribuye a legitimar las desigualdades sociales dándoles la apariencia de una disparidad de cultura, que rápidamente es disfrazada de desigualdad de naturaleza. “Si no han existido con nosotros castas plutocráticas, aristocráticas y cerradas oligarquías económicas, en cambio, para impedir el desarrollo de una democracia legítima, ha habido una barrera infranqueable: la educación. En el fondo de toda la educación colombiana, pública y privada, ha predominado un espíritu de casta que se comprueba con la ocurrencia frecuente de que los hombres públicos salidos de la entraña del pueblo suelen ser los que más desprecian, desatienden y temen a su clase originaria”.42 El “saber” es el medio más indicado para “naturalizar” las diferencias de clase al oponer el mundo civilizado al populacho.43

40

Cf. los datos sobre la financiación. Ibíd., p. 131.

41

Mensaje al Congreso, 20 de julio de 1935.

42

Alfonso López, entrevista en El Diario Nacional, agosto 7 de 1937.

43

Alfonso López, durante su gobierno, lleva a cabo reformas nada desdeñables: en la enseñanza primaria, creación de escuelas normales rurales, fijación de un salario

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Tanto en las zonas rurales como en las ciudades los sectores medios se veían abocados de esta manera, a falta de instrumentos ideológicos propios, a someterse a los modos de dominación propios del sistema oligárquico. No se podría afirmar que reproducen pura y simplemente una ideología oligárquica, ya que el sistema oligárquico escasamente genera una ideología. Los partidos políticos tradicionales hacen las veces de aparato ideológico; constituyen el canal a través del cual los sectores medios se manifiestan, con dependencia pero también con la autonomía relativa que es posible tener desde allí con relación a las clases poseedoras. Los sectores medios se sitúan en el punto de articulación donde la lógica oligárquica se extiende a la autonomización de la escena política. Durante el gobierno de Alfonso López estos sectores son, de hecho, cada vez más invocados. Pero no tienen presencia autónoma. Son utilizados primordialmente por los “moderados” que, agrupados alrededor de Santos, tratan de encontrar un contrapeso a los sindicatos obreros. Consideremos el ejemplo de los “empleados” de la administración y de los servicios públicos. A partir de 1930 comienzan a agruparse en organizaciones corporativistas. En 1932 se reúne un primer congreso; en Medellín, aparece la Unión Nacional de Empleados (UNE); en Bogotá se constituye en la misma época la Federación de Empleados; en octubre de 1937 las múltiples agrupaciones locales que habían ido apareciendo se reúnen finalmente, no sin problemas, en la Confederación Nacional de Empleados (CNE). Como los sindicatos obreros, estas organizaciones se encuentran ubicadas en la órbita del Partido Liberal; contra los sindicatos obreros, toman el partido del orden y, por lo demás, nunca se denominan “sindicatos”. Si presentan peticiones es de manera respetuosa y comedida. La UNE solicita la institución de una verdadera función pública, la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas,

mínimo para los profesores –que no será aplicado– y reformas pedagógicas; en la enseñanza universitaria, es necesario citar evidentemente la reorganización de la Universidad Nacional a la cual se le reconoce una autonomía considerable, el acento puesto sobre una formación menos marcada por el tradicionalismo y la creación de una ciudad universitaria. Siguiendo a I. Lebot, op. cit., p. 130, se debe, sin embargo, observar que la parte de la educación en el total de gastos de la nación tiende apenas a recobrar en 1938 el nivel de 1929, después de haber pasado por una disminución considerable.

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“el derecho de huelga como derecho, no como sistema”;44 admite la propiedad privada “correctamente utilizada”.45 Los empleados de Bogotá reclaman, por su parte, “el respeto de la legislación”.46 El tercer congreso de los empleados, reunido en Bucaramanga en agosto de 1937, pide una “inspección sanitaria del trabajo”, así como garantías contra los despidos.47 Todas estas asociaciones rivalizan para hablar en nombre de los consumidores, “que son la gran mayoría”.48 El caso de la Federación de Empleados del Valle merece ser resaltado puesto que se atreve a atacar a los propietarios inmobiliarios, verdaderos “acaparadores”, y al imperialismo;49 de manera similar no vacila en preconizar luchas comunes con la clase obrera.50 En 1937-1938 la gran mayoría de estas organizaciones se une de hecho a la coalición de las clases dominantes con el fin de conjurar el “peligro comunista” suscitado por López, el aprendiz de brujo. La UNE denuncia de manera permanente a los agitadores que fomentan las huelgas. La Confederación Nacional de Empleados, por su parte, se muestra aun más resuelta: su primer presidente Julio César Turbay –que empieza así una brillante carrera política que lo llevará a convertirse a partir de 1960 en el manzanillo supremo del Partido Liberal y finalmente, en presidente de la República–, afirma la necesidad “de trazarle rumbos ciertos y precisos derroteros al movimiento de la clase media y a los empleados para colocarlos en un plano distinto al del caos social al que quieren llevar la república los gerentes de la Revolución Moscovita”.51 Cuando la

44

Orientación, semanario oficial de la UNE, Bogotá, abril 16 de 1936.

45

Ibíd.

46

Nosotros, órgano de la Federación de Empleados de Bogotá, Bogotá, enero 15 de 1936.

47

La Voz del Empleado, órgano de la Federación de Empleados de Santander, Santander, agosto 14 de 1937.

48

Adelante, órgano de la Federación de Empleados del Valle del Cauca, Cali, mayo 25 de 1935.

49

Ibíd., junio 15 de 1935.

50

El Crisol, agosto 27 de 1936. Este es un diario liberal de tendencia “lopista” de Cali.

51

Julio César Turbay Ayala agrega: “Con los obreros tenemos muchos puntos comunes, casi todos; pero nos separamos cuando ellos se entregan en manos de los promotores de huelgas”. Julio César Turbay Ayala, entrevista en El Tiempo, abril 10 de 1938.

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reivindica padrinazgos apela a Eduardo Santos y a su hermano que, con el seudónimo de Calibán, vapulea infatigablemente en El Tiempo la política lopista en su conjunto.52 Ciertamente, estas organizaciones de empleados no representan la totalidad de los sectores medios.53 Sin embargo, es muy probable que se puedan encontrar reacciones similares, tanto entre la pequeña burguesía conservadora como entre los elementos de la pequeña burguesía radicalizada. La primera, tanto o más que los empleados que acabamos de describir, es invitada a colocarse en el punto de articulación entre la lógica oligárquica y la escena política: ni el poder de Laureano Gómez ni las ambiciones “fascisantes” de Álzate Avendaño se podrían desarrollar sin su participación. Los elementos radicalizados de la pequeña burguesía, por su parte, se encuentran ubicados en una posición inestable, debido a la alianza ideológica que, por intermedio de Alfonso López, se anuda entre la élite dirigente y las masas populares. Para formarse una idea de lo que son los sentimientos de esta pequeña burguesía radicalizada basta con recordar las amarguras de Gaitán y sus seguidores. Hijo de un modesto librero de Bogotá, autor en 1924 de una tesis sobre las “ideas socialistas”, el joven abogado Gaitán tuvo ocasión de frecuentar los círculos de la élite intelectual de Bogotá sin llegar a ser, sin embargo, verdaderamente aceptado por ellos.54 De 1926 a 1929 lleva a cabo en Italia su formación en derecho penal. A su regreso a Colombia se lanza a la política. Elegido en el congreso, logra de inmediato un gran renombre al dar a conocer las condiciones en que se había desarrollado la masacre de la zona bananera. Con la llegada al poder de Enrique Olaya Herrera, Gaitán es promovido a los más altos cargos gracias al apoyo del nuevo mandatario: presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la CNE

52

En el Congreso de Bucaramanga se vota una moción de agradecimiento en favor de los dos hermanos Santos por la lucha emprendida por El Tiempo en apoyo de la clase media.

53

No es fortuito que estas organizaciones sean instrumentos de combate contra el “lopismo”: tal es su finalidad, en vísperas de una campaña electoral en la que Eduardo Santos se tiene que enfrentar con la hostilidad de los sindicatos “obreros” que se habían adherido al “lopismo”. No constituyen la expresión de una capa social sino de una clientela política.

54

José Antonio Osorio Lizarazo, Gaitán: vida, muerte y permanente presencia, 2.ª ed., Buenos Aires, López Negri, 1952.

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Dirección Liberal y segundo designado a la presidencia de la República, en ese orden; se vuelve plenamente solidario en ese momento con la política gubernamental. Prueba suerte en 1933, sin embargo, por su propia cuenta creando una organización política aparte, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), y buscando la adhesión de los trabajadores agrícolas y colonos de los alrededores de Bogotá y la de los artesanos y obreros de las ciudades. En 1935, al acercarse las elecciones parlamentarias, Gaitán disuelve la UNIR y retorna al Partido Liberal. Sin embargo, el prestigio de Gaitán se desvanece a medida que crece el de Alfonso López. Permitiendo el desarrollo de huelgas y reivindicaciones sociales, este último conquista el apoyo de las masas. Los gaitanistas lo acusan de asumir como propios los proyectos presentados por la UNIR, pero en el marco de una política demagógica que se burla de los intereses de las clases productoras.55 La animosidad de Gaitán contra la “Revolución en Marcha”, y contra su jefe, es inseparable del malestar de los sectores medios que se encontraban atrapados entre la consolidación de la gran burguesía y el surgimiento de un pueblo que, indiferente a las ambiciones de la pequeña burguesía, corteja a la grande. El contratiempo que se le presenta a Gaitán en febrero de 1937 no puede disociarse de esa situación incierta. Algunos meses antes, Alfonso López lo había sacado de la oscuridad en que se encontraba para nombrarlo en el prestigioso cargo de alcalde de Bogotá. Gaitán emprende entonces la reconquista de una base de apoyo popular; favorece los barrios periféricos con la construcción de obras de adecuación urbana y organiza una campaña de movilización; al populismo liberal de López opone un populismo moral. No descarta la posibilidad de recurrir a elaboraciones escénicas de estilo mussoliniano, cuya eficacia había conocido durante su estadía en Italia. En una de estas manifestaciones toma prestada del duce su fórmula: “Si avanzo, seguidme; si retrocedo, matadme; si muero, vengadme”.56 En nombre de la necesaria dignidad del pueblo, prohíbe a los trabajadores municipales llevar la tradicional ruana y los obliga

55

J. A. Osorio Lizarazo critica en su libro la reforma agraria de 1936 que, en su opinión, tiende a disminuir la productividad de la agricultura, y denuncia el papel cómplice del poder en el desencadenamiento de las huelgas obreras.

56

Según el testimonio de J. A. Osorio Lizarazo.

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a presentarse calzados y afeitados. En febrero de 1937 quiere, incluso, imponer el uso de uniforme a los choferes municipales y se niega a ceder cuando éstos últimos protestan. Se desata entonces una huelga contra Gaitán en la que las élites políticas, con un poco de ironía pero satisfechas de cortar la carrera a un advenedizo, y los sindicatos obreros, deseosos de hacer respetar los derechos sindicales, toman partido por los choferes. Los ferroviarios amenazan con desencadenar una huelga de solidaridad y Gaitán solicita al gobierno que acuda al ejército en caso de que el tráfico ferroviario sea paralizado efectivamente. Gaitán queda de hecho abocado a la dimisión después de haber dilapidado en algunos días una gran parte de su prestigio. Anécdota, pero también síntoma de la posición subordinada a la que los sectores medios debían resignarse.

Los discretos militares Es probable, sin embargo, que algunos elementos de los sectores medios hayan encontrado en el ejército una forma de hacer carrera. Hacia 1925, son ellos los que suministran a la Escuela Militar, fundada en 1907, una buena parte de sus contingentes.57 Pero el ejército está lejos de ofrecer condiciones que sirvan de soporte a una “ideología de Estado”58 que pueda contrabalancear la influencia del parlamentarismo liberal. En 1930 el número de sus efectivos sigue siendo uno de los más reducidos: 5.000 a 6.000 hombres.59 Los gastos militares son pocos, crecen repentinamente entre 1934 y1935 como consecuencia de la guerra con el Perú, pero regresan poco después a un nivel modesto.60

57

Francisco Leal Buitrago, “Política e intervención militar en Colombia”, en: Rodrigo Parra Sandoval, dir., Dependencia externa y desarrollo político en Colombia, Bogotá, Imprenta Nacional, 1970.

58

A diferencia de los tenentes brasileños.

59

Richard Maullin, Soldiers, guerrillas and parties in Colombia, Lexington, Lexington Books, 1973, p. 55.

60

Si creemos en las cifras de la CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, op. cit., cuadro 40, los gastos militares representan en 1929 el 4.6% del total de los gastos públicos, el 18.3% en 1934, el 7.4% en 1938 y el 5.3% en 1940. Si hubo aumento de los gastos militares en valor absoluto, F. Leal Buitrago, “Política e intervención…”, op. cit., p. 173, fue utilizado en gran parte en programas de obras públicas: R. Maullin, op. cit., p. 137.

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La profesionalización de las fuerzas armadas, ciertamente, había hecho progresos considerables después de 1910. Sin embargo, los más altos grados no siempre eran ocupados por oficiales salidos de la Escuela Militar; hasta 1941 seguían en las manos de oficiales formados en las guerras civiles. Cuando estalla la guerra con el Perú en 1932, se apela a los servicios del “general” Alfredo Vásquez Cobo, veterano de los ejércitos conservadores y candidato conservador en las elecciones de 1930, para asumir el cargo de comandante en jefe. El mundo militar tiene nexos, pues, con el civil. No estaba de manera alguna al abrigo de la influencia del partido que se encontrara en el poder. Durante el régimen conservador la Escuela Militar atraía sobre todo a jóvenes conservadores. Con el advenimiento de la república liberal, se ejercen numerosas presiones sobre Enrique Olaya Herrera para que proceda a una vasta purga con el fin de “liberalizar” el ejército, a lo que éste se niega. El ejército será mirado muy a menudo con sospecha por parte de las élites civiles, pero sobre todo con desdén. El presidente López Pumarejo marca la pauta a este respecto. El ejército, en el marco de una ideología política liberal, ocupaba una modesta posición, en nada superior a la que tenía en la democracia parlamentaria oligárquica. Expresando sus dudas sobre las funciones de la institución militar, López la invita a “[...] compensar al contribuyente colombiano de los sacrificios que se impone para sostener las fuerzas de la defensa nacional, realizando un programa de utilidad social”,61 consistente en desarrollar el territorio nacional “en las soledades remotas de La Guajira, del Arauca o del Amazonas”.62 Convidar a los militares a dedicarse a la exploración de territorios nuevos para merecer su sueldo indica a las claras hasta qué punto las élites civiles querían encerrar la institución militar dentro de límites estrechos. No veían en ella de manera alguna una pieza importante para la consolidación del Estado nacional, sino más bien un residuo del siglo XIX. Azarosa y menospreciada, la carrera de las armas no tenía cómo seducir a los ambiciosos. El descontento permanente con Alfonso López y su círculo demuestra ampliamente la magnitud del

61

Alfonso López Pumarejo, entrevista en El Tiempo, enero 30 de 1936.

62

Ibíd.

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resentimiento que se podía generar con esta actividad.63 Sin embargo, sólo en 1944, el descontento se traduce en un intento bastante serio de golpe de Estado contra el segundo gobierno de Alfonso López. ¿Habría motivos, pues, para asombrarse al observar a Gaitán asumiendo en ese momento, en diversos escenarios, la defensa de un ejército humillado? El cambio político de 1930 se quiere colocar bajo el signo del progreso, un progreso que pasa por el olvido de la arqueo-política y de su horizonte de guerras civiles. El triunfo de la democracia civil es indisociable de la consolidación de una élite, en absoluto el resultado de un reclutamiento social democrático, pero decidida a crear las condiciones para un funcionamiento liberal de la economía.

Bajo el signo del liberalismo económico El objetivo inicial de recrear lo más rápidamente posible las condiciones que habían permitido el crecimiento anterior estaba ampliamente sustentado, tanto por el esfuerzo hecho por inspirar confianza a los inversionistas norteamericanos como por la resolución de proseguir, contra viento y marea, por la vía de la expansión de los cultivos cafeteros. La primera expectativa es desmentida rápidamente: los inversionistas norteamericanos no se interesan de nuevo por Colombia; pero no ocurre lo mismo con la segunda: la economía del café prosigue su marcha ascendente. Este punto es esencial. Significa que la burguesía del café no se siente obligada a apelar al Estado para salvar sus posiciones. Puede, pues, mantener su adhesión al liberalismo económico y, al hacerlo, lo erige en doctrina de sentido común para todas las clases dominantes.

Merecer la confianza de Estados Unidos La reticencia a solicitar una moratoria de la deuda externa demuestra que las relaciones con Estados Unidos ocupan un lugar importante en la

63

En 1936 ya hay rumores de conjuración antilopista. Cf. R. Maullin, op. cit., p. 51. Sobre el estatuto del ejército colombiano se puede leer también Anthony Maingot, “The colombian military: a case of inconsistent status”, en: Lyle Mc Alister, ed., The role of the military in Latin America, Gainesville, The University of Florida Press, 1974.

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estrategia gubernamental, “por la sencilla razón de que el país, si aspira a desenvolverse, a desarrollar sus ingentes recursos naturales, a elevar el nivel de vida de sus habitantes y a ocupar el puesto que merece entre las naciones del continente, tendrá necesidad de apelar de nuevo, en un futuro más o menos próximo, al apoyo y concurso del capital extranjero”.64 Sólo unas pocas voces, como la de Alfonso López, el dirigente liberal,65 o la de Alejandro López, el economista antioqueño,66 se levantan para pedir que Colombia solicite cuanto menos una reducción de las tasas de interés; pero no son escuchadas. Es necesario que se hayan cerrado todas las salidas para que el gobierno acepte, en noviembre de 1931, solicitar una moratoria para las deudas contraídas por los municipios y los departamentos y, en marzo de 1933, obrar de la misma forma con las deudas contraídas por la nación. De manera similar, la ortodoxia monetaria y la negativa a devaluar no se explican solamente por los dogmas en vigor en aquella época, sino también por el temor de espantar al inversionista extranjero. Una nueva misión Kemmerer, posterior a la de 1923, es la encargada de orientar la política monetaria, y figuras prestigiosas de los antiguos gobiernos conservadores, como Carlos E. Restrepo y Esteban Jaramillo, las responsables de su aplicación. De 1929 a 1931 los medios de pago en circulación habían disminuido alrededor del 30%, y los billetes del Banco de la República en cerca del 50%.67 En este campo también va a ser necesario esperar, hasta finales de 1931, para que se produzca una primera evolución con la instauración de un control parcial de cambios, y hasta finales de 1932 y comienzos de 1933 para que se confirme la reorientación; la guerra con el Perú obliga al gobierno a lanzar un “empréstito patriótico” de 10 millones de pesos y a financiar un amplio programa de obras públicas que

64

Declaración del gobierno, enero 3 de 1932.

65

Cf. Debates en el Congreso, agosto 14 de 1931.

66

En un libro publicado en Londres en 1933, por quien fue uno de los mejores analistas de la cuestión agraria en Colombia, se dice: “Colombia, por ejemplo, recibió empréstitos extranjeros que gastó cuando el café se le pagaba a 27 centavos la libra en 1927 y 1928, y ahora tiene que pagar el servicio de tal deuda con café vendido a 10 centavos”. Alejandro López, El desarme de la usura, Londres, s.e., 1933.

67

Robert Triffin, La moneda y las instituciones bancarias en Colombia, Bogotá, Banco de la República, 1944.

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contribuya a la reactivación de la economía; las devaluaciones que vienen después modifican profundamente el funcionamiento de la economía. Pero nada demuestra mejor el deseo de favorecer el retorno de las inversiones extranjeras que el abandono de las pretensiones nacionalistas en el campo petrolero. La hora ya no está para las recriminaciones y los litigios que marcaron los años 1927-1929 y que habían dado lugar al proyecto Montalvo, orientado a garantizar al Estado colombiano un derecho considerable de inspección de las compañías extranjeras. La búsqueda de una “amigable cooperación con el capital extranjero”68 se plantea como condición previa, incluso si supone satisfacer incondicionalmente sus apetitos. De esta manera se redacta y se promulga precipitadamente en 1931 una ley que disminuye la tasa de regalías, suprime la obligación que proponía Montalvo de asignar cierto porcentaje de las acciones a los colombianos y, de manera general, reduce el control nacional.69 La concesión Barco, motivo de las protestas nacionalistas anteriores, se restablece en favor de sus antiguos beneficiarios. La investigación adelantada en el Senado estadounidense por el Secretario del Tesoro Mellon establece un poco más tarde que estas disposiciones habían sido presentadas por los bancos norteamericanos como condiciones para un eventual regreso de los préstamos a Colombia. La burguesía colombiana se encontraba dispuesta, a partir de este momento, a permitir estas transgresiones de la soberanía si quería ayudar a la reactivación económica. El arancel aduanero adoptado en 1931 refuerza, ciertamente, el proteccionismo. ¿Se trataba de poner en práctica en ese momento una política deliberada de sustitución de importaciones? Nada de eso. Las discusiones que preceden a su adopción permiten resaltar sobre todo la necesidad de salir de las dificultades fiscales y de sacar a la agricultura de la ruina a que la había llevado la “ley de emergencia de 1926”, que autorizaba la libre importación de numerosos productos alimenticios. A la industria ya casi no se la menciona, salvo para criticar… la protección excesiva de la que se beneficiaba. ¿Amenazan los Estados Unidos, a manera de chantaje,

68

Carta de Enrique Olaya Herrera a Eduardo Santos, abril 11 de 1930, citada por Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, Bogotá, Ediciones ESE, 1969, p. 321.

69

Cf. Ibíd., pp. 327-329.

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con limitar la entrada de café colombiano si Colombia pretende restringir la importación de ciertos productos industriales norteamericanos? El gobierno ya no resiste mucho. La negociación, a partir de 1933, de un nuevo acuerdo arancelario entre los dos países significa la disminución apreciable de la mayor parte de los derechos de 1931, de tal forma que quede asegurada, al mismo tiempo “la defensa de nuestra agricultura y de las industrias nacionales, [...] y una situación excepcionalmente privilegiada de nuestro comercio de exportación durante la duración del tratado”.70 Salvar la economía del café sigue siendo en todo caso la preocupación esencial.

La burguesía del café frente a la crisis Durante los años 1920-1930 el cultivo del café pasó en Colombia por una fase de expansión excepcional. La superficie que le estaba consagrada prácticamente se duplicó. En 1925 el café representaba cerca del 80% del valor de las exportaciones. Así se puede calibrar la gravedad de la doble crisis que sobreviene en 1929-1930: la depresión mundial, por un lado, y la superproducción brasileña de café, por el otro, con la baja de precios que implica. A pesar de las circunstancias, los productores colombianos logran aumentar en los años siguientes las cantidades exportadas y compensar la caída de los precios. En 1936, con el 47% de incremento en el volumen, las exportaciones de café recuperan el valor de 1928. Esta continuidad de la política expansionista constituye, no obstante, un desafío con el que se corre el riesgo de ir a un desastre. No es éste el único peligro al que se ve enfrentada la burguesía colombiana del café. Los conflictos agrarios, en lugar de apaciguarse, son cada vez más amplios y amenazan la producción en ciertas regiones. La comercialización escapa de su control en gran medida, a partir de este momento, y pasa a manos de las casas extranjeras. La opinión pública se interroga con insistencia sobre lo bien fundada que estaría la prosecución de un “desarrollo hacia afuera”. Pero la burguesía del café parece particularmente desarmada para hacer frente a tales peligros; sigue desorganizada. La recién constituida

70

Comunicado del gobierno, diciembre 1 de 1933.

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Federación Nacional de Cafeteros no se había logrado realmente imponer; incluso si hubiera tenido la voluntad para hacerlo, no contaba con los medios para intervenir al servicio de los productores; no tenía siquiera la autoridad para pretender representarlos y cualquiera puede constatar las disensiones existentes entre los productores de los distintos departamentos. Con una dispersión de esta naturaleza es como los cafeteros se aprestan a enfrentar los peligros. Todas las condiciones parecen así reunidas para que, queriéndolo o sin quererlo, los productores deleguen en el Estado la gestión de los asuntos relacionados con el café. De esta manera dejarían entonces de proporcionar al liberalismo económico la base social necesaria para su perpetuación.

* Los conflictos agrarios71 Ya alarmante durante los años precedentes, la situación social se vuelve explosiva en Cundinamarca y en el oriente del Tolima, donde se había originado a finales del siglo XIX el rápido desarrollo cafetero con la conformación de vastas, a veces inmensas, haciendas. En ciertos sectores de Caldas y de otros departamentos, la situación es tensa. Condiciones de trabajo, salarios, posesión de la tierra, son los litigios que, en gran medida, siguen rebasando sus propios límites. Los arrendatarios reclaman, con mayor insistencia que antes, no estar sometidos a la arbitrariedad de los propietarios, disfrutar del derecho a plantar cafetos en sus parcelas e introducir otros cultivos permanentes. En este punto se enfrentan con un doble rechazo por parte de los propietarios, que temen no poder seguir disponiendo de la mano de obra necesaria en el momento de las cosechas y, más aun, no poder volver a

71

Numerosos trabajos se han consagrado al estudio de los conflictos agrarios de esta época. Citemos entre los más importantes, Darío Mesa, El problema agrario en Colombia 1920-1960, Medellín, El Tigre de Papel, 1972; P. Gilhodes, “Agrarian struggles in Colombia”, op.cit.; Darío Fajardo, Luchas sociales y transformaciones en tres regiones cafetaleras del Tolima, 1936-1970, mimeo, Medellín, Universidad de Antioquia, 1978; Gonzalo Sánchez, Las ligas campesinas en Colombia, Bogotá, Tiempo Presente, 1977; y naturalmente los ya citados de Jesús Antonio Bejarano, Mariano Arango, Gloria Gaitán, Catherine LeGrand, Marco Palacios, etc.

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entrar en posesión de la tierra o carecer de medios para evitar los litigios relacionados con el pago de mejoras. Los aparceros quieren reducir las constricciones a las que están sometidos: restricciones a la libertad de movimiento, multas, números de días de trabajo en la tierra del patrón.72 Los jornaleros reivindican reajustes en los salarios y denuncian las triquiñuelas de que son víctimas en el momento de las cosechas.73 Los colonos se niegan a renunciar a las tierras que han explotado. Unos y otros se rebelan contra el acaparamiento ilegal de vastas superficies por parte de los hacendados. La protesta se hace más vigorosa a medida que salen a la luz, en el curso de los debates parlamentarios o de los procesos, la carencia y la imprecisión de numerosos títulos de propiedad que habían sido utilizados para justificar la ampliación de múltiples propiedades. En Sumapaz y en ciertas zonas del Tolima las ilustraciones de esta situación son especialmente numerosas.74 Desde entonces queda planteada en muchos conflictos la cuestión de la redistribución de la tierra. Las huelgas estallan frecuentemente, sobre todo en el momento de las cosechas. En Viotá los arrendatarios dejan de pagar los arrendamientos. Los colonos se movilizan. Valiéndose de matones a sueldo o bien de la policía departamental, los propietarios responden con la violencia. Aún en 1934, algunos días después de la entrada en funciones de Alfonso López, diecisiete trabajadores rurales son asesinados en una hacienda del Tolima. Los grandes productores de café de las regiones implicadas se sienten aun más atemorizados debido a que las luchas se acompañan de la implantación cada vez más notoria de organizaciones sindicales y políticas entre los campesinos. Sindicatos y ligas campesinas se multiplican. Una ley sobre los sindicatos, adoptada en 1931, favorece su conformación al otorgarles carácter oficial. El Partido Liberal busca por este procedimiento mantenerlos dentro de su ámbito de influencia. Sin embargo, en Cun-

72

Como lo revelará el caso de la hacienda “El Chocho”, presentado en el parlamento por Gaitán, en el que el propietario ejerce el poder de policía sobre los trabajadores.

73

En Estudios Marxistas, núm. 1, abril-junio de 1969, pp. 97-99, se encuentra el relato, hecho por un campesino de Chaparral, de una huelga que se lleva a cabo en el Tolima para protestar contra las trampas en el momento del pesaje de los sacos de café.

74

En el Sumapaz una hacienda sobrepasa las 100.000 ha, acumuladas al precio de una violencia permanente.

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dinamarca y Tolima, donde están mejor implantados, sufren la influencia de las corrientes políticas más radicales. La comunicación con estas últimas se facilita por el repliegue hacia las zonas cafeteras de numerosos obreros de las obras públicas que habían perdido su empleo. En la región de Viotá, al igual que en las de Chaparral y El Líbano, la presencia de las orientaciones socialistas-revolucionarias no es nueva, sin embargo. El Partido Comunista, fundado en 1930, recoge esta herencia. De acuerdo con las posibilidades locales, recomienda tácticas diversas: “En una batalla campesina, puede suceder que la cuestión de la libertad de cultivos sea central: las masas despliegan sus efectivos en condiciones tales que puedan reivindicar: ‘libertad de cultivos y disminución de los alquileres en un 50%’. Pero las masas siguen avanzando. Entonces puede suceder que pretendan ‘la suspensión del pago de todo alquiler, libertad de cultivos y posesión de la tierra’. En ciertas regiones, los campesinos se apoderan de las tierras, las cultivan y las defienden. ¿Cómo podríamos decirles que propusieran un arreglo a los propietarios? Ello significaría retroceder y hacer retroceder a las masas. En diferentes sectores de la región de Viotá, los campesinos no pagan alquiler. En la región de Baraya (departamento del Huila), los campesinos se han apoderado de una serie de latifundios. [...] En diversas regiones, los campesinos ocupan la tierra: la tarea principal, en estas regiones, es organizar rápidamente los destacamentos armados para defenderla”.75 En otros municipios, entre ellos Fusagasugá, predomina la UNIR, el movimiento creado por Gaitán en 1933. Con la organización de los campesinos en “legiones” y “equipos”76 –una vez más la experiencia italiana– Gaitán impulsa importantes manifestaciones campesinas y apoya las reivindicaciones sobre la tierra formuladas por los colonos y los arrendatarios. En el parlamento da a conocer los abusos y la violencia de los grandes propietarios. En la misma zona, el movimiento agrario del Sumapaz, dirigido por Erasmo Valencia, hace esfuerzos por sentar las bases de un partido radical campesino.

75

Resolución sobre la labor del partido en el campo, 1934, citada por G. Sánchez, Las ligas campesinas…, op. cit., pp. 88-89.

76

Ibíd., p. 84; J. A. Osorio Lizarazo, op. cit., indica que al organizar así a los campesinos que vivían cerca de Bogotá, Gaitán se inspiraba en la marcha sobre Roma.

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Entre estos diversos grupos, principalmente entre los comunistas y la UNIR, la rivalidad existe sin contemplaciones. No obstante, todos contribuyen a socavar los poderes de los gamonales y a quebrantar la gran propiedad cafetera. No tienen, sin embargo, el monopolio de la intervención sobre los campesinos. El peso del Partido Liberal es considerable, como se puede constatar por el número de ligas campesinas que se reclaman de él; numerosos elementos de este partido están convencidos igualmente de que un reordenamiento de la estructura de la propiedad es inevitable en los municipios donde la movilización campesina es más intensa. Frente a esta politización, la acción directa de los grandes propietarios había llegado a ser insuficiente. Su alarma se trasluce en los llamados insistentes que dirigen al gobierno para que restablezca el orden. En 1933, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) pone en guardia a las autoridades contra cualquier tipo de mansedumbre respecto a los “delitos que amenazan el orden establecido” y protesta contra la “propaganda revolucionaria y antisocial”.77 Se crean asociaciones defensivas, como el “Sindicato Nacional de Propietarios” que enarbola la consigna: “Propietarios del país, uníos”.78 En 1934, esta organización amenaza con desencadenar una “huelga del capital” y lanza una nueva advertencia: “Propietarios, patrones dejativos y despreocupados, es la hora de que abráis los ojos y alzéis las defensas, porque el incendio, el despojo y la muerte rondan sobre vuestra heredad”.79 A los “demagogos”, estilo Gaitán, les sugiere “llevar a los ciudadanos que quieren hacerse propietarios y hombres libres a las selvas y montañas inmensas que forman los 4/5 del territorio colombiano”.80 Estos llamados a la resistencia no logran disimular una profunda preocupación. Los grandes propietarios de Cundinamarca y del oriente tolimense están lejos de poder contar con la solidaridad plena e íntegra de la burguesía del café. La Federación de Cafeteros no escatima en los ataques que lanza contra los líderes responsables de la atmósfera de “revolución social”, esos “leguleyos que han reunido a los obreros campesinos en un temible rebaño que manejan de igual manera que los ganaderos de

77

El Tiempo, agosto 9 de 1933.

78

Consigna difundida en forma de publicidad pagada en los grandes diarios.

79

Manifiesto del Sindicato de Propietarios, octubre de 1934.

80

El Tiempo, agosto 17 de 1933.

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la Sabana manejan sus vacas lecheras”.81 En realidad, todos los grandes productores están igualmente inquietos por las huelgas que estallan en el momento de las cosechas, pero no están unidos de la misma manera cuando se trata de conflictos que sacuden a ciertas grandes plantaciones. Existe al menos una fracción entre ellos que, deseosa de preservar el porvenir, considera que es necesario saber hacer concesiones a tiempo para salvaguardar el resto. Se trata de una fracción que se expresa por la vocería de algunos de los dirigentes más lúcidos de la Federación o de sus allegados. Es necesario no olvidar que las haciendas de Cundinamarca ya no son el epicentro de la producción cafetera. No solamente su aporte a la producción global había ido disminuyendo a medida que progresaba la colonización antioqueña, sino que también su productividad e, incluso, su rentabilidad, estaban a la zaga. Sobre las relaciones sociales que allí prevalecen, un dirigente liberal como Carlos Lleras Restrepo no puede menos que denunciar su carácter arcaico: “Los conflictos de las zonas cafeteras son consecuencia –escribe– de graves deficiencias en los reglamentos de la mayor parte de las haciendas de Cundinamarca”.82 Un conservador como Francisco José Chaux, ministro de Agricultura de Enrique Olaya Herrera, considera que se han impuesto a los arrendatarios “métodos de trabajo ignominiosos”.83 Mariano Ospina Pérez, nombrado gerente de la Federación en 1930 y persona poco dada a las liberalidades en el campo social, no se cansa de proclamar que el fortalecimiento de la economía del café pasa por el desarrollo de la pequeña propiedad, no de la grande. El ministro de Industrias estima que Cundinamarca debe, por esta razón, seguir el camino de Caldas, donde reina la paz social (en realidad, no totalmente) porque “los trabajadores de los grandes cafetales son pequeños propietarios vecinos de la hacienda que distribuyen su actividad entre el cultivo de su predio y el del patrón, como podría ocurrir en Cundinamarca si se adoptase esta organización ejemplar”.84

81

Revista Cafetera, núms. 3-4, enero-febrero de 1929. La revista, órgano de la Federación, renueva estas denuncias durante los años siguientes.

82

Nota a la Federación con fecha del 10 de enero de 1934.

83

El proyecto de reforma es analizado por D. Mesa, op. cit., pp. 64 y ss.

84

Boletín de la Oficina General del Trabajo, Bogotá, julio-septiembre de 1933, p. 1.312, citado por G. Sánchez, Las ligas campesinas…, op. cit., p. 39.

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En pocas palabras, la gran hacienda, fundada sobre los antiguos contratos de arrendamiento o similares, no necesariamente debe ser mantenida si ello sólo se puede lograr por la fuerza de las armas. En los años 1931-1932 el gobierno de Enrique Olaya Herrera había comenzado a elaborar un proyecto de reforma agraria: en 1933 es discutido en el parlamento. En ciertos aspectos, este texto iba más lejos que el adoptado efectivamente en 1936. Y es precisamente una ley de 1936, conocida con el nombre de “Ley 200” la que, a los ojos de las masas campesinas, representa un verdadero acontecimiento. Es cierto que se adopta en el momento en que la “Revolución en Marcha” había hecho surgir numerosas esperanzas. En septiembre de 1934, con motivo de la masacre de 17 campesinos, Alfonso López Pumarejo afirma que el Estado no puede continuar colocándose exclusivamente del lado de los propietarios ni avalando “el orden feudal”, y que se impone por consiguiente una transformación de las normas jurídicas: “Están en plena vigencia legal, en todos los casos, procedimientos para someter cualquier brote de rebeldía del trabajador [...] pero no hay todavía ningún modo de obrar sobre los propietarios de tierras y grandes industriales para prevenir los conflictos con un criterio más humano, más liberal, más generoso, que corrija las injusticias e impida la aplicación de algunos reglamentos de trabajo que mantienen al campesino sujeto a un régimen feudal. El concepto de la propiedad privada e invulnerable de la constitución puede obligar y obliga al gobierno, en cumplimiento de la ley, a rechazar a mano armada la rebeldía de los colonos que no quieran someterse de buen grado a una disposición judicial, por la cual son arrojados de una extensión de tierra cultivada por ellos de buena fe, en gran parte de los casos introduciendo mejoras que no les son reconocidas. Pero no existe la atribución del gobierno en tiempos normales para obligar a los empresarios agrícolas a sostener un determinado nivel mínimo de vida para sus trabajadores que tenga cierta dignidad y amplitud”.85 Lenguaje nuevo, prometedor de un reconocimiento de ciudadanía para los campesinos, aunque la reforma misma no sea tan nueva ya que recoge aspiraciones muchas veces enunciadas anteriormente. Sacar a los colonos de su situación precaria, obligar a los grandes propietarios a explotar sus tierras, eran las dos ambiciones principales.

85

Respuesta dada el 6 de septiembre de 1934 a un mensaje de los propietarios rurales.

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La tierra realmente explotada se presume a partir de ese momento como propiedad privada. Esta disposición beneficia a los colonos que se habían instalado en tierras que se consideraban del dominio público. Los colonos establecidos en tierras supuestamente públicas pero reclamadas por un particular, no podrán ser expulsados sino en el caso de que este particular, dentro de los 90 días siguientes a la promulgación de la ley, presente un recurso y pueda exhibir títulos que se remonten a 1821. Cuando los colonos ocupaban “de buena fe” y al menos desde cinco años atrás tierras privadas, podían lograr el reconocimiento de la plena propiedad. La invitación a explotar la tierra toma la forma de una exigencia perentoria: la tierra que no estuviere explotada al cabo de los próximos diez años sería automáticamente reincorporada al dominio público.86 En buena lógica, esta medida implica que en 1946, como lo indica Albert O. Hirschman, “todas las tierras privadas serán, o bien explotadas, o bien nacionalizadas para ser redistribuidas a nuevos ocupantes”.87 La ley 200 es así un llamado a la modernización de las estructuras agrarias; busca facilitar la reglamentación de los litigios relacionados con la propiedad de la tierra e intenta favorecer una evolución de las relaciones sociales en las grandes plantaciones. Las garantías otorgadas a los colonos sólo constituyen uno de los aspectos de la política orientada a detener los enfrentamientos. De manera complementaria, el Estado compra algunas haciendas en las que la situación social era particularmente tensa y las revende, subdividiéndolas, en beneficio de sus ocupantes. Los resultados no son desdeñables. Un gran número de grandes propiedades son efectivamente divididas. Según ciertas estimaciones,88 hasta diciembre de 1937, habían sufrido esa suerte 102 dominios, entre ellos 55 en Cundinamarca. En el Tolima, 22 dominios pasan por esta misma mutación. Es posible que en ciertos casos la división

86

Los dominios de menos de 300 ha no caen bajo esta disposición.

87

Albert O. Hirschman, Journeys toward progress, Nueva York, The Twentieth Century Fund, 1963, p. 111.

88

Jesús Antonio Bejarano, “El fin de la economía exportadora y los orígenes del problema agrario”, Cuadernos Colombianos, Bogotá, núm. 7, 3° trimestre de 1975 y D. Fajardo, Luchas sociales…, op. cit., citados por G. Sánchez, Las ligas campesinas…, op. cit., p. 54.

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de estas propiedades no haya sido resultado de los conflictos agrarios, sino de una simple operación económica.89 Pero eso no quiere decir que los grandes propietarios de Cundinamarca no hayan tenido que llevar a cabo un repliegue estratégico. Combinada con la prosecución de la colonización antioqueña, esta división está bastante marcada como para que de ella resulte globalmente una tendencia a una menor concentración de la propiedad que produce café entre 1932 y 1954.90 La “vía colombiana” de transformación de la economía de exportación se impone durante tres decenios,91 la gran hacienda –que en otras regiones permanece generalmente intocada–92 se combina con la propiedad parcelaria con la cual establece múltiples interferencias: los campesinos parcelarios, en particular, trabajan a menudo como jornaleros agrícolas en la hacienda para completar sus recursos.93 La cadena de los intermediarios comerciales sigue jugando un papel determinante. La “ley 200” no modifica directamente la suerte de los arrendatarios ni la de los aparceros. Para los dirigentes liberales, al igual que para los responsables de la Federación de Cafeteros, no se trata de suprimir estos regímenes sino de reglamentarlos con el fin de evitar peores abusos. En colaboración con la Federación, Carlos Lleras Restrepo elabora un modelo alternativo de relación laboral que define el monto máximo de los arrendamientos y de las prestaciones de trabajo, y autoriza, con ciertas

89

Según J.A. Bejarano, G. Sánchez retoma esta tesis, ibíd., p. 54.

90

Cf. Salomón Kalmanovitz, Desarrollo de la agricultura en Colombia, Bogotá, La Carreta, 1978, p. 18 y ss. y p. 48 y ss.

91

Comentando los efectos de la Ley 200, algunos autores han hablado de “vía prusiana” puesto que el gobierno privilegiaba la modernización de las grandes propiedades y no la redistribución. Esta es en particular la tesis de Víctor Manuel Moncayo, “La ley y el problema agrario en Colombia”, Ideología y Sociedad, núms. 14-15, julio-diciembre de 1975, pp. 7-46. En realidad es una forma de subestimar particularmente el papel de la pequeña y mediana propiedad en la economía del café. Volveremos más adelante sobre el papel de amortiguador que ésta juega frente a las fluctuaciones económicas, y sobre la manera como sirve de fundamento al modelo liberal de desarrollo.

92

Se presentan también subdivisiones de grandes propiedades en regiones como el sur de Antioquia, los dos departamentos de Santander y Boyacá. Cf. en este caso el estudio de Orlando Fals Borda, El hombre y la tierra en Boyacá, Bogotá, Documentos Colombianos, 1957, p. 158; pero son menos importantes.

93

FAO,

El café en América Latina: Colombia y El Salvador, México, 1958.

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restricciones, la plantación de cafetos sobre la parcela del arrendatario.94 Por medio de este contrato, por lo demás, se otorgan a la Federación verdaderas funciones jurisdiccionales; queda encargada, en efecto, de evaluar las mejoras aportadas por los arrendatarios, en el momento en que los propietarios entren de nuevo en posesión de la tierra. La ley tiene, sin embargo, consecuencias imprevistas. Temiendo que los arrendatarios o los aparceros se vean tentados a presentarse como colonos o como ocupantes precarios, los propietarios se niegan a menudo a prorrogar este género de contratos. Es difícil apreciar con precisión la frecuencia de las expulsiones, aunque su realidad está fuera de duda,95 incluso sin que se produzcan nuevas rebeliones.96 El plazo de diez años otorgado para explotar las tierras no cultivadas constituye solamente, antes de caer en el olvido, un estímulo a la ganadería extensiva, buen negocio, en ese momento y siempre, ya que, según una expresión de Alejandro López,97 “el mejor negocio no es otro que la ganadería bien manejada”; el que viene inmediatamente después “es la ganadería mal manejada”. Un objetivo se alcanza en todo caso: los conflictos agrarios retroceden, en particular en Cundinamarca y en los lugares donde continúan, su repercusión es menor;98 con la disolución de la UNIR en 1935, y la adhesión del Partido Comunista al “lopismo” en 1936, quedan privados temporalmente de expresión política.

94

El artículo 3 reserva al arrendatario una superficie de 1/2 fanegada (alrededor de 1.4 ha) por la cual no paga arrendamiento. Para el resto, el arrendamiento anual no puede exceder el 6% del valor de la tierra. El artículo 4 mantiene la obligación de trabajar un cierto número de días por mes para la hacienda (dos días por fanegada arrendada). Este trabajo debe ser remunerado a la tarifa de la región.

95

Cf. Antonio García, La democracia en la teoría y en la práctica, Bogotá, Cruz del Sur, 1957, p. 33 y ss.

96

Argumento de Hirschman presentado para afirmar que no es necesario exagerar la magnitud de las expulsiones; A.O. Hirschman, Journeys toward…, op. cit., p. 111.

97

Debate en la Cámara, octubre 18 de 1935.

98

El Congreso de la Federación, en 1937, denuncia una vez más el hecho de que “en los centros productivos de importancia, la acción constante y malsana de agitadores extranjeros compromete peligrosamente el porvenir de la actividad cafetera”. Las huelgas en el momento de las cosechas no han desaparecido en 1936.

165

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Sin embargo, en la mayoría de los casos los grandes propietarios, caficultores o no, experimentan las reformas como un desafío. La hacienda estaba constituida con base en redes de adhesión y dependencia personales; pero a partir de un momento dado el contrato y la ciudadanía pública penetran en ella y el Estado se erige virtualmente en juez de su funcionamiento económico. Los caficultores no solamente tienen que resignarse a admitir la división de ciertos dominios; se ven obligados a conceder al Estado un poder de intervención social. Las cosas no son, sin embargo, tan simples. Obviamente, cierto número de los grandes productores surgidos a finales del siglo XIX tuvieron que batirse en retirada, pero no es este el caso de los de las zonas más recientes de caficultura; la fracción que participa de la comercialización logra adaptarse. El gremio cafetero, en su conjunto, no había sufrido una derrota; solamente se había modificado el equilibrio en su seno, en provecho de los grandes productores del occidente y de una burguesía del café que quería velar por los intereses a largo plazo de los productores y que encontraba en la Federación el instrumento que necesitaba para legitimar sus tomas de posición frente al gobierno y la opinión pública. Los conflictos agrarios obligan así a los grandes productores a hacer el esfuerzo para sobreponerse al localismo y a la atomización. En el Congreso de Manizales, en 1929, la Federación invita a “los caficultores y a los agricultores en general a que procuren que en la designación de candidatos para los puestos públicos de elección popular se tenga en cuenta, fuera de las consideraciones políticas, la actitud de tales candidatos respecto a la industria agrícola, especialmente a la cafetera”.99 A partir de 1930, la urgencia de una afirmación política de esta naturaleza había llegado a ser cada vez más sentida, ya que comprometía la posibilidad de circunscribir el reformismo agrario y la capacidad de conservar en sus propias manos lo esencial: la gestión de la política del café.

* La consolidación de la Federación Nacional de Cafeteros Los productores colombianos habían perdido ya gran parte del control de la exportación del café, que había pasado a depender de las casas extranjeras. Igualmente, estaban en riesgo de tener que ceder al Estado la gestión global de la economía cafetera.

99

Revista Cafetera, núms. 5-6, marzo-abril de 1929.

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Recordemos el hundimiento de la casa López en 1923, momento importante en la penetración de las casas extranjeras. En 1934, se lleva a cabo el relevo. Los diez principales establecimientos de exportación son los siguientes:

Cuadro 2.1 Principales compañías exportadoras de café Número de sacos exportados 1 W.R. Grace y Cía.

342.219

2 American Coffee Corp.

281.647

3 A. Aristizábal y Cía.

281.248

4 Hard and Rand Corp.

176.612

5 J.M. López y Cía.

173.428

6 Seinwender Stoffregen Corp.

144.776

7 Tracey Brother Limited

99.609

8 Bracer, Moller and Co.

95.752

9 Ricardo Angel y Cía.

92.850

10 Compañía Cafetera de Manizales

87.079

Fuente: Boletín de Estadística de la Federación Nacional de Cafeteros, diciembre de 1934.

En algunas de las casas extranjeras encontramos, ciertamente, participación de capitales colombianos.100 Los colombianos conservan, además de algunos establecimientos muy poderosos como A. Aristizábal y Cía., numerosos establecimientos de dimensiones reducidas; también intervienen como intermediarios al servicio de las casas extranjeras, pero ello no va en detrimento de la posición preponderante que éstas ocupan. Alfonso López Pumarejo lo deplora con pleno conocimiento de causa: “El café, en todo lo que se refiere a exportación, está en manos de negociantes norteamericanos”.101

100

No hay estudio preciso sobre este tema.

101

Mensaje al Congreso, 1935.

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La burguesía del café no estaba tampoco preparada para hacer frente a la gestión de la economía en un período de crisis. En 1930 la Federación no tiene recursos, autoridad ni atribuciones precisas. Ausencia de recursos: numerosos caficultores, los de Caldas sobre todo, siguen rechazando la idea del impuesto para financiar la Federación, y el gobierno tarda en aplicarlo. Las pocas entradas son absorbidas, en sus dos terceras partes, por los gastos de funcionamiento.102 El gerente de la Federación tiene que utilizar su propia fortuna personal para completar los recursos.103 Ausencia de autoridad: los productores de los diversos departamentos se encuentran divididos. Los de Caldas son, también en este caso, los que están en la disidencia: acusan a los grandes productores de Cundinamarca y del Tolima de controlar la Federación y desinteresarse de los departamentos del occidente; critican la gestión financiera que privilegia las inversiones en publicidad en el exterior en lugar de orientarlas en beneficio de los productores.104 La querella es lo suficientemente intensa como para que la Federación se vea en 1930 al borde del rompimiento. En el congreso de 1930 algunos de los contestatarios se pronuncian decididamente a favor de su supresión.105 Pero no es éste el único litigio. Los productores entran en conflicto con los exportadores. Los estatutos no prohibían a estos últimos ocupar un escaño en los comités de la Federación, donde eran efectivamente influyentes y se sospechaba incluso, con justa razón, que se acomodaban demasiado bien a la depresión de los precios internos. De allí las peticiones de numerosos cafeteros para que los exportadores fueran excluidos y para que se estableciera una separación más tajante entre la Asociación Nacional de Exportadores, que los reunía, y la Federación. Ni

102

Cf. Carlos Lleras Restrepo, La obra económica y fiscal del Liberalismo: realizaciones del Liberalismo de 1930 a 1940, Bogotá, s.e., 1946, p. 41.

103

Ibíd.

104

Cf. El Tiempo, octubre 30 de 1930. La tesis de Benett Eugene Koffman suministra indicaciones útiles sobre los problemas de la Federación en esta época: “The National Federation of coffee-growers of Colombia” [tesis de Ph.D., Universidad de Virginia], Virginia, 1969.

105

Mariano Ospina Pérez, “La Federación, su origen y su desarrollo”, Revista Cafetera, núm. 143, marzo-abril de 1968, pp. 23–31.

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siquiera las divisiones políticas estaban ausentes de la Federación. En 1932 las nominaciones en el comité departamental de Caldas se convierten en una elección política en la que los conservadores se adjudican la totalidad de los puestos, lo cual suscita grandes alborotos:106 ¿no sospechaban acaso los liberales que la Federación era una “fortaleza conservadora” que se oponía subrepticiamente al nuevo régimen? El Tiempo, sobre todo, se hace vocero de esta acusación, reforzada en 1930 por la nominación al puesto de gerente de Mariano Ospina Pérez, miembro de la dinastía conservadora de los Ospina.107 Finalmente, la opinión pública, o en todo caso algunos de sus voceros, manifiesta cierta impaciencia después de 1933, cuando las devaluaciones se acumulan y la Federación aparece si no como beneficiaria, al menos sí como instigadora. “Flaco servicio” el que esta institución le presta al país, proclama en ese momento una revista que milita en favor del desarrollo “equilibrado” de la economía colombiana.108 Ausencia de atribuciones precisas: los estatutos de la Federación prohibían intervenir para sostener los precios; tenía el poder de efectuar compras para mantener algunas existencias de café, compensar insuficiencias en el mercado interno, exportar hacia nuevos mercados o hacer frente a disminuciones locales de los precios cuando no correspondieran a una baja de los precios externos; pero la “Federación no [podía entrar] en negocios de especulación de café y antes por el contrario, [procuraba] colaborar con las casas exportadoras, tostadoras y comisionistas en el grano”.109 Adecuar silos o ayudar al mejoramiento de los cultivos constituían tareas de la Federación; no así frenar “artificialmente” la baja de los precios o entrabar la acción de los exportadores privados. La Federación tampoco tenía una voluntad muy firme de sobrevivir, se podría concluir. En 1927 había sido necesaria la intervención discreta del gobierno para que la Federación se constituyera. Y fue precisamente

106

Informe del Gerente, Congreso de 1935. El gerente saliente, Camilo Sáenz, describe allí este “grave” incidente.

107

Mariano Ospina Pérez se ve obligado a enviar una carta a El Tiempo, publicada el 7 de abril de 1934, para reafirmar la neutralidad política de la Federación.

108

“Flaco servicio le presta a la economía nacional el señor gerente de la primera industria del país, con su parcialidad por ella”. Industrias Nacionales, febrero de 1936.

109

Federacafé, Compilación cafetera 1920-1939, Bogotá, Argra, 1958.

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el gobierno el que le dictó inicialmente su modo de funcionamiento110 y le impuso, a pesar de sus reticencias, su forma de financiación. Fue incluso a un representante del Estado al que se tuvo que recurrir para que asumiera al comienzo la dirección, ante la falta de un acuerdo sobre el nombre de un caficultor.111 Todo esto se hizo para afirmar, conforme a los deseos de los exportadores privados, la necesidad del laissez-faire comercial. Esta Federación, pobre e indecisa, en julio de 1929 sólo reunía 1.029 miembros (285 de ellos de Cundinamarca). Parecía destinada a derrumbarse sin ruido, dejando a los cafeteros a merced del Estado. Sin embargo, las cosas ocurrieron de otra manera. Bajo el impulso de Mariano Ospina Pérez, nombrado gerente en 1930, en un momento en que el rompimiento parecía inevitable,112 la Federación emprende la tarea de reforzar su organización y su identidad. Con prudencia, la reorganización tiene en cuenta las quejas de los caficultores de Caldas: disminuye el peso de los grandes productores “tradicionales” de Cundinamarca y elimina parcialmente el riesgo de una tutela por parte de los exportadores. En 1930 se decide que los diversos departamentos pueden tener en la asamblea de la Federación una representación proporcional a las cantidades de café que producen; así se corrigen los desequilibrios denunciados por los productores del occidente. En 1935 una reforma de los estatutos reserva la afiliación únicamente para los “productores”, con lo cual los exportadores quedan excluidos; en principio, al menos, porque es evidente que muchos de los grandes productores tenían también actividades de exportación; en el seno de los comités nos encontramos constantemente con la presencia de estos importantes “productores-exportadores”.

110

Las iniciativas más importantes proceden de Alfredo Cortázar Toledo, representante del gobierno, quien es el autor del primer contrato entre la Federación y el gobierno (Ley 70 de 1927). El texto fue inmediatamente después precisado por un decreto (Decreto 355) que limitaba más la autonomía de la Federación. Todos sus programas, así como el presupuesto, debían ser sometidos al ministro de Industrias. Cf. B. E. Koffman, op. cit.; y sobre todo las memorias de Alfredo Cortázar Toledo, “Breve historia de la fundación y organización de la Federación Nacional de Cafeteros”, Revista Cafetera, núm. 148, marzo-abril de 1968, pp. 48-57.

111

Se trata del mismo Alfredo Cortázar Toledo citado en la nota precedente.

112

Enrique Olaya Herrera había animado a Ospina a aceptar este cargo para restablecer la unidad de la Federación.

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Al mismo tiempo, se incrementan los poderes de los dirigentes nacionales. Con el pretexto de evitar que la influencia de las luchas partidistas se sienta en el nivel local, se organiza un sistema de cooptación circular que se mantiene en vigor hasta los años ochenta. El comité nacional designa, por su parte, una porción de los miembros de los comités municipales.113 La composición de la asamblea general, que tiene como función escoger los miembros del comité nacional, queda así en manos de este comité. Los recursos de la Federación siguen siendo limitados. Entre 1931 y 1932 (durante 18 meses), las entradas previstas alcanzan los 758.000 pesos; entre 1936 y 1938 (durante 24 meses) escasamente llegan a un millón ciento veinte mil pesos.114 Se trata de cifras muy bajas. Sólo en 1940, con la creación del Fondo Cafetero, la Federación se convierte en una institución financiera de primer orden. Pero la fundación en 1931 –en la que Ospina desempeña un importante papel– de un banco de crédito agrícola (la Caja de Crédito Agrario, llamada más corrientemente Caja Agraria), pone a disposición de los grandes caficultores una fuente de crédito; la Federación estará presente, por lo demás, en su capital y en su consejo de administración. Finalmente el número de los adherentes aumenta; en 1936, se estima en sesenta mil.115 Evocando, con mucha satisfacción, el balance de su acción, Ospina escribe que “se planteó como característica fundamental de la Federación el que se reuniera a los cultivadores dentro de un sentido profundamente democrático en que más que en los grandes empresarios o intermediarios, o financiadores de la industria, se pensara en el pequeño cultivador y en su pequeña empresa”.116 En realidad la Federación se da a sí misma la estructura oligárquica que la va a marcar, pero desarrollando al mismo tiempo redes de sometimiento de los productores. El comité nacional tiene gran libertad de iniciativa. Con la inclusión en su programa de la instalación de silos y de la asistencia técnica a los cultivadores, la Federación comienza a adquirir una presencia

113

Al principio se trata de un solo miembro, después se tratará de la mitad.

114

Federacafé, op. cit.

115

Ibíd.

116

M. Ospina Pérez, “La Federación, su origen y su desarrollo”, op. cit., pp. 23-31.

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capilar en las regiones cafeteras que va a hacer de ella, mucho más que el Estado, la institución económica, política y cultural117 que rige a una décima parte de la población colombiana. No obstante, rechaza aquella prerrogativa que podría precisamente, en esta fase, sacar a los pequeños propietarios de su situación miserable: el sostenimiento de los precios; y se atiene a una política de expansión ilimitada de la producción. En pocas palabras, no renuncia al dogma del liberalismo económico. Mariano Ospina Pérez, por lo demás, era uno de los que en 1927 habían protestado contra el financiamiento por la vía de un impuesto sobre las exportaciones, convencido de que la Federación debería ser solamente una cooperativa alimentada por las cotizaciones de sus miembros.118 A fortiori se opone a una intervención en los precios del mercado interno que vaya contra “el juego normal de las leyes económicas y naturales”.119 Algunas intervenciones puntuales pueden llegar a ser inevitables y la Federación las lleva a cabo en ciertos municipios entre 1934 y 1935; pero no se pueden generalizar porque significaría introducir una desorganización del mercado y provocar una ruptura entre productores y exportadores; en 1934-1935, estos últimos tienen el cuidado de recordar a la Federación los “buenos principios”.120 No se trataba tampoco de reducir la producción. Desde 1931 Ospina pone en guardia contra una política de este tipo; en 1933 ratifica su toma de posición y se opone así a Alfonso López Pumarejo, que milita a favor de un acuerdo internacional de limitación de los cultivos.121 Devaluar para mantener el ingreso de los productores era la solución para las dificultades del momento, pero es adoptada demasiado tarde: “Fue un error gravísimo [...] la política de cambios de los años de 1932

117

Política por las interferencias entre redes de caciquismo y redes de intervención de la Federación; cultural por todo el sistema de educación y de representaciones simbólicas que la Federación difunde.

118

M. Ospina Pérez, “La Federación, su origen y su desarrollo”, op. cit.

119

M. Ospina Pérez, Revista Cafetera, agosto de 1931.

120

M. Ospina Pérez, en su artículo citado “La Federación, su origen y su desarrollo”, op. cit., menciona la polémica con el Dr. Pedro Bernal (presidente de la Asociación de Exportadores), que sigue a la primera intervención.

121

M. Ospina Pérez, Carta al Dr. López: la política cafetera de Colombia, Bogotá, Minerva, 1933.

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y 1933, consistente en expropiar a bajo precio los dólares de los gremios productores para cederlos a ese mismo bajo precio a los importadores de toda clase de artículos”.122 Suspender todo control de cambios, seguía siendo la demanda formulada por la Federación en julio de 1934.123 En el momento en que el gobierno brasileño suprime el Consejo Nacional del Café e instala en su lugar el Departamento Nacional del Café, simple órgano ministerial, la magnífica Federación Nacional de Cafeteros colombianos parece un desafío; el liberalismo, una ligereza. Los riesgos de un enfrentamiento con el gobierno no son de manera alguna imaginarios. Se perfilaban ya durante la administración de Enrique Olaya Herrera y se confirman con la llegada al poder de Alfonso López. En 1932 el gobierno de Enrique Olaya Herrera acude en auxilio de los cafeteros haciéndolos beneficiarios de una prima. Una vez iniciadas las devaluaciones, el gobierno instaura, por el contrario, una tasa de cambio diferencial para una parte de los dólares provenientes del café; retención modesta que provoca, no obstante, el levantamiento en masa de la burguesía del café. Mariano Ospina Pérez abandona su puesto de gerente para protestar. La Federación denuncia “un impuesto [...] perfectamente insólito en nuestro país”.124 La conmoción es tal que a comienzos de 1935 los caficultores convocan a una conferencia extraordinaria para obtener la supresión de la medida “discriminatoria”. Sin embargo, ésta no era más que una primera escaramuza. De alcance completamente distinto es el conflicto con el gobierno de Alfonso López Pumarejo. La autonomía de la Federación estaba en juego. Una solución a la brasileña no estaba excluida. López es partidario de una política de sostenimiento de los precios y de limitación de las exportaciones en el marco de una concertación con el Brasil. La independencia de la Federación le parece, además, un desafío al gobierno liberal; un “Estado dentro del Estado”, en eso se ha convertido, según el decir del Ministro de Agricultura de López.125 Y el Ministro de Hacienda precisa: “En el estudio

122

Carta de Mariano Ospina Pérez publicada en la Revista Cafetera, núms. 58-62, eneromayo de 1934.

123

Moción adoptada en la asamblea de Pasto, citada en op. cit.

124

Mensaje al Presidente Olaya, mayo 4 de 1934.

125

Informe presentado al Congreso de la Federación, citado por El Tiempo, agosto 4 de 1935.

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de este problema [la intervención del Estado en la Federación] se han invertido los términos. En vez de considerar la participación que los cafeteros [deberían] tener en la gerencia de un servicio descentralizado, se habla de intervención del gobierno en la Federación, y esa misma Federación, que no es hoy una agrupación gremial sino la corporación encargada de administrar el servicio público, interviene en todas las actividades del Estado: tiene representación en el consejo de la economía nacional; en el Banco de la República; en el consejo administrativo de los Ferrocarriles; en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; en el consejo superior de agronomía”.126 No solamente Estado dentro del Estado, sino Estado que se apodera del Estado e impone sus intereses como si fueran los del país, como lo demuestran las devaluaciones.127 A esta requisitoria no le faltaba sino el reproche partidista que se encuentra presente, sin embargo, en los dirigentes liberales, por el papel de Mariano Ospina Pérez, ciertamente, pero también por las medidas tomadas por la Federación, como la eliminación de los gobernadores de los comités departamentales, donde tenían un escaño por derecho. ¿La “neutralidad” de la organización no era acaso una máquina de guerra conservadora? Algunos miembros del gobierno, con el Ministro de Agricultura en primer lugar, sueñan efectivamente con seguir el ejemplo brasileño y hacer de la Federación un departamento ministerial. Alfonso López Pumarejo no va tan lejos en este sentido, pero sí lo suficiente como para modificar profundamente la naturaleza de la Federación; en 1935, obliga a la Federación a una revisión de sus estatutos. El comité nacional –que comprendía hasta entonces siete miembros, entre ellos un representante del gobierno– comprende a partir de ese momento diez miembros: cinco representantes elegidos por los caficultores y cinco representantes de los poderes públicos, entre los cuales se encuentran tres ministros y los gerentes de la Caja Agraria y del Banco Agrícola Hipotecario. La paridad

126

Discurso en la Cámara de Representantes, agosto 23 de 1935.

127

Desde 1932 El Tiempo había llamado a una “estatización” de la Federación recurriendo a este argumento: “Nadie ignora –decía el editorial– que los exportadores, sobre los cuales descansa el equilibrio de las finanzas públicas, no tienen el mismo interés que los demás empresarios en que el peso conserve esta paridad orgullosa y delicada (sic) con el dólar americano”. El Tiempo, abril 21 de 1932.

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entre lo privado y lo público queda, pues, restablecida en la dirección del gremio. En caso de bloqueo el presidente de la República tiene la última palabra. Igualmente le corresponde nombrar al gerente de una lista de tres nombres presentada por la asamblea de los caficultores. Los gobernadores de los departamentos se convierten en miembros por derecho propio de los comités departamentales. Los dirigentes cafeteros protestan. El sucesor de Ospina, Camilo Sáenz, renuncia por su propia iniciativa. Todos los miembros del comité nacional hacen otro tanto; en el congreso de 1935, que debía aprobar la reorganización, un tercio de los delegados se retira para expresar su rechazo a la “oficialización” de la Federación. Los caficultores no contaban con los medios para impedir que un gobierno que hablaba en nombre de la nación y del pueblo llevara a buen término su empresa. Convertida en semioficial, la Federación deja de lado su liberalismo económico. Alfonso López designa a Alejandro López como gerente: el economista antioqueño, al igual que el jefe de la “Revolución en Marcha”, estima que la Federación debe intervenir para sostener los precios internos y para substraer a los pequeños productores de las maniobras de los intermediarios comerciales.128 Es deseable, de manera muy general, que la Federación coordine sus actividades con los programas del gobierno: “La política cafetera, si es que hay una –observa Alejandro López–, no debe ser más que un aspecto de la política económica del gobierno, y es claro que para que ella pueda cumplir esta función, la Federación debe conjugar su actividad con la del jefe del Estado”.129 El cambio de rumbo comienza a operar. Se llevan a cabo negociaciones con el Brasil para lograr una coordinación de las ventas. En octubre de 1936 se firma en Bogotá un acuerdo que prevé reajustes concertados de los precios de venta entre los dos países: el café colombiano puede ser

128

Ya en 1930, Alejandro López destacaba la urgencia de una intervención de esta naturaleza: “Al café hay que quitarle la velocidad de venta con que sale del cafetal hasta colocarse en manos del negociante en el exterior”. Hay que proteger a los pequeños productores cuyo café “se vende a negociantes de primer grado, que lo compran por cuenta de grandes casas extranjeras o por cuenta de negociantes secundarios o que lo exportan o lo venden a los gremios”. El Tiempo, diciembre 29 de 1930.

129

Alejandro López, declaración en El Tiempo, enero 16 de 1937.

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vendido a un precio ligeramente superior, sin que la diferencia sobrepase cierto nivel. La Federación, por su parte, hace compras más sistemáticas para sostener los precios. Aparentemente el intervencionismo triunfa. Alfonso López se congratula del “alza de precios obtenida gracias al acuerdo con el Brasil”.130 Este acuerdo no resiste, sin embargo, la primera prueba. A comienzos de 1937 se produce una baja de los precios internacionales. La Federación procede a efectuar nuevas compras a los productores; de octubre de 1936 a abril de 1937 se acumulan 350.000 sacos en sus bodegas. Sin embargo, no siempre dispone de un fondo especial para financiar estas operaciones y se encuentra, pues, virtualmente abocada a la quiebra. Puede, ciertamente, apelar a las instituciones de crédito, pero el Banco de la República, controlado por la oligarquía financiera, pone oídos sordos cuando Alejandro López demanda más amplios créditos. Puede demandar al parlamento un aumento del impuesto sobre las exportaciones de café, pero los caficultores, numerosos entre los parlamentarios, son hostiles a esta medida. Las casas de exportación, por su parte, especulan con la baja de los precios de compra en el interior y con la ruina de un gobierno que no las tiene en cuenta. La nueva orientación no dura mucho tiempo. Alejandro López abandona la gerencia en abril de 1937. Los grandes productores no habían parado de criticarlo; para hacer frente a la baja de los precios, piden que se responda con la devaluación. Jorge Williamson, importante caficultor de Cundinamarca, recuerda tranquilamente esta “ley de la economía”: “Naturalmente se presentará una baja que es imposible calcular con precisión y vendrá la consiguiente alza del cambio. Esta solución, con todo, traerá consecuencias favorables, porque definirá y saneará totalmente una política nacional”.131 El fracaso de Alejandro López es un triunfo para los voceros de los cultivadores. Mariano Ospina Pérez pone en cuestión tanto “la incapacidad ridícula” de la que el equipo de Alejandro López habría dado muestras en el momento de las negociaciones con el Brasil, como el principio mismo de un acuerdo:132 la limitación oficial

130

Alfonso López, entrevista en El Mes Financiero y Económico, junio de 1937.

131

Artículo de El Espectador, noviembre 3 de 1937.

132

El Tiempo, diciembre 6 de 1937.

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de las cosechas le parece una monstruosidad en un momento en que se impone “la plena independencia en el desarrollo de su industria [el café] dentro de las posibilidades presentes o futuras de los mercados”.133 ¿La querella giraba solamente alrededor de la intervención en el mercado interno? Estaba relacionada primordialmente con la intervención del Estado en la Federación y, de manera más general, con la intervención del Estado en la economía. Por encima de sus diferencias, las fracciones dominantes estaban todas dispuestas a solidarizarse con esta cuestión de principio. El congreso de junio de 1937 –que celebra el retorno a lo “razonable” y el regreso de Mariano Ospina Pérez y Esteban Jaramillo a los comités134 –no suprime la presencia de los cinco miembros “oficiales” en el comité nacional; es imposible. No elimina los escaños de los gobernadores en los comités departamentales ni prohíbe la acción, de cualquier tipo que sea, sobre el mercado interno: la Federación “debe continuar interviniendo en la medida de sus recursos en los mercados de café”;135 sin embargo, el contrato firmado en septiembre con el gobierno enumera taxativamente los casos en que la intervención es legítima y, al igual que en los estatutos iniciales de la organización, el sostenimiento de los precios sólo se considera para los municipios donde se produzca una disminución de los precios de compra “no justificada” por una disminución de los precios externos.136 Y el gerente nombrado al término de este congreso, Manuel Mejía, caficultor de Caldas, fija a la Federación “dos finalidades primordiales [...]: mantenimiento de la alta calidad del café colombiano y rebaja en cuanto sea posible del costo de producción”.137 Lo esencial se ha obtenido, a pesar de que no estaba inscrito en la definición inicial: la Federación, organización de carácter privado, administra la política del café. El primer aspecto no será ya tema de discusión; diversos actos jurídicos confirmarán a lo largo de los años el

133

Ibíd., diciembre 9 de 1937.

134

Ambos se habían retirado en 1935.

135

Revista Cafetera, núm.100, agosto-noviembre de 1937.

136

Ibíd. Los otros dos casos permanecen: exceso de la demanda exterior sobre la oferta y conquista de nuevos mercados.

137

Ibíd.

177

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carácter privado de la Federación. Veinte años después, en 1957, como es necesario darle más realce a la autonomía del gremio de los caficultores, una revisión de los estatutos atribuye una sexta silla en el comité nacional a los miembros elegidos por los caficultores, mientras los representantes de la administración siguen siendo cinco. El segundo aspecto, como lo veremos, se hace manifiesto en el momento de la creación del Fondo Nacional del Café, en 1940, institución cuyos recursos provienen de un impuesto, pero cuya gestión es confiada a la Federación. Revancha, una vez más, de los cafeteros después de la humillación sufrida por causa de la tasa diferencial de cambio establecida en 1934; victoria de una oligarquía que logra hacer admitir una petición inusitada: “Ningún impuesto que no revierta sobre quien lo ha pagado”.138 En 1937 la Federación adquiere las características que, en adelante, van a ser las suyas. La estabilidad: Manuel Mejía, el gerente, permanecerá en su puesto hasta su muerte ocurrida en 1957; su sucesor sigue todavía en funciones en 1980; en los comités, nacional y departamentales, la rotación es lenta y se instauran las dinastías familiares;139 al amparo de los reglamentos, la cooptación prevalece, en provecho de los grandes productores que suelen ser propietarios de plantas de tratamiento del café. La desconfianza con respecto a la burocratización: la Federación sólo tiene un número limitado de empleados; en 1943 cuenta con 23 en su sede central, en 1967 con 267,140 pero esto no le impide disponer de técnicos competentes. La desconfianza igualmente respecto a la politización partidista: al establecer en sus instancias dirigentes la paridad entre los dos partidos, la Federación aparece como una institución por encima de la refriega, roca insumergible en los momentos de tempestad, pero ello no impide a sus dirigentes ocupar, llegado el caso, importantes posiciones en los partidos –todo lo contrario–; el caso de Mariano Ospina Pérez no es

138

El VII Congreso de la Federación, en 1935, había protestado contra la tasa diferencial y votado una moción que pedía “la adopción de una reforma constitucional que prohíba gravar directa o indirectamente la exportación de productos agrícolas para gastos comunes del Estado, pudiendo hacerlo únicamente con destino a la protección, defensa y desarrollo de la industria o industrias que fueron gravadas”.

139

Cf. P. Gilhodes, La question agraire en Colombie, París, Armand Colin, 1974, pp. 183 y ss.

140

Incluyendo al personal departamental, la Federación tiene en 1967, 1.905 empleados.

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de manera alguna aislado. La discreción, finalmente: la Federación hace su trabajo por fuera de la mirada del público. ¿La Federación es un “grupo de presión”? Lo era antes de 1937 y lo seguirá siendo posteriormente, pero es mucho más que eso. La autonomía que se le reconoce desde un determinado momento hace de ella un centro de decisión. La presión de los caficultores se expresa en los comités locales y en las asambleas de la organización; el gerente la siente algunas veces ya que sobre él recae de manera prioritaria la función de elaborar la política cafetera, en concertación con el gobierno; pero es más bien el gobierno el que, en este caso, actúa como grupo de presión. Al estudiar las grandes decisiones que tienen que ver con el café se puede observar que el gerente se sitúa, dada su posición, en el punto de confluencia de los diversos actores implicados. La información internacional y nacional de que dispone –y de la que dispondrá cada vez más gracias a los representantes de la Federación en el extranjero, por un lado, y a los representantes departamentales, por otro–, le otorga una ventaja decisiva sobre sus interlocutores. La discreción no es más que una manera de ponerla en práctica. La Federación no desdeña los símbolos. Mientras en 1980 las compañías financieras e industriales instalaban sus sedes en lujosas torres esparcidas por el centro de Bogotá, el gerente de la Federación seguía teniendo sus oficinas en el modesto edificio que había albergado, a comienzos del siglo, al Banco López. Es la continuidad de una fuerza tranquila.

* Los orígenes del modo liberal de desarrollo La intensidad de los conflictos agrarios, por una parte, y la fragilidad de la Federación de Cafeteros, por otra, demuestran que la burguesía del café no tenía de antemano ganada la partida en 1930, y mucho menos el liberalismo económico. Otorgar a la pequeña propiedad un papel fundamental en la producción de café había sido, como hemos visto, un elemento decisivo de su éxito. La no contabilización del trabajo familiar y la presencia de cultivos alimenticios aseguraban la viabilidad de este tipo de propiedad, incluso cuando el ingreso monetario tendía a cero; por ello estaba llamada a servir de “cojín amortiguador ” en períodos de crisis. La burguesía comercial exportadora, con sus ramificaciones locales, no tenía de qué quejarse puesto que la productividad no era muy diferente 179

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de la que prevalecía en las haciendas,141 y podía hacer crecer su margen de beneficio con la imposición del monopolio de compra142 o de sus criterios de calidad del grano.143 La habilidad de Mariano Ospina Pérez consistía en saber discernir la ventaja que la burguesía podía sacar por esta vía del “carácter democrático” del cultivo del café. La lección no ha sido olvidada. En 1944, por ejemplo, después de una nueva fase de evolución favorable del mercado externo, la Federación preconiza la división de las grandes propiedades arguyendo que: 1) “La explotación de las grandes haciendas de café resulta hoy antieconómica y su producción declina continuamente, mientras que las pequeñas plantaciones progresan”; 2) “[...] una de las principales causas del malestar social que reina hoy en la agricultura consiste en que quienes directamente trabajan la tierra tropiezan con dificultades para conseguir pequeñas parcelas en las cuales, además del café, puedan cultivar artículos alimenticios por su propia cuenta”.144 En estas coyunturas, interés económico y buenos sentimientos se encuentran. Esto no significa que la distribución, en conjunto, de la propiedad mejore. Ciertamente, la proporción de las grandes propiedades en el total de las superficies dedicadas al café disminuye de 1932 a 1954; en Cundinamarca y Tolima, epicentros de las luchas agrarias, el número de fincas cafeteras aumenta en más del doble durante este mismo lapso; en Cauca y Huila, la pequeña colonización progresa. Pero se puede constatar también que el área media de los cafetales (parte de la propiedad

141

Recordemos que todos los estudios demuestran que la productividad es mejor en las pequeñas propiedades (salvo los minifundios) que en las más grandes. M. Palacios demuestra que ello sigue siendo cierto en 1970, y que los rendimientos dependen de la localización, no de la extensión de la propiedad: Marco Palacios, El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y política, 2.ª ed., Bogotá, El Colegio de México-El Áncora, 1983, p. 355.

142

M. Palacios ha descrito muy acertadamente ciertos métodos de compra practicados por las casas exportadoras en los años 1910. Ibíd., pp. 223 y ss. Estos métodos, sin duda alguna, no habían desaparecido todos en 1930.

143

La Federación estableció criterios de clasificación del grano. Los intermediarios compran a menor precio el café que no entra en la calidad superior.

144

Resolución del 18 de diciembre de 1944, Revista Cafetera, núm. 112, marzo de 1945.

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consagrada al café) se incrementa sobre todo en Caldas y el Valle,145 como signo del progreso de propietarios acomodados o de una clase media rural, nada desdeñable. El “cojín amortiguador ” sigue, sin embargo, vigente. Permite reducir permanentemente los riesgos de la expansión de los cultivos, la cual prosigue sin interrupción. Small is beautiful, afirman los grandes productores y los negociantes. No es casualidad que la burguesía de Caldas sea la que con más intransigencia proclame el liberalismo económico; al principio, en 1930, éste era uno de los departamentos donde la extensión media de los cafetales era más reducida,146 lo que permitía a esta burguesía llevar a cabo, en el momento de la comercialización, una retención considerable sobre la producción de las pequeñas propiedades, y acumular lentamente tierras a sus expensas. La “escuela de Manizales”, expresión de esta burguesía departamental, se hace conocer por su oposición resuelta a toda veleidad gubernamental de imponer un impuesto sobre las exportaciones, así como a toda medida de la Federación que pretendiera excederse en el sostenimiento de los precios internos. Un gran productor de Caldas, Pedro Uribe Mejía, será en el seno de la Federación el vocero infatigable de esta visión de las cosas durante varios decenios. Otros dos factores contribuyen a que la burguesía del café preserve su independencia con respecto al Estado: su fragmentación inicial, por una parte y la gestión brasileña, por otra. El primer argumento es, en realidad, una hipótesis no plenamente demostrable: la debilidad organizacional de la burguesía en 1930 es tal vez lo que le permite substraerse de la tutela del Estado. Se tiende a menudo a medir el poder de una burguesía considerando solamente su unidad y su conciencia del porvenir. Pero no es necesariamente cierto que éstas sean las mejores alternativas para una burguesía agroexportadora expuesta a las bruscas fluctuaciones de los mercados externos. La defensa de los intereses inmediatos, la dispersión y el regionalismo pueden ser, al menos por un tiempo, estrategias igualmente convenientes. Se puede suponer que si la Federación hubiera tenido desde el comienzo mayor cohesión, los equilibrios entre los productores de Cundinamarca y los

145

M. Palacios, op. cit., p. 365.

146

1.95 ha en 1932, contra 2.70 ha en Cundinamarca y 4.70 ha en el Tolima. Ibíd.

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de la zona de colonización antioqueña no se habrían alcanzado con tanta facilidad; de la misma manera, los compromisos entre productores y exportadores no se habrían logrado con tan pocas dificultades, ni habrían tenido la misma flexibilidad. Es posible suponer igualmente que los conflictos agrarios se habrían extendido y politizado aun más. La fragmentación local y la adhesión a una racionalidad limitada permitían a los diversos componentes de la burguesía cafetera encontrar los medios para dar una respuesta diferenciada a la crisis y garantizar su predominio en el interior de la sociedad civil. El gobierno, por su parte, conocía por la experiencia del fracaso de Alfonso López Pumarejo los obstáculos que se podían oponer al ejercicio de un imperio total sobre una organización que reposaba sobre sutiles transacciones. La Federación, ciertamente cambia de carácter a partir de 1940; sin embargo, incluso reforzada, sigue permitiendo que se desplieguen y se manifiesten, algunas veces con virulencia, las rivalidades entre los diversos estratos de productores, o entre éstos y los intermediarios comerciales o los exportadores privados. La Federación interviene para sostener los precios, externos e internos, pero no desplaza a los exportadores privados, salvo en momentos muy excepcionales.147 El triunfo de las tesis liberales no se puede separar de la política brasileña del café. Entre 1930 y 1937 Colombia es directamente beneficiaria de las medidas de valorización del principal país exportador; no solamente se aprovecha del sostenimiento de los precios sino que logra sobre todo conquistar, a expensas del Brasil, una porción mayor del mercado mundial: en 1930 las exportaciones colombianas de café representan menos de la cuarta parte de las exportaciones brasileñas; en 1940, más de la tercera parte. El intervencionismo brasileño hace posible el liberalismo colombiano. Queda un último elemento que, dada su naturaleza, es político. Hemos hecho mención del predominio de la burguesía del café en el seno de la sociedad civil. El sufragio se vuelve universal en 1936. La burguesía

147

El alza excepcional de los precios del café ocurrida entre 1975 y 1977 ha permitido comprobar, una vez más, la importancia de los exportadores privados y de la retención que llevan a cabo. Estimaciones serias establecen que más del 30% del producto de esta alza queda entre sus manos. En 1977, durante algunos meses, la Federación monopolizó, sin embargo, las exportaciones.

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del café y sus relevos están en condiciones de captar la gran mayoría de los votos en los departamentos productores. Redes de comercialización y redes de influencia política coinciden en gran medida; el comprador o el comerciante de la vereda sirven con frecuencia para asegurar su complementariedad, que es igualmente garantizada en la cabecera del municipio o en la capital departamental, por la doble función que tienen muchos negociantes. Sin embargo, el gran propietario que reside en la ciudad y que recurre en su plantación al trabajo asalariado de los pequeños propietarios, está igualmente muy bien situado para captar lealtades políticas sustentadas en la adhesión común a la misma subcultura partidista.148 Los abogados, símbolos de la clase media intersticial que, sin inquietar a la burguesía local, controlan ciertas instituciones alrededor de las cuales se organiza el juego clientelista, también pueden hacerlo. Surge así, en un nivel muy bajo, en las relaciones de producción, comercialización y comunicación, un sistema de dominación cuya pieza central es la burguesía del café, que le permite a ésta disponer, frente al Estado, de un poder de negociación considerable. En las asambleas departamentales, al igual que en el parlamento, la burguesía del café se encuentra ampliamente representada; innumerables personalidades políticas tienen vínculos con la Federación de Cafeteros. Los programas sociales que la Federación va promoviendo progresivamente no hacen más que acentuar su capacidad de someter a los sectores que le conciernen.149 La expansión del liberalismo económico y de la democracia restringida son inseparables de esta presencia política. La burguesía del café pudo llegar a inquietarse por la proliferación de las luchas agrarias o por la difusión del intervencionismo estatal. Sin embargo, no duda un solo instante que ella sigue siendo la clase central ni

148

En su libro sobre el clientelismo en Italia, Graziano indica, sobre todo a propósito del mezzogiorno continental, que el clientelismo lograba paliar la desarticulación de una sociedad en la que no se podía construir un vínculo por fuera de la familia. En Colombia, la tradición partidista está siempre presente y da legitimidad a un clientelismo que no es solamente instrumental. Luigi Graziano, Clientelismo e sistema político, Milán, Franco Angeli Editore, 1980.

149

Las entrevistas que figuran en la tesis de Soledad Ruiz, “L’idéologie des paysans colombiens” [tesis de 3e ciclo, EHESS], París, 1980, muestran la omnipresencia de la Federación en 1970 en la vida cotidiana de los campesinos.

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que al hacer del liberalismo su bandera, arrastraría los otros componentes de la burguesía a alinearse con ella. Una vez elegido gerente de la Federación, Mariano Ospina Pérez explica, recurriendo a una prosopopeya, la significación del café para Colombia. “La industria cafetera [...] podría decir a los cuatro vientos: ‘El equilibrio fiscal soy yo, porque de la exportación de café depende la renta de aduanas, que es el eje de nuestros presupuestos; el crédito externo de la nación y de los departamentos soy yo, porque con los giros sobre café se atiende el servicio de las deudas externas públicas y privadas; el Banco de la República soy yo, porque si cesaran en un momento dado las exportaciones de café, el Banco de la República quebraría en menos de tres meses; el sano sistema monetario o base del talón de oro, la estabilidad del cambio, la posibilidad de introducir al país maquinarias, rieles, libros científicos, profesores extranjeros, en una palabra, la civilización de Colombia desde el punto de vista material, yo la represento y de mí depende [...]’”.150 La genealogía así enunciada es la misma que existía antes de la crisis: el café es primero con relación al Estado; mucho más que agente de desarrollo es agente de civilización. Afirmar que la burguesía cafetera es la clase central quiere decir que su ubicación con respecto a las otras fracciones burguesas se deriva primordialmente de la posición que ocupa en la articulación de la economía nacional con las economías centrales. La centralidad no implica necesariamente la hegemonía; puede ser uno de sus fundamentos, pero nunca se puede asimilar a ella. Tanto el sector agroexportador como, más tarde, los exportadores industriales, podrían ser despojados totalmente de su capacidad hegemónica pero no por ello serían desalojados de la centralidad. El liberalismo, cuando se logra imponer, es un índice de la coincidencia temporal entre la centralidad y la hegemonía. Los intereses de la clase central se identifican con los de la sociedad; en el caso colombiano, esta identificación reviste dos aspectos:    

         de los vínculos con las economías centrales. En 1934, antes de asumir sus funciones, Alfonso López crea un Comité de Información Económica

150

Discurso pronunciado después de la clausura del Congreso de la Federación de 1930, citado en El Tiempo, diciembre 23 de 1930.

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en el cual Ospina tiene un escaño de manera prioritaria. En junio este comité publica un informe que recomienda, además de la expansión de los cultivos de café, “no cerrar de una manera casi total nuestras puertas a productos de otros países” y tener cuidado con las “industrias exóticas”. Preconiza también un tipo de cambio flexible y expresa la creencia, además, de que la estabilización sólo puede ser obtenida “por medio de disposiciones oficiales que, aunque signifiquen intrínsecamente una posición de debilidad, se remitan a la fuerza lógica (sic) del tiempo”.151La supremacía de los intereses de los caficultores se afirma así claramente.             

 tuadas por el Estado deben beneficiar al sector del que se han obtenido. El impuesto sobre el café sólo es legítimo, como lo hemos visto, si se revierte sobre los caficultores. Este principio, bajo formas atenuadas, será reafirmado a lo largo de los años. En 1976-1977, en momentos en que se produce un alza excepcional de los precios del café, resurge con el lema: “La bonanza cafetera pertenece a los cafeteros”. De esta manera se establece la sumisión de los otros sectores de la burguesía a la burguesía del café, poseedora de los capitales y señora y dueña de su utilización. Al lograr el reconocimiento de este principio, la burguesía cafetera se convierte en el punto de apoyo para el conjunto de las clases dominantes. El liberalismo ya no responde a sus intereses exclusivos y se convierte en el lenguaje a través del cual se expresa la yuxtaposición de los intereses inmediatos de cada grupo. Los industriales van a ser los primeros en suscribirse a él.

Los industriales y las estrategias circunstanciales Los industriales tienen numerosas razones para suscribir la ideología del “liberalismo económico”. La complicidad con los caficultores es una de ellas. Una complicidad que se deriva de las relaciones estrechas que existen entre los hombres y los capitales. El capitalismo antioqueño constituye el testimonio de esta simbiosis; la burguesía cafetera dispone de una abundante representación en los consejos de administración de las empresas industriales. Un personaje como Esteban Jaramillo interviene como vocero tanto de los

151

Cf. Informe que el Comité de Información Económica rinde al Dr. López, Bogotá, s.e., junio de 1934.

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caficultores como de los industriales. Cualquiera que sea la situación, la centralidad de la burguesía del café llega a ser lo suficientemente notoria a partir de 1937 como para que los industriales tengan necesariamente que reconocerla. La complicidad se deriva también de los beneficios que unos y otros obtienen de la adopción de una política devaluacionista después de 1933. Las devaluaciones, como diversos estudios lo han probado, jugaron un papel mucho más considerable que el proteccionismo en la expansión industrial de este período.152 En el instante mismo la ventaja no siempre era percibida; algunos defensores de la industria, preocupados por el costo considerable de los bienes intermedios o de las materias primas, deploran o denuncian el celo excesivo de la burguesía cafetera cuando se trata de solicitar una nueva baja del peso.153 Gracias a las devaluaciones, numerosos son, sin embargo, los industriales que disponen de un mercado cautivo o al menos muy cercano a esta condición. Los resultados están allí: de 1933 a 1938, la tasa de crecimiento industrial alcanza el 10.8% anual. La solidaridad directa o indirecta con los caficultores no lo explica todo. La burguesía industrial tiene por lo menos otras dos razones para reclamarse del liberalismo: la prioridad que se otorga a la defensa de las posiciones ya adquiridas, por una parte, y la preferencia que se atribuye a las estrategias circunstanciales sobre una estrategia global, por otra. El crecimiento industrial no implica un súbito ensanchamiento de las bases de la industrialización. Las grandes empresas implantadas antes de 1930 se encuentran en mejor situación de sacar provecho de la nueva coyuntura, sobre la base de las inversiones ya realizadas antes de 1930 y de la capacidad instalada y no utilizada.154 De esta manera el carácter oligopólico de la producción se refuerza aun más. Se puede observar, sin duda, la conformación de numerosas empresas nuevas pero, con algunas excepciones, son de tamaño reducido y lo seguirán siendo. De hecho, las inversiones disminuyen en términos globales con relación al período

152

Cf. David S. Chu, The great depression and industrialization in Colombia, Santa Mónica, The Rand Paper Series, 1977.

153

La revista Industrias Nacionales, a la que nos referimos en otro lugar, pone en cuestión en algunas ocasiones este acostumbramiento a la devaluación.

154

O. Rodríguez, op. cit.

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anterior: de 1930 a 1938 sólo alcanzan el 80% del nivel anual medio de 1925 a 1929.155 Sin embargo, los oligopolios no buscan necesariamente “ahondar” en el proceso de sustitución de importaciones. La prueba de ello se encuentra en el hecho de que militan a favor del proteccionismo pero sólo cuando ven afectados sus intereses inmediatos. Cuando se trata de estimular la producción de materias primas o de bienes semi-acabados locales, o de promover la creación de nuevas ramas industriales, se muestran mucho menos favorables con respecto al proteccionismo, incluso francamente hostiles. Aún a riesgo de exponerse al reproche, permanentemente repetido, de ser simples “molinos de derechos de aduana”, los oligopolios siguen siendo partidarios de una industrialización superficial. La actitud de los industriales del sector textil es reveladora a este respecto. A los gobiernos y a los agricultores que pretenden inducirlos a utilizar el algodón nacional, oponen obstinadamente un rechazo categórico. En 1931 proclaman la necesidad de mantener la libre importación del algodón y de las hilazas de algodón pero solicitan al mismo tiempo un alza de los derechos sobre los artículos terminados. En 1935 protestan de nuevo cuando el gobierno de Alfonso López quiere ayudar a los cultivadores de algodón. Esteban Jaramillo declara que “cambiar de la noche a la mañana la política de proteger a las manufacturas, seguida durante tantos años, por una política de protección a los que producen la materia prima que alimenta esas industrias, es cosa que se presta a serias objeciones, por los numerosos intereses que ha creado aquella protección”.156 En 1938 rechazan de nuevo la invitación que se les hace a disponer de un escaño al lado de los agricultores en la Sociedad Nacional del Algodón. El problema es el mismo cuando se trata de la creación de nuevas industrias. La defensa de las posiciones adquiridas prima sobre la ampliación de la industrialización. En 1933 la burguesía antioqueña no se molesta mucho cuando los Estados Unidos exigen una reducción de las tarifas aduaneras de 1931, que amenazaban sobre todo ramas recientes y poco concentradas, como la mecánica; y termina aprobando el tratado

155

CEPAL,

156

Declaración a El Tiempo, noviembre 20 de 1933.

El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, op. cit., p. 11.

187

La república elitista y popular 1930-1938

comercial firmado finalmente en 1935: “La aprobación del tratado no arruinará a las industrias del algodón”, responden simplemente los industriales de los textiles a los que se inquietan por las concesiones que han sido hechas.157 Las cifras indican, por lo demás, que la sustitución de las importaciones había sido muy reducida. En 1925 los bienes de consumo representaban el 46.6% del total de las importaciones; en 1936, el 45%. Entre estas dos fechas, la parte correspondiente a bienes de capital cae del 30.3% al 22%, la de los bienes intermedios y materias primas aumenta del 26% al 32%. Los “intereses creados” a que se refiere Esteban Jaramillo constituyen, en efecto, una forma de “jurisprudencia económica” que beneficia a los oligopolios; las estrategias circunstanciales representan su expresión lógica. No hay industria sino una yuxtaposición de empresas industriales. No hay un interés general a largo plazo sino intereses a corto plazo vinculados por un uso cauteloso de las tarifas aduaneras ad hoc. No existe una clase en formación con capacidad de ejercer presión para hacer valer sus objetivos. No obstante, la estrategia de conjunto pasa por la adición de las estrategias particulares; la ausencia de un proyecto colectivo es la astucia a través de la cual el juego oligopólico se coloca en condiciones de triunfar. No hay tampoco una posición común frente a las inversiones extranjeras. La Federación Nacional de Industriales, ciertamente, hace alarde de un nacionalismo receloso que prolonga en muchos aspectos el nacionalismo conservador de años anteriores. Sin embargo, una encuesta practicada en 1937-1938 entre los industriales antioqueños muestra como estos no se oponen a las inversiones extranjeras.158 Es necesario que una empresa extranjera venga a invadir el “coto de caza” reservado a una empresa colombiana (como la British Tobacco que pretende instalarse en Colombia en 1937 y pone en peligro el monopolio de la Compañía Colombiana de Tabaco) para que el nacionalismo se

157

Telegrama enviado por el gerente de Fabricato, la segunda empresa del país, en nombre de la industria antioqueña con ocasión del debate parlamentario del 11 de febrero de 1936.

158

“Acta de la asamblea de los industriales”, El Tiempo, agosto 13 de 1937.

188

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

desencadene. Los industriales descubren entonces la amenaza de las “industrias que pertenecen a sociedades anónimas filiales de trusts, poderosos explotadores, que no vienen a instalarse en Colombia de manera definitiva sino sólo a extraer los recursos naturales sin beneficio alguno para la nación”.159 Maravillosa unanimidad que permite apreciar sobre todo la influencia de una empresa venerable. Raras veces se hace mención de un frente industrial; tampoco de una asociación patronal unificada. Las cámaras de comercio continúan garantizando la representación conjunta de los sectores industrial y comercial. La Cámara de Comercio de Bogotá se opone a cualquier tipo de emancipación de los industriales: “El desenvolvimiento industrial de este país no exige todavía, ni aún en muchos años vista, la creación de organismos exclusivos. [...] toda la actividad industrial cae bajo el dominio de las actividades comerciales”.160 Los industriales no hacen mayores esfuerzos por escapar de este pesado patrocinio. En 1930 se funda una Federación Nacional de Fabricantes y Productores, que no logra sostenerse. Un poco más tarde se constituye la Federación Nacional de Industriales que publica una revista: Industrias Nacionales. Ni la una ni la otra alcanzan a adquirir gran autoridad o el apoyo de los grandes industriales, en particular de los grandes industriales antioqueños, que no quieren establecer vínculos. La Federación y la revista defienden en ciertas ocasiones la especificidad de los intereses industriales y llegan incluso a herir eventualmente de manera superficial la buena conciencia de los caficultores.161 Cuando las intenciones gubernamentales los inquietan no dudan, sin embargo, en apelar a una solidaridad más amplia, la de las clases productoras o, simplemente, la de las clases poseedoras. Respecto a López Pumarejo escribe, en este sentido, Luis Vélez Marulanda, orientador de la revista y de la Federación: “A nosotros nos indigna ver la conducta que los poderes públicos vienen observando con las industrias nacionales. [...] Nosotros vemos claramente que lo que más necesitamos, los industriales, es crear el espíritu de solidaridad entre todos, [...] agricultores, ganaderos, transportadores, mineros, comerciantes con artículos nacionales y

159

Ibíd.

160

Ibíd.

161

La revista se rebela algunas veces contra la prioridad que se otorga a la expansión de la producción de café.

189

La república elitista y popular 1930-1938

fabricantes o sea transformadores [...] de materias primas del país –que transformarlas debe ser nuestro constante y más vivo empeño–, [o] extranjeras, mientras logramos desarrollar una producción colombiana suficiente”.162 Los industriales se inscriben, pues, en la gran coalición de los poseedores. Sólo se distinguen de los otros grupos por el encarnizamiento particular que expresan contra cualquier tipo de reformismo social. Estrategias circunstanciales por un lado, solidaridad recelosa con el resto de las clases dominantes, por el otro: la burguesía industrial oscila entre estas dos formas de manifestación. El recurso a estos dos registros muestra que, incluso cuando sus negocios van bien, obra como si estuviera permanentemente a la defensiva. De hecho, la industria –en todo caso la gran industria– no tiene buena reputación. Los importadores –que son a menudo también exportadores– se quejan de las barreras aduaneras que la protegen.163 Los sectores medios, como ocurre en el resto de países del subcontinente, la acusan de provocar el encarecimiento del costo de la vida y el deterioro de la calidad de los bienes disponibles en el mercado. Sin embargo, estas críticas provienen sobre todo de los partidarios más convencidos y más militantes de la industrialización. Protección exagerada, privilegios arbitrarios, beneficios excesivos: estas son algunas de las acusaciones que se formulan contra los industriales. En 1931 el Ministro de Industria denuncia los “beneficios fantásticos” de la industria.164 Muchos parlamentarios ponen en cuestión la formación de monopolios como consecuencia de la protección. Un antiguo miembro del Partido Socialista Revolucionario (PSR), Felipe Lleras Camargo, recuerda a la opinión: “Se olvidan quienes abogan por la protección aduanera exagerada, los que creen que con ella ha de volver como por ensalmo la prosperidad [...] que esa protección sólo tiende a favorecer a los grandes capitales, a las industrias poderosas, a fomentar la creación de los trusts que han de sustituir la pequeña industria”.165 A partir

162

Industrias Nacionales, abril de 1935.

163

Los importadores se agrupan en una federación que en abril de 1932 planea una huelga para obtener la reducción de los aranceles de 1931.

164

Ante el primer Congreso Industrial y Agrícola, celebrado en octubre de 1931.

165

Debate en el parlamento, febrero 12 de 1931.

190

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

de 1934, el proceso crece más todavía. Alfonso López, quien no puede ser considerado sospechoso de indiferencia respecto a la industrialización, está en el primer rango de los acusadores: “Largos años llevamos los colombianos [pagando] costosamente la protección que el Estado da a las nacientes industrias en forma de tarifas aduaneras, de concesiones o de privilegios. Y cuando ellas prosperan y se hacen fuertes, es llegada la hora, en mi opinión, de exigirles que retribuyan esos sacrificios comunes no sólo en impuestos equitativos, sino aceptando una nueva intervención sobre las condiciones en que explotan el mercado nacional”.166 La marcha hacia la monopolización constituye un peligro evidente: la experiencia demuestra que “la producción o la elaboración de artículos de vasto consumo interno o internacional va cayendo rápidamente en manos de un grupo reducido de capitales y acaba por quedar dominada por una compañía anónima poderosa”.167 La protección jurídica tiende a remplazar el espíritu de empresa: “Se podría asegurar de forma genérica, sujeta naturalmente a excepciones, que no hay ninguna empresa grande, ninguna industria próspera y rica en el país que no tenga amparo en una ley, decreto o contrato, y no la ponga, en cierta manera, bajo la tutela del Estado”.168 Y Alberto Lleras Camargo, Ministro de Gobierno de López,169 se refiere por su parte a estas “inestables empresas que prolongan una vida menesterosa gracias a la protección aduanera”.170 Los debates son entonces más complejos de lo que se dice a menu do. Reducirlos a una oposición entre partidarios y adversarios de la industrialización es caer en la simplificación. No existe grupo que le sea hostil por principio; pero no existe tampoco quien le sea incondicionalmente favorable o, al menos, que apruebe sin vacilación la manera como se lleva a cabo. Las discusiones sobre el proteccionismo no

166

Mensaje de Alfonso López Pumarejo, dirigido el 31 de mayo de 1937 al Congreso. Los mensajes de Alfonso López están publicados en: Alfonso López Pumarejo, Mensajes del presidente López al Congreso Nacional, 1934-1938, Bogotá, Imprenta Nacional, 1939.

167

Mensaje de Alfonso López con ocasión de su oferta de dimisión en 1937.

168

Ibíd.

169

Las atribuciones del “Ministro de Gobierno” hacen de él a la vez el primero de los ministros y el ministro del interior.

170

Intervención ante el Congreso Sindical de Cali, 1938.

191

La república elitista y popular 1930-1938

permiten identificar dos opciones irreconciliables; muestran más bien las dudas que existen, tanto en los gobernantes como en la opinión, sobre una industrialización superficial, creadora de rentas ocasionales que amenazan con transformarse en seguida en obstáculos contra el desarrollo. La cuestión no data de 1930; pero tampoco recibe una respuesta más clara que antes. A las dudas y a las reticencias, los grandes industriales oponen los hechos; con o sin proyecto industrializador, la industria conoce una tasa de crecimiento elevada.171Pero oponen también algunos argumentos, que presentan bajo la forma de una adhesión intransigente al “liberalismo económico”. ¿De qué se trata? No se trata, evidentemente, de regresar a la autorregulación del mercado. Ninguna “mano invisible” puede ser invocada para que suministre un principio “natural” de legitimación.172El proteccionismo selectivo, por una parte, y el peso de los oligopolios, por otra, son suficientes para hacer muy visibles las “manos” que rigen los destinos de la industria. La economía industrial es fundamentalmente política desde el momento en que la empresa se funda y se afirma sobre la base del reconocimiento que le otorga el poder político. El liberalismo económico se encuentra, pues, básicamente sustentado por su relación con lo político. Se ha pretendido a menudo afirmar que en los diversos países de América Latina la burguesía industrial poco participa en el poder político o manifiesta pocas aspiraciones “hegemónicas”. Sin embargo, sí participa en el poder político, al menos en ciertos planos, ya que la defensa de sus intereses supone la capacidad de mantener una influencia sobre el Estado. Además, en ciertos casos dispone de una legitimidad política propia. Los industriales antioqueños, tanto como los de São Paulo o Monterrey, poseen una base local de poder de gran estabilidad y ocupan posiciones de primer plano en las instituciones

171

Kaufman subraya que los gobiernos tienen poca influencia sobre el crecimiento industrial en esa época. Robert Kaufman, “Industrial change and authoritarian rule in Latin America: a concrete review of the bureaucratic-authoritarian model”, en: David Collier, ed., The new authoritarianism in Latin America, Princeton, Princeton University Press, 1979.

172

Pierre Rosanvallon, Le capitalisme utopique, París, Seuil, 1979.

192

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

políticas departamentales o nacionales. El “liberalismo” es indisociable de esta presencia política, garantizada desde el principio por el contacto con la burguesía exportadora. De allí no se desprende que la gran burguesía industrial sea coherente o clarividente; menos aun que tenga supremacía sobre las otras fracciones de la burguesía. Por intermedio de lo político, sólo logra alcanzar una garantía institucional para sus intereses inmediatos, a pesar de su diversidad y de su heterogeneidad. No obstante, por una particular inversión, esa diversidad y esa heterogeneidad pueden generar la ilusión de una esfera de la economía independiente de lo político. La huella de la protección otorgada a cada empresa se diluye. La dispersión de la industria se invoca como una prueba del espíritu de empresa que preside su nacimiento. Un paso más y la yuxtaposición de los intereses a corto plazo será presentada como equivalente a un mercado autorregulado.173 La dispersión substituye la relación de competencia. Estrategia circunstancial e ideología liberal se apoyan así la una en la otra. En las condiciones que prevalecen después de 1930, ambas tienen gran resonancia. Protegidos por las devaluaciones y los derechos de aduanas, los intereses industriales se afirman con toda su fragmentación. Que hay allí una estrategia racional y provechosa lo prueba claramente la actitud de los grandes industriales, al negarse durante el tiempo más largo que les es posible a agruparse en una verdadera asociación patronal. Sólo en 1944 ceden a los ruegos del gobierno y, no sin protestar, crean la Asociación Nacional de Industriales.

Bajo el signo del “intervencionismo” Estrategia y discurso, recurso para dar forma a la heterogeneidad de lo social, el liberalismo económico preside la organización de las clases

173

En un estudio sobre los industriales en el Brasil durante estos mismos años, Eli Deniz Cerqueira muestra igualmente que estos se organizan alrededor de tres tácticas: 1) La presión sobre el Estado, no por la vía de los partidos políticos sino por la de una representación de tipo corporativista; 2) La defensa de los intereses inmediatos; 3) La alianza con los otros componentes de las clases dominantes. Cf. E. D. Cerqueira, op. cit.

193

La república elitista y popular 1930-1938

dominantes. Sin embargo, en el mismo momento, el “intervencionismo” hace una entrada estruendosa como si el Estado estuviera llamado a servir de llave maestra a la sociedad y como si dicho intervencionismo fuera su modalidad concreta. Lo hemos dicho desde un principio: el intervencionismo se convierte en el alfa y omega de la economía; considerado como “ineluctable”, constituye la expresión simbólica de la ruptura histórica de 1930; y llega a ser una especie de lugar común a través del cual cada uno reconoce su pertenencia a una misma sociedad. Existen, obviamente, algunos individuos que consideran el intervencionismo con desconfianza y que, al menos hasta 1936, presumen de aparecer como originales.174 Los más “liberales”, miembros de la burguesía del café o de la oligarquía industrial, no vacilan, en los primeros años de la crisis, en proclamar su necesidad. Los dos partidos tradicionales se entregan a una especie de emulación competitiva por suscribirse a él. El Partido Conservador lo realza durante sus convenciones y Francisco de Paula Pérez, Ministro de Hacienda conservador del gobierno de Olaya Herrera, lo presenta como un deber: “El Estado moderno debe ser intervencionista y debe impulsar o secundar todas las actividades que por uno u otro motivo tengan repercusiones sociales”.175 El Partido Liberal no se queda atrás: le corresponde al Estado actuar para imponer el interés general.176 La UNIR de Gaitán confía al Estado la tarea de garantizar la regulación de las actividades económicas. ¿Que implica exactamente el intervencionismo? Al leer las diversas declaraciones de la época, se pueden distinguir al menos cuatro significaciones:

174

Luis Ospina Vásquez hace alusión a dos tipos de prevenciones. La primera, expresada por nostálgicos atrasados, que creen todavía en el libre–cambio, como un Juan Lozano y Lozano que se convierte en uno de los adversarios más encarnizados de López en el seno del Partido Liberal; la segunda, formulada por nostálgicos no menos atrasados, que creen en una economía agraria de tipo patrimonial, tales como A. García Cadena. Luis Ospina Vásquez, Industria y protección en Colombia 1810-1930, Medellín, E.S.F., 1955, p. 461.

175

Cf. El Tiempo, marzo 11 de 1931.

176

Tema desarrollado tanto en la Convención de Apulo en julio de 1931 como en la asamblea de Medellín en diciembre de 1932.

194

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

El intervencionismo designa desde luego, simplemente, el proteccionismo. Tal es la significación que prevalece entre los voceros de los diversos sectores de la actividad económica o entre los responsables gubernamentales.177 Cuando se le asigna este contenido, el intervencionismo no aparece como un hecho nuevo, puesto que había sido puesto en práctica desde el siglo XIX; es percibido como tradición tanto como elemento de una política voluntarista de desarrollo. Alfonso López lo constata así en 1935: “Nadie rechaza entre nosotros la intervención oficial sino técnicamente, como principio, como teoría. En la práctica existe una clamorosa exigencia de que el Estado intervenga en todo, dirija todo, regule todo, apoye todo. El capital pretende, en la mayor parte de los casos, que no puede luchar sin un permanente amparo del Estado”.178 En pocas palabras, se encuentra de nuevo la idea de que no hay economía que no esté primordialmente inscrita en lo político. Pero el intervencionismo se manifiesta de manera complementaria como la necesaria protección… contra los efectos del proteccionismo. Con este último se corre el riesgo de provocar la desarticulación de las actividades productivas y el olvido del interés general. Como representa “un sacrificio que un pueblo se aplica a sí mismo para desarrollar directamente sus riquezas”,179 exige una contrapartida: que el Estado tome a su cargo los intereses del conjunto de la nación. El intervencionismo consiste en la acción que el Estado debe llevar a cabo en favor de los “consumidores” que pagan el precio de la protección. Leitmotiv de los gobiernos que se suceden de 1930 a 1940: el Estado es, frente a los productores, el protector de los consumidores. Enrique Olaya Herrera afirma que la protección debe estar organizada de tal manera “que no sea una carga para los consumidores”.180 Alfonso López Pumarejo lo confirma: “Los hombres del gobierno tienen una representación indelegable ante ellos: la de los consumidores, la de ocho o nueve millones de ciudadanos que con ser la mayoría, no tienen ningún otro órgano de defensa colectiva de

177

Cf. L. Ospina Vásquez, op. cit., pp. 459 y ss.

178

Discurso del 20 de julio de 1935.

179

Discurso de Eduardo Santos, sucesor de Alfonso López, citado por L. Ospina Vásquez, op. cit., p. 463.

180

Mensaje al Congreso de Enrique Olaya Herrera, 1934.

195

La república elitista y popular 1930-1938

sus intereses que el que constituyen con sus votos, es decir, el Estado”.181 Eduardo Santos lo repite: “El deber del Estado no puede limitarse a mantener una política proteccionista sin tener en cuenta los intereses del consumidor y sin vigilar las ganancias de las empresas favorecidas por su tutela para impedir la especulación y el enriquecimiento indebido”.182 La intervención se funda así sobre el vínculo que se teje entre el Estado y el ciudadano-consumidor. El intervencionismo igualmente se encuentra directamente asociado con una intención social: la voluntad de corregir el desequilibrio entre el “trabajo” y el “capital”. Tampoco aquí el propósito es verdaderamente nuevo; se inscribe tanto en la doctrina del Partido Conservador como en la del Partido Liberal. La primera presupone que el Estado es susceptible de modelar la sociedad según los principios del bien común; la intervención no es más que el medio para lograrlo. En 1930 los conservadores redactan un programa en el cual indican que el derecho de propiedad puede ser limitado “mediante la intervención del Estado, cuando así lo exijan la moralidad, la salubridad y la utilidad públicas”, y añaden que “el capital es factor esencial del progreso económico”, pero igual atención se debe otorgar al “trabajo”, al cual se “le prestará todo su apoyo por medio de una sabia y eficaz legislación social”.183 La doctrina del Partido Liberal, por su parte, tiende sobre todo a partir de la sociedad y de sus conflictos para justificar el papel regulador del Estado. Sin embargo, no conduce a una formulación muy diferente: en 1935 una declaración de principios indica que “el Partido Liberal favorece y acoge las iniciativas individuales en todos los órdenes de la actividad, pero intervendrá siempre que sea necesario establecer un verdadero equilibrio entre el individuo y la empresa, y entre ésta como entidad económica, y el Estado, a fin de que la empresa no sea una fuerza avasalladora al servicio de intereses exclusivamente individuales, sino energía convergente al bien común”.184 Los términos son tradicionales, tanto como la concepción del Estado que expresan.

181

Mensaje al Congreso de Alfonso López Pumarejo, 1936.

182

Discurso de Eduardo Santos, citado por L. Ospina Vásquez, op. cit., p. 463.

183

Programa del Partido Conservador, 1930.

184

Citado por L. Ospina Vásquez, op. cit., p. 470.

196

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

Queda por examinar el último significado: la participación directa del Estado en la orientación de la economía y en la realización de las inversiones. La idea ya había sido expresada en algunas ocasiones, pero con timidez; así, en 1931 los liberales habían sugerido que el Estado tomara el control del Banco de la República y creara eventualmente empresas industriales. Al menos hasta 1935 las dificultades fiscales del Estado limitan, en realidad, estas aspiraciones. Con el advenimiento de la “Revolución en Marcha”, en 1934-1935, se confiere al “intervencionismo” un alcance simbólico esencial. La reforma constitucional de 1936 le reconoce derecho de ciudadanía y resume los cuatro significados que hemos distinguido: “El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza, o de dar al trabajo la justa protección a que tiene derecho”. Texto banal en su expresión y en su contenido pero que constituye, a los ojos de los contemporáneos, el punto de partida de una nueva relación entre sociedad y Estado. Detrás de esta exaltación del intervencionismo, ¿se trata efectivamente del intervencionismo? Ciertamente no en el cuarto sentido, el de una participación directa del Estado en la orientación de la economía; probablemente tampoco en los otros tres sentidos. Se trata, sobre todo, de la conformación de una especie de nuevo pacto social. Si el intervencionismo hubiera estado verdaderamente a la orden del día habría chocado con el “liberalismo” de las clases dominantes. La prueba de ello está en que en 1935-1936, cuando estas creen ver que se perfila la amenaza efectiva de su implantación, entran en disidencia. En cambio, si hace referencia solamente a un nuevo modo –parcial– de institución de lo social, el intervencionismo puede coexistir, incluso coincidir, con la consolidación del “liberalismo”.

El “no intervencionismo” económico En vano buscaríamos durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera los signos de una nueva política de intervención. Sabemos, por lo demás, que a todo lo largo de este período, la industrialización se beneficia más de las devaluaciones llevadas a cabo a partir de 1933 que de los reajustes de la protección. A partir de 1935 se esboza un cambio (volveremos más adelante sobre la mutación del lenguaje político). En el campo económico, tanto

197

La república elitista y popular 1930-1938

la reforma fiscal como la centralización de los gastos públicos parecen dar consistencia a la idea de intervencionismo.185 La reforma fiscal es una de las grandes preocupaciones de la “Revolución en Marcha”. El impuesto sobre la renta no desempeñaba hasta ese momento prácticamente ningún papel; en 1928 representaba el 4.2% del total de los recaudos públicos. Como consecuencia de la reforma, representa el 14.2%, porcentaje aún modesto pero que atenúa la dependencia con respecto a los derechos de aduana.186 La agricultura queda por fuera al igual que los sectores comercial y financiero. La gran industria ingresa en la recaudación187 y se convierte incluso en el blanco principal de la reforma, hasta el punto de que llega a ser, con relación a otros sectores de actividad, un contribuyente de peso.188

185

Sobre los indicadores económicos relativos a la intervención del Estado se puede consultar a Bernardo Tovar Zambrano, La intervención económica del Estado en Colombia, 1914-1936, Bogotá, Banco Popular, 1984.

186

Estructura de las cargas fiscales en 1928, 1934 y 1936 (en porcentaje del ingreso total del Estado): 1) Sector externo Derechos Impuestos a de aduana exportaciones

2) Sector interno Subtotal

Ingresos

SubConOtros total sumo

Total

1928

48.7

2.0

50.7

4.2

42.8

2.3

49.3

100

1934

38.8

7.1

45.8

3.1

46.5

4.6

54.2

100

1936

33.2

8.1

41.3

14.2

40.3

4.2

58.7

100

Fuente: CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, cuadro 55, op. cit. 187

Alfonso López había mostrado, con cifras en mano, en diversas intervenciones, que las grandes sociedades antes no pagaban sino impuestos simbólicos. La reforma fiscal implicaba, para una empresa como Bavaria, decuplicar el impuesto. El Presidente había dado incluso ejemplos relacionados con personas privadas. Cf. Acción Liberal, diciembre de 1936.

188

El impuesto sobre la renta de las sociedades se repartía en 1936 de la manera siguiente entre los diversos sectores de actividad: Agricultura-ganadería, 3.7%; actividades de extracción, 55.4%; industria manufacturera, 20.6%; construcción, 1.2%; electricidad, gas, agua, 3.7%; comercios, bancos, aseguradoras, 8.9%; transportes y comunicaciones, 3.5%; otras, 3%. CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, op. cit., p. 103.

198

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

En el vasto debate que se desarrolla en esta ocasión se enfrentan, pues, el gobierno y los representantes de la gran industria, sobre todo. Ya hemos citado las quejas presentadas por Alfonso López contra los segundos. La reforma fiscal debería permitir, según los términos de un discurso pronunciado por el jefe del Estado en Barranquilla frente a los industriales, que “las grandes compañías que han realizado enormes utilidades al abrigo de la protección aduanera [retribuyan] al Estado y, por su conducto, al pueblo colombiano”.189 Esta justificación, como se puede ver, es eminentemente política, ya que parece que las medidas estuvieran orientadas no tanto a modernizar el sistema fiscal como a garantizar la sujeción de los industriales respecto al Estado tutelar. La burguesía industrial aporta una respuesta no menos política: poco afectada por los impuestos, que podía trasladar impunemente a los consumidores, denuncia ante todo el intervencionismo social del cual la reforma sería un testimonio. La centralización de los gastos públicos es relativamente marcada. Pero es preciso aportar a renglón seguido dos precisiones: se lleva a cabo en mayor detrimento de los departamentos que de los municipios, y es menos evidente si sólo se consideran las inversiones.190 La centralización, en cualquier caso, corresponde a una tendencia mucho más significativa

189

Discurso del 20 de diciembre de 1937.

190

Repartición del total de gastos públicos y de las inversiones públicas entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios (%): Total de gastos públicos

Inversiones públicas Gob. Deptos. Mpios. Nal.

Año

Gob. Nal.

Deptos.

1929

46.5

36.5

17.0

100

54.2

34.4

11.4

100

1930

42.7

34.7

22.6

100

47.0

32.3

20.7

100

1932

41.3

39.1

24.6

100

47.8

23.6

28.6

100

1934

57.3

22.8

18.9

100

43.0

30.0

27.0

100

1936

52.5

28.0

19.5

100

47.4

30.5

22.1

100

1938

54.7

27.3

18.0

100

59.6

22.3

18.1

100

Mpios. Total

Total

* Fuente: cálculos según CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, op. cit.

199

La república elitista y popular 1930-1938

hacia la limitación al máximo del conjunto de los gastos públicos191 y hacia la reducción de los gastos de inversión económica. En 1929 estos últimos representaban el 41.1% del total de los gastos públicos; en 1937 sólo representan el 29.7%.192 Comparadas con las inversiones privadas, las inversiones públicas experimentan en 1934 un brutal retroceso, precisamente en el momento en que se abre la era de la “Revolución en Marcha”.193 Ciertamente, esta tendencia se encuentra también en otros países de América Latina. Si bien en México las inversiones públicas y los gastos sociales conocen, bajo Cárdenas, una neta progresión,194 en Brasil los gastos públicos se comprimen, hasta 1936, y la parte destinada a

191

A título indicativo, estos serían (en miles de pesos constantes) los totales de los gastos públicos de ciertos años del período considerado: Años

Miles de pesos constantes

1929

477.520

1931

554.324

1933

621.075

1935

481.733

1937

553.998

Fuente: CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, cuadro 40, op. cit. 192

La baja se produce en 1930-1931. Sólo en 1938 comienza una recuperación con un porcentaje del 34.2%.

193

Parte de las inversiones públicas en el total de las inversiones: 1927

31.6%

1929

26.5%

1931

31.5%

1933

33.6%

1934

22.7%

1936

22.6%

1938

27.6%

Fuente: CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, cuadro 18, op. cit. 194

James Wallace Wilkie, The Mexican Revolution: federal expenditure and social change since 1910, Berkeley, University of California Press, 1970, pp. 3-25.

200

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

la inversión económica sigue siendo modesta, hasta 1939.195 En el caso colombiano, sin embargo, ninguna “ideología de Estado” logra paliar el desdibujamiento económico del Estado; el no intervencionismo en este campo aparece como un hecho protuberante.196 Esta constatación no nos sorprende verdaderamente cuando tenemos en cuenta los orígenes de la élite dirigente “lopista”. Y es suficiente por sí sola para permitirnos comprender cómo el intervencionismo político-social se puede combinar con el liberalismo económico.

El “intervencionismo” y la instauración del “liberalismo” La ideología “liberal” se construye en la Colombia de 1930, sobre la base del reconocimiento de la heterogeneidad de lo social. El hecho de que se haga referencia por la misma época al intervencionismo demuestra que no se los puede presentar como opuestos. Por intermedio de la “intervención” estatal se proclama un principio de unidad que garantiza la coherencia del campo en el cual el liberalismo se despliega. El principio de unidad supone la construcción de una representación de la homogeneidad de lo social. Al confiar al Estado la defensa de “ocho a nueve millones de consumidores”, según la expresión de Alfonso López Pumarejo, se afirma esta homogeneidad, que se deriva de la semejanza de los individuos como “consumidores”, condenados igualmente a compartir los sacrificios inherentes al proteccionismo. La fragmentación de los productores y de sus intereses permite percibir, en el trasfondo, el interés general del cual el Estado se constituye en intérprete. El razonamiento se inscribe aparentemente en línea directa con la teoría liberal clásica. Es igualmente el interés de los consumidores el que aparece en Adam Smith como interés general;197a pesar del papel de la

195

Anibal Villanova y Wilson Suzigan, Politica do governo e crescimento da economía brasileira 1889-1945, Río de Janeiro, IPEA, 1973, pp. 186 y 414.

196

Y duradero, Albert Berry lo ha mostrado para los años 1950-1960. Albert Berry, “Some implications of elitist rule for economic development in Colombia”, en: Gustav Ranis, ed., Government and economic development, New Haven y Londres, Yale University Press, 1971, pp. 3-25.

197

“El consumo es el único fin, el único término de toda producción, y no deberíamos nunca ocuparnos del interés del productor, sino solamente cuando es necesario favorecer el interés del consumidor ”. Adam Smith, La richese des nations, París, Flammarion, 1974, t. II, libro IV, cap. VIII, p. 122.

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“mano invisible” y la tendencia a la abolición de lo político que de allí se desprende, el Estado estaba invitado a actuar para que la sociedad civil se convirtiera efectivamente en sociedad de mercado. Y más tarde Joseph A. Schumpeter, elaborando una interpretación de la democracia influenciada por los esquemas de Keynes, opera una reducción similar de la calidad de ciudadano a la de consumidor, en la que confía al Estado al mismo tiempo una función reguladora.198 Tanto en un caso como en el otro, los consumidores son invocados como los que constituyen en lo fundamental los verdaderos soportes de un pacto social que se formula según dos modalidades complementarias: una, invisible, que es la del mercado; otra, visible, que consiste en la atribución al Estado del cuidado de simbolizar y de hacer respetar la unidad del mercado. La adhesión colombiana al intervencionismo estatal tiene de la misma manera el valor de pacto social; pero de un pacto que difiere sensiblemente del que propone el liberalismo clásico. No existe un mercado que proporcione su mecanismo oculto. Incumbe al Estado colombiano, como a los otros Estados latinoamericanos, articular tres tipos de mercado distintos: el mercado externo, hacia el cual se dirige la producción de los caficultores; el mercado interno complementario de la expansión de las exportaciones y que se puede designar como mercado “secundario”, y el mercado interno ligado a los intercambios “tradicionales”, que constituye el mercado “primario”. No existe un conjunto indiferenciado de consumidores. La inserción en estos diversos mercados expresa las formas de una participación diferencial. Los consumidores mencionados en las discusiones sobre el proteccionismo son principalmente, como sabemos, los que tienen acceso al mercado interno complementario de las exportaciones. A partir de ese momento, la similitud de los individuos como consumidores no deja de ser más que un engaño. El Estado se reclama de ellos sin duda, pero al hacerlo no pretende borrar la frontera que separa los “consumidores” reconocidos de los que no son más que consumidores virtuales, o de los que no son consumidores en absoluto. Tampoco existe correspondencia inmediata entre la esfera de la producción y la del consumo. La posición estratégica ocupada por

198

Como Crawford Brough Macpherson lo ha analizado en su libro: The political theory of possesive Individualism, Oxford, Oxford University Press, 1962.

202

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la producción hacia el exterior introduce de entrada un desfase. La yuxtaposición de los productores no hace más que acentuar dicha falta de correspondencia. Sólo la mediación estatal tiene la posibilidad de restablecer una relación entre las dos esferas. La homogeneidad de lo social no existe, pues, en ninguna parte por fuera del acto a través del cual el Estado mismo se convierte en su manifestación y en su concreción en nombre de la unidad de la sociedad –o de la nación–. El pacto social no se encuentra inscrito previamente en la sociedad; se instaura en el momento en que el Estado se empieza a reclamar del intervencionismo. Del intervencionismo no es suficiente decir que acompaña la consolidación del orden liberal; aparece como indisociable de este desde el momento en que el propio liberalismo se establece a través del Estado. La función simbólica del proteccionismo, más allá de su eficacia económica, consiste sobre todo en que permite apreciar claramente una unión, gracias a la cual los intereses inmediatos de los diversos grupos de actividad, incluso de cada una de las unidades económicas, son dotados de una legitimidad pública. El término “corporativismo” ha sido utilizado con frecuencia en estos últimos años para caracterizar las modalidades de comunicación entre los intereses privados y el Estado en ciertos países de América Latina. Con el uso de este término se ha tratado tanto de designar el papel regulador ejercido por el Estado sobre la organización de estos intereses –“corporativismo estatal”– como de sugerir la atribución de ciertos poderes reguladores a los grupos de intereses privados –“corporativismo social”–.199 “¿De nuevo el siglo del corporativismo?” se preguntaba un autor a propósito del Brasil.200 Más allá de las formas empíricas múltiples que un fenómeno de esta naturaleza ha podido revestir efectivamente, la cuestión del corporativismo encuentra uno de sus orígenes, en nuestra opinión, en aquel momento en que se entrecruzan el liberalismo y el intervencionismo, la fragmentación de las demandas privadas y la

199

Cf., entre otros, el libro colectivo publicado bajo la dirección de James Malloy, ed., Authoritarianism and corporatism in Latin America, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1977.

200

Philippe Schmitter, “Still the century of corporatism?”, The Review of Politics, vol. 36, núm. 1, enero de 1974, pp. 85-131.

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distribución de privilegios en el marco del proteccionismo, la expresión en bruto de los intereses a corto plazo y la reivindicación que hacen estos intereses de una legitimidad cuasi pública. El corporativismo se institucionaliza luego en los países donde, por razones diversas, se impone una ideología de Estado; no es este el caso de Colombia, donde triunfa la ideología “liberal”. Pero no por ello se deja de percibir aquí por un momento la misma superposición contradictoria que forma el núcleo del corporativismo, tanto en el Estado como en la expresión de los intereses privados. El Estado colombiano pretende garantizar la compatibilidad de los diversos intereses privados al mismo tiempo que reconoce sus estrategias circunstanciales. Los intereses privados se formulan en su inmediatez al mismo tiempo que se dicen portadores del interés público. Sólo la burguesía del café puede contar con el apoyo de la población de los pequeños productores y reclamar una legitimidad cuasi pública. Las cámaras de comercio proceden de la misma manera cuando se refieren al “pueblo consumidor”;201 los grandes propietarios cuando invocan a los trabajadores rurales;202 los industriales cuando sustentan la necesidad de favorecer a sus obreros aún inexpertos.203 Frente al Estado que interviene en nombre del conjunto de los consumidores, cada cual tiende a presentarse, de esta manera, como si tomara a su cargo una parte del interés nacional. Se trata de argumentos orientados a aumentar la proporción de influencia de los diversos sectores en la negociación que se opera en el Estado. O se trata de circunstancias en las que se revelan las interferencias del liberalismo y el intervencionismo.

201

Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá cuando denuncia los aranceles proteccionistas de 1931. Cf. El Espectador, marzo 23 de 1935.

202

Los trabajadores rurales hacen aparecer una página de publicidad en El Tiempo, noviembre 30 de 1933. En nombre de los obreros que estarían amenazados por una renuncia al proteccionismo.

203

“No hay que perder de vista que quienes se ven realmente favorecidos por la protección son los obreros. En efecto, si éstos fueran tan hábiles como los obreros ingleses, por ejemplo, si mostraran igual rendimiento en el trabajo, las empresas no tendrían necesidad de la protección oficial”. Discurso del presidente de la 3ª Conferencia de Industriales, mayo 26 de 1933.

204

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¿Un “intervencionismo” nacionalista? Los “consumidores” suministran al Estado el principio de unidad del que éste se reclama. ¿Pero puede tomar un aspecto concreto este principio de unidad si no se pone en práctica en las relaciones con el exterior? ¿No es el nacionalismo un resultado ineluctable desde el momento en que se trata también de romper con la inscripción en la antigua división internacional del trabajo? Sin embargo, nada permite prever este tipo de intervencionismo hasta 1934. La política económica preconizada por el gobierno de Olaya Herrera se inspira, por el contrario, como lo hemos constatado, en el interés de regresar lo más pronto posible al modelo de desarrollo anterior y acepta, para lograrlo, concesiones superiores a las otorgadas por el régimen conservador. Con la “Revolución en Marcha” el lenguaje nacionalista de los años 1927-1928 vuelve a hacer su aparición. Alfonso López Pumarejo es el primero en denunciar la ausencia de un control nacional lo suficientemente fuerte sobre los principales recursos naturales. En su mensaje de 1935 al Congreso declara: “Los grandes yacimientos de oro, platino, etc., están controlados por el capital extranjero. El petróleo, concedido o no a nacionales, va a parar en poder de él casi siempre. El banano es una industria que explota con exclusividad una compañía que maneja los transportes terrestres y marítimos. El café, en todo lo que se refiere a explotación, está en manos de negociantes norteamericanos [...] Son los caracteres de la industria colonial, que no impiden que se nos considere como una República productora de materias primas”. En octubre de 1937, Alfonso López pone en guardia asimismo contra “la tendencia a convertir cualquier sector importante de la economía colombiana en una simple ficha en el tablero internacional de determinadas compañías extranjeras”.204 Dos decisiones expresan la negativa a seguir otorgando por más tiempo a las empresas extranjeras una especie de privilegio de extraterritorialidad: a fines de 1935, la formación de una comisión investigadora de las condiciones de vida de los trabajadores de la Tropical Oil Company; en 1937, el encauzamiento de la United Fruit Company,

204

Telegrama enviado el 21 de octubre de 1937 a los pequeños productores de bananos.

205

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que conduce al encarcelamiento temporal de su gerente en Colombia.205 Gestos profundamente simbólicos: los gobiernos conservadores habían hecho causa común con las compañías; el gobierno de la “Revolución en Marcha” se coloca del lado de los trabajadores en nombre de la nación. No son necesarias más demostraciones para que la intervención del Estado, tal como es puesta a la orden del día por el gobierno lopista, parezca coincidir con la adopción del nacionalismo como otro principio de unidad. El nacionalismo lopista, sin embargo, va a ser siempre prudente. Comporta, ciertamente, la exigencia de que Colombia sea tratada como una potencia soberana y no siga sometida, por consiguiente, a los chantajes de las compañías extranjeras; rechaza la creación de nuevos enclaves “semicoloniales”; sin embargo, lejos está de romper en todos los campos con la línea complaciente seguida por el gobierno anterior. En 1936 se adopta una nueva ley petrolera que en muchos aspectos otorga a las empresas petroleras norteamericanas un tratamiento aun más favorable que el de la ley de 1931,206 hasta el punto de que se abre para ellas una “segunda época de prospección”.207 De la misma manera el acuerdo arancelario de 1935 con Estados Unidos atenúa, como hemos visto, ciertos derechos establecidos en 1931. No existe hostilidad alguna con respecto a eventuales inversiones

205

En 1937, la United Fruit deja de invertir en Colombia y prefiere hacerlo en los países de América Central. Numerosos pequeños productores resultan por esto confrontados con una situación difícil. La compañía sólo seguía reconociendo un número limitado de empleados gracias al recurso generalizado de la subcontratación. Disponía de numerosos abogados entre el personal político, debido a los favores que ofrecía. El gerente fue detenido por malversación. El Congreso votó en 1937 una ley que autorizaba al gobierno para intervenir en el cultivo del banano.

206

La ley aumenta los plazos consentidos para la prospección, precisa el procedimiento que permite a las compañías propietarias del suelo explotar el subsuelo –lo que interesaba directamente a la Texas Petroleum Company que había adquirido grandes superficies–, reduce ciertas regalías. Un decreto de 1937 la completa pero suprime ciertas disposiciones que establecían límites a las superficies concedidas.

207

Además del libro citado de J. Villegas, se puede consultar a este respecto la tesis de Stephen J. Randall sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia de 1920 a 1940. Stephen J. Randall, “Les relations entre les États-Unis et la Colombie, 1920-1940” [tesis], Toronto, 1972; que utiliza los archivos diplomáticos ingleses y norteamericanos.

206

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extranjeras en la industria,208 cuando se considera que estas pueden acelerar la modernización capitalista. El nacionalismo se combina con la prosecución de la inserción en el sistema capitalista internacional, de la misma manera como el intervencionismo se superpone al liberalismo; pretende evitar el pillaje anárquico de los recursos internos, de la misma manera que el segundo se esfuerza por restablecer una coherencia más allá de la fragmentación de los intereses privados; no elimina el riesgo de que el Estado se transforme en un simple agente de adaptación frente a las transformaciones del capitalismo central. El llamamiento a los valores culturales y religiosos hispánicos había caracterizado ampliamente al nacionalismo doctrinario del Partido Conservador. La defensa de la “civilización católica” y de sus jerarquías frente al “materialismo anglosajón” sigue presente, de Núñez a Laureano Gómez, hasta el punto de que se expresa con un vigor considerable a partir de 1936 bajo la forma de una solidaridad con el franquismo contra la República española. Hasta en la burguesía conservadora antioqueña se multiplican en esta época las organizaciones de extrema derecha, corporativistas y autoritarias. Las posiciones adoptadas por ciertos conservadores como Laureano Gómez contra las compañías norteamericanas –ataques violentos del mismo Laureano Gómez en agosto de 1934 contra la Gulf Oil Company y contra las complacencias de Enrique Olaya Herrera, campaña en favor de la creación de una refinería colombiana–209 remiten a un trasfondo cultural del que se declaran depositarios tanto la Iglesia como una parte de los grandes terratenientes o de la burguesía antioqueña. A este nacionalismo conservador, Alfonso López opone un nacionalismo “moderno”: “No entiendo por nacionalismo esa actitud sin

208

Estas son, en verdad, prácticamente inexistentes. Recordemos, sin embargo, que Alfonso López Pumarejo se niega a dar su veto a la implantación de la British Tobacco que competía directamente con el monopolio privado de la Compañía Colombiana de Tabaco.

209

Ya en 1931 el diario La Defensa, que representa una tendencia conservadora apoyada por la jerarquía católica de Medellín, había impulsado una campaña tenaz contra la Gulf Oil Company y contra el capitalismo norteamericano. Cf. S. J. Randall, op. cit., p. 265.

207

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médula humana que se ofrece envuelta en una retórica tradicionalista y reaccionaria –el nacionalismo de la tierra y de los muertos– ni tampoco la agresión xenófoba que [quisiera] convertir el territorio nacional en el sitio vedado al esfuerzo de quienes no nacieron dentro de nuestras fronteras. El nacionalismo que me apasiona podría sintetizarse en esta frase: ‘Colombia primero para los colombianos’”.210 Nacionalismo con límites imprecisos, pues, que consiste en principio en la reivindicación por parte del Estado del derecho a representar al conjunto de la sociedad.211 Su contenido no reside tanto en un antiimperialismo cualquiera como en la afirmación simultánea de la supremacía del Estado con relación a los intereses privados y de una ciudadanía nueva para el “pueblo”. El vínculo con el intervencionismo consiste en la búsqueda, que lleva a cabo el Estado, de una autonomía apoyada por el otorgamiento de una ciudadanía nacional.

La ciudadanía popular Los sectores populares urbanos hacen parte, al igual que los sectores medios, de la masa de aquellos “consumidores” cuya representación reclaman los dirigentes liberales. Y con este título son convidados a hacer su entrada en la escena oficial del campo político. Ciudadanía y constitución del mercado interno son indisolubles. Recapitulando las orientaciones de la “Revolución en Marcha”, Alberto Lleras Camargo, Ministro de Gobierno en ese momento, dice en 1938: “Hemos querido levantar el nivel de vida del pueblo, no sólo para que sirva mejor las empresas nacionales que se quieran acometer con su respaldo, sino para que sea también un consumidor eficaz, es decir, un elemento más seguro del progreso en la producción industrial y agrícola”.212

210

Citado por Diego Montaña Cuéllar, Colombia, país formal y país real, Buenos Aires, Platina, 1963, p. 147.

211

S. J. Randall observa, que por generosa que fuera la ley petrolera de 1936 no fue el resultado de un abandono de la soberanía bajo el efecto de las presiones extranjeras como lo fue la ley de 1931.

212

Discurso pronunciado ante el Congreso Sindical de Cali, reproducido en Acción Liberal, enero de 1938.

208

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Lo anterior quiere decir que los sectores populares urbanos son invitados a ocupar particularmente, en el mercado y en el sistema político, el lugar que les es asignado por los propios detentadores del poder. Se les ofrece una identidad, pero una identidad directamente ligada con las “funciones” que les atribuyen los gobiernos. Y aquellos sectores aceptan responder efectivamente a esta demanda, como si la voluntad de los gobiernos fuera la suya propia. En el discurso modernizador de Alfonso López Pumarejo escuchan el eco de sus propias propuestas transformadoras. De allí la euforia que se apodera de ellos en 1936 frente al espectáculo de lo que parece ser el encuentro inesperado del pueblo y el Estado. Algunos no dudan en hablar de Frente Popular. Para todos, o casi todos, parece como si se abriera una nueva era social, cuyo advenimiento debe ser celebrado durante los siguientes decenios. No es necesario siquiera esperar el fin del gobierno de Alfonso López para darse cuenta de que en tal euforia había una buena parte de ilusión y de que, bajo las apariencias de una unidad política de las masas populares, lo que se produce es una disociación de sus formas de acción, que las condena a no poder en adelante formular sus intereses de clase. Analizar el origen y el funcionamiento de esta ilusión, es el propósito de esta sección.

El período de espera, 1930-1934 ¿Qué son los sectores populares “urbanos”213 en esta época? Es difícil responder con precisión esta pregunta. Los datos son inciertos. No existe todavía un estudio sobre el reclutamiento de la clase obrera y el artesanado. Nos contentaremos con dar tres indicaciones sumarias: En primer lugar, la población urbana crece con rapidez. De 1918 a 1938, fechas de los censos, su tasa anual de crecimiento es del 5.9%. Esta cifra no debe, sin embargo, llamarnos a error. La evolución demográfica se había llevado a cabo sobre todo en beneficio de los pueblos grandes y de las pequeñas poblaciones rurales. El crecimiento de las grandes ciudades es más lento.214 En 1938 estas últimas cuentan todavía con un número modesto

213

Empleamos la palabra “urbano” en un sentido amplio. Los trabajadores de los transportes se encuentran a menudo instalados en ciudades intermedias.

214

De 1918 a 1938, 4.3% anuales en Bogotá, 3.9% en Medellín, 4.4% en Barranquilla y 4.2% en Cali.

209

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de habitantes. Bogotá tiene 330.000; Medellín, 168.000; Barranquilla, 152.000; Cali, 102.000. Cada una de estas ciudades constituye por sí misma un polo de atracción. A diferencia de lo que sucede en algunos otros países latinoamericanos, la capital no produce durante este período un efecto de absorción sobre la población de todo el territorio. En segundo lugar, los artesanos superan ampliamente a los obreros de la industria. Según el censo de 1938, los artesanos son entre 340.000 y 370.000, cuatro veces más numerosos que los obreros, que sólo son de 80.000 a 100.000.215 El número de obreros se encuentra, incluso, sobrevalorado puesto que el censo adopta el umbral de cinco personas para diferenciar artesanado e industria. Los sectores en que existen grandes empresas sólo absorben una mano de obra limitada: 24.000 personas trabajan en los textiles, 10.000 en la industria del tabaco, 6.300 en la de las bebidas, 1.800 en la del cemento. La fuerza de trabajo femenina tiende a equilibrar la fuerza de trabajo masculina en el conjunto del artesanado y de la industria; es mayoritaria en los textiles y el tabaco. Por último, los núcleos más coherentes de trabajadores están vinculados a los transportes y a las comunicaciones. Sin embargo, también en este caso las cifras sólo indican una concentración restringida de mano de obra. En 1938, los transportes marítimos y fluviales comprenden 9.050 personas; los ferrocarriles y similares, 11.000; los correos y telégrafos, 6.350; los transportes terrestres y similares, 19.540. Sería, pues, inexacto pensar que el proletariado industrial es el protagonista principal durante estos años. Los dirigentes políticos asimilan gustosos en sus discursos a los sectores populares urbanos con los “obreros”: en realidad se dirigen principalmente a los artesanos.

Los trabajadores frente a la crisis económica Las luchas revisten, como ya lo hemos mostrado, un carácter cada vez más masivo y radical en las zonas rurales cafeteras. No ocurre lo mismo en las zonas urbanas. A partir del segundo semestre de 1929, momento en que la crisis económica comienza a hacerse sentir, la movilización de los sectores populares urbanos se caracteriza por un reflujo.

215

Albert Berry, The relevance and prospects of small scale industry in Colombia, mimeo, Bogotá, 1971.

210

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La crisis tiene, no obstante, importantes repercusiones, en primer lugar sobre el empleo. Aunque no se dispone de información de conjunto sobre el desempleo, se sabe por diversos casos que se encuentra muy extendido. Las obras públicas se suspenden: 20.000 personas pierden su trabajo.216 En los ferrocarriles los licenciamientos se multiplican: 3.000 en la compañía de Antioquia, 3.000 en la del Magdalena, 1.400 en la del Pacífico.217 Ni la industria privada ni el artesanado se quedan por fuera. El personal de la cervecería Bavaria en Bogotá pasa de 1.200 a 300 trabajadores. En segundo lugar, con cierto retardo, la crisis tiene repercusiones sobre los salarios. De 1930 a 1933, la baja de los precios de los artículos de consumo compensa, al menos en ciertas circunstancias, la de los salarios. La disminución de los salarios reales ocurre sobre todo a finales de 1933 y en 1934. Las estimaciones llevadas a cabo sobre los obreros de Medellín muestran una baja brutal de por lo menos un tercio.218 Como en la gran mayoría de los países de América Latina, esta situación estimula una tendencia a la desorganización de los sectores populares. Las huelgas son poco numerosas. Los sindicatos y los partidos políticos “revolucionarios” sobreviven difícilmente, o se derrumban. Sería presuntuoso pretender suministrar un recuento preciso de las huelgas; todo parece probar que son excepcionales. La Oficina del Trabajo, que se congratula por la tranquilidad social, enumera cuatro, de junio de 1930 a mayo de 1931.219 El punto más bajo se alcanza probablemente en 1932 y durante los primeros meses de 1933. Hay que esperar hasta el segundo semestre de 1933 para que se desencadenen de nuevo huelgas de alguna repercusión como las que afectan los transportes: los estibadores de Barranquilla (octubre de 1933); la totalidad de los estibadores del río Magdalena (noviembre de 1933); los ferroviarios del Pacífico (noviembre de 1933); los de la red del nordeste (mayo de 1934) y los de Antioquia (junio de 1934). Rara vez se presentan en las empresas industriales: Cervecería Germania (noviembre de 1933), fábrica de vidrio Fenicia (julio de 1934).

216

Informe de la Oficina General del Trabajo, marzo de 1932.

217

Según Ignacio Torres Giraldo, Los inconformes, Bogotá, Editorial Margen Izquierdo, 1974, t. IV.

218

Miguel Urrutia y Mario Arrubla, Compendio de estadísticas históricas de Colombia, Bogotá, Universidad Nacional, 1970, p. 74.

219

Informe de 1931.

211

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Algunas de estas huelgas permiten apreciar que el sentido de la solidaridad de acción se mantiene en los lugares donde se había constituido en la fase anterior. Los estibadores del río Magdalena no dudan en vincularse a acciones comunes. Es así como los huelguistas de Barranquilla reciben en octubre de 1933 el apoyo de los estibadores de los otros puertos, que dejan de trabajar durante algunas horas. De manera similar, los ferroviarios del Pacífico reciben el apoyo, en noviembre de 1933, de los trabajadores de Armenia e Ibagué. En la mayoría de los casos, sin embargo, este tipo de solidaridad está ausente. El descorazonamiento y el aislamiento prevalecen. Las divisiones se despliegan. En septiembre de 1934, con la aparición de un nuevo conflicto en los ferrocarriles del Pacífico, las diversas categorías de trabajadores no logran ponerse de acuerdo y dan la batalla de manera dispersa. Gaitán, llamado por algunos de ellos para intervenir como mediador, para negociar amigablemente con la compañía mientras los sectores influenciados por los comunistas declaran la huelga, al finalizar el movimiento deja constancia de su desengaño: “Hubo obreros que después de ser los más entusiastas para decretar el paro, fueron los primeros en sacrificar su deber de solidaridad para conseguir beneficios personales”.220 Los obreros de una fábrica de fósforos situada en Bogotá dan muestras de una amargura aun mayor: “Nosotros preguntamos por medio de esta nota en qué consiste que cada vez que hay una huelga en Bogotá, los trabajadores ferroviarios y tranviarios se limitan a mandar unos centavos para ayudar al desayuno de los huelguistas y siguen trabajando. ¿Acaso no son obreros como nosotros? ¿O es que todavía carecen de conciencia revolucionaria y objetiva, para creerse distintos de nosotros? ¿Sería conveniente que cuando ellos tengan un problema o hagan una huelga, todos los sindicatos nos limitáramos a enviarles para ayuda de desayuno y nada más? ¿O hay organización únicamente para enviarle saludos al gerente que los explota?”.221 Este descorazonamiento tiene numerosas razones; una de ellas reside en la ausencia casi total de estructura sindical. Hasta 1930, según las estadísticas oficiales, 94 sindicatos habían sido legalmente reconocidos.222

220

Unirismo, septiembre 6 de 1934.

221

Ibíd.

222

Ministerio de Gobierno, Reseña del movimiento sindical, 1909-1937, Bogotá, Imprenta Nacional, 1938.

212

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De hecho, muy pocos estaban aún en actividad y en la inmensa mayoría de los casos no se trataba de “sindicatos” propiamente dichos sino de asociaciones, patronatos o “sociedades” que no eran necesariamente obreras ni artesanales. Es más próximo a la verdad afirmar que no existían sindicatos jurídicamente registrados. Ciertamente, el gobierno de Olaya Herrera había hecho aprobar en 1931 una ley que parecía apropiada para modificar esta situación, porque precisaba las condiciones para el reconocimiento jurídico de los sindicatos, así como las modalidades de ejercicio del derecho de huelga. Una de sus disposiciones preveía multas contra los patronos que obstaculizaran la creación de sindicatos.223 Sin embargo, esta ley no fue suficiente para estimular en lo inmediato la multiplicación de las organizaciones sindicales. Solamente 13 sindicatos son reconocidos en 1931, 21 en 1932 y 24 en 1933; la mayoría de las nuevas organizaciones estaban compuestas por artesanos.224 Sin duda, estos datos sólo se refieren a los sindicatos oficialmente registrados o, según la expresión habitual en Colombia, “provistos de personería jurídica”. Hay que tener en cuenta que algunos trabajadores, sobre todo aquellos que se encontraban cerca del Partido Comunista, que llevaba a cabo en ese momento una lucha tenaz contra la aceptación de estas normas legales, se negaban a legalizarse. Sin embargo, existen razones para pensar que los sindicatos estables eran poco numerosos. A fortiori, no existen sólidas federaciones sindicales, menos aun confederaciones. La Confederación Obrera Nacional, impulsada por Ignacio Torres Giraldo, desaparece en 1929. El Partido Comunista, que toma el relevo del PSR en 1930, hace un gran esfuerzo por promover ciertos reagrupamientos: en 1931 organiza el Comité Sindical Nacional que alcanza a funcionar muy poco; más adelante funda la Federación

223

Esta ley, llamada Ley 83, establece también cláusulas obligatorias en los estatutos de los sindicatos. Prohíbe a los sindicatos participar en actividades políticas y prevé que pueden ser disueltos si se salen del marco fijado por la ley. Los artículos sobre la huelga, por su parte, estipulan que ésta debe ser votada por los 2/3 de los afiliados. Cf. Víctor Manuel Moncayo y Fernando Rojas, Luchas obreras y política laboral en Colombia, Bogotá, La Carreta, 1978.

224

Ministerio de Gobierno, op. cit. Figuran entre los “sindicatos” creados de 1931 a 1933 un Sindicato Central de Propietarios y Empresarios Agrícolas, una Sociedad Nacional de Fotógrafos, una Asociación Obrera de Beneficencia, etc.

213

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Local en Bogotá que, en 1934, se convierte en la Federación Unitaria; en Barranquilla favorece, en 1933, el nacimiento de la Acción Sindical del Atlántico; después, en Cúcuta y Bucaramanga, trata de implantarse con otras organizaciones. Las publicaciones comunistas de la época demuestran que, en la mayoría de los casos, estos esfuerzos tienden a quedarse cortos. La clase obrera y el sector artesanal siguen estando muy atomizados; no es asombroso, pues, que su movilización sea muy baja. Pero tampoco lo es su disposición a responder a los halagos que les hace el Partido Liberal, ahora dueño del poder político, aun a riesgo de ver su palabra confiscada por los actores políticos.

Los sectores populares urbanos como objetivo de las fuerzas políticas El repliegue provisional de la movilización popular se acompaña, de hecho, por la proliferación de los actores políticos que pretenden ocupar su lugar: el Partido Liberal, pero también el Partido Comunista y la UNIR de Gaitán. Esta preeminencia de los actores políticos es consecuencia de las características contradictorias de la coyuntura. La continuidad, e incluso la consolidación del modelo liberal de desarrollo, desorientan a los sectores obreros y artesanales que se ven confrontados a unas clases poseedoras siempre tan intransigentes; pero el sentimiento de una ruptura y la referencia al intervencionismo de Estado definen para los actores políticos un nuevo campo de acción. Las masas populares aparecen como objetivo para todo aquel que se quiera presentar como su legítimo vocero. El Partido Comunista no es, a este respecto, el mejor situado. Obligado, por exhortación formal de la Internacional, a tomar a mediados de 1930 la sucesión de un PSR muy poco bolchevique, logra implantarse, aunque débilmente, en los sectores populares urbanos y sobre todo entre el proletariado obrero. El informe publicado en 1935 en la Correspondencia Internacional no es muy indulgente sobre la composición social del partido: “Los campesinos y los indígenas predominan, junto –y casi a la par– con pequeños burgueses y artesanos. El partido está prácticamente ausente de las empresas industriales”.225 Los campesinos son principalmente los

225

Correspondencia Internacional, núm. 103, noviembre 3 de 1935. El informe está firmado por Renke.

214

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de la zona de Viotá y del Tolima; los indios, los del sur del Tolima, que habían llevado a cabo en los decenios anteriores ásperas luchas por la recuperación de las tierras de las comunidades.226 La mayor sensibilidad de los artesanos, respecto a los obreros industriales, frente a la propaganda comunista queda demostrada en los documentos del partido: los obreros panaderos de Bogotá son calificados allí como la “más fuerte organización obrera de la capital” y los zapateros constituyen en Medellín una base nada despreciable de reclutamiento. Por lo demás, el partido tiene alguna influencia, como anteriormente el PSR, en los estibadores del río Magdalena, los ferroviarios del Pacífico, los empleados del tranvía de Bogotá y, excepcionalmente, en algunas empresas industriales, como la cervecería Germania.227 Sus dirigentes, por su parte, provienen sobre todo del medio de los “intelectuales” radicales. El partido trata precisamente de suscitar una movilización más amplia. De 1930 a 1932 se presentan, por iniciativa suya, marchas contra el desempleo y “contra el hambre”, que culminan el 29 de febrero de 1932 con una marcha hacia Bogotá, a los gritos de “Viva el seguro contra el desempleo, viva la revolución social”, con participación de los campesinos de Viotá. En 1932 organiza el Congreso Obrero y Campesino en Bogotá, que termina convertido en un fracaso. En 1934 participa en las elecciones presidenciales y presenta como candidato a un líder indígena del Tolima, Eutiquio Timoté, quien obtiene alrededor de 4.000 votos. Sin embargo, –de acuerdo con el informe de la Correspondencia Internacional–, en 1935 sólo cuenta con 1.300 adherentes. La obediencia de las consignas de la Internacional no es ajena a estos mediocres resultados. La adopción de la línea “clase contra clase” implica el rechazo de todo lo que se parezca a la aceptación de la “legalidad burguesa”. El partido milita contra la ley sindical de 1931, considerada como una expresión exclusiva de la “fuerza de los patronos”;228 se lanza en improperios contra los sindicatos que solicitan la “personería jurídica”

226

Estas luchas habían sido dirigidas por Quintín Lame. En los años veinte, algunos miembros de su entorno se habían afiliado al PSR.

227

Cf. I. Torres Giraldo, Los inconformes, op. cit.

228

El Bolchevique, agosto 4 de 1934. Según Torres Giraldo, el partido recibió, sin embargo, en un primer momento, los reproches de la Internacional por no haber visto los peligros de la ley de 1931.

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o se apoya en abogados –como Gaitán– para que negocien en su nombre; en pocas palabras, denuncia a todos aquellos que incitan a los obreros a ponerse “de rodillas ante la ley hecha contra las huelgas, entregando a los obreros al papeleo cretino de un legalismo abogadil propio para distraer y traicionar las masas”.229 Combate difícil, que aísla al partido de las bases obreras, sobre todo en 1934-1935 cuando los sindicatos se multiplican, gracias a la protección que les otorga el gobierno de López. El partido se ve obligado entonces a concluir melancólicamente: “No existen, con algunas excepciones, verdaderos sindicatos animados por los intereses obreros y con la participación activa de las masas; incluso aquellos sindicatos llamados ‘rojos’ no consiguen organizar y atraer a masas dispuestas a luchar a su lado”.230 “La debilidad política y organizacional del Partido Comunista y del movimiento revolucionario que dirige el país”231 no se refleja solamente en su incapacidad para cautivar a la clase obrera; se expresa también en los bruscos cambios de opinión, las vacilaciones y las divisiones de sus dirigentes. Cuatro secretarios generales se suceden de 1930 a 1935. El primero, Guillermo Hernández Rodríguez, es acusado de oportunismo, el segundo, Luis Vidales, de sectarismo “ultraizquierdista”; el tercero, Rafael Baquero, de debilidad. La guerra con el Perú es una ocasión para poner de manifiesto las vacilaciones del aparato.232 El liberalismo, con Olaya Herrera, es presentado como la “formación política en la cual el joven patronato y la vieja propiedad terrateniente ejercen su dominación en común”;233 ello no impide, sin embargo, que los dirigentes comunistas sucumban discretamente a los encantos de una alianza electoral con el Partido Liberal en el departamento de Boyacá, que los lleva, como

229

Ibíd., septiembre 8 de 1934.

230

Ibíd., febrero 2 de 1935.

231

Ibíd., octubre 20 de 1934.

232

Correspondencia Internacional, núm. 103, noviembre 3 de 1935, p. 1.507, escribe que “el secretario general huyó cobardemente al extranjero” durante esa guerra. La historia oficial publicada en 1960 por el Partido Comunista de Colombia, Treinta años de lucha del Partido Comunista de Colombia, Bogotá, Ediciones Paz y Socialismo, 1960; presenta por el contrario este episodio como “una página gloriosa y fecunda” de la historia del partido.

233

Correspondencia Internacional, núms. 98-99, octubre 26 de 1935, p. 1.439.

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consecuencia de un vigoroso llamado al orden de la Internacional, a entregarse después a una sombría delectación: “Verificar nuestra línea política general consiste finalmente en reconocer los actos de traición, de entrega de la bandera de las masas a sus propios enemigos de clase, como ha sucedido con el pacto monstruoso liberal electorero de Tunja”.234 En pocas palabras, el “sectarismo” es acusado de hacer buena pareja con “la capitulación ante el liberalismo”.235 Las “ilusiones democrático-liberales” se imponen.236 Sin embargo, no faltan las denuncias del ilusionismo practicado por las otras fuerzas políticas que buscan conquistar el apoyo de la clase obrera, en primer lugar por la UNIR creada por Gaitán en 1933. Más que el Partido Liberal, esta última se convierte en el blanco de los comunistas, que ven en ella una “variante fascizante”,237 que practica la “demagogia audaz y cínica.”238 Es cierto que en pocos meses Gaitán había logrado conformar una audiencia considerable: en la zona cafetera de Fusagasugá donde, si damos fe al informe de la Internacional, los uniristas muy rápidamente habían “cumplido con su tarea, que consistía en burlar con promesas al campesinado, hasta paralizar su impulso revolucionario”,239 y también en los sectores urbanos, comprendidos allí los obreros industriales. Gaitán

234

El “pacto de Tunja” consistía en un acuerdo secreto con el dirigente del liberalismo de Boyacá para quitar un escaño a los conservadores en provecho de los comunistas. Según I. Torres Giraldo (testimonio oral) la Internacional se escandalizó tanto que habría exigido la exclusión del joven Gilberto Vieira, futuro secretario general. La historia oficial del partido publicada en 1960 reconoce a los autores del pacto amplias circunstancias atenuantes.

235

Correspondencia Internacional, núm. 103, noviembre 3 de 1935, p. 1.507.

236

Material del Buró Político sobre la oposición que encabeza Luis Vidales, mimeo, Bogotá, 1935.

237

El Bolchevique, marzo 2 de 1935.

238

En realidad, las acusaciones hechas por los comunistas son de extrema violencia. Por haber denunciado la matanza de la zona bananera, Gaitán es presentado como el que “ha capitalizado la sangre de las víctimas de la zona bananera”. Por sus intervenciones como consejero de los sindicatos, es tratado de “estafador”, etc. Cf. El Bolchevique, mayo 25 de 1935.

239

Ibíd.

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es llamado como “consejero jurídico” por los trabajadores de numerosas empresas con ocasión de huelgas o conflictos en Bogotá, Cali y Medellín.240 Volveremos más adelante sobre los mecanismos del populismo gaitanista; nos contentaremos por el momento con breves indicaciones sobre su lenguaje político entre 1933 y 1935. Este lenguaje tiene, en un primer acercamiento, ciertos acentos marxistas. Gaitán consagra su tesis al estudio de las “ideas socialistas” en Colombia. El jefe de la UNIR proclama en ese momento que “la doctrina marxista es incuestionablemente la fuente viva de la orientación obrera”.241 Destaca sobre todo la oposición irreductible entre los explotados y los explotadores: “Hoy no debemos atender a los intereses de partidos sino a nuestros intereses de clase. Para el obrero colombiano no debe haber más que dos partidos, el de los explotadores, compuesto de los capitalistas y latifundistas, y el de los explotados, del cual formamos parte nosotros los campesinos, los obreros y las capas medias sociales, el 90% del pueblo colombiano”.242 La inspiración marxista se refleja, incluso, en la denuncia del carácter de clase del Estado colombiano: basándose en la actuación del Estado frente a ciertas huelgas, Gaitán observa que los obreros deben tomar conciencia de “su auténtico carácter de arma clasista represiva” y abandonar “la confianza que cándidamente fincaban en la imparcialidad de un Estado [...] que les volvía espectacularmente la espalda a los huelguistas”.243 Naturalmente, es fácil mostrar que estas afirmaciones coexisten con otras que tienen otro tono. Una vez enunciado el principio de separación entre explotadores y explotados, Gaitán lo matiza señalando, como lo hace en numerosas ocasiones, que él es enemigo no tanto de la riqueza como de la pobreza, y que lo que pretende es tomar a su cargo el “progreso de la nación”.244 Es igualmente claro que la definición de

240

Gaitán interviene principalmente en las huelgas de Germania, en Bogotá, y de los ferrocarriles de Cali y Antioquia.

241

Unirismo, junio 14 de 1934.

242

Manifiesto de la UNIR, julio 19 de 1934.

243

Unirismo, septiembre 6 de 1934. Esta declaración aparece inmediatamente después del fracaso de la huelga de los ferrocarriles de Cali en la que Gaitán había intervenido como consejero.

244

Ibíd., agosto 23 de 1934.

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las “clases” expresa con frecuencia una visión que parece sobre todo resaltar los excesos de la desigualdad social. De todas maneras, Gaitán no pretende ser de manera alguna un doctrinario marxista. Critica incluso “el infantilismo pedagógico de nuestros comunistas criollos”245 y su “verbalismo inofensivo, a veces degradante”.246 Pero, sobre todo, y a pesar de algunos préstamos –también los hay de G. Sorel, Mussolini, Haya de la Torre–, se sitúa en otra lógica. Una expresión de esa otra lógica247 es la representación que ofrece del pueblo. No se trata de un pueblo que, a pesar de estar atrapado en diversas formas de alienación y de dependencia, constituiría ya una fuerza social activa, sino más bien de un pueblo inerte, desprovisto de cualquier tipo de palabra propia, que es conveniente llevar –a su pesar– a la existencia política. “Quien desee en este país –dice la UNIR– realizar la inmensa, trascendental y al parecer casi imposible obra de incorporar a nuestro pueblo, a nuestras masas, las cuales viven en el más absoluto primitivismo en lo material, cultural y moral, no debe engañarse en cuanto al apoyo que ellas le presten. Ni tienen conciencia de sus destinos ni hay razón para que la tengan. Decir lo contrario es formular hipócritas elogios [...] Nuestras masas en lo político no tienen un sentido distinto del fonético. El viva al Partido Conservador o al Partido Liberal. Pero llame usted aun a gentes de medianas nociones y trate de indagar la diferencia de ideas que para ellas signifique (sic) la diversidad del grito. No será mucho lo que haya de lograr”.248 Le corresponde, pues, al líder hablar en nombre de estas masas y enseñarles a hablar. Inercia de las masas, papel irremplazable del líder –no del partido–, todo esto es considerado como una evidencia y como lo que legitima por anticipado la separación de lo social y de lo político, puesto que lo social está definido como una condición de naturaleza: la miseria fisiológica, la enfermedad, el mutismo.

245

Ibíd., junio 14 de 1934.

246

Ibíd., agosto 23 de 1934.

247

Desarrollada en el capítulo 4.

248

Unirismo, agosto 23 de 1934. Citado en Álvaro Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1981, p. 119.

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La intervención del “consejero” ante los sindicatos se encuentra justificada por la misma vía, a pesar de que este “consejero” es tanto un abogado como un activista político, que contribuye de hecho a institucionalizar procedimientos de negociación colectiva que modifican las condiciones del enfrentamiento de clases. Esta es justamente la práctica del abogado Gaitán, el cual, más que cualquier otro, contribuye en la época al reconocimiento de la negociación colectiva. Bajo su influencia, los obreros comienzan en ciertas empresas a elaborar extensos pliegos de peticiones que se relacionan con todos los aspectos de la vida en el trabajo, e incluso fuera del trabajo: salarios, evidentemente, pero también contratación, ascensos, protección médica, educación de los hijos.249 Así se perfila una manera de dar forma jurídica a las relaciones sociales, mucho antes de que sea promulgada una legislación social de envergadura. La empresa constituye su marco. Entre la enunciación de la división radical que separa el universo de los explotados del de los explotadores, y la aspiración a la conformación

249

A título de ejemplo, el pliego presentado en julio de 1934 a la empresa Germania y redactado por Gaitán comprende 29 puntos. El resumen es el siguiente: 1. Aumento del 50% de los salarios. 2. Pausa de quince minutos en la mañana y en la tarde para beber la cerveza suministrada por la empresa. 3. Reducción de la escala salarial. 4. Servicio de asistencia médica. 5. Elección del médico de una lista de tres nombres suministrada por el sindicato. 6. Negociación directa entre la empresa y el sindicato en caso de litigio. 7. Salario integral para los obreros en paro parcial debido a la empresa. 8. Vestuario para los obreros. 9. Quince días de vacaciones al año pagadas. 10. Ninguna represalia por este pliego. 11. Reglamento interno de la empresa redactado en común por la empresa y el sindicato. 12. Trabajo dominical pagado el doble. 13. Duchas calientes y frías. 14. Ascensos teniendo en cuenta la antigüedad. 15. Prioridad de contratación para los obreros que se han visto obligados a dejar el trabajo por enfermedad. 16. Dos meses de licencia pagados por maternidad. 17. Pago de los días feriados. 18. Salario mínimo de un peso diario. 19. Salario doble por las horas suplementarias y triple por trabajo nocturno. 20. Salario de cuatro pesos para los choferes que salen de Bogotá 21. Prima de rendimiento para los obreros de embalaje. 22. Prima para los choferes. 23. Suministro de overoles de trabajo. 24. Reembolso a Roberto Gómez por despachos que el cliente no ha pagado. 25. Cuatro docenas de botellas de cerveza a los choferes a título de publicidad. 26. Un año de salario para todo obrero licenciado a raíz de la instalación de nuevas máquinas. 27. Escuela para los hijos “con métodos pedagógicos establecidos por el sindicato”. 28. Prima anual. 29. Seguridad social individual.

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de un orden jurídico, se puede percibir que existe una antinomia; los comunistas no se cansan de resaltarlo en la época. Pero, en la lógica gaitanista, existe sobre todo complementariedad. Sólo la intervención jurídica tiene la posibilidad de hacer entrar el mundo de la naturaleza en la órbita de la civilización. Si Gaitán es llamado a menudo como negociador, es justamente porque la referencia al derecho ofrece, a los ojos de numerosos obreros, la posibilidad de defenderse contra la arbitrariedad patronal. Los éxitos de la UNIR no pueden ser separados de este avance de lo jurídico. En los demás aspectos, incluida la movilización política, la UNIR experimenta rápidamente, al igual que los comunistas, la dificultad que existe para sustraer a los sectores urbanos de la influencia del Partido Liberal. La UNIR elabora un programa ambicioso de reformas. Unas precisas: fijación de un salario mínimo, derecho de jubilación después de veinte años de trabajo; otras, más vagas: la “socialización de las fábricas” o “la tierra para los que la trabajan”; y algunas conformes a las preconizadas por el Partido Liberal: reforma de la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. Sin embargo, estas propuestas no son suficientes para que el movimiento conquiste los votos de los electores. De hecho, en 1935 pasa por la experiencia de presentarse a las elecciones para las asambleas departamentales, pero sus listas sólo alcanzan a recoger 3.800 sufragios, mientras que las del Partido Liberal obtienen más de 470.000. Al igual que los comunistas, Gaitán se ve confrontado por la omnipresencia de los partidos tradicionales, subculturas, más que organizaciones políticas. Algunas semanas después del fracaso en las elecciones, Gaitán se hace consciente de la situación y se reincorpora a las filas del Partido Liberal.250 El gobierno de Olaya Herrera, sin embargo, no había emprendido transformaciones suficientes como para justificar las esperanzas puestas en el Partido Liberal, ni había vacilado en reprimir con vigor ciertas acciones obreras y campesinas. Las “ilusiones suscitadas por la llegada al poder del liberalismo”251 sobreviven, no obstante. La prueba de ello es

250

Con gran escándalo de algunos de sus lugartenientes. Cf. Fermín Giraldo, El apóstol desnudo, Bogotá, s.e., 1936.

251

Conclusiones del III Plenum del Partido Comunista, publicadas en El Bolchevique, octubre 6 de 1934.

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que se despliegan de nuevo desde finales de 1933, cuando se anuncia la candidatura de Alfonso López Pumarejo. Para constatar la manera como los sectores populares habían llegado a convertirse en ese momento en un objetivo, incluso para el Partido Liberal, basta leer los textos publicados durante este período: “¿Qué les dirá el liberalismo a los obreros?”, se pregunta Carlos Lozano y Lozano, prestigioso dirigente liberal.252 La respuesta que él propone –“Vosotros sois la clase más densa, la más abnegada, la más sabia, la más fecunda de nuestras clases sociales”253 – no es la expresión de una audacia particular; numerosos son los miembros de la nueva élite liberal que se muestran menos timoratos. Carlos Lleras Restrepo reclama desde 1931 la plena aceptación del hecho sindical, la instauración de la jornada de ocho horas, la participación en los beneficios de las empresas, así como “la intervención constante y eficaz del Estado para garantizar la adopción y ejecución de los anteriores preceptos”.254 Los reformadores sociales se encuentran principalmente en la redacción del semanario Acción Liberal. La creación de sindicatos bajo los auspicios del liberalismo se convierte precisamente en una preocupación fundamental. En 1931 es nombrado en el seno de las instancias dirigentes del partido un responsable de las relaciones con la clase obrera: Guillermo Rodríguez. En Bogotá se abre la Casa Liberal que comprende un comité encargado de organizar la sindicalización, cuyos seis miembros, con sólo una excepción, pertenecen por cuenta propia al medio de los “intelectuales” reformistas, como Diego Montaña Cuéllar, Darío Samper o Parmenio Cárdenas.255 Rápidamente la Casa Liberal comienza a ejercer una influencia creciente, en particular entre los trabajadores ferroviarios y de las obras públicas, explicable por el carácter partidista del reclutamiento en tales sectores. Sin embargo, la propaganda de los comunistas y de los uniristas no deja de causarle alguna perturbación: “Debemos denunciar el tipo de acción que realizan

252

Acción Liberal, núm. 8, septiembre de 1933.

253

Ibíd.

254

El Tiempo, abril 17 de 1931.

255

Diego Montaña se adhiere más adelante al Partido Comunista y se convierte en el abogado de los obreros petroleros. Darío Samper seguirá una trayectoria sinuosa en el seno del liberalismo. Parmenio Cárdenas llegará a ser uno de los jefes del liberalismo en Bogotá.

222

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ciertos agitadores profesionales contra los núcleos obreros que no están de acuerdo con las doctrinas del comunismo extremo. Estos agitadores causan un perjuicio enorme al desarrollo del gran movimiento sindical que dirige la Casa Liberal Nacional”.256 La Casa Liberal es, no obstante, muy moderada; su objetivo es electoral antes que social. Al ampliarse el sufragio, es necesario comprometer de manera perdurable a la mayoría de los artesanos y de los obreros con el Partido Liberal. Para lograrlo, los compromisos sociales son menos importantes que la conquista de “todo el poder” para el liberalismo. Con el establecimiento de una coalición gubernamental con los conservadores, Olaya Herrera decepciona al electorado; pero con la promesa de una “hegemonía” liberal sin participación de otros partidos, presentada en ese momento, los dirigentes liberales no tienen ninguna dificultad para reanimar la llama partidista. Una huelga como la de los ferrocarriles de Antioquia ocurrida en junio de 1934, en la que se busca la dimisión de un consejo de administración conservador, demuestra, por la movilización obrera que produce, que las consignas partidistas son las que encuentran mayor eco.257 La profundidad de esta adhesión partidista explica que, en el marco de la crisis, los sectores populares urbanos puedan aceptar tan fácilmente la confiscación de su palabra por los actores políticos. Esto no significa que la espera de un cambio en las condiciones sociales se atenúe; significa solamente que la liberación obrera y el acceso a la ciudadanía están ahora más que nunca asociados a la espera de la llegada de una república plenamente liberal.

La liberación obrera a la orden del día Desorganizados por la crisis, sometidos al lenguaje de los partidos tradicionales, los sectores populares urbanos no están por ello menos animados por la convicción de una inminente liberación. Su voz no había

256

Acción Liberal, julio 31 de 1934.

257

Incidentes sangrientos se producen con motivo de esta huelga. Gaitán interviene en nombre de los trabajadores. Incluso el periódico liberal moderado El Tiempo toma partido y deplora que “los trabajadores de las grandes empresas públicas no han sido aún liberados de la explotación política que hace de ellos meros instrumentos de la dominación electoral”.

223

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sido confiscada completamente; sigue siendo audible en los talleres y en ciertas asociaciones. Se habla de la dignidad obrera; se habla también de la inminencia de la revolución, sobre todo cuando se perfila el advenimiento del “lopismo”. El 1° de mayo de 1934 se funda la Federación de Transportes, que proclama ese mismo día su rechazo al “estúpido concepto de clase ‘desvalida’, de ‘clase humilde’” que sirve en Colombia para designar a los trabajadores.258 Y agrega: “Los trabajadores no son desvalidos, ni deben vivir en humildad mendicante quienes forjan a diario la grandeza de la nacionalidad”.259 Por todas partes se había extendido la convicción de que a las viejas clases dominantes les había llegado la hora. Los obreros de una fábrica de cigarrillos de Cartago (Valle del Cauca) anuncian la conmoción: “La confraternidad obrera ante la acción benéfica está dando muestras de su empuje aplastante haciendo temblar el feudalismo invasor, cayendo en pedazos al suelo el ‘cetro y la corona’ de los que se creen dioses en la tierra de los humildes”.260 Los ferroviarios de Antioquia invitan a los responsables de la compañía: “¿Por qué no ensayan un día de pico o de pala? Entonces verán cómo cada hora más, improductiva para la vida del obrero, es un martirio y una maldición”.261 La lucha obrera se inscribe en la perspectiva de esta próxima conmoción. Cada huelga es un paso hacia la revolución. La presidente del sindicato de la empresa textil Monserrate de Bogotá, empresa basada en mano de obra femenina que da mucho de qué hablar hasta 1946, advierte en nombre de las mujeres: “Estamos aquí presentes porque queremos formar la vanguardia de la revolución, de la revolución proletaria y campesina o de la revolución sin nombre, pero en todo caso de la revolución. Nosotras, las mujeres de la fábrica, las señoritas asalariadas por el feroz capitalista, las hijas del pueblo, antes que ser las madres conformes y ‘patriarcales’ queremos ser las mujeres de la revolución

258

Declaración de la Federación de los Transportes, citada en Unión y Trabajo, periódico de los ferroviarios de Antioquia, mayo 17 de 1934.

259

Ibíd.

260

Citado, ibíd., agosto 4 de 1934.

261

Ibíd., febrero 28 de 1934.

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social, las mujeres de la revolución que vemos venir, entre alaridos de miseria y el estampido de los cañonazos disparados contra las fortalezas de la burguesía”.262 Los caldereros de Barranquilla, por su parte, señalan que “la huelga prepara a los obreros para la toma del poder”.263 A partir de agosto de 1934, con la instalación en el poder de Alfonso López Pumarejo y la promesa de la “Revolución en Marcha”, esta palabra se amplifica. Los ferroviarios de Antioquia se refieren a la “ansiada liberación humana frente al trabajo y a la explotación de la energía del hombre”.264 En las empresas se multiplican las reivindicaciones, orientadas a despojar al poder patronal de su carácter abusivo, y se exige el traslado de numerosos jefes de taller.265 Por todas partes se repite la idea de que los trabajadores van a recuperar la dignidad de la que los había privado el régimen conservador. Los obreros de Manizales expresan la convicción de que comienza una nueva era en la que las masas están llamadas a ser uno de los agentes de la transformación nacional: “Vamos a empezar la lucha de clases”, escriben ellos, e igualmente: “No podemos seguir en la comedia sirviendo de marionetas a los señores feudales”.266 Es precisamente con esta conciencia de sí misma como una gran parte de la clase obrera se presenta al encuentro que le propone el sucesor de Enrique Olaya Herrera. En agosto de 1934, el presidente del sindicato de ferroviarios de Antioquia declara: “No es el obrero quien tiene que ir contra el Estado, sino el Estado quien viene hacia el obrero”.267 La carencia de organización sindical y las imposibilidades del Partido Comunista y de la UNIR garantizan al Estado liberal el dominio del juego. Sin embargo, este juego ya no se lleva a cabo con proletarios movidos por el sentimiento de su exclusión, sino que se dirige a trabajadores que se consideran ahora ciudadanos y portadores de la modernidad.

262

Carta publicada en Unirismo, junio 14 de 1934.

263

El Remache, periódico de los caldereros de Barranquilla, 1934.

264

Unión y Trabajo, mayo-junio de 1934.

265

Por ejemplo, las obreras de la empresa textil Rosellón de Medellín, durante una huelga en 1936, reclaman el cambio del administrador y de los diversos jefes de taller. Buscan así que el salario a destajo deje de ser definido “de manera caprichosa”.

266

Unión Obrera, mayo-junio de 1934.

267

Unión y Trabajo, agosto 25 de 1934.

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La “Revolución en Marcha”, 1935-1937 Si bien la convocatoria de las masas urbanas estaba a la orden del día desde 1930, no había llegado aún a su término. La seducción ejercida por el Partido Liberal no alcanzaba a disimular completamente el precario balance social del gobierno de Olaya Herrera, ni el estatuto incierto de las clases trabajadoras en el seno de la nueva estructura de poder. La ciudadanía social, prometida a media voz, no estaba aún reconocida institucionalmente. No obstante, la campaña llevada a cabo por Alfonso López había hecho nacer la inmensa esperanza de que el gobierno, libre ahora de compromisos con el Partido Conservador, iba a instaurar una “república liberal” que sería también una república social. Por tal motivo los meses que separan la elección del nuevo presidente de su entrada en funciones constituyen un testimonio de la espera impaciente de las masas.

La adhesión de la clase obrera al régimen liberal Las numerosas huelgas que se desencadenan inmediatamente después de esta elección no son ajenas a esta expectativa. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otros factores, en particular una degradación brutal de los salarios reales que ocurre precisamente en este momento y que continuará haciéndose sentir durante los años siguientes; es evidente que la mayor parte de las huelgas presentan también un aspecto defensivo frente a esta situación. Por otra parte, los comunistas impulsan acciones con el fin de convencer a los trabajadores de que en realidad nada pueden esperar del nuevo presidente. Habría que agregar que la proliferación de conflictos tuvo lugar también porque Alfonso López había reconocido de antemano su legitimidad en un país que se hallaba en plena mutación económica; igualmente, porque había anunciado que el Estado intervendría en lo sucesivo como “árbitro” y no como instrumento de la clase dominante. Sería exagerado hablar de una “ola de huelgas”, como lo hace la prensa conservadora o la liberal moderada; sin embargo, su número es creciente respecto a los años anteriores. Las huelgas de mayor repercusión afectan sucesivamente el río Magdalena, en julio de 1934, algunas regiones cafeteras en septiembre y octubre, los ferrocarriles del Pacífico en septiembre, la zona bananera en diciembre. En el año 1935 el Departamento del Trabajo enumera 23 huelgas; en el año 1936, son 21; en el año 1937 son 20. La repartición sectorial de estos conflictos no es

226

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muy diferente de la que se puede constatar anteriormente.268 Además, el propio santuario antioqueño se ve afectado; a través de Coltejer –la mayor empresa textil del país– y Rosellón, las huelgas tocan en 1936 las “empresas-símbolo”. Ahora bien, ¿qué está en juego en esta situación? Los salarios y las condiciones de trabajo, evidentemente. Pero también el interés por lograr el reconocimiento de la existencia de los sindicatos y su derecho a negociar. Por lo demás, las huelgas se producen en numerosos casos sin que el sindicato haya sido previamente constituido, y los patronos se muestran más fácilmente dispuestos a ceder en algunas concesiones salariales precarias que a admitir la organización de los trabajadores. Si la creación de sindicatos oficiales y permanentes está a la orden del día, es ante todo porque el nuevo presidente parece decidido a estimularla asumiendo como propio el lenguaje de las masas populares. Los argumentos presentados por Alfonso López para justificar su política respecto a los sindicatos son a menudo de orden económico: ampliación del mercado interno, etc. Pero se refieren también, en muchos casos, a la necesidad de romper la omnipotencia patronal y poner fin a una dominación social fundada sobre la fuerza. En diciembre de 1937, a raíz de un conflicto que se presenta a lo largo del río Magdalena, Alfonso López afirma que “el punto de vista patronal” no debe ser siempre el que predomine. Algunas semanas antes, a propósito del mismo litigio, Alfonso López había apoyado las pretensiones de la Fedenal269 de que los capitanes y otros oficiales de los barcos fluviales fueran escogidos entre el personal sindicalizado, argumentando, en un mensaje al gobernador departamental, que como “una gran parte de [la] responsabilidad” corresponde “al personal de tripulantes y braceros de barco y de puerto que explotan con los empresarios la navegación”, eso sería lo justo.270En 1937, frente el Congreso, Alfonso López responde a los que atacan “las conquistas de la clase obrera”, que estas últimas en realidad han evitado que se forme “una gran masa de jornaleros urbanos y rurales errante

268

Volveremos más adelante sobre esta repartición.

269

La Federación Nacional del Transporte, Fedenal, reúne a todos los trabajadores del río Magdalena, incluidos los navegantes y los braceros.

270

Mensaje con fecha 9 de noviembre de 1937.

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por el país, buscando ocupación por bajos salarios, destrozándose a sí misma en una competencia miserable, sometida a los caprichos de los patronos, subordinada a sus intereses no sólo material sino moral y políticamente, y propensa a las revueltas y motines por la inseguridad de su subsistencia”.271 Alfonso López se declara preocupado por el poder político potencial de los hombres de negocios, si no son vigilados por el Estado. Todos estos temas sirven de marco a las reivindicaciones obreras. La legitimidad de los conflictos y de las huelgas es igualmente confirmada en diversas ocasiones, por fuera el problema de su legalidad. Habida cuenta de la fragilidad o la ausencia de los sindicatos, el criterio de la legalidad sólo se podría utilizar para bloquear el desarrollo sindical. De las veintitrés huelgas de 1935, el Departamento del Trabajo considera diecinueve de ellas como “ilegales”. No obstante, Alfonso López no se cansa de afirmar que estos enfrentamientos sociales son en lo sucesivo inevitables. En el mensaje al Congreso citado anteriormente afirma también, dirigiéndose a los oponentes del New Deal: “Declarar el armisticio en la lucha de clases como un propósito de gobierno, sería tarea sencilla y agradable si esa lucha no se presentara en los conflictos de trabajo por la obstinación de las dos partes que en ella son beligerantes”. Un año antes, a propósito de la oposición presentada por el patronato a cualquier tipo de negociación con los obreros, Alfonso López había fustigado ese autocratismo arcaico: “Para los patronos colombianos educados en la escuela conservadora, aferrados al cómodo principio de la autoridad patronal, las reivindicaciones obreras son siempre un fermento comunista. Cuando llegan a aceptar la justicia de ciertas peticiones, preferirían concederlas espontáneamente, a entregarlas como resultado del proceso legal que se ha establecido precisamente para forzar al patrón a mejorar las condiciones de vida para los trabajadores”.272 Este tono se sostiene poco durante el último año del mandato presidencial y la “lucha de clases” es proscrita nuevamente. No por ello el antagonismo de intereses logra ser sofocado, ni siquiera cuando el objetivo ya no es el “armisticio”, sino la “paz industrial”.273

271

Mensaje al Congreso, julio 20 de 1937.

272

Mensaje al Congreso, julio 20 de 1936.

273

Cf. Conferencia de Alfonso López reproducida en Acción Liberal, diciembre de 1936.

228

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Sin embargo, las palabras habrían sido insuficientes si, al menos hasta finales de 1936, el gobierno no hubiera “demostrado” con los hechos su posición de árbitro y su preocupación por admitir como legítimas las acciones obreras; durante los años 1935 y 1936 se ocupa con esmero en llevar a cabo este tipo de demostración. El despacho presidencial se convierte en el lugar donde se negocian en última instancia los conflictos más importantes, y éstos, cada vez más, sólo se desencadenan en la perspectiva –y la esperanza– del arbitraje del presidente. En diciembre de 1934, por ejemplo, los trabajadores de la zona bananera se lanzan, seis años después de la masacre, a una huelga que los comunistas –y la UNIR– pronosticaban sería reprimida como la anterior, y en la cual López no sería más que “el sucesor de Rengifo”;274 el ministro de Guerra es enviado al lugar, pero hace tan bien su papel de abogado de los trabajadores, que estos le delegan oficialmente sus poderes durante las negociaciones con la compañía. Aunque los comunistas afirman inútilmente en su semanario que los “huelguistas [habían] sido burlados, [que] su lucha [había] sido transada por unas migajas”,275 este arbitraje aparece a los ojos de las masas populares como una confirmación evidente de que el presidente ya no tiene partido tomado con las compañías extranjeras ni con la United Fruit. En 1935 este tipo de intervención se multiplica y en el propio palacio presidencial se crean algunos sindicatos.276 Allí se discuten las huelgas y allí se terminan. En diciembre de este año Alfonso López aumenta aún más su popularidad cuando logra poner fin a una huelga de los trabajadores de la Tropical Oil Company obteniendo de la compañía norteamericana concesiones nada despreciables. Los comunistas, sin embargo, hacen todo lo que pueden para evitar que el gobierno pueda reivindicar el mérito de semejante desenlace. Gilberto Vieira e Ignacio Torres Giraldo,

274

Cf. El Bolchevique, diciembre 15 de 1934. Rengifo era Ministro de Guerra cuando ocurrió la masacre de los trabajadores de las bananeras en 1928.

275

Ibíd., diciembre 29 de 1934. Parece, en efecto, que el acuerdo significa ventajas nada despreciables para los trabajadores, entre ellas un aumento del salario a destajo del 50%.

276

M. Urrutia cita el ejemplo del sindicato de la empresa Fenicia, creado en 1933 por iniciativa del Departamento del Trabajo. Cf. Historia del sindicalismo colombiano, Bogotá, Ediciones Universidad de los Andes, 1969, p. 143.

229

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los dos dirigentes más notables del partido, se habían hecho presentes para dirigir a los huelguistas. Tiempo perdido, puesto que el Ministro de Industrias, que también había venido al lugar del conflicto, obtiene el apoyo de la mayoría de los trabajadores, persuadidos de que solamente el gobierno tiene la capacidad de poner en cintura a la filial de la Standard Oil Company. De esta manera, en los dos enclaves extranjeros en los que los obreros habían registrado anteriormente crueles derrotas, el gobierno parece tomar a su cargo su defensa y, sobre todo, la de los intereses nacionales. Suficiente para que las masas populares, acostumbradas a la represión, y los obreros, cuyas huelgas habían casi siempre terminado mal frente a la obstinación patronal, se sientan efectivamente representados por este gobierno. Nada puede ya impedir su adhesión política, a nombre de la revolución burguesa y de la unidad nacional frente al imperialismo. Después de la adhesión de la UNIR, sólo hacía falta la del Partido Comunista. Escarmentado con las amonestaciones que le llegaban de Moscú, el partido se esforzaba por mantener una línea estricta de oposición. En 1934 ya no se trataba de ver en López un representante de la “burguesía nacional”. “‘Míster López’, como lo llama a menudo El Bolchevique,277 no era, en el mejor de los casos, más que la cabeza visible del sector ‘burguésterrateniente’”,278 del que no se puede esperar una medida seria en contra del “feudalismo”.279 ¿Los acontecimientos que se presentan en las zonas cafeteras, unos días después de su entrada en funciones, no constituyen acaso la prueba? Cerca de veinte campesinos abatidos por la policía en el Tolima en el curso de un conflicto ocurrido en una hacienda; el arresto, a finales de agosto, de Víctor J. Merchán, el dirigente comunista de la región de Viotá; la intervención del gobierno para tratar de impedir una huelga que debía estallar en septiembre entre los obreros agrícolas durante la cosecha del café. Para el periódico comunista, es claro que “bajo Alfonso López como bajo Abadía Méndez, el latifundio es sagrado en Colombia”.280 Como el latifundio y el imperialismo estarían por lo demás

277

Cf. El Bolchevique, agosto 11 de 1934.

278

Ibíd., septiembre 15 de 1934.

279

Ibíd., agosto 11 de 1934.

280

Ibíd., agosto 18 de 1934.

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estrechamente ligados, el “gobierno liberal” seguiría siendo un “gobierno lacayo del imperialismo yanqui”.281 No obstante el Partido Comunista se agota sosteniendo una línea que la base obrera comprende cada vez menos. El partido proclama en vano: “Ninguna ilusión en la demagogia oficial”,282 pero las “ilusiones” irrumpen por doquier. La tendencia al “legalismo” se manifestaba ya en el papel confiado a los abogados y a los “tinterillos patronales”,283 ahora se manifiesta en el recurso permanentemente repetido al arbitraje del presidente, debido a lo cual los movimientos huelguísticos se presentan menos preparados que nunca, y la espontaneidad de la base mantiene su credibilidad en el Partido Liberal. El desenlace de la huelga de la zona bananera, y más tarde el de la Tropical Oil, son vividos como una afrenta por la dirección comunista; incluso a lo largo del río Magdalena, entre los braceros donde el partido estaba sólidamente implantado aparentemente, constatamos anteriormente que éste reconocía su incapacidad para controlar las acciones. De hecho los comunistas locales sólo tienen en cuenta de manera moderada las consignas que llegan de Bogotá. Después de la “traición” de la huelga bananera, apelan a cualquier recurso para justificar el haber tolerado ellos mismos la intrusión del arbitraje gubernamental: “Nosotros no pedimos ni aceptamos la ‘conciliación’. Nuestra voluntad era rechazar el ‘pacto’ que no era hecho dentro de la línea general clasista de nuestra presión y el fruto de nuestro esfuerzo y en vista de que nos convenía, lo aceptamos”.284 En Viotá, entre los campesinos, el Partido Liberal ejerce una gran atracción;285 y los concejales municipales, elegidos bajo la etiqueta de comunistas, sufren también los reproches.286 El aparato ejecutivo del propio partido, por su lado, nunca termina de autocriticarse y de autosancionarse.287 En abril de 1935

281

Ibíd., septiembre 22 de 1934.

282

Ibíd.

283

Ibíd.

284

Ibíd., enero 12 de 1935.

285

Ibíd., septiembre 1 de 1934.

286

Ibíd., octubre 27 de 1934.

287

En abril de 1935, Luis Vidales, que había sido secretario general, es enviado a la base por haber “capitulado ante los enemigos de clase”; cf. El Bolchevique, 6 de abril

231

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el balance no puede ser más sombrío: la línea de clase contra clase, e incluso, la de unidad en la base, permiten apreciar que el partido no tiene ascendiente sobre las masas: “En Bogotá la mayoría de los sindicatos son dirigidos por los reformistas y amarillos. En Barranquilla, el movimiento sindical se halla en retroceso aunque en los últimos días se han movido un poco. En el Occidente, el movimiento sindical se ha ido a pique”.288 En el mismo momento, las proclamas del Sindicato Nacional de Propietarios, y poco después de la Asociación Patriótica Nacional (APEN),289 dan a entender que la política de Alfonso López está lejos de contar con su apoyo. Si a esto agregamos las filípicas de Laureano Gómez y las fanfarronadas de Alzate Avendaño, el conjunto es suficiente como para que los comunistas evoquen la amenaza de un régimen “fascista”. Los argumentos no faltan, pues, para que el Partido Comunista acoja con fervor las indicaciones del VII Congreso de la Internacional y, gracias a su autorización, asuma por su cuenta lo que desde hacía mucho tiempo era el sentimiento de las masas: la solidaridad con el gobierno lopista. En 1960 el Partido Comunista afirma a este respecto que sus delegados al VII Congreso se dejaron llevar por “funestas interpretaciones personales” y por “una asimilación muy defectuosa de la táctica del Frente Popular”.290 Y es, en efecto, un Frente Popular alrededor de Alfonso López lo que los comunistas denominan como tal. Una conferencia nacional del Partido, reunida en Bogotá en noviembre de 1935, recomienda, en un primer momento, la “formación inmediata de un amplio frente único para la lucha contra el imperialismo y las fuerzas reaccionarias del país, invitando a los grupos socialistas y a los liberales de izquierda”; el apoyo al Gobierno de López en las reformas democráticas en que está empeñado, y una “amplia política de masas que permita a los comunistas vincularse

y 13 de abril de 1935. Sin embargo, también se le acusaba de “desviacionismo de izquierda”, en contraste con el desviacionismo de derecha de Guillermo Hernández Rodríguez y la flojedad de Rafael Baquero. Cf. al respecto: Material del Buró Político sobre la oposición que encabeza Luis Vidales, op. cit. 288

Ibíd., 1935.

289

Grupos de extrema derecha a los que haremos mención en la sección: “La imposible modernidad: la contrarrevolución en marcha”, de este capítulo.

290

Partido Comunista de Colombia, Treinta años de lucha..., op. cit., p. 35.

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al pueblo”.291 Sin embargo, estas consignas se traducían inmediatamente en la recomendación de formar un Frente Popular alrededor de la burguesía progresista. Algún tiempo más tarde, para mayor simplicidad, la proclamación del Frente Popular se va a acompañar de la consigna: “Con López, contra la reacción”. Este cambio de rumbo va evidentemente de la mano con un nuevo análisis teórico del “lopismo”. El gobierno liberal es presentado, a partir de la conferencia de noviembre de 1935, como “nacional-reformista-burgués”. En 1938, cuando se reúne el IV Plenum del partido, los conceptos se precisan. La burguesía nacional es definida como una “burguesía a la vez explotadora y explotada”. En realidad no toda la burguesía colombiana haría parte de esta última y “sería no bolchevique tomarla en su conjunto como una fuerza progresista y democrática”.292 Es necesario separar claramente dos fracciones: “La burguesía se diferencia principalmente en un sector que más propiamente pudiéramos llamar industriales nacionales y otro sector ligado a los imperialistas, a los bancos, al alto comercio con el extranjero”.293 Es muy claro que los industriales figuran globalmente del lado bueno y que no podrían tener vínculo alguno con las “supervivencias precapitalistas”;294 pero es igualmente claro que deben ser apoyados muy resueltamente frente al imperialismo. El partido volverá de nuevo sobre este punto, en el V Plenum, para reprocharse por no haber señalado con suficiente fuerza que los enfrentamientos de clase deberían estar subordinados a esta alianza con la burguesía cuando se trata del combate contra el imperialismo: “Un defecto esencial de nuestra posición en la lucha contra el imperialismo consiste en que encerramos esta lucha en los marcos de clase; que no abrimos el campo a los intereses del naciente capital nacional”.295 ¿Qué lugar queda en lo sucesivo para la lucha de

291

Ibíd., pp. 35-36.

292

Informe del Buró Político sobre la aplicación práctica de la línea política general adoptada por la Tercera Conferencia Nacional del Partido, mayo 22 de 1938.

293

Ibíd.

294

Que eran denunciadas ritualmente; cf. El Bolchevique, octubre 6 de 1934. El III Plenum afirma: “La dominación del imperialismo y los rezagos precapitalistas están entrelazados en Colombia, si advertimos que la dominación imperialista es al mismo tiempo la condición para que sobrevivan las relaciones precapitalistas.”

295

Informe del Buró Político ante el Comité Central, V Plenum, mayo 7 de 1939.

233

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clases? No se trataba de manera alguna de negar su existencia, incluso cuando se tenía en cuenta el débil desarrollo de las fuerzas productivas: “Salta a la vista que las luchas de clases en Colombia no son idénticas a las que se dan, por ejemplo, en Francia. Pero eso no significa que en Colombia no exista clase obrera”.296 Sin embargo, esta lucha sólo podría revestir en Colombia un aspecto económico, ya que la madurez política de la clase obrera es insuficiente para arrancarla de la influencia ideológica de las clases dominantes: “Pues si es verdad que se organiza y le hace huelgas a sus patronos sin preguntar a qué partido pertenecen, también lo es que vota en las elecciones más por las listas de sus patronos que por sus propias listas”.297 La mayoría de estas tesis son conocidas puesto que, con excepción de algunas variantes, habían sido formuladas igualmente en otros países de América Latina. El lector se habrá sentido asombrado, sin embargo, por las que hemos citado, ya que permiten apreciar la débil consistencia que el Partido Comunista reconoce a la clase obrera,298 en contraste con lo que ocurre cuando analiza a la burguesía nacional; permiten igualmente apreciar, a manera de fatalidad, la dependencia de las masas respecto a los partidos tradicionales. A este respecto, la consigna “con López, contra la reacción” no puede tampoco disimular que detrás del “Frente Popular” se perfilaba, además de la alianza con el sector de la burguesía reputado como progresista, la cuasi incorporación al Partido Liberal. El partido, por lo demás, disuelve desde finales de 1935 la organización de la juventud comunista;299 renuncia por prudencia a presentar un programa para este Frente Popular; y permite muy pronto que se desarrollen, en ciertas regiones, frentes populares liberales. Se daba por evidente que era necesario, ante todo, combatir las amenazas que pesaban sobre “este gobierno de progreso y de paz que traduce los anhelos del pueblo y hace progresar la lucha por la liberación”,300 en un país que era “el último país democrático de la América

296

Ibíd., mayo 22 de 1938.

297

Ibíd.

298

Hasta el punto de tener que demostrar primero que existe...

299

Partido Comunista de Colombia, Treinta años de lucha..., op. cit., p. 35.

300

Ignacio Torres Giraldo, “La Colombie démocratique assiègée”, La Correspondance Internationale, vol. 25, diciembre de 1937, p. 1.344.

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del Sur”.301 Como se verá en otra sección, la alianza partidista prevalecía de hecho y cada vez más sobre la alianza con una fracción precisa de la burguesía. A decir verdad, este Frente Popular por fuera de las tesis comunistas, sólo ofrecía a los participantes anónimos un único punto de apoyo preciso: el propio Alfonso López. No es un azar que este nombre sirviera como grito de convocatoria, con la reserva nada despreciable de que el antiguo banquero no estaba dispuesto de manera alguna a dirigir un “Frente Popular”. Cuando evocaba el llamado Frente Popular lo hacía para presentarlo como un “fantasma creado por la oposición”.302 Sin embargo, Alfonso López, tampoco deseaba rechazar la adhesión comunista, como tampoco había rechazado, meses antes, la de la UNIR. Necesitaba consolidar, gracias al apoyo popular, su posición en el seno del Partido Liberal. Logra dar, incluso, a estas diversas adhesiones un giro espectacular cuando el 1° de mayo de 1936 recibe oficialmente a las masas que vienen a testimoniarle su adhesión e invita a sus dirigentes a que tomen la palabra, a su lado, desde lo alto del balcón del palacio presidencial. De esta manera Gilberto Vieira, en nombre de los comunistas, y Gerardo Molina, en el de los socialistas, pueden proclamar solemnemente su apoyo a “López frente a la reacción”. Si era necesario llevar a cabo la consagración de la nueva era abierta por el liberalismo y por la elección de Alfonso López, ningún acontecimiento podía hacerlo de manera más espectacular. Su repercusión es enorme en todo el país. El Crisol, diario “lopista” de Cali, declara: “El Presidente abrió de par en par las entradas del Palacio de La Carrera a las fuerzas de izquierda”.303 Unión y Trabajo, periódico de los ferroviarios de Antioquia, escribe: “Las gentes laboriosas de estas montañas han reconocido con emoción sincera y agradecida lo tanto que el Presidente López ha hecho por buscar esa ansiada liberación humana frente al trabajo y a la explotación de la energía del hombre”.304 Unión Obrera,

301

Ibíd.

302

Alfonso López, entrevista en La Razón, septiembre 19 de 1937.

303

El Crisol, mayo 3 de 1937.

304

Unión y Trabajo, junio 6 de 1936.

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periódico de los trabajadores de Manizales que publica su primer número en mayo de 1936, va aun más lejos: “Alfonso López es una conciencia definitiva que sabe a dónde va y es una sorpresa de estadista en nuestras democracias veleidosas que no tienen conciencia y que está a la altura de los más grandes estadistas mundiales. Stalin es más poderoso, pero no más grande”.305 En este ambiente eufórico, en el que el lema electoral de la “Revolución en Marcha”, se encuentra a punto de convertirse en realidad, la unidad sindical es ahora posible. Desde 1933-1934 se podía presentir en el nivel de la base, incluso cuando muy a menudo esta última se encontraba colmada por las diversas estrategias políticas. Pero tres obstáculos se levantaban aún en el camino de la unidad: la oposición entre los comunistas y los liberales; la dispersión y la fragmentación de las masas obreras y artesanales; y la reticencia del gobierno a tolerar el nacimiento de una organización nacional sobre la cual no pudiera ejercer una influencia directa. En 1935, cuando los comunistas preconizaban todavía la táctica del Frente Único, un primer intento se había llevado a cabo. Gracias a la iniciativa de un tipógrafo de El Tiempo, con el asentimiento de los comunistas y de ciertos dirigentes socialistas, anarquistas y liberales, se convoca en Bogotá un congreso con el objetivo de crear la Confederación Sindical. Además de los sindicatos de artesanos, ciertos grandes sindicatos de ferroviarios y estibadores tienen representación en ella.306 Sin embargo, las divisiones políticas surgen de inmediato, sobre todo entre los comunistas y las otras tendencias. En el momento de la elección del Comité Ejecutivo, los comunistas quedan en minoría y se niegan por ello a admitir la validez de aquella Confederación con el pretexto de que los artesanos se encontraban sobrerrepresentados con relación a los “obreros”.307 La Confederación única se rompe, pues, de inmediato y los comunistas quedan al margen. La oposición de la clase dominante no fue ajena a este fracaso. Una fracción preponderante del Partido Liberal se

305

Unión Obrera, mayo de 1936.

306

Ignacio Torres Giraldo destaca el éxito relativo que significaba la presencia de estos sindicatos. Cf. I. Torres Giraldo, Los inconformes, op. cit., t. V, p. 191.

307

Según I. Torres Giraldo. Es evidente que los “obreros” no son los obreros de la industria, que brillan por su ausencia. Son los de los transportes.

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había negado a avalar una organización que corría el riesgo de caer bajo el dominio de la extrema izquierda.308 Un año más tarde, la gran manifestación del 1° de mayo permite superar estos obstáculos. Los comunistas estaban dispuestos a hacer las concesiones necesarias a los liberales. La dispersión de la masa obrera se hacía sentir menos desde el momento en que el nombre de Alfonso López servía de ideología unificadora. El presidente, por su parte, sólo encontraba ventajas en el surgimiento de una organización si ésta atenuaba los excesos de “espontaneismo”. Es, incluso, probable que la malicia de Alfonso López jugara un papel en el escogimiento de la ciudad donde se habría de reunir este nuevo congreso, el 7 de agosto de 1936: Medellín, cuya tradición conservadora la convertía en el centro de la oposición a la “Revolución en Marcha” y cuyos industriales se mostraban poco dispuestos a tolerar la existencia de sindicatos.309 Al igual que el año anterior, los obreros de la gran industria no estaban representados entre los cuatrocientos delegados.310 Pero el Congreso se puso fácilmente de acuerdo sobre un programa de reformas que permitía abarcar las preocupaciones de las masas populares urbanas de la época; algunas estaban relacionadas con las condiciones de trabajo y de remuneración: el programa exigía principalmente la jornada de ocho horas, la semana de cuarenta y cuatro horas en las grandes empresas, la estabilidad del empleo, quince días de vacaciones anuales pagadas y

308

Eduardo Santos, propietario de El Tiempo, había advertido que la reunión de un congreso de esta naturaleza podía romper “el libre y bien intencionado movimiento sindical, al caer, como caerá dicho congreso, en manos de los ‘comunistas’ cuyos elementos son cuidadosamente entrenados para dominar este género de convención hecha sin la preparación y las precauciones necesarias”. Como consecuencia de esta advertencia el tipógrafo de El Tiempo había, según Miguel Urrutia, intentado vanamente cancelar la convocación. Cf. M. Urrutia, Historia del sindicalismo…, op. cit., p. 190.

309

En efecto, los conservadores provocan múltiples incidentes durante el congreso. Ibíd., p. 191.

310

No disponemos de la lista de los sindicatos presentes. Pero podemos citar el ejemplo de la delegación del Valle del Cauca tal como figura en el diario El Crisol, agosto 2 de 1936: sindicato de ferroviarios, federación de empleados, liga de arrendatarios, liga de vendedores ambulantes, sindicato de obreros panaderos, sindicato Bar del Valle, sindicato de zapateros, de banqueteros, sindicatos de la construcción.

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remuneración de los dominicales, la instauración de un salario mínimo. Otras reformas se referían al reconocimiento de los sindicatos: en cada empresa se debía contar con la posibilidad de constituir oficialmente un sindicato. El programa ponía énfasis también en la necesidad de una amplia intervención legislativa del Estado, el cual era invitado, sobre todo, a promulgar un código laboral y a adoptar disposiciones para que el derecho de huelga fuera respetado efectivamente y para que se extendiera a los servicios públicos. El Estado era convidado igualmente para que estableciera un control de los arrendamientos y desarrollara la construcción social. El programa comprendía finalmente recomendaciones propiamente políticas relacionadas con las “supervivencias feudales” y el imperialismo. En contra de las primeras, preconizaba la supresión de las “servidumbres de tipo feudal”311 al igual que la defensa obstinada de las “instituciones democráticas”; en contra del segundo, reclamaba la nacionalización de la producción energética y recordaba la urgencia de “una completa independencia nacional”. Como se puede constatar, el Estado era invocado permanentemente, tanto para garantizar el reconocimiento del sindicalismo y de los derechos de la clase obrera como para promover la democracia burguesa y la independencia de la nación. Se consideraba que era cualificado, como instrumento y como garante, para impulsar estas transformaciones. El impulso unitario se traduce también en la composición del Comité Ejecutivo de la nueva Confederación. Las principales corrientes políticas estaban representadas en él, pero los liberales logran que se les atribuyan ocho puestos del total de 16, dejando los otros para los comunistas (cuatro), los socialistas (tres), y los anarcosindicalistas (uno). Esta era una forma de practicar una sabia dosificación en la que las preocupaciones políticas a corto plazo primaban sobre el interés de fortalecer el movimiento obrero independiente. Por lo demás, los miembros del Comité Ejecutivo eran, muchos de ellos, personalidades políticas que no estaban directamente vinculadas con los sindicatos: para sólo citar algunos ejemplos, ni Guillermo Rodríguez entre los liberales, ni Diego Luis Córdoba o Gerardo Molina entre los socialistas, ni Gilberto Vieira entre los comunistas podían presentar otros títulos distintos de los de dirigentes

311

El programa precisaba a este respecto que los aparceros deberían tener libertad de cultivos en sus parcelas.

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políticos para tener asiento en el Comité.312 De esta manera el modelo de la democracia parlamentaria se superponía al de un movimiento obrero. Se ha observado anteriormente que, según el Partido Comunista, la lucha de clases sólo se podía desarrollar en ese momento en Colombia en el plano económico. En realidad esta concepción abría campo, en el plano político, a combinaciones y a alianzas flexibles e inestables. Poco después de ser bautizada, la Confederación Sindical de Colombia (CSC) –rebautizada oficiosamente en 1938 como Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), denominación que se convierte en su nombre oficial en 1943–, resume de manera lapidaria lo esencial de su línea política, en una de las resoluciones del congreso: “Apoyo decidido al gobierno nacional que preside el Dr. López”. Es posible pensar que se trataba de esta manera de impulsar un programa de Frente Popular colocándolo bajo la égida del jefe del ejecutivo, así fuera contra su voluntad. Pero se podría creer también que los intereses electorales no estaban lejos, ya que cada corriente se esforzaba por participar de la popularidad incontestable de Alfonso López. ¿Otra resolución del Congreso de Medellín no lo decía literalmente?: “El Congreso Sindical de Medellín, teniendo en cuenta que el excelentísimo señor Presidente de la República declaró perentoriamente que espera que las masas trabajadoras de Colombia elijan un congreso legislativo para el próximo período de mayoría izquierdista revolucionaria, [...] resuelve llamar serenamente la atención a los trabajadores de todo el país y de todos los partidos políticos para que formando un Frente Popular se logre formar un congreso de izquierda revolucionaria”. La central sindical nacía de esta manera bajo un doble signo: como un frente popular de contenido incierto y como una alianza electoral alrededor del Partido Liberal de contornos, por el contrario, muy precisos.

312

El Partido Comunista, en 1960, reconoce el error de haber dejado elegir el comité confederal “con criterio frente populista y no de frente único obrero”. Partido Comunista, Treinta años de lucha..., op. cit. p. 30. E. Caicedo, en 1971, hace explícita esta autocrítica del partido al afirmar que la composición de este comité implicaba “el reparto mecánico de las posiciones directivas según el peso de la representación político-partidista en el Congreso y no de acuerdo con la firmeza y la trayectoria proletaria de los elegidos”. Edgar Caicedo, Historia de las luchas sindicales en Colombia, Bogotá, Ediciones CEIS, 1971, p. 81.

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Sindicalismo y Estado. Algunas reflexiones sobre sus relaciones en 1936: la unidad Antes de seguir adelante es conveniente volver sobre las circunstancias que permiten, a partir de 1930, el acercamiento progresivo entre las masas populares y el Estado, y luego, después de 1934, la adhesión precipitada y sin reticencias de aquellas al partido que se hallaba en el poder. Hemos citado ya los argumentos invocados por las diversas corrientes de izquierda para justificar “el apoyo decidido a López”; quedan por analizar las razones que impulsan irresistiblemente a las masas urbanas hacia el poder e incitan a este último a buscar el apoyo político del “pueblo”. Como se puede observar, se trata en realidad de recorrer un doble trayecto, que parte primero de las masas populares y después del Estado (o del partido en el poder). Como las “alianzas populistas” se habían logrado mantener de manera relativamente estable en países como Brasil o Argentina, los sociólogos se habían interesado sobre todo en el primer recorrido: ¿cuáles son las características de las clases obreras que nos permiten dar cuenta de su “precoz” participación política? Numerosas investigaciones pusieron el acento en la importancia de las migraciones internas que, con poca o ninguna transición, habían llevado a los campesinos hacia los centros urbanos y hacia la industria;313 otras destacaron la fragilidad de las organizaciones, los compromisos de sus dirigentes; 314 otras,

313

Este análisis se encuentra presente en varios de los artículos publicados en el número 4 de 1961 de la revista Sociologie du Travail, (número consagrado a la clase obrera en América Latina). Se encuentra sobre todo conceptualizado por Gino Germani, en sus diversas obras, en particular en: Política y sociedad en una época de transición, Buenos Aires, Paidós, 1965; y en los numerosos trabajos consagrados a la “modernización”.

314

Estos trabajos son particularmente numerosos a propósito de los países en que el sindicalismo es controlado de cerca por el Estado. A propósito del Brasil, se puede consultar Aziz Simão, Sindicato e Estado, Sao Paulo, Dominus Editora, 1966; Leoncio Martins Rodrigues, La clase obrera en el Brasil, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969 y Trabalhadores, sindicatos e industrialização, Sao Paulo, Editorial Brasiliense, 1974; José Albertino Rodrigues, Sindicato e desenvolvimento no Brasil, Sao Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1968. A propósito de México, se puede consultar la importante bibliografía reunida por Arturo Anguiano, El Estado y la política obrera del cardenismo, México, Ediciones Era, 1975.

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incluso, sugirieron que la clase obrera se encontraba simultáneamente confrontada, en los países dependientes, con tareas de liberación nacional y de modernización, hasta tal punto que los vastos fenómenos de “movilización”, con su cortejo de alianzas políticas con la pequeña y la gran burguesía, llegaron a recubrir las manifestaciones de clase.315 Por el contrario, cuando las conjunciones populistas se rompen y dejan al descubierto los mecanismos de acumulación capitalista, los sociólogos comienzan a recorrer preferentemente el segundo trayecto: ¿cuál es la naturaleza de un Estado que, de manera más o menos durable, otorga un lugar a las masas populares? ¿Por qué las clases dominantes renuncian a los modos de dominio directo que había ejercido la oligarquía? “Estado de compromiso”, “crisis hegemónica”, “Estado integrador” son denominaciones que han sido utilizadas para designar este momento de ruptura del sistema oligárquico, que ocurre sin que la burguesía industrial se encuentre preparada para garantizar la sucesión. Las políticas populistas tienden desde entonces a ser presentadas como la forma más o menos tentativa que reviste la intervención del Estado para controlar el proletariado naciente, organizar el mercado laboral, en pocas palabras, para garantizar una cierta “paz industrial” que permita acelerar el proceso de acumulación.316 Nacionalismo, pseudo participación política, “desarrollismo” no serían más que los instrumentos ideológicos al servicio de este fin. Detrás de la movilización de las masas se trata de descubrir sobre todo el esfuerzo de unas clases dominantes débiles para escamotear los enfrentamientos de clase.317 Estas dos orientaciones, que aparecen aquí intencionalmente esquematizadas, son pertinentes para analizar la “Revolución en Marcha” colombiana. Como se ha sugerido en las páginas anteriores, este fenómeno no constituye una variante menos sorprendente de lo que son las otras coyunturas “populistas”. Por su fecha, en primera instancia: en 1935, la convocatoria de las masas urbanas había terminado, en lo esencial; por

315

Cf. por ejemplo, el libro de Torcuato Di Tella, El sistema político argentino y la clase obrera, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1964.

316

El artículo de F. de Oliveira, ya citado, es un buen ejemplo de este análisis.

317

Cf. Robert Rowland, “Clase operaria e estado de compromiso”, Estudios núm. 8, abril-junio de 1974, pp. 5-40.

241

CEBRAP,

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la caracterización que construyen las diversas corrientes de izquierda, que cuando se refieren al “Frente Popular” dan a entender que no lo consideran como una “imposición desde arriba” sino más bien como una conquista de las masas; por el papel del Partido Comunista, que no conoce, a partir de 1934, la proscripción de que sí es víctima en el Brasil hasta 1945 (y aun más allá de esta fecha)318 o en Argentina, antes y durante Perón;319 López lo admite aquí como un interlocutor legítimo. Todos estos aspectos pueden dar la impresión de que se trata de un verdadero movimiento de masas. No obstante, este frente popular no es construido, como el de Chile dos años más tarde, sobre la base del encuentro de verdaderas formaciones políticas; ni siquiera el Partido Comunista puede pretender este título, dada su evidente fragilidad. Y el Estado, que funciona como punto de referencia fundamental de este Frente, tiene una independencia extremadamente reducida con relación a las “antiguas” fuerzas oligárquicas, que están en proceso de reorganizar su dominación pero de ninguna manera de renunciar a ella. La élite “lopista” puede pensar en una evolución burguesa, sin embargo, conserva sus raíces entre las fuerzas que le hacen resistencia. La idea de Frente Popular, en cualquier sentido que sea, le es ajena, pero también cualquier tipo de promesa de tipo “populista”. Tal es la paradoja que caracteriza este período y que toma a menudo la forma de un quid pro quo. El exceso mismo de las esperanzas populares tiene su fuente no tanto en la crisis de la oligarquía como en la inminencia de su reconstitución. La debilidad de las masas y de sus organizaciones, aun más manifiesta por el contraste que presenta con el poderío del conglomerado dominante, las lleva a responder sin reservas al llamado, desde el momento en que el Estado comienza a dar signos de “progresismo” y el conglomerado parece ya no ocupar sólo la escena política. Debilidad de los sectores populares y de sus organizaciones. Este es el aspecto que más asombro causa cuando se observa el crecimiento de su subordinación al partido que se encuentra en el poder. Estos sectores ya habían contado con el tiempo suficiente para darse cuenta de su incapacidad para salir de la fragmentación y para hacer frente a las clases dominantes.

318

Cf. Francisco C. Weffort, Origens do sindicalismo populista no Brasil: a cojuntura de após-guerra, mimeo, Sao Paulo, 1972.

319

Cf. en francés, Georges Béarn, La décade péroniste, París, Gallimard-Julliard, 1975.

242

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La expansión industrial permite apreciar esta debilidad. La clase obrera había cargado con sus costos, como lo demuestra sobre todo la evolución de los salarios en la industria de transformación, y también la ausencia casi total de sindicatos en este sector. La elección de Alfonso López coincide, como ya lo hemos observado, con el momento en que la gran depresión aparece como algo distinto de una crisis pasajera, y en que, querida o no, la acumulación de tipo endógeno había llegado a ser fundamental. Ahora bien, esta acumulación endógena requiere una explotación considerable de la mano de obra. Las cifras parciales de que disponemos permiten apreciar claramente que los salarios reales de los obreros se mantienen o, incluso, aumentan hasta 1933, antes de conocer un derrumbamiento brutal y duradero en 1934.320 Ciertamente, a partir de informaciones sobre dos categorías de trabajadores no calificados no se puede extrapolar la evolución del salario medio de los obreros. Pero ello no es óbice para resaltar una coincidencia notable entre la reducción de los salarios de esta mano de obra y la adopción más o menos consciente de una política de industrialización.

320

Reproducimos aquí las dos series de datos que han sido reunidas por M. Urrutia y M. Arrubla. Evolución del salario real de los obreros de la industria de transformación de Medellín 1923 = 100

Evolución del salario real de los barrenderos municipales de Bogotá

1932

118.5

(175)

579

1933

201.8

(166)

601

1934

142.9

(118)

461

1935

164.6

(138)

515

1936

181.0

(143)

–

1937

161.7

(121)

435

1939

420

Fuente: M. Urrutia y M. Arrubla, Compendio de estadísticas…, op. cit., pp. 76 y 80.

Para la primera serie relacionada con los obreros de Medellín, los autores utilizan sucesivamente dos índices de precios. Hemos reproducido en primer lugar el establecido de acuerdo con los datos del Banco de la República, luego –entre paréntesis– el calculado de acuerdo con una serie de precios suministrada por Alejandro López.

243

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Frente a las exigencias de la acumulación, las declaraciones de Alfonso López o de Alberto Lleras Camargo, que sugieren la integración de la clase obrera al mercado interno, no tienen mayor peso. La depresión de los salarios reales requiere dos observaciones. Como lo hemos destacado desde el principio, el proyecto “lopista” no estaba orientado de manera alguna a perturbar las “leyes” de la evolución capitalista sino, por el contrario, a permitir su funcionamiento. Existe, pues, a propósito de los salarios, una zona en que este proyecto parece compatible con la reacción oligárquica, puesto que su disminución puede inscribirse tanto en la perspectiva de una acumulación capitalista rápida como en la de una contraofensiva oligárquica. Ocurre, por lo demás, que la adhesión política de las masas se presenta en el momento mismo en que etas se dan cuenta de su impotencia para frenar el deterioro de su nivel de vida apelando a sus propias fuerzas. El día 1° de mayo de 1936, con su cortejo de entusiasmos, se destaca sobre el trasfondo de la comprobación de un fracaso; la revolución sobre el trasfondo de la crisis. Sin embargo, este es sólo el primer signo de la debilidad de los sectores populares, porque existen otros. Para comenzar, la clase obrera no había logrado todavía organizarse en la actividad que simboliza el progreso industrial, es decir, la gran industria. Hemos visto cuál era su situación en el momento del Congreso de Medellín, cuando se produce el nacimiento de la CTC; un año y medio después, cuando la CTC reúne un nuevo congreso, en Cali esta vez, la situación se ha modificado muy poco;321 entre las cuatrocientas cuarenta y seis organizaciones que están representadas allí, sólo una ínfima minoría pertenece al sector industrial, a juzgar por las delegaciones de las cuatro principales ciudades industriales: –Procedentes de Medellín y de su periferia industrial, encontramos la presencia de 33 delegaciones. Ninguna de ellas representa un sindicato de empresa industrial; una de ellas es la Federación Sindical de Antioquia,

321

Nos parece preferible medir la implantación sindical según las organizaciones representadas en Cali que según los cálculos oficiales del Ministerio del Trabajo. Estos últimos mezclan sindicatos y todas las formas de asociación, incluso las patronales. Hacen figurar sindicatos que sólo tienen una existencia fugaz. Tienen en cuenta las (contra-organizaciones) creadas por la Iglesia para oponerse a la CTC, que son casi siempre “patronatos” precarios.

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conocida un poco más tarde como Fedeta; las otras delegaciones representan a cinco sindicatos de empresas municipales, al sindicato de los ferroviarios de Antioquia, a once sindicatos de artesanos (sastres, emboladores, carpinteros, etc.), tres cooperativas y una infinidad de asociaciones diversas. –Procedentes de Barranquilla, sede de la Fedenal, encontramos 18 delegaciones. Seis de ellas representan a la Fedenal y sindicatos afiliados (entre los numerosos representantes se encuentra Augusto Durán, dirigente de la Fedenal, miembro del comité central del Partido Comunista y un poco más tarde su secretario general); las demás representan a organizaciones de artesanos o de campesinos. Tampoco en este caso encontramos un enviado de un sindicato de la industria. –Procedentes de Cali, lugar del congreso, observamos la asistencia de 33 delegaciones. Una de ellas representa al sindicato de una gran empresa textil; tres, sindicatos sólidamente constituidos (ferroviarios del Valle del Cauca, obreros y empleados municipales, mineros del Valle); las demás, a asociaciones de artesanos, de campesinos y de “sociedades diversas” cuya naturaleza es difícil conocer exactamente: “sociedad de automovilistas”, “sociedad farmacéutica”, etc. –Procedentes de Bogotá encontramos 84 delegaciones. Situación excepcional, entre ellas, hay 15 que representan a sindicatos de empresas industriales (comprendidas empresas tan importantes como la cervecería Bavaria y Cementos Samper); otras tres, a sindicatos de servicios bien organizados (ferroviarios de Cundinamarca, empleados de los tranvías, choferes de Bogotá). Entre las restantes, además de la delegación de la Federación del Trabajo de Cundinamarca, se destaca también una multitud de delegados de sindicatos artesanales. Sólo en Bogotá, pues, se puede observar cierta implantación del sindicalismo en la industria; en Medellín, cuna de la gran industria nacional textil, su ausencia es total. También allí las intervenciones de Alfonso López habían sido totalmente vanas; el patronato había impuesto fácilmente su ley e, igualmente, mantenía su rechazo –discreto al principio, con gran estrépito a partir de 1937– a la presencia sindical en las empresas. Como lo proclama la revista Industrias Nacionales, “no [aceptaron] los industriales la amigable compañía propuesta”.322

322

Industrias Nacionales, febrero de 1938.

245

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Destaquemos algunas formas de esta guerra antisindical: licenciamiento de los “cabecillas”, casi por todas partes; creación en Antioquia, con la colaboración de la Iglesia, de sindicatos patronales; negativa a negociar los pliegos, sean o no presentados por sindicatos; amenazas de lock-out (cierre de las fábricas) desde el momento en que un conflicto parece inminente. Algunos ejemplos: cuando el sindicato de la empresa textil La Garantía, de Cali –el mismo que participa en el congreso de enero de 1938–, se lanza a la huelga después de que el patrono se niega a considerar sus reivindicaciones, la dirección anuncia que prefiere trasladar la fábrica a otra ciudad: el patrono “no puede ceder, pues estaría comprometiendo también a los demás industriales”.323 En abril de 1936, el gerente del ingenio La Manuelita, en los alrededores de Cali, no acepta tampoco discutir el pliego.324 A todo lo largo del río Magdalena los propietarios de los barcos de transporte se organizan para destruir la Fedenal e intentan recurrir al lock-out durante los conflictos de junio y diciembre de 1937; sus esfuerzos fracasan, sin embargo, gracias al apoyo resuelto que Alfonso López ofrece a la organización sindical. Incluso en el sector público es frecuente que la administración se muestre inflexible cuando se trata de establecer una relación con un sindicato; en abril de 1937 es necesario el envío sucesivo de dos ministros para que la municipalidad de Medellín acepte participar en la búsqueda de un acuerdo con los huelguistas que paralizan los servicios públicos. Es cierto que la ausencia de sindicatos y el rechazo de cualquier tipo de negociación colectiva no son necesariamente obstáculos que impidan la constitución de un movimiento obrero. Michelle Perrot ha demostrado, en el caso de Francia durante los años 1871-1890, que las huelgas estallan con mayor frecuencia por fuera de cualquier tipo de organización sindical. Esta última sigue siendo patrimonio exclusivo de los “obreros calificados” mientras que los obreros no calificados desempeñan un papel decisivo en las olas de huelgas. “La huelga reina” en esa época, pero genera sus propias formas de organización.325

323

El Tiempo, septiembre 17 de 1937.

324

El Crisol, abril 16 de de 1936.

325

Michelle Perrot, Les ouvriérs en grève, París, La Haya-Mouton, 1974, vol. II; concluye de la manera siguiente a propósito del “horizonte social” de la huelga: “De ninguna manera acto aristocrático de la tradición artesanal, ni tampoco de la rebelión de

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Durante los años 1934-1938 hubo una proliferación de huelgas en Colombia. Pero esta proliferación seguía siendo muy limitada y, sobre todo, alcanzaba muy poco a las grandes empresas industriales. Es cierto que hemos citado anteriormente las huelgas de la cervecería Bavaria y de la fábrica de vidrio Fenicia y, en las páginas inmediatamente anteriores, las que afectan a dos empresas textiles de Medellín en 1936, y a una de Cali en 1937. Pero estas huelgas siguen siendo excepcionales. Sobre este aspecto nos basamos en un informe del Departamento del Trabajo relacionado con los conflictos laborales que se presentan entre junio de 1936 y junio de 1937.326 De un total de 52 conflictos considerados, encontramos 23 que culminan en huelgas.327 Se puede proponer la siguiente distribución de estos conflictos según los sectores y las ciudades en que se presentan:

Cuadro 2.2 Distribución de conflictos entre junio de 1936 y junio de 1937 a) Por sectores de actividad Pequeñas Grandes Servicios empresas empresas Artesanado públicos industriales industriales transporte 12

Haciendas Transportes agrícolas

6

12

14

6

2

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Pequeñas ciudades Zonas rurales

20

5

3

6

18

b) Por ciudades

Fuente: cuadro elaborado por el autor con base en el informe publicado en El Tiempo, septiembre 3 de 1937.

los marginados; sino gesto de la masa obrera, de la infantería, de ‘presidiarios’ y de ‘forzados’”. Ibíd., vol.I, p. 338. 326

Este informe fue publicado en El Tiempo, septiembre 3 de 1937.

327

Estas cifras difieren sensiblemente de las que cita M. Urrutia en Historia del Sindicalismo…, op. cit., p. 145, que, basadas en las memorias del Ministerio de Industria y del Trabajo, sólo menciona ocho conflictos en 1936, de los cuales cinco

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La gran industria, pues, se ve poco afectada. No era éste el caso de la gran industria francesa en la época estudiada por Michelle Perrot; las huelgas en 1867-1868, al igual que la ola de los años 1869-1870, se presentaban sobre todo en “la gran industria de mano de obra poco calificada”,328 hasta 1890, los sectores más tocados por las olas sucesivas de conflictos son, en primer término, la industria de los textiles y del vestido, después, las minas y, finalmente, la construcción.329 El sector terciario, por su parte, “ignoraba las reivindicaciones” y los ferroviarios ni siquiera estaban organizados.330 Llegamos así a una primera conclusión: ni el sindicalismo ni la huelga logran verdaderamente hacer mella sobre la gran industria, cuyo peso crece en ese momento. Los industriales en sus empresas no demuestran menos su poderío que los grandes propietarios en sus haciendas. En estas circunstancias, las masas no pueden evitar la tentación de responder a los halagos que les hace el gobierno; sus esperanzas están a la altura de su debilidad. No hay motivos, pues, para asombrarse por la buena acogida que se ofrece al arbitraje gubernamental cuando se producen los conflictos, ni por la confianza que despiertan las “leyes sociales”. Por lo demás, cualesquiera que sean las diferencias, algo en común existe a este respecto entre la clase obrera colombiana y la clase obrera inglesa o francesa del siglo XIX. Engels y Marx habían dicho, por su parte, que la legislación social podía por lo menos atenuar el fraccionamiento de la clase obrera en la etapa en que “los obreros formaban una masa diseminada por todo el país y disgregada por la competencia”.331 Sabemos,

dieron lugar a huelgas. Las conclusiones son, sin embargo, idénticas en lo que se refiere a la preponderancia de los conflictos en los servicios. 328

M. Perrot, op. cit., vol. I, pp. 77 y ss.

329

Ibíd., p. 341.

330

Ibíd., p. 331.

331

Karl Marx y Frederich Engels, “Manifiesto del Partido Comunista”, en: Obras escogidas en tres tomos, Moscú, Editorial Progreso, 1973, t. I, p. 118. El tema aparece también en la carta de Marx a Kugelmann, del 17 de marzo de 1968: “En lo que tiene que ver con la legislación de las fábricas [...], yo pido que sea hecha por el Estado, de leyes coercitivas, dirigida no solamente contra los fabricantes, sino también contra los obreros” y, obviamente en El Capital, libro I, a propósito de las tejedoras.

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además, que si bien la “aristocracia obrera” inglesa se había negado durante mucho tiempo a aceptar disposiciones legislativas que redujeran la “libertad de contrato” y, aun en 1890, no se había integrado mucho todavía a las campañas en favor de la jornada de ocho horas, la masa de los obreros no calificados y de los braceros no había manifestado las mismas reticencias en un momento en que se encontraba afectada por la larga crisis económica y el largo marasmo político de los años 18471890.332 Los obreros franceses, por su parte, después de los años difíciles que van de 1873 a 1877, habían construido grandes expectativas en el advenimiento de la república, y más aun, cuando Waldeck-Rousseau reconoce en 1884 la legalidad de las huelgas e invita a los prefectos a convertirse en mediadores.333 ¿Cómo no hubiera podido López despertar ilusiones aún más intensas entre una clase obrera que, después de haber padecido la represión conservadora, asistía ahora a la conformación de aquellos bastiones representados por las grandes empresas industriales? A la debilidad sindical contribuye también el hecho de que estas grandes empresas habían surgido en Colombia al comienzo de la industrialización. El artesanado, que progresa a su lado, no suministra a la industria ni sus tradiciones ni sus obreros calificados; faltan por consiguiente al movimiento obrero colombiano los principios de defensa que estimularon en sus inicios a los movimientos europeos. Alrededor de las costumbres artesanales, los obreros de las fábricas organizaron las protestas contra las máquinas;334 alrededor de las antiguas cualificaciones y de los oficios, pudieron preservar durante mucho tiempo las posibilidades de negociación y crear los sindicatos destinados a garantizar

332

Cf. Henry Pelling, Histoire du syndicalisme britannique, París, Seuil, 1967, p. 84; y también Henry Pelling, “La classe ouvriére et les origines de la législation sociale”, Le Mouvement Social, núm. 65, octubre-diciembre de 1968, pp. 39-54. Sobre la aristocracia obrera, cf. Eric J. Hobsbawm, Labouring men, Nueva York, Anchor Books, 1964.

333

Cf. M. Perrot, op. cit., vol.I, pp. 192-599, y vol. II, p. 703.

334

Sobre la importancia de la referencia al pasado y a las tradiciones artesanales, se puede consultar a Eduard Palmer Thompson, The making of the english working class, Penguin Books, 1968. El autor muestra allí, en particular, la presencia de las nostalgias del “pasado” en las corrientes radicales del decenio de 1810 y, naturalmente, en la agitación ludista. Cf. pp. 513 y 601.

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el mantenimiento de ciertos privilegios.335 En Inglaterra, al igual que en Francia, los sindicatos nacen de los oficios; en Colombia, sobre todo después de 1930, no encontramos voces de alarma que se levanten contra las máquinas, ni formación de sindicatos de oficios susceptibles de jugar un papel significativo en la gran industria. Muy por el contrario, los ideólogos marxistas de la época no se cansan de repetir que la técnica es el signo del desarrollo y que la gran industria constituye la base misma del progreso. Pretendiendo acelerar, con su adhesión, la “revolución burguesa” en curso, la izquierda acepta la ruptura entre la industria y el artesanado y por lo tanto priva a la clase obrera de la posibilidad de defenderse en nombre de un pasado, así fuera inventado. El movimiento campesino disponía a este respecto de una ventaja decisiva sobre el sindicalismo obrero y ofrecía una base más fácilmente controlable para el Partido Comunista puesto que podía revivir los derechos y las costumbres “antiguas”. Casi desprovistos de identidad, los obreros de las grandes industrias estaban obligados a esperar que el Estado –y el Partido Liberal– garantizara su defensa y su representación;336 e incluso su unificación. El poderío de las grandes empresas conlleva la fragmentación de la clase obrera, porque cada una de ellas se convierte en el horizonte de la mano de obra fluctuante que contrata. Una hábil política circunstancial impulsada por el patronato se encuentra en la base de la organización misma de los sindicatos bajo la forma de sindicatos de empresa; antes de que la ley otorgue prioridad a este tipo de sindicalismo con el nombre de “sindicalismo de base”, los hechos lo imponen. Cuando se presenta un conflicto en una empresa, no encontramos la presencia de acciones de solidaridad en otras; tampoco observamos que las eventuales federaciones departamentales hayan llegado a adquirir una verdadera autoridad sobre los obreros de este sector. La “intervención del Estado” es el único factor que alcanza a dar la idea de una cohesión, por lo demás inexistente.

335

Cf. E. J. Hobsbawm, Labouring Men, op. cit.

336

E. J. Hobsbawm subraya a propósito de las “general unions” que organizan los obreros no calificados en los años 1890, que éstos estaban tentados, mucho más que los sindicatos de oficios, a acogerse a la presión política y a la legislación social. Ibíd., p. 214.

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Si la separación que se había establecido desde el principio entre la gran industria y el artesanado constituía un obstáculo serio para el nacimiento de un movimiento obrero autónomo, algo similar ocurría con la separación que existía entre la gran industria y las actividades de servicio –transportes, empresas municipales o departamentales–. Estas últimas, que se habían constituido en buena medida alrededor del comercio internacional, sobre todo de las exportaciones, seguían estando, después de 1930, directamente asociadas con estos sectores. Cuando se trata de actividades de servicio generadas por las exportaciones, el proceso de explotación no se puede considerar de la misma manera, ya que este se lleva a cabo en este sector en una forma distinta, y sin escrúpulos: se debe mencionar también el mercado interno que se forma alrededor de estas actividades, del que hacen parte los trabajadores. Además se debe tener en cuenta sobre todo que el tema de la “repartición” o la “redistribución” de los recursos producidos por el sistema exportador ocupa un lugar central. En los servicios, los propios trabajadores ven sus ingresos afectados por su capacidad de sacar provecho de su posición estratégica; en nombre de los intereses nacionales, pueden exigir una parte de los recursos en cuestión.337 Al considerar la implantación de los sindicatos y su papel en las huelgas, hemos podido comprobar que la posición de los trabajadores de las actividades de servicio les confiere a éstos posibilidades de acción más considerables respecto a las que disponen los obreros de la gran industria. Los braceros del río Magdalena, los ferroviarios, los obreros vinculados con las empresas municipales se muestran efectivamente más combativos. Pero ello no significa que posean una mayor autonomía respecto al Estado. Ante todo porque su capacidad de acción está en relación directa con la autonomía que el propio Estado logra alcanzar frente a los grupos exportadores o a las compañías extranjeras. Las intervenciones del gobierno, con motivo del conflicto de la United Fruit o después con ocasión del de la Tropical Oil, son una demostración de esta

337

Cavarozzi observa que las actividades exportadoras no permitían el surgimiento de una contradicción de tipo burguesía-proletariado, y que ello pudo tener efectos sobre los partidos políticos durante la época oligárquica, al favorecer su débil estructuración. Cf. Marcelo Cavarozzi, Populismos y “partidos de clase media”: notas comparativas, Buenos Aires, documento CEDES, CLACSO, 1976.

251

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independencia, que se lleva a cabo bajo el signo de la afirmación nacional. La consolidación del Estado nacional y las reivindicaciones de los trabajadores van aquí a la par. También hay que tener en cuenta que los trabajadores, cualesquiera que sean su cohesión y su conciencia de clase, están obligados a actuar en el marco del aparato del Estado. Piden medidas de redistribución económica y, por ello mismo, recurren a alianzas relativamente indeterminadas como si, en este nivel, las relaciones sociales fueran más competitivas que antagónicas. De esta manera va tomando cuerpo el conjunto de las estrategias “populistas” en las cuales la oposición común a la “oligarquía agroexportadora” se constituye en la base de los reagrupamientos y de las complicidades circunstanciales. Y precisamente el Estado representa el lugar donde se desarrollan estas estrategias. El Estado ofrece también, eventualmente, cuando dispone de un margen apreciable de intervención, el complemento necesario para contrabalancear, en provecho de los sectores populares, la influencia preponderante de los demás grupos de interés; y se afirma, incluso, en ciertos casos, como el representante de los sectores populares, facilitándoles, con el nombre de “pueblo” o de “consumidores”, la unidad de la que carecen. De hecho, es en estas condiciones que el arbitraje “lopista” se manifiesta con brillo, y no precisamente en la gran industria. Hemos citado dos ejemplos a propósito de los enclaves extranjeros. No obstante, Alfonso López es también el árbitro que se reclama de manera inmediata cuando se desencadena un conflicto en los transportes. El caso del río Magdalena es revelador en este sentido, puesto que tres huelgas sucesivas –noviembre de 1936, junio de 1937 y diciembre de 1937– se resuelven en el palacio presidencial; y gracias al apoyo del presidente la Fedenal obtiene, después del primero de estos enfrentamientos, el monopolio de contratación que logra hacer respetar durante el desarrollo de los dos siguientes. La Fedenal no se equivoca entonces cuando adopta la consigna “con López y por nuestras reivindicaciones particulares”.338 El arbitraje presidencial no tiene menos repercusión cuando se desencadena la huelga de los ferroviarios del Pacífico, en marzo de 1937, o la de las empresas municipales de Medellín.

338

Informe de la Fedenal al Congreso de Cali, en: Tercer Congreso Nacional del Trabajo: informes y conclusiones, Bogotá, Imprenta Nacional, 1938, p. 113.

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Por caminos diferentes se puede, pues, mostrar cómo cada sector popular se ve obligado a remitirse al Estado. Su propia debilidad se encuentra evidentemente comprometida, pero no se trata solamente de eso. Los artesanos solicitan el beneficio del proteccionismo; los obreros de la gran industria reivindican leyes sociales; los obreros vinculados con las actividades exportadoras, por su parte, hacen esfuerzos por sacar adelante su estrategia de influencia. Cada sector va, pues, hacia el Estado según su propia orientación. A su vez, la diversidad de estos acercamientos asigna al Estado –o al partido que ejerce el poder– una función unificadora. Más allá de las desarticulaciones que existen entre las ramas de actividad y la multiplicidad de las problemáticas obreras, la adhesión a López es también el encuentro de las masas populares como conjunto. No tenemos la pretensión de haber agotado, desde luego, el análisis de esta adhesión. Otros factores también son importantes. Citemos simplemente: el poderío del conglomerado oligárquico que ilustra la rapidez con que pasa al contraataque; la fragmentación política de la burguesía industrial; la fluidez del aparato del Estado que lo hace permeable a las demandas populares. Estos factores entran en juego, en todo caso, desde el momento en que intentamos hacer el recorrido inverso y estudiamos la nueva relación que se establece entre las masas y el Estado, a partir, no de las primeras, sino del segundo. ¿Cómo ha llegado el Estado, en esta coyuntura, a reclamarse del “pueblo”? Tal es la cuestión que se tratará de considerar ahora. Es fácil sugerir respuestas que en realidad no son más que una manera de reproducir los argumentos presentados por los dirigentes políticos de la época. Ya las hemos mencionado: ampliación del mercado interno, necesidad de romper monopolios arbitrarios que favorecen una “industrialización reducida”; preocupación por instaurar la “paz industrial” –“el gobierno, declara Alfonso López a finales de 1936, constata un hecho protuberante: la paz industrial reina en la república, las relaciones entre el capital y el trabajo nunca han sido mejores, los obreros se han convertido en un factor de orden en este país”–; voluntad de garantizar una fuente de legitimación política del poder. Todos estos argumentos sirven para comprender la ideología que anima a la élite “lopista”. No son decisivos para interpretar su proyecto, pero, sobre todo, son poco convincentes. Tales argumentos se refieren sin duda a un hecho fundamental: la existencia de un mercado ya constituido

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que, por consiguiente, hace imposible considerar a la clase obrera en función exclusiva del proceso de explotación al que se encuentra sometida, debido a la participación fundamental que ésta tiene en la definición de este mercado; pero tomados en otro sentido poco nos permiten comprender lo que ocurre efectivamente. En realidad la ampliación del mercado interno, o la evolución de los salarios tenderían más bien a mostrar una transformación inversa. Los monopolios industriales se refuerzan. La “paz industrial” no exige necesariamente que el Estado derive su apoyo de las masas, por el contrario, las debilidades de los sectores populares hacen nacer, entre el conglomerado burgués-oligárquico, la tentación de imponer la única paz que le conviene, como es el aplastamiento de los sindicatos y de otras organizaciones; las huelgas, a pesar de ser poco numerosas, le parecen un desorden insoportable y provocan, desde 1937, su reacción directa. Respecto a la legitimación política, habría que agregar que el mismo conglomerado cree poder conseguirlo por otros canales, como son el clientelismo y la dominación fragmentada. En el caso colombiano sería igualmente vano hablar de una “crisis hegemónica” cuya intensidad obligaría al Estado a buscar un apoyo popular. El conglomerado burgués-oligárquico no tarda en hacer saber que su capacidad hegemónica no se encuentra comprometida por la crisis, y que es capaz de emprender una “contrarrevolución”. No obstante, la crisis hace indispensable una reestructuración del Estado, con el fin de que éste pueda organizar y garantizar la ampliación de las bases del desarrollo. La cuestión fundamental es precisamente el Estado mismo. Es necesario recordar la imagen de un aparato de Estado cuya unidad está amenazada por la autonomía relativa de sus diversas esferas. El “pueblo”, que figura bajo modalidades diversas en cada una de estas esferas, constituye la única base sobre la cual es posible construir un aparato estatal más resistente. Por ello es difícil imaginar cómo el Estado hubiera podido conseguir una relativa independencia, si las élites dirigentes no hubieran apelado a las masas populares, habida cuenta, sobre todo, de que esas élites no disponían en Colombia del apoyo de una burocracia militar sólidamente implantada, ni del concurso de unas “clases medias” políticamente vertebradas. Confrontada con las diversas fracciones dominantes, la élite “lopista” hace el intento de sacar provecho de los conflictos sociales para consolidar su propio poder. Para hacer presión sobre la gran propiedad latifundista, tiene necesidad de los múltiples enfrentamientos entre propietarios y poseedores precarios; 254

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para reducir las pretensiones de los monopolios industriales, tiene que utilizar el recurso de la amenaza sindical; para limitar los abusos del sector comercial, no hay otra forma que estimular las protestas de los “consumidores”. Este análisis nos remite a una observación presentada al comienzo: debido a la crisis mundial, el Estado estaba obligado a intervenir en el campo económico ya que él mismo se encontraba privado de los recursos –ingresos de aduana, empréstitos extranjeros– que entre 1924 y 1929 le permitieron crear las condiciones para una acumulación acelerada. La intervención en el campo de las relaciones sociales se constituye, entonces, en el sustituto de una imposible intervención económica directa. Obviamente, no se pueden ignorar los factores propiamente políticos que contribuyen a esta redefinición del Estado. Sin embargo, la intervención en el campo de las relaciones sociales choca rápidamente con los límites que impone el “orden”. Porque lo que está en juego es, sobre todo, el establecimiento de un “orden” político que no esté fundado sobre la violencia descentralizada de tipo oligárquico, y el éxito se mide de acuerdo con la “paz social” lograda. Alfonso López, como ya lo hemos mencionado, se vanagloria de haber hecho de la clase obrera un “elemento de orden”. Alberto Lleras Camargo, ministro de Gobierno, no tiene, por su parte, otro interés que mantener la “legalidad”: “Toda acción sindical con un fin político es una corrupción del sistema social [...] El resultado [de la acción gubernamental] debe ser la organización de las fuerzas proletarias en un gran movimiento legal, dentro de los límites de la democracia y en el servicio de la República”.339 Estos límites se van estrechando a partir de 1936, debido a la reacción oligárquica, evidentemente pero, sobre todo, debido a la reacción de la burguesía industrial. Lo que arrastra, pues, uno hacia el otro, al sindicalismo obrero y al Estado es, finalmente, su debilidad común frente a la alianza burguesaoligárquica. Cada uno busca en el otro el principio de cohesión que le hacía falta. Cada uno encuentra también en la fragilidad del otro con qué alimentar sin temor sus ambiciones políticas: el sindicalismo se beneficia de la fluidez

339

Discurso de apertura del Congreso Sindical de Cali, citado en El Tiempo, enero 21 de 1938.

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del aparato del Estado mientras el aparato del Estado impone fácilmente sus directivas al sindicalismo. A medida que se va desarrollando la contraofensiva burguesaoligárquica, esta combinación se hace cada vez más ilusoria puesto que el Estado tiende a disolverse. En estas condiciones, la alianza entre la élite dirigente y las masas populares, que se ataviaba con los colores de la “revolución”, cede el paso a la simple alianza electoral en provecho de un partido –el Partido Liberal– que, tanto como su rival, tiene sus raíces en las modalidades de dominación de la sociedad oligárquica. Recordemos que la CTC, desde el Congreso de Medellín en agosto de 1936, se había comprometido a hacer campaña para la elección de un “parlamento de izquierda”. Al hacerlo, respondía al llamado que Alfonso López le había formulado el 1° de mayo de 1936, durante la gran manifestación que se lleva a cabo frente al palacio presidencial. Al dirigirse aquel día a las masas que aclamaban el “Frente Popular”, Alfonso López se cuida de anunciar nuevas reformas sociales. Hace el elogio, sobre todo, de los “gobiernos de partido”, por oposición a los de coalición bipartidista.340 Convida, igualmente, a los sectores populares a votar, en las próximas elecciones parlamentarias, en favor de los candidatos que lo habían apoyado durante los primeros años de su mandato.341 A las consignas en favor del Frente Popular, responde como de costumbre con el grito tres veces repetido de “Viva el Partido Liberal”, como si, una vez obtenida la adhesión solemne de todas las oposiciones de izquierda, la “revolución” pudiera hacer una pausa. Colocando, pues, la adhesión popular al servicio, no del Estado como agente de inflexión, sino del partido en el poder, Alfonso López la hace entrar potencialmente, cualquier cosa que ocurra, en las redes del dominio burgués-oligárquico.

340

Un gobierno de “concentración nacional” (como el de Olaya Herrera) “arruina toda posibilidad para el gobierno de tener la iniciativa en la modificación de los estatutos fundamentales de la nación”. (El discurso fue publicado sin título por la Imprenta Nacional en 1936).

341

“Prefiero tres años de gobierno con el apoyo activo de la masa y el respaldo de la mayoría en favor de mis iniciativas, con plena participación en mis responsabilidades de dirigente, que cuatro años separados por un momento imperceptible en el cual se produciría el retiro de la adhesión”. Ibíd.

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Podría ser interesante comparar este proceso de captación de los sectores populares con lo que ocurre, en otra coyuntura, en un país europeo como Italia, que estaba también confrontado con la doble tarea de consolidar el Estado central y afianzar el parlamentarismo. En el primer decenio del siglo XX, encontramos allí a un Giolitti que busca el apoyo de los núcleos industriales y de las masas obreras y declara, en plena fase de depresión económica, que el Estado debe ser desde ese momento un árbitro por encima de las clases.342 El mismo argumento estaba presente: el capitalismo debe sacar provecho de una ampliación de la democracia social y del mercado interno. Y Giolitti se impone finalmente por medio de numerosas maniobras parlamentarias que hacen posible que tanto el “Bloque del Norte” como el del Sur logren mantener sus ventajas; los grandes industriales imponen sus intereses mientras los grandes propietarios del Mezzogiorno conservan su statu quo; los demócratas liberales encuentran razones para sustentar sus expectativas sin que los señores del Sur tengan motivo para inquietarse. Aparte de múltiples diferencias el parlamentarismo representa, tanto en Italia como en Colombia, la frágil cohesión de una sociedad caracterizada por la desigualdad del desarrollo tardío y la debilidad del

342

Cf. el discurso de Giolitti en 1901: “Sólo si el Estado permanece completamente al margen de los conflictos entre el capital y el trabajo, puede cumplir un papel útil para lograr la paz e intervenir algunas veces como conciliador”. Cf. Textos de Giolitti citados por Shepard Clough y Salvatore Saladino, A history of modern Italy, Nueva York, Columbia University Press, 1968. Los análisis de Giampiero Carocci, Giolitti e l’eta giolitiana, Turín, Einaudi, 1971 y de Arcangelo William Salomone, Italy in the Giolittian Era: italian democracy in the making, 1900-1914, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1960; resaltan el interés que podría tener una comparación entre la época de Giolitti y los años treinta en América Latina en la medida en que está presente, aquí y allá, la debilidad del Estado nacional. “La era de Giolitti” se instaura sobre el trasfondo de numerosas insurrecciones campesinas que se presentan entre 1890 y 1900, de la ola de huelgas de 1901 (entre las cuales se encuentra la de Génova en febrero, que ofrece a Giolitti la ocasión para afirmar la posición neutra del Estado). Recordemos la interpretación de Gramsci según la cual la política giolittiana equivalía a rechazar “una democracia rural a través de la alianza con los campesinos meridionales” y a preferir en cambio “un bloque industrial capitalistaobrero sin sufragio universal [...], una política reformista en materia de salarios y la libertad sindical”. “Algunos temas sobre la Cuestión Meridional”, traducido en: María Antonietta Macciocchi, Pour Gramsci, París, Seuil, 1974, p. 322.

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Estado nacional. Con el pretexto del progreso perpetuaba la disociación entre trabajadores urbanos y trabajadores rurales,343 sin perjuicio de colocarlos, tanto a los unos como a los otros, en la esfera de influencia directa o indirecta de la burguesía.

La clase obrera a la deriva Con la adhesión al gobierno de Alfonso López, los dirigentes populares buscaban hacer una alianza con la burguesía progresista “contra la reacción” y contribuir al desarrollo tanto de las fuerzas materiales del capitalismo como de las formas de la “democracia burguesa”. Algunos meses después de la apoteosis del 1° de mayo comienza, sin embargo, el reflujo de la “Revolución en Marcha”: en diciembre de 1936, durante una alocución pronunciada en Barranquilla, López proclama oficialmente la “pausa”. Para las masas urbanas y sus voceros no había, pues, más alternativa que: o romper con el gobierno o mantener la adhesión, pero esto último a riesgo de transformarse en la “cola”344 del Partido Liberal y de entablar compromisos con la propia oligarquía. La escogencia no podía dejar lugar a duda. Las masas tenían una conciencia cada vez mayor de su debilidad frente a la represión descentralizada practicada por esta misma oligarquía, pero también por la burguesía, y por consiguiente era grande la tentación de preservar a cualquier precio la frágil unidad política que acababan de obtener por intermedio del gobierno. La situación, en todo caso, no se prestaba a la ambigüedad; los dirigentes de la gran industria no estaban dispuestos a responder a los ofrecimientos que recibían, y menos aun después de aquel 1° de mayo de 1936, ya que ahora se encontraban, cada vez más, en la primera fila de la ofensiva contra López. Las oligarquías agrarias podían comprobar, por lo menos, que la ley de reforma agraria había permitido el apaciguamiento de los conflictos sociales más agudos. La gran burguesía industrial, por

343

Por lo menos los del Sur, en el caso italiano. Ocurría de manera diferente en el caso de los campesinos del Norte.

344

Después de 1847, según Engels, “la clase obrera se convierte políticamente en la cola del ‘gran Partido Liberal’ dirigido por los industriales”. (Die Neue Zeit, junio de 1885); según el mismo Engels, en los años 1880, los obreros de Saint Etienne en Francia tienden a ser “la cola del partido radical burgués”. (Carta a Bernstein, noviembre 20 de 1882).

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el contrario, veía resurgir el espectro de una “lucha de clases” estimulada casi por gusto por la élite en el poder; a esta situación reaccionaba con “una mezcla de temor y arrogancia”345 empeñándose en la destrucción de los sindicatos tan pronto como surgieran. Los representantes de la gran industria querían evitar de esta manera la implantación de leyes sociales. A finales de 1937, cuando el gobierno propone una ley que hacía obligatorias las cesantías (indemnización causada por la cesación de funciones), algunos ven allí el anuncio de un “caos total en el país como ninguna disposición [lo] había logrado producir en toda la historia de la República”.346 Un poco antes habían surgido protestas similares cuando se había tratado de implantar medidas de participación en los beneficios de las empresas; Mariano Ospina Pérez –quien volverá a tomar por su cuenta el proyecto en 1946– se rebela de inmediato contra una iniciativa que podría “traer como consecuencia lógica la plena participación de los obreros en la dirección de la empresa”.347 El rechazo de tales medidas se inscribe, de hecho, en un rechazo más amplio: el de una legislación social que consolide, al mismo tiempo, la existencia de los sindicatos y un margen de acción para la élite “lopista”. Alrededor de este aspecto se define finalmente la verdadera correlación de fuerzas. Los industriales, aliados a las oligarquías agrarias, logran fácilmente bloquear todas las veleidades legislativas del gobierno. Nada que se parezca a un código laboral; nada que tenga que ver con un eventual salario mínimo; nada tampoco que signifique una protección eficaz para el personal sindicalizado.348 Tan intolerable como la existencia de los sindicatos era, desde este punto de vista, la emergencia política de las masas populares, así fuera de la mano del Partido Liberal, ya que este hecho sería la introducción de una nueva polarización en el campo político. También en este aspecto la gran burguesía industrial se encontraba finalmente mucho más implicada que las oligarquías agrarias.

345

Alfonso López, mensaje al Congreso, 1936.

346

Industrias Nacionales, febrero-marzo de 1938.

347

Citado, ibíd., diciembre de 1937.

348

Medidas de este tipo se tomarán en 1944-1945, durante el segundo gobierno de López.

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La burguesía se mostraba preocupada, sin duda, por el “peligro comunista” que el gobierno de Alfonso López, con el pretexto de circunscribirlo, no hacía más que alimentar. Las voces de alerta se multiplican en los medios conservadores; la revista Industrias Nacionales se refiere en muchas ocasiones a los “sindicatos soviéticos” que se agrupan en la CTC.349 No obstante las advertencias se escuchan aun más por el lado liberal: en diciembre de 1936 Eduardo Santos como presidente de la Dirección Liberal, arremete contra el Frente Popular con el argumento de que va directamente contra la doctrina liberal: “El liberalismo debe definir su posición y sus doctrinas, afirmar su condición de Partido Liberal y democrático resueltamente opuesto a las aventuras comunistas, a las doctrinas soviéticas, a las tendencias autoritarias que caracterizan el fascismo en todos sus aspectos”. Observa igualmente que no se podría tolerar un sindicalismo político como el que está presente en la nueva Confederación.350 Con la denuncia de un “peligro comunista” –que no parece inminente en las circunstancias del momento– lo que se pone en cuestión es justamente la politización de las masas populares. A este respecto, el apoyo dado por los sindicatos y los comunistas al gobierno de Alfonso López produce más preocupación que confianza; por discreto que sea, es un primer paso hacia una reorganización del campo político en torno de intereses de clase. Se alcanza a comprender, pues, la violencia de las reacciones cuando el Congreso de Medellín opta por apoyar en las elecciones de 1937 a los candidatos “lopistas”. La revista Industrias Nacionales considera que “el Partido Liberal va disolviéndose, porque las masas populares que lo integraban están hoy de socios activos de todos los sindicatos políticos a quienes el gobierno y nuestra pasividad toleran, estimulan, protegen”.351 Pero Eduardo Santos –que por lo demás no es de manera alguna indiferente a las exigencias de la industrialización– es aún más virulento respecto a un Congreso que “ha montado una maquinaria

349

Cf., por ejemplo, Industrias Nacionales, enero de 1938.

350

Carta de Eduardo Santos dirigida a Ignacio Torres Giraldo, publicada en El Tiempo, diciembre 10 de 1936.

351

Industrias Nacionales, septiembre de 1936.

260

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política que nos puede dar los más negros días en el porvenir”.352 Eduardo Santos se convierte así en el intérprete, una vez más, no sólo de los sectores oligárquicos sino de la burguesía. Los directorios liberales de los departamentos industrializados son los que más claramente se adhieren a esta voz de alarma; desde diciembre de 1935 el Directorio Liberal de Antioquia deplora “los abusos en las actividades sindicales [...] que, al crear un ambiente de expectativa insegura para el capital, lo obligan a contener el desarrollo industrial”;353 en 1937 el Directorio Liberal del Valle del Cauca constata que “en países rudimentarios (sic), el sindicalismo pasa a convertirse en arma constante contra las instituciones democráticas”.354 Y políticos como Gabriel Turbay hacen eco a estos temores.355 Las elecciones parlamentarias de 1937 constituyen justamente la prueba de que existe un amplio acuerdo a este respecto en el seno de las clases dominantes del Partido Liberal, puesto que dan como resultado el triunfo de una mayoría “antilopista”.356 La movilización de las masas urbanas que impulsaba López no había logrado contrabalancear la influencia de las redes políticas tradicionales. Además, algunos meses después, en julio de 1937, Eduardo Santos es oficialmente designado como el candidato del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 1938.357 Este fracaso político había llevado a Alfonso López a ofrecer su dimisión en mayo, dimisión rechazada por el Congreso pero que, por su sola eventualidad, significaba el fin de la era de las reformas. De esta

352

Publicado en El Tiempo, agosto 21 de 1936. Hay que observar que Eduardo Santos se indignaba también por ciertas mociones presentadas por los sindicatos, incluso si no eran aprobadas, como el proyecto de nacionalizar los bancos o la resolución presentada por el sindicato de la cervecería Bavaria, que sugería dar instrucción militar a los sindicalizados e “iniciar la formación de las milicias sindicales que han de defender al actual gobierno legítimamente constituido”.

353

Cf. El Tiempo, diciembre 17 de 1935.

354

El Tiempo, mayo 18 de 1937.

355

El futuro rival de Gaitán en las elecciones de 1946 se inquieta por las influencias comunistas y socialistas. Cf. La Razón, mayo 18 de 1937.

356

Sólo los liberales participaban en estas elecciones. Los conservadores mantienen su no participación hasta 1939.

357

Al principio, los “antilopistas” se habían puesto de acuerdo en el nombre de Olaya Herrera, por segunda vez. Pero el antiguo presidente muere en Roma en 1937.

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manera se rompía el frágil puente que por un momento parecía haber puesto en contacto las luchas sociales con el campo político. No se debe, sin embargo, exagerar la diferencia –o los desacuerdos– entre la élite “lopista” y la alianza oligárquico-burguesa. Alfonso López, como lo hemos observado varias veces, sólo buscaba “modernizar” esta alianza, por intermedio del Estado, acentuando su polo burgués. La vigilancia gubernamental de los sindicatos o de la movilización popular siempre había sido la regla. Esta actitud queda demostrada por su posición frente a las huelgas. Antes del encuentro de mayo de 1936, el gobierno era con frecuencia el primero en ver en ellas provocaciones subversivas. En diciembre de 1935, durante la huelga petrolera, Alberto Lleras Camargo se inquieta, como ministro de Gobierno, de que “la libertad de trabajo vaya quedando en poder de los agitadores y [de] que la huelga haya pasado de instrumento legal de defensa de las clases económicamente débiles a ser ejercicio de preparación para sus luchas revolucionarias contra el Estado democrático y republicano”.358 En enero de 1936, cuando estalla la huelga de la empresa Rosellón en Medellín, el mismo ministro denuncia a los que quieren “dar una orientación ilegal y subversiva a los movimientos obreros”.359 Después del encuentro las amenazas se hacen más discretas. Habría que agregar que Alfonso López generalmente sólo aceptaba intervenir como árbitro cuando los obreros habían regresado previamente al trabajo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se desencadena la huelga de los ferrocarriles del Pacífico, en marzo de 1937. En un mensaje al sindicato, Alfonso López anota: “El regreso de los empleados y obreros del ferrocarril del Pacífico a sus tareas será saludado por la opinión pública como la consolidación de una etapa de las relaciones del capital y el trabajo, en la cual la ley ofrezca, con la intervención eficaz de los organismos del Estado, soluciones favorables”.360 Ocurre lo mismo con motivo de ciertos conflictos desencadenados por la Fedenal.361

358

Cf. El Tiempo, diciembre 7 de 1935.

359

“Memorias del ministro de Gobierno”, 1936.

360

Mensaje con fecha marzo 13 de 1937.

361

Principalmente cuando se desencadena la “gloriosa huelga” del 26 de junio de 1937, al término de la cual la Fedenal obtendría el monopolio de la contratación. Para

262

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Dicha actitud queda también demostrada por la elaboración de proyectos de ley orientados a restringir los “abusos” del derecho de huelga; esta es la dirección en que se compromete la única labor legislativa del gobierno entre 1937 y 1938. No obstante, los textos existentes establecían ya barreras rigurosas puesto que proscribían el recurso a la huelga en los “servicios públicos”, sector en que el sindicalismo se encontraba más sólidamente implantado. Sin embargo, el número restringido de huelgas no impide, en esta época, que los “lopistas”, siguiendo el ejemplo de la burguesía industrial, acusen a los sindicatos de multiplicarlas de manera irresponsable. Proponen igualmente que se prohíban las “huelgas de solidaridad” e, incluso, someten al Congreso un proyecto orientado a instituir tribunales de arbitramento que privarían de hecho a las huelgas de gran parte de su impacto. Resaltemos de paso que este proyecto fracasa debido a la indignación que provoca entre los industriales que quieren seguir siendo amos y señores en su propia casa.362 Si bien estas medidas no se adoptan finalmente, otros medios de control sobre los sindicatos son establecidos insidiosamente, con el consentimiento de los dirigentes obreros. Con motivo del Congreso de Cali, celebrado en enero de 1938, el gobierno hace aprobar por los parlamentarios una ayuda financiera nada despreciable; en contrapartida obtiene a partir de ese momento el derecho legal de supervisar las finanzas de las organizaciones sindicales así como la validez de sus asambleas.363 Veinte años después el Partido Comunista admitirá que en aquel momento “no tomó en cuenta la significación negativa” de estas disposiciones.364

desconcierto de algunos dirigentes, la CTC ordena la suspensión del movimiento con el fin de que Alfonso López pueda intervenir como árbitro. 362

Industrias Nacionales, febrero-marzo de 1938.

363

El Decreto 2190 de 1937 prevé la formación de un comité oficial (dos representantes del Gobierno, más el delegado de la CTC) encargado de controlar la utilización de los fondos asignados con ocasión del Congreso de Cali. Este comité decide sobre la utilización de los fondos. El mismo decreto organiza las reglas de representación al Congreso.

364

Partido Comunista de Colombia, Treinta años de lucha..., op. cit., p. 44. Según este libro “con ese decreto y bajo el pretexto ‘moralista’ de controlar el buen uso de dichos fondos, se inició la injerencia oficial burguesa en las organizaciones obreras, la supervigilancia del Estado Patronal a las asambleas de los trabajadores”.

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Dicha actitud queda demostrada finalmente por la condena a la politización de las masas cuando no se ejerce en beneficio exclusivo de los dirigentes del Partido Liberal. Recordemos solamente a este propósito dos hechos ya mencionados: para Alfonso López, el Frente Popular siempre había sido un “fantasma”; para Alberto Lleras Camargo, según su discurso inaugural en el Congreso de la CTC en Cali, “toda acción sindical con fines políticos” es un atentado contra la democracia. En 1938 las masas urbanas ven cómo se les desconoce de esta manera cualquier tipo de voluntad propia; sólo les queda el derecho de aportar sus sufragios al partido de gobierno. Los sindicatos, por su parte, se ven igualmente privados de sus instrumentos de acción; se les invita solamente para que sirvan de intermediarios para implantar la “paz social” y por lo tanto para imponer el orden a sus afiliados. Los voceros de los sectores populares, por su parte, lejos de sublevarse contra el papel que se les ha confiado, lo desempeñan con fervor; desautorizan las huelgas ya que éstas indisponen a Alfonso López; cantan loas a la burguesía, con el fin de tenerla lo más tranquila posible; y finalmente promueven en 1938 el voto por Eduardo Santos, su antiguo adversario, porque representa la legitimidad liberal. La desautorización de las huelgas. El Congreso de la CTC de enero de 1938 se dedica a esta labor, al igual que el estado mayor comunista. Tanto el uno como el otro temen que éstas sirvan de pretexto a la burguesía para liquidar la alianza política de la que es soporte el Partido Liberal. En 1937 el ministro de Industrias enumera una veintena de huelgas. Este anuncio es suficiente para que la CTC arremeta contra “el uso y abuso inmoderado de la palabra huelga” y denuncie “las huelgas locas que estallan por doquier, sin preparación, sin estudio, sin la menor consulta”.365 Para mayor claridad, el secretario general agrega: “Es indispensable dejar de jugar irresponsablemente con las huelgas”,366 y una de las resoluciones oficiales del congreso confirma la necesidad de una “severa crítica al empleo desmedido y en ocasiones loco de la huelga”.367 Los comunistas no

365

Informe del secretario general de la CTC al Congreso de Cali. Cf. Tercer Congreso…, op. cit., p. 33.

366

Ibíd., p. 34.

367

Ibíd., p. 160

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se quedan atrás para reclamar una moderación de esta naturaleza y, por lo demás, se adhieren plenamente a la resolución del congreso.368 A partir de este momento, cualquier sindicato debe obtener el consentimiento de la Confederación para decretar una huelga. Mantener a cualquier precio la solidaridad con la burguesía nacional. Ninguna tarascada podría impedir una coalición que está inscrita en la naturaleza de las cosas. Hemos citado los textos del buró político del Partido Comunista que muestran cómo en mayo de 1938 este sigue siendo el teórico imperturbable de esta coalición. La CTC, por su parte, recuerda en Cali que “la defensa de la industria nacional es otro de los primordiales deberes del pueblo organizado”.369 Según los términos del informe consagrado al tema, esta toma de posición significa que “los intereses nacionales son también los nuestros” y, por consiguiente, que los trabajadores están llamados a obrar “en esta etapa de nuestra evolución” como “factores de prosperidad nacional, factores de orden pero de un orden basado en la justicia”.370 De allí se deriva como consecuencia que “queremos y debemos liquidar el sectarismo de clase que veníamos exhibiendo, y que nos hacía pensar que sólo nos importaban nuestros intereses especiales”;371 por lo demás, esta actitud seguiría vigente incluso si los progresos del capitalismo producen el endurecimiento de las clases dominantes y estas se ven obligadas a abandonar sus prácticas paternalistas y a disputar “el terreno pulgada a pulgada a las mayorías productivas cuando éstas pidan más libertad y más pan”.372 La fidelidad a la burguesía nacional está, pues, lejos de ser correspondida. La ausencia de reciprocidad no disuade, sin embargo, a los sectores populares de permanecer a la sombra del Partido Liberal. Muy por el contrario, a medida que se acentúa la ofensiva de las clases dominantes, el apoyo al partido de Alfonso López es proclamado con más insistencia

368

Que se reproduce en el diario oficial del Partido Comunista Tierra, febrero 4 de 1938. Observemos que el antiguo diario El Bolchevique cede su lugar a Tierra: la lucha antifeudal justifica la prioridad de las luchas agrarias.

369

Tercer Congreso..., op. cit., p. 160.

370

Ibíd., pp. 94 y 95.

371

Ibíd., p. 94.

372

Ibíd., p. 84.

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como si, en el plano político, las oposiciones de clase pudieran ser escamoteadas. La adhesión al Partido Liberal implica una deriva temible. La deriva había comenzado, es verdad, bajo la forma del apoyo incondicional otorgado a Alfonso López. Los comunistas y los socialistas habían querido ocultar, sin duda, esta dependencia, blandiendo su consigna de Frente Popular.373 Sin embargo, cada cual colocaba lo que le provocaba bajo esta apelación. Algunos elementos de la CTC se refieren a ella, pero nunca la CTC como tal. Antiguos gaitanistas y “disidencias” liberales –principalmente en el Valle y en Caldas– proclaman también la consigna pero muy a menudo se trata de una táctica a corto plazo. Los socialistas reunidos en Vanguardia Socialista no eran más que un pequeño grupo que en realidad constituía un ala izquierda del liberalismo.374 Los mismos comunistas, por su parte, algunos y no de los menores (los que siguen a Durán y van a ocupar muy pronto la dirección del partido) no dudaban en hablar de frente popular liberal, haciendo así su ingreso en el campo político tradicional. En las elecciones de 1937 los encontramos un poco al azar en algunos departamentos haciendo lista común con las corrientes más diversas.375

373

Como se sabe, el “Frente Popular” fue acogido un poco por todas partes con alivio, ya que los partidos comunistas muy a menudo habían padecido de la línea clase contra clase. Para el caso de Francia, se puede consultar a este respecto Antoine Prost, La CGT à l´époque du Front Populaire, Armand Colin, 1964; que muestra las dificultades de la Confédération Générale du Travail Unitaire (CGTU) a partir de 1926, así como el debilitamiento relativo del sindicalismo propiamente obrero (por oposición al sindicalismo “terciario”).

374

Se puede consultar el libro de Gerardo Molina, el dirigente socialista más destacado de la época: Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934, Bogotá, Tercer Mundo, 1974, t. II.

375

En su informe ante el comité central en mayo de 1939, Ignacio Torres Giraldo menciona cuatro situaciones que se habían presentado con motivo de estas elecciones. En el Valle, el partido había apoyado una lista liberal de la tendencia de Darío Echandía. En Caldas, Luis Vidales había presentado una lista propia, que fue derrotada. En el Tolima y Cundinamarca, el partido había apoyado a los liberales de izquierda. Estas tácticas sutiles permiten al partido tener un representante en la Cámara de Representantes –Gilberto Vieira– y un diputado en la Asamblea de Cundinamarca. Pero hacen posible también que el Partido Comunista se aproxime a lo que es un partido tradicional.

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Ahora bien, “la adhesión a López” tenía cada vez más un contenido ambiguo, puesto que la “pausa” arrojaba dudas sobre el reformismo de la élite dirigente. Los proyectos orientados a restringir el campo de acción sindical no dejaban de ser sentidos como un retroceso, y con mayor razón los arreglos con los “moderados” liberales. Pero quedaba en pie el hecho de que era la única expresión política posible para mantener la movilización popular “en favor de la democracia, contra el fascismo”. La actuación de López contra la United Fruit en 1937 permite por lo menos que éste siga apareciendo como el heraldo del antiimperialismo. Igualmente cuando López amenaza con su dimisión en mayo de 1937, la CTC se manifiesta señalando la eventualidad de una huelga general. En el Congreso de Cali, en enero de 1938, el informe político sostiene que “en el último año el actual jefe de Estado ha afirmado la línea democrática de su Gobierno, lo ha aproximado todavía más al pueblo, ha hecho del aparato estatal un medio para disminuir los privilegios de los grupos minoritarios, quitándole de esa manera a la reacción parte de sus soportes económicos [...] y sobre todo en el último año el presidente López ha tomado francamente un rumbo antiimperialista”.376 Durán, el futuro secretario general del Partido Comunista, por su parte, si bien deplora ante la Fedenal ciertos “errores involuntarios” del presidente, lo hace para recordar en seguida “la adhesión entusiasta y firme de los trabajadores”; “la alianza que [habían mantenido] con López y las corrientes sociales que él representa, no debe debilitarse con su salida de la presidencia. Todo lo contrario: el pueblo entero, con su clase obrera en primer lugar, debe rodear a López a su bajada del solio presidencial y convertirlo en la plaza pública en una bandera de la revolución que habrá de ampliar los derechos y las libertades de los trabajadores [...]”377 Al colocar cada vez más el acento sobre la “defensa de la democracia”, los dirigentes populares abandonan, no obstante, el terreno de las transformaciones sociales para instalarse en el de las alianzas políticas.

376

Tercer Congreso..., op. cit., p. 87. Más adelante el mismo informe agrega: “En la orientación del actual Gobierno ha tomado injerencia decisiva el pueblo. El doctor López ha creído en el pueblo y éste a su vez lo ha respaldado e impulsado”.

377

Folleto que reproduce la intervención de Augusto Durán como secretario general de la Fedenal, con el título: Política externa de la Federación Nacional del Transporte, Barranquilla, Publicidad Marta, 1938, p. 15.

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“La adhesión a López”, como anteriormente la consigna del “Frente Popular”, se convierte en una simple máscara. El éxito de los “santistas”, que es un hecho después de la “pausa”, vuelve a hacer del Partido Liberal una agrupación heteróclita bajo la tutela del conglomerado burguésoligárquico. Desde entonces, las referencias a la democracia sirven a menudo para justificar la decisión de permanecer, a pesar de todo, a la sombra del Partido Liberal, es decir, en definitiva, de situarse en la antigua división liberal-conservadora.378 El problema planteado era, pues, en realidad el de la adhesión a Santos, quien había sido el líder visible de la oposición liberal a López hasta julio de 1937. La “izquierda liberal” y los comunistas habían militado en favor de la candidatura presidencial de Darío Echandía quien, con Alberto Lleras Camargo, había sido el más cercano colaborador de Alfonso López; pero la Convención Liberal, que se reúne en esta fecha, había preferido, por una gran mayoría, la candidatura de Eduardo Santos. Esta designación provocaba reticencias hasta en los sectores populares simplemente liberales. Para vencer estas reservas era necesario definir un interés de mayor envergadura, como “salvar la democracia”. Los comunistas fueron los primeros que se empeñaron en que se reconociera que esa era la tarea más urgente. Desde septiembre de 1937 Gilberto Vieira (en ese momento miembro del comité central del Partido Comunista, presidente del mismo en 1944, y luego secretario general a partir de 1947) está siempre en la brecha para fustigar a los aventureros que rechazan esta nueva adhesión. Ante la Cámara de Representantes, denuncia a los “agitadores del oportunismo electoral, aventureros, izquierdistas, con brotes de independencia que no han tenido nunca”. A los que pretenden mantener una línea política independiente, replica: “Ni siquiera los comunistas son una fuerza política pero su desinteresada adhesión [a la candidatura Santos] sirve

378

Los comunistas y sus aliados, comprendidos allí los liberales moderados, consideran que el Partido Conservador se encuentra inclinado hacia el fascismo. Sin embargo, las “camisas negras” de Alzate Avendaño no son más que una minoría revoltosa, y Laureano Gómez no se podría definir en la época, sin más ni más, como fascista. Al amalgamar el Partido Conservador y el fascismo, los dirigentes populares subestiman singularmente la vitalidad de los modos de dominación oligárquica, y sabemos, por el contrario, que estos últimos colman este espacio político con una democracia sui generis.

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para desenmascarar a los farsantes”. Estos farsantes son principalmente “los que sueñan con decretar una huelga general el día de la posesión de Santos. Cosa que no lograrán porque no cuentan con nada, porque son cuatro descamisados que insultan al candidato”.379 A pesar de algunas vacilaciones, cuando corre el rumor de que Eduardo Santos haría entrar conservadores en el gobierno,380 los dirigentes comunistas tienen que atenerse a la opción que habían tomado; durante el Congreso sindical de Cali rompen la solidaridad con los socialistas y los liberales de izquierda que habían logrado el rechazo de una moción de saludo a Santos.381 En junio de 1938, en el mismo momento en que Ignacio Torres Giraldo se convierte en secretario general, el IV Plenum deplora como “la mayor falla [...] la insuficiente capacidad de nuestro partido para relacionarse con los diversos sectores de la democracia colombiana, en primer lugar con el liberalismo”, que como se sabe “se mueve bajo la enseña de un partido de gobierno progresista y democrático”.382 Finalmente, la víspera de la posesión de Eduardo Santos, el buró político proclama en un manifiesto: “Contra la reacción y el fascismo estamos con López y apoyaremos a Santos”.383 La transmisión de las fidelidades queda de esta manera garantizada. Sin embargo, esto no se lleva a cabo sin agitación. En primer lugar, en el seno mismo del Partido Comunista, algunos miembros rechazan la adhesión a un candidato que anuncia alto y fuerte que quiere romper las organizaciones comunistas; otros ven allí una invitación a desertar de su

379

Cf. Debates en la Cámara, septiembre 6 y 7 de 1937, y su reseña en El Tiempo, diciembre 7 y 8 de 1937.

380

Gabriel Turbay había evocado esta eventualidad en marzo y Santos no lo había desmentido. En ese momento los comunistas amenazaban con abstenerse. Cf. Tierra, abril 1 de 1938.

381

Ibíd., febrero 4 de 1930.

382

Ibíd., junio 24 de 1938. En febrero de 1938 ya el Partido Comunista había afirmado solemnemente su solidaridad con el conjunto del liberalismo: “El Partido Comunista declara una vez más que solamente el liberalismo en bloque, unificado en torno de sus banderas y apoyado decidida y lealmente por los partidos y corrientes de izquierda, por el movimiento organizado de las masas y en general por el pueblo, es el llamado en esta hora de la república para impedir el avance de la reacción, el posible triunfo de las fuerzas conservadoras franquistas que conspiran en el país”. Cf. El Tiempo, febrero 3 de 1938.

383

Tierra, agosto 6 de 1938.

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partido en beneficio del liberalismo. El hebdomadario comunista debe admitirlo: “Pero lo más grave es que el viraje fue entendido por muchos de nuestros militantes como una autorización de desbandada, como la orden de abandono de nuestras propias organizaciones de partido, de nuestras formas y métodos de trabajo regular [...] como si se hubiera dicho que el Partido Comunista iba a desaparecer”.384 En el seno del conjunto de las fuerzas populares, igualmente, encontramos liberales de izquierda y socialistas que siguen viendo con malos ojos a Eduardo Santos, a pesar de los requerimientos que les hace Gilberto Vieira: “Que digan las razones por las cuales se oponen con tanta terquedad al candidato de la mayoría”.385 Estas razones son, sin embargo, claras: al seguir al Partido Liberal en su trayectoria sinuosa ¿no pierden las masas populares la identidad política que habían creído obtener con López? ¿No se convierten en una simple clientela electoral atrapada en la redes de la oligarquía? Lo que se les niega a las masas populares, en efecto, a partir del triunfo de las fuerzas “anti-lopistas”, es justamente el derecho a una identidad política de cualquier tipo que sea. La sumisión a la “mayoría liberal” no es suficiente. Se necesita también el abandono de cualquier pretensión de constituir una fuerza específica. La prueba de ello se encuentra, con gran estrépito, en las reacciones que siguen al anuncio de que el Congreso de la CTC en Cali se había pronunciado por una intervención del sindicalismo en el campo político. Sólo se trataba en realidad de una moción a través de la cual la CTC se esforzaba por reconstruir una unidad particularmente quebrantada por la querella alrededor del “saludo a Santos”.386 En el informe político esta

384

Ibíd., mayo 1 de 1938.

385

Intervención en la Cámara, febrero 2 de 1938, aparecida en el texto Treinta años de Lucha…, op. cit. publicado, recordémoslo, en 1960 cuando Gilberto Vieira ocupaba todavía la secretaría general; está escrito que “la directriz de votar por Santos no tuvo efecto porque el Partido en general se pronunció contra ella y la Dirección del Partido tuvo necesidad de revocarla”. Pero en el parágrafo siguiente se reconoce que fue un error presentar a Santos como un representante de la izquierda liberal: “Esa tesis tenía como fundamento la valoración exagerada de sus simpatías por la República española”. Partido Comunista de Colombia, Treinta años de Lucha…, op. cit., p. 47.

386

Como ya lo hemos señalado, fueron los socialistas –Diego Luis Córdoba y Gerardo Molina– los que provocaron el retiro de la moción de saludo a Santos. Se puede

270

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moción figuraba en la forma siguiente: “Las organizaciones sindicales deben continuar luchando contra el apoliticismo porque la defensa de sus derechos y la integridad de las instituciones democráticas sólo se consiguen a través de la política”.387 Eso era demasiado para los santistas que, a pesar del retiro en el último momento de este texto,388 lanzaron en todo el país una vasta campaña contra el Congreso de Cali e invitaron a los sindicatos de filiación liberal a retirarse de dicho Congreso.389 El Directorio Liberal Nacional se cree obligado a recordar que “el liberalismo no tiene ninguna afinidad ideológica con el comunismo y condena la lucha de clases y todo instrumento político que actúe fuera del sistema republicano. [...] La Dirección considera que, aceptada por el partido la sindicalización no política, no se deben tolerar las pretensiones de elementos ciertamente políticos encaminados a dirigir o a controlar los sindicatos”.390 Y el parlamento mismo que, recordémoslo, sólo comprende liberales le sigue los pasos, argumentando que “dicha política [la de Cali] lleva al movimiento sindical, que no es privilegio de los trabajadores manuales, sino un movimiento amplio y profundo de todas las categorías de ciudadanos, por la vía del antagonismo y la división social, debiendo ser al contrario un medio de pacificación y de unión entre los distintos núcleos de la sociedad”.391 Como se ve, no hay espacio prácticamente para un movimiento obrero independiente. También en este caso el alboroto no es más que un pretexto. Con excepción de la famosa moción, la voluntad de independencia no se afirma en parte alguna durante el congreso. Las rivalidades de los diversos clanes liberales constituyen su verdadero telón de fondo. Disponemos a este respecto del testimonio del secretario general del encuentro,

consultar a este respecto la aclaración del secretario general del Congreso, Lázaro Restrepo, que salió publicada poco después en Medellín bajo el título: III Congreso Nacional de Trabajadores, Medellín, s.e., 1938. 387

Tercer Congreso..., op. cit., p. 96.

388

Que no figura en la lista de las mociones oficialmente adoptadas.

389

Lo cual hicieron los sindicatos liberales de choferes y algunos sindicatos de ferroviarios.

390

Cf. El Tiempo, febrero 1 de 1938.

391

Ibíd.

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Lázaro Restrepo, un liberal convencido, quien describe los discretos conciliábulos llevados a cabo, bajo la égida del Directorio Liberal del Valle, entre estos clanes –y también con los socialistas y comunistas– con el fin de organizar por adelantado la repartición amigable de los puestos dirigentes;392 describe también las intrigas de los políticos regionales para afianzarse en la CTC.393 En estas condiciones, la CTC demuestra que se encuentra ampliamente integrada al campo político, cuyas ramificaciones solamente amplifica en dirección a las masas populares. Por lo demás, con el fin de desarmar de mejor manera los adversarios de un sindicalismo políticamente autónomo, el Congreso de Cali tiene cuidado en separar lo que el Congreso de Medellín había fusionado en la dirección de la Confederación: los representantes de los sindicatos y los de las corrientes políticas. A partir de este momento los primeros forman el Comité Ejecutivo propiamente dicho, y los segundos se agrupan en una comisión consultiva. Pero lo que puede parecer un elemento de clarificación oficializa en realidad otra confusión, consistente en introducir una especie de instancia parlamentaria en la que cada clan quería, precisamente, tener sus delegados. Dentro del propio aparato de la CTC se manifiesta, pues, la torsión por medio de la cual las relaciones de clase son recubiertas por el campo político. Es necesario interpretar de manera similar el desdibujamiento casi total de los comunistas y los socialistas del seno de este aparato visible de la CTC. También aquí, ciertamente, ellos quieren inspirar confianza. Desde los conciliábulos preliminares, los comunistas se declaran “dispuestos a reconocer y aceptar la mayoría y las aspiraciones del liberalismo”.394 También se acuerda amigablemente que el Comité Ejecutivo comprenda 17 miembros, entre los cuales habría 13 liberales, dos comunistas y dos socialistas; la comisión consultiva tendría 10 miembros, entre los

392

Cf. L. Restrepo, op. cit., pp. 2 y ss. La propia Dirección Nacional del liberalismo fue consultada sobre los posibles candidatos a la dirección de la CTC. Comunistas y socialistas son convidados, por lo demás, a algunas de esas reuniones.

393

Según Lázaro Restrepo, uno de los miembros del directorio del Valle informa en el último momento a los dirigentes del Congreso que es necesario asignar, en el comité de la CTC, un mínimo de dos puestos a El Tiempo (periódico de Eduardo Santos) y un puesto al Relator (periódico liberal del Valle). Ibíd., pp. 12-13.

394

Ibíd., p. 2.

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cuales habría seis liberales, dos socialistas y dos comunistas. Cuando se desencadena la tempestad contra el congreso, los comunistas se muestran dispuestos a renunciar incluso a la cuota que les había sido atribuida; el comité central informa explícitamente que “está dispuesto a retirar sus dos renglones de legítima minoría en el comité confederal y en el cuerpo consultivo de la Confederación Nacional de Trabajadores si con ello contribuye a clarificar la obra del Congreso de Cali”.395 Estas concesiones, que por lo demás no tranquilizan a los liberales,396 permiten probablemente mantener de manera provisional una frágil unidad sindical; en todo caso, terminan por convertir a la clase obrera en una clientela y a los caciques políticos en dirigentes sindicales.397 Atrapada entre las “huelgas locas” que no controla y las exigencias de los caciques que quieren controlarla, la CTC no es más que una organización sin sustancia, con miles de ramificaciones locales, a imagen y semejanza de los partidos tradicionales. Al igual que las corrientes de izquierda, no tiene más ideología que el deseo de recomponer, llegado el momento, aquella pseudo cohesión a la que el Estado “lopista” había servido de soporte. Por lo demás, difícilmente podía evitar, al colocarse a la zaga de un partido arraigado también en las estructuras oligárquicas,

395

Tierra, febrero 4 de 1938. En el mismo periódico se había confirmado desde antes de la apertura del Congreso de Cali que “no tenemos empacho alguno –por si esto es lo que preocupa a algunos amigos– en reconocer desde ya la preeminencia debida al Partido Liberal, como partido democrático de mayores masas dentro de la organización del país”. Ibíd., enero 14 de 1938.

396

Lázaro Restrepo comenta este temor refiriéndose a la superioridad que los comunistas adquieren, a pesar de su discreción, gracias a “una férrea disciplina, un amplio conocimiento sobre estas organizaciones y una consagración al estudio que los coloca en mejores condiciones que los liberales y precisamente porque éstos parecen contaminados de una pereza musulmana (sic) y sólo son inclinados a recibir los honores y distinciones del partido, pero no sus encargos ponderosos”. L. Restrepo, op. cit., p. 9.

397

Se puede observar que en el mismo momento la Iglesia trata de revivir la organización de sindicatos católicos, en asocio con el Partido Conservador y el patronato. Para la Federación de Cundinamarca, “los sindicatos denominados ‘católicos’ son una forma de expresión y de cristalización en organización de la reacción nacional y extranjera que persigue la liquidación de la democracia colombiana”. Tierra, abril 1 de 1938.

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verse atrapada en las redes de dominación correspondientes.398 No es sorprendente, entonces, que al dejarse captar en estas redes de dominación haya terminado por reproducirlas en su propio seno con la esperanza de conservar así, si no una identidad, al menos una cuota de presencia en los aparatos de Estado. Es cierto, además, que esta cuota de presencia en la cima no garantizaba de manera alguna una cuota de supervivencia en los sindicatos de base.

Sobrevivir en período de “revolución” En un párrafo anterior hemos descrito la implantación del sindicalismo en 1938, con base precisamente en las organizaciones que tienen su representación en Cali. Se pueden ofrecer otros datos que tienden a precisar las cifras que, con un margen considerable de error, habíamos suministrado. En un estudio publicado a comienzos de 1937, Antonio García muestra la existencia de 437 sindicatos obreros que reúnen a 41.000 afiliados, es decir, un promedio de 95 afiliados por sindicato.399 Un censo oficial efectuado en 1937 establece que 558 sindicatos habían obtenido la personería jurídica entre 1909 y 1937.400 Pero solamente está demostrada la existencia efectiva de las 167 organizaciones que respondieron el cuestionario de la administración y que pretenden representar a 34.436 sindicalizados (32.062 hombres y 3.374 mujeres), es decir, un promedio de 62 afiliados por organización. A pesar de ausencias muy notables –por ejemplo, los efectivos de los ferroviarios del Pacífico no figuran en la lista y los de los ferroviarios de Antioquia sólo figuran parcialmente– se puede considerar que estas cifras dan una idea de los sindicatos en

398

En su discurso de apertura, el mismo Alberto Lleras había resaltado la necesidad que tenía la “izquierda” de someterse: “Si somos demócratas y porque lo somos, no podríamos mirar con indiferencia que las garantías de asociación y los derechos privilegiados del proletariado para su defensa económica se convirtieran en un instrumento de presión subversiva, en un arma para la lucha de clases, en una preparación disciplinaria de la toma del poder por las fuerzas antidemocráticas”. Citado en Acción Liberal, núm. 52, enero de 1938.

399

Antonio García, “La economía colombiana y el movimiento sindical”, Acción Liberal, núms. 43-44, febrero de 1937, pp. 49-73.

400

Ministerio de Gobierno, 1909-1937, op. cit.

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actividad a finales de 1937.401 Por otro lado, es necesario resaltar desde ahora la extrema inestabilidad que prevalece como se puede constatar desde antes de 1938; pero sólo se toma plena conciencia de ella un poco después, cuando la gran mayoría de los sindicatos desaparece o entra en un período de inactividad.402 La fragilidad de la institución sindical es un hecho generalizado. Hemos descrito la división que se instaura, en el seno mismo del aparato de la CTC, entre una instancia política y una instancia propiamente sindical. La autonomía de la instancia política se oficializa muy fácilmente sólo como consecuencia de la crisis de la Confederación. Crisis en el nivel de los responsables confederados: en el informe sobre la organización sindical presentado en el Congreso de Cali se hace referencia al incumplimiento de las obligaciones por parte de los elegidos de 1936, ya sea porque eluden el trabajo sindical, se empeñan en una labor divisionista403 o, incluso, porque llevan a cabo malversaciones de los fondos de los sindicatos.404La existencia de una relación entre este incumplimiento y la influencia de los clanes liberales es confirmada por el testimonio de Lázaro Restrepo.405 Crisis de las finanzas sindicales: raros, muy raros, son los sindicatos que pagan sus cotizaciones a la Confederación, la cual se ve condenada a vivir de otros recursos; en “los últimos tiempos, dice el informe, se puede decir que la Confederación ha sido sostenida por la cuota regular que le ha pasado mensualmente el representante Gilberto Vieira”.406 Se comprende así por qué las subvenciones gubernamentales son acogidas con tanto gusto. Crisis de organización: los sindicatos de base se preocupan poco por cumplir las directivas de la CTC; las federaciones industriales, cuya

401

Este censo, recordémoslo, estaba destinado a repartir los subsidios para el envío de las delegaciones al Congreso de Cali.

402

En el informe sobre los problemas de organización presentado al Congreso de Cali, se afirma que la CTC comprendía 50.000 afiliados en la época del Congreso de Medellín, y que se puede suponer que después de ese momento se duplicaron. El autor del informe admite no obstante que no se disponía de un dato preciso. Cf. Tercer Congreso..., op. cit., p. 37.

403

Uno de ellos es excluido, por este motivo, entre los dos congresos.

404

Lo cual implica la exclusión de dos miembros del comité confederal.

405

Que pinta el diletantismo de los liberales de Cali.

406

Tercer Congreso..., op. cit., p. 44.

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creación había sido promovida por el Congreso de Medellín, constituyen la excepción. Las federaciones departamentales, sin duda, habían llegado a ser las más numerosas; había cinco de ellas en 1936, nueve en 1938, pero solamente las de Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar funcionaban correctamente.407 La fragmentación seguía siendo, de hecho, la regla. El tema de la “solidaridad” sindical se desvanece progresivamente, a pesar de que continúa siendo citado ritualmente. En el Congreso de Cali se reconoce que “las manifestaciones, paros y huelgas de solidaridad son escasos”.408 En rigor, sólo se pueden encontrar algunos ejemplos de acción coordinada en un sector preciso: la navegación sobre el río Magdalena, los ferrocarriles. En Cali se hace mención igualmente de la “huelga general” –en realidad no tan general como se pretende– de Medellín, ocurrida en abril de 1937 y destinada a apoyar a los obreros municipales. Sin embargo, se trata de un magro balance y hay que admitir que importantes batallas se libraban y se perdían en medio de la despreocupación general. La condenación de las “huelgas locas” poco estimulaba la solidaridad. La actitud del patronato y el gobierno tampoco significaba un gran estímulo. Sin embargo, el debilitamiento de la cohesión obrera –incluso la rarificación de las menciones que le conciernen– provenía sobre todo de que la unidad ya no era sentida como una conquista de la base popular, sino como un resultado que el vínculo con el Estado hacía posible. La solidaridad ya no se esperaba tanto de los otros sindicatos, sino del Estado. Esta situación conducía a actitudes prudentes o a arreglos que se amparaban, también en este caso, bajo el pretexto de la defensa de las “conquistas democráticas”, como se puede constatar considerando las orientaciones de federaciones tan prestigiosas como la Fedenal o Ferrovías. Volvamos un momento sobre la organización que constituye un modelo, a los ojos de todos, la Fedenal. Formada a comienzos de 1937, venía de éxito en éxito. El 26 de mayo había llevado a cabo efectivamente, a todo lo largo del río, una huelga de 24 horas para expresar su apoyo

407

La Federación de Antioquia, Fedeta, se encuentra en ese momento enfrascada en problemas políticos. La de Santander del Norte está dividida. La de Santander y la del Cauca “casi no se sienten”. La del Tolima sólo existe en el papel.

408

Ibíd., p. 41.

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a López en el momento en que éste amenazaba con renunciar. Cuatro días antes había presentado a las compañías fluviales de navegación un ambicioso “pliego de peticiones” que comprendía la exigencia del monopolio de contratación sindical; López había aceptado ser el árbitro en las negociaciones, pero había exigido, sin embargo, que éstas se desarrollaran en Bogotá y sin interrupción del trabajo. El 14 de junio el Comité Ejecutivo de la Federación decide, no obstante, dar la orden de huelga a todos sus afiliados; de esta manera quería protestar contra el hecho de que Alfonso López había convocado simultáneamente a los delegados de dos sindicatos “amarillistas”.409 La huelga dura cuatro días y paraliza el río. El 17 de julio se cierra un nuevo pacto con las compañías. Gracias a López, se reconoce el monopolio de contratación al igual que otras ventajas: alza de los salarios del 63%,410 seguro de enfermedad y de accidentes profesionales. Esta victoria permite a la Fedenal poner fin a la ruinosa competencia entre los trabajadores del río; logra un aumento de las tripulaciones y establece un sistema de rotación del personal que permite atenuar las consecuencias del exceso de oferta de mano de obra. En diciembre de 1937 la Fedenal lanza un nuevo movimiento de huelga como respuesta a un lock-out de las compañías que querían reservarse al menos el derecho de escoger capitanes no sindicalizados: López interviene una vez más en favor de los trabajadores. En mayo de 1938 el Comité Ejecutivo emprende una enérgica campaña para evitar la prohibición de las huelgas de solidaridad –que equivalía a volver ilegal la coordinación de las acciones a lo largo del río– y la instauración de tribunales de arbitramento obligatorio.411 Si bien los resultados habían sido ampliamente positivos, las sombras no faltaban, sin embargo. Las empresas habían tenido éxito

409

El informe presentado por la Fedenal en el Congreso de Cali reconoce que esta huelga fue suscitada en realidad por los dirigentes de los sindicatos locales que no habían querido viajar en el mismo barco con la delegación de los sindicatos amarillos. El Comité Ejecutivo, para afirmar su autoridad, lanzó entonces la consigna de huelga.

410

Según la dirección de la Fedenal. Esta, en efecto, se vió obligada a consentir en una “nacionalización” del sistema de salarios para los braceros. Estos últimos eran pagados antes según el valor de las mercancías que cargaban; ahora lo son según su peso, y los braceros se preocupan porque las compañías no llevan las cuentas.

411

A. Durán, op. cit., pp. 4-10.

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en la destrucción de algunos sindicatos412 o en la creación de sindicatos paralelos. El comité de la Fedenal, por su parte, tiene que permitir la subsistencia de diferencias salariales de un puerto a otro, para evitar poner en peligro la unidad.413 Al igual que la CTC, la Fedenal no dispone de fondos de huelga; finalmente, y sobre todo para sustentar sus reivindicaciones, acepta suspender toda manifestación política de independencia. El slogan “Con López y con nuestras propias reivindicaciones”414 no es más que un primer paso en esta dirección. Durante el Congreso de Cali se admite abiertamente que la autonomía sindical no puede ser total frente a los poderes públicos, ya que la cuestión vital es “tratar de obtener [...] la confianza y por ende la mayor simpatía del gobierno”.415 Por consiguiente se reconoce también que las circunstancias políticas pueden imponer en ese momento la vía de la conciliación y prohibir el recurso a la huelga: la autoridad misma de la Fedenal se mide por su capacidad para evitar la huelga, porque esta “contribuye a formar un ambiente de desconfianza acerca de la capacidad directriz de los sindicatos y la Federación y da armas a las fuerzas reaccionarias para combatir el movimiento sindical”.416 La misma moderación es la regla cuando otros sindicatos están comprometidos. Una ilustración de esta situación la suministra en abril de 1938 la huelga de los obreros vecinos de la Tropical Oil Company: la policía abre fuego sobre los huelguistas y Augusto Durán, secretario general de la Fedenal que sólo busca salvar el nombre del presidente López, hace recaer la responsabilidad de esta represión sobre las “hordas alcoholizadas al mando de oficiales vendidos al imperialismo”.417 Se puede apreciar así cuáles eran los límites de la federación más roja.

412

El de los depósitos de la compañía huelga de diciembre de 1937.

413

Aunque el pliego de 1937 es en realidad una reunión de los pliegos de todos los sindicatos de base.

414

Cf. el informe al Congreso de Cali, en: Tercer Congreso..., op. cit., p. 113.

415

Ibíd., p. 114. El informe afirma: “Si bien es cierto que el movimiento obrero debe mantener la mayor independencia posible frente al Gobierno [...] esto no puede tomarse en un sentido absoluto”.

416

Ibíd., p. 123.

417

A. Durán, op. cit., p. 16.

SCADTA,

278

por ejemplo, como consecuencia de la

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Consideremos ahora el ejemplo de la Federación de Ferroviarios (Ferrovías), la primera de las federaciones de industria en ser creada.418 En contraposición con la Fedenal, pasa por ser de obediencia liberal moderada. Aunque participa en el Congreso de Cali, se mantiene en todo caso un poco al margen de la CTC; hay que esperar hasta 1939 para que confirme oficialmente su adhesión a la Central, no sin antes hacer alusión a la autonomía que pretende conservar.419 Sólo cuenta de hecho con una débil influencia sobre los diversos sindicatos regionales. En diciembre de 1937 se esfuerza justamente por presentar un pliego unificado: los ferroviarios del Pacífico se desolidarizan inmediatamente y los de Antioquia sólo buscan sacar adelante sus reivindicaciones particulares. ¿Se puede encontrar, al menos, alguna orientación común presente en la política de estos diversos sindicatos? Nada es menos seguro. Tomemos precisamente las dos organizaciones que acabamos de mencionar. El Sindicato del Ferrocarril de Antioquia constituye en la época un modelo de organización; sus finanzas son florecientes y le permiten disponer de seis miembros permanentes;420 cooperativa y asistencia social refuerzan el papel del sindicato incluso ante las familias de los trabajadores. Además, el sindicato tiene en lo fundamental un buen entendimiento con la empresa:421 en enero de 1936 se complace porque ésta haya procedido por su propia iniciativa a una revisión de los salarios “en forma tan espontánea y cordial que no hubo necesidad de que nuestros compañeros enviaran solicitud alguna en este sentido”.422 En ese mismo momento aprovecha para definir el perfil de lo que considera un buen sindicalista: “todo sindicalizado debe ser el mejor trabajador de la empresa y esto solo, basta para ser también el mejor afiliado del sindicato”.423

418

Se crea durante el Congreso de Medellín en 1936.

419

Las conclusiones de la convención de Manizales en las que asume esta posición se encuentran en Acción Liberal, núm. 50, febrero de 1939, pp. 67-74.

420

Gracias a las cotizaciones retenidas por intermedio de la empresa en el pago semanal.

421

Después de la sangrienta huelga de junio de 1934, la dirección del Ferrocarril de Antioquia se convierte en liberal. El sindicato dispone de un representante en el seno de esta dirección.

422

Unión y Trabajo, periódico de los ferroviarios de Antioquia, febrero 3 de 1936.

423

Ibíd., enero 24 de 1936.

279

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Con respecto a la legalidad, los sindicatos deben “demostrar que [los trabajadores] son los primeros en acatar las leyes”;424 esta posición sirve para desautorizar las huelgas –como la de Rosellón– que se apartan de esta política. Finalmente la adhesión a Santos no presenta dificultad alguna, ya que “sin querer hacer política” el sindicato se pone permanentemente al servicio de la unidad liberal.425 Los ferroviarios del Pacífico tienen, por el contrario, una tradición más combativa como lo demuestran las dos huelgas de 1935 y 1937, la primera, desastrosa, la segunda, concluida gracias a la intervención de López. No se encontraban, pues, en una situación confortable puesto que la empresa se empeñaba en debilitar al sindicato; a finales de 1937 logra dividirlo: aparece un “sindicato de empleados” que asume como objetivo destruir al antiguo sindicato que, en su opinión, “funciona[ba] bajo un sistema netamente ruso”.426 Progresivamente el clima se degrada y la violencia hace su aparición con la organización en cada campo de grupos de choque. El presidente del sindicato tradicional es licenciado y el administrador de la compañía es herido después en un atentado cometido precisamente por este presidente. El asunto es lo suficientemente grave como para que Alfonso López se vea obligado a poner freno tanto a la violencia sindical como a la represión antisindical de carácter violento.427 Las dos violencias tienen, de hecho, poco que ver con una división entre comunistas y liberales, a pesar de lo que afirma la compañía; están relacionadas con las disputas que sacuden en Cali al propio Partido Liberal, que reúne eventualmente a santistas y comunistas en un mismo campo para dominar el concejo municipal, mientras los partidarios del Frente Popular liberal, por su lado, llevan a cabo campañas comunes con los conservadores. Melancólico desenlace para dirigentes obreros que, un año

424

Ibíd.

425

Ibíd., mayo 20 de 1936. El periódico había apoyado anteriormente la candidatura de Olaya Herrera. Sin embargo, hay que observar que el sindicato deja algo de su beatitud en 1937: amenaza incluso con hacer una huelga debido a la actitud de algunos administradores.

426

Comunicado publicado por El Tiempo, enero 6 de 1938.

427

El 1° de abril de 1938 Alfonso López denuncia la creación de “grupos de choque” y de sindicatos paralelos. En el Congreso de Cali ya Ferrovías había hecho alusión a esta situación y reclamado la prohibición de los sindicatos paralelos.

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antes, escribían que “la era del progreso social y la renovación política tan vigorosa que vivimos obliga a las clases trabajadoras a agruparse en una empresa de solidaridad social que mantenga la cohesión de sus fuerzas y luche porque las ideas de mejoramiento colectivo encuentren el cauce legal que las realice y las perfeccione”.428 Las circunstancias, por alarmantes que sean, no son tan agobiantes como en los enclaves extranjeros porque, en el caso de éstos, no se trataba de arreglos cautelosos ni de querellas de clanes, sino justamente de supervivencia. Paradoja, puesto que la “Revolución en Marcha”, a falta de otras transformaciones sociales, buscaba por lo menos dar muestras, hasta donde fuera posible, de un nacionalismo sin tacha.429 No obstante, el Congreso de Cali se ve obligado a observar con desilusión que “es precisamente en las empresas imperialistas extranjeras donde el movimiento sindical es más débil” y que “en ninguna empresa imperialista existe actualmente una sólida organización sindical”.430 Si en las plantaciones de la United Fruit el sindicato sobrevive mal que bien –había presentado, es cierto, delegados al Congreso de Cali–, en el enclave petrolero de Barrancabermeja la Unión Sindical Obrera (USO) había bajado los brazos poco a poco frente a la Tropical Oil Company; en agosto de 1937 la empresa crea un sindicato amarillo431 al cual la USO combate vanamente, pues el temor a las represalias es muy fuerte en muchos obreros, al igual que el pánico de verse comprometidos en la adhesión a una organización que es acusada de estar bajo la influencia de los comunistas.432La USO, a su vez, se deja arrastrar en compromisos con la Tropical Oil. Esta última

428

Renovación, órgano del sindicato de ferroviarios del Pacífico, febrero 20 de 1937.

429

Hasta Alberto Lleras, en su discurso de apertura en Cali, había presentado al sindicalismo como la “única garantía contra el desenvolvimiento sin límite de los poderes capitalistas y, entre nosotros, contra el desarrollo desproporcionado de ciertos capitales internacionales que tienden a subordinar el poder público de las pequeñas naciones en que ejercen su influencia”. Citado en Acción Liberal, núm. 52, enero de 1938, p. 66.

430

Informe sobre la organización, en: Tercer Congreso..., op. cit., p. 56.

431

Cf. La Voz del Obrero, órgano de la USO, septiembre 4 de 1937.

432

También la USO, por su parte, juzga en septiembre de 1937 que es preciso reducir esta influencia. Cf. Ibíd., septiembre 25 de 1937. Y de hecho esta organización estaba muy cerca del liberalismo.

281

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define en ese mismo momento un “plan de cooperación”, que consiste en la constitución de comisiones mixtas –un representante obrero, un representante de la empresa y, en caso de desacuerdo entre las partes, un arbitraje [...] del gerente de la compañía– para resolver los litigios. Como constata el Congreso de Cali, la USO “no ha sabido desenmascarar y utilizar a la vez este peligroso plan demagógico”;433 por lo demás, sus mejores militantes habían sido licenciados y los obreros ya no se atrevían a asistir a sus reuniones. La USO, en realidad, es consciente de su impotencia; pero como los otros sindicatos, se esfuerza por compensarla invocando sin cesar a Alfonso López y sus reformas: “Hace ya varios meses que conducimos la lucha sindical, pero no podemos decir sin embargo que nuestra tenacidad haya sido comprendida [...] Nuestra política de apoyo a López no cambiará, sin embargo, por ningún motivo porque nosotros vemos y comprendemos, que López ha sido el iniciador y el defensor de leyes que favorecen a los trabajadores”.434 Esta “política”, no obstante, es particularmente insuficiente como lo demuestra el desarrollo de la huelga de abril de 1938 que, además, constituye una abierta expresión del retorno a la fragmentación sindical. Después de la condena de que fue objeto en Cali, la huelga se convierte en el recurso de los sindicatos aislados que se lanzan a ella como última salida. La USO se encuentra en esa posición. El 10 de febrero presenta a la Tropical Oil un pliego de doce puntos en el cual, además de un reajuste de los salarios, reclama principalmente “completa y efectiva libertad para que todos los trabajadores puedan leer cualquier clase de prensa nacional y extranjera y discutir y charlar libremente sin la fiscalización y presión que actualmente ejerce la compañía” (punto 3º); la aplicación de las leyes sociales en vigor (punto 7º); “que no tome la compañía represalias contra los trabajadores por hacer esta petición, y el reintegro de los despedidos por causa de ser sindicalizados” (punto 11º.). Al principio no se trata propiamente de una huelga; sin embargo, la Tropical Oil rechaza toda discusión tanto en la fase de “negociación directa” como

433

Tercer Congreso..., op. cit., p. 57.

434

La Voz del Obrero, agosto 14 de 1937.

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en la de “conciliación” (los trabajadores estaban representados en ésta última por Gerardo Molina); rechaza incluso cualquier tipo de arbitraje, pero los obreros proponen el de Alberto Lleras Camargo. Constreñida y forzada, la USO da entonces la orden de huelga a partir del 8 de abril. Sobre lo que ocurre después disponemos del testimonio de un médico de Barrancabermeja, Gonzalo Buenahora, quien se esfuerza en vano por organizar a los obreros.435 Estos sólo concebían la huelga como medio para provocar la intervención del gobierno. El comité de huelga da a los trabajadores la consigna de gritar: “¡Viva la huelga! ¡Viva el gobierno del doctor López! ¡Vivan los ministros de Gobierno, doctor Lleras Camargo y de Industria y Trabajo, doctor Gonzalo Restrepo! ¡Vivan los trabajadores de Colombia! ¡Vivan los obreros colombianos! ¡Viva la policía!”. Y esperaban la llegada de uno de estos ministros. Pero nadie llega, para desconcierto de los obreros: “Cuando vieron que el ministro no llegaba se sintieron vencidos. Les pasó lo de Cristo: ¿Señor, Señor, por qué me has abandonado?”.436 Además de Gonzalo Buenahora, dos dirigentes de la CTC trataron de canalizar el movimiento: Guillermo Rodríguez y sobre todo el senador socialista Diego Luis Córdoba; sin embargo, no logran desmontar las maniobras de la Tropical Oil, que bloquea El Centro, zona principal de extracción situada a unos kilómetros de la ciudad, donde los obreros, amenazados con el licenciamiento, continuaban trabajando. La compañía divide a los trabajadores en función de su origen regional y anuncia a este respecto que reemplazará por obreros de Santander –departamento donde está situada la zona petrolera– a los huelguistas antioqueños o de otros departamentos; se apoya en los resentimientos de los conservadores contra los liberales; y encuentra finalmente, como en el período conservador, el apoyo de las autoridades municipales y departamentales. La policía interviene contra las manifestaciones de los huelguistas; como consecuencia, el 12 de abril se produce la tragedia: la policía abre fuego contra un mitin, causa al menos un muerto y numerosos heridos, y pone término anticipado a una lucha en realidad ya perdida. Numerosos afiliados al sindicato tuvieron que salir de Barrancabermeja en los días siguientes.

435

Gonzalo Buenahora, La huelga de Barrancabermeja, Bogotá, s.e., 1938. La descripción que sigue la hemos tomado de este opúsculo.

436

Ibíd., pp. 88-89.

283

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En 1938 el telón se cierra así nuevamente sobre los enclaves y sobre la revolución. La desorientación política de las masas es patente. Gonzalo Buenahora destaca el silencio que se observa alrededor de esta tragedia porque “nadie se atreve a decir una palabra [contra el gobierno liberal] por el terror de ser catalogado de comunista”.437 La solidaridad de los sindicatos se queda en palabras y, como ya hemos visto, los más combativos se preocupan ante todo por salvar la responsabilidad de Alfonso López. Los comunistas aprovechan la situación para expresar su disgusto porque los dirigentes de la USO habían dado muestras de legalismo y debilidad;438 dos meses después renuevan, sin embargo, su confianza en López. La unidad política “alrededor de López” se impone decididamente sobre la cohesión de clase. Los sindicatos deben esforzarse por sobrevivir, pero sin hacer ruido.439 Sólo una voz se levanta –de una manera que no es completamente desinteresada– para deplorar este estado de cosas: la del propio Alfonso López quien, en abril de 1938, constata “el inicio de una campaña de tipo político que tiende a justificar, tanto en las empresas públicas como en las privadas, los despidos abusivos de dirigentes sindicales”;440 en junio de 1938 lamenta la pausa proclamada en Barranquilla: “Yo lamento haberme visto comprometido en esa utópica intención de la pausa, de la que no creo poder decir que haya dejado fruto bueno y sí semillas de descomposición, desaliento y desorden”.441 En el mismo mensaje afirma que el “lopismo” no existe: “No he querido que haya, no hay, ni habrá ‘lopismo’”.442 Las masas populares habían creído,

437

Ibíd., p. 85.

438

Tierra, mayo 1 de 1938. La posición de los comunistas se explica en parte por el hecho de que la USO quería aislarlos, y prefería confiar en los liberales y en los socialistas.

439

El silencio sobre la huelga de Barrancabermeja se ha mantenido hasta hoy. I. Torres Giraldo sólo hace una alusión a ella de paso en el V tomo de Los inconformes, cuando hace el elogio de los braceros locales que se solidarizaron. E. Caicedo no la menciona en su Historia de las luchas sindicales en Colombia, op. cit.

440

Declaración del 1° de abril de 1938.

441

Alfonso López Pumarejo, último mensaje al Congreso, junio 20 de 1938.

442

Ibíd.

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sin embargo, en su existencia y se habían acogido a él. Al sostener lo contrario, al condenar la pausa, Alfonso López termina, pues, por darle consistencia mítica, puesto que, de esta manera, deja entender que sólo dependía de él la existencia de un verdadero movimiento “lopista” y la instauración de la pausa. Invitaba así a las masas a una nueva espera.

Sindicalismo y Estado. Algunas reflexiones sobre sus relaciones en 1936: las disyunciones Hemos analizado anteriormente el encuentro entre las masas populares y el Estado tal como aparece simbolizado el 1° de mayo de 1936. En ese momento nos parecía que ese encuentro sólo se podía comprender si se hacía referencia previamente a las desarticulaciones que afectaban tanto a las masas como al Estado, ya que eran justamente estas desarticulaciones las que cada uno buscaba soslayar, para descubrir en el otro el principio de su propia unidad, como si la fragmentación popular se encontrara de pronto superada gracias a la imagen unificada que se reflejaba en el espejo del Estado, y legitimada a través de los discursos de la élite dirigente. Ya hemos hecho referencia al poder fascinante de esa imagen en la que los sectores populares descifraban su identidad y su condición de actores políticos de pleno derecho. No obstante, como hemos observado desde un principio, había allí algo de desconocimiento. Un poco más adelante podremos constatar, efectivamente, que la deriva de las masas urbanas y sus representantes las obligaba a regresar poco a poco al campo político tradicional. La debilidad de los organismos populares, por una parte, y la precariedad del aparato de Estado, por otra, contribuyen a que se presente esta situación. Al mismo tiempo nuevas fallas aparecen. Ya no se trata tanto de la fragmentación de la clase obrera como de la disyunción de sus modos de acción; por un lado, las “huelgas locas” eran la expresión de enfrentamientos sociales importantes, que permanecían encerrados en un espacio propio y no tenían prolongaciones políticas; por otro, el apoyo electoral al Partido Liberal demostraba la preocupación por mantener a cualquier precio una alianza con el sector que era calificado de burguesía nacional. Las masas populares se encontraban así escindidas entre dos situaciones, pero lo estaban también de muchas otras maneras. El momento de la conjunción entre el pueblo y el Estado es también aquel en que se implantan las disyunciones entre las diversas lógicas de 285

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acción obrera. La fragmentación anterior no es anulada; se transmuta, solamente, en una dispersión que afecta cada sector popular.443 El proceso de acumulación que se lleva a cabo bajo la dirección de una burguesía fragmentada pero soberana corresponde a un plano en el que los enfrentamientos de clase se presentan en estado bruto: la definición de un salario que permita (o no) la reconstitución de la fuerza de trabajo. Pero también está en juego la existencia o no existencia de los sindicatos, y por consiguiente, la organización o la desorganización de la clase obrera. En ningún momento estas luchas dejan de estar presentes; las “huelgas locas” están allí para atestiguar que ni una ideología de la colaboración de clases, ni la presión gubernamental, podían sofocar completamente estos conflictos. Es cierto que estos últimos se desarrollan en un orden disperso. Sin embargo, este hecho no es más que el reverso de la fragmentación de la propia burguesía que defiende mejor sus intereses a corto término no organizándose –o no completamente– a través del Estado, y tratando de ejercer su dominación sobre los obreros sin ningún intermediario: se encuentra allí el complemento de su adhesión al “liberalismo económico”. Así se manifiesta una primera lógica de acción obrera, que reposa sobre la oposición entre proletariado y burguesía. A las estructuras de producción de la fase “anterior” –ya se trate de la oligarquía en general o del capital comercial financiero en particular– corresponde otra oposición: la que enfrenta al “pueblo” contra la oligarquía. Es claro que este enfrentamiento no se confunde con el antagonismo precedente, así sólo sea porque la burguesía industrial se encuentra situada aquí –al menos en los esquemas elaborados por los

443

En los párrafos siguientes se encuentran algunos de los temas que aparecen en el artículo publicado en 1965 por Alain Touraine, “Mobilité, rapports de classe et nationalisme en Amérique Latine”, Sociologie du Travail, núm. 1, 1965, pp. 71-82; y que han sido desarrollados por el mismo autor en su libro Vie et mort du Chili Populaire, París, Seuil, 1973. Nosotros utilizamos este razonamiento en la interpretación de una encuesta relacionada con las actitudes de la clase obrera colombiana en 1966. Cf. Daniel Pécaut y Miriam Pécaut, La classe ouvrière en Colombie, mimeo, París, EHESS, Centre d´Etude des Mouvements Sociaux, 1971. (El primer artículo citado aparece también como parte del libro de A. Touraine, Les sociétés dépendantes, París, Duculot, 1976; existe traducción al español: Las sociedades dependientes, México, Siglo XXI, 1978. N. del T.).

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comunistas– del mismo lado que el pueblo. Observemos que lo que está en juego no es solamente el “mundo del dinero” o la gran propiedad territorial, sino también los aparatos de dominación ideológica que les son propios, comprendidas allí las redes políticas. El “pueblo” es el término a través del cual se esboza la reapropiación de una identidad cultural que estos aparatos habían roto drásticamente. Al lugar que desde ese momento ocupa el Estado-nación, figura tutelar en esta fase de la acumulación, se asocia finalmente una tercera lógica que reposa sobre el conflicto entre las fuerzas nacionales y el imperialismo. La “nación” se encuentra aquí en el primer plano y constituye una noción que se refiere a una identidad virtual, más abarcadora aun que la de “pueblo”; las diversidades que recubre sólo pueden ser borradas por el recurso a la presunta unidad del aparato estatal propiamente tal. El nacionalismo, en esta época, apenas sí se puede concebir por fuera del reforzamiento del Estado nacional. Hablar de disyunción entre estas tres lógicas equivale a afirmar que ellas son bastante independientes las unas de las otras. Sin duda, esta separación parece desvanecerse en los momentos –que no se producen en todos los países– en que el Estado adquiere una autonomía considerable y, en nombre del pueblo, hace al mismo tiempo un llamado a la clase obrera, a la conformación de una alianza antioligárquica y a los intereses nacionales. Hemos indicado suficientemente que sólo se trata de momentos muy pasajeros; el mismo peronismo de los años 1945-1949, que ofrece probablemente el mejor ejemplo de una intervención del Estado orientada a fusionar estos diversos elementos, permite percibir después de 1949 su separación. En la mayoría de los casos, y particularmente cuando el Estado no logra por sí mismo disimular sus desarticulaciones, las disyunciones se manifiestan claramente: esto es precisamente lo que se produce en Colombia después de 1936, cuando vemos a los sindicatos obreros limitados a una actitud defensiva con el fin de tratar de sobrevivir, a pesar de los asaltos del patronato, mientras los dirigentes populares no cesan de proclamar al mismo tiempo las virtudes de la alianza con la burguesía; y al no ser posible su realización en los hechos cantan, cada vez más alto, loas al “nacionalista” López. ¿Cómo podría el Estado eliminar, sin embargo, no sólo sus propias desarticulaciones, sino también las que están inscritas en la forma misma del desarrollo en curso?

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La imposible modernidad: la contrarrevolución en marcha Desde mediados de 1937 los fanales de la “Revolución en Marcha” y del Frente Popular habían comenzado a extinguirse. Habíamos creído asistir al encuentro de las masas y el poder. Ya sólo vemos crisis y disyunciones, todo, salvo la unidad prometida. La nueva ciudadanía social ya no está en discusión. Las “circunstancias” imponen la adhesión pura y simple al Partido Liberal y por consiguiente la adhesión a Eduardo Santos, incluso si Santos encarna, en el seno del liberalismo, la oposición al reformismo de Alfonso López. Los intereses partidistas priman sobre los intereses sociales. La conversión es dolorosa; quita toda credibilidad a las sabias elaboraciones teóricas de la izquierda liberal o de los comunistas. En el campo económico y social la oposición más resuelta al “lopismo” proviene de ciertos sectores liberales. Eduardo Santos, por reticente que sea con los batallones de la CTC, es al menos un moderado, y su compromiso con la democracia liberal está libre de toda sospecha. No ocurre lo mismo con los liberales que en diversas ocasiones habían llevado a cabo un ardoroso combate contra el conjunto de la política “lopista”. En 1935 se organiza la Asociación Patriótica Nacional (APEN), compuesta sobre todo por caficultores o latifundistas de obediencia liberal, con el fin de emprender, en la tradición de los anteriores sindicatos de propietarios, una estruendosa campaña contra los “estímulos” que había dado el gobierno a la “revolución social” en los campos.444 En 1936 y 1937 el periódico liberal La Razón, dirigido por Fabio Lozano y Lozano, encabeza las protestas contra las medidas fiscales. Los cuadros políticos locales, en el Valle, Antioquia y muchos otros departamentos, contribuyen rápidamente a neutralizar a las élites “lopistas”. Y es precisamente en esta compañía

444

La APEN ha sido presentada a menudo como una poderosa coalición “antilopista”. Es cierto que ella tuvo al principio el respaldo de la Federación Nacional de Cafeteros de Cundinamarca y que hizo el esfuerzo por situarse “por encima de los partidos”. Sin embargo sus miembros se reclutaban fundamentalmente entre los liberales. No obstante en las elecciones parlamentarias de 1935, sólo logra reunir 500 votos.

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que los voceros de la CTC y del Partido Comunista deben dar ahora su respaldo al Partido Liberal. Sin embargo, ¿los intereses sociales habían sido verdaderamente prioritarios en algún momento cualquiera para las élites “lopistas” e incluso para los dirigentes populares? El lema de la “Revolución en Marcha” pudo llamar a engaño durante algunos meses. No obstante, la afirmación partidista no había dejado de prevalecer, de hecho, sobre el compromiso de establecer nuevos derechos sociales. La instauración de una “república liberal” era el objetivo anunciado por Alfonso López desde su campaña electoral y sigue a la orden del día durante los cuatro años de su mandato. Se trataba de un objetivo abiertamente partidista y “político” después de cinco decenios de “hegemonía conservadora” y de transición olayista con la fórmula de “concentración nacional”, se trataba ahora de instaurar de manera perdurable otra “hegemonía”. Las resonancias populistas de ciertos discursos lopistas no deben ser interpretadas de manera distinta de lo que son. En ningún momento Alfonso López pone en duda la división del cuerpo social entre los dos partidos tradicionales; cuando hace referencia al “pueblo”, tiende ciertamente a preservar la imagen de una unidad de la nación por encima de la división partidista, pero no está buscando conquistar los votos del “pueblo conservador”. Y cuando ataca a la oligarquía liberal lo hace en nombre de la cohesión del Estado, pero no tiene en la mira excluirla de la comunidad liberal. No es una casualidad que sus principales arengas políticas terminen ritualmente con el grito tres veces repetido de “Viva el Partido Liberal”. Así se proclama el carácter imborrable de una división que, si bien es política, al mismo tiempo está inscrita directamente en lo social, y no se deja reducir a las contradicciones de clase. Esta división está relacionada con el modo de institución de lo social. Por heterogéneo que sea el Partido Liberal, todos sus miembros están de acuerdo al menos en no reconocer otro fundamento del orden político que la voluntad implícita o explícita del pueblo. Por diverso que sea el Partido Conservador, sólo concibe el orden político en referencia a principios trascendentes: el preámbulo de la Constitución de 1886 lo había proclamado de una vez por todas al situar a Dios como la fuente de toda autoridad legítima. La llegada del Partido Liberal al poder lleva en sí misma el germen de un tránsito a la política moderna. Para las élites, como para las masas del partido, esto es fundamentalmente lo que está en juego. En sus

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Memorias, Alberto Lleras Camargo expresa muy adecuadamente este tipo de espíritu. Con la victoria electoral de 1930, “era un mundo lo que se destruía, no una elección lo que se ganaba. La república se conmovió de abajo para arriba. Los curas, en todas sus parroquias guardaron pasmado silencio. La Edad Media acababa de morir”.445 La radicalización conservadora que se produce a partir de 1935 se dirige sólo de manera accesoria contra las reformas económicas y sociales del gobierno; hacer de ella la expresión de los sectores “arcaicos” o “feudales” asociados a la gran propiedad terrateniente es la manifestación de un esquematismo desueto, porque estos mismos sectores con frecuencia también entraban en contacto con sus homólogos liberales para bloquear las veleidades “lopistas”. La radicalización conservadora, expresada en términos mucho más simples, es una reacción contra el proceso de secularización política; reacción intensa y popular que ya en algunos aspectos toma la forma de una posible sublevación en masa contra un régimen que, por pretender socavar los fundamentos del orden político, aparece desprovisto de legitimidad a los ojos de numerosos conservadores. No vamos a describir en detalle esta “contrarrevolución en marcha”, aún poco analizada.446 Conviene presentar, sin embargo, sus principales rasgos. El significado de la “Revolución en Marcha” y de la adhesión que le ofrecen las masas populares liberales, a pesar de todas las decepciones, sólo es comprensible sobre este trasfondo de “contrarrevolución”. Desde finales de 1936 esta última es la que tiene la iniciativa. Ciertamente la “contra-revolución” no da razón por sí sola del hecho de que la evolución hacia la modernidad se presente tan llena de dificultades –la concepción que el Partido Liberal posee de lo político tiene también su parte–; pero sí contribuye ampliamente puesto que la hace objeto de anatema y la

445

Alberto Lleras Camargo, Mi gente, Bogotá, Ediciones Banco de la República, 1975, p. 137, citado por A. Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno…, op. cit., p. 388.

446

Desde el punto de vista político, se encuentra una información importante en A. Tirado Mejía, ibíd. El trabajo de Christopher Abel, “Conservative Party in Colombia 1930-1953” [tesis de Ph. D., University of Oxford], Oxford, 1974; presenta una muy rica descripción de las características locales de la Iglesia y de la religión. (Existe edición en español: Política, Iglesia y Partidos en Colombia, FAES-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987. N. del T.)

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convierte en una cruzada político-religiosa. El debate político a partir de ese momento gira alrededor de lo sagrado. Diez años antes de la Violencia, lo político ya se descifra como violencia.

El avance prudente hacia una secularización política Las élites del Partido Liberal son plenamente conscientes de que la secularización de las instituciones políticas constituye, mucho más que las “medidas sociales”, una cuestión que amenaza la unidad del cuerpo social. En varios planos, era posible un compromiso pacífico con los conservadores. La prueba de ello la ofrece la formación de un gobierno de Concentración Nacional con Olaya447 o, un poco después, el apoyo implícito otorgado por Laureano Gómez a la elección de Alfonso López.448 Todo cambia cuando el gobierno emprende en 1935 la revisión de ciertas disposiciones de la Constitución de 1886 e introduce algunas modificaciones en el campo de la educación. Los liberales colombianos no se parecen, sin embargo, en nada a los “revolucionarios” mejicanos de la época. Su práctica religiosa no era, en muchas regiones, menor que la de los conservadores. El anticlericalismo existía, ciertamente, en sus filas y entre sus dirigentes; pero como regla general, no estaba orientado tanto a la religión misma como al poder político de la Iglesia y a su estrecha asociación con el Partido Conservador.

447

No obstante, una fracción importante del conservatismo se opuso a esta colaboración gubernamental. A su regreso de Alemania, donde había desempeñado funciones diplomáticas, Laureano Gómez lleva a cabo una vehemente campaña contra los partidarios de la colaboración, tomando por blanco al político antioqueño Román Gómez. Las filípicas de Laureano Gómez contra el “romanismo” (denominación construida a partir del nombre de este político) contribuyeron seguramente a aumentar su ascendiente, todavía incierto, sobre el Partido Conservador.

448

Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez se unieron en estrecha amistad durante la última fase del régimen conservador contra el cual llevaron a cabo juntos vigorosos ataques. El hecho de que Laureano Gómez haya preconizado la abstención conservadora en la elección presidencial de 1934 ha sido interpretado algunas veces como una manera de apoyar la candidatura de Alfonso López Pumarejo. La ruptura entre los dos hombres ocurre en 1935 con motivo de la discusión de la reforma constitucional. Durante los quince años siguientes, el conflicto entre los dos hombres estará en el centro de los acontecimientos políticos.

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La Constitución de 1886, completada por el Concordato de 1887, había confiado plenamente a la Iglesia el papel de garante del orden social y político: se refiere a Dios en el preámbulo; en el Artículo 38 considera la religión católica como “la de la nación”; establece el compromiso de que los poderes públicos la respeten como “esencial elemento del orden social”. A la Iglesia se le había encargado la regulación del estado civil, lo que la autorizaba para fijar los límites del cuerpo social.449 Provista de una función de tutela sobre la totalidad de la enseñanza, tanto pública como privada, tenía la misión de velar por su conformidad con “los dogmas y la moral de la religión católica”. En 1908 se le había confiado la gestión administrativa de la parte del territorio considerado como “territorio de misiones” –más de la mitad de la superficie del país–. Beneficiaria de una exención fiscal, disponía además de una riqueza muy considerable. Su asociación con el Partido Conservador, por su parte, se podía constatar plenamente en cada elección, tanto por la toma de posición de los obispos como por las exigencias perentorias de los sacerdotes locales. Numerosos eran los liberales de todos los medios sociales que deseaban la convocatoria de una asamblea constituyente que elaborara una Carta enteramente nueva, que consagrara simbólicamente la ruptura entre la “república goda” y la “república liberal”. Sin embargo, Alfonso López y su grupo inmediato de colaboradores no querían que un acto de esta naturaleza pudiese ofrecer a los conservadores la ocasión de reavivar los demonios de la guerra civil; si bien estaban decididos a que la Iglesia dejara de ser el garante institucional del orden político, sabían que la disminución de sus funciones en el seno de la sociedad sólo podía ser el resultado de una evolución progresiva. En realidad, no hubo una constituyente sino solamente una revisión constitucional. Concluida en 1936, la reforma comprende numerosas modificaciones con respecto a los principios de 1886. Dios desaparece del preámbulo, la libertad de conciencia y de cultos es admitida algo más que a título de tolerancia, los poderes públicos adquieren un derecho de inspección sobre el conjunto de los establecimientos de enseñanza, los sacerdotes quedan autorizados

449

En el sentido en que la Iglesia se convierte en soberana de los criterios de exclusión social. En los años veinte, las situaciones absurdas eran tan numerosas que fue preciso aceptar la posibilidad del matrimonio civil con la condición de que fuera precedido por un acto público de apostasía.

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para intervenir directamente en actividades públicas. A estos aspectos habría que agregar decisiones menores, que confieren a la ley civil un valor igual al que tenían los preceptos sacados de la doctrina católica.450 El gobierno se compromete igualmente, con prudencia, en una renegociación del concordato, con la esperanza de llegar a un acuerdo aceptable con el Vaticano. Esta renegociación delega de hecho, en los próximos gobiernos, el cuidado de proseguirla hasta su término. Con este proceso no se trataba, evidentemente, de ir contra las creencias religiosas como sentimiento privado, ni siquiera de arrebatar a la Iglesia la mayor parte de sus prerrogativas concretas; el control del estado civil, la tutela sobre el contenido de la enseñanza, la soberanía sobre los territorios de misión seguían estando a su cargo. Para los liberales, la revisión garantizaba las probabilidades de la paz religiosa; pero significaba también que el poder político dejaba de reposar en valores trascendentes y pasaba a emanar a partir de este momento de la sociedad. Las reformas sociales tenían precisamente una finalidad en principio política, consistente en manifestar a través de un pacto social que la política había entrado en su fase democrática.

El retorno del fundamentalismo conservador En 1930 ni la jerarquía de la Iglesia ni la mayoría de los dirigentes conservadores se habían opuesto realmente a la alternación. El arzobispo primado había reconocido el nuevo poder y había eludido la mención del dogma tradicional de la incompatibilidad entre el “liberalismo” y la doctrina católica. Notables conservadores no habían manifestado reticencia alguna en participar en la administración de Olaya Herrera. Pero los trastornos no habían faltado, ciertamente; no todos los dirigentes conservadores ni todos los sacerdotes habían tenido una actitud tan conciliadora. El arzobispo-coadjutor de Bogotá había intentado levantar a los católicos contra el régimen;451 los departamentos de Santander y

450

Una disposición destinada a obligar a los colegios privados a aceptar a los niños nacidos fuera del matrimonio legítimo provocó la cólera de la Iglesia.

451

Monseñor González Arbeláez había echado las bases de un vasto movimiento de acción católica fuertemente hostil al régimen. El gobierno logra finalmente una intervención del nuncio y monseñor González Arbeláez es nombrado en Popayán.

293

La república elitista y popular 1930-1938

Boyacá habían sido teatro de una violencia sangrienta. Sin embargo, la era de las guerras civiles parecía cerrada. Al promover la abstención en las elecciones presidenciales de 1934, el Partido Conservador facilita la llegada al poder de Alfonso López. La revisión constitucional da un giro brutal a partir de ese momento. La Iglesia la percibe como un sacrilegio, como una provocación deliberada contra los conservadores, y no está dispuesta a que la religión deje de ser el cimiento del orden político. El arzobispo primado de Bogotá, a pesar de ser conocido por su moderación, estima, en una declaración solemne hecha en noviembre de 1935, que la modificación del preámbulo equivale a “sentar como tesis que el poder público emana del pueblo” y contribuye a “formar en éste la ideología de que si puede hacer, puede deshacer; si puede poner, puede quitar”, es decir, “deja a merced del pueblo la paz y el orden públicos”.452 A fortiori el arzobispo se opone a la libertad de cultos, considerada como la libertad del error. Sin embargo, la reacción no proviene solamente de la jerarquía (el arzobispo primado por lo demás sólo contaba con una autoridad muy reducida sobre los obispos, ya que la Iglesia colombiana estaba poco centralizada en esa época); la reacción proviene sobre todo de los sacerdotes de las diversas regiones, con formaciones a menudo muy diversas. En los departamentos de Santander y Norte de Santander, donde la movilización católica era particularmente intensa, sacerdotes españoles pero también antioqueños impulsan la revuelta contra las reformas. En Antioquia lo hace un clero heterogéneo, compuesto por dignatarios pertenecientes a las grandes familias y por curas párrocos estrechamente vinculados a la vida de los municipios.453 Así, en cada región la movilización toma formas variadas, pero con gran amplitud en todas partes. Los movimientos de acción católica experimentan una expansión considerable.454 Alrededor del padre Félix Restrepo los jesuitas organizan una cruzada contra el liberalismo. El Partido Conservador se muestra en algunas ocasiones muy violento en sus ataques contra la reforma constitucional. El periódico El Siglo

452

Citado por A. Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno…, op. cit., p. 367.

453

Para una descripción de la diversidad regional de la Iglesia, remitimos a la tesis citada de C. Abel, op. cit.

454

Tienen influencia en la clase obrera antioqueña; sin embargo, el conflicto entre monseñor González Arbeláez y el arzobispo primado conduce en seguida a frenarlos.

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estima que el nuevo texto es parecido a las constituciones de Rusia y México. Augusto Ramírez Moreno, uno de los dirigentes conservadores de Caldas, afirma que “el régimen liberal ha declarado la guerra civil a los colombianos”. El partido en su conjunto lanza un manifiesto según el cual “toda esperanza de conciliación, de entendimiento cordial entre el gobierno y el Partido Conservador ha desaparecido por completo”. En el propio seno del conservatismo, y algunas veces en ruptura con él, las corrientes de extrema derecha comienzan a proliferar en 1935. En este año se funda el Centro de Acción Conservadora que proclama: “Nosotros somos católicos, conservadores, nacionalistas y reaccionarios”. En Antioquia, con el apoyo del episcopado y con participación de miembros importantes de la burguesía de Medellín, se crean asociaciones paramilitares como la Alianza para la Fe y la Tradición de Medellín. Caldas es uno de los principales focos de la fermentación nacionalista y “fascizante”. Silvio Villegas, Augusto Ramírez Moreno y Gilberto Alzate Avendaño son sus cabezas visibles. El primero lanza la consigna “No hay enemigos a la derecha” y se propone realizar en Colombia “lo que [estaba] operando en Francia Jacques Doriot, quien [había] organizado la resistencia contra la penetración soviética”.455 El segundo se pronuncia en favor de la desobediencia civil frente a un gobierno ateo. El tercero, de lejos el más importante de todos, crea la Acción Nacional Derechista que, utilizando camisas y saludos, aspira a convertirse en un movimiento fascista de masas. El Partido Conservador en su conjunto se encontraba de hecho arrastrado por esta efervescencia: durante su convención nacional de enero de 1937 hace solemnemente voto de “derechismo”. Al preconizar la abstención, tanto en las elecciones parlamentarias de 1935 y 1937 como en las presidenciales de 1938, da la impresión de querer orientarse contra los procedimientos mismos del juego democrático.456 A pesar de todo, la evolución del conservatismo colombiano sólo tiene lejanas similitudes con la de los sectores autoritarios que surgen en el mismo momento en muchos otros países de América Latina. La expresión “fundamentalismo conservador” tiende a destacar una singularidad que va a pesar fuertemente en los años siguientes.

455

Cf. Silvio Villegas, No hay enemigos a la derecha, Bogotá, s.e., 1973.

456

Ver la descripción más detallada que presenta A. Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno…, op. cit.

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Ni el Partido Conservador ni sus corrientes o disidencias de extrema derecha profesan una “ideología de Estado” como la que inspira por ese entonces a los gobernantes brasileños, a pesar de que comparten, sin duda, el mismo horror al liberalismo político y la misma nostalgia del “Estado orgánico”. Para permanecer fieles a la Constitución de 1886 deben, incluso, presentarse como centralizadores. ¿Será acaso una casualidad que los focos “fascizantes” se multipliquen particularmente en regiones económicamente importantes y políticamente secundarias como Antioquia, Caldas o el Valle? En realidad estos núcleos, en muchos aspectos, no son otra cosa que la reacción de élites locales inquietas por la consolidación del Estado central. A pesar de que no rechazan las paradas en uniforme, la fuerza de las cosas los conduce, sin embargo, a mantener un carácter singularmente civil; no existe una institución militar que les pueda ofrecer un “proyecto nacional” y por ello están obligados a buscar sus simpatizantes sobre todo por el lado de los notables económicos. En otros países la reacción católica constituye muy a menudo un componente, entre otros, del autoritarismo. En Colombia es determinante en la movilización conservadora. La razón de ello es evidente: el catolicismo es la base de aquella verdadera subcultura que es el conservatismo, a la cual confiere su doble carácter, religioso y político. Recogiendo los términos de Durkheim, se podría afirmar que es “un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a cosas sagradas, es decir separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos los que a él se adhieren”.457 El catolicismo es también el soporte de una colectividad política para la cual la Constitución de 1886 define de una vez por todas los principios de organización de lo social. Lo sagrado y lo político están indisolublemente asociados en la definición de la identidad conservadora. Esto no significa que no se produzcan conflictos entre la jerarquía y los dirigentes conservadores. Laureano Gómez se presenta en muchas ocasiones como acusador público frente a los “compromisos” de ciertos prelados con el régimen liberal. Pero Laureano Gómez, que se impone precisamente en esta época como la cabeza visible del conservatismo, encarna el fundamentalismo conservador en su doble aspecto, religioso y político. Originario de Ocaña, ciudad situada en Norte de Santander,

457

Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, 4.ª ed, París, p. 135.

296

PUF,

1932,

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marcado por la tradición de las guerras civiles, constituía la “expresión de un sentimiento cristiano primitivo, del bien en lucha contra el mal, que le permitía ser comprendido por los conservadores del campo y fácilmente aceptado por un clero rural poco instruido que se sentía poco atraído por las discusiones intelectuales de sus superiores de la capital”.458 Reclamándose de una moral intransigente conforme al espíritu de un pesimismo de secta, interpretando la historia como un combate incesante entre las fuerzas del orden y las fuerzas de la disolución, obsesionado por la inminencia de un cataclismo social, desconfiado frente al fascismo italiano y el nacional socialismo alemán459 pero solidario con un franquismo llamado a restaurar la cristiandad, Laureano Gómez adquiere un ascendiente extraordinario sobre las masas conservadoras de los departamentos del Oriente. Contribuye así, después de 1937, a limitar la expansión de las corrientes propiamente “fascizantes” que habían comenzado a debilitarse y a reinscribirse en la organización del partido. No obstante, conduce al conservatismo por una vía en la que la acción política se sitúa constantemente en el horizonte de lo no negociable. Su influencia disminuye entre los “doctrinarios” y las élites económicas de Antioquia, y son numerosos los obispos que se inquietan por la virulencia de su lenguaje. Con Laureano Gómez la contrarrevolución no adquiere un contenido preciso. Rechaza ciertamente la idea de que el poder pueda estar legítimamente fundado en la voluntad popular, pero consagra en cambio una división radical del cuerpo social, menos arraigado en la historia que en un designio que escapa del control de los hombres, y que quita por adelantado toda validez al proyecto de instaurar, sobre la base de un pacto social o político, un proceso de conformación de la unidad de lo social. El “laureanismo” coloca la política en posición central. No hay nada que esté por fuera de ella, ni la moralidad, ni la organización de la vida colectiva, ni las relaciones económicas. No trata de reducir su campo, como lo hacen las visiones autoritarias que asignan al Estado la tarea de suprimir las divisiones de la sociedad, pero condena la política a inscribirse bajo el signo exclusivo de la violencia; no sólo porque reclama para esta

458

C. Abel, op. cit., p. 299.

459

Cf. La obra que publica en 1935, Laureano Gómez, El cuadrilátero, Bogotá, Editorial Centro, 1935.

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fines absolutos sino porque a través de ella se formula una separación insuperable que atraviesa la sociedad y sobre la cual no tiene control alguno. Ningún otro rechazo de la política moderna podría ser más fuerte. Alberto Lleras Camargo esperaba una salida de la Edad Media. En 1936, Laureano Gómez le da una respuesta inequívoca: invocando el ejemplo de España que, “en la Edad Media [...] había sido designada por Dios para preservar la civilización divina de Cristo de las hordas furiosas de la barbarie”460 da a entender en qué términos se va a definir en lo sucesivo el conflicto entre conservadores y liberales.

* Los años 1930 están marcados por el debate sobre el “intervencionismo”. Desde el punto de vista económico, se trataba de un falso debate, que no era nuevo. Frente a la crisis de 1930, el intervencionismo constituye una manera de tomar conciencia de que un sistema de regulación económica interna había llegado a ser inevitable; y este sistema era necesariamente político en el marco de un mercado protegido. No obstante, el intervencionismo no pone término a la desarticulación de los intereses parciales; es su complemento. Las circunstancias, por lo demás, hacen posible que se consoliden en Colombia las bases de un modelo muy liberal de desarrollo, ya que el gobierno brasileño es el que se encargaba de lo esencial, es decir, del sostenimiento de los precios del café; por ello los diversos grupos de interés colombianos, comenzando por los caficultores, contaban con buenos argumentos para insistir en sus comportamientos anteriores a la crisis. El contexto económico no es suficiente, sin embargo, para explicar por qué el Estado colombiano no había logrado tampoco el reconocimiento de su vocación para tomar a su cargo la representación simbólica de la unidad de la sociedad; razones propiamente políticas entran en juego. Cuando ciertas élites del Partido Liberal apelan al “intervencionismo”, su propósito es ante todo fundar lo político sobre una nueva concepción de la ciudadanía: una ciudadanía menos individual que colectiva, menos política que social, menos apoyada en “derechos-libertades” que en

460

El Siglo, agosto 20 de 1936.

298

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

“derechos-acreencias”.461 Por la misma vía se pretende garantizar, por intermedio del Estado, el reconocimiento del pueblo como sujeto político y, por intermedio del pueblo, el reconocimiento del Estado como portador de una voluntad colectiva. Una vez disipadas las ilusiones de la “Revolución en Marcha”, todos se pueden percatar de que sus resultados estaban muy lejos de sus objetivos. La resistencia de las clases privilegiadas, las disensiones del Partido Liberal, el ascenso del fundamentalismo conservador, las debilidades de los sectores populares tienen, sin duda, su parte de responsabilidad en el fracaso; pero las ambigüedades que siguen presidiendo la definición de lo político tienen también su parte. El reformismo liberal había contribuido a legitimar la aspiración a una política democrática. Frente a un Partido Conservador que oscilaba entre el autoritarismo puro y simple, por un lado, y la invocación de lo religioso, por otro, dicho reformismo había alcanzado una implantación y un prestigio entre ciertos sectores populares; con la referencia inicial a una “democracia social”, había logrado dar la impresión de que se encontraba más allá del liberalismo político clásico. De hecho buscaba sobre todo, reclamándose del New Deal, impedir la consolidación de actores sociales independientes. Si bien el reformismo liberal había dado cabida a la retórica de la política moderna, apenas sí había tocado, por lo demás, los fundamentos de la política tradicional. Al considerar como “natural” la división política del cuerpo social legada por la historia, había procedido de la misma manera que el Partido Conservador, colocando lo “histórico” en el lugar que ocupan los principios trascendentes. En los dos casos, el hecho de que lo político fuera igualmente percibido como algo inscrito directamente en lo social equivalía a limitar la búsqueda de otro modo de institución política de lo social. No es sorprendente en estas condiciones que el Estado haya seguido ligado a la hegemonía de un partido, o que la promesa de una nueva ciudadanía haya tenido como resultado el fortalecimiento de la influencia de los dos partidos sobre su electorado.

461

Cf. Luc Ferry y Alain Renaut, Philosophie politique, París, PUF, 1985, t. III. (Existe edición en español: Filosofía política. De los derechos del hombre a la idea republicana, FCE, México, 1991, t. III. N. del T.).

299

III

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

La elección de Eduardo Santos, director de una institución tan importante como es el diario El Tiempo, se inscribe, ciertamente, bajo el signo de la continuidad de la “República liberal”, pero significa también la ruptura del pacto social “lopista” y de la representación de lo político que le servía de fundamento. No obstante la elección no implica la renuncia a la ideología “intervencionista”. Por el contrario, la imposición de una disciplina social a unas organizaciones populares que ya no se podían identificar con el régimen, pasa por la reafirmación clara y precisa de la posición del Estado “por encima de las clases” y de su monopolio, cuando se trata de hablar en nombre de la nación. Además, si el gobierno hubiera optado por otro lenguaje, la guerra mundial lo habría obligado rápidamente a volver a él. En 1940 el “intervencionismo” deja de ser de hecho un significante ideológico y se convierte realmente, como en otros países de América Latina, en un modo de gestión económica y social. Paradójicamente, es precisamente en Alfonso López Pumarejo en quien recae la responsabilidad de proceder al desmantelamiento del aparato intervencionista y de sancionar el advenimiento político del modelo liberal de desarrollo. En efecto, en 1942, el héroe de la “Revolución en Marcha” es elegido de nuevo a la Presidencia. Si bien esta elección es suficiente para revivir la esperanza de una alianza entre las fuerzas populares y el poder, no se requiere de mucho tiempo tampoco para constatar que la coyuntura de 1943-1944 no es la de 1936. La dislocación

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De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

de la regulación estatal se lleva a cabo bruscamente y, con ella, se derrumba lo que sostenía la representación de la unidad del campo político. Detrás de la desregulación estatal se perfila en realidad un amplio fenómeno de desregulación social. La división partidista tradicional continúa irrigando sin duda toda la sociedad, pero se acompaña también, a partir de este momento, de un desdibujamiento progresivo de los puntos de referencia políticos. Las organizaciones “populares”, como la CTC o el Partido Comunista, siguen dando muestras de un hiperconformismo patriótico; no obstante, en su entorno, o en ellas mismas, pueden descubrir cómo se multiplican las manifestaciones de una conmoción mayor. En 1945 se instaura el modelo liberal. Pero se instaura en una sociedad atravesada por una fisura en el fondo de la cual se percibe el nuevo rostro de la “barbarie”.

Regulación y desregulación estatal La regulación estatal, de la que se reclama el gobierno de Eduardo Santos, no es solamente una respuesta a las circunstancias creadas por la guerra; es, ante todo, el complemento del modelo liberal de desarrollo, al igual que el necesario substituto del pacto social “lopista” para someter a los sectores populares urbanos.

La regulación estatal y el modelo liberal de desarrollo Eduardo Santos manifiesta en numerosas ocasiones sus reticencias ante cualquier acción del Estado que tenga “carácter de imposición” o de “indebida intromisión”.1La adhesión al modelo liberal de desarrollo no implica, sin embargo, la desaparición del Estado; por el contrario, va a la par con una insistencia creciente en el papel de la regulación estatal, tal como lo demuestra este pasaje del discurso de posesión del nuevo presidente: “El Estado es el único organismo capaz de defender el interés

1

Declaración ante el Congreso de la Federación de Cafeteros, Revista Cafetera, diciembre de 1938, p. 2.467.

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nacional en que deben encuadrarse, protegerse y salvaguardarse todos los intereses privados, y su papel tiene que ser el de una especie de árbitro justiciero, deseoso de cooperar en la solución de los conflictos que se susciten, con fórmulas que consulten el interés general”. No se trata aquí de la comprobación banal de que no es posible un capitalismo liberal que pueda prescindir de cierta dosis de intervención estatal. La referencia al Estado conlleva una connotación a la vez económica, política y social. Económica: la distinción entre la pluralidad de intereses privados y el interés nacional está allí para recordar que, en un país como Colombia, el dogma de la autorregulación por el mercado es reemplazado por el reconocimiento de la doble articulación del sistema económico sobre la base de la fragmentación de los intereses parciales, de un lado, y de la regulación estatal, por otro. Política: la ruptura definitiva con el orden oligárquico pasa por la acción del Estado que, por sí misma, tiene la capacidad de consagrar la separación de la esfera privada y de la esfera pública, así como la unidad por derecho propio del campo político. Social: la representación de un Estado “arbitro”, por encima de las clases, es necesaria para otorgar plena legitimidad a las medidas destinadas a disciplinar a los sectores populares. Es posible, sin lugar a duda, concebir un modelo liberal de gestión de los conflictos sociales en consonancia con el modelo liberal de desarrollo: las grandes empresas antioqueñas constituyen la prueba de ello, ya que garantizan por sí mismas el control de su mano de obra. Pero la generalización de una solución de esta naturaleza conlleva el riesgo de una brutal irrupción de los conflictos sociales. La vía “clásica” es precisamente, también en este caso, la regulación estatal. Se impone, con mayor razón, cuando es necesario borrar las huellas del pacto social que servía de fundamento a las esperanzas de la “Revolución en Marcha”. Ya no se trata de fundar las prerrogativas del Estado nacional sobre el mandato implícito que el “pueblo” le conferiría. A partir de cierto momento el Estado sólo deriva su poder de sí mismo, es decir, de la distancia que pretende mantener con una burguesía cuya consolidación quiere garantizar, al mismo tiempo, en todos los planos.

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La adhesión al intervencionismo económico en el comienzo de la guerra La crisis de 1929 había modificado o ampliado muy poco la intervención efectiva del Estado en la economía. El desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial provoca en cambio la participación activa del Estado, tanto en las orientaciones generales del desarrollo como en las inversiones, incluidas las que se llevan a cabo en la agricultura y en la industria. Sin embargo, los diversos sectores del conglomerado dominante no estaban muy preparados para consentir en ello. Aún en 1940, los exportadores de café rechazan cualquier medida de sustentación de los precios de compra;2 los caficultores de Caldas repudian cualquier interferencia con “el movimiento normal del mercado” y exigen que el gobierno suministre “a los mercados consumidores las cantidades de café que éstos soliciten”; los agricultores continúan con sus diatribas contra los privilegios otorgados por los poderes públicos a una industria artificial;3 los industriales mantienen su protesta contra el exceso de “dirigismo”. Unos y otros van a aceptar, sin embargo, desde mediados de 1940 hasta comienzos de 1943, las múltiples infracciones al modelo liberal de desarrollo en que incurre el gobierno. Ver allí el efecto de una modi ficación del equilibrio en el seno del conglomerado dominante sería una interpretación muy arbitraria ya que todos y cada uno de sus componentes suscriben el intervencionismo, pero sólo como un expediente provisional. Pero la necesidad hace ley y, por añadidura, la mayor parte de los representantes de las “fuerzas vivas” se dan cuenta perfectamente de todo el partido que pueden sacar de esta necesidad. La Federación de Cafeteros se encontraba poco preparada para afrontar la baja de la demanda mundial que sigue a la ruptura de las

2

Cf. Reseña del Congreso de Exportadores de Medellín, El Liberal, enero 13 de 1940.

3

Alfredo García Cadena, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), acusa especialmente a los oligopolios industriales textiles de arruinar la agricultura, por los precios de compra demasiado bajos que fijan para los productores de algodón, lo que equivale a “subordinar al pauperismo al asalariado rural y al consiguiente fracaso al empresario agrícola” y a crear “una organización estatal de la esclavitud económica”. Conferencia citada por El Liberal, mayo 5 de 1939.

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comunicaciones con Europa.4 Desde abril de 1940, el gobierno se ve obligado a otorgar una subvención a los exportadores.5 En octubre del mismo año se cierra el primer pacto mundial del café, que garantiza a Colombia una cuota de exportación equivalente aproximadamente a los dos tercios de su producción real. A raíz de la ratificación de este pacto, el gobierno de Eduardo Santos, por intermedio de su Ministro de Hacienda Carlos Lleras Restrepo, procede a la creación de un fondo de intervención, el Fondo Nacional del Café que, por primera vez, ofrece los instrumentos para sostener realmente los precios internos y externos. Alimentado al principio por una emisión de bonos amortizables en veinte años y por una doble deducción (sobre las transferencias al exterior y sobre los dólares provenientes de las exportaciones de café), el Fondo se coloca bajo la tutela de la Federación. Una entidad privada se encuentra así abocada a la posibilidad de administrar los recursos provenientes de lo que, en buena parte, es el producto de una recaudación fiscal de carácter público, y de convertirse por esta vía en una poderosa institución financiera6 incluso, como lo escribe Carlos Lleras Restrepo en 1940, en: “La más poderosa institución financiera de la República”.7 Si se tiene en cuenta que el pacto internacional del café permite tanto una mejora de más del 100% de los precios entre 1940 y fines de 1941 –la libra de café Manizales vale 7 centavos de

4

A fines de 1939, la Federación sólo dispone, como principal recurso, de un pequeño impuesto sobre las exportaciones de café. Es necesario observarlo además, que había sido muy mal aceptado: Mariano Ospina Pérez pide su supresión al Congreso en 1938.

5

En forma de una prima por saco exportado. Se trata en realidad de evitar por este medio una devaluación.

6

La fórmula sigue vigente hasta el momento. El Fondo Nacional del Café tiene un estatuto público, pero su gestión se confía a la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo estatuto privado es confirmado en varias ocasiones por la jurisprudencia. Los modos de financiación del Fondo se han transformado permanentemente. Le corresponde oficialmente al gobierno fijar las tasas y las modalidades de la mayoría de las retenciones. Los dos gerentes de la Federación que la dirigieron durante cuarenta y seis años llegaron a adquirir evidentemente una posición nacional e internacional que hizo de ellos muy a menudo el verdadero origen de las decisiones.

7

Carlos Lleras Restrepo, “La más poderosa institución financiera de la República”, El Mes Financiero y Económico, julio de 1943.

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dólar en 1940 y 16 centavos en diciembre de 1941–, como un nuevo reajuste inmediatamente después, se comprenden las razones por las cuales los dirigentes de la Federación Nacional de Cafeteros encuentran la ocasión propicia para aceptar el abandono de sus antiguos principios y para asociarse a la aplicación de las nuevas medidas. Las escasas reservas manifestadas al principio respecto al pacto internacional –por ejemplo, por Mariano Ospina Pérez– son sobre todo pro forma. La producción agrícola (excluido el café) tiende a crecer a un ritmo muy bajo después de 1935.8 Los grandes propietarios imputan la responsabilidad de este hecho a la reforma agraria de 1936, que había privilegiado la ganadería a expensas de los cultivos. Colombia se ve obligada a importar una parte nada despreciable de su alimentación: no solamente trigo, que sirve sobre todo para el consumo de las capas relativamente favorecidas, sino también fríjoles y papas. Según el Contralor General de la Nación, “el valor de las importaciones de productos de la tierra es igual, en cuatro años, al monto del presupuesto anual de rentas y gastos de la nación”.9 La guerra, que pone en peligro las posibilidades de importación, obliga también a adoptar medidas de excepción. Desde junio de 1940, la administración Santos elabora un “plan financiero y económico” que da prioridad al desarrollo agrícola. La Caja Agraria es dotada de una nueva sección destinada a poner a disposición de ganaderos y cultivadores créditos a mediano plazo; se aumenta su capital y el Estado interviene para favorecer las inversiones que tienen que ver con cultivos de rendimiento tardío. Fenómeno aun más notable: la parte de la inversión pública destinada al sector agrícola conoce un crecimiento espectacular. En 1942 llega a representar el 38.3% del conjunto de la inversión pública (contra el 8.9% en 1937) y el 41.7%

8

Sobre la base de 100 en 1953, la producción agrícola pasa, en lo que concierne a los cultivos alimenticios, de 51.3% durante el período 1930-1934 a 65.4% en 1935-1939 y 70.5% en 1940-1944; y en lo relacionado con los cultivos industriales o de otro tipo de 31.5% durante 1930-1934 a 44.5% en 1935-1939 y 46.6% en 1940-1944. CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, Bogotá, DANE, 1970.

9

Citado en El Tiempo, agosto 29 de 1942. Según la CEPAL, sobre la base de 100 en 1953, las importaciones agrícolas aumentaron de 37.4% en 1938 a 65.4% en 1939. Caen alrededor de un 50% de 1940 a 1943, pero regresan a un nivel de 74.3% en 1944. CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, op. cit.

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del total de la inversión bruta en la agricultura (contra el 6.4% en 1937).10 El Estado compensa así parcialmente la tendencia al derrumbamiento de la inversión privada; mejora la infraestructura, aunque sin lograr poner término al atraso en el campo de la tecnología.11 Esto es suficiente para dar la sensación de que un nuevo estilo de desarrollo es posible y, en todo caso, para convencer a los responsables de las organizaciones agrícolas de que la intervención del Estado no es necesariamente negativa. No es una casualidad que la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) haya considerado en algún momento, en 1940, la posibilidad de llevar a su presidencia al propio Alfonso López Pumarejo y que, mientras este ocupaba de nuevo la presidencia, haya confiado su destino a Miguel López Pumarejo, hermano del jefe del Estado. Vemos también cómo la Sociedad de Agricultores de Santander milita en la misma época en favor de una “franca intervención del Estado, por no decir una intervención total”.12 Ocurre algo muy parecido en el caso de la industria. Dependiente como lo era de las importaciones de materias primas, de productos semielaborados y, sobre todo, de equipos, sufre inevitablemente la desaceleración del comercio mundial. De un crecimiento del 10.8% por año entre 1938 y 1939, pasa a un crecimiento del 6% entre 1939 y 1945. La necesidad de paliar sus carencias en ciertos sectores fundamentales, y la incapacidad que presenta la “iniciativa privada” para hacerles frente, ponen igualmente al Estado en mora de asumir sus responsabilidades. También en este caso el “plan financiero y económico” de 1940 constituye la respuesta: intenta enumerar “las industrias básicas y de primera transformación de materias primas nacionales [...] que la iniciativa y el capital particulares no [habían] podido por sí solas desarrollar satisfactoriamente”,13 en particular la metalurgia, la producción de caucho y de papel, la química. La inversión pública es llamada a

10

Ibíd, cuadros 18 y 45.

11

La guerra se traduce en una neta disminución de la inversión en maquinaria y equipos para la agricultura. En pesos de 1950, baja de 14 millones en 1937 a 8 millones en 1942.

12

Cf. El Liberal, junio 26 de 1942.

13

Cf. presentación del Plan, junio 18 de 1940.

307

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garantizar su formación o su consolidación. Con este fin, como ocurre en otros países latinoamericanos, se crea un instituto especializado, el Instituto de Fomento Industrial (IFI), que “tendrá un verdadero papel de promotor de industrias”.14 Con un capital inicial de cuatro millones de pesos (tres aportados directamente por el Estado, uno por el Banco Central Hipotecario), el IFI se va a convertir en efecto en el origen de la creación de nuevas empresas (de neumáticos –Icollantas–, de soda y de otros productos químicos) y va a contribuir a la expansión de algunas otras (la Empresa Siderúrgica de Medellín, los astilleros marítimos de Barranquilla, etc.). Como en el caso de la agricultura, la participación del Estado no logra poner freno a la disminución de la inversión global (en pesos de 1953, la inversión industrial en maquinaria y equipo cae de 84 millones en 1937 a 23.8 millones en 1942), pero representa en 1942 más del 16% del total, en tanto que era completamente inexistente antes de la guerra. A estas medidas hay que agregar otras, como la contribución del Estado a la formación de la empresa de transporte aéreo Avianca a raíz de la confiscación de una empresa alemana; la tutela creciente que mantiene sobre las compañías de ferrocarriles y, en forma indirecta, sobre las compañías de navegación del río Magdalena; su apoyo, al final de la guerra, a la creación, bajo la égida de la Federación de Cafeteros, de la Flota Mercante Grancolombiana. No son estos los únicos campos en que el “intervencionismo” parece haber triunfado. Aparece también en la construcción, con la creación en 1939 del Instituto de Crédito Territorial (ICT), destinado a favorecer programas de vivienda de carácter social y en la ayuda al desarrollo de las infraestructuras locales, con la creación de los Fondos de Fomento Municipal orientados a poner término a la proliferación de las subvenciones locales con fines electorales. Se manifiesta también en la política económica general del gobierno, en el dispositivo de tipos de cambio múltiple aplicado por la administración Santos, y en el control del crédito, del ahorro forzoso y del aumento de la tributación aplicada por la administración López con el fin de limitar los efectos inflacionarios de la acumulación de medios de pago en moneda local y extranjera.

14

Ibíd.

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A pesar de un coeficiente de industrialización muy inferior al de los países del cono sur o de Brasil15 y a pesar del peso de sus élites “tradicionales”, Colombia parece estar apartándose de esta manera del modelo liberal de desarrollo; sin embargo, incluso antes de que la guerra llegue a su fin, los representantes de los diversos sectores de interés económico se empeñan en exigir su restablecimiento. Y lo hacen, no desde una posición de debilidad, sino sustentando una posición de fuerza: la “intervención del Estado” les había proporcionado los instrumentos que les hacían falta para reforzar su organización y garantizar que la dirección de la gestión económica estuviera en sus manos. A partir de 1943 son ellos mismos los que promueven desde el propio interior del Estado el retorno explícito al liberalismo.

La consolidación del modelo liberal de desarrollo La intervención en la economía, como se presenta en Colombia entre 1940 y 1942, no basta para convertir al Estado en un agente del desarrollo como en México, Chile y un poco más adelante en Brasil. Es necesario además que se forme, a través del Estado, una nueva élite dirigente, y que ciertas categorías sociales liguen su destino a la expansión de las funciones estatales. Los factores políticos cuentan a este respecto tanto o más que los factores económicos. En el entorno de Eduardo Santos figuran, sin duda, personalidades que consideran que el Estado debe estar dotado de manera permanente de los medios para ejercer influencia sobre la orientación de las inversiones. A pesar de sus divergencias, este es sin duda el caso de Carlos Lleras Restrepo, Ministro de Hacienda, cuyo papel ya había sido considerable en la reforma agraria de 1936, o el de Jorge Eliécer Gaitán, Ministro de Educación durante algunos meses. Eduardo Santos, por su parte, es de los que sólo conciben el desarrollo, por liberal que sea, a partir de una fuerte regulación estatal. Pero la precariedad del aparato estatal no disminuye por ello. A pesar de lo que dispone una ley adoptada en 1938 para

15

Según los coeficientes de industrialización calculados por Celso Furtado, La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la Revolución Cubana, Santiago, Editorial Universitaria, 1967, p. 111, Colombia se sitúa en 7.5 en 1937 frente a 25.6 de Argentina, 16.7 de México, 11.3 de Chile y 13.1 de Brasil.

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organizar la función pública, el personal del Estado se sigue reclutando entre las facciones del Partido Liberal. En términos más generales, el Estado continúa sometido directamente a la lógica partidista, o bien, para los puestos más importantes, al influjo de los dirigentes económicos del sector privado. Ni los militares ni las clases medias se encuentran en mejor situación que antes para contribuir a la exaltación de la autoridad del Estado. El retorno al poder, en 1942, de Alfonso López Pumarejo no se traduce en un cambio notable respecto a la señalada precariedad del Estado. Por el contrario, se acompaña del afianzamiento de algunos de los miembros de la oligarquía económica en el seno del gobierno. Gonzalo Restrepo, cabeza de la Asociación de Exportadores de Café, recibe la cartera de Hacienda (que ya había ocupado en el gobierno de Eduardo Santos). Ramón Santodomingo, dueño de uno de los principales grupos económicos y financieros de Colombia, es sucesivamente Ministro de Hacienda y de Comunicaciones. Hernán Echavarría Olózaga, uno de los más poderosos hombres de negocios de Antioquia, es nombrado Ministro de Obras Públicas en 1943. Arcesio Londoño Palacio, banquero de Caldas, recibe la cartera de Trabajo. La lista podría ser ampliada. Todo manifiesta la estrecha articulación que existe entre el poder político y el mundo de los negocios. No es una casualidad. La regulación estatal ofrece la ocasión a los diversos grupos de interés económico de organizarse para tomar parte oficialmente en las decisiones económicas. El estímulo proviene del propio Estado, deseoso de llegar a una concertación difícil de lograr mientras prevalezca la yuxtaposición entre los intereses de cada unidad económica. La creación de comités consultivos responde a esta necesidad. Es así como en 1943 se forma una “Comisión de defensa económica” con representantes de las diversas actividades económicas, destinada a “encauzar la industria, la agricultura y la ganadería colombianas hacia la producción, de acuerdo con las posibilidades del país, de los artículos y productos más necesarios y urgentes en la economía”.16 El Estado ejerce una presión directa sobre los industriales para que, renunciando a su atomización, se doten de una expresión colectiva. El proyecto fracasa una

16

Cf. El Tiempo, febrero 11 de 1943.

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primera vez en 1942, cuando Carlos Lleras Restrepo funda la Asociación Nacional de Manufactureros, con sede en Bogotá, que choca con la desconfianza de los antioqueños por tratarse de una organización liderada por un personaje político. En definitiva, sólo en 1944 Alfonso López Pumarejo logra convencer a los industriales antioqueños de ponerse a la cabeza de una agrupación de esta naturaleza: nace así, bajo la presidencia de uno de los representantes más conspicuos de la industria antioqueña, Cipriano Restrepo Jaramillo (que dirige en ese momento la Compañía Colombiana de Tabaco), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), entidad que logra agrupar poco después a los industriales de otras regiones. El ejemplo será seguido por el sector del gran comercio con la creación, en 1945, de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y por muchos otros grupos económicos. La era de los gremios comienza de esta manera. A la Federación Nacional de Cafeteros, transformada en potencia financiera desde la creación del Fondo Nacional del Café y consolidada en 1941 en su forma de funcionamiento oligárquico,17 se agregan ahora, con la ANDI y Fenalco, otras piezas esenciales de lo que muy pronto va a tomar la forma de un verdadero cogobierno. El Estado se asocia a su formación y poco después va a experimentar su poderío. ¿Se podría hablar de la aparición de un “corporativismo” colombiano? Los gremios colombianos no constituyen “un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constituyentes se organizan bajo la forma de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, organizadas en jerarquías y funcionalmente diferenciadas, reconocidas y autorizadas (cuando no creadas) por el Estado”.18 Philippe Schmitter ha reconocido ciertamente la necesidad de tener en cuenta, además de un corporativismo

17

En el congreso de cafeteros de 1941, los delegados de los caficultores de Caldas y de Antioquia exigen y logran una revisión de los estatutos con el fin de que los diversos departamentos productores dispongan de una representación proporcional a su producción en el comité nacional. Los antioqueños y caldenses disponen se a partir de ese momento de una influencia preponderante. Combinada con la disposición que garantiza al comité nacional el poder de designar la mitad de los representantes departamentales, esta medida asegura la supremacía de los grandes productores.

18

Cf. Philippe Schmitter, “Still the century of corporatism?”, The Review of Politics, vol. 36, núm. 1, enero de 1974, pp. 93-94.

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regido de esta manera por el Estado, un corporativismo “societal” producto de la auto organización de los propios grupos de interés económico y de su participación institucional en los mecanismos de decisión estatal. Por discreto que sea en relación con un corporativismo “desde arriba”, este segundo corporativismo significa igualmente, en forma tendencial, una alteración del “modo liberal-burgués-parlamentario de dominación política”;19 no porque obstaculice necesariamente el funcionamiento de las instituciones políticas liberales sino, como Gerhard Lehmbruch lo ha resaltado justamente, porque implica una nítida diferenciación entre dos subsistemas políticos obligados a tratar con dos tipos de situaciones heterogéneas.20 Los gremios colombianos constituyen la mejor ilustración de un “corporativismo liberal”. Este último no es otra cosa que la articulación institucional entre un modelo liberal de desarrollo y la inevitable regulación estatal. Se consolida en 1944, en el mismo momento en que el modelo liberal reafirma sus derechos en detrimento de la intervención estatal. El surgimiento de los gremios aporta al liberalismo económico la organización que le hacía falta para exigir su pleno reconocimiento político. El modelo liberal de desarrollo constituía, por lo demás, incluso de 1940 a 1942, el horizonte ideológico de la totalidad de las fracciones económicas dirigentes, que sólo habían aceptado el “intervencionismo” estatal como un instrumento sobre cuyo empleo ellas mismas decidían. Siempre habían impuesto sus condiciones, variables de acuerdo con el interés de cada una de ellas: para la Federación Nacional de Cafeteros, el control del Fondo Nacional del Café y de sus recursos; para los industriales, la participación en la gestión del IFI,21 con el doble compromiso de que el IFI se “preocupe única y exclusivamente por el

19

Philippe Schmitter, “Modes of interest intermediation and models of societal change in Western Europe”, Comparative Political Studies, vol. 10, núm. 1, abril de 1977, p. 8.

20

Gerhard Lehmbruch, “Liberal corporation and party government”, Comparative Political Studies, vol. 10, núm. 1, abril de 1977, p. 149.

21

El consejo de administración del IFI comprende al Ministro de Hacienda, dos miembros designados por el presidente de la República (que pueden pertenecer al sector privado), tres miembros designados por los bancos comerciales y los accionistas privados del IFI y dos representantes del Banco Central Hipotecario que pueden, por lo demás, estar vinculados al sector privado.

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desarrollo de aquellas industrias que son esenciales para el país pero que aparentemente no resultan justificadas para la iniciativa privada”22 y que revenda al sector privado las empresas que resulten rentables –este criterio se aplica en 1945 a la empresa de neumáticos Icollantas cuyas acciones son vendidas, no a inversionistas colombianos como era la idea inicial del gobierno, sino a la Goodrich Company–;23 para los agricultores, la modificación de las disposiciones de la ley agraria de 1936. Con mayor razón el modelo liberal de desarrollo proporciona a los gremios un principio de acción cuando, a partir de 1943, la acumulación de capitales ociosos permite una nueva fase de “prosperidad a debe”. La guerra, como se ha comprobado, significa una baja de la tasa de crecimiento de la economía y, más aun, de las inversiones productivas. Sin embargo, la limitación forzosa de las importaciones, por una parte, y el crecimiento de los ingresos debido a las exportaciones en 1943 y 1944 gracias al reajuste de los precios del café, por otra, se traducen en un superávit en el saldo de la balanza de pagos.24 Proliferan los capitales en busca de posibilidades de inversión. La euforia cunde y, con ella, un clima de fiebre especulativa que arrastra con todo, incluso con la regulación estatal. La reivindicación liberal comienza por tratar de poner esta regulación al servicio de la especulación; triunfa cuando la crisis del Estado que de allí se deriva deja el campo libre a los gremios. En una novela publicada algunos años después, Alfonso López Michelsen, el hijo del presidente López Pumarejo, describe con toda precisión el vértigo del dinero fácil que se apodera en ese momento de los medios favorecidos de Colombia: “El que trabaja en el comercio sabe que un capital se dobla en un solo año. Comprando dólares en los sitios estratégicos de las grandes ciudades se gana también sin trabajar el 50% o el 60% [...] en unos meses”, hace decir a uno de sus personajes.25 Carlos

22

Carta de Cipriano Restrepo Jaramillo (quien muy pronto sería presidente de la ANDI) publicada por El Tiempo, mayo 25 de 1944.

23

Esta compañía poseía desde 1942 el 25% del capital de Icollantas. A partir de 1945 el 70% (Cf. el artículo publicado sobre este tema en el Boletín Mensual de Estadística, septiembre de 1971, pp. 8 y ss.).

24

Cf. CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, cuadro 15, op. cit.

25

Alfonso López Michelsen, Los elegidos, Bogotá, Antares-Tercer Mundo, 1967, p. 47.

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Lleras Restrepo observa por su parte en 1943: “El halago de ganancias conseguidas sin ningún trabajo despertó en innumerables personas, que nunca antes habían negociado en valores, el deseo de especular”.26 El dinero circula de una actividad a otra: se coloca en acciones industriales, se invierte en la compra de terrenos urbanos o de tierras agrícolas, sirve de vínculo entre las diversas fracciones dominantes. Ni los grandes productores de café ni los importadores tienen motivos para quejarse. Pero los industriales son sin duda alguna los que tienen más razones para sentirse contentos. Las ganancias se trepan: según la Superintendencia de Sociedades Anónimas, en enero de 1943 el promedio de utilidades “no puede ser mejor”.27 Las acciones son arrebatadas de las manos. La concentración monopólica u oligopólica se refuerza, muy a menudo, por la vía de la absorción de otras empresas. Dos compañías textiles antioqueñas, Coltejer (que compra en ese momento otras dos grandes empresas) y Fabricato, representan por sí solas el 43.6% del capital invertido en el ramo textil y comienzan además a diversificar sus actividades. Una compañía antioqueña, Coltabaco, detenta el 77% del capital de la industria del tabaco. Una compañía de Bogotá, Bavaria, detenta el 61% del capital del ramo de las bebidas.28 La producción de cemento y la de productos de vestir conocen una expansión considerable. El polo antioqueño, cuna de las industrias de bienes de consumo corriente, llega al cenit de su poderío; concentra alrededor del 24% del valor agregado de la industria nacional; abarca a la mayoría de los más grandes grupos industriales; y sobre todo, afirma alto y fuerte, su creencia en las virtudes del mercado. El origen del éxito de la industria textil consiste, según Cipriano Restrepo Jaramillo, en que “el negocio ha sido bueno, porque se le ha permitido prosperar y porque el aumento indispensable de capital, bien grande para nosotros, lo ha hecho posible el precio halagador de sus acciones”.29 Por obvias razones, Medellín se convierte en la sede de la Asociación Nacional de Industriales.

26

El Mes Financiero y Económico, agosto de 1943.

27

Ibíd., enero de 1943.

28

Estos datos están calculados de acuerdo con el censo industrial de 1945.

29

Cf. El Tiempo, mayo 24 de 1944.

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La instalación de la ANDI en Medellín, a distancia del poder central es, no obstante, inseparable de la ofensiva a favor del liberalismo económico. Los industriales antioqueños se sitúan a la vanguardia a este respecto. Para Cipriano Restrepo Jaramillo, primer presidente de la ANDI, el ejemplo de la industria textil señala el camino: es necesario “dejar hacer, dejar trabajar, no entrabar el desarrollo económico mediante la aplicación de fórmulas apropiadas quizá para países super industrializados, pero en mi sentir inadecuadas e inoperantes para el nuestro”.30 Restrepo Jaramillo se muestra igualmente convencido de que es conveniente renunciar, en primer lugar, a una política excesivamente voluntarista de substitución de importaciones y abrir lo más pronto posible las fronteras a los productos que no hacen competencia a los productos locales: “Todos los elementos indispensables para nuestras industrias, o útiles para la creación de otros o convenientes para la vida nacional, debemos traerlos en cualquier forma que nos sea posible [...]: tarifas de aduana provisionalmente bajas para lo que no producimos y necesitamos; simplificación para los pagos y las importaciones; tratados comerciales con los países americanos”.31 Que es deseable igualmente estimular el ingreso de capitales extranjeros, aún muy modestos en la industria a pesar de algunos progresos que se presentaron durante la guerra,32 es algo que los antioqueños piensan en ese momento con más insistencia que antes.33 A través de estas proclamas vigorosas los industriales dan a conocer su negativa a ocupar por más tiempo el banquillo de los acusados en nombre de los “intereses de los consumidores”, y se sienten ahora llamados a figurar en un lugar privilegiado, entre los protagonistas de la gestión económica del país. En realidad, los industriales no se encuentran de manera alguna en discordancia con las otras fracciones económicas en lo que tiene que ver con el desmantelamiento de la reglamentación estatal. Los caficultores esperan que se termine con el sistema de las cuotas de exportación y,

30

Ibíd.

31

Ibíd.

32

En 1945 el capital extranjero representa el 1% del total del capital fijo industrial, diez veces más que en 1940.

33

Desde abril de 1940, el gobierno de Antioquia se declara decidido a estimular el ingreso de capitales extranjeros.

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por la voz del presidente de su Federación, Esteban Jaramillo, se declaran dispuestos a establecer una asociación estrecha con Estados Unidos: “Dependemos económicamente, hoy más que nunca, de los Estados Unidos [...] y terminado el conflicto bélico, es probable que aquella vinculación sea aun más fuerte si se realiza el proyecto de una gran confederación económica americana que regule y dirija la economía y las finanzas de los países de este hemisferio entre sí”.34 Una encuesta llevada a cabo en junio de 1944 por el Ministerio de Hacienda, entre las cámaras de comercio que reúnen a comerciantes e industriales medianos, da una idea de sus preocupaciones en ese momento. La Cámara de Comercio de Bogotá pide “dejar que el libre juego de la oferta y la demanda fije la cotización más conveniente para cada etapa”; la de Medellín exige que sean suprimidas “no pocas disposiciones legales que estorban el desarrollo y el engrandecimiento de las empresas industriales y mercantiles” e invita a no preocuparse por una inflación que es “solamente la expresión de la voluntad de unos hombres de negocios que no quieren dejar inactivo su dinero”; la de Manizales estima que el aumento del precio de la tierra es positivo puesto que manifiesta “una nueva conciencia de los colombianos que ya se van convenciendo de que el cultivo de la tierra es productivo, esencial y fundamental”, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar del gobierno un crédito en que “el interés barato [sea] una especie de subsidio con el que el gobierno [contribuye] a la ampliación de la producción agrícola”.35 Laisser-faire, atenuar la regulación estatal, tales son las consignas lanzadas por el conjunto de los representantes de la “iniciativa privada” en vísperas de la postguerra. Algunas fricciones pueden aún aparecer ocasionalmente entre unos y otros, pero cuentan mucho menos que las solidaridades de hecho que resultan de la interdependencia de los capitales en los diversos sectores de actividad y de la común adhesión al modelo liberal de desarrollo. Sobre estas dos bases se forma un verdadero conglomerado de los gremios que reivindica, en lugar del Estado, el privilegio de hablar en nombre del interés general: “El activo desarrollo económico está formando intereses de tal magnitud, declara el Presidente

34

Revista Cafetera, diciembre de 1940.

35

Estas respuestas son publicadas por El Tiempo, junio1 y 7, y julio 8 de 1944.

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López, que desafían abiertamente la fuerza de las leyes, el imperio del órgano ejecutivo y la misma justicia”.36 Este conglomerado constituye la nueva “oligarquía” denunciada por un rumor público cada vez más extendido. ¿Y qué tiene que ver el Estado en todo esto? ¿Y el reformador del año 1936? Hemos visto que las inversiones públicas decaen de nuevo precisamente en el momento en que Alfonso López Pumarejo llega al poder por segunda vez.37 Hay que tener en cuenta sin lugar a duda la parte de responsabilidad que proviene de las circunstancias: la restricción de las inversiones públicas responde a la necesidad de controlar la inflación provocada por la superabundancia de capitales. Pero las circunstancias no lo explican todo. Incluso antes de ser reelegido, Alfonso López Pumarejo había anunciado que no se proponía hacer “un gobierno de izquierda”.38 Una vez instalado en la presidencia promete “preservar las características esenciales de Colombia”.39 La “intervención del Estado” sigue ciertamente a la orden del día pero reducida cada vez más a una simple función instrumental, orientada a “consolidar el sistema capitalista [...] para impedir sus abusos y corregir sus injusticias”.40 Aumentar la producción nacional constituye a partir de este momento la condición previa de todo progreso social: “No podemos vencer nuestra miseria sino por un solo camino: aumentando la producción, multiplicando los productos”.41 Por el contrario, transformar el Estado en empresario sólo puede conducir a severos inconvenientes. Este es el principio adoptado por el gobierno en 1944 cuando se ve confrontado con el problema de la confiscación de las empresas alemanas y decide asignárselas al sector privado: “En el estado actual de nuestra vida económica y financiera, dice en ese momento el ministro de Hacienda, no parece deseable que el Estado asuma las

36

Mensaje presidencial del 15 de mayo de 1944.

37

El conjunto de las inversiones públicas alcanza 304.7 millones de pesos en 1942 y se reduce a 194.4 millones de pesos en 1944 (en pesos de 1950). Cf. CEPAL , El desarrollo económico de Colombia. Anexo Estadístico, cuadro 44, op. cit.

38

Discurso de Alfonso López Pumarejo el 5 de abril de 1942.

39

Discurso de posesión de Alfonso López Pumarejo, agosto 7 de 1942.

40

Mensaje al Congreso, noviembre 1 de 1944.

41

Discurso de Alfonso López Pumarejo en el Hotel Granada, enero 24 de 1944.

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funciones de empresario y las funciones de industrial”.42 En cada uno de estos puntos el gobierno de Alfonso López Pumarejo adopta en lo esencial las tesis del conglomerado de los gremios; sólo se aparta un poco de ellas en los esfuerzos moderados que lleva a cabo por controlar una inflación en la que los representantes del sector privado ven la prueba de la prosperidad colombiana.43 Tal intento de control es suficiente para provocar su mal humor, pero insuficiente para generar una oposición. En nombre de la prioridad otorgada a la producción, el gobierno da un paso atrás respecto a ciertas reformas anteriores. Es el caso en particular de la Ley 200 de 1936, llamada de reforma agraria, a la que los propietarios de tierras hacían responsable del virtual estancamiento de la producción y del aumento de los precios agrícolas: proteger a los aparceros y dejar que se expanda una amenaza sobre las tierras no explotadas suscita una “atmósfera artificial de pánico entre los propietarios”.44 Al aproximarse la expiración del plazo de diez años para la explotación de las tierras, la SAC pone en marcha una vasta campaña en favor de una revisión de la ley, que tiene éxito. Se adopta entonces una nueva ley, la Ley 100 de 1944, que comprende tres disposiciones que responden a las demandas de los propietarios. Los contratos de aparecería, declarados de utilidad pública, se reglamentan mejor; se prohíbe a los aparceros establecer en sus parcelas cultivos plurianuales, lo cual excluye en particular las plantas del café. El plazo de diez años se prorroga en cinco. La compra eventual de tierras por parte del Estado, con miras a su parcelación, sólo se puede efectuar mediante pago de contado. En estas condiciones, la vieja amenaza de expropiación desaparece.45 La consolidación de los gremios contribuye por su parte a reducir la autonomía del Estado. Gracias a la posición que se les reconoce en el sistema de decisión económica, militan ahora en el seno mismo del

42

Intervención ante el Senado, diciembre 8 de 1944.

43

Un importante industrial de Antioquia, Jesús Mora, declara a este respecto: “Con esa inflación, con ese encarecimiento, todos se aprovechan, porque todos, chico con grande, somos productores de algo”. El Tiempo, marzo 12 de 1943.

44

Según los términos del Comité de Cafeteros de Caldas, junio 22 de 1944.

45

Cf. Albert O. Hirschman, Journeys toward progress, Nueva York, The Twentieth Century Fund, 1963, p. 115.

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Estado en favor de la puesta en práctica del modelo liberal de desarrollo. Cuando aparece la euforia especulativa, se sirven del Estado para lograr sus fines. Ni el Estado ni el gobierno liberal les oponen resistencia: la “nacionalización” de los bienes de los ciudadanos de los países del Eje se convierte en ocasión propicia para múltiples escándalos. Uno de ellos va a ocupar la atención del público durante meses enteros: el caso de la Handel, consorcio holandés con participación alemana, propietaria del 60% de las acciones de la cervecería Bavaria. El gobierno había prometido su nacionalización; no obstante, permite que se proceda a la venta de las acciones a bajo precio. El escándalo golpea directamente al gobierno porque el representante de los accionistas y vicepresidente de Bavaria no es otro que Alfonso López Michelsen, el hijo del Presidente.46 La regulación estatal ya no es más que un recuerdo; la desregulación estatal se impone, acompañada de una “verdadera pérdida del control de la situación política”, según expresión de Carlos Lleras Restrepo. Nada puede ser ya obstáculo, al menos aparentemente, para la aspiración de los gremios a asumir la dirección de los asuntos económicos. El descrédito que afecta a la regulación estatal y a la “oligarquía liberal” que se encuentra en el poder acaba por destrozar la imagen que el Estado había querido dar de sí mismo desde 1930. De la articulación de los intereses privados a través del Estado se pasa a la desarticulación del Estado en el marco de los intereses privados. El Estado renuncia incluso a encarnar los intereses nacionales frente al exterior. Aliado modelo de Estados Unidos durante la guerra,47 la Colombia de Alfonso López

46

Este asunto dio lugar a diversas publicaciones. Un primo político, enemigo de Alfonso López Michelsen, Enrique Caballero Escovar, como consecuencia de un debate de gran repercusión que tuvo lugar en el Senado en noviembre de 1944, en el que se acusaba a la familia presidencial, publica en 1972 (en el momento en que Alfonso López Michelsen era candidato a la presidencia) un libro que presenta una sombría descripción del presidente López Pumarejo y de su entorno, en el momento de la negociación. Cf. Enrique Caballero Escovar, El mesías de Handel, Bogotá, Tipografía Hispana, 1972.

47

El gobierno de Eduardo Santos se había comprometido desde 1938 en una estrecha política de cooperación con Estados Unidos. Al declarar la guerra, Colombia da a Estados Unidos satisfacción de todas sus exigencias: firma el pacto de La Habana, ofrece todas las seguridades sobre la vigilancia del Canal de Panamá, toma las medidas solicitadas respecto a los bienes de los nacionales de países del Eje, y llega hasta el

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Pumarejo, como lo habían hecho los caficultores de Esteban Jaramillo, se declara dispuesta a hacer dejación de su soberanía en provecho de la pax americana que se perfila. Alfonso López Pumarejo afirma en su mensaje al Congreso del 1° de noviembre de 1944: “Es probable que la organización de la paz requiera en apariencia sacrificios cuantiosos del viejo concepto de soberanía [...] pero no hay alternativa para los pueblos débiles. Cualquier debilitamiento de la política panamericana en los días venideros nos acercaría a riesgos que parecían definitivamente alejados para nuestros pueblos”. Había llegado, pues, a su término lo que había servido de fundamento a la regulación estatal: la necesidad de una mediación entre lo “interno” y lo “externo”. El poder lleva hasta el extremo la lógica del liberalismo al delegarle esta función mediadora. Desregulación estatal, modelo liberal de desarrollo, adhesión a un nuevo orden económico panamericano: la posguerra se abre bajo tres signos que sacuden toda la simbólica política que el Partido Liberal había construido, ponen en cuestión la ciudadanía política otorgada en 1936 a los sectores populares organizados y ponen igualmente en peligro los fundamentos de la división entre liberales y conservadores.

El hiperconformismo de la CTC y del Partido Comunista El otorgamiento de la ciudadanía política a los sectores populares del liberalismo, con la mediación de la CTC y del Partido Comunista, se había llevado a cabo efectivamente, como sabemos, bajo la forma de un pacto social constitutivo de una nueva representación de lo político. De este pacto, incluso después de la pausa de 1937, no había quedado solamente

punto de arreglar las deudas pendientes desde la moratoria de 1932. El embajador Braden (el mismo que como embajador en Argentina organiza la oposición a Perón) reconoce que Colombia es el mejor aliado de Estados Unidos. Cf. sobre la política exterior de Eduardo Santos; P. Schmitter, “Modes of interest intermediation and models of societal change in Western Europe”, op. cit.; David Bushnell, “Eduardo Santos and the good neighbour policy, 1938-1942”, Latin American Monographs, Gainesville, University of Florida, núm. 4, 1967. En 1943, Colombia declara oficialmente la guerra a Alemania.

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una identificación de hecho con el Partido Liberal; quedaba también la huella del momento en que el “pueblo” había sido convidado a servir de substrato a la imagen de la unidad nacional. Con la imposición de una fuerte disciplina social durante la administración de Eduardo Santos, y el retorno caótico al liberalismo económico durante la de Alfonso López, se habría podido suponer que los aparatos sindicales y el Partido Comunista se sentirían obligados a asumir, en su propio nombre, la identidad de las clases populares. Paradójicamente, van a responder por el contrario como si, confrontados con la fragilidad de las clases dirigentes, tuvieran ellos mismos vocación de burguesía nacional y pudieran situarse, por encima de las contingencias históricas, a la vanguardia del proceso de modernización capitalista. Pero ésta es sólo la primera de las paradojas. Existe una segunda que, por pasar inadvertida en el instante, no es menos fundamental. En el momento mismo en que sus bases sociales en el artesanado y en el sector público se desmoronan o pierden su carácter estratégico, tanto la CTC como el Partido Comunista se aíslan de la amplia ola de movilización social que, a partir de 1943, se había conformado frente a la deriva oligárquica del régimen; ya no se contentan con ponerse la máscara de una burguesía nacional, sino que reaccionan como si estuvieran habilitados para hablar en nombre del propio poder. Doble paradoja que los conduce a un aislamiento seguro. Los gremios no tienen interés en su oferta de cooperación y las masas movilizadas tienen todas las razones para desconfiar de ellos. Al asumir los discursos de los “Otros” dan en definitiva la sensación de que sólo tienen en cuenta sus propios intereses corporativistas. Esto constituye una tercera paradoja.

Los rigores de la disciplina social Exaltado muy a menudo por Eduardo Santos, “el Estado por encima de las clases” estaba evidentemente destinado a incrementar en lo fundamental la influencia del poder sobre las organizaciones sindicales “obreras”. Admirador de la democracia a la europea, el antiguo director de El Tiempo hubiera querido construir un nuevo pacto social, pero con las “clases medias”: estas últimas eran, sin embargo, imposibles de ubicar y el apoyo dado a algunas asociaciones de empleados o los esfuerzos desplegados para crear una “carrera administrativa” substraída de las presiones de las

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camarillas políticas no eran suficientes para inventarlas.48 Era necesario al menos romper con los restos del antiguo pacto. Los responsables del Partido Liberal, “lopistas” incluidos,49 estaban de acuerdo en considerar que la fase de las conquistas sociales de la clase obrera debía ser clausurada. Se trataba solamente de administrarlas y para ello era necesario imponer la ley allí donde todavía prevaleciera la lucha de clases. Proscribir la lucha de clases era la urgencia del momento. “Ni lucha de clases, ni privilegios, ni opresión, venga ella de donde viniere”, advierte Eduardo Santos en su primer discurso presidencial. Y propone substituirla por un “esfuerzo constante porque impere la justicia sin demagogia, porque se busque la armonía de fuerzas que se destruyen en la discordia y porque la vida del trabajo se desarrolle en Colombia bajo el signo de la cooperación y de la ley”. La guerra ofrece muy pronto una razón complementaria para que impere lo que el Ministro de Trabajo de 1940 califica de “colaboración armoniosa de los diversos factores de producción”.50 ¿Se trata de prevenir precisamente el riesgo de que los sindicatos se lancen a la lucha de clases? Al leer ciertas declaraciones de Eduardo Santos se podría pensar en eso eventualmente, dado el inmenso temor que en ellas se expresa de que estas luchas lleven a las empresas a la quiebra. Teniendo en cuenta, probablemente, el ejemplo de la Fedenal, que controlaba la contratación en el Río Magdalena, el presidente afirma en 1939: “Las pretensiones de los sindicatos de llevar sus reclamos hasta agotar la capacidad productiva de las empresas sería mortal no sólo para ellos sino también para aquel principio que tantas buenas repercusiones

48

Una ley de 1938 que crea “la carrera administrativa” no tiene ningún efecto. Existe obviamente una clase media que es precisamente la que, en el marco de los partidos, concibe la política como un oficio y saca provecho de la sumisión del Estado al sistema de los partidos.

49

Los antiguos “lopistas” estaban tan convencidos como los “santistas”. Así lo muestra la intervención de Alberto Lleras Camargo, el antiguo ministro de López, con motivo del 1° de mayo de 1939. “¿Cuál puede ser la misión política del trabajador colombiano?” se pregunta para responder en seguida: “En este campo, no necesita librar batalla alguna, ni tiene nada que conquistar. En Colombia el trabajador puede contentarse con preservar la organización democrática existente y aprovecharla con intensidad”. Cf. Acción Liberal, abril-marzo de 1939, p. 59.

50

Informe del Ministro de Trabajo, 1940.

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puede tener. Y no menos mortal sería que esos sindicatos obreros fueran poco a poco arrogándose la dirección de aquellas empresas, asumiendo caracteres de administradores reales”.51 Sin embargo, el peligro de un derrumbamiento de la industria como resultado de las acciones sindicales permanece lejano en una buena medida. Mayor posibilidad parece tener la amenaza de la transformación de las organizaciones sindicales en actores políticos relativamente independientes, amenaza que proviene de la influencia de los comunistas en su seno. Partiendo de la premisa de que “no se ajusta a la realidad nacional que el comunismo controle los aparatos sindicales”,52 el gobierno de Eduardo Santos abandona a este respecto la tolerancia un poco condescendiente de que había dado muestras el líder de la “Revolución en Marcha”. Pero la amenaza procede sobre todo de la influencia que los sindicatos pudieran conquistar dentro del Partido Liberal, a través de la “toma de la palabra” o “por la defección” según la distinción de Hirschman. ¿No habían hecho lo imposible por apoyar la candidatura de Eduardo Santos y, al permanecer en la esfera de influencia de la tendencia “lopista”, no seguían tratando de orientar los equilibrios internos y dándoles un contenido social? “¿Pueden el país y el partido de gobierno aceptar que los sindicatos obreros, no sólo ejecuten francas actividades políticas, sino que sean la máxima fuerza política como lo han pretendido? Yo lo consideraría incompatible no sólo con la verdadera misión de los sindicatos, sino con los intereses colombianos”.53 Si son libres de escoger la “defección”, ¿no pueden arrastrar con ellos, que representan una minoría popular, a más vastas capas sociales? “La concentración de grupos afines y solidarios que va trayendo consigo la relativa industrialización que estamos presenciando, provoca en los círculos de trabajadores urbanos –afirma el Ministro de Gobierno54 Carlos Lozano y Lozano– el espejismo de que son ellos la única encarnación del pueblo y los únicos intérpretes y representantes de las clases humildes”.55

51

Discurso del presidente Santos el 20 de julio de 1939.

52

Informe del Ministro de Trabajo, 1941.

53

Discurso del presidente Santos pronunciado el 20 de agosto de 1939.

54

Recordemos que el “ministro de Gobierno” acumula las funciones de primer ministro y de Ministro del Interior.

55

Informe al Congreso del ministro de Gobierno Carlos Lozano y Lozano, 1939.

323

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

La lucha de clases que preocupa al gobierno es ante todo la eventualidad de que las organizaciones sindicales se vean tentadas un día, puesto que el poder no les devuelve ya la imagen de su propia unidad, a afirmar una identidad política autónoma. Para prevenir un riesgo de esta naturaleza, los procedimientos de cooptación tradicionalmente utilizados por el Partido Liberal parecen a partir de este momento insuficientes. Ni la presencia de un “representante obrero” en el seno de la dirección liberal, ni la creación en enero de 1938 de un centro sindical liberal, ni la formación al año siguiente de un Comité de Acción Sindical que reúne a obreros, patronos, intelectuales y dirigentes políticos liberales, entre los cuales se encuentra Jorge Eliécer Gaitán, pueden compensar el abandono del pacto “lopista”. Sólo la sujeción a la ley es susceptible de hacerlo. Tan limitada había sido la obra legislativa del primer gobierno de Alfonso López como considerable es la del gobierno de Eduardo Santos. Esta última se lleva a cabo en dos direcciones: dotar al Estado de los instrumentos de arbitraje necesarios y dar a la negociación colectiva en la empresa una importancia considerable. Al primero de tales objetivos responden múltiples medidas: la creación de un ministerio del Trabajo allí donde sólo existía un simple departamento del ministerio de Industrias; la organización de una justicia laboral para intervenir en los conflictos sociales; la extensión de la noción de servicio público a ciertas actividades privadas, tales como la navegación por el río Magdalena, que equivale a privar a la muy agitada Fedenal del derecho de huelga; y los primeros pasos hacia el control de las finanzas sindicales por intermedio de la vigilancia del empleo de las subvenciones públicas ocasionalmente otorgadas en los congresos de la CTC o de sus federaciones.56 El segundo objetivo se traduce en el hecho de someter a estudio, como se anuncia solemnemente

   57 disposiciones destinadas a institucionalizar la

56

La desconfianza de la gran mayoría de los parlamentarios liberales respecto a los sindicatos se manifiesta con motivo del debate de octubre de 1939 relacionado con el otorgamiento de una subvención al próximo congreso de la CTC. En esta ocasión se afirma la necesidad de una vigilancia sobre el empleo de los fondos.

57

Esta propuesta fue presentada por el Ministro del Trabajo como una forma de garantizar “la igualdad de las partes”. “Para que las partes sean iguales, se requiere que no sea el obrero aislado quien contrate, sino la asociación gremial o profesional”, comenta el periódico “lopista” El Liberal, mayo 3 de 1939.

324

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

negociación colectiva en la empresa; el gobierno renuncia, sin embargo, muy rápidamente a aventurarse por una vía que implica la consolidación del sindicalismo. A pesar de su incertidumbre, la referencia a una posible generalización de las convenciones por empresa demuestra que, bajo pretexto de reglamentación estatal y de cooperación entre las clases, no se trataba de manera alguna de edificar un corporativismo sindical a la brasileña ni de imponer una fidelidad a una visión cualquiera del “Estado orgánico”. No existía un sector entre las élites dirigentes (y la facción santista menos que las otras) que se comprometiera en este empeño. Fidelidad al modelo liberal obliga. Esta misma fidelidad es invocada, sobre todo por los industriales, para convencer al gobierno de que renuncie a otro de sus grandes propósitos, la instauración de un salario mínimo garantizado. En el campo social, tanto como en el campo económico, la intervención del Estado vale como instrumento, no como doctrina. Si bien los sindicatos de la CTC producen inquietud en las jerarquías liberales, no causan mucha preocupación a los industriales. Poco numerosos son los que siguen todavía en actividad a comienzos de 1939. Antonio García, por su parte, no menciona más de una veintena de alguna importancia.58 Podemos considerar también algunas decenas más, de un peso menor, que vegetan un poco por todas partes. En todo caso, las cifras suministradas en 1941 por el Ministerio del Trabajo59 (142 sindicatos industriales, 524 sindicatos de oficio) son más un producto de los papeleos administrativos que de una apreciación seria. Además, según otro recuento oficial, menos impreciso, hecho con ocasión de los dos congresos celebrados en diciembre de 1940 y enero de 1941 por una CTC en ese momento escindida, la Confederación sólo reúne en total 187 sindicatos afiliados que representarían a unos quince mil sindicalizados.60

58

Antonio García, “El fantasma sindical”, Acción Liberal, marzo de 1939, pp. 3-7.

59

Informe del Ministro del Trabajo, 1941.

60

En el congreso en que participa la tendencia comunista están representados 142 sindicatos y 13.319 afiliados, (según datos de la Inspección del Trabajo publicados en El Liberal, diciembre 12 de 1940); en el otro congreso, donde participa la tendencia hostil a los comunistas, están representados 45 sindicatos y un número de afiliados indeterminado.

325

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

Sin embargo, la debilidad no es solamente cuantitativa; se deriva también de una capacidad de acción severamente reducida. Los sindicatos sufren las consecuencias de la desaceleración del crecimiento ocurrida a comienzos de la guerra, particularmente sensible en sectores como los transportes y otras actividades asociadas al comercio exterior que constituían, con el artesanado, las bases sociales de la CTC. Los sobresaltos de la Fedenal entre 1940 y 1942, denunciados como otros tantos abusos del “poder sindical”, son en realidad expresión de la caída de la navegación por el río Magdalena y de la situación de subempleo a la que se encontraba condenado un porcentaje creciente de navegantes y braceros. La lucha por el mantenimiento de la cláusula de monopolio de enganche sindical obtenida en 1938 es tan intensa –una huelga de 24 horas en octubre de 1940 que concluye con un pacto que prevé la rotación del personal navegante, y otra huelga en 1942 que termina con el abandono de esta rotación a cambio de una promesa de reubicación del personal excedente en las obras públicas–, que permite evitar los despidos masivos.61 Estos últimos recaen, por razones que están lejos de ser siempre económicas, sobre los trabajadores de los ferrocarriles y de múltiples empresas municipales o privadas.62 A pesar de los despidos y

61

El caso de Fedenal, tanto para las clases dominantes como para los sindicatos, se convierte en motivo para un enfrentamiento decisivo. Sostenidos por la Federación de Industriales, los armadores exigen la supresión del monopolio del enganche y, a pesar de la asimilación de la navegación a un servicio público, se niegan a plegarse al arbitraje del gobierno sobre el alcance de esta cláusula. El 16 de julio de 1940 Eduardo Santos se ve obligado a enviarles el siguiente mensaje: “Es imposible para el Gobierno aceptar que, sin razón válida ninguna, se desconozca una ley referente a cuestiones del trabajo. El que no lo comprendan así, instantáneamente, los señores industriales, es cosa que me asombra”. En octubre de 1940 se concluye un nuevo acuerdo entre la Fedenal y los armadores, por cuyos términos las empresas “para demostrar su apoyo a la sindicalización obrera, voluntariamente aceptan nombrar el personal [...] entre los trabajadores que pertenezcan a sindicatos legalmente constituidos”. Cf. el texto completo en El Liberal, noviembre 2 de 1940. Confrontados con la huelga de 1942, los armadores afirman, sin embargo, el 25 de junio, en el mismo diario: “Mientras las empresas fluviales tengan que vivir bajo la férula de los centros de agitación que componen la llamada Fedenal, esta industria en vez de ser un recurso económico, seguirá siendo un calvario, condenada a declinar inexorablemente hasta su total desaparecimiento”.

62

No existe en ese momento ninguna verdadera disposición que pueda obstaculizar un despido, fuera del pago de una indemnización, si este es considerado abusivo.

326

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

del estancamiento de los salarios y de las prestaciones sociales, la acción sindical es particularmente discreta: según el Ministerio del Trabajo, se            "    de 1939 y tres a comienzos de 1941; “ninguna merece señalarse entre mayo de 1941 y abril de 1942”.63 Es verdad que no solamente cualquier huelga pasaba fácilmente en este momento por subversiva, sino que la simple presentación de un pliego de peticiones significaba el riesgo de una reacción incontrolable. La CTC no hace, por su parte, nada o casi nada por apoyar las protestas o reivindicaciones de estos sindicatos; desautoriza, al igual que el Partido Comunista, al dirigente comunista responsable de una huelga de los empleados municipales de Medellín, en 1939. Su ala liberal se desolidariza oficiosamente de la huelga de la Fedenal en octubre de 1940; dos años más tarde, con ocasión de la nueva huelga de esta federación, la CTC ofrece unánimemente su apoyo pero su protesta es débil cuando el gobierno, el 25 de octubre de 1942, prohíbe cualquier tipo de huelga en el río; en abril de 1941 se niega a respaldar a los obreros en huelga de la cervecería Bavaria, por “falta de suficientes informaciones”.64 ¿Por qué estas precauciones? Constituyen, sin duda, la expresión de la primacía otorgada por la CTC y sus federaciones a las preocupaciones políticas. Pero estas preocupaciones, contrariamente a las afirmaciones del gobierno, no iban encaminadas a la construcción de una identidad política autónoma. En 1938-1939 se trataba precisamente de imponer, a pesar de los “lopistas” recalcitrantes, una línea de colaboración “realista” con el nue vo gobierno. La tendencia comunista, que había dado finalmente el apoyo, como recordamos, a la candidatura de Eduardo Santos, en nombre del antifascismo, se atiene a esta orientación y justifica de esta manera la severa condena del dirigente de la huelga de los empleados municipales de Medellín, tal como se expresa en el

Además, numerosos sindicatos reclaman la aplicación de medidas consideradas en algún momento para reglamentar la negociación colectiva: numerosos son aquellos que, como la Federación de Ferroviarios o los de Bavaria ven allí un jalón posible hacia el reconocimiento del monopolio sindical del enganche. 63

Informe del Ministerio del Trabajo, 1942.

64

No son los únicos ejemplos. En mayo de 1939, la ocupación de la empresa Coltabaco en Medellín, etc.

327

CTC

había desautorizado la

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

siguiente telegrama: “Vista política general país, posiciones trabajadores frente a las reformas que proyecta el gobierno –contrato colectivo, seguro, jurisdicción trabajo– ofensiva reacción conservadores, exigímosle disciplinamiento luchas en el seno del movimiento obrero hasta agotar toda posibilidad de acuerdo con el gobierno a fin de que no se precipite la huelga”.65 Como no fueron obedecidos, y la huelga termina en una derrota, los propios dirigentes del Partido Comunista entran en escena para exigir la formación de un tribunal sindical que pueda juzgar públicamente a los responsables de la huelga.66 A partir de agosto-septiembre de 1939, el tono cambia. La firma del pacto germano-soviético influye significativamente en la situación, pero sólo logra profundizar una división latente, dado que el gobierno liberal poco se preocupa por garantizar, por su parte, la unidad del sindicalismo. La ruptura entre liberales y comunistas sacude rápidamente todas las organizaciones. Desde febrero de 1940, la Federación de Ferroviarios (Ferrovías), cuya proximidad con las fracciones liberales más moderadas era conocida, pide que los comunistas sean expulsados de la CTC. La Fedeta antioqueña se divide; los comunistas se quedan con unos sindicatos de artesanos (y el de una cementera industrial). En el congreso de la Fedenal en Puerto Berrío, en enero de 1940, los dos campos se enfrentan y, en el transcurso de los meses siguientes, varios sindicatos locales influenciados por los liberales, se retiran de ella. La misma CTC se rompe en julio de 1940; en diciembre de 1940, los sindicatos que permanecían fieles a la alianza con los comunistas celebran un congreso en Barranquilla; en enero de 1941, los que la rechazaban hacen el suyo en Barrancabermeja. Es probable que la tendencia “lopista” se haya situado mayoritariamente a distancia de los dos campos, lo que explicaría la presencia de la mayor parte de los sindicatos representados en Barranquilla.67 Exceptuando las divergencias relacionadas con la

65

Telegrama firmado por los dirigentes del partido y enviado a Ángel María Carrascal, dirigente de los huelguistas, el 28 de mayo de 1939.

66

Comunicado publicado el 28 de mayo de 1939 y firmado por Ignacio Torres Giraldo, Jorge Regueros, Gilberto Vieira y los demás jefes del partido.

67

El Congreso de Barranquilla estaba dominado de hecho por los sindicatos de la costa atlántica (Atlántico, Bolívar) y sobre todo por los de la Fedenal, mientras que los de Cundinamarca, a menudo “lopistas”, brillaban por su ausencia, como lo muestra el cuadro elaborado por la Inspección del Trabajo:

328

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

naturaleza de la guerra mundial,68 los dos campos continúan haciendo lo posible por mantener las mejores relaciones con el gobierno. Con la entrada de las tropas alemanas en la Unión Soviética, la solidaridad de todos con el Partido Liberal deja de tener solamente un valor táctico para revestirse de un valor patriótico. Desde agosto de 1941, con ocasión del primer congreso del Partido Comunista, el secretario general, Augusto Durán, se encarga de recordar que el Partido Liberal “representa las mejores tradiciones democráticas y progresistas de la burguesía colombiana”. Sin embargo, a medida que la guerra se prolonga, los comunistas se limitan a reprochar a Eduardo Santos, impecablemente alineado con la diplomacia americana, sus reticencias a lanzar directamente a Colombia en la guerra: “Sería un error imperdonable, escribe Augusto Durán, pretender infundirle a nuestro pueblo un espíritu pacifista de suicida indiferencia. [...] La

Total teórico de sindicatos de la CTC unificada Atlántico

26

Total teórico de afiliados 9.253

Afiliados representados 4.378

Antioquia

40

3

7.257

1.807

Bolívar

35

19

5.355

2.571

Caldas

40

7

5.571

638

Cundinamarca

161

34

29.307

2.404

Huila

12

2

616

30

Magdalena

35

28

3.645

620

Norte de Santander

24

5

3.419

246

Santander

23

7

2.081

244

Tolima

37

6

2.605

154

Valle

55

5

8.562

247

Boyacá

11

-

1.537

-

Cauca

25

-

2.563

-

Nariño

14

-

3.471

-

Intendencia del Chocó TOTAL 68

39

Sindicatos presentes

3

-

554

142

138 85.877

13.319

En Barranquilla, Gilberto Vieira denuncia, en nombre del Partido Comunista, “la guerra imperialista”. En Barrancabermeja se apoya “la política de solidaridad continental en el marco de la soberanía interamericana”.

329

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

palabra de combate que debe palpitar en los labios de todo colombiano que ama a su patria y a la democracia debe ser: guerra contra los bandidos fascistas”.69 La reunificación de la CTC se lleva a cabo a finales de 1941 y se traduce, más que nunca, en la subordinación de la acción sindical a las exigencias de la hora –el patriotismo y el desarrollo económico– y, por consiguiente, en nuevas razones para sospechar de cualquier intento de huelga: “Equivocadas andan las gentes que predican o presumen que su función social [la del sindicalismo] no es otra que la de presentar pliegos de peticiones permanentemente y la de crear situaciones conflictivas a diario. ¡No! Muy por el contrario comprendemos que el desarrollo sindical corre paralelo con el desarrollo industrial”.70 La regulación estatal demuestra ser superflua en una gran medida. Sólo pensando en preservar sus posiciones de actor político de segundo orden en el juego institucional, el aparato de la CTC se somete de hecho a las reglas del modelo liberal; deja a sus sindicatos frente a frente con un patronato dispuesto a aprovechar la ocasión de volver atrás en las ventajas eventualmente concedidas en la fase anterior, y se reserva los placeres del juego político. A los esfuerzos hechos por el gobierno para recortar progresivamente la ciudadanía social, su respuesta es blandir siempre más alto los signos del hiperconformismo político. Reina “Una efectiva paz social”.71 Sólo faltaba un elemento para que ese hiperconformismo se expandiera sin restricciones: el retorno de Alfonso López al poder. La CTC se lanza impetuosamente en la campaña de reelección. Su presidente hace el 22 de abril de 1942 un llamado solemne: “¡Fuerzas de avanzada! Nuestra consigna, más arrogante que nunca, está en pie. De la justicia un lema, de la nacionalidad un símbolo y de la victoria de López la salvación de Colombia”. Victorioso López, la CTC puede erigirse plenamente en mentor del capitalismo nacional.

69

Augusto Durán, El Diario Popular, enero 2 de 1942.

70

Comunicado publicado conjuntamente por las dos tendencias de la noviembre de 1941, para anunciar su próxima reunificación.

71

Mensaje de Eduardo Santos el 20 de julio de 1942, frente al Congreso.

330

CTC,

el 30 de

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

Por un social-capitalismo a la colombiana En 1940 los comunistas se reprochan su excesiva fidelidad con el “lopismo” entre 1936 y 1938: “La Dirección no [había entendido] el papel independiente del Partido, [ni] el verdadero carácter nacional reformista del gobierno de López, y se dio al ditirambo de la obra de éste [...] siendo ésta la causa de las ilusiones que [se crearon con] el “revolucionarismo” de López, incluso en muchos comunistas”;72 en 1942 tienen muchas razones para no ceder de nuevo a unas expectativas exageradas. Más de una vez, los “lopistas” se habían mostrado reticentes con respecto a las “larguezas” sociales de Santos e inquietos por los progresos de la politización sindical.73 El candidato Alfonso López Pumarejo, como ya lo hemos observado, lejos de prometer nuevas reformas, anunciaba un gobierno de orden político y de crecimiento económico; el deslizamiento progresivo hacia el advenimiento de un modelo de gestión liberal, que iba a caracterizar efectivamente su administración a partir de 1943, difícilmente se podía combinar con la reconstrucción del pacto de 1936; por el contrario, colocaba en el primer plano la necesidad de nuevos instrumentos para contener la acción sindical. Ni la CTC ni el Partido Comunista contaban a este respecto con el menor pretexto para ignorar las opciones del “lopismo”, segunda versión. La cartera de Trabajo se confía a un antiguo banquero de Caldas, ligado a los medios de la gran burguesía del café, Arcesio Londoño Palacio, quien de manera inmediata propone una vasta reforma de la legislación laboral destinada a restringir el derecho de huelga. Entre otras disposiciones, el proyecto prevé hacer más difícil la declaración de huelga exigiendo su

72

Citado en Partido Comunista de Colombia, Treinta años de lucha del Partido Comunista de Colombia, Bogotá, Ediciones Paz y Socialismo, 1960, p. 51.

73

El diario “lopista” El Liberal se pronuncia de esta manera contra el proyecto orientado a generalizar los procedimientos de negociación colectiva: “El principio del contrato colectivo hace derivar hacia las reclamaciones en masa los aumentos de jornal proporcionales [...] y tiende a destruir el sistema de estímulo individual”, lo que no deja de “poner en peligro las industrias que no han logrado un grado notable de desarrollo”. “Editorial”, El Liberal, mayo 4 de 1939. En febrero de 1940, el mismo diario se pronuncia a favor de la expulsión de los comunistas de la CTC: “La petición no solamente no nos parece excesiva, sino apenas suficiente defensa para evitar la anarquía obrera”. Ibíd., febrero 20 de 1940.

331

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

aprobación por los dos tercios de los trabajadores de la empresa; imponer durante el período de huelga un servicio mínimo “en aquellas dependencias donde sea indispensable, a juicio del gobierno, mantener funcionamiento técnico para evitar graves perjuicios en la producción básica de la empresa”; recurrir a un procedimiento de arbitraje obligatorio cuando se sobrepasen los 30 días de huelga, y extender la noción de servicio público a todas las empresas cuyo “funcionamiento normal sea necesario para la seguridad y la salud de los ciudadanos”, dentro de la cual, según los comentarios del ministro, se debe incluir no solamente los transportes y la producción de energía sino también la industria alimenticia. Este proyecto de ley, que Gaitán calificará en el momento de su discusión en el parlamento como un retroceso con respecto a la legislación promulgada por los conservadores en 1919 y 1920, será retirado finalmente; sin embargo, ofrece la ocasión a los sectores populares para convencerse de que Alfonso López Pumarejo se alineaba a partir de ese momento en el campo de los adversarios del derecho de huelga “ilimitado”. El presidente hace saber a los sindicatos el 3 de febrero de 1943: “No estoy seguro de que el uso desordenado del derecho de huelga constituya el mejor medio para que la opinión pública mire con simpatía las aspiraciones de los trabajadores y me parece conveniente que un medio que debe ser precioso instrumento de reivindicaciones no se convierta en fuente de perturbación para la producción y de honda intranquilidad para la sociedad”.74 Al igual que Santos, Alfonso López considera que la huelga se había transformado sobre todo en un instrumento político cuya reglamentación sería “un mal negocio solamente para aquéllos que pretenden utilizar con fines electorales el doble papel de promotores del mal y de cirujanos de la catástrofe”.75 Mucho más directamente que Santos, Alfonso López se empeña en denunciar el poder efectivo de una “minoría extremista”, “pequeño núcleo de cabecillas políticos que se apodera del control de los aparatos obreros”; adopta una “táctica de gobierno preventivo”,76 pero

74

Mensaje del presidente Alfonso López Pumarejo del 3 de febrero de 1943 a los sindicatos.

75

Mensaje del presidente Alfonso López Pumarejo al Congreso, el 17 de agosto de 1943.

76

Estos diversos términos son extraídos del mensaje presidencial del 17 de agosto de 1943.

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felizmente no logra conquistar la confianza de la base obrera: “No habrá razón para el desánimo –declara Alfonso López– mientras no se demuestre con hechos que la imprevista actitud de los técnicos sindicalistas frente al gobierno y el estilo de amenaza con que hablan constantemente son aprobados y compartidos por las masas obreras”.77 La representatividad de los dirigentes sindicales se presenta de esta manera ante la opinión pública como sospechosa. Muy pronto esa misma representatividad va a ser también cuestionada, pero con razones opuestas, por fracciones crecientes de los sectores populares que, confrontados con una fuerte inflación que reduce su poder adquisitivo –el salario real de los obreros de Bogotá pasa del índice 114.2 en 1942 al índice 100.4 en 1945 (base 100 = 1938)–, se inquietan por la inactividad de una CTC preocupada fundamentalmente por mantener sus posiciones en el sistema institucional. El “recurso ilimitado a la huelga”, en realidad, resulta ser siempre de carácter excepcional, a pesar de un ligero crecimiento después de agosto de 1942. Existen pocos sectores en los que la acción sindical tenga algún peso; en el río Magdalena se mantiene de manera permanente; en los ferrocarriles, algunas veces; en las empresas privadas, de manera excepcional; entre los choferes de camiones y de autobuses, con un poco más de frecuencia para protestar contra la carencia de piezas de repuesto y llantas y, eventualmente, para servir a las ambiciones de ciertas corrientes conservadoras.78 Esta actividad no tiene muchas repercusiones, y las sanciones gubernamentales orientadas a disuadir la declaración de un paro del trabajo son bastante frecuentes.79

77

Ibíd.

78

En octubre de 1943, en Manizales, una huelga de los choferes se transforma, con el estímulo de Gilberto Alzate Avendaño, en una manifestación contra el gobierno, con el resultado de varios muertos.

79

No hemos logrado encontrar ni construir series fiables. Bien parece que poco después de la elección de Alfonso López, el número de huelgas aumenta efectivamente. La huelga de los 1.800 trabajadores de la Frontino Gold Mines en septiembre de 1942 como consecuencia del cierre de varias minas; 400 trabajadores, entre los cuales se encuentran los dirigentes sindicales, son despedidos después de que la huelga es declarada ilegal por no respetar los procedimientos de una ley de 1920; la huelga de los ferrocarriles del Pacífico, en diciembre de 1942, igualmente declarada ilegal y que termina con el despido de los huelguistas. En junio de 1943 estalla una nueva huelga en el río Magdalena, debido a que el ministro había autorizado el enganche

333

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

Además, por táctica y por convicción, los dirigentes de la CTC y del Partido Comunista mantienen a cualquier precio el respaldo al presidente López. En el proyecto de limitar el derecho de huelga, la CTC sólo ve el empeño personal de un Ministro del Trabajo próximo a los “agentes del nazifascismo” que busca “divorciar las masas trabajadoras del presidente López”.80 En el deterioro del clima social, el secretario general del Partido Comunista sólo encuentra “una situación independiente de la voluntad del propio López”.81 Ciertamente, la CTC no deja de protestar contra una medida que equivaldría a “extender a la casi totalidad de las industrias del país [...] la prohibición de las huelgas”82 y Augusto Durán deplora una evolución política que parece ser la expresión de “una alianza por lo alto, es decir, de las altas clases sociales contra las clases oprimidas del pueblo”.83 Pero la urgencia política que rige es hacer un frente común contra las maquinaciones “fascizantes” del Partido Conservador. Cada etapa del proceso de debilitamiento de la autoridad del Estado y de profundización de la crisis del régimen liberal constituye una ocasión para que la CTC aporte la prueba de que la “clase obrera” se ha convertido en la verdadera mampara defensiva de las instituciones. En agosto de 1943, ante los rumores de una conspiración militar, la CTC replica proclamando su “apoyo incondicional” al presidente López. En marzo de 1944, frente a la eventualidad de una dimisión del jefe del Estado, la CTC responde con la amenaza de una huelga general. El 5 de mayo de 1944, cuando López presenta al Congreso, que la rechaza, una oferta efectiva de dimisión, la CTC promueve el primer paro nacional del trabajo para probar que “es la voluntad soberana del pueblo la que exige que no sea

de un piloto no afiliado a la Fedenal; el gobierno responde con la autorización a la empresa para que se desembarace de ciertos huelguistas y con el retiro durante tres meses de su personería jurídica a la Fedenal. En diciembre de 1943, la empresa SEDAS Colombo-Americana es afectada por una huelga que termina con el despido de 46 huelguistas. Del 1° de julio de 1944 al 30 de junio de 1945, si damos fe al censo industrial de 1945, sólo se cuentan 4.175 días de trabajo perdidos en la industria. 80

Comunicado de la CTC, 16 de diciembre de 1942.

81

Augusto Durán, Gilberto Vieira y Jorge Regueros, Voceros del pueblo en el parlamento, Bogotá, Ediciones Sociales, 1943, p. 21.

82

Comunicado de la CTC, febrero 1 de 1943.

83

A. Durán, G. Vieira y J. Regueros, op. cit., p. 23.

334

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

aceptada la renuncia presidencial e inmediatamente reasuma el mando el Dr. López”.84 El 10 de julio de 1944 finalmente, cuando estalla en Pasto una rebelión militar, la CTC lanza una consigna de huelga general. La CTC no puede ciertamente desconocer la descomposición del Estado; en febrero de 1944 llama la atención sobre “la ninguna efectividad del Estado para controlar la situación escandalosamente grave por la desproporción en que se encuentran los salarios, el precio de la moneda, el valor adquisitivo del peso frente al costo de la vida”.85 Constata, en efecto, la CTC que las recomendaciones de proceder a reajustes de salarios hechas desde 1943 por el gobierno al sector privado no tuvieron consecuencia alguna y que los industriales, argumentando la diferencia entre los salarios urbanos y los rurales, habían sido los primeros en no acogerse a ellas;86 no puede ignorar tampoco que el poder pasa progresivamente a manos del sector privado y de una oligarquía cuestionada por franjas cada vez más vastas de los sectores populares y medios. La misma CTC se ve obligada a deplorar esta confiscación: “Entendemos por oligarquía el gobierno de fuerzas absorbentes, impositivas y convencionales, poderosas y excluyentes, que ejercen predominio en todas las esferas sociales y económicas contra el querer del pueblo o falsificando la opinión nacional”.87 Sin embargo, la organización sindical nunca había puesto tanto empeño en manifestar su legitimismo respecto al régimen liberal. Amenazada con perder su ciudadanía política, pretende preservarla dando muestras permanentes de su espíritu democrático; acusada de abusar de las huelgas, ya no se contenta sólo con desautorizar una buena parte de ellas88 sino que pone la huelga al servicio de la defensa de las instituciones;

84

Comunicado de la CTC del 13 de mayo de 1944.

85

Manifiesto de la CTC del 29 de febrero de 1944.

86

Cf. la carta de Cipriano Restrepo Jaramillo, portavoz de los industriales antioqueños, en El Tiempo, junio 7 de 1944. Sin embargo, desde abril de 1943, el gobierno había presentado una circular que recomendaba un alza de salarios en todos los sectores para neutralizar las consecuencias de la inflación. Si bien los empleados públicos quedaron relativamente protegidos gracias a una cuasi escala móvil, los obreros, por su parte, sufrieron un deterioro de su poder adquisitivo.

87

Manifiesto citado, febrero 29 de 1944.

88

La CTC no vacila en condenar la huelga de la Frontino Gold Mines, a pesar de que dicha huelga estaba dirigida a evitar despidos masivos: “La huelga, habiendo sido

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acusada de poner la economía en peligro, trata de convertirse cada vez más en su vocero. La CTC logra, sin embargo, algunas satisfacciones más allá del patriotismo, que parece ser la principal justificación de su estrategia. Inmediatamente después del levantamiento militar de Pasto, en 1944, el gobierno de Alfonso López Pumarejo renuncia de inmediato a su desconfianza respecto a los sindicatos89 y promulga un decreto, convertido en ley inmediatamente después, que marca, al menos aparentemente, el comienzo de una nueva fase en las relaciones sociales. Desde un estatuto precario, el sindicalismo accede en efecto a un estatuto que parece garantizar su expansión y su protección. El Decreto 2350 de 1944, y la Ley 6 de 1945 que confirma el decreto al precio de restricciones menores,90 constituyen por primera vez un verdadero código del trabajo. En primer lugar, establecen una reglamentación de los contratos de trabajo que sólo existía en algunas empresas: limitación de la duración del trabajo a ocho horas en la industria y los servicios y

declarada sin previa consulta y desarrollándose en condiciones anormales, [...] podemos dar la orden inmediata de suspenderla”. Mensaje del 17 de septiembre de 1942. 89

A Arcesio Londoño Palacio ya lo habían sucedido dos Ministros del Trabajo, más moderados: Abelardo Forero Benavides, primero, y Jorge Eliécer Gaitán un poco después, quien se encarga de la cartera durante varios meses, hasta febrero de 1944, antes de lanzarse por primera vez a una campaña presidencial. Es necesario observar que Jorge Eliécer Gaitán se había cuidado de presentar una promesa social verdaderamente nueva; afirmando que “tenemos leyes sociales, pero no justicia social”. Discurso de Jorge Eliécer Gaitán en el Congreso el 23 de noviembre de 1943; propone mejorar la jurisdicción especial del trabajo, fundar una bolsa del trabajo y echar las bases de una seguridad social. Además se interesa, sobre todo (el Ministerio del Trabajo lo era del Trabajo, de la Higiene y de la Salud), en las deficiencias de salud de la población o, según sus propios términos, “en la realidad biológica del problema colombiano”. Discurso de Jorge Eliécer Gaitán del 5 de noviembre en la Cámara. No se trataba de una casualidad: veremos en el capítulo siguiente la importancia del tema de las “deficiencias fisiológicas” en la construcción de las categorías políticas gaitanistas. Así se manifestaba ya su preocupación por tener en cuenta no tanto las reivindicaciones de los aparatos sindicales como la miseria del pueblo no organizado.

90

La Ley 6ª disminuye la protección otorgada a los representantes sindicales (el “fuero sindical”); limita el pago de la indemnización por despido a las empresas de más de 80 trabajadores o de cierto capital; quita a los trabajadores la representación, prevista por el decreto 2350, en los tribunales del trabajo, etc.

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a nueve horas en la agricultura; fijación de una prima del 25% al 50% para el trabajo nocturno y las horas suplementarias; remuneración del descanso dominical; reconocimiento de indemnizaciones por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo (que pueden llegar hasta el equivalente de un salario completo), y por enfermedades no profesionales (dos tercios del salario durante 60 días, la mitad durante los 70 días siguientes); generalización de las vacaciones pagadas (quince días por año de servicio); reglamentación de las indemnizaciones por cesación de funciones (las “cesantías” equivalentes a un mes de salario por año de trabajo); establecimiento del retiro a los cincuenta y cinco años de edad o después de veinte años de actividad. En segundo lugar, precisan las modalidades de ejercicio del derecho de huelga, sin aportar, es cierto, modificaciones sustanciales en este campo, ya se trate de los procedimientos relacionados con la declaratoria de huelga o con su exclusión de los servicios públicos (la noción de servicio público es ahora más limitada que en el proyecto de 1943).91 En tercer lugar, ratifican el papel de una jurisdicción especial encargada de arbitrar los conflictos de trabajo que afecten al sector público y de velar por el respeto de las convenciones colectivas en el sector privado. En cuarto lugar, permiten a los sindicatos disponer de un financiamiento estable obligando a las empresas a retener directamente las cotizaciones sobre los salarios y a entregarlas a los sindicatos. En último lugar (y estas son precisamente las disposiciones más innovadoras), crean las condiciones necesarias para la formación y la supervivencia de los sindicatos: estipulan, en efecto, una protección para sus dirigentes, el llamado fuero sindical (desde el momento en que un sindicato es reconocido por el Ministerio del Trabajo, los dirigentes no pueden ser licenciados sin autorización de este ministerio); ponen además término a las prácticas corrientes de “paralelismo sindical”, que permitían al patronato o a las autoridades públicas organizar un sindicato dócil desde el momento en que surgía un sindicato independiente, estableciendo que sólo puede existir un sindicato de base92 por empresa.

91

La noción de servicio público engloba las actividades de transporte (aéreo, fluvial, terrestre), la producción y distribución de energía, las comunicaciones y los servicios relacionados con la salud pública.

92

Existen por lo general tres tipos de sindicato: “de base”, “de oficio” (gremial) y de industria. Sindicatos de diversos tipos pueden seguir coexistiendo en el seno de una

337

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

Esta ambiciosa codificación de las relaciones sociales sobreviene así, de manera inesperada, en un momento en que la administración “lopista”, ampliamente desacreditada, se ve obligada a esforzarse por ganar tiempo para no arrastrar al régimen liberal en su inevitable caída. Además, se encuentra cada vez más sometida a las intervenciones de los industriales que, desde antes del Decreto 2350, deseaban que fuera suprimido el “impedimento establecido por el rígido carácter de la legislación social vigente”.93La necesidad de una reglamentación institucionalizada de los conflictos sociales parecía, sin duda, deseable a los ojos del gobierno, para asegurar la viabilidad política del modelo liberal de desarrollo. Ciertamente los cálculos electorales no eran ajenos a una decisión que se tomaba al acercarse la terminación del período presidencial, en un momento en que las masas populares, tradicionalmente fieles al Partido Liberal, se mostraban cada vez más inclinadas, si no a abandonarlo, al menos a imponerle, siguiendo a Jorge Eliécer Gaitán, una orientación claramente populista. El reconocimiento legal de un sindicalismo fortalecido en sus derechos podía llegar a ser el mejor medio para poner una barrera al desbordamiento populista. La CTC difícilmente podía pretender que este dispositivo jurídico fuera reconocido como el resultado de sus luchas en el terreno social; podía, no obstante, reivindicarlo como la recompensa por sus virtudes cívicas y por su adhesión, con todo y contra todo, al “lopismo”. Amplias razones tenía la Confederación para felicitarse sobre todo por medidas que, al substraer a los responsables de los sindicatos de empresa de la omnipotencia patronal, le permitían extender rápidamente su influencia hasta la industria privada que había permanecido cerrada para ella. Veremos en el capítulo siguiente que entre 1945 y 1947 se produce realmente una multiplicación de los sindicatos, que beneficia ampliamente a la CTC. No obstante, los dos textos legales tenían también algunas implicaciones que no eran tan favorables. En 1960 los comunistas deploran no haber comprendido en el momento preciso los medios de control que estas disposiciones ponían en manos

misma empresa, pero el predominio generalizado del sindicalismo “de base” limita las posibilidades del “paralelismo”. 93

Declaración de la Asociación de Fabricantes y Productores de Cali, mayo 30 de 1944.

338

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del Estado: al Ministerio del Trabajo se le otorgaba, en efecto, un vasto margen para inmiscuirse en la vida sindical a través de instrumentos tales como la atribución o el retiro de la personería jurídica del sindicato, el juicio sobre la conformidad de los procedimientos de huelga e incluso la vigilancia de las finanzas sindicales y la posibilidad de bloquearlas si el sindicato se apartaba de la legalidad. Había, sin embargo, otras dos implicaciones, en apariencia coyunturales, que pasaron desapercibidas antes de que se revelaran sus pesadas consecuencias. La primera es la afirmación de la primacía del sindicalismo de empresa, llamado “de base”. Garantía del desarrollo de un sindicalismo que no se reduce a un aparato burocrático centralizado, significaba también el riesgo de abrir las compuertas a un sindicalismo disperso, incluso a un sindicalismo que siguiera siendo prisionero del marco de la empresa. Frente a un patronato dispuesto a mantener el dominio en su propia casa, una eventualidad de este tipo no tenía nada de improbable, ya que haría del sindicalismo de empresa la fórmula adaptada a la gestión de la cuestión social en el marco de un modelo liberal de desarrollo coherente. La segunda consiste, en sentido inverso, en el reforzamiento del vínculo entre las organizaciones sindicales y el Estado. Las primeras estaban llamadas a servir de garantes del carácter popular del segundo. De esta manera estas organizaciones se veían obligadas a jugar su suerte apostándole a la solidaridad con un Estado en plena crisis que, identificado como era un hecho con los intereses de las clases dominantes, ya no estaba en capacidad de contribuir a la representación de un pueblo unificado. Al colocarse del lado del Estado, la CTC se inscribía en el proceso de ruptura de la representación misma del pueblo. Al hacerse otorgar un monopolio institucional, contribuía a la producción de un exterior a lo social de donde surgiría, bajo la bandera gaitanista, una imagen del pueblo radicalmente distinto. No es así como la CTC o el Partido Comunista interpretan en ese momento el acontecimiento; por el contrario, consideran que con el fin de la guerra es posible un acercamiento a la “democracia burguesa” y al “desarrollo nacional”. Las dos organizaciones se creen con vocación de hablar en nombre de los intereses a largo plazo de “la” burguesía. El Estado tiene dificultades para hacerlo, pero ellas se sienten autorizadas para substituirlo en la elaboración de un “proyecto nacional”; si el desarrollo colombiano adopta un estilo profundamente liberal, se muestran dispuestas a ratificarlo tanto como sea posible. 339

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

En la CTC y sus federaciones confluyen al mismo tiempo las tendencias de los afiliados al Partido Liberal,94 y la tendencia comunista. Provistas las primeras de una apreciable mayoría en el seno del Comité Ejecutivo desde el Congreso de Bucaramanga de diciembre de 1943,95 y dotada la segunda de una amplia influencia sobre las orientaciones generales, la organización sindical a partir de 1944 coloca sus acciones bajo el signo de la “cooperación con el capital”. En el IV Plenum de la Confederación, en abril de 1945, su presidente (interino) comenta la obra reciente: “Hemos querido instaurar en el país un amplio ambiente de mutua confianza y de cooperación cordial entre la industria representada por el capital y la industria representada por el trabajo”.96 En esta relación de la industria consigo misma, el conflicto queda excluido. Por lo demás, el hecho de que el desarrollo económico conlleve la exaltación del beneficio justifica, en el curso de la misma reunión, una especie de “declaración de los derechos del capital”; la justicia social también “significa el derecho inalienable y la garantía de progreso de quienes por crear riqueza son acreedores a gozar de esta riqueza”.97 En Antioquia, la Fedeta se dedica a dar consistencia a esta colaboración organizando tres reuniones, a comienzos de 1945, con los dirigentes de la ANDI. La “colaboración obrero-patronal” es considerada con gran estimación por todas partes como una “orientación vital, no sólo para el desarrollo de los organismos sindicales, sino también para el desarrollo mismo de la industria”,98 o más aun, “para salvar la industria del caos”.99 La CTC

94

En plural: la unidad de los liberales no estaba garantizada. Por lo demás, en el Congreso de Bucaramanga algunas federaciones, la de obras públicas sobre todo, y algunas delegaciones (las de choferes y ferroviarios de Antioquia) prefieren permanecer por fuera de la CTC o retirarse del congreso, debido a la influencia que allí ejercen los comunistas.

95

Para sellar todavía mejor la unidad, los comunistas aceptan que los liberales reciban 19 de los 30 puestos del Comité Ejecutivo. La federación ferroviaria, también mayoritariamente reticente a la influencia de los comunistas en la CTC, recibe por sí sola diez puestos.

96

Cf. texto completo publicado en Batalla, abril 13 de 1945.

97

Ibíd.

98

Actas de la 5ª Conferencia Extraordinaria de la Fedeta, mayo de 1945.

99

Comunicado de la CTC en El Diario Popular, octubre 11 de 1945.

340

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se esfuerza por dar sustancia a esta alianza promoviendo, a su nivel y en el de sus principales federaciones, reuniones con el patronato en octubre de 1945. En contrapartida recibe como retribución unas palabras cordiales; el presidente de la ANDI, Cipriano Restrepo Jaramillo, expresa su congratulación porque es la ocasión para la “colaboración patriótica entre las distintas fuerzas integrantes de la producción y del trabajo nacionales”.100 La CTC, sin embargo, se asombra de que el patronato no sea tan impaciente como ella por destruir la vetusta propiedad de la tierra: “Los voceros de la ANDI no han querido convenir en la urgencia de dotar de tierras a los campesinos y de quebrar las murallas del latifundismo”.101 En el dominio político todo contribuye igualmente a que la CTC se coloque en primera fila en la lucha por la preservación de las “instituciones republicanas” y, primordialmente, contra la amenaza “falangista” que no es solamente la que encarna Laureano Gómez sino también, y sobre todo, la que representa Jorge Eliécer Gaitán a partir de 1945. Mucho más que la CTC, el Partido Comunista, cubriéndose con la bandera de Colombia, se pone de hecho a la vanguardia del capitalismo nacional y de la democracia burguesa; asume la representación de la colaboración “obrero-patronal”, al igual que la defensa de las instituciones, a pesar de su corrupción. Lo hace con ruido y, para mejor lograrlo, decide en agosto de 1944, durante el segundo congreso que realiza en quince años, desembarazarse pura y simplemente de su muy pesada etiqueta para tomar la de Partido Socialista Democrático (PSD). No se trataba solamente de escoger un nuevo nombre propio, sino también un nuevo destino en el que correspondería al partido asumir su papel –al lado de la burguesía o frente a ella si era necesario– de agente de la modernización capitalista. De esta manera culmina una evolución en germen desde 1943 que, como se sabe, otros partidos latinoamericanos comparten en la misma época, aunque no lleguen hasta el punto de cambiar su documento de identidad. Las piezas que justifican esta transformación son muy conocidas, ya que componen el conjunto de lo que se calificará más adelante como desviación “browderista”, debido a la influencia del secretario general

100

Cf. El Tiempo, junio 7 de 1945.

101

El Diario Popular, octubre 13 de 1945.

341

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del Partido Comunista norteamericano en la construcción del esquema teórico. Frente a las supervivencias del feudalismo y las injerencias del imperialismo, la burguesía industrial es “objetivamente progresista”; para poder disponer de una fuerza de trabajo libre y de un mercado nacional suficientemente vasto, debe contribuir a suprimir el latifundismo y a “quitar el mercado a los industriales extranjeros que lo invaden”.102 Puede ocurrir, ciertamente, que desfallezca en su tarea y ceda terreno provisionalmente a las fuerzas retardatarias; en eso habría consistido precisamente lo que ocurre en Colombia en 1943 cuando la burguesía industrial permite que se desarrolle “la acción contrarrevolucionaria de la reacción feudal que espera[ba] el momento en que el presidente López [estuviera] separado por un abismo incalculable de las grandes masas del pueblo, para dar un golpe de gracia contra las instituciones democráticas”.103 El temor respecto a los sectores populares se impone algunas veces sobre la necesidad de la lucha antifeudal, como lo prueba en 1943 el proyecto de limitación del derecho de huelga: “Por temor al aún débil movimiento obrero colombiano, [los miembros anticomunistas del Partido Liberal] buscan su defensa en una alianza con la reacción feudal colombiana”.104 Cuando la burguesía liberal se alarma, como consecuencia de “la gran actividad de las masas y del rol dirigente que [va] tomando el proletariado en la lucha por la defensa del régimen”,105 le corresponde entonces a la clase obrera tranquilizar a su aliada, y sobre todo dar muestras de moderación: “Los socialistas deben ser los primeros en impulsar esta lucha, sin incurrir en extremismos perjudiciales a las mejores relaciones posibles entre obreros e industriales”.106 Le corresponde

102

Cf. Ignacio Torres Giraldo, La cuestión sindical en Colombia, Bogotá, Biblioteca Popular, 1947, p. 41. En 1941 Torres Giraldo había sido separado de su puesto de secretario general en beneficio de Augusto Durán, y excluido del partido con el pretexto de “trotskismo” y de “inmoralidad”. El gran dirigente de los años veinte no deja, sin embargo, de expresar a su manera las opciones del movimiento comunista internacional.

103

A. Durán, G. Vieira y J. Regueros, op. cit., p. 19.

104

Ibíd., p.21.

105

Informe de A. Durán ante el IV Congreso. Cf. El Diario Popular, junio 27 de 1946.

106

Informe de A. Durán en nombre del Comité Ejecutivo. Cf. El Diario Popular, octubre 14 de 1945.

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también a la clase obrera levantar la voluntad desfalleciente de la burguesía industrial poniendo sus fuerzas a su disposición: “Es preciso fomentar inteligentemente el desarrollo industrial, lo cual implica tanto el apoyo a los empresarios como las garantías democráticas a los trabajadores”107 y, para ello, “dos fuerzas nuevas de nuestra sociedad, los capitalistas y los proletarios, luchan tenazmente para sacar el país del estancamiento semifeudal y semicolonial en que las fuerzas retardatarias pretenden retenerlo”.108 La colaboración debe prevalecer, en la gestión del desarrollo, en el Estado y en la escena política. Colaboración en la gestión del desarrollo. Esta tarea se facilita sobremanera, por fortuna, gracias a que la burguesía industrial colombiana se muestra dispuesta a participar. Según Gilberto Vieira, quien presenta el informe principal al congreso de agosto de 1944, “el capitalismo colombiano, aunque naciente, es elástico y comprensivo y facilita el acuerdo entre patronos y obreros”.109 Durante este congreso el partido se pronuncia a favor de un vasto programa de sustitución de importaciones: “El PSD lucha por una economía nacional próspera, basada en la industrialización en vasta escala y desarrollada por medio de planes que fomenten las industrias esenciales, como la energía eléctrica, el hierro, el carbón y el petróleo, la producción de materias primas y de todos los artículos de gran consumo”.110 El partido no se limita sólo a enunciar este gran principio; define también los medios: “Exención de impuestos y protección aduanera en beneficio de la industria”. Esta propuesta lo estimula a oponerse, en mayo de 1944, al proyecto gubernamental de aumentar los impuestos a la industria textil.111 Llamamiento al capital extranjero: el PSD “considera que para la realización de estos proyectos, debe obtenerse la ayuda del capital extranjero”.112 En abril de 1946, Augusto Durán insiste sobre el tema: “El desarrollo capitalista no será tan acelerado como en otros países sin el concurso del capital extranjero”,

107

Ibíd., mayo 31 de 1944.

108

I. Torres Giraldo, La cuestión sindical..., op. cit., p. 42.

109

Gilberto Vieira, entrevista del hebdomadario Sábado, diciembre 11 de 1943.

110

Programa del PSD publicado en El Diario Popular, agosto 19 de 1944.

111

Ibíd., mayo 31 de 1944.

112

Ibíd., agosto 19 de 1944.

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pero precisa al mismo tiempo que esta participación no se debe traducir en “extorsión”.113 Colaboración en el Estado. Que este último se presente a partir de cierto momento como un instrumento de la burguesía es un signo del progreso. La burguesía nacional tiene necesidad del Estado “para su lucha implacable, constante, de cada instante, contra las fuerzas retardatarias que tratan de impedir el desarrollo industrial y económico del país”.114 Es necesario apreciar esta colaboración en su justo valor teniendo en cuenta sobre todo una situación no muy lejana, en la que “el Estado colombiano estaba en manos de las castas feudales y [era] dirigido casi completamente por el clero”.115 Colaboración en la escena política. La reacción no ha dicho su última palabra, como lo prueban las maquinaciones del Partido Conservador así como las de la “quinta columna” durante la guerra. El mismo Partido Liberal no está libre de ideas retrógradas; esta es una razón adicional para sostenerlo y reforzar los elementos progresistas. “El liberalismo, en cuyo seno se agitan peligrosas contradicciones internas, para realizar una obra de gobierno sosteniendo y ampliando sus instituciones democráticas, necesita cada vez más –afirma Gilberto Vieira– del apoyo consciente y de la colaboración leal de un partido de nuevo tipo” (el PC nueva fórmula) si quiere realizar su obra gubernamental, consolidar y ampliar las instituciones democráticas.116 El cambio de nombre no es más que una manera de ser consecuente con este diagnóstico. El término “comunista” acumula muchos inconvenientes; hace referencia a un porvenir muy hipotético y lejano.117 “Como dijo nuestro camarada Augusto Durán en la clausura del V Plenum, recuerda Gilberto Vieira, el nombre de ‘Partido Comunista’ no responde a la realidad nacional, porque ahora no se lucha por el comunismo en Colombia, porque ahora lo esencial para nosotros es que nuestra patria sea libre y próspera, que nuestra patria supere el atraso económico que

113

Cf. Intervención de Augusto Durán, abril 13 de 1945.

114

Artículo de A. Durán, noviembre 2 de 1943.

115

Ibíd.

116

Informe de Gilberto Vieira citado, agosto 5 de 1944.

117

“El comunismo es una etapa culminante y lejana de nuestra lucha”. Ibíd.

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heredamos de la feudalidad”.118 El término tiene rasgos de sectarismo que disuade a ciertos trabajadores de adherirse al partido: “Los trabajadores más conscientes simpatizan con nosotros, aceptan gustosamente nuestra orientación en las luchas económicas e incluso nuestra dirección en grandes jornadas políticas. Eso es evidente. Pero también es cierto que se limitan a simpatizar ¡y no regresan al partido! Y vacilan en afiliarse resueltamente porque aún tienen reservas, mantienen prejuicios, y si no creen en el fantasma comunista, sí temen al espantajo de la disciplina del Partido, que por el sectarismo del pasado, ha ganado fama de ser una especie de maquinaria inexorable y ciega que aplasta implacablemente a las gentes de buena voluntad”.119 Se acompaña de símbolos que no dicen nada a la imaginación colombiana; así ocurre con “el emblema de la hoz y el martillo, que tiene también que ser modificado por el sencillo hecho de que la hoz es un instrumento de trabajo prácticamente desconocido entre nosotros, que nada le dice a los campesinos colombianos”120 y que puede ser reemplazado ventajosamente por el machete. En pocas palabras, según la fórmula lapidaria de Gilberto Vieira, “el nombre [de comunista] está indisolublemente ligado a lo que pudiéramos denominar nuestra ‘edad de piedra’ [...] pese al hecho de que desde fines de 1935 iniciamos un viraje completo en nuestra orientación”; aquellos que, como los camaradas de Tunja, Pereira y Armenia, aún se muestran atraídos por ese nombre “no son, más que unos optimistas, jactanciosos”.121 Preocupado por tranquilizar a sus electores potenciales, el Partido Comunista hubiera escogido gustoso el nombre de Partido Liberal socialista si no hubiera sido por el temor de que el Partido Liberal viera en ello una señal de indelicadeza.122 En cambio, el nombre de Partido Socialista Democrático expresa claramente la decisión de acatar desde ahora las leyes de la ciudad. Un comentarista liberal escribe: “Con el conservatismo somos distintos y enemigos. Con el comunismo

118

Ibíd.

119

Informe de Gilberto Vieira citado, op. cit.

120

Ibíd.

121

Ibíd.

122

“Porque la adopción de tal nombre acarrearía, entre otras desventajas, el mayor perjuicio en nuestras amistosas relaciones con el Partido Liberal”. Ibíd.

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somos distintos y amigos”.123 El Tiempo llega hasta afirmar que, en estas condiciones, el anticomunismo ya no es más que una táctica de los antidemócratas.124 Semejante mutación merece una certificación gubernamental. El Ministro de Trabajo de los años 1945-1946 se la otorga, e incluye una mención del orden de la nación: “El Partido Comunista, minúsculo pero influyente entre las organizaciones sindicales, se convierte en guardián del orden amenazado”.125 Sin embargo, como lo hemos sugerido desde el principio, hay cierta paradoja en ver al Partido Comunista adoptando la posición de la burguesía nacional en el momento mismo en que los diversos componentes de las clases dominantes sólo piensan en acabar con el intervencionismo estatal y con los sindicatos. El mismo partido sobreestima su capacidad para convocar a las masas populares desilusionadas con el “lopismo”. Sin duda, el PSD conoce, como era su propósito, un aumento de su electorado. Al renovarse la Cámara de Representantes, sus candidatos obtienen más de 27.000 votos en el país, o sea el 3.2% del total. No se trataba precisamente de votos procedentes de los centros obreros ya que muchos de ellos provenían, aún en amplia proporción, de ciertas zonas rurales de Cundinamarca, del Tolima, etc. No obstante, este incremento representa un progreso. El PSD conoce también un aumento súbito del número de sus afiliados, como consecuencia de un simple decreto: toma la decisión de atribuir pura y simplemente la calidad de miembros a todos sus electores –poco después se lo reprocha–. Logra igualmente una presencia parlamentaria, reducida pero de mayor consistencia que antes y, después de las elecciones de 1945, dispone de 120 ediles en los concejos municipales contra los 89 de antes. Controla aparentemente a la CTC: a comienzos de 1945 dispone de ocho de las 30 sillas de su Comité Ejecutivo, ocupa la secretaría general, la secretaría de la organización y la secretaría de asuntos campesinos, y logra obtener, en diciembre de 1945, la secretaría de finanzas. Consigue finalmente, y por primera vez, cierta audiencia entre la intellingentsia y puede vanagloriarse de la adhesión

123

Cf. Batalla, febrero 5 de 1945.

124

Cf. El Tiempo, junio 22 de 1946.

125

Adán Arriaga Andrade, “El liberalismo y los derechos del trabajador ”, en: El Liberalismo en el gobierno, Bogotá, s.e., 1945, pp. 264-265.

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de algunos de sus miembros, como el abogado Diego Montaña Cuéllar quien, después de haber hecho carrera en el Partido Liberal (como tal había llegado a ser presidente del concejo municipal de Bogotá y presidente del directorio departamental de Cundinamarca) se vincula a las filas del partido socialista democrático y se convierte durante veinte años, como consejero jurídico de los trabajadores del petróleo, en su verdadero líder. Igualmente se vinculan el psicólogo José Francisco Socarrás, y el publicista Álvaro Pío Valencia descendiente de una familia aristocrática y conservadora de Popayán (su padre había sido uno de los dos candidatos presidenciales del Partido Conservador en 1930 y su hermano, Guillermo León, desempeñaba un papel importante en este mismo partido, y en 1962 accederá finalmente a la presidencia de la República). El balance parece, pues, globalmente positivo. Hay ciertamente algunas sombras en el tablero: las diversas secciones locales del partido dan a menudo la impresión de ir a la deriva. En Barranquilla, los responsables abandonan toda referencia al socialismo; en Cartagena y Cali, el partido va de mal en peor; en Girardot, los comunistas se solidarizan, a pesar de las advertencias que llegan de Bogotá, con una administración local carcomida por la corrupción; en Bogotá, incluso, hay una disputa muy acalorada entre diversas corrientes y sobre todo entre Augusto Durán y Gilberto Vieira.126 Los árboles sin embargo, no deben ocultar el bosque: el partido estima que ha logrado poner fin al monopolio de los dos partidos tradicionales: “Los comunistas colombianos no nos hemos roto la cabeza contra la muralla, para muchos infranqueable, de los partidos liberal y conservador. Somos reconocidos ya como el tercer partido colombiano”.127 Y sin embargo... Si la muralla bascula no es por la influencia del hiperconformismo patriótico, sino por la presión de una movilización popular que el partido, no menos que la CTC, no advierte a fuerza de sólo tener ojos para los goces que le promete el capitalismo nacional. La confederación sindical y el ex Partido Comunista se dejan llevar por las “leyes” del materialismo histórico y de la evolución democráticoburguesa. Sin embargo, como se habían colocado en el lugar del poder

126

Estas informaciones se han extraído del informe de Augusto Durán publicado en El Diario Popular, el 14 de octubre de 1945 y del “Material para el III congreso” publicado también en El Diario Popular, el 28 de noviembre de 1945.

127

Informe al Congreso de 1944.

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se olvidaban de volver la vista atrás para asegurarse de que el pueblo los siguiera e, incluso, de que no tuviera intención de levantarse contra ellos. Si percibían algún rumor, trataban de convencerse a sí mismos de que sólo podía provenir de un nuevo avatar del fascismo. En la coyuntura del fin de la guerra, fenómenos comparables, pero que no van tan lejos, se producen en otros países de América Latina. Vale la pena detenerse en este aspecto por un momento.

Algunas observaciones sobre el social-capitalismo En un estudio notable, que pretende rehabilitar el análisis “coyuntural” frente a un marxismo especializado en el análisis “estructural”, Francisco C. Weffort se ha esforzado por explicar las razones por las cuales el Partido Comunista brasileño, apenas salido de un largo período de proscripción y dirigido por un prestigioso secretario general recién liberado de las prisiones del Estado Novo, se había puesto al servicio de la reelección de su perseguidor Getulio Vargas.128 Es claro que tanto en Brasil como en Colombia (y en otras partes), las razones que tienen que ver con la estrategia internacional son esenciales. Los partidos comunistas daban su apoyo, sin reparar demasiado en los programas políticos y sociales, a las fuerzas que se habían pronunciado claramente a favor de los aliados durante la guerra: al getulismo, en el caso brasileño, que había terminado por enviar un cuerpo expedicionario a Italia; a la coalición antiperonista, en el caso argentino, por causa del GOU u otros precedentes dudosos en la carrera de Perón; al Partido Liberal, en el caso colombiano, porque se mostraba, mucho más que el Partido Conservador, partidario incondicional de la causa de los aliados. En la mayoría de los casos este apoyo se extendía también a las fuerzas que se reclamaban del credo democrático, así este último fuera socialmente “oligárquico” y reaccionario. El ejemplo del getulismo sirve para demostrar que el apoyo podía recaer también en los conversos de última hora. No obstante, quedaría por explicar la facilidad con que se hacía el viraje. Francisco C. Weffort privilegia a este respecto los “factores internos” del Partido Comunista brasileño: reclutamiento “pequeño-burgués” y, en

128

Francisco C. Weffort, Origens do sindicalismo populista no Brasil: a cojuntura de apósguerra, mimeo, Sao Paulo, 1972.

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todo caso, no obrero de sus dirigentes; tradición “tenentista” alimentada por el prestigio de Luis Carlos Prestes; adhesión a una “ideología de Estado” que, con una larga tradición, se había arraigado en el Brasil durante los años treinta, tanto en la izquierda como en la derecha; desconfianza que la agitación de la base obrera inspiraba en el aparato. Dejemos de lado el argumento “pequeño-burgués”, cuya cobertura es tan considerable que es capaz de explicar todo y su contrario. Por lo demás se puede observar de paso que el aparato del Partido Comunista colombiano tenía probablemente raíces más populares que las del Partido Comunista brasileño después de 1935:129 al lado de un Gilberto Vieira de extracción burguesa, encontramos numerosos antiguos artesanos o empleados relativamente subalternos, como Augusto Durán que provenía de las compañías del río Magdalena, e incluso antiguos obreros. Precisamente, para obtener contra Gilberto Vieira el puesto de secretario general, Augusto Durán había lanzado en 1941 una campaña con el tema “Paso a los obreros”.130 Pero la extracción social sólo juega aquí, según nuestra opinión, un papel incierto; los otros argumentos pueden, en cambio, ayudar a que se comprenda mejor por qué el Partido Comunista brasileño se pronuncia tan fácilmente en 1945 por “el orden y la tranquilidad”. Hay, sin embargo, otros factores que nos parecen adecuados para arrojar alguna luz sobre la adopción, en Brasil, en parte, y en Colombia completamente, del hiperconformismo cívico como línea de los respectivos partidos comunistas y, en el caso colombiano, de la CTC. a) La posición estratégica ocupada a partir de cierto momento por la gran industria privada. Tanto el sindicalismo brasileño como el sindicalismo colombiano tenían sus principales puntos de anclaje en un ámbito diferente del de la industria privada: artesanos, transportes, servicios públicos, etc. En el caso colombiano, veremos más adelante cómo ésta seguía siendo la situación de la CTC en 1947. Estos puntos de anclaje tendían a perder su importancia relativa, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En Colombia, entre 1938 y 1945, la

129

Leoncio Martins Rodrigues publicó un excelente estudio del cambio en el aparato dirigente del PCB hacia 1935: “OPCB: os dirigentes e a organização”, en: Boris Fausto, ed., O Brasil republicano, Sao Paulo, DIFEL, 1981, t.3, pp. 361-446.

130

En la historia oficial del Partido Comunista publicada en 1960: Treinta años de lucha..., op. cit., p. 57; esta consigna se califica de “demagógica y divisionista”.

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cifra de la población artesanal baja de 340.000 a 315.000. En las actividades de transporte, como la navegación sobre el río Magdalena, los efectivos disminuyen en el 50% (se trata, es verdad, de un caso particular debido al reemplazo progresivo del transporte fluvial por el transporte terrestre). El número de obreros en la industria progresa, por su parte, entre 1938 y 1945, de 100.000 a 150.000. Fenómeno aun más notable: la industria es plenamente reconocida como sector clave del desarrollo económico. Ahora bien, el sindicalismo se encontraba allí poco o mal implantado; por lo tanto, la relación con el poder político ya no era solamente la vía lógica para garantizar la representación de los trabajadores del sector público o parapúblico; era también indispensable para compensar la debilidad de la implantación sindical en la industria dando la prioridad al political bargaining, según la expresión de James L. Payne (a propósito del Perú).131 b) Las nuevas modalidades de articulación entre las clases dominantes y el Estado. El neocorporativismo brasileño y el “gremialismo” colombiano habían contribuido durante la guerra a favorecer la constitución de un sistema de decisión económica y social original. Asumiendo el juego institucional, las organizaciones sindicales y los partidos comunistas se habían esforzado simplemente por adquirir un derecho de entrada a este sistema. Por consiguiente les toca sufrir los efectos de un nuevo estilo de comunicación entre los intereses privados y el Estado y se ven obligados a compensar sus desventajas como grupo de presión institucional con la obtención del apoyo gubernamental. c) Las exigencias del sometimiento de la base obrera. Como voceros desde 1935-1936 de la industrialización a fondo, los comunistas y los responsables sindicales habían contribuido a privar a la base obrera de un principio de defensa e incluso de identidad. Como esperaban que la emancipación obrera llegara como consencuencia del desarrollo económico más que de la acción colectiva, no vacilan, más en Brasil que en Colombia, en condenar numerosas huelgas. Obrando en nombre de una teoría de la historia contribuyen a borrar la memoria obrera. La teoría se convierte así en un medio para exacerbar la línea de división entre los aparatos y las bases, la cual deja de ser meramente organizacional,

131

James L. Payne, Labor and politics in Peru, New Haven y Londres, Yale University Press, 1965.

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para transformarse en el fundamento de diferentes lógicas de acción. En 1945 esta división irrumpe en el primer plano. El despertar de las bases obreras que se produce en ese momento va a la par con la acentuación del hiperconformismo de los aparatos. Justificada por la teoría, la relación con el poder político sirve también, en esta circunstancia, para tratar de conservar el control de la movilización de las bases. d) El privilegio reconocido a la función de actor político. No data de la guerra; la heterogeneidad de las relaciones sociales no había dejado de favorecer la conversión de las organizaciones populares en simples actores del sistema político, pero la guerra había acentuado esta metamorfosis. Al instalar en el centro de las problemáticas nacionales la alternativa de “fascismo” o “democracia”, la guerra había ampliado la disyunción entre lo social y lo político. Aparatos sindicales y partidos comunistas se sitúan deliberadamente y de manera exclusiva sobre el terreno político, con el riesgo de olvidar el terreno social. Estos factores deben ser tenidos en cuenta para interpretar las paradojas de 1945. La “influencia del browderismo”, invocada un poco más adelante en los textos oficiales de autocrítica,132 como casi todas las “influencias”, es sólo un síntoma, no una causa.

Crisis institucional y crisis de sociedad Desde 1943 ningún sector de la opinión desconoce el crecimiento de la crisis política. El poder había entrado en una fase de semivacancia. Alfonso López Pumarejo delega provisionalmente sus funciones en su suplente, Darío Echandía, durante ocho meses, de septiembre de 1943 a mayo de 1944; las vuelve a asumir sólo después de haber presentado un ofrecimiento oficial de dimisión para enfrentarse inmediatamente, a su pesar, a un gobierno que se parece más a una interinidad prolongada,

132

El manual de 1960: Treinta años de lucha..., op. cit., responsabiliza al “browderismo” de las desventuras del partido en 1945. Las quejas contra el secretario general Augusto Durán, no obstante haber salido del partido en 1947, siguen siendo discretas, al menos en lo que concierne a su comportamiento en ese momento. También es cierto que Gilberto Vieira, el encargado de hacer la propuesta del cambio de nombre, ocupa el cargo desde esta fecha.

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hasta que cede finalmente la presidencia en julio de 1945, un año antes de la expiración normal de su mandato, a Alberto Lleras Camargo. Con el paso de los meses la crisis de autoridad que se presenta en el ejercicio del poder se vuelve cada vez más perceptible. El fin de año 1943 y el año 1944, se ocupan casi por completo, tanto en el Congreso como en la prensa, de la discusión de los “escándalos” en los que la familia presidencial se encontraba comprometida. Los rumores de conspiración militar se multiplican. El 10 de julio de 1944, cuando el presidente López asiste a maniobras militares en Pasto, un puñado de oficiales se subleva y lo hace prisionero durante algunas horas. El Partido Conservador es acusado de preparar un derrocamiento por la fuerza del régimen liberal. En marzo de 1945 el gobierno denuncia un complot de la extrema derecha conservadora e instaura durante cinco meses el estado de sitio. La desunión del Partido Liberal se despliega cada vez más abiertamente. Estas perturbaciones políticas son acompañadas de un proceso de dislocación institucional. El Estado parece deshacerse. La policía y el ejército se vuelven sospechosos. La validez de las elecciones está cada vez más comprometida. El malestar político e institucional permite percibir, al mismo tiempo, un malestar difuso en la sociedad, como si la desregulación también la alcanzara y el poder tuviera posibilidad de interponerse. En abril de 1944 Alfonso López expresa claramente el descubrimiento de que lo social no es controlable: “En el desarrollo de sociedades nuevas y desarraigadas como la nuestra, hay momentos históricos decisivos en que todos los hechos, los valores, los principios parecen perder súbitamente su lógica, su fundamento y su importancia anteriores. Son instantes revolucionarios [que] no suelen producir fatalmente revoluciones. [...] A menudo todo el movimiento confuso hacia una nueva situación se hunde, se desconcierta, se torna en una vaga inquietud pública, peligrosa y más difícil de conducir ordenadamente hacia un desenlace normal. Creo que entre nosotros vivimos un momento semejante, cuyas primeras causas vienen de atrás pero que está culminando”.133 En ese mismo momento Jorge Eliécer Gaitán inaugura una campaña orientada a poner fin al divorcio entre el “país real” y el “país político”.

133

Mensaje de Alfonso López, abril 11 de 1944.

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Y el “país real” comienza a irrumpir ante los ojos del “país político” bajo la forma de unas “masas peligrosas” cuya existencia había permanecido hasta ese momento insospechada.

Un campo político flotante El esquema de lectura aplicado por los comunistas o la CTC a la coyuntura política se resume, como ya lo hemos observado, en una oposición tajante entre fascismo y democracia que vendría a recubrir la oposición tradicional entre conservador y liberal. Esta interpretación es una manera de protegerse, por exceso de sentido, contra los riesgos de la realidad histórica. La atribución de una opción fascista al Partido Conservador se apoya en principio en la presencia en su seno, o en su entorno, de aquellos núcleos fascistas que habían aparecido alrededor de 1936. Sin embargo, hay que reconocer que estos últimos no habían logrado reunir, después de 1938, efectivos muy numerosos; tienden más bien a disminuir o, incluso, a retroceder ampliamente. El grupo de Caldas, el más ambicioso y el más rico en personalidades políticas sólidas, logra ciertamente llevar al Senado en 1939 a uno de los suyos, Silvio Villegas (admirador de Maurras y de Doriot), pero de inmediato se reintegra a las filas conservadoras; Gilberto Alzate Avendaño, por su parte, la figura más dinámica de las corrientes de extrema derecha, renuncia muy pronto a las camisas negras y a los saludos fascistas aunque sin abandonar la agitación violenta y sin que su regreso al conservatismo sea inmediato. Los núcleos antioqueños constituyen una buena representación de lo que es la resistencia a la empresa de secularización llevada a cabo por los liberales; es indudable la influencia intelectual que terminan ejerciendo, sobre todo por intermedio del principal diario antioqueño, El Colombiano, cuyo director, Fernando Gómez Martínez, se reclama del “nacionalismo” conservador. No obstante, estos núcleos siguen inscritos en el Partido Conservador. Desde 1938 no es propiamente la existencia de estos núcleos lo que preocupa de hecho a los “demócratas”, sino la evolución del propio Partido Conservador bajo la férula, en ese momento sólidamente establecida, de Laureano Gómez, ya que esta evolución se acompañaba de una nostalgia autoritaria declarada. La simpatía hacia el corporativismo portugués, la solidaridad con la causa franquista y el interés puesto en el maurrasismo son explícitos en Laureano Gómez, y se despliegan a lo

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largo de las páginas de la prensa conservadora y católica. Contrariando la tradición conservadora, Laureano Gómez no duda en multiplicar los conflictos con la jerarquía católica a la que acusa de estar demasiado dispuesta a establecer compromisos con el régimen liberal. Así ocurre en 1940 frente a la negativa de la jerarquía a avalar las consignas de “acción intrépida” lanzadas por el jefe conservador contra los liberales; así ocurre también en 1942 en dos ocasiones, cuando la jerarquía acepta participar en negociaciones para revisar el concordato de 1887. Laureano Gómez envía entonces una carta al Papa en la que deplora la supuesta caída de los obispos bajo el influjo de la francmasonería; poco después incita a los sacerdotes a rebelarse contra la reforma concordataria. Estos llamados encuentran un eco muy importante en el bajo clero, sobre todo en las provincias del oriente colombiano, donde los obispos a veces también se solidarizan con ellos.134 No es improbable tampoco que al principio de la guerra una gran parte de los dirigentes políticos del conservatismo, sobre todo Laureano Gómez, hayan abrigado de manera más o menos discreta sentimientos favorables hacia los países del Eje.135 Estas orientaciones significaban una desviación considerable con respecto a la “doctrina” conservadora, y numerosos eran los miembros de la élite conservadora que se inquietaban por ello y lo hacían saber. En septiembre de 1940, Gonzalo Restrepo Jaramillo (hermano del futuro presidente de la ANDI y miembro de una de las grandes familias de la oligarquía antioqueña) lamenta que las tesis del conservatismo tradicional se vieran progresivamente substituidas por una “doctrina del Estado totalitario, una política enemiga de la libertad humana, destructora de la Constitución de 1886, una doctrina que es nuestra antítesis espiritual”.136 En septiembre de 1942, otros antioqueños, que invocaban su calidad de

134

En marzo de 1945, el obispo de Pamplona (Norte de Santander) decide rechazar la autoridad del arzobispo primado y pide a su clero no leer más las publicaciones de la jerarquía.

135

Según D. Bushnell, “Eduardo Santos...”, op. cit., el embajador de los Estados Unidos interviene ante Laureano Gómez para que el periódico El Siglo exprese mejores disposiciones respecto al grupo de las democracias y le hace manifiesta la amenaza de hacer suprimir gran parte de la publicidad pagada del diario. El Siglo se muestra en lo sucesivo más prudente en el campo internacional.

136

Citado por Eduardo Santos en su discurso del 21 de septiembre de 1940.

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“doctrinarios”, recuerdan los principios conservadores (corporativismo, unidad orgánica de los intereses, obediencia a la Iglesia, democracia) para oponerlos a las prácticas políticas promovidas por Laureano Gómez. La opción “fascizante” atribuida al conservatismo “laureanista” es en realidad el resultado no tanto de opciones ideológicas claras, como de las modalidades de la acción política. Laureano Gómez no es un teórico, ni siquiera un ideólogo; es fundamentalmente un incansable predicador de un combate frontal contra el liberalismo. La reorganización de la sociedad constituye un horizonte menos significativo que la guerra civil; de 1939 a 1945 esta última es una referencia omnipresente. El 8 de enero de 1939, diez conservadores son asesinados por los liberales en la provincia del Guavio (Cundinamarca); este hecho constituye de inmediato el final de la tregua que existía desde el comienzo del mandato de Eduardo Santos. Una convención departamental del conservatismo convoca a la “defensa armada” y a “la acción intrépida” contra el liberalismo, y Laureano Gómez escribe a Eduardo Santos que no quedaba otra posibilidad a los conservadores para evitar “que la impunidad transform[ara] la faz de la patria convirtiéndola de una república cristiana en un antro dominado por los asesinos”; un juramento de reconquistar la provincia en cuestión se pronuncia “ante Dios”.137 En febrero de 1940 El Siglo comenta el décimo aniversario de la República liberal en estos términos: “El país contempla, horrorizado, la sangre vertida por la persecución oficial, los asaltos al tesoro público y las afrentas del extranjero a la nación. ¿Pero qué no haría el régimen para retener el poder?”.138 En septiembre de 1940, cuando se perfila la eventualidad de una nueva candidatura de Alfonso López, Laureano Gómez proclama en el Senado que “el conservatismo iría a la guerra civil y al atentado personal para evitar esta candidatura”.139 Reelegido Alfonso López, el “atentado personal” toma la forma de una incansable campaña contra la persona del presidente y su familia. El “escándalo de la Handel” no es el único que ocupa las páginas de El Siglo y los demás periódicos conservadores; se encuentran también “el escándalo

137

138 139

Este juramento tiene gran resonancia. El arzobispo primado, llamado a comentarlo, indica que “esa resolución no obliga a los católicos por ser sobre cosa ilícita”. “Editorial”, El Siglo, febrero 9 de 1940. Sesión del 19 de septiembre de 1940.

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de Mamatoco”140 y muchos otros. En enero de 1944 El Siglo reitera que, frente a un poder ilegítimo, la guerra civil es legítima: “Creemos que existen razones suficientes para declarar una guerra civil, pero en la imposibilidad material en que estamos de hacerlo, señalamos ante las maldiciones de la historia a este régimen que ha erigido el robo, el asesinato y el peculado como sistema de gobierno”.141 En julio de 1944 el gobierno acusa a los conservadores de haber estimulado la rebelión militar de Pasto, y Laureano Gómez se ve obligado a exiliarse unos meses en el Ecuador. Este hecho no pone fin a los rumores de complots.142 A comienzos de 1945 el Partido Conservador insiste, además, en cuestionar el deslizamiento del liberalismo hacia el comunismo, a medida que se precisa la nueva línea del Partido Comunista. El estilo de esta acción política proporciona efectivamente sólidos argumentos a los que evocan una amenaza fascista. La inconsistencia ideológica del “laureanismo” parece, en contraste, no tener mucho significado. Poca importancia tiene el hecho de que el laureanismo no intente elaborar una nueva definición del “pueblo” o, exceptuando su reminiscencia de la “hispanidad”, una nueva imagen de la nación; que nunca haya pretendido borrar las huellas de la división partidista inscrita en el cuerpo social; que no busque romper las estructuras locales del conservatismo; o que sólo haga mención de la marcha hacia un “Estado totalitario” para cargarla a la cuenta del proyecto político del liberalismo.143 Lo más importante es el trabajo de zapa permanente contra las instituciones democráticas que el activismo conservador lleva a cabo

140

141

Nombre de un policía asesinado en circunstancias dudosas. El Siglo no deja de insinuar que se trata de una venganza política, incluso de una práctica acostumbrada, en la cual se encuentra envuelta la familia presidencial. Hasta julio de 1944 mantiene al público a la expectativa con el anuncio de la publicación de las “pruebas”. “Editorial”, El Siglo, enero 9 de 1944.

142

En marzo de 1945, el gobierno menciona “un vasto proyecto de conspiración”, como consecuencia del descubrimiento de bombas en la Catedral de Bogotá, y declara el Estado de sitio hasta julio.

143

El término “totalitario” hace su aparición a partir de 1940 en el lenguaje colombiano, pero siempre para designar la política del otro campo. En un debate en el Senado, el 17 de septiembre de 1940, Laureano Gómez presenta el gobierno de Santos como el gobierno del “totalitarismo”.

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de manera cotidiana, y que arrastra a su paso “todo lo que en un pasado había sido razón doctrinaria del conservatismo: la autoridad, el ejército, la Iglesia”.144 Existe, sin embargo, otro dato que desdibuja un poco la precisión de la división entre conservadores fascistas y liberales demócratas. Había llegado a ser de buen recibo en ese momento el tema de las convergencias cada vez mayores, sobre cuestiones de fondo, entre el conservatismo y el liberalismo. Esta era, incluso, una de las ideas recurrentes de Alfonso López Pumarejo. Siendo aún candidato, el jefe liberal declara: “He tratado de persuadir a mis compatriotas de que en los últimos años han desaparecido, por voluntad o a pesar de los jefes políticos, muchas diferencias de doctrina que durante un siglo contribuyeron más cuantiosamente al infortunio que a la grandeza colombiana. Que el conservatismo no es un partido tan reaccionario como lo pretenden sus conductores actuales, ni el liberalismo tan revolucionario como para inspirar temores a quienes han aceptado la totalidad de su obra”145 ¿Palabras de un candidato que quiere infundir tranquilidad? Ciertamente. Pero en 1944 el presidente, expuesto a críticas virulentas, insiste: “Las antiguas diferencias que constituyeron por mucho tiempo el motivo central de nuestras disputas, de nuestras agitaciones, han desaparecido”.146 Y más aun: “Las antiguas fronteras” han desaparecido, hasta el punto de que ha quedado “relegado a un segundo plano de importancia el antagonismo de opiniones sobre problemas de organización social que ya fueron resueltos por nuestra revolución democrática”.147 No faltan las pruebas que dan credibilidad a esta aserción. En el campo económico, los ejemplos de coalición bipartidista no eran excepcionales: ¿parlamentarios conservadores no se pronuncian en 1939, a pesar de la gran cólera de Laureano Gómez, por el otorgamiento de facultades extraordinarias al gobierno?; ¿los gremios no constituían, con mayor razón todavía, organizaciones que escapaban a la línea de la división partidista? En el campo político la coalición partidista no estaba totalmente excluida. En 1942 el Partido Conservador sostiene,

144

Artículo de Indalecio Liévano Aguirre, Sábado, julio 7 de 1945.

145

Mensaje al Partido Liberal, abril 14 de 1941.

146

Alfonso López Pumarejo, entrevista en Batalla, diciembre 19 de 1944.

147

Mensaje al Congreso de Alfonso López Pumarejo, agosto 17 de 1943.

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contra Alfonso López, la candidatura de un liberal, Carlos Arango Vélez, quien disponía también de sólidos apoyos en su propio partido. En 1944 los parlamentarios conservadores se adhieren a las modestas reformas constitucionales llevadas a cabo por el gobierno. Desde la formación del gobierno de López en 1942 estaba a la orden del día la idea de una administración compartida, que va haciendo discretamente su camino bajo la forma de una oferta hecha (sin resultado) a los conservadores para que ocuparan dos puestos de gobernadores departamentales. En marzo de 1945 Alfonso López propone, siempre sin éxito, tres ministerios a los conservadores. En agosto de 1946, la elección de un conservador a la presidencia se acompaña, con el nombre de Unión Nacional, de la efectiva puesta en práctica de una participación de este tipo. El hecho de que en la coyuntura internacional de los años 1945-1946 prevalezca una orientación de esta naturaleza, sirve para probar que el conjunto del Partido Conservador no puede ser calificado de “fascisante”. Poco sospechoso de complacencias en este campo, el ex Partido Comunista no duda, por lo demás, en aprobar la proposición de López en 1945, siempre a nombre del antifascismo, es verdad: “La inclusión de ministros conservadores es bien vista por el partido socialista en la medida en que esos ministros sean un punto de apoyo para la lucha contra las fuerzas que conspiran y amenazan”.148 La toma de posición es importante: ¿si todo el conservatismo no es fascista, cómo trazar la demarcación?; ¿no es necesario reconocer acaso, siguiendo a Alfonso López, que la división partidista, más allá de las asimilaciones engañosas a los conflictos políticos europeos, hunde sus raíces en un inconsciente arcaico que le da el aspecto de “una división natural de los colombianos, sin ningún objeto preciso en los tiempos actuales, que [es] inevitable tolerar, como se toleran ciertas costumbres bárbaras”?149 Barbarie o civilización, esta es la verdadera forma que asume la alternativa que surge por instigación de Laureano Gómez. Por un lado, se encuentra el vértigo de las guerras civiles, estimulado por las guerras del siglo XIX y por lo que ocurre en el departamento de Santander, teatro de la violencia liberal de los años 1933-1934 y región de origen del jefe conservador. Por otro, la política moderna, la del fin de las ideologías

148

Declaración del PSD publicada en El Tiempo, abril 1 de 1945.

149

Mensaje de Alfonso López al directorio liberal del 11 de marzo de 1944.

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y la de las inevitables convergencias. Se trata de una alternativa que expresa la separación creciente entre el mundo rural de los gamonales y los caciques, de la violencia y el chantaje, y el mundo urbano del consenso alrededor del desarrollo económico; entre el mundo de los micropoderes que resiste pero vive al mismo tiempo a expensas del poder central, y el del Estado moderno. El Partido Liberal no está más que su rival al abrigo de la contaminación por la barbarie puesto que se encuentra irrigado, como su adversario, por los flujos de mini-intercambios y mini-violencias.150 Alberto Lleras describe la manera como la violencia hace irrupción, con la política, cada fin de semana en las aldeas: “La aldea vive un día a la semana y en el resto se prepara para ese día [...] La aldea vive, es decir la masa rural, llega desprevenida al séptimo día y allí se le distribuye rapaz y arbitrariamente. A veces se la obliga a participar en riñas feroces y después se disuelve dejando sus bajas [...] Me diréis que es la barbarie. Si, es cierto. Pero los bárbaros no son los campesinos. Son los que, desde arriba, van moviendo toda la maquinaria abominable hasta que el suceso se produce”.151 Sin embargo, es Laureano Gómez quien, al exaltar esta barbarie y hacer de la oposición “amigo-enemigo” “la esencia de lo político”,152 revela súbitamente el abismo sobre el cual se construye la modernidad y le da derecho de ciudadanía. Un abismo mucho más profundo que la división entre el conservatismo y el liberalismo. ¿Hay que contentarse, no obstante, con la alternativa sugerida por Alfonso López? Conviene aportarle al menos dos complementos. Por una parte, el encuentro frente a frente de la barbarie y la modernidad es también el encuentro entre un mundo que se piensa en un lenguaje no capitalista y un mundo que, más que capitalista, es el mundo del dinero, la especulación y el comercio. La palabra “oligarquía” entra, durante este período, en el vocabulario político corriente; a par-

150

Alfonso López denuncia en numerosas ocasiones el peso de los mandos medios en el Partido Liberal, los cuales “coadministran en la provisión de los altos empleos y de los pequeños destinos, en la prelación de los gastos públicos”. Mensaje del 15 de mayo de 1944.

151

Discurso de Alberto Lleras frente a la SAC, marzo 5 de 1946.

152

Sobre la relación amigo-enemigo como “esencia de lo político”, cf. Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, París, Calmann-Lévy, 1972. (Existe traducción al español: El concepto de lo político, Madrid, Alianza Editorial, 1991. N. del T.).

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tir de 1945, va a conocer una brillante fortuna, si se puede decir así, en el marco del gaitanismo; sin embargo, ya desde 1941-1942 había comenzado a difundirse ampliamente. Dejemos de lado por ahora la cuestión de saber si la expresión “oligarquía” tiene fundamentalmente una significación económica o más bien política; constatemos solamente que, en un primer momento, esta denominación es sobre todo puesta en circulación por los conservadores para calificar la “naturaleza” del poder liberal; los laureanistas recurren a ella para referirse a la administración de Santos y con mayor razón aun a la de Alfonso López. Los conservadores moderados, por su parte, al igual que los doctrinarios, también hacen uso de ella: en un manifiesto de septiembre de 1942 se habla de “la tierra ignorada por las oligarquías dirigentes [en la cual] un millón cien mil hogares colombianos viven sueltos, de espaldas a la voracidad burocrática e irresponsable”.153 Los liberales de oposición los imitan. El periódico La Razón, dirigido por Juan Lozano y Lozano, que se sitúa a la “derecha” del liberalismo, hace campaña en abril de 1942 “contra la peor oligarquía”, es decir, “esta pequeña oligarquía de Bogotá [conformada por el grupo santista] que es distinta y más poderosa que la misma oligarquía de López”.154 Carlos Arango Vélez, el candidato liberal “antilopista” sostenido por los conservadores en 1942, a pesar de ser uno de los abogados más prestigiosos de las compañías petroleras extranjeras, no vacila en lanzar improperios contra “la oligarquía santista” y en prometer que, si es elegido, va a destruir “el palacio de la oligarquía”.155 Con el descrédito creciente del gobierno de López en 1943 y el “asunto de la Handel”, la palabra se banaliza, no solamente en las columnas de El Siglo sino también en los medios políticos liberales. No falta quien denuncie “la formación de una oligarquía del capital”156 o rechace la “única alternativa que se ofrece al país: oligarquía financiera u oligarquía política”.157 Jorge Eliécer

153

Citado en El Liberal, septiembre 5 de 1942.

154

Cf. La Razón, abril 15 de 1942.

155

Cf. Ibíd., abril 23 de 1942; y Carlos Arango Vélez, entrevista en Sábado, enero 29 de 1944.

156

Cf. la intervención de Julio Roberto Salazar Ferro en el congreso del liberalismo de agosto de 1943, El Tiempo, agosto 13 de 1943.

157

Según la expresión del senador Umaña Bernal, El Tiempo, octubre 9 de 1943.

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Gaitán, por su parte, había comenzado a señalar, desde 1943, el contraste entre la situación de “la gran masa humana” y el funcionamiento de una “mecánica política, como fin en sí misma [que] la manejan anárquicas oligarquías, en propio beneficio y contra la democracia”.158 La mayoría de los nombres y corrientes políticas que acabamos de citar no se clasifican propiamente a la izquierda en el espectro político de la época; algunos, incluso, se sitúan claramente a su derecha. Pero todos atacan, o aparentan atacar, la confiscación del poder por una minoría política o económica y se lamentan de la brutal ruptura de las normas que de allí se derivan. Y una parte de ellos al menos (no propiamente los “doctrinarios” conservadores, y probablemente tampoco Carlos Arango Vélez,159 pero sí con seguridad los “laureanistas”, el grupo de La Razón, y Jorge Eliécer Gaitán) se sitúan en el campo de los adversarios de la teoría de la “convergencia” tal como es defendida por Alfonso López y por algunos “notables” conservadores. Otorgan así significado político a una línea de demarcación que divide en trazos discontinuos la sociedad como tal, y coloca de un lado a los que no tienen acceso al poder, y del otro a los que lo controlan de manera monopolística. Semejante demarcación ofrece un terreno favorable para el surgimiento del populismo pero no conduce a él necesariamente. El “laureanismo” presenta muchos de sus rasgos; sin embargo, de las mismas características que le impiden decidirse por el fascismo surge una combinación que es ajena al populismo, así sólo sea porque se funda en un lenguaje religioso. Estas diversas protestas “antioligárquicas” contribuyen igualmente, debido a sus componentes populistas, a sacudir tanto los valores jerarquizantes tan presentes en las concepciones orgánicas de la sociedad representadas por el conservatismo antioqueño, como los valores del elitismo meritocrático impulsados por el liberalismo desde 1930. Y conducen, por lo demás, a mantener la esfera política fuera del dominio exclusivo de las élites político-económicas de los dos partidos. La barbarie se metamorfosea en sus manos en una política cuya “pureza” y cuyo

158

Jorge Eliécer Gaitán, entrevista en Sábado, agosto 28 de 1943.

159

Alrededor de Carlos Arango Vélez militan, sin embargo, en 1942 grupos como el de La Razón y personalidades políticas como Alfonso Romero Aguirre, senador de Bolívar, que se ubican precisamente en la oposición a los “notables” económicos.

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alcance subversivo se derivan del hecho de que no se mezclan con los intereses “bajamente materiales”. La autonomía de lo político, tal como la ponen en práctica Laureano Gómez y poco después Jorge Eliécer Gaitán, remite a esta alquimia, que se produce a partir de lo social caótico. Por otra parte, no es una casualidad que esta liberación de lo político se produzca en la misma coyuntura en que se organiza la solidez de los gremios. El “laureanismo” comienza efectivamente su reinado a partir de 1938. Pero es a partir de 1943 que toma verdaderamente impulso, en el preciso momento en que se manifiesta la dislocación institucional. El poder gremial es un poder circunscrito; se basa en los intereses económicos y sociales de corto plazo, y no controla el campo de institución de lo político. Respecto a los partidos y la escena política sucede lo contrario; pierden cada vez más la función de definir y administrar los intereses económicos y sociales de corto plazo y asumen la función de garantizar la representación de la unidad de la sociedad. Al no estar atados directamente a los intereses predominantes se liberan, al menos parcialmente, de sus limitaciones. Así se opera una subversión de los signos políticos, bien sean los de la división liberal-conservador o bien sean los de la división fascismodemocracia. A Laureano Gómez le corresponde hacer la revelación; a través de él se descubre la barbarie, pero también un campo político flotante que desconcierta a todos los actores sociales.

La crisis institucional La crisis institucional surge, pues, en la confluencia del retorno del modelo liberal de desarrollo (con el desmantelamiento rápido del Estado intervencionista) y la subversión de los signos políticos. Hemos encontrado ya diversas manifestaciones de esta situación. Una crisis de autoridad política, que no afecta solamente a Alfonso López Pumarejo y a su equipo de trabajo inmediato, sino también a una gran parte de esa élite liberal modernizadora que había irrumpido en los puestos de vanguardia alrededor de los años treinta y que se había transformado ahora en un grupo de notables desprovistos de propósitos políticos. El descrédito de un Estado al que el gusto por el laisser-faire había convertido en un ente especulativo. La debilidad de una administración que había llegado a ser, tanto a nivel central como local, un campo de enfrentamiento entre bandas y facciones partidistas.

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Sin embargo, hay otras expresiones que es necesario describir brevemente. Profundas divisiones minan el Partido Liberal. “Santistas” y “lopistas” se clasifican de manera similar, como lo hemos visto, bajo la rúbrica de “oligarcas”, a pesar de que no habían dejado de destrozarse mutuamente desde 1940. La acusación de “totalitarismo” la agitan también unos contra otros, como si desde el interior del Partido Liberal se llevara a cabo la ruptura con la democracia.160 Habrá que esperar hasta octubre de 1943 para que se atenúen las hostilidades con el ingreso de uno de los principales dirigentes “santistas”, Carlos Lleras Restrepo, en el gobierno de López como ministro de Hacienda. No era esta la única división. En 1942 la candidatura semiimprovisada de Carlos Arango Vélez a las elecciones presidenciales había obtenido la adhesión de muchos liberales nostálgicos del estilo político anterior a 1930 y, con la ayuda de los votos conservadores, había logrado el 41.4% de los sufragios. Numerosos intelectuales que, en los años 30 habían afirmado su pertenencia al socialismo antes de adherirse al “lopismo” (primera versión), tienden a volver a tomar distancia. Es así como Antonio García, Gerardo Molina y otros organizan en 1943 una liga de acción patriótica que se propone revivir un nacionalismo reformista; que la empresa fracase y la liga se vea obligada a disolverse a partir de 1944 es una prueba de que el liberalismo se encuentra ahora desprovisto de la seducción cultural que ejercía en 1936. A comienzos de 1944 se esboza aún otra ruptura, con la decisión de Jorge Eliécer Gaitán de lanzarse como candidato presidencial cuando parece probable que Alfonso López, en licencia de la presidencia, va a presentar la dimisión definitiva. Las manifestaciones populares de hostilidad que se desencadenan contra la otra precandidatura, la de Carlos Lleras Restrepo, revelan la existencia de una movilización social que escapa del control de las élites liberales. La celebración de elecciones presidenciales en un clima de esta naturaleza promete ser lo suficientemente azarosa como para que Alfonso López se vea obligado a reasumir la presidencia hasta julio de 1945, fecha en la cual puede dimitir constitucionalmente sin que ello implique una convocatoria electoral inmediata; en estas condiciones

160

Alberto Lleras Camargo, una de las figuras más representativas del “lopismo”, no se limita a esto. Compara también la acción de su primo Carlos Lleras Restrepo, figura notable del santismo que ocupa la presidencia del Directorio Nacional Liberal en abril de 1941, a la de Goebbels. Cf. “Editorial”, El Liberal, abril 23 de 1941.

363

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

Alberto Lleras Camargo llega a la presidencia como designado (suplente eventual del presidente) con un mandato de un año y la misión de crear condiciones para el desarrollo de unas elecciones sin violencia.161 Tarea difícil, porque la validez de los procesos electorales se pone en duda cada vez más, no sólo ahora sino desde mucho tiempo atrás; todo el mundo sabe que las elecciones son fundamentalmente la expresión del estado de las correlaciones de fuerza, incluso físicas, sobre el terreno, y que entre todos los procedimientos utilizados para obtener la victoria el más corriente en numerosas zonas es impedir que los adversarios voten. La existencia de instancias para velar por el buen desenvolvimiento de las elecciones no aporta garantías puesto que el partido que ejerce el poder impone en ellas su ley. Sin embargo, lo que se consideraba hasta ese momento como una forma de cultura política es ahora empleado para negar la legitimidad política de los gobernantes. Los conservadores, que a pesar de todo habían vuelto a tomar el camino de las urnas después de cuatro años de abstención, no se privan de apelar a esta táctica; los liberales de oposición tampoco. Estos últimos ya no se contentan con denunciar las falsificaciones de las convenciones del partido (como lo hace Gaitán con la convención que lanzó la candidatura de López) sino que se sublevan igualmente contra la falsificación de los resultados electorales, como es el caso de la acusación presentada principalmente por Juan Lozano y Lozano, director de La Razón, que explica con este recurso el desfase entre la opinión pública y el gobierno.162 Síntoma inquietante del desafecto respecto a las figuras políticas que existen en ese momento es que la abstención no deja de crecer. En 1939 el porcentaje de votantes en las elecciones legislativas y municipales es de 46.4%; para el mismo tipo de elecciones la proporción cae al 41.2% en 1943 y al 39.4% en 1945. La regresión es particularmente significativa en ciertas ciudades, comenzando por Bogotá, donde los 25.000 votantes de las elecciones municipales de 1939 no son más que 18.000 en 1943. La urbanización parece así minar, en ciertos casos, los fundamentos del sistema político.

161

La Constitución prevé que cuando la renuncia del presidente ocurre menos de un año antes del cumplimiento del mandato presidencial, el designado lo reemplaza.

162

Cf. Juan Lozano y Lozano, entrevista en Sábado, enero 1 de 1944.

364

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

Tanto o más preocupante es la crisis rampante que afecta a instituciones como la policía y el ejército. Recordemos el soberbio desdén que Alfonso López mostraba durante su primer gobierno respecto a un ejército que presentaba con delectación como un cuerpo parásito. En la confusión del segundo gobierno la relación de desconfianza recíproca no hace más que acentuarse. Alfonso López tiende a apoyarse en la policía, en la que coloca hombres de confianza, contra el ejército.163 Numéricamente débil, técnicamente desprovisto, profesionalmente precario –a pesar del cuidado de Eduardo Santos, tal como se manifiesta en la invitación que éste hace a misiones militares norteamericanas para modernizar la formación dada en la Escuela Militar–, socialmente humillado, el ejército también se inquieta por las intenciones atribuidas a López de interferir en los procedimientos de ascenso, y por el riesgo de ser víctima de la dislocación estatal. La rebelión de Pasto, durante la cual Alfonso López, que asistía a maniobras militares, es hecho prisionero durante algunas horas por un grupo de oficiales comandado por un coronel,164 es una expresión de la situación del ejército en el marco de la crisis. El ejército sigue siendo una institución subalterna; los dirigentes políticos civiles, con el vicepresidente Darío Echandía a la cabeza, no tienen dificultad alguna en levantar la opinión contra los amotinados e impedir que estos logren, como lo tenían previsto, arrastrar con ellos las guarniciones de Bogotá y de otras ciudades. Sin embargo, el ejército entra a partir de ese momento en el cálculo político de las fracciones partidistas “antilopistas”. Ya en 1942 la decisión de Carlos Arango Vélez de presentar su candidatura había estado ligada, sin duda, al apoyo que pudiera obtener de los oficiales liberales, cuya carrera había favorecido cuando era Ministro de Defensa en el gobierno de Olaya Herrera. Pero el intento de Pasto revela todavía

163

Cf. el libro de Carlos Galvis Gómez, ¿Por qué cayó López?, Bogotá, Editorial ABC, 1946. El autor muestra cómo Alfonso López procede después del mes de agosto de 1943 (fecha del incidente de Mamatoco) a una verdadera depuración en la policía, pero manteniendo sus sospechas en el ejército.

164

El coronel Diógenes Gil da una explicación, en una entrevista publicada por El Tiempo el 10 de julio de 1969, veinticinco años después de las intenciones de los autores del golpe: se trataba sobre todo de dar un testimonio del “malestar del ejército” ante el “menosprecio” que el gobierno liberal le manifestaba y frente al desequilibrio político entre la policía y el ejército.

365

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más a este respecto. Los conservadores no son ciertamente ajenos a este hecho. Los dirigentes gaitanistas y Gaitán, que quieren ver allí un golpe montado por el mismo Alfonso López para recuperar algún apoyo popular, se niegan a tomar posición inmediatamente después del acontecimiento, para no correr el riesgo de perder así los beneficios de sus múltiples esfuerzos por extender su influencia entre los militares.165 Antonio García presenta la rebelión como una acción manipulada por el poder con el fin de evitar el progreso de las corrientes de izquierda entre los oficiales.166 No todos tienen su coronel167 y las fuerzas armadas están aún lejos de poseer una legitimidad política, de cualquier tipo que sea. El civilismo continúa reinando. Es más bien la adhesión a las reglas formales de la democracia lo que se debilita gracias a la crisis. Sobre este punto también Alfonso López es un buen comentarista: “He observado –dice en febrero de 1944–, con honda preocupación [...] un relajamiento de los resortes esenciales de nuestra vida política y no he ocultado a nadie mis temores de que la república se vea sorprendida por una auténtica crisis que no tendrá las soluciones tradicionales”.168 Más allá de la crisis institucional de carácter coyuntural, las modalidades mismas de regulación de la sociedad parecen estar brutalmente debilitadas.

Las masas peligrosas El temor a la “barbarie” no se habría extendido tanto, sin duda, si al salir de la guerra la sociedad no hubiera estado sacudida por una mutación incontrolable. La miseria de las masas rurales, su desplazamiento progresivo hacia las ciudades y la impotencia de la industria para

165

Veremos que Gaitán se preocupa permanentemente por defender al ejército contra sus críticos. Sobre el silencio de Gaitán frente el golpe de Pasto, Cf. José Antonio Osorio Lizarazo, Gaitán: vida, muerte y permanente presencia, 2.ª ed., Buenos Aires, López Negri, 1952.

166

Cf. Antonio García, Gaitán y el problema de la Revolución Colombiana, Bogotá, s.e., 1955.

167

Según la expresión de Alain Rouquié a propósito de las relaciones entre civiles y militares en Argentina, en: Pouvoir militaire et société politique en République Argentine, París, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1978, p. 655.

168

Discurso del 19 de febrero de 1944.

366

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asimilarlas son algunas de las situaciones, entre otras, que llevan a las élites socioeconómicas a interrogarse sobre la supervivencia del orden social. La miseria de las masas rurales se puede apreciar cabalmente en las cifras. La proporción de campesinos independientes, aparceros o arrendatarios tiende a disminuir en el conjunto de la población activa agrícola; la de jornaleros tiende a aumentar.169 Además, los salarios agrícolas se estancan a partir de 1941 y conocen luego un hundimiento que, en ciertas regiones, puede llegar hasta el 40%. En todas ellas alcanzan en 1944 un nivel inferior al de 1935-1937.170 La Ley 100, que prohibía a los arrendatarios los cultivos plurianuales, había significado un deterioro en la condición de estos sectores. Esta situación se acompaña de conflictos sociales o, con más frecuencia, del

169

Sólo se puede tratar de estimaciones, y más aun de estimaciones establecidas sobre la base de los censos de 1938 y 1951. El segundo se lleva a cabo cuando los desplazamientos de población provocados por la Violencia estaban ya en marcha. Según Salomón Kalmanovitz, de 1938 a 1951 el porcentaje de los “obreros” agrícolas (¿se trataba necesariamente de puros asalariados?) pasó de 27.8% a 40.4%. Cf. Salomón Kalmanovitz, “Evolución de la estructura agraria colombiana”, Cuadernos Colombianos, núm. 3, 1° trimestre de 1974, pp. 353-405.

170

Tomamos de Albert Berry, Development of the agricultural sector in Colombia, mimeo, New Haven, Yale University, 1968, los datos del cuadro siguiente que muestran las diferencias según la situación de las tierras (clima cálido o clima frío) a partir de 1938: Índice de los salarios reales en la agricultura de tres departamentos 1935-37

1938-39

1940-41

1942-44

1945-49

Frío

78.3

80.1

64.1

47.4

72.3

Cálido

78.3

59.1

67.7

50.7

60.1

Frío

73

79.2

108.4

66.8

85.6

Cálido

73

72.3

86.2

64.8

81.7

Frío

116.2

132.4

111.4

98.2

98.1

Cálido

116.2

112.2

117.7

92.1

96.7

Antioquia

Cundinamarca

Valle del Cauca

367

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

aumento de la “inseguridad”. En 1946 la conferencia de caficultores destaca este fenómeno: “La inseguridad de los campos hace imposible el desarrollo del fomento de la producción agrícola”.171 Y Mariano Ospina Pérez le atribuye numerosos éxodos obligados de la tierra: “Las gentes acomodadas y aun las de pocos recursos huyen precipitadamente de los campos y tratan de alojarse en las ciudades”.172 La degradación de las tierras, los robos de ganado y las perturbaciones durante las cosechas de café se multiplican.173 El avance de grandes dominios capitalistas como las plantaciones de caña de azúcar en el Valle del Cauca, la presión de los colonos blancos en zonas indígenas del Cauca (Páez y Belalcázar) y del Tolima (Cajamarca y Coyaima), y la resistencia de los arrendatarios contribuyen a alimentar estas tensiones. A la miseria rural se le imputa también el crecimiento del flujo migratorio hacia las ciudades. La población rural representaba el 70.9% de la población en 1938; en 1951 sólo alcanza el 61.1%. Entre estas dos fechas, mientras la población de la parte “rural” de los municipios disminuye del 69.1% al 61.3% de la población total, la del conjunto de las cabeceras municipales progresa del 30.9% al 38.7%; sólo la de las capitales de más de 100.000 habitantes pasa del 7.1% al 14.7%.174 En 1951 Bogotá tiene 715.000 habitantes; Medellín, 358.000; Cali, 284.000; Barranquilla, 280.000. La parte correspondiente a la migración en esta evolución demográfica es considerable. De un estudio de Miguel Fornaguera175 hemos tomado el cuadro de los “índices de saldo migratorio”, que se establecen de la manera siguiente: el “saldo de efecto migratorio” es la diferencia entre la población real censada en 1951 y la población “teórica” calculada a partir del aumento previsible de la población censada en 1938 sobre la base de la tasa media de crecimiento vegetativo. El “índice de saldo

171

Cf. Revista Cafetera, mayo de 1947.

172

Conferencia de Mariano Ospina Pérez, abril 6 de 1946.

173

Cf. Revista Cafetera, enero de 1948.

174

Cf. Segundo Bernal, “Algunos aspectos sociológicos de la migración en Colombia”, en: Ramiro Cardona, ed., Las migraciones internas, Bogotá, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, s.f.

175

Miguel Fornaguera, “Evolución de los saldos migratorios internos”, en: Ramiro Cardona, ed., Migración y desarrollo urbano en Colombia, Bogotá, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 1970, pp. 24-47.

368

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

migratorio” es el porcentaje del saldo de efecto migratorio relacionado con la población “teórica” de 1951.

Cuadro 3.1 Saldos e índices del efecto migratorio entre 1938 y 1951 “Saldos de efecto migratorio” (en cifras absolutas)

Índices de “Saldos de efecto migratorio”

Bogotá

237.234

48.2

Medellín

137.274

64.1

Cali

124.098

94.7

Barranquilla

76.630

34.1

Cartagena

19.740

17.2

Bucaramanga

47.534

76.7

Manizales

21.295

27.7

Pereira

35.442

75.6

Cúcuta

21.037

34.2

Ibagué

15.800

36.4

Armenia

16.193

31.2

Palmira

21.277

57.4

Montería

6.692

34.9

Valledupar

4.581

92.3

Duitama

2.717

48.1

Fuente: M. Fornaguera, “Evolución de los saldos migratorios internos”…, op. cit.

Se puede constatar que en trece años la población resultado de las migraciones modifica profundamente el equilibrio de la mayor parte de las ciudades. La importancia de los saldos migratorios en metrópolis como Medellín, Cali o Pereira muestra la difícil situación que prevalece en las regiones próximas a los cultivos de café. Ciertamente, los migrantes no son en realidad, por lo general, los peor favorecidos al principio; la migración es un fenómeno selectivo, en 1945 probablemente más que en 1960; se presenta mas entre los que tienen cierto nivel de educación que

369

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

entre los analfabetas, entre los habitantes de las pueblos o de las ciudades intermedias que entre los de las zonas rurales. Pero ello no impide que el paisaje social urbano se modifique. La industria es casi totalmente incapaz de absorber estos nuevos migrantes. No existen datos precisos sobre este punto, pero se puede observar, con base en cifras de la CEPAL, que la industria absorbe alrededor del 10% del aumento de la población activa entre 1938 y 1945, tanto como el artesanado pero mucho menos que el conjunto del sector terciario (servicios, administración, comercio) que por sí solo recibe cerca del 45% del incremento. De allí se deriva una situación que deplora el presidente de la SAC, Alfredo García Cadena: “Nosotros arruinamos los núcleos productores del agro para impulsar la burocracia, fomentar la especulación y estimular la industria del intermediario, creando así artificialmente problemas sociales”.176 En 1945 ya no se trata exactamente de los mismos problemas sociales que antes. Frente al espectáculo de la miseria rural, y su irrupción en los alrededores de las ciudades, vuelve a aparecer entre las élites, como en los años veinte, la duda profunda sobre la posibilidad de hacer entrar al pueblo en el ámbito de la civilización. Ciertamente, tal duda ya no se formula tan a menudo con referencia a los orígenes indígenas, negros o mestizos de la población, sino que se expresa preferiblemente en términos que provienen del saber médico. Las enfermedades, la subalimentación y la debilidad fisiológica crónica constituyen realidades que le quitan todo realismo a la esperanza de hacer del pueblo una parte activa de una relación social. Contra quienes estiman que la solución del problema social reside en la fijación de un salario suficiente y equitativo, Mariano Ospina Pérez, el conservador, proclama que hay que dar la prioridad a la lucha contra “la enfermedad, la subalimentación, el alcoholismo de las masas”.177 Cipriano Restrepo Jaramillo, presidente de la ANDI, confirma: aumentar “la calidad y el vigor de la raza”178 debe estar antes que cualquier otra preocupación. El periódico conservador antioqueño La Defensa

176

Cf. El Liberal, mayo 5 de 1939.

177

Conferencia de Mariano Ospina Pérez, abril 1 de 1946.

178

Discurso ante la asamblea de la de 1945.

ANDI

de Cipriano Restrepo Jaramillo, agosto 30

370

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

insiste: “El trabajo colombiano necesita regenerarse, no sólo en favor del progreso, sino también en beneficio de las propias clases proletarias”.179 Alberto Lleras Camargo, como presidente, va más lejos aun: “¡Cuánto darían [los propietarios] para poder pagar más caro un trabajo eficiente!” pero nada de esto se puede esperar mientras “el nivel cultural de la masa campesina siga siendo el que es”.180 Y Jorge Eliécer Gaitán, el populista, está muy convencido de que los únicos tres componentes del “problema social real” son “la desnutrición, la falta de formación técnica de los trabajadores, la deficiencia de su nivel cultural”.181 En el capítulo siguiente veremos que es precisamente Gaitán quien más claramente hace de este diagnóstico un esquema generador del pensamiento político. Así se opera un desplazamiento entre “los” problemas sociales reconocidos en 1930-1936 y “el” problema social que surge con la aparición de las masas en el límite de lo social. La medicalización de la mirada política no es fortuita. A través de ella se afirman, al mismo tiempo, en un mismo deseo de dominio, el rechazo a otorgar a estas multitudes peligrosas una existencia política que implicaría el riesgo de sumir en la bruma todavía más los signos políticos, y la voluntad de captar lo que, en ellas, es portador de un potencial político difuso.

* Al terminar la guerra la euforia se apodera de las élites socioeconómicas. Desembarazadas del aparato intervencionista, no sin antes haber sacado el mejor partido de él, se aprestan a impulsar la cogestión del modelo liberal de desarrollo. Sólo se enfrentan con la dificultad de asumir, sin el concurso de un Estado debilitado, “el” problema social. Como en el anterior período de prosperidad “a debe”, en 1927-1928, ahora también descubren las masas peligrosas, pero esta vez instaladas en las propias ciudades. Haciendo el esfuerzo por “naturalizar” el problema se dan un reposo.

179

Joaquín Estrada Monsalve, “Editorial”, La Defensa, abril 2 de 1946.

180

Discurso frente a la SAC de Alberto Lleras Camargo, marzo 5 de 1946.

181

Jorge Eliécer Gaitán citado en Jornada, diciembre 7 de 1944.

371

De la regulación estatal a la desregulación social 1938-1945

“El” problema social no es un asunto exclusivo de las clases dominantes; contribuye también a quebrantar las posiciones adquiridas por los que habían recibido las insignias de la ciudadanía social en 1936. La situación a este respecto es muy diferente de la de 1927-1928. En el momento preciso en que una gran parte de los sectores populares se encuentra obligada a permanecer en las fronteras de lo social, organizaciones como la CTC o el ex Partido Comunista se comportan como si ocuparan el lugar del poder, y hablan el lenguaje de la burguesía y del Estado. Ahora bien, el Estado ya no está en capacidad de servir, como en la crisis de 1929-1930, como punto de referencia para definir nuevas relaciones sociales. Desde 1938 había dejado de ser el soporte de la identidad de las clases populares. Desde 1943 había dejado, incluso, de ser el soporte de una construcción de la unidad nacional. La cuestión que se formula a partir de ahora es saber si la democracia política, concebida por las élites como el complemento normal del modelo liberal de desarrollo, es capaz de soportar la entrada en escena de las masas populares, pero manteniéndolas al mismo tiempo en una posición marginal. La subversión de los signos políticos es inseparable de la progresiva irrupción de la “barbarie” social en el campo político. La flotación de las líneas de división y la producción de un “exterior” de lo social van a la par. Algo similar ocurre con la emergencia de núcleos de significación populista, que se manifiesta en dos formulaciones aparentemente contradictorias. La primera, impulsada por Laureano Gómez, sitúa la división de la sociedad en el plano político. La segunda, promovida por Jorge Eliécer Gaitán, la sitúa en el plano social. ¿Violencia o populismo? Tal parece ser la alternativa que se perfila en 1945 detrás de estas dos formulaciones. Alternativa que, como la de fascismo o democracia formulada anteriormente, parece ofrecer un buen esquema de lectura. En el marco de la democracia elitista colombiana esta alternativa es quizá tan ilusoria como la de la bolsa o la vida.

372

IV

El momento del populismo 1945-1948

Alberto Lleras fue promovido a la presidencia para intentar detener una crisis política e institucional que se había cristalizado alrededor de Alfonso López Pumarejo. Se trataba, en lo fundamental, de asegurar que las elecciones presidenciales de 1946 se pudieran desarrollar en condiciones que no propiciaran una explosión de la violencia política. Desde varios puntos de vista las élites socioeconómicas tenían razones para estar satisfechas. En muy raras ocasiones unas elecciones se habían desarrollado de manera más procedente. El triunfo corresponde a uno de los más eminentes dirigentes, Mariano Ospina Pérez, antiguo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, vástago de una gran dinastía antioqueña vinculada tanto a la historia del Partido Conservador como a la expansión económica antioqueña.1 Nadie parecía reunir condiciones

1

Mariano Ospina Pérez era descendiente de Mariano Ospina Rodríguez, considerado el fundador doctrinario del conservatismo en los años cuarenta del siglo XIX, y presidente de la República de 1857 a 1861. Era también sobrino de Pedro Nel Ospina, presidente de 1922 a 1926. Si bien no pertenecía a la rama más poderosa de la familia desde el punto de vista económico (como era la de Pedro Nel Ospina vinculada a las grandes industrias antioqueñas, al comercio de exportación, a la producción de café y a la propiedad de tierras), ello no era obstáculo para que jugara un papel esencial a partir de 1930 en las orientaciones económicas de Colombia. Ospina encarnaba perfectamente la figura del “notable” que, a pesar de los cargos parlamentarios que había ejercido, no poseía a los ojos del partido el carácter de un verdadero “jefe político”.

373

El momento del populismo 1945-1948

más propicias para velar por el pleno desenvolvimiento del modelo liberal de desarrollo. No obstante, el resultado electoral es más inquietante por sus implicaciones políticas. El éxito de un conservador había sido posible gracias a la división del Partido Liberal, que aún conservaba la mayoría en el país. La democracia colombiana se encuentra así confrontada, por primera vez desde 1930, al problema de la alternación. Es cierto que la campaña de Mariano Ospina Pérez se había hecho bajo el signo de la “Unión Nacional”, secundando así la teoría de la “convergencia” profesada por Alfonso López y otros notables; y que un gobierno basado en un estricto equilibrio entre los dos partidos se organiza en efecto a partir de agosto de 1946. Sin embargo, el desafío no por ello es menos considerable: en un momento en que las instituciones acaban de pasar por una profunda conmoción, en que el gobierno ejerce sólo una precaria tutela sobre las administraciones locales, y en que las clases medias presionan sobre los empleos públicos, la repartición del Estado entre las dos colectividades políticas significa, en el mejor de los casos, un riesgo de parálisis y, en el peor, el establecimiento de un campo de batalla. El número de sufragios obtenidos por Jorge Eliécer Gaitán proyecta igualmente una sombra sobre el futuro. Candidato sin el aval del Partido Liberal, combatido por todos los dignatarios “santistas”, “lopistas” y otros más, Gaitán logra competir casi de igual a igual con el representante oficial del partido al obtener el 44% de los votos liberales. Invitando al “pueblo” en su conjunto para que se levante contra la “oligarquía”, tanto liberal como conservadora, había hecho estremecer a todos los “jefes naturales”2 de la democracia colombiana. ¿No había pretendido acaso, al acentuar la subversión de los signos políticos, situarse por fuera de la tradicional división partidista? ¿Y no había recogido igualmente, además de los aplausos al menos momentáneos de Laureano Gómez, la simpatía de una parte de las masas populares conservadoras?

2

La expresión “jefes naturales” es utilizada de manera corriente en Colombia para denominar a aquellos que por haber alcanzado un estatus elevado deben ser consultados con motivo de las grandes decisiones del partido (antiguos presidentes de la República o antiguos candidatos a la presidencia, líderes de una tendencia relativamente permanente en el partido o jefes de las redes del clientelismo, ideólogos de un grupo de responsables del partido, etc.).

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El populismo hace de esta manera su entrada en la escena política colombiana. La presencia amenazante de la barbarie en las fronteras del sistema constituye su telón de fondo: una barbarie que comprende tanto lo que no se deja reducir a un orden, cuya matriz es el modelo liberal de desarrollo, como aquello que en la movilización social no se deja aparentemente encerrar en la simbólica tradicional de los partidos. El populismo no era su única exteriorización: la radicalización “laureanista” no había cesado de rivalizarle. Pero es el gaitanismo el que enardece la división en el cuerpo social y el que socava los fundamentos del poder con el anuncio de su reconstrucción bajo la forma de un pueblo realmente transformado en poder. El populismo surge así como un huracán por encima del modelo liberal de desarrollo y de la democracia oligárquica, a los que, sin embargo, no puede arrastrar a su paso, porque ambos están sólidamente arraigados: el primero en el bloque de los gremios, que tienen vocación de copartícipes en el gobierno; el segundo en las filiaciones partidistas, que obstaculizan con su arcaísmo toda empresa de reunificación nacional. Si bien no es legítimo hacer consideraciones acerca del gaitanismo partiendo, de manera exclusiva, de los acontecimientos que siguen a la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, ni tampoco afirmar el carácter ineluctable de su fracaso por su repentina desarticulación desde el mismo día de la muerte del líder, sí es necesario mostrar las dificultades en que se encontraba ya comprometido en esta fecha. Y en primer término la más evidente: en lugar de haber logrado imponer su lógica a la sociedad política, había asimilado muchos de sus rasgos y acogido sus fermentos de violencia. Y no era la única. El populismo gaitanista se encontraba confrontado en la coyuntura de 1945 con tensiones sociales organizadas en torno de tres ejes: el primero, alrededor del cual se había formado, lo constituía el enfrentamiento entre las “masas” consideradas en su conjunto, y la oligarquía que “confiscaba” el poder; el segundo, el antagonismo de las clases, manifiesto en el conflicto abierto entre una burguesía industrial decidida a deshacerse de los sindicatos, y unos sindicatos persuadidos de que tenían en ese momento una fuerza suficiente para obrar en calidad de actores independientes; el tercero, seguía siendo la oposición de los partidos tradicionales. Si supusiéramos que la movilización populista, aun dando prioridad al primero de estos tres ejes, logra crear una consonancia de éste con los otros dos, tendríamos en contra nuestra una realidad

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que invalida dicha perspectiva: populismo, conflictos sociales y luchas partidistas no se confunden entre sí, aun cuando tengan repercusiones recíprocas. La batalla no se libra entre dos, el pueblo contra el poder, sino que se descompone en una serie de partidas diferentes: gaitanismo contra organizaciones sindicales, burguesía contra organizaciones sindicales, “oligarquía” contra gaitanismo, conservadores contra liberales, etcétera. De estas partidas, la del gaitanismo contra la oligarquía parece ser en 1945 la más importante. Y lo es sin duda por la profunda significación de lo que allí está en juego, aunque no por lo que respecta a las reglas del juego oficial, fijadas para todas las demás partidas, y que son suministradas, en ese momento y siempre, por la división partidista.

La configuración populista El populismo es un avatar importante de las formas de institución de lo político en América Latina con rango de esquema generador central. No está asociado a una etapa precisa de las transformaciones capitalistas –en la coyuntura de 1945 surge en países de diferente maduración capitalista–, aun cuando sí mantiene una relación privilegiada con la fase de sustitución de importaciones, debido al acento que se pone en este período en el papel del mercado interno y la importancia que entonces reviste el proceso de political bargaining. El populismo ha dado lugar a tres tipos de análisis: El primero, cuyos fundamentos teóricos fueron enunciados por Gino Germani,3 considera el efecto de la movilización social sobre la composición y orientación de los sectores populares urbanos y, sobre todo, su “puesta en disponibilidad”. Desde una perspectiva distinta al

3

Gino Germani, Política y sociedad en una época de transición, Buenos Aires, Paidós, 1965. Las tesis de G. Germani relativas al papel de la migración urbana en la génesis del populismo han dado lugar a una amplia discusión en Argentina, sobre la validez de un factor de esta naturaleza. Cf. en particular, del mismo autor; G. Germani, “El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos”, Desarrollo Económico, núm. 51, octubre-diciembre de 1973, pp. 435-489; de Tulio Halperin Donghi, “Algunas observaciones sobre Germani, el surgimiento del peronismo y los migrantes internos”, Desarrollo Económico, núm. 56, enero-marzo de 1975, pp. 765-789.

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funcionalismo Francisco C. Weffort sugiere igualmente que la adhesión de numerosos sectores urbanos al populismo se deriva de la convicción que éstos tienen de sentirse inscritos en un proceso de movilidad social ascendente, que va de la mano con su aceptación de ciertas reglas del juego político.4 El segundo, basado en un razonamiento que se presenta muy a menudo como marxista, hace referencia a la incapacidad hegemónica de las burguesías latinoamericanas, que daría origen a “Estados de compromiso” obligados a apelar a una legitimidad popular; el artículo de F.C. Weffort “Estado y masas en el Brasil”5 ha sido uno de los que más claramente ha enunciado un tema –reformulado muchas veces después, principalmente bajo un ropaje gramsciano– que ha llegado a convertirse en una especie de lugar común.6 El tercero, toma como objeto sobre todo la “ideología” populista, para mostrar cómo esta se funda en una imagen unificada del pueblo,7 y en “interpelaciones democrático-populares” construidas en oposición a la ideología dominante. Estos tres tipos de análisis no se excluyen entre sí. El populismo no es sólo un fenómeno de la “base” y de la sociedad, ni de las “instancias superiores” y el Estado; se ubica en la intersección de ambos planos. El populismo no es tampoco un simple fenómeno ideológico, ni mucho menos una especie de arquetipo sin contenido, errante por encima de la historia;8 constituye un conjunto muy concreto de relaciones sociales. Por lo demás, las diversas temáticas reconocen, cada una en su nivel,

4

Francisco C. Weffort, O populismo na política brasileira, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1978, cap. 7.

5

Francisco C. Weffort, “Estado y masas en el Brasil”, Revista latinoamericana de Sociología, núm. 1, 1965, pp. 53-71.

6

En la literatura brasileña, ver por ejemplo Ciao Navarro de Toledo, ISEB: fábrica de ideologías, Sao Paulo, Editora Ática, 1978.

7

Cf. Ernesto Laclau, Política e ideología en la teoría marxista, Madrid, Siglo XXI, 1978; y el comentario de Emilio de Ipola, “Populismo e ideología”, Revista Mexicana de Sociología, núm. 3, julio-septiembre de 1979, pp. 925-960.

8

En este sentido, el análisis de E. Laclau citado en la nota precedente, pretende separar en el estudio de la ideología un contenido ligado a la articulación de clases y una forma “abstracta” que expresaría la oposición pueblo-bloque en el poder.

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elementos comunes a los diversos avatares históricos de los fenómenos populistas, por ejemplo, el hecho de que desbordan la expresión de los antagonismos sociales, en un doble sentido. Por una parte, los fenómenos populistas no son conducidos por una clase específica: obreros organizados, “marginales”, sectores medios e incluso (por qué no), fracciones en decadencia de las antiguas oligarquías, se encuentran frecuentemente asociados en estos movimientos. Por otra parte, los fenómenos populistas no se fundan solamente en lo que en el marco de la sociedad aparece como una relación social instituida; en ellos se revela también algo anterior a la relación social, que se presenta bajo la forma de un exterior de lo social que trastorna la simbólica política preexistente. Se establecen, además, sobre el trasfondo de una acrecentada división entre lo social y lo político; al no fundarse sobre la relación social instituida, el populismo se traduce en el hecho de aislar lo político y lo ideológico, que parecen ocupar todo el campo de la representación, pero que tan solo lo logran levantando barreras contra el magma social apenas vislumbrado. Finalmente, estos fenómenos incluyen una referencia al Estado como si éste, en la figura de un líder carismático, representara una unidad de la sociedad no sometida a la ley. Enumerar estos elementos no implica que atribuyamos menos importancia a las condiciones históricas de surgimiento de los fenómenos populistas. Como esquemas generadores de conformación de la sociedad,9 se producen en lo esencial alrededor de los años 1945-l960: el “peronismo”, el “gaitanismo”, el “getulismo”, el “aprismo” en una de sus fases, el “arbenzismo”, etc. Tienen además algunos antecedentes: el “aprismo” de los años treinta, el “cardenismo” de 1936-1938. E igualmente algunas prolongaciones (el “janguismo” en el Brasil de 1961 a 1964) y numerosas secuelas. Pero de todos modos están sobre todo vinculados a los años de la posguerra. Con respecto a las explicaciones adelantadas en el resumen del conjunto de problemas que hemos hecho anteriormente es necesario introducir tres matices. En lugar de referir el origen de la “puesta en disponibilidad popular” –expresión cómoda incluso si es necesario no olvidar que la movilización

9

Sobre esta noción cf. Claude Lefort, L’Invention démocratique, París, Fayard, 1981.

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popular tiene, si no un “objeto”, al menos un “fin”10 – al flujo de inmigrantes y a la diferencia de ritmo entre la urbanización y la industrialización, nos parece preferible atribuirlo a dos factores más generales: a las disociaciones que sufren las clases populares y al hecho de que no disponen de un principio propio de identidad política. Existen diversas formulaciones relativas a las disociaciones de estas clases, que van más allá de la simple comprobación de su heterogeneidad. Alain Touraine sugiere que estas se fundan sobre la doble participación de los sectores populares: en un mundo “moderno” asociado al proceso de industrialización y en “una vida social y cultural propia de una sociedad mercantil”;11 nosotros mismos hemos indicado anteriormente la existencia de disociaciones bajo la forma de una disyunción entre una lógica de clases, una lógica cultural y una lógica política. Lo importante reside en la constitución previa de estas disociaciones en los años treinta y en su reforzamiento en la época de la guerra, cuando los sectores populares sometidos a una mayor explotación son al mismo tiempo compelidos a solidarizarse con la nación. La falta de un principio propio de identidad política remite, igualmente, a los esquemas teóricos elaborados a partir de 1936 por los aparatos sindicales y por los partidos comunistas que, en nombre de la necesidad de favorecer el desarrollo del capitalismo y la alianza con la burguesía industrial con el fin de llegar más prontamente a una etapa “democrático-burguesa”, propiciaban el descrédito y la condenación de todas las formas de resistencia a los adelantos de la industrialización. La “vieja” clase obrera, afectada tanto por las disociaciones como por la privación de la identidad, tiene razones suficientes para sentirse atraída, tanto como los inmigrantes recientes, por un populismo que promete reabsorber las primeras y atenuar la segunda. En lugar de atribuir a las burguesías latinoamericanas una incapacidad congénita para la hegemonía y de sentirnos asombrados de que con los progresos de la industrialización la burguesía industrial no destrone inmediatamente las antiguas clases dominantes,12 preferimos considerar

10

En el sentido de la distinción que hace Freud entre la relación con el objeto y la relación con el fin, en los Tres ensayos para una teoría sexual.

11

Alain Touraine, Les sociétés dépendantes, París, Duculot, 1976, p. 98.

12

Recordar la posición central de la industria no implica de nuestra parte una hipótesis sobre el acceso o incluso sobre la necesidad de acceso de la burguesía industrial a la hegemonía. Se conocen en otras partes muchos casos de burguesías industriales

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que la política de sustitución de importaciones implica una negociación permanente en torno a la atribución del excedente producido por el sector agro-exportador. Este último es copartícipe, sin duda, al lado de los industriales, de dicha negociación. Sin embargo, los dos rivales-asociados deben también contar con las presiones ejercidas por los sectores medios o por ciertas categorías de la clase obrera, en favor de medidas más amplias de redistribución. La acumulación de reservas inactivas durante la guerra y la expansión continua del ingreso proveniente de las exportaciones entre 1945 y 1954 hacen posible la puesta en funcionamiento de una estrategia de conciliación entre todos estos grupos. El populismo encuentra allí el medio de satisfacer demandas contradictorias, al menos durante un tiempo, y de convertirse en portavoz de las exigencias de justicia social. Al hacer esto crea una forma de legitimación sobre la cual será difícil volver en los años posteriores, incluso cuando la coyuntura externa no presente tan buenas perspectivas. Es en ese momento cuando las burguesías locales revelan su gran incapacidad para asumir por sí mismas el poder que el populismo les había restituido. Tal impotencia puede ciertamente tener alguna raíz en el proceso mismo de constitución de estas burguesías antes del populismo; pero es sobre todo después del populismo cuando asumen la forma de carencia política casi permanente, a causa precisamente de la imposibilidad de borrar los rastros del populismo por un medio distinto a la violencia. Finalmente, en lugar de remitirnos a la eficacia propia de una “ideología nacional-popular” sin arraigo histórico, estimamos que es necesario ligar la aparición de esta ideología a un momento en el que –con el desmantelamiento parcial o total de los mecanismos de intervención pública organizados en la década de 1930 y sobre todo durante la guerra– se encuentra repentinamente planteado el problema del sometimiento de los sectores populares. La “ideología nacional-popular” contribuye a cimentar un esfuerzo por institucionalizar una nueva relación social, que tiene también el significado de una barrera contra lo que aparece en la movilización social como un exceso con relación a las formas de dominación existentes.

que se han desarrollado bajo la égida de un “gentry” como en Inglaterra, o que han permanecido al margen durante siglos, como en Francia, para no impacientarse ante una diferencia de algunas décadas.

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Disociaciones / identidad política, conflictos de clase / redistribución, dominación estatal / nuevo pacto social: el populismo se inscribe en estas tensiones y las transcribe en una representación de lo político fundada sobre parejas de oposiciones entre las cuales, a pesar de las reconciliaciones imaginarias, no hay síntesis posible. El populismo extrae su fuerza de su aptitud para encontrar un fundamento en lo contradictorio, como si fuera insensible a ello; pero encuentra su límite en la imposibilidad de sustraerse a lo imposible que lleva dentro de sí mismo. Encontraremos muchas ilustraciones de estas parejas de oposiciones en la lógica del gaitanismo. Nos contentamos aquí con indicar tres de sus manifestaciones. La primera, fundamento de las otras dos, ha sido ya mencionada: la afirmación simultánea de una relación social instituida y de un exterior de lo social que se sustrae a la institución. En el marco del populismo, el primer aspecto es elevado al rango de elemento que regula por derecho propio el conjunto de las relaciones sociales. La legislación laboral constituye en todos los sentidos la llave maestra. Ésta moldea una relación social que adquiere ahora un valor constituyente para todas las otras: la que se va creando a través del proceso de industrialización. La legislación define sobre esta base un sistema de “ciudadanía regulada”13 en función de las posiciones que se ocupen en este proceso y en sus límites, y se orienta, sobre todo, a la instauración de un vínculo –sustitutivo de un antagonismo– que inscriba al proletariado en un esquema interno y funcional con relación al orden capitalista y que haga del Estado el centro de control de dicho vínculo. El proletariado queda así constituido como “factor trabajo” complementario del “factor capital”. No obstante, la generalización por ley de esta relación social regulada sólo logra hacer más evidente la existencia de un exterior de lo social, que aparece en un principio como una situación al “margen” de la relación social, pero que deja también percibir la amenaza de una extrañeza más profunda, de un “por fuera” que, a pesar de todas las barreras levantadas para contenerlo, podría un día subvertir lo social. En síntesis, el populismo no dejó nunca

13

El concepto de “ciudadanía regulada” ha sido formulado por Wanderley Guilherme Dos Santos, Ciudadanía e justicia, Río de Janeiro, Campus, 1979; para dar cuenta de la diferenciación de status que produce la legislación social brasileña en las clases populares.

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de estar en relación con la barbarie, al mismo tiempo que mantenía la aspiración de construir, a su manera, una institución totalizante. La segunda pareja de oposiciones es la referencia simultánea al igualitarismo y a la jerarquía. Valiéndose de la acusación dirigida contra la “oligarquía”, el populismo, por primera vez en América Latina, hace del igualitarismo un componente central de las representaciones políticas. Como lo ha mostrado Tocqueville, la representación igualitaria comporta un potencial de destrucción de lo que constituye hasta un momento dado el fundamento social: “El trabajo de la igualdad –recuerda un excelente comentarista de Tocqueville– es así, de manera muy amplia y por así decir inconsciente, la erosión o la disolución de todo lo que aparecía como alteridad social”.14 Sin embargo, el igualitarismo es de apariencia engañosa: no presupone una igualdad de condiciones, ni la pretende; no reclama una “similitud” entre los individuos, ni le da valor;15 no pretende de manera alguna hacerse partícipe de la autonomización de la sociedad civil, ni de la instauración de lo social a partir de sí mismo.16 Muy por el contrario, el igualitarismo coexiste con la exaltación tanto de la unidad de la sociedad, transitoriamente perdida, pero constantemente presente como trasfondo con carácter original, como del principio jerárquico que es el único modo de regulación que reconoce. Desde este punto de vista el populismo toma siempre el aspecto de una restauración. Restauración de la totalidad armoniosa de lo social, primero por la supresión de la “excrecencia parasitaria” constituida fundamentalmente por la “oligarquía”, y después por la organización de un corporativismo destinado a garantizar no solamente la coordinación de los intereses parciales, sino también la cooperación del capital y el trabajo. Restauración del principio jerárquico mediante la substitución de una división social arraigada en

14

Marcel Gauchet, “Tocqueville, l´Amérique et nous. Sur la genèse des sociétés démocratiques”, Libre, núm. 7, 1980, p. 95

15

M. Gauchet, en el artículo citado, resalta que la constitución, por parte de Tocqueville, de la igualdad en significación imaginaria central, implica “hacer pasar el sentimiento de semejanza y la voluntad de similitud por encima de los obstáculos de la naturaleza”. Ibíd, p. 101.

16

A propósito del reconocimiento de lo “social puro” en América, cf. François, Furet, “Le systeme conceptuel de la démocratie en Amérique”, prefacio en: La Démocratie en Amérique, París, Garnier, 1981, p. 25.

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la violencia, por una organización fundada en la competencia y en la diferenciación según los méritos. De esta manera la perspectiva holista o totalizante constituye la otra faz de la proclama igualitaria.17 Lo social asume así una forma política que se presenta como su emanación, pero también como su fuente. La tercera pareja de oposiciones consiste en poner en evidencia simultáneamente una división absoluta de la sociedad y la vocación del Estado por reunificarla. La división, a la cual el discurso populista hace mención constantemente, no tiene el aspecto ni de un antagonismo de clases, ni de un conflicto social en acto: remite a una separación entre una ínfima minoría que tiene todo y que es todo, y una vasta mayoría que está radicalmente privada de todo tener y de todo ser, que no posee ni camisas (“descamisados”) ni zapatos (“descalzos”), ni lenguaje. Semejante separación no alcanza a constituir una relación social: ni la “oligarquía”, que “no se ha cansado nunca de saciarse con las riquezas nacionales”, ni “el pueblo”, que “sólo tiene necesidades”, alcanzan a conformarla. Es una separación que tiene una realidad cuasi natural, es decir, cuasi mítica. La promesa de reunificación, sin embargo, no es menos efectiva; es constantemente forjada por el Estado que, por su intervención, restablece lo social allí donde prevalecía el estado de naturaleza, y lo mantiene unido allí donde se presenta una desarticulación. Tales parejas de oposiciones no son expresión sólo de la fantasmagoría ideológica. Se elaboran a partir de las disociaciones que atraviesan tanto a los actores sociales como a las significaciones atribuidas al proceso de desarrollo. Aseguran la puesta en escena de las significaciones que, en contrapartida, van a favorecer la viabilidad de este proceso. Entre los dos términos y en cada nivel, toda síntesis, como ya lo hemos dicho, es por principio ilusoria. Por este hecho, la invocación de una relación social instituida, de una complementariedad orgánica de lo social o de la intervención del Estado, se demuestra rápidamente insuficiente, bien sea que se trate de contener la irrupción de un “exterior” de lo social o de mantener juntos los componentes desarticulados de lo social como tal. Ocurre de la misma manera con la invocación de la Ley

17

Cf. Louis Dumont, Homo Aequalis, París, Gallimard, 1977. (Sobre la oposición entre holismo e individualismo, por un lado, y jerarquía e igualdad, por el otro).

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o de la Nación, que también se revela incapaz de dar consistencia a lo que no es sino otra representación imaginaria de la unidad deseada. Sólo queda, como último recurso, buscar apoyo en la identificación con aquél que, hablando a nombre de la Ley y de la Nación, se presenta a los ojos de la masa como su encarnación. La figura carismática del jefe populista no es ornamental: constituye el medio con el que se puede operar, a falta de síntesis, una fusión por la cual el pueblo, saliendo de su “invalidez”,18 incorpora la identidad del jefe. Sorprende comprobar que, en un país como México, los fundamentos populares del poder no dependen solamente de que “la sociedad civil hable el lenguaje oficial y participe de los mitos nacionales del Estado mismo”,19 sino también de los rasgos de populismo contenidos en la omnipotente figura presidencial, celebrada cada seis años con motivo del destape, y mantenida después con esmero.20 En el camino de este proceso identificatorio, tan evanescente como constituyente, los obstáculos no faltan. Estos pueden encontrarse, indudablemente, en la expresión de los intereses particulares de la “oligarquía” o en los riesgos de un exceso de movilización social, pero sobre todo en la existencia anterior de organizaciones, más o menos independientes, que pretenden asumir por su cuenta la representación de los sectores populares, para cuestionar así, mediante esta única reivindicación, la asimilación del pueblo y del poder. De esta manera, para el poder no existe generalmente nada más urgente que aislar a los dirigentes de dichas organizaciones, apelando al recurso de acusarlos de sólo defender sus propios intereses, bajo la enseña de los intereses populares. Mucho menos inquietante es la insatisfacción de una intelligentsia que, colocada entre los intereses específicos de los grupos económicos dominantes y el interés general cuya materia es proporcionada por el pueblo, se encuentra ampliamente fuera de juego... al menos hasta

18

“Cada ser individual debe pasar por un período de invalidez y de tutela durante el cual sus necesidades más apremiantes son satisfechas por una intervención venida del exterior y son por este hecho sustraídas al desarrollo”. Sigmund Freud, “Pulsión et destin de pulsions”, en: Metapsycologie, París, Gallimard, 1952, p. 37.

19

Pablo González Casanova, El Estado y los partidos políticos en México, México, Era, 1981.

20

Momento en el cual se da al conocimiento público el nombre del futuro presidente, que nadie puede saber cómo se impuso.

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el momento en que la desarticulación del populismo le revela, con una retroactividad muy tardía, sus virtudes y poderes, hasta el punto de incitarla a hacer el intento de apropiárselos para asegurar la salvación del pueblo y la suya propia. La imposibilidad de la síntesis hace ciertamente poco seguro el rumbo del populismo, pero también lo hace irresistible. Que lleguen a reunirse el “exterior” de lo social y lo social, lo social y lo político, y el populismo estaría próximo a su desarticulación. La fuerza del poder populista depende de dejar abierta la brecha entre las oposiciones y se basa, en otro sentido, en su capacidad de mantener separados de hecho el movimiento social y el Estado, en oscilar entre el uno y el otro sin detenerse en ninguno, en guardar para sí el dominio del uno y del otro, en mantener el carácter arbitrario de todo arbitraje. No existe, pues, nada más distante del “totalitarismo” que el populismo. Si este último promete anular la separación entre lo social y lo político, depende demasiado de su mantenimiento como para no tratar de circunscribir y limitar su reducción a la esfera de lo imaginario. Sería en cambio inútil tratar de negar lo que del “populismo” pasa al “autoritarismo” en muchos regímenes latinoamericanos posteriores a 1960. No es el caso sin duda de la constante oscilación entre el movimiento social y la omnipotencia de la regulación estatal: con el autoritarismo, la balanza se inclina claramente del segundo lado, el de la institucionalización y del Estado. No existe en este último un “exterior” de lo social sino simplemente un social arrojado “por fuera” de lo estatal y sometido completamente a su dominio. Y en correspondencia con esto, no existe tampoco una unificación imaginaria; sólo existe la realidad muy concreta de un aparato estatal que intenta contener dentro de su propia órbita las inevitables tensiones que surgen, y tratar las que no se dejan absorber como si fueran “problemas sociales” de competencia de la gestión política. Sin embargo, el “autoritarismo” recoge del “populismo” tanto la nostalgia corporativista como la utopía de institucionalizar, sin que nada quede por fuera, las relaciones sociales, o más aún, la implícita referencia a la jerarquía representada por el valor dado a la competencia y a la meritocracia, expresadas en su momento bajo la forma de una exaltación del poder tecnocrático. Pero el “autoritarismo” toma del “populismo” sobre todo dos de sus principales rechazos: el individualismo y la democracia liberal. El igualitarismo populista se sitúa fundamentalmente en la perspectiva de un sujeto colectivo, el pueblo. No tiene de manera alguna como premisa una “descomposición de la sociedad en átomos políticos,

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los ciudadanos, convertidos en unidades de cuenta y cuya distribución conforma la figura de la representación”, que es, sin embargo, “lo que tiene la virtud de hacer surgir un poder que no represente un supuesto cuerpo social”.21 En el individualismo político, el igualitarismo populista sólo ve el fermento de disolución de la comunidad popular. De la misma manera, en la democracia liberal descubre la amenaza de que se formen “focos que el poder no pueda dominar completamente”22 y la posibilidad de que se reproduzca la brecha entre el “país real” y el “país político”, que él mismo había pretendido colmar. En el rechazo de la democracia liberal el populismo encuentra, en efecto, la aprobación de amplios sectores sociales para los cuales esta democracia continúa signada por su coexistencia con el orden oligárquico anterior. Aparte de estos dos rechazos, el autoritarismo va a repetir a su manera toda la ambivalencia del populismo con relación a lo político. El populismo pone lo político en el puesto de comando; ello es tan evidente que lo primero que promueve es una política ideológica. Esta es su manera de realizar simultáneamente la unión y la desunión entre el movimiento social y el Estado. Además, como se puede advertir en el ejemplo del gaitanismo, el concepto de oligarquía, una vez liberado de sus primeras adherencias al fenómeno de la concentración de la riqueza, tiene solamente un contenido político. El populismo se cuida de confesar completamente la prioridad que otorga a lo político. Busca mantener en su horizonte la imagen de un cuerpo político unificado que reproduce, por emanación directa, la unidad profunda del cuerpo social. Al representar la división social como un estado de naturaleza, ligeramente mítico, erige un obstáculo para hacer de aquella el fundamento de lo político, o en otros términos, para reconocer lo político como tal. El autoritarismo procede de otra manera pero con igual resultado: no ignora las divisiones sociales y se limita a proclamar la primacía del orden nacional; se muestra convencido de la omnipotencia del poder político para resolver los “problemas sociales”. Y lo hace con mayor dificultad, al no poder recurrir a una política ideológica; su Talón de Aquiles es precisamente su impotencia ideológica: al margen de todo

21

C. Lefort, L’invention…, op. cit., p. 148.

22

lbíd., p. 67.

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cuanto se haya dicho sobre este tema, es indispensable reconocer que la “ideología” de la “seguridad nacional”, destinada sobre todo a los militares, la “ideología” del desarrollo o la “ideología” del liberalismo económico, no tienen verdaderamente la capacidad de arrastrar a grandes grupos sociales. Sin embargo, el autoritarismo no abandona su desconfianza por todo lo que –poco o mucho– haga emerger, por intermedio de la libre expresión de los conflictos políticos, la dimensión propia de lo político. La ambivalencia con relación a lo político es probablemente el punto de unión entre el populismo y el autoritarismo. Esta ambivalencia es la manifestación de una desconfianza común con respecto a toda forma de organización autónoma de la sociedad civil en su conjunto, pero sobre todo, con relación a la organización autónoma de los sectores populares.

Itinerarios gaitanistas “Yo no soy un hombre, soy un pueblo”: mediante esta inversión metonímica se realiza el misterio de la transubstanciación del héroe histórico en pueblo unificado. La frase de Gaitán, repetida y celebrada permanentemente, acompañó la marcha de su movimiento hasta el 9 de abril de 1948, y quedó después grabada en la memoria popular, como testimonio del momento en que ésta se apropia de la sustancia del héroe. El gaitanismo hace irrupción como movimiento de masas a partir de 1945. Bajo el signo de la “Restauración Moral” y teniendo como fondo la crisis del “lopismo”, emprende la tarea de superar el divorcio entre el “país real” y el “país político”. No obstante, es de su desciframiento contradictorio de lo social y de su oscilación entre el punto de vista del movimiento social y el punto de vista del poder de donde extrae su irresistible fuerza. La trayectoria anterior de Gaitán es ya una ilustración de ello. Las proclamas populistas de 1945-1946 elaboran su teorización. Jorge Eliécer Gaitán no encontró al nacer un cetro real en su cuna. Hijo de un pequeño librero de Bogotá de escasos recursos económicos, le fue necesario forjar permanentemente su destino. Y lo hace partiendo para Italia en 1926 a completar los estudios jurídicos que había realizado en Bogotá. La estadía en este país, prolongada hasta 1929, representa para él una etapa esencial; le permite adquirir el prestigio de un diploma extranjero; le proporciona una formación en criminología bajo la dirección de Ferri, autor de la Sociología criminal y discípulo de Lombroso

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–para comprender la fascinación de Gaitán por la explicación de los comportamientos humanos a partir de factores biológicos, incluso por el evolucionismo, es importante recordar que Lombroso, en El hombre criminal publicado en 1896, había intentado probar, en una perspectiva darwiniana, que muchos criminales tenían una morfología y reacciones biológicas propias a una fase anterior de la evolución–. La estadía, finalmente, le ofrece la oportunidad de asistir a los grandes fastos mussolinianos de los que conserva, además de ciertas fórmulas del duce, el gusto por las grandes demostraciones populares. Al poco tiempo de su regreso a Colombia, Gaitán descubre en la zona bananera de Santa Marta los horrores de la masacre de diciembre de 1928. Se hace elegir inmediatamente después al parlamento por los barrios populares de Bogotá y obtiene allí notoriedad pública con el lanzamiento de un debate de grandes repercusiones sobre las condiciones en las cuales la huelga de los trabajadores de la zona bananera había sido reprimida de manera sangrienta. En la República liberal apenas formada Gaitán se convierte en uno de los protegidos del muy aristocrático presidente Olaya Herrera, y es nombrado sucesivamente presidente de la Cámara, miembro de la dirección del Partido Liberal, y segundo designado a la presidencia de la República. En una sociedad marcada por el elitismo, el hijo del pequeño comerciante llega así, a la edad de treinta y cuatro años, a la cumbre de una carrera política. Las únicas puertas que no se abren ante él son las de los salones y los clubes privados de la alta sociedad bogotana. Años más tarde, Gaitán sentirá como una profunda humillación el no haber sido recibido en el Jockey Club, y el ser llamado en los salones privados, por su piel ligeramente oscura, el “negro Gaitán”. Pero lo más importante radica en otros aspectos. Desde el comienzo su carrera se mueve en un incesante vaivén entre las incursiones en el movimiento popular y la participación en un poder desde el cual pretende arrancar al pueblo de su incultura. De la lucha de los trabajadores de la United Fruit Company pasa a los cenáculos de los dignatarios liberales; se aleja de estos entre 1933 y 1935 para lanzar la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), con la intención de aglutinar en dicho grupo ciertos sectores obreros, sobre todo a los campesinos de las zonas limítrofes de Bogotá, sacudidas por los conflictos agrarios –Sumapaz en primer lugar–, aun al precio de rudos enfrentamientos tanto con los liberales oficialistas como con los comunistas. Al acercarse las elecciones parlamentarias de 1935 liquida intempestivamente la UNIR. Muy pronto es nombrado en uno de los cargos más prestigiosos, generalmente reservado 388

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a los miembros de la oligarquía: la alcaldía de Bogotá. En el ejercicio de este cargo pretende, entre otras medidas, obligar a todos los trabajadores municipales a utilizar zapatos y a abandonar el uso de la ruana en nombre de la dignidad del pueblo. Una cuestión relativa al atuendo es también la que precipita su caída muy pocos meses después de su nombramiento: trató de imponer a los choferes de taxi el uso de uniforme, y esto suscitó una huelga que se transformó muy pronto en una coalición heteróclita contra él. En ese momento se encuentra, pues, supremamente aislado, con el agravante de que Alfonso López Pumarejo, con quien tiene muy malas relaciones personales, le había arrebatado la mayor parte de sus apoyos populares, muy especialmente el de las organizaciones sindicales. Sus campañas políticas pierden mucho de su resonancia. En 1940, Eduardo Santos lo nombra, sin embargo, en el Ministerio de Educación Nacional; al cabo de seis meses se ve obligado a dejar el puesto por haber provocado la cólera de los políticos locales con la pretensión de centralizar la financiación del sistema educativo. En 1941 intenta lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales de 1942 en confrontación con la de Alfonso López Pumarejo, pero abandona el proyecto y se niega a adherirse al sector “lopista”, al que por el contrario combate vigorosamente. En 1943 el reemplazo provisional de Alfonso López en la presidencia de la República, Darío Echandía, le confía el Ministerio de Trabajo, Salud e Higiene: durante los cinco meses que ejerce el cargo poco se preocupa por captar el apoyo de los sindicatos, muy decididamente lopistas, y se limita a repetir que el mejoramiento de la salud en los medios populares constituye en ese momento el “verdadero problema social”. A principios de 1944 recupera su libertad política y comienza una vigorosa campaña presidencial, que se interrumpe bruscamente puesto que Alfonso López decide reasumir sus funciones durante 14 meses pero que logra poner al descubierto la profundidad del descontento popular con el régimen. En julio de 1945, con la dimisión definitiva de Alfonso López, suena finalmente la hora de pasar “a la carga” –esta expresión servirá de eslogan en las manifestaciones gaitanistas– y de conquistar el poder en nombre del pueblo, aun en contra del aparato del partido. La marcha hacia el poder comienza el 15 de septiembre de 1945 en la Plaza de Toros de Bogotá, donde decenas de miles de personas se dan cita para aplaudir al candidato de la “restauración moral”. La campaña está acompañada de grandes y espectaculares manifestaciones de masas e incluso de impresionantes desfiles con antorchas, que continuarán hasta

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el mes de abril de 1948. La derrota de 1946 no interrumpe la marcha, sino que le da por el contrario un nuevo impulso. La “política de masas” se hace en las calles, pero también llega a los hogares. La era de la radio permite abarcar un público popular. Cada viernes por la noche –“los viernes culturales”– Gaitán pronuncia sus arengas en diversos lugares de la capital, que son trasmitidas y escuchadas en gran parte del territorio nacional, gracias a los servicios de una cadena radial vinculada a su movimiento. Por primera vez los habitantes de todos los departamentos están de esta manera en la posibilidad de participar en una ceremonia política ininterrumpida. El populismo es inseparable de la rápida expansión de la esfera pública, mediante una comunicación política que hace posible la penetración de lo público en lo privado; en sentido inverso, igualmente, es inseparable de la conversión de la miseria privada en problema político. Los discursos del populismo gaitanista sólo adquieren coherencia a partir de 1945. Los escritos o discursos anteriores de Gaitán manifiestan a menudo una muy amplia diversidad de inspiraciones. Las ideas socialistas en Colombia, obra publicada en 1924 antes del viaje a Italia, se proclama, como su título lo indica, defensora de la tradición socialista. Se sabe también que el programa de la UNIR toma prestadas numerosas ideas del marxismo: hace referencia al antagonismo entre los “poseedores de medios de producción y los que por el contrario no tienen sino su trabajo”23 o en otras palabras “explotadores” y “explotados”. Sin embargo, las alusiones específicas a la clase obrera como portadora de tal antagonismo son escasas en dicho programa; del lado de los que no poseen medios de producción figura explícitamente “la clase media olvidada”.24 Durante los años siguientes la evolución consiste en retirar cada vez más a la clase obrera de su posición central, y en la actitud incierta con relación a la burguesía industrial. De allí no se podría concluir que se haya borrado la noción de antagonismo; ésta se amplía por el contrario hasta confundirse con la noción de separación absoluta. Tampoco se podría deducir de allí que la misma estructura profunda, las mismas imágenes, no sigan presentes en cada fase. No obstante, es a partir del discurso populista

23

Cf. Jorge Eliecer Gaitán, Antología de su pensamiento económico y social, Bogotá, Suramérica, 1968, p. 34.

24

Ibíd.

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de 1945 cuando se hace clara la continuidad subyacente. La continuidad, en lo fundamental, está en relación con las parejas de oposiciones, en el sentido definido anteriormente; y la coherencia es principalmente el resultado que se elabora a partir de la voluntad de contener la incoherencia. El discurso populista, como ya lo hemos dicho, hace la teorización del imposible encuentro entre el movimiento social y el poder, salvo por la vía de la fusión. Teorización no implica una doctrina presentada como tal; existieron sin duda “programas” gaitanistas y planes económicos, pero no son estos los que aglutinan las masas populares sino la teorización que se efectúa al pulso de la improvisación en las arengas gaitanistas, y que constituye por consiguiente un acto, o mejor aún, una activación política permanente. En los párrafos siguientes utilizaremos, pues, además de los escritos de los diferentes períodos, las intervenciones orales que han sido reunidas tanto en los periódicos y sobre todo en Jornada –el primer periódico semanal y después cotidiano del gaitanismo–, como en las antologías.25 Si bien es cierto que en una u otra publicación el efecto de activación política queda particularmente atenuado por las indispensables correcciones de la expresión escrita, y por la piadosa vigilancia de redactores que mitigan los “excesos” de lenguaje –como por ejemplo las numerosas diatribas contra los comerciantes extranjeros que abundan en los discursos de 1946–, eso no impide que en estas intervenciones se manifieste el juego de oposiciones sin síntesis. La afirmación fundadora se refiere, sin duda alguna, a la imposibilidad de una relación social en el contexto actual de Colombia. El pueblo está instalado en un lugar exterior de lo social, la oligarquía lo está en el disfrute de su omnipotencia. De la ubicación del pueblo en un lugar exterior de lo social se puede encontrar un testimonio en el hecho de que su situación es presentada principalmente como “biológica”, “fisiológica” o “antropológica”. La enfermedad es la primera realidad de la cual es necesario persuadirse, en sus dos formas más extendidas –además de la desnutrición–: el alcoholismo y la sífilis: “En el municipio de Bogotá encontré cuando desempeñaba la Alcaldía que en las salas-cunas se registraba un 60% [de casos] de sifilíticas en las mujeres embarazadas que [eran] atendidas en esos establecimientos. Está de sobra decir que

25

Cf. Jorge Eliécer Gaitán, Los mejores discursos 1919-1948, 2.ª ed., reunidos por Jorge ViIlaveces, Bogotá, Editorial Jorvi, 1968.

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las campañas de orden público, literario, intelectual o de cualquier otra naturaleza serán inútiles, porque con hijos de madres sifilíticas en un 60% no podremos tener sino una población fisiológicamente arruinada y consecuencialmente, síquicamente degenerada”.26 Frente a tal realidad es imposible esperar un rápido desarrollo del país: “No habrá agricultura, no habrá industria próspera si persistimos en tener la raza débil que hoy tenemos; una raza tarda y lenta para el trabajo, que se fatiga a muy leve andar y que presenta los defectos síquicos que todos conocemos, los que no son otra cosa que una consecuencia de los elementos biológicos y fisiológicos que le son característicos. Buscar gente inteligente y capaz; gente honrada y sociable en organismos débiles y enfermos, atacados de todas las taras atávicas herenciales y circunstanciales es un imposible metafísico”.27 Es igualmente inútil esperar de allí una voluntad política. “No me habléis [...] de voluntad en un organismo sin nutrición; no me habléis de grandeza de espíritu en un organismo con disfunción en las glándulas endocrinas. No me habléis de grandes empeños y realizaciones en un hígado deficiente, o en un proceso nutritivo deficiente. Los políticos nuestros han olvidado que el hombre es una realidad ante todo biológica y fisiológica. Y sin nutrición de las células y sin funcionamiento equilibrado del organismo, es vano hablar de libertad, de democracia, de justicia, de grandeza nacional”.28 Incluso el bipartidismo tradicional no deja de ser algo irrisorio en tal contexto: “Yo no alcanzo a comprender cuál es la diferencia para la Administración, entre un palúdico, un sifilítico, un atacado de anemia tropical, un analfabeto que sea hijo de un liberal, y un palúdico, un sifilítico, un atacado de anemia tropical, un analfabeto que sea hijo de un conservador ”.29 Y no se trata de problemas que puedan ser resueltos por un simple aumento de los salarios: “La defensa de los salarios es necesaria. ¿Pero creéis que basta la solución de ese aspecto? No. Puede suceder, y yo lo he visto y observado, que se traduzca en mayor sífilis, en mayor alcoholismo. Puede que ese mayor

26

Ibíd., p. 238. Esta cita y la siguiente son extraídas de un discurso ante la Cámara de Representantes, pronunciado probablemente en 1937.

27

Ibíd., p. 249.

28

Ibíd., p. 473. Discurso pronunciado en el Hotel Granada, marzo 1 de 1946.

29

Ibíd., p. 472.

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salario se liquide el sábado en las tabernas y en los prostíbulos y que el lunes la madre y los hijos no tengan alimentación alguna”.30 El error de los marxistas reside en el olvido de los factores antropológicos debido a la atención exclusiva que otorgan a los factores económicos: “El factor económico actúa sobre la conducta individual y colectiva, pero lo hace a través del elemento antropológico; se refracta a través de un prisma psíquico según que las cualidades de ese prisma sean de una u otra índole, es decir, según que los factores herenciales, atávicos y constitucionales del individuo permitan que el determinante económico se oriente en un sentido social o antisocial”.31 Todo esto se puede observar claramente en los slogans que, con ligeras variantes, se utilizan en las grandes manifestaciones de 1945-1946: “El hambre no tiene color político”, o mejor aún: “Las enfermedades no son ni conservadoras ni liberales”.32 Lo patológico y lo bárbaro aparecen así como la metáfora de un exterior de lo social en sí mismo innombrable y donde ningún sujeto político se encuentra aún constituido. La oligarquía no se sitúa menos en un lugar por fuera con relación a lo social. ¿Qué es la oligarquía? No es una clase social precisa, ni tampoco una categoría particular de productores, cafeteros, industriales, latifundistas, etc. La oligarquía es esa ínfima minoría que ha tenido permanentemente el disfrute del poder; que no ha cesado de deleitarse con las “sensualidades del mando; con las ventajas y los placeres del poder”,33 del “poder total”.34 La oligarquía está compuesta por los que, desde su posición de dominio, se apropian permanentemente de la sustancia del pueblo, se esfuerzan por “robarle su fisonomía”, por arrebatarle su ser nacional,35 por conferirle el status de “raza inferior”.36 La sed de riquezas, “la insaciable sed de dinero de los que tienen dinero”,37 hace parte de su naturaleza. Sin embargo, la

30

Ibíd., p. 473.

31

Ibíd., p. 238-239. Discurso pronunciado en el año de 1937.

32

Ibíd. Discurso en la Plaza de Toros de Bogotá, septiembre 15 de 1945.

33

Ibíd., p. 427. Discurso del 20 de abril de 1946.

34

Ibíd., p. 425.

35

Ibíd., p. 434. Discurso del Teatro Municipal después de la ruptura del Partido Liberal.

36

Ibíd., p. 462. Discurso pronunciado el 18 de octubre de 1946 en Venezuela.

37

Ibíd., p. 434.

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oligarquía no puede ser reducida a una “plutocracia”: “No creáis, como algunos sofistas han querido hacerlo pensar, que la oligarquía es solamente el dominio de la plutocracia. ¡No! Esa es la oligarquía plutocrática. Ni que la oligarquía es únicamente el dominio de la aristocracia. No. Esa es la oligarquía aristocrática. Oligarquía es la concentración del poder total en un pequeño grupo que labora para sus propios intereses, a espaldas del resto de la comunidad”.38 La única definición que existe para la oligarquía es el poder absoluto que ejerce sobre todas las actividades de la sociedad. Este poder absoluto se encuentra, en la cima, concentrado en las manos de los “que no quieren sino el dominio, el Imperium en el sentido romano de la palabra; que su voz sea la voz del amo sin la cual no se puede mover ninguna de las actividades colombianas”, así como de los “que aspiran a que todas las riquezas, la especulación, los contratos, los negocios, sean para la camarilla afortunada”.39 Pero la oligarquía sólo logra controlar la totalidad de la sociedad por conducto de ciertos intermediarios; para asegurar la comunicación, utiliza una “estructura intermedia”, que traduce en palabras el “soplo director de los de arriba” y que está compuesta por “hombres de inteligencia” que tienen “almas de secretario”.40 Un poco más abajo agrega que esta oligarquía recurre a “tentáculos, [...] brazos que penetran en todos los lugares [...] desde el ambiente municipal al barrio”, y que se ocupan de los asuntos electorales. De todas estas redes de poder absoluto, todas las clases sociales productivas son igualmente víctimas: la oligarquía defiende sus intereses “en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media, y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros”.41 El concepto de oligarquía no define, pues, una representación de clase. Se refiere a la concentración de la riqueza, pero concierne primordialmente a la concentración del poder político. Designa un poder que ha llegado

38

Ibíd., p. 424.

39

Ibíd.

40

Ibíd.

41

Ibíd., p. 433.

394

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a ser ajeno a la sociedad, pero que la controla de un extremo a otro; que ha subvertido todos sus valores y sus saberes, pero para apropiárselos. “El país político, o la oligarquía, que es la misma cosa, selecciona a los hombres, los infla, los llena de importancia aun cuando no la tengan, [...] califica la inteligencia y el conocimiento e ignora o destruye el resto del país”.42 Como perversión de la institución de lo político, el reino de la oligarquía no reconoce una ley. No se somete siquiera a la tradicional división de los partidos; al igual que el pueblo enfermo, la oligarquía no tiene color político, sus intereses pueden llevar el sello del rojo (liberal) o del azul (conservador), pero no por ello se dividen.43 Como perversión de la relación social, el encuentro cara a cara del pueblo y de la oligarquía es de hecho anterior a todo vínculo social y permite la aparición de un mundo de “putrefacción moral”,44 de “ignominia”,45 de “abyección”.46 Adopta la forma de una confrontación arcaica entre un pueblo “sin atributos” y un Otro mítico que es amo y señor de todo el espacio de las representaciones. De la misma manera como se pueden descubrir en el universo de los mitos los fundamentos de una psicología colectiva en la cual el sujeto aún no tiene un lugar,47 así también el universo de las representaciones trasmitidas por la palabra gaitanista revela, como anterior a toda institución de lo social y a la constitución de los sujetos políticos, un juego de puras fuerzas que, venidas desde “el comienzo de los tiempos, cuando hubo un fuerte que quiso abusar del débil y un débil que no quiso someterse al abuso del fuerte”,48 constituyen el fundamento de lo político. En los fenómenos populistas, esta referencia a un juego de puras fuerzas tiene como contrapartida –ya lo hemos señalado anteriormente –, la referencia incansable a una regulación de las relaciones sociales.

42

Ibíd., p. 425.

43

Ibíd., p. 433.

44

Ibíd., p. 424.

45

Ibíd., p. 426.

46

Ibíd., p. 425.

47

Sobre la significación del mito en Freud, cf. Miriam Pécaut, La matrice du mythe, París, Aubier, 1982.

48

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 455. Discurso del 21 de julio de 1946.

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Aun cuando el gaitanismo no accedió al poder, es fácil encontrar un indicativo de este tipo de regulaciones en los actos del alcalde de Bogotá o del ministro Gaitán –la prohibición del uso de la ruana a los empleados municipales tiene valor simbólico como operación de transmutación forzada de la naturaleza en cultura– y también evidentemente en los diversos programas, en particular en el que se conoce con el nombre de “Plataforma del Teatro Colón”. Sin embargo, en lugar de insistir en este aspecto, preferimos tomar otra vía. Otro de los aspectos de esta referencia a un puro juego de fuerzas es la explosión social. Como lo repite muy a menudo Gaitán la historia profunda está regida por el principio de la ambivalencia. La enfermedad, el hambre, el analfabetismo, no son obstáculos para una repentina irrupción de la acción colectiva. Y esto porque la miseria puede dar lugar, en ciertas coyunturas, para que las “fuerzas colectivas” –expresión de procesos “tan profundos, inasibles y hondos como las primarias fuerzas de la vida; tan indefinibles como la vida misma y la muerte, que no se forman por reglamentos, ni por artículos, ni por programas sino que son expresión fundamental de la especie”–,49 sean capaces de “derrocar tronos” y “transformar mundos”.50 Nada puede poner diques a la multitud. Esta se parece al “taciturno ignorante que sufre la ofensa, la acumula. Pasa ésta al plano de la subconsciencia, hasta que un día, por cualquier motivo banal estalla en forma huracanada y terrible”.51 La revolución de hecho no es nunca el producto de un proyecto consciente: resulta del “desfase [...] entre el proceso objetivo y la conciencia de los hombres. Esto significa que se puede siempre hacer programas para suscitar una revolución, pero que en realidad las revoluciones se producen contra la voluntad, sin la voluntad, por encima de la voluntad o por debajo de la voluntad de los hombres”.52 El pueblo puede durante largo tiempo respetar un orden que va contra sus intereses,53 pero ello sólo logra hacer más temible su rebelión. En esto consiste la Ley de la multitud y de su psicología:

49

Ibíd., p. 468. Discurso del 1o de marzo de 1946.

50

Ibíd.

51

Jorge Eliécer Gaitán, La masacre en las bananeras, Bogotá, Ediciones Libres, 1972, p. 16.

52

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 352.

53

J. E. Gaitán, La masacre en las bananeras, op. cit., p. 12.

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de la debilidad de cada uno, hace la irresistible fuerza de todos; de la miseria de los individuos hace la cólera de la colectividad; en la multitud se manifiestan de esta manera las “fuerzas llamadas inconscientes” que tienen la misma potencia irreprimible del instinto natural.54 Gustave Le Bon no está lejos de su inspiración, al igual que su experiencia del fascismo italiano. Otro de los aspectos de la ausencia de una relación social es también el fenómeno de la ruptura social. La doble referencia al igualitarismo y al principio jerárquico no es menos importante en el gaitanismo. El igualitarismo gaitanista nada tiene en común con la emergencia de una “sociabilidad democrática” como la que aparece en la Revolución Francesa;55 está más alejado aún de la igualdad que describe Tocqueville, y que opera en lo social. Su igualitarismo es simplemente aquello que rompe la separación abismal entre el pueblo y la oligarquía para instituir una primera comunicación entre el uno y la otra. En lugar de un universo de desposesión radical y de omnipotencia, propio de la barbarie, permite entrever la posibilidad de un universo fundado sobre el intercambio, propio de la cultura. Algunas fórmulas como por ejemplo: “Yo no soy enemigo de la riqueza sino de la pobreza”,56 o mejor aún: “Queremos que los amos sean menos amos para que los siervos sean menos siervos; queremos que los poderosos sean menos poderosos para que los humildes sean menos humildes y queremos que los ricos sientan que deben ser menos ricos para que los pobres reciban mejor remuneración por su trabajo”,57 no se contentan con introducir las categorías de “más” y de “menos”; al preconizar, en nombre de la justicia social, una redistribución de los bienes (materiales y no materiales) se trata de producir lo social a partir de lo no social. Un

54

“[...] parto del concepto [...] de que la conciencia colectiva individualmente puede sernos inferior, pero unida en el proceso de la psicología social es superior a nosotros, porque tiene o posee las fuerzas llamadas subconscientes, sabias como la institución de nuestras madres, ante las cuales –vosotros lo recordaréis– nosotros resultábamos tontos con toda nuestra sabiduría de las universidades”. J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 470.

55

Cf. Françoise Furet, Penser la Révolution Française, París, Gallimard, 1978.

56

Expresión repetida muchas veces, por ejemplo en el discurso del 9 de marzo de 1945. Cf. El Siglo, marzo 10 de 1945.

57

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 463. Discurso a los venezolanos.

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igualitarismo de esta naturaleza nada tiene en contra de la posibilidad de una lectura holista; es de allí por el contrario de donde extrae su inspiración. El igualitarismo busca restablecer la armonía perdida que hace de la sociedad “un organismo, porque en ella actúan diferentes elementos, a veces contrapuestos, que en su equilibrio le dan unidad”58 y reconstruir una nueva “armonía constructiva entre poseedores y desposeídos”.59 La organización de los intereses constituye la vía para lograrlo: “Todo lo que diga estimular su cooperación, su organización para la defensa de sus intereses, traerá ventajas a la sociedad”.60 Pero ante todo el igualitarismo nada tiene de incompatible con la jerarquía. La lección de la Revolución Rusa reside precisamente en el reconocimiento de la jerarquía como fundamento de la igualdad: “Este principio jerárquico no está fundado, ni puede estar fundado, sobre ningún preconcepto, sino sobre una necesidad vital de organización de las sociedades modernas”.61 Porque la “democracia no es número sino calidad”,62 no es igualdad abstracta, sino reconocimiento de la diferencia de los méritos: “¿Quién me negará que es ese el fin de la democracia: no la igualdad, sino la desigualdad a base de la autenticidad de los méritos?”.63 En este sentido la corrupción de la democracia colombiana resulta ante todo de la alteración de dicha evidencia. “¿Dónde se encuentra actualmente el principio de la selección? No existe, o mejor aún, está adulterado”.64 Erigir, como lo ha sabido hacer Rusia, “la inteligencia y el saber” en principio de organización de la actividad social;65 crear las condiciones para una política fundada sobre la ciencia, no sobre las disputas políticas; poner fin a una situación en la cual los “profesionales” se ven obligados a bajar la cabeza delante de los

58

Ibíd., p. 394.

59

Ibíd., p. 405.

60

Ibíd.

61

Esta cita y la siguiente son extraídas de un folleto “Rusia y la Democracia”, publicado en el momento de la victoria de Stalingrado. Reproducida en J. E. Gaitán, ibíd., p. 378.

62

Ibíd.

63

Ibíd., p. 371.

64

J. E. Gaitán, La masacre de las bananeras, op. cit., p. 14.

65

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 367.

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ignaros caciques locales: todo un conjunto de exigencias que son de hecho las de la historia. El igualitarismo inherente a la psicología colectiva, y el principio jerárquico, sólo son contradictorios en apariencia, porque la multitud y los poseedores de méritos se encuentran: la primera ofrece su fuerza, los segundos, sus luces: “El hecho es que los hombres de selección (sic) son quienes pueden orientar, iluminar y dirigir la innegable fuerza de la multitud. La multitud es albergue de energías profundas pero necesita una brújula que la oriente”.66 El tema de la competencia no es menos importante cuando se trata del papel del Estado. En la medida precisamente en que el Estado se encuentre en las manos de los más aptos, puede satisfacer su doble vocación consistente en crear lo social allí donde todavía sólo existe división y heterogeneidad, para después de esto arbitrar los intereses opuestos. Crear lo social: esto exige, en primer lugar, la socialización del “hombre como organismo”, que implica la puesta en funcionamiento de una política de salud, de higiene y de nutrición; en segundo lugar, la socialización del “hombre como espíritu”, que supone una política “de cultura y educación”; y finalmente, el reconocimiento de las jerarquías y por consiguiente la promulgación de medidas para “elevar al primer rango al químico, al higienista y al biólogo; al maestro, al ingeniero y al mecánico; al agrónomo, al economista y al agricultor; en una palabra a los verdaderos creadores de nuestro progreso”.67 La segunda tarea, más tradicional, está relacionada con la regulación de una sociedad ya constituida: la Plataforma del Teatro Colón, presentada en enero de 1947, indica a este respecto que “la norma esencial que debe guiar la intervención del Estado debe ser la de buscar el equilibrio de los intereses económicos contrapuestos y en ningún caso la de agravar el desequilibrio con la preferencia por el más fuerte”.68

66

Ibíd., p. 194. Discurso de 1936. El lector habrá notado las constantes alusiones de Gaitán a su saber, adquirido por intermedio de la criminología, la biología, etc. La reivindicación del saber es permanentemente reiterada: “Nosotros hemos leído muchos libros y hemos pasado por muchas universidades, no así como a así a la manera de ellos, tenemos una estructura mental que ellos no tienen, nos hemos quemado demasiado las pestañas, hemos encontrado demasiados obstáculos[...] etc.” Ibíd., p. 435.

67

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., pp. 403-404.

68

Numeral 28 de la “Plataforma del Teatro Colón”.

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Estos enunciados tienen en común el hecho de esbozar una representación de lo político que se encuentra en ruptura explícita con la representación de la democracia liberal “clásica”. Contra esta última se formulan tres cargos. En primer lugar, que exalta un individualismo que constituye una negación simultánea del “sentimiento colectivo”, del principio de jerarquía y de la primacía del interés común. Si la “verdadera democracia” es “afirmación del interés colectivo”, entonces “individualismo y democracia son en la actualidad términos que se contraponen”.69 En lugar de la selección de los mejores, el individualismo instaura lo arbitrario: “¿Acaso podemos aceptar el criterio individualista de la democracia en virtud del cual la gran mayoría debe sacrificarse para que un hombre de su clase, aunque inepto, llegue a una posición con perjuicio para la gran mayoría?”.70 En segundo lugar, que la democracia menosprecia la unidad orgánica subyacente en toda sociedad y en toda “democracia funcional”.71 En tercer lugar, que es causante de la separación progresiva de la sociedad y del poder y por consiguiente de la tendencia de este último a funcionar sólo en su propio beneficio. Al asumir la democracia liberal, Colombia está condenada a escindirse en dos países extranjeros el uno al otro: “El país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura [...]. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”.72 En la etapa en la cual la regulación estatal y jerárquica no está aún presente, sólo existe como modelo político el modelo identificatorio. Las masas tienen acceso a la esfera de lo político incorporando el “rasgo peculiar” que distingue al líder “cuyo enjuto cuerpo, casi ascético, atezado por el sol de la tierra, esconde esta gran tempestad humana que está conmoviendo a la república”.73 El líder, en lo que respecta a él, asimila la energía de la masa y no existe sino para ella: “Yo no creo en el destino mesiánico o providencial de los hombres [...]. El dirigente de los grandes movimientos

69

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 485. Discurso de 1947.

70

“Rusia y la democracia”, 1942, en: Ibíd., p. 378.

71

Ibíd., p. 380.

72

Ibíd., p. 423. Discurso del 20 de abril de 1947.

73

Darío Samper, “Editorial”, Jornada, periódico gaitanista, Bogotá, marzo 16 de 1947.

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populares es aquel que posee una sensibilidad, una capacidad plástica para captar y resumir en un momento dado el impulso que labora en el agitado subfondo del alma colectiva”.74 Cualquiera que sea su aptitud para apoderarse de esta fuerza escondida, el líder está ineluctablemente subordinado a ella. La Ley de la psicología de las masas inspira a Gaitán una fórmula: “El pueblo es superior a sus dirigentes”, que dejó tanta huella entre sus seguidores como aquella otra: “Yo no soy un hombre, soy un pueblo”. En muchos aspectos el gaitanismo tiene parentescos con los otros populismos. Con el joven Haya de la Torre comparte la lectura semibiológica, semimesiánica de la evolución histórica, la combinación de cientifismo y voluntarismo.75 Con Perón participa de la convicción de que la armonía de los intereses puede establecerse por la vía de la democracia orgánica; se aparta de él, sin embargo, por el carácter tímido de sus invocaciones a la nación. La campaña presidencial de 1946 se acompaña por un llamado incesante a la exaltación de la “raza” y de la “patria” colombianas; pero ese nacionalismo tenía un sabor de improvisación circunstancial. La figura del opresor extranjero no era ni la del colonizador español ni la del imperialismo; era, muy prosaicamente, la del oponente liberal de Gaitán, Gabriel Turbay, cuya ascendencia libanesa –“turca” según la terminología colombiana– permitía hacer de él un invasor. Que Gaitán, el “candidato colombiano de los colombianos, para los colombianos”, por las venas del cual “corre sangre colombiana pura”76 proclame “el derecho de las madres colombianas a que sus hijos puedan acceder a las posiciones más elevadas de la democracia”, invite a una “cruzada de la patria, amenazada por una sangre extraña a las angustias, a los dolores y a las alegrías de los colombianos”, alerte contra una inmigración que “excluye a los nuestros de actividades que ellos mismos han emprendido con el precio de grandes esfuerzos”,77 y deje finalmente a sus partidarios el cuidado de resumir sus aspiraciones en una

74

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 393.

75

Una interpretación de los escritos de Haya de la Torre se encuentra en François Bourricaud, Pouvoir et société dans le Pérou contemporain, París, Armand Colin, 1967.

76

Titulares de Jornada, julio 26 de 1946.

77

Discurso transcrito en Jornada, abril 16 de 1946.

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fórmula que tiene el mérito de la simplicidad: “¡Turco no! ¡Gaitán sí!”: todo esto no representa verdaderamente un adelanto en la pedagogía nacionalista.78 Este “nacionalismo” nada tiene de similar con el que busca ofrecer un pasado a un pueblo, como el indoamericanismo de Haya de la Torre o el pasado precolonial de los mexicanos, ni incluye tampoco una toma de posición contra Estados Unidos.79 No se trata de una ausencia menor. Tan digno de resaltar es la permanente debilidad estatal como la permanente debilidad del nacionalismo colombiano. Tan asombrosa como la sujeción a los partidos tradicionales es la ausencia de una memoria histórica que vaya más allá de Bolívar y Santander. El populismo gaitanista no atenúa tales carencias. Este no es el único aspecto por el cual se separa de muchos otros populismos. Otra característica aparece más adelante y no es de las menos significativas: la relación con las organizaciones sindicales. El gaitanismo nunca logró salir de una posición incierta con respecto a estas, y esta actitud no le permitió ganar su apoyo. Sería muy fácil limitarse a ver en el oportunismo xenófobo de la campaña gaitanista de 194680 –al igual que en el recelo con relación al sindicalismo– el comportamiento de una “pequeña burguesía” ligeramente henchida de rencor ante el espectáculo de una oligarquía entregada a la especulación financiera al abrigo del segundo gobierno de Alfonso López. Hay mucho de “pequeño burgués” en la infatigable reivindicación

78

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit. Discurso en la Plaza de Toros de Bogotá, septiembre 23 de 1945.

79

El antiimperialismo está presente en los discursos de 1929. Se trataba, sin embargo, de una masacre cometida bajo la instigación de la United Fruit Company. Posteriormente, las reservas formuladas por Gaitán con respecto a los excesos de poder de las empresas extranjeras no van más allá del sentido común de los políticos colombianos.

80

Al final de su campaña Gaitán acentúa su actitud de poner en entredicho a los “turcos”, a los judíos, etc. El último discurso antes de las elecciones es expurgado por Jornada. Sus lugartenientes insisten aún sobre la injuria a las “entrañas de las madres colombianas” que significa la candidatura de Turbay. El escritor José Mar, que viene de las corrientes socialistas de 1930, evoca en sus discursos, poco antes de cerrarse la campaña, “el olfato” de Turbay y sus “lujuriosos apetitos de ser presidente”. Cf. Jornada, abril 27 de 1946, y concluye el último de estos discursos con estas palabras: “Ese día iremos a las urnas cantando: Colombia, Santa Madre Nuestra. Por Colombia, ¡a la carga!”.

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de la meritocracia, en las protestas hechas a nombre de la Restauración moral, en el temor a la pauperización;81 pero sobre todo hay “pequeña burguesía” en lo que constituye el entorno inmediato de Gaitán y entre sus admiradores más fieles. El movimiento gaitanista nunca logra una sólida organización. Entre la masa y su líder no existe un espacio que pueda ser ocupado por cuadros de partido. Si mucho, cuenta con núcleos bastante inestables de seguidores devotos. Entre los veteranos de los primeros tiempos, que hacen parte del círculo íntimo llamado JEGA (sigla con las iniciales del jefe, Jorge Eliécer Gaitán Ayala), figuran periodistas como José Antonio Lizarazo, primer director del órgano de difusión gaitanista Jornada fundado en mayo de 1944, o también Jorge Villaveces; abogados, como Luis E. Gacharná; ideólogos como Jorge Uribe Márquez. Comentando el papel de la JEGA en los primeros momentos de la marcha gaitanista, J. A. Lizarazo estima que este grupo comprendía “obreros, pequeños industriales, miembros de profesiones liberales sin éxito”82 que aplaudían en las tribunas parlamentarias y organizaban las manifestaciones. En noviembre de 1944, Gaitán nombra en la Dirección de su movimiento a cinco personas con las cuales tiene relaciones personales: un cirujano de renombre, Pedro Eliseo Cruz; un médico higienista, Jorge Bejarano; dos antiguos participantes en las corrientes de izquierda de los años treinta, Guillermo Hernández Rodríguez y Jorge Uribe Márquez; el abogado Luis Eduardo Gacharná. Durante la campaña de 1946 el gaitanismo atrae muy poco la atención de los miembros de la intelligentsia consagrada: entre las pocas excepciones están los escritores José Mar y Luis Eduardo Caballero Calderón. En los discursos pronunciados por este último en apoyo a Gaitán se puede descubrir la preocupación de ciertas grandes familias en decadencia –la familia Caballero Calderón

81

Cf. los discursos de Gaitán de mayo de 1946 en el libro Los mejores discursos, op. cit., p. 448: “Nadie ignora que la clase media, la clase trabajadora, aún la que antes llamaban rica, viven dificultosamente. Antes un hacendado con $100.00 era un sujeto rico y hoy no lo es, sino un pobre que pertenece a la clase media económica, porque hay concentración de capitales en una pequeña minoría, en la que poseer dos, cinco, seis, doce millones es cosa normal y corriente”.

82

José Antonio Osorio Lizarazo, Gaitán: vida, muerte y permanente presencia, 2.ª ed., Buenos Aires, López Negri, 1952, p. 228.

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era propietaria de extensos dominios en la región pobre del norte de Boyacá–, frente al derrumbamiento de los valores tradicionales. “Lo que está diciendo (Gaitán) en todas las ciudades colombianas es lo que sienten profundamente todos: el profesional menospreciado por el empleado; el obrero esclavizado por el dirigente comunista; el intelectual desoído por el burócrata insolente; el industrial extorsionado por el Estado voraz; el trabajador atormentado por la miseria”, declara Caballero Calderón en septiembre de 1945.83 Poco tiempo después, y a medida que Gaitán va conquistando al conjunto del Partido Liberal después de la derrota electoral de 1946, estos núcleos iniciales se ven progresivamente desplazados. Los primeros seguidores fieles, entre ellos José Antonio Lizarazo, son excluidos de Jornada que pasa a ser dirigido por Darío Samper, un político que a la cabeza del semanario Batalla, había, hasta junio de 1946, orquestado la propaganda... antigaitanista, acompañado por otros seguidores de última hora que no tenían ninguna simpatía con los intelectuales de izquierda.84 La amargura de los “antiguos” se puede leer en este adiós de Lizarazo: “El movimiento ha perdido parte de su autoridad moral para hablar de restauración moral contra la oligarquía, por haber transferido su dirección a elementos que vivieron ampliamente de la oligarquía”.85 Los primeros cuadros políticos deben ellos mismos retirarse, ante el regreso de los “caciques” y otros señores y dueños de la mecánica política: Parmenio Cárdenas en Cundinamarca, Francisco José Chaux en el Cauca, Francisco de Paula Vargas en Bolívar, etc. El movimiento pierde así su especificidad. Sin embargo, estas nuevas adhesiones no logran hacer desaparecer completamente las características del primer momento; incluso después de junio de 1947, cuando Gaitán ya se había convertido oficialmente en el “jefe único del Partido Liberal”, subsiste en el seno de su movimiento una sensibilidad asociada efectivamente con las clases medias y populares. La explosión que se produce inmediatamente después del asesinato de Gaitán lo demuestra: en las juntas “revolucionarias” que se crean acto

83

Citado por Jornada, 22 de septiembre de 1945. Hay que tener en cuenta que el aristócrata Caballero Calderón, vinculado familiarmente con la mujer de Alfonso López, tiene por este un odio atizado por un litigio personal.

84

En abril-mayo de 1947, Jornada ataca a Gerardo Molina, el antiguo socialista, que ocupaba en ese momento la rectoría de la Universidad Nacional, y a Antonio García. Este último manifiesta su asombro por el reclutamiento de los periodistas de Jornada.

85

Jornada, febrero 1 de 1947.

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seguido en una gran cantidad de municipios, “profesionales”, artesanos y algunos periodistas son generalmente mayoritarios, como lo prueban las numerosas informaciones recogidas sobre este aspecto por Gonzalo Sánchez.86 En lo que respecta a los sectores populares, sólo les corresponde suministrar la masa de manifestantes. Deducir de la primera indicación que el movimiento gaitanista “representa” a las clases medias sería aventurado. Traduce ciertamente algunos estados de alma de estos sectores, pero no es el único que lo hace; del lado conservador, con otro estilo, el “laureanismo” los expresa igualmente. Y estas “clases medias” heterogéneas no tienen de manera alguna la coherencia que haría de ellas una base de sostén político estable. Más aún, las categorías sociales que predominan en las juntas “revolucionarias” posteriores al 9 de abril son las mismas que conformaban tradicionalmente lo que Gaitán llamaba el “país político” y son las que hacían funcionar la mecánica electoral. Por lo demás, el gaitanismo las supo movilizar mejor que nunca, lo mismo que al electorado tradicional del Partido Liberal. Los resultados de las elecciones presidenciales de 1946 lo prueban. El Partido Liberal estaba tradicionalmente mejor implantado que el Partido Conservador en las grandes zonas urbanas,87 y hay que

86

Gonzalo Sánchez, Los días de la Revolución: Gaitanismo y 9 de abril en provincia, Bogotá, Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, 1983.

87

En las elecciones presidenciales, los dos candidatos liberales (Gaitán y Turbay) obtienen el porcentaje siguiente del electorado en los centros urbanos y en el resto del departamento. Antioquia

Atlántico

Bolívar

Caldas

Cundinamarca

Magdalena

Tolima

Valle

Capital del Departamento

53.9% 81.8%

76.5%

50.7%

73.1%

78.5%

68.9%

62.7%

Resto del Departamento

45.5% 68.3%

77.7%

46.9%

56.4%

65.5%

63.2%

59.1%

Fuente: Richard Stephen Weinert, “Political Modernization in Colombia” [tesis doctoral, Columbia University], Nueva York, 1967. Cf. los resultados publicados en la revista Tercer Mundo, diciembre de 1968, pp. 8-10. *

Las capitales de los departamentos mencionados son respectivamente: Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Bogotá, Santa Marta, Ibagué, Cali. (NB: en “resto del departamento”, en Caldas, se excluyen los datos de los otros dos centros urbanos, Armenia y Pereira).

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reconocer que la corriente gaitanista acentúa aún más esta tendencia. En estas zonas el gaitanismo sobrepasa ampliamente a su oponente liberal Gabriel Turbay, candidato oficial del partido, como lo muestra el cuadro 4.1 que aparece a continuación. La columna (1) representa el porcentaje de los votos gaitanistas sobre el total de los sufragios en ciertas capitales departamentales; la columna (2) el mismo porcentaje para los votos turbayistas; la columna (3) el porcentaje de los sufragios gaitanistas en el resto de los departamentos correspondientes.

Cuadro 4.1 Porcentaje de votos gaitanistas y de votos turbayistas sobre el total de sufragios en las diversas capitales de departamento y porcentaje de votos gaitanistas en el resto de los departamentos correspondientes 1 Porcentaje de votos obtenidos por Gaitán

2 Porcentaje de votos obtenidos por Turbay

3 Porcentaje de votos obtenidos por Gaitán en el resto del Departamento

Bogotá

57.5%

15.5%

33.8%

Medellín

4.9%

49%

3.9%

Cali

37.9%

24%

30.6%

Barranquilla

71.1%

10%

52.8%

Manizales

11.8%

39%

9.3%*

Cartagena

65.9%

10.6%

50.4%

Santa Marta

57.5%

21.1%

33.5%

Ibagué

42.5%

26.4%

29.4%

Fuente: R. S. Weinert, “Political Modernization…”, op. cit. * Se excluyen de los cálculos de la columna (3) “resto del departamento” (Caldas) los sufragios de Armenia y Pereira.

Es fácil ver que el “efecto urbano” beneficia particularmente a Gaitán en casos como el de Bogotá, Barranquilla, Santa Marta o Cartagena. Se trata de ciudades en las cuales el predominio liberal había sido siempre

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muy marcado; y se trata también de zonas donde las tradiciones populares del liberalismo eran muy vivas y donde los sindicatos y otras organizaciones asociativas estaban bien representadas. Es un hecho comprobado que Gaitán recibe la adhesión tanto de los medios de artesanos, tan importantes en la historia liberal, como de una parte muy amplia de los núcleos obreros. Es necesario observar en cambio que no había logrado afianzarse en la región de población antioqueña –Antioquia, Caldas e incluso Valle–; parecería que allí los modos de socialización obstaculizaban la instauración de lo que no dejaba de constituir un modo parcialmente nuevo de comunicación política. De todas maneras el populismo gaitanista logró dar forma política a la movilización social que aparece en el momento de la crisis institucional de 1943-1945. Con respecto a las principales figuras de la élite de modernizadores liberales que surge en 1930, el gaitanismo desempeña un papel de iconoclasta; en las elecciones para la cámara de representantes y para las asambleas departamentales del 16 de marzo de 1947, algunos de los más prestigiosos miembros de estas élites deben doblegarse frente a unos gaitanistas casi desconocidos: el propio Alfonso López en Honda (Tolima), Darío Echandía (su remplazo en la presidencia a finales de 1943 y principios de 1944) en Chaparral (Tolima), y Gabriel Turbay en la provincia de García Rovira (Santander). ¿La conmoción que sigue al asesinato del jefe no da testimonio precisamente de la formación de un liberalismo “popular” que escapaba hasta cierto punto a los circuitos habituales de dominación? Pero es necesario no olvidar que el populismo gaitanista es también, y como algo muy propio de su naturaleza, productor de nuevas disyunciones en los sectores populares. Entre las aristas opuestas de sus enunciados no existe, como ya lo hemos dicho, síntesis distinta a la que el proceso de identificación con el jefe pretende dar consistencia. Esto significa que entre los aspectos constitutivos de la acción social no existe tampoco un elemento que cree el vínculo: hay un abismo entre aquella parte de la acción social que tiene sus raíces en lo social y que se presenta como expresión de lo infrasocial o lo presocial, y la parte de la relación social que accede a la expresión política y a lo social constituido. No es sorprendente que en estas condiciones el ahondamiento de las fisuras en el seno mismo del “cuerpo político” vaya a la par con la adopción concreta, por parte de Gaitán, de unas tácticas políticas muy flexibles que llegan a confundirse con las tácticas

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ordinarias de los partidos tradicionales en sus luchas por el poder; de manera similar, no es sorprendente que la ampliación de las fisuras en el seno de lo social vaya acompañada de los esfuerzos de Gaitán por aglutinar detrás de su nombre todas las clases sociales, incluso aquellas que parecen más próximas a la oligarquía. El abismo sobre el cual se construye el populismo, y contra el cual pretende erigir una barrera, no pierde por ello su carácter vertiginoso; es esto precisamente lo que da al gaitanismo su impulso espectacular y lo que le imprime de un modo permanente el carácter de un movimiento imposible. Y en este doble sentido, este mismo abismo, que se manifiesta tanto en las salidas fallidas del gaitanismo como en los logros del laureanismo, permite percibir otra trama: la violencia. Sea que el gaitanismo se coloque en posición de poder o que quiera canalizar en su provecho la movilización social, los sindicatos de la CTC o el Partido Comunista se ven obligados ciertamente a pagar los costos, tanto del ascenso del populismo como de la revelación del abismo. ¿No son ellos acaso, en el marco de la crisis, las instituciones por excelencia?

Gaitán, los comunistas, y la CTC: lo que está en juego en la cuestión sindical Incluso cuando los líderes populistas se proclaman ante todo como defensores de la clase obrera, no toleran mucho a aquellos dirigentes que, formados en luchas anteriores, puedan simbolizar cierta autonomía sindical: Perón puso fin rápidamente a la carrera de Luis Gay, dirigente de la CGT, que había contribuido no obstante a su éxito; los gobiernos brasileños se las han arreglado muy bien con el peleguismo; los dirigentes mexicanos con el charrismo; con mayor razón ocurre así en el caso de los líderes populistas que, como Gaitán, no buscan de manera prioritaria la adhesión de la clase obrera organizada. Se puede comprobar, además, que ni el Partido Comunista, ni el aparato sindical de la CTC, toman seriamente en consideración al gaitanismo, puesto que uno y otro lo denuncian como un avatar del fascismo. Todo lo anterior, sin embargo, no es suficiente para explicar las orientaciones del gaitanismo. Gaitán no tiene ante sí una clase “obrera” privada de identidad política; se encuentra, sin lugar a dudas, frente a una clase cuyas reivindicaciones económicas habían permanecido insatisfechas durante los

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años de la guerra, pero que conserva el recuerdo de la irrupción política que se había producido en 1936 bajo los auspicios de Alfonso López. Al declararse partidarios del “lopismo” –incluso después del derrumbamiento del segundo gobierno– y proponer en octubre de 1945, como lo hacen los comunistas, “continuar la obra del presidente López en todos sus aspectos positivos”88 sin tener en cuenta las transformaciones recientes, los responsables de las organizaciones sindicales mantienen una identidad política que tiene eco todavía entre los obreros, al menos entre aquellos que “conocieron 1936”. Todo ello sobre el supuesto de que ya habían obtenido la ciudadanía política y podían ahora reivindicar una participación en el poder al lado de la burguesía. Con excepción de algunos meses en 1940-1941, los comunistas nunca dejaron de ser los “mejores lopistas”. En tales condiciones, el movimiento gaitanista sólo podía asumir la representación del “pueblo en su conjunto” arrebatando, en primer lugar, a los aparatos de la CTC y del Partido Comunista –o mejor del Partido Socialista Democrático (PSD)– su representatividad. El gaitanismo se va a empeñar con tenacidad en esta tarea a partir de 1944, y lo sigue haciendo sin cesar hasta que sus adversarios son derrotados. El admirador de la sociedad jerarquizada, representada ante sus ojos por Rusia, no otorga las mismas virtudes a los comunistas criollos. “El comunismo –afirma el periódico Jornada– ha cambiado de naturaleza al ser trasplantado a estos ambientes tropicales por sujetos aspirantes a ser burócratas y serviles con las oligarquías”.89 Esta acusación es reiterada incansablemente por todos los gaitanistas: los comunistas han roto todo vínculo con el “país real” para inscribirse mejor en el “país político”; convertidos desde varios años atrás en “cauda archi-lopista” se habían contentado, a guisa de práctica revolucionaria, “con defender a Vieira en la cámara, y a Durán en el senado; reelegidos indefinidamente habían adquirido la incómoda costumbre de dormir con la curul puesta”.90 La crítica no se refiere de manera alguna a las posiciones del partido con

88

Cf. El Diario Popular, periódico del PSD, octubre 6 de 1945.

89

Jornada, noviembre 30 de 1944.

90

Jornada, marzo 26 de 1947. Recordemos que Augusto Durán era entonces secretario general del PSD, y Gilberto Vieira, presidente.

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relación a la “colaboración obrero-patronal”, y sólo raramente hace uso de la acusación de “partido del extranjero”. La crítica es política puesto que se refiere a la adhesión de los “comunistas al universo oligárquico”. Algo similar ocurre con la CTC acusada de un verdadero abuso de confianza en detrimento de los trabajadores. El peso que los “socialistasdemocráticos” tienen en su dirección es claramente cuestionado. En noviembre de 1945 un representante gaitanista, Hernán lbarra, abre un debate en la Cámara para demostrar que aquellos ocupan los puestos claves de la Confederación y pueden contar con la complacencia de la mayor parte de los miembros liberales del Comité Ejecutivo. La CTC, declara el representante, no es más “que un tribunal político dominado por el socialismo democrático que nada ha hecho en bien de los trabajadores colombianos”;91 lo que significa, también en este caso, el extravío por los “caminos escabrosos de la politiquería y del personalismo”,92 la transformación “en mercancía de tráfico electoral para beneficio de grupos minoritarios”,93 y evidentemente “la puesta al servicio de la oligarquía hasta convertirse en la quinta rueda de la carroza”.94 Por lo demás, los miembros liberales de la dirección no se entregan menos que los comunistas a las delicias de las querellas políticas. Se produce así, según Gaitán, una temible desviación de la función sindical: “Es a la sombra de organismos sindicales imperfectos o viciados como pueden operar los mercenarios que llevan al seno de los grupos obreros los mismos vicios de simulación, corrupción y fraude que afectan a los políticos profesionales. Por eso logran tales mercenarios, estimulados por granjerías burocráticas, excluir a los buenos y entregar los movimientos reivindicatorios a luchas políticas extrañas y contrarias a sus necesidades y objetivos”.95 La condenación inapelable de la CTC desemboca así en una toma de posición en favor de la apoliticidad sindical. Populismo y regulación del sindicalismo aparecen en lo fundamental como complementarios.

91

Debate en la Cámara del 26 de noviembre de 1945. Hemos indicado en el capítulo anterior que los comunistas detentaban efectivamente una gran parte de los puestos de influencia en el seno del Comité Ejecutivo.

92

Jornada, noviembre 15 de 1945.

93

Ibíd., diciembre 6 de 1945.

94

Ibíd., octubre 11 de 1945.

95

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 406.

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Sin embargo, el gaitanismo no se queda allí. Aparte de la monopolización del movimiento sindical por las roscas políticas, parece a menudo abrigar poca confianza en la clase obrera organizada que, sin preocuparse por los otros sectores populares, se había acostumbrado a ocupar una posición privilegiada. Hemos hecho mención anteriormente a las reservas de Gaitán con respecto a los aumentos salariales que son susceptibles de agravar “el” problema social en lugar de atenuarlo. Gaitán adopta igualmente una actitud negativa con relación a las medidas sociales contenidas en el Decreto 2350 de 1944. Jornada no vacila en escribir que estas “implican el hundimiento de la economía nacional”,96 y en precisar: “Los derechos otorgados por el decreto gravan la producción de los artículos manufacturados lo mismo que la de los víveres con una serie de prestaciones sociales cuyo total representa para el pequeño industrial y para el pequeño propietario una erogación del 75% sobre el costo del obrero, del labrador o del empleado”.97 Cuando el gobierno de Alfonso López intenta en 1945 establecer una vigilancia sobre los precios, respondiendo a una solicitud presentada por la CTC, Jornada se subleva contra “esta obra perjudicial y absurda”.98 Encargado de presentar un homenaje de los intelectuales al líder populista, Eduardo Caballero Calderón hace responsable al gobierno de la inquietud de los industriales: “Los industriales no son menos desgraciados” que todas las otras categorías sociales del “país nacional” ya que “necesitan paz social dentro de la fábrica”.99 La clase obrera organizada es puesta seriamente en cuestión, en todos los sentidos. La clase obrera no podría ser considerada de otra manera en un momento en que “el” problema social ya no son los derechos sociales, sino la regeneración fisiológica del cuerpo y del espíritu de la población más miserable. A los que se asombran por su hostilidad frente al Decreto 2350, Gaitán recuerda cuál es el “problema social real”: el hambre y la incultura. A la desviación sindical, responde así con la deformación de la problemática obrera.

96

Jornada, 23 de noviembre de 1944.

97

Ibíd.

98

Ibíd., enero 4 de 1945.

99

Cf. el discurso de Eduardo Caballero en Jornada, octubre 25 de 1945.

411

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Por su parte, el PSD excomunista y la CTC no habían escatimado tampoco las denuncias contra el gaitanismo desde que este se lanzó por primera vez en la campaña presidencial. La enemistad es vieja: comunistas y “uniristas” se habían enfrentado violentamente entre 1933 y 1935 buscando la adhesión del campesinado cafetero de la zona de Sumapaz; comunistas y gaitanistas habían chocado de nuevo en 1942 cuando estos últimos estuvieron combatiendo la reelección de Alfonso López, mientras los primeros se habían unido a la candidatura “antioligárquica” del oligarca Carlos Arango Vélez quien, como Gaitán, se oponía a la “demagogia social” lopista y trataba a los dirigentes sindicales de “revoltosos”, de “bandidos de barriada” o de “malhechores”.100 En el momento mismo en que la candidatura de Gaitán se perfila, a comienzos de 1944, los comunistas hacen presión sobre la CTC para que se adopte en su contra una condenación solemne.101 En 1945, las cosas son claras: para el PSD, el gaitanismo es “la punta de lanza del fascismo”;102 para la CTC, según una declaración hecha al día siguiente del lanzamiento oficial de la candidatura en la plaza de toros de Bogotá, sus “prácticas y sus objetivos constituyen una grave amenaza contra las instituciones republicanas de nuestra patria, tanto por sus métodos de lucha profundamente antidemocráticos, como por los objetivos inconfesables que persigue, aprovechándose del descontento latente de ciertos sectores de la clase obrera” y recurriendo a “un lenguaje demagógico destinado a desorientar y extraviar a las masas atrasadas”.103 Para el comunismo el gaitanismo es la forma colombiana de otro fascismo latinoamericano: el peronismo. Este último es percibido como una amenaza continental. En enero de 1945 había promovido, en conexión directa con la CTAL,104 un paro laboral de algunas horas contra

100

Discurso de Carlos Arango Vélez, agosto 28 de 1941.

101

Los comunistas quieren evitar que se presente en ciertos sindicatos un apoyo a la candidatura de Gaitán en un momento en que López parece querer retirarse definitivamente.

102

El Diario Popular, octubre 2 de 1945.

103

Declaración reproducida en El Tiempo, septiembre 27 de 1945.

104

Confederación de Trabajadores de América Latina, organización fundada en 1938 en México. Presidida por Lombardo Toledano. Recibe durante la guerra la influencia de las orientaciones de los partidos comunistas.

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el GOU105 argentino. El gaitanismo, bajo el pretexto de la “restauración moral”, parecería interesado en comprometer a Colombia en una vía idéntica de destrucción de la democracia.106 Los comunistas, que por lo demás están de acuerdo en este punto con los liberales de la CTC, no encuentran la prueba de ese hecho sólo en las proclamas de Gaitán contra el “país político”; también lo hallan en el tono xenófobo adoptado por la campaña gaitanista frente a Gabriel Turbay. Contra la exaltación de la “sangre colombiana” y de la “raza colombiana” los comunistas responden con la oposición a la idea de “nuestra raza indígena” en un “país de mulatos y de mestizos”.107 Las posturas nacionalistas no son para estos más que imposturas en beneficio del imperialismo. Según Augusto Durán, “ahora conviene al imperialismo y a sus lacayos internos adoptar poses ultra-nacionalistas, desviar canallescamente del honrado sentimiento nacional a las masas”.108 Esto último, sin embargo, los comunistas lo perciben sobre todo en la alianza explícita de los gaitanistas con los “falangistas” conservadores. Hasta el lanzamiento en marzo de 1946, apenas a cinco semanas del evento electoral de la candidatura de Mariano Ospina Pérez por parte del Partido Conservador, Gaitán se esfuerza de hecho por ganar la adhesión del electorado conservador, y espera recibir el apoyo de Laureano Gómez. La afirmación según la cual la miseria no tiene color político no deja de ser, al mismo tiempo, una pieza de la prédica antioligárquica y un llamado a la coalición de los conservadores con los gaitanistas. Gaitán se cuida muy bien de lanzar en ese momento el menor ataque contra los laureanistas. Esta es la justificación que encuentra el PSD para afirmar que “la falange [término con el cual se designa al laureanismo a causa de su admiración por el franquismo] ha encontrado

105

Grupo de Oficiales Unidos, asociación que a partir de 1943 reúne alrededor del coronel Perón a los oficiales que buscan reorientar a la Argentina. En 1945, el grupo es acusado por la opinión internacional de entrabar el retorno a la democracia.

106

La referencia al peronismo es constante en 1945. La IV Conferencia Sindical del Tolima, reunida a comienzos de noviembre de 1945, concluye que el gaitanismo quiere instaurar un poder “al estilo de la República Argentina”. Cf. El Tiempo, noviembre 4 de 1945.

107

El Diario Popular, abril 12 de 1946.

108

Citado en El Tiempo, abril 30 de 1946.

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hospedaje en el gaitanismo con la satisfacción del ‘restaurador ’”.109 Y la CTC encuentra una justificación similar para declarar, en forma similar al PSD, que “el señor Jorge Eliécer Gaitán y su camarilla de dirección política y de campaña presidencial, son apoyados y secundados en su labor antidemocrática y reaccionaria por el cavernícola periódico El Siglo y la falange derechista del conservatismo y de la Universidad Javeriana” (la universidad de los jesuitas).110 Bajo la máscara de la demagogia popular avanzaría de hecho el conservatismo más retrógrado. No obstante, para los comunistas y los dirigentes de la CTC las cosas se hacen más difíciles cuando, dejando a un lado el terreno propiamente político, hacen el esfuerzo por precisar la significación social del gaitanismo. Como defensores de los intereses de la industria nacional, dudan en hacer del gaitanismo el aliado o el adversario del patronato. Con algunas semanas de diferencia, el periódico El Diario Popular sostiene que “el gaitanismo va del brazo con los patronos y el imperialismo”,111 “trata con consideración a las empresas imperialistas”,112 “sucumbe a la demagogia anticapitalista”113 y se dedica a hacer “ataques a la industria nacional sin discriminaciones”.114 El periódico estima de igual manera que el ascenso del gaitanismo proviene del hecho de dirigirse a las “masas más atrasadas”,115 pero reconoce inmediatamente después que es erróneo pensar que se trate de “renegados” y de “hampones”.116 “Hay que aceptar el hecho de que fuertes núcleos de trabajadores honrados siguen a Gaitán”117 sin comprender, a causa de su “bajo nivel ideológico”,118 que “Gaitán no es revolucionario de hecho sino de palabra”.119

109

El Diario Popular, octubre 2 de 1945.

110

Moción votada en la terminación del Congreso de la CTC en diciembre de 1945.

111

El Diario Popular, enero 9 de 1946.

112

Discurso de Augusto Durán, El Tiempo, abril 30 de 1946.

113

El Diario Popular, octubre 14 de 1945. (Se trata de un informe de A. Durán, en nombre del Comité Ejecutivo).

114

Ibíd., abril 12 de 1946.

115

Ibíd., octubre 9 de 1945.

116

Ibíd., octubre 14 de 1945. (Informe de A. Durán).

117

Ibíd.

118

Ibíd., mayo 16 de 1945. (Informe de A. Durán).

119

Ibíd.

414

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

Estas acusaciones recíprocas, lanzadas bajo la mirada socarrona de las élites de los dos partidos tradicionales, no se quedan solamente en el plano oratorio; se expresan también en las calles, en los sindicatos y en las fábricas. En las calles, los gaitanistas afirman su presencia multiplicando las manifestaciones y los desfiles y sembrando el desorden en los actos de los comunistas y de la CTC. El 20 de septiembre de 1945, como preludio a la manifestación de la Plaza de Toros de Bogotá, recorren el centro de Bogotá persiguiendo a los “comunistas”.120 A finales de octubre de 1945, en dos ocasiones, se enfrentan a los manifestantes de la CTC con los gritos de “Abajo el comunismo, atrás los vendidos a las oligarquías, atrás los traidores de los obreros; viva la CTC reformada y purificada”.121 El 6 de diciembre de 1945, una vez más, intentan impedir la salida a la calle de los participantes en un Congreso de la CTC. En los sindicatos, los gaitanistas hacen esfuerzos por implantarse. Sin embargo, en un principio sólo pueden contar con un pequeño número de dirigentes sindicales de talla nacional entre los cuales se encontraban Hernando Restrepo Botero, quien hacía parte del Comité Ejecutivo de la CTC de donde será expulsado en diciembre de 1945 y que pertenecía a la Federación Ferroviaria, y Rafael Castillo, también proveniente de la Federación Ferroviaria, en la que se desempeñó durante siete años como secretario general. La Federación ferroviaria, donde predominaban las corrientes liberales moderadas y anticomunistas, estaba por lo demás prácticamente en disidencia frente a la CTC a partir de 1945. Los gaitanistas eran muy influyentes allí, sobre todo en Cundinamarca, y en menor medida en el Valle del Cauca; pero no pueden evitar la expulsión de Rafael Castillo en junio de 1946. Los gaitanistas adquieren igualmente sólidas bases en las organizaciones sindicales de telecomunicaciones, choferes y tranvías. Logran la adhesión, igualmente, al menos en apariencia, de algunos de los sindicatos de la industria privada. En todos los sitios donde pueden hacerlo organizan comités de acción. Sin embargo, resultan incapaces de tomarse la CTC y la mayor parte de sus federaciones importantes. La reunión del 7o Congreso de la CTC, el 6 de diciembre de 1945, los incita a librar una batalla de tales características,

120

Con esto se hacen merecedores de las felicitaciones de El Siglo.

121

Según Jornada, noviembre 1 de 1945.

415

El momento del populismo 1945-1948

que la CTC se ve obligada en esta ocasión a tomar partido contra el gaitanismo. En las semanas precedentes, aún dudaban sobre el camino a seguir: ¿afirmarse como minoría en el seno del Congreso de la CTC o crear una nueva Confederación? En noviembre de 1945, crean un “Comité Nacional de Acción Sindical”, y nombran a Rafael Castillo como secretario general. Este último sugiere que los sindicatos no afiliados a la CTC deben tener acceso al congreso, para que la Confederación “refleje la composición política del pueblo colombiano”;122 todo en vano, evidentemente. En el momento de la apertura del congreso tratan de manera similar, e inútilmente, de tomar la palabra y de poner en cuestión la validez de las credenciales de los delegados presentes: no lo logran tampoco y por ello mismo se ven obligados a poner a la opinión pública como testigo de la “imposición y tutelaje” que ejerce sobre la CTC un “grupo político”.123 Los gaitanistas deciden entonces realizar inmediatamente un congreso separado destinado a fundar una nueva Confederación; decisión torpe en todos las sentidos, incluso si ya había sido preparada desde algún tiempo atrás. Por una parte, este congreso constituye la prueba de que Gaitán no había logrado socavar los bastiones de la CTC; la composición de la mesa directiva del congreso da testimonio por sí sola del fracaso: allí figuran un representante de los trabajadores de Nariño y otro de los trabajadores de Santander del Norte (dos departamentos sin industria), dos representantes de los campesinos de Cundinamarca, dos representantes de los artesanos, un delegado de los mineros de Segovia. Por otra parte, el congreso proporciona argumentos a aquellos que denuncian la colusión entre el gaitanismo y el conservatismo. Se busca en efecto obtener la adhesión de los sindicatos que, en los meses anteriores, se habían comenzado a formar en la industria antioqueña... bajo la égida de la Iglesia y en el marco de la estrategia conservadora orientada a reconquistar a la clase obrera. Dos de los principales inspiradores de estos sindicatos asisten al congreso en calidad de observadores.124 Finalmente, el congreso infringe el principio de unidad sindical en el cual la gran mayoría

122

Jornada, noviembre 29 de 1945.

123

Cf. El Tiempo, diciembre 8 de 1945.

124

Se trata del Dr. Congote, vinculado a la ANDI quien, como lo veremos más adelante, tiene una influencia decisiva en la creación del sindicalismo “amarillo” en Antioquia. El otro observador es un jesuita, el padre Ortíz.

416

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

de los sindicalistas continuaba creyendo, por encima de sus divergencias políticas. El congreso gaitanista tiene como primera prioridad debilitar a la CTC.125 La nueva Confederación, bautizada como Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), se malogra en el momento mismo de ser creada; algunas semanas después ya no se habla más de ella. Frente a esta iniciativa fallida al Congreso de la CTC no le queda difícil hacer demostración de una cierta unidad. Los “socialistas democráticos”, que estaban a la cabeza de la resistencia contra el gaitanismo, convencen sin dificultad a la mayor parte de los delegados liberales para que se adhieran a una condenación de las ambiciones del “político fascista” en buena y debida forma. Tienen aún menos dificultades cuando se trata de denunciar el congreso de la “fantasmagórica” CNT, a través de la cual Gaitán manifestaba el “ánimo y el deseo criminales de dividir las organizaciones sindicales”.126 Para una mayor seguridad, refuerzan igualmente sus posiciones en el seno del Comité Ejecutivo, y logran obtener, además de las importantes secretarías que ya estaban en sus manos, la secretaría de finanzas. El gaitanismo no alcanza, pues, a someter una parte significativa del aparato sindical. El resultado de todo esto es que se acentúa la invitación a las masas para integrarse a una fusión directa con el líder en el marco de un proyecto político, que rechaza todo reconocimiento de las estructuras organizativas propias de los sectores populares. La CTC, por su parte, parece disponer todavía de diversas posibilidades para contrarrestar los asaltos del gaitanismo. El Decreto 2350 de 1944 y la Ley 6ª de 1945, al establecer el fuero sindical, favorecen la expansión del sindicalismo en sectores donde nunca había logrado afianzarse. Este es el caso, en particular, de la industria privada. La CTC puede así reivindicar una representatividad particularmente considerable, sin tener

125

Entre las diferentes mociones del Congreso hay una que prohíbe al Comité de la Confederación “unirse a la CTC –comunista o a cualquier otra entidad sindical–”; otra decide “expulsar” del movimiento sindical a “un cierto número de dirigentes”: es decir, a los comunistas del Comité Ejecutivo de la CTC. Cf. Jornada, diciembre 13 de 1945, y El Tiempo, diciembre 9 de 1945. Es importante observar que los representantes a la Cámara por el gaitanismo se habían pronunciado contra el otorgamiento de las tradicionales subvenciones al Congreso de la CTC.

126

Cf. la resolución en El Tiempo, diciembre 12 de 1945.

417

El momento del populismo 1945-1948

necesidad de permanecer condenada a adoptar una actitud puramente defensiva frente al gaitanismo: aún dispone de medios para canalizar en su provecho la movilización social. En los días posteriores al congreso del 6 de diciembre, en efecto, hace el intento de retomar la iniciativa en el ámbito de las luchas sociales, colocando así al gaitanismo en una situación delicada. Sin embargo, sólo se trata de un repunte momentáneo. Poco tiempo después dos factores van a precipitar la crisis de la CTC. El primero está relacionado con el mantenimiento de su identidad política. En noviembre de 1945, la CTC puede aún apoyarse en el recuerdo de su relación privilegiada con el “lopismo”. A pesar de las decepciones del segundo gobierno de López, sumadas a las del breve gobierno de Alberto Lleras Camargo, las medidas sociales adoptadas en 1944-1945 permiten conservar esta referencia. Es necesario en ese momento que el candidato presentado por el Partido Liberal sea susceptible de aparecer como un continuador del “lopismo” para neutralizar así la seducción del populismo gaitanista. A comienzos de 1946, los “socialistas democráticos” y la CTC aún esperan que el liberalismo pueda llegar a unificarse alrededor del nombre de Darío Echandía, una de las figuras más populares y prestigiosas de las dos administraciones de Alfonso López. Esta primera solución se malogra rápidamente. En consecuencia, se muestran entonces dispuestos a adherir, según una sugerencia del mismo Alfonso López, a una candidatura de “Frente Nacional” que pueda tener apoyo de los demócratas liberales o conservadores. ¿No había acaso aceptado el PSD la participación de algunos conservadores en la administración de Alberto Lleras?127 ¿Y no era acaso el gaitanismo el adversario principal? El secretario del PSD, Augusto Durán, se ve obligado a echar mano de todos los recursos de la dialéctica antimperialista para convencer a sus tropas de lo bien fundado de dicha coalición: “El frente proyectado entre liberales y conservadores para la elección presidencial no obedece a un capricho sin fundamento ni a una maniobra ingeniosa dirigida a derrotar a determinados candidatos. El Frente Nacional es un movimiento que toma formas concretas bajo la influencia de la situación internacional y del peligro imperialista [...]. Es una necesidad imperiosa de defensa

127

Aprobación que será objeto de una autocrítica en el 5° Congreso del de 1946.

418

PSD

en junio

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

común. Los cafeteros, los textileros, los comerciantes que dependen del mercado interno se sienten adultos y olvidan las viejas divisiones para resistir unidos a la presión imperialista”.128 Todas las ilusiones desaparecen cuando, paralizado por sus divisiones, el Partido Liberal sólo alcanza a confirmar la candidatura de Gabriel Turbay. Los dirigentes del PSD y de la CTC tienen que resignarse desde ese momento a ir en contra de sus propias preferencias para dar su apoyo a un político particularmente impopular. La justificación de tal opción en la necesidad de combatir el “obscurantismo conservador” y la “irresponsabilidad gaitanista”129 no le quita su carácter de verdadera palinodia. Las circunstancias ya no son las de 1938 cuando se había logrado que una base reticente apoyara a Eduardo Santos, candidato único del liberalismo. La decisión se traduce en una desarticulación inmediata. El Comité Ejecutivo de la CTC no resiste la prueba. Entre los 37 miembros con que cuenta en ese momento, sólo 22 se pronuncian en favor de la adhesión a la candidatura de Gabriel Turbay, cuatro se oponen... y se registra una ausencia de once miembros. Del lado de los “socialistas democráticos” y de los liberales las cosas no funcionan tampoco. Los primeros cargan con la responsabilidad de una escogencia en la cual habían desplegado todas sus energías. Los segundos, en su mayoría, y comenzando por el presidente de la CTC Bernardo Medina, habían seguido de mala gana o no habían querido apoyar la candidatura. La victoria de Mariano Ospina Pérez no hace sino avivar los rencores. Valiéndose de un nuevo artificio dialéctico, Augusto Durán trata de hacer creer que esta victoria es “el fruto del extremismo izquierdista” o mejor aún que se trata de un mal menor porque “hay que reconocer que a pesar del duro revés que hemos sufrido, no es lo mismo en el poder el civilista Ospina Pérez que un falangista criminal irresponsable como el capitán Quintero” (director de la policía).130 Ya nadie se deja enredar en estas contorsiones teóricas. La CTC está abiertamente dividida. El mismo PSD apenas sí soporta su conversión al turbayismo. En el congreso que se reúne en junio de 1946, Gilberto Vieira solicita una reunión excepcional

128

Conferencia de A. Durán, febrero 13 de 1946. Cf. la reseña en El Tiempo y El Siglo del 13 de febrero.

129

Declaración de la CTC el 11 de abril de 1946.

130

Informe de A. Durán ante el 5° Congreso del ex Partido Comunista. El Diario Popular, junio 27 de 1946.

419

El momento del populismo 1945-1948

para “renovar fundamentalmente nuestros métodos, y lavar nuestra ropa sucia”.131 La separación entre los “duranistas” y los “vieiristas” se presenta ineluctable. Otros dirigentes, como Diego Montaña, entran abiertamente en disidencia. Lo más grave no está allí, sin embargo. Al ir a la zaga de las diversas facciones del liberalismo, y aprobar la designación de un candidato presentado como el símbolo de la oligarquía liberal, la CTC y el PSD pierden todo contacto con sus bases. El verdadero resultado es arrojar a estas en brazos del gaitanismo. El segundo factor no es menos importante. Queriendo dar lustre a su prestigio en el ámbito de las luchas sociales, la CTC y el PSD se ven obligados a descubrir que tienen frente a sí, no solamente al movimiento gaitanista, sino a una burguesía resuelta a no comprometerse en las ofertas de “colaboración obrero-patronal” y, en términos más simples, a oponerse por todos los medios a la expansión de un sindicalismo independiente. La sorpresa es enorme para los portavoces del “movimiento obrero” que, con un tono condescendiente, se habían acostumbrado a ser los abogados de la “débil” burguesía colombiana.

La contraofensiva de la burguesía frente a las organizaciones sindicales El gaitanismo no era el único que había descubierto la existencia de un exterior de lo social. Hemos visto en el capítulo precedente que la burguesía se inquietaba también con el sustrato bárbaro de la sociedad. El gaitanismo estaba menos solo aún cuando acusaba a los sindicatos de olvidar los intereses de la comunidad para defender los suyos propios. La burguesía compartía el sentimiento de que los “privilegios” de la clase obrera organizada representaban una amenaza para el desarrollo económico. Los “privilegios” de la clase obrera organizada: esta es la palabra clave que comienza a circular en 1945 en los comunicados de los gremios y en la gran prensa. “Oligarquía del overol”, dirá el periódico alzatista Eco Nacional132 y será poco después imitado por muchos otros portavoces de

131

Ibíd.

132

Eco Nacional, periódico alzatista, noviembre 26 de 1947.

420

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

los sectores más influyentes. “Aristocracia obrera”, es la expresión que utilizará muy a menudo Mariano Ospina Pérez. Atribuir esta concepción únicamente a los conservadores o a algunos liberales particularmente reaccionarios sería un error; además de los gaitanistas, toda la burguesía la promueve a partir de este momento, incluidos los “lopistas”. Alberto Lleras Camargo, que venía precisamente del lopismo, es el primero en referirse a ella insistentemente desde el comienzo de su mandato, en deplorar los “abusos de ciertas organizaciones sindicales que no son precisamente las menos favorecidas por la ley”, y en atribuir a estos privilegios excesivos el estado de abandono en que se encuentra reducido el resto de las clases populares: “La explotación sin vergüenza de las facilidades ofrecidas por las leyes sirve solamente para frenar el desarrollo progresivo de la política social”.133 Alberto Lleras señala explícitamente a los industriales que es necesario dejar de hacer concesiones a las categorías de obreros que ya tienen muchas ventajas, para ocuparse de los otros.134 El periódico lopista El Liberal se inquieta en julio de 1947 por la tendencia a la “demagogia social” manifestada por Ospina con ocasión de un nuevo contrato colectivo que beneficiaba a los ferroviarios.135 El hermano de Eduardo Santos, editorialista famoso de El Tiempo con el seudónimo de Calibán, denuncia “el increíble estado de cosas [...] que permite a los propagandistas del desorden y de la sedición tener un lugar en las empresas de producción y comportarse allí como consentidos y de manera insolente”.136 Las principales federaciones de la CTC son señaladas permanentemente: la Fedenal, Ferrovías, la Federación del Petróleo; en síntesis, existe unanimidad en el cuestionamiento de las organizaciones sindicales. En 1944 y 1945, la burguesía tiene razones para mostrarse eufórica. Los recursos acumulados durante la guerra permiten augurar un desarrollo rápido, que se va a llevar a cabo efectivamente. Entre 1945 y 1946 dos

133

Las dos citas de Alberto Lleras son tomadas del discurso pronunciado delante de la ANDI el 31 de agosto de 1945. En esta fecha, precisamente, comienza el mandato de Lleras y ninguna huelga se había presentado todavía.

134

Lleras envía un telegrama en este sentido a las organizaciones patronales (publicado el 4 de noviembre de 1945).

135

El Liberal, periódico lopista, julio 15 de 1947.

136

El Tiempo, enero 2 de 1946.

421

El momento del populismo 1945-1948

razones de orden político contribuyen aun más a la satisfacción de la burguesía: la elección por parte del Congreso de Alberto Lleras y poco después la elección popular de Mariano Ospina; sin embargo, le quedaba aún un motivo de preocupación: el sindicalismo, que amenaza con invadir no solamente el sector público y los transportes, sino la misma empresa privada gracias a la protección legal de que disfrutaba desde las disposiciones de 1944 y 1945; por primera vez desde 1936, parece decidido a lanzarse por sus propios medios a la acción reivindicativa. ¿Cómo deshacerse del sindicalismo? El modelo liberal de desarrollo y la democracia formal no prohibían de manera alguna la apelación al concurso del Estado para lograr este objetivo; sin embargo, hacían difícil al mismo tiempo echar pie atrás de manera muy abierta en los aspectos ya consagrados por la ley. La legislación social, en efecto, permanece aparentemente inalterada; Alberto Lleras y Mariano Ospina van a darse incluso el lujo de hacerle algunas adiciones: la primera con la expedición de un decreto (el 2313 de 1946), pocos días antes de la expiración de su mandato, que prohíbe el “paralelismo sindical” en todos los niveles –antes de la posesión de un conservador esto constituye una manera oportuna de impedir el reconocimiento legal de una confederación conservadora cuyas bases se acababan de establecer–;137 la segunda con la adopción en nombre de la “doctrina social de la Iglesia” de disposiciones tales como la “participación en los beneficios” –que no tendrá ningún efecto–, o con el suministro gratuito de overoles y de calzado; esto último, por lo demás, no vacila en sentar las primeras bases de un sistema de seguridad social, aun contra los deseos del patronato. No obstante, el modelo liberal de desarrollo no hace descansar las relaciones sociales sobre la legislación, sino sobre la correlación de fuerzas. Los industriales van a probar claramente que no sólo tienen capacidad para participar en la gestión económica del Estado, sino también vocación de asumir por sí mismos la gestión de la cuestión social. El populismo gaitanista se sitúa deliberadamente por fuera de las relaciones sociales

137

El decreto tendrá implicaciones más numerosas: establece el monopolio de una confederación sindical –que será suprimido en 1949–; garantiza también la unidad del “sindicato de base” en la empresa. En estas condiciones contribuye a afianzar el sindicalismo de empresa.

422

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instituidas y no quiere deber nada a las organizaciones sindicales. Sin embargo, también en la confrontación directa entre la burguesía y los sindicatos se construye la política colombiana. El gaitanismo no se preocupa porque la opinión pública se percate de este hecho.

Los límites de la expansión del sindicalismo CTC En el Censo Industrial de 1945 se calculan 135.000 obreros “industriales”. Estimación generosa puesto que engloba a los trabajadores de todas las empresas de más de cinco personas; ignoramos qué porcentaje puede corresponder a los migrantes recientes. Sin embargo, el censo muestra que se trata de un grupo social joven: el 30% tiene menos de veinte años, sólo el 10.9% tiene más de cuarenta años; existe un predominio masculino, pero también una importante minoría femenina: el 36%, ubicado principalmente en Medellín, donde alcanza el 40%. El trabajo industrial puede representar una etapa provisional, al menos en el caso de las mujeres y de algunos hombres no cualificados, antes de “establecerse en la vida”: el 71.3% de estos son solteros, el 92% en el caso de las obreras antioqueñas;138 se trata probablemente de un grupo fluctuante. La situación de los obreros de las actividades no industriales es diferente con frecuencia, especialmente en el sector público. Algunos grupos de obreros, como los ferroviarios, tienen un estatuto que les garantiza en principio una relativa estabilidad. El mismo censo estima en 22% la tasa de afiliación sindical en la industria; es probable que este porcentaje no sea muy riguroso. Lo mismo ocurre con los que se calculan en las diversas ramas industriales y que transcribimos a continuación:

138

En 1945 en las empresas textiles antioqueñas, como Fabricato, el reclutamiento se opera generalmente a través de relaciones personales. Las obreras no tienen el derecho de casarse. Son alojadas por la empresa en locales que, administrados por religiosas, tienen muchas similitudes con un convento. Las muchachas abandonan muy a menudo la empresa al cabo de cierto tiempo; sin embargo, algunas permanecen toda su vida en esta actividad.

423

El momento del populismo 1945-1948

Cuadro 4.2 Tasas de afiliación sindical en las diversas ramas industriales según el censo industrial de 1945 (porcentajes) Bebidas

24%

Tabaco

15.5%

Cuero

26%

Textiles

14.5%

Alimentación Confección

14%

Industria petrolera

73%

42%

Metalurgia mecánica

22%

Caucho

18%

Impresión

21%

Maderas

15%

Papel-Cartón

1.5%

Fuente: Censo Industrial, Bogotá, DANE, 1945.

En este censo se puede resaltar por lo menos un hecho: en 1945 el sindicalismo se implanta en la industria privada. La evolución comienza en 1944, y continúa hasta 1947. No concierne solamente a la industria: tiende a extenderse a todos los sectores de actividad. A este respecto, el censo sindical efectuado en 1947 por el Ministerio de Trabajo, por poco fiable que sea, suministra indicaciones más precisas que se pueden reunir en cuatro rúbricas:139 1. El número de sindicatos se había multiplicado en tres años.

Cuadro 4.3 Número de sindicatos creados entre 1937 y 1946 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

157 93 56 71 56 38 78 172 441 116

Fuente: Contraloría General de la República, Primer Censo Sindical de 1947, Bogotá, Editorial Minerva, 1949.

139

Contraloría General de la República, Primer Censo Sindical de 1947, Bogotá, Editorial Minerva, 1949.

424

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

No todos estos sindicatos estaban en actividad; en 1947, el censo sindical estima que sólo 892 continuaban funcionando. Si se supone que son mucho más numerosos los sindicatos recientes que están activos con relación a los antiguos, se puede llegar a pensar que 82% de los sindicatos existentes en 1947 tienen menos de cuatro años de existencia. Las tradiciones de militancia sindical sólo existen, pues, de manera excepcional. 2. El sindicalismo de empresa (llamado “de base”) está a punto de remplazar definitivamente a los otros tipos de agrupación sindical: sindicalismo de industria (que reúne a los trabajadores de una misma rama industrial), sindicalismo de oficio (de la misma especialidad o profesión), y sindicalismo de actividades diversas.

Cuadro 4.4 Sindicatos en actividad en 1947 en las cuatro principales ciudades ordenados según su estatuto oficial Ciudades

Sindicato Sindicato Sindicato de base de industria de oficio

Sindicato de actividades diversas

Bogotá

98

20

52

1

Medellín*

33

11

14

-

Cali**

21

15

14

-

Barranquilla

23

41

13

-

Fuente: Contraloría General de la República, Primer Censo Sindical de 1947, Bogotá, Editorial Minerva, 1949. * Para el caso de Medellín, hemos incluido los sindicatos de Bello e Itagüí. **Para el caso de Cali, hemos incluido los sindicatos de Yumbo.

3. El sindicalismo está presente en este momento en casi todos los sectores de actividad e incrementa su implantación en el sector público y para-público; en el censo se calculan 139 sindicatos de trabajadores “oficiales” o “públicos”.140 Se observa también que su número aumenta

140

La legislación colombiana del trabajo distingue dos estratos: los “empleados públicos” que no tienen derecho de presentar pliegos de peticiones, menos aún el de hacer una

425

El momento del populismo 1945-1948

tanto en la administración central (ministerios, contraloría, etc.), como en la administración de justicia. Los sindicatos hacen también su aparición en los bancos y, como ya lo hemos dicho, en la industria privada. Los datos sobre este último aspecto se pueden agrupar de la siguiente manera, en lo que concierne a las tres principales ciudades industriales:

Cuadro 4.5 Sindicatos de base en actividad en 1947 en la industria privada Bogotá

Fundados antes de 1944 Fundados entre 1944 y 1947 Total Medellín Fundados antes de 1944 Fundados entre 1944 y 1947 Total Cali Fundados antes de 1944 Fundados entre 1944 y 1947 Total

Número de Número de Afiliados por sindicatos afiliados sindicato 23 2.918 108 30

2.055

68

53

4.573

86

1

220

220

19

5.977

314

20

6.197

303

1

129

129

11

1.476

136

12

1.605

134

Fuente: Contraloría General de la República, Primer Censo Sindical de 1947, Bogotá, Editorial Minerva, 1949.

La expansión del sindicalismo en la industria privada después de 1944 es todavía más espectacular si se tiene en cuenta que muchos

huelga, y que por añadidura pueden ser fácilmente licenciados; y los “trabajadores oficiales”, que pueden presentar pliegos y hacer huelga. De acuerdo con la situación del momento los gobernantes hacían pasar los trabajadores de un estrato a otro.

426

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de los sindicatos fundados antes de esta fecha habían entrado desde mucho tiempo atrás en un estado de letargo y, sobre todo, porque nunca habían logrado afianzarse en Medellín ni en Cali. Sin embargo, en la capital antioqueña se crean sindicatos incluso en los santuarios constituidos por las empresas de textiles como Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, etc. Como lo mostraremos más adelante los santuarios se encontraban de hecho poco amenazados; la gran mayoría de los sindicatos de Medellín (y en menor medida de Cali) son sindicatos “preventivos” organizados con la venia del patronato para hacer oposición a una eventual acción de la CTC orientada a penetrar en estas empresas. Además, y aun sin tener en cuenta la especificidad de los sindicatos de Medellín y Cali, se puede observar que los obreros de la industria sólo constituyen por lo general una minoría dentro del total de afiliados a los sindicatos: en Bogotá representan el 13%, en Medellín el 43%, en Cali el 10%. 4. La CTC sólo se beneficia parcialmente de la expansión sindical ya que lo esencial de su fuerza proviene todavía de los sectores de arraigo tradicional; controla muy poco o casi nada los nuevos sindicatos de la industria. Hemos reunido en el cuadro 4.6 de la página siguiente la información del censo sindical de 1947 relacionada con la repartición sectorial de los afiliados a las tres principales federaciones departamentales de la CTC. El cuadro contiene, sin lugar a dudas, algunos errores. Hemos llevado a cabo la repartición por sector de actividad sobre la base del nombre del sindicato, que no es siempre claramente indicativo. Esta dificultad, sin embargo, no compromete las comprobaciones que se pueden hacer. Los artesanos sólo ocupan un lugar muy reducido entre los efectivos de las tres federaciones de la CTC. Los empleados del sector privado y los de los transportes privados son relativamente poco numerosos. Los obreros de la industria privada, sobre todo, permanecen en buena medida alejados de la CTC. Datos complementarios permiten advertir que lo mismo ocurre de preferencia en el caso de los obreros afiliados a los sindicatos que surgen después de 1944: en Bogotá, de los 23 sindicatos de empresa creados antes de 1944, se habían adherido a la CTC, 17; de los 30 creados de 1944 a 1946, solamente 12 lo habían hecho; en Medellín, de los 19 sindicatos de empresa constituidos después de 1944 solamente 2 habían asumido la divisa de la CTC. Cali constituye la excepción: de los doce sindicatos de empresa existentes en 1947, diez pertenecen a la CTC.

427

8

7

Fedeta

Fedetav

9.781

4.912 (2)

12,472

Af

63.9

57.3

40.9

%

428

1

3

Fedeta

Fedetav

750

105

3.588

Af

4.9

1.2

11.5

%

1

4

7

Sin

16

3

40

Sin

83

1.755

914

Af

Minas (4)

1.807

461

5.112

Af

0.5

20.5

2.9

%

18.8

5.4

16.4

%

Industria privada

6

-

12

Sin

4

4

14

Sin

980 (6)

-

1.623

Af

Agricultura

998

260

2.146

Af

Artesanado

6.4

-

5.2

%

6.5

3

7.7

%

-

6

12

Sin

2

4

15

Sin

-

597

1.078

Af

Diversos (5)

226

424

1.970

Af

-

7

3.4

%

1.5

4.9

6.3

%

Empleados del sector público

40

31

134

Sin

1

1

1

Sin

15.305

8.564

31.174

Af

Total

680

60

1.731

Af

%

4.4

0.7

5.5

%

100

100

100

Construcción

Primer Censo Sindical de 1947, Bogotá, Editorial Minerva, 1949. Fetracun: Federación de Trabajadores de Cundinamarca Fedeta: Federación de Trabajadores de Antioquia Fedetav: Federación de Trabajadores del Valle del Cauca (1) Trabajadores del Estado, de los municipios, de los servicios públicos descentralizados. (2) En el caso de sector público de Antioquia, hemos agregado los efectivos de los ferrocarriles de Antioquia, que no son considerados en el censo porque su sindicato tenía la personería jurídica suspendida provisionalmente. (3) Choferes, navegación fluvial y marítima (incluidos los estibadores). (4) Incluidas las minas públicas. (5) Vendedores de billetes de lotería, emboladores de zapatos, vendedores de periódicos etc. (6) En el caso de la agricultura en el Valle, hemos incluido bajo ésta rúbrica a la totalidad de los trabajadores de los ingenios azucareros, aún teniendo en cuenta que un cierto número de estos son verdaderos trabajadores industriales.

(Sin: número de sindicatos. Af: número de afiliados. %: porcentaje sobre el total de los afiliados a la Federación). Fuente: Contraloría General de la República,

7

Fetracun

Sin

Transportes Privados (3)

26

Fetracun

Sin

Sector “público” (1)

Cuadro 4.6 Repartición sectorial de los sindicatos y de los afiliados a las tres principales federaciones departamentales de la CTC en 1947

El momento del populismo 1945-1948

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

Dos conclusiones se imponen. En un momento en que el papel motor de la industria se hace evidente, la CTC no había logrado adquirir dentro de esta unas bases sólidas y se había visto obligada a dejar la iniciativa al patronato o a la Iglesia; este aspecto, precisamente, hace todavía más irrisorio el discurso que ésta sostiene sobre la industrialización nacional. La CTC sigue presente principalmente en el sector público al igual que en algunas actividades estratégicas: en la navegación sobre el río Magdalena donde impera la Fedenal; en la extracción y la refinación del petróleo donde la Federación del Petróleo (Fedepetrol), constituida en julio de 1945, está a punto de tomar un nuevo impulso. La situación de 1936 no se había modificado realmente. La presencia de la CTC en estos sectores le asegura ciertamente una capacidad de presión considerable debido a su importancia económica o administrativa. El derecho de huelga, es preciso no olvidarlo, está prohibido tanto en el sector público propiamente dicho, como en las actividades que el gobierno decide asimilar a éste. En 1945, la CTC aún cree que puede sacar partido de las nuevas disposiciones legales, pero no se da cuenta todavía de que si no logra un arraigo en la industria privada va a perder progresivamente mucha de su representatividad. No advierte tampoco que el political bargaining en que se había comprometido por su implantación en el sector público no puede continuar, mientras exista un consenso en la burguesía para no prestarse a ello.

El llamado al orden a la CTC. La huelga de la Fedenal La expansión del sindicalismo inquieta a la burguesía. El aumento de las reivindicaciones contribuye también a su alarma. Después de tres años de reducción de los salarios reales y de inflación, los pliegos de peticiones proliferan tanto en la industria como en el sector privado, acompañados por demandas de importantes reajustes salariales. Esta situación causa la preocupación de la burguesía con el agravante de que la CTC, abandonando su larga desconfianza con los sindicatos de base, se muestra solidaria con éstos a finales de 1945. Este cambio de actitud responde indudablemente a la voluntad de frenar el proceso de deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera; pero se explica aun más por la necesidad de poner trabas al empuje del gaitanismo y de cambiar su imagen de “aliada de la oligarquía”. No obstante, en comparación con los pliegos de peticiones el número de las huelgas es más modesto. Ninguna de estas alcanza a convertirse 429

El momento del populismo 1945-1948

en una amenaza para el orden social: ni las que afectan las minas más o menos arcaicas (minas de carbón del Valle del Cauca –la intervención de la policía contra los huelguistas deja allí como resultado un muerto– y de Guatavita, minas de oro de Antioquia); ni las que ocurren en las empresas textiles de tamaño mediano en dificultades a causa del crecimiento del polo antioqueño (en Bogotá, la empresa Monserrate en octubrenoviembre de 1945; en Barranquilla, las empresas Tejidos Obregón y Marisol en octubre de 1945 y julio de 1946; en Boyacá, la vieja fábrica de San José de Suaita, donde la huelga se prolonga por varios meses); ni la de los educadores del Valle en junio de 1946. La situación cambia cuando la CTC y el PSD se vinculan a las huelgas y deciden incluso comprometer allí sus mejores batallones. Con la creación en noviembre de 1945 de un “comité de coordinación y solidaridad”, en el mismo momento en que la presentación de los pliegos está en su máximo apogeo, la CTC hace revivir el espectro de la “solidaridad” obrera desaparecido desde 1936. La fecha no es fortuita: el lanzamiento oficial de la candidatura gaitanista había tenido lugar en septiembre. El Congreso de la CTC se reúne en diciembre. La operación se va a desarrollar en dos actos: un ensayo general con ocasión de la huelga de la empresa Monserrate; la acción decisiva con ocasión de la huelga de Fedenal. Con la decisión de llevar a cabo un paro nacional del trabajo en solidaridad con los obreros de la empresa textil Monserrate, declarados en huelga cincuenta días antes, la CTC se atreve por primera vez a recurrir a una manifestación de esta naturaleza por razones diferentes al afán de expresar su “apoyo al presidente López”. La CTC, por lo demás, es prudente: el paro laboral previsto debe durar media hora en el sector público, cuatro horas en el sector privado. La consigna sólo es acatada finalmente de manera parcial: el polo antioqueño permanece totalmente al margen; la federación de la CTC, Fedeta, se niega a asociarse al movimiento, y la administración pública no se compromete. La consigna es acogida en numerosas fábricas de Bogotá, y en menor medida, de Cali y Barranquilla. Este hecho es suficiente para que la CTC, desconociendo los límites de su influencia, no vacile en celebrar su audacia, acompañada por el ex Partido Comunista, para el cual esta jornada histórica ha mostrado que en una situación de “profunda diferenciación de clases” y de subordinación del Estado a la burguesía –“El Estado ocupó el puesto que le corresponde de instrumento de los patronos contra la clase obrera, en tanto que los obreros ocuparon el de masa oprimida sin Estado”– el sindicalismo puede 430

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

llegar a imponerse por sus propios medios: “El hijo es mayor de edad”, afirma El Diario Popular.141 Es cierto también que el mismo periódico atenúa inmediatamente después semejante temeridad de huérfano (del Estado) y de asesino del padre (López), apelando a términos más convincentes: los obreros “no hicieron más que delimitar fronteras para [lograr] un entendimiento más franco y preciso de los patronos y el Estado”.142 Todo esto es suficiente igualmente para desencadenar una agitación, tanto entre los notables liberales que ven en este paro laboral “el predominio del criterio revolucionario sobre el criterio liberal”,143como entre el patronato que reclama el despido de los responsables. El impulso inicial estaba dado en todo caso. El movimiento sindical se muestra dispuesto a tomar de nuevo la iniciativa; sus dirigentes locales levantan una vez más la cabeza: “El reloj de la causa obrera ha sonado la hora de prueba con agudo campanazo. Las energías dormidas durante algún tiempo se despiertan para corresponder a la necesidad del momento”, declaran los ferroviarios del Pacífico.144 Los rumores de nuevas huelgas de solidaridad se multiplican. Y el acontecimiento se produce al fin el 18 de diciembre con el desencadenamiento de una huelga de la Fedenal, huelga ilegal puesto que la navegación por el río es asimilada a un servicio público.145 La huelga tiene como propósito el deseo de dar nuevo lustre al blasón político de las organizaciones populares no gaitanistas, como lo prueba el hecho de que el mismo PSD tome la iniciativa de ésta en su Tercer Congreso en diciembre de 1945. Dos razones lo impulsan a tomar esta decisión: la hostilidad con el gaitanismo indudablemente, pero sobre todo el brutal llamado al orden dirigido por Jacques Duclos a todos las partidos culpables de “browderismo” y de colaboración de clase: el PSD, uno de los

141

El Diario Popular, noviembre 28 de 1945.

142

Ibíd.

143

Intervención de un representante del gobierno ante la Cámara, noviembre de 27 1945.

144

Noviembre 30 de 1945.

145

La Fedenal rechaza la solución del tribunal de arbitraje obligatorio previsto para los servicios públicos.

431

El momento del populismo 1945-1948

únicos que cambia de nombre, no es el menos implicado evidentemente. El partido se ve obligado a declarar su ruptura con la burguesía.146 La operación reviste un carácter mucho más espectacular debido a que se combina con la huelga de la otra federación élite de la CTC, la de los trabajadores del petróleo. La leyenda de la Fedenal es suficiente para hacer de su entrada en huelga un fenómeno de repercusión nacional. Con sus 8.000 afiliados, su control de la contratación, su intransigencia con respecto a la estricta aplicación de los acuerdos firmados desde 1937 (como se expresa claramente entre 1943 y 1945, en una época de repliegue sindical, en que se presentan 17 paros laborales parciales o totales), la Fedenal continúa siendo el símbolo del sindicalismo de clase. Sus vínculos con el PSD son muy estrechos debido a que una parte de sus principales dirigentes salieron de sus filas: Augusto Durán, primero, Tomás Erazo Ríos e Ismael Escamilla, después, y en menor medida, José Raquel Mercado y Eduardo Vanegas.147 Por lo demás, el PSD se coloca en primera fila durante el conflicto debido a la designación de Augusto Durán como representante de los trabajadores en la comisión de arbitraje y a que Ismael Escamilla está a la cabeza de los huelguistas. La prensa los presenta como ejemplo de la “oligarquía obrera” que “vuelve esclavos a los patronos”148 y se complace en afirmar, aun antes de la declaración de la huelga, que el menú cotidiano que se solicita en el pliego es mejor que el del más lujoso hotel de Bogotá.149 El mismo PSD no deja de ser víctima de la leyenda, al no poner en duda la cohesión de los trabajadores del Río. Sabemos, sin embargo, que la rápida caída del tráfico fluvial conlleva un crecimiento del subempleo

146

Cf. más adelante: “La división de la CTC y del PSD”.

147

José Raquel Mercado se convertirá en el inamovible presidente de una CTC, caracterizada ante todo por su anticomunismo, entre la terminación del gobierno del general Rojas Pinilla y su asesinato por el M-19. Tomás Erazo Ríos es en ese momento uno de sus más fieles seguidores. Eduardo Vanegas estará, en los años sesenta, a la cabeza del sindicato de la marina mercante, uno de los representantes de la izquierda en el marco de la UTC. Ismael a Escamilla seguirá siendo” duranista” después de que Durán, expulsado del PC, pierde toda su influencia.

148

Forma como la Fedenal, en el manifiesto publicado el 18 de diciembre de 1945, ridiculiza a la gran prensa.

149

El Tiempo, noviembre 7 de 1945.

432

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

de la mano de obra y que la cláusula que otorga un monopolio de la contratación buscaba precisamente atenuar este hecho. No es por casualidad que la Fedenal, después de haberse visto obligada a organizar la rotación de los navegantes y de los estibadores, busque reforzar aún más su control en el nuevo pliego, incluida la designación de los capitanes de los barcos. Por otra parte, la Federación demuestra ser incapaz de frenar la degradación de los salarios, muy inferiores a los que se pagan en los ferrocarriles.150 En contraste con Fedepetrol, la Fedenal había entrado, aun antes de la huelga, en un proceso de decadencia. Los asuntos en litigio comprometidos en la huelga sobrepasan no obstante a la Fedenal. El PSD quiere probar que, en lugar de hacer el juego a las oligarquías (según la acusación de Gaitán), lo que busca es colocarse a la cabeza de las luchas sociales concretas; de esta manera compromete en la aventura la autoridad y la unidad de la CTC, obligada a sostener una situación que es percibida como un verdadero desafío al gobierno. Para éste último, como para el conjunto de la burguesía, se presenta de hecho la ocasión de dar un golpe a las veleidades de independencia de la Confederación. El mismo día en que se desata la huelga las “fuerzas vivas” de la nación entran en escena como si estuvieran frente a una amenaza de revolución. La ANDI, la Sociedad de Agricultores (SAC), la Federación de Empleados, etc., hacen un llamado a los colombianos para que se unan contra la subversión. Los dos partidos tradicionales se solidarizan con el gobierno que arremete contra los comunistas. Para comenzar, Alberto Lleras se niega a entrar en negociaciones con los huelguistas, pide la “estrecha colaboración de todos los ciudadanos para imponer el imperio de la ley”151 y autoriza a las compañías para que contraten nuevos trabajadores en

150

En los barcos del río Magdalena un “primer maquinista” o un “primer piloto” gana en 1945 un salario de base de 130 pesos mensuales; con las primas, el salario llega a 170 pesos. Sin embargo, no es percibido sino nueve meses al año, en promedio, a causa de las esperas entre cada viaje. En la misma época un “primer maquinista” de los ferrocarriles tiene un salario de base de 170 pesos, no incluidas las primas. La Confederación en formación (la UTC), a pesar de todo el anticomunismo que profesa, reconoce que “los obreros del río Magdalena hacen un trabajo agotador a todo lo largo de nuestra arteria fluvial y las compañías no retribuyen ese esfuerzo pagando a sus servidores lo justo”. Boletín de información y orientación sindical, UTC, núm.1, julio de 1946.

151

Comunicado de la Presidencia de la República, diciembre 17 de 1945.

433

El momento del populismo 1945-1948

remplazo de los huelguistas. Algunos días después Lleras precisa: “La huelga es en este momento contra el Estado, no contra las compañías de navegación [...]. La cuestión fundamental que va a proponerse a la consideración no sólo de los trabajadores, sino del país, es la de si un partido político –concretamente el partido socialista-democráticocomunista– adquiere el control sobre los sindicatos [...] en cuyo caso prevalecerían la agitación revolucionaria constante y la lucha contra el Estado”.152 ¿Se podría atribuir a la vigorosa reacción del gobierno el rápido derrumbamiento del movimiento? En parte tan solo ya que las vacilaciones y las divisiones de los sindicatos de la CTC también desempeñan un papel importante; incluso entre las organizaciones afiliadas a la Fedenal hay algunas que se niegan desde el principio a asociarse al movimiento y líderes importantes se abstienen de participar.153 Nueve días después del comienzo de la huelga, sus dirigentes se ven obligados a solicitar en vano el arbitraje... de Alfonso López. El 29 de diciembre, uno de los principales sindicatos de la Fedenal, (Simbranave), levanta la huelga y su presidente reconoce no haber estado de acuerdo desde el principio con una acción ampliamente improvisada. Los otros sindicatos, incluso la misma Fedenal, abandonan poco después la lucha;154 no obstante, el fracaso se debe en primer lugar al aislamiento en que se encontraba la Fedenal. La Federación de Trabajadores del Petróleo, que negociaba en ese mismo momento una nueva convención colectiva,

152

Mensaje de Alberto Lleras a la CTC, diciembre 28 de 1945.

153

Principalmente José Raquel Mercado quien, por esta razón, será excluido poco después del PSD. Entre los sindicatos que se niegan a participar, se encuentran algunos de los más importantes de Cartagena, Puerto Salgar, La Dorada.

154

Se conforma un tribunal de arbitramento para arreglar las consecuencias del conflicto. La CTC es representada por su presidente Bernardo Medina (lopista); no obstante numerosos trabajadores no son reintegrados. En junio de 1946, el gobierno autoriza una nueva reducción del personal de navegación: la Fedenal amenaza con una nueva huelga. El gobierno, al que sólo quedan pocos días de mandato, da marcha atrás. Las compañías recurren entonces al lock-out; en realidad, la decadencia del Río se acelera. En 1945 la Fedenal dice tener 8.000 afiliados; en 1947 el censo sindical le atribuye solamente 5.000. La navegación tiende a desaparecer un poco después. Sólo quedarán algunos sindicatos de estibadores que, en su gran mayoría, se vinculan a la CTC anticomunista, después de 1957.

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Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

había prometido lanzarse en una huelga simultánea; pero en lugar de hacerlo firma un acuerdo el 19 de diciembre.155 Federaciones importantes de la CTC como las de los Ferrocarriles, presidida por el liberal moderado Víctor Julio Silva, o la de Obras Públicas, toman partido oficialmente contra la Fedenal y ofrecen su apoyo al gobierno. La Federación Nacional de Motoristas, muy próxima tanto del sindicalismo católico como del gaitanismo, invita a “hacer un frente sagrado alrededor del actual gobierno”.156 Otras federaciones de la CTC se contentan con expresar una solidaridad verbal. En el mismo Comité Ejecutivo de la CTC no existía unanimidad; inmediatamente después de comenzada la huelga, sólo once miembros estaban de acuerdo en continuar el movimiento, mientras que nueve eran de opinión contraria... y 19 no participan en la votación. El 27 de diciembre la mayoría se invierte: por 17 votos contra 9 el Comité Ejecutivo opta por la suspensión de la huelga. De hecho la ruptura se produce entre liberales y socialistas democráticos. Estos últimos quedan en consecuencia reducidos a denunciar el grupo de los confederados que “deliberada y consecuentemente” habían querido “cumplir los compromisos adquiridos con antelación para agradar a sus jefes políticos y gubernamentales, a pesar del señalamiento que [habíamos hecho] repetidamente de las gravísimas consecuencias que tal actitud acarrearía a los trabajadores, a la unidad del movimiento obrero y a la misma CTC”.157 Es probable que ni siquiera en el seno del PSD haya habido unanimidad con relación al movimiento. ¿La Federación del Petróleo no estaba orientada acaso por Diego Montaña, adversario declarado de Augusto Durán? Las élites tradicionales colombianas, unidas alrededor de un presidente “lopista”, llegan así al final de esta prueba de fuerza. La cohesión

155

Acuerdo que constituye un éxito para la muy joven Fedepetrol. Logra de esta manera hacerse reconocer como representante legal de los trabajadores del petróleo a nombre de los sindicatos de base; obtiene, por lo demás, un reajuste de los salarios, a pesar de que la renovación legal de la convención debía tener lugar solamente en junio de 1946. Como lo sugerimos un poco más adelante, es probable que las disensiones en el seno del PSD no sean ajenas al “abandono” de la Fedenal.

156

Cf. El Tiempo, diciembre 19 de 1945. La Federación de Motoristas es dirigida por Jesús Molano y Luis A. Cobos, a quienes la CTC había denunciado en su congreso del 6 de diciembre por sus actividades divisionistas.

157

Declaración del 27 de diciembre de 1945. Firmada por 14 miembros socialistasdemocráticos de la CTC.

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El momento del populismo 1945-1948

aparente que mostraba quince días antes la CTC con motivo de su congreso había volado en pedazos. El PSD había caído en la trampa del “aventurerismo”. Además de su carencia de identidad política, las dos organizaciones se encontraron de manera repentina sin legitimidad para canalizar la movilización popular. Vencido en el Congreso de la CTC, el gaitanismo es el gran beneficiario del descrédito que se cierne sobre esta y sobre el PSD. Para sacar provecho de ello no vacila en asumir en cada ocasión favorable una posición hostil a las luchas de la CTC: se opone a las luchas de los trabajadores del petróleo en noviembre de 1945;158 se pronuncia poco después contra la huelga nacional de solidaridad con los obreros de Monserrate; y, finalmente, con motivo del movimiento de la Fedenal, aprueba “la actitud acertada del gobierno”159 y denuncia una acción que es “obra comunista”.160 Atrapada entre dos fuegos, el de la burguesía y el del gaitanismo, la CTC queda a la deriva, con el agravante de que se ve obligada a profesar al mismo tiempo las virtudes del capitalismo nacional y las del Partido Liberal.

La disolución de la CTC y del PSD La adhesión a la candidatura de Gabriel Turbay no es, pues, sino la gota de agua que hace desbordar la copa, ya rebosante por las divisiones que se habían acumulado en el seno de la CTC y del PSD desde mediados de 1945. La huelga de la Fedenal es el episodio que pone al descubierto la descomposición del sindicalismo. En abril de 1946 un comunista próximo a Gilberto Vieira reconoce que “las fuerzas están agotadas, los sindicatos desmoralizados y destruidos, las conquistas pisoteadas, y peor aún, la unidad sindical a la escala nacional está rota”.161 Todo ello debido a que

158

El 6 de noviembre, los trabajadores del petróleo hacen una huelga de advertencia de algunas horas. Jornada publica un artículo de uno de los trabajadores según el cual “se nos ha comprometido en un movimiento de huelga fuera de lugar”. Jornada, noviembre 15 de 1945.

159

Título del artículo consagrado a la huelga en Jornada, diciembre 20 de 1945.

160

Título de un artículo de Jornada, enero 12 de 1946.

161

Artículo de Víctor J. Merchán (líder de las ligas campesinas) aparecido en El Diario Popular, abril 9 de 1946.

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Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

la huelga de la Fedenal provoca, mucho más que el apoyo dado a Turbay, las rupturas internas. La crisis de la CTC y de sus sindicatos es inmediata. Veinte miembros del Comité Ejecutivo publican el 23 de enero de 1946 un manifiesto en el cual acusan al Partido Comunista del “delito de alta traición a la clase obrera colombiana” y lo hacen responsable de que la Fedenal, convertida en objeto de maniobras políticas, no haya logrado obtener una sola concesión de los empresarios del Río: “Demagogia arrogante, verborrea insolente, estrategias geniales, capataces del partido, propaganda política, pero ni un medicamento, ni un overol, ni un servicio de salud, ni una prima de alguna naturaleza, ni un solo obrero que se haya beneficiado del pago de la jubilación”.162 Los comunistas responden que los liberales de la CTC y en primer lugar su presidente, Bernardo Medina, han saboteado el movimiento en acuerdo con el gobierno. Una gran parte de los miembros del Comité Ejecutivo se niega a continuar asistiendo a sus reuniones. Este es el caso tanto de los representantes de la Federación Ferroviaria (Ferrovías) como de la Federación de Obras Públicas (Fenaltracar). Los dirigentes de Ferrovías lanzan algunos meses después un llamado a todas las organizaciones para “extirpar el virus de las infiltraciones políticas y confesionales”.163 En las federaciones locales la trifulca no es menor: la federación de trabajadores de Antioquia (Fedeta) renueva su comité y sólo deja un escaño para los socialistas democráticos; la Federación de trabajadores del Valle del Cauca (Fedetav) está al borde de la ruptura; los comunistas logran salvar sus posiciones en la Fedenal pero no pueden evitar que muchos de los sindicatos miembros entren en disidencia. La derrota electoral del Partido Liberal y la aparición de un sindicalismo católico logran no obstante frenar el proceso de completa descomposición. Los mismos dirigentes del liberalismo llegan a inquietarse por una desorganización que abre a los conservadores la posibilidad de hacer su ingreso en el mundo obrero. Un decreto de junio de 1946, que prohíbe el paralelismo sindical, es una primera respuesta y una amenaza para los comunistas que se vieran tentados a crear una nueva confederación. La presión en favor de la reunificación de la CTC bajo la

162

Manifiesto del 23 de enero de 1946. Cf. El Liberal y El Tiempo.

163

Cf. El Tiempo, septiembre 18 de 1946.

437

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dirección de los liberales moderados es una segunda respuesta. De esta manera se puede explicar la convocatoria, a pesar de las reticencias de numerosas organizaciones liberales (Ferrovías, Obras Públicas, etc.), de un congreso común en Medellín en agosto de 1946; sin embargo, allí las tensiones se muestran tan vivas, a propósito sobre todo de la huelga de la Fedenal, que el congreso se orienta rápidamente hacia la oficialización de la escisión. Para sorpresa de la opinión pública las listas defendidas por los socialistas democráticos durante la reunión obtienen mayoría, pero los liberales moderados se niegan a reconocer su validez.164 Los socialistas democráticos y sus aliados se reagrupan en una CTCU (unificada), cuya secretaría general es confiada a un representante comunista de la Fedenal, Luis A. Lobo Mora, y la secretaría de organización a un seguidor muy cercano de Augusto Durán, Jesús Villegas.165 Los liberales anticomunistas que, como en los viejos tiempos, habían recibido el apoyo de los políticos liberales,166 designan un comité representativo de la mayor parte de las corrientes del liberalismo167 y proclaman: “Aquí estamos, al fin, quienes tenemos profesión conocida y hemos sentido en carne propia la persecución social y la desigualdad económica sin necesidad de graduarnos en Moscú en ‘sensibilidad social’”.168 La crisis de la CTC no puede ser más

164

Como ocurría siempre en las querellas alrededor de la representatividad de las credenciales, las de las Ligas Campesinas, controladas por los comunistas, son objeto de discusión.

165

La presidencia es otorgada a un liberal de izquierda de Ferrovías, Lisandro Camacho. En el comité se pueden encontrar los nombres restantes de los principales dirigentes sindicales comunistas. Filiberto Barrero en las finanzas, Ismael Escamilla (de la Fedenal), Ventura Puentes Vanegas (del sindicato del calzado), etc. El “Comité Urbano” de la CTCU hace una declaración según la cual “en nuestro Comité Ejecutivo figuran hombres de todas las tendencias: liberales, conservadores y socialistas; tenemos solamente el deseo de servir bien los intereses de los trabajadores”.

166

El Ministro de Trabajo saliente Adán Arriaga Andrade, quien ocupaba la cartera en el momento de la huelga de la Fedenal, había hecho un intento frustrado por evitar la escisión.

167

Bernardo Medina (de tendencia lopista) es ratificado en la presidencia; Parmenio Zapata de tendencia muy moderada y líder de la Federación de Obras Públicas ocupa la vicepresidencia; Juan C. Lara, la secretaría general; Víctor J. Silva, líder de Ferrovías, ocupa la secretaría de la organización.

168

Manifiesto publicado el 23 de agosto de 1946.

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patente. A pesar de ello, en diciembre las dos CTC ponen fin a la escisión, al menos aparentemente, con la reorganización de un comité único en el cual se otorga a los liberales las dos terceras partes de los escaños y la presidencia a Víctor J. Silva, de Ferrovías, partidario de un acercamiento con el gaitanismo.169 Este acercamiento laborioso y artificial no atenúa la pérdida de autoridad de la CTC que puede ahora integrarse mejor al vasto movimiento que sacude a la sociedad colombiana. El PSD no está a salvo de conmociones similares, que no son muy distintas de las dificultades de la CTC. Con el cambio de nombre en 1944, el Partido Comunista pretendía atraer un electorado más numeroso; no obstante, los 27.600 votos obtenidos en las elecciones legislativas de 1945, recibidos como una ratificación de la justeza de la nueva línea, tienden a encogerse como piel de zapa. En las elecciones legislativas de marzo de 1947 el número de votos sólo llega a 11.577; en las municipales de octubre de 1947 a poco más de 7.000, escasamente. Las “masas”, que habían aceptado poco gustosas haber tenido que votar por Turbay, tomaban decididamente el camino del gaitanismo, no el del PSD. Sin embargo, el incremento de las disputas no estaba asociado sólo a los reveses del partido. La “carta de Jacques Duclos” a los partidos latinoamericanos, a la que hemos hecho una breve alusión, significa al mismo tiempo el fin del “browderismo” y el ingreso en el comunismo de la posguerra; la carta señalaba al partido colombiano, y al partido cubano igualmente, como los más sospechosos de desviación derechista. Durán y sus seguidores estaban lo suficientemente comprometidos en la orientación “browderista” como para querer minimizar por todos los medios el alcance de la advertencia del “camarada Duclos”. El tercer congreso del partido en diciembre de 1945 significa un paso adelante al mismo tiempo que una vana tentativa de evasión. Allí se decide la huelga de la Fedenal; se aprueba un informe sobre los “errores de Browder y su reflejo en Colombia” presentado por Augusto Durán. Este informe establece que “la indiferencia hacia los estudios teóricos nos condujo a una situación tal que aceptábamos pasivamente los planteamientos más absurdos de Browder o excusábamos

169

En el Comité Ejecutivo restringido, compuesto por doce miembros, los puestos claves son compartidos: Jesús Villegas, secretario general comunista, coexiste con Delio Enciso, secretario general adjunto liberal, y V. J. Silva, presidente, coexiste con Lisandro Camacho (liberal de izquierda).

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sus aspectos más escandalosos con las más frívolas razones”, y enumera los aspectos más nefastos de sus tesis: la subestimación del imperialismo, la sobrevaloración de la capacidad autorreguladora del capitalismo americano, las ilusiones sobre la conferencia de Teherán. En la misma tónica, el PSD admite que “los monopolios yanquis están interesados en instaurar un régimen dictatorial contra el pueblo”,170 y reconoce que, al atribuir a todos sus electores la calidad de miembros del partido, éste se aleja del leninismo. Sin embargo, como ya lo hemos mostrado,171 el PSD reafirma la necesidad de una “colaboración obrero-industrial” –con esta expresión se atenúa la anterior de “colaboración obrero-patronal”–,172 que tiene como fundamento un desarrollo industrial con participación del capital extranjero y constituye la condición para el fortalecimiento del proletariado. En junio de 1946 los “duranistas” aún tienen la posibilidad de hacer prevalecer esta tesis; en julio de 1947 ya no es posible.173 El Congreso de Bucaramanga consagra la ruptura entre Gilberto Vieira, quien asume la dirección de la “reconstrucción leninista” del partido, y Augusto Durán. La ruptura está vinculada, obviamente, con las divergencias creadas por la nueva situación internacional, pero también está relacionada con el análisis de la situación interna. Los “duranistas” persisten en la solidaridad con la burguesía nacional: “Las contradicciones propias de la burguesía colombiana están supeditadas en esta etapa a las de la burguesía como clase con el imperialismo”;174 el gobierno de Ospina no puede ser calificado pura y simplemente de reaccionario, menos aun de simple instrumento del imperialismo y el partido debe continuar dedicándose, tanto como antes, a “favorecer el crecimiento de la producción industrial agrícola”; un ataque frontal contra el gobierno

170

Esta cita y las precedentes son tomadas de: Partido Comunista de Colombia, Treinta años de lucha del Partido Comunista de Colombia, Bogotá, Ediciones Paz y Socialismo, 1960, pp. 73 y ss.

171

Cf. en el capítulo anterior la sección “Por un social-capitalismo a la colombiana”.

172

El Diario Popular, diciembre 2 de 1945.

173

Según la expresión empleada en Partido Comunista de Colombia, Treinta años de lucha..., op. cit., p. 80.

174

Informe de A. Durán al Congreso de 1947.

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no tendría sentido. Los “duranistas”, por lo demás, mantienen su desconfianza con el movimiento gaitanista que, según ellos, conduce a la desorganización popular. Los “vieiristas”, por su parte, estiman que el gobierno de Ospina es un “gobierno de clase”; es ciertamente posible, precisa Vieira durante el congreso, que el propio Ospina no sea un “reaccionario extremo” sino más bien el “representante de la burguesía conservadora conciliadora”, pero aun así está obligado a hacer concesiones cada vez más grandes a la reacción; el hecho de que los liberales, incluidos los gaitanistas, estén asociados con el gobierno175 “no cambia en nada el carácter descarnadamente de clase del actual régimen de la ‘Unión Nacional’”.176 La defensa de la industria nacional sigue siendo, es cierto, una prioridad: “La industria no es un problema que interese únicamente a la ANDI sino también a la inmensa mayoría de los colombianos”.177 No obstante, esta defensa de la industria no alcanza a justificar los compromisos con la burguesía; para luchar contra esta se justifica, en cambio, un acercamiento con las masas gaitanistas. Los “vieiristas” se cuidan bastante de atribuir al gaitanismo un carácter revolucionario: se trata, según Vieira, de un “movimiento típico y sinceramente pequeño burgués en el sentido de que expresa los anhelos del pequeño industrial y del pequeño comerciante”. 178 El dirigente comunista condena la participación gaitanista en el gobierno; sin embargo, afirma igualmente, que “las masas que siguen al señor Gaitán y las que militan en nuestro partido, así como el movimiento obrero en general anhelan un frente común como la única manera de detener la reacción en marcha hacia el control pleno del poder”;179 inmediatamente después de la ruptura se vuelve cada vez más insistente: “Nosotros estamos del lado del gaitanismo en muchas luchas”.180

175

Como veremos más adelante, los gaitanistas entraron oficialmente en el gobierno después de marzo de 1947.

176

Cf. el nuevo periódico del Partido Comunista Unión Obrera, junio 23 de 1947.

177

Gilberto Vieira, entrevista en El Tiempo, octubre 8 de 1947.

178

Unión Obrera, junio 23 de 1947.

179

El Diario Popular, enero 24 de 1947.

180

G. Vieira, entrevista en El Liberal, julio 30 de 1947.

441

El momento del populismo 1945-1948

Pero el partido de Gilberto Vieira, que vuelve a ser de nuevo oficialmente un “Partido Comunista”, tiene muy poco peso en la evolución política. No logra siquiera conservar una porción importante de los líderes “obreros” del PSD. La mayoría181 que obtiene en el congreso de la ruptura no comprende a los cuadros de la Fedenal –Ismael Escamilla, Tomás Erazo Ríos, Jorge G. Russo, Jorge E. Bayona–; al secretario general de la CTC, Jesús Villegas; ni a los animadores de muchos sindicatos de Barranquilla y Cartagena: todos estos se solidarizan con Augusto Durán y se asocian a su “Partido Comunista Obrero”.182 Esta mayoría no comprende tampoco un contingente notable de líderes del sector petrolero: estos últimos, con su consejero Diego Montaña, se habían mantenido a distancia del conflicto entre Gilberto Vieira y Augusto Durán, y se habían proclamado partidarios de una línea que llevaba por nombre “comunismo auténtico”; además, eran mucho más sensibles a los temas gaitanistas. El Partido Comunista “renovado” queda, pues, ampliamente aislado, con sus escasos núcleos de campesinos, obreros y “pequeño burgueses”. Por primera vez desde 1935 el antagonismo entre la clase obrera y la burguesía ocupa un lugar central en el discurso de un grupo político. Con la desaparición de la ideología de intervención estatal y el triunfo del modelo liberal de desarrollo, el lenguaje de las clases sociales podría haber tenido eco, sin embargo, en el fragor del populismo y de la lucha partidista apenas si es audible; los que más lo escuchan son aquellos que adoptan el argumento del “peligro comunista” para organizar una campaña por el restablecimiento de los valores tradicionales, como es el caso de la Iglesia y del “laureanismo”.

181

También en este caso los representantes campesinos son acusados de haber hecho inclinar la balanza; es necesario recordar que el partido poseía una base inexpugnable en la región de Viotá. El duranista Carlos A. González afirma en su folleto: Forjando la clase obrera, publicado en 1947, que el 51% de los participantes en el congreso eran delegados de las ligas rurales, el 28% delegados obreros, el 21% delegados pequeño burgueses. No ofrece de esta afirmación ninguna demostración. Es necesario recordar que Durán había obtenido contra Vieira la secretaría general en 1941, gracias al lanzamiento de una consigna de “prioridad a los obreros”.

182

Las posiciones de A. Durán se expresan en el periódico Clase Obrera, fundado después de la ruptura.

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Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

El nacimiento del sindicalismo católico El patronato no se había quedado esperando la huelga de la Fedenal para tomar sus precauciones contra la expansión del sindicalismo independiente. Al no poder obtener, tal como lo había reclamado, la supresión del fuero sindical,183 se esfuerza, allí donde le es posible, por licenciar a los líderes, confeccionar listas negras, recurrir a subcontratistas y organizar cuerpos de policía privados como ocurre en los ingenios del Valle.184 El incierto clima político no permite ir más lejos en 1945. Con más decisión que el patronato, a menudo reticente, la Iglesia toma la iniciativa de implantar un nuevo sindicalismo y organizar una confederación que haga contrapeso a la CTC. La expansión del número de sindicatos y su inserción en la industria privada son aspectos que están ampliamente asociados con dicha campaña. Esta se inicia en 1944-1945; sin embargo, sólo en mayo de 1946 alcanza una cobertura nacional con la elección de Mariano Ospina Pérez. “Apolítico” por doctrina este tipo de sindicalismo encuentra en la solidaridad con el Partido Conservador el medio de menoscabar poco a poco las posiciones de la CTC. Pero no sería suficiente con circunscribirlo a una función exclusivamente partidista. En un momento en que la crisis del Estado intervencionista arrastra consigo la crisis de las formas de acción de la CTC, la supremacía de la ideología liberal de desarrollo establece la base para la conformación de un sindicalismo vinculado con

183

Cf. comunicado de la ANDI del 3 de septiembre de 1945.

184

En los ingenios del Valle del Cauca, las empresas organizan en 1945 una red de “capataces”, llamados también “caporales”, armados y habilitados para practicar el castigo corporal. Los capellanes son encargados de controlar la vida privada. Las empresas crean almacenes: endeudados, los trabajadores no pueden dejar la empresa y la jornada de trabajo alcanza algunas veces hasta 16 horas. Unos obreros que quieren crear un sindicato, como ocurre en el ingenio Riopaila en 1944, desaparecen pura y simplemente. Estos grupos armados harán parte poco después de los famosos “pájaros” que sembrarán el terror en el Valle en asociación directa con la oligarquía de Cali. Sobre los despidos se pueden consultar los ejemplos de la empresa textil Colombia en febrero de 1946, o el de la fábrica Cementos Argos en Antioquia en mayo de 1945. Sobre las listas negras se puede encontrar en El Tiempo, diciembre 1 de 1945, un llamado a los comerciantes y a los industriales del Tolima para que comuniquen a su asociación los nombres de los obreros que “ponen problema” y en particular el de los “instigadores” comunistas.

443

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la empresa, en cuyo marco se pueden llevar a cabo las negociaciones; el sindicalismo católico representa un primer paso en esta dirección. Es asombroso que, a pesar del poderío institucional de la Iglesia y de la intensidad de la práctica religiosa, no se hubiera intentado crear seriamente un sindicalismo católico antes de 1944-1945. Fundada en 1932, la Juventud Obrera Católica (JOC) había prosperado muy poco; la Acción Católica se orienta poco después hacia la población rural, abandonando la urbana. Las divisiones de la jerarquía no son, sin duda, ajenas a esta situación, como tampoco el malestar de una mayoría de sus miembros respecto a la influencia popular del laureanismo.185 La oposición del patronato, y en primer lugar del patronato antioqueño, también tienen allí su parte. En 1944 la actitud de la jerarquía se modifica. La urgencia de poner barreras a los “progresos del comunismo” la obliga a entrar en escena contra la CTC. El arzobispo primado de Bogotá, monseñor Perdomo, invita a combatir “el peligro comunista que nos amenaza”.186 El arzobispo de Antioquia prohíbe, bajo amenaza de excomunión, la adhesión a la Fedeta.187 La degradación de los valores morales del pueblo urbano reclama igualmente una reacción: frente “al campesinado sano todavía, amante de su religión, fiel a la autoridad, abnegado por su patria”, muy sordo todavía a las sirenas de los agitadores que “quieren provocar revueltas en las ciudades”,188 se levanta un mundo obrero que, alejándose de la Iglesia, termina por olvidar los preceptos más importantes. En 1945 la Conferencia Episcopal advierte a los obreros: “Recordamos a nuestros obreros el deber que tienen de respetar a sus patronos conforme al cuarto mandamiento de la ley de Dios”; que no crean que pueden “adueñarse

185

La falta de éxito de la JOC coincide con las querellas entre el arzobispo primado y el arzobispo coadjutor de Bogotá, Monseñor González, que exhorta a la rebelión contra el régimen liberal. Es probable que la alta jerarquía haya querido evitar posteriormente que los obreros católicos se desplazaran hacia el “laureanismo”, que como se ha visto tenía pocas consideraciones con la Iglesia institucional.

186

El Catolicismo, septiembre 23 de 1944.

187

“Debido a que es una asociación que manifiesta unas tendencias y un espíritu profundamente peligroso para la religión, la sociedad y el orden democrático”. Comunicado del 14 de septiembre de 1944.

188

Boletín de Acción Social, octubre 13 de 1947.

444

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de lo ajeno por vías de hecho”, “se esfuercen por ahorrar lo posible y no disipen el fruto de su trabajo en gastos inútiles y aun perjudiciales para su salud espiritual y corporal”.189 La pretensión excesiva del Estado de erigirse en árbitro de los derechos del individuo justifica igualmente una advertencia: “Toda intrusión del Estado en la esfera de estos derechos naturales es reprobable por perjudicial a los verdaderos intereses de la sociedad y conduce al totalitarismo opresor”.190 En síntesis, el porvenir de la religión en Colombia está en juego.191 Esta cruzada moralizadora, en favor de la cual la Iglesia no hace más que tomar su lugar al lado de la burguesía y el gaitanismo para detener la destrucción del vínculo social, no conduce necesariamente a la formación de organizaciones sindicales en la industria bajo una etiqueta católica; tiene como consecuencia sobre todo la proliferación de “círculos” de tipo tradicional en las zonas rurales que constituirán, precisamente, la base para la creación de una federación agraria en junio de 1946, la Federación Agraria Nacional (FANAL) –esta organización tiene pocas similitudes con una asociación sindical: está compuesta por un consejo que comprende, además de los representantes de la Acción Católica, representantes de los diversos gremios relacionados con la agricultura (SAC, ganaderos, Federación de Cafeteros)–; igualmente dichos “círculos” son el fundamento para la creación de la primera federación local, la Unión de Trabajadores de Boyacá (UTRABO), fundada en uno de los departamentos con relaciones sociales más arcaicas de Colombia. La Iglesia vacila en dar el primer paso en el caso de la industria. Núcleos católicos se manifiestan claramente a finales de 1944: un dirigente del sindicato de los motoristas, Jesús Molano, y el presidente del sindicato del personal hotelero del Atlántico, Víctor M. Duarte, crean una efímera “Alianza Obrera Nacional”;192 un año más tarde aparecen mezclados con

189

“Manifiesto de la Conferencia Episcopal de Colombia al clero y a los fieles”, 1945.

190

Circular de la Coordinación Arquidiocesana de Acción Social, comienzos de 1945.

191

“El momento que vivimos” es aquel en que “se va a decidir a corto plazo el porvenir de la Iglesia católica en Colombia; si seguirá siendo la religión de todo el pueblo; si seguirá inspirando las instituciones públicas y privadas de nuestra patria”. Boletín de Acción Social, núm. 1, octubre de 1944.

192

Cf. El Tiempo, octubre 14 de 1944. Víctor M. Duarte se convertirá en el presidente de la UTC en 1950.

445

El momento del populismo 1945-1948

los gaitanistas para denunciar los manejos subversivos de la CTC y asistir al congreso sin futuro de la CNT. No obstante, es en esta época cuando aparece en Antioquia la primera federación católica: la Unión Nacional de Trabajadores de Antioquia (UTRAN). Que esta federación se haya implantado en Antioquia no es fortuito. La institución eclesiástica en esta región es supremamente sólida y la más rica en sacerdotes; la inmensa mayoría del patronato ve en el catolicismo el cimiento del orden social... y de la disciplina en las fábricas;193 las corrientes del cambio social sólo muy tenuemente llegan hasta allí: el “lopismo” sólo tuvo una modesta resonancia; el “gaitanismo” alcanza en 1949 únicamente el 4.9% de los votos; una federación de la CTC, la Fedeta, se caracteriza por su extrema moderación. Una vez creada la UTRAN hace ostentación de ser la federación que reúne, si no el mayor número de sindicatos industriales –26 de julio de 1946–, sí al menos la mayor cantidad de obreros industriales. Todo esto se debe a que dichos sindicatos están implantados en las principales empresas de Medellín, sobre todo en las de textiles que son las que garantizan su poderío a los industriales antioqueños: el sindicato de Fabricato posee 2.070 afiliados en 1947, el de Coltejer 1.405. ¿Se trata de verdaderos sindicatos? En realidad se parecen más a asociaciones de beneficencia y están controlados por la Acción Católica. La Organización Católica Social Arquidiocesana (OCSA) preside desde 1945 la creación de la UTRAN. Allí se pueden encontrar importantes industriales y dignatarios antioqueños, entre los cuales figuran dos hermanos del presidente de la ANDI y algunos miembros de esta asociación; la presidencia la ocupa José María Bernal, poco después ministro de Hacienda. La UTRAN misma es puesta bajo la tutela de un consejero jurídico de la ANDI, el Dr. Congote, quien la va a gobernar a su antojo durante muchos años, privando de cualquier tipo de autoridad a los obreros elegidos. Los sindicatos de base, por su parte, son inducidos a no presentar los pliegos de peticiones previstos por la ley, sino solamente memoranda.

193

Hemos mencionado en una nota anterior el papel de las religiosas en la vigilancia de las obreras de Fabricato. La religión está presente por todas partes en la vida de la fábrica: capellanes, retratos de Cristo en los talleres, obligación de participar en todas las prácticas.

446

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No es raro que sea el Dr. Congote el encargado de su negociación con la empresa. El fortalecimiento de la disciplina en la fábrica, con el pretexto del sindicalismo, no despierta el entusiasmo de los obreros, que responden con el ausentismo de las reuniones.194 Los líderes de los sindicatos de base encuentran extraño el hecho de no tener ninguna participación en las decisiones de la UTRAN, y se inquietan al no encontrar su apoyo cuando se deciden a presentar peticiones a la empresa. El mismo presidente de la UTRAN, Gonzalo Ramos, estima, en una carta dirigida al arzobispo el 3 de diciembre de 1948, que “los trabajadores no ven ni han visto en la UTRAN el defensor legítimo de sus intereses” y subraya que “muchos elementos con convicciones incorruptibles han perdido sus puestos en diferentes empresas por haber reclamado solamente lo que era justo y nada más”.195 Hasta la misma Acción Católica de Bogotá expresa sus temores con relación al giro que había tomado la UTRAN, transformada en un nuevo componente del poder social de la burguesía antioqueña o, más claramente, de la ANDI de Medellín. La UTRAN no tiene, pues, manera alguna de convertirse en el principio de la organización de una confederación de cobertura nacional. Con la improvisación de un congreso en Bogotá el 11 de junio de 1946 orientado a conformar oficialmente una organización de tal naturaleza, la Acción Católica quiere aprovecharse lo más rápido posible de los beneficios que le reporta la elección de Mariano Ospina Pérez. Todo es escogido apresuradamente comenzando por el nombre para bautizarla, que será sucesivamente Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Utra Colombia y finalmente Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), que será finamente el adoptado. El programa se puede resumir en tres puntos principales:

194

Como lo deplora el coordinador de la Acción Católica. Lamenta también que la mayor parte de los obreros que han pasado por un período de preparación ofrecido por la OCSA no dejan después una huella. En Coltejer, existía una abierta resistencia a este sindicalismo.

195

Archivos de la UTRAN. Una de las quejas formuladas por Gonzalo Ramos es la siguiente: la UTRAN había querido defender a mediados de 1948 algunos pliegos de peticiones de diversos sindicatos; el Dr. Congote estimó preferible someterlos él mismo a la discusión directamente en la ANDI –de la cual era miembro–; después de esto, ninguna noticia.

447

El momento del populismo 1945-1948

1) El apoliticismo, “que no permite que esta Confederación, en cuanto tal, se convierta en fuerza política al servicio de grupos, partidos o personas y [hace] de ella un instrumento desinteresado de defensa social”; 2) La cooperación con el patronato bajo la forma de una “colaboración amistosa entre el capital y el trabajo sobre la base del reconocimiento de los deberes y los derechos recíprocos”; 3) El respeto de la propiedad en una perspectiva de justicia social: “La propiedad privada es un derecho natural que es necesario respetar para conservar el orden social. Pero no debe ser patrimonio de unos pocos sino que ha de extenderse en forma gradual a todos”.196 Sin brillar por su originalidad, en este programa se puede no obstante percibir, en menor medida que en el de la UTRAN, la presencia de la tutela patronal.197 Entre 1946 y 1947, sin embargo, la UTC no es aún más que un ensamblaje heteróclito y precario de los “círculos” de la Acción Católica. En su congreso de fundación, presenta un balance de 24 sindicatos, de los cuales 11 pertenecen a la UTRAN. Ocho meses más tarde se reúnen en un nuevo congreso donde se hace alarde... de más de 300 sindicatos. Sobre la base de las listas que la UTC suministra en ese momento se puede construir (con sus inevitables aproximaciones) el cuadro 4.7, que clasifica los “sindicatos” por departamentos y por ramo de actividad y presenta las cifras reivindicadas por la FANAL para el conjunto del país.

196

Programa puesto en consideración de los congresistas. Archivos de la UTC. Cuando la UTC proyectaba aún llamarse UNT, otro proyecto de programa había sido redactado, con unas características mucho más reaccionarias (señalaba por ejemplo que la industrialización no debía hacerse a expensas de la agricultura, etc.).

197

La UTRAN había hecho una “declaración de principios” en julio de 1946 con ocasión de su primer congreso, que establecía principalmente: 1) El fortalecimiento de la “raza” 2) Una “educación integral” 3) La cristianización del trabajo, y para ello, el establecimiento de “protección para los obreros y servicios de transporte bajo la vigilancia de mujeres de una honorabilidad reconocida con el fin de llevar a los trabajadores a su domicilio después del trabajo” 4) La protección de la familia.

448

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Cuadro 4.7 “Sindicatos” afiliados en 1947 a la UTC Industria

Artesanado

Construcción

Servicios*

Minas

Agricultura

Diversos **

Fanal ***

-

-

-

-

-

237

237

Caldas

1

2

1

6

-

2

12

Cundinamarca

4

4

3

-

5

?

4

?

Boyacá

-

7

-

2

-

18

2

28

Antioquia

24

4

-

4

-

8

4

44

Nariño

-

2

-

-

-

3

-

5

Huila

-

-

-

1

-

9

2

12

Cauca

-

-

1

-

-

4

1

6

Valle

-

-

-

-

1

19

-

20

Total

Fuente: Contraloría General de la República, Primer Censo Sindical de 1947, Bogotá, Editorial Minerva, 1949. *

En los servicios hemos incluido a la vez los empleados de la administración y del comercio, los empleados domésticos, actividades marginales (emboladores de zapatos, etc.). ** La columna “Diversos” incluye principalmente los “círculos obreros” cuya naturaleza ambigua ya hemos mostrado. *** La cifra indicada para la FANAL incluye, probablemente, los diversos “sindicatos” agrarios mencionados para cada departamento; sabemos que existen básicamente en Boyacá y Cundinamarca. Es probable que los sindicatos agrarios mencionados aquí para cada departamento también hayan sido tomados en cuenta en las cifras de la FANAL; en tal caso estarían contabilizados dos veces.

De lo anterior se deduce claramente que por fuera del departamento de Antioquia la UTC había ampliado muy poco su audiencia en la industria privada. La UTC hace mención de la existencia de una “Federación” de mineros de Cundinamarca, fundada en julio de 1945, que no cuenta sino con un sindicato, el de las pequeñas minas de carbón de Suesca. La UTC conserva, por lo demás, un aspecto particularmente rural gracias a los “círculos” católicos reagrupados en la FANAL. ¿En qué consisten tales “círculos”? Responden sin duda a realidades muy diferentes; sin embargo, su centro de gravedad está situado en los departamentos que tienen las estructuras sociales más tradicionales. ¿Se podría encontrar un símbolo 449

El momento del populismo 1945-1948

en el hecho de que la “asociación” más importante numéricamente de la FANAL, con 1.110 afiliados, es la de un pequeño municipio de Boyacá, Boavita, cuyo nombre será célebre en el momento en que aparece la Violencia? Este municipio suministra en un primer momento los contingentes de “chulavitas” (Chulavita es una vereda de Boavita) que esparcen el terror conservador en el país. La UTC apenas si se hace sentir un poco más que la UTRAN por su participación en acciones reivindicativas concretas; al menos no excluye totalmente el recurso de la huelga: un poco después hace alarde incluso de haber tomado la iniciativa en los movimientos huelguísticos de 19461947.198 Algunas veces emprende campañas contra las empresas que tienden a “explotar a los obreros”; sin embargo, se trata casi siempre de compañías extranjeras, como es el caso de una compañía de cueros que “fuera de explotar y exportar cueros, explota y exporta la salud de los trabajadores colombianos que tiene a su servicio”.199 Estas protestas llevan la marca de una sensibilidad conservadora que busca reafirmar el catolicismo nacional contra un capital extranjero que tendría rasgos de protestantismo, judaísmo o comunismo.200 Las protestas también se

198

La persona que a partir de 1946, y por muchos años, desempeña el cargo de secretario general de la UTC, Justiniano Espinosa, escribió una historia de la Confederación con el título Apuntes históricos de la UTC, mimeo, Bogotá, diciembre de 1971; donde menciona tres huelgas en las cuales habría participado la UTC: la de los mineros de Suesca; la de la Empresa Textil Única de Manizales en 1946; la de la empresa de muebles Camacho Roldán de Bogotá en 1947. De hecho, al menos en este último caso –y esto es cierto para los otros dos– la UTC intervino en una huelga emprendida por los sindicatos de la CTC, y conquistó el sindicato al precio de numerosos despidos hechos previamente por la empresa. A pesar de todo es cierto que en el periódico de la UTC Justicia Social, se puede encontrar una referencia a la posibilidad de huelga en empresas donde “se explota miserablemente a los obreros”. Cf. Justicia social, octubre 10 de 1946.

199

Justicia Social, octubre 17 de 1946.

200

Justicia Social se rebela contra la construcción de un templo protestante en Barranquilla (agosto 16 de 1945), denuncia la “pornografía, el comunismo y el protestantismo”. Ibíd., y publica un artículo de un general mexicano según el cual el comunismo es la máscara del judaísmo (junio 21 de 1945). El periódico hace la denuncia también de ciertas acciones de la Tropical Oil y, ante las presiones norteamericanas que amenazan el desarrollo de la Flota Mercante Grancolombiana, en un boletín de la UTC se hace un llamado a la lucha “contra toda clase de imperialismos”. Boletín Informativo de la UTC, núm. 4, septiembre 15 de 1947.

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inspiran eventualmente en la “doctrina de la Iglesia” como recurso para tomar distancia con el capitalismo liberal. La UTC de hecho es firmemente sostenida por la Iglesia. Como responsable de la Acción Católica, el jesuita Vicente Andrade Valderrama vigila muy de cerca sus orientaciones y establece una red secreta de hombres de confianza, que constituye la verdadera jerarquía de la UTC, así como “el crisol en que se funden y se purifican nuestras ideas de superación para la clase obrera”.201 El impacto de la nueva Confederación en esta época es sobre todo político. Por intermedio de la Iglesia el Partido Conservador hace su ingreso oficial a los medios obreros. Nadie se engaña al respecto: ni los liberales, que con su declaración “Al César lo que es del César” ponen en guardia contra la formación de sindicatos confesionales,202 promulgan un decreto que prohíbe el paralelismo sindical –mejor una CTC, aun cuando sea turbulenta, que un sindicalismo sometido a los manejos del conservatismo– y bloquean el reconocimiento jurídico de la UTC que sólo ocurre oficialmente en 1949; ni los conservadores, que desde el periódico El Siglo hacen saber que “la Iglesia no puede callarse ni cruzarse de brazos cuando ve que el campesino agremiado en sindicatos comunistas con el pretexto de mejorar su condición, está expuesto a perder su fe”.203 La presencia de un liberal en el estado mayor de la UTC, Luis Alfonso Perdomo, no impide a esta tomar posición desde un principio al lado del Partido Conservador. Su periódico Justicia Social tiene como jefe de redacción, desde su cuarto número, a Arturo Abella, quien ocupa las

201

Boletín de orientación del MAS, julio de 1950. Esta organización secreta va a llamarse sucesivamente Movimiento de Acción Sindical (MAS) hasta 1951; Movimiento de Acción Social Cristiana (MASC) y después CETRAC. El MAS comprende al principio a los fundadores más sobresalientes de la UTC: J. Espinosa, E. Colorado (responsable de FANAL), A. Perdomo, A. Molano, Celestino Bañol, etc. En 1951, los jesuitas sienten la necesidad de reforzar el control sobre los sindicatos de base que la UTC está en vías de arrebatar a la CTC. Invitan “a que en Bogotá y en todas las capitales del departamento, cada sindicato sea colocado bajo la responsabilidad de un miembro del MASC”. (3º Plenum del MAS, febrero 1 de 1951). Es necesario observar que en varias oportunidades el presidente de la UTC no hace parte de este núcleo secreto. Este es el caso de Julio Restrepo Jaramillo, el primer presidente de la UTC, de Víctor M. Duarte, elegido en 1950, y sobre todo de Tulio Cuevas en los años sesenta.

202

El Tiempo, “Editorial”, junio 5 de 1946.

203

El Siglo, junio 4 de 1946.

451

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mismas funciones en El Siglo. El apoyo a Mariano Ospina Pérez tomará algunas veces un tinte ligeramente “laureanista”, como por ejemplo cuando la UTC acusa de debilidad contra la subversión al régimen de Unión Nacional: “El Gobierno no sólo no procura que el comunismo no se extienda y fortifique más y más cada día, sino que pide su colaboración en la administración pública”. 204 Esto quiere decir que la división partidista está destinada, a partir de este momento, a impregnar las luchas sociales y la vida en la empresa o la administración; en una coyuntura en que la rivalidad de los dos partidos por monopolizar el poder invade la totalidad de la sociedad civil y el Estado, el nacimiento de la UTC simboliza el fraccionamiento partidista de la clase obrera. Ya lo hemos sugerido, no obstante, más arriba: la aparición de la UTC significa igualmente la crisis del modelo de political bargaining al cual la CTC había comprometido su suerte desde 1936. Con la expansión de los gremios patronales, el Estado pierde el manejo monopolístico de la cuestión social. El contexto político va a contribuir indudablemente para que el patronato encuentre una solución radical, consistente en la destrucción de todo sindicalismo independiente. Es probable, sin embargo, que de todas maneras se hubiera formado un sindicalismo apropiado para hacer el juego al modelo liberal de desarrollo. ¿Se podría explicar de otra manera el hecho de que la UTC fortalece su presencia después de 1957, en condiciones políticas totalmente distintas, y logra por consiguiente arrastrar a su estilo de acción a organizaciones de orientación totalmente diferente? Organización de un sindicalismo patronal en Antioquia, división política de la CTC, surgimiento de un sindicalismo conservador frente a un sindicalismo liberal: la burguesía colombiana había logrado arrasar en pocos meses con lo esencial de la construcción “lopista”. Pero se tropieza con el surgimiento de un espectro: el populismo gaitanista, que lejos de desaparecer a causa de su fracaso en las elecciones presidenciales de 1946, mantiene su impulso inicial e invade toda la escena social y política.

204

Curso por correspondencia sobre doctrina social católica para dirigentes obreros, s.l., s.e., 1947.

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La segunda etapa del populismo gaitanista: del movimiento social de masas a su reinscripción en la división partidista tradicional El inconsciente partidista El gaitanismo contribuye con un aporte nada modesto a la destrucción de las instituciones “lopistas” y los esquemas políticos vinculados con estas. A medida que la destrucción se consuma tiende a captar cada vez más la totalidad de la movilización social, a expensas tanto de la CTC o del PSD como de la burguesía liberal. Liberada de todas las pantallas institucionales, la vía queda libre para la identificación entre las masas y el líder. Un movimiento social aparentemente irresistible, compuesto por una mezcla de afiliados a la CTC, gaitanistas y los mismos electores populares del liberalismo, ocupa a partir de septiembre-octubre de 1946 el espacio político y expresa su poderío en innumerables manifestaciones. La “masa” está allí, omnipresente, habla por intermedio de Gaitán; suministra continuamente la prueba de “su orden”205 y de su fuerza; los ofrece sin cesar como ofrenda a aquél que se confunde con ella, al mismo tiempo que los presenta como una amenaza cada vez mayor ante “la oligarquía que la desprecia”.206 Irresistible y al mismo tiempo frágil. Por haber roto las mediaciones organizativas este movimiento social se encuentra abocado, con excepción de los breves momentos en los que se ve y se escucha a sí mismo a través de la mirada y de la voz de Gaitán, a avanzar sin puntos precisos de referencia política. ¿Es una casualidad acaso que el movimiento asuma progresivamente como suyo el único factor que en Colombia sirve como acta de nacimiento: la pertenencia a uno de los partidos políticos tradicionales? ¿Paradoja? En el mismo momento en que el movimiento gaitanista invade con su estrépito todo el espacio político, se reinscribe con Gaitán

205

Jornada, septiembre 27 de 1946.

206

Ibíd.

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en la tradicional división partidista. En calidad de jefe del Partido Liberal el líder popular emprende su marcha hacia el poder desde comienzos de 1947. Y contra los conservadores las masas gaitanistas definen a partir de este momento su unidad aun al riesgo de encontrarse al lado de los miembros liberales del “país político”. Sin embargo, no es evidente que el gaitanismo haya roto en algún momento los vínculos con el liberalismo. La táctica electoral no borra la memoria histórica. Como Carlos Arango Vélez en 1942, Gaitán llegó a creer que los conservadores podrían consentir en una alianza con un disidente liberal para vencer al candidato oficial: los elogios dirigidos a Laureano Gómez por su prédica contra el régimen “lopista”, el interés mostrado por los promotores del sindicalismo católico en su combate contra la CTC y el PSD, son suficientes para probar que el cálculo era plausible. La referencia a las similitudes entre el hambre y la enfermedad, independientemente de que fuesen liberales o conservadores los afectados, hizo mella indudablemente en la imaginación de numerosos sectores populares conservadores que, después del asesinato de Gaitán, evocarán su recuerdo como el de un hombre justo en contraste con los otros liberales. No obstante la alusión a la “unidad del pueblo” contra la unidad de la oligarquía no resiste el lanzamiento de una candidatura conservadora. Jornada señala inmediatamente que esta implica “la explosión de las pasiones sectarias con su trágico saldo de sangre en las aldeas”,207 y Gaitán invita “a la carga contra el candidato conservador” y a hacer la unión del liberalismo alrededor suyo.208 La organización por parte de Ospina de un gobierno de Unión Nacional entre los dos partidos le parece a Gaitán una violencia contra el inconsciente colectivo de los colombianos. Ya no considera la división partidista como el resultado artificial de las manipulaciones de la oligarquía política, sino como la expresión tanto de las leyes del cosmos como de la psicología. Ante el anuncio de la Unión Nacional Gaitán comenta: “La existencia de las fuerzas contrapuestas de los partidos obedece a un proceso de razón y de lógica social tan profundo como la existencia de las fuerzas negativas y positivas en la electricidad, que permiten la expresión del más hondo elemento precursor de la

207

Ibíd., marzo 23 de 1946.

208

Ibíd., marzo 26 de 1946.

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transformación técnica de la especie. La existencia del contraste ideológico de los partidos tiene origen tan cimentado y explicación tan honda para la existencia equilibrada de los pueblos, como es honda y valedera la razón de las fuerzas encontradas del amor y del odio en el gran drama de la psicología afectiva de los hombres [...] o la Ley de la gravitación universal que sólo por razón del encuentro de fuerzas contrapuestas logra la unidad y el equilibrio del mismo cosmos”.209 La miseria no tiene contenido político, pero el “inconsciente” sí; de esta manera la unión de los partidos parece ir en contra de una prohibición esencial. Todas las promesas de reconciliación y todas las esperanzas depositadas en el saber tropiezan con el recuerdo de que no existe unión posible de los contrarios y de que no hay nada que pueda alguna vez neutralizar verdaderamente la violencia primera de una inscripción política que existe con antelación al reconocimiento de los puntos simbólicos de referencia de lo político. El proceso de identificación por el cual pasa la formación del sujeto político no se hace ya por la asimilación total al jefe; se lleva a cabo por la asimilación de aquel rasgo único que constituye su identidad partidista. De allí no se debe concluir que la inspiración populista pierda algo de su fuerza; la promesa de indivisión es ciertamente puesta a prueba por la realidad innegable de la división partidista. El populismo, sin embargo, como lo hemos sugerido anteriormente, es imposibilidad de síntesis: su efecto de ruptura proviene de que no deja posibilidad alguna para un Aufhebung de las contradicciones, salvo que sea en la imaginación. Mejor aún, a las tres parejas de oposiciones que hemos mencionado arriba, es necesario agregar una cuarta: la infranqueable separación existente entre los partidos políticos, por un lado, y la unidad esencial del pueblo, por otro. Esta cuarta pareja no deja de tener consecuencias sobre el movimiento social en curso; hace que sea cada vez más difícil llevar a cabo la confluencia entre el universo de los antagonismos sociales –el país “real”– y el universo de los conflictos políticos –el país “político”–; su combinación, dentro del mismo movimiento gaitanista, parece marcada por el sello de la imposibilidad. El movimiento sacude la sociedad en su conjunto y hace surgir a la vista de todos el intolerable abismo social;

209

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 456. Discurso del 21 de julio de 1946.

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sin embargo, la deriva de lo político sigue su rumbo sin que nada pueda ponerle un obstáculo.

El movimiento social La unión “contra natura” de los dos partidos en el seno del gobierno constituido en agosto de 1946 por Mariano Ospina Pérez es también una muy natural coalición de las clases dominantes. Independientemente de la repartición fifty-fifty de los puestos ministeriales entre liberales y conservadores, el mundo de los negocios es ratificado en su papel de gestor de los asuntos públicos. Las élites económicas están presentes en el gobierno. La euforia de los gremios es también la del poder político e inversamente. Producir riquezas, no existe otra aspiración: “El programa económico del gobierno –declara Ospina– puede resumirse en una sola frase: convertir al país en una gran empresa de producción”. Si el costo de ello es la inflación, que viva la inflación. En 1948 el Ministro de Hacienda, el industrial antioqueño José María Bernal, lo expresa claramente con una formulación que se hace célebre, pronunciándose por “el ideal de la vida cara”.210 Cualesquiera que sean sus eventuales fricciones, todos los sectores de las clases dominantes están convidados a la gran fiesta del crecimiento. Y por encima de las dificultades pasajeras,211 la fiesta seguirá en toda su plenitud hasta 1955. Las masas populares tienen, pues, razones para estimar que la “oligarquía”, en su forma “plutocrática”, está ahora muy bien instalada en el poder. El descubrimiento del “inconsciente partidista” no es un obstáculo para que Gaitán pueda también comprobar, en julio de 1946, que siguen estando frente a frente los que asisten “a las mismas juntas

210

Desde comienzos de 1947 se desarrolla un debate sobre la inflación. Antes de José María Bernal, el presidente de la ANDI, Cipriano Restrepo Jaramillo, había aportado igualmente a este debate su propia fórmula: “No hay que tener miedo de la inflación”; y agregaba: “es necesario inyectar moneda, confianza y trabajo en la economía nacional”.

211

A partir de 1947 la capacidad de importación, resultado de los recursos acumulados durante la guerra, tiende a disminuir. De allí se deriva que durante dos años aparezca una ligera sombra sobre la satisfacción imperante, hasta que en noviembre de 1949, con el comienzo del alza vertiginosa de los precios del café, se pone término a todas las inquietudes.

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directivas” y están de acuerdo “con las mismas iniquidades”, y un “pueblo oprimido y puesto al margen”, las “inmensas multitudes abandonadas y escarnecidas y burladas en todos sus intereses”.212 El PSD, por su parte, ya no reconoce en estas élites económicas la figura de la burguesía progresista sino la de “los grandes terratenientes, banqueros e industriales reaccionarios”.213 Los esquemas interpretativos ya cuentan de hecho muy poco. Las masas liberales acaban de ver a su partido perder el monopolio del poder. Hasta ese momento habían mostrado con frecuencia reticencias para aceptar la tesis gaitanista de la confiscación oligárquica del poder; ahora se encuentran confrontadas con una oligarquía de carne y hueso. La movilización social progresa. El movimiento social hace irrupción a partir de junio de 1946. En una primera etapa no se deja encerrar en un marco preciso; está indisociablemente articulado tanto con las reivindicaciones sociales como con la aspiración a conquistar de nuevo el poder para el liberalismo. Las reivindicaciones ya no se presentan aisladas; las huelgas ya no se desarrollan en una incomunicación sin perspectiva. Las primeras asumen en muchas ocasiones un aspecto masivo, las segundas parecen constituir a menudo una señal para la huelga general. De agosto de 1946 a finales de 1947, se pueden contar 600 conflictos colectivos. Todos los sectores se ven afectados; no solamente los trabajadores vinculados con el transporte sino también los artesanos, los empleados del Estado, los obreros de las fábricas, los empleados municipales. A comienzos de octubre 150 pliegos son presentados al mismo tiempo en el Valle, 500 en Barranquilla, 32 en la Federación de Obras Públicas, etc. Las huelgas se multiplican: en agosto de 1946, son 1.400 empleados de Obras Públicas del Huila; poco después son los empleados municipales de Medellín, los obreros de numerosas empresas de Cali, los empleados municipales de los teléfonos de Bogotá, los obreros de las fábricas de cemento de Cundinamarca, los trabajadores de las panaderías en Cali, los ayudantes de peluquería de Bogotá, etc. El 6 de octubre comienza una huelga de los obreros de todas las empresas del petróleo que,

212

J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., p. 460. Discurso del 21 de julio de 1946.

213

Declaración de A. Durán, El Diario Popular, junio 27 de 1946.

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con algunas interrupciones,214 va a tener en vilo a la opinión pública durante más de un mes. Los que habían logrado reemplazar a la Fedenal como punta de lanza del movimiento obrero logran coordinar ahora el movimiento de una empresa a la otra; rechazan los acuerdos parciales y, en las empresas donde la negociación es coronada por el éxito, promueven un nuevo paro del trabajo para apoyar a los compañeros aún en huelga; enarbolan la bandera del antimperialismo y rechazan “el vergonzoso abandono de la soberanía nacional a las compañías imperialistas”.215 Algunas veces rebasan incluso a su propio líder Diego Montaña, y logran obtener el apoyo real de numerosas federaciones, algunas de ellas moderadas, como por ejemplo la de los ferroviarios o la de los obreros del petróleo. El 28 de octubre, en el mismo momento en que la huelga de los obreros del petróleo se generaliza, estalla la de los choferes de Bogotá. Algunos días después, el Valle es sacudido por una ola de huelgas. Los choferes dan la señal y cuando la policía mata a uno de ellos, otros sectores los siguen: los ferroviarios, cuya huelga se propaga hacia Buenaventura, Armenia, Ibagué y pretende incluso llegar hasta Cundinamarca; los obreros que abandonan las fábricas; los artesanos, etc. Poco después, numerosas huelgas siguen apareciendo. Una de ellas afecta a la Universidad Nacional... y termina con el resultado paradójico de obligar a su rector socialista, Gerardo Molina, a dimitir. Las diferencias políticas no han sido totalmente olvidadas: la prueba de ello está en que los obreros del petróleo denuncian a los “provocadores” que bajo pretexto de solidaridad promueven levantamientos en Bogotá. Las diferencias no

214

La huelga, que había comenzado el 6 de octubre, debía terminarse el 8 de octubre. Los obreros de la USO (sindicato de la Tropical Oil) aceptan el procedimiento de arbitraje. El 12 de octubre, sin embargo, restablecen la huelga por un día. El 28 de octubre la huelga comienza de nuevo y se generaliza a todas las compañías: 12.000 obreros del petróleo están en huelga. El 9 de noviembre, Diego Montaña acepta un proyecto de acuerdo, que es desautorizado por la asamblea de los trabajadores. El 14 de noviembre los obreros de la USO (Tropical Oil) levantan la huelga. Esta vuelve a restablecerse no obstante el 22 de noviembre con el fin de apoyar a los obreros de Colombian Petroleum en huelga desde 22 días atrás. El 26 de noviembre los obreros de la Shell entran también de nuevo en la huelga. El movimiento termina poco después.

215

Telegrama de Fedepetrol, noviembre 22 de 1946.

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son lo suficientemente fuertes como para lograr impedir la reunificación aparente de la CTC en diciembre. ¿Se trata de un “movimiento obrero” o de un “movimiento reivindicativo”? En realidad, el movimiento se encuentra más allá de estos límites; son las masas urbanas las que lo impulsan y entran en escena a cada momento. El movimiento está igualmente animado por un espíritu de revuelta contra el nuevo régimen. Antes de las elecciones, incluso, algunos gaitanistas incitan a su líder a organizar un golpe de Estado contra Alberto Lleras, sugestiones a las cuales Gaitán responde “echándose a reír”.216 Las consecuencias del movimiento llegan hasta Bogotá donde se llevan a cabo manifestaciones durante las cuales la turba saquea almacenes del centro de la ciudad, algunos de los cuales pertenecían a comerciantes de origen extranjero, que podían simbolizar el poderío de los que, según Gaitán, constituían una injuria contra la sangre colombiana. Poco después comienzan a circular rumores según los cuales se iba a desencadenar una huelga general para impedir que Ospina tomara posesión de la presidencia. El 24 de julio, en Cali, el pueblo urbano se apodera de los buses que los propietarios se negaban a hacer circular con el fin de obtener un aumento de las tarifas. El 9 de septiembre, también en Cali, el mismo pueblo urbano lleva a cabo manifestaciones en las calles, con la participación de obreros de numerosas fábricas, para protestar contra el alza incontrolada de los precios. Pero es sobre todo en octubre y comienzos de noviembre, con motivo de la huelga de los obreros del petróleo, de los choferes de Bogotá y de los obreros de Cali, cuando se extienden los rumores de una huelga general que sería el preludio de la toma del poder por parte de Gaitán. El 25 de octubre, los sindicatos de la CTC oficial envían una delegación a Ospina, para hacerle entrega de una lista de sus reivindicaciones y reclamar medidas contra la inflación. El 31 de octubre la gasolina escasea en Bogotá y los transportes no funcionan. La multitud invade la calle, saquea algunos almacenes y lanza voces hostiles contra el gobierno; circulan consignas de ataque contra el palacio presidencial.217 La agitación invade la capital; la policía misma, que se demora en intervenir, parece escapar del control del gobierno.

216

Según J. A. Osorio Lizarazo, op. cit., p. 280.

217

Es en esta ocasión cuando los huelguistas del petróleo hacen su condena del “grupo de provocadores” de Bogotá. Declaración del 1º de noviembre de 1946.

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La huelga de los choferes del Valle ofrece el 8 y 9 de noviembre una nueva ocasión para desencadenar “la” huelga general que conduciría a la caída del régimen: la expansión tan rápida de la huelga de los ferroviarios no tiene otra razón, como tampoco la parálisis casi total de las diversas actividades. El gobierno se ve obligado a instaurar el estado de sitio en el Valle; el movimiento no decae por ello, pero tampoco las manifestaciones de hostilidad contra el poder. A mediados de febrero de 1947, la CTC organiza una manifestación en Bogotá frente al palacio presidencial. Las pancartas llevan escritos como los siguientes: “Francia 1793, Rusia 1917, Bolivia y Venezuela 1946, ¿Colombia hasta cuándo?”, “El hambre es la incubadora de las revoluciones”, “El Frente Popular se levanta victoriosamente”. Como en los tiempos de López, los oradores son invitados a tomar la palabra desde un balcón del Palacio; pero en el momento en que Ospina se dispone a dirigirse directamente a los sindicalistas, los gaitanistas dan la orden de la dispersión.218 El 21 de abril de 1947, en Barranquilla, los más diversos sectores del Partido Liberal se reúnen en un agitado desfile durante el cual son saqueados numerosos almacenes con el fin de pedir la dimisión del gobierno: comerciantes y pequeños propietarios de empresas se unen al acto y pretenden después reclamar indemnizaciones por los daños ocasionados durante su realización.219 El movimiento no es un movimiento obrero; es un movimiento tanto del pueblo bajo como de los pequeños comerciantes y artesanos, de todos los empleados públicos liberales y, cada vez más, de las capas intelectuales vinculadas con el liberalismo. Las reivindicaciones económicas desempeñan allí un papel importante, al igual que el temor a los despidos en el sector público a medida que los conservadores comienzan a reclamar su parte en la administración; pero sobre todo está presente la identidad partidista que crea vínculos entre todas las capas.

218

Jornada comenta: “Lo ocurrido no tiene precedentes en la historia colombiana. Esto no debe ser interpretado como un irrespeto a la mayoría de la República simbolizada por la persona del Presidente sino como una demostración elocuente y palmaria de la impopularidad que rodea a un régimen”. Jornada, febrero 16 de 1947.

219

Según el testimonio del gobernador José María Blanco Núñez, Memorias de un gobernador: el 9 de abril de 1948, antes, durante y después, Barranquilla, s.e., 1968.

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El gobierno se coloca a la defensiva.220 Cualquier incidente parece constituir el indicativo de una explosión. En cada nueva ola de tensión social todas las miradas, en cambio, se vuelven hacia Gaitán. A medida que se suceden las manifestaciones la imposible síntesis comienza a hacerse patente. El pueblo liberal está allí presente, heterogéneo por su reclutamiento, íntegro en la evidencia de su fuerza. Los intereses de clase se funden con los de la nación. El exterior de lo social asume la forma misma del Partido Liberal en su enfrentamiento con el régimen. La huelga general es permanentemente evocada como el momento de la verdad que revelaría cómo el gobierno carece de poder porque el poder ha pasado al dominio de las masas. Sólo falta la aquiescencia de Gaitán. A comienzos de noviembre, la huelga de los obreros del petróleo y la del Valle parecen ya indicar el desenlace. No obstante, precisamente en esos días, de repente, es imposible encontrar a Gaitán.221 La cita entre el líder y las masas se malogra. Suprimida provisionalmente por el movimiento social, la disyunción atraviesa de hecho la estrategia gaitanista. No se trata de que Gaitán haya dejado de asimilarse al movimiento social. Aquél que en vísperas de las elecciones presidenciales de 1946 proclamaba: “Si se desconoce la victoria del pueblo yo estaré al frente para defenderla y pido el honor de que la primera bala sea para mí”,222 sigue captado por la multitud de la cual exalta su decisión creciente. No obstante, se sitúa también en una

220

Ospina toma numeraciones precauciones para no chocar abiertamente con las organizaciones populares. En este sentido hace el anuncio ante el Congreso de la CTC en agosto de 1946, a través del Ministro de Trabajo, de que no se trata de romper el monopolio de la confederación y de reconocer el sindicalismo confesional. Durante el desarrollo del movimiento de los obreros del petróleo no se atreve a declarar ilegal la totalidad de las huelgas; busca la manera de intervenir, siguiendo la tradición lopista, como mediador supremo del conflicto. Cf. telegrama a la USO del 30 de octubre en el cual, en respuesta a un mensaje que este sindicato le había enviado el mismo día para agradecerle por sus “grandes dotes de patriota” y para dar testimonio de “admiración” por el “gran responsable nacional”, promete una solución “justa y satisfactoria”. El 5 de noviembre anuncia una consolidación de las leyes sociales.

221

Según J. A. Osorio, Gaitán se hace internar en una clínica con el pretexto de una amenaza de apendicitis. Cf. J. A. Osorio, op. cit., p. 282.

222

Discurso del 15 de abril de 1946, Jornada, abril 16 de 1946.

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lógica institucional que pasa por la vía electoral y por la penetración en el aparato estatal y gubernamental. Desde junio de 1946, Gaitán había moderado su hostilidad acogiéndose al principio de la Unión Nacional, con la condición de que la colaboración sólo comprometiera a los individuos y no a los partidos; en diciembre de 1946, un primer gaitanista había hecho su entrada en el gobierno. Pero, sobre todo, Gaitán conquista progresivamente la dirección del Partido Liberal a medida que la imposibilidad de los “notables” de frenar su carrera ascendente se hace patente.223 Las elecciones legislativas de marzo de 1947 representan desde este punto de vista un importante punto de referencia; sus resultados son una victoria para el gaitanismo. Si bien el Partido Liberal cede terreno en términos globales con respecto al Partido Conservador, las listas gaitanistas superan las listas liberales competitivas en cerca de 100.000 votos. Gaitán se convierte oficialmente, en junio de 1947, en el “jefe único” del liberalismo. ¿Es este el momento en que el movimiento social y la estrategia partidista se pueden llegar a fusionar? ¿O es por el contrario el momento en que comienzan a separarse? Es en todo caso el momento en que se consolida la posibilidad de un nuevo encuentro entre el líder y las masas.

El encuentro fallido: la huelga general del 13 de mayo de 1947 Nos encontramos, sin embargo, con el hecho de que Gaitán toma por su cuenta la amenaza de una huelga general. Durante la campaña que precede a las elecciones del 16 de marzo, recorre el país y aumenta cada vez más las alusiones a la huelga. En Barranquilla, el 9 de febrero, advierte a Ospina que “el pueblo no se dejará atropellar y cuando llegue la hora parará la maquinaria y en ocho días temblará el gobierno”. Y pregunta a la multitud: “Si sigue la persecución, ¿estáis dispuestos a parar todas las actividades para contrarrestarla?”.224 Algunos días después, en el Teatro

223

Eduardo Santos, elegido designado, quiso oponerse a Gaitán. Los otros líderes del liberalismo abandonaron el terreno: Turbay se retira a París, donde muere en 1947; Alberto Lleras Camargo se va para la OEA; Alfonso López para las Naciones Unidas; Carlos Lleras Restrepo espera días mejores asumiendo por el momento las funciones de director en la Federación de Cafeteros y en la industria.

224

Jornada, febrero 10 de 1947.

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Municipal de Bogotá, lugar de sus arengas de los viernes por la noche, lo confirma. “Vosotros ya sabéis que los partidos modernos no necesitan lanzarse a la guerra civil ni a los campos de batalla. Les basta con bajar los brazos para que se paralice el país y la injusticia deje de imperar”.225 Inmediatamente después de las elecciones, la decisión parece tomada; el 21 de marzo, Gaitán pone de presente su inminencia. Jornada resume sus propósitos en un inmenso título que ocupa casi toda la primera página: “Gaitán anuncia la huelga general”.226 El llamado que Gaitán lanza a los trabajadores no puede ser más claro: “Ferroviarios de todo el país, estad atentos. Recibiréis órdenes en el momento necesario. Choferes y trabajadores del transporte, gentes de las clases medias, gentes de las fábricas de textiles, trabajadores de los tranvías, gentes del petróleo, trabajadores todos, estad atentos para que cuando se aseste la puñalada a la democracia, bajéis los brazos para que la República viva”.227 Había, sin embargo, bajo el enorme título de Jornada, un subtítulo discreto, que introducía una condición. La huelga tendrá lugar “si se desconoce la victoria del liberalismo”. ¿Qué implica el reconocimiento de la victoria? Con toda seguridad una participación en la administración y en el gobierno, proporcional a los resultados electorales obtenidos por el gaitanismo, y la suspensión de los despidos de los empleados liberales que llevaban a cabo los numerosos administradores conservadores. Más allá de la “defensa de la democracia”, el proyecto tiene más bien por objetivo la preservación de las posiciones del liberalismo en el seno del Estado. Ello no impide que ante la falta de un reconocimiento en buena y debida forma, las masas liberales puedan hacer valer su advertencia de movilización general. La CTC, por su cuenta, se precipita en el abismo. El 11 de abril, anuncia oficialmente que una huelga general tendrá lugar el 13 de mayo para protestar contra “la política social reaccionaria del gobierno” y exigir una orientación más acorde con las “necesidades de las grandes mayorías populares del país”. Los cálculos políticos no son sin duda ajenos a esta decisión. Los dirigentes del PSD, al menos los “vieristas –los

225

Ibíd., febrero 25 de 1947.

226

Ibíd., marzo 22 de 1947.

227

Ibíd.

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‘duranistas’” se muestran reticentes respecto a un proyecto que “siendo ante todo de carácter antigubernamental” les parece marcado por el “espontaneísmo”–,228 se sienten contentos de poner a Gaitán contra la pared y de hacer posible de facto el frente común con las huestes gaitanistas. La CTC, no obstante, todas sus tendencias incluidas, se encuentra en realidad impulsada por la movilización de la que no es más que una intermediaria. La politización anticonservadora se incrementa y arrastra consigo a los más moderados. El 24 de abril, varios sindicatos de Antioquia (empleados departamentales, ferroviarios, choferes) hacen una huelga de advertencia para protestar contra el reemplazo de trabajadores liberales por trabajadores conservadores. El 1º de mayo, 20.000 obreros de obras públicas hacen un paro laboral por la misma razón; el presidente de su federación, Parmenio Zapata, que pasa por ser un liberal “de derecha”, se dispone a afrontar una situación de guerra: “Si los trabajadores fueran abaleados, las carreteras desaparecerían del mapa”.229 A medida que se acerca la fecha fatídica la incertidumbre sobre la posición de Gaitán pesa en el ambiente. El líder se mantiene en un silencio total. Sus allegados hablan por él, pero de manera discordante. Uno de sus seguidores ocupa en ese momento el Ministerio de Trabajo230 y hace, por consiguiente, la advertencia de que el movimiento anunciado es ilegal y amenaza con sanciones. Jornada en cambio se declara solidaria con las reivindicaciones sindicales. La víspera de la huelga el periódico gaitanista ratifica lo bien fundado de estas: “Los obreros no tienen otro medio que el paro para actualizar la defensa contra el hambre y la persecución”.231 La CTC, imprudentemente comprometida, intenta mitigar el carácter político del proyecto. El 3 de mayo presenta la huelga con un carácter esencialmente reivindicativo y defensivo contra los despidos y, para darle un matiz más ordinario, elabora un vasto pliego de peticiones en el cual se mezclan las inspiraciones gaitanistas y comunistas. El 5 de mayo organiza una huelga de protesta contra la actitud antisindical del gobierno. El 9 y el 11 de

228

Este es en todo caso el juicio a posteriori de los “duranistas”. Cf. Unión obrera, junio 23 de 1947.

229

Jornada, mayo 3 de 1947.

230

Como consecuencia de las elecciones del 16 de marzo tiene lugar una nueva organización del gabinete ministerial y los gaitanistas logran varias carteras.

231

Jornada, mayo 12 de 1947.

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mayo se defiende de la acusación de impulsar un movimiento de “carácter político con objetivos partidistas”, pero se declara dispuesta a defender la democracia “contra todos los avances de la dictadura y del falangismo”. Los sectores populares organizados corren el riesgo de encontrarse de nuevo solos frente al gobierno y la burguesía; al asumir por su cuenta el acto de ruptura anunciado por Gaitán, se encuentran confrontados de nuevo con la eventualidad de una discordancia entre bases obreras y populismo. Y en efecto, sin el aval explícito de Gaitán, la huelga estalla finalmente el 13 de mayo. En otro contexto la huelga hubiera sido considerada como un éxito sin precedentes: los ferrocarriles, los correos, los transportes terrestres, numerosas administraciones públicas quedan total o parcialmente paralizadas; las mismas fábricas se encuentran ampliamente afectadas. La sección local de la ANDI estima que en Bogotá la huelga comprende a un 50% de las fábricas; en Cali la proporción es similar. Sólo las empresas industriales de Medellín permanecen al margen, pero ese hecho no es suficiente para detener el paro en el resto del país. Tanto en Bogotá, como en otras ciudades, el ejército se hace presente para hacer funcionar los transportes colectivos. Y Gaitán continúa, también ese día, refugiado en el silencio. El encuentro no se lleva a cabo. Parece como si el diálogo no se pudiera establecer entre la multitud y el líder; cuando la primera toma la palabra, el segundo se niega a reconocerla como suya. Al día siguiente de la huelga, Jornada publica un comentario “informal” de Gaitán según el cual “el liberalismo no se debe convertir en el usufructuario de los incidentes que se desarrollan como consecuencia de las actividades de los sindicatos” y agrega que “se conspira contra los trabajadores cuando se pretende explotar con fines ajenos a la organización sindical, esta clase de movimientos”.232 Dos días después, en el Teatro Municipal, Gaitán presenta, por fin, él mismo, un comentario incierto. Admite haberse entrevistado con Víctor J. Silva, el presidente de la CTC, la víspera de la huelga, pero estima que esta era a la vez “ilegal” y “justa”: como “jurista” no podía aceptarla, como vocero del pueblo sólo podía estar “de acuerdo con la táctica”;233

232

Jornada, mayo 14 de 1947.

233

Ibíd., mayo 17 de 1947.

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ratificándola con su autoridad, hubiera caído en la trampa que la oligarquía le tendía. El juego de las oposiciones sin síntesis ya no cruza solamente al discurso populista; está presente tanto en quien lo enuncia como en la acción que anima. El hombre de la ley se coloca frente al líder que se confunde con el movimiento del pueblo. Al no presentarse en el momento del encuentro con el pueblo, Gaitán consagra en lo fundamental dos disociaciones. La primera, entre la fusión populista y los mediadores populares; no es nueva, pero no había sido tampoco reconocida de esta manera. Los “incidentes” que pueden provocar las organizaciones populares sólo son “añadiduras” al verdadero movimiento de masas. Las reivindicaciones sindicales no son más que la expresión deformada, tanto de la irrupción de los “exteriores”,234 como de la identificación populista. Jornada se conmueve muy poco frente a la decepción que sigue a la gran fecha: “Los obreros han sufrido, es cierto, una dura experiencia, acostumbrados como estaban a que las huelgas se las hicieran desde el gobierno”.235 La segunda disociación se da entre la acción política y las contradicciones existentes en lo social. Al negarse a “explotar” la decisión de las organizaciones sindicales, Gaitán prefiere dar prioridad a la escena política, donde se desenvuelve el enfrentamiento de los dos partidos tradicionales. “Le Grand Soir” no había llegado. En lo inmediato esto significa que los sindicatos quedan abandonados a su propia suerte, es decir, a la suerte que la burguesía unánime se apreste a dar a lo que el arzobispo de Bogotá considera como “un atentado contra el orden público y la sociedad”,236 o un semanario liberal moderado presenta como una “tentativa de remplazar el gobierno de la nación por el gobierno sindical”.237 Mil quinientos sindicalistas fueron detenidos el mismo día. La personería jurídica de la CTC fue suspendida por tres meses. La huelga era ilegal, los despidos son legales. La ocasión era propicia para destruir los aparatos sindicales.

234

Fórmula frecuentemente empleada por los anarquistas europeos de los años noventa del siglo pasado. Cf. D. Steenhuyse, “Le thème du grand soir jusqu´en 1900”, Le Mouvement Social, abril-junio de 1971, pp. 61-76.

235

Jornada, mayo 15 de 1947.

236

Comunicado del arzobispo de Bogotá, mayo 9 de 1947.

237

Semana, mayo 17 de 1947.

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Según informaciones dispersas se puede suponer que más de 500 sindicalistas fueron licenciados en Bogotá, 200 en una pequeña ciudad como Pereira, 100 únicamente en los ferrocarriles de Antioquia. En las empresas industriales se da libre curso a la represión. En Obras Públicas el ministro ultraconservador Luis Ignacio Andrade se dedica a llevar a cabo una depuración en regla y aprovecha la situación para contratar trabajadores de su partido. Allí donde los conflictos colectivos siguen su marcha, se deja que se descompongan hasta que los trabajadores se rindan sin condiciones; tal es el caso de Obras Públicas después de 20 días de huelga, de los ferrocarriles de Antioquia después de 19 días. ¿Qué hacer? Algunos dirigentes sindicales consideran la posibilidad de una nueva huelga de protesta, aun cuando no cuentan con los medios para ello. Los sindicatos quedan exánimes después de la jornada del 13 de mayo. Una sola huelga de importancia tiene lugar antes del 9 de abril: la de los trabajadores de la Tropical Oil Company que será rápidamente rodeada de un aura de leyenda. Al cabo de 49 días, los “petroleros” obtienen que la filial de la Standard Oil renuncie a la reducción de sus actividades, en previsión de la próxima expiración de la concesión. Al hacerlo consideran que han logrado hacer triunfar de esta manera la causa nacional, puesto que el gobierno decide crear, poco después, para remplazar a la compañía americana, la primera compañía colombiana de petróleo: Ecopetrol.238

238

La acción de los obreros del petróleo tuvo ciertamente una influencia en la decisión gubernamental. Sin embargo, no era evidente que la Tropical Oil, que buscaba entonces afianzarse en la distribución de gasolina, quisiera la renovación de una concesión próxima al agotamiento. La campaña nacionalista del sindicato de la compañía (USO) evitó, sin duda alguna, el desmantelamiento y el despilfarro de los pozos. La campaña no estaba exenta de matices. Algunos dirigentes de la USO pensaban hacer un llamado a otra compañía americana, la Sinclaire (cf. declaraciones de este grupo de dirigentes sindicales en El Liberal, enero 12 de 1948; El Espectador, enero 12 de 1948; Semana, enero 17 de 1948). Estos no se inquietan por la implantación de la Tropical Oil en las redes de distribución (sólo algunos periódicos de Santander lo hacen: cf. El Demócrata de Cundinamarca, enero 15 de 1948). Hay que agregar que el sindicato, en pleno período de recesión sindical, había logrado que la compañía diera marcha atrás a los 400 despidos que había anunciado; había evitado que la huelga fuera declarada ilegal y había logrado que se declarara una huelga de solidaridad de varias semanas por parte de los trabajadores de la Colombian Petroleum Company. Como veremos en el capítulo siguiente Ospina tuvo grandes dificultades para hacer aceptar a los industriales la creación de una compañía nacionalizada.

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El momento del populismo 1945-1948

El impacto de esta huelga no es suficiente para disimular la postración de la totalidad de los sindicatos y la caída de la audiencia de los comunistas. Un capítulo se había terminado el 13 de mayo. De 1945 a 1947 los sindicatos urbanos habían hecho parte de un triángulo de fuerzas cuyos otros dos extremos estaban constituidos por la burguesía y el gaitanismo; habían introducido en dicho marco claros intereses de clase, a menudo a pesar de sí mismos. Once meses antes del Bogotazo los sindicatos habían ya perdido su capacidad de acción y su posibilidad de hacer valer una identidad política propia; de esta manera habían dejado a la burguesía y al gaitanismo frente a frente. No obstante este enfrentamiento había quedado particularmente oscurecido por el hecho de que los verdaderos intereses de clase eran dejados de lado cada vez más. Ambivalencia del gaitanismo: cuando ocurren los despidos masivos, Jornada denuncia una “orgía reaccionaria”,239 pero el ministro gaitanista se contenta con deplorar sus excesos240 y Gaitán continúa evocando la insoportable condición de los trabajadores; ese mismo Ministro de Trabajo, en su informe anual, sugiere recortar el derecho de huelga con la imposición de un procedimiento de arbitraje obligatorio después de cierto número de días de paro del trabajo y la instauración de un “trabajo obligatorio” de contenido vago.241 En diciembre de 1947 Gaitán parece dispuesto a aceptar la mano tendida que le presenta un sindicalismo descompuesto: el presidente de la CTC, Víctor J. Silva, se inscribe en el ámbito de influencia política del gaitanismo y Gaitán asiste a la inauguración del congreso anual de la CTC en Cali. Sin embargo, la ambivalencia estará siempre presente. Al presentar un informe del congreso Jornada se congratula de que allí se haya adoptado una moción de condena al “gobierno de las clases dominantes”: “La caracterización del gobierno como gobierno de las clases dominantes es exacta ya que logra terminar de una vez por todas con las teorías oportunistas que pretenden crear ciertas ilusiones en las masas a través de especulaciones ociosas sobre las buenas intenciones del presidente Ospina Pérez”, comenta el órgano gaitanista.242 No obstante, el Ministro de Trabajo gaitanista, ante el mismo

239

Jornada, mayo 15 de 1947.

240

“Memorias del ministro del Trabajo”, 1947.

241

Ibíd.

242

Jornada, enero 8 de 1948.

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congreso, se limita a emplear un lenguaje de los más tradicionales: “Los sindicatos deben ser apolíticos [...]. Dos elementos se han arrojado como aves de rapiña sobre el sindicalismo y sobre el pobre obrero confiado; por una parte el capitalismo inhumano, por otra el falso apóstol que, después de haber tomado para sí el mejor botín, llena al obrero de veneno contra las otras clases que forman la sociedad poniendo así en peligro constantemente la industria y la riqueza nacional”. Desconfiado o no, el “pobre obrero” es llamado, en todo caso, a ponerse al servicio de lo que se presenta ahora como una lucha de los partidos tradicionales por el poder.

En nombre del Partido Liberal Como ya lo hemos observado anteriormente, en ningún momento el populismo gaitanista logra romper el vínculo que lo unía con el Partido Liberal. En 1947 no se presenta un regreso a una división partidista, porque esta última siempre había estado allí. Pero así como el “inconsciente” partidista es restablecido en sus derechos, la lógica partidista asume de nuevo una posición de primer plano en la representación de lo político. Lo que ahora se juega en ella es la vida y la muerte y a nombre del liberalismo el jefe está desde ese momento dispuesto a sacrificarse. El fondo arcaico de la separación social es ahora sustituido por la evidencia de la separación política. Ya no es el pueblo sino el liberalismo el que es invitado a cerrar filas detrás de Gaitán. El eclipse forzado de los primeros seguidores de Gaitán en provecho de los “profesionales” ordinarios del Partido Liberal, caciques, gamonales, etc., es una muestra clara de esta evolución.243 Lo es igualmente la preocupación por restablecer la conciliación con todas las capas sociales del liberalismo, comenzando por los industriales y los grandes terratenientes. Gaitán no renuncia, sin duda, a su aspiración de hacer triunfar, en lugar de un modelo liberal de desarrollo, un modelo de capitalismo organizado, como lo prueba la presentación de un plan en agosto de 1947 orientado a otorgar al poder el control del Banco de la República, al igual que el proyecto de una poderosa “Corporación Colombiana de Crédito, Desarrollo y Ahorro”, que reagruparía las

243

Cf. supra, “Itinerarios gaitanistas”.

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actividades de los diversos establecimientos que estuvieran en relación con créditos de inversión.244 El gaitanismo denuncia igualmente, en ciertos momentos, los privilegios de los industriales y, más específicamente, el papel de la ANDI que, según afirma Gaitán en diciembre de 1947, “mueve todos los resortes y hace presión sobre el Estado [hasta tal punto que este último] no está gobernando sino los grandes trusts financieros, mientras al pueblo liberal y conservador sólo le dejan el derecho de derramar su sangre”.245 Con esta actitud, el gaitanismo se limita a tomar a su cargo los mismos reclamos que todos los demás gremios formulaban contra las extraordinarias facilidades otorgadas a los industriales. Esta posición constituye, por otra parte, una manera de expresar su inquietud por la tendencia de la ANDI a inclinarse del lado conservador;246 pero sería falso considerar que se trata de una actitud permanente. Algunos días antes, el director de Jornada, Darío Samper, había emprendido una campaña para atraer a los industriales. Al referirse al comportamiento de los industriales antioqueños expresa su admiración por su espíritu social y cita, en apoyo de su argumento, los grandes nombres de la ANDI: “Conversamos con los empresarios y tuvimos la sorpresa de que ninguno está anclado en concepciones sociales reaccionarias. Todo lo contrario”.247 El periódico gaitanista se había alineado, además, del lado de los industriales para pedir la revisión de la tarifa aduanera de 1935, y se había empeñado en desmentir la intención, atribuida a Gaitán en octubre de 1947, de establecer un impuesto a las ganancias excesivas de la industria. Todo ello es testimonio al menos de una gran prudencia, incluso si los mismos industriales no se dan por aludidos. En el caso de los grandes terratenientes las buenas intenciones gaitanistas son todavía más claras. En otro programa concreto elaborado por Gaitán en enero de 1947 y conocido con el nombre de “Plataforma del Teatro Colón”, varios parágrafos son consagrados a la agricultura, a la que se otorgan todas

244

Los representantes del sector privado no serían por ello eliminados. Sin embargo, serían minoritarios en la corporación mencionada con relación a los representantes del gobierno y del departamento. Cf. el detalle del plan de Gaitán en J. E. Gaitán, Antología…, op. cit.

245

Cf. Jornada, diciembre 11 de 1947.

246

Estos dos puntos serán desarrollados en el capítulo siguiente.

247

Jornada, noviembre 16 de 1947.

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las garantías posibles. No se trata únicamente de que la agricultura y la ganadería sean allí elevadas al rango de actividades prioritarias, hecho este que se busca justificar porque se encuentran enteramente en manos de colombianos (Parágrafo 36), precisando además que, al igual que otros sectores económicos de Colombia, no deben ser sometidas a un impuesto cuyo monto pueda entrabar su desarrollo (Parágrafo 20) –en realidad habían estado siempre prácticamente exentas de toda carga fiscal–; se trata también de ponerlas al abrigo de toda reforma agraria intempestiva. El parágrafo 29 constituye en este sentido más bien un retroceso respecto a los términos de la Ley de 1936 sobre la materia: “El liberalismo pide una revisión orgánica de la Ley de tierras que haga la diferencia entre las tierras no cultivadas, a las cuales el colono que les ha dado vida económica pueda excluir a cualquier otro titular de la propiedad o pretendiente a la propiedad, y las tierras ya cultivadas, sobre las cuales es conveniente extender rápidamente las leyes sociales a los campesinos, en armonía con lo que puede soportar la producción agrícola”. No se trata con esto de una reversión global al Estado de las tierras incultas, y menos aún de una eventual repartición de ciertas tierras cultivadas. Los terratenientes no tienen, pues, una sola razón para desconfiar del liberalismo. Hay que tener en cuenta también que este programa no hace ostentación tampoco de un nacionalismo que pueda inquietar a la gran burguesía o a los Estados Unidos; se pronuncia explícitamente en favor de una política de buena vecindad con este último país y desea “una colaboración sincera de la nación del norte en el proceso de desarrollo industrial de los países latinoamericanos” (Parágrafo 13). Con respecto al “nacionalismo” el programa sigue fiel al espíritu que había inspirado la propaganda contra el “turco Turbay”, sugiere un control de la inmigración extranjera y afirma que “deben perder el derecho a la hospitalidad los extranjeros que exploten el trabajo de los obreros y no respeten la justicia social o que formen circuitos económicos cerrados [¿De quién se trataba?] o que quieran poner a los colombianos en posición de desigualdad” (Parágrafo 15). Más que de nacionalismo, se trata, pues, de dejar una constancia del rencor de los pequeños (burgueses) contra los grandes. El capitalismo organizado, como antídoto del capitalismo oligárquico no excluye, pues, a ninguna de las categorías de productores; ofrece por el contrario a cada una la protección que requiere. Una evolución similar se puede comprobar con respecto a la participación en el gobierno de Unión Nacional. Después de las elecciones

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de marzo de 1947, la presencia de los gaitanistas se consolida en este gobierno. La colaboración conserva, es verdad, un carácter precario e individual –ante la ausencia de un acuerdo programático en buena y debida forma reclamado por Gaitán–, sin dejar de revestir un aspecto defensivo: se trata de conservar para el liberalismo su parte en el aparato estatal. La colaboración se acompaña, sin embargo, de ciertos compromisos. Ospina permanece al abrigo de las críticas que tengan que ver con su administración, incluso en octubre de 1947: “El Presidente Ospina es un hombre inspirado por la mejor voluntad, guiado por un espíritu eminentemente patriótico, que no ha podido gobernar el país porque ha estado impedido para hacerlo por sus propios amigos”, declara en ese momento Gaitán.248 El populismo parece, pues, dispuesto a someterse a las exigencias tanto de las alianzas sociales como de los compromisos políticos: promete el establecimiento de una complementariedad orgánica de las diversas actividades “expresión de las fuerzas históricas universales”;249 se cuida de otorgar a las organizaciones campesinas –salvo a las cooperativas– o a los sindicatos obreros, un derecho específico de ciudadanía.250 Pero todo esto no conduce a ninguna parte. Tanto el Partido Liberal, como su contraparte conservadora, se encuentran arrastrados en un proceso de ruptura institucional, como resultado de una movilización que nada logra contener. Entre noviembre y diciembre de 1947 todos lo perciben, en primer término los notables liberales, que emprenden un último y vano esfuerzo por cerrar el paso del gaitanismo y calmar el juego político. Los partidos escapan de hecho de su arraigo tradicional:

248

Conferencia en el Hotel Granada, Jornada, octubre 25 de 1947.

249

El parágrafo 2 de la “Plataforma del Teatro Colón” señala: “El liberalismo declara que el fundamento de su existencia como partido deriva del hecho de ser el intérprete de fuerzas históricas universales que conciben la sociedad como una entidad orgánica en proceso permanente de transformación”.

250

En la “Plataforma del Teatro Colón” solamente un apartado de un parágrafo concierne directamente a los sindicatos. Allí se habla de la unidad, la independencia y el desarrollo del movimiento sindical, la defensa del fuero sindical y de las conquistas obtenidas, y de las “subvenciones oficiales a las casas del pueblo”. (Sexto apartado del Parágrafo 34, que viene después de la enumeración de las medidas sociales: salario familiar, participación en los beneficios, definición de un salario mínimo).

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se han liberado de las organizaciones populares y ya no obedecen a los notables; están inmersos en la deriva de los signos políticos.

La división partidista ante la prueba de la deriva de los signos políticos La deriva de los signos políticos remite, como ya lo hemos mostrado, a la repentina crisis del modo de institución de lo social que había imperado desde 1930, cuando fue necesario elaborar nuevas modalidades de regulación de las relaciones sociales urbanas. El liberalismo había definido en ese momento una imagen de la unidad de lo social fundada en una relación de espejo entre el Estado y los sindicatos. El conservatismo le había opuesto su propia imagen de una sociedad orgánica. Alrededor del problema común ante el cual se encontraban las dos comunidades políticas y de la diferencia de las soluciones sugeridas, se había construido el nuevo campo político. En 1945 el fundamento de este último se derrumba. Con el descubrimiento de un exterior de lo social la burguesía, el gaitanismo y el conservatismo concurren en igual medida al derrumbamiento de la validez de la precedente institución de lo social. La clase obrera, que había suministrado la materia para el esquema generador de la sociedad anterior, corre con los costos de la nueva situación. Las consecuencias recaen también sobre los puntos de referencia políticos, constitutivos de las formas de división hasta ese momento reconocidas. La reinscripción en la división partidista parece, sin embargo, asegurar el regreso a referencias políticas sustraídas a la prueba de la historia, gracias a aquellos “sentimientos heredados” tan a menudo mencionados por Alfonso López. No obstante, como únicos índices de la oposición dentro de lo social, las filiaciones partidistas colocan lo político bajo el signo de lo arbitrario; hacen referencia a una separación originaria de la cual nadie puede dar cuenta; crean la base para la deriva de lo político; a su manera, hacen de lo no-social el sustrato de lo político. “Gaitanismo” y “laureanismo” coinciden en esta fundación de lo político. No es casualidad que, más allá de sus contradicciones explícitas, ambas corrientes manifiesten en muchos puntos una homología en sus articulaciones subyacentes; entre una y otra se perfila aquella misteriosa complicidad de progresismo populista e integrismo político-religioso a la cual ha aportado otras ilustraciones la historia reciente de América Latina.

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El fundamentalismo conservador El gaitanismo enfrenta la irrupción de un exterior de lo social por medio de la imposible síntesis populista; a la misma irrupción, el laureanismo hace frente invocando una esencia de lo social de naturaleza trascendente. La Convención Conservadora de 1949 hace de esta el primer artículo de los estatutos del partido: “Nosotros defendemos los derechos naturales de la persona humana, anterior al Estado, inscrita en la sociedad por intermedio de la familia y llamada a un fin sobrenatural”. El despertar de la “adscripción” católica es la contrapartida conservadora de las “fuerzas colectivas” del gaitanismo; al igual que en este último caso, dicho despertar es al mismo tiempo inminencia de la barbarie y defensa contra esta barbarie; de manera similar, introduce en lo social un principio de separación que, por ser absoluto, es de hecho no social. En contraste con el populismo gaitanista el fundamentalismo conservador dispone, al menos en un primer momento, de una ventaja considerable, ya que la combinación de lo social y lo político se encuentra allí asegurada de una vez por todas; este es el privilegio de una política explícitamente teológica que recusa por principio la eventualidad de una disyunción entre la pertenencia social y la pertenencia política. Que puedan existir católicos liberales, que estos existan efectivamente e incluso que sean una gran mayoría, todo ello permite corroborar aun más que el criterio de ortodoxia religioso sólo puede ser político. En esta época, igualmente, vuelven a la superficie las antiguas afirmaciones doctrinales, por un tiempo relegadas a un segundo plano, según las cuales la afiliación al Partido Liberal es incompatible con la identidad católica: el enunciado doctrinal es presentado de nuevo como un hecho de sentido común. No hay duda de que el “horror” del Bogotazo va a contribuir aun más a su actualización. El obispo de Santa Rosa de Osos, monseñor Builes, ideólogo y formador de una gran parte del clero de los sectores rurales de Antioquia, podrá entonces recordar: “Hay una gran parte del pueblo, hasta ahora equivocado, que acaba de convencerse que no se pueden jugar a dos cartas a la vez, y que no es posible conservar la doble posición de católico y de liberal”.251 A partir de este momento numerosos sacerdotes niegan los sacramentos a los liberales.

251

El Colombiano, mayo 17 de 1948.

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Sin embargo, en el fundamentalismo conservador están presentes muchos componentes del populismo gaitanista. Nos limitaremos aquí con enunciar tres de estos: la difusa convicción antioligárquica; la voluntad de introducir la moral en la política; la desconfianza respecto a la democracia “individualista” y, en forma más general, respecto a lo político. En el capítulo anterior hemos mostrado cómo la referencia a la oligarquía se difunde en las filas conservadoras de los años 1941-1942 frente a la eventualidad de una reelección de Alfonso López; sobre esta referencia se va a insistir continuamente en el discurso político del conservatismo laureanista hasta 1946. El hijo de Laureano Gómez, Álvaro, no vacila en exhortar, en noviembre de 1945, a “una revolución para poner término a la oligarquía”;252 la táctica del “laureanismo” y del “gaitanismo” los conduce a hacer juntos un largo camino desde ese momento hasta que el anuncio in extremis de la candidatura de Ospina los separa. Gaitán celebra las virtudes de Laureano Gómez (“El Dr. Laureano Gómez es un hombre puro, es un hombre honrado y por eso mi convicción de que no se prestará para el juego de la oligarquía”),253 el periódico laureanista El Siglo considera la campaña de Gaitán “generosa, sana y altamente patriótica”;254 y Laureano Gómez, en el momento de conocer el veredicto de las urnas, ve en los resultados obtenidos por Gaitán “una nueva manifestación en el campo adversario de nuestra propia victoria magnífica”.255 Más allá de los puntos circunstanciales de acuerdo se expresa en ellos una común distancia con respecto a los notables económicos. En 1953, cuando Laureano Gómez entra en conflicto abierto con Ospina, se empeña en marcar la diferencia entre su concepción de la acción política y la del político antioqueño con su “elegante silueta de financiero recogiendo la cartera de los papeles económicos y retirándose del recinto [del congreso], porque aquella brega [de los partidos] repugnaba a sus métodos”.256 Sin embargo, sólo se trataba de discursos políticos. Gómez contribuye, al

252

Álvaro Gómez, discurso del 21 de noviembre de 1945.

253

Jorge Eliécer Gaitán, entrevista en El Siglo, febrero 6 de 1946.

254

El Siglo, marzo 29 de 1946.

255

Laureano Gómez, “Editorial”, La Defensa, mayo 9 de 1946.

256

Laureano Gómez, discurso de ruptura con Ospina, abril 18 de 1953.

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menos, a que las prédicas gaitanistas tengan, a título póstumo lo más a menudo, un eco profundo entre las masas conservadoras. La exaltación de la tradición católica va a la par con el resurgimiento de una religiosidad popular por medio de la cual el cura de las zonas rurales toma su revancha de la jerarquía (que es también una jerarquía social), y el campesino conservador del notable urbano de su partido. En numerosas capas conservadoras se puede percibir la resistencia frente a los adelantos del mundo del dinero, de las finanzas e incluso del capitalismo que, por conducto de las redes de comercialización o de la transformación de las relaciones sociales, penetran cada vez más en el mundo rural. La “oligarquía lopista” contribuye a cristalizar este sentimiento, pero muy a menudo también la oligarquía conservadora. El sargento Hilarión, sicario conservador que propagó el terror en Boyacá entre 1947 y 1948 antes de hacerlo en la zona Atlántica y de ser licenciado por Laureano Gómez a causa de sus excesos, dejó sobre este aspecto un testimonio apasionante: a los dignatarios liberales que pertenecen al mundo de las “finanzas” y del “cosmopolitismo” opone permanentemente la figura de Gaitán que “había querido restaurar el Partido Liberal”;257 se enfrenta también a los “potentados” del conservatismo que, “si pudieran ver lo que sus partidarios han pagado en sangre, en lágrimas y en fuego para que ellos obtengan lo que desean tanto [el poder], entonces quizás, en el temor de Dios, no jugarían la vida del partido, con una tal inconsciencia”.258 Hay algo de rebelión en la nostalgia popular conservadora del antiguo buen orden social, aquel en que no imperaba aún la división entre el pueblo y las oligarquías. El moralismo gaitanista, al querer ser la traducción de la marcha inexorable “de las fuerzas universales”, se adhiere al evolucionismo biológico. El moralismo laureanista no se presenta vinculado a las leyes de la historia; pero no por ello deja de aparecer como el producto del combate sin tregua entre fuerzas y tendencias contrarias del bien y del mal. Aun perteneciendo a otro universo de pensamiento, el laureanismo se construye, de manera idéntica, como un universo mítico anterior a todo, lugar de una lucha a muerte entre adversarios irreconciliables,

257

Alfonso Hilarión, Las balas de la ley, Bogotá, Editorial Santa Fe, 1953.

258

Ibíd., p. 191.

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cuya única fisonomía es su inagotable energía. Esta “anterioridad”, en la cual tendría comienzo la historia, constituye también lo “intolerable” que el idealismo político nunca logra hacer olvidar por completo. Mientras el gaitanismo deja percibir, al menos, la posibilidad del advenimiento, contra el desencadenamiento de las fuerzas colectivas, de un universo de cultura en el cual la relación social que sirve de matriz generadora mantendría la integridad del conjunto, el pesimismo laureanista, a la manera de la perversión, va directamente a su fin, sin dejar un espacio para la institución de una relación social que actúe como fundadora. El gaitanismo es profético. El laureanismo es promesa sectaria de un cataclismo renovador; su universalismo es el de la destrucción: en junio de 1947, un manifiesto conservador estima que los acontecimientos “señalan nuestra tierra como próximo campo eventual de batalla del universal cataclismo”.259 La política para el laureanismo es una “batalla salvaje y dura, marcada por los sepulcros, los incendios y las ruinas”;260 confrontación incesante de la vida y de la muerte. Gilberto Alzate Avendaño, antiguo partidario del fascismo, ve en la Unión Nacional una “emboscada”.261 Belisario Betancur, de extracción modesta, comienza en ese momento su carrera política a la sombra de Laureano Gómez, invocando el fuego purificador: “Que el partido conservador torne a sus tiempos de llama, que regrese a sus días de incendio, que vuelva los ojos a su pasado de intrepidez”,262 o mejor aun, el arma redentora: si “no ha podido ser con Unión Nacional administrada por liberales y conservadores, pues que sea con Unión Nacional hecha por conservadores ¡Y hecha sin miedo! Con la diestra mano en la rienda del poder mientras la siniestra empuña el revólver”.263 El “ministro de Gobierno” conservador está totalmente identificado con esta representación de lo político cuando en noviembre de 1947 lanza una frase que hará historia: “Si el parlamento trata de arrebatarle al presidente las atribuciones que le da la constitución, esas atribuciones

259

Junio 8 de 1947.

260

De esta manera caracteriza Gaitán la lucha llevada a cabo a partir de 1939 contra el gobierno de Santos. Discurso de ruptura con Ospina, abril 18 de 1953.

261

Cf. el primer número del periódico alzatista, Eco Nacional.

262

“Editorial”, La Defensa, octubre 9 de 1947.

263

Ibíd., octubre 10 de 1947.

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serán defendidas a sangre y fuego”.264 El laureanismo es un moralismo templado en el fuego. La desconfianza con respecto a la democracia “individualista” no es sorprendente ya que tiene sus raíces en la tradición católica y en la voluntad de regresar a la coherencia orgánica de la sociedad; no obstante, se nutre sobre todo de un rechazo de lo político como tal. La oposición entre “país real” y “país político”, entre unidad orgánica y divisiones políticas, no está menos presente en el “laureanismo” que en el “gaitanismo”. A las diatribas de Gaitán contra los políticos que entraban la lógica jerárquica responden las de Laureano Gómez, quien les hace el reproche de mancillar el cuerpo social: “Nuestro país está enfermo de politiqueros”, dice en 1950 el jefe conservador el día de su posesión presidencial, “lo que viene ocurriendo es que se han hecho desviar las nobles instituciones del Estado hacia la exaltación y preeminencia de los politicastros, otra palabra ingrata y también adecuada, para designar a quienes adueñados de los puestos de comando de la sociedad, con el estrépito de sus obligaciones, ahogan los reclamos de los demás sectores de la población, incomparablemente más numerosos”.265 Con el retorno a las tradiciones partidistas se podría pensar en encontrar un nuevo arraigo para los puntos de referencia de lo político; nos encontramos, por el contrario, por el lado del gaitanismo, con el furor de lo colectivo, por el lado del laureanismo, con el furor de las fuerzas del mal. Entre uno y otro se presenta una homología que consiste en considerar que la política hunde sus raíces en un universo radicalmente distinto: la impudicia o la enfermedad o lo puro y lo impuro. No existe término medio en este dominio, no hay punto de compromiso ni reposo posible; sólo queda el reclamo de la muerte, para el otro o para sí mismo, permanentemente renovado. Se trata, pues, igualmente, de la deriva de los signos de lo político.

El desplazamiento de las bases sociales de lo político Lo político era definido en 1930 en concordancia con las modalidades de regulación de las clases populares urbanas. El populismo gaitanista y el

264

Responde así a los liberales que quieren colocar la dirección de la policía por fuera del Ejecutivo.

265

Laureano Gómez, discurso de posesión, agosto 7 de 1950.

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laureanismo pretenden, cada uno por su parte, constituir lo político a partir del “exterior” de lo social. Asimilar este “exterior” a los marginales urbanos sería muy engañoso; en todo caso los que están llamados a ocupar el espacio definido como un exterior, no son necesariamente los “verdaderos” excluidos; son en primer lugar los que son calificados como tales. El discurso gaitanista nos invita a menudo a incluir en esta categoría a los sectores medios; el discurso conservador nos invita a incluir allí igualmente a la parte sana pero olvidada de la población colombiana, el “campesinado”. Se prepara de esta manera una escena transformada en la cual, en substitución de los “obreros”, los sectores medios y el campesinado ofrecen la materia de que está hecha la representación de lo político. Estas dos categorías sociales comparten, al menos, el hecho de estar atravesadas en lo fundamental por la dualidad que inspira tanto al esquema populista como al laureanista. Ambas están totalmente del lado del “exterior de lo social” en la medida en que éste designa la privación del poder; ambas están totalmente del lado de una relación social que proporciona un principio al conjunto de las relaciones sociales: los sectores medios se hallan en la base de una verdadera jerarquización social; el campesinado es el soporte de la reproducción de la cultura política. Es cierto que la reunión de los sectores medios y el campesinado no constituyen una trama política muy articulada. No se debe subestimar la implantación de los sectores medios en el ámbito campesino: la Violencia va a mostrar su importancia; sin embargo, los dos sectores son bastante ajenos el uno al otro: ni adversarios ni aliados; el uno tiende a situarse en un campo político articulado ante todo al mundo urbano, el otro no. Llamadas a situarse en el centro del proceso histórico, las dos categorías sociales lo hacen en condiciones muy diferentes. La entrada en escena de los sectores medios es, al mismo tiempo, el resultado de la presión que ejercen para abrirse camino entre el personal político. El ingreso de los campesinos se hace en gran parte con el estímulo de los políticos o, también, como resultado de las conmociones que sacuden las zonas rurales a partir de 1947. No obstante, ni los unos ni los otros se contentan con representar el papel que les es ofrecido. Los primeros no se limitan a una movilidad individual: inauguran una movilidad colectiva que altera las reglas de distribución del poder, las modalidades de reproducción asociadas a estas y, finalmente, las características de lo que se pone en juego en el mismo funcionamiento político. Los segundos, ciertamente, sufren de manera masiva el destino que les corresponde

479

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como víctimas y como testigos. Pero una parte de ellos se libera de estas funciones para poner en práctica, dentro de límites que no pueden franquear, su papel de protagonistas de tiempo completo o, incluso, de protagonistas por cuenta propia, como ocurrirá en el caso de ciertos campesinos que logran establecerse en el bandolerismo económico. En cada uno de los dos grupos algunos logran, de hecho, canalizar en su provecho la posición que les había sido fijada en el exterior de lo social, dedicándose a poner a este último al servicio de sus intereses. Sobre el trasfondo de la ruptura de lo social y de la guerra de todos contra todos no habrá incluso medio de mantener, a falta de una división fundada sobre una oposición de clases, una línea estable de separación partidista. Sectores medios y campesinado no cesarán ciertamente de adherirse a dicha división, que se encuentra en el origen de su formación como sujetos políticos y de extraer de allí, ahora y siempre, sus fuerzas. No obstante, con mucha frecuencia, renuncian a recordar el contenido de la división, salvo que se trate de una cuestión de vida y muerte. La deriva de los puntos de referencia de lo político tiene que ver, igualmente, con una historia que se hace a través de dos categorías sociales, que no sólo tienen poco que ver la una con la otra, sino que tampoco encuentran un adversario de clase al cual referirse. Sólo disponen de un adversario que, por ser definido en términos puramente políticos, es siempre un Otro arcaico que es también el doble de sí mismo. En 1947, con el sindicalismo obrero vencido y con la destrucción de las instituciones que en éste se fundaban, el centro de gravedad de la escena política comienza a inclinarse tanto hacia las zonas rurales como hacia el interior del Estado.

Elecciones y disolución del vínculo social El deslizamiento hacia las zonas rurales y hacia el interior del Estado se desarrolla sobre un fondo electoral. En un país en que la población rural es, en ese momento, altamente mayoritaria y donde ninguna condición formal –alfabetización, por ejemplo– es exigida para la participación electoral, las elecciones implican el traslado provisional de las bases del poder político de la ciudad a las zonas rurales. La sucesión rápida de diversos tipos de elecciones –en el espacio de dos años, de 1945 a octubre de 1947, se llevan a cabo cuatro elecciones generales– hace que este traslado sea particularmente significativo.

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¿Qué es una elección en el marco de la “invención democrática”? Es, dice Claude Lefort, el momento en el cual, mediante el paso a “un estado límite de la sociedad, a un simulacro de disolución”, una sociedad entrevé la división que está en la base de su unidad.266 La naturaleza de la división partidista colombiana confiere al proceso electoral otro alcance; no da lugar a un simulacro de disolución, sino que logra descubrir, simultáneamente, la inscripción inmemorial en una pertenencia colectiva y la separación cuasi real y, en todo caso, insuperable, que atraviesa el tejido social; no es el llamado, aun cuando fuese ficticio, que se hace a un individuo para que exprese libremente, en el momento del voto, su voluntad; el proceso electoral colombiano convoca las solidaridades colectivas constitutivas de la identidad del sujeto político. Que se trate ese día de cumplir con el deber de retribuir a los caciques una contrapartida por los servicios que ellos han prestado, o de la obligación de hacer prueba de fidelidad a los propietarios-gamonales, todo ello hace parte de la realización de un acto comunitario por medio del cual se opera el acceso a la dignidad de sujeto de la historia. Por esta razón la elección asume un carácter de fiesta o de guerra; no obstante, allí se revela también una separación que no es posible borrar, salvo si se reduce plenamente el principio de lo social a lo no-social, y se excluye de la sociedad aquellos que sólo poseen su condición partidista. Desde el momento en que dicha separación está en el trasfondo, no existe una regulación satisfactoria de las elecciones, ni una legitimidad de sus resultados que todos puedan reconocer. El fraude o la acusación de fraude no son accidentes accesorios; son hechos que recuerdan que las elecciones son siempre el resultado de correlaciones provisionales de fuerzas constituidas de antemano en cada situación; las elecciones están subordinadas a éstas y consagran solamente una situación de hecho. Con el mantenimiento de una imperturbable neutralidad en el momento de las elecciones presidenciales de 1946, Alberto Lleras Camargo rompe con la lógica política colombiana. El Partido Liberal, reducido en una gran parte del territorio a dejar votar tranquilamente a los conservadores, se ve obligado a aceptar una primera alteración de la correlación de fuerzas: del 33.6% de los sufragios en las elecciones parlamentarias de 1945, el Partido Conservador pasa al 41.6% en 1946. A partir de este

266

Cf. C. Lefort, L´invention…, op. cit., p. 148.

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momento se entabla la lucha por frenar o acentuar esta evolución. En las elecciones legislativas de marzo de 1947, el Partido Conservador progresa aún más: obtiene 653.987 votos contra los 565.939 de las presidenciales, es decir, el 44.4% de los sufragios, mientras el Partido Liberal marca el paso con 805.732 votos contra los 800.156 de las presidenciales. En las elecciones para concejos municipales de octubre de 1947, el impulso del Partido Conservador da muestras de estancamiento: vuelve al 43.5% de los votos. Estos escrutinios son una prueba de la alta movilización del electorado: las tasas de participación, más del 60% de la población capacitada para votar, están ampliamente por encima de las habituales.267 En dichos escrutinios se manifiesta igualmente una superación de los intereses propiamente locales en beneficio del interés político nacional: la presencia de Gaitán como cabeza de lista en todas las circunscripciones, en octubre de 1947, es una prueba de ello. La nacionalización de la escena política no impide que algunos departamentos se conviertan más que otros en teatro de operaciones. Tal es el caso de Boyacá y de los Santanderes, Norte y Sur: tres departamentos densamente poblados, al margen de las transformaciones capitalistas, de estructuras sociales rígidas –sobre todo el primero– que habían conocido las guerras civiles del siglo XIX y habían sufrido la “reconquista” liberal después de 1930; sus habitantes conservadores habían sido adoctrinados por un clero en su mayoría extranjero y particularmente próximo al laureanismo. Este también es el caso de Nariño en el sur, otro departamento “tradicional”. Los datos electorales muestran la magnitud del cambio de la correlación de fuerzas. El cambio ocurre de manera relativamente pacífica en 1946. No sucede lo mismo en 1947. Las presiones, la violencia y los desplazamientos forzosos se convierten en los ingredientes de la contienda electoral. El Partido Conservador tiene, fuera de toda duda, la iniciativa en estos incidentes; como partido minoritario, debe remediar su atraso.

267

Estas tasas de abstención son, sin embargo, lo suficientemente elevadas como para probar que, incluso en una coyuntura de máxima movilización como ésta, el 40% o el 50% del electorado potencial no va a las urnas. Esta constatación reduce el alcance de la argumentación que se ha repetido con insistencia en estos últimos tiempos, según la cual la abstención es el signo de una rebelión masiva contra la “democracia restringida”.

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Cuadro 4.8 Porcentaje de votos conservadores en las elecciones de 1945 (legislativas), 1946 (presidenciales), 1947 (legislativas) Boyacá

Santander del norte

Santander

Nariño

1945

21.7

20.6

14.1

33.3

1946

41.4

47.2

33.0

52.0

1947

57.2

55.4

42.6

64.7

Fuente: elaborado por el autor.

Tarea difícil de ocupación del terreno, aldea por aldea. Desde julio de 1947, el Partido Conservador pone en cuestión por adelantado la validez de cualquier tipo de proceso electoral. “La República está enferma de fraude”, dice entonces Laureano Gómez y calcula que en ese mismo momento existe un número de 1.800.000 cédulas falsas, es decir, tanto como el cuerpo electoral en su totalidad. El eslogan de las “1.800.000 cédulas” fabricadas por los liberales va a estar a partir de ese momento en el centro del debate político;268 es una manera de colocar el escrutinio bajo el signo del cataclismo, de manera similar a como Gaitán lo sitúa siempre bajo el signo del ineluctable sacrificio de su vida. República enferma, almas muertas, elecciones pervertidas: la deriva de lo político se acelera, arrastrando con ella todos los mecanismos de legitimación del poder. El país real ya no existe; el país político lo ha invadido todo. Que el “fuego” y la “sangre” o la ciega fuerza colectiva constituyen el fundamento de lo político no es ya una revelación tan solo de la representación mítica, sino también de lo real de la historia en curso.269

268

En agosto de 1947 se organiza un debate entre Laureano Gómez y Gaitán alrededor del tema de la verificación de las cédulas, que no tendrá ningún efecto práctico.

269

En enero de 1948 Santander del Norte conoce ya una situación de guerra. En Boyacá, los gobernadores conservadores se suceden unos a otros, pero siguen la misma política: conservatizar el departamento.

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Guerra en el Estado, masas contra el Estado La “Unión Nacional” reposaba sobre dos principios: la repartición del aparato del Estado entre los dos partidos tanto en el plano nacional como local, y la supremacía de los “notables” en el seno de cada partido. En algunos momentos Gaitán y Laureano Gómez habían podido dar la sensación de querer suscribirse, si no a este tipo de Unión Nacional, sí al menos a un acuerdo entre los partidos.270 No obstante, la lucha política se instala rápidamente en el Estado: transforma la distribución en partición hecha según criterios cambiantes y sustrae a los notables de cualquier tipo de autoridad. El Estado se convierte en un objetivo de la lucha e, igualmente, en un campo de batalla. Tan importante como la ocupación de las aldeas es la ocupación de las diversas administraciones. Los conservadores están presentes allí también, comprometidos en una ofensiva por eliminar la situación de monopolio que detentan los liberales. Los ministros, gobernadores y alcaldes conservadores se dedican a ello desde el principio y se esfuerzan por reemplazar a los empleados liberales o por colocar a su lado los representantes de su partido. Las dos elecciones de 1947 les sirven de ocasión para hacer nuevos adelantos en las asambleas departamentales y sobre todo en los concejos municipales: logran conquistar 329 de los 801 existentes, en lugar de los 194 que manejaban anteriormente. Los cambios en la repartición de los empleos públicos que se derivan de allí son de una singular importancia para todos aquellos “nuevos” sectores medios que, con o sin formación escolar, presionan a las puertas del Estado, su principal empleador; lo son, igualmente, para amplias capas obreras ligadas al sector público. Los fenómenos de depuración partidista constituyen el origen de numerosas huelgas; ya hemos mencionado más arriba el ejemplo de Obras Públicas. En todas las ocasiones en que Gaitán evocaba la eventualidad de un recurso a la huelga general, como manera de significar la interrupción de la relación social se trataba, de hecho, del afán de obtener para su corriente un justo lugar en el Estado o de alertar contra el apetito excesivo de los conservadores.

270

En marzo de 1947, Laureano Gómez invita a la concordia y se adhiere a la teoría de la convergencia: “Parece llegado el momento en que unánimes todos los colombianos en puntos fundamentales [...] pudiéramos dejar momentáneamente de lado las cosas amargas que nos separan”. Declaración radial, marzo 4 de 1947.

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La guerra se hace presente así en el Estado. De acuerdo con sus obediencias partidistas, los distintos sectores de la Administración Pública se enfrentan entre sí o se desarticulan en feudos separados. No hay ámbito de esta que se pueda sustraer a la división. La de Justicia es una de las más afectadas en todos los niveles –la Corte Suprema de Justicia incluida–; las decisiones reflejan muy pronto las mayorías partidistas. La de la policía no lo está menos: los policías locales son permanentemente removidos en función del color político del alcalde o del gobernador. En Boyacá la para-policía formada por los empleados de las aduanas se convierte en un cuerpo de choque conservador que esparce la violencia. La policía de Bogotá está claramente dominada por los liberales, y por ello Ospina se decide a crear una nueva policía especial que será considerada por los liberales como una policía política. En octubre de 1947 los parlamentarios liberales presentan vanamente un proyecto de ley destinado a sustraer al Ejecutivo la tutela sobre la policía y exigir que, para garantizar el control de las policías locales conservadoras, se cree una fusión de todas ellas en un cuerpo único de policía nacional. El gobierno de Ospina se adhiere un poco más tarde al último proyecto, cuando ya los conservadores habían logrado tener en sus manos lo esencial de los puestos de dirección del Estado; esta ocasión será aprovechada para conservatizar la totalidad de la policía y para enviar a los departamentos a los “chulavitas”, cuerpo de policía conformado por sicarios reclutados en Boyacá. Sólo el ejército permanece relativamente fuera de la tempestad; los civiles, sin embargo, reclaman cada vez más su actuación. Los gaitanistas no son los menos solícitos. El mismo Gaitán que, recordémoslo, se había negado a condenar el intento de derrocamiento del presidente en Pasto en 1944, no pierde ocasión para ofrecer al ejército homenajes apremiantes: “En esta hora de tinieblas para la patria –dice en enero de 1948–, el ejército es el único digno contra la furia. Es necesario, pues, reconocer con tristeza que la vida sólo es posible aquí a la sombra de las espadas”.271 Frente a este proceso de luchas dentro del Estado los “notables” deben ceder cada vez más ante los activistas políticos. Su papel en la

271

Cf. Jornada, febrero 1 de 1948; Antonio García, en su libro: Gaitán y el problema de la Revolución Colombiana, Bogotá, s.e., 1955; resalta los vínculos establecidos entre el gaitanismo y el ejército desde 1945. La víspera misma de su asesinato, Gaitán pronuncia un vibrante elogio al ejército, con motivo de la defensa de un oficial.

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gestión económica no disminuye; muy por el contrario, la cogestión gubernamental que llevan a cabo los gremios se refuerza a medida que el Estado se disloca. Algunos de sus representantes más importantes, como el nuevo presidente de la ANDI, José Gutiérrez Gómez, conservador de tiempo completo al igual que su predecesor, estima que, en ese momento, un gobierno uniformemente conservador haría posible que “los fenómenos políticos no [tuvieran] repercusiones graves sobre los negocios y las industrias”.272 No obstante, a partir de marzo de 1947, los notables conservadores son sustituidos en el gobierno por políticos de profesión, muchos de ellos próximos a Laureano Gómez,273 mientras que los ministros liberales, cualesquiera que sean sus tendencias, son sobrepasados por el movimiento social gaitanista.274 Nada queda, pues, de la Unión Nacional. En enero de 1948 se da un primer paso hacia la oficialización de la ruptura: Gaitán impone a los miembros liberales de los concejos municipales y de las asambleas departamentales la consigna de la “resistencia civil” en virtud de la cual estos deben, con la negativa a votar los presupuestos, privar de todos los medios de acción a los alcaldes o a los gobernadores conservadores.275 La ruptura se produce abiertamente algunas semanas después, el 27 de febrero de 1948. Los empleados públicos subalternos son invitados a permanecer en sus puestos, pero los ministros, los gobernadores y los altos funcionarios liberales se retiran. En este preciso momento Laureano Gómez hace su entrada al gobierno como Ministro de Relaciones Exteriores.

272

Esta declaración, publicada en Semana del 13 de marzo de 1948, aparece, es cierto, después de la ruptura de la Unión Nacional.

273

En marzo de 1947 entra en el gobierno José Antonio Ignacio Andrade, antiguo codirector con Laureano Gómez de El Siglo, quien va a dirigir la purga en Obras Públicas; en octubre, es el turno de José María Bernal el cual, como gobernador de Antioquia, desplazó brutalmente a los empleados liberales, y de Joaquín Estrada Monsalve, íntimo de Laureano Gómez; un poco después el de Guillermo Salamanca otro fiel “laureanista”.

274

En octubre de 1947, los parlamentarios liberales votan una moción de censura contra los ministros liberales.

275

Los gobernadores son nombrados por el gobierno, los alcaldes por los gobernadores. De allí se derivan las innumerables posibilidades de bloqueo.

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De hacer la guerra dentro del Estado, los gaitanistas pasan así a entablar una acusación contra el Estado mismo. El fuego y la sangre ya no son categorías que sirven para interpretar las fricciones existentes dentro de la sociedad; se convierten ahora en las que dan cuenta de la acción del Estado. En septiembre de 1947 Gaitán había provocado una conmoción en el pueblo liberal con la “revelación” de que Ospina había procedido a hacer “la importación secreta de gas de combate” para eliminar a las masas liberales.276 En enero de 1948 los liberales someten solemnemente al gobierno un “memorial de agravios” en el cual enumeran los casos de violencia oficial en numerosos departamentos. Respondiendo sólo tardíamente, volviendo de nuevo por su cuenta al tema del fraude electoral, y colocando en el mismo rango la “resistencia civil” y la violencia, Ospina parece resignarse por adelantado a poner término a la Unión Nacional. Inmediatamente después de la ruptura, Jornada presenta al gobierno como una “institución sanguinaria que destruye las bases mismas de la República” o, en otras palabras, como el “gobierno del caos”;277 la sangre y el caos: los mismos términos que constituyen el fundamento de la representación laureanista de lo político. El arcaísmo de lo político, considerado como el tejido mismo de lo político, circula a partir de este momento entre los dos adversarios. Las movilizaciones llevadas a cabo por el gaitanismo son, no obstante, de grandes proporciones. La “manifestación del silencio”, organizada el 7 de febrero de 1948 en Bogotá y en otras ciudades para dar testimonio del rechazo liberal a la violencia, última celebración de masas del gaitanismo, es también sin duda su culminación. En Bogotá, millares de liberales se reúnen para escuchar sin un murmullo la corta “plegaria por la paz” dirigida por Gaitán a Ospina. La “fuerza colectiva” de la multitud se contempla a sí misma a través del testimonio de su líder. El silencio que guarda la duplica; deja traslucir la “fuerza subterránea” que se puede levantar frente a las grandes tempestades, pero revela también la existencia de una fuerza capaz de disciplinar dicha fuerza subterránea. Tal es el espectáculo que Gaitán ofrece a Ospina: “Señor Presidente: vos

276

Se trataba de gas lacrimógeno.

277

Jornada, respectivamente el 19 de marzo de 1948 y el 8 de abril de 1948.

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que sois un hombre de universidad debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para recatar la emoción en su silencio como el de esta inmensa muchedumbre”.278 La multitud reunida no tiene ese día otra palabra distinta a la de su jefe; está allí presente en un espacio que no es ni económico ni político: “Señor Presidente –dice Gaitán un poco más abajo–, en esta ocasión no os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización!”. Y finalmente, la multitud está presente allí en nombre de la vida contra la muerte: “Señor Presidente: nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones sólo os reclaman que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes”. A la misma hora, con motivo de manifestaciones similares en Manizales y Pereira, algunos liberales son asesinados. Gaitán va el 15 de febrero a estas ciudades a rendir un homenaje póstumo a los muertos. En el lugar de las antiguas parejas de oposiciones sin síntesis ya sólo queda la de la vida y la muerte, de la cual se nutre la fuerza colectiva: “Compañeros de lucha: os habéis reincorporado al seno de la tierra. Ahora, con la desintegración de vuestras células, vais a alimentar nuevas formas de vida. Vais a sumaros al cosmos infinito [...]. Pero hay algo más que vais a darnos a través de vuestro recuerdo, ya que la muerte en lo individual no es sino un parpadear de la vida hacia formas más elevadas de lo colectivo y de su ideal”.279 La masa gaitanista se sitúa a partir de este momento contra el Estado. Fuerza de vida, por encima de la muerte, la multitud se reúne contra las fuerzas de la muerte. Fuerza de orden y de civilización, opone su disciplina, que pasa por la identificación con un hombre, a la barbarie y al caos que se imputan a partir de entonces al Estado conservador.

278

Texto completo en J. E. Gaitán, Los mejores discursos..., op. cit., pp. 506-507.

279

Texto completo en ibíd., pp. 508-509.

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El “Bogotazo” Inminente desencadenamiento de las “fuerzas colectivas” o irrupción de un “cataclismo universal” sobre la tierra colombiana: pocas veces un acontecimiento había sido predicho de tal manera como el “Bogotazo”; pocas veces un acontecimiento se había inscrito tan bien en las representaciones políticas tanto de un bando como del otro; pocas veces, sin embargo, un acontecimiento había provocado una sorpresa de tal naturaleza, como si repentinamente en lo real se llevara a cabo el encuentro con una disolución del vínculo social que hasta ese momento sólo era del dominio de la fantasmagoría política. La tarde del 9 de abril de 1948, cuando Gaitán cae asesinado en pleno centro de Bogotá, la capital colombiana era el lugar donde se debatía la salvaguarda del orden latinoamericano frente al “peligro comunista”. La Conferencia Panamericana se encontraba reunida, en presencia del general Marshall, para sentar las bases institucionales de la cooperación latinoamericana en este campo. Los responsables, conservadores y liberales, se habían adherido por igual a la afirmación de la solidaridad panamericana; el Partido Comunista se encontraba lo suficientemente debilitado como para no tener la posibilidad de perturbar el consenso. No obstante, en el contexto político colombiano del momento, la realización de la Conferencia provocaba numerosos rumores. Varios periódicos conservadores habían vaticinado que en esa ocasión los comunistas y los gaitanistas aprovecharían para desencadenar peligrosos incidentes.280 Por el lado de los gaitanistas, existía un sentimiento de exclusión de la comunidad nacional; contrariando la tradición, el gobierno no había incluido al jefe de la oposición, Gaitán, en la delegación colombiana, que sólo estaba compuesta, en nombre del Partido Liberal, por los “notables”.

280

La Patria, periódico conservador de Manizales, escribe el 13 de febrero de 1948 que Gaitán recibe dinero de la embajada soviética para organizar un levantamiento contra la Conferencia Panamericana. La víspera del asesinato el Diario del Pacífico, periódico conservador de Cali, presagia lo peor si “el compromiso adquirido con el comunismo por el señor Gaitán, le va a impedir al liberalismo hacer causa común con quienes se están esforzando para defender el continente americano de la influencia del Kremlin, allá ese partido que en horas de tanta inquietud se dejó arrastrar hacia tan profundo abismo por las ambiciones desmedidas de un caudillo en trance de muerte”.

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A los pocos minutos del asesinato, el levantamiento se desencadena. Las ferreterías son saqueadas, las prisiones abiertas, la muchedumbre liberal comienza a atacar los edificios oficiales e inicia el asedio del palacio presidencial. Nada puede detener a los insurgentes. La policía de Bogotá simpatiza en su mayoría con ellos; la quinta división de la policía se adhiere abiertamente y su cuartel se convierte en el centro de las operaciones. El ejército sólo dispone de efectivos muy reducidos en la capital. Por intermedio de la cadena de radio gaitanista, y de otras cadenas que caen bajo el control de los insurgentes, se difunden consignas revolucionarias y la caída del palacio presidencial se presenta como un hecho inminente; sin embargo, esto no sucederá. Los manifestantes se entregan al pillaje de los almacenes del centro y a escaramuzas dispersas, prenden fuego a numerosos edificios públicos y a la catedral. El pequeño grupo de insurrectos que rodea el palacio es mantenido bajo control por los soldados de la guardia presidencial. Por la noche llegan a Bogotá los primeros contingentes militares. Desde ese momento, el destino de la revuelta queda sellado, aun cuando dure todavía tres días más. El ejército ya no tendrá dificultad para reducirla, con un saldo de centenares de muertos. Durante las jornadas, ninguna organización logra canalizar la insurrección. Una “junta revolucionaria” se había improvisado, es cierto, con hombres como Adán Arriaga Andrade, antiguo Ministro de Trabajo de Alberto Lleras Camargo que había reprimido la huelga de la Fedenal, Gerardo Molina, el socialista, Jorge Zalamea, el escritor, Carlos H. Pareja, el periodista: en ningún momento, esta junta logra tener un control sobre la multitud. En una historia novelada, Carlos H. Pareja evocará algunos años más tarde la desorientación de esta “junta, que sólo se supo dedicar a los vuelos de la retórica ‘revolucionaria’” pero que fue incapaz de fijar unos objetivos cualesquiera a la insurrección.281 La CTC y los comunistas promueven la consigna de la “huelga general”, la cual no alcanza a franquear probablemente las puertas de sus instalaciones ya que presenta un aspecto un poco irrisorio con relación a los acontecimientos de la calle.

281

Carlos H. Pareja, El monstruo, Buenos Aires, Editorial Nuestra América, 1945.

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Las clases dominantes no son las únicas sorprendidas por el giro que había tomado la revuelta. Los líderes populares no son los menos asombrados por el aspecto de fiesta bárbara y criminal que reviste el acontecimiento. “Locura”, “embriaguez”, “pillaje”, son los términos con que se designa la acción de la muchedumbre. Carlos H. Pareja, en el libro citado, describe con complacencia “la orgía revolucionaria” que se apodera de Bogotá. Cuando Jornada reaparece por primera vez el 17 de abril, lo hace para denunciar la presencia de “malhechores” y “delincuentes” que habían “desfigurado” el dolor del pueblo. El 20 de mayo, la CTC evoca la “verdadera locura criminal”, resultado de “estos hechos bochornosos y censurables que desvirtúan el sentido de la protesta del pueblo y que contribuyen con un balance adverso a las jornadas del 9 de abril y a los sucesos posteriores a éste”.282 Veinte años después, Gilberto Vieira resalta todavía, cargándolo a la cuenta de un Lumpenproletariat, la degradación de la insurrección en desvergüenza: creyendo que Ospina había sido derrocado, “a celebrar ese hecho [...] se dedicaron crecientes sectores populares, especialmente los de extracción más humilde, que asaltaban cantinas y bares para proveerse de licores nacionales y extranjeros que ingerían en elevadas dosis”.283 Todos parecen así experimentar la necesidad de distanciarse del ímpetu salvaje de una multitud que se había entregado al disfrute mediante el consumo de bienes que, como los licores extranjeros, simbolizaban la depravación de la oligarquía. Todos asisten con horror al espectáculo de un “exterior de lo social” que había tomado una forma concreta. Existen, no obstante, explicaciones más simples que pueden dar cuenta del carácter, no solamente destructivo, sino más bien autodestructivo de la cólera popular. Construido a partir de la referencia al pueblo como una simple fuerza ciega y del llamado a la identificación con un hombre que operaría por sí solo el paso a la conformación de un sujeto político, el populismo gaitanista contenía en sí mismo este potencial de autodestructividad. El rechazo de toda mediación en el seno del movimiento social, la imposibilidad para cualquier gaitanista de ocupar el lugar del jefe muerto no son ajenos, evidentemente, a la desorientación de los insurrectos.

282

Publicado por Jornada, mayo 21 de 1948.

283

Gilberto Vieira, 9 de abril: experiencia del pueblo, Bogotá, Suramérica, 1973, p. 73.

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Como el populismo gaitanista no les había enseñado tampoco a estos últimos cuál era la faz del adversario, se vuelven entonces contra los únicos enemigos que conocen: los almacenes del centro de Bogotá establecidos por comerciantes que llevan nombres de resonancia extranjera, los edificios públicos o las iglesias como símbolos del poder conservador; en contraste, vacilan delante de la sede del poder ocupada por Ospina; apoderarse de esta sería llegar a cometer el sacrilegio de usurpar el lugar que correspondería al líder asesinado. A medida que se iba atenuando la prédica antioligárquica de Gaitán, el tema de la separación social se había comenzado a confundir con el de la división entre liberales y conservadores. La multitud no tiene identidad distinta a la liberal; desde el principio se encuentra de hecho a la espera de lo que los “jefes naturales” del partido decidan. Estos “jefes” no son, sin embargo, los lugartenientes de Gaitán, personalidades subalternas desprovistas de autoridad propia; son los “notables” desplazados por Gaitán convertidos de nuevo, en ese momento, en los depositarios de los valores liberales: Darío Echandía, Eduardo Santos, Carlos Lleras Restrepo. Gilberto Vieira es el primero en admitirlo: “Aunque lanzamos la consigna de un gobierno popular, lo cierto es que esperábamos como la cosa más natural del mundo que Echandía o Santos asumieran el poder”.284 El “extravío” de la multitud, la impotencia de la “junta revolucionaria”, la pasividad de los responsables sindicales, constituyen la contrapartida de esta transferencia inmediata de la adhesión en provecho de los antiguos líderes del liberalismo. Existen, de hecho, dos escenas muy diferentes en las que se juega el resultado de estas jornadas. La calle, que no se encuentra monopolizada solamente por el Lumpen: obreros, pequeños comerciantes, empleados y algunas veces incluso burgueses de los barrios chics285 participan también del tumulto y de la fiesta fúnebre; más que en cualquier otro momento, el exterior de lo social no designa una categoría particular. El palacio presidencial, donde una delegación liberal dirigida por Darío Echandía y Carlos Lleras Restrepo, una vez franqueado el umbral tras abrirse paso entre los francotiradores, entabla negociaciones para encontrar una nueva

284

Ibíd., p. 32.

285

C. H. Pareja y muchos otros han descrito el pillaje de los almacenes de pieles por gentes de los barrios ricos.

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fórmula política. El pueblo de la calle, informado de que se llevan a cabo estas conversaciones, se limita a instalarse en el lugar a la espera de un desenlace. Este es, de hecho, el fenómeno esencial: la dualidad de las escenas. La disociación entre lo social y lo político no había comenzado con Gaitán. Este lo había llevado, sin embargo, a su punto culminante: había negado a los sectores populares la cualidad de sujeto político obligándolos a limitarse a la palabra del líder, había alimentado una movilización social al servicio de una estrategia política tradicional. En el instante de la desaparición del líder, la movilización se expresa en su inmediatez; la estrategia política vuelve a encontrar su plena autonomía. El desenlace no es el que el pueblo liberal esperaba; en lugar de la dimisión de Ospina y de la organización de un gobierno liberal, se ratifica el retorno a un gobierno de Unión Nacional. La única satisfacción es haber logrado aislar de este acuerdo a Laureano Gómez286 y haber nombrado a Darío Echandía como Ministro de Gobierno. A pesar de la decepción gaitanistas y dirigentes sindicales se adhieren a la fórmula. En algunos lugares, la agitación o la huelga persisten por algunos días; aislados, los sublevados se van a ver obligados muy pronto a someterse. El “Bogotazo”, es cierto, no comprende sólo la conmoción que sigue al asesinato de Gaitán; en innumerables ciudades, pueblos y aldeas los liberales, desde el momento en que conocen por la radio la noticia, interrumpen todas sus actividades; en la mayor parte de los casos, además del encarcelamiento de los políticos conservadores, del pillaje de los almacenes y, de manera excepcional, de las violencias contra los sacerdotes,287 forman “juntas revolucionarias” que asumen el control de la administración local. Si bien en Medellín, la “junta” cuenta con una escasa base social –los obreros de las grandes empresas no se movilizan–, o en Cali la rebelión es rápidamente neutralizada por la intervención enérgica del coronel Rojas Pinilla, en muchas otras localidades de menor

286

Desde el comienzo del Bogotazo, Laureano Gómez se refugia en un cuartel militar y presiona a Ospina para que confíe el poder al ejército; al saber que los jefes liberales se encuentran negociando en el palacio presidencial, sugiere a Ospina considerarlos como rehenes.

287

Dos sacerdotes son asesinados en la provincia y muchos otros amenazados. De allí se deriva la interpretación del 9 de abril como un sacrilegio, hecha por los conservadores.

493

El momento del populismo 1945-1948

importancia las “juntas” manifiestan simultáneamente la voluntad política de devolver el poder al liberalismo y la aspiración social de dar una respuesta a reivindicaciones populares. Gonzalo Sánchez ha elaborado un excelente cuadro de esta “proliferación de poderes populares”.288 ¿Se podría pensar a partir de esto que las juntas constituían el embrión de un “nuevo poder popular ” o de un “doble poder ”? No lo creemos. En primer término, como Gonzalo Sánchez lo muestra profusamente, las juntas se hallan muy a menudo animadas por individuos que tienen más los visos de un personal político tradicional –abogados, comerciantes, artesanos– que de una vanguardia revolucionaria. En segundo término, sus comunicados y decisiones se inscriben generalmente en el lenguaje de las guerras civiles del siglo XIX en el cual la palabra “revolución” tenía el sentido de una lucha entre los dos partidos. Finalmente, y sobre todo, la gran mayoría se disuelve de manera relativamente apacible desde el momento en que se anuncia el retorno a la Unión Nacional; raros son los casos en los cuales, como en Chaparral, Tolima y en Barrancabermeja, la ciudad petrolera, las juntas buscan efectivamente mantenerse por largo tiempo después de la firma del acuerdo en la cumbre. No se presenta un caso de resistencia armada al restablecimiento de la autoridad constitucional. Todo ello no significa que la conmoción se pueda circunscribir a los términos del liberalismo tradicional. En ciudades como Bogotá, Cali o Barrancabermeja, la revuelta presenta claramente el aspecto de la irrupción de un mundo de sans-culottes,289 con sus artesanos, sus pequeños propietarios, sus pequeños comerciantes, frente a un mundo del “dinero”, de los “grandes”, de los “poderosos”. En numerosas zonas del Tolima o de Santander, la revuelta por su parte se alimenta de las reivindicaciones campesinas relativas a la tierra; el ejemplo de Chaparral, municipio marcado por conflictos agrarios, no es el único. En las zonas rurales el descalabro del populismo desemboca muy pronto en una violencia que no pertenece solamente al dominio de la supervivencia partidista. Muchos

288

G. Sánchez, Los días de la Revolución…, op. cit.

289

Grupo de artesanos parisinos, responsables directos de las Jornadas del Terror (17921793) durante la Revolución Francesa, partidarios de un igualitarismo a ulltranza basado en la pequeña propiedad. Su nombre se deriva del hecho de que no usaban los “culottes” (calzones cortos) propios de la época, sino pantalones. (N. Del T.).

494

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

de los miembros de las efímeras juntas se encontrarán haciendo parte, al poco tiempo, de las guerrillas liberales o comunistas. El 9 de abril significa, ciertamente, la brusca desarticulación del populismo como movimiento social unificado pero no pone fin, evidentemente, a la inmensa movilización que se llevaba acabo desde el fondo mismo del tejido social colombiano. La conmoción experimentada por el pueblo liberal, el gran terror vivido por el pueblo conservador ante una insurrección sacrílega, sirven para impulsar, cada uno a su manera, el movimiento de un pueblo que, ante la ruptura de aquello que, en las instituciones, hacía posible la existencia del vinculo social, sólo puede encontrar refugio en el repliegue hacia una identidad partidista, que es también una identidad partidista inscrita en la movilización social. Una semana después del 9 de abril, todo parece volver al orden. La Unión Nacional se reorganiza según su definición original de congregar las élites socioeconómicas de las dos comunidades. Un acuerdo se materializa de inmediato para separar aquello que en las jornadas había tenido un “carácter puramente político”, de lo que es propio de una insurrección social; la justicia militar, que se encarga de juzgar a los individuos implicados en los actos, es invitada a mostrarse “severa y eficaz en lo que concierne con los delitos comunes cometidos bajo cualquier pretexto que sea”.290 Uno de los principales adversarios de Gaitán, Carlos Lleras Restrepo, accede a la dirección del Partido Liberal, y le corresponde pronunciar el elogio fúnebre de Gaitán. Ante su tumba declara: “Termina el aislamiento aristocrático de los dirigentes [...]. A partir de este momento, una política digna de ese nombre sólo podrá ser hecha con el pueblo, discutiéndola con el pueblo”.291 El momento de los “versalleses”292 parece, pues, haber llegado.

290

Cf. Semana, mayo 15 de 1948.

291

Discurso citado en Carlos Lleras Restrepo, De la República a la Dictadura, Bogotá, Argra, 1955.

292

“Versalleses” es el nombre que los miembros de la Comuna de París, que se toma el poder entre los meses de marzo y mayo de 1871, dan a las tropas acantonadas en Versalles, población cercana a París, fieles al despuesto gobierno de Thiers, que había instalado allí su sede y sus cuarteles. La llegada de los “Versalleses” corresponde a la recuperación de la capital por parte de las tropas gubernamentales. (N. del T.).

495

El momento del populismo 1945-1948

Sin embargo, nada de ello ocurre. La era de la Violencia generalizada y de la completa deriva de los puntos de referencia políticos se abre ahora.

* A lo largo de este capítulo nos hemos encontrado con la dialéctica de lo social constituido y del exterior de lo social. Esta oposición no remite ni a divisiones sociales cristalizadas ni, menos aún, a grupos sociales precisos. Los sectores medios o la clase obrera pueden participar del exterior de lo social tanto como los “marginales” o los campesinos. Esta dialéctica traduce, en una primera consideración, una relación relativamente simple: la que se establece entre la producción de un sistema de relaciones sociales reconocidas y reguladas y una zona de lo social no reconocida y abandonada a sí misma. Su intensidad proviene, sin embargo, de una relación más profunda y menos controlable: la de la “barbarie” y la “civilización”, para utilizar los términos de Sarmiento en Argentina. De esta segunda relación, inscrita en la memoria histórica y en los cuerpos, las manifestaciones son diversas. Las dos relaciones sólo tienen en común el hecho de tomar la forma de lo imposible: imposible borrar los rastros de aquello que, en el momento de la Conquista, y posteriormente, había provocado el encuentro con una Alteridad que no podía ser simbolizada totalmente; imposible la adhesión a la idea de un origen de la nación, cualesquiera que fuesen los artificios que en algunas sociedades latinoamericanas (México) pudieran ser desplegados para darle forma; imposible saber por dónde pasa, en cada uno de los términos, la frontera entre lo que le es propio y lo que pertenece al Otro. En Colombia la clase obrera había sido llamada desde 1936 por Alfonso López Pumarejo para servir de soporte a una nueva institución de lo social. La referencia al intervencionismo estatal había sido la forma y el complemento de esta apelación. El movimiento gaitanista surge en el momento en que el recuerdo de esta experiencia de ciudadanía política es aún vivaz, a pesar de que la ideología intervencionista y el contenido de la ciudadanía están en proceso de desaparición. Populismo de “segunda generación”, llegado después de la primera constitución de una relación social conformada a partir de las clases populares, el gaitanismo se ve obligado a denunciar lo que aún subsiste de todo aquello, con el fin de crear el espacio para su propia recreación de lo social. Las organizaciones que se reclaman de la clase obrera cargan con los costos. Sin duda, ello no 496

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

se debe tanto a la inspiración “pequeño-burguesa” del gaitanismo como al hecho de que los sindicatos se seguían definiendo bajo el signo de la relación social constituida diez años antes. De esta manera el análisis del populismo gaitanista permite resaltar la importancia de una periodización de los populismos en función de los estratos de ciudadanía. No obstante, la referencia gaitanista a un “exterior de lo social” había provocado un sacudimiento de grandes proporciones porque coincidía con la idea que era la preocupación permanente de las clases dominantes: ¿no habían acaso estas últimas, desde 1944, comenzado a percibir por su propia cuenta que la barbarie se perfilaba en los rasgos mismos del progreso económico? La designación de un exterior de lo social no se deja reducir a la de un antagonismo social “motor de la historia”; permite por el contrario que un trasfondo arcaico de lo político reaparezca en la superficie, como lo hemos podido comprobar tanto a partir del populismo gaitanista como del catastrofismo laureanista. Las oposiciones entre “pueblo” y “oligarquía”, en un caso, “conservadores católicos” y “liberales-destructores de valores”, en el otro, pierden muy pronto su contenido inicial en favor de una representación de la sociedad que aparece atravesada por la incontrolable separación de lo “puro” y de lo “impuro”, de las “buenas” y de las “malas” fuerzas, del “cataclismo” y del retorno a la unidad “orgánica”, del caos y de la jerarquía. Tanto el uno como el otro conducen finalmente, en la búsqueda de una fusión entre lo social y lo político, a crear entre los dos un abismo. El populismo, como ya lo hemos dicho al principio, se produce a partir de parejas de oposiciones sin síntesis posible, y se sostiene sólo por la introducción de un tercer término que es exterior a dichas parejas: el discurso del líder y un proceso de identificación con su persona. El populismo se arraiga en una doble dinámica: la del movimiento social y la de la conquista del Estado. Raros son los casos en los cuales ambos aspectos se pueden remitir el uno al otro: sólo considerando al populismo retroactivamente parecen coincidir. “La crisis hegemónica”, invocada a menudo para establecer dicha coincidencia, se sitúa en el punto de llegada, no de partida. Con la aparición del movimiento populista, es poco probable que las clases dominantes hubieran estado abocadas a perder en algún momento su substrato político. Pero en cambio es evidente que, cuando regresan al control del poder después del populismo, no logran recuperar su antigua legitimidad.

497

El momento del populismo 1945-1948

Es imposible saber si, de haber sobrevivido Gaitán, el gaitanismo hubiera llegado al poder; en 1948 los chances del populismo ya parecían particularmente comprometidos. La solidez del modelo liberal de desarrollo, el debilitamiento de los sindicatos independientes, hacían incierta la posibilidad de organizar alrededor del Estado una nueva ciudadanía. Con la reinscripción en la división partidista tradicional, el populismo destruye la imagen de una próxima reunificación del cuerpo social. El populismo convierte, entonces, a partir de ese momento, el mito de la división social radical en el principio de una lucha sin cuartel entre los dos partidos. Se crea así una situación que se queda a mitad de camino respecto a las que habían sido producidas por los otros populismos. El impacto del llamamiento nacional-popular había sido lo suficientemente fuerte como para minar la legitimidad política de las élites tradicionales, particularmente de aquellas que habían presidido las reformas; pero no había sido lo suficientemente fuerte como para retirar completamente esta legitimidad: al revalorizar la antigua división partidista, el populismo otorga de nuevo autoridad a sus voceros. De esa evolución contradictoria se beneficia sin lugar a duda el personal político intermediario, que es precisamente el que va a emerger durante la Violencia. ¿Populismo o Violencia? Este era el dilema que había aparecido al final del último capítulo. En 1948, la problemática está ya particularmente sobrepasada. A medida que la restauración de la unidad de lo social se borra debido a la evidencia de la ruptura del campo político, el populismo alimenta, a pesar suyo, la marcha hacia la Violencia. No logra ya cerrar las brechas que había abierto: en lo social, con el mito de la separación radical; en lo político, con el llamado a lo arcaico como forma de fundar la identidad partidista; en la articulación entre lo social y lo político, con la escisión que había introducido entre ellos. El exterior de lo social está siempre presente; sin embargo, lejos de engendrar una nueva relación social, nos encontramos con que parece absorber todas las relaciones sociales preexistentes.

498

V

Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953

La Violencia no comienza el 9 de abril. Un balance de catorce mil víctimas en 1947 constituye un indicativo de su existencia anterior;1 tres departamentos, Boyacá y los dos Santanderes, se convierten en ese momento en el principal escenario de los enfrentamientos. Durante los primeros meses de 1948, la ley de “sangre y fuego” se extiende más y más. Inmediatamente después de las jornadas de abril, la continuación de la violencia2 no es, a pesar de lo ocurrido, inexorable. La tranquila restauración del viejo orden elitista parece más probable como lo corrobora la consolidación de los notables en los puestos de dirección política, tanto en el gobierno como en los partidos; la reconstitución de un sistema de Unión Nacional, ratificado en ese momento por el estado mayor de cada partido y acompañado por una rigurosa repartición de los puestos públicos entre las dos colectividades políticas; la presencia de Darío Echandía en el Ministerio de Gobierno; la desarticulación del movimiento gaitanista; la condenación casi unánime de los excesos de la “turba”; la puesta en funcionamiento en todo el territorio nacional de una justicia expedita para castigar a los agitadores más conocidos del 9

1

Todos los datos cuantitativos de esta introducción son tomados de Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, Bogotá, Banco Popular, 1976.

2

En este capítulo, escribimos Violencia (con mayúscula) cuando se trata del conjunto del proceso; “violencia” (con minúscula) cuando se trata de ciertas manifestaciones concretas.

499

Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953

de abril. Favorecido por la desorientación de las clases populares se perfila un nuevo afianzamiento del conjunto de las élites políticas y económicas que hace posible, igualmente, el control de los fenómenos de violencia. Cualesquiera que sean en ese momento las pasiones partidistas, ¿por qué los notables no logran hacer prevalecer las exigencias de “conciliación”,3 como lo habían hecho después de 1930? No es necesario que transcurra mucho tiempo para que se comience a percibir la fragilidad de este nuevo gentlemen’s agreement. La Violencia continúa extendiéndose; en los doce meses de 1948 se le atribuyen más de 43.000 muertos. Ningún acuerdo en las altas esferas tiene la posibilidad de sostenerse frente a la proliferación de las disputas locales. Cada evento electoral ofrece la oportunidad de establecer una nueva correlación de fuerzas. Ninguna institución escapa a la división y, a comienzos de 1949, es ya un hecho que los mismos notables se ven arrastrados por ella. Cuatro acontecimientos políticos marcan en este año el rumbo hacia la organización de la Violencia. La ruptura de la Unión Nacional, el 21 de mayo de 1949: el rompimiento sobreviene la víspera de las elecciones parlamentarias y es promovido por los liberales, que quieren protestar así contra la “violencia oficial” practicada por los conservadores en Boyacá y Nariño. La resolución adoptada por los liberales en julio de 1949 de adelantar la fecha de las elecciones presidenciales previstas para abril de 1950: la medida, destinada a evitar que sus posiciones se debiliten, es considerada por los conservadores como un verdadero golpe de estado, y la violencia hace su entrada –en esta ocasión– al recinto parlamentario. La adhesión del Partido Conservador, en octubre de 1949, a la candidatura de Laureano Gómez, al regreso de su semiexilio en España, a consecuencia del 9 de abril: tal escogencia, a los ojos de los liberales, tiene el carácter de una verdadera declaración de guerra. Finalmente, la decisión tomada por el Partido Liberal, el 28 de octubre, de no participar en las elecciones

3

El término “conciliación” hace parte del lenguaje político brasilero. El compromiso entre diversas élites frente a la amenaza popular es una realidad que aparece de manera recurrente en numerosos países de América Latina. Entre la “conciliación” brasilera y la “conciliación” colombiana hay, sin embargo, una diferencia considerable; la primera se lleva a cabo en la órbita del Estado, la segunda mediante el acuerdo entre los dos partidos políticos.

500

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

presidenciales y, algunos días después, la determinación de presentar ante el Congreso una acusación para destituir a Mariano Ospina Pérez: este responde con el cierre del Congreso, y con la imposición de la censura y del estado de sitio en todo el territorio nacional. Lo impensable se produce así el 27 de noviembre: la elección de Laureano Gómez sin candidato opositor. El 7 de agosto de 1950, aquél que había llevado a cabo un incansable combate contra la “república liberal” y contra las “doctrinas liberales” mismas, asume oficialmente sus funciones; sobre los escombros de la democracia liberal anuncia la organización de un Estado corporativo. Dicho Estado nunca se creará. No obstante, la Violencia se extiende a nuevas regiones. En 1949 deja un saldo de “solo” 18.500 víctimas; en 1950 llega al paroxismo con más de 50.000 muertos, para alcanzar después proporciones aparentemente más modestas: 10.300 muertos en 1951, 13.250 en 1952, 8.600 en 1953. Es necesario tener en cuenta la magnitud del fenómeno; en seis años, de 1948 a 1953, el balance es de 140.000 víctimas. En el censo de 1951 se calcula una población aproximada de 15 millones de habitantes en todo el territorio nacional; esto quiere decir que el total de víctimas representa casi el 1% de la población. No todas las regiones se ven afectadas de igual manera; en algunas de ellas, el porcentaje es muy superior, tal como se puede verificar en el cuadro 5.1 tomado de Paul Oquist,4 que reúne los datos de 1946 a 1957. La disminución del número de víctimas entre 1951 y 1953 no debe llevarnos a hacer falsas apreciaciones. En el centro de Colombia –Tolima, Caldas, Norte del Valle– que es igualmente el centro de los cultivos cafeteros, la violencia atraviesa y trastorna en su totalidad el tejido social. En el plano nacional, constituye la base y el fundamento de las representaciones de lo político. El golpe de Estado del general Rojas Pinilla, en junio de 1953, será acogido como un alivio por una clase dirigente cada vez más preocupada por una situación que amenaza con salirse de sus manos. El golpe, sin embargo, no pondrá fin a una violencia que se prolonga aún por varios años.

4

P. Oquist, op. cit., p. 67.

501

Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953

*** El término Violencia fue utilizado inicialmente para designar la convulsión en curso; algunos combatientes liberales, especialmente del Tolima o de los Llanos, emplearon también el de “guerra”. Sin embargo, Violencia se impuso definitivamente como nombre propio para referirse al conjunto del período.

Cuadro 5.1 Distribución departamental de muertes en la Violencia de 1946 a 1957

Muertos

Porcentaje de muertos por departamento

Número de muertos por cada 100.000 habitantes por por departamento*

Antiguo Caldas

44.255

24.6

4.175

Tolima

30.912

17.2

4.353

Antioquia

26.115

14.5

1.163

Norte de Santander

20.885

11.6

5.496

Santander

19.424

10.7

2.624

Valle

13.106

7.3

1.191

Meta

5.842

2.2

9.736

Boyacá

5.363

3.0

670

Huila

4.111

2.3

1.417

Cundinamarca

4.033

2.2

448

Bogotá

2.585

1.4

364

Cauca

1.236

0.6

281

Otros departamentos e intendencias

2.385

1.4

88

180.253

100.0

1.562

Departamento

Total

Fuente: Paul Oquist, op. cit., p. 67. * Según el censo de 1945.

502

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

Tal denominación no es ciertamente inocente. Sugiere, en primer lugar, que se trata de un fenómeno vinculado con las tradiciones políticas de Colombia: no existe elección que no lleve consigo un cortejo de actos de violencia entre liberales y conservadores; se refiere también, a medida que los enfrentamientos se hacen cada vez más numerosos, a un tipo de confrontación generalizada sin protagonistas ni intereses en juego muy precisos, en síntesis, a una anomización de las relaciones sociales. La Violencia aparece a menudo, en las innumerables narraciones y testimonios que ha suscitado, como una potencia anónima que siembra la destrucción a su paso. En todos los casos, el término quiere expresar la irrupción en la historia de un trasfondo de barbarie ordinariamente recubierto por una aculturación precaria. No es por casualidad que las élites políticoeconómicas lo adaptaron desde el principio. Esta denominación permite ocultar los rastros de las estrategias de violencia que una parte de estas élites promovió sistemáticamente. El término conlleva complementariamente una acusación de responsabilidad hecha a las masas populares. ¿No son ellas acaso, desde siempre y más aún después del 9 de abril, las portadoras de la barbarie? Bajo la apariencia de una dominación neutra, se desliza así una preinterpretación que no es de manera alguna inocente. Y lo es tan poco, que la denominación entraña a su vez una violencia simbólica. Que los sectores populares se hayan adherido por tanto tiempo a la imagen anómica que conlleva un término de este tipo, demuestra solamente que el dominio de las clases dominantes se ejerció incluso en la narración que las víctimas construyeron de su propia historia. Todo lo anterior es poco discutible y debe tenerse en cuenta desde el principio. Sin embargo, el término tiene, en otro sentido, la ventaja de no atenuar la “inquietante extrañeza”5 del fenómeno que designa. El 9 de abril, como ya lo hemos dicho, no constituye su comienzo. La extrañeza reside, en primer lugar, en que esta inmensa conmoción no

5

La expresión “inquietante extrañeza” corresponde a la traducción francesa del artículo de Freud, “Das Unheimliche”, que ha sido traducido al español como “Lo siniestro”, en: Obras completas de Sigmund Freud, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 1973, p. 2483-2505; o como “Lo Ominoso”, en la versión de José Luis Echeverry, Obras completas Sigmund Freud, Buenos Aires, Amorrortu, 1979, vol. XVII, p. 219-251. (N. del T.).

503

Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953

se inicia con un acontecimiento que, dándole un impulso, pueda pasar a convertirse en momento originario, con valor de causa o de significación; 1946, 1948, 1949: una u otra de estas fechas se puede considerar como su punto inmediato de partida. No obstante, los protagonistas no dudan en situar su desencadenamiento en un pasado más lejano: en los años 19301935, para los conservadores que recuerdan las persecuciones en Boyacá y en los Santanderes en el momento del acceso de los liberales al poder; en los años 1920-1935 para los campesinos de las regiones sacudidas en esta época por los conflictos agrarios; en la Guerra de los Mil Días y en los enfrentamientos del siglo XIX para los que piensan que una misma división política continúa afectando y actuando sobre el cuerpo social, como si “otra historia”, inmóvil y repetitiva, estuviera destinada a surgir en cada nueva situación. No existe tampoco, observémoslo, un hecho que pueda servir como referencia de clausura o desenlace. La Violencia se halla indudablemente marcada por acontecimientos políticos; sin embargo, se desarrolla según ritmos que son ampliamente independientes de tales acontecimientos. La extrañeza consiste, en segundo lugar, en que la unidad del proceso es difícil de precisar. Hay una mezcla heterogénea de choques electorales, acción política y militar, terror ejercido por mercenarios de toda clase, vendettas locales, espíritu de cruzada religiosa, venganzas individuales, desalojo de poblaciones, transferencias de propiedad, extorsión económica, formación de guerrillas organizadas, bandolerismo social, grandes temores campesinos. La heterogeneidad del fenómeno se manifiesta también por la presencia de los más diversos protagonistas: pequeños propietarios, jornaleros, arrendatarios, grandes propietarios, pequeña burguesía de los pueblos o de las ciudades medianas, jefes políticos de todos los niveles, algunas veces también miembros de la gran burguesía urbana. De Boyacá y de los Santanderes, el epicentro se desplaza luego hacia Tolima y Caldas. De un municipio a otro, incluso de una vereda a otra, el rasgo predominante puede no ser el mismo. En las regiones afectadas, nada obstaculiza que las relaciones de fuerza invadan lo social; no obstante, dichas relaciones son siempre heterogéneas entre si: no es posible considerarlas como resultado de un conflicto, del cual puedan constituir su derivación. La Violencia es, en primer lugar, una yuxtaposición de violencias irreductibles. La extrañeza proviene, finalmente, de que la referencia a la división partidista, a pesar de lo anterior, se impone en cada momento y se 504

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

inscribe como un sello en todas las manifestaciones de violencia, ya sea la extorsión económica o la guerrilla campesina. La referencia a la división partidista aparece sobre el telón de fondo de una fragmentación radical de lo social. Ni siquiera es posible interpretar la Violencia en términos de guerra civil: no existe un frente de batalla, ni una coordinación, ni tampoco una visión militar orientada hacia la conquista del poder. Al introducir una ilusoria continuidad histórica con el pasado, esta referencia constituye el mínimo de sentido que permite, a los individuos o a las pequeñas colectividades, vincular sus estrategias de supervivencia con el destino de una más amplia comunidad política.

*** No han faltado indudablemente tentativas de explicación global del fenómeno de la Violencia. En la época misma, estas tenían casi siempre un carácter exclusivamente político; con mucha frecuencia se limitaban a la acusación de un partido contra el “otro”. Los sociólogos y los economistas se han negado por el contrario, desde 1965, a conceder una excesiva importancia a los factores políticos, y han insistido en trasladar la explicación de lo político a lo social o a lo económico; al menos aparentemente. El marxismo teleológico, de gran ascendencia durante mucho tiempo en Colombia y en otras partes del mundo, es el origen de muchas de estas interpretaciones. Asimilando causas y resultados, dejando de lado el problema de los agentes sociales, hace de la Violencia la expresión misma del proceso de acumulación. En un libro publicado en 1963,6 Diego Montaña, el antiguo abogado de los sindicatos petroleros, abrió el camino: la Violencia, aseguraba, había sido necesaria “para garantizar la destrucción del campesinado y liberar así la fuerza de trabajo necesaria para la industria”. Por esta vía fueron muchos los que se precipitaron tras él; cada cual aportaba su propio complemento de prueba. Se comenzó a imputar a la Violencia la concentración y la disminución del precio de la tierra, los bajos salarios, la capitalización de la agricultura, las migraciones masivas; además, cada uno de estos hechos era presentado como una precondición del capitalismo moderno.

6

Diego Montaña Cuéllar, Colombia, país formal y país real, Buenos Aires, Platina, 1963.

505

Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953

Otros consideraban, por el contrario, que la Violencia constituía una “desviación” de la vía regia del capitalismo tal como había sido trazada por el régimen liberal desde 1930. Para algunos, como Francisco Posada,7 era la revancha de los grandes propietarios terratenientes empeñados en recuperar su antigua preeminencia política; para muchos otros, era el resultado de la traición de la burguesía industrial que, frente al ascenso de las masas populares, escondía su bandera progresista. En este sentido Pierre Gilhodes escribe: “La burguesía industrial, asustada, abandona la alianza (desigual) de los años anteriores con el campesinado y los obreros para volverse hacia la oligarquía terrateniente tradicional, momentáneamente marginada y representada en gran medida por el Partido Conservador”.8 Estos análisis tienen en cuenta los agentes sociales; pero siempre terminan caracterizando la Violencia en referencia a sus efectos sobre el proceso de acumulación. Existen otros autores que atribuyen la Violencia a las rivalidades económicas existentes entre los diversos sectores de las clases dominantes que habrían tenido como consecuencia –según Paul Oquist– 9 un “derrumbe parcial” del aparato del Estado, y habrían creado, por este hecho, las condiciones para la generalización de la Violencia. Más recientemente, numerosos trabajos han sugerido que la Violencia puede explicarse por la persistencia de tensiones agrarias, que estuvieron siempre presentes desde la segunda mitad del siglo XIX. La geografía de la Violencia corresponde parcialmente a la de los conflictos agrarios; sin embargo, estos autores encuentran allí razones suficientes para establecer una relación de causa efecto. El resumen anterior no es exhaustivo;10 ha sido simplificado voluntariamente. No se trata de discutir la argumentación de estas tesis, ni la veracidad de los hechos que las sustentan, sino tan solo de mencionar

7

Francisco Posada, Colombia: Violencia y subdesarrollo, Bogotá, Universidad Nacional, 1968.

8

Pierre Gilhodes, “La Violence en Colombie, banditisme et guerre sociale”, Cahiers du Monde Hispanique et Luso-brésilien, núm. 26, 1976, pp. 69-81.

9

P. Oquist, op. cit.

10

Existen otras aproximaciones. Algunos han intentado hablar de una “cultura de la Violencia”; otros, como James L. Payne, Patterns of conflict in Colombia, New Haven y Londres, Yale University Press, 1968; hablan de una idiosincrasia política colombiana.

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algunas interpretaciones que se presentan explícitamente como “globales” o “explicativas” como es el caso de las que se han mencionado, puesto que tienen en común el querer implícitamente otorgar a las oposiciones de clase el estatus de “causa” directa o “última instancia” de la Violencia. Es evidente, empero, que tales interpretaciones sólo alcanzan a dar cuenta de aspectos muy limitados del fenómeno. Que hubiera una proliferación de conflictos sociales en la Violencia es un hecho que no se pone en duda; pero, en cambio, es especialmente discutible que los conflictos puedan ser considerados como expresiones diversas de un conflicto central y, más aún, que se puedan vincular con una misma función latente. Las pocas monografías locales, realizadas en los últimos años, algunas de ellas de gran calidad,11 impiden de ahora en adelante llevar a cabo este tipo de reduccionismo. Nadie puede admitir ya que la Violencia haya sido simplemente una confrontación entre los propietarios de medios de producción y los que carecen de ellos; entre los dos grupos figuran muchos otros protagonistas de identidad más compleja, que disponían de los medios para sacar provecho de las circunstancias. Nadie puede seguir afirmando que la Violencia contribuyó en todas partes al avance del capitalismo; en numerosas zonas lo obstaculizó. Que los conflictos sociales o la contraposición de intereses entre las clases dominantes puedan “explicar” el antagonismo partidista es todavía más dudoso. En algunos casos estas tesis renuncian de hecho a tomar en cuenta este último: se diferencian entonces dos violencias, una social, que sólo conlleva consecuencias estructurales, y otra política, reducida a un arcaísmo sin importancia. En otros casos, por el contrario, se esfuerzan por suprimir toda diferenciación, y hacen del antagonismo partidista la manifestación de una división social. Para lograrlo recurren a menudo a un procedimiento muy cómodo, consistente en atribuir todo el “tradicionalismo” al Partido Conservador, toda la “modernidad” al Partido Liberal, ubicando bajo las banderas del primero a las oligarquías rurales y sus clientelas, y bajo las del segundo a la burguesía progresista y a las clases populares urbanas. El procedimiento es una manera característica de

11

Como la de Carlos Ortiz, “La Violence in Colombie: le cas du Quindio” [tesis en Sciences Sociales de l’École des Hautes Études], París, 1983. (Existe edición en español Estado y subversión en Colombia: la Violencia en el Quindío años 50, Bogotá, Siglo XXI, CEREC, 1985. N. del T.).

507

Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953

forzar las evidencias: los conservadores no muestran menos empeño que los liberales cuando se trata de promover la “modernidad”, si se entiende por esta la expansión del capitalismo; el antagonismo partidista atraviesa horizontalmente todos los sectores de la sociedad y se superpone a todos los conflictos sociales sin confundirse con ellos. Destinado a sustentar la primacía de las causas sociales o económicas, este procedimiento conduce, sin advertirlo, a la reintroducción de los factores políticos, y lo hace de la manera más convencional: asumiendo la visión que el Partido Liberal ha querido dar de sí mismo, es decir, ratificando la lectura “partidista” de la Violencia. El problema no es definir la primacía entre lo social o lo político; la Violencia, como lo veremos más adelante, oscurece los criterios de separación entre lo uno y lo otro. El problema es establecer los límites de una explicación causal cuando se trata de un fenómeno de este tipo.

*** Hablar de “inquietante extrañeza” nos conduce a reconocer que en el fenómeno de la Violencia existe algo que se sustrae a una explicación causal o instrumental. No se trata de recusar la importancia de esta última: la Violencia se halla indudablemente intrincada con unas relaciones de fuerza precisas y con unas estrategias instrumentales que se diferencian según las posiciones de los protagonistas; sin embargo, en ella también se manifiesta un exceso del cual no nos dan cuenta dichas explicaciones. Tampoco es suficiente la noción de “efectos perversos”,12 como si solo se tratara de las consecuencias inesperadas de la yuxtaposición de acciones individuales. El exceso está presente, en primer lugar, bajo la forma de una división política radical que no remite aparentemente a nada que no sea ella misma. El exceso también se hace presente en la violencia de la Violencia: los excesos de horror que la marcan no son ingredientes secundarios; es difícil atribuirles un carácter instrumental. La operación misma de “narración”,13 fundamento del relato histórico, es problemática en el caso del fenómeno de la Violencia. Una narración de

12

En el sentido de Raymond Boudon, La logique du social, París, Hachette, 1979. (N. del T.).

13

Cf. Paul Ricoeur, Temps et récits, París, Seuil, 1984.

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esta naturaleza supone la convicción –constitutiva de la objetividad– de que “los hechos relatados por historias diferentes pueden relacionarse y que los resultados de estas historias pueden completarse”.14 Sin embargo, la Violencia nos coloca frente a una experiencia histórica en la cual la heterogeneidad de las narraciones y de las historias parece insuperable. Se acompaña de una fragmentación fundamental de lo social; y el hecho de no poder definir ni un momento originario ni un desenlace es suficiente para aseverar que la operación narrativa es, en sí misma, difícil de realizar. No es casual que en las décadas siguientes la Violencia no haya sido invocada de modo alguno como un mito de los orígenes, donde pudiera estar contenida en potencia la historia posterior. Ninguno de los participantes ha logrado instalarse en una posición desde la cual le sea posible colocarse por fuera de sus efectos, y dar un sentido al conjunto de los acontecimientos. Los vencedores se han cuidado de no hacer alarde de su éxito; los vencidos no han encontrado allí la promesa de una futura compensación. Las generaciones posteriores no han descubierto en ella un momento de creación de una nueva representación de lo político, y no han buscado apropiarse, por un proceso de identificación, la figura de uno u otro de los protagonistas. Las revoluciones y las contrarrevoluciones están dominadas por la ilusión de la ruptura. La Violencia no pertenece a alguna de las dos categorías: está inscrita toda entera en la continuidad; se inicia por la voluntad de preservar o restablecer un orden político; prosigue con una mezcla de estrategias ofensivas y defensivas; y termina dejando una situación aparentemente inmodificada, conformada por las mismas estructuras sociales, las mismas alianzas partidistas, la misma precariedad del Estado Central. Sólo el lenguaje de la repetición parece el adecuado para describirla y, sobre todo, el de la repetición de las luchas partidistas. La ilusión proviene de poner el énfasis únicamente sobre las continuidades. Todo vuelve a iniciarse como si nada hubiera ocurrido. Lo que va más allá de la repetición proporciona retroactivamente la sensación de no haber sido más que una interrupción del curso ordinario de la democracia oligárquica. Tal es la convicción de las élites socioeconómicas cuando insisten en considerar que coalición oligárquica y violencia son los dos términos de una alternativa. La Violencia es, sin embargo, ruptura

14

Ibíd., p. 249.

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en un aspecto: la mayoría de las masas populares tienen ahora de hecho la certeza de que esa alternativa no existe. Vivida como repetición o interrupción, la Violencia no ha dejado de aflorar en la memoria individual o colectiva, donde aparece permanentemente. No obstante es un proceso social que se inscribe en lo real de la historia, casi como una catástrofe natural; por esto no se presta a una proyección imaginaria, ni a una reelaboración simbólica.

*** El progreso de las investigaciones históricas pasa muy probablemente por el reconocimiento del carácter irreductiblemente heterogéneo de las violencias. Además de las monografías regionales, algunos estudios temáticos como el que publicaron Gonzalo Sánchez y Donny Meertens sobre el bandolerismo,15 comprueban este hecho. ¿Será necesario, por consiguiente, renunciar a referirnos a la Violencia como un fenómeno de conjunto y concebirla solamente como la adición de violencias parciales? Los protagonistas nunca dudaron de que la Violencia tuviera una unidad. Y los historiadores no pueden seguir analizando las violencias sin presuponer la existencia de una Violencia considerada como un hecho global. Asumiendo el riesgo de ir contra la corriente, las observaciones que siguen son consagradas a esta Violencia tomada como un conjunto. Existen diversas maneras de circunscribir lo que puede constituir su unidad. Se puede hacer a partir del contexto de las violencias específicas como el que se forma por ejemplo de la correlación de fuerzas instaurada a partir de 1944-1945, se consolida en 1946-1947, y triunfa después de los acontecimientos de abril. Esta clase de datos son esenciales aun cuando no pueden ser considerados como causas; subsiste el hecho de que el contexto no es la Violencia en sí misma. La misma tarea puede acometerse a partir del modo de acción de los protagonistas: se describiría así el fenómeno de la desorganización de los actores sociales colectivos. Se trata efectivamente de un elemento digno de mención. El período se caracteriza por una movilización social sin precedentes e, igualmente, por la ausencia de movimientos sociales

15

Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos, Bogotá, El Áncora, 1983.

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organizados de una manera estable; sin embargo, limitándose a estos modos de acción se corre el riesgo de volver a asignar la prioridad a la descripción de las violencias, y no a la de la Violencia. Pretendemos sustentar la tesis de que la unidad de la Violencia sólo puede ser analizada con referencia a lo político. No queremos de esta manera volver a la simple comprobación de una división partidista que subsistiría siempre idéntica a sí misma; nos proponemos mostrar cómo, en un momento dado, se produce un nuevo desciframiento de esta división que conduce a que “lo político sea directamente percibido como Violencia”. Tampoco pretendemos separar lo político de lo social; la representación de lo político como violencia está originalmente asociado a una conciencia de la división radical de lo social, que se traduce, en un segundo momento, en la mezcla creciente de los dos planos. Con la mención de estos tres temas, la correlación de fuerzas, la desorganización de los actores sociales colectivos, y la representación de lo político como Violencia, creemos poder contribuir a un esquema de análisis de la Violencia como base de las violencias parciales. Otros temas hubieran podido ser escogidos; sin embargo, con estos estamos tomando de nuevo en consideración los que surgieron a lo largo del capitulo anterior; nos ofrecen además la posibilidad de volver a plantear el problema de las relaciones entre el populismo y la movilización, presentes en la Violencia. Reduciremos al mínimo indispensable la remisión a los datos factuales y nos limitaremos a esbozar proposiciones relativamente generales. El lector, por consiguiente, no debe esperar un análisis completo del fenómeno; el hecho de prescindir, salvo por breves alusiones, de las especificidades regionales, es prueba suficiente.

De la restauración elitista a la violencia La correlación de fuerzas que se instaura entre la burguesía y las masas urbanas después del 9 de abril constituye el trasfondo sobre el cual se generalizará la Violencia a partir de 1949: levantada la hipoteca gaitanista, las élites socioeconómicas se deciden a imponer su ley en el dominio social y económico; desorganizadas y sometidas a una severa represión, las antiguas bases de la CTC y del gaitanismo se muestran incapaces de ofrecer una verdadera resistencia. La Violencia no se reduce, sin embargo, a dicha correlación de fuerzas. Esta última comporta indudablemente su parte de violencia y no se limita, 511

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en efecto, únicamente a los dispositivos institucionales. Pero la Violencia desborda dicha correlación de fuerzas y, sobre todo, se manifiesta de otra manera: logra romper la solidaridad –al menos política– de las clases dominantes; acarrea el desplazamiento del centro de gravedad política hacia las zonas rurales; afecta sólo moderadamente a las grandes ciudades que aparecen a menudo como zonas de refugio. ¿Equivale lo anterior a decir que la Violencia es independiente de dicha correlación de fuerzas? Indudablemente que no. La consolidación de esta última es un supuesto de la primera. La prueba de ello estriba en que la Violencia sólo se generaliza después de que las masas urbanas han sido completamente neutralizadas y en que supone igualmente el acomodamiento de las élites socioeconómicas a una crisis institucional sin precedentes por su intensidad y duración. Esto es posible porque la crisis no parece de ninguna manera cuestionar la correlación de fuerzas urbanas. Esta sección está consagrada al análisis de las diversas formas de dicha relación.

El llamado a la restauración del orden elitista Al adoptar una vez más la fórmula de la Unión Nacional, sin esperar siquiera a que las llamas terminaran de arrasar el centro de Bogotá, las élites civiles demuestran que no quieren descargar sobre la institución militar el cuidado de restablecer el orden social. No obstante, todo revela su preocupación frente al descubrimiento de las “masas peligrosas”. Citemos solamente tres reacciones: El Liberal, periódico lopista, estima que “la situación que se ha creado en Bogotá y en otras ciudades es una situación típica y realmente explosiva de lucha de clases”;16 Eduardo Santos reconoce: “El 9 de abril, nos dimos cuenta, entre muchas otras cosas, que existe una situación temible de barbarie, y también una situación temible de miseria”;17 Mariano Ospina Pérez, por su parte, deplora la existencia de “elementos frenéticos y salvajes”.18

16

El Liberal, mayo 21 de 1948.

17

El Tiempo, mayo 5 de 1948.

18

Respuesta a un mensaje de Alfonso López, abril de 1948.

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Sin embargo, la unión sagrada de las clases dominantes es considerada como una medida suficiente para hacer frente a la amenaza popular. Si “la destrucción de los muros de nuestras ciudades mutiladas significa un reproche amargo contra la indiferencia que ostentaban, en estos últimos tiempos, las clases dirigentes de la sociedad con respecto a los problemas políticos”, afirma Mariano Ospina Pérez, no sucede lo mismo con el nuevo régimen de Unión Nacional; ahora “debe ser grato para la nación saber que en esta hora sus hombres de empresa y de trabajo, los que en la diaria faena vienen construyendo silenciosamente el progreso nacional y han levantado una fortuna a base de esfuerzos, ocupan también sus puestos de responsabilidad en esta batalla de Colombia”.19 Los gremios y sus representantes respondieron efectivamente al llamado y la ANDI, por ejemplo, ve en el Bogotazo “el espectáculo evidente de lo que puede hacer una minoría sin escrúpulos que prospere a la sombra de la indiferencia y la pasividad de los hombres de bien”.20 La Unión Nacional, en su nueva versión, está destinada ante todo a restablecer el control de las éelites socioeconómicas y de los notables sobre la “clase política”. La noción de “hombres de bien” o de “hombres de trabajo” se opone en lo fundamental a la de “político profesional”. La Unión Nacional se basa ahora en el establecimiento de una paridad partidista en todos los niveles del gobierno y de la administración.21 De esta manera se priva a la clase política de cualquier razón para destrozarse entre sí y para que, de hacerlo, abra una brecha en el orden elitista. Pero la Unión Nacional es, no menos explícitamente, una coalición de todas las clases poseedoras contra las clases populares.

19

Mariano Ospina Pérez, El gobierno de Unión Nacional, Bogotá, Imprenta Nacional, 1950, t. V, p. 241.

20

Comunicado publicado el 24 de abril.

21

La preocupación por el equilibrio llega hasta el establecimiento de un cruce partidista en todos los niveles de la jerarquía; por ejemplo, si un gobernador es liberal, el “secretario de gobierno” debe ser conservador y así sucesivamente. Un senador conservador de Antioquia comparaba la Unión Nacional con una especie de “oficio de tejedor que fabrica tejidos con hilos rojos y azules: uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul”. Declaración de Fernando Gómez Martínez, El Liberal, octubre 22 de 1948. Recordemos que el rojo es el símbolo del liberalismo, el azul el del conservatismo.

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La neutralización de las clases populares urbanas La desorganización de las clases populares urbanas no data del Bogotazo; como efecto conjugado de la acción de las clases dominantes y de la fuerte influencia del gaitanismo se comienza a producir desde 1945. El movimiento gaitanista no sobrevive a las jornadas de abril. La movilización social no desaparece, la sensibilidad antioligárquica continúa manifestándose, algunas corrientes políticas se reclaman seguidoras de Gaitán; sin embargo, el movimiento populista se desarticula. Cuando suena la hora de los “versalleses”,22 sean liberales o conservadores, civiles o militares, solo fuerzas exangües encuentran por delante. El estado de sitio permanece en vigor hasta diciembre de 1948. Los tribunales militares se encargan de juzgar a los insurgentes. La represión es política, en cierto sentido, y recae sobre los miembros de las “juntas revolucionarias”, compuestas en su mayoría por gaitanistas. En algunas regiones la represión da origen a las primeras guerrillas liberales; numerosos son los miembros de las juntas que no encuentran otro medio de escapar a las condenas. Pero la represión es sobre todo social. Cuando se trata de cuadros sindicales u obreros, los jueces militares se endurecen. Los responsables de la Federación del Petróleo, que se habían vinculado a la junta de Barrancabermeja, constituyen un ejemplo de esta situación. Las actividades sindicales son vigiladas muy de cerca. Hasta junio de 1948 las reuniones sólo se podían efectuar con la autorización de los militares y, después de este momento, con la del Ministro de Trabajo. En junio de 1948, un decreto suprime la inmunidad del fuero sindical y prohíbe en la práctica el recurso a la huelga durante la vigencia del estado de sitio. El Ministerio de Trabajo es autorizado, por su parte, para decidir y resolver sobre la legalidad de cualquier tipo de acción colectiva. En mayo, la sede de la Federación de Trabajadores de Cundinamarca es ocupada por el ejército. En junio, los dirigentes de la Fedeta en Antioquia son detenidos por haber intentado reunirse. En el Atlántico, las direcciones

22

“Versalleses” es el nombre que los miembros de la Comuna de París –en el poder entre los meses de marzo y mayo de 1871–, dan a las tropas fieles al depuesto gobierno de Thiers acantonadas en Versalles, población cercana a París. La llegada de los “versalleses” corresponde a la recuperación de la capital por parte de las tropas gubernamentales (N. del T.).

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de los sindicatos son totalmente destruidas y, con el consentimiento del Ministro de Trabajo, el conservador Evaristo Sourdís, las autoridades locales nombran para reemplazarlas a dirigentes de su conveniencia. Los despidos –los gobernadores reciben pleno poder para autorizarlos– son numerosos. El patronato se muestra plenamente satisfecho. En Bogotá, la Cervecería Bavaria se deshace de centenares de trabajadores. En el Valle del Cauca, los ingenios proceden igualmente a una sustitución masiva del personal; sólo en el ingenio Riopaila se habla de 900 despidos. El gobierno hace lo propio en el sector público; en el Ministerio de Obras Públicas, por iniciativa del ministro conservador Luis Ignacio Andrade, millares de trabajadores pierden su empleo. La purga llega incluso hasta el departamento de Nariño, donde no se puede afirmar que el 9 de abril haya tenido fuertes repercusiones. Su colega de Comunicaciones, igualmente conservador, procede de la misma manera; en los departamentos de Atlántico, Caldas y Cauca, se estima que los despidos afectan a 1.200 empleados. Los ferroviarios no se salvan tampoco. Durante el segundo semestre de 1948, los sindicatos ya no se atreven a lanzarse a la negociación colectiva. Según las estadísticas oficiales solo se producen 36 “conflictos colectivos” –el término designa los pleitos alrededor de pliegos de peticiones–, y ninguna huelga. En el primer semestre de 1949 el levantamiento del estado de sitio permite, al menos aparentemente, un cierto repunte reivindicativo constatado por las mismas fuentes oficiales, que mencionan 154 “conflictos colectivos”. Sin embargo, allí sólo se habla de una huelga aunque es posible que haya habido algunas otras de corta duración, como expresión de una protesta desesperada contra los despidos.23 Hasta la USO, el sindicato de obreros de Barrancabermeja, se ve reducida a la impotencia y asiste sin reacción al despido de 500 trabajadores de la empresa en 1949. Los responsables de la CTC, por su parte, se ven obligados a limitarse a la publicación de comunicados inofensivos contra “el plan de destrucción

23

Señalemos, por ejemplo, una huelga de 24 horas en las minas de El Pato, en octubre de 1949; una huelga de la misma duración, igualmente en octubre, hecha por los trabajadores de la United Fruit Company, que se estaba retirando del país en ese momento; una huelga de cinco días en las Obras Públicas del Huila para protestar contra los despidos en diciembre de 1948; una huelga en las minas de Zipaquirá, en agosto de 1944; y una huelga de 20 días en la empresa La Corona, en octubre de 1950.

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de las organizaciones sindicales”; contra “las tentativas totalitarias de implantar un sindicalismo oficial en el cual las organizaciones sindicales se transforman en simples apéndices del Estado”; e incluso, contra la Unión Nacional “la alianza de poderosos intereses particulares en beneficio de las clases económicamente preponderantes”.24 En las ciudades el Partido Comunista de Gilberto Vieira no tiene tampoco muchas posibilidades de resistir los golpes que le son dados. Sin embargo, en noviembre de 1948 el Comité Central se muestra convencido todavía de que el 9 de abril puede acelerar la maduración revolucionaria de las masas e intenta recuperar en su provecho la desorientación que sufren: “Eliminado Gaitán por el imperialismo y las oligarquías [...] las masas populares se radicalizan, asimilan las lecciones de abril [...] profundizando su rompimiento con la oligarquía liberal”.25 Esto es lo que proclama el partido en esta época; pero sus ilusiones no se detienen allí. El mismo Comité Central considera que la correlación de fuerzas ha llegado a ser altamente favorable para que una salida revolucionaria sea posible: “Se plantea en consecuencia, la cuestión del poder ante el proletariado y surge, como una consigna fundamental, la lucha por un gobierno popular anti-oligárquico y anti-imperialista”. Sus fuerzas, sin embargo, se hallan cada vez más menguadas puesto que sus militantes son, a menudo, las primeras víctimas de la represión. El partido ve reducir su audiencia como una piel de zapa e, incluso, se ve obligado en muchas circunstancias a entrar en los manejos del liberalismo.26 Desde comienzos de 1949 las clases populares urbanas y las organizaciones independientes de los partidos tradicionales son, pues, neutralizadas. Esto no impide que una segunda ola de represión se produzca después de la ruptura de la Unión Nacional en mayo de 1949 que se inscribe directamente en el cuadro de la Violencia. Al disponer en ese momento de la totalidad del poder gubernamental los conservadores emprenden una vasta sustitución de la mano de obra

24

Declaración del 4 de agosto de 1948.

25

Informe al 12º Plenum, citado por Mauricio Torres, La Naturaleza de la Revolución Colombiana, Bogotá, Iqueima, 1959, p. 102.

26

Cf. la sección III de este capítulo: “Los actores sociales: estrategias individuales y desorganización colectiva”.

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liberal, sin limitarse exclusivamente al sector público.27 Sobre las ruinas de la CTC favorecen el esfuerzo de la Iglesia católica por implantar más vigorosamente la UTC. En este sentido revocan una ley de 1946 que, con la prohibición el paralelismo sindical, concedía un monopolio legal a la CTC. La UTC crea numerosas federaciones departamentales;28 se afianza incluso en los sectores que habían sido la base de la combatividad obrera de 1945 a 1947, como por ejemplo en las empresas petroleras.29 Esta expansión no es, evidentemente, el resultado de una presión de las bases obreras sino el producto de una imposición venida de lo alto. La mayor parte de los sindicatos de la UTC tienen en ese momento una existencia meramente teórica. No en todas las federaciones ocurre como en la Unión de trabajadores de Antioquia (UTRAN) en la cual, siempre bajo el control de los industriales, se termina por expulsar a los sindicatos tentados de presentar pliegos. El Comité Ejecutivo de la UTC se ve obligado a protestar contra ciertas actitudes patronales. Sólo después de 1954 se percibirá en la UTC algo más que un mero instrumento partidista; más allá de sus referencias doctrinales a la “tercera vía” la Confederación contenía el germen de un sindicalismo negociador, singularmente adaptado al capitalismo liberal.

27

La politización de la contratación comienza durante la Unión Nacional cuando los ministros intentan favorecer el reclutamiento de “correligionarios”. Esto ocurre en el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de un conservador, y se extiende luego al sector privado. Se pueden encontrar en el periódico El Liberal, en 1949, las peticiones hechas a los industriales liberales para que procuren trabajo de preferencia a las víctimas de la violencia rural conservadora: “Los industriales liberales deben emplear de preferencia gentes de su partido que hayan tenido que exilarse”. Ver por ejemplo la edición de El Liberal, octubre 22 de 1949.

28

En 1949, en el Tolima y en el Valle del Cauca; en 1950, en el Cauca, en Bolívar y Santander del Norte; en 1951, en Cundinamarca. Luego seguirán otros.

29

En enero de 1949, Diego Montaña, el consejero jurídico comunista de los obreros petroleros tuvo que dejar sus funciones. La iniciativa de su partida recae, según parece, en el Partido Liberal, que ya no quería al parecer aceptar la alianza con los comunistas. La implantación de la UTC se hace allí en seguida de manera progresiva, con el concurso de las autoridades administrativas. En la Empresa Nacional de Petróleos, (Ecopetrol), que reemplaza a la Tropical Oil Company, el sindicato UTC se crea la misma noche en que se lleva a cabo el cambio de estatutos y recibe así el aval de las autoridades de trabajo.

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La “paz social reina”: esta expresión figura en el informe anual del Ministro de Trabajo en 1951, y resume bien su contenido; escrito en pleno auge de la Violencia, tiene la apariencia de una humorada, pero no lo es: las burguesías urbanas, y en primer lugar, la burguesía industrial, abrigan motivos para congratularse por la correlación de fuerzas que se ha establecido. Que dichas burguesías sean liberales o conservadoras no cambia en nada el asunto. Durante este período no es raro que las élites liberales adopten posiciones que representan una especie de competencia por ver quién va más lejos en el rechazo de cualquier tipo de política social; para convencerse de ello es suficiente con observar las posturas tomadas por la fracción “lopista” que se expresa en el diario El Liberal. Dos ejemplos: en diciembre de 1948, el gobierno de Unión Nacional adopta un decreto que establece una cierta participación en las utilidades: el periódico da inmediatamente la voz de alarma contra “una especie de maratón de las reformas sociales, en la que cada fuerza política se preocupa únicamente por aparecer más audaz y más avanzada que la otra”;30 en enero de 1950, el gobierno conservador reajusta el salario mínimo en la agricultura y el periódico se inquieta: “Si con el mejoramiento de las condiciones de existencia, si con el aumento de las remuneraciones no aparece simultáneamente un adecuado incremento del porcentaje de productividad, la economía pública no se beneficia [...] Aquí se trabaja muy poco y muy mal”.31 Las élites socioeconómicas tienen, sin embargo, todas las razones para sentirse seguras. Los salarios obreros no crecen. Como lo indica el cuadro 5.2, las remuneraciones sufren una caída en 1948 y se encuentran, en 1954, un 14% por debajo de su nivel de 1947. Alcanzando en este momento un índice de 102.9 sobre la base de 1938 = l00, los salarios son, sin duda alguna, muy inferiores a los de 1933.32 Esta evolución es más sorprendente aún si se tiene en cuenta que en 1949 comienza una fase de prosperidad que hace recordar la de los años 1925-1928.

30

El Liberal, julio 22 de 1948.

31

El Liberal, enero 27 de 1950.

32

Cf. supra, capítulos 2 y 3.

518

Orden y violencia: Colombia 1930-1953 / Daniel Pécaut

Cuadro 5.2 Evolución de los salarios obreros en Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Santander durante la primera fase de la violencia. (Índice 1938 = 100) Año

Sin prestaciones sociales

Con prestaciones sociales

1947

118.0

120.4

1948

109.2

117.4

1949

115.9

119.8

1950

114.4

118.8

1951

109.9

114.7

1952

114.1

119.5

1953

107.8

113.4

1954

102.9

108.7

Fuente: Albert Berry y Miguel Urrutia, “Salarios reales en la industria manufacturera y en el sector del Gobierno”, en: Miguel Urrutia y Mario Arrubla, dirs., Compendio de estadísticas de Colombia, Bogotá, Universidad Nacional, 1970, p. 76.

Las élites tampoco necesitan preocuparse por la prodigalidad del Estado en materia de gastos sociales (salud, educación, protección social, etc.), que representan una parte, en el conjunto de gastos del gobierno central, muy inferior a la que se observa en la misma época en países de ingreso per cápita comparable.33 Las anteriores indicaciones son suficientes para probar que las élites sacan todo el partido que pueden de su posición de fuerza que, por lo demás, no se basa solamente en prohibiciones y condenas legales: la cifra de muertos de 1948 citada en la introducción sirve para ratificarlo; su afianzamiento es lo suficientemente estable a finales de 1948, para que la represión se vuelva innecesaria. No obstante, la Violencia no se reduce a la neutralización de las masas urbanas.

33

Tomado de un estudio de Richard S. Thorn sobre los años 1950-1951, citado por Albert Berry, “Some implications of elitist rule for economic development in Colombia”, en: Gustav Ranis, ed., Government and economic development, New Haven y Londres, Yale University Press, 1971, p. 12.

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El imperio de los gremios El aumento del poder de influencia de los grupos de interés no data tampoco de 1948; se puede percibir desde 1944 y 1945 con la creación de la ANDI, Fenalco, la Federación de Ganaderos y muchos otros gremios de menor envergadura. El mecanismo de institucionalización de los intereses sectoriales, del cual la SAC y la Federación Nacional de Cafeteros habían sido las primeras piezas, es un hecho desde este momento. Su consolidación y su notoriedad pública durante esta fase significan otra prueba de la correlación de fuerzas imperante. Reivindicando el poder de imponer sus intereses específicos como si fueran los de la sociedad y aferrándose, más obstinadamente que nunca, a una ideología liberal del desarrollo los gremios afirman su pretensión de ser reconocidos como instancias a la vez dominantes y dirigentes. Las circunstancias políticas contribuyen a ello. La condena lanzada contra los “políticos de profesión” y la exaltación de los “hombres de trabajo” suministran a los gremios un principio propio de legitimidad; mientras más patente se hace la pérdida de rumbo de lo político, más aparecen éstos como las únicas instituciones que garantizan una cierta cohesión de la sociedad. En pleno auge de la Violencia los gremios hacen lo necesario para guardar una fachada de neutralidad política; la paridad partidista y la rotación de los responsables son los medios más usuales.34 De esta manera oponen su fuerza tranquila a las turbulencias del mundo político.

34

La Federación de Cafeteros practica el equilibrio partidista. El origen liberal de su gerente, Manuel Mejía, y la presencia de Carlos Lleras Restrepo en la presidencia de 1949 a 1952, hacen que esta institución esté expuesta de todas formas a las críticas de ciertos conservadores. La Federación de exportadores de café la preside el liberal Gonzalo Restrepo, mientras que la presidencia del congreso de 1949 se confía al conservador Alfredo García Cadena. Fenalco es dirigida mucho tiempo por los liberales. En 1953 se elige un presidente conservador para quedar por fuera de toda sospecha. La SAC, Sociedad de Agricultores, manifiesta la misma preocupación, lo que produce un cambio en el sentido opuesto: en noviembre de 1951 un liberal reemplaza en la presidencia a un conservador y se procede a una sabia combinación en el comité ejecutivo. La Asociación de Agricultores –considerada a menudo como el centro de convergencia de los sectores arcaicos– coloca a su cabeza al antiguo presidente Alfonso López. La neutralidad de la ANDI es menos evidente debido principalmente al papel de su presidente, José Gutiérrez Gómez, dentro del Partido Conservador.

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Las dos coyunturas que se presentan contribuyen por su parte, cada una por razones diferentes, a reforzar el rol de los gremios. Desde 1947 hasta el último trimestre de 1949 se presenta un gran pesimismo debido a la reducción de la capacidad de importación, una vez agotadas las reservas acumuladas durante la guerra. Los gremios se asignan como tarea esencial conservar cada uno su parte del pastel; sus querellas y sus reclamaciones se despliegan en las primeras páginas de los periódicos y hacen resurgir, de manera particular, la vieja oposición entre los industriales, por una parte, y los exportadores de café y los negociantes-importadores, por la otra. Estos últimos, que se expresan sobre todo a través de la Federación de Comerciantes, no se atreven sin duda a seguir hablando pura y simplemente del carácter “artificial” de la industria; sin embargo, no están lejos de hacerlo cuando deploran que el proteccionismo sirve “no al progreso del país sino a engendrar nuevos sectores privilegiados”35 o permite “fabricar productos de calidad deficiente cuyo costo de producción no tiene ninguna relación con la capacidad de consumo del pueblo colombiano”.36 No obstante, tales fricciones no significan de manera alguna un antagonismo irreductible. Sería un error deducir de esta situación la existencia de una decadencia del sector agro-exportador. La Federación Nacional de Cafeteros, fuerte por su implantación capilar en las zonas de producción, en ningún momento ve disputada su posición central y la ANDI es la primera en celebrar su “justa y admirable política”.37 En noviembre de 1949 la coyuntura se modifica súbitamente: los precios del café experimentan una rápida alza y durante los cuatro años siguientes se mantienen en unos niveles sin antecedentes. De 242.3 millones de dólares en 1949 las exportaciones de café pasan a 307.4 millones en 1950; en 1953 alcanzan los 492.2 millones. Desde 1925 Colombia no había conocido una abundancia similar. Los gremios no tienen necesidad de seguir rivalizando por escasez de recursos y sus conflictos se atenúan; ejercen en cambio una presión conjunta sobre el gobierno para evitar que se adopten medidas monetarias excesivamente

35

Comunicado del 9 de septiembre de 1948.

36

Comunicado publicado en El Colombiano, mayo 1 de 1951.

37

Declaración de José Gutiérrez Gómez, presidente de la ANDI, marzo 31 de 1950.

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restrictivas.38 El respeto por el “liberalismo económico” llega a ser, como consecuencia de esta abundancia, la exigencia reiterada permanentemente por cada uno de ellos. La referencia al modelo liberal de desarrollo acompaña de hecho, y de manera continua, el robustecimiento y la organización del sistema gremial y tiene un valor de manifiesto filosófico. El presidente de Coltejer, Carlos J. Echavarría, se encarga de recordarlo en forma de aforismo: “El Estado subsiste por el soporte de la economía privada”.39 La referencia guarda también un valor de llamado al orden: a la ANDI, que lucha por “eliminar la intervención de los organismos del Estado en los asuntos privados”;40 a Fenalco, que quiere que “la libre competencia opere en el dominio de la producción y del comercio exterior e interior”;41 y a la misma Federación de Cafeteros, que se rehúsa a aceptar una retención estatal sobre lo producido por las exportaciones de café. Todos los gremios deslizan sus exigencias so capa de una defensa de las libertades. No se trata simplemente de retórica. El modelo liberal de desarrollo continúa de hecho predominando, sin excluir evidentemente una presencia activa del Estado. La abundancia de recursos conduce, incluso, durante la administración de Laureano Gómez, a un crecimiento sensible de la inversión pública; su parte en el total de la inversión bruta pasa de 20% en 1949 a 27.9% en 1952; beneficia al sector industrial y refuerza su papel en la agricultura.42 Pero esto no modifica la apreciación general: en

38

La administración de una llegada inesperada de divisas como ésta plantea sin duda más desafíos que la insuficiencia de la capacidad de importación. El gobierno conservador se ve obligado a implantar en 1951 un sistema de compra de los dólares provenientes de las exportaciones de café a una tasa diferencial, lo que es considerado por los cafeteros como una expoliación. Se ve obligado también a establecer un control del crédito que da por resultado en 1951 un cuasi-estancamiento de la producción industrial.

39

Carta publicada en la prensa el 15 de junio de 1950.

40

Informe de José Gutiérrez Gómez a la asamblea de la ANDI, 1952.

41

Declaración de Arcesio Londoño Palacio, presidente de Fenalco, ante el VIII Congreso de la organización, junio 19 de 1952.

42

La parte de la inversión pública en la industria era casi nula de 1945 a 1947: alcanza el 12.2% del total de la inversión del sector en 1951; el 21.7% en 1952; el 14% en 1953; una proporción importante se destina a la construcción de la empresa siderúrgica de Paz del Río. En la agricultura la inversión pública vuelve a caer a menos del 10%

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veinticinco años, de 1925 a 1950, el monto de los gastos gubernamentales con relación a la producción económica total permanece prácticamente idéntico a pesar del aumento del ingreso per cápita: “Fenómeno inhabitual”, anota A. Berry, observando también que esta proporción es inferior a la que se encuentra en los años cincuenta en la mayor parte de los países con un nivel de ingreso comparable.43 En el sector industrial el liberalismo no es probablemente ajeno a la lentitud con que se lleva a cabo la sustitución de importaciones cuando se trata de bienes intermedios y de capital. De 1948 a 1953, la producción industrial se incrementa en 56%. Esta última, sin embargo, en más de dos terceras partes, consiste en bienes de consumo no durables. La ANDI, representativa por su estado mayor antioqueño de la vieja industria,44 no muestra ninguna prisa por ir muy lejos y se limita a la defensa de las posiciones adquiridas. Bajo su meticulosa vigilancia se adopta en 1951 una nueva tarifa aduanera que favorece las empresas existentes y de ninguna manera a la creación de nuevas actividades. Para estas últimas se apela con más confianza a la inversión extranjera que a la pública.45 Entre las élites no existe una fracción que asuma posiciones nacionalistas favorables a la creación de un poderoso sector público, en contraste con la actitud de numerosos círculos civiles o militares de la misma época en el Brasil. Cuando los industriales colombianos se adhieren finalmente a la creación de una empresa siderúrgica nacional, Paz del Río, lo hacen con la condición de que sea trasladada al sector privado, desde el momento en que se compruebe su viabilidad. La condición será respetada. El respaldo al establecimiento

entre 1944 y 1946 y alcanza el 20% en 1952-1953. CEPAL, El desarrollo económico de Colombia. Anexo estadístico, cuadro 18, Bogotá, DANE, 1970. 43

A. Berry, “Some implications of elitist rule for economic development in Colombia”..., op. cit., pp. 7-12.

44

Los industriales antioqueños, que insisten en mantenerse como los voceros del conjunto de los industriales, tienen de hecho una representatividad cada vez más discutible. En 1949 se ven obligados a conceder un lugar en la dirección nacional de la ANDI a los industriales de otras regiones. La dirección estará compuesta a partir de ese momento por 16 miembros: siete por Medellín, tres por cada uno de los otros tres polos industriales.

45

Durante este período se multiplican las declaraciones favorables a las inversiones extranjeras cualesquiera que sean las condiciones.

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de una empresa pública nacional del petróleo, destinada a sustituir a la Tropical Oil Company, se produce tan solo después de haber vanamente intentado reunir los capitales privados para controlar el negocio.46 Obligadas a consentir en una infracción de sus principios las élites los vuelven a imponer con la adopción de una legislación sobre la prospección y las concesiones petroleras, particularmente favorable a las compañías internacionales.47 El sistema gremial y la adhesión al modelo liberal de desarrollo permiten, en definitiva, prolongar el equilibrio entre las clases dominantes; aseguran que los intereses parciales de cada fracción y sub-fracción sean tomados en cuenta; garantizan el mantenimiento de una balanza equilibrada entre el eje exportador-comercial y el industrial; posibilitan una evolución sin ruptura mediante un proceso de negociación permanente. Al mismo tiempo es un hecho que ambos fenómenos tienen implicaciones sociales; chocan, en efecto, contra cualquier pretensión del Estado de inmiscuirse en las relaciones sociales apelando a reglamentaciones generales. En los argumentos invocados por el patronato antioqueño para resistirse a la implantación de la seguridad social en Antioquia se puede encontrar una buena ilustración. Tal avance representaría, en primer lugar, una competencia desleal desde el punto de vista económico: “Es inaceptable –según José Gutiérrez Gómez, presidente de la ANDI–, que una

46

Leyendo los debates sobre la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos se puede medir la habilidad con que los gremios sacan provecho de la crisis política. Fenalco declara: “Es necesario exigir que la inmensa riqueza nacional de lo que se llama ‘el oro negro’ no desaparezca en una gestión política”. Cf. El Siglo, octubre 25 de 1949. La ANDI exige “que sea garantizado en el presente y en el futuro que la dirección sea técnica y extraña a los intereses de grupo o de partido”. Cf. El Liberal, febrero 8 de 1950.

47

Cf. Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, Bogotá, Ediciones ESE, 1969. Señalemos solamente tres medidas. Un decreto de 1950 otorga la exención fiscal por agotamiento de las reservas. El mismo año, otro decreto suprime las “zonas de reserva nacional” que no podían ser concedidas a las compañías extranjeras y aumenta los plazos otorgados a las compañías beneficiarias de un contrato de explotación. En 1952, “un código del petróleo” permite la libre exportación de los dólares petroleros, incrementa las exenciones fiscales relativas a los equipos petroleros y suprime el límite de 200.000 hectáreas en las concesiones.

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obra de carácter social llegue a invadir actividades que no le corresponden, como la de importar mercancías del exterior, la de pretender fabricar muchos de los elementos que emplea y, en general, la de desempeñar las funciones que lógicamente corresponden a la iniciativa privada”.48 La seguridad social significaría también un trastorno de las relaciones de la empresa ya que pondría fin “a la asistencia directa de parte de los patronos [gracias a la cual] un contacto permanente se conserva entre éstos y los trabajadores”.49 Existen razones para pensar que la mayoría de los dirigentes de los gremios, incluso los de filiación conservadora, ven con temor la perspectiva de una candidatura de Laureano Gómez, pues presienten que con ella puede surgir un universo político que escape a su control. El dispositivo gremial parece, no obstante, lo suficientemente estable para sobrevivir a las agitaciones. Y así, a pocas semanas de la elección en noviembre de 1949, ocurre el alza milagrosa de los precios del café, que es razón suficiente para permitirles abandonar provisionalmente todos los escrúpulos. Las condiciones en que se desenvuelve esta elección, que no cuenta sino con un candidato, carecen de importancia para unas élites económicas a las que se ofrece la ocasión de sacar partido de una situación inesperada. Los cafeteros cantan victoria. Alfredo García Cadena se convierte en su vocero y en diciembre de 1949 invita a los colombianos “a poner en la raya el abuso de la demagogia, a restablecer el principio de autoridad en el país y a crear un clima propicio para sacar provecho de las magníficas condiciones de enriquecimiento económico que se abren hoy en día a las actividades de los hombres de negocios”.50 Los industriales no se muestran

48

Cf. El Colombiano, abril 1 de 1950. Es evidente que el presidente de la ANDI no habla a nombre de los intereses de una industria farmacéutica nacional, aún inexistente, sino a nombre de los importadores y de las empresas extranjeras.

49

De hecho la ayuda médica suministrada por la empresa tiene, sobre todo, el mérito de ser menos costosa gracias a la selección y a la rotación de la mano de obra. En el sector textil, las empresas siguen utilizando un fuerte porcentaje de mano de obra femenina soltera, ahorrándose los gastos de maternidad y otras cargas. El director del Instituto de los Seguros Sociales de Antioquia no se equivoca al respecto cuando declara que “la medicina patronal es más barata porque no se aplica sino a un grupo de trabajadores previamente seleccionados mientras que la medicina social se aplica a todos los trabajadores”. El Colombiano, mayo 17 de 1950.

50

Cf. El Siglo, noviembre 15 de 1949.

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menos eufóricos. El presidente de la ANDI, José Gutiérrez Gómez, no duda en pregonar en el mismo momento: “La situación colombiana es hoy en día la mejor que se haya jamás conocido”.51 Estas reacciones muestran suficientemente lo inútil que es querer encontrar en la elección de Laureano Gómez un éxito de los sectores “arcaicos”, es decir, de los grandes terratenientes. Los industriales son, sin duda, los que más se alegran y no lo hacen porque hayan abandonado de repente su “función” progresista sino porque, sobre todo en el caso de los antioqueños, son numerosos los que pertenecen al Partido Conservador, estuvieron a la cabeza de las batallas contra Alfonso López y contra Gaitán, y tuvieron siempre vínculos de solidaridad con los cafeteros. Es vano endilgar a las élites económicas liberales sentimientos muy diferentes a los manifestados por las éelites conservadoras. Las dos personalidades que acabamos de citar pertenecen en efecto al Partido Conservador; sin embargo, se puede probar que detrás de la prédica de la resignación frente a la elección de Laureano Gómez lo que existe principalmente, en la inmensa mayoría de los hombres de negocio liberales, es el anhelo de sentarse a la mesa del festín.52 “La paz social reina”, “la situación no ha sido nunca mejor”: no se puede afirmar que las clases dominantes ignoraran la correlación de fuerzas que se encontraba detrás de la Violencia.

La continuidad del poder civil Otro aspecto de esta correlación de fuerzas es la preservación, a pesar del Bogotazo y de la Violencia, del carácter civil del poder hasta el 13 de junio de 1953. Existían sin duda en esta época pocos países en América

51

Cf. El Siglo, diciembre 3 de 1949.

52

En numerosos informes, Carlos Lleras Restrepo expresa las reticencias de los industriales liberales para participar en la resistencia contra el gobierno conservador: “Contra la oposición del capitalista, se emplean, (por parte del gobierno) alternativamente, la amenaza del peligro comunista y los halagos de una política que tiene entre los más autorizados representantes del capitalismo criollo a sus ejecutores en el gabinete ministerial”. Esta afirmación la hace para explicar el rechazo de los industriales a financiar las guerrillas liberales (esta frase pertenece a lo que se llamó el “plan A”, y es citada en el panfleto conservador publicado con el seudónimo de Testis Fidelis, De Caín a Pilatos o lo que el cielo no perdonó, s.e., circa 1955, p. 27).

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Latina donde los civiles, confrontados a las mismas circunstancias, no hubieran ido rápidamente a tocar a las puertas de los cuarteles y donde las fuerzas armadas, comprometidas en tareas represivas en buena parte del territorio como lo están en Colombia a partir de 1950, no hubieran aspirado a tomar el poder en sus manos. Durante las jornadas de abril sólo Laureano Gómez, entre los líderes políticos de primer plano, sugiere la formación de una junta militar. Las Fuerzas Armadas habían sometido esta salida a consideración de Ospina Pérez, pero sin insistir; en el gobierno de Unión Nacional se les confía únicamente el Ministerio de Guerra; en mayo de 1949, después de la ruptura de la Unión Nacional, su participación en el gobierno se acrecienta provisionalmente con tres carteras; después de la toma de posesión de Laureano Gómez se reduce de nuevo. El general Gustavo Rojas Pinilla figura entre los ministros de esta administración, como titular de Obras Públicas. Las Fuerzas Armadas reciben, sin embargo, misiones cada vez más considerables. Los militares son nombrados alcaldes en los municipios más afectados por las insurrecciones de abril y, poco después, por la Violencia; su número crece rápidamente a partir de 1949. Cuando el gobierno conservador se muestra incapaz de imponer su autoridad en numerosas zonas apela a las fuerzas armadas que, muy a menudo, toman el relevo de los policías “chulavitas”.53 En 1952, y durante los primeros meses de 1953, las operaciones militares tienen una cierta amplitud como es el caso de los Llanos Orientales donde se habían instalado varios millares de guerrilleros liberales; pero no por ello se detiene el recrudecimiento de la Violencia, que parece escapar progresivamente al control de las élites tradicionales. No obstante, será necesario esperar a que ocurra un incidente personal entre Laureano Gómez y el general Rojas Pinilla, entonces “comandante general”, para que éste con el apoyo de la totalidad de la institución militar se decida a dar el paso definitivo. Cuando ocurre el golpe de estado provoca el entusiasmo general, salvo entre una ínfima minoría de conservadores “laureanistas”. Darío Echandía habla de “golpe de opinión”, expresión que se volverá famosa.

53

Recordemos que este calificativo proviene del nombre de una vereda del municipio ultraconservador de Boavita, en Boyacá, donde el gobierno reclutó a numerosos policías que fueron enviados a esparcir el terror en otros departamentos.

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No deja de ser muy sorprendente el hecho de que el golpe sólo se produzca después de más de cinco años de cuasi-guerra civil. Los datos relativos a la institución militar misma no pueden explicar tal demora. Es cierto que, tanto por sus efectivos como por sus medios y con relación al resto de América Latina, las Fuerzas Armadas de Colombia constituían en aquella época un modesto cuerpo: sus efectivos en 1945 comprendían 11.000 hombres; en 1948 pasan a 15.000 y permanecen en este nivel hasta 1957. Los medios de que disponen conocen un incremento sensible: los gastos militares cambian su participación en el presupuesto nacional de 14%, aproximadamente, a 20%.54 El reclutamiento de sus miembros se realiza muy raramente entre las oligarquías; muchos de sus cuadros provienen de las clases medias. Sin embargo, condiciones comparables no son obstáculo en otros ejércitos latinoamericanos para conformar una vocación política.55 El ejército colombiano dispone, complementariamente, de la doble ventaja que se deriva de su experiencia en el marco de la Violencia y de su participación en la guerra internacional contra el comunismo, con el envío a Corea de un batallón.56 Pero lo esencial reside en la actitud de las diversas fuerzas políticas frente a los militares. No hay duda que, desde 1948, algunos sectores comienzan a verlos como posibles árbitros en el caso de un agravamiento de la violencia política. Ya hemos enfatizado en los esfuerzos hechos por Gaitán para cautivar la opinión de los jóvenes cuadros militares; después del 9 de abril, las corrientes que se presentan como gaitanistas se convierten en las más solícitas demandantes de una intervención militar.

54

Estos datos son sacados de Richard Maullin, Soldiers, guerrillas and parties in Colombia, Lexington, Lexington Books, 1973, cuadros 5.1 y 5.2. La evaluación de los gastos militares es muy aproximada.

55

Sobre las explicaciones relacionadas con las intervenciones militares en América Latina, puede consultarse Alfred Stepan, Os militares na politica, Río de Janeiro, Artenova, 1975.

56

Con el envío de un batallón colombiano a Corea, el gobierno quería asegurarse, no el apoyo pero sí al menos la neutralidad de Estados Unidos, que en 1950 aún mantenía una opinión muy desfavorable de Laureano Gómez a raíz de sus actitudes al comienzo de la guerra mundial. La posición norteamericana respecto al Partido Liberal era ambivalente; si bien apreciaba sus opciones de conjunto, temía la tolerancia que anteriormente había mostrado con los comunistas.

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La víspera de las elecciones presidenciales de 1949 los llamamientos salen a la luz pública. El editorial de Jornada del 4 de noviembre de 1949 no puede ser más explícito: “El pueblo pide al ejército nacional que esté a la altura de su deber histórico; que salve al país de la destrucción; que salve la democracia; que devuelva a la República la paz y la justicia”. Los gaitanistas siguen insistiendo después de la elección de Laureano Gómez, y por intermedio de Jornada hacen parte de los que se vuelven hacia el general Rojas Pinilla desde 1952.57 La evolución del liberalismo oficialista, un poco más tardía y mucho más discreta, no es muy diferente; desde la ruptura de la Unión Nacional en 1949, intentan obligar a las Fuerzas Armadas a entrar en el juego político y su decisión de renunciar a tomar parte en las elecciones y la consigna de huelga general promulgada el 25 de noviembre, dos días antes del escrutinio, constituyen una provocación a las Fuerzas Armadas para que intervengan; sus pedidos, sin embargo, son vanos. Las mismas guerrillas liberales se cuidan durante mucho tiempo de provocar un enfrentamiento con el ejército que, a diferencia de la policía, no les parece directamente implicado en la Violencia. Sólo en 1951, pero sobre todo en 1952 y a comienzos de 1953, la confianza depositada se atenúa y los enfrentamientos con los militares se multiplican. Las esperanzas del comienzo no se borran por completo como lo prueba la facilidad con que la gran mayoría de los guerrilleros deponen las armas en el momento de la toma del poder del general Rojas Pinilla. Tales expectativas hacen aún más sorprendente la obediencia que el ejército profesa durante varios años a la administración de Laureano Gómez. Se podría sin duda imputar esta obediencia a la depuración que las Fuerzas Armadas sufren a partir de 1949. No se puede desconocer que, como consecuencia de la ruptura de la Unión Nacional, se había prescindido de una gran parte de los cuadros superiores liberales; pero sería necesario explicar por qué, en una institución que había concluido recientemente un proceso de profesionalización, se permite semejante purga.

57

Cf. por ejemplo Jornada, octubre 2 de 1952. Muchos son los antiguos gaitanistas que se transforman en fervientes admiradores del general Rojas Pinilla durante su gobierno y que, sobre todo con Antonio García a la cabeza, comienzan a proyectar una “tercera fuerza” política bajo la jefatura del general.

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Y en efecto, los mismos militares habían interiorizado, además del orden elitista, el modelo liberal de relación entre lo civil y lo militar.58 La república elitista de Alfonso López no cesó un momento, como lo hemos visto, de privar a los militares de cualquier tipo de posibilidad de sentirse autorizados para hablar en nombre de la nación. La ideología liberal de desarrollo, la vitalidad de los poderes locales y la debilidad del nacionalismo económico aportaron su parte para que la institución militar no pudiera dar consistencia a una “visión nacional” o a un “proyecto” que les permitiera imponer, sobre las élites socioeconómicas, una modalidad de legitimación institucional específica; en 1952 apenas sí se atreven a reclamar que les sea dado un tratamiento similar al otorgado a los gremios. Cuando Laureano Gómez lanza la idea de una Asamblea Constituyente un almirante reclama una representación para las Fuerzas Armadas, no sin antes recordar que el estricto respeto que éstas observan con relación al poder civil no implica que “nosotros estemos menos interesados o menos justificados para intervenir en los problemas nacionales que por ejemplo los cafeteros o los ganaderos”.59 Que se produzcan adhesiones partidistas dentro del mismo ejército, a pesar de la profesionalización, es otro signo de su subordinación al orden elitista. Los liberales encontraron en 1930 un ejército en el que eran mayoritarios los oficiales conservadores; y si bien no procedieron a una profunda purga se dedicaron a favorecer, durante las dos presidencias de Alfonso López, la promoción de los oficiales de extracción liberal hasta tal punto que estos últimos predominaban sobre los conservadores en el momento del asesinato de Gaitán. La institución militar, ante las interferencias del gobierno conservador, tiene todavía menos razones que antes para manifestar un espíritu de cuerpo. Las Fuerzas Militares se convencen fácilmente de que ahora pueden evitar las humillaciones que habían sufrido en el régimen anterior y de que, en el anticomunismo decidido profesado por los nuevos gobernantes, encontrarán un papel que desempeñar que les permita inscribirse en el concierto panamericano. En tales condiciones, las Fuerzas Armadas apenas si se pueden considerar portadoras de una vocación política o preparadas para asumir

58

Sobre los modelos de relación civil-militar cf. A. Stepan, Os militares…, op. cit., pp. 46-47.

59

Carta del almirante Rubén Piedrahíta publicada en El Tiempo, diciembre 12 de 1952.

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el poder. En junio de 1953, presionadas por todos lados para dar el paso definitivo, incluso por parte de la mayoría de los notables conservadores, continúan vacilando. El general Rojas Pinilla manifiesta públicamente, hasta el último momento, su preferencia por una solución civil;60 durante las discusiones, otro general reconoce: “Nosotros los militares no tenemos la capacidad suficiente para gobernar el país”.61 La modestia política de los militares no es sólo un indicativo de la posición subordinada que les es asignada por el orden elitista; es también una expresión de la precariedad de la simbólica de la unidad nacional, a través de la cual se descubre otro de los elementos de la Violencia.

Correlación de fuerzas y violencia La correlación de fuerzas que se conforma a partir de 1945 y se expresa abiertamente en abril de 1948, tiene diversas manifestaciones, no todas del mismo orden. La neutralización de las clases urbanas está en relación directa con el uso de la violencia; pero no ocurre lo mismo en el caso del poder gremial, del modelo liberal de desarrollo y, menos aún, del carácter civil del régimen. Sin embargo, no por ello consideramos que dichos aspectos se limiten a formar sólo un telón de fondo de la Violencia; contribuyen además al acomodamiento de las élites a una crisis del Estado, a la deriva de la escena política y a la fragmentación de lo social, fenómenos éstos que sí son constitutivos de la Violencia. De esta manera contribuyen indirectamente a que las élites se ajusten al engranaje inicial de la Violencia y a su prolongación por varios años.

La crisis del Estado Hemos mencionado la tesis de Paul Oquist según la cual los conflictos de intereses entre las diversas élites económicas estarían en el origen de la Violencia pues habrían conducido al “derrumbe parcial” del Estado. La tesis no es lo suficientemente probatoria. Las disputas no son tan profundas

60

Solicita en particular al designado R. Urdaneta Arbeláez, quien ya había gobernado durante 18 meses en reemplazo de Laureano Gómez que tenía problemas de salud, ocupar de nuevo la función presidencial. Entre otros testimonios, cf. Antonio Escobar Camargo, En el salón de los Virreyes, Bogotá, Editorial Kelly, 1957.

61

Según el testimonio citado en la nota anterior.

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como para explicar una crisis del Estado de tal magnitud. La crisis es en principio política; como veremos más adelante, el Estado se encontraba ampliamente absorbido por la escena política. La consolidación del poder gremial no implicaba de por sí un debilitamiento del Estado; a pesar de las diatribas antiestatales, tal poder no estaba necesariamente “contra” el Estado y podía llegar a constituir una forma de articulación creciente entre el Estado y la economía. Sin embargo, al someter abiertamente el Estado a la intervención de los grupos particulares, el poder gremial le arrebata la facultad de erigirse en representante de la Ley y de lo Universal.62 La neutralización de las clases populares pone en entredicho, con toda claridad, el rol simbólico del Estado, haciendo caduca de hecho, y de manera definitiva, la tarea de regulación de los conflictos sociales que le había servido desde 1930 para conquistar una posición “por encima de las clases”. El eclipse político de la institución militar se encontraba en contradicción, igualmente, con la prerrogativa estatal de monopolizar la violencia. La crisis política sobreviene, pues, en el momento en que el Estado no aparece ya como instancia de legitimidad ni como garante de los derechos colectivos. La crisis puede ampliarse ilimitadamente; las clases dominantes no temen mucho sus efectos, puesto que disponen de medios suficientes para asegurar directamente la puesta en marcha de sus estrategias económicas y sociales.

La deriva de lo político Con el regreso a un gobierno de Unión Nacional estas mismas clases quieren precaverse contra toda nueva deriva de lo político; sin embargo, sólo son necesarios unos cuantos meses para constatar que el afianzamiento de la correlación de fuerzas va acompañado de una deriva de lo político aún más acentuada que la existente antes del 9 de abril puesto que, esta vez, son los mismos notables los que se encuentran arrastrados por ella. Ni el poder gremial ni el liberalismo económico proporcionan los principios de un orden político. El interés particular, al que se refiere el primero, no es concebido de manera alguna a la usanza de los filósofos

62

Cf. Claude Lefort y Marcel Gauchet, “Sur la démocratie: le politique et l’institution du Social”, Textures, núms. 2-3, 1971, pp. 13-16.

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clásicos como la pasión que define la posibilidad de cohesión de lo social;63 el mercado, al que hace alusión el segundo, tampoco tiene el valor de un sistema autorregulador que permita una conformación de lo social sin intervención del legislador. Tanto el uno como el otro son invocados para circunscribir una esfera de racionalidad que escape a la irracionalidad que parece caracterizar lo político. La convergencia de las clases dominantes, que da fundamento a la idea de racionalidad, no hace sino acentuar la confusión entre política e irracionalidad. La división partidista no se basa en una separación de intereses o en una relación diferente con las clases populares urbanas. Tal división carece de un contenido inmediato; hace parte de aquellos “residuos” cuya falta de sentido no impide que tengan el poder de gobernar las acciones humanas y que constituyan, precisamente, la fuente de todas las “derivas” de lo político.64 La neutralización de las clases populares urbanas contribuye por su parte, y de manera más concreta, a la deriva de lo político. Al reducir el papel de estas clases como base de apoyo colectivo y quitar todo contenido a la idea de ciudadanía social formulada en los años treinta, dicha neutralización favorece el desplazamiento del centro de gravedad político hacia las zonas rurales y la reducción del tema de la ciudadanía social al de la identidad partidista; un desplazamiento de esta naturaleza, ocurrido en un momento en que las burguesías urbanas (entre las cuales es necesario contar con la burguesía exportadora de café) incrementan su preponderancia económica, contribuye, a su vez, a dar la impresión de que la escena política se encuentra separada. Los intereses de las burguesías urbanas no son recogidos por la escena política, que parece organizarse tan sólo alrededor de asuntos litigiosos internos.65 La crisis tampoco propicia el surgimiento de un conflicto sobre las orientaciones del desarrollo económico entre conservadores y liberales; sólo permite que se instale una omnipresente división “amigo-enemigo”, representada en la rivalidad entre los dos partidos. Si bien esta división permite revelar

63

Cf. Albert O. Hirschman, Les passions et les intérêts, París, PUF, 1980.

64

En muchos discursos de los notables sobre el “sentimiento” partidista se encuentra una teorización implícita sobre la cual la noción de “residuo”, tal como es utilizada por Pareto, podría proporcionar una claridad interesante. La “deriva de lo político” tiene también algo que ver con la “derivación” del mismo autor. Cf. Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale, Laussanne y París, Payot, 1917, pp. 850-851.

65

Esto no significa que algunos protagonistas de la Violencia “hayan dejado de utilizar” la violencia política para fines materiales inmediatos.

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“la esencia de lo político”, según la expresión de Julien Freund, constituye también la forma de su deriva. Y es por medio de esta deriva como la correlación de fuerzas crea las condiciones de la Violencia.

La fragmentación de lo social La fragmentación del territorio y del poder político no es una situación nueva en Colombia; pero en el marco de la correlación de fuerzas que prevalece después del 9 de abril, se hace aún más notoria y comporta otras implicaciones. La ausencia de regulación estatal, la crisis de la simbólica nacional, el poder gremial: todo esto contribuye a que la correlación de fuerzas se manifieste por intermedio de redes descentralizadas de dominio que pueden ser los lazos del clientelismo, el control directo ejercido sobre la fuerza de trabajo o la subordinación de la policía a las autoridades locales. La fragmentación de lo social se constituye en el horizonte de una dominación que se ejerce directamente sobre lo social; tampoco está en oposición con la concentración del poder económico, por el contrario, significa en buena medida la vía por medio de la cual esta última se realiza. Esta fragmentación se encuentra asociada en igual medida con la deriva de lo político. La contrapartida de la separación de la esfera política es, en efecto, su arraigo en los marcos de dominio locales. El “localismo”, como se verá más abajo, juega un papel fundamental en la definición de los protagonistas de la Violencia. Al situar la fragmentación de lo social como posterior a la conformación de la correlación de fuerzas y la deriva de lo político, queremos recalcar que dicha fragmentación no se puede considerar como una “causa” inmediata de la Violencia. Algunos autores han sugerido, por ejemplo, que el clientelismo, por su modo de funcionamiento y sus ramificaciones, fue clave en la configuración del fenómeno;66 sin embargo, no resulta muy claro cuáles serían las razones de la metamorfosis del clientelismo, para pasar de ser factor de conservación de estructuras sociales a factor de perturbación; además, el clientelismo no constituye una constante ya que experimenta considerables transformaciones durante la Violencia: numerosos son los gamonales tradicionales que se ven

66

Cf. por ejemplo la interpretación de Steffen W. Schmidt, “La Violence revisited: The clientelist bases of political violence in Colombia”, Journal of Latin American Studies, vol. 6, primera parte, mayo de 1974, pp. 97-111.

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obligados a renunciar a sus prerrogativas, muy a menudo en beneficio de jefes con características muy distintas. La fragmentación es más que todo una forma de expresión de la Violencia. La correlación social de fuerzas constituye, pues, en todos los momentos, el contexto dentro del cual se desarrolla el proceso de la Violencia. Surge de hecho desde 1944; se consolida inmediatamente después del 9 de abril; se impone sin ninguna restricción a partir de noviembre de 1949 cuando la brusca elevación de los precios del café genera una nueva ola de euforia entre las clases dominantes, más fuerte aún que en 1944. La palabra “contexto” es utilizada para sugerir que dicha correlación de fuerzas no constituye por sí misma una fuente de la Violencia; para serlo necesita de diversas mediaciones: crisis del Estado, deriva de lo político, fragmentación de lo social, que son aspectos directamente vinculados con las manifestaciones concretas de la Violencia. ¿Será necesario recordar que estas mediaciones se perfilaban ya antes del 9 de abril? Si su consumación definitiva se produce sólo después de este episodio, ello se debe a que otra representación de lo político prevalecía en ese momento. El “exterior de lo social”, como ya lo hemos dicho, toma consistencia de real durante el Bogotazo. Todo esto hace parte igualmente del contexto en el cual la Violencia llega a ser inseparable de lo político.

Lo político como violencia Refiriéndose a la Revolución Francesa, Claude Lefort observa que, como toda revolución, esta no puede ser descrita solamente como el resultado de la exacerbación de las contradicciones entre grupos sociales representantes de intereses diversos. La revolución supone, igualmente, el derrumbamiento de la eficacia simbólica del poder y, por consiguiente, que “los puntos de referencia de la situación común, los puntos de referencia de la representación que anteriormente permitía aprehender esta situación como natural (por penosa y conflictiva que fuese) hayan vacilado, que se puedan al menos vislumbrar otros puntos de referencia”.67

67

Claude Lefort, “Penser la revolution dans la Revolution Française”, Annales, mayoabril de 1980, p. 336. (Este ensayo hace parte del libro Essais sur le politique (XIX E - XX E siècles), París, Seuil, 1986, pp. 110-139. N. del T.).

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Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953

Afirmar que la instauración definitiva de la Violencia pasa a través de la representación de lo político como Violencia no es muy distinto de lo anterior. La violencia existe de hecho desde 1947 y se va ampliando en el transcurso de 1948; sin embargo, en este momento no parece presagiar aún la conmoción que vendrá después. Durante los primeros meses de la Unión Nacional, muchos se muestran dispuestos a no ver en ella sino los eternos “aderezos” que acompañan la preparación de las elecciones, sólo que con cierta variación de intensidad; en cambio, a comienzos de 1949, incluso antes de la ruptura del gobierno de Unión Nacional, todo el universo político se encuentra definitivamente impregnado por la Violencia. El discurso político se pone en armonía con las luchas que sacuden a ciertos departamentos. No existen ya fronteras que permitan separar lo que pertenece al “orden de la acción” de lo que pertenece al “orden de la representación”.68 No se trata ciertamente de una coyuntura revolucionaria; por intensas que sean las perturbaciones, la idea de un cambio revolucionario está casi por completo excluida por una razón evidente: la correlación de fuerzas que hemos descrito constituye permanentemente el telón de fondo y lo que inspira al poder conservador es precisamente la idea de una “contrarrevolución”. Además, los puntos de referencia políticos que definen los partidos tradicionales no son cuestionados en este momento; por el contrario, las filiaciones partidistas son investidas con más intensidad que nunca. Existe, no obstante, una desarticulación de toda posible forma de unidad del campo político. La división entre los partidos no deja un espacio donde se pueda constituir un acuerdo sobre las reglas del juego político o las instituciones. La Violencia ya no es solamente una serie de acontecimientos; es la irrupción de una nueva modalidad de lo político. Ya hemos evocado rápidamente la cronología de esta irrupción al comienzo del capítulo; será suficiente aquí con recordar sus principales signos. Señalemos, para comenzar, un hecho: tanto los “notables” como los “políticos” se encuentran en este momento atrapados en el enfrentamiento partidista. Nada existe, en efecto, que se pueda considerar por fuera de la sujeción a la división partidista; ni siquiera las esferas privadas –al

68

Ibíd., p. 337.

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menos en principio–69 se pueden sustraer de lo que ocurre en la esfera pública. El discurso pronunciado el 28 de octubre de 1949 por Carlos Lleras Restrepo consagra una evolución, cuyo curso se remonta a muchos meses atrás; no se contenta con anunciar la decisión de los liberales de no tomar parte en las elecciones presidenciales de noviembre, ni con invitar a todos los miembros de su partido a retirarse de los puestos que ocupan en las diversas administraciones, sino que lanza también la consigna de romper las relaciones privadas con los conservadores: “Que las relaciones rotas en el dominio público lo sean también en el dominio privado”.70 De esta manera toma consistencia de real el tema de la división radical, en forma más amplia y con unas características que el gaitanismo jamás había enunciado, puesto que la referencia a la esfera privada termina por anular cualquier intento de fundar la división política en términos de clases sociales. Se trata una vez más, en este sentido, de una deriva de lo político. Muchos elementos nos permiten apreciar la manera como los mismos “notables” se hallan a su vez sometidos a esta deriva. Los mismos personajes que Gaitán había hecho símbolos de la “oligarquía”, Carlos Lleras Restrepo, Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, ocupan de 1949 a 1952 la dirección del Partido Liberal y son los mismos que preconizan en muchas ocasiones la más dura línea de oposición, incluida de manera más o menos explícita, la resistencia armada.71 A los notables conservadores se les confía, sobre todo en el primer gabinete formado por Laureano Gómez en agosto de 1950, la mayor parte de los cargos ministeriales; y es también un oligarca, Roberto Urdaneta Arbeláez, conocido por su gusto por la moderación y los negocios, quien reemplazará a partir de octubre de 1951 al presidente en ejercicio. Es evidente que los “notables” se encuentran así en una relación más directa con la creación de las estrategias de terror o de resistencia, que

69

Alejada de la división está la coexistencia propia a la gestión gremial.

70

Cf. el texto del discurso en los diversos periódicos del 29 de octubre de 1949.

71

Por iniciativa de Eduardo Santos el Partido Liberal adopta la consigna “Fe y Dignidad” en el congreso de agosto de 1950. Esta consigna encierra de hecho una declaración de solidaridad con las guerrillas, como lo corrobora la moción, discretamente votada, según la cual el partido da su apoyo a Eliseo Velásquez, primer líder de la guerrilla de los Llanos.

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expuestos a sus efectos; su estatus económico y su condición urbana constituyen probablemente su escudo de protección.72 Al permitir que la policía incendie en pleno Bogotá las residencias de Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Pumarejo en septiembre de 1952, hasta el punto de forzar el exilio de los dos dirigentes, el gobierno conservador parece querer transformar el modus vivendi establecido y consentir con la extensión de la Violencia a los notables. Dicha infracción a una convención tácita contribuye a que gran parte de los notables se vuelva hacia los militares; sin embargo, ellos mismos, anteriormente, habían participado en forma directa en el discurso y en la puesta en marcha de la Violencia. Existe, además, la total politización de las instituciones que concierne fundamentalmente a las instituciones jurídicas. Revelador es en este sentido el juicio emitido por la Corte Suprema de Justicia cuando se le solicita un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del proyecto que establecía el adelanto de la fecha de las elecciones presidenciales; la decisión se toma en función exclusiva de las filiaciones partidistas. El discurso de Carlos Lleras el 28 de octubre tiene como consecuencia el abandono, por parte de los liberales, de sus asientos en la Corte Electoral. Los conservadores modifican, posteriormente, las reglas de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, alteran la composición y los procedimientos del Consejo de Estado, cambian el código penal para neutralizar el papel de los jurados, otorgan a la justicia militar poderes exorbitantes. La confusión entre lo jurídico y lo político pone término, en la práctica, al estado de derecho. El edificio constitucional no queda menos trastornado. Mariano Ospina Pérez cierra el Congreso cuando éste, dominado aún por los liberales, pretende llamarlo a juicio;73 clausura

72

El empleo de la amenaza existe, sin embargo. El 7 de noviembre de 1949, El Siglo se pregunta cuáles son los medios que los liberales pueden utilizar para impedir el desarrollo de las elecciones: “¿La violencia y los atentados personales? Imposible: los jefes liberales saben que sus vidas son la garantía de la vida de los jefes conservadores. Este es el mejor seguro, y no hay necesidad de pagar una prima”. La referencia al “atentado personal” hace parte de la retórica personal de Laureano Gómez, quien había amenazado de esta manera a Alfonso López. En un discurso de 1953 Gómez reprocha a Ospina falta de firmeza durante las jornadas de abril, al no haber utilizado como rehenes a los dirigentes liberales presentes en el palacio presidencial.

73

El parlamento será abierto de nuevo sólo en el último trimestre de 1951.

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igualmente las asambleas departamentales. La censura de prensa, que será ejercida con vigor durante todo este período, es instaurada. El gobierno acumula poderes discrecionales bajo el régimen del “estado de sitio”. La politización afecta en igual medida a instituciones como la Iglesia, los centros de enseñanza, etc. Finalmente, desaparece también cualquier principio de legitimidad. Lanzando contra el Partido Liberal la acusación de haber puesto en circulación 1.800.000 cédulas falsas –número mayor al de votantes en 1946–, Laureano Gómez pone en cuestión definitivamente el sufragio universal como fundamento del poder. Absteniéndose de participar en las elecciones de noviembre de 1949, el Partido Liberal rechaza por adelantado que “sobre esta farsa, sobre esta comedia sangrienta pueda ser erigido un título de legitimidad”.74 El poder ahora sólo puede sostenerse por la fuerza. De esta manera se opera el paso a la Violencia. La visión de lo político como pura correlación de fuerzas preside el uso de la violencia física directa. La Violencia no remite ya a un antagonismo social ni tampoco cultural; estimulada por los conservadores toma a su cargo, en primer lugar, la demarcación entre la civilización y la barbarie, entre lo social y el exterior de lo social.

Dictadura y deriva de lo político El término “dictadura” ha sido utilizado con frecuencia para calificar el régimen conservador a partir de 1949 y para dar cuenta de la generalización de la Violencia. La imagen de un poder central fuerte, cuya expresión sería la Violencia, es, en realidad, un impedimento para interpretar adecuadamente esta última pues equivaldría a reducirla de nuevo a una función puramente instrumental. Existen ciertamente muy buenos argumentos para hablar de dictadura. La ruptura con el estado de derecho no es solamente la manifestación de una crisis; constituye también el resultado de un proyecto político deliberado de ruptura con la democracia liberal. Esta es la voluntad, en particular, de Laureano Gómez, reiterada constantemente en el transcurso de su carrera política. La trayectoria de Gómez no ha

74

Carlos Lleras Restrepo, De la República a la Dictadura, Bogotá, Argra, 1955, p. 212.

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sido aún lo suficientemente analizada75 a pesar de haber ejercido una inmensa fascinación, durante más de treinta años sobre gran parte de las masas conservadoras; sin embargo, no es difícil enumerar e identificar los elementos de su doctrina: exaltación de la “hispanidad”,76 nostalgia de un orden social cristiano trastornado en el siglo XIX por la influencia en Colombia de la “filosofía depravada de Bentham”,77 invitación a una “revolución cristiana, conservadora y nacional”;78 rechazo del sufragio universal que desde la Revolución Francesa, pretende erigir “la mitad más uno [...] como suprema norma de verdad y de justicia”79 y que por su carácter “inorgánico [...] contradice la naturaleza de la sociedad”,80 aspiración a la construcción de un orden corporativista que permita al Estado, responsable del bien común, canalizar el poder ciego y destructivo del capitalismo: “Sabemos –declara Laureano Gómez– que las fuerzas económicas deben ser encauzadas de suerte que no se desentiendan de las necesidades populares ni impongan la insufrible dominación de los más débiles sobre los más fuertes”.81 Todo lo anterior hace del “laureanismo”

75

No existe por el momento un estudio serio sobre Laureano Gómez. El mismo no era un doctrinario sistemático. Su catastrofismo pesimista tiene unas implicaciones mucho más vastas que sus elaboraciones relativas a la naturaleza del buen orden social.

76

El concepto de “hispanidad” había sido forjado en 1934 dentro del marco de la reactivación de la ideología reaccionaria católica. Este movimiento será conocido como la Acción Española. Cf. sobre este tema Guy Hermet, Les catholiques dans l’Espagne franquiste, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1980, t. I.

77

Laureano Gómez, El mito de Santander, Bogotá, Editora Revista Colombiana, 1966, p. 31. (Se trata de una recopilación de artículos aparecidos en El Siglo en 1940 para denunciar a Santander, y sobre todo las debilidades del clero hacia quien es presentado como el fundador del liberalismo).

78

Según los términos de José María Villarreal, presidente del Directorio Nacional, Conservador, cf. El Colombiano, febrero 4 de 1950.

79

Citado por James Henderson, Cuando Colombia se desangró, Bogotá, El Áncora, 1984, p. 118.

80

El Siglo, mayo 21 de 1953, citado por John D. Martz, Colombia, a contemporary political survey, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1962.

81

Discurso ante la Convención conservadora, octubre 12 de 1949. Cf. El Siglo, octubre 13 de 1949.

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una de las numerosas variantes del catolicismo reaccionario en América Latina; el salazarismo y el franquismo le sirven de referencias implícitas. En 1952 una comisión de estudios constitucionales será convocada para establecer los fundamentos del nuevo orden; la comisión intenta aumentar los poderes del ejecutivo, crear un senado corporativista y suprimir la elección de los miembros de los concejos municipales. El rechazo del liberalismo se acompaña de una desconfianza general hacia la “clase política”. La “obsesión de la política” aparece, en el discurso de posesión de Laureano Gómez, como una de las fuentes de la crisis colombiana. La política “consiste en anteponer al estudio de cualquier índole de problemas la consideración partidista y en subordinar la adopción de las soluciones a los intereses y conveniencias de la parcialidad”. La política trae como consecuencia, igualmente, la formación de una “minúscula casta dominante” de “politicastros” que “ahogan los reclamos de los demás sectores de la población, incomparablemente más numerosos y reales ejecutores del trabajo efectivo y creadores de la riqueza pública”.82 Se trata, pues, de suprimir todo lo que se interponga frente al “país real”. Es indiscutible, además, que el gobierno conservador y sus diversos intermediarios locales intervienen activamente en la propagación de la Violencia, dirigen las acciones de la policía “chulavita”, se ponen en contacto con los jefes de las bandas de “pájaros”,83 promueven el clima de terror; en este sentido, la organización vertical de la violencia conservadora precede a su difusión horizontal en las masas campesinas. Si el término de dictadura nos parece inapropiado, a pesar de todo, es porque supone una relativa estabilización del poder que en ningún momento se produce. Los conservadores pueden hacer coro con Laureano Gómez, condenar la “anarquía capitalista” y anunciar que las “corporaciones están llamadas a reemplazar las banderas de partido”;84 rara vez el capitalismo había tomado una forma tan salvaje, arrastrado como estaba en la ronda loca

82

Todas las citas son sacadas del discurso de posesión de Laureano Gómez. Cf. Laureano Gómez, Ospina y otros discursos, Bogotá, Populibro, 1966.

83

El término “pájaro” es utilizado para designar a los asesinos a sueldo, en particular en el Valle del Cauca y en Caldas.

84

Cf. El Siglo, abril 10 de 1953.

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provocada por el alza del café. Las élites socioeconómicas y sus gremios, por su parte, no manifiestan prisa alguna por dejarse encerrar en las redes de un corporativismo estatal. Los conservadores pueden también celebrar la muerte del Estado liberal, “producto averiado de los partidos políticos y de la ficción jurídica del ciudadano”,85 o pretender afianzar la organización política sobre valores trascendentales. La restauración holista tropieza con la propia Violencia que, conmoviendo muchas formas de solidaridad primaria, atomiza el cuerpo social y acelera el advenimiento del individualismo. Los conservadores, después de Gaitán, pueden enfrentarse con el país político. Sin embargo, este último nunca se había superpuesto tanto como ahora al país real; invade, como lo hemos visto, hasta la vida privada. El Partido Conservador, al mismo tiempo que promete la abolición de la política, se ve sacudido por rivalidades entre facciones, que se despliegan sobre el plano local. El Valle del Cauca, por ejemplo, es el teatro de una lucha encarnizada entre la facción dirigida por los hermanos Borrero Olano, que tratan de controlar el departamento valiéndose de “pájaros” y de su periódico El Diario del Pacífico, y la facción representada por el periódico El País, perteneciente a una familia de grandes propietarios agroindustriales, más próxima al ospinismo. Las luchas intestinas se despliegan también en el plano nacional. Laureano Gómez sólo controla parcialmente su propio partido; en 1951 sus adeptos están a punto de ser superados por los de Gilberto Alzate Avendaño. El antiguo fascista de los años 1937-1940, organizador de la Violencia en Tolima y Caldas en 1949-1950,86 logra obtener la adhesión de una parte de los cuadros conservadores y seducir ciertos sectores de clase media urbana y rural, apelando al recurso de un lenguaje impregnado de populismo reaccionario.87 En 1952 se consuma la ruptura entre

85

Discurso de J. M. Villarreal, cf. El Colombiano, febrero 4 de 1950.

86

Los “laureanistas” califican a Gilberto Alzate Avendaño como jefe de los “aplanchadores” (nombre utilizado para referirse a los que sembraban el terror golpeando a sus víctimas, como primera advertencia, con la plana del machete).

87

La influencia del peronismo se manifiesta en la evolución de Gilberto Alzate Avendaño en 1952. Este nuevo populismo llegará a seducir a ciertos gaitanistas e, incluso, a interesar al periódico Jornada.

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“laureanistas” y “alzatistas”, que llevan a cabo convenciones separadas. A finales de 1952 el discreto antagonismo entre “laureanistas” y “ospinistas” adopta igualmente una expresión abierta. Esta división dará lugar a algunos episodios notables en abril de 1953;88 y las querellas visibles y observables se multiplicarán indefinidamente cuando se aborde la grass roots politics. Los dirigentes conservadores pueden promover “desde lo alto” la estrategia de terror, pero esto no implica que hayan logrado crear un Estado fuerte. Refiriéndose al papel de los arditi en la fase de implantación del fascismo italiano, Gramsci observa: “Una organización estatal debilitada es como un ejército que ha perdido todo vigor. Allí entran en escena los ‘arditi’, es decir, las organizaciones privadas, que tienen dos objetivos, utilizar la ilegalidad, mientras el Estado da la impresión de permanecer en la legalidad. Todo como una manera de reorganizar el Estado mismo”.89 La entrada en escena de los “chulavitas” y de los “pájaros” no pretende de manera alguna servir de mampara a un Estado que continúa haciendo alarde de legalidad; su aparición no contribuye a detener su dislocación; más bien la precipita. Si fuera necesario un símbolo de esta imposibilidad dictatorial, el retiro de Laureano Gómez de octubre de 1951 a junio de 1953 podría suministrarlo. A la manera de un Rafael Núñez al final de su vida, el presidente en ejercicio se contenta con vigilar de lejos la gestión gubernamental; incapaz de fundar la “buena sociedad”, permite que la muerte lleve a cabo su trabajo de disolución.90

88

La ruptura definitiva tendrá lugar en abril de 1953, con un discurso de mucha repercusión de Laureano Gómez contra su predecesor, en el cual lo acusa de pertenecer a un pequeño grupo de individuos que se llaman conservadores pero cuya mentalidad es liberal o liberalizante.

89

Antonio Gramsci, Cuaderni del carcere, I, s.d., p. 121.

90

“De todos los factores de igualación, la muerte parece ser el más poderoso, sobre todo en algunas situaciones extraordinarias en que se le permite desempeñar un papel político”. Hanna Arendt, On Violence, Londres, The Penguin Press, 1970, p. 67. En esta misma obra, Arendt muestra la relación entre la metáfora del cuerpo enfermo y la violencia colectiva. El lenguaje de Laureano Gómez en la época recurre muy a menudo a esta metáfora.

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La deriva de lo político constituye el fundamento de esta situación. Si bien alimenta el terror entraba también la constitución de un Estado autoritario o de un régimen dictatorial.

División e indivisión políticas La deriva de lo político se lleva a cabo en el marco de la correlación social de fuerzas y se traduce por la autonomización de la división política con relación a las divisiones sociales. Estas dos proposiciones no son contradictorias. La representación de lo político se halla siempre integrada a una representación de las divisiones sociales, incluso si en dicha representación no se hace mención de éstas últimas. Ni la competencia ordinaria de los dos partidos, ni su funcionamiento como verdaderas subculturas, ni el “catastrofismo” de Laureano Gómez, son elementos suficientes para dar cuenta de la implantación definitiva de la Violencia. Primero intervino el gaitanismo, luego el Bogotazo. El antagonismo de los dos partidos tradicionales continuaba utilizando los viejos símbolos; estos, sin embargo, se estaban cargando con otras significaciones. Con el gaitanismo la imagen de la división social radical hizo su aparición. Esta no tenía un contenido preciso, y podía en un segundo momento ser retranscrita en la imagen de una división no menos radical entre lo social y lo político; poco importa ya que lo que se encontraba comprometido allí era la idea misma de la unidad de lo social. Con el Bogotazo, estas imágenes cedieron su lugar, en lo real, a una serie de fuerzas que se encontraron a punto de subvertir el orden social. Entre lo social y el “fuera” de lo social existía menos posibilidad de un tercer término que entre las “oligarquías” y el “pueblo”. No obstante, la división no siempre adquiere un contenido fácilmente enunciable; a primera vista se puede observar que, a lo sumo, cambia el sujeto de la enunciación. Como consecuencia de la desorganización del gaitanismo, y las vacilaciones del liberalismo oficial, el Partido Conservador accede al poder y a partir de este instante no cesa de definir y redefinir la división y lo hace en términos explícitamente políticos y denunciando el comunismo; sin embargo, para expresar una división absoluta, se ve obligado a hacer uso de otros términos, extraídos de sus fuentes doctrinales, que enseñan a repartir los seres y las cosas en los dos mundos de lo sagrado y lo sacrílego, de lo humano y lo monstruoso.

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La responsabilidad del 9 de abril se atribuye al “comunismo” desde las primeras horas de la explosión. En su mensaje del 16 de abril, Mariano Ospina Pérez lo ratifica oficialmente91 y los cuadros conservadores, en su totalidad, toman la misma vía poco después: el 18 de mayo, hacen un llamado a “la formación de un frente anti-comunista que reúna las fuerzas del orden que existen en el país, con el fin de defender los principios tutelares de la nacionalidad y los valores de la civilización cristiana”.92 Sin embargo, la acusación recae menos sobre el Partido Comunista que sobre el liberal; en un primer momento, sólo se trata del ala izquierda del liberalismo. Los mismos cuadros conservadores exigen como “condición previa y sine qua non para un entendimiento efectivo entre las dos colectividades [...] la ruptura política con actos concretos entre el liberalismo y los sectores comunistas y cripto-comunistas que se disfrazan bajo la etiqueta de este partido”.93 Laureano Gómez, por su parte, afirma desde Madrid que Gaitán había dado su consentimiento a un complot comunista. En un segundo momento, el conjunto del Partido Liberal es incriminado. En octubre de 1949, José María Villarreal, presidente de una convención conservadora, estima que “el Partido Liberal [...] en la hora actual se presenta como el vehículo de mayor peligro que en todo tiempo haya amenazado a la nación. [...] Aceptamos el reto brutal que se nos hace y declaramos que todo lo ofrendaremos, bienes, tranquilidad y la propia vida, si fuera preciso, para vencer en noviembre o en cualquier otra fecha las avanzadas del comunismo”.94 Y el periódico conservador El Siglo evoca la “neurosis mortal” que padece el liberalismo a causa de la influencia comunista.95 Los “notables” liberales dan, sin embargo, numerosas pruebas de anticomunismo. Pero, ¿se trataba de este aspecto precisamente? Del agravio político se pasa al agravio religioso: se sospecha que el Partido

91

La delegación norteamericana a la Conferencia de Bogotá hace lo mismo, comenzando por el general Marshall.

92

Declaración hecha en una reunión de parlamentarios y dirigentes locales conservadores.

93

Ibíd.

94

Citado en El Siglo, octubre 13 de 1949.

95

Ibíd., noviembre 7 de 1949.

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Liberal está de lado de las fuerzas que conspiran contra el orden cristiano; el 9 de abril, según Ospina, constituye un atentado contra la “civilización cristiana del país”. Detrás del conflicto partidista, según el directorio conservador, se esconde “la decisiva y trascendental lucha de las fuerzas espiritualistas que defienden el orden social cristiano, la dignidad y los derechos de los hombres y los fueros del espíritu, contra las izquierdas revolucionarias, propugnadoras de la lucha de clases y la implantación de sistemas tiránicos y materialistas”.96 La Iglesia Católica entra aquí en escena para avalar con su autoridad la condena del liberalismo. Sirviéndose de un lenguaje erudito, la jerarquía recalca la incompatibilidad de principio entre el liberalismo y el catolicismo; utilizando un lenguaje común, deplora que “la inmensa masa que todavía se llama liberal” esté “completamente influenciada por ideas y jefes comunistas”.97 En el obispo de Santa Rosa de Osos, monseñor Builes, la Iglesia encuentra el profeta que moviliza a los sacerdotes de pueblo; en la obra de la República Liberal, monseñor Builes sólo ve un crimen contra la religión: “Desde 1930 hasta el 9 de abril de 1948 –declara–, desde ese día nefasto hasta el momento presente, estas hordas, a nombre del Partido Liberal, se transformaron en el Caín de la familia colombiana, que elimina sin misericordia a su hermano Abel, es decir, hombres, mujeres y niños, cuyo solo crimen consiste en pertenecer al partido político que defiende la religión. [...] Es necesario subrayar que desde esta época hasta el 9 de abril de 1948, no es el comunismo el autor de estos asesinatos sino el liberalismo pura y simplemente”.98 ¿Cómo hacer frente a esta empresa sacrílega? “El remedio –sugiere el obispo–, es la aplicación de una justicia inexorable, no a la cola de la subversión sino a la cabeza, porque es más culpable la cabeza [el Partido Liberal] que la cola de esa venenosa serpiente. A los de arriba primero y con la energía que reclama la subversión en marcha”.99 Monseñor Builes no es toda la Iglesia; sin embargo, representa a cabalidad la fracción de la Iglesia de base que se niega a administrar los

96

Declaración de mayo de 1949.

97

Conferencias episcopales de Colombia, 1908-1953, Bogotá, Ediciones del catolicismo, 1956.

98

Citado por Guillermo Fonnegra Sierra, El Parlamento Colombiano, s.d., 1952.

99

Ibíd.

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sacramentos a los liberales; que da su bendición al terror conservador; que se indigna de las tibiezas, siempre relativas, de la alta Iglesia, como por ejemplo las del arzobispo primado de Bogotá, monseñor Perdomo, que invita al clero a “no negar la absolución de los penitentes por el hecho de pertenecer al partido contrario” y a “no olvidar la distinción necesaria entre el liberalismo condenado por la Iglesia y los partidos, tendencias y denominaciones de carácter político”.100 El liberalismo había sido desde tiempo atrás respetuoso de la posición de la Iglesia entre las instituciones. La inmensa mayoría de los liberales eran tan “practicantes” como los conservadores; no había entre ellos nada parecido a las tradiciones anticlericales que se encuentran en muchos republicanos españoles. Pero ¿se trataba, también en este caso, de este aspecto precisamente? De la oposición entre lo sagrado y lo profano se pasa a la oposición entre la parte sana y la parte enferma del cuerpo social. Al pueblo de las ciudades Mariano Ospina Pérez opone el de los campos: “Afirmo que el auténtico pueblo colombiano no estuvo en las filas de la revuelta. Ese pueblo educado en la disciplina del trabajo se hallaba disperso en la provincia por los campos, en las poblaciones y en las aldeas de nuestro extenso territorio donde la idea de la patria se levanta sobre los cimientos éticos de la religión, del hogar cristiano y de la propiedad como conceptos vivos de un orden social indestructible”.101 En el Bogotazo, Laureano Gómez percibe un matricidio: “Cuando las manos de los hijos se levantan contra la madre [...] cuando en vez de férvido tropel de filiales amores [...] se oyen gritos de odio y se ven puños sombríos con incendiarias teas”.102 En el Partido Liberal Gómez descubre una monstruosidad con forma de basilisco, el animal mitológico cuyo cuerpo estaba compuesto por distintas partes de numerosos animales: “Nuestro basilisco [el Partido Liberal] camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y violencia, con un inmenso estómago oligárquico. Con pecho de ira, brazos masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista, pero la cabeza”.103 Por intermedio

100

Citado en Semana, abril 30 de 1949.

101

Discurso del 1º de enero de 1948.

102

Citado por Hugo Velasco A., Ecce Homo, biografía de una tempestad, Bogotá, Argra, 1950.

103

Citado por Testis Fidelis, El basilisco en acción, Medellín, Tipografía Olimpia, 1953.

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de lo monstruoso la política remite de nuevo a un sustrato mítico donde todo se representa como un puro juego de fuerzas y de apropiaciones. A medida que se opera el paso de un enunciado al otro el contenido de la división se hace borroso, sin que jamás se anule por completo; no se puede considerar que el hecho de situar a los liberales del lado del comunismo, del sacrilegio o de lo malsano tenga un contenido social indeterminado. No obstante, la afirmación de la división es cada vez más urgente que la determinación de su contenido. En su forma más radical, la que acompaña a la representación de lo político como Violencia, la división ya no designa una oposición entre los valores que cada uno de los dos partidos representa, sino que denota dos tipos de naturaleza, entre las cuales solo una es reconocida como humana: una naturaleza conservadora, asociada al reconocimiento del fundamento sobrenatural de la naturaleza humana,104 y una naturaleza liberal, derivada de la denegación de este fundamento sobrenatural. La afirmación de la división alcanza su máxima radicalidad en los conservadores cuando se acompaña de una exigencia de regreso a una indivisión primera, constituida por el cuerpo social organizado según la ley divina. La acusación de matricidio lanzada por Laureano Gómez se debe incluir en el cuadro de esta primacía de la indivisión. La representación de la indivisión explica igualmente por qué, para los teóricos de la violencia conservadora, la división no se presenta como una característica de lo social, sino como un “exterior” de lo social que pone en cuestión lo social como tal.

La producción de lo social como violencia La deriva de lo político implica, en un primer momento, relegar a un segundo plano las divisiones propiamente sociales. La división partidista sólo remite, en realidad, a sí misma y la dialéctica amigo-enemigo tiene como único sustrato la referencia a una identidad partidista considerada como un hecho insuperable. Sin embargo, la referencia imaginaria a un “exterior” de lo social trae como consecuencia, en un segundo momento, la emergencia de las divisiones sociales. No se trata sin duda de un

104

“Nosotros defendemos los derechos naturales de la persona humana, anterior al Estado, integrada a la sociedad por intermedio de la familia y llamada a un fin sobrenatural”, declara la Convención Conservadora de 1949.

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antagonismo de clases propiamente dicho: la omnipresencia de la división partidista obstaculiza, en concurso con otros factores, la irrupción de tales antagonismos; se trata más bien de formas de desigualdad fundadas sobre la diferencia y la exclusión. La imagen de un “exterior” de lo social está vinculada, en efecto, para tomar consistencia, con la percepción de una profunda heterogeneidad en el seno de lo social como tal; una heterogeneidad lo suficientemente profunda como para no poder ser suprimida ni instituida. Por conducto de esta mediación lo político puro se encuentra repentinamente puesto en contacto con lo social bruto. La lógica de la Violencia conoce un nuevo desarrollo: la representación de lo político como Violencia induce la producción de lo social como Violencia. A propósito de la definición del “enemigo” en la dialéctica amigoenemigo, Carl Schmitt escribe que lo único que se puede decir con respecto al enemigo es que “él está allí simplemente, que él es el otro, el extranjero, y que es suficiente para definir su naturaleza el hecho mismo de su existencia, y en un sentido particularmente fuerte, ese ser otro, extranjero, de tal manera que en el caso límite los conflictos que se produzcan con él no puedan ser resueltos ni por un conjunto de normas generales establecidas por adelantado ni por la sentencia de un tercero considerado como ajeno al conflicto e imparcial”.105 Bajo la figura del “otro” y del “extranjero” el enemigo deja de ser solamente un doble; pierde su carácter abstracto –o imaginario– para encontrarse, por el contrario, provisto con mucha frecuencia de una superabundancia de rasgos muy concretos. A fuerza de insistir en el reconocimiento de las diferencias, lo político tiende a apoyarse tarde o temprano sobre lo “prepolítico”. En el caso colombiano, la afirmación de la heterogeneidad de lo social es, de todas formas, consubstancial con la dominación elitista, la cual supone un rechazo permanente de un fundamento en el individualismo o en la igualdad. Tampoco se puede fundar, de manera estable, en fundamentos holísticos y jerárquicos: el fracaso de las proclamas conservadoras lo prueba suficientemente. La dominación elitista reposa sobre todo en la capacidad de inculcar la idea de la heterogeneidad, de tal manera que las desigualdades y las exclusiones encuentren una legitimidad en la referencia a una diferenciación natural. A fortiori, el

105

Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, París, Calmann-Lévy, 1972, p. 67.

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lenguaje partidista se acompaña, en el transcurso de la Violencia, de un lenguaje de estigmatización social extraído de los registros más diversos: cultural, étnico, religioso, socio-económico. Las élites son, sin duda, las primeras en recurrir a dicho lenguaje; los protagonistas populares de la Violencia, por su parte, lo asimilaron para utilizarlo contra sus adversarios inmediatos y, algunas veces, no dudaron en emplearlo contra las mismas élites. Tomemos el ejemplo de los procedimientos de estigmatización social utilizados por las élites. El registro étnico es la fuente de donde provienen muchos significantes de exclusión, como se puede constatar en numerosas declaraciones. Laureano Gómez exalta en su discurso de posesión el papel de la Iglesia en la historia colombiana: “De la salvajez aborigen fueron los misioneros quienes rasgaron los tupidos velos iluminando comarcas lueñes y salvajes con redentora luz”. La alusión a la “salvajez aborigen” no es un simple rasgo retórico; en conferencias de mucha resonancia pronunciadas en 1928, el mismo Laureano Gómez, adhiriéndose al pesimismo altamente racista de numerosos pensadores latinoamericanos de la época, afirma: “En estas latitudes, no existe ninguna comarca [...] que haya sido la sede alguna vez de una verdadera cultura” e imputa este triste destino a la presencia de una población de indígenas y de negros que, “falsos, serviles, negligentes, rechazan todo esfuerzo y todo trabajo”, etc.106 El 9 de abril sirve para dar consistencia al tema de las clases peligrosas; la Violencia hizo posible el resurgimiento del tema de los pueblos no civilizados. Los mismos notables liberales, a su vez, descubren en la violencia conservadora de Boyacá el rastro de un atavismo indígena. En un largo informe publicado en 1949 a propósito de las responsabilidades conservadoras, las fuentes liberales hacen referencia, de paso, a las atrocidades cometidas en una vereda del municipio de Chita, llamada El Resguardo, y las atribuyen a los indígenas “de condición bárbara, crueles, depravados en sus costumbres [...] inclinados al robo y caracterizados por el odio del blanco”.107 En los

106

Citado por Felipe Antonio Molina, Laureano Gómez, historia de una rebeldía, Bogotá, Librería Voluntad, 1949, pp. 229-231.

107

Anónimo, Sangre y fraude, testimonio de la tragedia boyacense, Bogotá, Editorial Kelly, 1949, pp. 60-72.

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escritos posteriores sobre la Violencia, en los mejores incluso, no ha faltado quien descubra, fundado en testimonios, la faz del indio bajo la máscara del violento. En las llanuras del Tolima, cuenta Germán Guzmán, “dicen que Teodoro Tucumá”, “indio sin mezcla” “tiene pacto con el diablo”; para ponerse al servicio de los conservadores, “Teodoro Tucumá siente que le hierve en la sangre el ancestro de sus antepasados, los pijaos, los inconquistables”, comenta el coautor de La Violencia en Colombia.108 Los intensos enfrentamientos del sur del Tolima, que dirigen las comunidades indígenas de Chaparral, Ortega, Natagaima y Marquetalia contra los colonos blancos, proporcionan igualmente la ocasión para volver a encontrar esta imborrable heterogeneidad, con mayor razón porque numerosos miembros de estas comunidades reconocen la autoridad de un líder, “Charro Negro”, que se proclama seguidor del Partido Comunista. El “salvajismo aborigen” se inscribe en una concepción de la heterogeneidad de lo social en la cual los límites entre lo social y el “exterior ” de lo social se tornan imprecisos. La aparición de tales significaciones implica que la Violencia se remite a una violencia originaria irreductible. El mestizaje ofrece un equivalente “natural” de la problemática política de la división y de la indivisión mencionada antes. En este sentido, Eduardo Caballero Calderón muestra en Siervo sin Tierra109 –retrato de un campesino indio de Boyacá en 1948– una violencia inherente a la desorganización de un universo cultural que ofrece como único recurso la asimilación fragmentaria del discurso de los amos y, principalmente, de su discurso político. El registro étnico no es, indudablemente, el único; existen otros que sirven también para sugerir una lógica de la diferencia-exclusión, en particular, el educativo. Si el analfabetismo ocupa un lugar tan importante en las etiologías espontáneas o científicas de la Violencia, ¿no es acaso porque éste constituye una modalidad de privación que reclama como salida una mejor socialización dentro del orden elitista? De allí resulta que la deriva de lo político pone bruscamente al descubierto una brecha de lo social.

108

Guzmán, Germán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, La Violencia en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo, 1963, t. I, p. 182.

109

Este libro ha sido traducido al francés con el título de Paysan sans terre, París, Anthropos, 1969.

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De las élites, el lenguaje de la exclusión se propaga a los grupos y bandas que toman parte en la Violencia. La alusión a la “indianidad” aparece así de manera reiterativa para denigrar del adversario. Se puede encontrar en el famoso testimonio de Eduardo Franco Isaza sobre las guerrillas de los Llanos Orientales110 ya que allí el conservador es frecuentemente designado como indio. Dos fenómenos masivos de migración se hallan en el trasfondo de la frecuencia con que es enarbolado el significante étnico: la colonización antioqueña, que al llegar al límite de su curso tropieza en el sur del Tolima con una resistencia “indígena” de larga historia en la región; la migración boyacense –mucho menos estudiada–, que había alcanzado a llegar al Tolima durante los decenios anteriores, dando origen, sobre todo en las tierras altas, a veredas altamente segregadas. Cuando estas son de mayoría conservadora y están situadas en la zona de influencia de municipios donde predominan los liberales como es el caso de la zona de El Líbano, la Violencia se presenta allí con características de antagonismo étnico-cultural. El reclutamiento de la policía nacional conservadora (los “chulavitas”) entre los boyacenses, no contribuye a atenuar la intensidad de estas reacciones en una gran parte del territorio afectado por la Violencia; la llegada de los boyacenses marca el comienzo de las masacres y de la autodefensa. De esta manera la división partidista es reinterpretada en un sistema de diferencias formulado en términos “étnicos”, regionales, o “étnico-regionales”, como también podría serlo en términos religiosos o de otro tipo. El lenguaje de la diferencia sirve asimismo a los protagonistas “de base” de la Violencia para expresar su rencor contra las élites; como lo había hecho Gaitán, numerosos son los que se reclaman del “exterior” de lo social para poner en entredicho la legitimidad del orden. Por lo demás, el eco del gaitanismo es perceptible, en casi todas partes, en el lenguaje de los primeros grupos liberales de autodefensa o “comunistas” los cuales, a medida que descubren la indiferencia de los dirigentes o su oportunismo, toman conciencia de pertenecer al mundo de los excluidos o, al ser considerados como “nueveabrileños” o “chusmeros”,111 pierden

110

Eduardo Franco Isaza, Las guerrillas del Llano, Bogotá, Librería Mundial, 1959.

111

Cf. Manuel Marulanda Vélez, Cuadernos de campaña, Bogotá, Ediciones Abejón Mono, 1973, p. 12. (“Nueveabrileños”: sublevados del 9 de abril; “chusmeros”: populacho, chusma).

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rápidamente la confianza de las élites, incluso las liberales, a las cuales perciben como pertenecientes a “otro mundo”. La evolución se acentúa después del fracaso de los notables liberales en su empeño por impedir la realización de la elección presidencial de noviembre de 1949. La obra de Eduardo Franco Isaza describe muy bien tal mutación: los primeros refugiados de los Llanos sólo sueñan con matar “godos” para vengarse;112 muchos de ellos descubren muy pronto el “oportunismo” de los dirigentes políticos y de los grandes propietarios liberales. La obra de Manuel Marulanda Vélez sobre las guerrillas comunistas del sur del Tolima, Cuadernos de campaña, muestra una transformación similar. En ambas obras aparece claramente, en las expresiones utilizadas para describir los primeros núcleos, una conciencia de la separación social frente al mundo de los poderosos, bajo la forma de una “defensa comunitaria”.113 Tal es el caso de los “hombres rudos, fuertes e insaciables” reunidos alrededor de los hermanos Bautista en los Llanos, “que recorrían las montañas como una ola vengadora, sin concederse puntos de reposo ni lugar de meditación, hasta que hicieron de sus tierras el baluarte guerrillero más importante de toda la rebelión llanera”;114 o el caso de los 150 hombres que acompañan a los hermanos Loaiza, liberales del sur del Tolima, que se vengan “diente por diente”, incluso de muchos liberales catalogados como “tibios” que “pagaron con sus vidas el no perseguir a los conservadores”.115 Desde el momento de su primer contacto con los Llanos Eduardo Franco Isaza –fuertemente marcado por el gaitanismo– comenta: “Había podido penetrar en la realidad de aquel estruendo que hacía soñar al pobre pueblo liberal de Colombia, mientras que las directivas, los caciques y los demagogos, sin mover un dedo, esperaban que la rebelión tomara forma para sentirse en situación de negociar con los godos”.116 El mismo resentimiento es perceptible en muchos otros

112

Tal es la visión que Eduardo Franco atribuye a Eliseo Velásquez, el primer jefe de las guerrillas de los Llanos. E. Franco Isaza, op. cit., p. 19.

113

Recogemos el término utilizado por A. Touraine para designar una de las modalidades de la “conciencia obrera”.

114

E. Franco Isaza, op. cit., p. 31.

115

M. Marulanda Vélez, op. cit., p. 25.

116

E. Franco Isaza, op. cit., p. 23.

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protagonistas de la violencia conservadora. Violento entre los violentos, el sargento de la policía de nombre Alfonso Hilarión, licenciado por el gobierno de Laureano Gómez a causa de sus excesos, comprueba que “la política en Colombia está influenciada por la situación social, económica e intelectual de sus habitantes” y, utilizando el tono de Gaitán, opone el rico, para quien la actividad política consiste en “no ofender a nadie para que todos puedan continuar aumentando su poder”, al pobre, que es “un político por principio” y que, “incluso cuando sufre de hambre, se alimenta de los éxitos políticos de su jefe”.117 No se trata de manera alguna de una opinión excepcional; como en el caso de muchos otros movimientos de contrarrevolución campesina, la acción del campesinado conservador se encuentra muy a menudo inspirada por la hostilidad contra los adelantos de una modernización capitalista que, primero Gaitán y después los líderes conservadores, habían presentado como un proceso que se estaba produciendo en beneficio de las oligarquías liberales, principalmente. Diez años después numerosos combatientes conservadores, al igual que muchos combatientes liberales que se sublevaron contra la creación del Frente Nacional y dieron su apoyo al Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de Alfonso López Michelsen, tomaron sus distancias con el estado mayor de sus partidos; veremos así a un Efraín González –responsable de innumerables masacres y durante mucho tiempo protegido por la Iglesia–, terminar su carrera como un héroe popular. Sin embargo, es necesario no exagerar el alcance de esta inversión contra las élites de la problemática de la heterogeneidad social; son estas mismas élites, precisamente, las que imponen, después del 9 de abril, una visión que termina en últimas por privar a las masas de la cualidad de actores sociales. A este respecto la alusión al sustrato “pre-político” de la política de violencia que hemos hecho más arriba no debe inducir a error. No queremos hacer referencia con este calificativo –a la manera de E. J. Hobsbawm– al carácter ambiguo de una protesta social asociada particularmente con una fase de transición al capitalismo: queremos sugerir, por una parte, que las élites políticas mismas sólo logran sustentar la dialéctica amigo-enemigo reclamándose de una lógica de la diferenciaexclusión construida a partir de elementos “pre-políticos”; estimamos, por

117

Alfonso Hilarión, Las Balas de la Ley, Bogotá, Editorial Santa Fe, 1953.

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otra parte, que el aspecto “pre-político” de la acción de los protagonistas populares de la Violencia depende, sobre todo, de la imposibilidad en que se encuentran de liberarse del dominio político que ejercen las élites. La división social que aflora permanentemente en el seno de la Violencia es portadora de la omnipresencia de esta dimensión “pre-política”. Por ello el concepto de división debe ser tomado aquí en un sentido fuerte. No puede ser reducido a la noción de correlación de fuerzas, tampoco a la de una acumulación de conflictos sociales y mucho menos todavía a la de un conflicto social central. No hay duda alguna de que la correlación de fuerzas y los conflictos sociales contribuyen a la conformación de la representación de esta división; sin embargo, ni los unos ni los otros explican la primacía de las relaciones de diferencia y exclusión, es decir, la primacía de una división que, como la política, impide pensar en la idea de un espacio común. Al posibilitar la emergencia de este tipo de división social, la Violencia se sitúa en la prolongación del populismo. Fue el gaitanismo, precisamente, el que inauguró la problemática de lo social y el “exterior” de lo social, que constituye la matriz de la división social en el marco de la violencia. El gaitanismo, igualmente, pretendiendo dar forma política a la informe materia social, llevó finalmente al paroxismo la disyunción entre lo social y lo político. En este sentido, la violencia se sitúa una vez más en la prolongación del populismo. La idea de que la representación de la división política induce la representación de la división social no debe ser el fundamento para concluir que ambas representaciones terminen en último término por expresarse la una en la otra de manera indistinta; la separación entre ellas es siempre manifiesta. Ello se debe ostensiblemente a que el lenguaje partidista no toma a su cargo la expresión de los antagonismos sociales; por el contrario, este lenguaje convierte las solidaridades que están más allá de la división social en un dato permanente de la historia moderna. Haciéndolo así contribuye a que lo social sea constituido como lo social bruto, e impide, en efecto, que los conflictos que se libran allí logren acceder a una expresión política. Este fenómeno se deriva, igualmente, del hecho de que la división política y la división social no provienen exactamente del mismo punto de vista: la primera está cargada de sentido para las clases populares puesto que define su identidad y no es sentida como una imposición; la segunda remite por el contrario, desde el primer momento, a la posición de las élites ya que son éstas las que inculcan la lógica de la diferencia y de la

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heterogeneidad y comandan por consiguiente la producción de lo social como Violencia. Que en ciertas circunstancias las clases populares tengan la posibilidad de reducir la distancia, y puedan aspirar a dar a su movilización una expresión política propia, no impide que por regla general se encuentren encerradas en esta violencia de lo social. Esto se puede corroborar por la importancia de las grandes manifestaciones de terror que se producen frente a lo que parece ser, tanto para las masas liberales como conservadoras, el derrumbamiento del mundo anterior y la falta de regulación de la vida social. Llega un momento, ciertamente, en que la Violencia parece escapar al control de las diversas élites; pero no por ello las clases populares logran transformarse verdaderamente en actores sociales, ni convertir su resistencia y sus luchas en algo que pueda ser considerado como un movimiento social.

Los actores sociales: estrategias individuales y desorganización colectiva El fenómeno de la Violencia no se reduce a una correlación de fuerzas, ni a una representación de lo político y lo social; constituye también el resultado de las estrategias, ofensivas y defensivas, de una inmensa variedad de protagonistas. Sin embargo, el paso de un plano a otro no es de manera alguna evidente. En la literatura sobre la Violencia con frecuencia se pasa directamente de la correlación de fuerzas a la definición de los actores. Así ocurre, sobre todo, en los intentos de explicación global. Cuando se comprueba que ciertas fracciones de las clases dominantes se beneficiaron de sus resultados, se infiere que esas mismas fracciones fueron las promotoras del fenómeno desde el comienzo hasta el final: las burguesías urbanas o los grandes terratenientes son elevados así al rango de “verdaderos” autores de una violencia definida como instrumental, mientras que las masas campesinas, por haber sido las víctimas de dicha instrumentalidad, son presentadas como héroes de un vasto movimiento de resistencia. En esa misma literatura ocurre, igualmente, que la representación que se construye de la Violencia conduce a la definición de sus protagonistas: la división política llevaría a considerar, como algo muy natural, que las filiaciones partidistas definen a los actores; la comprobación de la

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división social induciría a hacer de las élites y de las masas populares los verdaderos actores colectivos. En contraste con tales razonamientos deductivos o por extrapolación, los estudios más descriptivos y, particularmente, las monografías regionales recientes, permiten descubrir la multiplicidad de los tipos de protagonistas y de conflictos. Dichos estudios esclarecen muy especialmente el papel de los innumerables intermediarios: pequeña burguesía local, políticos subalternos, jefes de cuadrillas, etc. Sus aportes no se limitan, sin embargo, a romper con las oposiciones demasiado esquemáticas; ponen en duda, igualmente, el recurso a la noción de actores colectivos para explicar el proceso de la Violencia. Esto lo logran resaltando la importancia de las estrategias individuales, que pueden ser de carácter político o económico, o de ambos a la vez. El conjunto de las estrategias individuales da lugar, eventualmente, a efectos de agregación de tal manera que, retroactivamente, parecen representar el comportamiento de un grupo entero. Hay en esto, sin embargo, una buena parte de ilusión. Si se quieren encontrar estrategias colectivas, se las puede descubrir sobre todo promovidas por las organizaciones de autodefensa. Estas últimas, como su nombre lo indica, están a menudo más preocupadas por asegurar una supervivencia común, que por lanzarse a la conquista del poder. Estrategias individuales orientadas a acumular recursos políticos o materiales, por un lado; estrategias colectivas de defensa comunitaria, por el otro: esta combinación no es exclusiva de la Violencia, tal como se presenta en Colombia. Charles. Tilly la ha observado en ciertas coyunturas de “violencia reaccionaria” en Europa y, en una fase más reciente, en el sur de Italia, donde el control elitista, fundado en el clientelismo, no daba lugar sino a “movimientos populares excepcionalmente fragmentados”.118 En un artículo sobre la violencia, un sociólogo, J. Freyberg, la considera como el efecto de situaciones de anomia en las cuales coexistirían conflictos sociales poco estructurados con una intensa crisis institucional.119

118

Charles Tilly, Louise Tilly y Richard Tilly, The rebellious century, 1830-1930, Cambridge, Harvard University Press, 1975.

119

J. Walter Freydberg, “La Violence: une plénitude de sens”, Sociologie du Travail, núm. 4, 1971, pp. 337-349.

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El hecho de poner el acento sobre las estrategias individuales no debe ser interpretado sólo de manera negativa, como si éstas fueran el resultado de la crisis institucional; se trata, también, de subrayar la existencia de una forma de “movilización individualista”. En contextos muy diferentes y refiriéndose a las clases medias italianas, A. Pizzorno120 y S. Tarrow121han utilizado este concepto para designar una situación en la cual los grupos sociales son llamados a servir de base de apoyo al sistema político, sin que de allí se derive un reconocimiento, cualquiera que sea, de los derechos sociales colectivos, sino más bien un mecanismo de favores políticos o económicos: la “clientelización” de los partidos políticos es el resultado. La noción de “movilización individualista” se puede aplicar todavía mejor a la Violencia, tal como se presenta en Colombia. Aquí la movilización se produce desde abajo y como resultado, tanto de conductas individuales de movilidad, como de la perturbación del universo normativo. Y es también desde abajo como se constituyen nuevas constelaciones de poder. Por otra parte, la movilización logra reabsorber, en lo que concierne a los individuos, la disociación entre lo social y lo político; lo político constituye una mediación omnipresente, incluso en el mercado de trabajo o de tierras. La estabilidad política durante los años posteriores a la Violencia remite a un doble preámbulo: la “movilización individualista” y la desorganización social. La primera crea no solo nuevos intereses estables, sino también una capa de personal intermediario de apreciable influencia política. La segunda, resultado del terror y de los desplazamientos de población, afecta de manera permanente a las clases populares, rurales y urbanas. Una y otra han contribuido para que la estabilidad política se vea acompañada constantemente de un alto nivel de violencia social.

Estrategias políticas Ni la deriva de lo político ni el carácter rural de sus bases de apoyo se explican por una referencia exclusiva a la correlación global de fuerzas;

120

Alessandro Pizzorno, “I ceti medi nei meccanismi del consenso”, en: Favio Luca Cavazza y Stephen R. Graubard, eds., Il caso italiano, Milán, Garzanti, 1974, pp. 315-338.

121

Sidney Tarrow, “Aspetti della crisi italiana: note introduttive”, en: Luigi Graziano y Sidney Tarrow, La crisi italiana, Turín, Piccola Biblioteca Einaudi, 1979.

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por lo demás, ésta favorece a las élites urbanas. Y si bien al principio la correlación de fuerzas genera condiciones propicias para la autonomización de la esfera política, tiende en seguida a limitar su impacto. Es necesario contar, igualmente, con la presencia de un personal intermediario que sabe encontrar en la exacerbación de la violencia partidista la manera de acumular recursos propios de poder. Ningún estudio sistemático ha sido realizado hasta hoy sobre las transformaciones del personal político durante el período. No es evidente que su reclutamiento social se modifique considerablemente. Los datos parciales disponibles muestran la importancia, durante y después de la Violencia, de una pequeña burguesía compuesta por abogados, comerciantes, artesanos, médicos, provenientes de ciudades intermedias; pero esto no constituye una novedad. La continuidad social no impide, sin embargo, la renovación generacional. El gaitanismo ya la había favorecido como lo demuestra la composición de las juntas revolucionarias surgidas el 9 de abril.122Las corrientes conservadoras laureanistas y alzatistas hacen también su aporte. Las divisiones y subdivisiones de los partidos responden bien al proceso de renovación de los cuadros medios y subalternos. No obstante, lo importante reside sobre todo en el crecimiento del campo de acción de este personal. No hay duda de que éste no escapa al dominio de los jefes tradicionales. Hubo carreras asombrosas que se hicieron en un estricto respeto por las jerarquías partidistas; una de las más famosas fue la de León María Lozano, modesto vendedor de quesos en Tuluá, quien se convirtió, con el sobrenombre de El Cóndor, en el organizador del terror conservador en el norte del departamento del Valle del Cauca, sin soñar un sólo instante con emanciparse de los notables de Cali.123 Otras carreras se construyeron al servicio y a la sombra de los gamonales que habían logrado mantener sus posiciones. Pero ocurre también que las antiguas tutelas se rompen como ocurre por el lado de los liberales; como vacilaban acerca del comportamiento

122

Cf. G. Sánchez, Los días de la Revolución: Gaitanismo y 9 de abril en provincia, Bogotá, Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, 1983.

123

Para un retrato de “El Cóndor”, cf. la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal, Cóndores no entierran todos los días, Barcelona, Destino, 1972.

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a adoptar frente al gobierno, los dirigentes nacionales del liberalismo perdieron rápidamente el contacto con los cuadros locales, atrapados en las exigencias de supervivencia cotidiana. Esta situación se presenta también en el campo conservador. Poner el acento sobre las estrategias individuales implica reconocer, sin embargo, que la ampliación del campo de acción de los mandos medios, según el término utilizado por Alfonso López Michelsen, no es solo producto de circunstancias externas; es también la expresión de una intervención deliberada orientada a conquistar algún poder. La pertenencia de estos “mandos medios” a los sectores medios es indicativo de una tendencia; dirigida en otros países de América Latina hacia el Estado central y canalizada por éste, la presión de tales sectores pasa necesariamente en Colombia por la conquista de posiciones intersticiales dentro de los dos partidos políticos. No obstante, el ascenso social por la vía política, incluso si opera en una vasta escala, conserva el carácter de trayectoria individual. Pasada la fase más intensa de la Violencia, estos intermediarios políticos, agentes de la fragmentación del campo político y social y, al mismo tiempo, de la centralización estatal, constituyen en su gran mayoría la base real del Frente Nacional. Pero no la constituyen como categoría social precisa y, menos aún, como actores sociales; desempeñan su papel como capa específicamente política, provista de una influencia de conjunto, pero regida por una lógica de la acción individual.124 Lo anterior no debe hacernos olvidar el trasfondo de movilización colectiva y de defensa de las identidades partidistas. La Violencia forma un contexto en el cual la lógica de la acción individual no se puede reducir, de hecho, a la lógica de la acción colectiva. La distancia no obedece tan solo a efectos de agregación o a efectos emergentes, tal como lo ha analizado R. Boudon;125 es más bien el resultado de que la acción individual se construye alrededor de una búsqueda de beneficios precisos, mientras la acción colectiva está sometida fundamentalmente a una dialéctica “amigo-enemigo” y a unas condiciones de desorganización.

124

Cf. Mancur Olson, La logique de l’action collective, París, PUF, 1978.

125

R. Boudon, op. cit.

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Estrategias económicas Las estrategias económicas han sido mucho mejor estudiadas que las políticas. Situarlas también bajo la rúbrica de “estrategias individuales” puede parecer un atrevimiento. Las transformaciones generales de la economía, los cambios de la agricultura y, más directamente aún, las innumerables luchas agrarias que acompañan a la Violencia ¿no constituirían acaso el testimonio de una confrontación social representada, más allá de los individuos, por unas clases sociales muy bien conformadas como tales, es decir, por una burguesía a la vez urbana y agraria, de un lado, y por un campesinado, del otro? Evitemos en este sentido, y desde el principio, un posible malentendido. Nosotros no discutimos que las estrategias económicas se desarrollen en el marco de una correlación de fuerzas que favorece a las clases poseedoras y hace posible los avances del capitalismo; sostenemos solamente que, en lo esencial, no obedecen a una lógica de confrontación entre actores colectivos y, menos aún, a una confrontación entre actores colectivos definidos como clases sociales. Hemos hecho alusión al comienzo del capítulo de aquella interpretación según la cual la Violencia estaría “al servicio” de la modernización capitalista de la agricultura; al permitir la puesta en circulación y la concentración de la tierra, y al provocar la expropiación masiva del campesinado, la Violencia habría creado las condiciones de la expansión posterior de los cultivos comerciales. Y aun cuando no hubiera sido siempre la artesana de dicha expansión, la burguesía sí habría sido, por lo menos, su usufructuaria. Numerosas son, sin embargo, las investigaciones recientes que prueban la imposibilidad de atenerse a un esquema tan simple. Existen, sin duda, situaciones en las cuales la Violencia se encuentra indisociablemente ligada con los progresos de la agricultura capitalista como ocurre en ciertas partes del Valle del Cauca en las que la burguesía agroindustrial de Cali tiene un papel determinante en la expansión del terror; sin embargo, en muchas otras partes la violencia suscita, por el contrario, un repliegue obligado de los grandes propietarios. En el municipio de Chaparral, al sur del Tolima, la Violencia conduce a la descomposición de algunos latifundios y a la conversión de muchas tierras cafeteras en tierras dedicadas a la ganadería.126

126

Darío Fajardo, Luchas sociales y transformaciones en tres regiones cafetaleras del Tolima, 1936-1970, mimeo, Medellín, Universidad de Antioquia, 1978.

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Las transferencias de población constituyen una realidad que no se puede desconocer; afectan ciertamente a varios millares de campesinos,127 pero no implican una destrucción de la propiedad campesina aunque no faltan, indudablemente, los ejemplos de sitios en los que se produce tal destrucción. En numerosos frentes pioneros los grandes propietarios se aprovechan de la Violencia para intentar desalojar a los colonos sin títulos de propiedad. Ello se puede verificar en el valle del Magdalena Medio donde el asunto es más atractivo aún, debido a la rápida valorización de la tierra como consecuencia de la construcción del ferrocarril del Atlántico. Algo similar sucede en los sectores de Casanare, Caquetá o Sinú. Sin embargo, en los sitios donde la pequeña propiedad estaba ya implantada desde tiempo atrás no se puede demostrar que ocurra lo mismo como es el caso de las regiones de minifundio tradicional, y muy especialmente de aquéllas donde se cultiva el café; en los datos globales sobre la distribución de la propiedad cafetera no aparece una disminución de la parte correspondiente a las fincas de 1 a 5 hectáreas y se observa un crecimiento de las fincas medias de 11 a 20 hectáreas.128

127

Un estudio de Carlos Lemoine da la cifra de dos millones de personas desplazadas durante este período. P. Oquist, “Variables demográficas”, en: Violencia, conflicto…, op. cit., pp. 75-84. Volveremos a tratar más adelante el problema de las migraciones.

128

De 1932 a 1954, sabemos que los censos muestran una atenuación de la concentración de la gran propiedad, a raíz precisamente de la crisis de las haciendas de Cundinamarca y del Tolima. Para los años 1954-1970 Salomón Kalmanovitz suministra el cuadro siguiente: Porcentaje de explotaciones y de superficie de café según el tamaño de las fincas

Menos de 1 ha 1 a 5 ha 6 a 10 ha 11 a 20 ha 21 a 50 ha 51 a 100 ha más de 100 ha Total

Porcentaje con relación al total de explotaciones 1954 1970 13 12.6 36 44.2 16.6 12.7 12.9 13.8 12.3 10.8 4.3 3.6 4.8 2.2 100 100

Porcentaje con relación al total de superficies 1954 1970 1.8 1.6 16.8 18.6 15.9 10.9 15.8 18 19.4 23.2 11.2 12.8 18.8 14.8 100 100

Fuente: Salomón Kalmanovitz, “La agricultura en Colombia, 1950-1977”, Boletín del DANE, núm. 276, julio de 1974, p. 94.

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Las diversas monografías regionales tienden a corroborar tales cifras. El proceso de concentración se produce más tarde, en los años sesenta y sobre todo setenta. Es plausible incluso –volveremos sobre ello en seguida– que la Violencia haya constituido con alguna frecuencia un serio obstáculo para el funcionamiento de las grandes haciendas de café; en todo caso, no arroja necesariamente un efecto negativo sobre los salarios agrícolas. La Violencia golpea departamentos que, por ser cafeteros, se encontraban en lo más alto de la escala de los salarios medios agrícolas. En 1951, el Tolima ocupaba el primer rango, seguido muy de cerca por Santander del Norte, Huila, Valle del Cauca y Caldas. La dificultad para reclutar la mano de obra indispensable en el momento de la cosecha puede beneficiar algunas veces a los asalariados. La expansión de la agricultura capitalista, muy marcada desde los años 1955-1959, no es muy seguro que deba mucho a la Violencia. Entre 1949 y 1953 la inversión global destinada a la agricultura disminuye considerablemente.129 La expansión de los cultivos de algodón, azúcar, cebada, ajonjolí, etc., que se produce poco después, se lleva a cabo en regiones como las llanuras del Tolima o los departamentos de Magdalena y Cesar, que habían permanecido al abrigo de la violencia más intensa. Esta expansión ocurre, sobre todo, en lugares donde predominaban vastos dominios consagrados a la ganadería extensiva y no presupone la destrucción de la propiedad campesina. Todos estos hechos invalidan la idea de que, por sus consecuencias económicas directas, la Violencia pueda ser presentada como la vía colombiana de generalización de las relaciones de producción capitalistas; en realidad sí contribuye a dicha generalización pero fundamentalmente por sus consecuencias políticas: preservando el poder de las élites tradicionales y privando a las clases populares de toda independencia política, la Violencia abre la posibilidad de un desarrollo capitalista inscrito en el marco de un modelo de gestión liberal.

129

Las inversiones en máquinas agrícolas aumentan a partir de 1949 según A. Berry, Development of the agricultural sector in Colombia, mimeo, New Haven, Yale University, 1968. Ver cuadro 111, 3. Pasan, en pesos constantes, de 36.8 millones de pesos a 58 millones en 1950; se detienen enseguida, con 57.6 millones de pesos en 1953. Sin embargo, el Anexo Estadístico del estudio de la CEPAL muestra una disminución de la inversión global en la agricultura que –siempre en pesos constantes– cae de 370 millones de pesos en 1948 a 226 millones en 1949.

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Algunas consideraciones sobre la violencia 1948-1953

Existe una segunda interpretación, más convincente, que hace de la Violencia la continuación de las luchas agrarias de las décadas anteriores. Los argumentos en tal sentido son numerosos. En muchos lugares, la repartición geográfica de los fenómenos de violencia coincide con el mapa de los enfrentamientos agrarios que se desarrollaron de 1875 a 1930 como es el caso principalmente de las zonas del sur y del norte del Tolima y del oriente del Huila y del Quindío; en muchas de estas zonas se puede comprobar igualmente que la Violencia se presenta allí donde la presión de los colonos sin títulos de propiedad había sido más fuerte en los años 1928-1936. Diversos factores contribuyen a la exacerbación de las antiguas tensiones. El alza extraordinaria de los precios del café ocurrida a finales de 1949 invita a una expansión rápida de las superficies donde se cultiva: de 1950 a 1954 alcanza una tasa anual de 5.9%, que contrasta con el casi completo estancamiento de los años siguientes.130 Tal expansión modifica, muy a menudo, el equilibrio entre la parte correspondiente al café y la de los cultivos de pan coger en la misma finca como es la tendencia en el Quindío y en Risaralda; no obstante, se traduce igualmente en la necesidad de conseguir nuevas tierras, con el desalojo eventual de los antiguos ocupantes. La presión de la colonización antioqueña alimenta las fricciones; choca desde 1940 con la escasez de tierras disponibles y continúa su desarrollo en el Norte del Valle del Cauca, pero al precio de una fuerte violencia. La colonización exacerba la sobrecarga demográfica en el Tolima donde, como los datos lo prueban, el acceso a la tierra era cada vez más difícil, sobre todo a la tierra cafetera;131 los fenómenos de violencia alcanzan una particular intensidad en los municipios del sur del departamento, los mismos donde las poblaciones indígenas se habían empeñado desde tiempo atrás en protegerse contra los asaltos de las diferentes olas de colonos, y donde la acción de Quintín Lame había tenido las más grandes repercusiones en la década de 1920. La Violencia afecta también los municipios del oriente del departamento como Cunday, Icononzo, Villarrica y Dolores, donde los conflictos agrarios de 19201935 habían tenido un gran despliegue. No obstante, existen también

130

Cf. S. Kalmanovitz, “La agricultura en Colombia, 1950-1977”, op. cit., segunda parte, p. 129.

131

Cf. Soledad Ruiz, La fuerza de trabajo en la zona cafetera del Tolima, mimeo, Bogotá, DANE, 1972.

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nuevos teatros de confrontación, donde se habían formado regiones de fronteras, como el sur de Córdoba o los Llanos Orientales. Importantes adjudicaciones agrícolas se realizan allí en los años cincuenta, en beneficio de empresarios agrícolas cuyo primer interés era expulsar a los precarios colonos que allí se habían instalado. La Violencia hace posible también que otros grandes propietarios hagan lo mismo en sectores como el sur del Tolima o Sumapaz; en esta forma se desquitaban de los colonos que se habían beneficiado de las medidas gubernamentales adoptadas entre 1926 y 1936. Esta enumeración superficial es suficiente para mostrar cómo la apropiación de las tierras se encuentra indudablemente en el trasfondo de una parte importante de los hechos de violencia. Por lo demás, muchos de los líderes campesinos vieron en la Violencia el resurgimiento de las antiguas luchas. Manuel Marulanda Vélez –dirigente de la autodefensa campesina en la zona de El Davis, célebre más tarde con el sobrenombre de Tirofijo y jefe de las guerrillas comunistas de las FARC después de 1966– presenta el fenómeno como la prolongación de la “enconada lucha por la tierra en el sur del Tolima, especialmente en Chaparral y parte de Rioblanco, en la que habían estado a la cabeza los comunistas desde la década de 1930”.132 Una versión similar es ofrecida por Juan de la Cruz Varela, dirigente comunista de Sumapaz. A pesar de todo lo anterior, la asimilación de la Violencia a los conflictos agrarios anteriores deja de lado aspectos de manera alguna menospreciables; aun cuando se pueden encontrar elementos de litigio común, la modalidad de la confrontación es evidentemente muy distinta. De 1920 a 1935 la violencia había sido muy intensa, pero moderadamente sangrienta. Ligas campesinas y núcleos políticos “revolucionarios” se habían hecho presentes en la movilización campesina; por encima de los grandes propietarios, el Estado había sido un actor central, y es hacia éste donde convergen a menudo las “reivindicaciones” relativas al reconocimiento de derechos jurídicos. El punto de partida para el despegue del movimiento campesino fue una ley de 1926 que suministró a los miembros de los resguardos y a los colonos instalados en las tierras abusivamente acaparadas durante décadas por grandes “empresarios”, los argumentos para no permitir que fueran desposeídos o reducidos

132

M. Marulanda Vélez, op. cit., p. 55.

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a la condición de arrendatarios.133 Como en el caso del campesinado mexicano134 o ruso, la referencia a lo jurídico había presidido la toma de conciencia de una condición colectiva. Y los mismos grandes propietarios recurrían ciertamente a la fuerza, pero también a la adopción de posiciones políticas. Nada similar ocurrió entre 1949 y 1953. El Estado permanece ausente y, cuando no ocurre así, está lejos de asumir el papel de eventual mediador. El litigio no es ahora, como en la situación anterior, la redefinición de los derechos colectivos; los enfrentamientos no se desarrollan de manera privilegiada dentro de las grandes propiedades o en sus límites y tanto los propietarios medios como los pequeños se ven implicados en las luchas. Los protagonistas no son, como antes, las organizaciones reivindicativas, del lado campesino, ni las asociaciones como el sindicato de propietarios o la Asociación Patriótica Nacional, del lado de los dueños. Las zonas donde sobreviven las formas de organización campesina organizadas en 1930 no son necesariamente las más afectadas por la Violencia, y pueden incluso no haber sido tocadas por esta como es el caso, por ejemplo, del municipio de Viotá, en Cundinamarca, que había sido lugar memorable en los conflictos de 1930, y seguía siendo en los cincuenta ciudadela rural del Partido Comunista; en 1951 el ejército contempla la posibilidad de intervenir el sitio, pero abandona el proyecto presionado por el frente común formado por los dirigentes populares y los grandes propietarios liberales de Viotá. Al año siguiente, el Partido Comunista comenta el hecho y se felicita por “el ejemplo de utilización de las contradicciones entre las clases dominantes en provecho de la defensa de los trabajadores”.135 El hecho era sin duda excepcional. En este caso se puede observar que la facilidad con que se propaga la Violencia no es debida solamente a la persistencia de las tensiones agrarias. La Violencia golpea, no puede negarse, muchas zonas donde los conflictos habían sido muy vivos veinte años antes; sin embargo, en el interín el movimiento campesino se había desarticulado debido a las mutaciones

133

Cf. Catherine LeGrand, “De las tierras públicas a las propiedades privadas: acaparamiento de tierras y conflictos agrarios en Colombia, 1870-1930”, Lecturas de Economía, Universidad de Antioquia, núm. 13, enero-abril de 1974, pp. 13-50.

134

Cf. William B. Taylor, Landlord and peasant in colonial Oaxaca, Stanford, Stanford University Press, 1972.

135

Informe del Secretario General del Partido Comunista, VII Congreso, abril de 1952.

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políticas ocurridas durante la Revolución en Marcha. Y es precisamente dicha crisis del movimiento campesino la que favorece la Violencia. Esta última es, por otra parte, particularmente devastadora y durable en regiones como el Quindío, el norte del Valle o ciertos sectores del Tolima, que habían permanecido al margen de los grandes conflictos de 1930 y de la proliferación de las ligas agrarias. Tales regiones se caracterizaban igualmente –incluso si su colonización había estado acompañada de litigios de violencia– por una repartición de la propiedad muy diferente de la de los departamentos situados al oriente del Magdalena; muchos de los protagonistas de la Violencia en estos sitios no tuvieron, además, una ligazón directa con la tierra.136 El papel de las estrategias económicas individuales es probablemente más patente en el Quindío que en cualquier otro lugar. Parte integrante en ese momento del departamento de Caldas, la región pertenece a la órbita de la colonización antioqueña; la apropiación de la tierra había dado lugar, en efecto, a muchos conflictos y las relaciones sociales habían estado de igual manera impregnadas con mucha frecuencia por una violencia considerable.137 La expansión del cultivo del café, que en el espacio de algunas décadas hizo del Quindío la región más productiva y de Armenia un centro de comercialización, se había llevado a cabo en buena medida sobre la base de la pequeña y mediana propiedad. En los años treinta los litigios no habían desaparecido aún pero no tenían relación con la acción campesina de Cundinamarca y Tolima. La Violencia aparece en el departamento a partir, sobre todo, de 1950 y se prolonga mucho más allá de 1953, hasta los años sesenta. Los litigios que se presentan durante la Violencia tienen un carácter fundamentalmente económico. Las dos monografías que han sido consagradas al Quindío, la de Arocha sobre un municipio preciso, y la de Carlos Ortiz sobre el conjunto del departamento, no utilizan explícitamente la noción de estrategias individuales, pero sí hacen de estas una extraordinaria

136

Sin embargo, C. Legrand, “De las tierras públicas…”, op. cit., menciona la existencia de un movimiento agrario en el Quindío y el norte del Valle en los años 1925-1935.

137

Esta es la razón por la cual Jaime Arocha hace de la Violencia una continuación de las prácticas violentas anteriores. Jaime Arocha, “La Violencia in Monteverde, Colombia: environmental and economic determinants of homicide in a coffee growing municipio” [tesis doctoral, Columbia University], Nueva York, 1975.

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descripción. Al principio la Violencia no está en relación con la repartición de la tierra y, menos aún, con los derechos de las distintas categorías de trabajadores de las grandes fincas. El control del excedente de la economía del café representa el núcleo fundamental de litigio y, por ende, son los comerciantes y en menor medida los transportadores, quienes constituyen los principales protagonistas. El hecho de que ocupen una posición clave no es novedoso. Los grandes compradores urbanos, de un lado, los negociantes rurales –los fonderos–, del otro, se habían apropiado permanentemente de una parte sustancial del excedente; sin embargo, la subida del precio del café aumenta los intereses en juego. Los intermediarios comerciales no participan siempre en la organización misma de la Violencia, aun cuando sí sacan un provecho seguro. Las plantaciones de café crecen y, como lo subraya Carlos Ortiz, la producción nunca se pierde y los comerciantes están presentes en todos los frentes: son ellos precisamente los que “lavan” el café robado en los sitios donde las cuadrillas practican una extorsión sistemática o en aquellos donde los propietarios se han visto obligados a huir de la Violencia; son ellos también los que vuelven a comprar, a bajo precio, el café de los pequeños productores que no tienen otro medio de encontrar compradores; y son ellos, finalmente, los que están en contacto con los mayordomos138 de las haciendas de café cuando éstos, obligados a sustituir a los propietarios que se habían visto en la necesidad de partir, no dudan en apropiarse de una parte de la cosecha. Ocurre, con frecuencia, que son los mismos comerciantes los inspiradores de las cuadrillas. Su posición, sobre todo, se encuentra en el centro de un proceso de ruptura con las antiguas regulaciones sociales y ofrece por ello un margen de juego a los individuos de todas las categorías sociales. Ya hemos hecho alusión a los mayordomos, pero también puede ser el caso de los jornaleros, a menudo sin duda como víctimas porque el asesinato de un jornalero es el mejor medio de dirigir una advertencia al propietario; pero también como miembros de tiempo parcial o completo de las cuadrillas. Las dos monografías citadas están de acuerdo cuando afirman que una parte importante de las cuadrillas estaba compuesta por jornaleros. Los grandes propietarios, por su parte, organizan o financian cuadrillas que protegen

138

Título dado a los agregados cuando, en ausencia del propietario, reciben la responsabilidad de administrar la propiedad.

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sus bienes como es el caso principalmente de los liberales; por esta razón Chispas, bandolero liberal célebre, será estimulado a dejar el Tolima para ponerse al servicio de ciertos propietarios del Quindío. Según Jaime Arocha, el propietario depende de su agregado o de su mayordomo y el agregado puede depender del jornalero miembro de una cuadrilla, pero sin que la red llegue a estabilizarse. El dinero circula muy rápidamente, se acumula o se despilfarra. La expansión de las actividades comerciales en las poblaciones urbanas locales, analizada en detalle por Carlos Ortiz, comprueba que este dinero se queda muy a menudo en el sitio mismo, y no da lugar a inversiones en proyectos industriales; en el mejor de los casos se invierte en la construcción e incluso en tierras. ¿Esta última inversión afecta considerablemente la repartición de la tierra? Los dos estudios citados llegan a conclusiones muy prudentes a este respecto. No hay duda de que muchos se aprovechan de los acontecimientos para comprar a precios irrisorios fincas abandonadas o para beneficiarse de la atribución generosa de baldíos. El componente partidista de la Violencia pasa aquí a primer plano. En muchos municipios del Quindío, la trasferencia de tierras se opera en beneficio de los conservadores que gozan de la buena voluntad de las autoridades locales; incluso las actividades comerciales pasan a menudo a sus manos. Esto ocurre durante la primera fase de la Violencia, porque después de 1957 muchos liberales, con el apoyo de cuadrillas liberales, toman la revancha. Los que adquieren las tierras no son generalmente los grandes propietarios; con mayor frecuencia son los comerciantes urbanos o los fonderos rurales, los agregados hábiles o los nuevos ricos. Carlos Ortiz menciona el caso de un arriero que llegó a convertirse al término de la Violencia en propietario de 20 haciendas y más de 1.500 hectáreas de café, sin tener en cuenta sus bienes inmuebles.139El origen de las nuevas fortunas se puede encontrar con frecuencia en la formación de haciendas a partir de pequeños dominios dispersos. Esto no quiere decir que los expulsados se hayan visto obligados siempre a desplazarse a las actividades urbanas; muchos pequeños propietarios liberales pudieron incluso encontrar la manera de reinstalarse en zonas donde su partido dominaba, en

139

Ponencia presentada en el Congreso sobre la Violencia, Bogotá, julio de 1984, en: Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, eds., Pasado y presente de la Violencia, Bogotá, CEREC, 1986.

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algunas oportunidades comprando a precios irrisorios los bienes de los conservadores.140 Carlos Ortiz presenta también el ejemplo de un propietario acomodado que, obligado a vender sus haciendas situadas en zona conservadora, logra, mediante la atribución de tierras baldías, situadas en su mayor parte en zonas controladas por las cuadrillas liberales, reconstituir sus dominios a partir de 1953-1957. Los datos mencionados no descartan la existencia de transformaciones profundas en las estructuras de producción, incluso en el Quindío. La economía campesina de las regiones de café nunca había tenido, evidentemente, el carácter de una economía de autosubsistencia. Sin embargo, el café coexistía, tanto en los minifundios como en las grandes propiedades, con los cultivos de pan coger; pero estos últimos disminuyen rápidamente en provecho del café como consecuencia de lo cual los pequeños cafeteros, condenados a endeudarse en el momento de las cosechas, cuentan con menos posibilidades que antes para adaptarse a los vaivenes de los precios, y los grandes productores encuentran menos ventajas en el mantenimiento de la aparcería.141 No obstante la Violencia tiene mayor incidencia en el cambio producido que la que tiene el boom de los precios de 1949 a 1954. La confusión resultante de la guerra partidista atenuó quizás los efectos del boom y brindó a una clase media la oportunidad de afirmarse y de neutralizar provisionalmente una parte de las antiguas élites rurales que, obligadas a permanecer al abrigo de las ciudades, pagaban eventualmente un precio muy alto por salvaguardar sus bienes e ingresos. Fenómenos similares se producen en otras zonas. El municipio de El Líbano, en el Tolima, fue teatro de una violencia que obligó a millares de campesinos a buscar refugio en las ciudades. Según Darío Fajardo también allí una burguesía urbana, compuesta por comerciantes y por miembros de profesiones liberales fue la beneficiaria, gracias a la adquisición de numerosas fincas. El bandolerismo que se instala en las regiones de café hace parte, igualmente, de la difusión de las estrategias individuales. Aquí también

140

Ibíd.

141

El costo de los agregados se hacía más bajo gracias a que ellos podían vivir de su propia producción de alimentos. Según Ortiz su desaparición progresiva después de la Violencia está relacionada con el interés de los propietarios en eliminar una categoría que se había vuelto incómoda e, incluso, peligrosa. C. Ortiz, op. cit.

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la individualización se integra, en primer lugar, a la desorganización; posteriormente se desarrolla como una modalidad de adaptación y de movilización. Como Gonzalo Sánchez y Donny Meertens lo han puesto de relieve,142 el bandolerismo afecta muy poco las regiones marcadas por las luchas agrarias como el Tequendama, Sumapaz o el sur del Tolima, aun cuando muchas veces se recluten allí sus jefes. Donde se habían establecido tropas de combatientes liberales, como en los Llanos Orientales o el sudoeste de Antioquia, el bandolerismo alcanza una magnitud modesta; tiene gran arraigo, por el contrario, en las zonas cafeteras, donde los campesinos son víctimas del terrorismo oficial o privado y carecen de los medios para oponer una resistencia colectiva.143 El bandolerismo, con mucha frecuencia, los beneficia con su apoyo: crea sus redes de colaboradores y protectores, impone exigencias a los propietarios, respeta las posiciones de ciertos gamonales, valida la representación partidista de lo político. Después de 1955, el bandolerismo evoluciona en algunos casos hacia acciones más explícitamente comprometidas con el rechazo del orden social, liberándose incluso, ocasionalmente, de las filiaciones partidistas. Algunos líderes terminan como militantes revolucionarios, como el famoso Pedro Brincos, originario de El Líbano, miembro de una cuadrilla a partir de 1949: jefe influyente de las bandas liberales en 1952 (año marcado en El Líbano por las masacres perpetradas por el ejército en represalia por un atentado dirigido contra el gobernador del Departamento y el hijo del presidente en ejercicio, Roberto Urdaneta), se vincula en 1960 al Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), primera organización inspirada por la Revolución Cubana; y es asesinado finalmente en 1963.144 En términos generales, el bandolerismo no escapa a sus limitaciones iniciales: atomizado, ambivalente, inestable, no es el producto de la descomposición de un campesinado tradicional o de un movimiento

142

G. Sánchez y D. Meertens, op. cit.

143

Ibíd., pp. 53 y ss. G. Sánchez y D. Meertens estiman que el bandolerismo nace de la derrota de las antiguas organizaciones campesinas y que en este sentido pertenece a la categoría del “bandidismo pre-político” analizada por Hobsbawm. Caldas, sin embargo, nunca fue la sede de un movimiento campesino.

144

Resumimos aquí las informaciones suministradas por G. Sánchez y D. Meertens, ibíd., pp. 121 y ss.

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campesino, pero tampoco el preludio de una acción colectiva. El bandolerismo solo se puede considerar como la yuxtaposición de respuestas individuales a una coyuntura caracterizada por la ausencia de regulación de los circuitos económicos y la crisis de la dominación socio-política en regiones donde la pequeña y mediana propiedad, y la mano de obra fluctuante, constituían una base importante de la economía de exportación. La Violencia no nació en las regiones cafeteras, pero sí encontró allí su terreno de elección. Como en otras partes, se inscribe en el enfrentamiento partidista; más que en otras partes, se integra desde el comienzo con litigios de orden económico. La Violencia, sin embargo, no produce actores sociales colectivos; compromete en la lucha a innumerables protagonistas que combaten, en muchas ocasiones, por asegurar su supervivencia y la de sus intereses y, en muchas otras ocasiones, por ser partícipes de la repartición del excedente, directamente o por intermedio de los diversos eslabones de la cadena de comercialización.

Las estrategias de resistencia colectiva La referencia a las estrategias individuales parece mucho menos legítima en los casos en los que, frente al régimen conservador o a sus procedimientos terroristas, se conforman organizaciones de resistencia armada con base campesina que surgen durante el año 1949, y se implantan muy pronto en numerosas regiones; son muy a menudo de obediencia liberal, aun cuando en ciertas zonas están influenciadas por el Partido Comunista que, a partir de 1950, exhorta a la “autodefensa campesina” y la pone en práctica principalmente en el sur del Tolima. Estas organizaciones reúnen muchas veces efectivos muy considerables. Las guerrillas de los Llanos Orientales llegaron a agrupar en 1953 cerca de diez mil personas. No faltan argumentos para hacer de estas organizaciones la expresión de un movimiento campesino, inscrito en la prolongación del movimiento de los años treinta. Hemos ya mencionado ciertas continuidades geográficas; evidentes en el sur del Tolima, existen también en diversos sectores de Cundinamarca, del nordeste antioqueño o de Santander. Las continuidades relacionadas con situaciones sociales no son menos significativas; tanto en las antiguas zonas de frontera de colonización como en las más recientes –los Llanos Orientales o el noroeste antioqueño– se trata todavía de la confrontación entre colonos y

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“empresarios” agrícolas. En el sur del Tolima los grupos de autodefensa, allí donde lo pueden hacer, proceden a la expulsión de los grandes propietarios o a la imposición de un impuesto a los que permanecen. En los Llanos Orientales los grupos armados mantienen al comienzo relaciones de cooperación con los ganaderos liberales, que se deterioran desde 1951 cuando estos, agobiados por los “impuestos” establecidos por los combatientes y amenazados por la imposibilidad de comercializar el ganado a causa del cerco del ejército y de la policía optan por salvaguardar sus intereses a expensas de la solidaridad partidista y debido, además, a que el crecimiento del número de refugiados había acentuado la presión sobre la tierra. En los programas elaborados por los diversos frentes de resistencia la demanda de una reforma agraria más o menos radical figura en lugar destacado como es el caso, evidentemente, de los que se reclaman militantes del Partido Comunista: organizadores en 1952 de una Conferencia Nacional de Guerrilleros, consideran como tarea prioritaria de un “gobierno popular y democrático” la realización de una reforma agraria democrática que ponga en práctica el principio de “la tierra para el que la trabaja”; asumiéndose como un “Movimiento Popular de Liberación Nacional”, afirman que este “confiscará enérgicamente y sin indemnización, de manera inmediata, las tierras y los bienes de hacendados y terratenientes enemigos del pueblo y cómplices de la dictadura”, para distribuirlas “en forma gratuita y proporcional entre los participantes de la lucha, de acuerdo con sus necesidades”.145 Las guerrillas de los Llanos promueven igualmente una transformación de las estructuras agrarias en los dos textos publicados en 1952 y 1953, conocidos con el nombre de Las leyes del Llano. En el primer texto, la reivindicación conserva un carácter partidista, puesto que prevé la confiscación “de todos los bienes raíces, semovientes, etc., que sean de propiedad del enemigo, o sea los godos ‘chulavitas’”. En el segundo, la reivindicación se hace más global: “Serán expropiados los hatos y propiedades de todos aquellos que no colaboren con la revolución, o que obstaculicen o saboteen sus medidas, sea cual fuere su filiación política”.146 En el dominio político, igualmente,

145

Citado en anexo en M. Marulanda Vélez, op. cit., p. 98.

146

El texto de Las leyes del Llano es transcrito en G. Guzmán, O. Fals Borda y E. Umaña Luna, op. cit., pp. 68 y ss.

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de 1949 a 1953, la acción campesina parece estar en vías de radicalización, a consecuencia del resentimiento con las élites urbanas y los notables tradicionales que, resignados o no a la Violencia, pertenecen a ese “otro mundo” con el cual la comunicación se halla prácticamente interrumpida. Es conveniente no perder de vista los límites de la resistencia colectiva. Los testimonios de los mismos dirigentes, como Manuel Marulanda Vélez en la autodefensa comunista o Eduardo Franco Isaza en la guerrilla de los Llanos, están allí para recordar ciertos componentes de esta resistencia, algunas veces demasiado olvidados. Las zonas de guerrilla o de autodefensa son, en primer lugar, zonas de refugio. “Fueron las circunstancias y la necesidad de defender mi vida, las que me obligaron a convertirme en guerrillero, tal como sucedió y sucede con miles de colombianos”, declara mucho tiempo después Jaime Guaraca, convertido ya en uno de los jefes de las FARC.147 Pocos son los que sueñan en esta masa de refugiados, acompañados a menudo por sus familias,148 con la transformación de la lucha por la supervivencia en un combate revolucionario; esperan ante todo la recuperación de las tierras. Así se explica el alivio con que la inmensa mayoría de los combatientes acogen la amnistía decretada en 1953 por el general Rojas Pinilla. A pesar de los años de alejamiento, “piensan en sus fincas, en sus intereses abandonados. Deseaban un cambio en su situación. Al fin y al cabo eran campesinos trabajadores que habían llegado a la guerrilla obligados por las circunstancias”, anota en este sentido M. Marulanda Vélez.149 La organización de la resistencia no deja de ser muy precaria. Numerosos son los grupos que buscan principalmente establecer una soberanía sobre “su territorio” en contra de los grupos vecinos. Las rivalidades internas y el “localismo” se manifiestan con nitidez. Cuando Eduardo Franco Isaza llega a comienzos de 1950 a los Llanos Orientales

147

Carlos Arango, FARC Veinte años, Bogotá, Aurora, 1984, p. 138.

148

M. Marulanda Vélez describe la manera como las operaciones concebidas al principio como estrictamente militares se convierten en la ocasión para una migración colectiva; las familias se sentían más seguras al lado de los grupos de combatientes.

149

M. Marulanda Vélez, op. cit., p. 63.

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espera toparse allí con un verdadero ejército liberal pero sólo descubre bandas celosas entre sí y listas a disputarse un armamento rudimentario.150 A manera de programa, sólo encuentra un deseo de venganza que no va más allá de lo inmediato, con todo su cortejo de exacciones y de excesos. “En el subconsciente de cada liberal –escribe Franco–, había nacido un Eliseo Velásquez [en esta época comandante supremo de las guerrillas de los Llanos] que no quería saber de razones, cálculos, ni de nada, como no fuera gritar, maldecir, destruir y matar ”.151 El Partido Comunista y la dirección del liberalismo presentan, cada uno por su lado, un cuadro de los múltiples focos de resistencia liberal que no es, en su conjunto, de manera alguna halagador.152 En sus Cuadernos de campaña, Manuel Marulanda Vélez estima que, movidos por un “espíritu puramente defensivo”, ellos no estaban dispuestos “a considerar, planear y emprender tareas nacionales” sino a “responder a los agresores, y nada más”.153 La organización y la táctica mejoran después en numerosos casos, tanto en la resistencia de obediencia comunista como en ciertos núcleos de resistencia liberal; sin embargo, no parece que el “localismo” haya desaparecido realmente en algún momento. En una buena medida, el “localismo” traduce de hecho el aislamiento de los combatientes. Hasta mediados de 1950, estos viven con la esperanza de un rápido desenlace político. Los responsables del Partido Liberal se habían comprometido a promover un golpe de estado para derrocar al gobierno conservador;154 todo dependía de una “solución venida desde

150

El armamento, al comienzo, es el que tenían los campesinos de antemano y el que se toma del ejército; a partir de 1951 se mejora gracias a las importaciones provenientes de Venezuela.

151

E. Franco Isaza, op. cit., p. 22.

152

La dirección liberal hace la lista de los núcleos de resistencia liberal incluidos en el “Plan A”, cuyo texto secreto es reproducido en el panfleto conservador de Testis Fidelis, De Caín a Pilatos…, op. cit. El Partido Comunista estima, en su congreso de 1952, que un gran número de estos focos había caído en la delincuencia o tomado el camino hacia el bandolerismo.

153

M. Marulanda Vélez, op. cit., p. 92.

154

En tres ocasiones al menos la Dirección Nacional Liberal anuncia el derrocamiento del régimen conservador. Existía primero el famoso proyecto de golpe de estado del 25 de noviembre de 1949, con el apoyo de una huelga general; para secundar la

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arriba”. Así ocurre en los Llanos Orientales donde se asume como esfuerzo prioritario “ofrecer a la Dirección Nacional Liberal, hombres organizados militarmente”.155 También en el sur del Tolima se inquiere día a día por la fecha del “levantamiento general”.156 Sin embargo, todas las conspiraciones y promesas no van muy lejos y la actitud de los dirigentes liberales con las guerrillas se hace igualmente cada vez más y más vacilante. En 1950, con motivo de una convención, parecen todavía concederles un aval oficial, con la adopción de una moción secreta sobre la acción de Eliseo Velásquez: “Teniendo en cuenta el coraje de este eminente combatiente de la causa liberal se le presenta como ejemplo a las masas del Partido Liberal”. Poco después asumen posiciones más prudentes. A unos emisarios enviados por los combatientes de los Llanos, Carlos Lleras Restrepo se contenta con declarar: “Ni autorizamos, ni desautorizamos”.157 En 1952, los dirigentes liberales se inclinan por la desautorización pura y simple; Eduardo Santos afirma en una carta pública que las guerrillas constituyen a partir de ese momento un obstáculo al restablecimiento de la paz. Los mismos dirigentes del Partido Comunista se resisten durante mucho tiempo a ver en los focos de resistencia campesina algo más que una fuerza de apoyo. En los primeros meses de 1950, el partido exhorta a la autodefensa; poco después de la elección de Laureano Gómez, con motivo del 13º Plenum, estima que las “acciones armadas no deben ser consideradas todavía como la forma fundamental de lucha”. En 1951, los dirigentes comunistas desconciertan a sus seguidores con la decisión de tomar parte en las elecciones parlamentarias, boicoteadas por el liberalismo, desconociendo que la Violencia quitaba por adelantado toda significación a tales comicios. En abril de 1952, con motivo del VII Congreso, reunido clandestinamente, los comunistas admiten que el “Comité Ejecutivo ha cedido en lo que concierne a una cierta subestimación de la significación de la lucha guerrillera”, pero se cuidan de definir verdaderamente el asunto: “La cuestión de la lucha guerrillera

empresa, Eliseo Velásquez lanza un ataque en los Llanos contra Villavicencio. De nuevo en marzo y julio de 1950 los liberales cuentan con una intervención de los militares. 155

Según los términos utilizados por uno de los jefes. E. Franco Isaza, op. cit., p. 34.

156

M. Marulanda Vélez, op. cit., p. 14.

157

Según E. Franco Isaza, op. cit., p. 153.

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no es todavía clara para todos los comunistas; ha sido y es aún el objeto de una muy enconada lucha de opinión dentro del partido”.158 Sobre el terreno de combate, estas vacilaciones producen en algunas oportunidades considerables tensiones entre los dirigentes guerrilleros y los enviados del partido.159 Obligados a contar sólo con sus propias fuerzas los combatientes tienden, efectivamente, a partir de 1952, a coordinar sus acciones en algunas regiones. Hemos citado ya la conferencia de Boyacá y las “leyes del Llano” que hacen referencia a motivos propiamente políticos de los movimientos de resistencia y a reivindicaciones relativas a la propiedad de la tierra. ¿Se puede concluir de allí que existía una radicalización de la acción campesina? En algunos sitios, y principalmente en zonas de obediencia comunista, la radicalización es indudable y explica, por lo demás, la inquietud creciente de las élites tradicionales y la solicitud con que aplauden el golpe del general Rojas Pinilla. Pero no conviene exagerar la intensidad de la resistencia; a pesar de la desilusión que experimentan con respecto al comportamiento de los jefes de su partido, los campesinos liberales continúan situándose frente a éstos en una relación de fidelidad. La “revolución” que los jefes invocan solo cuenta con el rojo de la bandera liberal. Eduardo Franco Isaza recuerda que “el error consistió, sencillamente, en haber pugnado por hacer una revolución en nombre de un Partido Liberal que en un momento dado de su historia estaba dirigido por jefes notoriamente antirrevolucionarios y antipopulares”;160 sin embargo, él mismo se contenta con apelar, en contra de ese liberalismo timorato, a la “verdadera” tradición liberal. En las guerrillas “comunistas”, igualmente, no todos los miembros se muestran dispuestos a suscribir las orientaciones de cambio social enunciadas por los dirigentes. Algunos ven con malos ojos el sistema de propiedad colectiva organizado en las estribaciones de El Davis. La mayor parte abandona la lucha inmediatamente después del armisticio de 1953. Muchos cuadros, entre ellos “Mariachi” y “Arboleda”, se dedican

158

Textos citados por M. Torres, op. cit.

159

Este es el caso, sobre todo después de junio de 1953, cuando enviados del partido pretenden disolver el estado mayor guerrillero de la zona de El Davis. Cf. a este propósito M. Marulanda Vélez, op. cit., p. 72 y Carlos Arango, op. cit., p. 190.

160

E. Franco Isaza, op. cit. p. 85.

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incluso a colaborar con el ejército en contra de sus antiguos compañeros. Al mismo tiempo, en el sur del Tolima, guerrillas de obediencia liberal y guerrillas de obediencia comunista se entregan a una sangrienta batalla entre 1951 y 1952. Las consignas impartidas por los respectivos partidos tienen mucho que ver en esta lucha, pero también está presente, entre los campesinos liberales, el odio contra “los que comparten”,161 y entre los comunistas, el menosprecio contra los que consideran muchas veces como simples bandidos. La división entre “limpios” y “comunes” marca desde ese momento al campesinado de la región y refuerza aún más las tendencias a la fragmentación de la resistencia. El “localismo” no es sólo un asunto de geografía; es producto, en primer lugar, de la combinación del aislamiento y la dependencia política. En 1950, los combatientes-refugiados descubren su soledad: “La ciudad estaba lejos, los contactos con ella se perdían”, anota Manuel Marulanda Vélez;162 Eduardo Franco Isaza cita las palabras de los guerrilleros de los Llanos con ocasión de una entrevista con un emisario del gobierno: “Dicen que se sienten solos, abandonados frente a una persecución que los devora sin que nadie con voz autorizada y brazos poderosos salga en su defensa”.163 Con el mundo urbano las comunicaciones se hacen escasas o se interrumpen. La ruptura permite vislumbrar toda la distancia social que hay entre el campesinado y las élites políticas; entre los dos subsiste apenas la alusión al Partido Liberal que continúa siendo, en la inmensa mayoría de los casos, la única referencia constitutiva de la identidad colectiva. En un texto escrito en 1962, Camilo Torres suponía que la Violencia, como forma de irrupción de la modernidad en una sociedad tradicional, favorecía la emancipación social y política del campesinado.164 Con el paso

161

Los guerrilleros se escandalizan por el hecho que los “comunistas reparten autoritariamente las armas” ya que para ellos las armas deben ser propiedad de quien las ha tomado. Se molestan también por la propiedad colectiva establecida en la zona de El Davis y por el reclutamiento de las mujeres.

162

M. Marulanda Vélez, op. cit., p. 15.

163

E. Franco Isaza, op. cit., p. 232.

164

Camilo Torres Restrepo, “La Violencia y los cambios socio-culturales en las áreas rurales colombianas”, en: Primer Congreso Nacional de Sociología, Bogotá, Iqueima, 1963.

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del tiempo, la interpretación contraria parece más verosímil; la Violencia es un proceso de desorganización del campesinado sin precedentes. Un amplio movimiento agrario se había producido en los años 1920-1935 que, a pesar de su relativo debilitamiento después de 1936, parecía susceptible de reconstitución en cualquier momento; la Violencia se inscribe en ciertos aspectos en su prolongación, sin embargo, preside sobre todo su desagregación: atomiza un campesinado expuesto a un terror proteiforme; provoca una migración forzosa hacia las cabeceras municipales que se convierten muy a menudo en una escala de la migración hacia las grandes metrópolis urbanas;165 si bien no está demostrado (o al menos no tanto como se ha pretendido a menudo) que acentúe un proceso de urbanización que había comenzado antes y que habría continuado de todas formas, sí es indiscutible que le confiere a éste un giro dramático. La Violencia infunde una mayor intensidad a la dominación partidista, cuyo fundamento se encuentra en la experiencia vivida. La referencia partidista ofrece la única posibilidad de dar un sentido a esa experiencia. La Violencia politiza lo social de un extremo a otro, pero estableciendo a su vez una distancia entre lo social y la esfera política. La Violencia refuerza también la posición de los intermediarios de toda clase, caciques pequeños y grandes, instalados desde tiempo atrás o recién llegados, rurales o urbanos. Toda una generación campesina quedó de hecho marcada por el cataclismo. Su recuerdo no se borra tampoco entre los inmigrantes instalados en las grandes ciudades ya que en éstas se descubren también los rastros de la Violencia. En 1957 sólo quedan despojos del antiguo sindicalismo. Los sindicatos comenzaron a constituirse de nuevo, poco después; la Violencia, sin embargo, les impuso su ley, es decir, la

165

Por haber sido realizado en el momento mismo de la Violencia, el censo de 1951 (reconocido por lo demás como impreciso) hace difícil llegar a conclusiones sobre el efecto del conjunto de la Violencia sobre las migraciones. William Paul McGreevey estima que la Violencia creó, sobre todo en los departamentos afectados, un movimiento hacia las cabeceras municipales. William Paul McGreevey, “Causas de la migración interna en Colombia”, en: CEDE, empleo y desempleo en Colombia, Bogotá, Ediciones Universidad de los Andes, 1968. Álvaro López Toro, en el caso del Valle del Cauca, establece igualmente que la población se desplazó hacia todas las cabeceras municipales y no específicamente hacia Cali. Álvaro López Toro, “Notas sobre los fenómenos migratorios en el Valle del Cauca”, Razón y Fábula, mayo-junio de 1969, pp. 91-160.

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fragmentación y la dependencia partidistas. Los sindicatos en su mayoría se hallaban en ese momento bajo la dependencia de la UTC, siempre marcada por la influencia de la Iglesia, y vigorosamente anticomunista; los que querían volver a conformar la CTC se encontraron rápidamente encerrados en una lucha sin cuartel entre liberales y comunistas. En el mundo sindical la desorganización de los actores colectivos también era ostensible, al menos hasta finales de los años sesenta. Poner el acento sobre la desorganización no implica que se subestime la intensidad de los enfrentamientos sociales; éstos no se dejaron de presentar un solo momento, y después de 1957 se desarrollan abiertamente tanto en las zonas rurales como en las ciudades. Las tensiones agrarias eran a menudo más explosivas en ese momento que en el pasado; a los antiguos focos hay que agregar los que la misma Violencia crea, ya que la concentración de refugiados en ciertos municipios del Tolima, Cundinamarca o el Valle, la presión en las zonas de frontera del Magdalena Medio, el Alto Sinú o los Llanos Orientales; alimentan innumerables conflictos, a veces supremamente intensos. La autodefensa se convierte de nuevo en una consigna ampliamente difundida y, poco después –a menudo bajo la iniciativa de los comunistas– se conforman verdaderas guerrillas. En 1966, la creación de las FARC indica que ha comenzado una nueva fase de las luchas armadas. Y éstas siguen siendo luchas campesinas, aun cuando ahora estén vinculadas con las nuevas perspectivas de acción hacia la “liberación” del continente sudamericano. Los grandes movimientos reivindicativos de 1957 y 1958 en Cali y en la zona vecina muestran, de igual manera, un proceso de radicalización de una parte de la clase obrera. La importancia de estos enfrentamientos torna aún más sorprendente la imposibilidad que muestran los sectores populares para transformarse, por medio de ellos, en actores políticos independientes; en el plano político, no logran romper con la regla elitista ni con los intermediarios a su servicio. El monopolio asumido por los dos partidos tradicionales durante los diez y seis años del Frente Nacional, de 1958 a 1974, no es suficiente para explicar los resultados insignificantes de la izquierda en cada consulta electoral. La lucha armada, hasta épocas muy recientes, no había logrado perturbar el juego político. La razón de lo anterior puede ser simple. El fin de la época de la violencia política fue solemnemente declarado en dos ocasiones: en 1958, con la organización del Frente Nacional, y en 1965, después de que el 580

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ejército ocupara las zonas de “autodefensa” de Riochiquito, Marquetalia, etc. Pero no por ello desapareció la violencia social, que continúa siendo la modalidad esencial de las relaciones sociales. A través de la violencia política la sociedad sustituye al Estado en el uso de la fuerza; a pesar de los acuerdos que siguieron a la Violencia y de la participación del ejército en la represión de los conflictos sociales, la misma realidad ha continuado imperando. La dominación partidista ha perdido algo de su influencia; pero lo social sigue regido, en lo esencial, por la violencia. No se trata solamente de una situación de hecho; se trata, también y, sobre todo, de una estrategia para hacer posible la fragmentación y el distanciamiento entre lo social y el campo político institucional.

*** Como lo hemos dicho al comienzo del capítulo no pretendemos hacer un análisis de la totalidad de los aspectos que comprende la Violencia. Interrogándonos sobre lo que define la unidad de este proceso social, sin tener en cuenta la diversidad de las violencias, nos hemos condenado a ignorar muchas manifestaciones concretas, que los trabajos monográficos han sabido en cambio resaltar. Colocando en el centro de nuestro análisis la irrupción de la representación de lo político como Violencia, hemos tomado explícitamente distancia con las investigaciones causales habituales. Tal representación de lo político no surge en 1948; de manera latente, existe desde finales de los años treinta. El relativo fracaso del reformismo liberal conduce de nuevo a ver la división política como “natural” e inscrita en lo social; conlleva, igualmente, una autonomización casi ilimitada de la esfera política, como si esta se redujera únicamente a sus asuntos litigiosos internos. La dialéctica amigo-enemigo cruza lo social y lo político. La referencia a la violencia se vuelve omnipresente. Sin embargo, la representación de lo político cambia de carácter con el auge del populismo; en ese momento asume la forma de una separación social radical. Lo político se sitúa entonces en el horizonte de una imposible delimitación entre lo social y el “exterior” de lo social, entre la civilización y la barbarie. Esta problemática, con todo lo que ella comporta de elementos “pre-políticos”, acompaña la marcha de la Violencia. La crisis del Estado contribuye, por su parte, al libre desarrollo de la Violencia. Es indudable que la precariedad del Estado no configura tampoco 581

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una situación nueva ya que en muchas regiones afectadas por la Violencia, su autoridad nunca se había ejercido; pero la crisis se hace patente a partir de 1947. La Violencia aparece al principio como la estrategia mediante la cual las diversas élites substituyen al Estado, para manejar directamente la “cuestión social”. Dicha crisis expresa la dislocación de todo tipo de imagen de la unidad nacional. La representación de lo político como Violencia comanda el desarrollo de la violencia en el seno mismo de lo social; la segmentación de los conflictos sociales y la desorganización de los actores colectivos son su consecuencia. Hemos mencionado en la introducción que en la Violencia se encuentra siempre un exceso que escapa a la explicación. La Violencia se traduce también en el hecho de que los actores están constantemente marcados por una carencia frente a las exigencias que se derivan de la movilización social en la cual se hallan inscritos. Los enfrentamientos sociales existen por todas partes, pero no logran acceder a forma alguna de expresión política.

582

Conclusión

En 1957 las élites colombianas elaboran la fórmula política que debe consagrar de nuevo institucionalmente su hegemonía. Sabemos que la fórmula es el Frente Nacional, que incluye no sólo la repartición del Estado entre los dos partidos tradicionales, sino también la alternación en la presidencia. Una fórmula de esta naturaleza era un albur. No parecía adaptarse, de manera alguna, a los problemas que Colombia debía resolver en esa época. En 1955 la coyuntura exterior se había vuelto desfavorable para los precios del café. La fase de industrialización fácil había terminado. La laboriosa componenda política tenía rezagos del siglo anterior; en 1946 había fracasado. La fórmula sometía el Estado a la ley de los partidos en un momento en que la necesidad de su intervención era reconocida por gran parte de los sectores dirigentes. En estas condiciones era difícil no ver allí un compromiso circunstancial orientado a facilitar el regreso de los militares a sus cuarteles. Es necesario constatar, sin embargo, que esta fórmula precaria no solamente se mantiene durante los dieciséis años para los cuales había sido prevista, sino que se prorroga, con algunas modificaciones y atenuantes, hasta 1974 y 1978. Una estabilidad de esta naturaleza, que supera los veinte años, no es muy común. En muchos sentidos, sólo es comprensible sobre la base de la Violencia que la había precedido. La Violencia había contribuido en efecto, de manera decisiva, a perpetuar un modelo de dominación que, en 1947, parecía haber llegado a su fin: había garantizado a los organismos privados de las clases dominantes el mantenimiento de su posición central; había ratificado a los partidos políticos tradicionales en su función de sometimiento; había desorganizado por un largo período a las masas populares. 583

Conclusión

Los gremios habían adquirido una nueva legitimidad. Si bien no habían logrado substraerse por completo a la división política representaban, sin embargo, una sólida fortaleza si se los comparaba con el Estado, arrastrado por la tormenta. La privatización de la gestión económica aparecía como la única garantía del orden social. El “liberalismo económico” se había convertido en una verdadera opción de defensa frente a una escena política que lo invadía todo, pero era también la barrera, a partir de ese momento, contra el retorno de las tentaciones populistas; después de Gaitán, Rojas Pinilla había hecho su propio ensayo. Esta privatización no excluía, evidentemente, las innumerables intervenciones del Estado; sin embargo, era ella la que marcaba sus límites y definía su cohesión. Con la colaboración de otras instituciones privadas, sobre todo de la Iglesia, la privatización había logrado imponer, con mucha frecuencia, su lógica a algunos sectores populares. Los “partidos tradicionales” habían pasado ciertamente por un proceso de crisis interna; no obstante habían logrado conquistar al mismo tiempo una base más sólida que antes. A través de la Violencia, el antiguo gamonalismo había sido reemplazado ampliamente por redes más “modernas”, con una centralización considerable pero también con ramificaciones locales más sutiles. Un gran personal político había surgido, que garantizaba los relevos necesarios: cuadros subalternos que disponían de influencia local, antiguos combatientes dispuestos a ponerse al servicio de las personalidades políticas, “intelectuales” que, por sus escritos periodísticos o por su elocuencia, habían aportado a la Violencia sus justificaciones y sus argumentos. Los “sectores medios” habían encontrado de esta manera un lugar que les permitía hacer carrera y conquistar sus propias cuotas de poder; en el juego de las clientelas, se habían convertido en elementos centrales y ocupaban ampliamente el Estado en sus diferentes niveles. Su ámbito de desenvolvimiento era la escena política y, aunque estaban con frecuencia bajo la dependencia de los notables, habían logrado convertir esta escena en su propio espacio. Legitimidad de los organismos privados de las clases dominantes y omnipresencia de los partidos tradicionales se apoyaban recíprocamente. Los primeros justificaban su acción argumentando que los segundos, al invadir el Estado, lo privaban de toda capacidad para proponer políticas de largo plazo. La autonomía de los partidos era grande gracias a la existencia de esta esfera económica cuasi privada. El Estado se dividía entre los unos y los otros, se sometía a las intervenciones de los gremios 584

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y a las reparticiones entre los clanes políticos. Todos se adaptaban muy bien a la precariedad del aparato de Estado y a los favores subalternos que se otorgaban a las Fuerzas Armadas a cambio de un compromiso permanente y activo contra los focos que escapaban a su influencia. Sin embargo, esta combinación remite también, de manera esencial, a la desorganización de las masas populares, que la Violencia había consolidado. Al hablar de desorganización no queremos solamente hacer referencia al traumatismo provocado por el número de víctimas o a la crueldad de los enfrentamientos; no nos referimos tampoco únicamente al hecho de que estas masas se encontraran mejor sometidas que nunca a las redes que hemos mencionado; queremos, sobre todo, indicar que habían sido privadas de cualquier tipo de identidad que no fuera la que les otorgaban los partidos tradicionales. La Violencia, adición de luchas fragmentarias, no tenía en apariencia una trama descifrable distinta a la rivalidad partidista por el poder. Alrededor de los dos partidos se había formado una nueva memoria histórica que inscribía el presente en la prolongación de las guerras civiles del siglo XIX. La identificación primordial se operaba a través de ellos; lo que no tenía cabida allí –las reivindicaciones sociales por ejemplo– tenía un carácter residual. La fórmula-milagro, la del Frente Nacional, no es concebible sin esta desorganización. Sin embargo, la precariedad del Estado no es un resultado de la Violencia; es muy anterior a ella, de la misma manera que el modo de organización de las clases dominantes y las formas de disociación de los movimientos populares. De estas últimas, la Violencia es al mismo tiempo efecto y causa. En 1930-1938 habíamos asistido, ciertamente, a la transformación del Estado, cuyos límites ya hemos mostrado. Con la oposición victoriosa a las reformas de Alfonso López las clases dominantes habían logrado imponer un modelo de yuxtaposición de intereses parciales, que no obstaculizaba el desarrollo de las estructuras capitalistas, pero lo sometía a las transacciones entre sus diversos componentes. Que las clases dominantes hubieran logrado un éxito tan grande se debía a que su coalición heteróclita disponía de un elemento de cohesión: la solidez de la burguesía exportadora de café que la crisis de 1930, en lugar de debilitar, había ayudado a consolidar. Hemos tenido a menudo la oportunidad de evocar su origen: la existencia de un “cojín amortiguador” constituido por una amplia capa de pequeños y medianos productores

585

Conclusión

que, además, le proporcionaba una base política propia. Esta burguesía estaba llamada, igualmente, a servir de eje a las clases dominantes y a convertirse de manera permanente en el celoso guardián de un modelo “liberal” de desarrollo. La burguesía industrial antioqueña, muy próxima a ella, no tenía razón alguna para protestar. La precariedad del Estado privaba a las masas populares urbanas de un punto de apoyo, real o ficticio, que les permitiera invocar, en un mismo movimiento, el derecho a la ciudadanía política, la alianza con la burguesía “progresista” y la salvaguarda de los “intereses nacionales”. La Revolución en Marcha había hecho nacer esta ilusión, una ilusión que no se había disipado con el bloqueo a las reformas “lopistas” y que colocaba de hecho a los sindicatos, no en una posición de conquista, sino en una lógica desarticulada en la que debían soportar la ofensiva patronal, encerrarse en un cuadro jurídico limitante y transformarse en clientela del Partido Liberal. El gaitanismo había pretendido poner fin a esta desarticulación, pero no había logrado escapar a las consecuencias que se derivaban de la organización de las clases dominantes ni encontrar, en una identidad nacional o en un adversario externo, la manera de reabsorber las disyunciones; por el contrario, las había llevado al paroxismo, hasta el punto de que se habían vuelto explosivas. La forma de dominación de las clases dominantes y su adhesión a un esquema liberal de desarrollo se habían convertido de esta manera en un obstáculo para el surgimiento de un Estado fuerte, ya fuera autoritario o populista y, a su vez, la precariedad del Estado había contribuido a reforzar la autonomía de la escena política y la desorganización de los sectores populares. La estabilidad que se instaura con el Frente Nacional a partir de 1958 no debe llamar a engaño. Como en la fase anterior se acompaña de una inestabilidad que, desde la periferia, se desplaza muchas veces hacia el centro. En el plano político la importancia de los mecanismos de negociación entre notables y el arraigo del clientelismo implican una sucesión de reajustes y de mini-crisis que amenazan eventualmente con facilitar la reapertura de una verdadera brecha. Esos mismos mecanismos suponen una integración permanente entre individuos; no pueden evitar una violencia descentralizada sobre los grupos instalados al margen o que se resisten al sometimiento. En el plano social, la neutralización de los sectores populares exige formas institucionales para el tratamiento de los conflictos, en la medida de lo posible sobre una base local; impone, 586

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igualmente, de manera más o menos abierta, un recurso frecuente a la fuerza. En el plano económico, la combinación de los gremios impide cualquier tipo de mutación brusca. Las transformaciones se acompañan de conmociones considerables, como se puede constatar en el período comprendido entre 1966-1970. Algunos politólogos han clasificado a Colombia en la categoría de “consociational democracies”, en la que las élites forman coaliciones para contrabalancear una fragmentación política o cultural. La negociación pragmática, nos dicen, se instaura sobre el fondo de la intransigencia ideológica; un “cartel de notables” coexiste con una multiplicidad de organizaciones que reflejan la diversidad de los intereses y las culturas; la centralización se acomoda a la autonomía de las células locales.1 También se puede considerar a Colombia como una “sociedad políticamente invertebrada” a semejanza de Italia. Muchos elementos invitan a una comparación de este tipo: el “desgobierno” de los partidos y sus “corrientes”, obviamente, pero también la asimilación del Estado con un aparato burocrático indefinidamente ramificado, las interferencias complejas entre notables, clase política, clientelas. En uno y otro caso se establece una separación entre el espacio de las clases sociales y el de los partidos políticos, de tal manera que las relaciones de representación se establecen, no de forma lineal, sino a través de “intersecciones” cambiantes.2 La sociedad no se deja olvidar en Colombia, habíamos sugerido al principio. La precariedad del Estado, pulpo casi siempre sin cabeza,3 es sin duda uno de los elementos que garantiza la preservación de las estructuras

1

La idea de “consociational democracy” ha sido presentada, especialmente, por Arend Lijphart, “Consociational Democracy”, World Politics, vol. XXI, núm. 2, enero de 1969, pp. 207-225; y por Hans Daalder, “The Consociational Democracy Theme”, World Politics, vol. XXVI, núm. 4, julio de 1974, pp. 604-622.

2

La expresión “sociedad políticamente invertebrada” ha sido utilizado por François Bourricaud; la de “intersección” por G. Galli, en dos colaboraciones para el libro colectivo acerca de Italia, publicado por Favio Luca Cavazza y Stephen R. Graubard, eds., Il caso italiano, Milán, Garzanti, 1974.

3

Comparación que hemos tomado prestada de Leonardo Sciascia, quien la utiliza a propósito del Estado italiano.

587

Conclusión

sociales y políticas. La democracia es ampliamente “privada” pero ofrece un vasto espacio –la escena política– a la disposición de los ambiciosos de todo tipo de procedencia. No hay espacio suficiente para una política voluntarista de desarrollo, pero los reajustes y las crisis hacen posible de manera permanente las mutaciones indispensables. Este modelo es indisociable de una violencia que, después de haber presidido su estabilización, ha estado casi siempre presente en su funcionamiento.

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El Bolchevique, periódico del Partido Comunista. El Catolicismo, periódico católico de la Curia. El Colombiano, periódico conservador de Medellín. El Crisol, periódico liberal de Cali de la tendencia de Alfonso López. El Demócrata, probable orientación comunista o liberal de izquierda. El Diario Nacional, probable orientación liberal de la tendencia de Alfonso López. El Diario del Pacífico, periódico conservador de Cali. El Diario Popular, vocero del Partido Socialista Democrático (PSD). El Espectador, periódico liberal de Bogotá. El Liberal, periódico liberal de la orientación de Alfonso López. El Remache, periódico de los caldereros de Barranquilla. El Siglo, periódico conservador de Bogotá del sector de Laureano Gómez. El Tiempo, periódico liberal de Bogotá. Jornada, periódico gaitanista. Justicia Social, el periódico de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). La Defensa, periódico conservador de Antioquia. La Patria, periódico conservador de Manizales. La Razón, periódico liberal. La Voz del Empleado, órgano de la Federación de Empleados de Santander. La Voz del Obrero, periódico de la Unión Sindical Obrera (USO). Nosotros, órgano de la Federación de Empleados de Bogotá. Orientación, semanario oficial de la Unión Nacional de Empleados (UNE). Relator, periódico liberal del Valle. Renovación, órgano del sindicato de ferroviarios del Pacífico.

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Bibliografía

Tierra, diario del Partido Comunista. Unión Obrera, periódico de los trabajadores de Manizales. Unión y Trabajo, periódico de los ferroviarios de Antioquia. Unirismo, órgano de expresión de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR).

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